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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 266, de 26/06/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 266
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 248
celebrada el martes, 26 de junio de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergencia i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, Orgánica, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 283-1, de 22 de junio de 2007. (Número de expediente 122/000222.)...
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 13300)
Minuto de silencio... (Página 13301)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 13301)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para combatir la inmigración ilegal en nuestras costas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 564, de 8 de junio de 2007. (Número de expediente 162/000605.)...
PrÓrroga de plazo... (Página 13309)
Exclusión del orden del día... (Página 13309)
Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 13309)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de
expediente 173/000203.)... (Página 13309)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los compromisos y las medidas a implementar para luchar contra el cambio climático. (Número de expediente 173/000204.)... (Página
13316)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía. (Número de expediente 173/000205.)... (Página 13321)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000093.)...
Declaración institucional... (Página 13335)
Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 13336)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 13289)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, Orgánica, por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial... (Página 13289)
Intervienen en la presentación conjunta de esta proposición de ley los señores Mayoral Cortes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cerdà Argent, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 13300)
Minuto de silencio... (Página 13301)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 13301)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos Socialista del Congreso,
Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, Orgánica, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial,
se aprueba por 296 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de Ley.... (Página 13301)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para combatir la inmigración ilegal en nuestras costas... (Página 13301)
Defiende la proposición no de ley el señor Barrachina Ros, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se refiere al informe de la OCDE sobre las perspectivas de migraciones internacionales en el que se señala que crecieron
las migraciones internacionales en gran parte por los importantes flujos registrados en España. A continuación hace un repaso a diferentes informes y a los datos en ellos reflejados, los cuales sitúan a España como el peor país de toda la OCDE en
el trato de la inmigración.
Su grupo propone una serie de medidas que tratan de hacer las modificaciones legales oportunas para prohibir que pueda haber nuevas regularizaciones masivas; que el tratamiento sea individualizado; que se cree una agencia única de
inmigración y de empleo; que se amplíe el plazo de estancia de los inmigrantes en los centros de internamiento mientras no se pueda tramitar su repatriación, que los sistemas integrales de vigilancia exterior tengan carácter permanente y que el
compromiso firmado por Frontex en cuanto a los 150 barcos, los 15 helicópteros y los 20 aviones comprometidos tengan presencia en el mar y estén donde se les requiera para luchar contra la inmigración irregular.
Finaliza pidiendo al resto de los grupos su atención para que se pueda resolver este problema.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Tardà i Coma, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Barrachina Ros.
Prórroga de plazo... (Página 13309)
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la política de inmigración, constituida en el seno de la
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, por un plazo de seis meses a contar desde la fecha de aprobación por el Pleno de dicha prórroga, lo que se aprueba por asentimiento.
Exclusión del orden del día... (Página 13309)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 41, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de Ley
orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 13309)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para combatir la inmigración ilegal en nuestras costas, se rechaza por 136 votos a favor, 161 en contra y nueve abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 13309)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia...
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Oliva i Peña, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Campuzano i Canadés.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los compromisos y las medidas a implementar para luchar contra el cambio climático... (Página 13316)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Casaus Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía... (Página 13321)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Nasarre Goicoechea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Interviene la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para una cuestión de orden.
Continúan en turno de fijación de posiciones la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Las señoras García Suárez y Oliva i Peña piden la palabra para presentar una enmienda in voce, que no les es concedida.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, con la incorporación de las enmiendas originales de los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana (ERC), se rechaza por 144 votos a favor, 162 en contra y
tres abstenciones.
Se someten a votación separada los apartados 1, 3 y 20, 6, 22, y el resto de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los compromisos y las medidas a
implementar para luchar contra el cambio climático, siendo todos rechazados.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía, se rechaza por 127 votos a favor, 180 en contra y una abstención.
Enmiendas del Senado... (Página 13329)
Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte... (Página 13329)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC);
Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Declaración institucional... (Página 13335)
Por la señora secretaria primera se procede a dar lectura de una declaración institucional de los grupos parlamentarios sobre la muerte de seis soldados en Líbano.
Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 13336)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se aprueban por 278 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO, ORGÁNICA, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNI-CA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expedien-te 122/000222.)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de ley. Quiero anunciar a la Cámara que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha retirado la proposición de ley de modificación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que figura como punto 1 del orden del día.
Por tanto, iniciamos el debate con el siguiente punto del orden del día que es la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (Esquerra Republicana de
Catalunya), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial. El debate se realizará de la
siguiente manera. Al ser una propuesta conjunta, en primer lugar habrá una intervención de 15 minutos de cada uno de los grupos parlamentarios autores de la proposición de ley, de mayor a menor; en segundo lugar, turno en contra, si algún grupo
parlamentario manifestara su deseo de ejercerlo y, finalmente, fijación de posiciones. Así pues, comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, en esta tarde triste para nuestra sociedad por el sentimiento que compartimos por la muerte de seis miembros de las Fuerzas Armadas, traemos al Pleno de la Cámara una proposición de ley
de los Grupos Parlamentarios Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto; una proposición de ley por la que se modifica el Código Penal en materia
de seguridad vial; una proposición de ley orgánica suscrita por la mayoría absoluta de esta Cámara y consensuada en sus términos por los seis grupos proponentes. Así pues, esta proposición de ley es fruto del acuerdo de todos sus proponentes, de
tal modo que tanto por su contenido como por el procedimiento de tramitación de urgencia -que se solicitará- es obra de la voluntad de todos los firmantes sin que nadie pueda ni deba atribuirse la paternidad de los mismos.
Esta proposición de ley, señorías, recoge las conclusiones extraídas de las propuestas realizadas por un amplísimo número de expertos, representantes sociales e institucionales, así como asociaciones de víctimas ante la Comisión especial de
Seguridad Vial y ahora, de modo consensuado por los grupos parlamentarios, proponemos trasladar esas conclusiones a este proyecto de ley. Estamos, pues, ante un problema que, precisamente por ser un problema más de ética que de política partidaria,
requiere el desarrollo de este consenso. Estamos ante un problema de siniestralidad, de violencia vial, que afecta y preocupa a toda la sociedad porque origina víctimas como consecuencia del consumo de alcohol y de excesos de velocidad que deben
ser evitados, así como también ante el incumplimiento de la ley por parte de aquellos que conducen después de haber sido privados de su carné de conducir a causa de sus infracciones.
Así pues, señorías, por sentido de la responsabilidad democrática
que todos compartimos, debemos atender a la demanda social de protección de la inmensa mayoría de conductores cumplidores de normas y también a la alarma social que provocan hechos de los que se derivan consecuencias desastrosas para la vida y la
integridad física de miles de personas sin que hasta ahora la justicia haya podido realizar plenamente su función reparadora y punitiva
debido al tratamiento inconcreto que conductas antisociales en el uso de la velocidad y el consumo de alcohol tienen en este momento en nuestro Código Penal. En esta cuestión, señorías, se plantea también la eterna dialéctica, la
contradicción tan frecuente en la vida colectiva entre el interés general de la sociedad y el deseo particular de los individuos.
También aquí se plantea la resultante clásica que esta contradicción debe tener y que no puede ser otra que la del
contrato social por el cual los ciudadanos cedemos una parte de nuestra libertad a cambio de garantizar la seguridad de todos. Libertad y seguridad en la carretera deben equilibrarse. En este fenómeno de masas que es el tráfico no pueden imponer
su ley los vaqueros o rancheros solitarios que creen cabalgar solos y que aún afirman, como alguien hizo recientemente: a mí no me gusta que me digan que no puedo ir a más de tal velocidad o lo que tengo o no tengo que beber. Señorías, no existe
libertad absoluta para beber ni para correr cuando de ello se derivan riesgos previsibles para los restantes ciudadanos, de la misma manera que no existe libertad absoluta para hacer fuego en el monte durante el verano. Pero no son solo las
víctimas de los accidentes de tráfico quienes claman contra la ley de la selva que algunos parecen defender, es también la inmensa mayoría de la sociedad quien lo demanda. Según conocidas encuestas realizadas en nuestro país, el 97 por ciento de
los ciudadanos desea y acepta el incremento de los controles de alcoholemia y el 72 por ciento de los ciudadanos aprueba que tenga consideración de delito superar en más del doble los límites de alcohol permitidos, es decir, el 0,5 por ciento en
nuestro país en este momento. Contrariamente a lo que algunos afirman, con la reforma que se propone esta tarde no se trata de incrementar las penas actualmente previstas en el Código Penal para los delitos contra la seguridad en el tráfico, eso ya
lo hizo el Partido Popular en el año 2003 y lo apoyó Convergència i Unió, ahora se trata simplemente de complementar aquella reforma acabando con los agujeros negros causados por las definiciones difusas o inconcreciones de las que se han derivado
situaciones de impunidad para hechos manifiestamente reprobables y punibles que redundan en agravio para las víctimas, desamparadas y humilladas en sus sentimientos más profundos. Fijar con mayor precisión los límites a partir de los cuales el
consumo de alcohol y el exceso de velocidad crean objetivamente situaciones de riesgo y de peligro que no deben ser soportadas por la sociedad y que la sociedad misma tiene perfecto derecho a impedir y, en su caso, castigar no es criminalizar a los
ciudadanos en general, sino a aquellos que adoptan conductas criminalmente tipificables por la realización de actos antisociales. Así pues, una reforma como esta solo puede resultar preocupante para aquella minoría dispuesta a imponer riesgos a los
demás en el ejercicio de la conducta que libérrima y antisocialmente quieren ejercer.
Por lo que se refiere a las altas velocidades, señorías, es preciso tener en cuenta que la velocidad en sí misma no solamente provoca accidentes, sino que además los agrava como consecuencia de la dificultad en el manejo del vehículo en ese
momento. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Irlanda y en Francia, entre otros, este tipo de conductas de exceso de velocidad tiene un tratamiento penal más duro que en España. Además -está comprobado por las
políticas que conocemos en materia de seguridad vial-, aquellos países que han conseguido combinar la implantación del carné por puntos con la utilización de elementos punitivos para disuadir a los que practican la conducción violenta son los que
han conseguido los mejores resultados en lo que se refiere a la reducción de víctimas de tráfico.
En cuanto al alcohol, es preciso tener en cuenta que entre el 30 y el 50 por ciento de los casos de fallecidos en accidentes el alcohol se encuentra implicado. En Europa se produce anualmente una cifra realmente espeluznante de muertos,
20.000, precisamente como consecuencia de la conducción con alcohol en sangre. Por eso, nada tiene de extraño que en los países europeos se hayan establecido límites precisos en lo que se refiere a la punición, al castigo de aquellas conductas que
los superan.
Voy a poner como ejemplo los casos más conocidos, para que se aprecie que la propuesta que se realiza en esta proposición de ley es sensata y de nivel, podríamos decir, medio. A partir de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre es
delito conducir en Austria, en Bélgica y en Italia. En Francia el límite es de 0,8; en Alemania y Grecia, el 1,1 y en Luxemburgo, Portugal y Reino Unido, el 1,2, la tasa más elevada. Este es el marco en que se sitúan los límites europeos de
alcoholemia a partir de los cuales existe la consideración de delito. En España, según el Instituto de Toxicología, un estudio realizado en el año 2004, de 1.283 conductores fallecidos por accidente, el 36,1 por ciento presentaba tasas de alcohol,
y la mayoría, un 30 por ciento, tasas de alcohol superiores obviamente a la tasa permitida en este momento en términos administrativos, que es el 0,5.
Por otra parte, señorías, el alcohol provoca multitud de alteraciones que es preciso tener en cuenta. Altera todas las capacidades psicofísicas; disminuye la conciencia del peligro y eleva la tolerancia del riesgo; disminuye el sentido de
la responsabilidad y la prudencia y aumenta las conductas impulsivas y agresivas; provoca una falsa sensación de seguridad; incrementa el tiempo de reacción para respuestas complejas ante hechos imprevistos, y deteriora la atención y la percepción
de las situaciones. Los riesgos de accidentes se incrementan con el consumo de alcohol de una manera directa. Con tasas de 0,3 a 0,5 se inicia ya el espacio de riesgo y se multiplican los riesgos por dos. Con tasas de 0,5 a 0,8 se entra en la
zona de alarma y se multiplican los riesgos por cinco. Con tasas de 0,8 a 1,5 la conducción ya se convierte en conducción peligrosa y se multiplican los riesgos por nueve, se produce pérdida de control preciso de los movimientos, existen problemas
serios de coordinación, dificultades de concentración de la vista y
disminución notable de la vigilancia y de la percepción de riesgos. Así pues, para precisar los términos del debate, conviene que comparemos los límites que cada cual propone: los límites de la proposición de ley, que se sitúan en el 1,2,
es decir el doble de lo permitido en términos administrativos, y lo que conocemos ahora, que es la posición del Grupo Popular, que propone el 1,5, es decir, triplica la tasa tolerable y origina esta conducción peligrosa donde los riesgos se
multiplican por nueve. Así pues, es preciso que todos reflexionemos sobre esta cuestión para encontrar el punto correcto y adecuado que permita utilizar estas medidas para evitar los peligros a los que están destinadas. Además del peligro evidente
que significan tales conductores, prácticamente en situación de ebriedad, con una tasa de un 1,5 nos encontraríamos en la carretera con conductores que irían de la siguiente manera: habiendo consumido dos litros de cerveza, un litro de vino y
prácticamente un cuarto de litro de güisqui. Esa es la situación del que conduce con un índice de alcoholemia de 1,2 gramos de alcohol en sangre. Obviamente, esto va en contra del sentido común y de la tendencia europea, que es de generalizada
reducción de las tasas de alcoholemia. Quiero señalar la importancia que tiene esta cuestión, porque si en este momento en España se cumplieran los límites permitidos se evitarían -y quiero subrayar esta cuestión- al menos mil muertes al cabo del
año.
Por otra parte, señorías, quisiera terminar diciendo lo siguiente. La cultura democrática y los derechos humanos comportan la prioridad del derecho a la vida y la prioridad del cumplimiento de la ley; eso es cultura democrática, cumplir la
ley y respetar la vida. Por eso, los detractores de esta proposición de ley -que alguno hay-, cuando manipulan diciendo que irían a la cárcel 60.000 conductores, están haciendo un flaco servicio al país; están yendo contra los intereses de la
mayoría, contra el interés público y general. Pero, despreciando estas fabulaciones malintencionadas, realizadas por quienes defienden oscuros intereses, recordemos finalmente que en la totalidad de comparecencias habidas en la Comisión de
Seguridad Vial estuvieron a favor de establecer límites precisos de alcohol y de velocidad no solamente el fiscal general del Estado, el director general de Tráfico, el Defensor del Pueblo, las asociaciones de víctimas de estos accidentes, olvidados
por la justicia, Aesleme, PAT, APAT, el director del Intra, don Luís Montoro, don José María Maza, magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo -quien dijo que era partidario de que se concretase la tasa de alcohol y la velocidad excesiva- y
don Diego Luzón Peña, catedrático de penal, que propuso concretamente el límite de 1,2 de alcohol en sangre. También debo recordar aquí las posiciones que expresaron el presidente del Instituto de Seguridad Vial, señor Montoro, don José María Mena,
fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Real Automóvil Club de Cataluña y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias.
Todos se pronunciaron a favor de determinar y establecer la concreción de las tasas de alcohol y
los límites de velocidad a partir de los cuales debieran tener la consideración de delito.
Finalmente, vamos a hacer también un ejercicio de coherencia, señorías.
Los que firmamos esta proposición de ley somos los mismos que en el año 2006 aprobamos una resolución como consecuencia del debate del estado de la Nación que nos
comprometía a la reforma del Código Penal, precisamente con el objetivo de definir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad en el tráfico y los relacionados con la seguridad vial. Por tal razón, los seis grupos proponentes, firmantes
de entonces, consideramos ahora un deber de coherencia realizar la defensa de esta proposición de ley. Se trata, señorías, de una respuesta democrática a la demanda social, de una reforma que, en definitiva, es prudente, limitada y realmente
urgente, una reforma que recibirá la gratitud del pueblo español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.
Antes de continuar, quiero señalar que se encuentran en las tribunas, como invitados, una delegación de la Comisión de Peticiones del Bundestag, a quienes damos la bienvenida y las gracias por su presencia. (Aplausos.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de mortalidad de nuestros jóvenes. Causan más de diez muertos diarios en España, una cifra que a veces puede
resultarnos lejana, como si no fuera con nosotros, pero cualquier otro fenómeno que causara diariamente en España diez muertos y centenares de heridos, muchos de ellos graves, con lesiones de por vida... Quiero saludar de manera especial a Mar
Cogollos, responsable de Aesleme, que hoy nos acompaña. Hace 20 años sufrió un accidente de tráfico y ha vivido de cerca lo que supone para la vida de una persona ese minuto en el que te cambia todo. Las acciones para prevenir accidentes de
tráfico no deben recaer única y directamente sobre el conductor, sino que deben ser transversales, deben incidir en la constante inversión en mejorar nuestras carreteras, los tramos de concentración de accidentes, en mejorar la señalización, en
aumentar los controles, en educación vial. Las actuaciones que realicemos en el ámbito de la seguridad vial deben ser absolutamente transversales y una de ellas, señor presidente, señorías, debe ser reformar el actual Código Penal en este aspecto,
es una necesidad objetiva que viene demostrada por una aplicación absolutamente desigual según se entienda que estamos ante un delito o no. En este momento existe una clara inconcreción. ¿De qué se trata? De fijar los límites del derecho penal,
de trasladar un mensaje de exigencia al conjunto de la sociedad y de los conductores, pero también un mensaje de certeza,
saber exactamente a partir de qué momento se entra en la esfera del delito. Los expertos que comparecieron en la Comisión de Seguridad Vial, al igual que han hecho otros países de nuestro entorno, como Francia, nos aconsejaron que se
objetivara a partir de qué exceso de velocidad entrábamos en la órbita del delito penal. Pues bien, a la hora de fijar ese criterio se ha buscado la ponderación, un criterio de sentido común para encontrar aquellos excesos que todos podamos
compartir en esta Cámara, excesos que merecen un reproche en el ámbito del derecho penal y no únicamente una sanción administrativa. De ahí que la proposición de ley, que han firmado seis grupos parlamentarios de la Cámara, tenga un límite inicial:
sobrepasar los 80 kilómetros por hora el límite previsto en la correspondiente señal. ¿De qué estamos hablando? De que si en una autopista el límite es 120 kilómetros por hora, entraría en la esfera del derecho penal aquel que sobrepasase los 200
kilómetros por hora. O si en una carretera convencional el límite es 100 kilómetros por hora, entraría en el ámbito del derecho penal aquel que sobrepasase los 180. Y en lo relativo a las vías urbanas, el límite se ha puesto en más de 60
kilómetros de lo previsto en la correspondiente señal, por lo que, si la señal indica 50, evidentemente entraría dentro de la esfera del derecho penal aquel que vaya a más de 110 kilómetros por hora en un núcleo urbano, en el cual interactúan
constantemente peatones, ciclistas y personas muy frágiles en cuanto a posibles accidentes de tráfico y colisiones. Hemos intentado poner unos límites ponderados. Si el límite atiende a la señal de tráfico, en la proposición de ley también pedimos
que se revisen, que se mejore la señalización y que se adecuen los límites de velocidad, porque en ocasiones hay algún límite mal puesto.
Puede suceder que haya un límite de 30 kilómetros por hora, que nadie cumple, que obedece a una pauta que ya
ha quedado desfasada, pero después no se ha repuesto otra señal. A partir de ahora, sería uno de los factores que podría llevar a que una persona entrara en la esfera del delito si sobrepasa ese límite en 60 kilómetros por hora. Por tanto, habrá
que revisar también los límites de velocidad, hay un mandato expreso a las administraciones públicas para que adecuen esos límites de velocidad, para que sean creíbles y que se cumplan en todo caso.
Hay un mensaje que debemos trasladar hoy. Que se diga que conducir por una autopista a más de 200 kilómetros por hora es el límite para entrar en la esfera del derecho penal no significa que no les pase nada a aquellos que sobrepasan el
límite establecido y van, por ejemplo, a 160 kilómetros por hora. Evidentemente, tendrán su sanción administrativa y su pérdida de puntos; por tanto, el mensaje debe ser claro. Estamos hablando solo de cuando entramos en la esfera del derecho
penal.
Lo mismo sucede con el grado de alcoholemia. Se va a fijar un límite penal, que es 1,2 gramos de alcohol en sangre. Hay que decir de forma clara que es el límite más alto de Europa en el ámbito penal. Grecia tiene 1,1; Italia, 0,5;
Francia, 0,8; Bélgica, 0,5; Alemania, 1,1 y Reino Unido y Portugal van a compartir -según la reforma penal que hoy se inicia- ese límite de 1,2. Por tanto, estamos hablando del límite más alto que existe en los ordenamientos penales europeos y
estamos hablando de que en Europa se fija ese límite en el Código Penal; no estamos improvisando, en los países de nuestro entorno está fijado en el Código Penal a partir de qué límite de alcohol en sangre debemos considerar que se entra en la
esfera del derecho penal, del delito, porque, evidentemente, la conducción bajo los efectos del alcohol es peligrosa, causa muertes, causa heridos y, por tanto, debemos recogerla en nuestro ordenamiento jurídico.
Saben SS.SS. que Convergència i Unió siempre había pensado que el Código Penal, cuyo proyecto de ley presentó el Gobierno en diciembre del año pasado y que incluía ya un capítulo específico sobre seguridad vial, difícilmente iba a ver la
luz en esta legislatura. De ahí que consideráramos necesario desgajar del mismo, segregar del mismo, en una tramitación más rápida, más urgente y más acelerada, determinados delitos para que se pudieran aprobar en esta legislatura pensando, como
pensamos, que el Código Penal en su conjunto no va a ver la luz. Hoy mismo se ha decidido que el debate a la totalidad del proyecto de Ley del Código Penal se realizará en septiembre y no el jueves de esta semana, con lo cual podemos prever que no
va a estar aprobado en esta legislatura el Código Penal en su conjunto, pero sí podemos y debemos tener aprobada esta reforma del Código Penal, reforma que ha tenido un grado de maduración y un grado de consenso amplio en la Comisión de Seguridad
Vial, que me honro en presidir. Allí han comparecido expertos y ha habido un criterio unánime a favor de la reforma que hoy vamos a tomar en consideración.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer de manera expresa a todos los portavoces de la Comisión de Seguridad Vial el esfuerzo que han realizado durante largas comparecencias, agradezco de manera expresa al señor Mayoral el trabajo que ha
realizado y al señor Souvirón, del Grupo Popular, que también ha realizado un importantísimo trabajo en la búsqueda del consenso en torno a esta reforma, al igual que el resto de portavoces, veo que se encuentran en este momento el señor Mardones,
la señora Uría, el señor Cerdà y el señor Rodríguez. Todos los grupos parlamentarios han realizado un enorme esfuerzo en la Comisión de Seguridad Vial analizando las comparecencias para buscar lo que podría ser un común denominador. Por tanto,
quiero expresar ese agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, así como a cuantos han comparecido, y me gustaría centrarme en algunas comparecencias, evidentemente a todas las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico,
pero también a expertos, catedráticos y asociaciones de automovilistas. Ahora se han oído algunas voces críticas, pero también es positivo repasar las intervenciones que las distintas asociaciones de automovilistas tuvieron en la Comisión, desde un
punto de vista sereno y constructivo, por lo que debemos
agradecer las reflexiones públicas que realizaron. Quiero agradecer de manera expresa al director general de Tráfico, don Pere Navarro, el impulso que ha tenido, junto con el Gobierno, para que la reforma que hoy emprendemos pueda ser una
realidad. También quiero agradecer al catedrático don Luis Montoro la aportación de datos objetivos basados en su propia experiencia que nos ha facilitado a cada uno de los portavoces sobre las consecuencias de un accidente de tráfico, cómo
sobrepasar la velocidad puede causar heridos graves y muertes y cómo sobrepasar determinado grado de alcoholemia puede conllevar también el desenlace fatal de un accidente de tráfico. Por tanto, a todos ellos va mi gratitud, así como al fiscal
general del Estado, que inició las comparecencias, y a don Bartolomé Vargas que, de manera muy clara, ha sido un fiscal comprometido desde su nombramiento en que esta reforma que hoy emprendemos pueda ser una realidad.
Señorías, vale la pena intentar buscar un consenso. Aquí hago una apelación al consenso a todos los grupos parlamentarios -a los seis que la han firmado y a los que no la han firmado también- para que demos una tramitación serena, pero
ágil, a esta proposición de ley, que permita su aprobación en el próximo periodo de sesiones de manera definitiva para que esta ley pueda verse publicada en el BOE en esta legislatura. A ver si somos capaces de llegar a una aprobación final
unánime. Sería positivo que en este ámbito no hubiera una controversia, porque el objetivo que todos buscamos es el mismo: Prevenir accidentes, evitar muertes y evitar heridos. Este es el mínimo común denominador que nos une a todos. Sería
positivo que al final de la tramitación parlamentaria fuéramos capaces, porque como es ley orgánica va a exigir una mayoría absoluta en la Cámara, de que esa mayoría absoluta fuera unánime; sería deseable. Sería deseable dar un mensaje de que hay
un consenso básico en la Cámara sobre lo que avanzamos en este terreno -como ocurrió con el permiso por puntos- que permita pensar que en un futuro no vamos a volver sobre nuestros propios pasos y a retroceder lo andado, porque sería un mal mensaje
para la sociedad y un mensaje que no nos podemos permitir. Por tanto, pido a todos los grupos parlamentarios -y nosotros, en primer lugar, haremos este esfuerzo- que intentemos buscar ese mínimo común denominador que nos permita a todos realizar
esta reforma para que cumpla la finalidad que habíamos perseguido.
Hay un tercer aspecto de esta reforma importantísimo. Se aprobó el permiso por puntos y ¿qué ocurre con tantos y tantos conductores que, lamentablemente, por culpa de infracciones, pierden todos sus puntos y vuelven a conducir sin cursos de
reeducación, sin volverse a examinar y saltándose totalmente esa finalidad del permiso por puntos, que era apartar a aquellos que son multirreincidentes? Porque si ellos vuelven a conducir, ¿qué consecuencia tiene? Tiene que tener una consecuencia
en el ámbito del derecho penal, porque, si no, el conductor que cumple tiene la impresión de que hay una vara de medir distinta. Aquí también se resuelve de manera acertada este aspecto y, por tanto, es bueno tomar en consideración esta proposición
de ley que viene a suplir una omisión, porque cuando se elaboró el Código Penal y en la última reforma del año 2003 no había permiso por puntos y ahora que lo hay debe reflejarse este aspecto en la tramitación final, como también debe reflejarse una
contradicción: Quien perdía todos los puntos tenía que volver a examinarse habiendo cometido sanciones administrativas y, en cambio, quien era condenado por una sentencia como delito penal a la retirada del permiso, ese no se tenía que volver a
examinar y transcurrido un tiempo volvía a tener el permiso válido. Esto también se resuelve en la reforma, porque la pérdida a través de sentencia, cuando es superior a dos años, supondrá la pérdida de vigencia y, por tanto, la pérdida definitiva
del permiso.
Señor presidente, señorías, a Convergència i Unió le hubiera gustado añadir a esta reforma la del artículo 385 bis del proyecto de ley del Código Penal, que presentó el Gobierno en diciembre del año pasado, porque entendíamos que un solo
artículo, el de la seguridad ciudadana, cubría la delincuencia organizada, la pertenencia a organizaciones o grupos que tengan por objeto cometer delitos, e iba en la buena dirección, como reclamó así el portavoz de nuestro grupo, Josep Antoni Duran
i Lleida. No podemos congratularnos de que ese aspecto no se haya podido introducir porque -repito- esta era la finalidad de nuestro grupo.
No renunciamos a que a lo largo de esta legislatura se pueda introducir esa reforma puntual del 385 bis,
ese nuevo artículo que va contra las bandas organizadas.
Termino, señor presidente, señorías, agradeciendo a la Presidencia de la Cámara la sensibilidad que ha demostrado a lo largo de esta legislatura por facilitar los trabajos de la Comisión de Seguridad Vial y que muchas asociaciones, que
muchos actores de la sociedad civil hayan podido participar en este Congreso de los Diputados haciendo llegar propuestas a la Comisión y viendo que esas propuestas al final se tramitan y pueden tener -y así lo espera nuestro grupo parlamentario- el
apoyo unánime de la Cámara. Vamos a realizar esta reforma del Código Penal a favor de todos, para dotarnos de un instrumento necesario y útil para la prevención de los accidentes de tráfico en España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Por todos es sabido que Esquerra nunca ha apostado por una política penal retributiva. Nunca hemos pensado que el incremento de las penas era una solución a priori, porque no está demostrado en ningún caso que este efecto sea disuasorio, y
en este caso tampoco. En esta
proposición de ley, como ha sido puesto de manifiesto por las intervenciones de algunos de los oradores que me han precedido, tampoco parece que haya un impulso a un incremento de las penas, únicamente en los casos en que se actúe con un
manifiesto desprecio por la vida de las personas se incrementa la pena mínima y máxima en un año. En ese caso sí que hay un incremento, pero quiero salir al paso de muchas declaraciones que se han hecho de que esto era como un todos a la cárcel o
un incremento más de las medidas punitivas y retributivas, cosa que no es cierta. En este caso hemos tenido el gusto de colaborar con el resto de grupos en la toma de estas medidas, aunque ya manifestamos desde el principio que no nos gustaba la
metodología exprés para este tipo de reformas en el ámbito de lo penal. En el resto del articulado se fijan prioritariamente los criterios legales a partir de los cuales se consideran delito determinadas conductas que hasta el momento eran objeto
de interpretación por parte de los jueces. Nos parece bien que se clarifique cuándo es una falta y cuándo es un delito y que haya claridad y seguridad jurídica tanto para los jueces como para los presuntos delincuentes. La legislación debe
contener criterios claros y no debe dar lugar a interpretaciones dispersas por parte de la judicatura, en pro del principio de legalidad y del bien jurídico protegido, como es el la seguridad de las personas en esta materia de circulación vial. En
este sentido, esta proposición de ley, que reproduce casi textualmente una parte del proyecto de ley del Gobierno que está en fase de tramitación, sí que clarifica básicamente tres cuestiones que pasaré sucintamente a comentar. La primera es fijar
el límite de velocidad a partir del cual se considera que se pone en peligro la seguridad vial. En este sentido, compartimos el contenido de la adicional única, por la que se determina que el Gobierno, en colaboración con las administraciones
competentes, debe revisar la seguridad vial para adecuarla a la realidad. Es verdad que ha habido muchos cambios que no se han adecuado a esta realidad y que, por tanto, más allá de dar seguridad jurídica, hay que ver hasta qué punto está conforme
a la realidad del momento, a la realidad en que vivimos. La segunda clarificación es la inclusión en el texto legal de la tasa de alcohol en aire espirado y en sangre sin que dependa de los criterios jurisprudenciales sino sobre la base de un
principio de legalidad, de acuerdo con lo previsto en la ley. Como ha señalado el señor Jané, fija un límite elevado, el más alto de la Unión Europea, con lo cual nosotros también estamos de acuerdo en el criterio y en la fijación de un tope a
partir del cual se considera delito. La tercera es incluir como hecho reprobable una criticada ausencia en el Código Penal como es la conducción de vehículos por quienes han sido privados judicial o administrativamente del derecho a hacerlo. Esto
era un escándalo, era un vacío legal que teníamos que afrontar y al que teníamos que dar respuesta, y se la hemos dado de una manera rápida y concisa. Estos son los tres aspectos que contribuyen al cumplimiento del principio de legalidad, tres
aspectos que hasta el momento han sido objeto de diferentes interpretaciones jurisprudenciales, perjudicando al conjunto de la ciudadanía y al propio bien jurídico que se quería defender. Por ello, decidimos colaborar con el resto de los grupos y
llegar a un acuerdo, que hemos alcanzado y firmado. En consecuencia, votaremos favorablemente la proposición de ley, como ya está más que anunciado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a los auténticos protagonistas de la iniciativa -entidades, asociaciones, personas con nombre propio y muchísimas personas anónimas que han sufrido accidentes de tráfico- que han trabajado
para que haya una legislación exigente en la materia y que han evidenciado que lo que hemos aprobado hasta el momento y los muchos esfuerzos que se han hecho hoy por hoy continúan siendo insuficientes. Por otro lado, quiero expresar un lamento,
porque se han aprobado muchas medidas, pero en nuestras carreteras continúa produciéndose un drama casi a diario. Este lamento pone de manifiesto que no solo esta medida sino muchas otras que se deberían haber implementado aún no se han puesto en
funcionamiento o no se han desarrollado de forma suficiente. Desde nuestro punto de vista, es evidente que hoy existe un vacío legal que hace que no se cumplan de forma efectiva las medidas que hemos venido aprobando. El incumplimiento de la
retirada del carné por puntos -que no es una práctica generalizada, pero existe- hace que esta medida no suponga una sanción efectiva que disuada precisamente al infractor. Existen además experiencias en el derecho comparado, experiencias que
debemos ver con ojos críticos, pero es cierto que ha habido mejoras en el derecho comparado que han supuesto una disminución de la siniestralidad. Hay una demanda desde las entidades y asociaciones, como decía, pero es cierto que desde múltiples
instituciones se vienen reclamando estas medidas. Les voy a poner un ejemplo entre muchos, el Servei Català de Trànsit, que ha pedido medidas similares a las que hoy se plantean en la proposición de ley. Lo cierto es que hay prácticas que entrañan
un peligro y estas instituciones entienden que se tiene que dar una respuesta a las mismas: exceso de alcohol en sangre, exceso de velocidad, negativa a realizar la prueba de alcoholemia, conducción temeraria, conducción en caso de privación
judicial o administrativa del permiso de conducir. En qué cabeza cabe que no se puedan establecer medidas claras y contundentes a alguien que ha bebido dos litros de cerveza -el señor Mayoral lo recordaba antes-, un litro de vino o un cuarto de
litro de güisqui. Es necesario que en casos absolutamente extremos se establezcan medidas
que supongan un plus respecto a lo que ya tenemos. Lo cierto es que estas medidas van a primar el derecho a la vida por delante del todo vale aunque sea en la carretera. Por eso, nosotros consideramos que esta es una iniciativa necesaria y
que los protagonistas en definitiva van a ser las entidades que lo han promovido y tienen que ser sobre todo las muertes que se tienen que evitar.
Segundo elemento. Consideramos necesario que la iniciativa se restrinja a lo que hemos firmado. Por eso, nosotros no éramos partidarios de añadir el 385 bis, como planteaba en este caso el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Duran i Lleida. Hoy el señor Jané lo ha reiterado, pero se lo hemos escuchado decir en muchas ocasiones al señor Duran i Lleida. Por eso, nosotros entendemos que la medida se tenía que ceñir precisamente a lo que se
ha ceñido y consideramos positivo este elemento.
Tercer elemento. Creemos que se debería incorporar una disposición adicional que fuese coherente con lo que estamos legislando. ¿Tiene sentido alguno que digamos que ir a más de 200 kilómetros por hora va a ser tipificado en el Código
Penal y que, en cambio, consideramos que está en el marco de la ley la existencia de vehículos que van a más de 200 por hora? ¿Desde cuándo puede estar en el marco de la ley aquel objeto que permite el delito? Por tanto, si legislamos en esta
materia tenemos que hacerlo de forma coherente, independientemente de lo que digan los grandes fabricantes de vehículos rápidos o como mínimo tiene que haber una limitación de velocidad, de acuerdo con lo que establezcamos en esta ley, porque si no,
no tendría sentido alguno que lo que hiciésemos fuera tipificar a aquel que va a más de 200 kilómetros por hora y, en cambio, permitiésemos la venta de aquel vehículo que va a más de 200 por hora. No tiene sentido alguno, porque es como si
legalizásemos a aquel que permite precisamente la comisión del delito. Nosotros entendemos que un elemento de coherencia con una adicional, que no tiene por qué afectar al Código Penal pero sí a las disposiciones relativas a la venta de vehículos,
es que haya o bien una restricción en la venta de vehículos que van a más de 200 kilómetros por hora o simplemente una transitoria que garantice que en poco tiempo vamos a tener limitaciones de velocidad, que empiecen por el criterio de los 200 por
hora y que vayan incrementándose esas limitaciones a criterios ambientales u otras medidas. Por tanto, este es el tercer elemento que queríamos situar porque si no haríamos una legislación claramente contradictoria, tipificaríamos como delito algo
que permitimos que se produzca por la venta de vehículos privados que van a más de 200 kilómetros por hora. No tendría sentido alguno que esto fuera así.
Cuarto elemento que quería mencionar. Ustedes saben, los que me han precedido en el uso de la palabra y los que lo harán después, que pese a la amplia unanimidad en la proposición de ley existen dudas entre diferentes grupos parlamentarios
e incluso en el mío propio. Ustedes saben que parte de nuestro grupo parlamentario tiene dudas en torno a la medida, y son dudas que también son razonables. La opinión en este caso del conjunto de mi grupo parlamentario, de todos, es que las
reformas penales y la creación de nuevos tipos penales deben abordarse de forma integral desde la definición de un modelo de política criminal, superando por tanto las reformas parciales e inconexas. Esa práctica de introducir pequeñas medidas
penales fue muy propia de la legislatura anterior, y ustedes lo saben. Existe una preocupación política y una preocupación por parte de diferentes penalistas ante esta introducción concreta de medidas. Yo creo que es un tema que en el trámite
parlamentario va a surgir y que debemos situarlo, en definitiva, como excepcional que es la medida ante el goteo de muertes causadas por accidentes de tráfico.
Nosotros continuamos considerando imprescindible adoptar las medidas necesarias más allá
de las reformas penales, para que el catálogo de sanciones que se incorporó en la creación del carné por puntos sea eficaz y tenga el efecto positivo de crear una mayor conciencia en la ciudadanía en materia de seguridad vial. Hay elementos en el
carné por puntos que se tienen que desarrollar y que aún no se han desarrollado y, por tanto, no podemos fiar toda la suerte de la seguridad vial a una reforma penal cuando lo que no estamos haciendo es precisamente desarrollar medidas que se habían
aprobado. Por supuesto, estamos de acuerdo con este objetivo compartido de erradicar la siniestralidad en las carreteras, pero tiene que haber medidas imprescindibles, que algunos otros portavoces también han insinuado, como pueden ser las mejoras
en la infraestructura viaria o una política más coherente y más contundente para la eliminación de los puntos negros. Por tanto, es necesario que se eliminen algunos vacíos que aún existen en políticas concretas en esta materia. Es preciso,
además, recordar que el principio de intervención mínima del derecho penal tiene que ser un principio marco y, por tanto, a la hora de tramitar la ley deberemos asegurar que ese principio de intervención mínima del derecho penal se garantiza. Para
eso también hemos establecido unos límites que se ajustan a ese principio, pero existe una sensibilidad en esta materia.
Lo más importante es que la exigencia de que el derecho penal sancione el plus de gravedad respecto de la infracción
administrativa tendrá que adecuarse a ese principio de proporcionalidad de las penas. Si les digo todo esto es porque ustedes saben -yo mismo también lo sé- que existen diferentes sensibilidades y no solo sensibilidades de diferentes grupos
parlamentarios, sino también de expertos penalistas sobre la materia a quienes les preocupa ese principio roto de una reforma penal ad casum y no una reforma penal global. Tendremos que aclarar esas dudas en la tramitación de la proposición de ley;
una tramitación que exigirá un trabajo intenso y concienzudo, pero a la vez ágil para garantizar que acabamos la legislatura viendo la ley publicada en el BOE. Por eso, nosotros continuaremos trabajando en la materia, por eso nosotros damos las
gracias a las entidades que hoy nos acompañan y por eso entendemos que hoy damos un paso adelante, pero un paso adelante que se tiene que
concretar en medidas que se desarrollen más allá de las medidas penales y en un acuerdo que se tiene que ampliar. Vemos muy positivo el hecho de que tantos grupos parlamentarios estemos firmando la proposición de ley, pero también
consideramos que las medidas en materia de seguridad vial siempre se han adoptado por consenso y que uno de los compromisos en el trabajo en Comisión tendrá que ser ampliar ese consenso, además de una gran dosis de responsabilidad por parte de todos
los grupos parlamentarios para garantizar que adoptemos todas las medidas necesarias y, a la vez, que sean coherentes. Por eso, planteaba que tenemos que ser coherentes con el objeto del delito y si tipificamos ir a más de 200 kilómetros por hora,
tendremos que tipificar la fabricación de vehículos que pueden circular a más de 200 kilómetros por hora, o tendremos que limitar que esos vehículos puedan ir a esas velocidades.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, en cuanto a la iniciativa que estamos discutiendo, no habrá duda ninguna de que nuestro grupo, que la firmó en su día, y estos dos diputados por Coalición Canaria aquí presentes la voten
favorablemente. Sí quiero dejar constancia ante la Cámara y ante quien se extrañe de que quien hasta la semana pasada ha estado hablando como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias aparezca ahora en el Grupo
Parlamentario Mixto como si mi compañera -que pronto jurará su cargo de diputada- y este diputado fuéramos unos tránsfugas, que estamos aquí por un imperativo legal, por una aplicación del Reglamento hacia el que nosotros no tenemos que hacer en
este momento, en esta sala, ninguna crítica.
Haremos llegar las percepciones pertinentes al señor presidente, quien siempre sabe que ha merecido nuestro respeto. Quería dejar esto claro por si alguien piensa que hemos venido aquí como tránsfugas
pasándonos al Grupo Parlamentario Mixto y dejando a nuestro grupo fuera de la órbita del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Existiendo este imperativo legal por aplicación del Reglamento, al haber dispuesto el señor Román su pase voluntario
al Grupo Mixto, que cargue él con la responsabilidad del transfuguismo, pero como no se había dado nunca en la Cámara la desaparición de un grupo parlamentario en estas circunstancias, quería dejar constancia de este pensamiento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Ya sabe usted la consideración y el afecto personal que le tengo a S.S. pero, como presidente, tengo que aplicar las normas que tengo en vigor.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para el BNG tomar una posición en relación con esta proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica del año 1995 del Código Penal en materia de seguridad vial significa, en cierta manera, algo de perplejidad, primero, porque nos
damos cuenta de que algo mejor hay que hacer en cuanto a la aplicación del Código Penal y, segundo, porque sin embargo consideramos que la aplicación del derecho penal no es precisamente una medida de carácter preventivo sino que se actúa sobre
hechos consumados, por tanto desde la consideración delictiva, y porque no se trata de tomar más medidas de carácter preventivo; pero aun así hemos apoyado la modificación del Código Penal en este sentido. ¿Por qué razón? Porque pensamos que algo
habrá que hacer desde este punto de vista para que los excesos de velocidad que se han de tener por muy peligrosos, y los niveles de ingestión alcohólica que hayan de merecer la misma consideración, deben de ser contemplados de forma fija en el
Código Penal a partir de una serie de parámetros que no sean interpretables. Esta es la razón por la cual, a pesar de la contradicción que sentimos, nos vemos abocados a apoyar esta propuesta de modificación. Pero no olvidamos, señorías, que lo
más importante sigue siendo aún el aumento de la vigilancia preventiva en carreteras, el establecimiento de un plan ambicioso de eliminación de puntos negros y, sobre todo, más educación vial, como asignatura obligatoria incluso, en la enseñanza.
La represión a veces es inevitable, y hablar de la represión con cárcel son siempre palabras mayores, pero volvemos a repetir que lo importante es la primera consideración a la que me he referido.
Por último, quiero dejar constancia de un dato. Es cierto que el Estado español es el segundo de la Unión Europea con más fallecimientos por accidente de tráfico y el sexto en cuanto a cantidad de defunciones por esta causa por cada millón
de habitantes. Ahora bien, se está dando una dualidad, que ya ha sido señalada repetidamente, entre los accidentes de tráfico que se producen en carreteras secundarias y el descenso del número de víctimas en autopistas y autovías en el primer
semestre del año 2007. Por lo tanto, donde hay más necesidad de incrementar la vigilancia es en el tipo de vías de menor rango, que muchas veces no son mayoritariamente de competencia estatal, y por este camino también habrá que hacer algo, entre
otras cosas, la transferencia de las competencias de tráfico a las comunidades autónomas que estén dispuestas a asumirlas con responsabilidad y con el objetivo de mejorar sensiblemente la seguridad vial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
En la toma en consideración de esta iniciativa, la iniciativa suscita una resolución o un intento de solución
respecto de una cuestión de gran relevancia y un problema que debemos abordar. Eusko Alkartasuna no fue firmante de esta proposición, aunque sí daremos nuestro voto en la toma de consideración, sin perjuicio de enmiendas que haremos en el
trámite oportuno y que ya tenemos redactadas en relación a múltiples cuestiones que entendemos deben ser mejoradas, matizadas o cuando menos diferenciadas de la regulación que se hace en esta proposición de ley. En lo que sí tenemos dudas es
respecto de la solución que se ha propuesto al acudir una vez más a la amenaza penal, y digo esto porque muy frecuentemente el legislador, es decir, nosotros mismos acudimos a la amenaza penal como forma de regular el comportamiento de las personas
y de solucionar los problemas que a veces no terminan de resolverse. En primer lugar, por tanto, no nos parece del todo adecuado recurrir a esa amenaza penal para regular el comportamiento, sobre todo sin tener muy claro si realmente puede ser
factible o pueda ser la solución definitiva. Además, entendemos que debiera plantearse -si se llega a aprobar en estos términos o en términos diferentes de conformidad con las enmiendas que los distintos grupos aportemos- la posibilidad de que el
Gobierno haga un estudio, al cabo de un tiempo de la entrada en vigor de esta regulación, para saber si esta solución que aquí se propone tiene una connotación positiva, si realmente resuelve el problema que queremos afrontar.
En las múltiples enmiendas que presentaremos habrá problemas respecto a cómo vamos a materializar lo que aquí se plantea, cómo se van a regular los trabajos en beneficio de la comunidad, cómo se van a cumplir, quien va a determinarlos, con
qué personal va a contar Instituciones Penitenciarías para que estas penas se cumplan y otra serie de consideraciones más generales como la situación de las cárceles, cuando hoy nos encontramos con una saturación del 120 por ciento de su capacidad.
También nos preguntamos si realmente una estancia en prisión de tres a seis meses puede hacer que un conductor respete los límites de velocidad o si nos vamos a encontrar con los mismos problemas. Existe otra serie de cuestiones que son
absolutamente imprescindibles, como todo lo relativo, por ejemplo, al artículo 379 u otros artículos, que ya adelantamos que serán objeto de enmiendas con una regulación diferente a la que hoy se nos propone. En definitiva, planteamos una duda con
relación a si esta es la mejor solución. Realmente no firmamos la proposición de ley, la tomamos en consideración porque así ha sido tenida en cuenta por otros grupos y haremos aportaciones constructivas a la misma.
Por último, una reflexión general. Tampoco somos muy partidarios de hacer modificaciones concretas a un Código Penal que debiera ser objeto de una regulación mucho más en profundidad, como un cuerpo total, porque realmente no es la mejor de
las soluciones para tener un buen Código Penal y porque el legislador, nosotros mismos, se está acostumbrando en demasía a hacer reformas parciales que desde luego no ayudan a que haya un Código Penal solvente y de conjunto y que, en definitiva,
determine cuál es la regulación que queremos hacer, su importancia o lo que debe ser la amenaza penal en nuestra sociedad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco la señora Uría, y, a continuación, por el Grupo Popular el señor Souvirón por tiempo de 10 minutos.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco no votará que no, simplemente no hemos querido ejercer la iniciativa legislativa en esta materia porque, pese al entusiasmo derrochado por algunos de los portavoces -señores Jané y Mayoral sobre todo-, nosotros no
vemos que el Código Penal sea la única respuesta. Nos sorprende, además -y es llamativo-, la urgencia con la que desde el Grupo Socialista se ha impulsado la presente modificación del Código Penal en materia de seguridad vial, sobre todo teniendo
en cuenta que se estaba tramitando en el Congreso una reforma más ambiciosa del Código Penal. El Gobierno debiera haberse pronunciado; no suele hacerlo cuando se presentan proposiciones de ley, aunque sean coincidentes con proyectos, pero en este
caso hubiera estado justificado cubrir ese trámite a que el Reglamento le da derecho. No se ha presentado criterio, dice el expediente. Es raro. Realizaré una valoración fundamentalmente en términos de oportunidad, lo que no excluye el análisis
jurídico de determinados contenidos de la proposición sobre la propuesta en su conjunto, pero desde una perspectiva que pretende analizar la cuestión más allá de sus propios términos, habida cuenta de la existencia de normativa reciente en materia
de seguridad vial como el denominado carné por puntos, que no debe arrinconarse en un análisis global de esta materia.
¿Qué nos propone la iniciativa? Dos o quizá tres novedades en relación con el vigente Código Penal, que residen, de un lado, en que se determinan y cuantifican las tasas de alcohol en aire respirado y de alcohol en sangre, puesto que las
penas que contempla el texto de la proposición son las mismas que las que contiene el vigente 379 del Código Penal; y, por otra parte, y como cuestión de mayor impacto en la ciudadanía, se fijan los límites de los excesos de velocidad a partir de
los cuales las conductas pudieran ser constitutivas de delito, lo que sirve de soporte para la determinación de la conducción temeraria o con consciente desprecio a la vida de los demás. Ahora bien, los términos en los que se plantea la proposición
ofrecen en determinados casos a los jueces y juezas la posibilidad de o bien aplicar dichas penas de prisión, o bien de alternativamente imponer una multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad
de 31 a 90 días, y en ambos casos la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año y hasta cuatro años; es decir, la novedad es que la velocidad excesiva puede ser castigada con pena de
prisión, pero el juez o jueza pueden optar por una multa y por trabajos en beneficio de la comunidad y por la privación del permiso de conducir por el citado periodo de tiempo. Otra cosa es si se aprecia temeridad manifiesta o conducción con
consciente desprecio a la vida de los demás, puesto que en estos casos se van a imponer las penas de prisión. En la misma línea se prevén también penas de prisión -luego las criticaré- de tres a seis meses para quienes conduzcan habiendo sido
privados del permiso por la pérdida de la totalidad de los doce puntos o, como antes se indicaba, la de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en todo caso, la privación del derecho a conducir
durante un tiempo de uno a seis años.
En este contexto parece necesario plantear la valoración de la proposición desde una perspectiva más amplia que la que ofrece la propia proposición de ley orgánica.
Señorías, ha transcurrido muy poco tiempo desde la implantación del carné por puntos y, en este tiempo, la Dirección General de Seguridad reconoce que el sistema ha sacado a la luz más de 5.000 conductores, cada uno de los cuales acumula más
de 20 puntos negativos por infracciones de tráfico. En parecidos términos de elogio y de valoración del sistema se ha pronunciado en fechas recientes -la semana pasada- el director de Tráfico del Gobierno vasco cuando también hablaba de sacar a los
temerarios de las carreteras. Esto puede hacerse con medidas de tipo penal como pretende la proposición, pero también sin ellas, el sistema del carné por puntos es prueba de ello, si la aplicación y ejecución de las medidas que contiene se
realizase con un procedimiento rápido y efectivo. Un buen procedimiento sancionador ahorraría -estamos seguros- Código Penal, y no olvidemos que el Código Penal ha de ser la última ratio.
Señorías, cada vez echo más en falta el viejo y buen derecho penal liberal. Ha dicho el señor Jané, creo, que vale la pena intentarlo. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de mi grupo, con penas privativas de libertad no se hacen
experimentos. Creemos que debiéramos haber intentado antes un procedimiento sancionador, repito, rápido y efectivo. Desde luego no se pueden dejar al margen los guarismos, aunque estos sean fríos, porque van siempre aparejados a dramas personales
y familiares, pero cabe hacerse una pregunta: la implantación de medidas penales para los supuestos que venimos analizando, ¿supondrían una minoración drástica de las muertes y heridos en las carreteras y, en todo caso, una reducción aún mayor de
esas cifras en relación con las del año anterior? Ciertamente no parece que nadie pueda estar en disposición de contestar afirmativamente esta cuestión.
De las consideraciones anteriores podríamos extraer a modo más de reflexión que de conclusión, en un tema en el que los contornos son difusos y, con ello, muy difíciles de abarcar, una valoración positiva de un sistema todavía tan reciente,
insisto, el carné por puntos, que unido a la imposibilidad de garantizar que la introducción de medidas penales en este ámbito suponga con certeza la puesta en práctica de una solución de eficacia inmediata y absoluta para este problema,
aconsejarían en principio el mantenimiento de la apuesta por la vía administrativa sin entrar en la vía penal, eso sí, como antes indicaba, dotándolo de agilidad en la tramitación de los procedimientos y con garantía absoluta, insisto, de ejecución
de las medidas que contiene, ya sean multas pecuniarias, suspensiones de la vigencia de los permisos o retirada de los puntos que corresponda. Ahora bien, si lo que se pretende es impactar a la ciudadanía mediante titulares periodísticos,
televisivos o radiofónicos que recogen casi a modo de amenaza que el desarrollo de determinadas conductas en cuanto a superación de límites de velocidad, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, o cuando se le ha
retirado el permiso o ha perdido los puntos puede ser condenado a penas de prisión, la implantación de dichas medidas tendrá su justificación, aunque esta no responda en su totalidad a la realidad de las cosas porque, como hemos dicho con
anterioridad, los jueces y la juezas van a disponer en bastantes casos de la potestad de modular o más bien de sustituir dichas penas de prisión, cabecera mediática de la proposición, con la imposición alternativa de multas y de trabajos en
beneficio de la comunidad. El vigente Código Penal prevé además penas de prisión para los excesos de velocidad, también ocurre que los jueces y las juezas tienen la posibilidad de modular e incluso de no imponer estas penas, pero es que en la
proposición objeto de análisis en los términos en los que está concebida, también se concede esta misma facultad. Por lo tanto, no se ve claro que siempre vaya a tener los resultados que se pretende, entendiendo que desde nuestra perspectiva no es
bueno sin más la privación de libertad, los trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir, medidas que en términos de complementariedad parece que resultarían mucho más adecuadas al sistema del carné por puntos que la
imposición de penas, como se pretende hacer ahora con la proposición. En cualquier caso, llama la atención la forma tan urgente, incluso cabría decir que un tanto precipitada, con que se promueve la modificación del Código Penal cuando los efectos
del carné por puntos resultan difíciles de concretar con la debida precisión -dada su implantación hace apenas un año- y cuando de las valoraciones de los propios responsables de tráfico se desprenden comentarios esperanzadores sobre los efectos en
el tráfico de la aplicación de este nuevo sistema.
Esto no quiere decir ni mucho menos que se pretenda hurtar al problema de los accidentes de tráfico la indudable trascendencia que tiene y cuya solución requiere, sin ningún género de dudas, la
adopción de medidas de distinta índole por parte de los poderes públicos pero, señorías, también
medidas sancionadoras, educadoras, reeducadoras, incremento de los medios humanos y materiales en materia de seguridad vial, etcétera.
De los tres elementos que inciden en la seguridad en la conducción -carreteras, vehículos y personas- ahora toca dirigirse hacia las personas y se hace en esta proposición de ley orgánica siguiendo el modelo de represión que a nosotros no
nos satisface del todo. Pero en el momento presente el hecho de que se hayan dictado algunas sentencias desafortunadas o de difícil comprensión para el ciudadano de a pie junto con los datos que se aportan semanalmente sobre los accidentes de
carretera, no parecen que sean el motivo único y último que, olvidándose de otras cuestiones que se han tratado de exponer, justifiquen la implantación, por la vía de urgencia y una semana antes de que concluya este periodo de sesiones, de sanciones
penales en materia de seguridad vial.
Señorías, vean como sin adentrarse en el examen de los preceptos, estudiándolo por encima, se observa un exceso en la respuesta punitiva, importantísima en algunos aspectos. Por ejemplo, el artículo 382 del Código Penal, tal y como se
pretende, implica una agravación si se produce, además del riesgo, un resultado lesivo. Creemos que debería decir resultado lesivo constitutivo de delito. La exacerbación de la pena en su mitad superior sería a todas luces desproporcionada para
los supuestos en los que el resultado lesivo por su gravedad sea constitutivo de una simple falta y no de un delito. Igualmente, en el artículo 383 del Código Penal se debería suprimir la posibilidad de privación del derecho a conducir vehículos de
motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años, porque el precepto prevé la sanción de una conducta que es de mera desobediencia a un agente de la autoridad, es decir, no implica que el desobediente conduzca bajo la influencia
de alcohol u otras drogas. Por lo tanto, si el tipo no exige conducir bajo tales circunstancias, puede ser el autor del delito un desobediente perfectamente sobrio, luego no procede imponerle una pena de privación del derecho a conducir, solo
aplicable si se hubiese conducido bajo la influencia de dichas sustancias. Señorías, tramítese pero pulamos -ya en septiembre- debidamente la proposición que, en estos términos, nos parece una exacerbación de los tipos penales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Finalmente, señor Souvirón, Grupo Popular. Adelante, por favor.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no se opondrá a la toma en consideración de la proposición de ley sobre reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que nos
traen a debate hoy los grupos parlamentarios Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. No vamos a volver la cara al debate pero somos conscientes de que el asunto es complejo y
que debe ser tratado con equilibrio y sensatez, no vaya a ser que aprobemos una ley que no pueda aplicarse y que con nuestro trabajo contribuyamos más a la confusión normativa que a una solución del problema.
Somos conscientes de que la respuesta del ordenamiento jurídico a los problemas derivados de la inseguridad vial no es satisfactoria. Sabemos que debe ser más contundente, y al decir más contundente me refiero a más eficaz, más capaz de
trasladar a la percepción de los ciudadanos la reprobación de aquellas conductas con las que una sociedad civilizada ni puede ni debe convivir. Pero, ¿es el Código Penal la solución al problema? Nosotros preferimos una respuesta integral, que
tenga en cuenta las posibilidades del derecho administrativo y que deje al derecho penal ser lo que tiene que ser y responder al principio de intervención mínima.
El orden lógico de las cosas hubiera aconsejado poner antes al día la normativa
administrativa en materia de seguridad vial y solo después emprender la reforma del Código Penal, siendo conscientes de que la ley penal no está para suplir las insuficiencias del ordenamiento administrativo y menos la incapacidad de la
Administración para hacer cumplir la ley. Pero el Gobierno ha decidido llevarnos por otro camino: aprobó primero la modificación de la Ley de Seguridad Vial para introducir en nuestro ordenamiento el llamado permiso de conducir por puntos, sin
haber reformado previamente en lo necesario la legislación administrativa y sin aprovechar siquiera la ocasión para hacerlo. Y ahora, cuando aún no ha transcurrido un año desde su aprobación, nos anima a modificar el Código Penal trasladando a la
opinión pública la sensación de que esta reforma que hoy vamos a tomar en consideración es necesaria porque el llamado carné por puntos no ha dado el resultado apetecido. En cualquier caso, la política de seguridad vial del Gobierno socialista en
lo que va de legislatura se limita a cambiar normas para modificar la conducta del ciudadano, no hace lo que tiene que hacer y olvida que la seguridad en el tráfico es un derecho de los ciudadanos que obliga a la Administración a hacer frente a sus
responsabilidades promoviendo la educación vial, mejorando el estado de las carreteras, incentivando la incorporación de dispositivos de seguridad en los vehículos, asegurando la asistencia sanitaria a los accidentados en las mejores condiciones y
que solo dentro de ese marco de una política general de prevención de riesgos en la circulación debe encuadrarse la actividad sancionadora para ser adecuada, evitando que recaiga sobre el ciudadano y solo en el ciudadano la responsabilidad de la
siniestralidad vial.
Desde estas premisas quiero hoy desde la tribuna mostrar nuestra disposición a trabajar en la tramitación de la proposición de ley que hoy vamos a tomar en consideración. Vamos a colaborar con el mejor fin de la proposición, vamos a
presentar enmiendas, vamos a tratar de argumentar aquello en lo que creemos y vamos a estar abiertos a los argumentos de los demás, pero no
hemos podido firmar el texto de la proposición tal como hoy se nos presenta porque, sinceramente, en este momento no estamos de acuerdo con él. No estábamos de acuerdo con el límite de alcoholemia y diferimos en lo que se refiere a
establecer el límite para la velocidad. No estamos de acuerdo con el límite de alcoholemia, señor Mayoral, y no es un capricho, es simplemente porque argumentamos en base a la jurisprudencia de nuestros tribunales y nuestra jurisprudencia dice que
es a partir de 1,5 gramos por litro de sangre cuando es probable que una persona no esté en disposición de conducir y que solo con dos gramos se tiene la certeza absoluta de ello. No conviene trivializar las cosas ni traducir ese 1,5 gramos a
tantas copas de vino, tantos güisquis o tantas cervezas porque, tal como usted lo plantea, una persona de esas características no podría ni abrir la puerta para entrar en el coche; luego estamos hablando de otra cosa. En cuanto al asunto de la
velocidad, creemos que hay que avanzar previamente, que hay que saber... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón, perdone. Hay un murmullo que hace imposible seguir el debate. Por respeto una vez más a quien está en el uso de la palabra, en este caso el señor Souvirón, bajen el tono de la voz. Gracias.
Señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que en el tema de la velocidad tenemos mucho que avanzar para hallar un punto de encuentro. Nos es muy difícil establecer un límite de velocidad cuando no hay auditorías en nuestras carreteras, cuando no sabemos en qué estado están
las señalizaciones, cuando existe la percepción social de que están mal puestas, cuando existe la percepción social de que están mal señalizados los tramos de nuestras carreteras y es muy difícil desde esta tribuna plantear un límite de velocidad
máximo en un momento en el que desde la Dirección General de Tráfico se oficia a las jefaturas provinciales para que los radares, funcionen o no, se desconecten o salten a una mayor velocidad, dependiendo de la capacidad de gestión de esa Dirección
Provincial para atender las sanciones que se imponen. En estas circunstancias, no sé bien si apoyando ese límite estaríamos trabajando verdaderamente por la seguridad vial o para evitar la responsabilidad de la Administración por aquello que no
hace como debe hacer. Por tanto, señorías, es mucho lo que tiene que hacer la Administración en este campo antes de que toquemos el Código Penal, que es una norma a la que debe aplicarse siempre el criterio de intervención mínima. En cualquier
caso, vuelvo a repetir nuestra disposición a participar en los debates, a enmendar la norma y a tratar de llegar a un acuerdo que haga posible que la norma que salga de esta proposición de ley sea aplicable, se pueda cumplir, se pueda aprobar y
pueda ser un instrumento más al servicio de la seguridad vial porque, si no, corremos el riesgo de buscar amparo en el carácter simbólico del Código Penal para justificar que hemos hecho lo que podemos hacer y que no podemos hacer más porque hemos
modificado hasta el Código Penal, desviando la atención de nuestra labor, que es exigir al Gobierno que verdaderamente desarrolle una política de seguridad vial, se responsabilice de aquello que tiene que hacer y deje de perseguir al ciudadano y de
echarle la culpa de todo lo que pasa en nuestras carreteras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souvirón.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de las diputadas y diputados que han sido proclamados electos por la Junta Electoral Central. Conforme al artículo 20 del
Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña Elena García-Alcañiz Calvo, en sustitución de don Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Doña Elena García-Alcañiz Calvo ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena.
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don Juan Bernardo Fuentes Curbelo, en sustitución de don Juan Fernando López Aguilar, para prestar juramento o
promesa de acatar la Consitutición.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor FUENTES CURBELO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don Gustavo Adolfo Santana Martel, en sustitución de doña Olivia Cedrés Rodríguez, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SANTANA MARTEL: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Gustavo Adolfo Santana ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don Daniel Nuevo Hidalgo, en sustitución de doña Mercedes Roldós Caballero, para prestar juramento o promesa de
acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor NUEVO HIDALGO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Daniel Nuevo Hidalgo ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña Ana María Oramas González-Moro, en sustitución de don Paulino Rivero Baute, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Doña Ana María Oramas González-Moro ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
MINUTO DE SILENCIO.
El señor PRESIDENTE: Señorías, como homenaje y testimonio de aprecio hacia sus familias, solicito a la Cámara un minuto de silencio por la muerte en atentado criminal de los soldados paracaidistas don Juan Carlos Villora Díaz, don Jonathan
Galea García, don Manuel David Portas, don Yhon Edisson Posada, don Yeison Alejandro Castaño y don Jefferson Vargas Moya.
Descansen en paz. (Pausa.-Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO, ORGÁNICA, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 122/000222.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de proposiciones de ley. De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y Mixto, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 296; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA COMBATIR LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN NUESTRAS COSTAS. (Número de expediente 162/000605.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para combatir la inmigración ilegal en nuestras costas. Para la defensa de la proposición no de ley presentada por
su grupo, interviene en un turno de siete minutos el señor Barrachina. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a intentar continuar con la sesión plenaria. Por favor, si desean ausentarse del hemiciclo, háganlo con rapidez y en silencio, puesto que un compañero de ustedes está tratando
de tomar la palabra desde la tribuna de oradores.
(Rumores.-Pausa.) Señorías, les vuelvo a recordar que un compañero suyo está en la tribuna de oradores tratando de reanudar la sesión, de forma que, si desean ausentarse, les recuerdo que lo deben
hacer de inmediato y en silencio. Señor Barrachina, si le parece, lo intentamos. (Continúan los rumores.) Silencio, señorías, por favor. (Pausa.) Adelante.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
Hoy conocíamos un demoledor informe de la OCDE sobre las perspectivas de migraciones internacionales y dice algo tan drástico como que crecieron en gran parte por los importantes flujos registrados en España. Este informe de 2007 de la OCDE
viene a confirmar lo mismo que decía el informe de Eurostat de hace algunas semanas: que, de todos los países que reciben inmigrantes, España es el peor país en el combate, en la lucha, en el trato de la inmigración irregular. Dice el informe de
la OCDE, que se ha conocido esta misma mañana -y lo hace con una literalidad absoluta-, que España, en 2005, es decir, una vez concluido el proceso de regularización
extraordinario, había recibido 680.000 inmigrantes. Hemos sido por tanto nuevamente récord mundial; tan solo nos superaba en porcentaje Luxemburgo, que, como bien saben SS.SS., no alcanza el medio millón de habitantes. España, según este
demoledor informe de la OCDE, recibió en 2005 un 15 por mil, más que el tercero de los países, Nueva Zelanda, lo que supone dejar muy atrás a Estados Unidos, el 3,4, o a Francia, el 2 por ciento. Además, este mismo informe de la OCDE -y lo subrayo
literalmente- dice que supera los 640.000 inmigrantes de 2004, cuando ya se había batido el récord. Esta es una cita literal del informe de la OCDE sobre las perspectivas de migraciones internacionales que sitúa a España como el peor país de toda
la OCDE en el trato de la inmigración. Y viene a confirmar, además, lo que decía Eurostat, ya no de 2004 o de 2005, sino de 2006, y es que España en 2006 recibió 636.000 inmigrantes, mucho más que el segundo de los países, Francia, con 60.000, o
Alemania, con 40.000. Recibía España en 2006, es decir, en pleno efecto Caldera, en pleno efecto llamada, más inmigrantes ilegales, 122.000 inmigrantes más que los cuatro siguientes países de la Unión Europea, que son Francia, Alemania, Gran
Bretaña e Italia. Por tanto, la situación en España es, sin duda, la peor, tal y como recoge el informe de Eurostat y, tal y como recoge el informe de la OCDE, es la peor de las situaciones en el conjunto mundial.
En esta situación de absoluto colapso institucional, de desbordamiento de nuestras fronteras, alguien falta a la verdad. O lo hace el señor Caldera, cuando advirtió que había puesto el contador a cero, que éramos la envidia de Europa; o
cuando afirmaba en 2006 que no existía ningún incremento de la presión migratoria; o cuando, preguntado en el Pleno sobre el número de irregulares, afirmaba -el ministro Caldera- que había muy pocos, unos 100.000. Digo que o falta a la verdad el
ministro Caldera o lo hacen todos los organismos internacionales, que sitúan en cada uno de los años de Gobierno socialista -2004, en el segundo semestre, 2005 y 2006- por encima de los 600.000 inmigrantes irregulares llegados cada año. Alguien
falta a la verdad. De aquella envidia de Europa en la que íbamos a convertir a España en materia de inmigración, nos hemos convertido en la vergüenza mundial. Y no exagero, leo la literalidad de los informes de Eurostat y de los informes de la
OCDE. Alguno de ellos debería tener algún crédito para el actual Gobierno, para que haga lo que tiene que hacer con el ministro Caldera, un ministro que niega un efecto llamada desmedido que produjo aquella regularización masiva. Si el señor
Caldera no es capaz de reconocer el fracaso en su gestión para tomar hoy las medidas que propone el Grupo Parlamentario Popular, el señor Zapatero deberá cesarle en sus funciones y nombrar a alguien con una mínima capacidad para contener la actual
situación que desborda y colapsa nuestras instituciones.
Los datos fueron los siguientes: En julio de 2004, el ministro Caldera anuncia una regularización para el año siguiente; fue un hito mundial.
Hemos sido la única nación del mundo que se atrevió a anunciar una regularización con medio año
de antelación. Ese último semestre de 2004, recordarán SS.SS., autobuses de pakistaníes en la frontera con Francia, llegada masiva, salto de las vallas en Ceuta y en Melilla, etcétera. Esto provocó que, efectivamente, el segundo semestre de 2004,
como 2005 y 2006, según recoge la OCDE y la agencia europea Eurostat, hayan sido los tres peores años en la historia de la inmigración en España. El año que menos inmigrantes han llegado con el Gobierno Socialista, el año que menos, supera en un 50
por ciento al año que más en los ocho ejercicios de Gobierno Popular. Hace falta algo para que esta censura internacional y para que esta preocupación nacional, que ha hecho elevar desde el 9 por ciento, que, según el CIS, preocupaba en marzo de
2004, al 34 por ciento que preocupa hoy a los españoles; es necesario, como digo, que se haga algo. Esta censura internacional y esta preocupación nacional se produce porque hoy hay más irregulares que nunca. Hay 4.482.000 empadronados y tan solo
3 millones de tarjetas de residencia, lo que quiere decir que probablemente estaremos por encima del millón de irregulares. Hay más víctimas que nunca y por eso el Grupo Parlamentario Popular propone hoy un conjunto de medidas que hablan, sin duda,
de hacer las modificaciones legales oportunas para prohibir, por ley, que pueda haber nuevas regularizaciones masivas; que el tratamiento sea individualizado; que se cree una agencia única de inmigración y de empleo; que se amplíe el plazo de
estancia de los inmigrantes en los centros de internamiento, mientras no se pueda tramitar su repatriación, de 40 a 70 días; que los sistemas integrales de vigilancia exterior tengan carácter permanente, no como ocurre en la actualidad, que tienen
simplemente un carácter móvil y solo hay una furgoneta en el conjunto de todas las Islas Baleares.
Pedimos un compromiso efectivo en lo referido y firmado por el Frontex, es decir, que los 150 barcos, los 15 helicópteros y los 20 aviones comprometidos tengan efectivamente presencia en el mar y estén allá donde se les requiera para luchar
contra la inmigración irregular. Ante esta serie de despropósitos que nos llevan hoy mismo a ser censurados por los informes de la OCDE, ante esta situación de absoluto desbordamiento, algo deberá hacer el Gobierno de España. El Grupo
Parlamentario Popular ruega al resto de grupos que pongan atención y tengan la dedicación suficiente, para que esto, que era algo que preocupaba solo al 9 por ciento de los españoles y cuyo nivel de preocupación hoy se ha multiplicado por cuatro,
según las propias encuestas del CIS, que elaboran técnicos presuntamente independientes pero dependientes a su vez del Gobierno, se pueda resolver y volvamos a unos niveles medianamente razonables.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Barrachina.
Abrimos, señorías, los turnos de defensa de las enmiendas presentadas.
Comenzamos por la enmienda socialista y la señora López tomará en su nombre la palabra.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, quiero resaltar una vez más que la política de extranjería e inmigración ha sido y es una de las prioridades centrales de este Gobierno y que en esta tarea ha contado y contará siempre
con el apoyo e impulso del Grupo Parlamentario Socialista.
La llegada masiva de inmigrantes se ha producido en un periodo de tiempo muy corto y este cambio tan vertiginoso ha conllevado un impacto en todas las esferas de la vida. Los objetivos en los que se ha centrado el Gobierno son hacer en
materia de inmigración una política integral y unos de sus aspectos han sido el control de flujos migratorios y la lucha contra la inmigración clandestina. Esto ha requerido un gran esfuerzo político, diplomático y de seguridad a largo, corto y
medio plazo. Todos coincidimos en señalar que el incremento de la población inmigrante es un fenómeno que puede y debe ser, si se ponen en marcha las políticas adecuadas, una oportunidad para nuestro país, en el que el envejecimiento de la
población hace cada día más necesaria la presencia de inmigrantes.
Al Gobierno le corresponde dar soluciones, por supuesto, pero también a todos los grupos políticos representados en esta Cámara, porque todos tenemos la responsabilidad de informar
a la sociedad sobre el impacto de la realidad migratoria para evitar una percepción errónea de la misma y poder prevenir actitudes racistas o xenófobas. Todos somos conscientes de que la evolución de la población inmigrante está poniendo de
manifiesto la necesaria adaptación de las estructuras administrativas y orgánicas en todos los ámbitos, local, autonómico y estatal.
La prioridad del Gobierno ha sido la lucha contra la inmigración ilegal, la gestión ordenada de los flujos, la integración de inmigrantes y la cooperación con los países emisores. En el plano bilateral se han intensificado esfuerzos para
completar una red de acuerdos de cooperación migratoria y readmisión con los países prioritarios. Gracias a esta cooperación se ha disminuido en un 50 por ciento la llegada de cayucos a nuestras costas. Pero no somos una isla; si ningún hombre es
una isla, un país, menos. A España llegan inmigrantes porque somos un país desarrollado, pero también vienen otros para los cuales nuestro país es simplemente la puerta de entrada a Europa. Era necesaria la implicación de la Unión Europea para
crear una política común de inmigración, incluyendo la cooperación al desarrollo, las políticas de vecindad, el control de fronteras, la entrada legal y la integración de inmigrantes en la Unión Europea, y han sido España y su Gobierno los
principales impulsores de la exigencia de compromisos para que tengamos una política europea de inmigración. Ejemplo de ello es el compromiso y deseo del señor Sarkozy de potenciar la unión euromediterránea y trabajar codo con codo con España en el
campo de la inmigración. Se ha dado un impulso para que exista un plan de medidas concretas en los tres ángulos que integran la política en el ámbito de la inmigración, que son: la ayuda al desarrollo frente a la miseria y la pobreza, el control
de fronteras y por tanto un reforzamiento y continuidad de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, con más medios personales y financieros, y la cooperación en materia de repatriación.
Que no está todo hecho es evidente, como lo es también que se ha hecho mucho y bien. El proyecto de extender el sistema SIVE a las Islas Baleares se encuentra desde hace tiempo en las previsiones de la Guardia Civil; de hecho se está
tramitando el expediente para que sea operativo a lo largo de 2008 y 2009. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de integración y de ciudadanía, con medidas específicas en educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud e infancia, pero la
voluntad del Gobierno siempre ha sido evitar la confrontación en torno al fenómeno migratorio y alcanzar un gran consenso sobre la política de inmigración.
Por eso se creó una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales,
cuyo objetivo ha sido acordar y debatir los elementos básicos que deben conformar las políticas de inmigración. En este marco en el que se está desarrollando la subcomisión, hemos presentado una enmienda con la voluntad de plasmar un consenso
político en torno a los ejes que deben marcar la política migratoria.
Con esta voluntad estamos trabajando todos los grupos políticos. Desde aquí doy las gracias por la seriedad que están demostrando todos, incluidos, señoría, sus tres compañeros del Grupo Popular, que asisten con rigor, entusiasmo y
compromiso, a todas las comparecencias, porque lo único que pretendemos es alcanzar un gran pacto, marcar las directrices en las políticas migratorias y que este no sea un tema de confrontación, sino de entendimiento y convivencia. Nos queda un
largo camino, pero el Partido Popular, en lugar de aunar esfuerzos para alcanzar consensos en política migratoria, sigue repitiendo una mentira para que se convierta en verdad, cuando no hay más efecto llamada que el hambre, la miseria y los
conflictos bélicos, que son los que provocan los éxodos hacia el mundo desarrollado. En definitiva, la inmigración clandestina es un tema muy complejo, que no admite reducciones. Seguiremos trabajando en el seno de la subcomisión, porque los
crecientes flujos migratorios seguirán produciendo cambios en la sociedad y tendremos que seguir acometiendo todas las reformas necesarias. A estas nuevas pautas cambiantes continuamente es a lo que juntos, insisto, juntos, deberíamos hacer frente,
aunque desgraciadamente algunos miembros, no todos, del Partido Popular siguen manifestando una falta absoluta de disposición a trabajar con este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora López.
El siguiente grupo parlamentario que ha presentado enmiendas es Convergència i Unió. Señor Campuzano, ¿va a ser usted quien las defienda? (Pausa.) Entonces, adelante, es su turno.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición no de ley relativa a la política de inmigración, con importantes consideraciones, que mi grupo también comparte, sobre la necesidad de ser capaces de regular de una vez
por todas los flujos migratorios, de garantizar un efectivo control de las fronteras, de incrementar el compromiso de los efectivos de la Unión Europea en relación con los dispositivos que se están desplegando en las costas atlánticas, de cooperar
con las comunidades autónomas, de incrementar los recursos destinados a las políticas de integración que desarrollan las mismas y de actuar en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, reforzando la Inspección de Trabajo para combatir el
principal efecto llamada, que es sin lugar a dudas nuestra realidad demográfica, pero también nuestra capacidad de generar empleo, también en la economía irregular.
Mi grupo, como digo, comparte estos planteamientos, pero en el texto de esta proposición no de ley y en la propuesta transaccional que el señor Barrachina nos ha trasladado se mantienen dos consideraciones concretas que mi grupo, de entrada,
no puede compartir. Por un lado, la necesidad de ampliar el periodo de permanencia en los centros de internamiento y, por otro lado, la necesidad de incorporar en nuestra legislación una denominada prohibición expresa de los procesos de
regularización. Son dos cuestiones con la suficiente trascendencia e importancia que, si se deben incorporar a las políticas de inmigración que el Gobierno debe desarrollar, deben formar parte de los acuerdos en el marco de la subcomisión. Al
menos en el momento político en el que estamos, desde la perspectiva del Grupo de Convergència i Unió, estos dos aspectos concretos que nos plantea el Grupo Popular y que no forman parte, entiendo yo, de los consensos existentes en la Cámara en esta
materia no podemos resolverlos esta tarde. Si, en el marco de la subcomisión parlamentaria, estas dos cuestiones gozan de una mayoría más que amplia, una mayoría muy robusta, mi grupo tampoco va a ser especialmente beligerante. En el caso de las
prohibiciones de las regulaciones por ley, nos parece que nos situaríamos en una posición extremadamente voluntarista. Hemos vivido en estas últimas semanas y meses cómo dos de los Estados que criticaron y combatieron el último proceso de
normalización, Holanda y Alemania, han tenido que impulsar procesos de normalización y de regularización de inmigrantes en situación irregular.
No nos parece excesivamente acertado que en una ley figure esa propuesta, desde el punto de vista del
realismo de las políticas que necesitamos en materia de inmigración. Si ese fuese el elemento que permitiera al Grupo Parlamentario Popular participar del consenso en la subcomisión, mi grupo tampoco haría de eso una cuestión fundamental. Pero
insisto, no nos parece que el trámite de esta proposición no de ley pueda permitir resolver esta controversia.
Sucede lo mismo en relación con la prolongación del periodo de permanencia en los centros de internamiento de los inmigrantes que van a ser expulsados. Es una medida fácil en su planteamiento, es muy visible respecto a las demandas de la
opinión pública, pero hoy el problema que tenemos con los inmigrantes en situación irregular no es prolongar su permanencia en los centros de internamiento, sino ser capaces de tener los medios administrativos, materiales, financieros, de
colaboración y cooperación con los países emisores de los flujos migratorios, para hacer efectivo ese proceso de repatriación. No nos parece tampoco un elemento fundamental y por tanto preferimos remitirnos a los trabajos de la subcomisión
parlamentaria, precisamente para discutir esas cuestiones y ser capaces en su seno de alcanzar el acuerdo político de fondo que la cuestión de la inmigración reclama. Llevamos demasiados años con políticas de emigración que no han gozado de los
consensos políticos que necesitamos, si queremos conducir con éxito lo que es sin duda el principal reto colectivo de la sociedad española, que es que la inmigración sea una historia de éxito para el conjunto de los ciudadanos, para los que llegan y
para los que ya están.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Señor Tardà, su turno para defender la tercera y última enmienda presentada en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero decir que lamentamos que sigan tratando la inmigración como un problema y exclusivamente como un problema para la población del mundo económicamente rico. Ustedes creo que olvidan que aquí el gran problema lo tienen
las personas que se ven obligadas a abandonar su tierra, que sobreviven en nuestra sociedad en condiciones precarias y marginales y que se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo alejadas de la legalidad y de la dignidad. Son ellas y ellos
los primeros que tienen y sufren el problema de la inmigración. En este punto debemos hablar, porque ustedes se olvidan de hacerlo, y me remito a la proposición no de ley que han presentado, de las injustas relaciones económicas internacionales,
que provocan las crecientes desigualdades entre los pueblos porque en ellas tienen una gran responsabilidad los países del mundo económicamente ricos y sus empresas multinacionales y transnacionales. Tampoco podemos olvidar la connivencia
de actitud de los gobiernos de los países empobrecidos, aquellos a los que en muchos casos ustedes apoyan y legitiman. En lugar de plantearse las causas de la inmigración y proponer medidas para su erradicación, siguen empeñados en
obviarlas y en intentar resolver sus consecuencias con medidas a nuestro entender demagógicas. Entre estas, como se observará en la proposición no de ley que hoy nos presentan, un sistema de vigilancia costera prácticamente propio de una situación
bélica. Lo que ocurre es que, como usted sabe, la mayoría de personas inmigrantes que llegan a la Península no lo hacen en patera sino en avión, de manera que la medida que ustedes proponen es un gasto desmesurado, desproporcionado e ineficiente.
Otra de sus grandes propuestas es rechazar la regularización masiva de inmigrantes y plantean en su proposición que este mismo Parlamento, que apoyó la última regularización masiva, prohíba aquello que, en ejercicio de su soberanía, legitimó. Nos
parece surrealista, y más si tenemos en cuenta que la gran mayoría de inmigrantes que se regularizaron fueron aquellos que llegaron mientras ustedes gobernaron y que mantuvieron en la clandestinidad como mano de obra barata para la explotación por
empresarios sin escrúpulos que, por cierto, lo han hecho impunemente. Las tres últimas propuestas que hacen -por cierto, fieles a su idea centralista del Estado y sin atender a las competencias autonómicas y municipales que la propia legalidad que
ustedes dicen defender establece- nos proponen medidas para la integración de las personas inmigrantes. No obstante, he de decirles -porque ustedes acostumbran a tener mala memoria histórica- que fueron los grupos progresistas de esta Cámara los
que impulsaron la aprobación, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, de un fondo para la atención de la inmigración que debía servir para impulsar medidas similares a las que proponen junto a otras socio-sanitarias que no sé por qué
ustedes obvian.
En este sentido, resulta paradójico que reclamen el conocimiento y aceptación de los valores, derechos y deberes establecidos en la Constitución española cuando dentro de un rato vamos a debatir una moción suya en la que se oponen a
la asignatura de educación para la ciudadanía, que es un instrumento válido para tal fin.
Por ello hemos presentado una enmienda de sustitución en la que, después de recordar la preocupación que todas y todos nosotros deberíamos tener ante la tragedia personal y colectiva de quienes deben huir de sus tierras de origen, reclamamos
en el más estricto cumplimiento de la división competencial y en coordinación con las comunidades autónomas, una mejor gestión de los flujos migratorios, pero no solo vinculada a las necesidades laborales que ustedes proponen, sino también a la
plena integración social y política, para lo cual demandamos también un incremento de los fondos destinados a las comunidades autónomas para los programas de acogida e integración. Asimismo, ello debe estar acompañado de una agilización de la
tramitación burocrática para no castigar a los inmigrantes con las humillantes condiciones en que hoy se produce la regularización. Finalmente, una de las propuestas va dirigida a atajar las causas que provocan la inmigración de una manera
realista, posibilista, que es la promoción de la cooperación internacional en los países de origen de las personas inmigrantes, basada en la atención de las necesidades básicas. Aquí, señoras y señores del Grupo Parlamentario Socialista, debo
decirles que el enfoque del Plan África y la praxis de la cooperación española no solo es claramente insuficiente, sino que a menudo está más pensada para la represión de los movimientos migratorios que para solucionar la coyuntura que los provoca.
Asimismo, reclamamos una política de condonación de deuda que esté vinculada a la protección de los sectores y regiones más pobres de estos países. En última instancia y en relación con esto reivindicamos que el Estado español cumpla todos los
compromisos adquiridos internacionalmente en materia de asilo que, como denuncian diferentes organizaciones y organismos que abordan el tema, no se está haciendo, y que se establezcan los mecanismos para controlar y garantizar su cumplimiento, ya
que hemos de recordar que no todas las personas que intentan entrar en nuestros países lo hacen huyendo de la miseria económica, sino que también lo hacen huyendo de guerras, de persecuciones políticas o de la total falta de derechos humanos.
En conclusión y finalizando, la inmigración es mucho más complicada que la visión simplista que nos pretende formular el Partido Popular y, en cualquier caso, viendo las recetas que aplicaron cuando gobernaban, no son nadie para dar
lecciones. En consecuencia, votaremos en contra pero hemos presentando las enmiendas oportunas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà. Muchas gracias.
¿Quiénes desean intervenir por el Grupo Parlamentario Mixto, señorías? (Pausa.) Señora Fernández, adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, compartiremos el tiempo entre el señor Mardones y yo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien. Comenzaremos con el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perdone, señor Mardones. Nos estamos acomodando a una nueva situación. El orden es de menor a mayor y usted ahora mismo es el partido mayoritario dentro del Grupo Parlamentario Mixto. Por lo
tanto, sería usted el último en intervenir como partido mayoritario. Disculpe.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy bien.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Fernández, de nuevo tiene la palabra. Perdone.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Queríamos utilizar este turno para fijar nuestra posición respecto de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en relación con el problema de la inmigración. Compartimos con el grupo proponente, y también con los otros grupos
que presentaron enmiendas a esta proposición no de ley, la preocupación por la cuestión y sobre todo por la diferente problemática que conlleva, tanto desde el punto de vista de la integración y de la participación en cuanto a las distintas
competencias de las comunidades autónomas, en relación con las políticas destinadas a estos colectivos de inmigrantes que se instalan en las distintas zonas o territorios del Estado, como por las cuestiones humanitarias en el caso de los inmigrantes
que llegan a nuestras costas en las condiciones más trágicas, que todos y todas conocemos. Desde luego, nos preocupan estas cuestiones y somos conscientes de que las preocupaciones que se manifiestan aquí por los distintos grupos son diferentes
dependiendo de cómo vemos unos y otros el problema de la inmigración, y esa diferencia se transmite también en las enmiendas presentadas. Nosotros podríamos estar de acuerdo con algunos de los puntos presentados tanto por el Grupo Parlamentario
Socialista como por Esquerra Republicana y Convergència i Unió, pero tenemos que manifestar nuestro desacuerdo con la proposición no de ley, y por tanto con la autoenmienda que presenta el Grupo Popular, porque entendemos que, de nuevo, el Grupo
Popular vuelve a enfrentar esta problemática desde un punto de vista que nosotros definiríamos, incluso, de represión a este colectivo o a este gran número de personas que en este momento están en nuestro territorio, como decía el señor Barrachina,
en situación de ilegalidad.
Nosotros entendemos y compartimos algunos planteamientos que han hecho otros grupos en otros momentos, en el sentido de que el efecto llamada es más la posibilidad de la ilegalidad y al mismo tiempo la posibilidad de trabajar, y por lo tanto
cumplir el objetivo por el que vienen esas personas, que una política que regularice, una política que legalice y una política que facilite el trabajo en unas condiciones de mayor legalidad y estabilidad posible a las personas que se establecen en
territorio del Estado. Por tanto, si no se llega a una transacción entre el grupo proponente y los grupos enmendantes que nosotros pudiéramos apoyar, tendremos que manifestar nuestro voto en contra tanto de la proposición no de ley del Grupo
Popular como de la enmienda que presentan, por las razones que acabamos de expresar.La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con usted, señor Mardones. Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como bien se sabe, y para eso están los diarios de sesiones del Parlamento, son ya una cuantía superior a la docena las veces que en esta legislatura hemos intervenido, anteriormente en el Grupo de Coalición Canaria y hoy en el Grupo Mixto
por imperativo reglamentario, para que nuestra formación, una vez más, trate de apoyar toda iniciativa parlamentaria que conduzca a la reducción, si no a la desaparición, que sería lo óptimo, del fenómeno de la inmigración clandestina en nuestras
costas. Esta iniciativa del Grupo Popular merece nuestro apoyo, nos parece que insiste en la cuestión, porque desde Canarias este problema de la inmigración, tanto la procedente del África Subsahariana como la del continente americano que entra vía
aeropuertos, ha merecido una serie de apoyos y de iniciativas de nuestros diputados en solidaridad con organizaciones internacionales, con las ONG y en concordancia también con acuerdos del Gobierno autónomo de Canarias hasta la fecha.
Los medios del Frontex de los que disponemos nos siguen pareciendo verdaderamente ridículos. Mañana, ya tendremos ocasión de hablar con el señor presidente en el debate sobre las medidas acordadas en el Consejo de jefes de Estado y de
presidentes de Gobierno celebrado la semana pasada en Bruselas. Hay que ver qué pasa con el Frontex, no solo para proteger las costas canarias y las costas andaluzas, para que esto se lleve a efecto. Y otra cuestión, volvemos a insistir en
aumentar el periodo de internamiento a setenta días desde los cuarenta que actualmente reconoce la ley. Aquí hay una serie de iniciativas, algunas de las cuales se consideran afortunadas porque recientemente han visitado Senegal el ministro del
Interior, señor Rubalcaba, y el ministro de Trabajo, señor Caldera, para llegar a unos acuerdos con las autoridades de Senegal sobre los cupos de inmigrantes de esta procedencia que puedan venir a territorio europeo o territorio español. En esa
línea, si no hay acuerdo con las enmiendas transaccionales -algunas de las cuales, como las del Grupo Catalán de Convergència i Unió, nos parecen razonables-, votaríamos la iniciativa del grupo proponente, el Grupo Popular, porque viene una vez más
a insistir en resolver este problema que si no se está en Canarias o en algún sitio de recepción de estos inmigrantes no se sabe la dimensión de la gravedad que tiene.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene usted la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley del Grupo Popular no es de lo más oportuna, en primer lugar, porque estamos en el marco de la subcomisión -después hablaré de ella- y, en segundo lugar, porque vuelve a caer en los tópicos, si me lo permiten: el
efecto llamada, fruto de un proceso de regularización. El efecto llamada es fruto precisamente de la llamada de la desesperación, del hambre, y se debe a un modelo de crecimiento que se basa principalmente en sectores productivos con una mano de
obra que no necesita tanta cualificación y que permite que esas personas encuentren trabajo en España. Segundo elemento, las propuestas del Grupo Popular se fundamentan en la impermeabilidad de nuestras fronteras y hemos dicho desde hace mucho
tiempo, que hoy el fenómeno de la inmigración no se solventa con una mayor impermeabilidad de las fronteras. La prueba la tenemos en que la impermeabilidad de la frontera marroquí ha hecho mucho más peligrosas la rutas de llegada y lo lamentable es
que a día de hoy a esa impermeabilidad de las fronteras no hay respuesta ni solución, porque ¿qué vía legal de entrada tiene un ciudadano procedente del África subsahariana el verano pasado u hoy mismo? Y la respuesta es: ninguna; no hay vías
estables de entrada y eso es lo que no puede perpetuarse. No nos vale el discurso de puertas abiertas, que entre todo el mundo, pero tampoco nos vale el discurso de la impermeabilidad absoluta sin que haya ningún canal estable de entrada. Tercer
elemento, no vale decir que no haya más procesos de regularización extraordinarios. Cuando el señor Campuzano y yo estábamos en la presentación del libro del señor Rius Sant, él denunciaba que ha habido hasta trece procesos formales o incluso
informales de regularización extraordinarios con los gobiernos de todos los colores. No podemos hacer el discurso hipócrita, desde nuestro punto de vista de no más procesos de regularización extraordinarios, sin establecer un canal estable de
regularización. Ahí podemos discutir cuáles son los criterios. No me gustan los procesos extraordinarios de regularización porque tiene que haber un canal estable de regularización y, por tanto, tendríamos que hablar precisamente de estos marcos
estables de regularización para encuadrar el debate.
Por último, en torno a la subcomisión, nos gustaría que hubiese un consenso, pero la subcomisión no puede ser la excusa para no abordar las políticas de inmigración; dicho de otra manera, los acuerdos con países del África subsahariana
esconden una mezcla de supeditar las políticas de cooperación a las políticas de inmigración o de repatriación, cosa que a nosotros no nos gusta y lo hemos dicho. La subcomisión tiene que avanzar, pero eso no tiene que suponer que nos quedemos
parados. Les pongo un segundo ejemplo. Acabamos de pasar las elecciones municipales. Sus señorías saben que hay ciudades en que un 40 por ciento de la ciudadanía no ha ido a votar. Cuando un 40 por ciento de la ciudadanía no va a votar, estamos
con una democracia amputada o a medias. No solo se tiene que tratar de derechos políticos, tienen que ir acompañados de derechos sociales. Tenemos que hablar de las obligaciones de las personas que llegan, claro que sí, tienen obligaciones, deben
tenerlas, pero también debemos acompañarlas del discurso de los derechos políticos, porque sin ellos -no lo digo yo, lo dice la Carta europea para la integración de los inmigrantes- no hay integración posible, y hay muchos políticos que optan por el
discurso xenófobo o racista, por decir que se tiene que ampliar, por ejemplo, diez años de residencia para acceder a una vivienda de protección oficial. El mejor antídoto para eso es dotarnos de derechos políticos. ¿Cuál es el problema? Que
estamos con la subcomisión de inmigración y hay debates y decisiones que son urgentes, además, añadiendo -y yo lo he trasladado no la semana pasada, sino hace semanas- que la subcomisión de inmigración funciona de tal manera que nos dificulta mucho
el trabajo a los grupos parlamentarios minoritarios. No queremos una subcomisión de inmigración que se reúna los martes o los miércoles cuando estamos colapsados, queremos una subcomisión en la que podamos participar. Yo les aseguro que nuestro
grupo parlamentario tiene todo el interés en participar, pero el calendario está imposibilitando que nosotros participemos, y quiero decirlo en la tribuna, y es la primera vez. Lo he dicho de manera informal, se nos ha hecho un caso nulo, lo digo
hoy en la tribuna ante la consideración de la imposibilidad de poder trabajar en un tema que hemos liderado ni más ni menos que como el que más, y donde tenemos ideas y propuestas que aportar. Por eso entiendo que la subcomisión tiene que trabajar,
pero tiene que haber un giro en el trabajo de la subcomisión que permita al conjunto de los grupos parlamentarios participar a fondo y, sobre todo, que entienda que hay reformas, que tenemos todos puntos de vista distintos, y que no podemos esperar
a que se acaben los trabajos de la subcomisión para desarrollarlos, porque hay derechos sociales y políticos que no pueden esperar más.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Vasco (EAJ-PNV). Señor Olabarría, cuando quiera.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a continuar con las reflexiones realizadas por el señor Herrera, lúcidas como siempre, para decir que yo no comparto en todo su opinión ni cuantitativa ni cualitativamente. En primer lugar, la abstención, sobre todo en determinados
lugares o localidades de Cataluña y de otros lugares del Estado español, no ha llegado al 40 por ciento, sino que ha superado el 48 por ciento -es una patología o un fenómeno social que nos debe llamar a hacer una consideración o una reflexión a
todos-, pero, en segundo lugar, señora presidenta, yo no soy un apologeta de la proposición ni tampoco de las enmiendas;
voy a votar en contra de la proposición no de ley y de todas las enmiendas, ¿por qué? Porque creo en el trabajo de la subcomisión y, de hecho, en la esencia que fundamenta la creación del trabajo de la subcomisión. Parto del supuesto de
que esta es una política de Estado que tiene que ser consensuada en función de fórmulas o de síntesis por todos, y el debate que se ha articulado hoy es el paradigma de lo que en nuestra opinión no se debe hacer. Cada cual ha articulado un discurso
de partido o de grupo parlamentario, si se quiere ser más fino en el uso de las palabras, cada cual ha utilizado sus reflexiones. No son tan impertinentes ni inadecuadas las del Grupo Popular -algunas están plenas de razón o puestas en razón-,
algunas de las reflexiones neomarcussianas de otros partidos de izquierdas también son razonables -aquí hay un problema de contextualización ideológica que también hay que valorar-; el problema ya circunscrito a las islas Canarias evidentemente no
se nos escapa -es un problema muy serio-; el problema de la insuficiencia de los mecanismos internacionales y particularmente europeos -léase Frontex y otros- es manifiestamente insuficiente, hay que mejorarlo, lo cual quiere decir que en tanto en
cuanto no seamos capaces de sintetizar posturas no contradictorias, sino posturas diferentes que son susceptibles de ser sintetizadas, va a ser muy difícil que lleguemos a acuerdos razonables para afrontar una patología que a corto plazo es
insoluble, señora presidenta, y a medio plazo puede ser relativizada en cuanto a sus consecuencias más patológicas en el mejor de los casos. Si aquí cada cual quiere hacer su discurso y quedar bien, y pensar utópicamente que va a conseguir algunos
votos por esta razón, que lo haga; nosotros no vamos a practicar esta política nunca ni en nada ni en esta materia y menos o particularmente en esta materia. Vamos a esperar al trabajo o a las conclusiones que se puedan suscitar en la subcomisión.
Lo demás nos parece una utilización aberrante de un problema con el que vamos a convivir en el futuro de forma prioritaria. Es uno de los problemas prioritarios que vamos a tener que afrontar dentro de poco tiempo entre todos desde una perspectiva
de consenso, desde una perspectiva -puesto que es una cuestión de Estado- de pactos de Estado, donde sinteticemos todos nuestras posiciones, que no son tan discrepantes como pueda parecer. Todo es sintetizable.
Aquí se pueden hacer discursos ideológicos, se pueden hacer discursos pragmáticos, se pueden hacer discursos policiales, se pueden hacer discursos vinculados al trabajo, a la integración en el trabajo, se pueden hacer discursos vinculados al
denominado efecto llamada que nos parece una expresión repugnante y que la rechazamos de todo punto. No hay peor efecto llamada que echar la vista atrás o cerrar los ojos ante la situación de extranjeros que vienen y se les deja trabajar en régimen
de clandestinidad. Ese es el real efecto llamada que se practicó en los tiempos del Partido Popular. Me gustaría que el señor Barrachina -con el que me une una gran amistad- me explicase qué significa una de las propuestas concretas de la parte
dispositiva de la proposición no de ley que consiste en: impulsar el conocimiento y aceptación de valores, derechos y deberes que fundamentan nuestra convivencia constitucional. Si esto significa que a las personas que vengan de otros países a
trabajar, a vivir, a sobrevivir de las situaciones calamitosas que viven en sus países tienen que aceptar una especie de metacultura que todos los que pertenecemos al mundo occidental y al Estado español o a las naciones que configuran el Estado
español podemos compartir, nosotros desde luego rechazamos de pleno esta proposición.
Quiero decir, señora presidenta, que esto está tan inmaduro como que hay que esperar -en contra de lo que dice el señor Saura- a algunas conclusiones razonablemente consensuables entre todos para presentar ante esta Cámara algo que sea
razonablemente aceptable para solucionar un problema que en este momento es insoluble; lo hemos dicho muchas veces.
Permítame, señora presidenta, esta especie de desahogo personal o catarsis -ya acabo-, pero es que estamos ya cansados de discutir
ad nauseam un problema que o nos lo tomamos todos en serio, conjuntamente, y dejamos de buscar réditos electorales a corto plazo o no lo vamos a poder resolver.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchas gracias.
Señor Barrachina, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
¿Puedo contestar al señor Olabarría?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No, lo siento. Es solamente el turno de aceptación o rechazo de enmiendas. Seguro que tiene usted otra ocasión para hacerlo, pero su turno finalizó cuando presentó la proposición. Por lo
tanto, por favor, turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor BARRACHINA ROS: Simplemente era porque me había hecho una pregunta.
Hay tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista; otra de Esquerra Republicana, que contiene una buena parte muy razonable y habíamos elaborado una enmienda transaccional, recogiendo alguno de sus puntos, y una tercera enmienda de
Convergència i Unió que nos parecía prácticamente del todo aceptable. Habíamos redactado una enmienda transaccional pero, finalmente, no ha sido aceptada por la persona que hemos consultado. Por tanto, no podemos admitir en su integridad ninguna
de las tres enmiendas.
Sí, efectivamente, había un error. Se ha citado aquí que había una situación por la mención a...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Barrachina, turno de aceptación o rechazo de enmiendas. Entiendo que me está diciendo que vamos a votar la moción en sus términos.
El señor BARRACHINA ROS: Lo ha entendido usted perfectamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pues muchísimas gracias. Eso es todo.
Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
PRÓRROGA DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: Algunos avisos de interés de la Cámara. De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión
sobre la política de inmigración constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales por seis meses a contar desde la fecha de aprobación por el Pleno de dicha prórroga. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia,
queda aprobada la prórroga del citado plazo.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000119.)
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 41, correspondiente al debate de
totalidad del proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA COMBATIR LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN NUESTRAS COSTAS. (Número de expediente 162/000605.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para combatir la inmigración ilegal en nuestras costas. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 136; en contra, 161; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de
expediente 173/000203.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene en un turno de siete minutos el señor Campuzano. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Pausa.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, les recuerdo que el Pleno continúa y que sería un detalle con el señor Campuzano, si desean ausentarse del hemiciclo, que lo hicieran con rapidez y en silencio.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender esta moción consecuencia de la interpelación que planteamos la semana pasada al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En el debate expusimos claramente cuatro de las grandes preocupaciones que Convergència
i Unió tiene con relación al efectivo desarrollo de la Ley de Dependencia, al margen del conflicto abierto por la evidente invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas en esta ley y que, merced a la iniciativa del Gobierno y del
Parlamento de Navarra, el Tribunal Constitucional resolverá en su momento.
Son cuatro las cuestiones que nos preocupan. La primera es la insuficiente dotación presupuestaria con que el Estado ha apostado por el desarrollo del sistema de atención a la dependencia que el conjunto de consejeros autonómicos,
especialmente los de Economía, han puesto de manifiesto: sin presupuestos adecuados las necesidades relacionadas con la dependencia no van a ser resueltas. Por tanto, urge una mayor dotación económica
en los Presupuestos Generales del Estado, desde el compromiso del Gobierno central para el desarrollo de las políticas de atención a la dependencia en la perspectiva de los presupuestos del año 2008 -y ahí mi grupo defiende una cifra de
2.000 millones de euros-, pero también en el ejercicio presente, especialmente para activar aquellas infraestructuras y necesidades que hoy las comunidades autónomas no han podido desarrollar y que, a través de 1.000 millones de euros, pueden servir
para activar recursos efectivos para que las autonomías puedan implementar las infraestructuras necesarias. A la hora de repartir la partida que el Estado consigna en esta materia, hay que introducir otros criterios para el año 2008 que permitan
que en Cataluña, pero también en otros territorios del Estado donde los costes de la vida y de los servicios sociales son superiores a la media estatal, puedan compensarse con una mayor dotación económica. Hoy los criterios de reparto de los
recursos de atención a la dependencia que afectan a un gran número de dependientes están en contra de los territorios con costes de los servicios sociales más altos. Pretendemos configurar un reparto de ese dinero que equilibre mejor las partidas
del Estado.
El segundo elemento de preocupación es garantizar que las clases medias puedan beneficiarse de la mayor movilización de recursos que la Ley de atención a la dependencia implica. Si las clases medias no pueden acceder a mejores servicios, a
mejores prestaciones en el ámbito de los servicios sociales, vamos a continuar configurando unos servicios sociales para los ciudadanos con menor renta, unos servicios sociales para los ciudadanos ricos que pueden acceder a aquello que ofrece el
mercado, y para la inmensa mayoría de la clase media, una dificultad objetiva para acceder a unos y a otros. En este sentido, defendemos que el copago pueda ser determinado por las comunidades autónomas con mayores márgenes para que las autonomías,
mediante una interpretación de esta ley invasora de competencias, puedan introducir elementos que garanticen que esas clases medias acceden a los servicios sociales con expresa exclusión de la vivienda habitual a la hora de configurar ese nivel de
copago.
Tercer elemento que nos parece fundamental: desarrollo del ámbito sociosanitario. Sin el desarrollo de las prestaciones sociosanitarias, las políticas de atención a la dependencia están cojas, no responden a las necesidades de los
dependientes ni a los recursos hoy existentes, al menos en territorios como Cataluña. El desarrollo efectivo de la atención sociosanitaria es el mejor abordaje para hacer frente a las necesidades de las familias y a las personas en situación de
dependencia, por lo que apostamos claramente por que esas prestaciones que se configuraron en la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud se desarrollen.
El cuarto elemento de preocupación es todo lo relacionado con las personas con discapacidad, con el fin de que la expectativa que esta ley ha generado en las personas, en los colectivos que representan al mundo de la discapacidad se vea
cumplida y responda a esas necesidades de autonomía personal. Hoy buena parte del mundo de la discapacidad ve cómo ese discurso contenido en la ley no se termina de cumplir. Sabemos que buena parte de las personas con discapacidad que se están
beneficiando de la ayuda de una tercera persona del régimen de la Seguridad Social no van a encontrar ninguna nueva ventaja con las prestaciones de la Ley de la Dependencia. Hoy va a ser mejor para estos ciudadanos continuar recibiendo la ayuda de
la Seguridad Social. Son cuestiones que nos preocupan, por lo que mi grupo ha trasladado al conjunto de los grupos parlamentarios una propuesta de transacción que incorpora los aspectos principales de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, de
la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya e incluso algunas de las propuestas del Grupo Socialista, con la esperanza de que hoy esta Cámara dé un impulso a esa ley que no
compartíamos en su filosofía ni en su encaje competencial, aunque estamos convencidos de que la sociedad exige que pongamos en marcha los recursos económicos que necesitamos para que las personas en situación de dependencia mejoren su calidad de
vida y puedan garantizar su autonomía personal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano.
Se han presentado cuatro enmiendas a esta moción. Comenzaremos por la del señor Barrachina, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la moción de Convergència i Unió, que trata de una ilusión colectiva compartida por todos, por este Pleno, en octubre de 2003 cuando prácticamente de forma unánime se decidió
regular la dependencia. Queremos que de aquella ilusión transformada en ley, abrumadoramente apoyada en este Parlamento, no se pase a la creciente frustración. No voy a hacer grandes afirmaciones mías para no soliviantar al grupo que da soporte al
Gobierno y tan solo me referiré a algunas declaraciones de dirigentes que apoyaron esta ley. La concejala de Málaga, del Partido Socialista, dijo: Todavía no tenemos un formulario. Se nos cae la cara de vergüenza al decir a la gente: Mire, no
sabemos nada. El consejero de Izquierda Unida de Bienestar Social en el País Vasco, el señor Javier Madrazo, con quien el ministro Caldera se fotografió el día anterior a la presentación de esta la ley para demostrar el apoyo de Izquierda Unida,
dijo recientemente: El Gobierno socialista ha vendido humo, ha actuado de forma irresponsable.
De la misma manera, el 90 por ciento de los 346 expertos y empresarios del sector de la dependencia consultados por Price Waterhouse ha dicho que se ha
generado una expectativa que
no se va a poder cumplir. Las 150 asociaciones que componen la Federación ECOM dicen que la Ley de Dependencia es un fraude porque carece de presupuesto y que la Ley de Autonomía Personal es solo una declaración de intenciones. Igualmente,
el Instituto de Estudios del Capital Social dice que tanto el número de dependientes como su distribución en grupos no están justificados y tampoco están justificados los costes ni las previsiones de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular apoyó este texto, pero no está de acuerdo con la actual tramitación, con la elevada demora ni tampoco con la sobreactuación del Gobierno que ha generado unas expectativas que, como denuncia ya todo el mundo, se
van a ver frustradas. El Grupo Popular presenta una enmienda para evitar esa frustración de expectativas y trata de hacer realidad aquello prometido. Se empezó jugando con el número de dependientes. El Ministerio de Trabajo en 2005 dio hasta tres
cifras distintas. La ley que trajo al Congreso hablaba de 1.125.000 dependientes; la propia ley se desmentía a sí misma páginas más atrás en la memoria sobre impacto de género, en la que había 300.000 dependientes más y el propio Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, cuando envió a la Comisión Europea ese mismo año el informe sobre pensiones, decía que en lugar de 1.100.000 había 2.071.000; es decir, el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en un año dio tres cifras distintas. A
la más reducida es a la que se ha tratado de dar satisfacción, pero también de manera engañosa porque el programa electoral del Partido Socialista hablaba de un fondo inicial para poner en marcha la ley de 1.000 millones de euros y, por tanto, esos
1.000 millones de euros que el PSOE comprometió en su programa electoral como fondo inicial, no final, para poner en marcha ese sistema habrá que reclamarlo y nuestra enmienda hace referencia a esa cantidad.
Lo más inconveniente es generar esas expectativas gigantes que se están frustrando. Se había dicho que no había nada, que no se hacía nada y que ahora se iba a hacer todo. Las dos cosas son falsas. Cuando se afirmó que no había nada, el
libro blanco que presentó el ministro Caldera reconocía que en 2003 -es decir, en la etapa del Gobierno Popular- todas las administraciones públicas dedicaban 2.767 millones de euros a la dependencia y que en la etapa de Gobierno Popular se había
duplicado en ocho años la cantidad dedicada a la dependencia. Ahora a esos 2.700 millones se pretendían adicionar 400 millones, aunque al final han sido 220 los que se han aprobado para realizar convenios con las comunidades autónomas.
Naturalmente, con esos 220 millones de euros, haciendo una simple división entre los 206.000 grandes dependientes, nos da una cantidad de 89 euros por gran dependiente y mes, 3 euros al día. Esos 89 euros no tienen nada que ver con los 507, que
luego serán 1.014 con la aportación de las comunidades autónomas, que hace que las personas dependientes tengan unas expectativas que no van a poder ser atendidas.
El único dinero que se ha recibido por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha sido para aquellos medios de comunicación -no todos- beneficiados con los 88.000 euros de la campaña que durante el preelectoral mes de abril, con esa campaña de nuevos derechos, anunció el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
toda España.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Barrachina, por favor.
El señor BARRACHINA ROS: Concluyo.
Con ello se consiguió tan solo alargar las colas ya extensas que había en municipios y en comunidades autónomas. Ahora toca por parte del Gobierno de España desplazar la responsabilidad a las comunidades autónomas y que esa gran expectativa
que se ha generado -anuncios televisivos incluidos- se le reproche, se le impute a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) únicamente
pretende mejorar su texto, razonable en la mayor parte de su contenido y, naturalmente, que aquello a lo que se comprometió el Partido Socialista Obrero Español en su programa electoral, los 1.000 millones de euros como fondo inicial, sea una
realidad y no una promesa incumplida más.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Barrachina.
Señora López i Chamosa, continuamos con usted, por el Grupo Parlamentario Socialista en el turno de defensa de las enmiendas presentadas a esta moción.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es interesante el debate que tenemos hoy aquí diciendo que la ley es insuficiente, que hay que desarrollarla más rápido y que hay que ir más deprisa. Hay que tener en cuenta que gracias al Gobierno socialista tenemos una ley desde
hace unos meses de la que estamos diciendo que es insuficiente. (Aplausos.) Primera cuestión que hay que constatar. Señor Barrachina, ustedes en el Gobierno tendrían tantos millones, equis, pero no hicieron la ley porque no quisieron y porque no
creían en ella. Primera cuestión positiva: este Gobierno cree en la ley porque es el que la ha llevado a término con el mayor consenso posible -y con el mayor consenso en los partidos de izquierda-, porque es una ley que va destinada a proteger a
las personas más desprotegidas. Esta es una afirmación de la que quiero dejar constancia.
Segunda afirmación. Entiendo que el señor Campuzano, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presente aquí esta moción, porque no compartieron la ley, porque no votaron la ley, porque tienen un modelo distinto al de la ley.
Entiendo que presenten hoy una moción porque contienen temas diametralmente opuestos a los objetivos de la ley.
Como comprenderá
S.S., mi grupo no puede compartir su moción y ha presentado una enmienda para solicitar la agilización de la ley. A todos nos han entrado ahora las prisas. Estamos hablando de montar un sistema de promoción de la autonomía personal y
atención a la dependencia que es nuevo en este país; estamos construyendo el sistema. No nos entre ahora la histeria de si se va despacio o no. Al Consejo Territorial en el que están representadas todas las comunidades le corresponde la decisión.
Señor Campuzano, habla S.S. de garantizar que los territorios con un nivel de vida más alto... La consellería o la dirección general, que va al Consejo Territorial, sabrá defender esos criterios frente a los demás.
Por lo menos ponga en
valor que el Gobierno de Cataluña va a defender los intereses de Cataluña igual o mejor que cualquier otro de otra comunidad autónoma. Ellos ya lo defenderán. Le dimos el poder al Consejo Territorial para que fueran ellos quienes lo hicieran. Una
cosa está clara: las clases medias -lo comparto con usted- tienen que quedar protegidas por la ley. La propia ley prevé periodos de revisión, pero empecemos a aplicarla, dennos un tiempo para que comience su andadura. En el mes de mayo se están
empezando a atender las primeras demandas de los grandes dependientes. Esperemos a ver qué pasa con eso, no que antes de ver qué ocurre queramos cambiarlo todo. En el tema sociosanitario, seguro que nos vamos a poner de acuerdo, pero -repito- no
tiene que estar aquí.
Me parece una broma que el señor Barrachina cite los anuncios en televisión. Señor Barrachina, la única que hace anuncios y vallas anunciando la Ley de Dependencia es doña Esperanza Aguirre. No hay más vallas aquí que esas. Este Gobierno
no ha hecho una sola campaña. Si de algo ha pecado este Gobierno es de no explicar los logros de la gran política que está haciendo en los temas de protección social. Me dirijo al conjunto de la Cámara y especialmente a los grupos que hemos
defendido esta ley: esta es nuestra ley; la ley de todos, pero especialmente nuestra. Lo que no es posible es que alguien que no ha creído en esta ley salga hoy aquí con que ha mejorado la ley. Eso no es posible. Estamos de acuerdo en
desarrollarla, pero hagamos un desarrollo acorde con la propia ley y con sus términos, aunque tengamos que modificarla más adelante. Le recuerdo que este año ya se ha aumentado la dotación -los 400 millones iniciales se ha ampliado en doscientos y
pico más- y que el año pasado hubo 200 millones para la dependencia. ¿Es que todo eso no cuenta, señor Barrachina? Usted hace los números del Gran Capitán, es decir, como a usted le interesa. Los compromisos de la ley van a cumplirse
estrictamente y le puedo garantizar que esta ley saldrá adelante con o sin su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora López i Chamosa.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será la señora Oliva quien en su nombre tomará la palabra para defender la enmienda que han presentado a esta moción.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señora presidenta.
Esquerra dio su voto favorable a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia por coherencia con sus principios republicanos y de izquierdas. Ya dijimos en su momento que daríamos apoyo
a este Gobierno a cualquier iniciativa que implicase un giro social, un viraje a la izquierda, después de tantos años de derecha. A nuestro entender, la llamada Ley de Dependencia se encuentra en esta senda de progresismo. Evidentemente no es la
ley que hubiésemos hecho nosotros solos, pero teniendo en cuenta las circunstancias, es una buena ley y por eso la defendemos. Es una lástima que durante el trámite parlamentario esta ley no gozara del consenso parlamentario que le hubiese
correspondido dada su enorme importancia ya que determinados grupos parlamentarios, escudándose en una demagógica lealtad al Estatut de Catalunya y a sus competencias, no la apoyaron, precisamente el mismo grupo parlamentario que hoy nos presenta
esta moción. No entendemos cómo a los pocos meses de haberse aprobado la ley hay tanto interés por su desarrollo, si no comparten, como ha dicho el señor Campuzano, ni la filosofía ni el método.
Ante el contenido de la moción que nos presenta hoy Convergència i Unió, Esquerra ha presentado un texto alternativo. Este texto es fruto de las negociaciones con el Partido Socialista e Izquierda Unida y, por tanto, vamos a ser leales a
las negociaciones, aunque hemos incorporado dos cuestiones importantes: la necesaria revisión al alza de los fondos y la aplicación de los criterios de reparto. Reclamamos en nuestra moción aumentar los recursos económicos para desplegar la
primera fase de la ley, que se corresponde con el grado tercero, el de la gran dependencia, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2008. Por otra parte, pedimos que se tengan en cuenta los criterios que marca la ley en el momento
de efectuar este reparto entre las comunidades autónomas. No pedimos nada fuera de la ley, nada que no sea posible. Este es un punto muy relevante para Esquerra, porque si bien creemos importantes los criterios explícitos en la ley, como la
población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad o el número de inmigrantes retornados, también consideramos de vital importancia, tal y como marca la ley en su artículo 32.3, que se tengan en cuenta otros factores que ya están
contenidos de forma implícita, como son el nivel de vida y los costes de los servicios. Por ello creemos que el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas debería hacerse también en base a las condiciones socioeconómicas de las mismas,
porque no es lo mismo ser una persona dependiente en Cataluña que en otras comunidades del Estado donde la vida no es tan cara y donde hay muchas facilidades económicas en la adquisición de determinadas prestaciones y servicios.
Creemos interesante reclamar que la Ley de Dependencia no debe asumir aquello que debe ser responsabilidad de otra ley, en este caso del Sistema Nacional de la Salud, eso sí, respetando las competencias de los gobiernos autonómicos. En otro
orden de cosas, sería interesante que se redujesen los plazos de desarrollo de esta ley, ya que estamos hablando de mejorar el bienestar de muchas personas y cuanto antes lo hagamos, mejor.
Tal y como exponemos en el punto tercero de la moción, creemos urgente que se agilicen los trámites normativos para la ejecución de la ley, especialmente por lo que compete a las administraciones locales y autonómicas. Este desarrollo
normativo debe hacerse conjuntamente con las comunidades autónomas, ya que hay casos, como el de la Generalitat de Catalunya, en los que se está trabajando en determinadas normativas que no están logrando el consenso que deberían. Puede que esta
negociación paralice un poco el proceso, pero a nivel global se debería se debería agilizar. Creemos que es necesario, por tanto, mejorar las condiciones de desarrollo inicial de esta ley, pero encontramos absolutamente fuera de lugar que nos lo
proponga Convergència i Unió. Estoy segura de que el señor Campuzano no olvidará en mucho tiempo una noche en la que tenía en sus manos el borrador acordado de la Ley de la Dependencia en el que iba a estampar su firma para sumar a su grupo
parlamentario al consenso, pero antes de firmarla y de sumarse al consenso le llamó su jefe de filas en esta Cámara, el señor Durán i Lleida, para obligarle a que se desmarcase del acuerdo. Señor Campuzano, sabe muy bien por qué Convergència i Unió
se desmarcó a última hora de la Ley de Dependencia. Sabemos que usted estaba de acuerdo en aprobarla, pero no podemos decir lo mismo del señor Duran i Lleida. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sé que Convergència i Unió está buscando el
consenso con nuestra propuesta, pero no podemos apoyar su moción ni la transacción que nos ha presentado porque propone un cambio en el sistema de financiación de la ley que trastocaría todas las negociaciones que están llevando a cabo las
comunidades autónomas, también porque supone invertir solo en infraestructuras residenciales cuando hacen falta otros equipamientos y prestaciones y, por último, pasa por alto el Consejo Territorial, en el que las comunidades autónomas tienen
mayoría, y en Esquerra pensamos que esto no se puede permitir. Rompiendo el consenso al que no se sumaron no están ayudando a las comunidades autónomas y no están actuando responsablemente.
Termino, señora presidenta. Señora López i Chamosa, estamos de acuerdo en que esta es una ley de izquierdas y que no le vamos a dar ningún triunfo a la fuerza política que se desmarcó. Eso sí, si Convergència i Unió apoya nuestra enmienda
en sus términos, nosotros no la vamos a poder retirar, evidentemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario presentó la primera semana de mayo una interpelación que no pudo llegar a debatirse por razones que ahora no vienen al caso, aunque es notorio que había intención de hacerlo. Hemos convertido su
contenido en una proposición no de ley que prácticamente es el texto que hemos presentado como enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Con esto, señor Campuzano, quiero decir que compartimos algunos de sus
razonamientos y reflexiones, aunque no todos, obviamente, como tampoco compartimos todas las propuestas que presenta en su moción. ¿Qué es lo que compartimos? Que justamente por ser la ley social más importante ha generado unas enormes
expectativas en la sociedad y hay amplios sectores que hoy están preocupados por su desarrollo, por ejemplo el Foro de Vida Independiente; la Federación ECOM; las entidades y los familiares de enfermos mentales; los profesionales de los servicios
sociales, que aún no saben bien cómo evolucionará la ley y cómo van a abordar las peticiones de los ciudadanos; los ayuntamientos, como primera Administración cercana y próxima a la realidad, y las comunidades autónomas. En definitiva, existe la
sensación de que una ley tan importante como esta no tiene garantía de viabilidad económica. Compartimos también su punto número 6, en que plantean integrar la financiación correspondiente a la implantación y funcionamiento del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en el modelo de financiación general. Pero, señor Campuzano, a pesar de que lo compartimos, consideramos que este no es el modelo de financiación de la ley. Nosotros tenemos sentido de la responsabilidad.
Hicimos un pacto, llegamos a un acuerdo y, por tanto, a pesar de compartirlo, porque lo defendimos en muchísimas ocasiones, en estos momentos, por responsabilidad, no podemos votarlo favorablemente. Como decía, hay muchos sectores que están
preocupados y hay incertidumbre debido a que somos conscientes de que hay mucho por atender y muchos derechos por cubrir que la ley ha garantizado pero para los que no tenemos la certeza de disponer de los recursos necesarios.
Nuestro grupo apoyó la ley, no sin antes mejorarla en todo aquello que nos pareció imprescindible para dar nuestro voto favorable. Apoyamos la ley por estar básicamente de acuerdo con la filosofía de la misma, con los matices que antes he
manifestado, que quizá en el caso de esta propuesta no es del todo la filosofía del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ni tampoco en la moción. Le daré dos ejemplos. En su moción, que he leído detenidamente, habla de modelo y dice que la
tendencia del futuro es la capacidad de los ciudadanos de elegir cómo quieren atender sus necesidades. Yo lo comparto. Nos
habla de Suecia y también de Gran Bretaña. Yo le tengo que decir que, según mi modesto entender, Suecia y Gran Bretaña son dos modelos bien diferentes entre sí. Por eso debemos primero decidir previamente qué condiciones se han de dar para
que realmente todos los ciudadanos puedan elegir cómo quieren atender sus necesidades. Se puede elegir con un buen nivel social, económico y patrimonial. Hoy ya se puede elegir con este buen nivel, pero no se puede elegir con lo opuesto. Esta
cuestión previa es realmente fundamental porque debemos saber dónde estamos y de dónde partimos. No estamos en una sociedad como Suecia, que tiene un grado de bienestar social muy elevado y desarrollado de servicios públicos para todo el mundo, o
bien concertados, me da igual, no es este el problema, porque si son servicios concertados con criterios de servicio público también nos parece acertado. Pero lo que usted plantea no liga. Usted plantea unos modelos, en este caso el de Suecia,
pero después no liga con otras propuestas. Le voy a decir -y lo repetiré muchísimas veces en este hemiciclo- con las que no liga. Por ejemplo, no liga con la presión fiscal. Señor Campuzano, ¿sabe usted cuál es la presión fiscal de Suecia? La
presión fiscal de Suecia es del 52,1 sobre el PIB, la de Dinamarca, por ejemplo, es del 51,2, y la de España es del 36,7. Esta es la realidad. Si nos ponemos de acuerdo con un modelo, entonces vamos a por todas y tenemos que hacer un modelo que
sea coherente desde el principio hasta el fin. No podemos plantear un aspecto de un modelo y después irnos hacia otro modelo.
Las razones citadas, y algunas más, son las que nos impiden apoyar la moción que usted plantea. Nosotros planteábamos en nuestra moción, que en definitiva es esta proposición de ley que le comentaba, tres puntos. En este caso hemos
incluido uno de los puntos que usted planteaba, el del desarrollo de las prestaciones de atención sociosanitaria, porque también lo defendimos en su momento y está en la ley, lo que pasa es que está costando desarrollarlo. Nosotros planteábamos
fundamentalmente revisar al alza en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2008 las cuantías correspondientes al grado 3, gran dependencia, niveles 1 y 2, más otros aspectos que no me da tiempo de mencionar. Lógicamente, este va a ser
un tema importante en el debate sobre el estado de la Nación y es una de las principales propuestas que queremos sacar adelante. Creemos que en ese momento vamos a coincidir -así lo esperamos- con el Grupo Socialista y posiblemente también con
otros grupos. Será en ese momento, si hoy no es posible llegar a otro tipo de acuerdos, cuando todos veamos qué es lo que defendemos en el debate sobre el estado de la Nación, por qué apostamos realmente y cuáles son las propuestas que en este tema
de la dependencia, en el tema presupuestario, en el tema del impulso de las políticas sociales, defendemos cada uno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Fijación de posiciones, cinco minutos. Grupo Parlamentario Mixto. Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Las ilusiones que nuestro grupo tenía puestas en la Ley de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia cuando prestamos nuestro apoyo en esta Cámara a la misma eran las justas de acuerdo con el proyecto de ley
que aprobábamos y con las expectativas que sabíamos que existían sobre todo en los meses siguientes a esta aprobación. De hecho, manifestamos que dudábamos de que en el plazo de los seis meses de que se hablaba, y concretamente en el mes de junio,
se pudieran poner todos los recursos que la ley contenía a disposición de todas aquellas personas que los necesitaban, y por tanto teníamos serias dudas de que en este momento no existiera una circunstancia similar a la que existe. Manifestamos en
todo momento que la financiación que se daba para que esta ley pudiera desarrollarse era insuficiente teniendo en cuenta las necesidades que tenemos en nuestras respectivas comunidades autónomas, en nuestros respectivos países y, en definitiva, en
todo el territorio del Estado. Éramos conscientes al mismo tiempo -y por eso decimos que teníamos las ilusiones justas- de que establecíamos un mecanismo legal para orientar a las administraciones tanto central como autonómica a hacer una política
destinada a la dependencia a la que progresivamente se le fueran otorgando una serie de servicios que son imprescindibles en el momento actual. Creemos que es necesario que el Gobierno mejore la financiación con las comunidades autónomas para que
en 2008 sea mejor que la que se acordó para el año 2007. Necesitamos revisar que el marco de los presupuestos generales también mejore en 2008 respecto a 2007 y desde luego compartimos -como se dice en algunas de las enmiendas que se presentan- que
es necesario acelerar la aprobación de la normativa pendiente, de manera que se pueda agilizar todo el proceso de la ejecución que la ley presenta en relación con los servicios.
Compartimos todas estas cuestiones junto con muchos de los aspectos que expuso en esta tribuna el señor Campuzano en la defensa de su moción.
Compartimos todo el trámite parlamentario de la Ley de Dependencia, en el que partíamos
inicialmente de una disconformidad casi absoluta con la orientación política que tenía el proyecto de ley cuando entró en la Cámara en lo referente a las competencias autonómicas, pero ese debate y el acuerdo que se produjo a través de transacciones
con las enmiendas significaron que para nuestro grupo no fueran la solución final para resolver los problemas de la dependencia, pero sí para poner en marcha todos los proyectos que en la ley se recogen. De ahí que nosotros aprobásemos el proyecto
de ley que presentaba el Gobierno después de todas estas modificaciones, y reconocemos
que fue de los proyectos de ley presentados por el Gobierno a esta Cámara que más modificaciones tuvo de su texto al recoger las distintas enmiendas de los grupos a través de las transacciones que se efectuaron y se incorporaron al texto.
Nuestra satisfacción al aprobar el proyecto de ley que definitivamente acordamos hace unos meses significaba que tuviéramos esa ilusión en el momento que vivimos actualmente, y nuestra posición es seguir reclamando al Gobierno que se incremente la
cuestión financiera y el reconocimiento de las competencias autonómicas, concretamente en lo que se refiere al Consejo Territorial y a la cuestión de los criterios para emanar las aportaciones económicas o copago.
Termino, señor presidente, diciendo que, compartiendo algunos de los aspectos que defendía el señor Campuzano, no podemos apoyar la moción porque esta ley fue aprobada hace unos meses y en la moción se plantean cuestiones que significarían
tener que volver a hacer un debate de la misma y, por lo tanto, introducir modificaciones en la ley porque sin ellas el Gobierno no podría llevar a cabo las propuestas que el señor Campuzano nos presenta en su moción. Sin descartar en el futuro una
modificación de la ley, nosotros pensamos que esta no se puede hacer a tan pocos meses de su aprobación y muchísimo menos cuando aún estamos reclamándole al Gobierno que agilice su puesta en marcha, como se contempla también en las enmiendas
presentadas por otros grupos y que nosotros compartiríamos y apoyaríamos si el señor Campuzano tuviera a bien aceptarlas como modificación de la suya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Nos hemos enterado de una cosa nueva, y es que la dialéctica subyacente en este proyecto de ley es una dialéctica entre izquierdas y derechas. Es algo que se nos había escapado, seguramente por nuestro desconocimiento, hasta el momento.
Cuando una ley es inconstitucional, y es inconstitucional porque carece de título constitucional habilitante, ¿qué estamos, ante una ley de izquierdas o ante una ley de derechas? Seguramente habría que consultárselo a Habermas, a Adorno, a alguno
de los ilustres representantes de la escuela de Frankfurt, porque estas cuestiones no se pueden improvisar o repentizar en debates parlamentarios tan simplistas como los que estamos aquí articulando. Desde esta perspectiva, a mí me da igual que sea
de izquierdas o de derechas, es inconstitucional. Yo no sé si a Esquerra Republicana le parece irrelevante que el Consell Consultiu de Cataluña haya declarado inconstitucionales todos sus preceptos salvo dos. Yo imagino que para un partido
nacionalista o un partido independentista y republicano debería ser un dato relevante, pero cada cual es tributario de sus propios compromisos, de sus propias reivindicaciones, de su propia identidad ideológica y de sus propias coaliciones
coyunturales gubernamentales.
Desde otra perspectiva, también se puede hacer una reflexión indicando cuáles son en este momento, dentro del espectro social o sociológico, las personas, los colectivos o asociaciones que han convalidado la ley en sus
propios términos. No ha sido el Cermi, que es la asociación más representativa de las personas beneficiarias de la ley, que ha sido particularmente crítico con la ley; no ha sido Ezker Batua, en Euskadi, de forma contradictoria, paradójicamente,
con la posición del grupo que representa Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso de los Diputados, que se ha manifestado beligerantemente crítico con el contenido de la ley; no ha sido el 90 por ciento de los expertos
consultados por Price Waterhouse, como ya ha sido comentado; no ha sido ninguna del cien por cien de las asociaciones de colectivos pretendidamente beneficiados por esta ley en Euskadi, que han sido todas críticas con el contenido de esta ley, y no
ha sido el Gobierno vasco, a través de su vice lehendakari y su lehendakari, y el Parlamento vasco, que se han manifestado en forma de mociones específicas en contra del contenido de esta ley. ¿Por qué? Porque no hay título competencial
habilitante, porque se vulneran los requerimientos en materia de flujos financieros a efectos de la financiación y de los beneficios de esta ley -y estamos hablando de 13.000 millones de euros en el año 2015-, se prescinde del concierto económico y
del convenio económico para la Comunidad Foral Navarra como estructura de articulación de estos flujos financieros, y es la primera ley -con la salvedad de que en el régimen franquista, tras la declaración de provincias traidoras de Vizcaya y
Guipúzcoa, se suspendió el concierto económico en estas dos-, y la única excepción en que el concierto económico no es el elemento articulador de los flujos financieros para la remisión de las consignaciones presupuestarias para la financiación de
la atención a los dependientes en este caso. No es el 149.1.1ª, que es el invocado por el ministro de Trabajo, por el Gobierno español y por el Parlamento en este momento como título habilitante, el que posibilita, en virtud de prolija
jurisprudencia constitucional, elaborar una ley con este nivel de pormenorización. Porque la jurisprudencia constitucional determina el contenido esencial del derecho que puede proveer utilizando el principio de igualdad ante la ley, que no es un
título atributivo de competencias sino otra cosa, un valor superior del ordenamiento jurídico, y es la determinación del contenido nuclear, esencial del derecho que se prescribe y no la determinación del baremo, no la determinación de los módulos,
no la determinación de las cantidades a asignar a los dependientes, no del tracto sucesivo de aplicación a los dependientes en virtud del grado de dependencia, etcétera. Luego estamos ante una ley manifiestamente inconstitucional, y yo no voy a
entrar en un debate falsario, absolutamente falseador de la realidad, de si es una ley de izquierdas, de derechas y si la defienden partidos de izquierdas o de derechas, porque he citado personas de izquierdas que la critican acerbamente
y personas de derechas que la defienden, señor presidente. Esto es falsear la realidad y en este juego nosotros no entramos, solo entramos en que se ha vulnerado el bloque de constitucionalidad, y cuando se vulnera el bloque de
constitucionalidad y la Constitución estamos creando un precedente gravísimo. Se ha invocado aquí que se verá en el debate del estado de la Nación qué ocurre con esta ley y a ese debate me remito.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo había ofrecido una transacción al conjunto de los grupos enmendantes. Esa transacción no ha gozado del apoyo de los mismos y, por tanto, en aras de conseguir un efectivo pronunciamiento de esta
Cámara, mi grupo va a aceptar el texto que más se acerca a nuestra enmienda, que es el que plantean las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. Por tanto, aceptaríamos en sus términos literales esas enmiendas,
insisto, en la medida en que recoge los aspectos de compromiso presupuestario que mi grupo aspiraba hoy a alcanzar en esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Se votará, pues, incorporando las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana de Catalunya.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LOS COMPROMISOS Y LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 173/000204.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los compromisos y las medidas a implementar para luchar contra el cambio climático. Para la defensa de la moción
consecuencia de interpelación urgente, en un turno de siete minutos, interviene el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, hace mucho tiempo que venimos hablando de cambio climático, de la necesidad de cumplir con Kioto en el país de la Unión Europea, el segundo país a escala
mundial, que incumple más con el Protocolo de Kioto. Hay quien dice que la moción que hemos presentado es excesivamente concreta, pero en materia de cambio climático empiezan a sobrar las buenas palabras y sobre todo falta la concreción en
políticas concretas para cumplir con Kioto. Ustedes saben que estamos en un grado de emisiones que supera en un 48 por ciento las emisiones respecto al año base, muy lejos de cumplir con Kioto, y que los cambios de tendencia -no lo digo sino los
expertos- se deben precisamente al encarecimiento del precio del crudo. Ante esta constatación nosotros pedimos medidas concretas porque no cabe esperar más, porque hay una exigencia moral y política sobre los responsables políticos para que el
cambio climático no afecte a la economía y sobre todo a la vida de la gente, y porque cuando suba dos grados la temperatura del planeta en el país que incumple más con el Protocolo de Kioto, que es España, la vida va a cambiar de forma radical.
Ante esta constatación, y siendo el país que incumple más con Kioto, no nos valen ni los argumentos de Economía ni los de Industria ni los de Fomento, lo que nos vale es la concreción en las políticas. Por eso hemos planteado propuestas razonables:
que se apruebe un real decreto-ley que tenga marco legal, que cambie las leyes que no funcionan, porque es fundamental e imprescindible que este real decreto-ley de medidas urgentes que va a ir en julio se concrete; que además se concreten la
propuesta de estrategia de cambio climático, los objetivos sectoriales, los indicadores cuantificados, la medidas efectivas y concretas, que estén dotadas de presupuesto y de calendario. ¿Cómo se puede votar que no a eso?
Hemos planteado también en el punto 20 que se extienda la obligatoriedad de la etiqueta energética a cualquier electrodoméstico puesto a la venta o, por ejemplo, que la prospectiva energética -escuchen bien- del Ministerio de Industria de
planificación de sectores de la electricidad de aquí a 2016 establezca un ahorro anual del uno por ciento. Los ecologistas solo valoraron positivamente la estrategia de cambio climático que establecía esa medida, pero no les explicaron que el
Ministerio de Industria decía que ese uno por ciento de ahorro anual en realidad no se iba a producir. Por eso nosotros hemos planteado esas medidas. Nosotros queremos que haya modificaciones a la Ley del Sector Eléctrico, no como las que se han
introducido, sino como las que veníamos planteando desde el principio de la legislatura; que sea posible hacer tramos en el pago de la luz que grave los consumos suntuarios y que los que ahorran energía no paguen tanto. Nosotros planteábamos
instrumentos de planificación en un bien que es escaso como la electricidad, y es una medida concreta que se debería implementar. Segundo elemento: planteamos medidas fiscales. ¿Saben ustedes que el país que incumple más con Kioto -de los países
de la Unión Europea- es el que tiene la legislación menos exigente en materia de fiscalidad en hidrocarburos? Hoy la mayoría de los países de la Unión Europea pagan mucho más en impuesto de hidrocarburos por criterios medioambientales que lo que se
paga en España; hay un informe del RAC que así lo acredita. Nosotros planteábamos que no tenía ningún sentido que esto pasase en el país que incumple más con Kioto.
Pedimos que se unifiquen
los impuestos en emisiones contaminantes, que se module el IBI por criterios ambientales, que haya un criterio de devolución de las bolsas de plásticos comerciales, solo en Cataluña en una semana diez millones de bolsas de plástico, con un
efecto sobre el cambio climático más que evidente. ¿Tanto cuesta enfrentarse a los que producen bolsas de plástico? Es una propuesta sencilla que se podría implementar. Pedimos que el IAE se varíe en función de la contaminación que se genera, que
se recuperen el impuesto de sociedades y las desgravaciones en materia medioambiental, porque nosotros acordamos que se podrían quitar siempre y cuando se implementasen las medidas de fiscalidad ambiental. Llevamos tres años de legislatura y hoy
por hoy ni una medida de fiscalidad ambiental. Pedimos que haya una propuesta de electrificación de los puertos, que haya criterios de movilidad que permitan a las ciudades de más de 250.000 habitantes, por ejemplo, restringir el tráfico de
vehículos en su entrada, no como hacen en un país imaginario sino en Londres; que se implemente la Euroviñeta que supone la internalización del precio del transporte de mercancías por carretera; que haya una revisión del PEIT o que haya una
moratoria en la construcción de nuevas autovías y autopistas. Alguien dirá: Ustedes son muy exigentes. Pues tan exigentes como Sarkozy, que acaba de plantear una moratoria en la construcción de nuevas autovías a expensas de hacer una valoración
global medioambiental que no se ha hecho en este país. Por eso nosotros planteábamos estas propuestas.
¿Qué nos propone el Grupo Socialista? Por decirlo de una forma suave y sarcástica, una enmienda entrañable. Nos propone que el Congreso inste al Gobierno a aprobar lo antes posible la estrategia de cambio climático y energía limpia y un
paquete de medidas urgentes para combatir sus efectos que permita el cumplimiento de los objetivos de Kioto, etcétera.
Teóricamente, a uno de los grupos que apoya al Gobierno se le plantea una propuesta, sin una sola medida concreta. Yo no les
digo que acepten la nuestra en todos los planteamientos, no les digo que lideren, como ha hecho Australia, en prohibir -decíamos nosotros- las bombillas incandescentes para el año 2009, que era una propuesta que se podía implementar. Simplemente
planteo que este Gobierno tiene que abordar las propuestas de mínimos en materia de cambio climático. He oído que la portavoz socialista ha dicho que pedimos mucho y que tenemos poca paciencia. Pues pedimos lo justo, algunas medidas de sentido
común, y tenemos más paciencia que la que tiene el planeta, más paciencia que la que tiene la ciudadanía, más paciencia que lo que marca el sentido común.
El sentido común dice que en el país que incumple más con el Protocolo de Kioto debemos
abordar la fiscalidad verde y que es importante que se aborde la fiscalidad en el impuesto de matriculación, por poner un ejemplo, pero que no nos podemos quedar en la anécdota. ¿Saben cuál es el problema? Que los ciudadanos que vivan en España de
aquí a quince, veinte o treinta años no dirán que teníamos demasiada impaciencia, dirán que en estos años tan trascendentales se perdió demasiado tiempo, que en estos años tan importantes se tenían que implementar medidas, que en estos años tan
determinantes necesitábamos un gobierno que no solo liderase la lucha contra el cambio climático con palabras sino también con políticas. Por eso entendemos que sería absolutamente irresponsable continuar situándonos en el discurso de qué medidas
tan avanzadas, qué medidas tan atrevidas, qué impacientes que son y cuánto exigen, que sería mejor que se instalasen de una vez por todas en propuestas concretas efectivas que nos permitiesen luchar contra el cambio climático. Cuando viene Economía
y dice que no a la fiscalidad ambiental, cuando viene Fomento y dice que hay que continuar con la construcción de autovías, cuando viene Industria y nos dice que hay que mantener el modelo del sector eléctrico, porque es lo que toca, sé que lo fácil
es plegarse a lo que ellos dicen, pero a estas alturas empieza a ser de irresponsables continuar plegándose a esos criterios. Y nosotros hemos sido muy pacientes en esta legislatura pero, a estas alturas, hacen falta medidas concretas. Y no
decimos que nos aprueben todas, pero sí que de las veintiuna propuestas que hemos presentado hay más de una que se puede implementar y que simplemente se trata de voluntad política. En relación con el cambio climático ya no basta con las palabras,
lo que queremos son hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el compromiso de este Gobierno -con su presidente a la cabeza- desde el inicio de esta legislatura ha sido recuperar el tiempo perdido durante los ocho años de gobierno del Partido Popular en muchas áreas, pero sobre todo en la
lucha contra el cambio climático. Porque, como ustedes saben, el Protocolo de Kioto es un compromiso alcanzado en el año 1997 que, a su vez, proviene de un compromiso internacional del año 1992.
Por tanto, tanto para mi grupo parlamentario como
para mi Gobierno cumplir con el Protocolo de Kioto ha sido, es y va a seguir siendo un objetivo primordial.
Como saben, este Gobierno se encontró con una situación muy desfavorable en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se han llevado a cabo importantes medidas y medidas concretas, señor Herrera.
Medidas que no es
verdad que únicamente se hayan quedado en el discurso si no que sí se han puesto en marcha. Muchas de estas medidas todavía no han tenido su efecto, parcial o completo. Llevamos solo tres años gobernando y usted sabe igual que yo que para el
Gobierno anterior esto no era una prioridad. Todos conocemos el informe de Worldwatch donde, por primera vez, hemos bajado cuatro puntos las emisiones de gases de efecto invernadero, y digo yo que algo habrá tenido
que ver la nueva política medioambiental que está llevando a cabo el Gobierno socialista y que no solo habrá sido debido a elementos coyunturales, aunque también, como usted dice. Esta bajada se debe al tiempo, a la climatología y a la
subida del precio del carburante, pero compartirá conmigo que también es por decisiones políticas que se han adoptado, como desvincular el crecimiento económico del consumo energético, dado que ya el año 2005 supuso un primer cambio en la tendencia,
que se ha consolidado en el año 2006. Dicho cambio nada tiene que ver, señoría, con que hubiese más o menos pluviometría. Otra medida que se ha tomado y algo habrá influido en ese cambio de tendencia es el incremento de la potencia eólica, que no
es algo que podamos atribuir a este Gobierno pero tampoco al del Partido Popular, es algo que viene del anterior gobierno socialista, que creó el IDAE, que apoyó la energía eólica y que ha hecho que hoy España sea el segundo país productor del
mundo. El año 2006 ha sido el primer año que el gas natural ha superado al carbón como fuente de energía primaria para la electricidad. Esto, ¿qué supone? Además de una menor contaminación, un menor número de emisiones de gases de efecto
invernadero. Digo yo que esto también habrá contribuido a esa bajada de cuatro puntos. Además, hay otras medidas concretas que es cierto que todavía no han podido tener su efecto pero que sí se han tomado por parte de este Gobierno y que van a
contribuir a partir de ahora, como, por ejemplo, el Código técnico de la edificación, el Real Decreto de Energías Renovables, dotar de presupuesto al Plan de ahorro y eficiencia energética, la aplicación del I Plan nacional de asignación de derechos
de emisión -que obliga a todas las empresas a la directiva europea-, la nueva Ley del Suelo, entre otras medidas concretas que se han llevado a cabo. Por tanto, señorías, este Gobierno ha ido poniendo en marcha herramientas desde el inicio de esta
legislatura, aunque es verdad que nunca hemos dicho que sean suficientes, por eso seguimos trabajando y usted sabe que mañana vamos a aprobar una ley de calidad del aire y protección de la atmósfera que tiene como máxima alcanzar niveles saludables
de calidad del aire y esto sí que es importante. También se está trabajando en una estrategia de cambio climático y de energía limpia y, además, y como el propio presidente ha anunciado, el próximo mes de julio se va a llevar a cabo un Consejo de
Ministros monográfico sobre el cambio climático; todos los ministerios están implicados y todos ellos están trabajando para aprobar un importante paquete de medidas para combatir el cambio climático. Me gustaría recalcar la gran importancia de la
corresponsabilidad en este tema, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos y, por supuesto, del conjunto de la ciudadanía. Es fundamental fomentar la sensibilidad ciudadana con la finalidad de preservar nuestro bienestar y el
futuro de nuestro planeta.
Paso a continuación a explicar la enmienda de mi grupo. En principio, a nuestro grupo le hubiera gustado que usted hubiera retirado esta moción porque creemos que no ha lugar por la importancia del paquete de medidas sobre el que se está
trabajando y que se va a aprobar en los próximos días y, concretamente, con la ley tan importante que vamos a aprobar mañana. Pero, estando de acuerdo con el fondo de su moción, no podemos estarlo en la forma. ¿Por qué? Porque, como le he
indicado anteriormente, el Gobierno, las comunidades autónomas y toda la sociedad civil están ya trabajando y debatiendo el contenido de la estrategia de cambio climático y energía limpia, con 171 puntos -171 medidas- de los cuales, seguro, muchos
son los mismos que usted presenta hoy aquí. Esta moción puede convertirse en un mero listado -seguramente se quedaría corto- de medidas a aplicar. Además, aquí no pretendemos imponer o sustituir el trabajo que se está haciendo por parte de toda la
ciudadanía, de todas las asociaciones que están queriendo participar, de las comunidades autónomas, cuando además es muy importante esa corresponsabilidad entre todas las partes de la que antes le he hablado. Así que, repito, no es que no queramos
apoyar ningún punto concreto de su moción sino que entendemos que no es la forma porque estamos invadiendo el trabajo que están realizando otras personas. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista intenta promover el consenso y está en
sintonía con los debates mantenidos a lo largo de esta legislatura en materia de medio ambiente, y además implica al Gobierno en la puesta en marcha de una serie de medidas importantes e inmediatas que permitan el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de España en el marco del Protocolo de Kioto y de los compromisos con la Unión Europea, donde se avanza hacia una cultura de ahorro y eficiencia energética, hacia un desarrollo rural sostenible, hacia un consumo responsable y donde
se propicia -consideramos que es muy importante- una participación activa y consciente de toda la ciudadanía.
Para finalizar, señor presidente, me gustaría destacar que estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático, que estamos en el buen camino, que el Gobierno ha dado muestras de rigor y voluntad política y que estamos en
condiciones de poder asumir el gran y complejo reto de esta sociedad: avanzar en un conjunto de medidas que permitan frenar y afrontar las consecuencias del cambio climático.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Casaus.
Fijación de posiciones. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) ¿Esquerra Republicana? Señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos de acuerdo con la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. La lucha contra el cambio climático es considerada, también por Esquerra Republicana, uno de los grandes retos a los que se enfrenta
la humanidad, y ya no son suficientes los buenos propósitos sino comenzar a actuar
con medidas aplicables y eficaces. El Protocolo de Kioto es una de las primeras medidas concretas que se han adoptado y, si bien no es suficiente, ha supuesto una toma de conciencia y un mensaje claro de que las responsabilidades son
compartidas. Vamos ya hacia el proceso post Kioto, que exige un cambio de modelo energético, un cambio de modelo de sociedad que debemos ineludiblemente afrontar un día. Esquerra Republicana y otros grupos -no solo Izquierda Verde, sino otros
grupos aquí presentes- durante toda la legislatura hemos registrado un número considerable de iniciativas en las Comisiones de Industria, de Fomento y de Medio Ambiente. Algunas se han materializado en propuestas legislativas concretas y otras no.
Coincido con el ponente, señor Herrera, y seguramente con muchos miembros de esta Cámara, en que en las Comisiones de Industria, de Fomento, de Agricultura y Pesca no existe disponibilidad a adoptar medidas concretas y directas que incidan en el
ahorro de energía de procedencia fósil. Esta es la asignatura pendiente de esta legislatura: implicar a todas las comisiones en la preocupación por la preservación del medio ambiente y advertimos a la Cámara de que en este aspecto va por detrás de
la sociedad. Ahora bien, llegado este punto de la legislatura, ya casi al final, es el momento de propuestas legislativas concretas, si no corremos el peligro de que los políticos no seamos creíbles. A veces me cuesta mucho explicar a un ciudadano
el alcance de una proposición no de ley, el alcance de una moción. Mañana vamos a aprobar en la Comisión de Medio Ambiente dos proyectos legislativos muy importantes en esta legislatura que proponen cambios hacia delante en la preservación del
medio ambiente, como es la calidad del aire. Conscientes de la importancia estratégica de estos proyectos de ley al final de la legislatura -probablemente serán los penúltimos-, Esquerra Republicana ha hecho un esfuerzo de trabajo y de colaboración
con el ministerio para llegar a enmiendas factibles, que puedan ser aprobadas y asumidas por todas las administraciones, y estamos en ello.
Llegado este momento, este es el camino: llegar a aumentos de consenso y de avance, no enrocarse en
posiciones que no permiten avanzar. Por ejemplo, muchas de las propuestas que usted ha nombrado ahora ya estarán incluidas mañana en el proyecto, como la electrificación de los puertos.
Otras propuestas que usted ha presentado como puntos en su
moción son enmiendas que se han hecho a este proyecto de ley, que han sido debatidas y que se ha entendido por qué no pueden incluirse hoy y por qué deberán incluirse más adelante, porque todos sabemos que estamos en un Estado compuesto en el que
hay varias administraciones y competencias. Por tanto, haciendo un ejercicio de responsabilidad, hemos dialogado, hemos debatido y hemos llegado a un pacto en este proyecto de ley tan importante como será el de calidad del aire.
Esta moción es muy bonita, es muy fácil de exigir desde una pura oposición, pero usted sabe, también su partido, que cuando se está gobernando no siempre las políticas aplicables son tan sostenibles y no lo digo como una crítica a su grupo,
sino en general a todos los grupos.
Una cosa es estar en la oposición y otra cosa es tener que gestionar unos presupuestos y determinadas políticas, aquí empiezan las dificultades.
Por tanto, entendemos esta moción como un poco preelectoral y
quiero decirles que las elecciones acaban de terminar; démonos un respiro, dejemos a los ciudadanos hasta septiembre para que descansen de programas electorales y hagamos una política un poco más seria y hagamos más concreciones y no empecemos otra
vez a exigir, a promesas y a mociones inalcanzables. Por tanto, aunque naturalmente estoy de acuerdo con el espíritu de la moción, me es difícil votar a favor cuando muchas de las propuestas están siendo debatidas y negociadas y mañana, repito,
votaremos dos importantes proyectos de ley.
Además, la próxima semana tenemos el debate de la Nación donde sí podemos incluir propuestas en las que se puede concretizar más que en una moción.
Por tanto, con todo respeto a su propuesta, no entiendo por qué la ha hecho usted hoy si no
es por conseguir un poco de espacio en los medios de comunicación y creo que este modo de hacer política es un poco equivocado porque damos la sensación de que solo nos dedicamos a hablar y a prometer y pocas veces los ciudadanos verán materializado
lo que nosotros proponemos aquí. Por tanto, probablemente me abstendré.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Convergència i Unió. Señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en un tema que calificamos de importante y trascendente, de gran atención y profuso seguimiento
mediático como es el del cambio climático planteado por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como moción consecuencia de la interpelación del pasado miércoles.
Nuestro grupo siempre se ha postulado como un permanente defensor de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos, también obviamente los naturales y sobre todo los finitos, en la búsqueda del equilibrio en el uso de las
energías de diferente etiología, tendiendo de forma paulatina pero constante hacia el uso de aquellas provenientes de recursos renovables, y por tanto infinitos, especialmente en la producción de energía eléctrica, que vayan sustituyendo de forma
gradual pero efectiva el uso de recursos de fuentes no renovables, especialmente de los combustibles fósiles. No tenemos ninguna duda de que una gestión, producción y uso de la energía, en términos generales, racionales, más allá de los beneficios
ambientales de sostenibilidad, de bienestar colectivo, sociales, económicos, a medio y largo plazo, combinadas con unas políticas de filosofía medioambiental implementadas en diversos ámbitos, como el industrial, el del transporte, el fiscal, el
laboral,
el de la conciencia colectiva, deben redundar, especialmente si se actúa también con la complicidad, nada fácil, de todos los países del planeta, en unos resultados que tuvieran efectos también en la lucha contra el cambio climático.
Nuestro grupo siempre se ha mostrado favorable a las iniciativas, medidas y actuaciones del Gobierno -de este y del anterior- que significaran avanzar en la línea del uso racional de la energía como bien escaso, tanto desde la óptica de la demanda
como de la oferta, y cuyo coste de producción debiera internalizar todos sus costes externos, a menudo difíciles de cuantificar y de aplicar, con medidas reguladoras de este sistema de internalización, como el método establecido a través del mercado
de derechos de emisión en el contexto del Protocolo de Kioto, pero siempre -y queremos resaltarlo- atendiendo y partiendo de la tozuda realidad de nuestro país, tanto a nivel de la demanda, usos y tipología de consumo de nuestros ciudadanos como de
la estructura industrial y económica en la que vivimos, que suministra puestos de trabajo y bienestar para muchas familias y que no puede cambiarse con medidas drásticas y a corto plazo.
Asimismo, nuestro grupo siempre ha potenciado la incentivación de conductas favorables al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, rehuyendo las prohibiciones, salvo casos extremos. Nuestro grupo entiende que esa preocupación
también ha sido y es compartida por el Gobierno en los últimos tiempos, como hemos podido ir constatando a través de la correspondiente comisión parlamentaria y de la multiplicidad de medidas que se han tomado desde diversos ámbitos, y que el
Gobierno ha estado trabajando en esta línea a través de consultas a expertos, reuniones sectoriales con comunidades autónomas, coordinación interministerial y evaluando los impactos de las diferentes medidas y sus alternativas en la economía y en la
sociedad española, trabajo que esperamos que en breve puedan presentar en esta sede de forma conjunta y global. Siempre podría haberse trabajado con mayor celeridad y premura, pero la complejidad de las posibles medidas y sus implicaciones y
efectos multiplicadores y en cascada en muchos sectores recomiendan una profunda reflexión al respecto. Entendemos la preocupación del grupo proponente por dar un impulso definitivo a esa materia a través de la presente moción, más allá de su
lógica intencionalidad política de fijar identidad ecológica -verde, en este caso- como grupo, pero es necesario respetar el ritmo del Gobierno en la formulación durante los próximos días, semanas o meses, de una madura y sólida estrategia de cambio
climático y de energía limpia, que contenga con precisión la batería de medidas concretas a adoptar, no simplemente una declaración de intenciones y de voluntades futuras -buenas palabras, como decía el señor Herrera-, que en nada ayudarían a
avanzar de forma firme hacia el objetivo final compartido.
Estamos convencidos -tal y como nos decía la portavoz del Partido Socialista- de que contendrán algunas de las medidas -matizadas y valoradas- propuestas en la moción. Así se refleja en la
enmienda presentada por el grupo mayoritario que, de ser aceptada por el autor de la iniciativa, nuestro grupo apoyaría. En caso de votación separada de las medidas propuestas, como se ha anunciado, nuestro grupo básicamente se abstendrá o votará a
favor de algunas, especialmente de aquellas que representan medidas incentivadoras.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, han transcurrido varios años -me refiero a la pasada legislatura- desde que el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, presentaba de manera reiterada iniciativas
parlamentarias para que el Gobierno de José María Aznar elaborara y aprobara la estrategia española de cambio climático, pieza clave para conseguir una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy, casi finalizada la legislatura, el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds reitera esa petición, pero se la hace al Gobierno socialista, que, pese a las múltiples manifestaciones de la ministra de Medio Ambiente y del presidente Zapatero de que el cambio climático es
el más grave problema al que nos enfrentamos, no ha podido, no ha sabido o no ha querido aprobar esa estrategia que el Consejo Nacional del Clima aprobó en diciembre de 2003.
Señorías, lo he dicho mal. Lo que solicita el señor Herrera no es que se
apruebe la citada estrategia, sino que se revise. En el mes de julio.
Quiero indicarle, señoría, que llevan exactamente tres años revisando la estrategia. El Grupo de Izquierda Unida plantea que se apruebe en el mes de julio un real decreto de
medidas urgentes contra el cambio climático.
Se deduce por ello que lo que no desea el señor Herrera es la participación ciudadana ni de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de las medidas a establecer. Lo que sí quiere el portavoz
de Izquierda Unida es que el real decreto que propone siga las pautas que señala en los veinticinco puntos de la moción que ahora debatimos. Como es obvio, señorías, no puedo detenerme a analizar cada uno de esos puntos por la falta de tiempo, pero
un rápido análisis podría resumirse en las palabras preferidas y reiteradas recogidas en la moción: limitar, prohibir, obligar e internalizar los costes de casi todo. Estas son las palabras que se repiten reiteradamente en el texto.
Desde su visión particular, el señor Herrera propone introducir la subida del precio del petróleo y del gas natural en el precio de la electricidad en un plazo máximo de tres meses y eliminar la asignación gratuita de derechos de emisión al
sector eléctrico, que inmediatamente la repercutiría en la tarifa de la luz. ¿Cuál sería el resultado? Una subida espectacular del precio de la tarifa eléctrica, que, por cierto, pese a las promesas y desmentidos del señor Zapatero, ha subido ya
por encima del IPC, incidencia que tendría especial relevancia en las
clases económicas más desfavorecidas. Habla a su vez el señor Herrera de penalizar el consumo suntuario, pero no nos dice a qué se refiere dicho consumo. No sabemos si se refiere a utilizar el aire acondicionado, o la calefacción en
invierno, o tal vez se refiere el señor Herrera, con lo cual estaríamos de acuerdo, al consumo suntuario del domicilio del señor Al Gore. La moción de Izquierda Unida incluye también una muy amplia reforma fiscal verde, que penaliza, señorías, casi
todo. Penaliza las emisiones contaminantes, la generación de residuos, el transporte, la utilización de combustibles, el turismo, las bolsas de plástico y un largo etcétera. En suma, lo que plantea la moción es que el sufrido ciudadano, que
observa mes tras mes cómo va subiendo el precio de su hipoteca, de los alimentos, del recibo de la luz y del agua, comience a pagar ya nuevos impuestos por todas sus actividades. Esta es su política, señor portavoz de Izquierda Unida, por supuesto
política que el Grupo Parlamentario Popular no comparte. No he leído una sola vez en su iniciativa la palabra incentivar y le indico que mi grupo prefiere la palabra incentivar a la palabra penalizar, la palabra convencer a las palabras imponer y
prohibir, que son las que dominan en su texto.
No dudo, señor Herrera, de sus buenas intenciones ni de sus deseos de que disminuyan los gases de efecto invernadero, por supuesto que no, pero su moción tiene enormes carencias. Fíjese que nada dice usted de la desalación masiva ni de su
consumo energético ni de las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera, lo dijo el pasado día en un informe el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza y usted no dice nada sobre ello. Nada dice usted sobre la política
forestal ni del efecto sumidero de nuestros montes, nada sobre las nuevas emisiones de las centrales nucleares, nada sobre la importancia de impulsar el transporte público y los biocombustibles, nada sobre la investigación en la captura de CO2 y el
carbón limpio, nada sobre incentivar el ahorro y la eficiencia energética. Sí plantea su moción, señoría, una moratoria en la construcción de nuevas autopistas y autovías y en la revisión de proyectos de construcción de kilómetros de vía rápida,
que, evidentemente, tampoco compartimos. Por consiguiente, señoría, el Grupo Parlamentario Popular dice sí a la lucha contra el cambio climático, sí a que el Gobierno presente la estrategia de lucha contra el cambio climático, que creemos que ha
tenido tiempo suficiente de revisarla, pero para ello hace falta una política energética seria y definida, de la que carece este Gobierno. Nosotros apostamos por un mix energético lo más amplio posible. Creemos que es necesario incidir en el
sector transporte, en el sector forestal y no creemos que sean los impuestos el camino a seguir para cumplir los objetivos de Kioto. No obstante lo dicho, anuncio el voto favorable al punto 6 de su iniciativa, que trata de las deducciones en el
impuesto sobre sociedades y las inversiones medioambientales de las empresas. Por ello, pediremos votación separada de este punto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Señor Herrera, enmiendas, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, rechazamos la enmienda del Grupo Socialista y no rechazamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que tenía que introducir estos elementos que decía la señora De Lara, porque simplemente no
se ha presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se votará en sus términos iniciales. (El señor Herrera Torres pide la palabra.)
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, hemos pedido votación separada de algunos puntos.
El señor PRESIDENTE: Sí, eso se podrá hacer, será votación separada, pero la moción se votará en sus términos iniciales. Son dos cosas distintas.
Gracias, señor Herrera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA NECESIDAD DE SUPRIMIR LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. (Número de expediente 173/000205.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía.
Tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señor presidente.
El viernes pasado, cuando escuche en la tele a la vicepresidenta del Gobierno, comprobé que ustedes siguen instalados en la línea de la intransigencia y de las amenazas. Pero la vicepresidenta dio un argumento más en esa línea de labor de
pedagogía de la que se siente tan ufana y para la que utiliza los altavoces televisivos. El argumento fue que educación para la ciudadanía era una asignatura como las matemáticas o el latín. Al oírla se me hizo presente el lejano ministro,
secretario general del Movimiento (Un señor diputado: ¡Hala!), don José Solís Ruiz, cuando dijo aquella famosa frase de más deporte y menos latín. Lanzarse a la comparación de unas asignaturas con otras es una aventura muy peligrosa y es meterse
en un berenjenal. La señora Fernández de la Vega no pudo hacer peor pedagogía, porque la invocación del latín, además resulta cuando menos chocante y hasta se presta a diversas lecturas, porque si hay alguna asignatura que ustedes han machacado
desde la Logse y ahora en la LOE es el latín y la cultura clásica; las han marginado, las han convertido en asignaturas tan optativas que ni siquiera para obtener el título de bachiller
de ciencias sociales y humanidades necesitará el alumno asomarse al estudio de nuestra lengua mater. ¿Es este el modelo de educación para la ciudadanía? ¿Es este el tratamiento que se quiere dar a educación para la ciudadanía? Lo tendría
que aclarar la señora Fernández de la Vega. Yo pienso que potenciando las humanidades clásicas es como se forma verdaderamente el alumno para ser buen ciudadano. Yo preferiría que se leyera el Antígona de Sófocles o las Epístolas de Séneca, porque
el quid de la cuestión -y ustedes lo saben bien e incluso creo que lo sabe la señora Fernández de la Vega, aunque dijo lo contrario en su pésima pedagogía- es que educación para la ciudadanía, tal como ustedes la han concebido y planteado, con los
objetivos que ustedes la han asignado y con sus criterios de evaluación, no es una asignatura como las demás. No querer ver este hecho es practicar la política del avestruz, es forzar la realidad de las cosas, es engañar a la gente. Lo que está en
cuestión en esta asignatura, tal como está planteada y concebida, es cuáles son los límites de la acción educadora del Estado. Si no admitimos que hay límites, que hay límites infranqueables, si no reconocemos que son los padres quienes tienen el
derecho primario de formar la conciencia moral de sus hijos, con las ayudas que se quiera, pero siempre con arreglo a sus convicciones, nos deslizaremos por una pendiente hacia una sociedad en la que, desde luego, a mí no me gustaría vivir y tampoco
que vivieran mis hijos; una sociedad en la que el Estado imponga o inculque la moral de nuestros hijos. Solamente el riesgo de que este mal se produzca -y yo lo considero un mal, porque significa la muerte de las democracias liberales- nos debería
mover a adoptar todas las precauciones y medidas que lo impidieran. Las familias invocan unos derechos que la Constitución protege, necesitan ser escuchadas y atendidas porque sus pretensiones son legítimas. A ustedes les puede molestar el
artículo 27.3 de la Constitución, pero no pueden vaciarlo de contenido, lo tienen que respetar y aplicar. Hay una poderosa corriente de pensamiento desde hace al menos dos siglos que niega los derechos educadores de los padres frente al Estado.
Fichte -basta con leer el discurso duodécimo de los Discursos a la nación alemana- renegaría del artículo 27.3 de la Constitución, porque consideraba esencial, para la edificación de una educación nacional, la separación de los hijos de sus padres y
que estos no influyeran en su formación. (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben.) La trágica historia de Europa ya nos ha dicho hacia dónde conducen esas concepciones educativas. Este problema no es anacrónico, como nos
dijo la semana pasada la ministra de Educación -parece mentira que lo dijera-, este problema está tan vivo hace cien años como ahora y, aunque ustedes se nieguen a reconocerlo, está en juego la libertad de las conciencias y los derechos de los
padres. Sé que ustedes no están hoy en condiciones ni tienen la actitud de aceptar los planteamientos -aunque sea de modo parcial- de la moción que mi grupo ha presentado y la van a rechazar de plano, pero les quiero decir que esta moción es, ante
todo, una invitación al diálogo para encontrar una solución satisfactoria que pueda ser aceptable para todos, teniendo en cuenta los derechos en juego, y en especial los de los padres, que no pueden ser avasallados.
Con los tres puntos de la moción podemos buscar una zona de encuentro y de consenso. Tenemos un precedente que no se ha invocado hasta ahora. En la I Legislatura se aprobó la Ley 17/1979, de 3 de octubre, por la que se regulaba el
conocimiento del ordenamiento constitucional en bachillerato y formación profesional. La tengo aquí, es un texto breve. Su artículo tercero afirmaba: El contenido de estas enseñanzas se orientará a proporcionar a los alumnos una información
suficiente de los derechos y libertades que integran la Constitución, así como los contenidos en los tratados y convenios internacionales ratificados por España, la organización del poder en el Estado español y su estructura territorial.
Dentro de
estos límites -y nunca sobrepasándolos- es como puede configurarse una materia que contribuya a la formación cívica de los alumnos, a que les prepare al ejercicio, en libertad, de la ciudadanía.
Las recomendaciones del Consejo de Europa constituyen
un documento válido y aprovechable, pero su asignatura -la asignatura que se han inventado- no es eso, ni en sus planteamientos ni en su concepción ni en sus contenidos, por eso no puede tener cabida en nuestro sistema educativo.
Nosotros, cuando
podamos, la retiraremos.
Termino ya, señor presidente. Sé que esta invitación va a quedar hoy en saco roto; lo lamento. Ustedes se han caracterizado en el ámbito educativo por actuar con arrogancia y con desprecio a las posiciones que no les gusta. Ustedes han
creado un problema en la sociedad española. Yo ni siquiera les pido que lo resuelvan, les invito a que lo resolvamos entre todos, como he intentado en esta legislatura con las leyes educativas que ustedes han presentado -sin éxito, por cierto-,
porque están en juego la libertad, la conciencia, los derechos de los padres y los límites del Estado en materia educativa. Les digo aquí que es inaceptable no atender los legítimos derechos de los padres y amenazarlos. El grupo al que represento
tiene el compromiso de atenderlos con la adopción de todas las medidas que aseguren que la formación, en lo que afecta al ámbito de la moral, se hará siempre de acuerdo con sus convicciones. En función de las consideraciones muy brevemente
formuladas, pido el voto favorable de la Cámara a los tres puntos de la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nasarre.
Fijación de posiciones. Grupo Mixto. Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego forma parte de la corriente de opinión que votó en contra de esta asignatura
en el Consejo Escolar del Estado, pero por una cuestión exclusivamente de método, porque pensamos que se podría ejercer perfectamente a través de asignaturas como filosofía, historia, ciencias de la naturaleza o literatura, entre otras.
Tenemos muy claro que esta es una cuestión exclusivamente de método y más que discutible, tan claro como que estamos en un Estado aconfesional, en un Estado social y democrático de derecho, según la definición de la Constitución, y, por tanto, cabe
perfectamente la educación para la ciudadanía. Se puede hablar en las clases de derechos humanos y, por cierto, en su faceta individual y colectiva; se puede hablar de la diversidad cultural, lingüística y racial, de las distintas prácticas
sexuales e incluso de la seguridad vial, entre otras muchas formas de conducta. Somos de los que creemos que hay que educar a nuestros muchachos y muchachas en la discrepancia y en la convivencia, y está claro que ese modelo educativo está presente
en la Ley Orgánica de Educación, que fue aprobada por este Congreso de los Diputados. No podemos entender, por tanto, que haya una actitud no de intromisión inaceptable del Estado sino una acción, una reacción fundamentalista y totalitaria por
parte de la Iglesia católica, que es una verdadera amenaza para la convivencia. ¿Cómo no vamos a catalogar de insaciable una postura que no se contenta solamente con el culto libre y con que sus pastores estén sufragados por el erario público?
¿Cómo no vamos a considerar insaciable que haya una enseñanza confesional, religiosa, sufragada con fondos públicos y que no se contenten con esto? ¿Cómo no vamos a considerar insaciable que haya una asignatura de religión cuyos profesores son
pagados con fondos públicos en todos los centros concertados y no concertados y que, además, esos profesores sean asignados por la jerarquía eclesiástica y que no se consideren satisfechos? Señorías, este es un caso único en toda la Unión Europea.
Permítanme que recuerde a los representantes del Grupo Popular algo que para nosotros es fundamental. Efectivamente, el artículo 27.3 de la Constitución española es más que discutible y si se lee en su sentido literal puede dar lugar a auténticos
disparates. ¿Imaginan lo que sería que en nombre de las convicciones morales de los padres no se le pueda enseñar a los alumnos y alumnas en el sistema educativo la teoría de la evolución? Sería aberrante, aunque hay países supuestamente
democráticos que llegaron a esa conclusión. Con una interpretación sesgada de ese artículo se puede condenar determinado tipo de conductas sexuales, no solamente constatarlas como que forman parte de la realidad; o se puede llegar a la conclusión
de que hay religiones verdaderas y religiones falsas, no educar a la gente en que todas las religiones monoteístas tienen su coherencia en función del contexto histórico y social en que surgieron, y así sucesivamente, señorías. Aquí alguien quiere
imponer su moral a los demás, una moral intolerante, una moral privada, una moral discriminatoria. Notamos una coincidencia perfecta entre los argumentos del señor Cañizares y los que subyacen en esta moción del Grupo Popular.
(Rumores.) Por
tanto, tendremos que preguntarnos por quién votar, si por la legitimidad de este Congreso de los Diputados o por la legitimidad de la Iglesia católica representada por un sector del episcopado.
Francamente, señorías, esto en versión española me
recuerda a lo que está pasando en Polonia, y a eso no vamos a colaborar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya que estamos hablando de educación para la ciudadanía, mi grupo va a hacer una intervención pedagógica, en el buen sentido de la palabra, pues lo pedagógico siempre tiene un sentido positivo. En primer lugar, ¿qué se está
haciendo en otros países? Usted debe saberlo. En los países de la Unión Europea existe como asignatura independiente en Inglaterra, en Irlanda, en Suecia, en Francia, en Bélgica, en la República Checa, en Portugal, en Luxemburgo, en Holanda, en
Polonia, en Eslovenia, en Estonia y en Grecia, y como contenido transversal o integrado en otras asignaturas, en Dinamarca, en Hungría, en Alemania, en Chipre, en Noruega y en Finlandia; en Estados Unidos tiene gran tradición dentro del
republicanismo, que considera que el ciudadano virtuoso es la pieza fundamental de la democracia. Se imparte como educación del carácter y como educación para la democracia.
En cuanto al contenido de la asignatura, los enfoques son diferentes. En Francia, por ejemplo, tiene un contenido fundamentalmente jurídico, político y social. En Reino Unido, en cambio, los alumnos tienen que comprender y razonar los
siguientes conceptos entre otros: derechos y responsabilidades, justo, injusto, bueno, malo, norma, ley, perdón, castigo, justicia, equidad, elección, riqueza, mercado, pobreza, caridad, ayuda, derechos humanos. Con la definición y el trabajo en
la escuela de estos términos se da cumplimiento a la ley que ordena promover el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental y físico de los alumnos.
En el caso español los contenidos de la asignatura educación para la ciudadanía que se
establecen en las enseñanzas mínimas incluidas en los reales decretos de educación primaria y de educación secundaria se conciben fundamentalmente desde un enfoque ético de educación en valores.
El contenido se amplía, por una parte, hacía la
educación afectiva y, por otra parte, hacía la participación en la sociedad. Creemos que es irresponsable afirmar reiteradamente que la asignatura no se sustenta en ninguna disciplina científica, como si solo de ciencia viviera -dicen- el hombre, e
indudablemente yo digo la mujer, o no existieran la filosofía, la religión, la poesía, etcétera. Todo ello se puede estudiar y efectivamente se estudia en nuestras escuelas e institutos. Los derechos
humanos, que forman parte de la Constitución española, se fundan en valores éticos. Los problemas éticos son muy complejos y solo de algunos conocemos la solución. Una ciudadanía capaz de experimentar sentimientos de respeto, tolerancia,
afán de verdad y de superación, compasión y que sea capaz de razonar con rigor en temas morales avanzará más y mejor para encontrar las soluciones justas. Pensar que esta asignatura conduce a un relativismo ético o que la ética solo incumbe a una
parte de la comunidad educativa es negar la posibilidad de fundamentar una ética universal o negar la posibilidad de participación a todos los sectores implicados en la educación de nuestros alumnos, que son también nuestros hijos. Educar en
valores es tarea de todos. Corresponde a los padres determinar qué valores se deben transmitir a los hijos y es también esencial hallar los puntos de encuentro con la institución escolar y con los valores mínimos que constituyen la base de nuestra
vida social, democrática y libre.
En el último punto de su moción, ustedes planteaban iniciar un proceso de diálogo para que, en cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución, el Ministerio de Educación y Ciencia y las administraciones educativas adopten las medidas
pertinentes para garantizar los derechos que asisten a los padres para que sus hijos reciban la formación en el ámbito de la moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Señor Nasarre, educación en valores es igual a normas de convivencia
comunes de la sociedad, igual a valores de la Constitución, igual a valores sustentados en leyes que la sociedad ha consensuado, que son: derechos humanos, sistema democrático participativo, resolución de conflictos, convivencia y respeto a la
diversidad, igualdad de género, derechos y libertades sexuales. Señor Nasarre, ¿el Partido Popular y quizás monseñor Cañizares consideran que estos valores se pueden cuestionar en este momento en la sociedad?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Es conocido por los miembros de la Comisión de Educación que en la discusión acerca de la Ley Orgánica de Educación mi grupo mantuvo un espíritu crítico ante la aparición de la nueva asignatura de educación para la ciudadanía. En principio
nosotros éramos partidarios de mantener una transversalidad entre las asignaturas en esa educación en valores, que ya se estaba dando por otra parte. Sin embargo, de la presentación que en esta iniciativa hace el Grupo Popular, señor Nasarre, a uno
le parece que suceden dos cosas y desde luego le alejan de poder llegar a un acuerdo con sus planteamientos. Por una parte, parece que hay una coordinación absolutamente clara entre la propuesta del Grupo Popular y las apariciones y comunicados de
la Conferencia Episcopal en días recientes. Parece que esto se lleva de la mano y además que son los argumentos trasladados directamente, eso sin mencionar la extraña -permítame que se lo diga- intervención en la interpelación que tuvo su grupo en
la que mezcló esta asignatura absolutamente con todo, desde la Alianza de Civilizaciones, pasando por el proceso de paz, el intento de búsqueda de la paz, para finalizar con el terrorismo de ETA. Según usted, así lo manifestó en la interpelación,
todo era un tótum revolútum y todo era algo impulsado con una misma idea desde el Gobierno central.
Sinceramente, si de esta manera lo que intentan es buscar alianzas con otros grupos políticos y hacer amigos en política, la verdad es que lo tienen
ustedes bastante crudo. Si hoy se va a quedar no sé si sola o muy poquito acompañada la formación popular es, simple y llanamente, porque la forma en que la ha presentado y la alianza con la Conferencia Episcopal en esa presentación desde luego no
le han hecho absolutamente ningún favor. Nosotros defendíamos la transversalidad en la educación en valores y se han hecho algunas experiencias realmente interesantes en algunas comunidades autónomas. Desde luego lo que rechazábamos de plano era
una repetición de la FEN, que algunos nos tocó cursar aquella materia de formación del espíritu nacional, pero en esta ocasión en versión constitucional del año 1978. Pero fíjese por dónde parece ser que esto a la Conferencia Episcopal le parece
bien. En manifestaciones recientes dicen literalmente que le parecería bien la asignatura si el Estado se hubiera atenido a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos. Precisamente nuestro
grupo no cree que esa asignatura debiera ser una explicación del ordenamiento constitucional, porque el ordenamiento constitucional no tiene por qué constituirse en la máxima de una educación para la ciudadanía de unas personas. Otra cosa es cuál
es el contenido que se le ha dado a través de los decretos y cómo se ha plasmado en realidad. Lo primero que yo diría es que hasta la FERE se desmarca de la posición de la Conferencia Episcopal, y dicen, por ejemplo, que nuestra idea es hacer la
adaptación correspondiente sin salirnos de la ley, y la LOE ofrece mecanismos suficientes para poder introducir con esa adaptación la antropología cristiana, que es lo que al parecer los obispos echaban de menos en la ley. Yo estoy de acuerdo con
esas manifestaciones por parte de la FERE.
Lo que me parece es que por parte de algún sector de la jerarquía eclesiástica no hay manera de realizar un diálogo razonable.
Sinceramente, examinados los contenidos que se proponen, yo entiendo que no
son en absoluto contrarios a muchos de los propuestos por la fe cristiana, o ¿es que lo que en realidad se está reclamando es la exclusividad en la educación en valores para la Iglesia? Si eso se está reclamando, nosotros no podemos estar de
acuerdo.
Señor Nasarre, yo soy católico y soy creyente y mis hijos van a clase de religión, pero desde luego no quisiera que fueran educados en el tipo de moral preconciliar que
la Conferencia Episcopal defiende una y otra vez. A eso sí que no estoy dispuesto. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Hay que ser abiertos, hay que ser dialogantes y hay que adaptarse y, como todo el mundo lo tiene que hacer, también la
Iglesia. Además -voy a decirlo-, es que parece que esta es una confrontación -ya en cuanto a los contenidos de la asignatura- entre la Iglesia y el Gobierno, y yo creo que no; es entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, que es algo muy
diferente. De todas maneras, la Conferencia Episcopal nos tiene acostumbrados a salidas de pata de banco. Recuerdo, por ejemplo, a principios de 2005, con la aprobación en el Parlamento vasco -concluyo, señor presidente, déme un minuto- de la
propuesta de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi, enseguida se apresuró a hacer una nota de prensa sobre nación y nacionalismo en la que decía tonterías -tonterías, insisto-, como que la doctrina social de la Iglesia reconoce un derecho
real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o invasión injusta pero no en el de una secesión. Con las manifestaciones sobre la educación para la ciudadanía me lo han dejado un poco claro porque me dicen que puedo
hacer objeción de conciencia. Dicen que se puede recurrir a todos los medios legítimos, sin excluir ninguno, para defender la libertad de conciencia. Supongo que en esta materia de educación y en otros temas también. En definitiva, señor
presidente, veo que ya ha pasado un minuto del tiempo que me corresponde, la posición de nuestro grupo es que entendemos que la educación en valores corresponde a todos, corresponde a la familia, corresponde a la escuela, corresponde a la sociedad.
Consideramos que el desarrollo que, en principio, parece que se va a hacer de la asignatura está bien encauzado. El tiempo nos dirá si hay que matizar algunas cuestiones, pero desde luego lo que no podemos aceptar son planteamientos maximalistas y
de exclusividad en educación en valores como el que nos está proponiendo el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, presidente.
Después de releer los contenidos de la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, todavía no entiendo cómo una persona que se llama demócrata puede estar en contra de ellos. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia
palabras que no se perciben.) Puedo entender que se pueda considerar más o menos oportuna la asignatura, sobre todo si es en detrimento de horas de otra asignatura como, por ejemplo, la filosofía, o que se puedan considerar más o menos idóneos los
contenidos. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Campos Arteseros: Un poco de educación.)
El señor PRESIDENTE: Perdone. Señor Martínez-Pujalte, le ruego que tenga un comportamiento adecuado. Usted no puede desde la escalera hacer el comentario que ha hecho. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Qué comentario he hecho?) Se lo
ruego por favor. No puede desde la escalera hacer el comentario que ha hecho. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Le llamo al orden, señor diputado. Es lamentable esta forma de conducirse todas las semanas y
todos los días faltando al respeto a sus colegas. Haga el favor de estarse tranquilo.
Continúe, señora diputada. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Martínez-Pujalte, le llamo al orden por segunda vez en esta sesión. Si tuviera que hacerlo una vez más ya sabe usted cuáles son las
consecuencias. Continúe, señora diputada.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Quizás les convendría más de lo que piensan cursar la asignatura de educación para la ciudadanía.
(Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio. Continúe, por favor.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Nuestro grupo parlamentario, por ejemplo, discrepa de la materia que se titula: valoración de la defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz, pero sinceramente lo que no puedo entender de
un demócrata es que se rechacen en bloque los contenidos que pretenden enseñar al alumnado los principales valores de una sociedad democrática. Dígannos, por favor, cuáles son los contenidos que les preocupan. ¿El reconocimiento de las diferencias
entre sexos y la identificación y valoración de las desigualdades de género; los valores de cultura de la paz, tolerancia, solidaridad o justicia; la diversidad social, cultural y religiosa; la identificación de situaciones de marginación,
desigualdad, discriminación e injusticia social? Dígannos cuál de estos valores supone un atentado a alguno de los derechos básicos de la ciudadanía. Como decía antes, se puede discrepar sobre la idoneidad de alguno de los contenidos, pero el
rechazo frontal esconde algunos tics del pasado que esperábamos superados. No obstante, en el ejercicio de demagogia y de propagación de medias verdades, el Partido Popular afirma que esta asignatura es de formación moral, que esta corresponde a
los padres y que es incompatible con la democracia. Lo que es incompatible con la democracia es que haya personas que intenten impedir que nuestra juventud conozca los valores de democracia, igualdad, libertad y fraternidad. ¿Quién se opone a
ello? Solo puede ser -no me atrevería a decirlo- un antidemócrata. Y qué duda cabe que la enseñanza de estos valores es responsabilidad de los poderes públicos, más allá de
las responsabilidades que en este sentido ejerzan la familia u otras instituciones, como las religiosas, que están en el derecho y el deber de complementar y/o reforzar esta educación.
En la exposición de motivos de la moción se afirma literalmente: Al no ser educación para la ciudadanía una asignatura como las demás, por no sustentarse en ninguna disciplina científica, sería, en todo caso, exigible el máximo consenso en
la delimitación de sus contenidos.
Sorprende, no obstante, que el PP no reclame lo mismo para otra asignatura que tampoco es como las demás y que no se sustenta en ninguna disciplina científica, como es la religión. En este caso, ¿no es necesario
establecer un máximo consenso de los contenidos? Contenidos que, por cierto, están establecidos unilateralmente por la jerarquía eclesiástica, una jerarquía eclesiástica que ha demostrado su talante democrático, por ejemplo, con los párrocos de San
Carlos Borromeo, a quienes mostramos nuestra solidaridad. Además, ustedes han defendido de una manera integrista la incorporación de una asignatura tan poco científica como la religión en la enseñanza obligatoria, y en virtud del mismo artículo
constitucional pretenden rechazar esta asignatura. La verdad es que no consigo entender cómo ustedes, señores del Grupo Popular, se oponen a la nueva asignatura por contemplar aspectos de educación moral que consideran estrictamente vinculados al
ámbito familiar y, al mismo tiempo, defienden que la religión se imparta desde el ámbito de la educación obligatoria. Y hago esta reflexión porque es precisamente por esta falta de valor por lo que, a nuestro entender, el Gobierno socialista
tendría que haber ido un poco más allá, porque quienes ayer se oponían a la asignatura de ética, hoy la defienden ante el gran peligro de adoctrinar a la juventud en los valores democráticos.
Por cierto, una curiosidad. En la proposición no de ley
sobre inmigración que han presentado esta tarde, en uno de los puntos reclamaban impulsar el conocimiento y aceptación de valores, derechos y deberes que fundamentan nuestra convivencia constitucional. Y yo me pregunto: ¿Acaso no es eso lo que
pretende la asignatura de educación para la ciudadanía sobre la que estamos debatiendo? ¿Acaso pretenden adoctrinar a las personas inmigrantes a la vez que pretenden liberar al resto de la ciudadanía del Estado? ¿Acaso no pertenece al ámbito de la
conciencia moral en el que el Estado no debe intervenir? Señoras y señores diputados, no sé si considerar esta iniciativa como un ejercicio de cinismo...
El señor PRESIDENTE: Señora Cañigueral, debería concluir, por favor.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Estoy terminando.
... como fruto de algún tipo de alteración psiquiátrica o paranoia (Rumores.), como una errónea y peligrosa estrategia electoral o simplemente como uno de los mayores ejemplos de falta de espíritu democrático que he visto en esta Cámara.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Cañigueral, el tiempo ha concluido. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Por una de cuestión de orden, señor presidente, me gustaría desde mi grupo parlamentario protestar por un gesto grosero que se ha hecho desde un escaño. No voy a decir de qué persona proviene, pero me parece
totalmente impropio de una Cámara como esta y para las personas a quienes representamos. Ya que se es tan estricto en el mantenimiento del orden en algunos casos, rogaría a esa persona que pidiera disculpas al Grupo Popular, al que le ha dirigido
ese gesto.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, si eso se hubiera producido y el presidente lo hubiera apreciado, el presidente no lo hubiera consentido.
En consecuencia, o tengo una oportunidad palpable de verificarlo o lo lamento mucho, yo no
puedo hacer nada sobre la base de una interpretación que usted me hace. He de constatar que cuando el portavoz del Grupo Popular ha intervenido, su uso de la palabra ha sido íntegramente respetado. Usted no habrá visto a ningún diputado de ningún
otro grupo ir circulando por el pasillo gritándole y faltándole al respeto. Eso ha pasado donde ha pasado y dejémoslo así. No se puede transformar la realidad. Eso es exactamente lo que ha pasado esta tarde. En consecuencia, si usted tiene algún
dato que ofrecerme, ofrézcamelo, pero no simplemente sobre la base de que usted ha apreciado, porque entonces entraríamos en un juego donde usted ha apreciado y el otro ha apreciado.
Quien aprecia el incidente es el presidente y créame que si se
hubiera producido una falta de respeto hacia usted o hacia el señor Nasarre, no la hubiera consentido. Lo lamento. El incidente ha sido zanjado.
Continúe, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta misma Cámara, al abordar fenómenos crecientes y que causan preocupación y alarma a la ciudadanía, los distintos grupos del arco parlamentario -todos- hemos manifestado en reiteradas ocasiones que la escuela podía ser un
buen ámbito, que podía ser el lugar adecuado para, mediante la educación -que, como todos sabemos, es algo más amplio que la enseñanza propiamente dicha-, poder prevenir estas conductas preocupantes. Al contemplar fenómenos muy distintos, tales
como el incivismo, el acoso entre iguales y a los profesores en los centros escolares, sucesos violentos como riñas con lesiones o muertes entre jóvenes por motivos absolutamente banales, el crecimiento de las bandas juveniles violentas, la
violencia de género,
las conductas homófobas, xenófobas o sexistas, la violencia en general, la alta siniestralidad vial y, en general, todas aquellas conductas que tienen como denominador común la pérdida de valores, la falta de respeto, la falta de tolerancia,
de empatía y el desprecio a los demás, hemos manifestado casi siempre que estas conductas debían prevenirse desde la escuela. Lo hemos dicho tanto y tantas veces que mi grupo parlamentario ha manifestado en muchas ocasiones que quizás se le estaba
exigiendo demasiado a la escuela y que los padres eran también y principalmente los educadores de sus hijos y los responsables de la transmisión de valores, sobre todo, señorías, con el ejemplo. Efectivamente, los primeros responsables de la
educación de los hijos son los padres, y no solo esto sino que en las cuestiones que pertenecen al ámbito de la religión y la moral, de acuerdo con la Constitución española, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, pero de lo que estamos hablando es de planos distintos que a priori no debieran ser incompatibles con la asignatura sobre la que estamos debatiendo y sobre la que, por ejemplo, las asociaciones
de escuelas cristianas no han opuesto mayor objeción.
Los contenidos de los libros de texto que han ido apareciendo abordan las materias desde diversas concepciones y los centros pueden elegir -y, de hecho, así lo van a hacer- los textos que mejor
se adapten a su ideario.
Es cierto, señoría, que el abordaje desde la escuela de todas estas cuestiones podía hacerse de manera trasversal, que era la opción que se planteaba, por ejemplo, desde el Consejo de Estado, pero, al ser tantas y tan variadas las
cuestiones, desde Convergència i Unió pensamos durante la tramitación de la LOE, a diferencia de otros grupos parlamentarios, que quizá no era una mala idea el que se hiciera desde una asignatura propia que el proyecto de ley titulaba educación para
la ciudadanía a secas. Desde Convergència i Unió hicimos varias enmiendas y nos implicamos en lo que tenía que ser el contenido de esta asignatura.
Muchas de estas enmiendas fueron aceptadas hasta el punto que parte del título y del contenido de
la misma -el que se refiere a los derechos humanos- obedece precisamente a una enmienda de mi grupo parlamentario, del mismo modo que el que se contemple en esta asignatura la educación vial también obedece a enmiendas de Convergència i Unió y a la
perseverancia de mi compañero de grupo parlamentario y presidente de la Comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané.
Desde el marco de la Constitución española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos creíamos y seguimos pensando que esta asignatura puede ser también un instrumento de gran utilidad en la integración de la inmigración, que de
esta manera y desde la escuela los niños y las niñas de familias llegadas de otras culturas conocerán y deberán aprender a respetar el conjunto de valores, derechos y deberes de la sociedad en la que están viviendo; valores, derechos y deberes que
sus familias no siempre les pueden trasmitir porque muchas veces son distintos de los imperantes en sus lugares de origen en muchas cuestiones, entre otras en algo tan importante como la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de estas a la
educación y a la autonomía personal. La escuela desempeña y seguirá desempeñando un papel fundamental en la integración de la inmigración y en que esta integración se haga con conocimiento y respeto de los valores de nuestra sociedad y
civilización.
Por último, señalo que la propuesta del Grupo Popular no da muchas opciones, no da muchos matices. Propone, sin más, retirar los reales decretos sin concretar siquiera cuáles son los aspectos de los mismos que se cuestionan, cuáles son los
aspectos que les preocupan. Coincidimos con lo expuesto por el portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV) en que, en todo caso, habrá que ver su desarrollo para poder constatar cuál es el mismo y si se considera conveniente, proceder a la solicitud de la
modificación en los aspectos que pudieran ser polémicos.
Por todas estas razones, y especialmente en coherencia con lo que ha sido nuestro posicionamiento durante toda la tramitación de la LOE, no vamos a apoyar la moción que estamos viendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Señor Benzal, Grupo Socialista.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar en contra de la propuesta de supresión de la materia de educación para la ciudadanía que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular por varios motivos: en primer lugar, porque no nos
parece democrática; en segundo lugar, porque nos parece que promueve, tutela y cuando menos tolera y ampara actitudes que desde luego no están recogidas en la legislación y por tanto rayan la legalidad, y en tercer lugar, porque no nos parece
educativa. En primer lugar, no nos parece democrática porque se pretende suprimir una materia que este Parlamento ha aprobado en una ley. Es verdad que el Partido Popular no aprobó esa ley, quedándose de nuevo solo, como ha venido siendo habitual
-esté en el Gobierno o esté en la oposición- en el caso de la educación, pero nos parece que no es posible como no sea a través de otra ley -y eso el Partido Popular lo debería saber- suprimir esa materia. Además se pretende que la suprima el
Gobierno -así se pidió en una pregunta parlamentaria y se pidió en la interpelación que da pie a esta moción- y claramente es inconstitucional, ilegal y antidemocrático que se pretenda que en un Estado de derecho el Gobierno no cumpla los mandatos
del Parlamento. Igualmente nos parece que no es democrática porque no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa. Ya se ha dicho aquí: hay diecinueve países de Europa que practican e incluyen en la formación de sus ciudadanos una
materia como esta y, en concreto, dieciséis de
ellos son nuestros socios en la Unión Europea. En definitiva, no nos parece democrática porque se pretende por la vía de los hechos sustituir al derecho y eso en un Estado democrático no es posible, eso se llama constituirse en poder
fáctico. En segundo lugar, nos parece que es una postura claramente fuera de la legalidad porque no solo desconfía de los controles que tiene un Estado de derecho, no solo desconfía del Consejo de Estado que en su momento dio un aval legal y
constitucional a esta propuesta, sino que desconfía de las organizaciones, de las personas, de las editoriales que están poniendo en marcha esta materia, de la FERE, de federaciones islámicas, de la Ceapa, de sindicatos, de alumnos o de personas tan
respetables y poco sospechosas como el profesor Marina -como indicó la ministra- o el señor Martín Patino. Además, se ignora que existe en este país como uno de los valores democráticos la libertad de cátedra, que está siendo exquisita y
neutralmente desarrollada por los profesores, a quienes es imposible adoctrinar. Al Partido Popular la responsabilidad de un partido político le haría que hiciese llegar a los ciudadanos que una objeción de conciencia no es posible porque no se
recoge en las leyes y porque no es constitucional. Además, en tercer lugar, no nos parece educativa. No es educativa porque se considera que la formación en valores, derechos y libertades de los ciudadanos no es un beneficio para toda la sociedad.
Incluso manipulan las intenciones y las decisiones del Consejo Escolar del Estado, que en su momento ya indicó que le parecían plenamente convenientes los principios y el desarrollo de una materia de este tipo. El Partido Popular es el único que
pretende que se suprima, como se ha visto con las intervenciones de los grupos que han intervenido.
Creemos que el Partido Popular quiere que se suprima porque no está de acuerdo en que haya una ética colectiva, que no es sustitutiva ni alternativa ni optativa para una moral individual, que es perfectamente legítima y que tiene su propio
espacio confesional, religioso, en la adopción y la elección por parte de los ciudadanos, en este caso de los padres, de la opción religiosa que quieran para sus hijos que está presente en la escuela y que se respeta. Pero no se comprende desde el
Partido Popular que ciudadanos somos todos, aunque algunos, legítimamente, tengan la opción religiosa que les parezca oportuna. El Partido Popular no entiende esa diferencia. Sí que encuentra muy rápidamente el camino para que sus derechos sean
deberes para los demás -los deberes para los demás en relación con los derechos propios-, pero no encuentra tan fácilmente el camino para que el derecho de algunos sea un deber para el Partido Popular. Tampoco sabemos cuáles son los motivos por los
que se rechaza. No se nos ha dicho todavía cuál es el tema concreto que hace que se rechace esa materia. Quizás lo tengan oculto igual que han tenido oculto también que iban a rechazar una Ley de Igualdad que, en cambio, sí han aprovechado
electoralmente. Ha sido después de las elecciones, cuando ya no podía haber alguien que se diera por aludido, cuando la han recurrido. Además, es una materia que contribuye a la convivencia escolar. Estamos todos muy preocupados por que los
ciudadanos se respeten en los centros educativos y por que esos ciudadanos se comporten cívicamente. El propio Defensor del Pueblo ha dicho que es una materia conveniente para ese objetivo.
Concluyo diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar la propuesta de supresión de esa materia por motivos democráticos, por motivos legales, por motivos educativos; porque tiene el apoyo institucional del Consejo de Europa,
del Consejo de Estado, del Consejo Escolar del Estado, del Defensor del Pueblo; porque tiene el apoyo social de una serie de instituciones, de organizaciones, incluso de editoriales, sindicatos y alumnos; porque tiene el apoyo de personalidades
muy poco sospechosas -como he indicado anteriormente-, y por que con la supresión de esta materia el Partido Popular está pretendiendo no quedarse de nuevo solo, como parece que va a ocurrir hoy con el rechazo a la propuesta que nos hacen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, con las enmiendas de adición de Izquierda Unida... (La señora García Suárez pide la palabra.) ¿Señora García Suárez?
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señor presidente, si es posible, quisiéramos plantear una enmienda in voce a la enmienda que Convergència i Unió nos aceptaba.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente, siempre y cuando el resto de la Cámara, que ya la conoce, y el grupo que la ha propuesto estén de acuerdo, y el señor Campuzano me está haciendo gestos de que no está de acuerdo. Lo siento.
La señora GARCÍA SUÁREZ: ¿No es posible? La propuesta es, en lugar de reducir los plazos...
El señor PRESIDENTE: Señora García Suárez, la proposición es, por así decirlo, propiedad del grupo proponente y entonces es él el que tiene el derecho de decir si acepta o no la enmienda in voce. Claramente el señor Campuzano me hace
gestos de que no y, en consecuencia, no le puedo dar la palabra. Lo lamento profundamente. (La señora Oliva i Peña pide la palabra.) Señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: En los términos expresados por la señora García, también nos gustaría desde Esquerra hacer una...
El señor PRESIDENTE: Lo siento mucho. Señor Campuzano, usted se ha referido en su intervención en el turno de fijación de enmiendas a que aceptaba la enmienda original de Esquerra y la enmienda original de Izquierda Unida. En
consecuencia, así propongo la votación. No se puede estar permanentemente cambiando de criterio. Así, pues, vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo
y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con las enmiendas originales de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y
Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 144; en contra, 162; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los compromisos y las medidas a implementar para luchar contra el cambio climático. En primer lugar, votación de los apartados 1, 3 y 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, cinco; en contra, 149; abstenciones 155.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación del apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 134; en contra, 153; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del apartado 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, cinco; en contra, 149; abstenciones, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, cinco; en contra, 281; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 127; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Es un punto relativo a las enmiendas del Senado. Turno de fijación de posiciones de los grupos
parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con rapidez, dado que mi grupo parlamentario ya en los trámites previos a la remisión al Senado había considerado positivo el contenido de esta ley para luchar contra la violencia en todo el ámbito del deporte, cualquiera que
fuera su naturaleza, de tipo racial, ideológico o geográfico. Por tanto, vamos a votar favorablemente, señor presidente, las enmiendas que nos remite la Cámara Alta y que en su mayoría, salvo alguna excepción, contribuyen técnicamente al
perfeccionamiento en cuanto a la seguridad jurídica del proceso. El respeto a las competencias de las comunidades autónomas en cuestiones de ordenación del deporte tienen que ser plenamente reconocidas y respetadas. Por lo demás, queremos sumarnos
a un deseo general de acabar con esta plaga en determinadas efemérides deportivas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intentaré ser breve. En el primer trámite de este proyecto de ley, a pesar de reconocer que era una buena ley...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Espere, señora García, porque es el problema de siempre. Por favor, les pido un esfuerzo. Adelante, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía que en el primer trámite de este proyecto de ley, a pesar de reconocer que era una buena ley, mi grupo se abstuvo, justificando única y exclusivamente al final, por motivos competenciales, que una vez habíamos llegado a
acuerdos en otros aspectos de la ley que también mencionaré. Advertíamos que el Estado puede regular el deporte de ámbito estatal y la seguridad pública del deporte autonómico, pero que debería haberse tenido especialmente en cuenta la asunción de
competencias exclusivas nuevas por parte de la Generalitat, principalmente la relativa a la prevención y control de violencia en espectáculos deportivos y los requisitos funcionales de una nueva policía, que, asumiendo tareas ejecutivas e
implantándose progresivamente en todo el territorio, tendrían que haber sido mejor valoradas a la hora de redactar este proyecto de ley.
En su paso por el Senado este proyecto de ley ha mejorado sustancialmente, al haberse introducido dos enmiendas, a nuestro entender fundamentales, respecto a los marcos estatutarios vigentes. Esta es sin duda una buena noticia. El Grupo de
Entesa presentó un total de 23 enmiendas, la mayoría orientadas al reconocimiento competencial, y yo voy a mencionar brevemente algunas de ellas, dos en concreto. En primer lugar, una transacción a la enmienda 64, por la que se modifica la
disposición adicional primera, relativa a los títulos competenciales, y mediante la cual se introduce la cláusula de salvaguarda competencial que mi grupo venía solicitando desde el inicio de su tramitación. Y, en segundo lugar, una transacción a
la enmienda 45, por la que se modifica el artículo 1.2, mediante el cual se acota el ámbito de aplicación de la ley, suprimiendo la referencia a la Comisión estatal que tanto nos incomodaba. También se han introducido otras mejoras en el Senado, al
artículo 2.2 a), enmienda 51, y a los artículos 2.3 y 2.4, enmiendas 53 y 54, y en el enunciado del capítulo IV, concretamente en el título I, que pasa a denominarse suspensiones de competiciones y de instalaciones deportivas, más acorde con su
contenido. Asimismo se añade un nuevo apartado en el artículo 36, referente a sanciones reinsertivas, acumulables a las económicas, concretamente al desarrollo de acciones de voluntariado con fines sociales. Y también se faculta en el artículo 37
a la Comisión estatal contra la violencia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
La señora GARCÍA SUÁREZ: Es que cuesta muchísimo hacerse entender, de verdad.
Decía que, en el artículo 37, se faculta a la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para la legitimación activa para impugnar resoluciones federativas.
Todo lo mencionado hasta ahora, junto con las mejoras introducidas en ponencia, donde se incorporaron tres enmiendas, y siete enmiendas que se transaccionaron en Comisión, de un total de doce, da un balance más que positivo que hace que mi
grupo parlamentario en este trámite final se sienta satisfecho, como digo, y pase a votarlas definitivamente. No solamente votaremos las enmiendas, sino que consideramos que la ley respeta totalmente a las comunidades autónomas y que es una ley
-era su objetivo- que de verdad puede hacer que sea posible que haya mecanismos para abordar la violencia en el deporte desde las diferentes administraciones de una manera absolutamente correcta. Concluyendo, tal y como ya he anunciado, votaremos a
favor. Reconozco que ha sido una intervención de una gran dificultad y, a pesar de que quería mencionar todas las enmiendas que habíamos incorporado, por la hora que es y por la dificultad, termino en este punto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño. La posición de nuestro grupo no se ha visto modificada por las pocas enmiendas introducidas en el debate en el Senado y, desgraciadamente, tenemos que manifestar que nuestra posición, en consecuencia,
sigue siendo en contra de la aprobación de esta ley. Para empezar, quisiera recordar de manera breve y esquemática -no exhaustivamente- algunos de los puntos que ya mencionamos en el debate en el Congreso. En primer lugar, sorprende la ausencia
total de mención de un título competencial específico para basar la competencia del Estado para regular esta materia. No se menciona; lisa y llanamente.
Se dice que aquellos que correspondan al Estado. Pero ¿cuáles son? Si existen, deberían
mencionarse en la ley. Lo que ocurre es que se está construyendo todo un edificio jurídico, no solo en este ámbito de la lucha contra la xenofobia y la violencia en el deporte, sino en general en toda la regulación del deporte por parte del Estado,
sin que haya un soporte mínimo, sin que haya una necesaria base constitucional para ese desarrollo legislativo.
Entendemos que la normativa violenta directamente el ámbito competencial de aquellas comunidades autónomas que tienen competencias específicas en materia de seguridad. Tampoco hace ningún esfuerzo en diferenciar las situaciones que podrían
darse en razón de esas competencias de seguridad en unas comunidades autónomas o en otras, entre otras cosas. Por ejemplo, la
declaración de alto riesgo de un evento deportivo, en nuestra opinión, no debería corresponder a la Comisión estatal, sino a las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad. Ese es un punto y hay otros quince que también
podrían ser mencionados. Sinceramente, nos parece muy delicado y peligroso dejar a una libre interpretación posterior los artículos 2 y 3, cuando se hace un listado de aquellos actos que pudieran ser calificados como racistas y xenófobos, porque se
habla de exhibición de pancartas, símbolos, señales, banderas, mensajes intimidatorios de origen racial, étnico, etcétera, pero se concluye diciendo: o que atenten gravemente contra los derechos y libertades y valores proclamados en la
Constitución. Si se hubiera acabado en derechos y libertades de la Constitución, podríamos estar de acuerdo; ya sabemos a qué se refiere, es título I. Valores superiores también sabemos que es el artículo 1.1, pero valores de la Constitución ¿qué
es? Desde luego, esa terminología ha sido muy utilizada por los dos grupos mayoritarios y en especial por el PP para hablar de todo el articulado de la Constitución en general. ¿Entraría también por tanto en estos valores el artículo 1.2 de la
Constitución? ¿Qué tiene que primar, el artículo 1.2 o la libertad ideológica? Desde luego, no queda nada claro y puede provocar unas situaciones, a nuestro modo de ver, indeseables en el momento en que se tomen determinadas decisiones.
Estamos absolutamente en contra de los títulos II, III y IV de la ley, especialmente del título III; creemos que no deberían existir, puesto que el régimen disciplinario deportivo es competencia de las comunidades autónomas. Por otra
parte, en cuanto al régimen sancionador general para espectadores, que aparece en el título II, no se dice en ningún momento que sea sin perjuicio de la normativa autonómica sobre deporte y espectáculos públicos ya existente, porque existe todo un
régimen sancionador en el ámbito autonómico en esta materia. Por último, sin dar más razones que fueron mencionadas en el debate en Comisión y en el Pleno en la tramitación anterior de este texto, me gustaría mencionar también el ámbito objetivo de
la ley; un ámbito en el que, a tenor de cómo ha quedado establecido el artículo 12, es demasiado amplio y de nuevo, evidentemente, es invasor de las competencias autonómicas. Por tanto, mi grupo votará no a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Vamos a proceder, señorías, con la votación de las enmiendas introducidas en el Senado, a la aprobación definitiva del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta ha sido una ley que
para nosotros ha conllevado una negociación ardua y difícil con el grupo de la mayoría y, por extensión, con el Gobierno. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana inició el trámite de este proyecto de ley con una enmienda a la totalidad. La
justificábamos básicamente por la invasión competencial del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. La verdad es que en su día lamentamos profundamente haber tenido que presentar una enmienda a la totalidad a un proyecto de estas características,
puesto que la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte son objetivos que compartimos todos, con más o menos matices, pero también nuestro grupo parlamentario está, entre otras cosas, para defender las competencias que
tiene atribuidas la Generalitat de Catalunya. Dicho esto, acabaremos votando favorablemente el proyecto de ley en esta Cámara, porque después de -repito- duras negociaciones con el Grupo Parlamentario Socialista fueron aceptadas gran parte de
nuestras enmiendas y sobre todo, a nuestro entender, se corrigió la invasión competencial que contenía la redacción del proyecto que el Gobierno remitió a esta Cámara.
En cuanto a las modificaciones introducidas en el Senado, cabe decir que estamos relativamente satisfechos, porque gran parte de ellas corresponden a enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó ante esta Cámara, que inicialmente no
prosperaron y que en el trámite de la Cámara Alta fueron defendidas por Entesa. Por tanto, como coautores de dichas enmiendas, nos sentimos congratulados de que finalmente se hayan introducido. Destacamos la enmienda al apartado 2 del artículo 1,
que excluye -repito, que excluye- de forma expresa que el ámbito de la ley pueda ser determinado a instancias de la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Dicha regulación anterior, sin
suponer de entrada una invasión competencial, hubiera podido comportar en un futuro problemas de competencias estatutarias, por lo que, como más vale prevenir que curar, valoramos positivamente su introducción. También se ha incluido, mediante la
modificación del apartado 2 del artículo 3, otra de las enmiendas que presentó nuestro grupo, que considera, entre las formas de discriminación, aquellas que tienen un origen social y geográfico. Se menciona asimismo en la modificación del artículo
2, apartado 3, en qué casos se aplica la presente ley, delimitándolos a competiciones deportivas que se celebren dentro del ámbito de la Ley del Deporte; era esta otra de las cuestiones que planteaba Esquerra Republicana y que en el paso del
proyecto de ley por esta Cámara quedó en el tintero. De ser aprobada esta enmienda, hoy quedará plasmado en el texto de la ley, para mayor comprensión y delimitación de su ámbito de aplicación. Finalmente, como aportación que queremos destacar,
que es una de las enmiendas que nuestro grupo también defendió en esta Cámara, hacemos referencia a la modificación de la disposición final primera, sobre títulos competenciales; se hace expresa mención a las competencias que tengan atribuidas las
comunidades autónomas. Así se introduce
una norma que implica una clara voluntad de respetar esas competencias.
Dicho lo anterior, damos por cumplido enteramente el objetivo principal que nuestro grupo se había propuesto con las enmiendas que presentamos, que no es otro que la
defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de espectáculos públicos, así como de las otras instituciones de autogobierno de los països catalans. Hemos trabajado intensamente y hemos incorporado además otras enmiendas de
contenido en el propio proyecto, algunas de carácter meramente técnico, por lo que podemos darnos por satisfechos con el trabajo realizado.
Para terminar quiero decir que estamos hablando de un proyecto de ley de radicalidad democrática. El deporte es un reflejo de la sociedad.
Fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y la no discriminación por razón de sexo, raza,
religión, origen social o geográfico debe ser aplaudido. Si conseguimos inculcar estos valores en los espectáculos deportivos, habremos dado un paso de gigante para que estos valores se extiendan en la sociedad y en otros ámbitos más allá de los
estrictamente deportivos. Esperemos que se aplique la ley con rigor y con lealtad. Los políticos debemos predicar con el ejemplo. Si somos los primeros en incumplir y en no fomentar estos valores, flaco favor haremos a esta ley, cuyo éxito no es
otro que combatir, como reza su título, la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. No lo digo por decir. Hace tan solo unos días hemos presenciado atónitos un espectáculo insólito, propiciado por las autoridades
españolas en una competición deportiva, realizada por federaciones deportivas, es decir, por entidades privadas, recientemente celebrada en Rusia. El espectáculo que realizó el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada española en
Moscú fue bochornoso, ridículo, esperpéntico, fuera de lugar, sin parangón alguno en el mundo occidental. Tenemos la carta. En esta carta vergonzosa solicitan a las autoridades rusas que eviten la colocación de banderas españolas y que eviten que
se toque el himno nacional del Estado español, en una competición estrictamente deportiva, en la que participaba un buen número de ciudadanos españoles en un combinado de fútbol sala español que se enfrentaba a otro también de deportistas que tenían
la desgracia de ser catalanes. En nada ayudan a conseguir los objetivos de esta ley si actuaciones de este tipo se vuelven a repetir.
Repito que fue un espectáculo vergonzoso, esperpéntico y ridículo para un Estado como el español, en el que reina
la democracia. El objetivo es erradicar la violencia, el objetivo es erradicar la xenofobia, el objetivo es erradicar la intolerancia, y solamente se puede hacer esto basándose en un trabajo a favor de la tolerancia y de la libertad.
Entiendo que
la ley es buena, que lo que puede fallar son los políticos, el Gobierno español. Por favor, Gobierno español, no vuelva a repetir esta vergüenza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Maldonado. CIU.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco nuevamente en este hemiciclo para fijar la posición de Convergència i Unió ante el proyecto, ahora ya definitivo, de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. He dicho nuevamente
porque hemos debatido por doquier esta ley: primero con la presentación en el Pleno, posteriormente con una enmienda a la totalidad, un debate en ponencia, un debate en Comisión, debate y votación en el Pleno, debate en el Senado, y ahora última
votación por retorno del Senado. Es una ley muy debatida, si bien los argumentos expuestos por Convergència i Unió desde su inicio siguen siendo los mismos, dos: uno positivo y uno negativo. Primero, es una ley necesaria y por tanto dimos y damos
la bienvenida a su llegada, a la voluntad del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno de poner encima de la mesa esta ley para que pueda regular actitudes en los estadios deportivos.
Segundo, es una ley con invasión de competencias autonómicas.
Por tanto, una de fría y una de caliente. Es verdad que el primer aspecto se mantiene. A pesar de los diferentes trámites parlamentarios, sigue siendo una ley muy necesaria, aunque la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el
deporte por desgracia no son monopolio del deporte; la violencia, la intolerancia, el racismo y la xenofobia están incardinados en la sociedad, y el deporte es un fiel reflejo de sectores minoritarios que usan y abusan de esta lacra.
Es cierto también que en el segundo aspecto el conflicto competencial ha variado y mucho. Los diversos trámites han rebajado el tono de la ley, que era claramente centralista, han variado su fondo y su forma y lo han hecho gracias a la
negociación del Gobierno con los diferentes grupos, también con Convergència i Unió. En su trámite parlamentario, en ponencia y en Comisión, fueron aceptadas diversas enmiendas de nuestro grupo, lo que hizo que nuestro voto pasara del no a la
abstención. Mantenemos esta abstención, es cierto, a pesar de los esfuerzos de consenso y de diálogo del secretario de Estado, señor Lissavetzky, que ha hecho grandes esfuerzos por acercar posiciones. Se lo agradecemos. Le agradecemos su voluntad
de pactar con Convergència i Unió muchas enmiendas, pero no, desafortunadamente, las dos que pasaron por el Senado. Sabemos, porque le conocemos muy bien, que sería muy feliz con que hubiera unanimidad hoy aquí en esta ley. También nosotros
seríamos felices, políticamente hablando, porque Convergència i Unió es un partido que intenta buscar siempre el sí, que intenta sumar, que pacta todo aquello que puede ser bueno para la sociedad en general y para Cataluña en concreto. Por tanto,
lo hemos buscado, unos y otros, y nos hemos acercado. De la enmienda a la totalidad hemos pasado a la abstención y estamos más cerca del sí que otras veces, es verdad, porque ha habido enmiendas nuestras y de otros grupos que han hecho que esta sea
una ley más positiva y menos invasora, competencialmente hablando. Lástima que las dos enmiendas
presentadas en el Senado no se hayan aprobado, porque en ese caso estaríamos hoy aquí en el sí.
¿Por qué nosotros no podemos aprobar esta ley? Porque sigue habiendo aspectos que no nos lo permiten. Por ejemplo, esta ley tiene aspectos ideológicos que no nos permiten votar a favor. Es una ley, se ha dicho antes, cuyo artículo 12
mezcla ideología política y deporte, por lo que nos parece que está entrando en aspectos que deberían estar totalmente alejados del deporte. Es una ley que, entre otras cosas, puede permitir que jóvenes que lleven a estadios deportivos una pancarta
que diga Catalonia is not Spain puedan ser sancionados o detenidos. Es verdad que ahora, sin esta ley, la Joventut Nacionalista de Catalunya ya ha denunciado actuaciones en esta línea, con un Gobierno tripartito, de izquierdas, progresista, pero
que ha llevado a cabo acciones en esta línea represora. Esta ley recoge esta posibilidad de sancionar aspectos ideológicos que pueden formar parte del sentimiento del pueblo y que no tienen ningún aspecto de violencia, de racismo o de xenofobia en
el deporte.
Esta es una ley que, a más a más, sigue sin recoger la voluntad de Cataluña de poder competir internacionalmente. Cataluña sigue pidiendo poder competir internacionalmente y esta ley debería prever que en algún momento, si esto fuera
posible, el Gobierno de Cataluña pudiera aplicarla desde el punto de vista de competencia, de presencia internacional de Cataluña en el concierto competitivo internacional. Esta ley lo blinda, lo acota y no permite ningún resquicio para un futuro
de las selecciones nacionales deportivas. Este es un aspecto que tampoco nos permite dar el sí definitivo. Es una ley asimismo que, a más a más, en su paso por el Senado ha aprobado una enmienda que dice: aquellos eventos deportivos llevados a
cabo por federaciones deportivas españolas. Convergència i Unió pedía en el Senado que hablara solo de federaciones deportivas, porque hay modalidades deportivas, como el korfball, cursos de alta montaña, fisiocultura, pitch&putt, etcétera,
para las que no hay federación española y que por tanto la federación catalana debería poder ser la que regulara el funcionamiento de estas competencias, aunque fuera, por qué no, a nivel estatal. Cuando se habla de federaciones deportivas
españolas ya acota algunas modalidades que solo se practican en Cataluña y que podrían ser recogidas en esta ley, si tuviera un aspecto más amplio.
Quiero agradecer y aplaudir, para terminar, una de las enmiendas, que acaba diciendo: todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas por sus estatutos de autonomía en materia de deporte. Es verdad que
anteriormente vuelve a referirse al artículo 149.1.3ª de la Constitución, pero al menos habla del aspecto competencial catalán, vasco y gallego. No sabemos, señorías, si esta ley conseguirá o no acabar con la lacra de la xenofobia, el racismo y la
violencia en el deporte. Sí sabemos que es un buen instrumento que permitirá luchar contra los intolerantes. Desde Convergència i Unió, a pesar de estar cerca del sí, a pesar de estar cerca de nuestro voto favorable, por algunos aspectos que he
mencionado no podemos dar nuestro sí. Felicitamos al Consejo Superior de Deportes, porque esta ha sido una legislatura en la cual se han afrontado aspectos legislativos jurídicos importantes: el dopaje; hoy, esta ley. Nos da la impresión de que
esta será una legislatura que pasará a la historia como una legislatura en la cual el Consejo Superior de Deportes ha afrontado con valentía algunos aspectos no regulados por leyes, aspectos que ahora sí existen en la sociedad. Es verdad que hace
muchos años algunos de estos aspectos, como el dopaje, la violencia y el racismo, no formaban parte del día a día de la sociedad deportiva. Hoy sí lo hacen; la sociedad evoluciona y el marco legislativo deportivo se tiene que adecuar. El Consejo
Superior de Deportes ha hecho esto y desde aquí queremos felicitar esta voluntad normativa en general de diversos aspectos que acaban hoy con esta ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Queremos agradecer
la voluntad de aproximación a Convergència i Unió, las enmiendas que nos han aprobado en ponencia, sentimos que no se hayan aprobado las dos enmiendas a las que me he referido en el Senado y por ello mantendremos nuestro voto de abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, invitados en la tribuna del Consejo Superior de Deportes, hoy finaliza el trámite que iniciamos hace algunos meses y a mí me parece que finaliza bien. Aunque mi intervención inicialmente iba a ser un poco más
corta, voy a intentar exponer alguna reflexión que me han llevado a hacer algunos portavoces. Empezaré diciendo que esta ley, con las enmiendas del Senado, matiza algunas cosas y que no vamos a ser nosotros quienes digamos que no a esos matices.
El Senado ha querido tener su parte de protagonismo, porque es cierto que se creo una Comisión ad hoc para hablar del mundo de la violencia, la xenofobia y el racismo.
Por eso me parece muy lógico y normal que esté en la exposición de motivos,
porque han sido protagonistas de ello, y además se lo merecen.
Posiblemente tendríamos que hacer matizaciones sobre algún título competencial que ha sido modificado y que semánticamente no es la mejor fórmula de nombrarlo; por ejemplo, decir
suspensiones de competiciones y de instalaciones deportivas deja, en el tema lingüístico, algo que desear. Pero, en aras de conseguir lo que nosotros entendemos que es el máximo número posible de voluntades a esta ley, bienvenidas sean incluso las
incorrecciones, en este caso lingüísticas. Bienvenido al sí a Izquierda Unida; nunca tuvo que apartarse del sí. No ha habido modificaciones, desde nuestro punto de vista, tan sustanciales
para que se produzca esa entrada de esta ley en el club del sí. Creo que la preocupación que se ha producido en todo momento, desde el inicio del procedimiento de tramitación de esta ley hasta el final de ahora, por parte de los grupos
nacionalistas me da la sensación de que es exagerado o que pretende de alguna manera enclavarse en el mundo del victimismo, que es un buen mensaje para el objetivo que tienen siempre los partidos nacionalistas. No tengo nada que objetar, es su
fórmula y me parece muy bien que la lleven a cabo. Pero la frase que se ha incluido sistemáticamente en la ley de: todo ello sin perjuicio de competencias atribuidas a las comunidades autónomas por los estatutos de autonomía en materia de deporte,
creo que deja sobradamente clara cuál es la postura de los dos grupos mayoritarios, en este caso, en cuanto al respeto de los títulos competenciales y respecto a los propios estatutos de autonomía que tienen las comunidades autónomas para regular
las materias en las que tienen competencias.
Lo hemos debido hacer muy bien porque si se dan cuenta se va a producir una paradoja, que los tres grupos mayoritarios nacionalistas de esta Cámara van a votar una cosa distinta. Va a haber un voto favorable por parte del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), va a haber un voto de abstención por parte de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y va a haber un voto negativo por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Esa es la mejor muestra de
que no hay un criterio unificado dentro de los nacionalismos y, por lo tanto, hemos hecho las cosas bastante bien desde mi punto de vista, porque eso deja las puertas abiertas a que quizá quien haya estado trabajando para conseguir la suma de todos
haya conseguido el objetivo. No estoy hablando de división; estoy hablando de disparidad de criterios que es muy sano democráticamente hablando.
Hasta ahora el único español que no está en el ámbito terrorista que ha sido detenido por ultrajar una bandera ha sido en Letonia, y por ultrajar la bandera letona, y yo no creo que esta ley vaya a cambiar los criterios de los jueces. A mí
sí me gustaría porque yo me siento dolido cuando veo que ultrajan los símbolos de mi país, me duele mucho cuando veo que ultrajan los símbolos de España. Lo tengo que decir y lo digo con la naturalidad con la que se me dice desde los bancos
nacionalistas lo contrario. Y tengo la libertad de poder decirlo; no solamente la libertad sino la obligación de decirlo porque si no, estaría faltando a mis principios y como no pretendo faltar tengo que decir claramente lo que piensa un grupo
político que ha demostrado sobradamente su capacidad de diálogo, su capacidad de negociación y fundamentalmente sus principios democráticos, a pesar de que algunos quieran negarlo sistemáticamente.
Para terminar, hay una cosa en la que coincidido con el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), aunque no en el contexto en el que lo ha explicado. Efectivamente, lo de Rusia fue una auténtico espectáculo de circo;
un espectáculo de circo donde los protagonistas estaban a los dos lados del campo: los que de alguna manera se querían arrogar la internacionalización de su selección en representación de no sé qué, y los que sin tener la atribución de ninguna
federación pretendieron utilizar el nombre de España, sus símbolos y todo lo que conlleva eso para intentar tampoco sé el qué.
Señoras y señores diputados, lo único que pido es que seamos serios. A pesar de que hay algunos que están interesados en que la imagen de España quede en muy mal lugar en el ámbito internacional, lo que pedimos es seriedad, y esa seriedad
se tiene que dar desde los que no somos nacionalistas hasta los que son nacionalistas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Gómez Santamaría. Grupo Socialista.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, presidente.
Señora ministra, señoras y señores diputados, presidente del Consejo Superior de Deportes, señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, confía en que esta ley, la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte, quede hoy definitivamente aprobada en esta Cámara con el mayor consenso posible. En mi anterior intervención, en el dictamen de Comisión, finalizaba diciendo que el deporte se merecía que llegáramos a un amplio acuerdo
para erradicar este tipo de actitudes; decía también que se lo merecían los violentos, se merecen que nos pongamos de acuerdo para que sus actos no queden impunes. Ese ha sido el empeño de mi grupo parlamentario desde el comienzo de la tramitación
de la ley, empeño que creo correspondido por todos los grupos parlamentarios, independientemente de cuál sea hoy el sentido de su voto, manifestado ya por los portavoces desde esta tribuna o desde el escaño. Por ello, gracias una vez más a todos
los portavoces de los grupos parlamentarios, por sus aportaciones, por el debate generado, por el acercamiento conseguido, y con la esperanza de que cuando esta ley entre en vigor entre todos habremos conseguido dar un paso muy importante y
necesario para erradicar del deporte conductas violentas e intolerantes que nada tienen que ver con el juego limpio; juego limpio que, por cierto, va mucho más allá de la ausencia de violencia.
Señorías, conscientes de la importancia del juego limpio, de los valores educativos del deporte, de su valor como elemento integrador, el Gobierno tomó en su momento la decisión de no mirar hacia otro lado, y no ha mirado hacia otro lado
cuando ha presentado ante esta Cámara, para su debate y aprobación, además de la ley que hoy debatimos, la Ley de protección de la salud y de lucha contra el dopaje. Ni tibieza ni neutralidad, decisión firme de erradicar conductas que llevan a la
trampa o al engaño, o aquellas otras que son una muestra de intolerancia, de insolidaridad o de falta de respeto al adversario; actuaciones todas ellas rechazables y que atentan contra la dignidad de las personas.
Decisión
firme, compartida por la sociedad en general y por el mundo del deporte en particular. Además de legislar, tenemos que hacer un esfuerzo más entre todos, implicar al conjunto de los actores del deporte para transmitir precisamente los
valores positivos del deporte como la solidaridad, la cooperación o la tolerancia. Los aspectos más novedosos de este proyecto de ley son: la regulación diferenciada de las responsabilidades y obligaciones de las personas espectadoras y
organizadoras de competiciones, pruebas y espectáculos deportivos; la regulación de la suspensión de competiciones y clausura de instalaciones deportivas para mantener la seguridad y el orden público en caso de incidentes violentos, racistas,
xenófobos o intolerantes; la regulación del régimen sancionador contra este tipo de conductas, junto con el establecimiento del régimen disciplinario específico contra las mismas en el ámbito deportivo. Pero hay más novedades: la creación de la
comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, órgano colegiado que sustituirá a la actual Comisión nacional para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos y, señorías, lo que mi grupo
parlamentario considera una novedad muy importante, la introducción de instrumentos de naturaleza preventiva, tanto en las atribuciones de la comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, como en el artículo 16 de
la ley, que hace referencia a las medidas de fomento de la convivencia y la integración por medio del deporte. Sin duda, la ley tras su paso por esta Cámara y por el Senado se ha mejorado, incidiendo en aspectos que clarifican las reivindicaciones
de índole competencial y el respeto a las competencias autonómicas atribuidas a las comunidades autónomas por sus estatutos de autonomía en materia de deporte.
Señorías, en mis intervenciones anteriores manifesté reiteradamente que en ningún momento el Gobierno ha tenido la menor intención, con la presentación de esta ley, de invadir competencias reguladas en los diferentes estatutos de autonomía.
Insistí en el diálogo y en que el trámite parlamentario nos permitiría acercar posiciones. Fueron muchas las enmiendas aceptadas en Comisión y en Pleno, mostrando una clara voluntad de acercamiento y consenso, por parte de mi grupo parlamentario y
por el resto de los grupos. En este sentido, las enmiendas transaccionales introducidas en el Senado, y que compartimos, han contribuido a clarificar las posibles dudas que persistían sobre todo en el ámbito de aplicación de la ley, pero han sido
muchas más las novedades introducidas en el trámite parlamentario en ambas Cámaras: la creación de la figura del defensor del deportista, con la función de canalizar las posibles quejas o denuncias que puedan producirse hacia los órganos
disciplinarios o judiciales asignados por nuestro ordenamiento jurídico, y también se han introducido modificaciones legislativas sobre responsabilidad civil, con la pretensión de regular de modo específico la responsabilidad civil en el ámbito
propio del deporte y de los espectáculos deportivos. Junto a las anteriores modificaciones, un número importante de ellas ha contribuido a precisar la definición de racismo, la definición más concreta de actos o conductas violentas o la introducida
en el Senado como enmienda transaccional que modifica la letra a) del apartado dos del artículo 2, y que añade a las formas de discriminación las derivadas del origen geográfico-social. En el trámite en el Senado se han introducido o modificado
otros aspectos relevantes como introducir una nueva letra al artículo 36, la d), creando las sanciones de carácter reinsertivo en el ámbito disciplinario o deportivo, con el fin de que el infractor conozca las consecuencias derivadas de sus actos.
Además, se ha añadido un nuevo apartado al artículo 37, legitimando a la comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte para impugnar resoluciones federativas en la vía deportiva. Asimismo, se ha
modificado el título del capítulo IV del título I de la ley por el de suspensión de competiciones y de instalaciones deportivas por entender que está más de acuerdo con el contenido normativo que desarrolla el capítulo IV del título I. Comparto, por
cierto, la apreciación del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a que la redacción no es muy clara. No quiero olvidarme, señorías, del párrafo añadido al apartado IV del preámbulo de la ley para dejar constancia del trabajo realizado
en el Senado, en la Comisión especial de estudio para Erradicar el Racismo y la Xenofobia del Deporte.
Quiero dar las gracias y reconocer en nombre de mi grupo parlamentario el trabajo desarrollado por SS. SS., senadoras y senadores, que han
trabajado en esta Comisión.
Finalizo, señoras y señores diputados. Más de cien enmiendas recogidas en la ley en esta Cámara, en Comisión y en Pleno; nueve, incluidas las transaccionales, en el Senado. Sin duda hoy la ley es mejor que cuando comenzamos su discusión y
sin duda es mejor gracias a la aportación de todos los grupos parlamentarios y, en especial, al trabajo de sus portavoces.
Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. (Pausa.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: Señorías, los grupos parlamentarios han manifestado a la Mesa su deseo de proceder a la adopción de una declaración institucional sobre la muerte de seis soldados en Líbano.
Tiene la palabra la señora secretaria primera.
La señora SECRETARIA (Sainz García): Seis cascos azules de las Fuerzas Armadas españolas han muerto y dos han resultado heridos como consecuencia de un atentado criminal en Líbano, donde se encuentra el contingente español encuadrado en las
fuerzas de interposición de las Naciones Unidas.
El Congreso de los Diputados quiere, en primer lugar, mostrar solidaridad con las familias, amigos, compañeros y transmitirles apoyo y cariño en circunstancias tan dolorosas. Seis soldados han sacrificado sus vidas en una misión noble al
servicio de todos los españoles y en el trabajo por la paz para una tierra tan castigada. Hoy honramos la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, Juan Carlos Vidoria Díaz, Jonathan Galea García, Jefferson Vargas Moya, Manuel David
Portas Ruiz, Jackson Alejandro Castaño Abadía y Jhon Erickson Posada Valencia. El Congreso de los Diputados pide al Gobierno de Líbano y a Naciones Unidas un compromiso firme para esclarecer los hechos y poner a disposición de la justicia a quienes
han cometido tan vil asesinato. Este crimen contra quienes con tanta generosidad se dedicaron a trabajar por la paz muy lejos de sus casas no puede quedar impune. El Congreso de los Diputados, frente a este atentado criminal, quiere mostrar apoyo
y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas que con su excelente trabajo en las operaciones exteriores prestan un gran servicio a los españoles y a tantas personas con dificultades en el mundo. Su sacrificio supone un ejemplo para todos los
españoles, rinde también un homenaje a esta misión de interposición de Naciones Unidas en Líbano en la que participan militares españoles, tan necesaria para conseguir un mundo más seguro y más justo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 278; en contra, dos; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se suspende la sesión, hasta mañana.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.