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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 263, de 19/06/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 263
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 245
celebrada el martes, 19 de junio de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día... (Página 13133)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie B, número 139-1, de 23 de diciembre de 2004. (Número de expediente 122/000122.)... (Página 13133)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 13142)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 13142)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 550, de 11 de mayo de 2007. (Número de expediente 162/000592.)...
(Página 13142)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados en Castilla-La Mancha por los graves daños y pérdidas causados por el granizo, las lluvias y los fuertes
vientos sufridos en el mes de mayo de 2007. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 560, de 1 de junio de 2007. (Número de expediente 162/000603.)... (Página 13150)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y su efectividad.
(Número de expediente
173/000200.)... (Página 13155)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para erradicar la violencia de género en España. (Número de expediente 173/000202.)... (Página 13155)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al cálculo efectivo y publicación anual de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. (Número de expediente 173/000201.)...
(Página 13164)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día... (Página 13133)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, en el sentido de debatir
acumuladamente los puntos 4 y 6, relativos respectivamente a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género y su efectividad, y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 13133)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales...
Defiende la proposición de ley el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Señala que a pesar de que esta iniciativa se presentó en el registro de la Cámara hace tres años, sigue plenamente
vigente. Uno de los déficit más importantes de la Administración local, como todo el mundo sabe, es su insuficiencia financiera y hoy, pasados treinta años de las primeras elecciones, todavía no se ha conseguido el objetivo de dotar a los entes
locales de un sistema de financiación satisfactorio o al menos de un sistema capaz de dar cumplimiento a los principios de autonomía local y suficiencia consagrados en los artículos 140 y 142 del texto constitucional.
Manifiesta que su grupo cree imprescindible que se aborde una reforma del actual sistema de financiación local, reforma que es respetuosa con el principio de autonomía reconocido en el artículo 137 de la Constitución, que implica
necesariamente que los gobiernos locales deben disfrutar de la suficiente soberanía normativa para decidir el nivel de sus ingresos tributarios, sus modulaciones, las exenciones, bonificaciones y, por supuesto, la gestión de los mismos.
Finaliza señalando que la reforma que proponen intenta ser una propuesta que pretende mejorar y corregir el sistema fiscal local y redefinir la relación económica de los municipios del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 13142)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 13142)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se rechaza por 12 votos a favor, 257 en contra y 14 abstenciones.
Proposiciones no de Ley... (Página 13142)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre protección de los defensores y defensoras de derechos humanos... (Página 13142)
Defiende la proposición no de ley la señora Sánchez Rubio, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Señala que en el programa electoral del Partido Socialista para 2004 se afirmaba que los derechos humanos son el
fundamento del sistema de libertades sobre el que descansa nuestro ordenamiento constitucional. Su promoción y respeto será uno de los componentes esenciales de la política exterior.
En su opinión es importante que se reconozca el papel y el valor del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que protegen a los defensores de derechos humanos. También es importante que se establezcan, conjuntamente con la
representante diplomática de los Estados miembros de la Unión Europea, puntos de contacto con los defensores de derechos humanos amenazados y que se fomente el establecimiento de lazos de cooperación entre los mecanismos universales y regionales de
protección por parte de las organizaciones internacionales, de manera que se garantice una mejor coordinación y una estrategia efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos de todo el mundo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados en Castilla-La Mancha por los graves daños y pérdidas causados por el granizo, las lluvias y los fuertes
vientos sufridos en el mes de mayo de 2007... (Página 13150)
Defiende la proposición no de ley la señora Quintanilla Barba, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que los daños causados por las lluvias, el granizo y los fuertes vientos han sido muchos y muy considerables
en todas las comunidades autónomas pero la estimación es que las pérdidas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha son de 136.000 hectáreas de viñedo y alrededor de 280.000 hectáreas de cereal. El problema no es solo para este año, sino que
en cultivos como la vid muchos agricultores se han despedido de la del año que viene. Van a tener que esperar varios años para recuperarse y volver a recoger una cosecha, puesto que el agua continúa embalsada en algunas zonas provocando que las
raíces se pudran, por lo que tendrán que arrancar las vides y plantar de nuevo. Por ello, las pérdidas en la agricultura están suponiendo un duro revés para miles de familias que dependen absolutamente de la agricultura y que es la creación de
empleo de los municipios afectados. Ante esto, en su opinión, el Consejo de Ministros lo único que hizo fue tomar un acuerdo
para que se valorasen los daños y se aplicase el real decreto que establecía medidas para zonas catastróficas, pero a nivel de enseres, de viviendas, pero no para la agricultura.
Finaliza pidiendo al Gobierno que haga un real decreto-ley para Castilla-La Mancha con la misma celeridad que lo hizo en las inundaciones del Ebro en las comunidades autónomas como Aragón, La Rioja, Navarra y Cataluña durante la última
semana de marzo y la primera de abril, y que ese real decreto recoja las medidas que establece la iniciativa presentada, como es poner en marcha créditos al cero por ciento para el mundo agrícola.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Alonso Núñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene la señora Quintanilla Barba.
El señor Padilla Carballada solicita la palabra por alusiones, que no le es concedida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, se aprueba por 294 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados en Castilla-La Mancha por los
graves daños y pérdidas causados por el granizo, las lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de mayo de 2007, se aprueba por 295 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 13155)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Re-publicana (ERC), sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y su efectividad...
(Página
13155)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para erradicar la violencia de género en España... (Página 13155)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) la señora Oliva i Peña.
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Camarero Benítez.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Pigem i Palmés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió), relativa al cálculo efectivo y publicación anual de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado... (Página
13164)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC) y Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda transaccional a las mociones de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 291 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al cálculo efectivo y público anual de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la
Administración General del Estado, se rechaza por 24 votos a favor, 139 en contra y 127 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al Pleno del Congreso del martes 19 de junio de 2007.
Información a la Cámara. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, en el
sentido de debatir acumuladamente los puntos 4 y 6, relativos respectivamente a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género y su efectividad, y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Gracias. En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Número de expediente
122/000122.)
El señor PRESIDENTE: Punto I el orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En primer lugar, para defender la proposición de ley, por un tiempo de quince minutos, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, traemos a debate una proposición de ley que este grupo parlamentario presentó en el registro de la Cámara a principios de la legislatura, y entendemos que hoy, tres años después, sigue plenamente vigente.
Ciertamente no se escapa a nadie en esta Cámara, sobre todo teniendo presente que entre SS.SS. hay muchos alcaldes y concejales de ayuntamientos, que uno de los déficits más importantes de la Administración local es su insuficiencia
financiera. Estos días se ha conmemorado el 30º aniversario de las primeras elecciones -permítanme la expresión- casi democráticas. Pasados los treinta años de recuperación de los ayuntamientos democráticos, a día de hoy todavía no se ha
conseguido el objetivo de dotar a los entes locales de un sistema de financiación satisfactorio o al menos de un sistema que sea capaz de dar cumplimiento a los principios de autonomía local y suficiencia consagrados en los artículos 140 y 142 del
texto constitucional español. En particular, la crónica insuficiencia financiera de los ayuntamientos debe entenderse en dos sentidos: por un lado, respecto a las competencias que la ley actualmente les atribuye; por otro, respecto a las
legítimas aspiraciones que las corporaciones locales tienen dentro del papel que les corresponde en el ordenamiento competencial de una Administración pública descentralizada en tres niveles de gobierno. Asimismo, es de destacar que muchos
municipios realizan una importante labor de suplencia en servicios y funciones que son de titularidad de otras administraciones y que como Administración más próxima al ciudadano se ven en la necesidad de cubrir para satisfacer al mismo. Esto
representa, además, una importante dedicación de recursos económicos que deberían destinar a otros menesteres propios de la Administración local. Por ello, nuestro grupo parlamentario cree imprescindible que se aborde una reforma del actual sistema
de financiación local que intentamos se fundamente en los siguientes principios normativos que, si bien no son extraños en la ordenación jurídica actual del Estado español, han sido conculcados en diversas ocasiones en la configuración práctica del
modelo vigente actualmente.
La reforma que proponemos es respetuosa con el principio de autonomía reconocido en el artículo 137 de la Constitución española, que implica necesariamente que los gobiernos locales deben disfrutar de la suficiente soberanía normativa para
decidir el nivel de sus ingresos
tributarios, sus modulaciones, es decir, las exenciones, bonificaciones, etcétera, y, por supuesto, la gestión de los mismos.
La reforma se fundamenta también en el principio de suficiencia establecido en el artículo 142 de la Constitución española e implica que las corporaciones locales deban contar con un sistema de transferencias de los otros niveles
administrativos, es decir, del Estado y de las comunidades autónomas, que complementen de forma eficaz el sistema tributario local, que actúe como nivelador de la diferente capacidad fiscal de los territorios y revierta en el municipio parte del
esfuerzo fiscal que los ciudadanos realizan en otras administraciones. Este sistema debe evolucionar de forma dinámica y paralela a los beneficios fiscales de las administraciones estatal y autonómica. Ciertamente, aquí no abordamos la
participación de los municipios en los tributos propios de las comunidades autónomas porque este no es el lugar ni esta es la ley para establecerlo, pero sí se establecen modificaciones y mejoras sustanciales en la participación de los municipios en
los impuestos estatales que deben permitir la obtención de unos ingresos por este concepto muy superiores a los que actualmente disponen.
La responsabilidad fiscal es otro de los principios que debería regir el sistema de financiación de las haciendas locales y en el que también se inspira la reforma que hoy proponemos. Es cierto que los municipios actualmente ya gozan de un
alto nivel de responsabilidad fiscal, pero es de remarcar la voluntad de los municipios de que una parte significativa de sus recursos tengan su origen en figuras tributarias directamente vinculadas a los entes locales.
El cuarto de los principios básicos que debe regir el sistema de financiación local es, a nuestro entender, el de la equidad. El sistema debe garantizar que, con el mismo esfuerzo fiscal y la misma población, los gobiernos locales deban ser
capaces de suministrar a sus ciudadanos el mismo nivel de servicios públicos, con independencia de la capacidad fiscal de los territorios y de la necesidad de gasto que en cada uno de ellos comporte la prestación de los servicios.
Finalmente, el quinto y último principio normativo que debe regir la financiación local es el de la correspondencia entre los principios impositivos y la naturaleza de los servicios públicos locales. Así, los principios de beneficio y de la
capacidad de pago que fundamentan la mayor parte de los sistemas tributarios deben encontrar en el ámbito local la formulación más adecuada en relación con los servicios que presta la Administración. De igual modo, los servicios públicos de
carácter no personal, los servicios urbanísticos y los que benefician la actividad privada se conectan mejor con los impuestos sobre la propiedad, las tasas y también los precios públicos. Por el contrario, los servicios personales se relacionan
mejor con los impuestos sobre la renta y el consumo.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado la proposición de ley de reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el ánimo de resolver de forma puntual y transitoria, si cabe, la relación económica entre el
municipio y el Estado, claramente deteriorada después de la reforma efectuada en su día por el Partido Popular y que muchos hemos convenido en que es necesario modificar.
También pretendemos, mediante pequeños cambios puntuales en la ley, ganar
autonomía local en materia de financiación y tributación. Somos conscientes de que la reforma que proponemos no es definitiva ni tan siquiera refleja fielmente el modelo de financiación local propugnado por Esquerra Republicana. Intenta ser, pues,
una propuesta posibilista que busca mejorar y corregir el sistema fiscal local y redefinir la relación económica de los municipios con el Estado.
Nuestro sistema para Cataluña pasa por que la Generalitat sea quien gestione todas las transferencias y tenga plena y única competencia económica y legislativa sobre las haciendas locales catalanas. Este es el escenario ideal para nuestra
formación política. Debemos admitir que en el nuevo Estatuto algo se ha mejorado al respecto, pero, como siempre, nos hemos quedado a medias tintas. A pesar de ello, esta reforma está pensada por el conjunto de los municipios del Estado español y,
por tanto, sigue vigente en toda su extensión. También nos motivó a presentar la propuesta en su día para abrir un debate real. La problemática de los recursos económicos municipales está en boca de todos los partidos.
Incluso en esta
legislatura, por parte del Gobierno se ha hablado de la necesidad de abordar su reforma. Los ayuntamientos, las asociaciones municipales de toda naturaleza y filiación política exigen también la reforma. No obstante, la discusión sobre el tema de
la financiación de los ayuntamientos no ha pasado de una queja continua, ya que nadie en esta Cámara, a excepción de nuestro grupo parlamentario y dicho con toda modestia, ha presentado con rigor ninguna iniciativa de reforma de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Pretendemos, pues, abrir el debate, forzar a que todos los grupos parlamentarios y actores del municipalismo entren en el debate y manifiesten sus posiciones. Quizás haya grupos que no compartan algunas de las reformas que se proponen, pero
no por ello debemos esquivar el debate en el trámite parlamentario e intentar mejorar un texto cuya finalidad es universal y, a nuestro entender, justa. Se trata de mejorar la financiación de las corporaciones locales, la Administración más próxima
al ciudadano y, a pesar de ello, la que gestiona menos proporción del gasto público total, un mal que afecta a todos los ayuntamientos, con independencia del color político que los gobierne. Hemos centrado nuestra defensa de esta proposición de ley
hablando de los principios generales que entendemos deben regir la financiación de los entes locales y, por ende, los principios que inspiran la reforma. No he hablado de los aspectos concretos de la reforma en sí. Podemos decir que todas las
reformas pueden ampararse bajo dos paraguas. En primer lugar,
la de la mejora de los municipios en los ingresos del Estado y, en segundo lugar, en la modificación puntual del sistema tributario municipal. No obstante, no entraré en el detalle de cada uno de ellos. Seguro que ustedes han tenido la
posibilidad de estudiar con detenimiento el total contenido de la proposición de ley que les sometemos a consideración.
Para concluir, quiero decirles que esto nos afecta a todos. Podemos y debemos mejorarla. Por ello, les pido tengan a bien
considerar la admisión a trámite de la proposición que ha presentado nuestro grupo parlamentario. Entendemos que sería iniciar este próximo período de sesiones con un texto para debatir en el Parlamento que reportaría grandes beneficios a la
Administración local.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardà.
¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.) Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar nuestra posición respecto a la proposición de ley que presenta ERC a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, que tiene como objetivo tratar de corregir la insuficiencia crónica de los ayuntamientos.
Desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos y comprendemos la magnitud de este problema que impide un funcionamiento eficaz de la Administración local. Compartimos también la necesidad de modificar la configuración actual en la participación de
ingresos del Estado, así como de operar modificaciones legislativas en la tributación municipal que favorezcan una mayor corresponsabilidad fiscal y, por lo tanto, de suficiencia financiera. Sin embargo, creemos que esta proposición de ley adolece
de una grave carencia. Se trata del papel que consideramos deben jugar las comunidades autónomas en este proceso. Solo existe una pequeña referencia al incluirse su participación en el nuevo diseño que se propone para el fondo complementario de
financiación. Así, ante una modificación del actual sistema de participación en los ingresos del Estado, PIE, desde el BNG consideramos que se deben tener en cuenta los dos siguientes objetivos: primero, propiciar la integración plena de la
transferencia de la PIE a los presupuestos de la Xunta de Galicia; segundo, incrementar la cuantía de la PIE atendiendo al mayor coste de los servicios derivados de la superficie territorial, de la dispersión y del envejecimiento de la población.
Desde el BNG consideramos que estos dos objetivos se deben englobar en una visión estratégica que apueste por la internalización de las entidades locales, convirtiendo de este modo el ámbito autonómico en el espacio de referencia de los
ayuntamientos. Por tanto, si bien compartimos la necesidad de una reforma que posibilite un marco financiero local que garantice la suficiencia económica, discrepamos en el papel que se le adjudica a las comunidades autónomas en este proceso. De
todos modos, señorías, señor Tardà, votaremos favorablemente la admisión a trámite como proposición de ley debido a que entendemos que en dicha tramitación podríamos plantear, mediante las enmiendas correspondientes, aquellas cuestiones que,
cumpliendo el objetivo que acabamos de exponer, pudieran verificar en ese trámite nuestra postura. Por consiguiente, manifestamos nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Navarro, por Izquierda Unida.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
La iniciativa de Esquerra Republicana nos permite poner de actualidad la necesaria reforma de la financiación local. Después de más de veinticinco años de recuperación de los ayuntamientos democráticos, apenas se ha avanzado en el
desarrollo de los principios de autonomía y suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución para la Administración local, encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de la Unión Europea. Las reformas
efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema, la clarificación de competencias y transferencia de recursos de acuerdo con el principio de subsidiariedad cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la
Administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática. Concretamente, las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos
conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local. Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación. Actualmente el gasto del sector público se distribuye
entre más de un 50 por ciento a la Administración central, aproximadamente un 36 por ciento a las comunidades autónomas y un 13 por ciento a la Administración local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20 por ciento. Esto revela
una evidente contradicción en uno de los países más descentralizados de Europa; se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado, mientras que los ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de
aportaciones o subvenciones finalistas que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones. Los ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, es la Administración a la que se dirigen casi todas las demandas
de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general. Por ello es necesario que las reformas legales contemplen
en toda su amplitud el principio de subsidiariedad y, además, que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las entidades locales se acompañe de los recursos económicos y personales
necesarios, con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada. Es imprescindible potenciar el marco abierto de la negociación al objeto de avanzar en el desarrollo de la autonomía y
suficiencia financiera de la Administración local. Concretamente, ya en marzo de 2005 se suscribió entre el Gobierno y la FEMP un acuerdo para desembocar en una reforma del modelo de financiación local; tiempo ha pasado desde la suscripción de
este acuerdo. Recientemente hemos podido leer en los medios de comunicación que el presidente del Gobierno y el ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la FEMP participe en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local. El presidente de la FEMP asegura
que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, la reforma de la financiación en paralelo con la de la financiación autonómica o la creación de un fondo que compense a
los municipios con menos de veinte mil habitantes. Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del IAE o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a
inmigrantes que se han llevado a cabo en los distintos presupuestos generales del Estado con enmiendas de Izquierda Unida.
Sería positivo que en la intervención del Grupo Socialista nos aclararan estos extremos respecto a las manifestaciones hechas públicas en los medios de comunicación porque son determinantes tanto para el voto -me imagino- de muchos grupos
parlamentarios, como para las reivindicaciones que nos quedan por hacer en lo que resta de legislatura. Cierto es que los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en el Estado
español en las últimas dos décadas. La descentralización del Estado y su financiación sigue siendo uno de los temas fundamentales de la política española, con las reformas; sin embargo, en paralelo, el actual sistema de financiación de las
haciendas arrastra serios problemas estructurales que todos conocemos: la Administración local va asumiendo competencias que son responsabilidad de administraciones centrales o autonómicas.
A pesar de que, según también hemos podido leer en los medios de comunicación, es probable la tramitación de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, que sería la ley de gobierno local, aún no están contempladas en esta nuevas formas de
financiación. Seguramente la nueva ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias, según el borrador al que hemos tenido acceso, y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los
mecanismos de gestión municipal -algo altamente positivo-, pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales; una reivindicación que hemos hecho todos los grupos parlamentarios -incluso el Grupo
Socialista desde la oposición- y cuya necesidad es más que patente.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) nos sirve para reclamar una vez más la reforma de las fuentes de financiación local, para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera. Respecto a
las reivindicaciones y orientaciones básicas de las propuestas de Izquierda Unida, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya entiende que es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de
los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios. Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal, y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los
tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de Esquerra Republicana profundiza en esta cuestión. A modo de ejemplo, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por el
IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad. El impuesto sobre bienes inmuebles podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados,
bonificaciones a las familias numerosas en razón del valor catastral de la vivienda y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son solo algunos ejemplos de lo
que se podría llevar a cabo.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de
calidad, que ha de ser el objetivo de toda administración pública. Sin embargo, el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales.
Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal
local aumentando la capacidad normativa municipal, invitando a los ayuntamientos a actuar en este sentido, a que existan vías de financiación y no buscar caminos ajenos a la legalidad que, aunque en muchas ocasiones no hayan tenido el rechazo de los
ciudadanos, sí que han de tener el rechazo de esta Cámara.
La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado también ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las
medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía según el tamaño de la población donde reside genera grandes desigualdades. Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos -la población sería uno básico- y definir factores
compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial. También esta es una demanda que vemos a menudo que viene por parte del ámbito municipal e incluso de muchas comunidades autónomas. Es
necesario incrementar las transferencias de las comunidades autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y
considerando el coste efectivo. Se trata de cumplir el principio constitucional de autonomía local que implica que los municipios sean autónomos financieramente. Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos por los entes
locales, modificar la transferencia destinada por las comunidades autónomas de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas. La reforma autonómica y municipal del sistema de financiación territorial debería abordarse en su conjunto, como así
parece ser que se ha propuesto por parte del Gobierno, para de este modo garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración, de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia,
equidad y corresponsabilidad fiscal. Ha llegado el momento de abordar cambios después de veinticinco años de democracia en que los ayuntamientos todos sabemos que han sido los grandes olvidados. Ha llegado el momento de abordar reformas en el
gobierno local y su financiación con el fin de que este proceso de cambio no se dilate más en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco (EAJ-PNV). Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como casi siempre que debatimos y votamos iniciativas de carácter tributario, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso se va abstener en esta proposición de ley que trae a esta Cámara el Grupo de Esquerra
Republicana de Catalunya, con el fin de modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Nos vamos a abstener fundamentalmente porque la
modificación de la financiación municipal que se plantea en el proyecto de ley no afecta de ninguna manera a la financiación ni al propio modelo que se aplica tanto en la Comunidad Autónoma de Euskadi como en la Comunidad Foral de Navarra. Por el
Concierto Económico vasco y por el Convenio tenemos competencia normativa completa en este sentido. De igual manera, la creación de un nuevo impuesto voluntario sobre pernoctaciones que se plantea en el artículo 110 bis es en nuestro caso potestad
de los ayuntamientos vascos.
De ahí nuestra abstención.
No obstante, quisiera señalar que en nuestra opinión este proyecto presentado hace ya más de dos años por el Grupo de Esquerra Republicana pierde fuerza desde el momento en que se está planteando una reforma más global en la financiación
autonómica. Quizás sería más oportuno replantearse la financiación municipal en el marco de dicha reforma, otorgándole un carácter más global al tema de la financiación de los diferentes niveles institucionales, tanto del Gobierno central como
gobiernos autonómicos y corporaciones locales. Por tanto, nuestro grupo se va a abstener como ya he anunciado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El programa
electoral de nuestra federación, con el que concurríamos a las elecciones generales, rezaba en este capítulo dedicado a la financiación local con el tenor literal: Se modificará la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el objetivo de la
plena suficiencia financiera. Desde Convergència i Unió se consideraba -y se sigue considerando- insuficiente el actual sistema de financiación local.
Sería del todo necesaria su mejora definitiva gracias a la participación en la recaudación de
impuestos del Estado en el municipio y un incremento de la cantidad de los recursos para las entidades locales procedentes de la Administración General del Estado, que mantiene resultados de superávit por cierto, con el fin de que aumente el global
de los recursos disponibles en las administraciones locales. También planteábamos la necesidad de reducir el carácter básico de la normativa estatal en el ámbito financiero que abría más posibilidades de despliegue a nivel de las comunidades
autónomas.
No vamos a profundizar en el análisis del desequilibrio en las haciendas locales, en la evolución y en el estado actual de los déficits de las arcas municipales, ni en los porcentajes de participación de los diferentes niveles de las
administraciones públicas, local, autonómica y estatal, en el gasto público global y su tendencia en los últimos años en relación con los objetivos primigenios, ni en el papel que juegan los ayuntamientos o corporaciones locales en el bienestar de
los ciudadanos a través de sus propias competencias y la lógica exigencia ciudadana a la Administración más próxima, que es la municipal, del principio de subsidiariedad que debe
inspirar toda política y gestión pública, ni en el gasto supletorio asumido por los ayuntamientos por aquella presión de la proximidad, etcétera, porque ya se refleja, a nuestro juicio acertadamente, en la exposición de motivos de la
iniciativa -también se ha comentado por parte de otros portavoces-, que no hacen más que reproducir los análisis de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, de la Federación de Municipios de Cataluña y de la FEMP que desde siempre, en sus
estudios y ponencias, vienen denunciando el desequilibrio financiero de las corporaciones locales sin que nada tenga que ver el color político de unos y otros. Otra cuestión es evaluar la oportunidad de la iniciativa a estas alturas de la
legislatura, por un lado, porque que lo avanzado de su andadura hace poco probable que los trabajos legislativos puedan llegar a fin dentro de los correspondientes plazos y, por otro, por el procedimiento de su formulación, en donde sin duda
deberían tener un mayor y fuerte protagonismo las organizaciones y entidades municipalistas, evidentemente la Federación Española de Municipios y Provincias, pero sin olvidar a las otras entidades municipalistas de nivel territorial como, por
ejemplo, la Eudel, de municipios vascos, o la ACM en Cataluña, que agrupa a más de 900 corporaciones locales, y otras en diferentes comunidades autónomas. Nuestro grupo considera dudosa la oportunidad temporal de la iniciativa e inapropiado el
camino trazado por el grupo proponente, que no permitirá que la iniciativa, necesaria en términos de objetivos generales, prospere.
Desde el punto de vista estrictamente autonómico y estatutario, no deja de sorprendernos la iniciativa de Esquerra Republicana en relación con la financiación local y que la haya mantenido hasta hoy, por extemporaneidad -se presentó, lo
decía el señor Tardà, a principios de legislatura- y porque las circunstancias han cambiado respecto al momento de su presentación, por cuanto algunos de los contenidos de la propuesta quedan claramente superados por lo establecido en el Estatut de
Catalunya en sus artículos 218 y siguientes, en cuyo contexto deberían ser desarrollados a instancias del Gobierno catalán, según establece el artículo 220, que prevé que el Parlament de Catalunya aprobará su propia Ley de Haciendas Locales
independientemente del desarrollo ulterior de otras comunidades autónomas que han tomado como punto de partida ese Estatuto, aunque en algunos casos lo hayan criticado.
Entrando sucintamente en el contenido de la proposición de ley, las modificaciones de la normativa propuestas contienen algunas medidas que nuestro grupo considera interesantes y que significan una actualización y puesta al día de la
fiscalidad municipal, con algunas figuras que resultan innovadoras como, por ejemplo, la modulación ambiental del IAE aplicable a las empresas de servicios energéticos y de comunicaciones en lo que se refiere a observar el impacto de las antenas de
telefonía móvil, incentivar el soterramiento de cables de suministro eléctrico o gravar las construcciones inacabadas, etcétera. En términos generales, y dicho con toda rotundidad, nuestro grupo interpreta la filosofía del conjunto de las
modificaciones como un aumento importante, inaceptable y rechazable de la presión fiscal directa municipal, cuando nuestra posición gira, en cambio, en torno a la necesidad de mantener, cuando no rebajar, la presión fiscal ejercida directamente por
los municipios y primar y aumentar las aportaciones del Estado a las haciendas locales a través de la figura de la PIE, participación en los ingresos del Estado, modificándola en la línea de transferir a las comunidades autónomas los recursos
equivalentes a la aplicación de un porcentaje determinado en el pacto fiscal de participación en la recaudación de la parte estatal del IRPF, del IVA y de los impuestos estatales que se han generado en la propia comunidad autónoma. Debería ser el
Parlamento autonómico el que, después y por ley, de acuerdo con unas bases estatales, distribuyera ese fondo entre sus ayuntamientos y entes locales teniendo en cuenta el principio de autonomía municipal, la suficiencia financiera y aplicando
criterios objetivos como pueden ser, más allá de los que hoy en día existen, el de población, el esfuerzo fiscal medio, la capacidad tributaria de cada municipio, la prestación de servicios, las necesidades de reequilibrio territorial, municipios
turísticos, de montaña, agrarios, con núcleos agregados, etcétera.
El caso más claro de incremento de presión fiscal en la propuesta de Esquerra y que fundamenta en gran medida que no vayamos a apoyar su toma en consideración, contrariamente a la conducta habitual de nuestro grupo, es el establecimiento de
lo que se denomina en la parte dispositiva de la iniciativa impuesto sobre pernoctaciones, que nuestro grupo rechaza y califica de gravoso, discriminatorio y de compleja y polémica gestión, que a nuestro juicio no colabora a resolver la problemática
financiera de los municipios turísticos, cuya solución sigue estando pendiente de lo que debería discurrir por otros caminos. En cualquier caso, debería contar de antemano con la complacencia o complicidad al menos del sector turístico y estar
basado en estudios sobre la percepción de tal medida en los mercados turísticos emisores, para evitar un efecto bumerán inverso en las arcas municipales provocado por la caída de la demanda de turismo debida al incremento de precios por repercusión
del incremento de la presión fiscal. Véase el ejemplo balear.
En definitiva, nuestro grupo entiende que cabe y debe abordarse la financiación de los municipios y entidades locales en el contexto del nuevo marco autonómico y estatutario, pero considera que ahora no es el momento ni que este es el camino
ni el procedimiento oportuno y efectivo, como comprobaremos en la votación de la iniciativa. Nuestra posición va a ser, pues, la de abstención.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Popular. Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores diputados, como hablamos de política local, aunque sea en su vertiente de financiación, y como nos referimos a la vida de los ciudadanos en los pueblos y ciudades, hoy podemos
saludar con cierta satisfacción que la fiesta taurina fuera reivindicada en Barcelona el pasado domingo por la libertad de aquellos a quienes sencillamente les gusta esa fiesta.
(Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Muy bien!) Dicho esto,
señorías, señor Tardà, comprenderá -una vez más se lo digo- que como su grupo nunca mantiene contacto con nosotros para nada útil -ni inútil-, tampoco lo ha hecho en esta ocasión. Como puede esperar, por las razones que voy a exponer, le anuncio
que nos vamos a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Bueno es decir en este momento que nos sorprende esta iniciativa por antigua y por oportunista. Han tenido cuatro años y han participado de cerca e indirectamente en el Gobierno mediante su apoyo, pero parece que todas estas inquietudes
surgen ahora, cuando nos aproximamos al final de la legislatura, supongo que para reivindicar no sabemos exactamente qué, porque la proposición de ley, además de un poco caduca, es bastante mala.
Dicho esto, añadiré que nos sorprende que se
descuelguen con iniciativas de este tipo que no cursan en su estrategia política nuclear, que está anclada -como lo están ustedes y otros- en lo que se puede denominar la medievalización del Estado. Les aconsejo la lectura del magnífico trabajo de
Alain Minc: La nueva Edad Media. El gran vacío ideológico, porque estoy seguro de que se van confortar mucho políticamente con la lectura de esa obra.
En cuanto al Grupo Socialista, que sí ha hablado con nosotros, he de decir que habrá visto que somos sensibles a los criterios de responsabilidad institucional y política. Lo somos y lo hemos sido en este caso. Es sorprendente que el
vicepresidente económico Solbes ayer en el Senado, no hace tres meses, a estas alturas de la legislatura nos cuente, en un contexto en el que aumenta el protagonismo de las comunidades autónomas en el gasto del conjunto del Estado, que se reduce el
del Gobierno central. Teniendo en cuenta la Comisión en la que comparecía, algo podría alguna vez decir este Gobierno antes de concluir si realmente tiene alguna apuesta real por el fortalecimiento de las entidades locales y, por lo tanto, de su
economía. Como es natural, basta ver el anteproyecto de Ley de Régimen Local para ver que evidentemente ahí no hay nada de eso, razón por la cual no lo hemos compartido, como hemos dicho reiteradamente.
Entrando en una síntesis, que procuraré que sea apretada, de las razones por las que no compartimos concretamente este texto, no es la primera vez que se trae a la Cámara un debate en materia de financiación local en esta legislatura. Lo
hicimos en los primeros meses de 2005 como consecuencia de una interpelación del grupo que hoy pretende que se tome en consideración esta proposición de ley; también como consecuencia de otras iniciativas presentadas por otros grupos. No es
cierto, señor Tardà, que sean ustedes los únicos inquietos en esta cuestión. La postura de todos demuestra, eso sí, la existencia de un problema en este ámbito y la sensibilidad de la mayoría de los grupos sobre la materia, planteada desde la
perspectiva de clarificar las competencias de las corporaciones locales, mejorar su financiación e impulsar lo que nosotros habíamos introducido en el debate político con la expresión de la segunda descentralización, tres aspectos que deberían ser
indisolubles. Cuando se aborda esta cuestión en el debate parlamentario me encuentro satisfecho.
No me duelen prendas en reconocerlo, aunque en este caso sea a iniciativa del grupo que trae esta proposición y no la compartamos por muchas razones,
pero fundamentalmente -sobre las que ya he añadido en el momento inicial- porque discrepamos en una serie de conceptos básicos. En primer lugar, a Esquerra Republicana de Catalunya no le mueve el impulso de la descentralización local, que creemos
no comparte. Su idea medieval del Estado en este caso no bebe en las fuentes del municipalismo sino en otras. Lo único que pretende en su obsesión -no sabemos cuáles son sus fuentes- es sustituir el centralismo del Estado -tal como lo denominan
ustedes- por la tutela centralista de la comunidad autónoma, la suya, que, dicho sea de paso, es la única que les preocupa. Eso nos lleva a entender -vemos este proyecto y así lo interpretamos- que no se orienta a la autonomía local, no es la
autonomía local lo que tiende a impulsar sino precisamente esa otra idea básica que ustedes tienen.
Respecto de la modificación de la PIE, a la que se ha hecho referencia antes, así como a la cesta de impuestos estatales, si Esquerra tuviera verdadera voluntad de promover la suficiencia financiera de los ayuntamientos empezaría por su
propia casa, donde gobierna. La mayor parte de las autonomías -y la catalana no es una excepción- todavía no han articulado fondos no finalistas de participación en ingresos autonómicos para los entes locales en su territorio, mandato por cierto
contemplado, aunque a ustedes no les importe, en el artículo 142 de la Constitución. Hay que tener cuenta también que una parte importante de los servicios denominados impropios que prestan los municipios obedece, señor Tardà, a ámbitos de
competencia autonómica para los que la autonomía no provee ningún tipo de financiación y que no es solamente en el ámbito del Estado donde está la respuesta a este problema. Allí donde están ustedes en el tripartito no tienen ninguna inquietud que
poner en marcha; estarán muy ocupados en otras cosas más importantes. Por otra parte, señor Tardà, la propuesta de Esquerra obligaría a transferir a las comunidades autónomas desde el Estado la bolsa global de la PIE en el
porcentaje del 30 por ciento y cada comunidad autónoma lo repartiría entre sus municipios sobre la base de criterios aleatorios de equilibrio territorial y de suplemento de cooperación local. Sabiendo cómo aplican ustedes los criterios de
cooperación y ya puestos a eso, mejor que no se mueva nada a que desplieguen su imaginación sobre semejante cosa con los efectos generalmente no convenientes, oportunos ni ordenados que se pueden producir.
Finalmente, en esta proposición de ley hay medidas que inciden en la política económica, que son claramente intervencionistas y desincentivadoras del desarrollo económico: la participación del 10 por ciento en el impuesto sobre
hidrocarburos, que sustituiría al recargo en el IBI y que tendría una trascendencia que yo creo no han medido; la modificación del IBI para crear un recargo en zonas comerciales, o la tasa de pernoctaciones. Tienen ustedes una curiosa obsesión,
cada vez que constituyen tripartitos o bipartitos, en ocuparse de la pernoctación ajena para gravarla. ¡Qué barbaridad! No quieren ustedes que la gente descanse. Es terrible esto. Luego, cuando pierden el Gobierno dicen que no la volverán a
poner, pero en cuanto vuelven a estar en circulación, recuperan inmediatamente la iniciativa. Estimamos que su proposición alimentaría un criterio arbitrario en la concesión de bonificaciones y exenciones, puesto que concedería la posibilidad de
que el ayuntamiento otorgara bonificaciones fundamentadas en un genérico supuesto de beneficio de la comunidad. Ya sabemos que la única comunidad que a ustedes les gusta es la suya, que van a sus ayuntamientos a aplaudir los pactos de las retóricas
de progreso los días de constitución, las fiestas de los ayuntamientos y las demás fiestas de guardar cuando toca; eso de toca es muy importante. Nosotros tenemos una posición muy clara respecto de la financiación local. Entendemos que la reforma
competencial y la reforma de la financiación local deben ir juntas; que la financiación local no debe quedar desvinculada de la reforma de la financiación autonómica, por más que lo diga el señor Solbes. Ya que estamos en ese proceso, entremos en
él de una vez, pero, además de volver a hablar otra vez de la financiación autonómica, que se ocupe alguien alguna vez de esto, que ya es hora. Dichas reformas deben hacerse, a nuestro entender, desde la perspectiva de la multilateralidad entre la
representación de los entes locales, de las comunidades autónomas y del Gobierno y deben estar presididas por la transparencia en el necesario diálogo que se ha de producir. Termino en un minuto, señor presidente. En el lado práctico, estas
reformas han de buscar la supresión de duplicidades entre administraciones y el aumento innecesario del gasto público, de forma que se evite gravar injustamente al ciudadano.
Señor Tardà, estamos completamente de acuerdo en que es necesario encarar una reforma de la financiación local. Es cierto, porque es una idea de pluralismo, que estar de acuerdo en algo no quiere decir estar de acuerdo en todo ni decirlo de
la misma manera. Solamente es importante el camino que hay que seguir, aunque cada uno tenga sus fórmulas, y hay que encontrar los puntos de encuentro para encarar ese camino. Esta y otras posturas de su grupo y su testimonio político en esta
Cámara, en esta legislatura que empieza ya su camino final, también en este caso ponen de relieve lo que decía Charles Péguy, que es perfectamente de aplicación: El ideal consiste en morir por las ideas y la política en vivir de ellas, y parece que
ustedes solamente están en lo último.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Grupo Socialista. Señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, consideramos hoy la proposición de ley que presenta el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Sin entrar en demasía en la consideración concreta de la propuesta, que de entrada podríamos calificar de reiterativa -hace dos años subió a la tribuna el señor Puig, hoy el señor Tardà, pero el contenido de la propuesta es
prácticamente el mismo-, ateniéndonos a su toma en consideración, nuestro grupo considera que la pretensión que formula el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya es unilateral y extemporánea. Evidentemente, cualquier grupo parlamentario de esta
Cámara puede proponer aquello que crea necesario desde su punto de vista, pero en el caso que nos ocupa proponer una reforma profunda de la Ley de las Haciendas Locales choca con la extendida y practicada idea de la necesaria discusión con el mundo
municipalista, con el debate entre todas las fuerzas representativas que lo conforman sobre su ámbito y contenido. Asimismo, el hecho de que esta proposición fuera presentada al inicio de la legislatura, en diciembre de 2004, comporta que no tenga
en cuenta los trabajos realizados en este tema desde aquella fecha y el problema añadido de que en los momentos finales de la legislatura en los que nos encontramos esta toma en consideración -si se acordara- tendría pocas posibilidades de
recorrido.
Lógicamente, estas dos consideraciones temporales no pueden cargarse en el debe del grupo proponente, aunque deberían haber sido consideradas, especialmente si nos atenemos a cómo se desarrolló el debate del año 2005.
La situación de las finanzas locales está permanentemente encima de la mesa desde la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, allá en 1979. Sin embargo, la última reforma de la normativa que les afecta no es tan lejana, ya
que entró en vigor el 1 de enero de 2003, la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. Poco
tiempo había pasado cuando se presentó la propuesta que hoy consideramos -diciembre de 2004- para evaluar su efectividad y proponer una reforma profunda de la misma. Algunos datos nos indican -estaré hablando a contracorriente del resto de
los grupos- que, por lo general, la situación de las agendas locales ha mejorado. Por ejemplo, el porcentaje de endeudamiento de las corporaciones locales sobre el PIB en los últimos años ha bajado del 4 al 2,6 por ciento. Al tiempo, se han ido
incrementando las aportaciones de la PIE, la participación en los ingresos del Estado, en términos reales y se ha dotado, en concreto para este ejercicio presupuestario de 2007, de partidas específicas de fondos incondicionados para los municipios
menores de 20.000 habitantes y en el presupuesto de 2006 y 2007 ha habido partidas para gastos de atención en materia de inmigración reclamadas especialmente por el grupo proponente.
Ni qué decir tiene que el crecimiento de la economía española en
los últimos años, con especial incidencia en el sector de la construcción, ha favorecido las cuentas públicas municipales: más IBI, más ICIO, más plusvalías. A pesar de lo que se dice sobre el urbanismo municipal, no es sobre los ingresos del
urbanismo sino sobre los ingresos de los impuestos propios de las corporaciones locales donde ha habido más ingresos; por no hablar del impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica que ha ensanchado su base municipal proporcionando también
mayores ingresos. Por lo tanto, una consideración de la reforma de las haciendas locales debería partir de una evaluación de la situación actual realizada, además, por el propio municipalismo español en su conjunto.
La propuesta de Esquerra Republicana contiene elementos que han estado sobre la mesa y se han debatido en varias ocasiones: mayores transferencias del Estado y para todos los tipos de municipios, con la consiguiente resituación del gasto
del Estado; alternativas para los municipios turísticos, entre ellas el establecimiento de un nuevo impuesto opcional sobre pernoctaciones turísticas; recargos sobre el IBI de centros comerciales; participación en el impuesto de carburantes para
la subvención al transporte público, etcétera. Figuras y conceptos controvertidos y discutidos anteriormente que podrían conducir -caso de prosperar la toma en consideración de la proposición de ley que hoy debatimos- a un alud de enmiendas
parciales que quizás comportarían desvirtuar totalmente la propuesta presentada. Señores de Esquerra Republicana, lean lo que dijo en el debate de 2005, por ejemplo, el diputado de Coalición Canaria, señor Mardones, o lo que hoy han dicho la señora
Navarro, el señor Guinart o el señor Padilla, de composiciones diferentes. Probablemente, la posición respecto a la iniciativa que se presenta -caso de admitirla- comportaría un largo debate y una desvirtuación de la propia propuesta. Pero esta
posibilidad, a las alturas de la legislatura, deviene prácticamente imposible y no es lo más relevante de este debate.
El tema más importante está en la implicación del municipalismo, en el trabajo que han venido haciendo en los últimos meses para definir, desde dentro y con una brevedad concreta, las capacidades de futuro que pueden tener las haciendas
locales y establecer, desde el municipalismo, un debate con las demás administraciones para su determinación; el volumen y la forma de reparto de la PIE -la participación en los ingresos del Estado- con la Administración central; la existencia de
fondos autonómicos para el gasto supletorio de las comunidades autónomos -el señor Padilla hacía referencia hace un momento a que el gasto supletorio es de las comunidades autónomas, no de la Administración central-; o el debate, entre otros, con
los sectores económicos, a los efectos de la tributación de los servicios de distribución de energía y telecomunicaciones para que no haya traslación de las tasas y los impuestos que se pretenden poner a los consumidores finales. El Grupo
Parlamentario Socialista tiene conocimiento de que la Federación Española de Municipios y Provincias, con todos los grupos políticos en ella representados, ha hecho este trabajo y está listo para ser debatido con el Gobierno en los foros creados al
efecto. Está sobre la mesa la reforma de la Ley de Régimen Local, la reforma de la financiación autonómica y se ha hablado en anteriores intervenciones de estos dos puntos. Con estos dos marcos las administraciones implicadas han de ponerse de
acuerdo para avanzar en la superación de la situación actual. Quiero poner de manifiesto recientes declaraciones -me parece que de ayer- del ministro de Administraciones Públicas quien decía que, una vez superadas las elecciones municipales, el
marco de la reforma de la Ley de Régimen Local ha de ponerse en marcha y en él el debate de la reforma de la Ley de Haciendas Locales.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista cree que no tiene sentido lanzar desde el Congreso una propuesta unilateral, desligada de los trabajos que ha venido realizando el municipalismo en su conjunto, con la responsabilidad de todas las
opciones políticas en él representadas, y especialmente de las más numerosas que, en todo caso, abriría un debate para el que ahora ya no hay tiempo y podría ser redundante con el ya realizado. Supongo que las propuestas que hoy nos trae Esquerra
Republicana de Cataluña fueron presentadas y debatidas con las entidades municipalistas. Siempre hay tiempo, señores de Esquerra, de volverlas a plantear. Sin ir más lejos, dentro de poco tendrán que celebrarse las correspondientes asambleas
generales de las entidades municipalistas posteriores a las elecciones. Por estas razones nuestro grupo pediría al grupo proponente de la proposición de ley que la retirara y dejara el debate ahora a los actores principales en donde en uno u otro
lado de la mesa todos los grupos políticos estamos representados y que discutamos en su momento, más adelante, las
propuestas concretas consensuadas o no -esperemos que consensuadas al máximo- que lleguen a la Cámara. De no ser así, de no retirarse esta proposición de ley, nuestro grupo votaría en contra de su toma en consideración.
Señoría, señor presidente, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de quienes se incorporan hoy a las tareas del Parlamento.
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña Mercedes Toledo Silvestre, en sustitución de doña María Angustias Alcázar Escribano, para prestar
juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora TOLEDO SILVESTRE: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Doña Mercedes Toledo ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena.
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don José Miguel González Moraga, en sustitución de doña María Encarnación Naharro de Mora, para prestar juramento
o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor GONZÁLEZ MORAGA: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Don José Miguel González Moraga ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena.
Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don Miguel Ángel de la Rosa Martín, en sustitución de don Vicente Tirado Ochoa, para prestar juramento o promesa
de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor DE LA ROSA MARTÍN: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Don Miguel Ángel de la Rosa ha adquirido la condición plena de diputado. Bienvenido.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Número de expediente
122/000122.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley, una sola votación. Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 12; en contra, 257; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000592.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa y les rogaría que permitieran el normal desarrollo de la defensa de la proposición no de ley. (Continúan los rumores.) Silencio, por favor.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene la señora Sánchez Rubio por un tiempo de siete minutos.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para pedirles en nombre del Grupo Socialista su apoyo a esta proposición no de
ley relativa a los defensores y defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres que luchan por la promoción, protección y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hoy nos acompañan en la tribuna de
invitados representantes de organizaciones como Amnistía Internacional y Brigadas de Paz Internacionales en Guatemala y otros países que nos vienen transmitiendo su preocupación e interés en que nuestro Parlamento se pronuncie respecto de las
dificultades que en el ejercicio de su labor padecen los defensores y defensoras de derechos humanos. Para ustedes la bienvenida y nuestro reconocimiento y apoyo.
El compromiso del Gobierno y del Partido Socialista en esta materia se refleja en nuestro programa electoral para las elecciones de 2004, que afirmaba que los derechos humanos son el fundamento del sistema de libertades sobre el que descansa
nuestro ordenamiento constitucional. Su promoción y respeto, así como la protección eficaz de quienes los defienden sobre el terreno, será de nuevo uno de los componentes esenciales de la política exterior. Ya el ministro de Asuntos Exteriores en
su comparecencia de principio de legislatura para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento anunciaba el reforzamiento de los instrumentos multilaterales de promoción y defensa de los derechos humanos con el decidido
respaldo a la Corte Penal Internacional. Las Cortes autorizaron la firma del Protocolo número 14 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del convenio,
hecho en Estrasburgo el 13 de mayo de 2004; la proposición no de ley del Grupo Socialista en el Pleno instando a la ratificación de los protocolos adicionales 4, 7 y 12 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales fue aprobada el 15 de junio de 2004 con enmiendas transaccionales de distintos grupos.
(Rumores.) Aparte de estas iniciativas generales, se han presentado y debatido...
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez Rubio, perdone.
Señorías, la señora Sánchez Rubio, como cualquier otro diputado o diputada, tiene derecho a un mínimo de silencio en la sala. Gracias.
Continúe. Disculpe.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Aparte de estas iniciativas generales, se han presentado y debatido muchas relativas a derechos humanos en países concretos como Guatemala. Significativa en este sentido es la proposición no de ley del Grupo
Socialista al respecto sobre el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos de paz y los derechos humanos en Guatemala, aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 30 de mayo. De otra parte, el Plan director de cooperación española
establece la defensa de los derechos humanos como una de sus prioridades horizontales, enfoque que debe presidir todas las actuaciones de la acción exterior española y de sus actores en sus distintas fases, instrumentos y mecanismos. Junto al
desarrollo y la seguridad, nuestro país contempla los derechos humanos como uno de los pilares fundamentales de un orden internacional más justo, tal como lo entiende Naciones Unidas.
En relación con esta proposición no de ley, tal como recogemos en la exposición de motivos, este tipo de actuación en defensa de los derechos humanos viene amparada por numerosos instrumentos internacionales, algunos de carácter general como
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1966 y otros de carácter específico como la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por unanimidad el 8 de marzo de 1999 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, en numerosos países, las personas que actúan en calidad de defensores de los derechos
humanos sufren graves obstáculos que les impiden desarrollar su labor con libertad y seguridad. A menudo, sufren persecución, amenaza, hostigamiento o son víctimas de persecuciones y ataques contra su vida o su integridad física. Por otra parte,
la promulgación de legislación antiterrorista en varios países puede contribuir al incremento de estas violaciones. Podemos referirnos a casos concretos como los asesinatos de defensores de derechos humanos: de Israel Carías Ortiz y sus hijos de 9
y 10 años; de Pedro Zamora Álvarez, asesinado en presencia de su hijo pequeño; de Carlos Albacete Rosales y de Piedad Espinosa Albacete, que también fueron víctimas de un atentado contra su vida, y a otros muchos que sufren persecuciones y malos
tratos.
Es evidente que en numerosos países las personas que actúan en calidad de defensores de los derechos humanos sufren persecución, amenaza, hostigamiento o son víctimas de ataques contra su vida o su integridad física. Por tanto,
consideramos de gran relevancia que el Gobierno apoye el funcionamiento efectivo del mandato de la representante especial del Secretariado General de Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos y que invite a la Unión
Europea a desarrollar una aproximación común para sostener el mandato y el trabajo realizado por la representante especial, asegurando avances en su labor y en los procedimientos especiales de Naciones Unidas en relación con los defensores de los
derechos humanos.
Igualmente, es importante que se reconozca el papel y el valor del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que protegen a los defensores de derechos humanos; que se garantice que puedan acceder a los recursos, incluidos los
financieros procedentes del extranjero; que se desarrollen acciones concertadas con la Presidencia de turno de la Unión Europea y los veinticinco
Estados miembros para poner en práctica y dar seguimiento a la implementación de las directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos de junio de 2004 y que se promuevan recomendaciones específicas sobre género en el
marco de las directrices de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos para garantizar que las mujeres defensoras que sufren riesgos particulares en razón de su género gocen de apoyo y protección efectiva. También es importante que se
establezcan juntamente con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros de la Unión Europea puntos de contacto con los defensores de derechos humanos amenazados y que se fomente el establecimiento de lazos de cooperación entre los
mecanismos universales y regionales de protección por parte de las organizaciones internacionales, de manera que se garantice una mejor coordinación y una estrategia efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos de todo el mundo.
Es muy importante que se informe a esta Cámara de las acciones y medidas adoptadas para cumplir estos compromisos por parte del Gobierno, medidas todas ellas, señorías, que contribuirán sin duda a la promoción y al respeto de los derechos humanos,
así como a la protección eficaz de quienes los defienden sobre el terreno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Rubio.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley interviene en un turno de cinco minutos, en primer lugar, la señora Velasco por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora VELASCO MORILLO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, desde mi grupo parlamentario también queremos dar la bienvenida a los invitados que nos acompañan para el seguimiento de esta iniciativa.
Desde el Grupo Parlamentario Popular celebramos que el Grupo Socialista se preocupe por los derechos humanos y por la protección de las personas, grupos y organismos que los promueven y protegen. Sin embargo, esta preocupación no parece ser
compartida por el actual Gobierno, por varios motivos, en primer lugar, porque aún está pendiente la elaboración de un plan de acción nacional sobre los derechos humanos, tal y como aparecía en el programa electoral del Partido Socialista para las
elecciones de 2004. Estamos al final casi de la legislatura y no se sabe nada del prometido plan de acción nacional. Además, este plan podría ser una oportunidad para reconocer el papel de muchas ONG que trabajan en la protección de los derechos
humanos y de las personas que los defienden; para establecer un calendario a la hora de desarrollar acciones concertadas en la Unión Europea y sus países miembros; para poner en marcha las directrices de la Unión Europea sobre defensores de los
derechos humanos y para promover recomendaciones específicas sobre género en el marco de la mencionada directiva para que las mujeres defensoras de los derechos humanos gocen de apoyo y protección efectiva y para establecer mecanismos para el
fomento del establecimiento de lazos de cooperación entre los mecanismos universales y regionales de protección por parte de las organizaciones internacionales.
Por otro lado, es preocupante la situación de muchas personas, grupos y organismos de los derechos humanos en muchas partes del mundo, pero nos preocupa especialmente en aquellos países donde trabaja la cooperación española y, por tanto, con
cierto poder de influencia a la hora de mejorar la vida de estas personas y organismos. Echamos de menos un esfuerzo por parte del Gobierno en este sentido y, al igual que hicimos en la proposición no de ley relativa a la moratoria de la pena de
muerte, también presentada por el Grupo Socialista, instamos al Gobierno a incluir en el orden del día de las comisiones mixtas con los países receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo española la defensa de estas personas, grupos u organismos de
la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y es que el informe 2007 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo no deja mucho lugar al optimismo. Si tomamos los datos
de los países prioritarios de la cooperación española, el resultado es el siguiente. Por ejemplo, en Angola, se sometió al hostigamiento y a la persecución a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el activismo político
incluso prohibiéndose una organización de derechos humanos. En Haití, las personas dedicadas a defender los derechos humanos siguieron siendo víctimas de hostigamiento e intimidación. Se teme por la vida de miembros de asociaciones en defensa de
los derechos de las personas sobrevivientes de la violencia armada. En Mozambique, persisten las restricciones a la libertad de prensa. En Senegal, se hostiga a líderes y simpatizantes de partidos de oposición y continúan las amenazas a la
libertad de expresión. En Marruecos y el Sáhara Occidental, se ha detenido a centenares de personas por manifestarse contra la ocupación marroquí, muchas de las cuales han sido condenadas a penas de muerte o hasta a seis años de prisión. Muchos
manifestantes denunciaron haber sufrido torturas o malos tratos durante los interrogatorios mientras estaban bajo la custodia policial. La comunidad de activistas de derechos humanos saharauis siguió siendo objetivo de intimidación por parte de las
fuerzas de seguridad. En Cuba, por ejemplo, disidentes políticos, periodistas independientes y activistas de los derechos humanos siguen siendo objeto del hostigamiento, intimidación y reclusión, en algunos casos sin cargos ni juicios. El Gobierno
niega la entrada al país al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Tampoco se permite la visita de Amnistía Internacional y otras organizaciones independientes
en defensa de los derechos humanos. Como se ve, la situación de las personas y organismos en los países prioritarios y no prioritarios de la cooperación española es desalentadora. Por tanto y sin perjuicio de todas las acciones que se
puedan llevar a cabo en el plano internacional, sobre todo en el seno de la Unión Europea y de la ONU, sería muy positivo que el Gobierno pusiera en marcha una política bilateral más activa en defensa de los derechos humanos y de las personas que
los protegen en los países donde trabaja la cooperación española; de ahí nuestras iniciativas con el único objetivo de mejorar la proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señora Cañigueral, por favor.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, antes de nada quisiera saludar a los miembros de las organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos que hoy nos acompañan. Bienvenidos.
En primer lugar, en nombre de Esquerra Republicana, quisiera reconocer, agradecer y dignificar la labor de todas las defensoras y defensores de los derechos humanos en todos los lugares del planeta. En este sentido, deseo subrayar el
reconocimiento, agradecimiento y admiración a todas a aquellas personas que desde el anonimato arriesgan su propia vida y bienestar con el firme compromiso solidario de defender los derechos humanos y que a menudo ponen en riesgo no solo su propia
vida -en 2006 hubo más de 1.300 agresiones- sino también la de sus familiares. Porque, paradójica y trágicamente, los países donde los derechos humanos tienen menor protección y respeto y, en consecuencia, donde más se necesitan personas
comprometidas en su defensa, son los países donde dichas personas sufren más persecuciones, amenazas y torturas, es decir mayor violación de sus derechos humanos. La trágica paradoja es aún mayor si cabe: los máximos responsables en el mundo de
violar los derechos humanos son aquellos que tienen la responsabilidad de su protección, los Estados, sus administraciones y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De hecho y para no irnos muy lejos, el informe de Amnistía Internacional responsabiliza
al Estado español como agente violador de los derechos humanos. Con ello no pretendemos culpar al Estado en abstracto de los excesos que en su nombre realizan personas individuales, pero cuando el Estado no pone los recursos legales para evitarlo,
para localizar y juzgar a quienes los incumplen, como recomiendan diferentes organismos internacionales, el Estado es responsable. Vayan pues tomando nota, si tan preocupados están de los derechos humanos, de las recomendaciones que realiza el
Comité de Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, de Naciones Unidas, o el relator especial sobre
la cuestión de la tortura, de Naciones Unidas, quien ha llegado a afirmar que la evolución jurídica reciente en España parece ignorar la opinión internacional a este respecto y tiende a ir en dirección opuesta; es decir que el Estado español, lejos
de comprometerse en la erradicación de la vulneración de los derechos humanos, ampara legalmente su violación, siendo uno de los casos más flagrantes el plazo de detención en régimen de incomunicación que establece la Ley antiterrorista. Con ello
no estoy siendo dura con el Estado español, sino que solo estoy subrayando las más graves acusaciones que diferentes organismos internacionales hacen sobre violación de derechos humanos por parte del Estado español. Si quisiera extenderme en los
agravios, hablaría detalladamente también del incumplimiento del derecho de asilo, de los derechos de las minorías nacionales o de los derechos lingüísticos, entre otros, porque quiero recordar que la defensa de los derechos humanos incluye la
promoción y protección de los derechos civiles y políticos pero también de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, quisiera apuntar la responsabilidad activa o pasiva de las autoridades estatales respecto a los agentes no
estatales como transnacionales en la violación de los derechos humanos y especialmente los económicos y los sociales. Ante todo ello, los Estados públicamente comprometidos con el respeto y la defensa de los derechos humanos no pueden limitarse a
hacer declaraciones de buenas intenciones y a comprometerse a dar más dinero para lavar sus conciencias. Deben comprometerse sin ambigüedades, sin tapujos, porque mientras hay gente que arriesga su vida en la defensa de los derechos humanos lo
mínimo que pueden hacer los Estados que dicen promoverlos y protegerlos es comprometerse con ellos, no con palabras sino con hechos, sin excepciones. Y siendo así, hay que plantear la violación de los derechos humanos en China, en Estados Unidos o
en Arabia Saudí. Porque además no hay mayor violación de los derechos humanos que los ataques militares y la pena de muerte. Por lo tanto, exigimos de este Gobierno mayor coherencia. No podemos hacer discursos en contra de los niños soldados en
África mientras que la mayoría de las armas que llevan son españolas. No podemos firmar protocolos para la prevención de la tortura mientras vendemos material de tortura a otros países. No podemos reclamar en los discursos el respeto de los
derechos humanos mientras financiamos y legitimamos a sus violadores. En este sentido, y para no extenderme más, muestro mi más absoluta indignación y desprecio, porque no podemos aprobar hoy una proposición no de ley a favor de las defensoras y
defensores de los derechos humanos mientras otorgamos la distinción más prestigiosa de las que se conceden, el Toisón de Oro, a un monarca como es el
saudí, que legitima la sistemática violación de los derechos humanos de su pueblo. La máxima distinción de una sociedad democrática debe ser para las defensoras y los defensores de los derechos humanos y no para sus violadores.
Así pues, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) nos vamos a abstener, no porque no valoremos el trabajo que realizan los defensores de los derechos humanos, sino, al contrario, porque pensamos que en esta proposición no
de ley solo hay buenas palabras y no se incluye ninguna actuación coherente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Cañigueral.
Pasamos a fijar posiciones en un turno de cinco minutos. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego comenzaré por expresar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y lo haré no ocultando los aspectos problemáticos, conflictivos o contradictorios que nos parece que subyacen en
esta proposición no de ley. Lo primero que queremos hacer es mostrar nuestro reconocimiento en relación con todas las personas que de buena fe se dedican a la causa de la defensa de los derechos humanos, sin distinción de lugar, raza, sexo o
religión, y que lo hacen, desde el punto de vista subjetivo, de forma muy bienintencionada. Dicho esto, nos gustaría hacer algunas reflexiones de importancia. Mala situación internacional es aquella en que un tema tan importante como la defensa de
los derechos humanos se atribuye, cada vez de forma más preponderante, a organizaciones que, aunque sean muy loables, son organizaciones de iniciativa privada. Cargar de responsabilidad a organizaciones beneméritas, pero que son -vuelvo a decirlo-
de iniciativa privada, nada menos que con la labor de luchar denodadamente a escala planetaria por la defensa de estos derechos nos recuerda un poco a las damas de la caridad, que tenían su estructura perfectamente bien montada en épocas
tradicionales, mantenían la hegemonía económica y social, política y moral, pero que después daban caridad a aquellos que estaban en la marginalidad. No dejamos de pensar en las connotaciones que tiene esta proliferación de ONG, aunque sean muy
bienintencionadas.
Por otra parte, no dudamos en absoluto de la buena voluntad subjetiva de las personas que se dedican a esta finalidad, pero también queremos decir que la sociedad no es neutral y nadie es neutral en ella. Por tanto, esta proliferación de
ONG tiene un problema, y es que algunas puedan ser inducidas o manipuladas a hacer un tipo de actividad política en algunos países del Tercer Mundo, de África, de Asia, de América Latina y, por qué no, incluso en Estados de la antigua Unión
Soviética, que merecería en muchos casos por lo menos discrepancia, desconfianza o distanciamiento. A nosotros nos parece que esta causa, tal como la presenta la proposición no de ley, sería muy importante que llevase consigo una garantía que
consistiera en que por lo menos todos los Estados representados en la ONU tuvieran debates claros y abiertos, a partir del respeto mutuo sobre la situación en cada uno de ellos de los derechos humanos, y que se tomaran medidas, o por lo menos se
plantearan, que afectaran a todos al margen de la importancia de su poder político o económico. Vemos que efectivamente la mayoría de las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos pertenecen a países del centro, no a países de la
periferia, y exportan -repito- sus exigencias de control democrático o de control de los derechos humanos a países del Tercer Mundo, donde, francamente, muchas veces es difícil separar lo que hay de intencionalidad política de intencionalidad
humanitaria. Hay un caso que es evidente: Estados Unidos viola continuamente los derechos humanos y, sin embargo, nunca se organiza ninguna campaña orquestada a nivel internacional en contra de la violación de los derechos humanos en Estados
Unidos, mientras que en países del Tercer Mundo, incluso algunos con aspectos positivos desde el punto de vista de la promoción de las mayorías sociales, sí reciben críticas muy profundas. Por tanto -y acabo ya, señor presidente-, nosotros vamos a
apoyar esta proposición no de ley porque no nos cabe duda de su buena intención, pero echamos en falta -repito- que en la Asamblea General de Naciones Unidas se debata con claridad de forma más constante este problema sin insidias e interferencias
políticas, pero sí con claridad de exigencias mutuas. Repito que no es bueno que solamente las ONG se dediquen a este tipo de trabajo. Sería muy bueno promover Estados que asumiesen servicios sociales públicos igualitarios y universales, Estados
que respondiesen a unos mínimos criterios de justicia social. Esto es lo importante en esta etapa histórica. Asimismo, es muy importante que la lucha contra el terrorismo no se vea amparada o justificada solamente con esta finalidad cuando se
cometen dislates, agresiones y falta de respeto a los derechos humanos tan evidentes como los que vemos en Irak, en Afganistán, en Guantánamo y en otras muchas partes del mundo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo es consecuente con una larga trayectoria, explicitada muchas veces también en esta Cámara, de apoyo a toda iniciativa que contemple la defensa y protección de los derechos humanos. Una vez más mi grupo va a votar favorablemente
esta proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socia
lista, apoyando incluso el texto que acepte de cualquiera de las enmiendas que han presentado los otros dos grupos proponentes. Nosotros vamos al fondo de la cuestión, a la protección y defensa de los derechos humanos y sobre todo de
aquellos instrumentos u organizaciones, sean ONG o cualquier otra entidad benéfica, Cruz Roja o cualquiera de las entidades nacionales e internacionales que se ocupan y preocupan en esta cuestión, pero al mismo tiempo sobre todo apoyamos a los
servidores humanos del proyecto, es decir, a los defensores de los derechos humanos, que ven su labor coartada en muchos países, que ven s u vida en peligro porque incluso hay víctimas que han sufrido en su propio ser la violencia de regímenes
políticos o de facciones de cualquier país que tratan de imponer a sangre y fuego la contravención de los derechos humanos.
Nosotros nos moveremos siempre también en dos escenarios. En primer lugar, en el escenario de Naciones Unidas, donde reside
esta génesis de los derechos humanos. Por tanto, toda política del Gobierno español, bilateral, unilateral o multilateral, dentro del escenario de Naciones Unidas, como recoge precisamente también esta iniciativa del Grupo Socialista, merece
nuestro apoyo y es un escenario fundamental. Para nosotros el escenario de Naciones Unidas es el más importante; en él hay altos representantes del secretario general que encomendados orgánicamente por la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, pero sobre todo por la Asamblea General, para la protección de los derechos humanos. El otro escenario es la Unión Europea, tanto en el sentido de la Comisión como del Consejo y del Parlamento Europeo, para que el Parlamento Europeo
también siga tomando decisiones de protección de los derechos humanos que impliquen fundamentalmente a los instrumentos de la Unión Europea, como es por ejemplo el señor Solana, quien tiene la representación de una política exterior no solamente de
coordinación y de defensa sino también de valores de la Unión Europea, y la defensa de los derechos humanos está ahí reconocida. No en balde España fue uno de los países que lucharon por la defensa de los que dentro de Europa se denominan derechos
fundamentales de los ciudadanos, un paso mucho más avanzado que los propios derechos humanos. Por otra parte, consideramos que debemos dar siempre un testimonio de apoyo a estas iniciativas. Aquí se ha empleado la expresión brindis al sol, pero
nosotros lo vemos siempre positivamente porque se trata de dar testimonio de que hay una sensibilidad política, de la que se hace eco la Cámara hoy en día, para mantener esta cuestión y sobre todo para dar un mensaje de estímulo y de ánimo a los
defensores de los derechos humanos en el terreno en el que tienen que defenderlos, que es precisamente el terreno peligroso, el de las amenazas, el de la violencia contra estos portadores de un mensaje de humanidad, de un mensaje de solidaridad, del
mensaje de que la justicia prevalezca por encima de todo, y evitar, digamos, el desánimo que muchas veces puede producirse en organizaciones que, al trabajar en terrenos políticamente inhóspitos, se ven coartadas en el ejercicio de su noble función.
En esa línea, nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Antes de empezar y entrar en materia, quería hacer un breve comentario en torno al punto anterior, sobre la Ley de Haciendas Locales, porque, fíjense ustedes, ahora que estamos hablando de defensores de derechos humanos podemos ver lo
esperpéntico de las intervenciones del punto anterior. El señor Padilla, en el punto anterior, ha dicho que el domingo en Barcelona hubo un espacio de libertad. ¡En la Ley de Haciendas Locales, hablando de toros! Hay veces que este Pleno llega al
esperpento.
A algunos solo les falta pedir firmas para la candidatura del Premio Nobel de la Paz a favor de José Tomás, y creo que ese es un mal favor a la política y un mal favor a la seriedad de esta Cámara.
Entrando en materia, quería empezar por saludar a las personas que hoy nos acompañan, que defienden los derechos humanos en zonas hostiles, en territorios en los que no es nada fácil, y a las organizaciones no gubernamentales, a Amnistía
Internacional y a Brigadas por la Paz, que también les acompañan, y decir que lo que estamos debatiendo hoy es muy serio y que de lo que se trata, en definitiva, es de que el Gobierno haga lo que las directrices de la Unión Europea aconsejan. ¿Es
necesario? Por supuesto que sí, porque la realidad es que, hoy, la práctica de las embajadas, también de las embajadas españolas, depende más de la buena voluntad de los embajadores que de directrices concretas del Gobierno.
Eso no significa que
en todos lados se haga mal, significa que no hay una directriz clara del Gobierno en el sentido de lo que marcan las directrices de la Unión Europea. Hoy no sabemos cuáles son las buenas prácticas y necesitamos urgir al Gobierno -y hubiese sido
positivo que lo hubiésemos hecho en una proposición no de ley firmada por todos, estoy seguro de que hubiese sido posible- para que explique las buenas prácticas. Hoy, personas que nos acompañan están yendo a juicios, a declarar ante los que fueron
represores, sin ser acompañadas por los embajadores, mientras que las directrices de la Unión Europea recomiendan que los embajadores acompañen a las víctimas o a los defensores de los derechos humanos cuando van a juicio, cuando están dando su
testimonio ante personas que persiguieron a esos defensores de los derechos humanos.
Por eso vamos a votar a favor de la proposición no de ley, pero decimos que le falta concreción y por eso queremos pactar un texto en el que quede claro que en la
Comisión de Exteriores
se va a explicar cada año de forma ordenada cuáles son las directrices del Gobierno español y se pueda ver cuál es el plan de acción -no la acción individual de un embajador o de otro- que se tiene que llevar a cabo. Por tanto, para que
pongamos dientes a la propuesta -como decía una de las personas que nos acompañan hoy-, queremos que el punto 7 sea concreto.
Que se informe es un elemento fundamental para darle nuestro apoyo.
El segundo elemento que quería destacar es la coherencia. Lo digo porque, más allá de la defensa de los derechos humanos, hoy existe una política no del todo coherente. En Colombia, por poner un ejemplo, ¿se están siguiendo programas de
ayuda y acompañamiento a los defensores de los derechos humanos? Sí, pero de forma insuficiente. Al lado de esto, tenemos una política exterior nada exigente respecto al Gobierno Uribe; una política nada exigente respecto a las vulneraciones que
se están llevando a cabo desde la parapolítica, desde los sectores políticos cercanos a los paramilitares; una política nada exigente respecto al cumplimiento de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos tienen que informar la acción exterior
del Gobierno español? Claro que sí. Pero ¿cuál es hoy la acción del Gobierno español respecto a las vulneraciones y a la persecución de los defensores de los derechos humanos en Rusia, por poner un ejemplo? ¿Cuál es la postura del Gobierno
español en China, donde hay arrestos domiciliarios de defensores y defensoras de los derechos humanos? El problema es que en China, en Colombia, en Rusia, en Marruecos se priman demasiado frecuentemente los intereses económicos por encima de los
derechos humanos. Por tanto, el instrumento de hoy sirve para que se ordenen las políticas y para que haya directrices, pero tiene que suponer un segundo mandato, el mandato de la coherencia. Lo digo en un día triste. Hoy la Cámara debe estar muy
triste porque el Toisón de Oro vaya a un sátrapa, al rey de Arabia Saudí. Lo digo porque una máxima condecoración como esta tendría que ceñirse a personas dignas, al señor Suárez, pero no a un sátrapa como el rey de Arabia Saudí. Por eso decimos
que esta proposición no de ley es perfecta. Nosotros la apoyamos y la apoyaremos más aún si incluye este punto 7 de exigencia de información, pero tiene que servir, primero, para que el Gobierno ordene y tenga un plan para el cumplimiento de la
defensa de los defensores de los derechos humanos y, segundo, para que haya una política coherente en materia exterior. Tenemos ejemplos que nos han pasado las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan en los que se ve que nuestra
política, por decirlo suavemente, está más que coja. Por eso pedimos, apoyando la iniciativa, que al plan director se le sume esta coherencia en la política exterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco también saluda y envía un mensaje cariñoso y de admiración a quienes nos acompañan en la tribuna y están concernidos por el contenido de esta proposición no de ley. Cuando mi compañero Aitor Esteban, que es quien
lleva los temas de cooperación al desarrollo, me pidió que la defendiese por estar él ausente, le dije que sí, primero, por mi natural amable, después, porque la materia me gusta y me interesa especialmente y, en tercer lugar, porque creo que es
fácil de defender ya que se defiende ella en sí misma. Basta leer en la exposición de motivos la definición de los defensores de los derechos humanos como aquellos individuos, grupos u organismos de la sociedad que promueven y protegen los derechos
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Es conocido también que en este tipo de actuaciones en defensa de los derechos están amparados por numerosos instrumentos internacionales, pero que ello no excluye que sufran graves
obstáculos que les impiden desarrollar su labor con libertad y seguridad en numerosos casos, tal y como consta -y también se cita en la exposición de motivos- en el último informe efectuado por la representante especial del secretario general sobre
la cuestión de los defensores de los derechos humanos. La Unión Europea ha tenido especial interés en que los Estados miembros se preocupen por la situación de riesgo de este colectivo y manifiesten su voluntad expresa de llevar a cabo acciones a
favor del mismo. Por eso nos parecía bien lo que consta como texto de la propuesta para instar al Gobierno. Nos parecería también bien -no hubiésemos tenido inconveniente, pero sé que el Grupo Socialista no lo desea- que se incluyesen algunas de
las propuestas que se hacían desde otras formaciones políticas, incluso las del Partido Popular, puesto que si consta en el programa electoral del Partido Socialista que exista un plan de acción sobre los derechos humanos no nos parecería anormal
que así se recogiera. Tampoco nos parecería mal que se tuviera especialmente en cuenta la protección de estas personas respecto a los países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo española. De las cuatro enmiendas presentadas por Esquerra, tres
nos parecen magníficas. Sé que han sido objeto ya de transacción, pero nos parecía estupendo que se citen las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, también que en las relaciones bilaterales sean especialmente atendidas
o escuchadas las opiniones que respecto a la política de un determinado país tengan quienes realizan estas misiones, así como que se hagan las modificaciones legales oportunas. Cómo no nos va a parecer bien si lo hemos pedido insistentemente para
que también España se adecue a la salvaguarda de los derechos humanos dentro del propio Estado. La cuarta, la que nos suscitaba más dudas, es la de que haya un informe respecto al cual se puedan formular luego propuestas de resolución. Ese es el
sistema
que se sigue respecto al informe anual del Consejo General del Poder Judicial y que nunca nos ha parecido operativo en absoluto, pero con todo no hubiésemos tenido inconveniente en apoyarlo.
Señorías, me han oído ustedes decir en numerosas ocasiones que no entiendo que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno presente proposiciones no de ley. Si son los mismos, es su grupo el que está gobernando, que le digan al Gobierno que
haga una determinada cosa y que el Gobierno la haga. Como instrumento de instancia, es más propio de los grupos de la oposición que del Gobierno, pero en este caso sí me parece bien. Me parece bien que quienes visitan, observan, acompañan,
informan, en definitiva, protegen, quienes son voluntarios y voluntarias, que proporcionan una presencia internacional cuidadosa, atenta y constante, que trabajan de manera no violenta por la libertad, la justicia y los derechos humanos, puedan
seguir haciéndolo en todos los países sin amenazas ni desapariciones, con auténtica libertad, y que sepan -no se trata tanto de bendecir la política del Gobierno en este caso- que cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara o al
menos contarán con el apoyo expreso del Grupo Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor Xuclà. CIU.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante esta iniciativa del grupo de la mayoría, y también quiero empezar, como han hecho otros portavoces de distintos grupos
parlamentarios, saludando a los representantes de distintas entidades y ONG que trabajan en el campo de la defensa de la promoción de los derechos humanos. Lo hago desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se ha caracterizado
por la defensa de los derechos humanos y por la convicción de que la Carta fundamental de los derechos humanos es de valor universal, no de matriz occidental, sino que tiene que afectar e informar al conjunto de los ordenamientos jurídicos de los
Estados de la comunidad internacional. Debemos recordar una vez más hoy, cuando hablamos de ampliación y de respeto a los derechos humanos, que la mayor parte de la población en el mundo no puede aún vivir en un marco y régimen de democracia, de
paz y de libertad como el que estamos disfrutando el conjunto de los ciudadanos del Estado español. Es especialmente oportuno que hoy en este Parlamento, que expresa esta voluntad de democracia, de paz, de convivencia y de libertad, recordemos que
la mayor parte de la población del mundo no puede vivir en estas condiciones. Alguien decía hace un tiempo que vivir en democracia, en paz y en libertad es como la salud o el amor, que solo lo echa en falta cuando no se tiene. Pues bien, nosotros,
que tenemos la suerte de poder vivir en estas condiciones, tenemos que apoyar cualquier iniciativa encaminada a la consecución del respeto a los derechos humanos.
Han sido distintas las iniciativas que se han impulsado desde este Parlamento durante esta legislatura: esta mañana, en la Comisión de Asuntos Exteriores, el ministro Moratinos, en un debate anual sobre la orientación general de la política
exterior, nos anunciaba el impulso de España en la firma de un convenio contra la tortura; también esta mañana nos trasladaba el ministro de Asuntos Exteriores en dicha Comisión una buena noticia: por fin se ha conformado una posición común de la
Unión Europea para que en la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo otoño el conjunto de la Unión Europea defienda la posición de una moratoria universal contra la pena de muerte. Esta es una iniciativa que mi grupo parlamentario planteó
en la Comisión de Asuntos Exteriores al principio de la legislatura y que después el grupo de la mayoría trajo a esta Cámara. Y tantos y tantos otros ámbitos en los cuales se debe trabajar para mejorar las condiciones de defensa de los derechos
humanos.
Sin duda que la nueva Comisión de Derechos de Naciones Unidas -que quiere superar una Comisión de Derechos Humanos notablemente degradada en su funcionamiento y en su respetabilidad durante estos últimos años-, a la cual España ha
presentado su candidatura para integrarse en el siguiente periodo, debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos, para luchar contra la conculcación de estos derechos. En este sentido, nos parece oportuna una iniciativa que sigue el camino
de otros parlamentos, que quiere seguir el camino de Bélgica y Alemania, que en sus respectivos parlamentos ya han aprobado resoluciones parecidas de apoyo a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como también lo han hecho el
Parlamento europeo y el conjunto de instituciones de la Unión Europea.
Permítanme que haga referencia a tres puntos concretos de la proposición no de ley en su texto inicial que nos parecen especialmente importantes.
Quiero empezar por el punto 3, que reclama más recursos, más apoyo y más recursos económicos
para el conjunto de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Señorías, especialmente en este campo se hace válida aquella máxima que dice que no todo lo tienen que hacer los poderes públicos y que muchas veces la mayor eficacia la
demuestra la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos humanos. También me parece relevante el punto 1, que invita a una aproximación común de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos, esta Unión Europea que está en
periodo de reflexión, de reformulación en tantos ámbitos. Es evidente que esta Unión Europea que a veces se puede defender como aquel espacio donde no hay pena de muerte tiene que ser también un espacio en el que haya una posición común de defensa
de los derechos humanos.
Igualmente me parece apropiado el punto 5, referente a la acción coordinada de
las representaciones diplomáticas con los defensores de los derechos humanos en aquellos países en los que hay una conculcación evidente de los derechos humanos.
Señor presidente, termino anunciando nuestro voto afirmativo a esta proposición no de ley, bien sea con la redacción inicial o bien sea, como parece posible, con la incorporación de aportaciones de otros grupos políticos. Quiero señalar que
en esta legislatura, a impulso de Convergència i Unió, se ha aprobado el Estatuto del cooperante, que recoge un criterio de la enmienda del Partido Popular, la que contempla que la cooperación al desarrollo tiene que estar dirigida a aquellos países
que promuevan el respeto a los derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Socialista. Enmiendas que acepta o rechaza.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, la primera, relativa al plan de acción nacional, entendemos que no responde específicamente al objeto de la proposición no de ley y, por tanto, no la
admitimos. Respecto a la enmienda sobre las comisiones mixtas de Ayuda Oficial al Desarrollo, entendemos que hay otros diálogos específicos sobre derechos humanos en la acción exterior y creemos que las comisiones mixtas no son el lugar adecuado
para ello. Por tanto, tampoco la admitimos. Hemos transaccionado dos enmiendas de las presentadas por Esquerra Republicana cuyo texto se ha pasado al señor letrado para su conocimiento. Y sobre la propuesta del portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la hemos admitido y vamos a pasarla a la firma de todos los grupos parlamentarios, si están de acuerdo, para fijar la fecha anual de la presentación del informe, porque mejora sustancialmente el texto.
Esperemos que estén todos los grupos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Entonces, si finalmente hay un acuerdo de toda la Cámara, se procederá a su votación. Yo entiendo que hay una enmienda transaccional que ya ha sido presentada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA PARA TODOS AQUELLOS MUNICIPIOS AFECTADOS EN CASTILLA-LA MANCHA POR LOS GRAVES DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADAS POR EL GRANIZO, LAS LLUVIAS Y LOS
FUERTES VIENTOS SUFRIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2007. (Número de expediente 162/000603.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados en Castilla-La Mancha por los graves daños
y pérdidas causadas por el granizo, las lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de mayo de 2007.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene en un turno de siete minutos la señora Quintanilla. Adelante, por favor.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender esta proposición no de ley que está inmersa en la defensa y compromiso de mi grupo parlamentario con los miles de familias que han sufrido los
desastrosos efectos de las tormentas de los últimos días de mayo y primeros de junio.
Como muchos de ustedes conocerán, puesto que fue la noticia que abrió todos los informativos nacionales, en esos días la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha fue la gran afectada por esas fuertes tormentas; tormentas que llegaron a
descargar hasta 240 litros de agua por metro cuadrado en menos de 24 horas, acompañadas de granizo de considerable tamaño y de fuertes vientos y que desde el propio Instituto de Meteorología eran calificadas de inusuales y poco frecuentes en España.
Unas condiciones extremas que arrasaron, en poco más de dos días, todo lo que encontraron a su paso y que provocaron graves inundaciones y riadas que anegaron campos y pueblos, en algunos de los cuales incluso tuvieron que ser desalojados de sus
viviendas cientos de personas, y que destruyeron en pocas horas las ilusiones y expectativas de muchos agricultores, comerciantes y empresarios que veían impotentes cómo aquello por lo que habían trabajado durante tantos años sufría los efectos
devastadores de las inclemencias meteorológicas. Unas inclemencias que no solo afectaron a Castilla-La Mancha -que, por cierto, fue la más devastada según los últimos datos- sino que también afectaron a otras comunidades autónomas, como Andalucía,
Murcia, Madrid, Castilla y León y Extremadura, causando en todas ellas pérdidas millonarias, aunque todavía están pendientes de valoración final. Permítanme la licencia de expresarme refiriéndome solamente a algunos municipios de mi tierra. Por
ofrecer algunos datos, solo en pueblos como Alcázar de San Juan, Campo de Criptana o Villarrubia de los Ojos se han contabilizado por parte de los ayuntamientos pérdidas de hasta 12 millones de euros, por no hablar de La Manchuela, entre Albacete y
Cuenca, o de pueblos como Madridejos y Quero, en la provincia de Toledo.
Los daños, como decía, han sido muchos y muy considerables en todas las comunidades autónomas pero quiero, de forma especial y significativa, hablar de los daños que ha sufrido mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, en datos que han sido
proporcionados por
la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha. Hay que hablar de estimaciones, pero esas estimaciones son que ha habido pérdidas en 136.000 hectáreas de viñedo y alrededor de 280.000 hectáreas de cereal. Y el problema no es solo
que se hayan perdido las cosechas para este año, sino que en cultivos como la vid muchos agricultores también se han despedido de la del año que viene por el estado en que han quedado las plantas y el tiempo que les llevará recuperarse porque aún
van a tener que esperar varios años para volver a recoger una cosecha puesto que, a día de hoy, el agua continúa embalsada en algunas zonas provocando que las raíces se pudran al no entrarles el oxígeno, por lo que tendrán que arrancar las vides y
plantar de nuevo. Por tanto, las pérdidas en la agricultura están suponiendo un duro revés para miles de familias de Castilla-La Mancha que dependen absolutamente de la agricultura como actividad principal y que, además, es la subsistencia y la
creación de empleo de estos municipios afectados. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué medidas ha tomado, señorías? El Gobierno, les diré, anunció a bombo y platillo dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas que el
Consejo de Ministros de 25 de mayo había aprobado una serie de medidas para paliar los daños, como si fuera algo excepcional y extraordinario, pero, como siempre, el Gobierno dio a entender más de lo que realmente se había aprobado. El Gobierno no
aprobó nada nuevo, señorías, ni excepcional, ni específico para la situación que atravesaba Castilla-La Mancha. El Consejo de Ministros lo único que hizo fue tomar un acuerdo -recalco, un mero acuerdo- para que se valorasen los daños y se aplicase
el Real Decreto 307, de 18 de marzo de 2005, modificado por el Real Decreto de 13 de abril de 2007, en el que se establecían medidas para zonas catastróficas, pero a nivel de enseres, de viviendas, indiscutiblemente no para la agricultura. Es
decir, el Gobierno se limitó tan solo a autorizar la aplicación de unos reales decretos de carácter general -recalco, de carácter general- para situaciones de emergencia y catástrofe, que contemplan una serie de subvenciones para viviendas, enseres,
daños personales, corporaciones locales, industrias y comunidades de vecinos que, en nuestra opinión, también son insuficientes. Pero estos decretos, señorías, no solo se quedan cortos en la adopción de medidas, pues solamente se refieren a unas
pocas subvenciones, sino que además no hacen ni una sola alusión a los daños sufridos por la agricultura, por el sector agrario en Castilla-La Mancha, que son los grandes perjudicados a la hora de recibir estas ayudas que realmente se merecen. Como
decía, esto demuestra que el Gobierno no ha sido ni es consciente de la grave situación en la que ha quedado la agricultura de decenas de municipios de Castilla-La Mancha y del resto de las comunidades autónomas afectadas por estas riadas. Porque,
además, la ministra en esos momentos no estaba, ni se la esperó en ningún momento, para ver in situ la situación de la agricultura de Castilla-La Mancha y de sus cultivos; pero tampoco vino la ministra de Medio Ambiente, ni tampoco la ministra de
Fomento, ni ningún miembro del Gobierno de España.
Sencillamente, el lunes después de las elecciones se personó el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, para no hablar de agricultura, pero sí para crear un nuevo barrio en la localidad
de Alcázar de San Juan que no iba a ayudar a los agricultores de nuestra tierra. Pero no voy a entrar en ese debate en estos momentos porque lo que realmente nos interesa es lo que tienen que hacer ahora los agricultores de Castilla-La Mancha.
¿Qué tienen que hacer los agricultores de Castilla-La Mancha, que se han quedado sin nada, que además muchos de ellos no van a tener la cosecha de este año ni la de años sucesivos y tienen que poner en marcha medidas para que el mildiu no se
propague por la humedad y, además, tendrán que reponer de sus bolsillos la tierra que se llevó el agua y que ha dejado al descubierto las raíces, con el peligro de que el calor acabe con ellas? Señorías, existen antecedentes legislativos
importantes y por eso está aquí mi grupo parlamentario, para, a través de mi persona, pedirles que voten a favor de esta proposición no de ley, porque el Gobierno, a la semana de producirse las inundaciones del Ebro, inmediatamente, aprobó el Real
Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptaban y ponían en marcha una serie de medidas para paliar las graves consecuencias que habían tenido las inundaciones del Ebro en comunidades autónomas como Aragón, La Rioja, Navarra y Cataluña
durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril. Señorías, en este caso, tan solo una semana después de producirse las inundaciones, el Gobierno aprobaba medidas urgentes y específicas para reparar los daños causados por el
desbordamiento del Ebro. Por eso, hoy nosotros pedimos a través de mi grupo parlamentario que si en ese caso se actuó con tanta eficacia y celeridad, con una base específica jurídica, también se haga en este caso un real decreto-ley para
Castilla-La Mancha; que se admita esta proposición no de ley y se vote; que ese real decreto-ley recoja las medidas que establece nuestra proposición no de ley, como poner en marcha créditos al cero por ciento para el mundo agrícola.
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Ya termino, señor presidente.
Pedimos que se condone la Seguridad Social a los agricultores, que lo han perdido todo, así como a los empresarios; que a través del Gobierno de España se pidan las ayudas de la Unión Europea para estos casos de emergencia y se dé la
posibilidad de que se recuperen los campos y la vida de los agricultores de Castilla-La Mancha. Por tanto, pedimos al Gobierno de la nación que agilice, en la medida de lo posible, la valoración, evaluación y compensación de los daños, así como el
impacto que tendrán en nuestra economía. En consecuencia, creemos que esta proposición no de ley es justa y pedimos que todos los grupos parlamentarios la apoyen.
Muchísimas gracias, señor presidente, y pido disculpas a todos por haberme excedido en el tiempo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista. Señor Alonso. Enmienda presentada a la proposición no de ley.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Socialista defiendo una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre los daños sufridos por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los últimos días del mes de mayo por las lluvias, el
granizo y los vientos huracanados. Coincidimos con el Grupo Popular en que efectivamente los daños son importantes, y quizá lo primero que tendría que decirle, señora Quintanilla, es que apenas han transcurrido quince días desde que ocurría esta
catástrofe en Castilla-La Mancha y estamos hablando de aprobar una proposición no de ley para actuar en relación con este asunto. Por tanto, no se puede hablar de retrasos ni de ineficacia. Les puedo decir también, para tranquilidad de SS.SS., que
la evaluación de los daños realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la delegación del Gobierno de España está prácticamente ultimada, evaluación de daños que se ha hecho de forma modélica, ejemplar, con perfecta coordinación entre las dos
administraciones y también con otras instituciones que han intervenido, ayuntamientos y diputaciones. Señora Quintanilla, señores del Grupo Popular, no tengan duda de que el Gobierno socialista en este caso ha actuado con prontitud y eficacia, de
la misma manera que lo ha hecho, como usted ha reconocido, en otras situaciones catastróficas. Me alegra que usted reconozca que el Gobierno socialista actuó magníficamente en relación con los temas provocados por las inundaciones del Ebro y le
puedo asegurar que en este caso el Gobierno de España va a actuar igual de bien.
Es justo destacar que se ha actuado correctamente y que ya se han tomado importantes medidas. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó un paquete de medidas, un crédito extraordinario de 300 millones de euros, y ha aprobado medidas
específicas para la recuperación del viñedo -a las que usted se refería- y medidas de fomento del empleo para las zonas afectadas. El Gobierno de España también ha actuado con prontitud. En primer lugar, aprobó un acuerdo en Consejo de Ministros
el día 25 de mayo para atender situaciones perentorias, para compensar daños en viviendas, en enseres y en negocios de industriales y comerciantes de pequeña y mediana dimensión. Se ha estado efectuando la evaluación de los daños durante estos
quince días, que a usted le parecen muchos, señora Quintanilla, pero es lo normal, lo correcto. Se ha actuado sobre un territorio muy importante, en tres provincias y en varias comunidades autónomas, y la evaluación está prácticamente terminada.
Según los datos que tengo en este momento -será el Gobierno quien los aporte cuando corresponda- la superficie afectada es importante pero no tan grande como a la que usted hacía referencia: en torno a 78.000 hectáreas de viñedo, 13.000 de olivar y
60.000 de cultivos herbáceos. Y en muchos municipios: 22 de la provincia de Ciudad Real, 21 de la provincia de Cuenca y 25 de la provincia de Toledo. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno en este momento? Lo que va a hacer el Gobierno en este
momento, y que es lo que planteamos en nuestra enmienda de sustitución, es lo siguiente: en primer lugar, asegurar el pago y la tramitación de las ayudas aprobadas en el Consejo de Ministros; en segundo lugar, presentar la evaluación de daños con
carácter inmediato, y, en tercer lugar, y esto es lo importante, aprobar un real decreto-ley adaptado a la evaluación de daños realizada y que va a incluir todas y cada una de las medidas aprobadas para situaciones catastróficas en otras ocasiones.
Es un real decreto-ley exactamente igual que el aprobado para compensar los daños por las inundaciones del Ebro y que a S.S. tan bien le pareció. Espero, por tanto, que esta enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista pueda ser
aceptada por el Partido Popular y pueda ser aprobada por unanimidad por todos los grupos de esta Cámara. Estoy seguro, señora Quintanilla, que los ciudadanos de mi región, los de Castilla-La Mancha, los que han votado recientemente y yo creo que
han emitido un veredicto de quién hace bien las cosas o las hace regular o mal -me limito al juicio popular que ya han efectuado los ciudadanos hace muy pocos días-, no esperan peleas del Partido Popular ni del Partido Socialista, esperan una
actuación coordinada de las administraciones, esperan el consenso en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular, que son los que tienen representación en Castilla-La Mancha, esperan un acuerdo y, por tanto, señora Quintanilla, yo espero
que acepte esta enmienda del Grupo Socialista, que recoge fielmente una correcta actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha y una correcta actuación del Gobierno de España, sobre la base del acuerdo del Consejo de Ministros, de una correcta
evaluación y de un real decreto-ley adaptado a las necesidades de una comarca que ha sufrido daños y que espera una justa reparación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Izquierda Unida. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, los que tienen representación en Castilla-La Mancha son el Partido Socialista y el Partido Popular, por una ley injusta que llevamos años reivindicando que sea modificada para que Castilla-La Mancha sea más democrática y
recoja las sensibilidades de todos los ciudadanos, pero ustedes se niegan en rotundo; se niegan a avanzar en democracia. En cualquier caso quiero señalar que Izquierda Unida entiende que efectivamente se debe actuar, que las fuertes lluvias y
precipitaciones de granizo acaecidas en las últimas semanas de mayo en Castilla-La Mancha han tenido consecuencias catastróficas en numerosos municipios, generando situaciones de emergencia y cuantiosas pérdidas para sus habitantes. Se ha de
actuar, en el ámbito de la agricultura, en Guadalajara, en Cuenca, en Alcázar de San Juan, donde cayeron 240 litros de agua por metro cuadrado, en Campo de Criptana. Son muchos los municipios en los que se ha de actuar. También se han visto
afectadas las grandes infraestructuras de transporte; las lluvias han producido cuantiosos daños en canalizaciones y sistemas de alcantarillado. A la vista de la magnitud de la catástrofe, la Junta aprobó el Plan Territorial de Emergencias, lo
aplicó y los ayuntamientos afectados están evaluando todos los daños.
Entendemos que también se han producido daños en Castilla y León y, por tanto, deberían haber sido recogidos en la propuesta y deben ser recogidos en los reales decretos que
apruebe el Gobierno y que se traigan a esta Cámara. El Gobierno debería haber procedido de manera inmediata, en función de las peticiones de los ayuntamientos, a la declaración urgente de zonas catastróficas de las localidades de Castilla-La Mancha
y de Castilla y León afectadas por las fuertes precipitaciones de agua y granizo y también a establecer líneas de ayudas económicas para paliar los cuantiosos daños producidos. En cualquier caso, cuando tengamos el debate sobre todas estas
cuestiones haremos referencia a la necesidad de incluir medidas destinadas a paliar todos estos daños y ayudas directas y con topes máximos a los afectados que dependan directamente de la agricultura, un plan de choque para dar solución a los miles
de puestos de trabajo que se van a perder por esta catástrofe y subvenciones urgentes a los ayuntamientos para infraestructuras básicas que se han visto afectadas, tales como alcantarillado, canalizaciones, caminos agrícolas o sistemas de riego.
Todas estas cuestiones deben ser recogidas, pero, como digo, serán objeto de debate cuando traigan a esta Cámara los reales decretos.
En cualquier caso, es legítimo que por parte de un grupo parlamentario se presenten iniciativas haciendo aportaciones para que sus reivindicaciones sean tomadas en cuenta por el Gobierno a la hora de aprobar con carácter de urgencia estos
reales decretos, pero, al mismo tiempo que esto es legítimo, si se presenta una enmienda, también con carácter positivo, que recoge en gran parte sus reivindicaciones y que deja claro que la postura del Gobierno es la de solventar una situación
dramática que se ha dado en estas zonas, lo que no debe hacerse es intentar aprovecharse de las catástrofes naturales y obtener rentabilidad política de ello. Si el Gobierno no cumple, si el Gobierno no actúa debemos reivindicar que lo haga, pero
si se plantea una enmienda con carácter positivo debemos ser todos constructivos y apoyarla. Por eso, sería interesante que el grupo que presenta la iniciativa negociara la enmienda que ha formulado el Grupo Socialista y que todos los grupos de
esta Cámara podamos votar favorablemente una iniciativa razonable e interesante.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Grupo Vasco. Señor Txueka. Adelante, por favor.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
El PNV tampoco tiene representación parlamentaria en Castilla-La Mancha, pero nuestra posición en estos temas históricamente es conocida. Siempre hemos apoyado que se pongan urgentemente en marcha los mecanismos de ayuda y solidaridad para
reparar el daño y volver lo antes posible a la situación anterior a la catástrofe. Por ello, la PNL que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular nos parece adecuada, pero también la transaccional sustitutoria propuesta por el Grupo Socialista.
Es evidente que el Gobierno, quizá también porque estamos en época electoral, a los tres días de haberse producido la catástrofe ya puso en marcha un acuerdo de ayudas del Consejo de Ministros. Imagino que el proceso de evaluación estará a punto de
acabar y entiendo que inmediatamente, como es costumbre, vendrá a este Congreso un real decreto de respuesta. Por tanto, en la misma línea que la portavoz de Izquierda Unida, les insto a todos a que dejen sus pruritos de rapidillos y acuerden un
texto común entre ustedes porque al resto, aunque es un debate muy amable e interesante, nos interesa lo fundamental que, como he dicho, es reponer las situaciones y normalizar los efectos de las catástrofes. Por tanto, como no ha quedado claro en
las exposiciones de los portavoces, tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista, en qué van a acabar sus propuestas, nos reservamos el sentido del voto, pero, por favor, dejen estos juegos florales y acuerden y consensúen algo que es de
sentido común y evidente porque están diciendo prácticamente lo mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Esquerra Republicana. Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Como ya han manifestado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el granizo, las lluvias torrenciales y los fuertes vientos que tuvieron lugar entre los días 20 y 24 de mayo en diferentes
zonas de Castilla-La Mancha ocasionaron cuantiosas pérdidas en numerosos municipios de esta comunidad autónoma, tanto en lo referente a infraestructuras como a construcciones, pero sobre todo en actividades económicas y en particular en las
de carácter agrícola. La magnitud del desastre natural y de sus consecuencias obliga, por el respeto al principio de solidaridad, a la adopción de una respuesta rápida de las autoridades públicas. En este sentido, coincidimos con el objetivo
perseguido por la proposición no de ley que el Partido Popular presentaba inicialmente, pero coincidimos más aún con este texto transaccional que parece ser que los dos grupos parlamentarios van a acabar redactando y que insta al Gobierno a que
presente este real decreto.
Consideramos pertinente la evaluación conjunta con la comunidad autónoma de los daños ocasionados por las tormentas, así como la agilización del pago de las ayudas por gastos de emergencia ya aprobado por el Consejo de Ministros. Parece ser
que este viernes el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto que va a traer a la Cámara la semana que viene, si no nos han informado mal los portavoces de los grupos parlamentarios, y que se ha aprobado ya incluirlo en el orden del día de
la semana que viene. Este real decreto debería contener un grupo equilibrado de medidas que permitan acometer la reparación de los gastos causados, medidas tales como ayudas, beneficios fiscales, créditos blandos, inversiones específicas o medidas
de recuperación de empleo, entre otras. Buena parte de estas medidas ya venían enumeradas en la proposición no de ley que nos presentaba el Grupo Parlamentario Popular y, como decía, entendemos que tendrían que venir en el real decreto que
debatiremos la semana que viene. Esperamos que venga y ya nos posicionaremos según las medidas que el Gobierno presente. Quiero aprovechar esta oportunidad para, desde nuestro grupo parlamentario, solidarizarnos con los hombres y mujeres del campo
de la Comunidad de Castilla-La Mancha que están padeciendo.
Esperamos que estas medidas que va a poner en marcha el Gobierno les ayuden a soportar los daños que han sufrido en sus explotaciones.
Gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Convergencia i Unió, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, para expresar nuestra posición con relación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la declaración de zona catastrófica para aquellos municipios de Castilla-La Mancha afectados por los daños que se han
referenciado en varias intervenciones. Nuestro grupo ha convalidado hasta ahora todas las iniciativas del Gobierno, todos los reales decretos-leyes para paliar los daños que en diversas ocasiones han producido las catástrofes naturales, algunas
veces lamentablemente con víctimas humanas -no en este caso-; siempre hemos dado apoyo a esa respuesta del Gobierno, más o menos rápida o eficaz, ante esos daños. En este caso no va a ser diferente nuestra posición, con lo cual la pretensión del
Grupo Parlamentario Popular, que es la toma de medidas de todo tipo (laborales, de Seguridad Social, de créditos blandos, de bonificaciones, etcétera) en el contexto en el que nos movemos, nos parece razonable y vamos a apoyar la iniciativa. Más
todavía cuando el Grupo Parlamentario Socialista ha entendido la oportunidad de la iniciativa, en este caso de un partido -hasta ahora había sido siempre del Gobierno-, para paliar los daños que han sufrido los afectados y ha presentado una enmienda
de sustitución, aunque esperamos que sea transaccional para que la podamos votar todos. Dicha enmienda recoge la voluntad de valorar los daños, si no se ha producido ya, y la presentación ante esta Cámara del correspondiente real decreto para que
los grupos puedan apoyarlo, como espero que así sea. Insistimos en lo que ya hemos dicho en ocasiones anteriores, que nuestro grupo vería con buenos ojos que el Gobierno promoviera algún tipo de iniciativa legislativa, algún instrumento legal para
que en los casos en que se producen ese tipo de catástrofes naturales, ya sean lluvias, huracanes o incendios, hubiera un catálogo de medidas de rápida aplicación, aunque en cada caso se aplicara algún tipo de medida específica según el tipo de daño
que se produjera, para no tener que asistir repetidamente a ese tipo de convalidaciones para instrumentar estas medidas. Es decir, que hubiera una fórmula más ágil, más automática, más rápida para aplicarla en beneficio de los ciudadanos que
lamentablemente sufren ese tipo de percances.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos llegado a un acuerdo de una enmienda transaccional, entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, cuyo texto haremos llegar a la Mesa de la Cámara; se sustituye la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista por esta enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Quintanilla, así se someterá a votación.
Llamamos a votación. (Pausa.) Señor Villarrubia, el texto de la transaccional primera no se ha presentado. Hay acuerdo, pero falta el texto. El señor Herrera ha hecho una propuesta. (El señor Villarrubia Mediavilla
pronuncia palabras que no se perciben.) Ya lo anuncio yo. (Pausa.)
Señorías, vamos a votar. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.) Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, en relación con el debate que acaba de concluir, el señor Herrera lo ha iniciado con una alusión personal a mi intervención en el anterior punto del orden del día. Habría una doble razón para
pedir la palabra: una, naturalmente, por una cuestión de orden, puesto que es inconcebible que en un asunto de derechos humanos se haga mención a la tauromaquia; y otra, por alusiones, señor presidente, que es la que solicito.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, lo lamento.
El señor PADILLA CARBALLADA: No, señor presidente, lo dice el Reglamento.
Creo que la cita ha sido exacta.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, perdone; presente las cosas correctamente. Es el presidente el que interpreta el Reglamento, no es usted.
El señor PADILLA CARBALLADA: Ciertamente, y el diputado pide la palabra y expone por qué.
El señor PRESIDENTE: Pide la palabra, expone, y ahora le doy el argumento: creo sinceramente que no hay motivo para proceder a un turno de alusiones. Es mi interpretación, porque, efectivamente, como suele ocurrir en los debates
parlamentarios, cuando se está en el uso de la palabra se produce, por así decirlo, utilización del turno para hablar de otros elementos. (Rumores.)
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, se ha hecho la alusión en un debate diferente. No era el mismo debate, era otro debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, el presidente estima que ni se le ha faltado al respeto, ni se ha faltado al decoro de la Cámara, ni se ha faltado tampoco al respeto a su grupo parlamentario. Simplemente, ha habido una mención a una
corrida de toros en Barcelona. (Rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Fuera, fuera!-El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben). Vamos a votar.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Ha habido enmiendas transaccionales y hay una novedad respecto a los textos que
han sido distribuidos y es que, en el punto 7, donde se dice 'informar periódicamente', debe decir 'informar anualmente'.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 294; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados en Castilla-La Mancha por los graves daños y pérdidas causados por
el granizo, las lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de mayo de 2007. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Entonces vamos a proceder a su votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU EFECTIVIDAD.
(Número de expediente 173/000200.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000202.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Como saben, los puntos 4 y 6 se van a debatir acumuladamente: moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la
aplicación de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y su efectividad y moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medias a adoptar para erradicar la
violencia de género en España. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, como saben, debatimos acumuladamente los puntos 4 y 6 del orden del día de hoy.
Comenzamos con la intervención del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para defender su moción
y en particular tiene la palabra la señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidenta.
Señorías, no es oportunismo, no es electoralismo, es simple y llanamente la realidad, la cruel y absurda realidad de los malos tratos que se dan día a día contra las mujeres. Una vez más hemos de lamentar el asesinato de dos mujeres en las
últimas 48 horas, dos mujeres que no llegarán a tiempo de decirnos qué falla en la aplicación de la Ley contra la Violencia. No eran dos mujeres que sufrían en silencio, que acallaban su martirio; no eran dos mujeres de aquel colectivo al que
siempre nos dirigimos para animarlas a denunciar a su agresor. Eran dos mujeres que ya habían dado el paso, eran dos mujeres y solo ellas y las demás víctimas de la violencia machista saben lo difícil que es dar este paso, el de la denuncia. ¿Y de
qué les ha servido? No es un alegato en contra de la denuncia, hay que denunciar, evidentemente, pero ante casos como este no es de extrañar que nos interroguemos sobre este tema. Estas dos mujeres tampoco formaban parte de ese colectivo al que
también nos dirigimos para que no retiren la denuncia, no. Ellas habían dado un paso adelante sin vacilar, sin dar marcha atrás, y la prueba de ello es que no habían retirado la denuncia, al contrario, sobre los dos asesinos pesaban sendas órdenes
de alejamiento; es más, en el caso de una de las víctimas, esta había estado en pisos tutelados, paso esencial en muchos casos de violencia contra las mujeres cuando estas deciden alejarse de su maltratador. Por lo tanto, eran mujeres que conocían
el circuito, eran mujeres que acudieron a la justicia en busca de ayuda, en busca de justicia. ¿Y qué se encontraron a cambio? La muerte, la incomprensible muerte por el simple hecho de ser mujer. El triste asesinato de estas dos mujeres, de
Alcoy y Talavera, es un ejemplo más de que el debate que hoy estamos haciendo aquí no es casual, al contrario, es necesario. Es irremediable, por responsabilidad, que las personas que tenemos la obligación de hacer leyes abordemos este tema, el de
la violencia contra las mujeres, en profundidad, sin eludir las responsabilidades que cada cual tenemos en este asunto, los partidos, la sociedad civil, la justicia, el Gobierno. Precisamente en este sentido iba la interpelación que la semana
pasada mi grupo hizo al ministro Caldera y su consecuencia es esta moción que hoy debatimos.
Después de cerca de tres años de la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia se han detectado numerosos fallos, algunos emanan directamente de la misma ley, fruto de las prisas con las que el Gobierno la sacó adelante, pero la mayoría
son errores en su aplicación, en su puesta en marcha. Cierto es que una ley, para saber si es eficaz o no, debe tener un recorrido, pero el goteo de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas hace urgente este análisis en profundidad.
Tal y como se desprende del discurso hecho la semana pasada desde Esquerra, y recogiendo la preocupación de la ciudadanía en general, nos preguntamos qué está pasando con la Ley contra la Violencia. Si las medidas previas no son eficaces, porque no
acaban de funcionar ni las medidas de prevención, ni las actuaciones educativas, ni la concienciación de los medios de comunicación; si las actuaciones propias de la resolución de los casos de malos tratos tampoco están resultando, y un buen
ejemplo de ello son las enormes deficiencias del sistema judicial; y finalmente, si las actuaciones posteriores tampoco están siendo útiles en tanto en cuanto, por ejemplo, no logramos desarrollar programas de reinserción sociolaboral ni resolver
el tema de los impagos de pensiones, nos preguntamos: ¿Se está desarrollando verdaderamente la Ley contra la Violencia o estamos ante una ley que aún no se ha desplegado? Si es así, ¿a qué esperamos? ¿O es que la estamos desplegando por trozos,
poniendo pedazos allí donde salen grietas? Eso, señorías, no es serio. El debate de la semana pasada y la moción de hoy son precisamente un intento de responder a estas cuestiones; si más no, de pedir al Gobierno que reflexione sobre estos
interrogantes y ponga remedio a los fallos de la ley.
En nuestra moción hacemos una treintena de propuestas que intentan aportar soluciones a esta lucha contra la violencia y en el texto que finalmente hemos acordado hemos logrado introducir algunas de las más importantes.
Así, cabe destacar
las medidas que fomentan una mayor protección de la víctima en su fase procesal, como son la obligación de los jueces y fiscales de informar correctamente a la víctima sobre todos los medios que están a su alcance y la utilización de mamparas
protectoras y de videoconferencias, para facilitar la declaración a las mujeres víctimas de los malos tratos. También destacamos la necesaria motivación en profundidad de las denegaciones de las órdenes de protección, así como la posibilidad de que
se dé una orden de protección si la situación así lo requiere, a pesar de no haber prestado audiencia al presunto agresor.
Valoramos muy positivamente el reconocimiento del papel de las asociaciones de mujeres y de los grupos de estudio compuestos
por mujeres en el debate y en la reflexión sobre la eficacia de la Ley contra la Violencia. Desde Esquerra, celebramos también el impulso de las bonificaciones para la contratación de mujeres víctimas de la violencia machista, tal y como se
desprende de los puntos 8 y 19 de este texto consensuado. Hemos logrado recoger la necesidad de la creación de más juzgados específicos de violencia, siempre que se tengan en cuenta los informes de las comunidades autónomas, porque son ellas las
que tienen la competencia en este ámbito, y más ayudas económicas a las mujeres, a pesar de que nos hubiese gustado que este punto 9 del texto que hemos consensuado se hubiese concretado más, tal y como pedíamos
en nuestra moción original. Valoramos asimismo positivamente que se recoja la necesidad de elaborar códigos éticos para el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Finalmente, también a instancias de
Esquerra, hemos logrado que se fortalezcan las unidades de valoración integral forense, teniendo en cuenta las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Hemos incorporado, como ven, muchas propuestas, pero cabe señalar que no estamos satisfechas. Este Gobierno no está cumpliendo ni en esta materia ni en otras. Este Gobierno debe recapacitar y actuar con responsabilidad en cuanto a la Ley
de Violencia e incorporar toda una serie de medidas que deberían haberse puesto en marcha ya hace tiempo en una moción que no es del grupo del Gobierno, a nuestro entender, es lavarse la cara respecto a la aplicación de la Ley de Violencia; en
otras palabras, no es actuar con responsabilidad. Valoramos los esfuerzos de consensuar y por este motivo vamos a pedir a toda la Cámara el voto favorable a este texto transaccionado, pero hay que llamar a las cosas por su nombre y el Partido
Socialista debería presionar al Gobierno para que esta valoración de la Ley contra la Violencia se haga realmente en profundidad y que las medidas que hoy aprobamos, igual que las que aprobamos hace unos meses en una moción impulsada por el Grupo
Popular, no queden en papel mojado.
Déjenme que les haga un apunte final. Si bien es cierto que en el texto que aprobamos hoy se hace una mención explícita a una de nuestras demandas sobre la necesidad de dotar de financiación los planes de sensibilización y prevención,
cierto es también que no se ha querido recoger la necesidad de habilitar partidas presupuestarias en cada uno de los distintos ministerios afectados en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, tal y como pedíamos desde
Esquerra, en coherencia con ese principio de las políticas para las mujeres, de la transversalidad. Creemos que este es uno de los puntos más importantes.
De nada sirve aprobar medidas que desarrollen esta ley si no cuentan con los recursos
económicos necesarios para que se lleven a cabo en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado y mediante transferencias, y no meras subvenciones a programas, a los gobiernos autonómicos con competencia en materia de
violencia. Se nos ha dicho que este será un debate que formará parte de las negociaciones en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, pero créanme, los y las catalanas ya tenemos aprendida la lección del talante. El compromiso se demuestra
con gestos. Una vez más deberemos esperar a que la palabra se cumpla. Mientras tanto, queda a su responsabilidad dotar o no de los recursos necesarios para combatir la violencia de género.
Finalmente -acabo, presidenta-, celebramos que la moción que Esquerra ha presentado haya servido para acelerar que el Consejo de Ministros acordara el pasado viernes la aprobación de un proyecto de real decreto por el que se regulará el
Fondo de garantía de alimentos a favor de los hijos menores, tal y como se mandaba en la Ley de Presupuestos de 2007, que también afecta de forma muy directa a la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran muchas mujeres en
situación de violencia. Esperamos por tanto que la moción que hoy aprobamos también sirva para que el Gobierno se ponga las pilas, porque el asesinato de mujeres no es un tema baladí, porque nos consta la preocupación y la voluntad de todos los
partidos por acabar con la violencia de género, pero es hora de que conste asimismo la voluntad del Gobierno en esta materia, como no dudo que realmente será.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Oliva.
Señora Camarero, su turno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender su moción también sobre esta materia.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero empezar mostrando mi total coincidencia con la intervención de la señora Oliva. Hace una semana, durante la interpelación, el ministro Caldera nos volvió a sorprender con su actitud arrogante, prepotente,
insultante y manipuladora, muy alejada de la alarmante realidad por la que las mujeres víctimas de violencia están atravesando. El debate no es en este momento si la ley es buena o no. Es un clamor que la ley está fallando, que cada día siguen
muriendo mujeres -llevamos 36, en seis meses-, y la ley falla porque el Gobierno no la está desarrollando adecuadamente, porque el Gobierno no pone en marcha los instrumentos y las medidas que recoge la ley, porque el Gobierno no pone todos los
medios a su alcance, ni materiales ni humanos.
Claro que la lucha contra la violencia de género y su erradicación son difíciles, claro que es un problema histórico arraigado en la sociedad, tan difícil como lo era hace tres años, y entonces los
dirigentes del Partido Socialista, desde Zapatero a Caldera, pasando por María Teresa Fernández de la Vega, responsabilizaban de las muertes al Partido Popular y condicionaban el fin de esta lacra a la aprobación de una ley.
Hoy, señores del Gobierno, tenemos una ley y las mujeres siguen muriendo de forma imparable. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad de las 36 muertes de este año y de los cientos de mujeres que han muerto durante la
legislatura del Partido Socialista? Y mientras las mujeres siguen muriendo, el Gobierno permanece con una actitud de autocomplacencia, sin reaccionar y sin aceptar su responsabilidad. De nuevo, son asociaciones como Amnistía Internacional o la
Comisión contra los malos tratos las que denuncian, junto con algunos grupos parlamentarios, el fracaso de la ley y
mantienen que su desarrollo práctico está fallando, como demuestra el goteo constante de mujeres fallecidas. ¿Cómo es posible que el Gobierno haga oídos sordos permanentemente a tanto aviso? ¿Cuándo van a salir de la burbuja en la que se
han instalado y se van a poner en serio a trabajar para solucionar los problemas de las mujeres, los problemas de las víctimas de la violencia? Durante su intervención, el señor Caldera mostró de nuevo una actitud poco respetuosa y democrática,
llegando a decir -y cito literalmente-: No me interesa demasiado lo que usted proponga a esta Cámara. ¿Han oído, señorías, alguna vez una declaración más falta de sentido democrático? Al señor Caldera no le importa nada lo que tenga que decir el
principal partido de la oposición o quizá lo que no le importa es lo que tengamos que decir las mujeres del Partido Popular. Me pregunto, señorías, qué hubiera pasado si esto lo dice uno de mis compañeros. ¿Qué habría pasado? Sin duda le hubiesen
tachado de machista, sobre todo cuando es reincidente. Lo que no vi, y lo eché de menos, fue un plante, una recriminación al ministro por parte de las diputadas del Grupo Socialista, que por mucho menos han abandonado en otras ocasiones el
hemiciclo.
Como ese sectarismo y falta de respeto solo pone en evidencia al que lo realiza, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y por eso, y a pesar del ministro, hemos presentado una moción en la que buscamos solución a muchos de los
aspectos que siguen fallando en la aplicación de la ley, moción que permitirá hoy la aprobación de un texto con diecinueve medidas, algunas de las cuales se han reiterado al no haber sido puestas en marcha por el Gobierno, texto acordado con todos
los grupos, donde una vez más se demuestra, primero, que quedan muchas cosas por hacer, que la ley no está siendo desarrollada, y, segundo, que el Gobierno no tiene iniciativa, que solo aprueban medidas cuando les obligamos, cuando les incitamos
desde los grupos. A pesar, señorías, sinceramente, de la poca fe que tenemos en que estas medidas se conviertan hoy en una realidad, conociendo los antecedentes -porque debemos recordar que, de las dieciséis medidas que aprobamos en la moción de
hace tres meses, el Gobierno solo ha puesto en marcha una-, hoy hemos querido de nuevo actuar con responsabilidad, porque las mujeres maltratadas, que no se merecen este Gobierno, son y seguirán siendo nuestro único objetivo.
Pedimos al Gobierno que muestre su responsabilidad y que realice de forma inmediata una evaluación de la ley, contando evidentemente con las comunidades autónomas, porque la gravedad del momento les obliga a analizar dónde están los fallos,
les obliga a hacer una exhaustiva radiografía del grado de desarrollo de la ley y de los aspectos en los que el Gobierno debe incidir, y a hacerla ya, porque se les acaba el tiempo; la legislatura está terminando y ustedes han fracasado en esta
lucha. Pedimos mejorar la aplicación de la respuesta judicial y de protección. En los últimos días estamos preocupados porque el Gobierno ha anunciado una modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la dispensa
familiar, demostrando un desconocimiento de la situación real de la mujer y haciendo que asuma más responsabilidades. Nosotros creemos que esto no es viable, que hay que utilizar todos los recursos disponibles del Estado para su protección, que hay
otras soluciones, como solicitar a jueces y fiscales que continúen la investigación, que mantengan de oficio las medidas de protección y de vigilancia, aunque la mujer retire la demanda. Si esto hubiese sido una realidad, quizá las dos mujeres
asesinadas este fin de semana, que contaban, como ha dicho la señora Oliva, con orden de alejamiento, no hubiesen muerto.
Deberíamos pensar, además, qué ocurriría si una mujer al ser llamada a declarar se niega. ¿Será detenida? ¿Será llevada a la fuerza? ¿Será condenada por un delito de obstrucción a la justicia? ¿Será el Gobierno capaz de convertir a las
víctimas en condenadas? Desde luego, no con nuestro apoyo. Por eso, nos alegramos de que nuestra moción les haya obligado a recapacitar y que no hayan tomado una decisión de esta naturaleza, además de asumir el compromiso de valorar el riesgo de
las víctimas, especialmente ante la retirada de denuncias, las renuncias a la orden de protección o la reanudación de convivencia, y establecer medidas concretas de protección que deben activarse; una reivindicación de este grupo que, a pesar de
que el Gobierno sigue sin querer comprometerse a la aprobación de los planes individualizados de protección y seguridad que desde el Grupo Popular les reclamábamos, supone un avance respecto a la situación anterior. También solicitábamos una
modificación de la ley que regula la orden de protección, porque siendo uno de los instrumentos más útiles aprobados hasta el momento, han pasado unos años desde su puesta en marcha y es hora de analizar sus posibles fallos. Si un porcentaje de
mujeres asesinadas tenía una orden de protección o de alejamiento, es que algo está fallando y tendremos que solucionarlo. Coincido con la señora Oliva en la necesidad de que los jueces justifiquen adecuadamente la denegación de las órdenes, de que
se establezca la aplicación de dispositivos electrónicos de seguimiento de los maltratadores y de que se ofrezca teleasistencia a las mujeres, así como incrementar la formación de los operadores jurídicos, todos ellos puntos recogidos en la enmienda
transaccional.
Antes de terminar, tengo que hacer referencia a las declaraciones de ayer del ministro de Justicia, señor Fernández Bermejo, que desde una actitud derrotista y dejando en evidencia que el Gobierno ha tirado la toalla pero sigue sin asumir un
ápice de su responsabilidad, volvía a cargar contra las mujeres haciéndoles responsables de la situación que padecen.
¿Cómo es posible que un miembro del Gobierno haga este tipo de declaraciones y no pase nada? ¿Cómo se puede consentir que se dé
un paso atrás en esta lucha y volvamos a los
tiempos en los que la mujer era responsable de que la maltrataran?
Hoy aprobaremos un texto que recoge las inquietudes del Partido Popular, que mejorará la respuesta judicial y de protección necesarias para ayudar a las víctimas y para frenar el goteo de muertes al que estamos asistiendo, pero que no nos
deja totalmente satisfechos, como ha dicho la señora Oliva, porque no nos fiamos del Gobierno, porque ya hemos comprobado demasiadas veces cómo las medidas que se aprueban quedan en papel mojado, cómo la voluntad de consenso de las portavoces del
Grupo Socialista no se corresponde con las acciones del Gobierno, cómo la falta de compromiso, la falta de esfuerzo y la falta de responsabilidad de este Gobierno llevan a no cumplir los mandatos del Parlamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino.
La situación es ya insostenible, es urgente y necesario que el Gobierno redoble sus esfuerzos, que incremente los recursos. Queremos menos declaraciones de intenciones, queremos menos brindis al sol y queremos más medidas reales para que
las mujeres dejen de morir a manos de sus parejas y para que los derechos de la mujer pasen de una vez del papel a la realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Camarero.
Se han presentado dos enmiendas a esta moción. Comenzaremos por la enmienda del Grupo Mixto. Será la señora Fernández quien la defenderá en su nombre.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando nuestro grupo votó a favor de la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, manifestamos que no esperábamos que esta ley a corto ni a medio plazo fuese a acabar con la barbarie que
significan las decenas de asesinatos de mujeres cada año.
Votamos a favor de la ley porque en ella se incorporaron una serie de medidas destinadas a profundizar en los problemas sociales, culturales y educativos que son, más allá de nuestro punto
de vista, la cuna de la violencia que queremos erradicar. La violencia de género no se reduce a las muertes, sino que es algo que se manifiesta diariamente y que sufren muchísimas mujeres. Me parece interesante recordar esto que manifestó nuestro
grupo, pero también otros grupos parlamentarios, el día que se aprobó la ley, porque somos perfectamente conscientes de que el número de muertes que anualmente estamos padeciendo no es algo que la ley vaya a resolver por sí misma y que las medidas
que se toman, si se desarrollan debidamente, van a tardar su tiempo porque esto significa tener que cambiar los esquemas culturales que en estos momentos están provocando la situación de la que estamos hablando.
Por eso, con fecha de 28 de marzo nuestro grupo presentó una pregunta por escrito al Gobierno a propósito de la lectura que hicimos del informe que el Gobierno nos remitió en su momento -del 18 de abril-, donde se hacía un balance de la
implementación y aplicación de la Ley Integral; informe que hizo posible, después de analizarlo con las comunidades autónomas, que se implementara posteriormente el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, en el que
se contemplan algunas medidas a desarrollar que ya están en la ley aprobada en 2004 y que se van a implementar, sobre todo en el sector educativo, a partir del próximo curso. Esto significa que hay un retraso en la ley en la parte en la que, desde
nuestro punto de vista, es más prioritario actuar si realmente queremos que la ley actúe de manera preventiva. Asimismo, hicimos la pregunta porque, si bien el informe nos da una información detallada cuantitativamente hablando del grado de
cumplimiento de la ley, nosotros entendemos que para valorar realmente las consecuencias que la ley está teniendo en nuestra sociedad se hace necesaria una valoración cualitativa de cómo se está desarrollando la misma y, sobre todo, los efectos que
está teniendo. Por lo tanto, valoramos como necesario que la información que se recoja en el balance aludido nos permita conocer el estado de desarrollo de la norma, pero consideramos que en un documento posterior -de ahí la enmienda que
presentamos- sería conveniente contar con ese informe cualitativo de la situación a fin de analizar los efectos de su aplicación en relación con la progresiva eliminación del problema.
No consiste solo en saber cuántas mujeres accedieron a las
prestaciones o programas, sino cómo incidieron estos en la resolución de sus problemas o, por el contrario, cuántas quedaron fuera de los mismos y por qué razones. No consiste solo en saber cuántos programas se hicieron en educación o en sanidad,
sino si estos están teniendo, tienen o van a tener incidencia en la erradicación de la violencia. No es solo saber cuántos juzgados se han abierto o en cuánto se ha incrementado el número de policías, sino conocer la eficacia que esto ha tenido en
la prevención de la violencia y en la protección de las mujeres. De ahí que valorando muy positivamente las propuestas que acaban de defender los dos grupos parlamentarios, Esquerra Republicana y Grupo Popular, nos parezca fundamental que podamos
analizar debidamente cómo está teniendo efecto la ley dentro de nuestra sociedad para poder cumplir con la prevención de la violencia y la protección de las mujeres. Además, es necesario conocer detalladamente en qué condiciones y en qué
circunstancias están ocurriendo las muertes, para saber también cuáles tienen que ser las medidas que se tienen que tomar al respecto. Creo recordar que de 36 muertes que llevamos este año muy pocas estaban relacionadas con sentencias o con medidas
de alejamiento,
unas tres; otras tres sí habían efectuado denuncias, pero en la mayoría de las muertes no se conocía que la mujer hubiera presentado denuncia por malos tratos. En esas cantidades hay otros datos que nos parece importante analizar porque
las medidas tendrían que ser otras distintas a las que, por la Ley 1/2004, es necesario desarrollar con aquellas víctimas que son personas mayores que viven solas, porque efectivamente no se puede vivir en esa soledad ni en esas condiciones. Por
tanto, las medidas seguramente tendrán que ser las destinadas a la atención de personas mayores de manera que no ocurran esas muertes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Fernández, por favor
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo definitivamente, señora presidenta.
Quiero decir que es necesario analizar cuáles son las muertes relacionadas con la violencia de género y también con otras circunstancias que tenemos la necesidad de resolver, pero con medidas distintas a las que se recogen en la ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
La siguiente enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y será la señora Monteserín quien tomará, señorías, en su nombre la palabra para defender su enmienda.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una vez más volvemos a tratar en esta Cámara un problema social de enorme trascendencia como es la violencia de género; esta vez motivada por una iniciativa del PP y de Esquerra Republicana, pero creo no equivocarme, señorías, si
digo que volvemos a tratar este tema porque a todos los grupos nos conmueven las cifras de mujeres asesinadas. Todos, señorías, todos hemos trabajado en esta legislatura con múltiples iniciativas, desde la primera, la Ley 1/2004 de medidas de
protección integral contra la violencia de género. Se han presentado 5 mociones, 27 proposiciones no de ley, múltiples preguntas al Gobierno en Comisión y todas estas iniciativas han sido, sin excepción, aprobadas por unanimidad. Esto demuestra
que estamos todos y todas comprometidos con este problema y a todos nos alienta el afán de erradicar de nuestra sociedad la violencia de género; la que sufren cada día las mujeres víctimas, los malos tratos, la violencia psicológica, las amenazas,
el miedo en el seno de su propio hogar, pero especialmente aquella que se manifiesta de forma más grave y que en demasiadas ocasiones termina con el desenlace fatal, con la vida de muchas mujeres muertas en lo que va de este año, 36 asesinadas, a
manos de personas en las que habían depositado su amor y su confianza como compañeros de vida. ¡Qué injusto, señorías! ¡Qué terrible! Esto es lo que nos conmueve y nos mueve a actuar a todos: al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios.
Creo también no equivocarme si digo que todos y todas somos conscientes de que la estadística terrible no puede ser el único parámetro que mida los resultados de la aplicación de la Ley de Violencia, entre otras cosas, porque tampoco medimos
la eficacia de las normas penales por el número de delitos que siguen cometiéndose en la sociedad. Nos conmueven los asesinatos, nos rebelamos ante los mismos, pero ello no puede confundirnos en el análisis y en la profundización del problema.
Hemos dicho siempre que la violencia de género es un problema complejo. Por ello decidimos abordarlo teniendo en cuenta todas las situaciones de la mujer víctima de violencia y la multiplicidad de factores que debemos poner en marcha para
protegerla. Esta ley es un reto también para el funcionamiento de todas las administraciones públicas del Estado español, los diferentes ministerios, los departamentos policiales, judiciales, sanitarios, pero también para las comunidades autónomas
y para los ayuntamientos. Es un reto para funcionar no solo coordinadamente, sino con un compromiso político frente al problema y donde falte el compromiso con esta causa fallará la aplicación de la ley. La ley, por otro lado, contempla medidas a
medio y largo plazo que son las que se enfrentan al fondo del problema, las que tienen que ver con el cambio estructural y cultural, con la prevención a través de la adquisición de valores de igualdad y medidas previstas en el ámbito educativo como
la educación para la ciudadanía que, sin duda, nos ayudará, aunque tardaremos en percibir sus efectos. Estamos, pues, trabajando en esta Cámara el Gobierno y los grupos parlamentarios en todos los frentes. Son injustas, señorías, alguna de las
manifestaciones que he oído aquí por parte de dos grupos políticos. Son injustas porque el Gobierno está desplegando todos los instrumentos que define la ley. Hoy tenemos más policías y mejor formadas; más protocolos de actuación que no teníamos,
el de sanidad, por ejemplo, muy importante; mucho más dinero invertido en esta lucha, en torno a 140 millones dijo el ministro de Trabajo el otro día; más y mejor coordinación de todas las administraciones, y 459 juzgados que entienden del
problema y más mujeres protegidas porque hay más denuncias. En definitiva, la ley se está desplegando; el Gobierno está trabajando y está comprometido con el problema, por eso siempre estamos de acuerdo con las medidas, aunque estemos distantes en
los discursos; y esta Cámara está muy atenta a cómo está funcionando la ley y cómo se está implementando, de ahí la cantidad de iniciativas que hemos tratado. Hoy profundizamos en el aspecto de protección a las mujeres -el otro día lo hacíamos en
el aspecto de sensibilización-, y lo hacemos más allá de algunas diferencias que tenemos como la modificación o no de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De todas
formas, no se introducirán cambios sin que estos estén bien analizados y consensuados, según he acordado con las portavoces de los grupos parlamentarios esta mañana.
En conclusión, la enmienda transaccional que vamos a aprobar esta tarde es ambiciosa; en ella se han recogido las propuestas surgidas de las mociones y, señorías, tengo que decir que va mas allá de dichas propuestas. Asimismo, se han
incluido instrucciones nuevas en seguridad, en valoración de riesgos de las víctimas, en el funcionamiento de los puntos de encuentro, y en todo aquello que la experiencia nos dice a unos y a otros que se puede implementar o mejorar pensando solo en
ellas, en las víctimas. Ahora bien, señorías, quiero decirles que nuestro valor, el de todos los grupos, el de las asociaciones, el del Gobierno y, por tanto, el valor de nuestro país, está en haber tenido el coraje de abordar el tema, de sacarlo a
la luz, de medirlo y de darlo a conocer para solucionarlo con una legislación y unas medidas pioneras en el mundo. Otros países de nuestro entorno están empezando este debate, mientras que nosotros tenemos un camino recorrido.
Es necesario que las dificultades del día a día no nos impidan percibir que necesariamente el Estado puede luchar eficazmente frente a la violencia de género, porque en ese caso frustraríamos nuestras esperanzas, y sobre todo las esperanzas
de las víctimas de este tipo de violencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Finalizo con un mensaje muy claro a las víctimas de esa violencia, el mensaje de que el Estado las protege, para lo cual tienen que acudir a los mecanismos que la ley ha puesto en marcha.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Monteserín.
Señora García, en el turno de fijación de posiciones comenzamos por usted en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, empiezo mi intervención con una reflexión que en parte va en la misma línea que ha iniciado mi antecesora la señora Monteserín. Y la reflexión, sin ánimo de que parezca ni muchísimo menos que estoy enmendando la plana a nadie,
porque también incluyo a mi grupo dentro de esta reflexión, es la siguiente: a lo largo de esta legislatura se han registrado en esta Cámara 10 interpelaciones cuyo objeto era la violencia de género, de las cuales se han debatido 6; se han
aprobado 4 mociones; se han sustanciado 18 preguntas orales en Pleno; 55 preguntas orales en Comisión; 3 proposiciones no de ley en Pleno; 30 proposiciones no de ley en Comisión; 1 proposición de ley, y 4 comparecencias del Gobierno en
Comisión. Como digo, algunas de estas iniciativas también son de mi grupo, personalmente de esta diputada. No obstante, la reflexión que quisiera hacer es si realmente este es el camino.
Mi grupo, y yo personalmente, en el debate y la aprobación de la ley insistimos mucho en que verdaderamente nos daba pánico pensar en la expectativa que se estaba creando en torno a la ley, una expectativa, señorías, que, si me permiten, iba
mucho más allá de la violencia de género. En definitiva, la ley regula las medidas de protección integral contra la violencia de género y su efectividad. Lo que estamos midiendo o analizando permanentemente, si ustedes me lo permiten, no es la
violencia de género, sino las muertes por la violencia de género y de la cual forman parte, pero que no representan todo su universo. Vamos a aprobar esta moción -hemos aprobado todas las mociones y todas las propuestas que se han ido presentando
en esta Cámara- porque es dar siempre una oportunidad más, porque puede ser una manera de mejorar y de avanzar más, en definitiva, porque es una preocupación y en el momento en que la discutimos aquí lógicamente hemos de compartirla, y además la
apoyamos.
Ahora bien, en el caso de esta moción quizás estamos afinando poco a poco en algunas cuestiones que en su momento no es que no se dijeran, se dijeron, sino que no todos los grupos pusieron el énfasis que ahora están poniendo en algunos
temas. Quizás los tres años que llevamos de la ley nos están haciendo ver que las soluciones fantásticas que parecía que determinados aspectos de la ley iban a dar, son medidas que pueden tener un impacto positivo de mejora, pero a medio y a largo
plazo, que era nuestra tesis, nunca a corto plazo. Esta no es una ley a corto plazo.
Ahora resulta que quien más está defendiendo precisamente este concepto fue por quien me sentí menos escuchada precisamente cuando defendía mis tesis en relación
con la ley y planteaba que la violencia de género es una cosa y evitar las muertes es otra, que los países más avanzados que nosotros en estos temas de igualdad tienen un índice de muertes igual o más elevado que el nuestro. Pero lo que nos
preocupa, y por eso vamos a apoyar evidentemente esta moción, es que empezamos a hablar de algunas cuestiones que ya mencionábamos y que continuamos sin conocer. Por ejemplo, no conocemos, repito, qué está pasando con la violencia de género, solo
conocemos lo que pasa con las denuncias, cuántas mujeres denuncian y cuántas mujeres mueren. No existe ningún balance sobre lo que pasa con la violencia de género, y me estoy refiriendo a que la violencia de género es todo, a que la violencia de
género es saber si hoy, después de tres años de la aplicación de la ley, hay más o menos mujeres que están sufriendo agresiones o violencia de género; no si han muerto o no han muerto, que es gravísimo, no si han denunciado o no han denunciado,
sino cuántas mujeres tenemos en la actualidad y cuántas teníamos hace tres años. No tenemos ni idea sobre esto y es lo dramático. ¿Por qué? Porque no podemos valorar esta ley ya que la hemos fundamentado -nunca mejor dicho, en el
fundamentalismo- en un aspecto, en la denuncia y en las muertes, por tanto, no en la prevención ni en el tratamiento, y como no lo hemos hecho, quizá estamos maltratando una ley cuando a lo mejor los resultados son positivos. Pero no existe una
recogida de datos, no hay una elaboración de datos real en todo el país que nos pueda dar este diagnóstico. Por tanto, señorías, lamentamos volver a discutir, lamentamos tener que hacer un análisis sin tener todos los elementos, pero vamos a dar
nuestro apoyo, porque se habló en su momento de la elaboración de una base de datos y no se le dio todo el valor que se le tenía que dar, y ahora nos damos cuenta de que quizá no tengamos el fundamento para poder hacer este análisis.
Me he pasado bastante del tiempo y tenía más cosas que decir.
Lamentablemente habrá otras mociones, seguramente, otras interpelaciones y otras proposiciones no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García.
Señora Uría, continuamos con usted, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no daré lecciones porque realmente no tengo respuestas. Si alguna materia me causa frustración al pensar en ella, respecto de las que he tenido ocasión de dedicarme siendo diputada, es esta porque pese a lo hecho y al interés que
le hemos prestado todos los grupos políticos las muertes y los maltratos siguen y siguen. Tampoco creo que el Gobierno esté pecando de inactividad, ni este Gobierno ni otros gobiernos, puesto que en todas las comunidades autónomas y en todos los
lugares se están produciendo situaciones de este estilo, sea cual sea el color de quien gobierna. Sí se le está dedicando medios y se está intentando por parte de todos. Además de variadas declaraciones, debates y proclamas, hemos hecho leyes en
este hemiciclo con la orden de protección, con la Ley integral contra la violencia de género y con la Ley de Igualdad en la que yo tenía y sigo teniendo grandes esperanzas. Por cierto, son leyes de todas las épocas, la orden de protección, hecha en
tiempos de Gobierno del Partido Popular, también en algunas ocasiones deviene insuficiente.
En este caso ni siquiera es posible criticar la inactividad del Consejo General del Poder Judicial al que tantas veces criticamos por otras cosas. Ha
tomado medidas reales, el observatorio se lo ha tomado en serio en cuanto a la formación y la actividad de seguimiento. Sí existen datos del seguimiento judicial de estas cuestiones. El Observatorio contra la violencia de género tuvo a bien
condecorarnos e incluso darnos un premio a quienes habíamos sido ponentes de la Ley integral contra la violencia de género. En este momento les indico que siento la misma frustración que manifesté también al recoger este premio, cuando dije que si
seguía existiendo el problema, a pesar de habernos esforzado, no merecíamos ser reconocidas por ello. También todas las policías han adecuado sus comportamientos y han dado formación a los miembros que atienden a las mujeres maltratadas. De igual
manera lo creo respecto de la sanidad. Los convenios y los protocolos de actuación fallan, pero están bien hechos y todas las administraciones han tomado nota del asunto. Existen las ayudas sociales y los apoyos económicos, en viviendas y
psicológicos, pero ¿por qué siguen existiendo? Esa es la pregunta que yo me hago. Esperemos cambios sociales y ojalá la Ley de Igualdad, en la que ya he manifestado que tengo gran confianza, ayude a propiciarlos porque me sigo preguntando por qué
perdonan las mujeres, por qué no ratifican las denuncias, por qué las retiran y por qué soportan. En todo caso, esta frustración no me va a llevar a no apoyar la moción, ni siquiera les diré que quien la ha redactado o quienes la han acordado
desconocen absolutamente la delimitación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas y los entes locales.
En todo caso, si lo que se acuerda sirve para algo, bienvenido sea, aunque no respete los ejes jurídicos que deben tener las actuaciones que han de tomar las distintas administraciones públicas cada una en su lugar.
Tampoco crean, señorías,
que desfallezco; me sumo al consenso que se ha obtenido con el pobre consuelo de que a todas y a todos nos sigue interesando este tremendo problema. Nos conmueven estos crímenes -ha dicho la señora Monteserín-, y efectivamente así es y esta Cámara
lo debe seguir intentando. Ojalá por parte de algunas el debate hubiese resultado menos agrio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría.
Finalizamos con la intervención de la señora Pigem en nombre de Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Convergència i Unió comparte, como no podía ser de otra manera, la preocupación por las víctimas de la violencia de género que subyace en las interpelaciones que realizaron la semana pasada grupos parlamentarios tan distintos en sus
postulados políticos como Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo Popular, y que han dado lugar a las mociones que vemos hoy en un debate
que vamos a abordar en Convergència i Unió desde las siguientes consideraciones.
Una primera consideración es que, a nuestro juicio, la aplicación de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género no está dando los resultados apetecidos. Hemos sido muy prudentes hasta el momento y hemos sostenido en
múltiples ocasiones que había que dar recorrido a la ley, que no había que precipitarse en su valoración porque la erradicación de la violencia no se iba a producir de un día a otro, y que la ley nos parecía un buen instrumento para combatir la
violencia de género y especialmente para proteger a las mujeres que querían salir de esta dramática situación. Pero, señorías, aun reafirmándonos en la bondad de las manifestaciones que acabo de realizar, vistas las situaciones que se siguen
produciendo dos años largos después de la entrada en vigor de la ley, vistos también los pronunciamientos de ONG como Amnistía Internacional, y especialmente de algunas organizaciones de mujeres que en su día demandaron la aprobación de la ley, que
la valoraron positivamente y que hoy se manifiestan en el sentido de considerar que se está muy lejos de que los derechos reconocidos sobre el papel sean una realidad, nos parece imperativo realizar un análisis exhaustivo de la situación para ver
dónde se está fallando en la protección de las mujeres y proceder, en consecuencia, a la adopción de nuevas medidas e incluso a la modificación de la Ley Integral donde sea preciso.
Se impone, pues, y esta sería una segunda consideración, un análisis serio, pormenorizado y sin perjuicios políticos para detectar la verdadera situación de aplicación de la ley, hacer un análisis riguroso de la misma y aceptar las
propuestas de corrección que personas expertas en la materia nos hagan llegar desde todos los ámbitos de intervención.
Todo con urgencia pero sin precipitación. Si únicamente vamos superponiendo medidas y medidas, adoptadas con buena intención
pero bajo la presión de tener que dar una respuesta a la opinión pública, la respuesta que sea para que se vea que se está haciendo algo, vamos únicamente, a nuestro juicio, a anestesiar la situación, y ello no va a ayudar a encontrar cuáles son los
eslabones débiles de esta protección.
Somos, en este sentido, partidarios de proceder a analizar la ley en el plazo que se marcó en la misma, cuando se cumplan tres años de su entrada en vigor. En cambio, sí nos parece conveniente proceder a
corregir las carencias evidentes que ya se detectan y realizar un análisis completo de su desarrollo para que pueda servir de propuestas de actuación o, en su día, y cuando se haga el balance de la ley, servir de propuestas de modificación de la
misma. Un análisis que incluya la actuación de las comunidades autónomas y ayuntamientos, responsables competencialmente, entre otras cuestiones, de la detección, la prevención y la atención integral de las víctimas, un análisis que incluya la
coordinación o descoordinación entre los distintos servicios y la suficiencia o carencia de recursos materiales y humanos. Señorías, hemos de tener en cuenta que tanto en el balance de resultados de la Ley de Violencia realizado por el Gobierno en
el mes de diciembre pasado, como en las declaraciones de Amnistía Internacional y de asociaciones de mujeres, se insiste en que hay una excesiva judicialización de la ley, en el sentido de que los aspectos judiciales y penales han tomado el
protagonismo respecto de los otros ámbitos y hay un escaso desarrollo de las medidas de sensibilización y preventivas, competencia, como digo, de las comunidades autónomas. Esto, el escaso desarrollo de las medidas preventivas y de protección, es
algo que, a nuestro juicio, tiene que cambiar radicalmente si queremos dar un vuelco a la situación. En este sentido y a nuestro entender, y reitero algo que me han escuchado decir seguramente muchas veces, hay que tener más en cuenta que la
reacción entre agresor y víctima que se da en estas situaciones no se da en ningún otro delito. Si no tenemos en cuenta la situación de terror, de parálisis, de falta de autonomía emocional y personal, de dependencia emocional del agresor -digo
emocional y no solo económica, que siendo importante es mucho más fácil de solucionar- y si no tenemos en cuenta que la salida de la violencia no se produce forzosamente en línea recta, de manera radical y de una sola vez, sino en zigzag emocional,
y que la salida definitiva requiere de una autonomía emocional, física y psíquica de la víctima, no entenderemos el fenómeno. Por lo tanto, difícilmente podremos salvar a unas víctimas que no tienen un patrón de comportamiento similar al de las
víctimas de todos los demás delitos.
Desde este punto de vista, creemos que el análisis debiera incluir también la valoración de un cambio de perspectiva, de manera que hubiera un mayor peso en el ámbito preventivo y de detección, para que una intensa actuación multidisciplinar
en este momento encaminada a conseguir no solo protección, sino especialmente la autonomía emocional y personal de la víctima, sea la garantía de que la denuncia, que puede ser incluso posterior y no necesariamente la actuación sobre la que pivote
toda la ayuda como en el diseño actual, produzca todos los efectos deseados. Si hasta ahora decíamos: toda mujer que denuncia ha de poder salvarse de la violencia, deberíamos poder decir: siempre que alguna mujer pida ayuda, con o sin denuncia, o
algún servicio de las administraciones tenga conocimiento de que una mujer está sufriendo violencia de género, se han de poner en marcha ya todos los mecanismos para que pueda salir de ella.
Desde estas consideraciones, examinamos las propuestas de ambas mociones, unas propuestas globalmente correctas, porque todas inciden desde distintos puntos de vista en la mejora de la situación actual, pero unas propuestas forzosamente
deslavazadas e, incluso, algunas de ellas contradictorias, como es lógico, al proceder de dos grupos distintos. Por ello valoramos especialmente la labor de síntesis que se hace en la propuesta de sustitución trabajada por el Grupo Socialista.
Valoramos especialmente el trabajo de la señora Monteserín
que recoge hasta diecinueve propuestas, algunas de ellas de inmediata aplicación, pero otras, que son las que quiero resaltar, de estudio, de valoración a partir de datos y de análisis para determinar la efectividad de las medidas de
protección; una valoración que deberá recogerse en un informe que se remita a la Cámara en un plazo máximo de tres meses y que esperamos desde Convergència i Unió que nos dé luz acerca de cuáles son los eslabones que fallan en la aplicación de la
ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Pigem, por favor.
La señora PIGEM I PALMÉS: Termino, señora presidenta, diciendo que esta enmienda de sustitución ha cuajado en una enmienda transaccional que hemos firmado todos los grupos, a la cual desde Convergència i Unió nos hemos sumado con la
esperanza de que la implementación de estas medidas redunde en un mejor resultado de la ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem.
Señorías, someteremos a votación la enmienda transaccional.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL CÁLCULO EFECTIVO Y PUBLICACIÓN ANUAL DE LAS BALANZAS FISCALES ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000201.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa al cálculo efectivo y publicación anual de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la
Administración General del Estado. Será, señorías, el señor Sánchez i Llibre quien, en nombre de su Grupo de Convergència i Unió, tomará la palabra para defender esta moción consecuencia de interpelación.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, efectivamente nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una moción consecuencia de una interpelación urgente que planteó nuestro grupo parlamentario la semana pasada ante esta
Cámara, relativa al cálculo efectivo de la publicación anual de las balanzas fiscales entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Entendemos, señorías, que después de diez años de reivindicaciones por parte de
nuestro grupo parlamentario y de reiteradas mociones aprobadas en este Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, y el resto de los grupos de la Cámara tienen la gran
oportunidad de hacer justicia aprobando esta moción que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Con la aprobación de dicha moción seguramente vamos a hacer un gran servicio a la democracia española porque, en
definitiva, vamos a dar cumplimiento a una serie de objetivos que han sido aprobados reiteradamente en esta Cámara y, por tanto, vamos a engrandecer la democracia en nuestro país. Con la aprobación de la publicación de las balanzas fiscales también
vamos a fomentar la transparencia y, finalmente, con dicha publicación vamos a dar cumplimiento a una moción aprobada en esta Cámara, concretamente en el mes de septiembre de 2006, por la que, por una mayoría cualitativamente importante, se instaba
al Gobierno a que se comprometiera a la publicación de dichas balanzas fiscales. Por tanto, señorías, entendemos que ahora el Grupo Parlamentario Socialista tiene la gran oportunidad de cumplir con una serie de objetivos a los que se comprometió
reiteradamente, repito, en el año 2004. Quizá si hiciéramos un poco de historia llegaríamos a la conclusión de que otros gobiernos y otros grupos parlamentarios también dieron en su momento apoyo a este cumplimiento, concretamente en el año 2007
por parte del Grupo Parlamentario Popular, que en aquellos momentos gobernaba en España. (El señor Martínez-Pujalte López: En 1997.) Sí, en 1997.
Desde Convergència i Unió siempre hemos mantenido que estos incumplimientos, la falta de transparencia por parte del Gobierno del Estado, no hacen más que corroer la democracia; entendemos también que la falta de transparencia por parte del
Gobierno socialista en este momento no deja de ser uno de los peores enemigos de la democracia y los incumplimientos reiterados por parte de los diferentes gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, no dejan de ser también un
mecanismo importante que fomenta el abstencionismo del que nos quejamos tantas veces la mayoría de los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara. Finalmente, los incumplimientos no dejan de fomentar el divorcio y distanciamiento entre los
políticos y los ciudadanos.
¿Por qué desde Convergència i Unió hemos venido planteando la moción que ustedes conocen perfectamente? Porque consideramos que en Cataluña concretamente existe un importante sentimiento de frustración y una fuerte conciencia de injusticia
social hacia Cataluña con relación al déficit fiscal galopante consistente en la diferencia entre lo que aportamos desde la comunidad catalana, desde el Gobierno de la Generalitat, y lo que recibimos. Si hiciéramos caso de algunas estadísticas o de
algunos cálculos que hacen referencia a este déficit fiscal podríamos estimarlo entre el 9 y el 10 por ciento del PIB catalán, que es una cantidad que asciende
a 18.000 millones de euros que, extrapolados a las antiguas pesetas, serían unos tres billones de pesetas. Si esto fuera cierto casi les diría, señorías, que estamos ante un expolio fiscal por parte del Estado hacia los catalanes.
Es de justicia y sería muy importante probar hoy la consistencia del Grupo Parlamentario Socialista para que diéramos cumplimiento a la moción y a las palabras que pronunció el vicepresidente económico del Gobierno, señor Solbes, durante la
interpelación de la semana pasada cuando se comprometió a publicar las balanzas rápidamente. En la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hemos dicho que no hace falta que consensúen una metodología; desde
nuestro grupo nos damos por satisfechos con que se puedan publicar las balanzas fiscales con las dos metodologías a las que el grupo de expertos del Instituto de Estudios Fiscales ha llegado, que son el criterio de la carga-beneficio y el criterio
del flujo monetario. Eso sí, hemos planteado en esta moción que se publique en el plazo máximo de seis meses, que son los que modestamente estimamos que puede durar esta legislatura. Es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una
enmienda transaccional que va en la misma dirección que la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con unos términos muy parecidos, en la cual solamente nos hacen una pequeña salvedad. Nos dicen que se comprometen a publicarla
rápidamente, pero eliminan el plazo máximo de seis meses que ha pedido mi grupo. Señorías, podemos afirmar con rotundidad que si no se aprueba esta moción o si nosotros aceptáramos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista en el
sentido de no incluir el plazo de los seis meses, seguramente no se publicarán las balanzas fiscales en esta legislatura. Por lo tanto, les instamos a que el Grupo Parlamentario Socialista tenga la sensibilidad suficiente para dar la máxima
transparencia a la democracia y para que acepten nuestra enmienda, ya que en definitiva todos sabemos que, aunque las balanzas fiscales no están publicadas, el Grupo Parlamentario Socialista conoce perfectamente cuál es el resultado de las mismas.
Si no lo publican será porque algo temen, y algo muy grande han de temer para que no puedan aprobar esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.
Señor Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, es su turno para defender la única enmienda que se ha presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero resaltar que, a pesar del alegato que nos acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -también lo hizo en su interpelación-, no es cierto todo lo relacionado con la falta de
transparencia que nos ha comentado. Esto no es así ahora.
Sí es verdad que durante los debates sobre el estado de la Nación de 1997, 1998 y 1999 se instó al Gobierno a elaborar una metodología común en la que se integraran todos los flujos
económicos de las administraciones públicas, incluida la europea, pero no se cumplió. En esta legislatura, le recuerdo que en el Senado se debatió una proposición no de ley que se rechazó. No compartíamos ya cuál era la finalidad de la misma. Les
recuerdo que ustedes decían que ante el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, hay que conocer las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales no sirven directamente para reconocer un sistema de financiación. Sí que aprobamos en
septiembre de 2004 una proposición no de ley, un texto transaccional del Grupo Socialista y aquí sí que hablábamos claramente de una metodología para que después se pudieran publicar y se ha cumplido escrupulosamente. Es la primera vez en la
historia que se cumple una resolución de esta Cámara en la que se habla de metodología de las balanzas fiscales.
Se creó de inmediato en el marco del Instituto de Estudios Fiscales un grupo de trabajo donde estaban todos los que tenían algo que decir en la materia y se ha llegado a unas conclusiones. El informe tiene observaciones muy sabrosas, diría
yo. Está claro que la utilidad de este informe está al servicio de la transparencia democrática y da un conocimiento necesario sobre la dimensión territorial de la actividad financiera de las administraciones públicas. Está clarísimo que se
produce un avance en todos los criterios de regionalización, de imputación, pero para el cálculo de una balanza fiscal es necesario definir muy claramente cuáles son los criterios. Sabemos que las limitaciones fundamentalmente han sido la
disponibilidad de información y los criterios específicos de imputación y estos, señor Sánchez i Llibre, a pesar del informe, no están claramente definidos y digo claramente porque se tiene que avanzar mucho más.
Por primera vez es cierto que hay una metodología de enfoque de la carga-beneficio que sabemos que trata de medir los efectos redistributivos del sector público estatal, como también la posibilidad del enfoque del flujo monetario que trata
de medir los efectos del conjunto de los ingresos y gastos del sector público estatal incide sobre la estabilidad económica. Dicho esto, no podemos olvidar que desde el propio informe se destaca todavía la ingente tarea por regionalizar
determinados programas presupuestarios que todavía no lo están o por resolver criterios de imputación. Le quiero recordar algunas cuestiones complejas que en esta Cámara se han discutido varias veces. Por ejemplo, cómo computar los ingresos de las
grandes compañías que tienen su centro de trabajo en todo el Estado y el domicilio social en Barcelona o en Madrid; o por ejemplo, los pagos e
ingresos de la Seguridad Social. Es muy complejo, sabemos que muchas veces un ciudadano cotiza en un territorio y recibe la pensión en otro. ¿Cómo resolver esto? O en la adscripción territorial de las infraestructuras, ¿qué ocurre con el
AVE que pasa por Castilla-La Mancha, Madrid-Valencia? ¿Se lo imputamos a Castilla-La Mancha? ¿Cómo imputar el stock de capital público? ¿Qué hacemos? ¿De acuerdo con su vida útil imputar la proporción de depreciación del año, o la totalidad de
la inversión que se realiza en este año presupuestario? Son cuestiones muy complejas que están por resolver. Por tanto, decir que no hay voluntad cuando se ha hecho un informe para ponerse de acuerdo entre los diferentes criterios metodológicos -y
se ha hecho un gran informe- es faltar a la verdad. Sí que hay voluntad porque de lo contrario no se hubiese hecho este estudio por parte del Instituto de Estudios Fiscales.
Ahora le voy a decir algo que es muy importante, señor Sánchez i Llibre.
Fíjese, el grupo estaba formado por todas las sensibilidades, no solamente profesionales sino también políticas, y ha dicho literalmente: Ha estimado oportuno también
dedicar un apartado a la reflexión sobre la interpretación que se hace de las balanzas fiscales. El saldo que resulta de las mismas no se debe en general a actuaciones discrecionales de la Administración General Central, sino que es consecuencia de
un sistema impositivo y de gasto público vigente en el país, por lo que deberían estar totalmente desvinculadas de las discusiones sobre política territorial y financiación autonómica con las que no guardan relación directa. Esta es la conclusión
de los expertos. No se puede, por tanto, estar empujando en dirección de las balanzas fiscales y decir que hay un déficit brutal con la Administración, con Cataluña o con cualquier otra nacionalidad, cuando no hay datos. Le diré que España es el
país donde más estudios universitarios se han publicado de balanzas fiscales, es el país europeo donde más se han estudiado las balanzas fiscales. Por tanto, no hay ninguna opacidad. Al contrario, el Gobierno ha cumplido por primera vez, señor
Sánchez i Llibre. No pida usted peras al olmo, cuando hay muchos criterios de imputación y de regionalización que se están ahora elaborando. No se puede poner seis meses cuando hay un trabajo importante. Ojalá que fueran cuatro, pero usted sabe
que se ha cumplido y que se está trabajando en la dirección adecuada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Torres.
Fijación de posiciones, señorías. Comenzamos por el señor Rodríguez.
Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Algo tenemos que decir como gallegos y creo que es algo que puede ser también ilustrativo. Para ilustrar, empezaré diciendo que vamos a dar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y no lo vamos a
hacer porque seamos inconscientes sino porque estamos muy interesados en que se haga esta publicación de las balanzas fiscales, pero con la misma contundencia queremos aclarar algunos extremos.
No es indiferente el tipo de metodología que se emplee para los resultados que se obtengan. Por lo tanto, debemos considerar en primer lugar que no existe neutralidad en este tema, y es importante tenerlo en cuenta para, cuando se hagan
estas balanzas fiscales, saber cuál fue el punto de partida, qué criterios se emplearon. Está claro que no es indiferente ver qué operaciones de ingresos y de gastos se tienen en cuenta, no es indiferente qué ámbitos institucionales se tienen en
cuenta y no son indiferentes, por supuesto, los criterios de territorialización.
Solamente les voy a dar un dato. Normalmente, en las balanzas fiscales que se hacen se excluyen los organismos autónomos diferentes de los administrativos, no se
incluye el sector empresarial que viene realizando un gran volumen de inversiones territorializadas, en concreto la Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias, Renfe, Aena, Puertos del Estado, incluso superando a la Administración pública así
definida. No es indiferente tener en cuenta nada menos que a organismos que invierten 12.000 millones de euros frente a los de la Administración General del Estado, que invierten 10.000 millones. Al tener en cuenta una cosa y al tener en cuenta
otra, los resultados son muy distintos. Por cierto, en Cataluña, la cantidad de inversiones de los presupuestos que pertenecen a los organismos, y que no se territorializan en este aspecto, es impresionante en relación, por ejemplo, con Galicia y
esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros abogamos por la transparencia política, porque si hay transparencia política todos vamos a empezar a entender qué efecto redistribuidor espacial existe y, por tanto, la importancia de la
coordinación de las administraciones; también podríamos ver los límites de la soberanía fiscal, es decir, qué soberanía fiscal hay compartida en el Estado español, y por tanto de forma horizontal, y cuál está jerarquizada y es vertical, que
realmente es el caso preponderante en el Estado. La opinión pública va a ser siempre consciente de dos cosas, que si hay obligación de pagar hay también el deber de recibir. Yo creo que esta conciencia en el caso catalán es interesante e
importante y también el sentimiento propio de pertenencia a un territorio. Los dos criterios están claros en el caso catalán y creo que cualquier comunidad autónoma que quiera tener voluntad política debe partir de estos criterios: Saber por qué
tenemos que pagar y cuánto tenemos que recibir, y tener también ese sentimiento de que no nos es indiferente el sistema fiscal que se emplee.
Las críticas españolistas a toda esta pretensión inicialmente catalana se basan en esta tesis, más o menos científica: Señores, aquí no hay más que agregados de
situaciones personales, no hay problemas territoriales porque los impuestos, dicen ellos, los pagan los individuos; y otra -un prejuicio mucho mayor- son los peligros políticos porque, si vamos por ahí, vamos a la independencia o vamos a la
división del Estado español. En todo caso, con la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán está claro que los dos modelos, el del flujo monetario y el del flujo de beneficio, son bastante distintos. Uno es la localización espacial del
gasto, que corresponde a una posición política claramente soberanista, y otro es el flujo de beneficio, que sería qué individuos son los beneficiados del bien o del servicio público, que corresponde más a una mentalidad de carácter centralista.
Curiosamente, no vamos a tener ningún tipo de duda en relación con los ingresos por IRPF, que son claros, meridianos. Por cierto, hay que advertir que en Cataluña no pagan más por el IRPF, lo que pasa es que los salarios allí son más elevados que
en Galicia y, lógicamente, el resultado es distinto, pero eso no quiere decir que sea justo, porque no es igual pagar el 10 por ciento por un salario de 100.000 pesetas que pagar el 10 por ciento por uno de 300.000 pesetas.
Esto también hay que
tenerlo en cuenta. Después están el IVA, el IBI y los impuestos especiales sobre el consumo, que son deducciones que se hacen. En cuanto al impuesto sobre sociedades hay más dudas, porque no se sabe si va contra los beneficios, los consumidores o
los asalariados o contra quién va. En todo caso, señorías, desde una óptica como la gallega, queremos decirle una cosa, y es curioso que estudios españolistas lo hayan detectado, en concreto el de un profesor valenciano que se llama Ezequiel Uría,
que en un estudio del Banco Bilbao Vizcaya dice: Curiosamente, según este estudio solamente son aportadoras Baleares, Madrid y, a cierta distancia, Cataluña. Y sigue diciendo el profesor: El caso contrario sucede en Galicia, que pese a ser de las
últimas en renta por capital, la decimosexta, solo es la duodécima en su balance fiscal y no se encuentra por tanto entre las que más reciben con relación a lo que aporta. Es curioso, porque a esta conclusión se llega siguiendo la metodología de
los profesores del españolismo.
En todo caso, y concluyo ya, señora presidenta, lo importante no es la balanza fiscal, lo importante es que las relaciones financieras con los presupuestos del Estado son un aspecto parcial de la integración económica de un territorio en el
Estado. Esa integración no solamente es fiscal, es más, es económica, es política y es incluso la del intercambio desigual, que ahí sí que podríamos descubrir muchas cuestiones que las balanzas fiscales no reproducen ni informan. Ahora bien, por
transparencia, porque todos nos tenemos que responsabilizar y teniendo clara la metodología, no hay que tenerle miedo. Creo que podremos descubrir muchas cosas interesantes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Herrera, en nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, es su turno.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, nuestro grupo está de acuerdo. De hecho estuvimos de acuerdo el 21 de septiembre de 2004, cuando votamos la proposición no de ley que ustedes presentaron. Estaba repasando lo que en su momento, como portavoz de mi
grupo parlamentario, decía: En cuanto a la transacción de Convergència i Unió, valoramos positivamente el hecho de llegar a un acuerdo. Ahora bien, a nuestro grupo le gustaría que se fijasen plazos. El señor Sánchez i Llibre coincidirá conmigo en
que sin plazos se corren más riesgos. Era el 21 de septiembre de 2004. Se lo digo porque nosotros entendíamos que esta era una legislatura de oportunismo, no se lo niego, pero continuamos pensando que esta era una legislatura de oportunidades.
Entendemos que es positivo que se publiquen balances, incluso con criterios diferentes, porque todos sabemos que no es lo mismo un criterio que otro, no es lo mismo el flujo monetario que el criterio de beneficio.
Es más, nosotros somos de
los que entendemos que tiene que haber un déficit fiscal entre comunidades autónomas distintas con rentas diferentes, pero tiene que haber criterios objetivos en lo que se refiere a solidaridad. El problema está en que ese plazo no se ha cumplido.
Hoy requerimos de un cálculo efectivo de publicación anual de balanzas fiscales. Y es que en nuestro modelo de financiación, si queremos avanzar realmente hacia lo federal, necesitamos algo muy elemental y muy básico, que es transparencia. Esa
transparencia se viene demandando a un Gobierno y a otro, de todos los colores, desde hace muchos años. Para nosotros, la solidaridad es un criterio que se tiene que reivindicar, pero en este país, lamentablemente, durante mucho tiempo se ha
hablado de solidaridad sin fijar criterios objetivos, sin determinar en definitiva que esa solidaridad, que esa equidad, que un sistema equitativo de financiación se tiene que traducir necesariamente en que para abordar los retos sociales de cada
una de las comunidades autónomas se tengan los mismos recursos. Hoy podemos decir claramente -no lo digo yo, lo dicen los informes de la Confederación de Cajas de Ahorros- que existe una diferencia notable entre una comunidad y otra y que son
algunas comunidades autónomas -la Comunidad Autónoma de Cataluña, Madrid, el País Valencià, además por este orden- las más perjudicadas. Por eso entendemos que hace falta avanzar.
Señor Sánchez i Llibre, S.S. sabe que el Estatut -nosotros lo valoramos positivamente- incorporó el principio de ordinalidad, que significa avanzar hacia lo federal. Ahora estamos hablando de lo que pasa en
Canadá o en Alemania. La ordinalidad significa que tiene que haber solidaridad, que si yo tengo 120 y mi vecino 80, lo que no puede pasar es que mi vecino acabe teniendo 110 y yo 90; se tiene que mantener un criterio de orden y, por
supuesto, no alterar auna comunidad autónoma respecto de otra. El problema que tenemos es que lo que supone un avance indiscutible en el Estatut de Catalunya, porque avanza hacia lo federal al incorporar ese principio de ordinalidad, no podemos
llevarlo adelante porque no tenemos el elemento fundamental de la transparencia Por eso estábamos de acuerdo en 2004 y lo estamos en que se avance hacia la transparencia y en que se haga con plazos. Lo consideramos en 2004 lo continuamos pensando
hoy. Tenemos el marco para hacerlo, el Instituto de Estudios Fiscales, y tenemos las dos metodologías que se han aprobado. La pregunta es: Si tenemos el marco y las dos metodologías, ¿por qué no lo hacemos? Señor Torres, permítame que en este
caso disienta de S.S. porque tenemos la oportunidad. La referencia existe en Alemania, Canadá y en la misma Unión Europea donde sabemos cuáles son los balances fiscales entre Estados. En un modelo que tiene mucho de federal que, desde nuestro
punto de vista, una izquierda progresista tendría que avanzar hacia lo federal, lo normal es que estos balances fiscales se publiquen porque, si no, continuaremos hablando de una palabra, solidaridad, sin contenidos objetivos, y la izquierda federal
no llenará de contenidos lo que se entiende por solidaridad. Por eso, existiendo dos criterios -podemos discutir algunos de los que ha aprobado el instituto con los que incluso podemos estar de acuerdo-, estamos también de acuerdo en que en seis
meses esos balances fiscales se publiquen. Lo que hay que hacer es publicarlos y no solo aprobar la metodología. Sabemos que es complejo y que hay elementos discutibles, claro que sí, pero podemos publicar las balanzas fiscales con dos criterios.
Podemos hacer lo que se hace en otras partes del mundo. Lo que no es comprensible que hoy existan diferencias notables para abordar los retos sociales de las mismas personas que necesitan esa inversión social porque en los barrios de Cornellà, de
Barcelona o de Sant Adrià del Besòs se tienen las mismas necesidades sociales que en otras zonas donde teóricamente hay menos grado de riqueza y eso significa que se necesitan, como mínimo, los mismos recursos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que terminar señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.
Lo que vamos a hacer es lo que hicimos en 2004, pero en este caso con plazo. Se lo dijimos en 2004: estábamos de acuerdo con la iniciativa, pero faltaban plazos. Aunque sea tarde, esperamos que estos plazos lleguen y que el Gobierno
finalmente cumpla con este mandato.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
¿Señor Olabarría? (Pausa.) Pasamos al turno del señor Tardà en nombre del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señores proponentes, señor Sánchez i Llibre, esta iniciativa que nos presentan está del todo caduca. No se lo digo como reproche sino con una triste complicidad. Un día ustedes, otro nosotros, unos días de por medio, quizás unos meses, una
promesa y un incumplimiento del Gobierno.
Como conocen ustedes y como decimos en catalán (pronuncia palabras en catalán), vamos tirando. Esta es la triste historia de la publicación de las bonanzas fiscales. Año tras año, nuestro grupo
parlamentario viene presentando enmiendas a los Presupuesto Generales del Estado en las que solicita la publicación de la bonanzas fiscales. Hace pocos días preguntábamos al presidente del Gobierno por qué no se publicaban, ya que había sido un
compromiso expreso de su Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, no solo con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sino con toda la Cámara y se aprobó de forma mayoritaria con el voto favorable de todos los grupos excepto del Partido
Popular una resolución consecuencia del debate de política general, impulsada entre otros grupos por el nuestro, en la que se instaba al Gobierno a que antes de finalizar el año 2005 se acordara la metodología entre los diferentes expertos y se
publicaran las balanzas fiscales. Somos conscientes de que no es solo una batalla nuestra y de que ustedes lo han venido reclamando en otras legislaturas anteriores en las que no teníamos grupo parlamentario, así como en la presente mediante otras
iniciativas parlamentarias. Las respuestas han sido varias, pero uno tiene la sensación de que cuando se han aprobado nunca lo ha sido con la voluntad firme de que finalmente se acaben publicando las balanzas fiscales. Cuando no se pueden publicar
porque no se conoce el método se tiene que nombrar a un grupo de expertos para que lo determine y cuando estos son nombrados no se ponen de acuerdo en cuál debe ser el modelo por el que se publican las malditas balanzas fiscales, y así
sucesivamente.
Este es un debate de largo recorrido. Ya en el año 1996 se encargó un estudio al Instituto de Estudios Fiscales que al final no se llegó a publicar. Era un estudio completo que tenía dos indicadores para calcular el modelo de flujos
territoriales: en primer lugar, el flujo monetario y, en segundo, el criterio del beneficio. Son los dos indicadores necesarios para acoplar bien una balanza fiscal. Pues bien hoy, en el año 2007, once años después, tenemos a un grupo de expertos
intentando decidir -más bien no decidir- qué método de cálculo utilizar. Nos parece absolutamente surrealista y solo cabe en esta España que se dice moderna y en la que todo es hoy por
hoy humo y más humo. Quizás la fórmula escogida en la moción que someten a consideración sea válida. Si los expertos no se ponen de acuerdo en qué sistema debemos usar para calcular las balanzas fiscales, como así se manifestó hace unos
días cuando el presidente del Gobierno a preguntas de nuestro compañero Agustí Cerdà esquivó la pregunta y se escudó en temas de carácter procedimental y metodológico, es evidente que estamos ante otro gran desengaño, por no decir deslealtad.
Creemos sinceramente que el Gobierno actual y los anteriores tenían y tienen la suficiente capacidad técnica para llevar a cabo un cálculo de balanzas fiscales. Es más, estamos convencidos de que el señor Solbes las tiene. El compañero Cerdà instó
al ministro señor Solbes a que las sacara de una vez por todas del cajón del ministerio. Ya no nos lo creemos y entendemos que es un puro fraude político. Parece increíble que hasta ahora no podamos disponer de este modelo. Esperemos que podamos
tener luz sobre un sistema que requiere solidaridad, pero también saber quién paga, cómo se paga y a dónde van a parar todos nuestros recursos.
Finalmente, a las puertas del debate de política general, uno se pregunta qué calidad tienen -entendemos que bajísima- los acuerdos pactados con el Grupo Socialista en las resoluciones consecuencia de los debates de política general. Voy a
decirlo con pocas palabras y despacio: A nosotros no nos volverán a engañar. Repito: A Esquerra Republicana de Catalunya no le van a volver a engañar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà, muchas gracias.
Finalizamos con el turno del señor Utrera en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor UTRERA MORA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el 21 de septiembre del año 2004, hace ya casi tres años, tuvimos la ocasión de debatir en este Pleno, en este inicio de legislatura de oportunidades, tal y como se ha
mencionado en una intervención anterior, sobre la publicación de las balanzas fiscales. Tuve entonces la ocasión de defender la posición del Grupo Parlamentario Popular y me ratifico en todos los argumentos que entonces desarrollé. Exponía en el
año 2004 que la elaboración de balanzas fiscales era muy compleja y que necesariamente tendría que realizarse sobre la base de supuestos muy simplificadores, de metodologías con orientaciones distintas y bajo la disponibilidad de datos
suficientemente desagregados. Esos problemas han emergido en el informe del grupo de expertos; han emergido en este mismo debate, donde alguno de los intervinientes ha especificado claramente que las metodologías no pueden considerase de forma
unidireccional y ha emergido también -y esto, desde nuestro punto de vista, es lo más grave- esa interpretación llamémosla tosca y burda de resultados de un instrumento en principio analítico, como son las balanzas fiscales, de quienes hablan de que
les han engañado o les han dejado de engañar y exigen no sé sabe el qué porque, de la misma forma que el IPC regional, las tablas input output regionales o cualquier otro instrumento analítico tienen las consecuencias que tienen y orientan las
políticas económicas de la forma en que las orientan, en la cuestión de las balanzas fiscales parece que el debate es otro: a partir de los resultados se pretenden sacar conclusiones de otro tipo. Esto me lleva a la siguiente reflexión que
comparto con el vicepresidente segundo del Gobierno, señor Solbes, que exponía la semana pasada. Estudios en el ámbito académico donde no es tanto la precisión utilizada, sino donde la capacidad de vinculación de conceptos diversos pueden tener una
cabida perfecta. En el caso de las cifras oficiales la cuestión exige mayor reflexión. Habría que explicar con las cifras oficiales si nos hemos basado en un modelo simplificador, con unas metodologías orientadas a determinados fines y con unos
datos que son los que son y tienen los problemas que tienen que más o menos todos conocemos, y habría que explicar muy bien que los resultados que se derivaran de la cifra resultante final de los saldos de balanza fiscal -incluidos lógicamente sus
signos- deberían dar lugar a las implicaciones que corresponden a unos resultados tamizados por todas esas restricciones que acabo de mencionar. Por el contrario, estamos oyendo hablar de expolios fiscales hacia algunas regiones de España y de
excesiva carga.
Con desigualdades en la distribución regional de la renta no debemos esperar otra cosa -eso dije literalmente en el año 2004- que distintas cuantías y signos en los saldos de las balanzas fiscales. La realidad se impone, los flujos
monetarios y las cargas-beneficios -las dos metodologías propuestas por el grupo de trabajo- llevarían a conclusiones diferentes, puesto que son distintas metodologías, pero en cualquier caso conclusiones que no pueden ser utilizadas más que en el
ámbito en que deben serlo.
Por ello, tal y como establece la Constitución española, seguimos pensando que lo que obligado es garantizar un sistema fiscal único y común a los españoles, a todos, cualquiera que sea su lugar de residencia; un sistema de gasto público
-social y no social- común a todos los españoles y, lógicamente, los resultados regionales en términos de balanza fiscal, que son la agregación de los resultados individuales para cada uno de los ciudadanos, darán los signos y los resultados que den
pero, en cualquier caso, se cumplirá el principio de solidaridad interterritorial, entendido como igualdad de trato de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el territorio en el que residan.
El señor Sánchez i Llibre ha hecho una mención extraña -creo que ha tenido un pequeño lapsus aritmético- que no he entendido bien a nuestra posición. Nuestra posición ha sido siempre la misma. En 1997 nos abstuvimos. Entonces gobernábamos
y nos abstuvimos
en una moción de esta naturaleza. En 2004 nos volvimos a abstener y ahora, en 2007, sobre la misma cuestión nos vamos a abstener. No porque tengamos prevención a la herramienta analítica, a la balanza fiscal, sino quizá porque dudamos de
la forma en cómo esa herramienta va a ser interpretada por algunos. Sin embargo, quiero dejar constancia de que otros grupos parlamentarios no han sido coherentes en el tiempo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No es el caso de
Convergència i Unió, que siempre ha pedido la publicación de las balanzas fiscales, pero sí lo es del Grupo Parlamentario Socialista que hace diez años, en 1997, hizo una encendidísima intervención exigiendo la publicación inmediata de balanzas
fiscales; en 2004 habló, con algo más de lógica desde el Gobierno, con la lógica que da el ser responsable de la gestión, de las cifras oficiales en este caso y dijo de que había que estudiarlo; y en 2007 han comprobado que efectivamente es muy
compleja la elaboración de balanzas fiscales y mucho más compleja la interpretación de sus resultados. Señor presidente, señorías, estamos donde estábamos. Nos abstenemos en virtud de los méritos de la herramienta analítica. No estamos de
acuerdo, sin siquiera estar publicados los datos, en la forma cómo se quieren interpretar los resultados de esa herramienta analítica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, ¿va a aceptar la enmienda?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, no vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Llamamos a votación. (Pausa.) Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Se ha presentado una enmienda transaccional a las dos mociones que se han debatido, la de Esquerra Republicana y la del Grupo Popular, firmada
por todos los grupos parlamentarios. En consecuencia haremos una sola votación, que es la de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 291.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al cálculo efectivo y público anual de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración
General del Estado. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 24; en contra, 139; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.