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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 244, de 27/03/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 244
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 226
celebrada el martes, 27 de marzo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de transferencia a las Comunidades Autónomas por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum
(Orgánica). (Número de expediente 122/000079.)... (Página 12282)
Exclusión del orden del día... (Página 12293)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 12293)
Proposiciones no de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva
Canarias y Mixto, sobre el Año de la Ciencia.
(Número de registro 181886.) (Número de expediente 162/000578.)...
(Página 12293)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revocación de la resolución de 17 de mayo de 2005, sobre el apoyo a un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA. (Número de expediente 162/000547.)...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género. (Número de expediente 173/000183.)... (Página 12306)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 12282)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de transferencia a las comunidades autónomas por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum
(Orgánica)... (Página 12282)
El señor Tardà i Coma presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) esta proposición de ley. Su grupo pretende con esta iniciativa la transferencia a las comunidades autónomas de las facultades reservadas al
Gobierno del Estado en materia de autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Y todo ello a través del artículo 150.2 de la Constitución española. Desean disponer del instrumento necesario para intensificar la
democracia en su vertiente participativa, es decir, construir un escenario en el que la ciudadanía pueda ejercer directamente su protagonismo en todo aquello que le incumbe de forma singular ante los retos que día a día le corresponde afrontar.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora
Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Nadal
i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Exclusión del orden del día... (Página 12293)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 31 y 33, correspondientes a las interpelaciones urgentes del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar respuesta a la unánime demanda de la sociedad civil catalana sobre la gestión del aeropuerto de Barcelona y del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el servicio de cercanías de Cataluña, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 12293)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de transferencia a las comunidades autónomas, por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, de las competencias
en materia de autorización para la convocatoria de referéndum, se rechaza por 29 votos a favor, 265 en contra y una abstención.
Proposiciones no de Ley.... (Página 12293)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva
Canarias y Mixto, sobre el Año de la Ciencia...
(Página 12293)
Intervienen en la presentación conjunta de esta proposición no de ley las señoras Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Pigem i Palmés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revocación de la resolución de 17 de mayo de 2005, sobre el apoyo a un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA... (Página 12300)
Defiende la proposición no de ley la señora Torme Pardo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En opinión de su grupo, la resolución que se aprobó durante el debate sobre el estado de la Nación el 17 de mayo de 2005 fue
el primer paso en el desarme del Estado de derecho que emprendió este Gobierno. Hace un repaso detallado de lo sucedido desde esa fecha hasta la actualidad en lo que concierne a ETA y el terrorismo. Manifiesta que el Gobierno ha tenido que ceder
ante los terroristas y va a tener que seguir cediendo, a no ser que rectifique, y apoye esta iniciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Mendizábal
Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Vasco, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, sobre el Año de la Ciencia, se aprueba por 304 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revocación de la resolución de 17 de mayo de 2005, sobre el apoyo a un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA, se
rechaza por 131 votos a favor, 174 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 12306)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género... (Página 12306)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Camarero Benítez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para la defensa de la enmienda presentada, interviene la señora Pérez Anguita, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda transaccional, firmada por todos los grupos parlamentarios, a la moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género, se aprueba por 304 votos a favor.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE TRANSFERENCIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR LA VÍA DEL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000079.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al martes 27 de marzo de 2007. Punto I del orden día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de transferencia a las
comunidades autónomas, por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum. Es orgánica. Para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Esquerra trae a debate hoy una proposición de ley que pretende la transferencia a las comunidades autónomas de las facultades reservadas al Gobierno del Estado en materia de autorización de convocatorias de consultas populares por vía de
referéndum Todo ello a través del artículo 150.2 de la Constitución española. Por tanto, una vía constitucional
Deseamos disponer del instrumento necesario para intensificar la democracia en su vertiente participativa. Dicho en otras palabras, construir un escenario en el que la ciudadanía pueda ejercer directamente su protagonismo en todo aquello
que le incumbe de forma singular ante los retos que, día a día, le corresponde afrontar. Retos de calado distinto, ciertamente, pero todos ellos inherentes a la necesidad de profundizar en el ejercicio de la democracia: retos que puedan afectar a
una cuestión concreta, caso de las grandes obras de infraestructura que obligan a recoger la opinión y la voluntad de las personas directamente afectadas, o retos que superen la gestión presupuestaria de los gobiernos y afecten al discurso
histórico, como podría ser la consulta referida al futuro, al destino de una comunidad nacional.
Ustedes hoy podrían hacer oídos sordos a nuestra propuesta y negarnos lo solicitado. Si es así, volveremos a hallarnos ante una prueba de desconfianza absoluta ante los avances de la democracia, una actitud, sin duda, timorata, que no
atiende a las razones y necesidades de las nuevas sociedades del conocimiento del siglo XXI; una actitud paternalista del Estado que pretende acotar y limitar la representación popular a las estrictas convocatorias electorales cada cuatro años. La
socialización de la educación, el acceso a las nuevas tecnologías y el rol de los medios de comunicación en el marco de la globalización han enterrado la exclusividad de la democracia representativa. Ha llegado el momento de elevar a categoría, de
forma inseparable de la representación democrática, las herramientas de consulta popular, cuya exigencia, quieran o no, se abrirá camino antes cuantas más facilidades ofrezca la tecnología. Esto es parte del mundo nuevo que hasta hace poco se
avecinaba y hoy ya se reivindica.
Ciertamente ustedes hoy pueden, de nuevo, mostrar su anquilosamiento blindando, una vez más, la competencia estatal de convocatoria de referéndums. Ello, sin duda, tenderá a devaluar la legitimidad democrática del sistema, por mucho que se
atrincheren en legalidades cada día más obsoletas. En el siglo XXI, en la Europa rica, culta y profundamente democrática, el ciudadano ya ha superado su antigua condición de mero votante y, en consecuencia, los pueblos, las comunidades nacionales,
van a superar algunas herencias sujetas a estados de pasividad o postración nacional. Sin duda, en este despertar actúan y actuarán como catalizador las naciones sin Estado, precisamente por ser ellas las damnificadas por la historia. Vean, si no,
y permítannos utilizarlo como muestra, lo ocurrido en Montenegro. Por primera vez, la Unión Europea puso las condiciones democráticas para que se pudiera celebrar un referéndum de autodeterminación, y el referéndum se celebró, con lo cual se
superaron de una vez por todas los tópicos que pretendían dejar sentado para todos los tiempos que no era posible ya la creación de nuevos Estados en Europa. No les puede extrañar que para Cataluña, y en especial para el catalanismo político, la
victoria del sí representara un hito. Sin duda, se trataba de una nueva demostración de la capacidad y de la potencialidad de la civilización democrática europea precisamente en el contexto actual, enmarcado entre la conmemoración del 50º
aniversario del Tratado de Roma, que visualiza el largo trayecto recorrido, y el estancamiento del proceso a raíz de los déficits del Tratado para una Constitución Europea en muchos ámbitos, uno de los cuales es cómo encajar las naciones sin Estado
en el puzle europeo. El caso montenegrino es sin duda un modelo deseable para naciones como la catalana, la gallega o la vasca, sin Estado, que aspiran a su plena soberanía en el marco actual o futuro de la Unión Europea. ¿Cuándo?
En el caso de Cataluña, en el momento en que exista una mayoría de ciudadanos que consideren que ya no hay razones para más dilaciones. Los catalanes tenemos el derecho a decidir cuál debe ser nuestro futuro.
Después de la caída del muro
de Berlín, las naciones del llamado este europeo decidieron coger las riendas de su propio futuro. Y así fue.
Posteriormente, otras naciones asumieron el protagonismo que los nuevos tiempos les brindaban. Por cierto, y al hilo de lo dicho
alrededor de Montenegro, hay que destacar la intervención directa de una personalidad del Partido Socialista Obrero Español, el señor Javier Solana, que fue determinante en el establecimiento de las condiciones de la Unión Europea en cuanto al
referéndum de Montenegro: participación superior al 50 por ciento y votos favorables superiores al 55 por ciento. El posicionamiento de la Unión Europea significó un gran paso, rotundo y con escasos paliativos, sobre todo si recordamos que, solo
dos años antes, el señor Solana afirmaba que Montenegro no tenía por qué separarse de Serbia. No les escondo, señores diputados y diputadas, que esta proposición de ley llega en un momento crucial de la legislatura. Hace tan solo unos días, este
mismo diputado preguntaba en la sesión de control qué opinión política le merecían al Gobierno las declaraciones de don José Blanco, en las que afirmaba que en caso de que el Tribunal Constitucional anulara artículos del Estatut vigente nada iba a
ocurrir. Sin duda, el señor Blanco andaba, y anda, atareado en la preparación de la pista de aterrizaje para el segundo cepillado, en terminología guerrista, del Estatut. En cambio, nuestra opinión es muy distinta. Ya manifestamos que, al revés
de lo que presupone el Partido Socialista Obrero Español, las consecuencias serán políticamente dramáticas. Por de pronto, generarían desafección en Cataluña, lo cual tendría una prolongación electoral. Digo bien, posiblemente significaría la
caída del PSOE. Es evidente que a las puertas del despliegue del Estatut, la fatiga de España, de la España que se niega a reconocer la plurinacionalidad del Estado, empieza a rayar la insoportabilidad. Vean, si no, lo ocurrido hace tan solo unos
días en Barcelona en la sede del IESE, donde el mundo económico catalán se reunía para mostrar su indignación ante todo lo acontecido respecto del aeropuerto. Ustedes son profundamente desleales respecto a Cataluña, porque, reconózcanlo, no tienen
intención de desplegar el Estatut de inmediato y mucho menos de llevarlo a cabo por la banda alta. Más bien están a la espera -Blanco dixit- de un nuevo cepillado. Y a las pruebas me remito: aprobación de leyes en el Consejo de Ministros
invasivas, inconcreción y aplazamiento de la nueva financiación de las comunidades autónomas, la no publicación de las balanzas fiscales, así como la negativa de traspasar aeropuertos y red de cercanías de Renfe.
Antes me refería al mundo del capital reunido en IESE. Ustedes saben tan bien como nosotros quiénes eran los convocantes. Eran, no lo duden, los mismos que en su momento forzaron al señor Mas a que pactara con el señor Rodríguez Zapatero
mediante un viaje relámpago a Madrid. ¿Y qué pactaron? Pactaron una desnaturalización del texto aprobado el 30 de septiembre de 2005 en el Parlamento nacional catalán. Por cierto, para vergüenza del Ministerio de Fomento, un alto cargo del mismo,
el señor Palau, manifestó que la demanda del IESE era tan solo ruido, el mismo personaje que brindó con cava el día que conoció que finalmente el traspaso del aeropuerto había caído del texto estatutario pactado entre el presidente del Gobierno y el
señor Mas. Como bien conocen, también las tijeras y el cepillo se llevaron el traspaso de la facultad de convocar referéndums, que hoy traemos a debate.
Fíjense, pues, dónde estamos tan solo al cabo de un año. Se dio la espalda al Parlamento de Cataluña y ya estamos en el escenario de la reivindicación de los instrumentos necesarios para conformar nuestro futuro, llámese aeropuerto de El
Prat o llámese capacidad para convocar referéndums. En su momento lamentamos estas consecuencias previsibles, fruto de la ruptura de la cohesión y de la unidad de las fuerzas de tradición catalanista a favor de los cálculos egoístas y partidistas
de Convergència i Unió y del Partido Socialista Obrero Español, pero nuestra voluntad continúa siendo la misma: desplegar el actual Estatut y que no le toquen ni una coma, puesto que el pueblo de Cataluña ya habló; repito, el pueblo de Cataluña ya
habló.
Señores del Partido Socialista Obrero Español, no sucumban ante el Partido Popular, no fabriquen coartadas, desautoricen al señor Blanco y no saboteen al Gobierno de Cataluña, que es un Gobierno fuerte en tanto en cuanto representa a las
izquierdas plurales de Cataluña. No pretendan acomplejarnos, no van a conseguirlo. Esquerra está y estará para que Cataluña sea un Estado, para lo cual previamente debe ejercer libre y democráticamente el derecho a decidir su futuro, como Escocia,
y no nos digan que lo ignoran. En Escocia, el 51 por ciento de la población es partidario de la independencia y lo más sorprendente es que el 48 por ciento de los ingleses ya manifiesta que no le molesta, sino que lo comparte por principio
democrático. En mayo, el Scottish National Party puede ganar las elecciones y, como bien saben, su programa prioriza la convocatoria de un referéndum que en caso de ser favorable significaría la entrada de Escocia, como país independiente, en la
Unión Europea. De hecho, ya han manifestado que la fecha del referéndum se ubicaría en el año 2010, con lo cual quedaría finiquitado el Tratado de la Unión de 1707.
Por otro lado, Esquerra Republicana ya ha publicitado su pretensión de posibilitar mediante su acción de Gobierno el incremento de la cohesión social y la socialización de la riqueza, suficiente como para que pudieran darse -si es que hoy
pudiera dudarse de su existencia- las condiciones necesarias para que existiera una mayoría de ciudadanos catalanes que optaran por la plena soberanía. De ahí nuestra disposición a llegar a acuerdos con todas aquellas fuerzas que estén dispuestas a
posibilitar el ejercicio del derecho a la autodeterminación, oferta
que el señor Durán rechazó el mismo día. Lamentablemente, CiU declina el envite y evidencia hasta dónde llega su poca ambición nacional, en definitiva, marear la perdiz. Ustedes, señores de Convergència i Unió, pretenden hacer desaparecer
la presencia del independentismo catalán en el Gobierno de Cataluña. A la hora de la verdad, como siempre, les tiemblan las piernas; les temblaron al día siguiente del 30 de septiembre y les temblaron el día de ayer al conocer la propuesta de
Esquerra Republicana de Cataluña.
Permitan, pues, al independentismo catalán, señores de Convergència i Unió, que construya el escenario adecuado para poder asumir el reto autodeterminista, si ustedes no están por la labor. El Gobierno de la Entesa, presidido por el Molt
Honorable José Montilla, nos permitirá avanzar en ese sentido. Repito, si sinceramente están por una mayor ambición nacional, acepten el reto y vayamos a una consulta autodeterminista en los próximos meses. Ustedes saben que vamos a encontrarnos
con grandes dificultades en los próximos meses, porque el Partido Socialista Obrero Español no está comprometido con demasiadas voluntades de lealtad. La España plural que se nos había publicitado y comprometido políticamente se ha esfumado; el
bienio progresista 2004-2005 del presidente Rodríguez Zapatero ha dado paso al miedo demoscópico. Ustedes, señores socialistas, confunden el pacto con la sumisión y la asimilación. Señores del Partido Socialista, deberían cambiar de rumbo. Si se
toca el Estatut después de un proceso tendencioso, arbitrario e instrumentalizado por parte de los poderes del Estado, será inevitable una consulta popular autodeterminista.
Por todo ello, les pedimos que hoy den luz verde a nuestra propuesta. Es posible que de nuevo nos den un portazo; no será la primera vez. Joan Puigcercòs, en la anterior legislatura, ya defendió lo que hoy traemos a debate. Incluso en
esta misma legislatura los representantes del Parlament de Catalunya defendieron una reivindicación pareja que había sido defendida por Convergència, Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana, el 90 por
ciento del Parlament de Catalunya. En el debate de hace unos meses en esta Cámara, el Partido Socialista Obrero Español dijo Diego donde el PSC había dicho digo, atendiendo al pacto Mas-Zapatero. Y hoy y aquí Esquerra vuelve a plantearlo y, no lo
duden, dentro de poco volverá. Hoy esta demanda de capacidad de convocatoria de referéndums está más en la calle que nunca. Las contradicciones se abren camino lo quieran o no, es pura dialéctica. Corresponderá en los próximos meses a la sociedad
civil catalana canalizar esta demanda si hoy ustedes la rechazan. Ya existen distintas plataformas ciudadanas que andan en ello: Soberania i Progrés, Dret de Decidir, Ómnium Cultural. No levanten más muros en contra de la modernidad. Ustedes, la
izquierda española, de una vez por todas deberían mirarse al espejo y reconocer cuan estéril es intentar frenar la voluntad de los pueblos a expresarse libre y democráticamente, cuan absurdo es evitar la profundización en el ejercicio de la
democracia, democracia que converge en la capacidad de los ciudadanos a protagonizar su futuro como individuos y como miembros de una comunidad nacional. Esta España suya excluyente nos fatiga. Las catalanes y los catalanes queremos que se nos
reconozca el derecho democrático a decidir nuestro propio futuro y ustedes, derecha e izquierda española, tan solo podrán evitarlo por la fuerza porque, al final, siempre, siempre se acaban imponiendo la razón y la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy mal.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Muchas gracias, señor diputado. ¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.) Pasamos a fijar posición. En primer término, por tiempo de diez minutos, la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez, que comparten el
tiempo.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo una proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya que no es la primera vez que la debatimos y que afecta a una de las cuestiones más básicas que conocemos en un sistema
democrático, la participación de los ciudadanos para decidir qué tipo de sociedad quieren, qué tipo de regulación, qué tipo de convivencia quieren entre ellos y con las demás sociedades con las que convivimos en un mundo globalizado, desde los que
están más cercanos hasta los que pueden estar más alejados. Por tanto, es un elemento de una sensibilidad extrema en la medida en que afecta al núcleo central de cualquier democracia. Lo cierto y verdad es que esta cuestión del derecho de los
ciudadanos a poder decidir directamente, no en una representación indirecta, los elementos más básicos de su sociedad ha sido en los últimos tiempos -yo diría que gracias a Dios o, cuando menos, de manera muy positiva- el elemento que ha ayudado a
solucionar los conflictos en una gran parte del mundo y la tendencia que deberíamos seguir todos los ciudadanos y todas las sociedades: tratar de resolver los conflictos a través no solamente del diálogo y de la negociación, sino que además ese
diálogo y negociación, y por tanto los acuerdos, sean la base sobre la cual se tienen que pronunciar los ciudadanos.
Si observamos el entorno que nos rodea, ha habido dos maneras de resolver los grandes problemas. Por un lado, los conflictos bélicos, que no han generado más que problemas y, por tanto, más conflictos bélicos y, por otro lado, aquellos
problemas que terminaban resolviéndose con el derecho a decidir de los ciudadanos. Por ejemplo, hoy nos tenemos que congratular de que el proceso de Irlanda del Norte esté llegando ya no sé si a una solución definitiva pero sí a una
institucionalización, y eso fue posible gracias al diálogo y a la negociación, pero detrás de todo eso estaba la participación de los ciudadanos que decidieron qué solución querían, qué tipo de convivencia querían entre ellos y qué tipo de
relación quería con las otras sociedades con las que tenían un conflicto.
Por tanto, es un problema que se solventó no a través de conflictos, de violencia, de beligerancias, de guerra, sino a través de la decisión de los ciudadanos. Lo
mismo ha ocurrido en otros muchos casos, como, por ejemplo, en Quebec. Observamos cómo tenemos que ir a la resolución de los conflictos a través de lo que decidan finalmente los ciudadanos.
Nosotros, los distintos representantes de los ciudadanos,
trataremos de negociar, trataremos de consensuar, pero al final son las ciudadanas y los ciudadanos los que tienen que decidir qué es lo que realmente quieren para su futuro. Es verdad que uno de los elementos claves en este tema es establecer
lógicamente cómo organizamos esta capacidad de decidir, cómo hacemos todo esto y quién tiene legitimidad para plantear esto a los ciudadanos. Negar la legitimidad a algunas de las autoridades que representan a comunidades autónomas, que en algunos
casos son regiones y en otros casos son naciones que no tienen Estado, nos parece que no forma parte del siglo XXI, que no es admisible y que supone hacia atrás en lugar de ir hacia delante. Por eso creemos que lo que aquí se nos plantea es de una
sensibilidad extrema, que afronta uno de los retos más importantes que hoy tenemos en la sociedad, la capacidad de los ciudadanos de decidir, y además observamos que en el mundo que nos rodea los que son inteligentes -llamo inteligentes a aquellos
que tienen claro que hay que afrontar los problemas y resolverlos sin más conflictos y sin más guerras- lo hacen a través del sistema del derecho a decidir de sus ciudadanos. Creo que lo que se plantea es razonable y lógico y que perfectamente se
puede hacer sin crear sin ningún problema. Por tanto, nosotros votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y lo vamos a hacer no solamente por una cuestión de carácter estratégico o finalista como sería
cualquier convocatoria para que sepamos cuál es la decisión o, en todo caso, la posición de la ciudadanía de un determinado territorio del Estado español en relación con el ejercicio del derecho de autodeterminación, sino que lo vamos a hacer porque
pensamos que incluso a medio y corto plazo hay una serie de cuestiones que merecen que vivamos en una democracia no limitada. Efectivamente, la Constitución española parece que deja en manos del Estado, como competencia exclusiva del mismo, el
derecho a convocar referéndums de carácter consultivo. Estos referéndums serían para avalar o no decisiones políticas de especial interés. Está claro que los gobiernos autonómicos y sus parlamentos muchas veces debaten y tienen que tomar
decisiones políticas de especial interés para su ciudad. Por lo tanto, no tiene nada de particular que se haga extensivo al marco competencial autonómico el derecho de convocatoria de referendos para asuntos de especial interés. Esta sería una
forma de participación directa de la ciudadanía. Por ejemplo, creo que no está muy lejos el momento en que en algunas sociedades habrá que plantearse cuál es el final de los recursos públicos con los que se cuenta y sería legítimo preguntarle a la
opinión pública si prefiere que la inversión, por ejemplo, en sanidad sea muy superior a la inversión en infraestructuras o, simplemente, cuál va a ser el modelo de ordenación territorial o incluso que podamos ir a un modelo lingüístico de un perfil
o de otro. Por lo tanto, hay muchísimos asuntos que incluso en el marco competencial actual merecerían que los gobiernos autonómicos pudiesen convocar referendos de carácter consultivo.
Además de esto, está claro que nunca hay que tener miedo a la opinión y un referéndum no es más que consultar a la ciudadanía para saber cuál es su opinión respecto de un problema y de estos problemas no se puede excluir el derecho a decidir
libremente su futuro, con una opción como la actual, con una opción de un Estado plurinacional o con una opción de independencia formal. Por eso, nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley que, repito, tiene dos aspectos distintos: los de
medio y corto plazo en función del marco competencial autonómico y los más estratégicos. En todo caso, no vemos por qué razón, si se pueden hacer referendos para modificaciones o nuevos estatutos de autonomía en determinados territorios del Estado
español y se acepta la decisión, legítima y lógica, a esos niveles, no se puede aceptar también para otro tipo de convocatorias que afectan sensiblemente a la ciudadanía de esos territorios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Leyendo los diarios de sesiones de las Cortes Constituyentes en aquellas fases previas a la transición y a los consensos se deduce, por las intervenciones de quienes fueron ponentes en la Comisión Constitucional para traer a este hemiciclo,
y después a referéndum, la Constitución española, que se contempló la figura del referéndum, que está recogida en los artículos 92 y 149 de la norma constitucional, y se interpretaba que el referéndum era un recurso excepcional para legitimar, y
legalizar por supuesto, determinadas cuestiones que desbordaban la competencia propiamente dicha de las Cortes Generales, aunque fuera por la vía de ley orgánica. Pues bien, para poder aceptar la iniciativa que hoy nos trae Esquerra Republicana de
Catalunya, a juicio de mi grupo, habría que modificar previamente la Constitución española. Aceptar esta propuesta de que todas las comunidades autónomas pudieran acceder, aunque fuera en determinadas
determinadas materias limitadas, a la vía del referéndum, tendría un efecto, digamos, contrario a lo que señalan el artículo 92 y la disposición 32ª del punto 1 del artículo 149 de la Constitución española, que establece los límites y
garantías para el pronunciamiento del ciudadano del Estado español, en cualquiera de las dimensiones que se planteen, y aprobar mediante referéndum una determinada cuestión.
Para nosotros esto es fundamental, porque mi grupo no puede votar favorablemente una iniciativa que entiende que va en contra de lo dispuesto en los artículos 92 y 149 de la Constitución española, salvo que la modifiquemos previamente para
darle capacidad de circulación legal y legitimada por todo un procedimiento de sanción. Ya al redactarse la Constitución esto se interpretó como un recurso de excepcionalidad en la legislación de cuestiones fundamentales del Estado y, por tanto,
señorías, esperamos que esto se lleve con sentido de respeto constitucional y sobre todo de prudencia. Yo no sé qué efecto, dominó o de contaminación, produciría ahora reconocer una capacidad, previamente inconstitucional, para utilizar el recurso
de referéndum a todas las comunidades autónomas del Estado español, pero podía producir una situación que obligaría a definir qué tipo y modelo de Estado queremos, porque se está planteando como si el nuestro fuera ya un Estado federal en el que
cada Estado miembro -hay países que ni siquiera se lo reconocen a sus propios estados federales- pudiera convocar un referéndum que pudiera conculcar la norma de la que se deriva. Sería un contrasentido jurídico que traería a España una
inestabilidad legislativa y que rompería principios de solidaridad. Mi grupo se inclina por una prudencia en el tratamiento de estos temas, que en el momento presente no contribuyen a una serenidad y prudencia de juicio. Por estas razones, señor
presidente, mi grupo votará en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Izquierda Unida. Señora Navarro, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Estamos ante un debate recurrente. En concreto tuvo lugar el 7 de febrero de 2006, en este mismo Pleno, por una iniciativa que venía del Parlamento catalán, si bien la situación política y jurídica es distinta porque en aquel momento, en
Cataluña, no se disfrutaba del Estatuto catalán, ratificado ya por el pueblo catalán, con el relevante avance que supone a nuestro entender el artículo 122 del mismo. Por nuestra parte, aunque algunos quieran darle otro envoltorio para adquirir
notoriedad en los medios, para generar una sensación de amenaza que en ocasiones previas les ha dado muchos votos y han reconocido aquí una y otra vez, incluso Carod Rovira lo reconoció en su día, no vamos por ahí y entendemos que la proposición de
ley que plantean, tampoco. Seguramente, señor Tardà, si tuvieran otra actitud conseguirían muchas más cosas. Cabe preguntarse cuál es el objetivo real de sus declaraciones públicas y sus propuestas, y lo que me pregunto después de su intervención
es si cree realmente que Convergència i Unió quiere socializar la riqueza en Cataluña. Si el contenido de su propuesta implica esto y se la hace a un grupo como Convergència i Unió, a mi grupo parlamentario le sorprende profundamente.
En definitiva, mi grupo coincide, como coincidió en su día, con el contenido de la proposición de ley en el sentido de que consideramos que todas las comunidades autónomas deberían disfrutar tanto de mayor autogobierno como, para su mejor
ejercicio, del incremento de los mecanismos de participación ciudadana, además de devolver la política a los ciudadanos, pues la relación entre la vida política y los ciudadanos, a nuestro entender, debe ser permanente. La proposición de ley es
mejorable en su tramitación a través de enmiendas y, por tanto, compartimos su esencia, al igual que compartimos la inclusión de mecanismos de participación como las consultas en la Ley de gobierno local, de futura tramitación.
Señorías, debemos trabajar por una mayor identificación entre la gestión de la Administración y las personas a las que va destinada. La implicación de los ciudadanos en la gestión cotidiana es uno de los grandes objetivos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, acabar sencillamente con la desmotivación y el desinterés por lo colectivo que se ha adueñado de las sociedades occidentales recordando siempre -lo saben en Cataluña, lo saben en Andalucía, en todo el Estado
español, por el referéndum de la Constitución europea- que los procesos de participación no son mágicos, que requieren de un trabajo gradual y permanente que implique a los ciudadanos de manera cotidiana. En definitiva, entendemos que si se puede
gobernar en las comunidades autónomas, si se hacen leyes, se tiene que poder preguntar y precisamente toda esta reflexión es la que se debe hacer a la vista de la baja participación en todos los referéndums que se convocan. Fruto de una demanda
original y de esta reflexión, se recogió en el Estatuto catalán la posibilidad de consulta. Así, el Estatuto catalán recoge la competencia para llevar a cabo las consultas populares conforme a la Constitución española en los ámbitos de gestión
propia y entendemos que esa previsión puede ser extensible a otras comunidades autónomas y, a través de la tramitación -y de sus enmiendas- de esta proposición de ley, se podría llevar a cabo. Por lo tanto, lo relevante de esta iniciativa de hoy es
que pretende avanzar en esos mecanismos de participación para todo el Estado español, es decir para todas las comunidades autónomas. Todos aquellos grupos políticos que entiendan que es relevante incrementar los mecanismos de participación
ciudadana, por lo tanto, deberían apoyarla sabiendo, eso sí, que se trata de una toma en consideración y que después requiere de su tramitación parlamentaria y de su mejora en cuanto al contenido a través de la misma.
Señorías, podemos aprender de nuestros vecinos portugueses, de Italia, de Suiza, de Dinamarca y avanzar en la democracia participativa junto a la democracia representativa. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que
los ciudadanos deben tener derecho a manifestarse sobre todas las cuestiones políticas y, especialmente, cuando estas les afectan directamente, como sería el caso, es decir sobre aquellas cuestiones competenciales que tiene atribuidas cada comunidad
autónoma, algo muy relevante y sobre lo que no se debe frivolizar para decir hoy una cosa y mañana otra; no se debe hacer electoralismo con estas cuestiones. Pero, sea como fuere, mi grupo parlamentario no cambia ni renuncia a su compromiso por la
participación ciudadana, por la descentralización del Estado avanzando hacia un Estado federal y por que la clase política no tenga miedo a preguntar nada de nada a los ciudadanos a los que representa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Ya tuvimos este debate hace relativamente poco tiempo, el 7 de febrero del año pasado, y periódicamente se repite en esta Cámara, lo cual denota que tiene actualidad y que hay una inquietud detrás de ello, sobre todo viendo que en cada
ocasión recibe el respaldo de todos los grupos, excepto de los dos mayoritarios, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Evidentemente es una cuestión que está en la agenda política. En aquel momento nos manifestamos
señalando nuestra idea de que la actual regulación de los instrumentos de democracia directa y semidirecta en el ordenamiento jurídico español está absolutamente desfasada, trasnochada y es inadecuada. Hemos hecho una mejora con la iniciativa
legislativa popular, que al final esta Cámara se ha atrevido a retocar y a enmendar, pero no ocurre así con el referéndum cuando se trata de un desarrollo constitucional en una ley orgánica de 18 de enero de 1980. La consecuencia es que en el
desarrollo de estos instrumentos se ha seguido una visión timorata, restrictiva, de miedo a la opinión popular, a la voluntad popular y a la expresión de una voluntad popular no controlada más allá de las Cámaras representativas.
Además de eso
tenemos que señalar que es una legislación ya obsoleta, vieja, que lleva veintisiete años en vigor y que al menos necesitaría un retoque en alguno de sus componentes, de tal manera que se puede decir que hoy en día la posibilidad de convocatoria de
referéndums y de consultas queda exclusivamente en manos del Gobierno del Estado, que además puede ejercer esa competencia no con un criterio de cumplimiento del ordenamiento jurídico sino única y exclusivamente de interés político o impulso
político, sin tener en cuenta cuáles son los compromisos incluso constitucionales que se han llegado a cerrar en la materia. Me refiero, por ejemplo, a estatutos de autonomía y ahora entraré en la cuestión.
Me va a permitir decir Esquerra Republicana que en el planteamiento de la exposición de motivos hay una cierta inexactitud en el sentido de que parece que se plantea que el artículo 148 se refiere a las competencias de las comunidades
autónomas y el artículo 149 a las competencias del Estado y que, por tanto, es una competencia que la propia Constitución impide asumir a las comunidades autónomas, incluso directamente a través de los estatutos de autonomía. Esa no es una visión
jurídicamente acertada, puesto que, como todos bien sabemos, los estatutos de autonomía, y hoy en día ya todos ellos, han podido recoger competencias del propio artículo 149, y en concreto el artículo 149.1.32ª, que se refiere a los referéndums, no
tiene una cláusula que prevea que esa sea una excepción respecto al resto de las competencias. Por tanto, cabe que en un estatuto de autonomía la competencia de convocar referéndums fuera, por ejemplo, de las comunidades autónomas. La Constitución
-y es lo que quiero subrayar- no dice que necesariamente el Gobierno del Estado sea el que deba convocar y autorizar los referéndums. Eso no lo dice la Constitución, lo dice una legislación vieja, obsoleta y trasnochada.
Es cierto también que cabe la alternativa que ustedes plantean, la del artículo 150.2, la de la transferencia de una competencia del Estado. Es correcto, a pesar de que el portavoz socialista hace un año manifestaba que se trataba de una
materia per se indelegable, pero nosotros no lo vemos así porque los únicos requisitos son que sean facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. ¿Por qué
no? ¿Qué dificultad hay en la naturaleza de la convocatoria de un referéndum que no permita hacer esa transferencia a las comunidades autónomas? Por tanto, nos parece que desde el punto de vista jurídico está perfectamente argumentado y sostenido.
Ahora bien, da la sensación también de que lo que están haciendo en su proposición es que las comunidades autónomas puedan tener esa competencia, pero para que la ejerzan únicamente en el ámbito de la comunidad autónoma, y yo les diría que también
hay ámbitos municipales en los que los correspondientes ayuntamientos no pueden llevar a cabo esa consulta a sus ciudadanos porque es necesario el requisito de la autorización del Gobierno del Estado, que habitualmente no lo da, y lo voy a subrayar
aún más, incluso en referéndums entroncados directamente, que se encuentran directamente dentro del bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico español, porque bloque de constitucionalidad son los estatutos de autonomía. Nos encontramos
con unas circunstancias, por ejemplo, en las que muchos estatutos de autonomía -la mayoría- contienen referencia a que enclaves -algunos de ellos, como el recientemente aprobado en esta Cámara y enviado al Senado, el de Aragón, habla de la anexión
de municipios
municipios limítrofes con la comunidad autónoma- puedan, a través de unos mecanismos en los que se incluye el referéndum, hacerlo. El Estatuto de Autonomía vasco habla de los enclaves y nos encontramos con el caso de Villaverde de Trucios,
municipio cántabro totalmente rodeado de territorio de Vizcaya, en el que se han cumplido desde la solicitud del ayuntamiento correspondiente a todos los pasos y consultas previas, todos los pasos que se deberían dar para la inclusión dentro de la
Comunidad Autónoma vasca de ese municipio. Falta el referéndum y falta, simple, lisa y llanamente, porque el Gobierno del Estado no lo autoriza y no lo autoriza ¿por qué?, cuando es una previsión que está dentro de un contenido orgánico pactado
entre la comunidad autónoma y el Estado, y esto del pacto entre comunidades autónomas y el Estado se ha subrayado mucho por parte de todos los representantes, sobre todo del Grupo Parlamentario Socialista, en las discusiones de los últimos estatutos
de autonomía. Si se ha acordado que haya un referéndum, ¿por qué no dejar que la ciudadanía, la municipal también, la de un ámbito local, se exprese? Simple, lisa y llanamente porque no le da la gana al Gobierno español, porque no da ninguna
argumentación para no dar esa autorización.
¿Es esto normal en el siglo XXI, en una democracia supuestamente consolidada como la española, en el caso de un referéndum que incluso forma parte del bloque de constitucionalidad? A nosotros nos parece
que no y que no se puede dejar al libre arbitrio del Gobierno y a su capricho político este tipo de decisiones.
También quiero subrayar otra cosa. Los referéndums y las consultas, sean hechos a través de las vías que marca el ordenamiento jurídico o fuera de esas vías, siempre tendrán una validez política si se oye la voz de todos democráticamente.
Otra cosa es que tengan o no efectos jurídicos, pero desde luego validez política, valor en cuanto a lo que piensa una determinada ciudadanía en un ámbito geográfico determinado lo van a tener siempre. En ese sentido, quiero señalarles claramente
la posición de mi grupo, que no deja de ser bien conocida pero que deseo reiterar. Nosotros no vamos a dudar nunca en apoyar o impulsar nosotros mismos la modificación de este tipo de legislación para que el referéndum sea más fácil y accesible a
los ciudadanos y para que se cumplan los compromisos estatutarios también y, en ese sentido, la transferencia a algunas de las comunidades autónomas que lo solicitan -quizás otras no estén interesadas en ellos- es absolutamente necesaria. Insisto,
no dudaremos en impulsar la modificación de la legislación, pero tampoco vamos a dudar en dar la voz al pueblo, haya o no legislación ad hoc, porque para nosotros siempre tendrá un sentido de expresión política y de mandato político. Por tanto, sea
para un ámbito local, sea para un ámbito comunitario, sea para expresar la vocación nacional de un pueblo por ejemplo como el vasco, haya o no legislación, no dudaremos en, si es conveniente, convocar una consulta popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor Xuclà, CiU.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante esta iniciativa del grupo proponente, pero también y muy brevemente ante un determinado contexto o, más que contexto,
coyunturalismo político que podemos haber vivido este fin de semana a partir de una iniciativa difusa del grupo proponente que, como mínimo, podríamos calificar de pasmosa y confusa. Vayamos a lo principal, vayamos al objeto de esta proposición de
ley y quiero empezar, señorías, anunciando el voto favorable de mi grupo parlamentario a la misma. Vamos a votar favorablemente por distintos motivos. Primer motivo, señorías, por la legalidad absoluta, por la constitucionalidad absoluta de la
propuesta de utilización de los mecanismo contemplados en el artículo 150.2 de la Constitución española para transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que,
por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. La convocatoria de referéndums, según el artículo 149.1.32ª de la Constitución española, es competencia exclusiva del Estado, pero el juego con el citado artículo 150.2 de
la Constitución española hace viable la propuesta del grupo proponente, que, como se ha dicho, ya se ha discutido durante esta legislatura en estas Cortes Generales.
Señorías, estamos ante una propuesta de aplicación de un mecanismo constitucional, el 150.2, transferencia o delegación, ya ensayado por las Cortes Generales. Precisamente, durante un gobierno del Partido Popular y a propuesta del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Gobierno de la Generalitat bajo el Gobierno de Convergència i Unió, el 150.2 fue ensayado para el traspaso de la competencia en materia de Policía de Tráfico a favor de los Mossos d'Esquadra. Esta es
una propuesta en la que subyace una participación democrática a nivel municipal, a nivel de las comunidades autónomas, perfectamente en línea con las legislaciones de otros Estados de nuestro entorno político. En Portugal, señorías, el artículo
241.3 de su Constitución prevé la participación regional y local en la convocatoria de consultas populares, también en Irlanda, y en Francia sin ir más lejos el artículo 83 de la Constitución francesa permite la articulación de la participación de
órganos subestatales en la cultura de la participación democrática y de la consulta popular. Este es el primer motivo por el cual, señorías, vamos a votar favorablemente.
Hay un segundo motivo por el que vamos a votar a favor, un motivo de coherencia. Los grupos proponentes de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, vigente desde el día 9 de agosto del año 2006, acordaron en el Parlamento de
Cataluña tramitar una reforma de
la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, que regula las distintas modalidades de referéndum, para su adecuación al ejercicio autonómico de la capacidad de convocatoria de referéndums vía delegación de la competencia exclusiva estatal.
Señorías, quiero recordarles que esta es la propuesta de todos los grupos proponentes, también del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, y por eso solo podemos pensar en la hipótesis de un voto favorable del Grupo Socialista de acuerdo con
el texto aprobado el día 30 de septiembre del año 2005 en el Parlamento de Cataluña, concretamente con su disposición adicional novena, que mandata la reforma del artículo 122 de la referida Ley orgánica sobre regulación de las modalidades de
referéndum. Pero en la negociación del Estatuto, señorías, también se acordaron tres grandes bloques de reforma: la propia negociación del texto final del Estatuto, un segundo bloque de reforma de leyes orgánicas, entre las cuales hay redactada
por el Gobierno tripartito una propuesta de reforma de la Ley orgánica sobre regulación de las modalidades de referéndums, y un tercer bloque de reformas en la línea de transferencias de infraestructuras a la Generalitat a través del artículo 150.2,
también con una redacción hecha por el Gobierno tripartito. Por todo esto vamos a votar a favor, pero también lo vamos a hacer porque, señorías, tenemos la práctica de votar en las Cortes Generales lo mismo que en el Parlament de Catalunya. Me voy
a explicar.
El día 29 de julio del año 2003 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que fue sometida a discusión y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 7 de febrero
del año 2006, como ha recordado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Pues bien, señorías, esta proposición del Parlamento de Cataluña, que fue votada por Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds, en aquel momento, el día 7 de febrero de 2006, fue rechazada con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular con el argumento de que estábamos de lleno en la negociación del Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Pero la culminación de esta negociación nos llevó, como les decía hace un momento, a este bloque, al bloque del nuevo texto estatutario, al bloque de las reformas de las leyes orgánicas y al bloque de las transferencias de
infraestructuras a través del 150.2. Pues bien, señorías, hoy, cuando ha entrado en vigor el nuevo Estatuto, pedimos un acto de coherencia y que lo que haga Convergència i Unió lo haga el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana e
Iniciativa per Catalunya Verds, entre otras cosas porque nosotros votamos lo mismo en el Parlament de Catalunya que en el Congreso de los Diputados. Entre la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya y la propuesta del Parlament de Catalunya
existe literalidad. Cuando digo literalidad me refiero a una alta y extrema inspiración. Si me permiten ser aún más explícito, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya no ha hecho nada más que plagiar la propuesta del Parlamento de Cataluña y
trasladarla como iniciativa de un grupo parlamentario. Ha plagiado una iniciativa que estaba en curso en estas Cortes Generales ejerciendo un alto sentido de la irresponsabilidad institucional. Se han dedicado a practicar el cortar y pegar de una
propuesta del Parlamento de Cataluña, mientras estaba pendiente de debate y votación una propuesta conjunta de cuatro grupos políticos del Parlamento de Cataluña. Señorías, esto es lo que hoy discutimos aquí.
Esta iniciativa, que no es originaria
del Grupo de Esquerra Republicana sino del Parlamento de Cataluña, en todo caso reproducida literalmente por Esquerra Republicana, puede traer y trae también el voto favorable del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Esto es lo que discutimos hoy,
ni más ni menos.
Como les decía al principio de mi intervención, el debate de este martes se produce en un contexto determinado después de este fin de semana. Como el portavoz de Esquerra Republicana ha hecho referencia y ha incidido de forma especial en
este debate difuso de este fin de semana, permítanme también una muy breve referencia. Señorías, nos podemos mover en dos hipótesis: la hipótesis de que a los representantes de Esquerra Republicana se les produjera este fin de semana una cierta
calentura verbal en un domingo preelectoral -quiero subrayar la condición de preelectoral-, después de la degustación de calçots en la bonita ciudad de Reus, a través de una propuesta difusa, por la cual querían dinamitar el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en la perspectiva del día 27 de mayo del año 2007. Señorías y señorías de Esquerra Republicana, una vez más les quiero trasladar que Convergència i Unió no está
dispuesta a hablar de temas tan importantes a cambio de dinamitar gobiernos ni de trueque de propuestas a dos meses vista de la celebración de las próximas elecciones municipales. Pero es que no podemos pensar en esta hipótesis, señorías, porque el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no ha parado de recordarnos que ahora han cambiado, que ahora son un partido pactista y que ahora tienen cultura de Gobierno, de tal forma que quizá son los socialistas los que tienen un problema en
Cataluña. El presidente de la Generalitat, el que todo lo controlaba, quizá tiene un problema: el de la coherencia en su Gobierno de la Generalitat. Finalmente, el grupo proponente también tiene un problema. El grupo proponente, el grupo que
hace tres meses con sus votos hizo presidente de la Generalitat al señor Montilla, ahora nos hace una propuesta interruptus; quizá su problema es -perdonen la expresión- de frivolidad política o quizá, como a ustedes les gusta recordar, es que son
como son. En todo caso, ustedes solitos se lo han guisado y se lo han comido. A nosotros no nos ha llegado ninguna propuesta en la perspectiva del próximo 27 de mayo. Lo que es serio, señorías, es que mañana empieza el debate sobre el despliegue
del Estatuto de Autonomía de Cataluña en
el Parlamento de Cataluña y mañana y pasado mañana tendrán propuestas muy concretas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señorías de Esquerra Republicana, no fallen ustedes mañana y pasado mañana en el debate que se
producirá en el Parlamento de Cataluña. Ni calçots ni calenturas verbales ni propuestas interruptus, sino propuestas muy concretas sobre el autogobierno y la causa de la libertad. No caigan, por favor, en el verbalismo estéril. Señor Tardà, por
favor, nunca utilicen la esterilidad en política; nunca hagan el ridículo de utilizar la esterilidad en política. (Pronuncia palabras en catalán.) La pirotecnia dura lo que dura, unos segundos, y lo que nos convoca, a ustedes y a nosotros, exige
más ambición y más sentido de la responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Señora Nadal, por favor.
La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.
Señorías, he escuchado con mucha atención las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios esta tarde, sus argumentos y justificaciones de voto respecto a la proposición de ley que nos plantea hoy nuevamente Esquerra Republicana de
Catalunya respecto a la transferencia a las comunidades autónomas por la vía del artículo 150.2 de la Constitución de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum. Permítanme, señorías, después de algunas de las
intervenciones que hemos oído esta tarde, que no me extienda sobre las razones jurídico-constitucionales que llevan a mi grupo parlamentario a votar en contra de esta propuesta, las sintetizo simplemente -además la Cámara las conoce perfectamente-
diciendo que votamos en contra porque se trata de una potestad del Estado que es constitucionalmente indelegable.
Como ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es muy importante encuadrar en el marco de lo que está pasando la
propuesta que nos llega de Esquerra Republicana.
Supongo que no seré muy atrevida, señorías, si digo que ustedes pueden coincidir conmigo en que las cosas no pasan por azar cósmico, cuando pasa algo es por alguna cosa y la cosa es que, tal como manifestó el Grupo Parlamentario Popular, el
Estatuto de Autonomía de Cataluña que aprobaron socialistas y nacionalistas no quedó, ni mucho menos, limpio como una patena, como con más grandilocuencia que acierto gustaba decir al presidente del Gobierno. La cosa es, señorías, como ustedes
conocen a bien seguro, que el informe de la Abogacía General del Estado se pronunció acerca de la necesidad de pasar nuevamente la spontex interpretativa por la patena estatutaria antes de ser examinado el texto por el Tribunal Constitucional. La
cosa es, señorías, que Esquerra Republicana inmediatamente anuncia tener un plan B y lo anuncia nada menos que a través del presidente del Parlamento. La cosa es que el vicesecretario de Esquerra Republicana, nada más y nada menos que el número
tres de una formación política que tiene responsabilidades de Gobierno en Cataluña y que tiene responsabilidades también en la gobernabilidad de la nación, pone ni más ni menos que nuestras instituciones de autogobierno en almoneda y anuncia una
vergonzosa subasta que ofrece la presidencia de la Generalitat a Artur Mas si convoca un referéndum de autodeterminación. La cosa es, señorías, que los socialistas dicen que pelillos a la mar y que políticamente el asunto no da para más. Pero la
razón de fondo de este debate es que Esquerra Republicana viene a cobrar, viene a exigir el pago de una de las muchas letras que firmó el señor Montilla por su apoyo a la formación del nuevo tripartito, y amenaza -lo ha vuelto a hacer esta tarde-
con romper la baraja si no se satisfacen sus peticiones. Les recordaré una fecha de especial interés, una fecha clave: el día 25 de octubre de 2006. Ese día, hace exactamente cinco meses, en Vilanova i la Geltrú el líder de Esquerra Republicana,
el señor Carod Rovira, puso sobre la mesa las cinco condiciones básicas para que Esquerra aceptara negociar su apoyo y, en definitiva, para hacer presidente de la Generalitat al señor Montilla, aunque hubiera perdido las elecciones. La quinta
condición era, precisamente, la convocatoria de consultas populares vía referéndum. Ahí quedó planeando la propuesta y aquí la tenemos de nuevo. Y ha habido una manifestación explícita del señor Tardà que ha hecho necesario que yo recordara esta
fecha. Ha dicho que el Gobierno de la Entesa, con el señor Montilla al frente, irá en esta dirección, al reprochar su tibieza al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La cosa es, señorías, que el presidente del Gobierno no puede
eludir su responsabilidad, porque un partido que hace propuestas manifiestamente ilegales no se puede mantener como partido de Gobierno en Cataluña ni como principal socio del señor Zapatero en la gobernabilidad de la nación. El Grupo Socialista
podría decirme: Es que no es la primera vez que Esquerra Republicana plantea una cuestión de estas características. Pero la realidad es que no estamos en la misma situación en la que se produjeron anteriores debates o anteriores votaciones.
Señorías, una vez que el presidente del Gobierno pacta con nacionalistas el reconocimiento de Cataluña como nación, la lógica política lleva a plantear lo que plantea Esquerra aquí y fuera de aquí: Si Cataluña es una nación, tiene derecho a la
autodeterminación, y la autodeterminación requiere poder convocar referéndums secesionistas.
Señoras y señores diputados, a quienes advertimos que la ruptura de los consensos básicos de la transición solo traería inestabilidad institucional se nos tachó de agoreros, de catastrofistas, de radicales y de otras lindezas que les ahorro.
¿Siguen creyendo, señorías, que son exageraciones del Grupo Popular? ¿De verdad creen ustedes que Esquerra Republicana pide la competencia para convocar referéndums para profundizar en la democracia participativa, para preguntarle a los catalanes
qué
opinan del desastre de la gestión socialista en los trenes de cercanías de Barcelona o resulta que nos encontramos claramente, después de la intervención del señor Tardà y de las propuestas que ha hecho, en la voluntad de crear un puente
para la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña? En este punto, señorías, quiero recordarles, puesto que ustedes alardean de tener tan buena memoria histórica, algo que ya se les ha recordado: Ustedes votan una cosa allí y
otra cosa aquí; votan una cosa un día y la contraria al siguiente. Aquí votaron en contra de la transferencia de competencias para la convocatoria de referéndums a través de su portavoz, el señor Marcet, que dijo: Nos encontramos ante una materia
que no sería delegable de acuerdo con las previsiones del artículo 150.2. Mi grupo lo suscribe. Pero inmediatamente, otro portavoz del Grupo Socialista, el señor Vallès -consta en el 'Diario de Sesiones' 127 del Parlament de Catalunya-, dice:
Creemos que esta propuesta, la de transferencia de competencias para convocar referéndum, es perfectamente acorde con el bloque de constitucionalidad. Y con el desparpajo que les caracteriza, la votaron a favor.
Señorías, hoy el Grupo Socialista ha anunciado que votará en contra de esta propuesta. Nos alegramos, señor Jáuregui, pero les pedimos coherencia. Les pedimos coherencia con el voto que van a emitir, con el voto que van a formular hoy. Sé
que es difícil, porque ustedes piensan una cosa, dicen otra y esconden a los españoles lo que realmente van pactando y firmando con los nacionalistas, como se ha demostrado en otras comunidades autónomas. En fin, les pido coherencia, porque
Esquerra Republicana -lo ha vuelto a hacer esta tarde- amenaza con impulsar la celebración de un referéndum ilegal si no le gusta la respuesta del Tribunal Constitucional a los seis -no solo el del Grupo Popular- recursos de inconstitucionalidad
presentados al Estatut de Autonomía de Cataluña. La cuestión es que el señor Zapatero tiene que comprometerse a impedir, con la ley en la mano, que sus socios en el Gobierno de la Generalitat y en el Congreso convoquen ese referéndum. Les pedimos
coherencia ante la situación creada, porque quiero recordar que fue el señor Zapatero quien dejó abierta esa puerta al despenalizar la convocatoria de referéndums ilegales, penalización que el Gobierno del Partido Popular había introducido en el
Código Penal.
Termino ya, señor presidente, señoras y señores diputados. Los españoles nos merecemos un Gobierno que diga la verdad (Rumores.), la verdad de lo que piensa, la verdad de lo que hace y la verdad de lo que pacta, y que deje de pactar a
espaldas de los ciudadanos como viene haciendo y se ha demostrado recientemente. (Aplausos.) Los españoles, señorías, nos merecemos un Gobierno y un presidente que crean en la nación, nos merecemos un presidente y un Gobierno que crean que merece
la pena defender la soberanía y la integridad de esa gran nación que es la España plural, que es la España constitucional, que es la nación de la mayoría de los catalanes. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nadal.
Grupo Socialista. Señor Jáuregui, por favor.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en muchos momentos me ha parecido que estábamos asistiendo a un debate localista y muy anacrónico. Digo localista porque, como todo el mundo ha podido ver, hemos asistido a una disputa nacionalista entre
Esquerra Republicana y Convergència i Unió muy de actualidad este fin de semana, a la que se ha sumado, aprovechando que el Pisuerga pasa por Barcelona, el Partido Popular, que siempre aprovecha la ocasión para ir contra el Gobierno, como es
natural. Les decía también que es un debate anacrónico, porque, como les demostraré después, este es un debate superado, y luego razonaré los argumentos que explican esta afirmación.
Nuestro grupo, efectivamente, doña Dolors, va a votar en contra de esta proposición. Lo vamos a hacer en gran parte porque siempre hemos dicho que la utilización del artículo 150.2 de la Constitución es excepcional.
La naturaleza de este
artículo, que permite que el Gobierno pueda delegar en las comunidades autónomas competencias que le son atribuibles exclusivamente al Estado, se utiliza de manera excepcional. En mi opinión, esta lo es y no encaja por tanto en las que podrían ser
asumidas, como la gestión de una determinada materia -pongamos por ejemplo los puertos de interés general- donde al cabo del tiempo lo que en su día fue concebido como de interés general y competencia exclusiva acaba deviniendo en una competencia
compartida. En ese caso se puede aplicar, pero no puede hacerse para la transferencia de una competencia que -como se ha dicho en muchas ocasiones- es indelegable. ¿Por qué es indelegable?, se preguntaba el señor Esteban. Porque es un acto
político del Gobierno que decide autorizar los referéndums en las comunidades autónomas. Al ser un acto político, solo el Gobierno del Estado puede ejercerlo, no puede delegarlo a las comunidades autónomas, porque estas no tienen la competencia y
el interés general, que corresponde al Gobierno de todo el Estado. Ustedes mismos pueden comprender que podrían producirse cantidad de convocatorias que resultaran contradictorias, y es por tanto el Gobierno del Estado el que tiene que velar por su
autorización, en coherencia con el interés general de España.
Les decía también que es anacrónico por otra razón que voy a tratar de explicarles. No solo las consultas populares o los referéndums se están regulando desde una perspectiva descentralizada desde hace ya varios años, sino que inclusive en
el tiempo que acaba de transcurrir este último año hemos ido recorriendo un camino importantísimo que nadie ha citado, excepto doña Isaura Navarro, aunque luego le haya llevado a una contradicción en su decisión final, porque ha reconocido que está
en los estatutos, pero luego ha dicho que va votar que sí. Ya la legislación local del año 1985 contempla que los
alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno, pueden someter a consulta aquellos asuntos de competencia propia municipal. Pero, señorías, en los estatutos que acabamos de aprobar en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en
Baleares y en Aragón, artículos, 28.5 y 50.8 del Estatuto valenciano; 122 del Catalán; 78 y 111 del de Andalucía; 31.10 de Baleares; 71 del de Aragón, se ha contemplado esta competencia, señorías, que ustedes reclaman. Les voy a leer
literalmente el 122 del Estatuto de Cataluña: Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat, o por
los entes locales en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución. El artículo 29.6,
señor Tardà, del Estatuto de Cataluña dice: Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat y los ayuntamientos en materia de las competencias respectivas, en la forma y las
condiciones que las leyes establecen. Es más, en Cataluña hay una ley que regula la capacidad de convocatoria de este tipo de consultas. Hay ocho comunidades autónomas, señorías, que tienen leyes de convocatorias de ese tipo de consultas.
Fíjense si es evidente que esto ha quedado sobrepasado por la realidad que la propia proposición de ley del señor Tardà, de Esquerra Republicana, en su artículo 3 dice: El traspaso de servicios de esta competencia que se pide al Gobierno
del Estado se realizará a través de la Comisión Mixta de transferencias Estado-Comunidades Autónomas, sin caer en la cuenta, señor Tardà, de que con el nuevo Estatuto en Cataluña ya no hay Comisión Mixta, hay una Comisión bilateral entre el Estado y
la Comunidad de Cataluña. Es más, señorías, inclusive la convocatoria del referéndum que aprobó el nuevo Estatuto de Cataluña, ¿saben ustedes quien la hizo? No la hizo el presidente del Gobierno, señor Zapatero, señorías. La hizo el presidente de
la Generalitat, don Pascual Maragall i Mira, con un decreto del día 18 de mayo de la Generalitat. ¿Por qué? Porque el propio Estatuto ya contemplaba esa delegación competencial para que fuera el presidente de la Generalitat quién convocara el
referéndum ratificador del Estatuto de Cataluña. Por tanto, ¿de qué estamos hablando?
Les diré más. Esa previsión es la que ha llenado de contenido la organización de las convocatorias de los referéndums en virtud de esta competencia autonómica que estamos compartiendo. Hoy he oído decir aquí a muchas de las señorías que
han comparecido que esta convocatoria de referéndums es una apelación a la voz del pueblo -se ha dicho por el señor Esteban-, y a la democracia directa. Y todos estos campeones del referéndum que son ustedes, y se lo digo con todo afecto, los
campeones de la democracia directa, ¿por qué no tienen en cuenta que el pueblo de Cataluña ya habló el año pasado? (Aplausos.) Es que habló y dijo que estaba de acuerdo con este Estatuto, señorías. ¿Por qué ahora no vale nada? ¿Por qué el 90 por
ciento de los catalanes que votaron en un referéndum, convocados por su presidente, a unas disposiciones que regulan este tema y que ya han resuelto este problema tienen que ser desautorizados por nuevas convocatorias? ¿Valen menos los que votaron
en Cataluña que su propuesta, señor Tardà? Por ello no acabo de entender esta propuesta en este momento, aunque es verdad que lo entiendo, si tenemos en cuenta que la fecha de la propuesta es del día 12 de julio de 2004, señorías, hace tres años
largos. Por eso le quiero pedir a los señores de Esquerra y de Convergència que entiendan que una proposición que en su día incluso mereció nuestro voto favorable, es verdad, del Partido de los Socialistas de Cataluña en el Parlamento de Cataluña,
hoy, el PSOE en su conjunto, piense que está resuelta, y bien resuelta, en el nuevo Estatuto de Cataluña. Les pido que retiren esta proposición de ley porque no tiene sentido, en nuestra opinión. Es más, me refiero ahora directamente a
Convergencia i Unió. Señor Xuclá, no puede decir que este Estatuto que nos vincula a todos, a usted no le afecta. En el terreno dialéctico de la política se puede decir de todo, pero incluso en ese terreno de la dialéctica política, Esquerra puede
decir que este Estatuto le compromete menos porque no lo votó. Pero es que ustedes sí lo votaron y están comprometidos con este Estatuto, como lo estamos nosotros. Lo que no cabe es jugar a todas las cartas o a todos los colores. No cabe decir:
es que yo pedí en el Parlamento de Cataluña una cosa y aquí se aprobó otra. Claro, aquí se aprobó porque negociamos y pactamos. Ese pacto vale para todos, para ustedes y para nosotros. Y les afecta a ustedes igual que a nosotros. (Aplausos.) Por
eso, no es comprensible, no es razonable, no es correcto que su partido reivindique dos textos distintos. No, todos, no. El texto que se aprobó en España, en las Cortes Generales y por el pueblo de Cataluña es el Estatuto de Cataluña. Por eso
afirmo que entre quienes no lo votaron o quienes lo votaron y miran para otro lado, el único partido que defiende este Estatuto es el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE. Es el único partido que está haciendo la defensa y la exigencia de su
cumplimiento, reivindicando precisamente hoy aquí que lo que aprobamos es lo que vale y es la ley que tenemos en este momento. Por eso termino, señorías, diciéndoles que nuestro partido va a votar no porque ese tema ha quedado resuelto en el
Estatuto de Cataluña, como en otros estatutos, y porque ya hemos dicho que hay un razón primordial que nos parece defendible: que es una materia que corresponde al Estado por mandato constitucional y que eso no es menos democrático que la llamada
democracia directa, porque la Constitución también es democracia. Por esas razones nos parece que esta propuesta sobra y que la regulación de esta materia ha quedado definitivamente clara, dejando al Estado la autorización como una decisión
absolutamente obligada para el Gobierno del Estado y también irrenunciable. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Llamamos a votación.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR RESPUESTA A LA UNÁNIME DEMANDA DE LA SOCIEDAD CIVIL CATALANA SOBRE LA GESTIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELONA.
(Número de
expediente 172/000258.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL SERVICIO DE CERCANÍAS EN CATALUÑA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 172/000260.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, información a la Cámara sobre la exclusión de dos puntos del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara
la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 31 y 33, correspondientes a las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar respuesta a
la unánime demanda de la sociedad civil catalana sobre la gestión del aeropuerto de Barcelona, y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el servicio de cercanías de Cataluña.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia, números 31 y 33.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE TRANSFERENCIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR LA VÍA DEL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000079.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de transferencia a las comunidades autónomas por la vía del artículo 150.2 de la Constitución de las
competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 29; en contra, 265; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), VASCO (EAJ-PNV), DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA
CANARIAS Y MIXTO, SOBRE EL AÑO DE LA CIENCIA.
(Número de expediente 162/000578.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco
(EAJ-PNV), de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, sobre el Año de la Ciencia. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a continuar con la sesión plenaria. Les rogaría que si desean ausentarse lo hagan con rapidez y en silencio, por favor.
Comenzamos con la defensa de la proposición de ley sobre el Año de la Ciencia con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la señora Palma.
La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Señorías, nos encontramos esta tarde en esta sesión plenaria ante una iniciativa de gran importancia y de gran calado social, no solo por su contenido sino también por su forma de tramitación. Señora presidenta, permítame destacar en nombre
del Grupo Socialista que la presentación conjunta con la firma y el apoyo de todos los grupos parlamentarios nos produce una gran satisfacción y nos anima a insistir en la búsqueda del consenso más allá de las legítimas discrepancias políticas
siempre que sea posible, y nos alegra especialmente que sea con una iniciativa referida a la ciencia. Concretamente se trata de una iniciativa de apoyo a la celebración del Año de la Ciencia 2007 que el Gobierno aprobó el pasado 12 de enero, dando
cumplimiento a una resolución del último debate sobre el estado de la Nación y que coincide con el centenario de la creación de la Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas en 1907, hace ahora cien años. Una institución,
como SS.SS.
saben, referencial de la llamada edad de plata de la ciencia y la cultura españolas en el primer tercio del siglo XX, que marcó, sin duda, un antes y un después en la historia de la ciencia española: promovió el contacto con instituciones
científicas extranjeras, las estancias de jóvenes científicos y profesores españoles fuera del país, la creación de instituciones científicas como el Centro de Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físico Naturales, con nombres
asociados a ellas y a nuestra historia científica como Menéndez Pidal, Altamira, Sánchez-Albornoz o Bosch i Gimpera, en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades; Ramón y Cajal en ciencias biomédicas, como SS.SS.
saben, considerado uno
de los grandes científicos del siglo XX; también los fisiólogos Grande Covián y Severo Ochoa; Blas Cabrera, que dirigió el Instituto Nacional de Física y Química, y muchos más. A todos ellos creemos que es obligado hoy hacer un recordatorio.
La edad de plata de la ciencia española situó entonces a nuestro país en la Europa moderna y desarrollada. El retraso de decenios que provocaron la interrupción por la guerra civil y la dictadura solo comenzó a repararse con el
reestablecimiento de la democracia. Segunda palabra a destacar de mi intervención, si la primera ha sido ciencia, la segunda es democracia. Ciencia y democracia constituyen elementos básicos de la aportación de esta iniciativa de hoy. El
contenido es extenso, no lo voy a detallar y supongo que otros grupos aportarán algunos detalles sobre el mismo, pero permítanme que lo resuma en dos grandes ejes. El primero es reforzar el compromiso y la obligación del Gobierno y de los poderes
públicos de promover cuantos avances científicos y tecnológicos contribuyan a satisfacer el bienestar y las necesidades de los ciudadanos. El segundo es promover la cultura científica entre la ciudadanía, el gran objetivo de este Año de la Ciencia.
Decía la vicepresidenta primera del Gobierno en la constitución de la comisión para el Año de la Ciencia hace pocos días que la estrecha relación entre la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo económico es algo sobradamente demostrado y
que lo tenemos fuertemente asumido. Forma parte de la gran apuesta compartida por la ciencia. Pero más allá del crecimiento económico, la aproximación científica a la realidad se sustenta en una serie de valores que nos llevan a plantear una
determinada forma de ver el mundo, de concebir nuestras relaciones y de pensar en el presente y en el futuro. Ciencia y valores, señorías, también en el Año de la Ciencia.
Desde esta perspectiva de la defensa de la ciencia y los valores podemos afirmar que, seguramente, no todo lo que es técnicamente posible es éticamente deseable. El progreso científico y tecnológico ha avanzado a tal velocidad, y continúa
aumentando a un ritmo tan vertiginoso, que ha originado un intenso debate público sobre los beneficios, las implicaciones y los efectos que puedan tener estos avances. En este sentido, es frecuente que nos planteemos preguntas como ¿está alejada la
ciencia de la realidad social?, ¿sabemos los ciudadanos de qué manera nos afecta la investigación y sus resultados? En este sentido, señorías, el debate, la deliberación y el diálogo deben convertirse en un hábito; un hábito civil basado en la
información pública y especializada, en el contraste de criterios, en la crítica -incluida la autocrítica- la eficiencia y, evidentemente, la toma de decisiones desde la responsabilidad individual compartida, en palabras de Marcelo Palacios,
presidente del comité científico de la Sociedad Internacional de Bioética. La información, aunque precaria, todavía es evidentemente fundamental. En este sentido, los ciudadanos españoles muestran todavía, a partir de los resultados de diversos
estudios, un bajo nivel de conocimientos científicos, acompañado de una actitud en cierta manera acrítica y conformista. Pero también se desprende de estos estudios que la ciencia en España posee una alta consideración social, aunque se detecten
algunas desconfianzas y preocupaciones.
Los españoles somos mayoritariamente conscientes de los beneficios de la investigación científica y técnica y, como no podía ser de otra manera, también de sus riesgos. Para superar estas dificultades, las propuestas que se desprenden de
los mismos estudios se agrupan básicamente, y coinciden con los objetivos del Año de la Ciencia, en torno a la divulgación del trabajo de los investigadores, al impulso de actividades formativas en la educación, a la mejora de la conexión entre
comunidad científica y medios de comunicación y al establecimiento de canales institucionales de asesoramiento científico y tecnológico en la gestión diaria del interés público. Estos son, señorías, básicamente, los objetivos del Plan integral de
comunicación y divulgación que impulsa el Ministerio de Educación y Ciencia, junto a otros ministerios, en el marco de la celebración del Año de la Ciencia.
Señorías, ayer, en un medio de comunicación, el historiador de la ciencia Sánchez Ron decía que la cultura científica es una asignatura pendiente.
Nos emplazaba a todos a superarla y, seguramente de una forma un poco escandalosa para
SS.SS., le sorprendía la ignorancia científica entre los políticos. Cierto tirón de orejas para todos nosotros. Pero permítanme, señorías, que destaque de sus palabras dos afirmaciones. La primera, que la ciencia no es un nuevo dios, que lo que
cuenta es lo que deciden las sociedades democráticas y, en segundo lugar, que el Año de la Ciencia será un éxito si sirve para difundir la ciencia entre la ciudadanía y se instala en la educación, que es donde debe surgir el amor y el interés por la
ciencia.
Basándome en estas palabras, señorías, y para terminar, señora presidenta, solo me queda reiterar el agradecimiento -porque no es para menos-, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a todos los grupos por impulsar conjuntamente esta
iniciativa; en segundo lugar, expresar mi más sincera felicitación a todos por haberla hecho posible y, en tercer lugar, desear que el Año de la Ciencia, con la colaboración de todos -de esto no tengo ninguna duda- y para el
bien de todos, de la ciencia y de la democracia, sea un gran éxito.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Palma, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Será la señora Fernández de Capel quien en su nombre tome en este punto la palabra. Cuando quiera, señoría.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se felicita por esta iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios, que se presenta porque, más allá de las legítimas opciones partidistas, el pluralismo político es la base de la democracia y de
los valores superiores que proclama la Constitución, pero no nos cegamos ante objetivos generales comunes que benefician a todos cuando los medios y el fin no vulneran los principios ni los valores, sino que los refuerzan, y este es el caso de lo
que nos ocupa. Y ello es así, señorías, porque entendemos que el impulso de la tarea científica ha de ser entendido como una política de Estado -SS.SS.
me han escuchado en otras ocasiones y saben que es un tema sobre el que insisto-; una política
de Estado en su sentido más amplio; una política de Estado en cuanto a conseguir objetivos, a buscar la colaboración que deben prestar todos los poderes públicos en una labor que debe considerarse común y estar al servicio de la comunidad
científica, que debe ser la protagonista del quehacer investigador, de la creación del conocimiento y de su transferencia a todos los ámbitos de la sociedad para crear riqueza y desarrollar estructuras sobre las que los países y la sociedad edifican
su futuro.
Queremos resaltar que este Año de la Ciencia se celebra, como ya ha dicho la portavoz del Partido Socialista, en el centenario de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, una feliz efemérides que constituye sin duda un hito en la
historia de la ciencia y de la cultura en la España contemporánea, y que se enmarca en todo un proceso de modernización que en tantos campos tuvo lugar durante el periodo de la monarquía de la restauración. La ironía de la política hizo que un
Gobierno efímero, el presidido por el marqués de la Vega de Armijo, que presidió por cierto las tareas de esta casa durante prolongados periodos, fuera el que pusiera la primera piedra del mayor impulso público a la ciencia española con unos
planteamientos y unos objetivos que fueron en su tiempo sumamente avanzados y sumamente acertados y que hoy en día siguen siendo perfectamente vigentes. Pero las obras que dan verdaderos frutos, sobre todo en esta materia, son las que se basan en
la continuidad histórica -es algo que los políticos no podemos perder de vista- y los gobiernos sucesivos, empezando por los de Maura y Montero Ríos, con independencia de su adscripción política, prosiguieron ese impulso basándose en la confianza en
la institución creada y en las que siguieron y surgieron, como aquí se ha recordado, de ella y también en las personas que muy dignamente asumieron la tarea de su dirección, tales como nuestro ilustre Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, y don José
Castillejo, presidente y secretario de la junta, respectivamente, así como los veinte vocales -de algunos de ellos se ha recordado aquí su nombre- que componían la junta y que por su talla científica dieron prestigio a nuestro país y garantizaron
también la calidad de las decisiones que en ese momento se tomaron. Es una lección que los presentes no deberíamos olvidar porque, como se dice en el Real Decreto de creación de la junta, firmado a la sazón por Su Majestad el Rey don Alfonso XIII,
no se trataba solo de abrir la comunidad científica española al exterior promoviendo la investigación y el estudio de nuestros científicos -tarea que no era menor porque nuestros científicos en las universidades y centros de investigación de otros
países trajeron un aire nuevo, una fuerza inusitada-, sino también de asentar el quehacer científico en nuestro suelo creando una atmósfera favorable -esto es muy importante-, esa atmósfera que facilita la dedicación y las energías en la obra
colectiva a la que un país no solo tiene el deber sino también el derecho.
Ahora, en este momento de la historia, debemos renovar ese espíritu al considerar en este año el impulso a la ciencia como una obra colectiva a la que todos debemos cooperar. Es una obra del conjunto de la sociedad española a la que deben
servir todos los poderes públicos con altura de miras y superando las tentaciones particularistas. Para ello, debemos comprender ese papel digno de elogio, digno de admiración de los investigadores -en este caso de los españoles- y dar decidido
apoyo a su tarea y a su contribución al progreso científico. Fomentar el trabajo de nuestros jóvenes investigadores intentando solucionar sus problemas, premiando justamente su servicio vocacional, nunca bien compensado ni bien comprendido.
Mejorar las enseñanzas científicas, este es nuestro segundo reto; hoy tenemos una gran preocupación y en algunos ámbitos no solamente españoles ya se habla del empobrecimiento de la formación en materia científica -no confundamos- en nuestra
educación secundaria. No debemos cerrar los ojos ante este hecho porque todos somos responsables.
Además, debemos tener un tercer objetivo que es fundamental para la ciencia: la apertura, universidades abiertas, tener un alma abierta, donde corra
el aire, donde haya esa cooperación internacional; es el futuro, no podemos tener unas universidades enquistadas. Fomentar la excelencia. Hoy manifestamos nuestro compromiso ineludible a considerar la ciencia como un asunto de Estado respetando y
cumpliendo las directrices y acuerdos con los organismos internacionales a los que España está adscrita en materia temática, pero también organizativa, porque muchas veces fallamos en ello. Hay que dotar de continuidad todas las actuaciones a favor
de la ciencia, con perspectiva de largo plazo y para ello
deberemos contar con todos, con nuestros mejores talentos. En España no sobra nadie, sea quien sea, nadie debe ser marginado, solo debe contar el mérito y la capacidad. Además, desde los poderes públicos debemos también exigir el fomento
del mejor ambiente de estímulo, de apoyo y de esperanza en la ciencia. En ninguna empresa estará mejor nuestro esfuerzo y nuestro futuro porque, sin ciencia, no lo hay.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Continuamos con el turno de la señora Pigem en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Convergència i Unió se suma con gusto a esta proposición no de ley que tiene como objetivo impulsar una serie de iniciativas en este año 2007 declarado como Año de la Ciencia. No quiero ser reiterativa, y me sumo ya a cuanto han manifestado
las dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí quisiera señalar que para Convergència i Unió la declaración del año 2007 como Año de la Ciencia y las actividades que con tal motivo van a realizarse debieran atender, cuanto
menos, a algunos objetivos globales. En primer lugar, al reconocimiento de la importante labor de todas las personas, hombres y mujeres, que trabajan en la generación del conocimiento científico y tecnológico, reconocimiento para las personas que
día a día se esfuerzan en avanzar en un mejor conocimiento del mundo para, de esta manera, contribuir a mejorarlo.
Se dice por parte de investigadores y científicos que la ciencia siempre ha sido la hermana pobre de la sociedad española y que, a pesar de la existencia de investigadores de renombre internacional en diferentes ramas del conocimiento
científico y tecnológico, salvo escasas excepciones, se han visto obligados a realizar su carrera en el extranjero. Deseamos que la declaración de 2007 como Año de la Ciencia sirva para que esta recupere parte del terreno perdido y sirva también
para no demorar más el diseño e implantación de una auténtica carrera científica. Debiera servir también este año para promover una apertura de la ciencia a la ciudadanía. Los conocimientos científicos, quizá un poco críticos por su complejidad,
no son suficientemente conocidos ni apreciados por la ciudadanía. Es necesario que esta conozca de qué manera la investigación y sus resultados afectan de forma directa e importantísima a nuestra calidad de vida cotidiana. Desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos la ducha, la tostadora, el medio de transporte que utilizamos, Internet, el fax, el teléfono, el microondas, el calientabiberones, el tejido de la ropa que nos cubre o la televisión, por poner algunos ejemplos, son los
resultados de la investigación, por no hablar ya de todos los adelantos y las mejoras en el campo de la medicina, del medioambiente, de la alimentación o del ocio. El hecho de divulgar y trasvasar los conocimientos científicos al lenguaje de la
población para poder así integrar la ciencia en la cultura ciudadana sería, a nuestro entender, otro de los grandes objetivos para este año.
Finalmente, un objetivo en el que Convergència i Unió ha puesto todo su empeño desde hace ya mucho tiempo es la necesidad de facilitar al máximo el paso de la ciencia básica a la tecnología de uso general, facilitar la transferencia de
tecnología entre la universidad y el mundo de la empresa, de manera que las mejoras tecnológicas se incorporen a la actividad productiva. Si conseguimos esto habremos dado un paso importante para avanzar en nuestra tasa de productividad y
competitividad en un momento como el actual, en el que estamos pasando, sin vuelta atrás, de una sociedad de modelo industrial a una sociedad posindustrial.
Hemos de competir en valor añadido y para ello, señorías, es indispensable dar un impulso
potente a la innovación y a la formación y apoyar, por tanto, el trabajo de nuestros científicos e investigadores.
Por ello no podemos más que alegrarnos de que en la tramitación de la Ley Orgánica de Universidades se hayan aceptado las enmiendas
presentadas por mi grupo parlamentario en un doble sentido: la mejora del tratamiento fiscal para las donaciones que se hagan para investigación y la flexibilización de los impedimentos que hasta ahora dificultaban a los científicos la creación de
empresas spin off, flexibilización que se traducirá en que los científicos no deberán seguir regalando sus ideas, sino que podrán participar en los resultados económicos de las empresas que se creen fruto de su trabajo y podrán también tomar
decisiones en las mismas. Reconocimiento, pues, al trabajo de los científicos, apertura a la sociedad del conocimiento científico y mejora de la transferencia y relación entre universidad y empresa son tres grandes objetivos que, entre otros,
pueden y deben conseguirse en la gran oportunidad que supone este marco de declaración del año 2007 como Año de la Ciencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.
Continuamos, señorías, con la señora Cañigueral, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Las intenciones que constan en la proposición no de ley para conmemorar este Año de la Ciencia indudablemente son muy nobles, pero, aun así, en Esquerra Republicana entendemos que es necesario diseñar propuestas mucho más concretas.
Fomentar la I+D en este Estado no pasa solo por aumentar el presupuesto destinado a proyectos de investigación, también debe incluir medidas que mejoren las condiciones laborales de las y los
jóvenes investigadores. En la proposición no de ley nos fijamos el objetivo de aumentar las vocaciones científicas y garantizar la futura competitividad en términos de investigación. Pues bien, para aumentar las vocaciones científicas es
imprescindible hacer frente a la falta de motivación de la juventud a iniciar una carrera científica que comporta una alta inseguridad profesional y laboral. Así, la única opción es la vertebración de una carrera investigadora coherente, digna y
continuada, en la que se reconozcan los derechos de todos los licenciados universitarios que desempeñan funciones de personal investigador, y no como sucede en la actualidad, que los jóvenes que quieren dedicarse a la investigación se ven obligados
a presentarse a un sinfín de convocatorias de becas para conseguir mantenerse económicamente de forma precaria. Es intolerable que nuestros mejores estudiantes, que deciden dedicarse a la investigación, tengan que llegar a los 28, 29 ó 30 años sin
haber cotizado nunca y, por tanto, quedarse sin acceso a las prestaciones de paro cuando se les acaba una beca o, por ejemplo, que no puedan acogerse a la baja de maternidad y paternidad cuando decidan tener un hijo.
Actualmente, es casi imposible
querer dedicarse a la investigación y ser madre o padre al mismo tiempo. El único camino para dignificar la opción social de los trabajadores que se dedican a la investigación pasa por cambiar la actual política de becas existente por una política
de contratación del personal investigador en la fase inicial, ya que solo medidas como esta significarán realmente un reconocimiento social y laboral más justo para las y los jóvenes investigadores y favorecerán que los jóvenes que ahora están
escogiendo su futuro profesional se tomen como una opción seria la posibilidad de dedicarse a la investigación, tanto en sectores tecnológicos como en el ámbito de las ciencias sociales. Así pues, en Esquerra Republicana esperamos debatir muy
pronto el diseño de mecanismos concretos para mejorar la situación laboral de las y los jóvenes investigadores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Cañigueral.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será el señor Esteban quien en su nombre tome la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Intervengo muy brevemente, porque los anteriores representantes de diferentes grupos han señalado las virtudes y los motivos principales de esta proposición no de ley, proposición que nos parece interesante, aunque hay que recordar que no es
la primera vez que este Congreso se manifiesta sobre esta materia, porque fue precisamente a raíz de una resolución, consecuencia del debate del estado de la Nación, el 6 de junio del año pasado, cuando se mandataba al Gobierno para realizar esta
declaración y para proceder a tomar las medidas oportunas que, según parece, se han materializado en el Real Decreto 6/2007, del 12 de enero.
Digamos que este es un adorno más que ponemos en el árbol de Navidad y que siempre está bien. Medidas se
han tomado, pero no solo estas, pues también hay otros ámbitos, como el de la Ley Orgánica de Universidades -pasado mañana probablemente se aprobará en esta Cámara-, que cuentan con importantes novedades en relación con la legislación anterior sobre
este sector y que inciden de manera relevante en la relación existente entre la investigación y la universidad. En esta materia todos los grupos políticos han llegado a consensos importantes y también se ha trabajado en este Congreso en el ámbito
presupuestario, habiendo recibido un impulso importante la investigación y la ciencia en este último presupuesto. También quiero señalar el granito de arena que ha puesto mi grupo, ya que, de las enmiendas presentadas, dos tercios han llegado a
buen término y se refieren a materias de I+D+i, reflejo de la importancia que mi grupo le da a estos ámbitos. No se trata solo de que este Año de la Ciencia y las medidas destinadas a ella vayan a movilizar a las administraciones públicas, a los
museos, a los centros de investigación, a las universidades, a las empresas, a las fundaciones o a las investigaciones, sino también a otros ámbitos. A la ciudadanía en general, sí, claro, pero especialmente habría que hacer un llamamiento a los
medios de comunicación para que la difusión de los avances y del trabajo que en materia científica se está realizando en el Estado sea conocida de manera más amplia por la ciudadanía. Esto se reflejaría en un aumento de las noticias que sobre estos
ámbitos pudieran presentarse por los medios de comunicación, porque no deja de ser preocupante que, en la encuesta realizada entre la ciudadanía sobre el interés que la materia científica tiene, haya quedado en una posición verdaderamente no
puntera.
En cabeza están los deportes -esto recuerda a eso del pan y toros, aunque parece que ahora los toros son sustituidos en gran medida por el deporte, que absorbe y obnubila los sentidos-, seguidos de materias tales como el cine, el medio
ambiente, la alimentación o la medicina, sin quizá caer en la cuenta de que la investigación y la ciencia tienen también resultados precisos en todos esos ámbitos y en la mejora del medio ambiente, de la alimentación, de la medicina, etcétera. Solo
dos de cada diez ciudadanos entrevistados señalaron que, si tuvieran que decidir en qué ámbito debería aumentarse el dinero, lo pondrían en el de la ciencia. También es cierto que se señalaba que no debía reducirse más el dinero colocado en estos
sectores, pero ciertamente resulta contradictorio que la sociedad sea consciente de la precariedad en la que ha vivido hasta ahora el ámbito científico y luego no dé un impulso a un aumento en los medios, quizá por eso que decía de que no son las
noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación, a pesar de que la ciencia hoy en día tiene cada vez más efectos prácticos en la vida diaria de cada uno de nosotros. Dicho esto, solo queda que el Ejecutivo, con el apoyo, como he
señalado antes, del
Legislativo, apoyo que ya ha prestado en varios ámbitos, dé soluciones prácticas y no proporcione meros envoltorios bonitos, que dé soluciones prácticas y un impulso más allá de las palabras a todas estas buenas intenciones. Confiamos en
que así será.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Esteban.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Será la señora Carme García Suárez quien en su nombre, señorías, tome la palabra.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo con brevedad porque se ha dicho prácticamente no sé si todo, pero sí aspectos muy importantes de esta iniciativa a la que todos los grupos vamos a dar apoyo; una iniciativa que se enmarca en la propuesta de dedicar el
2007 al Año de la Ciencia.
Simplificando mucho, la evolución de la ciencia en nuestro país, en España, a lo largo del siglo XX ha tenido una trayectoria convulsa. No es porque sí que la ciencia sea, haya sido y continúe siendo en cierta manera una de las hermanitas
pobres de nuestro sistema democrático. Se han mencionado ya algunas cuestiones, desde su despertar con Ramón y Cajal y la importante labor de la Junta para Ampliación de Estudios, pasando por la destrucción del incipiente sistema científico, los
costes negativos que tuvo la guerra civil, hasta los postulados de la dictadura, que provocaron un estancamiento y el exilio de cientos de investigadores y universitarios en nuestro país. Digo esto por aquello de que conviene recordar la historia y
tener presente por qué estamos dónde estamos.
Recordaré también el fracaso de la autosuficiencia tecnológica en el periodo de la autarquía, el posterior dirigismo y dependencia del exterior y su gran olvido durante la época de la transición. Hubo
un gran impulso en el momento de nuestro despertar democrático y un impulso mayor durante los años de Gobierno socialista a partir de 1982. Todo esto hay que situarlo porque forma parte de nuestra historia y de la evolución de la ciencia en nuestro
país. También con la entrada en la Unión Europea se asumió un nuevo reto: la constitución de un sistema científico sostenible, la innovación tecnológica, que implica ¡cómo no! un cambio de la política presupuestaria destinando más recursos a la
investigación y al desarrollo, todo ello con el objetivo de no caer en los errores del pasado y continuar a la cola de la Unión Europea.
Nuestro grupo tenía claro que había que apoyar esta iniciativa por muchas razones, entre ellas una fundamental, y es que es necesario generar e impulsar el conocimiento científico y tecnológico, y aplaudimos la iniciativa del Gobierno de
declarar el 2007 como Año de la Ciencia. Como no podía ser de otra manera, nos sumamos a esta proposición no de ley que hoy se presenta, pues las medidas que en ella se detallan representan muchas de las necesidades y de los objetivos para
incrementar el peso de la ciencia en el debate social y en la agenda política de nuestro país.
Es necesario acercar -se ha dicho también, pero era una de las cuestiones que yo quería recalcar- la ciencia a la ciudadanía. Es básico, es una de las cuestiones fundamentales para que haya una valoración de la importancia de la apuesta
científica. Debemos facilitar también la transferencia de la tecnología a la actividad productiva; otro de nuestros grandes retos y de las grandes necesidades que tenemos. No obstante, también queremos aprovechar la ocasión para hacer un
llamamiento, una vez más, desde aquí al Gobierno para que en el marco de esta iniciativa se comprometa todavía más decididamente con las inversiones en I+D+i, tal y como se prevé en el Plan Ingenio, que establece como objetivos destinar el 1,5 por
ciento del PIB en el 2007 y el 2 por ciento en el 2010, en consonancia con la estrategia de la Unión Europea, que pretende llegar en el 2010 al 3 por ciento del producto interior bruto. Hemos de recordar también, aunque nos duela, que España es el
país de la Unión Europea con mayor pérdida de jóvenes investigadores, abocados bien a dedicarse a la investigación de forma bastante precaria todavía en nuestro país, bien a marcharse fuera. El último informe del EGA indica que España solo recupera
uno de cada 1.188 investigadores fugados en busca de un mejor desarrollo de su carrera investigadora. Esto es un verdadero drama para un país que pretende estar en la avanzadilla de la investigación y en la avanzadilla de la ciencia.
Por ejemplo,
Polonia recupera uno de cada 499 investigadores e Italia recupera uno de cada 940, según el informe presentado recientemente, pero nuestro país supera en este caso a Italia y a Polonia, lo que todavía quizás es más dramático.
Celebramos esta iniciativa, pero nos preocupa -también se ha dicho- que pueda quedar poco más que en un adorno. Esperemos que no sea así. En todo caso, hemos de aprovechar cualquier ocasión para hacer énfasis en el déficit que todavía
tenemos. Aún a pesar de que en los últimos años -esto también es bueno reconocerlo- el conjunto del Estado haya tenido un progreso significativo en I+D+i, el ritmo de crecimiento debería ser todavía más rápido y más eficaz. Esperamos que este sea
un paso más en esta dirección y que la cultura científica entre la ciudadanía sea uno de los pilares que hagan posible construir un futuro más científico y también, por supuesto, un futuro más humano, porque para nuestro grupo la ciencia y las
humanidades van y deben ir siempre de la mano. Esperamos y deseamos también que la nueva Ley de Universidades sea un instrumento que facilite todos estos objetivos y que en un periodo corto nuestro país supere las condiciones tanto científicas como
las académicas y de oportunidades de nuestro universitarios. Dedicarse hoy a la investigación es todavía un camino arduo y difícil para nuestros jóvenes, y dar el cambio o dar el tomb, que decimos en Cataluña, a esta situación para que la
dedicación a la
ciencia para nuestros jóvenes sea un proceso, como mínimo, similar al de la mayoría de los países de Europa es el reto fundamental que tenemos y solo así daremos el salto que necesitamos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez, muchas gracias.
Señor Mardones, continuamos con usted en nombre de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo también se sumó en su momento a la iniciativa de los otros grupos parlamentarios y quiero reconocer aquí la gran labor de proselitismo positivo que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para aglutinar una serie de
buenas voluntades que tenemos todos los grupos parlamentarios en cuanto se toca la materia del avance científico, la ciencia en su concepto, que suponía nada más que recoger una voluntad parlamentaria. Al Parlamento le corresponden dos cuestiones
fundamentales en este año, por lo cual nosotros también nos sumamos a esta proposición no de ley. En primer lugar, una labor de impulso, de estímulo. No podíamos dejar solamente el real decreto de enero pasado del Gobierno para declarar el 2007
como Año de la Ciencia, sino que era necesario un impulso parlamentario, tomar conciencia de impulsar y alentar a todos aquellos organismos que hacen investigación en nuestro país, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a cualquier
otro organismo, departamento de investigación en las universidades españolas o centro público o privado que tome de la palabra ciencia el concepto de I+D+i. Al mismo tiempo es una toma de conciencia en algo en que sí está comprometido el Parlamento
y es en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en los capítulos correspondientes a la ciencia.
Quiero recordar un ensayo que allá por la década de los cincuenta escribió el doctor Marañón: Cajal, su tiempo y el nuestro. El doctor Marañón viene en primer lugar a situar la ciencia española, que arranca de la disposición del Gobierno
de don Antonio Maura, después del desastre de Cuba y de Filipinas, cuando España toma conciencia de que tiene un déficit tremendo en investigación y, por tanto, en ciencia y tecnología.
A principios del siglo pasado, cuando se crea la Junta para
Ampliación de Estudios en el año 1907, cuyo centenario se celebra en este año actual, nos damos cuenta de que hay una evolución no ya en el concepto de la vocación del investigador, sino en los medios tecnológicos que le corresponde proveer a los
poderes públicos. Cajal pudo llegar a ser premio Nobel utilizando un instrumental verdaderamente precario: un microscopio óptico sencillo y reactivos para estudiar las neuronas. Hoy en día es inconcebible un gran proyecto de investigación sin
unas inversiones en infraestructuras. Quienes hemos tenido ocasión de visitar los grandes centros de investigación europeos, no digamos ya los norteamericanos, nos damos cuenta del tremendo avance que se ha producido en la tecnología de las
infraestructuras. En la pasada legislatura tuvimos debates para pedir la ubicación en España del proyecto ITER, es decir, del reactor internacional termonuclear experimental para la energía de fusión, que al final no se pudo instalar en España y se
fue a territorio francés. Por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias es un consorcio internacional en alta tecnología. Cajal tuvo medios económicos y dinero para comprarse un microscopio óptico, pero hoy un reactor termonuclear, como el
del proyecto ITER, es imposible sin los presupuestos generales no de un Estado, sino de un consorcio internacional.
Esta iniciativa que hoy hemos suscrito todos los grupos parlamentarios con esta proposición no de ley permite acoger esta toma de conciencia del Parlamento a favor de las inversiones públicas. Desde cualquier punto de vista político hay una
concordancia de intereses y un consenso absoluto y general, lo que nos permite también dar nuestro voto con total adscripción, simpatía, apoyo y responsabilidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Rodríguez, cuando quiera.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Quisiera expresar la adhesión del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa gestada por el Grupo Parlamentario Socialista y señalar unos aspectos con los cuales estamos especialmente de acuerdo y que sería bueno utilizar este Año de la
Ciencia para enfatizarlos. El primero es la preparación de los docentes en las distintas ramas científicas, incluidas las ciencias sociales, en particular la historia y los métodos pedagógicos, de los que está muy falto nuestro sistema educativo.
Uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema educativo está en la falta de preparación o de adecuación metodológica para poder enseñar a los muchachos y muchachas de primaria, secundaria y bachillerato las metodologías y las bases de las
ciencias fundamentales. En segundo lugar está el aspecto de la divulgación científica. Consideramos que la divulgación de datos o de una mínima erudición dista mucho de ser un bien común y debe formar parte de la formación cultural de cualquier
persona a comienzos del siglo XXI. En tercer lugar, la idea clara de que el avance científico y tecnológico vale para modificar las condiciones de nuestra existencia y que, por tanto, bien utilizados están en función de mejorar el Estado del
bienestar. Toda inversión que se haga en educación, ciencia y tecnología, en particular la que afecta a las generaciones más jóvenes, da siempre un resultado positivo en esa concepción del mundo no de base sacralizada sino laica, respetuosa con el
conocimiento
conocimiento y sobre todo confiada en que la humanidad tiene resortes para valerse por sí misma y avanzar progresivamente desde un punto de vista armónico.
Aprovecho la ocasión para decir que esperamos que la iniciativa, en lo que afecta al Congreso de los Diputados, tenga en cuenta el problema de la diversidad cultural, lingüística, nacional y científica del Estado español. Les voy a poner un
ejemplo elocuente, vinculado precisamente a la Junta para Ampliación de Estudios, que fue fundada en 1907. Fue curiosamente esta Junta para Ampliación de Estudios, sin duda benemérita e importante pero muy centralizada en Madrid, la que llevó a
que, cuando se empezaron a desplazar a lo que consideraban provincias, fuera posible actuar e incluso con objetivos muy bien pensados que dieron sus frutos cuando se aliaron con grupos sociales o institucionales de esos territorios del Estado
español. En el caso de Galicia, por ejemplo, se creó en 1920 con este espíritu la Misión Biolóxica de Galicia, al frente de la cual estuvo el vasco Cruz Gallástegui, que vivió en nuestro país, y otros veterinarios como Rof Codina, que lograron lo
siguiente: estudio sobre la hibridación del maíz, experimentos con cincuenta variedades de patatas del país y de fuera, inicio de la producción de patatas de simiente, invención de un método para evitar la enfermedad de tinta de los castaños
consiguiendo salvar a los castaños del país de esta plaga, y podríamos enumerar muchas más cuestiones de carácter práctico. La Misión Biolóxica de Galicia no fue obra de la Junta para Ampliación de Estudios, sino que fue la junta orientada por la
Sociedad Económica de Amigos del País, con sede en Santiago de Compostela. Todo lo que no se pudo hacer en la universidad se logró a través de una fundación particular, siguiendo el espíritu de la junta, que fue el Seminario de Estudios Galegos,
que con profesores de universidad y con personas ajenas a ella, a través de esta institución no oficial, trabajó desde 1923 para suplir la falta de presencia de la Junta para Ampliación de Estudios en provincias. Así tuvimos una sección de
Filología coordinada por Armando Cotarelo Valledor; otra de Artes y Letras, por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; la sección de Etnografía, de Vicente Risco; la de Historia, coordinada por Cabeza de León; la de Prehistoria, de Florentino López
Cuevillas, que dejó una escuela impresionante en Galicia de la cual son deudores todos los arqueólogos gallegos; la de Geografía, de Otero Pedrayo; la de Historia del Arte, de Xesús Carro; la de Literatura, de Figueira Valverde; la de Pedagogía,
de Díaz Rozas; la de Ciencias Aplicadas, de Manuel Gómez Román; la de Ciencias Naturales, de Luis Iglesias, y la de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, de Lois Tobío.
En 1936, el Seminario de Estudios Galegos fue desmantelado y solamente se volvió a recuperar en 1944 bajo la fórmula de Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento -nada que ver-, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Esperemos que en esta realidad tan variada, en la que hay que tener en cuenta la excelencia y la apertura, esta no sea solamente de Estado a Estado sino también en el interior del Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez; gracias, señores portavoces.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE MAYO DE 2005, SOBRE EL APOYO A UN PROCESO DE DIÁLOGO CON LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA ETA. (Número de expediente 162/000547.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continúamos, señorías, con la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revocación de la resolución de 17 de mayo de 2005, sobre el apoyo a
un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA. Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la resolución que se aprobó durante el debate sobre el estado de la Nación, el 17 de mayo de 2005, fue el primer paso en el desarme del Estado de derecho que emprendió este Gobierno. Hasta ese lamentable día, gracias a la política
de firmeza emprendida por los gobiernos del Partido Popular, al Pacto por las libertades y contra el terrorismo, a la Ley de Partidos y a todo un conjunto de medidas que aprobamos entre los dos grandes partidos mayoritarios, los terroristas no
tenían ninguna esperanza y su única salida era aceptar la derrota. Hasta ese día los demócratas estábamos convencidos de que derrotaríamos a los terroristas.
ETA estaba más débil que nunca, Batasuna estaba fuera de las instituciones, en el País
Vasco y en el resto de España se podía vivir mejor, ETA y su mundo agonizaban. Pero, señorías, el 17 de mayo de 2005, todo cambió. Ese día se decidió empezar a echarlo todo por la borda.
Zapatero decidió pasar página de la política más exitosa
contra ETA.
Decidió que su programa electoral, que hablaba de mantener vivo y en vigor el Pacto por las libertades hasta la derrota total de ETA o su disolución definitiva, era una mentira más de las muchas que ya vienen jalonando su trayectoria.
Por eso inició una nueva política de la mano de aquellos que nunca quisieron la derrota de los terroristas; de la mano de aquellos que no firmaron el Pacto de las libertades precisamente porque arrinconaba a ETA; de la mano de los que no querían
la Ley de Partidos; de la mano de los que decían que los terroristas de la kale borroka no eran terroristas sino chicos de la gasolina; de la mano de los que pensaban que las víctimas del terrorismo eran una realidad que era necesario tapar,
acallar y humillar. Más tarde supimos que el PSOE hablaba con Batasuna y con ETA desde 2002, es decir
que mientras firmaba el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, mientras acudía a los funerales de los asesinados, hablaba con los asesinos y con quienes les apoyaban. Por eso les dejaron entrar en las instituciones con el nombre
de Comunistas de las Tierras Vascas, a pesar de los informes que probaban la vinculación de este partido con Batasuna.
También nos hemos enterado de que una vez aprobada la resolución de 2005, que desmontaba toda la arquitectura de la lucha contra
ETA, no solo aceleraron su diálogo con los terroristas sino que llegaron a pactar un comunicado de alto el fuego permanente, como informó el diario El País.
¿Era acaso ese su modo de cumplir la resolución que ponía el punto de partida para el
diálogo con los terroristas en la clara voluntad de poner fin a la violencia por parte de ETA y en actitudes inequívocas que acreditaran esa convicción? Ustedes mismos son quienes incumplieron sus propias líneas rojas, porque ni antes ni después de
marzo de 2006 ETA cumplió ninguna de esas dos condiciones. Después del comunicado del 22 de marzo de 2006, ETA siguió extorsionando a empresarios y amenazando con el terrorismo callejero; ETA y Batasuna siguieron haciendo lo de siempre, siendo los
de siempre, a pesar de que para el presidente del Gobierno comenzaban a ser hombres de paz. Mientras ETA robaba pistolas, el Gobierno ordenaba a la fiscalía apoyar a los miembros de ETA y a Batasuna en los tribunales y rebajar penas, eliminar
fianzas y oponerse a que pagasen por sus delitos. Mientras ETA construía zulos y exigía poner a Navarra encima de la mesa, desde el Gobierno se negaba la realidad; decían que los almacenes de explosivos no eran más que agujeros, que Navarra sería
lo que los navarros quisieran, que ETA no se rearmaba y que además se podía hablar de todo. Luego vino el brutal atentado de la terminal 4 de Barajas en el que murieron asesinados Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, después el asesinato
de Ambrosio Fernández Recio, y el Gobierno ni siquiera suspendió el proceso, no lo suspendió porque cuando se produjo el atentado el presidente del Partido Socialista de Euskadi estaba reunido con miembros de Batasuna y siguieron hablando.
El
proceso nunca se ha suspendido; ha estado simplemente oculto, sumergido, escondido. Por eso a De Juana, otro de los hombres de paz para el presidente Zapatero, se le ha excarcelado en un episodio vergonzoso; por eso a Otegi se le retiran todas
las imputaciones, en uno de los hechos más bochornosos de la historia de la fiscalía que hasta el propio tribunal denunció y desautorizó, al igual que asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Es todo tan vergonzoso, son tantas las renuncias
y cesiones que se han hecho que el presidente ni puede ni quiere venir aquí a explicar, se esconde prometiendo que lo hará antes de que finalice esta legislatura. ¿Es tan inconfesable de lo que están hablando con los terroristas, o es que
consideran que los españoles son menores de edad y no deben enterarse? Es curioso que hayan dicho esto justo cuando Batasuna ha recordado al presidente que tienen compromisos firmados.
Ahora toca legalizar a Batasuna. No les queda más remedio. Cuando con unos terroristas mafiosos, como ETA, se cede una vez, no les queda más salida que ceder siempre. Les han exigido que tienen que estar en los ayuntamientos y ustedes lo
han admitido. Aquí, en fechas recientes, el ministro del Interior dijo que eso precisamente era lo que a él le gustaría. El presidente Zapatero ha señalado que interpretará adecuadamente la Ley de Partidos; mientras tanto ETA se prepara par la
paz haciendo prácticas de tiro. Hoy, hace un poco más de una hora, hemos conocido por un teletipo que se ha inscrito un nuevo partido. Una dirigente abertzale inscribe un partido con el nombre de Abertzalen Sozialista Batasuna. Bien. Ya sabemos
que se han inscrito; sabemos que se siguen llamando Batasuna; sabemos que los impulsores son gente de ETA-Batasuna; sabemos que han sido imputados en varios sumarios por pertenencia a la banda terrorista ETA. Pues bien, ahora les toca a ustedes
pronunciarse. Ustedes pueden en este caso aplicar la Ley de Partidos, pueden proceder a la ilegalización de este nuevo partido que hoy acabamos de conocer que se ha inscrito, y así daremos un paso para fortalecer nuestras instituciones frente al
terrorismo. Desgraciadamente sabemos qué es lo que significa que Batasuna esté en los ayuntamientos; durante décadas lo estuvieron y la paz estuvo más lejos que nunca, porque desde sus sillones de concejal elegían y apuntaban a las víctimas y
cobraban dinero de todos los españoles para financiar sus actividades terroristas. Espero por el bien de todos que ustedes, señores de la mayoría, no nos quieran hacer regresar a otros tiempos. Señorías, la verdadera primavera para los demócratas
han sido los cuatro años en los que ETA y Batasuna han tenido sus ensangrentadas manos fuera de los ayuntamientos. Si no se impulsa la suspensión del acto de Batasuna en Bilbao del próximo sábado, si la fiscalía no insta a ilegalizar las
candidaturas que ya nos anuncian y que ya hoy mismo han inscrito, será la vuelta a los tiempos más oscuros para el País Vasco y para España.
Ustedes, señores de la mayoría, serán responsables de un irreparable daño a nuestra democracia. El cambio de la política antiterrorista que supuso esa moción de mayo de 2005, de la que hoy pedimos su revocación, ha significado un retroceso
para la libertad: ha habido tres muertos, ETA ha seguido atentando, extorsionando y además está cada vez más reforzada políticamente. Ustedes cambiaron de aliados para llevar a cabo una nueva política respecto al terrorismo y han fracasado
estrepitosamente. La idea de paz de algunos es agredir a los demócratas, como se vio ayer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ahora tienen una nueva oportunidad. Les hemos entregado una propuesta de declaración institucional
para que desde esta Cámara podamos hacer una condena de la agresión que sufrió el señor Aguirre ayer, y por las noticias que nos llegan parece que ustedes no van a querer sumarse a esa condena. Han tenido que ceder a los terroristas y van a tener
que seguir cediendo a no ser que rectifiquen.
Desanden el camino que han emprendido y apoyen esta iniciativa. Les aseguro que así los demócratas ganaremos esta batalla, porque somos más de 300 y somos mejores que ellos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entramos en los turnos de fijación de posiciones. Comenzaremos por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar la señora Lasagabaster y después el señor Rodríguez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Una semana más estamos en los Top Five, por no decir los Top Ten, porque solo se habla de los cinco mismos temas en cinco minutos y con un exquisito rigor, y no voy a repetir las mismas cuestiones que aquí se dicen. Más allá de entrar en el
contenido, aunque no sé exactamente cuál es el contenido de los cinco temas, lo cierto es que hay una filosofía detrás de todo ello y es que el Partido Popular tiene la verdad absoluta.
Ellos son los iluminados y el resto, que resultamos ser la
mayoría en esta Cámara, somos los equivocados, por no decir los traidores, los malvados y tantas cosas más. Yo no entro en esa dinámica. Nosotros tenemos tanto como ellos derecho a opinar, derecho a pensar, derecho a expresarnos, derecho a decir
lo que queremos y hasta derecho a votar ¡qué casualidad!, tenemos derecho a votar y ¡qué casualidad!, la mayoría no dice lo que ellos quieren. ¿O es que acaso nos quieren quitar ese derecho? Porque vemos que van por ese camino.
Diré dos cosas. En primer lugar, con esta proposición no de ley podían haber pedido la revocación del Pacto de Madrid y la revocación del Pacto de Ajuria Enea, porque es exactamente lo mismo. Es a ustedes a quienes no se les entiende. En
función de donde están o en función de su estrategia electoral dicen unas cosas un año y otro año dicen algo diferente. Si ustedes estuvieran en el Gobierno habrían hecho exactamente lo mismo que ha hecho el Gobierno, ni más ni menos, porque ya lo
hicieron en su momento. Respecto a esas calificaciones que nos hacen de no ayudar a las víctimas, pues a las víctimas se las ayuda y se las respeta, no se las utiliza, como hacen ustedes. Lo único que queremos es algo similar a lo que ocurre en
Irlanda del Norte: resolver los conflictos, que no haya violencia y respetar lo que decidan los derechos de las personas y lo que quieren las personas.
Señorías, poco más tengo que añadir porque han oído muchas veces lo que opinamos cada uno de nosotros. Tenemos matices, tenemos cosas consensuadas, pero lo cierto es que somos mayoría, por mucho que les pese. Para ustedes no tenemos
derecho a opinar ni derecho a votar, pero resulta que sí lo tenemos. Como no cambien, ya son la derecha de Pasley o, lamentablemente, más a la derecha que Pasley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Para el Bloque Nacionalista Galego, la resolución de 17 de mayo de 2005 del Congreso de los Diputados fue una apuesta moderada por el diálogo y la integración solo a cambio de que se cerrase toda posibilidad al uso de la violencia. Por
tanto, conllevaba el abandono de la violencia como arma de actuación política. A estas alturas, para abrir la puerta a cualquier integración sigue siendo un criterio válido el abandono de esta violencia. Nosotros tenemos claro que en el Estado de
derecho hay dos aspectos: el de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la aplicación de la ley contra aquellos que delinquen -y hay que aplicarla y consideramos que siempre se ha aplicado- y el aspecto, para nosotros fundamental, de respeto
máximo por las libertades públicas, que desde que existe esta resolución del Congreso de los Diputados hay un interés especial en practicarlo. Consideramos que la política, por lo demás muy respetable, pero no compartida por nosotros, que llevó al
Pacto antiterrorista y a la Ley de Partidos tendría sus virtudes, pero tenía un defecto fundamental, y era que provocaba una destrucción y una especie de dialéctica política sin solución en Euskadi y abocaba, en todo caso, a que la violencia
continuase, sin saber muy bien cuáles eran los resultados finales desde el punto de vista sociopolítico. Ahora estamos con muchos interrogantes, es cierto; la credibilidad de algunos ha disminuido, pero lo que no puede disminuir por nuestra parte
es la voluntad de diálogo, de integración a cambio del requisito fundamental: no a la violencia.
Como este sigue siendo un criterio válido para el Bloque Nacionalista Galego, vamos a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Llamazares, tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
El gran problema del Partido Popular en esta legislatura es la exageración, la desmesura. Parecía que ya habíamos agotado nuestra capacidad de asombro, pero no es así, y probablemente no la agotaremos a lo largo de la legislatura; ahora
viene a la Cámara una iniciativa sin precedentes, y es que el Parlamento revise sus propios actos. No existe precedente, señorías. En el índice analítico del Reglamento de la Cámara no hay ni una sola referencia a la revocación; en el índice de
la Constitución española no existe la revocación. Señorías, no existe la revocación que ustedes pretenden en esta
Cámara, la revisión por parte del Parlamento de sus propios actos. Pero ustedes no pretenden eso porque saben que la mayoría de la Cámara va a rechazar esta iniciativa. ¿Qué pretenden? En nuestra opinión, algo más grave. Una vez que han
deslegitimado a la fiscalía y a los tribunales de justicia, ahora vienen a esta Cámara a deslegitimar al Parlamento, a oponer la ley -lo ha dicho usted, señora portavoz- a la mayoría parlamentaria. ¿Y qué es la ley, señoría, sino la expresión de la
mayoría parlamentaria? En términos republicanos se podría decir que la democracia es la mayoría parlamentaria más los derechos fundamentales, pero en ningún caso se puede oponer la ley a la mayoría parlamentaria, como en el caso que nos plantea el
Grupo Parlamentario Popular, para deslegitimar al Parlamento; hecho muy grave con el que hoy nos encontramos y que demuestra la desmesura del Partido Popular. Por tanto, inquisición por parte del Partido Popular al Parlamento español. Además, con
un argumento diabólico, que es el siguiente: señorías, si ustedes revocan la resolución sobre el diálogo están admitiendo su error, y si no la revocan es que siguen dialogando. El mismo argumento del señor Rajoy en relación con el debate sobre las
bombas de ETA. Argumentos diabólicos del Partido Popular que no tienen salida. Lo que pasa es que cuando uno sobreactúa corre el peligro de que las cosas se le vuelvan en contra. Y hoy las cosas se les vuelven en contra, señorías, porque es la
oportunidad para decir en esta Cámara que es una manipulación lo que ustedes dicen con respecto a lo que aprobó el Parlamento. El Parlamento aprobó, en primer lugar, que no hay precio político y que a ETA solamente le queda un destino: disolverse
y deponer las armas. El Parlamento aprobó que debe eliminarse la política antiterrorista de la confrontación partidista. El Parlamento aprobó que mantiene la esperanza de que ante actitudes inequívocas de fin de la violencia se pueda producir un
diálogo definitivo con los poderes del Estado. Eso es lo que aprobó el Parlamento y no lo que ustedes dicen que aprobó. Pero es que, además, no solamente sobreactúan, es que son anacrónicos, señorías. Hoy mismo, el reverendo Ian Pasley les dice a
ustedes -lo dice en Irlanda, pero lo dice también a quien quiera oírle- que el odio del pasado no puede ser barrera para el futuro. Yo diría, aplicándoselo al Grupo Parlamentario Popular, que ni el odio del pasado ni tampoco el rencor político del
presente pueden ser ni barreras ni trincheras para evitar la construcción del futuro. Creo que eso es lo que hoy se debería decir frente a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Pero es que además -y termino, señorías- no solamente es
que el Partido Popular sea anacrónico, es que hoy solamente nos propone barreras y trincheras y se inhabilita para el futuro. (Una señora diputada: ¡Qué lenguaje!) ¿Qué les propone a los ciudadanos? Hoy se propone aquí el no, nunca, jamás; la
guerra hasta la derrota final; pura intransigencia y puro fatalismo. La pregunta es a qué coste de vidas; la pregunta es a qué coste de sufrimiento, a qué coste de exclusión política de derechos y de libertades. Esa es la pregunta fundamental.
Termino, señorías. Que las desgracias y el odio del pasado no sean una barrera para el futuro. Aplíquense el cuento. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el turno del señor Esteban en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Torme, lo que uno deduce de su explicación y de la exposición de motivos de la proposición no de ley es que ustedes quieren que se revoque la resolución del Congreso de mayo de 2005, que dice que si se producen las condiciones
adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y
quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. Por eso quieren
ustedes revocarla. Pues mire, no le he leído la resolución, aunque se la podría haber leído porque, efectivamente, tiene ese texto; lo que le he leído literalmente es el Pacto de Ajuria Enea, en su punto número 10, que se recoge literalmente en
esa resolución. Esos son los motivos que desde la tribuna y desde la exposición de motivos de su escrito aducen para revocarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos al Partido Popular situado en épocas anteriores incluso al Pacto de Ajuria Enea,
cuando tanto han estado ustedes alabándolo y criticando otras actitudes. Les recuerdo que ustedes firmaron ese texto, incluido el punto número 10, y resulta que ahora están en contra del Pacto de Ajuria Enea -no hablemos ya de la resolución del
Congreso de 2005-, cuando eran tiempos de violencia mucho peores.
¿Ustedes pueden decir que la política del diálogo no puede ayudar en los últimos estadios de la violencia a canalizar el fin de esta? ¿Para qué se hace política? ¿Para qué están los parlamentarios? ¿Para qué existen las instituciones y
los partidos políticos? Para dar soluciones. ¿Y por qué en los últimos estadios de la violencia no se puede actuar políticamente para finalizarla? Desde el momento en que ustedes utilizan la violencia terrorista como arma arrojadiza en el debate
político -y lo hacen constantemente, una y otra vez-, en lugar de ser parte de la solución se han convertido en parte del problema, porque son el agente principal de la crispación, de la provocación, de la tensión y de los malos modos en el ambiente
político de este país.
Esta resolución de 2005 fue aprobada antes del comunicado de ETA, que se produce en el año 2006 y que anunciaba el alto el fuego permanente, por tanto, en una
situación de violencia. Es decir, se produjo en un momento en que la actividad violenta de ETA se mantenía. Y la validez de esta resolución y de los firmes principios democráticos en que se sustenta se mantienen con toda su fuerza para una
situación como la presente. Sí, le recuerdo que esto se aprobó sin estar en vigor la declaración de alto el fuego permanente realizada por ETA. Y le voy a decir más, no es cierto que respecto a las perspectivas de paz la situación actual haya
empeorado en relación con las que había hace un año, antes de la declaración de ETA, y le voy a decir por qué. Porque la reacción de la mayoría de los partidos políticos y de las instituciones después del atentado de la T-4 ha sido cabal y
ajustada. Evidentemente, no incluyo a su grupo político en esta reacción cabal y ajustada. En estos momentos ETA sabe a qué atenerse, sabe que hay rayas que no pueden ser traspasadas y sabe que está en una situación de debilidad. No ocultaré que
existen riesgos y dificultades, pero las expectativas de lograr la paz son hoy mejores que a principios de 2006. En consecuencia, esta resolución sigue conservando plena validez.
Por último, señora Torme, ha utilizado usted un tono despectivo refiriéndose a varios grupos políticos de esta Cámara, pero no vamos a caer en ninguna provocación de su grupo, y menos en la suya en el día de hoy. Hoy es el día mundial del
teatro; vaya sobreactuación. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Señora Oliva, su turno, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidenta.
Una vez más el PP vuelve con su política de crispación, por tanto, voy a decir lo que ya he dicho en los últimos meses y lo que tendremos que repetir hasta las próximas elecciones, ya que supongo que esta es la estrategia del Partido
Popular.
Señorías, les voy a leer una parte del punto 2 de la moción que quieren revocar. Convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un
final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esta convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan
abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio
político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia. Esquerra Republicana cree que este punto, al igual que el resto del texto, que no voy a leer para no extenderme en el tiempo, sigue siendo válido. He cogido una frase
muy concreta: Los representantes legítimos de la voluntad popular. Los representantes legítimos son los que estamos en esta Cámara y la mayoría de nosotros ya hemos expresado qué política queremos emprender para acabar con la violencia: el
diálogo. No crean ustedes que la mayoría está equivocada, sino al contrario, ustedes tendrían que replantearse su estrategia. Le pedimos una vez más al Partido Socialista que no afloje porque este es el rumbo que fijó este Parlamento y esta es la
línea y el marco en el que deben actuar los partidos políticos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Oliva, muchas gracias.
Señor Guinart, en nombre de Convergència i Unió, su turno.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Intervengo muy brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición de nuestro grupo ante la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el apoyo al proceso de diálogo con la
organización terrorista ETA.
El Grupo Popular trae por enésima vez ante esta Cámara el debate sobre cuál debe ser la actitud, el posicionamiento y la estrategia del poder legislativo representado en estas Cortes Generales ante el gravísimo problema del terrorismo -que,
a pesar de todo, perdura-, como si a golpe de proposición no de ley se pudiera actuar con eficacia y obtener resultados en esta lucha y pretendiendo -ilusamente- que algún grupo parlamentario cambie sorpresivamente su posición ante esta cuestión.
Los grupos parlamentarios -excepto el Grupo Popular- y también el nuestro por enésima vez nos pronunciamos en el mismo sentido, dejando y respetando la iniciativa de liderazgo en la lucha contra el terrorismo al Gobierno del Estado, que es quien
tiene más elementos y datos en su mano para fijar la mejor estrategia para conseguir el objetivo común de la erradicación del terrorismo. Nuestro grupo mantiene en este ámbito de trabajo su confianza en las actuaciones del Gobierno, como en su día
lo hizo cuando el Partido Popular ostentaba su titularidad e intentaba -al final de cuentas en vano- abordar la erradicación de la lucha armada de ETA. También queremos insistir en que la lucha antiterrorista y el proceso de gestión para acabar con
esta lacra requieren de discreción, de prudencia, de silencios y no de puestas en escena histriónicas de qué debe y no debe hacerse. Un exceso de ruido, de alharacas y fanfarrias, de sobreactuación -como decía el señor Esteban hace un momento- en
esta cuestión es abonar el fracaso y es alimentar la frustración de su resultado final. Nosotros seguimos defendiendo que el Gobierno continúe adelante en este proceso, que informe discretamente a los grupos políticos a través de sus líderes
respectivos sobre los avances o contratiempos en el camino de la paz, lógicamente sin claudicaciones y sin contravenir las leyes, y solo cuando haya conseguido soluciones definitivas y permanentes en este itinerario
de convivencia pacífica entre todos los españoles, lo haga público para su debate y valoración en esta sede de la soberanía popular, pero no antes si ello puede provocar el descarrilamiento del proceso pacificador.
Para acabar, una vez más -aunque en esta ocasión dicho solo de paso porque ya es tediosa su repetición-, denunciamos la táctica del Grupo Popular de utilizar la lucha contra el terrorismo, en concreto contra la banda terrorista ETA y, en
definitiva, el llamado proceso de paz de forma instrumental, como una palanca electoral. Nuestro grupo no duda de la voluntad profunda de ese grupo de conseguir la paz y la convivencia entre todos, ni mucho menos, pero a menudo tenemos la impresión
de que, sin renunciar a aquel objetivo, se sopesan o anteponen objetivos electoralistas que entorpecen y dificultan la ya de por sí compleja senda que nos debe conducir a la solución permanente y duradera de este conflicto. Insistimos en que, desde
nuestro punto de vista, solo a través del diálogo y del pacto entre las fuerzas mayoritarias del Estado, en el que deben estar presentes también grupos parlamentarios de los llamados nacionalistas, actuando con discreción y huyendo de la teatralidad
demagógica y crispante será posible avanzar definitivamente en esa materia que tanto preocupa a los españoles.
Nuestro voto va a ser, una vez más, negativo a la proposición no de ley del Grupo Popular que pretende revocar la voluntad de diálogo expresada por esta Cámara en mayo de 2005 y también de su autoenmienda, que va en la misma línea, esta vez
y cuantas veces se presenten iniciativas similares en este contexto y en similares circunstancias.
Señora presidenta, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Guinart, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Socialista, y lo haremos con la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Una vez más nos encontramos debatiendo un tema, la política antiterrorista del Gobierno, que nunca debió ser objeto de debate político y que desde luego no lo fue cuando ustedes gobernaban, no porque ustedes lo hicieran todo bien, no, sino
por la lealtad del Partido Socialista, que respetó en aquellos momentos el principio fundamental de que la política antiterrorista era una política de Estado, que por tanto dirige el Gobierno, y no se usa en el debate político; es decir, una
estrategia de unidad de los demócratas contra el terrorismo. Pero este principio no va con ustedes. Resulta más rentable, en su burda estrategia para tratar de desgastar al Gobierno, generar ruido, crispación, enfrentamiento, separación entre
ciudadanos y víctimas; todo ello a base de mentiras -hoy lo hemos vuelto a vivir- y además ustedes saben que son mentiras. No terminan de entender, señores del Partido Popular, que un pacto antiterrorista es un pacto de seguridad, un pacto que
trata de blindar al Estado para evitar la posibilidad de estar sometido a la capacidad de decisión y de imposición de una banda terrorista. Ustedes eso no lo entienden o, mejor dicho, no quieren entenderlo.
Esta semana, la disculpa, el instrumento para imponer nuevamente este debate es una proposición que pide la revocación de una resolución de este Congreso, aprobada el 17 de mayo de 2005 con apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto
el Partido Popular. Efectivamente, para ustedes, esta proposición tiene un carácter puramente instrumental, por no decir manipulador, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de fondo. Desde el título utilizado, que es
resolución sobre el apoyo a un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA -título que resulta simplista y equívoco para una resolución que es mucho más amplia, como ya se ha dicho en esta Cámara, en su contenido sobre la lucha contra el
terrorismo-, hasta en el desarrollo de su propia proposición, que aplica una lógica de revocación hoy, que desde luego no explica su voto en contra en el año 2005, y no digamos nada respecto a la enmienda que han introducido, que solo les sirve para
calentar motores de cara al próximo fin de semana. Pero esta instrumentación resulta todavía mucho más grave y más evidente si analizamos el fondo. La resolución del Congreso de los Diputados habla de la fortaleza del Estado de derecho, de la
superioridad de ese Estado, de que ETA solo tiene un destino, que es disolverse y deponer las armas, y es desde esa posición y no desde otra -no desde otra, señorías del Partido Popular- desde la que pueden apoyarse procesos de diálogo, algo que a
ustedes les parecía bien, como ya se lo han repetido, cuando en el año 1988 firmaron el Pacto de Ajuria Enea, cuando el comportamiento de la banda era mucho más cruel pero la unidad de los demócratas era un valor fundamental.
Este debate también es instrumental porque ustedes saben perfectamente que todos los grupos de esta Cámara siguen apoyando dicha resolución, por tanto, su objetivo ni siquiera es la revocación; es pura y simplemente evidenciar la división
de los demócratas, hacer el juego a los terroristas y están empeñados en que en esta Cámara no se hable de otra cosa. Solo saben hacer oposición con la política antiterrorista. Su obsesión por pretender desgastar al Gobierno y por intentar
recuperar el Gobierno -porque creen que se lo quitaron, se lo arrebataron, que era de su propiedad; no saben que son los ciudadanos los propietarios-, esa actitud, solo sirve para fortalecer el terrorismo precisamente cuando más baja es su
actividad.
Señores del Partido Popular, necesitan tanto a ETA para su discurso político como ETA les necesita a ustedes...(Rumores.) Sí, sí, para que su posición política aparezca. (Aplausos.) Lo grave, señorías, es que ustedes se lo están regalando,
les están regalando esa presencia política. Debatamos de todo, señorías del Partido
Popular, pero no de terrorismo; apoyen al Gobierno. La radicalización de su política de oposición está llevando a una escisión difícilmente superable. Vuelvan a la unidad de los demócratas. (La señora Torme Pardo: Al Pacto
antiterrorista.) Los ciudadanos se lo van a agradecer porque lo que desea la sociedad vasca, española y europea son soluciones, acuerdos y paz. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Mendizábal.
Llamamos a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. Proposiciones no de ley. En primer lugar, de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV),
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto sobre el Año de la Ciencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revocación de la resolución de 17 de mayo de 2005, sobre el apoyo a un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA, con la enmienda
del propio Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 131; en contra, 174; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000183.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación, interviene en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Camarero. (Rumores.)
Por favor, les ruego silencio para que el Pleno continúe. (Continúan los rumores.) Silencio, por favor, el debate continúa y tiene la palabra, para la defensa de la moción, la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hace una semana debatíamos con el ministro sobre la situación actual de la violencia de género. Quiero empezar echando en falta la presencia hoy del ministro en este hemiciclo para el debate de esta moción tan
importante, un debate respecto al cual el Grupo Parlamentario Popular pidió respuestas al Gobierno sobre las medidas que está implementando para mejorar la situación, sobre el grado de cumplimiento y eficacia de la Ley integral contra la violencia
de género y, una vez más, el ministro Caldera nos despachó con una serie de soflamas, de teorías sobre el origen de la violencia, instrumentalización de datos y muestras evidentes de desconocimiento de la realidad. El ministro no resolvió nuestras
dudas, no contestó nuestras preguntas, pasó de puntillas sin explicar las medidas que han desarrollado ni las que van a poner en marcha y sin asumir su responsabilidad ante la falta de eficacia de la ley, sin hablar del tono tan poco adecuado para
la gravedad del tema y la complicada situación que vivimos. Que la Ley integral no está dando los resultados esperados, es un clamor; que hay que intensificar los esfuerzos, lo solicitan desde todos los sectores, y el Gobierno no puede seguir
haciendo oídos sordos. La semana pasada fue la ex ministra socialista Cristina Alberdi, pero también lo habían advertidos los informes de Amnistía Internacional, el Consejo General del Poder Judicial, Jueces para la Democracia o asociaciones de
mujeres tan poco sospechosas como la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Comisión para la investigación de malos tratos, etcétera. La ley, señorías, no
ha servido para reducir el número de víctimas. Tras estos trágicos últimos días, son ya 16 las mujeres asesinadas, según el Gobierno. No ha logrado incrementar la confianza de las mujeres para denunciar ni disuadir a los agresores de cometer estos
malos tratos. Durante los dos últimos años se ha producido una desaceleración del ritmo de crecimiento de las denuncias y una reducción de un 11 por ciento en las órdenes de protección, motivado sin duda por la pérdida de confianza de las mujeres
víctimas en las instituciones y en el Gobierno. Por lo tanto, es imprescindible para acabar con esta lacra intensificar la sensibilización y la prevención e incrementar las medidas de seguridad y protección para lograr no solo reducir la cifra de
víctimas, sino dar tranquilidad y confianza a las mismas. En este sentido hemos presentado la moción, donde se recogen una serie de puntos que brevemente paso a explicar.
Presentamos un bloque de medidas dirigidas a mejorar la sensibilidad social y la prevención, que son las medidas estratégicas necesarias y eficaces a medio y largo plazo para acabar con esta lacra social, entre ellas
la más rápida implementación del Plan nacional de prevención y sensibilización, plan que, pese a sus dos años de retraso, sigue sin ser desarrollado. Además, destacamos la necesaria coordinación con las comunidades autónomas para su puesta
en marcha y la dotación de los recursos económicos a estas para poder cumplir con todas las actuaciones del plan. También pedimos la realización de más campañas de información, especialmente dirigidas a las mujeres que viven en el mundo rural y a
las mujeres discapacitadas, todas ellas con especiales peculiaridades y singularidades, campañas de información que permiten incrementar la sensibilización social, crucial tanto para disuadir al agresor como para animar a las mujeres a denunciar.
Por eso, también solicitamos acuerdos con los medios de comunicación para el tratamiento de la violencia, porque, como dicen los expertos, la sensibilización social influye en las muertes. Señorías, debemos reconocer que durante el trámite
parlamentario de esta ley el debate público que nos acompañó en los medios generó cierta confianza en las mujeres, pues logró no solo que en las encuestas del CIS apareciese la violencia como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos,
sino que además ese año se redujese el número de víctimas. Sin embargo, desde que al Gobierno no le interesa hablar de la violencia, esta tendencia se ha invertido: menos denuncias y más víctimas. También pedimos, como siempre, un incremento de
los agentes destinados a la protección y seguridad de las víctimas, porque, si es evidente que la sensibilización mejora la situación a medio y a largo plazo, a corto plazo no podemos permitir que sigan muriendo mujeres, que un tercio de las mujeres
que fueron asesinadas el año pasado contara con una orden de protección, que hoy mismo una mujer de Burriana haya sido asesinada pese a contar con una orden de alejamiento. El Gobierno no puede permitir que una sola mujer que denuncia, que tiene
una orden de protección concedida por un juez, no disponga de la seguridad necesaria para que su agresor no se salga con la suya. En este mismo sentido, pedimos la mejora de la teleasistencia y la realización de convenios con las comunidades
autónomas, porque el Gobierno dice que habrá convenios con el Consejo General del Poder Judicial, pero falta la necesaria coordinación política, teniendo en cuenta además que hay comunidades autónomas, como la mía, que desde hace años tienen su
propia teleasistencia, lo que genera una duplicidad de servicio que no beneficia a las víctimas. Y en esta línea de protección pedimos que se generalice una medida complementaria a la anterior, los brazaletes para los maltratadores, que el Gobierno
anunció que iba a poner en marcha a modo de lo que ya han hecho de forma pionera las Comunidades de Madrid y Baleares como medio para controlar a los agresores. Intentábamos llenar de contenido las unidades provinciales recién creadas, de las que
conocemos que son unos 70 nuevos cargos, pero con unas funciones poco concretas. Por el bien del acuerdo hemos renunciado generosamente a esta medida, pero no renunciamos a presentar iniciativas en este sentido una vez que comprobemos el resultado
de su implementación. Y hemos querido recuperar el fondo destinado a las comunidades autónomas de 12 millones de euros que durante dos años han recibido para cumplir con las numerosas responsabilidades que la ley les asigna y que este año el
Gobierno ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado cuando son las comunidades autónomas las que siguen supliendo en gran medida las carencias del Gobierno en el desarrollo de esta ley. En la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista
se recoge una asignación a través de proyectos o convenios, pero estamos convencidos de que la mejor opción es la que hemos tenido en los dos últimos años y les adelanto que el Grupo Popular seguirá trabajando para recuperarla. Para finalizar,
queremos insistir en la necesidad de modificar la planta judicial para poner en marcha los 43 juzgados de violencia que se querían incluir en la Ley de Igualdad, aunque, finalmente, se consideró por todos los grupos que no era la ubicación idónea, a
pesar de la necesidad de los mismos. Por cierto, el ministro la semana pasada tampoco se había enterado de este cambio y mantuvo que estos juzgados estaban en la Ley de Igualdad.
Señorías, todos estas medidas ayudarán a mejorar la ley porque inciden en los aspectos que más están fallando de la misma. Por eso estamos satisfechos con la transaccional a que hemos llegado todos los grupos y que recoge las medidas de
nuestra moción, junto con alguna otra medida nueva, como el protocolo sanitario, la formación de los profesionales o el teléfono gratuito de atención a las víctimas.
Quiero terminar, señor presidente, agradeciendo a todos los grupos de la Cámara, pero especialmente a las señoras Monteserín y Pérez Anguita, del Grupo Socialista, su voluntad de llegar a un acuerdo en esta moción, su interés en que hoy
salga de esta Cámara una iniciativa aprobada por todos los grupos, una iniciativa presentada y aprobada con el ánimo de mejorar la situación de las mujeres maltratadas; una iniciativa que espero, sinceramente, que inicie un largo camino de
encuentros entre todos los grupos para que las aportaciones de todos, por lo menos a partir de ahora, sean tenidas en cuenta y podamos contribuir a mejorar la eficacia de la lucha contra la violencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camarero.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista, señora Pérez Anguita.
La señora PÉREZ ANGUITA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar recordando a otra víctima asesinada hoy a manos de su pareja en Castellón. Este fin de semana he reflexionado, una vez más, sobre este complejo problema de la violencia de género y su también compleja erradicación.
Decía la señora Suárez textualmente en otra interpelación sobre el tema que es
necesario hablar, dialogar y contrastar abiertamente sobre el problema de la violencia de género y sobre las medidas más eficaces para abordarlo entre todos. Efectivamente, es un problema social que hay que abordarlo desde todos los ámbitos
de la sociedad y entre todos. Conscientes de la complejidad del problema, mi grupo, en la legislatura anterior, hizo intentos -fallidos por la oposición del Grupo Popular- de que saliera adelante la Ley integral, cosa que no fue posible, como
sabemos, hasta esta legislatura. Señorías, para poder solucionar cualquier problema hay que enmarcarlo en el contexto adecuado. En este caso, es fundamental saber que la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y
hombres, asentada históricamente en nuestras sociedades e imbricada en todas las estructuras de las mismas. Al ser un problema estructural, no puede abordarse parcialmente, de ahí nuestro empeño en la necesidad de que la ley fuera integral.
Ciertamente, la lucha por la igualdad ha sido incesante y llevada a cabo desde distintos frentes. En la mayoría de los casos han sido las asociaciones de mujeres las que han dado el mayor impulso y la unión de esos esfuerzos ha ido calando como una
lluvia fina, pero aún no se han dado los cambios estructurales suficientes para dar paso a un modelo social que erradique esa cultura y esas conductas de un mundo pensado y hecho por y para hombres. Ahí es donde está el quid de la cuestión de este
tipo de violencia. La discriminación y la desigualdad aún persisten. A pesar del reconocimiento formal de la igualdad, que es una realidad, tenemos que seguir hablando sobre la violencia de género. No entiendo, señora Camarero, cómo compartiendo
esta reflexión, como se deduce de su intervención en la interpelación que hizo al ministro, señor Caldera, la pasada semana, en la que admitía la dificultad para el desarrollo de esta ley y añadía que no es suficiente para cambiar modelos de
comportamiento y conducta y eliminar los restos de machismo que derivan en la violencia contra las mujeres, teniendo la visualización del problema tan claro, no apoyaron ustedes el 15 de marzo una ley que se dirige directamente a la línea de
flotación de la desigualdad, que es el germen de la violencia de género.
Solo se puede pensar que es la dirección de su grupo quien no lo tiene claro. Usted decía en la interpelación que la postura de su grupo ha sido y sigue siendo apoyar
cualquier iniciativa que vaya dirigida a la erradicación de la violencia de género. Señoría, usted sí lo tiene claro, pero yo les pediría que reflexionen como grupo, porque desde mi punto de vista no están siendo coherentes con esa afirmación. De
ser así, hubiesen apoyado la recientemente debatida Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Señora Camarero, difiero de su análisis sobre la implantación de la Ley Integral, que considero catastrofista. La lucha contra la violencia de género ha constituido -y sigue constituyendo- un área de acción prioritaria para este Gobierno,
que viene cumpliendo rigurosamente su programa electoral en todo lo relacionado con la igualdad y con la violencia de género. ¿Cómo se puede decir eso de un Gobierno que ha tratado el tema en 31 Consejos de Ministros? La ley es un instrumento de
lucha contra la violencia, que está funcionando. La capacidad que actualmente tenemos para abordar el problema es muy superior a la que teníamos en cualquier otro momento en nuestra historia. Precisamente por la puesta en marcha de la misma, a la
que ustedes también han contribuido al votarla favorablemente, hay una mejora de la confianza de las mujeres que se traduce en un incremento sostenido de las denuncias, que usted dice que han bajado. No sé de dónde sacan el dato. Se han
incrementado los recursos para la atención de estas situaciones; hay más juzgados de violencia sobre la mujer; hay más efectivos policiales especializados; hay más dinero; hay mejores protocolos de actuación; hay mejor coordinación; hay más y
mejor formación para los funcionarios que forman parte como operadores en el proceso y ha habido una evaluación continua de la aplicación de la misma, que ha dado lugar a la inmediata aprobación del catálogo de medidas urgentes del Gobierno. Todas
las medidas contempladas en la ley se han desarrollado, pero ustedes saben que buena parte de las mismas están llamadas a dar sus frutos a largo plazo. El Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género ha sido fruto del
consenso con todos los agentes implicados en su erradicación. A pesar de todos estos avances, tenemos que reconocer que la ley no tiene efectos inmediatos frente a los asesinatos. Somos conscientes de que, aunque se están potenciando todas las
medidas previstas en la ley, no estamos evitando las muertes y, no nos engañemos, señorías, las medidas de hoy tampoco van a eliminar las muertes -y eso es duro-, pero tenemos que seguir profundizando en el problema y llegar a acuerdos, como hoy,
con esa transaccional que hemos firmado todos los grupos. Por cierto, esa transaccional implementa mucho más las medidas que usted presentó en la proposición inicial. Señoría, mi grupo entiende que ese es el verdadero camino, porque en la
violencia de género no debe haber lugar para la demagogia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Mixto? (Pausa.) Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, dada la significación que para nosotros tiene la violencia de género seguimos muy atentamente la intervención de la diputada, señora Camarero, cuando presentó la interpelación, así como la respuesta del ministro. Tenemos que decir
que cuando nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, se posicionó favorablemente con respecto a la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, dejamos claro que no esperábamos que esta ley, ni a corto ni a medio
plazo, fuese capaz de acabar con la
barbarie que significan las decenas de asesinatos de mujeres que ocurren cada año. Votamos a favor de la ley porque en ella se incorporaron una serie de medias destinadas a profundizar en los problemas sociales, culturales y educativos, que
son cuna de la violencia que queremos erradicar. La violencia de género no solo son las muertes, señorías, sino también los cientos de miles de mujeres que la sufren diariamente. Las medidas de la ley están orientadas a una actuación transversal y
destinadas a la protección de las mujeres y contra esa violencia.
Efectivamente, son insuficientes, pero la pregunta es en qué nivel ponemos la suficiencia. Van a ser necesarios nuevos preceptos en esta ley y consideramos fundamentales los
incrementos presupuestarios en los diferentes departamentos que tienen que intervenir de manera activa, de ahí que las medidas que se presentan en esta moción de más y más no nos pueden parecer mal, señora Camarero, pero si hoy tenemos que poner
nuestra preocupación sobre la mesa, lo haremos sobre la base de conocer los resultados de las medidas puestas en práctica durante los años 2005, 2006 y 2007. Con fecha 18 de septiembre, el Gobierno nos ha remitido un informe en el que nos expone
parte de esos resultados. Decimos parte porque son datos, números, programas desarrollados, mujeres incorporadas a servicios o prestaciones contempladas en la ley, etcétera. Pero desde nuestro punto de vista es necesario conocer los resultados
cualitativos de la implantación de las medidas citadas y no solo cuántas mujeres accedieron a ellas. Es necesario conocer cómo incidieron las medidas en la resolución de sus problemas o, por el contrario, cuántas quedaron fuera y por qué razón. Es
necesario no solo saber cuántos programas hicieron en educación o en sanidad, sino si estos han tenido, tienen o van a tener incidencia sobre la erradicación de la violencia. Es necesario no solo saber cuántos juzgados se han abierto o cuántos
policías se han incrementado, sino la eficacia que han tenido en la prevención de la violencia y en la protección de las mujeres.
Señorías, esperamos que antes de finalizar el año, como recoge la ley y como anunció el ministro la semana pasada, podamos contar con el informe de la Delegación del Gobierno sobre violencia contra la mujer y que en el mismo se dé respuesta
a las preguntas que acabamos de hacer. Somos conscientes de la envergadura de este problema y de que el engranaje de la transversalidad lleva su tiempo. Somos conscientes de que se está trabajando en las distintas comunidades autónomas; no sé si
en todas con la misma intensidad, pero sí sabemos que en todas se está trabajando.
Señorías, cuando aprobamos y discutimos la ley y se incorporaba el plazo de tres años para presentar la evaluación a que hacemos referencia se hacía porque se
consideraba que un plazo más corto no haría posible hacer una correcta evaluación, de ahí que pongamos sobre la mesa estos puntos esperando que el Gobierno los tenga en cuenta cuando llegue el momento de hablar de ese informe. En este momento y en
relación con la moción nos resulta muy gratificante decir que vamos a apoyar la transacción hecha entre todos los grupos, que los grupos hayamos podido llegar a este acuerdo y que el tono del debate de esta moción haya sido distinto del tono en que
se hizo la interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se suma a esta enmienda transaccional. Por una omisión no aparece la firma de nuestro grupo, pero nos sumamos explícita e implícitamente a la misma por estar en concordancia con la posición que nuestro grupo parlamentario mantiene.
Vamos tomando conciencia de que frente a la lamentable reiteración de la violencia contra muchas mujeres españolas hay que reiterar también la postura parlamentaria de seguir disuadiendo a los presuntos o posibles agresores y, al mismo tiempo,
mantener una línea coherente. En esa figura, queremos destacar precisamente que juzgamos favorable esta iniciativa que nos ha traído hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. También nos parece positivo que todos los grupos parlamentarios
hayamos podido sumarnos en una misma identidad de planteamientos de fondo e incluso de forma en los 16 apartados de medidas que se contienen en la enmienda transaccional que todos suscribimos.
Luchar contra las malas pasiones humanas es difícil,
pero hay que volverlo a intentar continuamente, para que los principios éticos que nos unieron en su momento en la aprobación de la Ley contra la violencia de género mantengan ese pulso constante favorable a hacer cada vez más difícil a los
presuntos agresores cometer sus desafueros, penalizables en toda ley y en todo ordenamiento jurídico democrático. Por esa razón, señor presidente, mi grupo se suma con mucha satisfacción a esta enmienda transaccional presentada a la acertada moción
del Grupo Popular, dándole su voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Mi intervención va a ser muy breve, no por falta de interés y de preocupación sobre el tema que estamos debatiendo, sino por la sensación de estar repitiendo una intervención ya muy oída en esta Cámara, aunque
siempre importante.
La Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, como todas y todos conocemos, fue la primera ley debatida y aprobada en esta legislatura. Dije y sigo diciendo que quizás fuimos demasiado deprisa, lo cual no
siempre es sinónimo de hacer bien las cosas. Ha sido una ley sobre la que, por
diferentes motivos, en estos tres años, distintos grupos hemos realizado iniciativas, interpelaciones y propuestas. Es obvio que a todos nos preocupa y que todos pretendemos conseguir el mismo objetivo: que desaparezca la lacra de la
violencia -si me permiten- sobre todo el mundo y, en especial, por el número e importancia, sobre mujeres, niños y niñas. Todos queremos conseguir, aunque con diferentes estrategias, este objetivo.
Nuestro grupo siempre ha reclamado mucha más intervención preventiva, educativa y social. El 19 de septiembre de 2006, en nombre de mi grupo, realicé una interpelación al ministro Caldera reclamando el desarrollo real y efectivo de los
artículos 3 y 4, que son los referidos a prevención, y 17, 18 y 19, de asistencia social integral. Esto dio motivo en aquel momento a una moción que fue aprobada por unanimidad. En este momento nos encontramos con una nueva interpelación, en este
caso del Grupo Popular, y con una moción producto de esa interpelación. Nuestro grupo sigue insistiendo en la necesidad de mayores recursos humanos fundamentalmente para desarrollar ese mandato de la ley referente a la prevención, que es
prioritario para nosotros. Pedimos mayores recursos para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Lo dijimos en septiembre y lo seguiremos manteniendo, para nosotros esta es la clave para mejorar la situación.
El Grupo Popular realizó la semana pasada una interpelación que seguí con detenimiento desde mi despacho y debo decir que me pareció una buena interpelación, muy crítica, y se lo tengo que decir a la señora Camarero, y después de ver la
moción que se ha presentado me ha parecido que no ha seguido la postura crítica de la interpelación. De todas formas me parece una buena moción, más centrada y que favorece que todos los grupos podamos ponernos de acuerdo. Este es el objetivo.
Creo que este es uno de los temas, aunque hay otros muchos, en el que deberíamos intentar llegar a un consenso. A propuesta del Grupo Socialista ha sido posible llegar a un acuerdo que hemos compartido todos los grupos. Pensamos que será un
granito más de arena en el proceso que pretendemos, que es el de reducir al máximo la lacra de la violencia de género, pero sin duda no será la última vez que hablemos de este tema en esta legislatura porque, aun pretendiendo lo contrario, estamos
viendo que las muertes continúan. Para nosotros las muertes siempre serán una desgracia que colectivamente todos lamentaremos y de las que todos nos debemos sentir responsables, pero que no son debidas a una mejor o peor ley, sino a que en la
estrategia global, tanto de las leyes como del conjunto de la sociedad, no acabamos de encontrar la manera de profundizar y de no solamente ver la punta del iceberg, como son las muertes, sino la parte más preventiva, que es a la que más falta hace
llegar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco también ha firmado la transacción a la que hemos llegado todos los grupos, aunque ha estado a punto de no hacerlo.
Agradezco la flexibilidad evidenciada por todos para que se haya cedido en alguna cuestión que a
nuestro grupo no le satisfacía especialmente y es que en esta materia, lo mismo que en el área de igualdad, se utiliza siempre como coartada la idea de que hay que unir todas las fuerzas, que hay que aunar estrategias, no entorpecer los acuerdos
unánimes para que todos podamos entrar en el acuerdo y en muchas ocasiones, con este pretexto, se socava de manera importantísima el sistema competencial, que se viola de una manera flagrante.
Señorías, es el mismo discurso, el de la violación de competencias en una materia, que ya hacía cuando la ley entró en esta Cámara. Hablábamos de que se trataba de la vulneración más grave de los derechos humanos, la existencia de una
violencia específica contra las mujeres, y que era un valor superior que todas las formaciones políticas estuviésemos en el proyecto para que pudiera llegar a resultar eficaz. Sin embargo, en una y en otra ocasión, esta buena intención de que
podamos apoyar lo que de esta Cámara resulta en materia de violencia de género lleva a que en algunas ocasiones se utilice para reforzar de manera escandalosa estructuras del Estado. No otro sentido tenía lo que figuraba en el punto 16 de impulsar
unidades de violencia sobre la mujer en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con la pretensión de coordinar materias en las que las delegaciones y subdelegaciones no tienen ninguna competencia, como son lo educativo, lo
social-asistencial, lo policial, en algunas comunidades autónomas sí, en otras no -tanto en Cataluña como en Euskadi hay policías integrales que son las que han venido encargándose de la cuestión y yo creo que con acierto, a pesar de que en todas
partes ocurren sucesos desgraciados-. Lo competencial, insisto, en el punto concreto de la moción, resultaba claramente violentado. No creo que pretendiesen coordinar lo judicial porque desde luego esto no se coordina desde las delegaciones.
Se ha introducido también un inciso que agradezco, pero es el típico bienintencionado de añadir -después de que se insta al Gobierno a, desde esta Cámara- en el ámbito de sus competencias. Así creo que deben entenderse los puntos 9, 10 y 13
cuando se alude a la materia sanitaria, por ejemplo, o a los operadores jurídicos: los colegios de abogados tienen sus propios circuitos de dar instrucciones a los colegios y de llegar a acuerdos con ellos; pero también cuando se habla de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, puesto que existen, además de Policía Nacional y Guardia Civil, otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se entiende cómo se va a aprobar un protocolo común sin mencionar para nada la existencia de un consejo
interterritorial en el ámbito de la sanidad -serán los representantes de las diecisiete comunidades autónomas los que deban llegar
a un acuerdo sobre esta materia-, o cuando se habla de promover proyectos autonómicos y locales en materia asistencial. Entendido como que el Estado sólo puede instar aquello que está dentro de su competencia puede tener una lectura
distinta. Naturalmente sí estamos de acuerdo con lo que se establece en cuanto a la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, puesto que esta materia sí que es algo que le incumbe al Ministerio de Justicia. También deberá ponerse de
acuerdo con aquellas comunidades en las que a estas les corresponde la dación de los bienes materiales respecto de estos juzgados.
Puesto que en el último apartado se hace una mención a la colaboración con la comisión permanente del Observatorio estatal de violencia de género sobre la mujer, sería también oportuno haber hablado de la tarea que se hace desde el
Observatorio contra la violencia doméstica y de género en lo que al Consejo General del Poder Judicial le incumbe, que es el seguimiento de procesos y análisis de sentencias y resoluciones judiciales relacionadas con esta materia y también con la
orden de protección. Puesto que en estos momentos se habla tanto y tan mal en muchos casos de la labor que efectúa el Consejo General del Poder Judicial, quiero aprovechar mi estancia en esta tribuna para decir sin embargo que la labor que en
materia de violencia de género se está haciendo desde esta institución resulta realmente admirable y creo también que útil, puesto que lo que desde el consejo se nos indique sobre acierto o desacierto en lo que hace referencia al proceso penal
adecuado y a derecho sustantivo penal podría, eso sí sería competencia de esta Cámara y le correspondería al Gobierno promoverlo y también a los grupos políticos, resultar enormemente interesante como cometido de futuro, puesto que han pasado ya
unos cuantos años desde que hicimos la Ley integral para la violencia de género para que, a lo mejor, su puesta en práctica nos evidencie algunas carencias, algunas necesidades de reforma que podrían ser traídas a esta Cámara.
Concluyo ya, señorías. Como he indicado al comienzo, aun con críticas a lo que se trae a esta Cámara, aun teniendo suspicacias en cuanto al ámbito competencial, una vez más mi grupo se pliega al valor mayor de la actuación unánime en esta
materia de la violencia de género.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Esquerra Republicana, señora Oliva, por favor.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.
La Ley integral contra la violencia de género es un instrumento imprescindible y necesario para erradicar la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, cualquier medida que favorezca su desarrollo y la profundice en su eficacia y en la
consecución de sus objetivos va a contar con el apoyo de Esquerra. En esta línea creemos que se expresa la propuesta y la transacción que debatimos hoy, sobre la que ya avanzo que va a contar con nuestro voto favorable. A pesar de esto, creemos
que esta ley presenta disfunciones claras en su planteamiento derivadas de una falta de auscultación pormenorizada tanto en su origen como en su implementación.
La primera disfunción es que hace falta mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación con las comunidades autónomas. Hace falta dar autoridad a los trabajos que los gobiernos autónomos están llevando a cabo, en algunos casos, como en
el de Cataluña, trabajos muy bien hechos.
Somos conscientes de que el nuevo plan de sensibilización intenta corregir esta situación, pero creemos que se trata de un aspecto muy importante, porque la realidad de cada comunidad es distinta y, por
tanto, son los gobiernos autónomos los mejor posicionados para trabajar eficazmente.
En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que todo aquello que sea competencia estatal debe de estar suficientemente dotado financieramente como para que se pueda desarrollar con eficacia aquella medida. Creemos que, por ejemplo, no se
pueden imponer ocho juzgados nuevos de violencia en Cataluña si no van acompañados del fondo económico correspondiente, porque si es de otra forma, las administraciones autonómicas se encuentran limitadas a la hora de poner en práctica estas
medidas.
Hablando de juzgados de violencia ya expresamos nuestra opinión al respecto en el trámite final de la Ley de Igualdad. Estamos absolutamente de acuerdo en que hacen falta muchos más juzgados especializados en violencia de género y creemos
que la fórmula de juzgado especializado es buena, pero pedimos a la Administración central que cuando deba abrir nuevos juzgados de violencia tenga en cuenta el territorio para evitar que la instalación de unos juzgados suponga la anulación de
otros, aunque estos sean compatibles.
También quisiéramos trasladar hoy aquí, en consonancia con las impresiones que les acabo de exponer, la inquietud de los organismos institucionales encargados de las políticas para las mujeres en lo que se refiere a la creación de la figura
de las subdelegadas del Gobierno en materia de violencia de género. Se trata de una figura poco clarificada institucionalmente, que se menciona en el Plan estratégico contra la violencia de género, pero que no queda suficientemente desarrollada y
que se quiere poner en práctica sin previo aviso a las comunidades autónomas.
Evidentemente, esta falta de coordinación entre administraciones, los institutos de las mujeres de las comunidades autónomas y otros entes gubernamentales provoca serias
dudas en cuanto a su función y su repercusión o eficacia en esta materia, más aún teniendo en cuenta que en algunas comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña, los circuitos de violencia contra las mujeres están muy bien consolidados y
funcionan satisfactoriamente. Por tanto, será necesario ponernos de acuerdo y definir cuál va a ser el papel concreto que desarrolle esta figura de las subdelegadas
y habrá que definir también los mecanismos de coordinación con estos circuitos ya establecidos.
Finalmente, somos partidarios de que esta ley se haga extensible a todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Creemos que la ley parte de una limitación conceptual que en su momento ya denunciamos y es la definición
que da de la violencia doméstica, ya que entiende que la violencia de género es la que se produce únicamente en el ámbito doméstico. La realidad demuestra que la violencia ejercida contra las mujeres, es decir la violencia machista, se da en todos
los ámbitos y, por tanto, la protección de las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad debe extenderse más allá del espacio doméstico. Se trata, en definitiva, de no asociar la violencia de género únicamente a la violencia
doméstica, ya que la primera es mucho más amplia, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se dedican a la prostitución. La ley en su desarrollo debería dar un paso adelante y recoger estas otras situaciones de violencia contra las mujeres, ya
que este es su objetivo último.
Quisiéramos denunciar el grotesco espectáculo que se dio la semana pasada y que desgraciadamente no es nuevo, en el que Gobierno y oposición se peleaban por el número de mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista. Las cifras
cantan por sí solas; es un problema social muy grave que no se debe a la mejor o peor gestión de una administración sino a la pervivencia de una cultura patriarcal aún muy afianzada en nuestra mentalidad. Por el respeto que merecen las víctimas y
por el que merecen las asociaciones y organismos que trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres, pedimos que no utilicen el número de mujeres muertas en sus disputas electorales particulares.
En cuanto a la transacción, estamos de acuerdo en todos los puntos que se nos presentan y también con la introducción de una frase que dice: en el marco de sus competencias; eso sí, en la misma línea que la compañera del Partido
Nacionalista Vasco queremos que realmente se aplique este respeto a las competencias.Finalmente, queremos agradecer el consenso, consenso que se merecía esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.
CiU. Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.
Quisiera expresar en primer lugar que, como no podía ser de otra manera, desde Convergència i Unió compartimos con el grupo autor de la interpelación la preocupación por el alto número de víctimas mortales de la violencia de género. Hemos
manifestado ya en anteriores ocasiones y deseamos ratificarlo de nuevo que para nosotros una sola víctima son ya demasiadas víctimas, pero precisamente por eso, el importante número de víctimas en lo que va de año es también para nosotros un motivo
de gran preocupación. Por ello hemos realizado también alguna iniciativa parlamentaria, concretamente una pregunta al Gobierno, que no ha tenido todavía respuesta, acerca de las medidas que pensaba adoptar para atajar esta situación.
Dicho esto, quiero manifestar también que a mi grupo parlamentario le sorprendió enormemente el tono de la interpelación de la pasada semana.
No digo esto porque el Grupo Parlamentario Popular plantee interpelaciones al respecto, ni mucho
menos, porque plantear interpelaciones para mejorar la protección de las víctimas no solo es bueno sino que es nuestra obligación -otros grupos lo han hecho y recuerdo la interpelación de doña Uxue Barkos acerca de la necesidad de nuevos juzgados
exclusivos y otra de doña Carme García acerca de los aspectos preventivos, así como intervenciones de mi propio grupo, como digo, a través de preguntas parlamentarias-, sino que lo que nos sorprendió fue el tono, un tono, a nuestro entender,
excedido, muy crítico y muy derrotista con la eficacia de la ley, una eficacia que en nuestra opinión no puede medirse en modo alguno por el número de mujeres fallecidas, porque, insisto, la muerte de una sola mujer son ya demasiadas muertes.
Seguramente, las altas expectativas con que el Gobierno presentó la Ley integral contra la violencia de género sean muy difíciles de cumplir no solo a corto sino también a medio plazo, pero todos los grupos parlamentarios sabíamos de la dificultad
de erradicar esta lacra social cuando votamos la ley y la votamos todos los grupos parlamentarios.
Todos sabemos que en un tema tan complejo como la violencia de género -complejo por muchas causas pero principalmente por la especial relación entre víctima y agresor- no hay soluciones fáciles ni soluciones mágicas.
Todos lo sabemos. Es
más, estamos completamente seguros que, de haberlas, las hubiera empleado ya el Partido Popular en sus años de responsabilidad de Gobierno, como las hubiéramos aplicado todos los que hemos tenido dichas responsabilidades, porque es un hecho notorio
que la violencia de género y los trágicos asesinatos que produce no son un hecho de ayer ni de anteayer. El Partido Popular, que desde su responsabilidad de Gobierno implementó medidas a nuestro juicio realmente importantes y novedosas como la
orden de protección y que realizó modificaciones en profundidad del tratamiento de la violencia de género tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se hubiera limitado a estas modificaciones si hubiera pensado que había
otras más efectivas que por sí solas frenaran la violencia de género. Estamos completamente seguros de ello.
Por todo esto hoy nos alegra constatar que se ha podido recuperar el consenso en el planteamiento por acuerdo de todos los grupos de un amplio abanico de medidas -como amplio era el que planteó el Grupo Popular en la interpelación de la
pasada semana, de la que trae causa esta moción-, que, afortunadamente, no
tenían mucho que ver con el tono de la interpelación, porque todas las medidas que planteó eran sensatas y merecían nuestro apoyo y cuyo texto se ha enriquecido y ampliado por las aportaciones de los demás grupos.
Son medidas que no son
novedosas -ya se ha dicho aquí-; es más, muchas de ellas están recogidas ya en el Plan nacional de prevención y sensibilización o en las medidas urgentes contra la violencia de género aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de
diciembre, pero recuerdan y urgen al Gobierno a adoptar en el marco de sus competencias, tal como aquí se ha señalado, medidas en distintos planos: en el plano preventivo, en el plano de información y sensibilización, en el tratamiento de los
medios de comunicación, medidas asistenciales y también de creación de nuevos juzgados, por citar solo algunas, medidas todas ellas necesarias, quiero insistir en que ninguna de ellas ni todas ellas juntas mágicas, pero que como es obvio y desde el
consenso, desde Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Camarero, entiendo que la enmienda transaccional que ha presentado es la válida. (Asentimiento.) Gracias.
Votación -hay una sola- de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre violencia de género. Se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios. En consecuencia, procedemos a votar la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.