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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 235, de 27/02/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 235
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 217
celebrada el martes, 27 de febrero de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular:
-Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio y adopción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 215-1, de 21 de octubre de 2005. (Corrección de error en 'BOCG', serie B-215-2, de 26 de
octubre de 2005.) (Número de expediente 120/000005.) ... (Página 11805)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 120-1, de 1 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000105.) ... (Página 11817)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 203-1, de 23 de septiembre de 2005. (Número de expediente 122/000167.) ... (Página 11817)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ...
(Página 11805)
Proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio y adopción ... (Página 11805)
Por la señora secretaria primera se procede a dar lectura del documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por la Cámara de la proposición de ley.
En turno a favor interviene el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras Navarro Casillas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés y el señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor
Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio y adopción, se rechaza por 136 votos a favor, 173 en contra y una abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11817)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939 ...
(Página 11817)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades del período 1936-1939. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 208-1, de 7 de octubre de 2005. (Corrección de error en 'BOCG', serie B-208-2, de 27 de octubre de 2005.) (Número de expediente
122/000170.) ... (Página 11817)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación de un plan estratégico sobre la energía. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 498, de 2 de febrero de 2007. (Número de expediente 162/000545.) ... (Página 11826)
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pesquería de la anchoa.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 510, de 23 de febrero de 2007. (Número de expediente 162/000562.) ... (Página
11832)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre previsiones de futuro de la empresa pública Navantia, especialmente en lo referido a propuestas para posibilitar el regreso de Navantia-Fene a la construcción naval civil. (Número de
expediente 173/000174.) ... (Página 11837)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el retorno de la documentación pendiente depositada en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y su relación con la ley de la memoria histórica. (Número de expediente
173/000175.) ... (Página 11841)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939 ...
(Página 11817)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 ... (Página 11817)
Intervienen en la presentación conjunta de estas proposiciones de ley los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Herrera Torres, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), se aprueba por 171 votos a favor, 127 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 171 votos a favor, 129 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se aprueba por 171 votos a favor y 128 en contra.
Proposiciones no de ley. ... (Página 11826)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación de un plan estratégico sobre la energía. ...
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que para que España pueda ser un país competitivo en los próximos años es preciso controlar el
incremento de los costes energéticos y garantizar plenamente su suministro, por lo que su grupo ha elaborado una propuesta con el máximo rigor y seriedad que incorpora una serie de puntos con los cuales un grupo de estudios constituido por
diferentes expertos independientes podría realizar un informe en un plazo máximo de diez meses. A continuación pasa a exponer los puntos que su grupo considera relevantes.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el señor Ramón Torres, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Beloki
Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pesquería de la anchoa ... (Página 11832)
Defiende la proposición no de ley el señor Txueka Isasti, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Manifiesta la enorme preocupación de su grupo por la incorrecta gestión y las negociaciones realizadas a lo largo del tiempo para
la pesquería de la anchoa con el Estado francés y las nefastas consecuencias que ello ha ido acarreando. Los Estados español y francés deben seguir las directrices escrupulosamente, y se debe prohibir la comercialización de la campaña experimental.
Se deben instrumentar los medios para que la flota, que
va a realizar un gran sacrificio, tenga unas rápidas compensaciones tanto de la Administración central como de las autonómicas.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación de un plan estratégico
sobre la energía, se aprueba por 287 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pesquería de la anchoa, se aprueba por 153 votos a favor y 151 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 11837)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre previsiones de futuro de la empresa pública Navantia, especialmente en lo referido a propuestas para posibilitar el regreso de Navantia-Fene a la construcción naval civil ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Señala que esta no es una propuesta para privatizar lo público en funcionamiento y creando riqueza, sino para posibilitar
que se pueda utilizar conforme a las reglas de juego del mercado. Es una propuesta para hacer posible que un astillero expulsado de la construcción naval hace 23 años pueda volver a su función natural: construir barcos.
En defensa de la enmienda presentada, interviene el señor Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el retorno de la documentación pendiente depositada en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y su relación con la Ley de la Memoria Histórica. ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Reitera una vez más que lo que su grupo pretende es que la documentación vuelva a Cataluña en
esta legislatura, pues no se puede finalizar con una frustración que se pagaría histórica y electoralmente. Han presentado una transaccional con el deseo de que el Grupo Socialista la acepte, señalando que la comisión se convoque en el tiempo más
breve posible y manifestando que no hace falta que los trabajos terminen en seis meses.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre previsiones de futuro de la empresa pública Navantia, especialmente en lo
referido a propuestas para posibilitar el regreso de Navantia-Fene a la construcción naval civil, se rechaza por 146 votos a favor y 155 en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el retorno de la documentación pendiente depositada en el Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca y su relación con la Ley de la Memoria Histórica, se aprueba por 175 votos a favor, 124 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
-PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN. (Número de expediente 120/000005.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión correspondiente al martes 27 de febrero de 2007.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. Proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio y adopción. El debate comenzará con la lectura del
documento en el que se detallan las razones que aconsejan a juicio de los firmantes la tramitación y aprobación por la Cámara de la proposición de ley. Tiene la palabra para su lectura la señora secretaria primera.
La señora SECRETARIA PRIMERA: Gracias señor presidente.
Documento justificativo sobre las razones que aconsejan tramitar y aprobar la proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio y adopción. La eficacia social del matrimonio reconocido en el artículo 32 de
la Constitución se pone especialmente de manifiesto en nuestros días cuando la evolución de los hábitos sociales está generando otras formas de convivencia distintas a la matrimonial que diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, tanto
estatal como autonómico, así como la jurisprudencia, van perfilando en su naturaleza y efectos jurídicos. En efecto, la diversidad de formas de convivencia que se instauran en nuestra sociedad hace que resalte más si cabe la singular eficacia
social del convenio matrimonial entre un hombre y una mujer, formalizado ante la sociedad con el régimen de derechos y obligaciones previsto en el Código Civil y con vocación de estabilidad responsable al servicio de la complementariedad
psíquico-física de dos personas de sexo distinto que hace su unión ámbito idóneo naturalmente para el nacimiento e inculturación de las nuevas generaciones. Esta ha sido la razón tradicional por la que los ordenamientos jurídicos se han preocupado
de regular y proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer: esa unión aporta a la sociedad con su institucionalización contractual algo que va más allá de los aspectos privados de la sexualidad y la convivencia de los cónyuges, pues crea un
nicho ecológico para las nuevas vidas de una eficacia históricamente contrastada para generar lazos de solidaridad intergeneracional y de mutua asistencia que una sociedad como la nuestra no puede sino amparar y proteger. El hecho de que el
matrimonio entre un hombre y una mujer coexista hoy con otras formas de convivencia efectiva entre adultos más o menos extendidas no debe llevar a difuminar los contornos jurídicos del matrimonio mediante una asimilación del régimen de tan distintas
formas de convivencia. Tal asimilación no haría justicia ni a la voluntad de los propios convivientes, que pueden no querer y de hecho no quieren asumir el haz de derechos y obligaciones propio del matrimonio cuando deciden ser pareja de hecho, ni
a la naturaleza de relaciones distintas a las matrimoniales, como las que pueden mantener personas del mismo sexo o los unidos por lazos familiares diversos de los específicamente conyugales. Si la admisión social y jurídica de esas otras formas de
convivencia tuviese que hacerse al precio de la deslegalización o desnaturalización del matrimonio entre hombre y mujer consagrado en el artículo 32 de la Constitución, en vez de ante un progreso estaríamos ante un retroceso; en vez de ante un
aumento del ámbito de la libertad estaríamos ante una reducción del pluralismo, pues expulsaríamos del ordenamiento una institución de potente eficacia social como es el matrimonio. Por todo ello, parece conveniente que el proceso en marcha de
regulación jurídica de formas de convivencia distintas en todo o en parte del matrimonio se vea complementado con un reforzamiento jurídico de los perfiles institucionales del matrimonio como singular vínculo convencional entre un hombre y una
mujer. A tal efecto, la proposición de ley que se presenta propone modificar la redacción del artículo 44.1 del Código Civil, de forma que se especifique expresamente que la unión matrimonial es la posible para el hombre y la mujer, el uno con la
otra, es decir en cuanto dos seres humanos de sexo distinto. De esta forma se logra salvaguardar los perfiles del matrimonio sin mezclas ni confusiones con otras formas de convivencia entre adultos, garantizando mejor la libertad de quienes decidan
optar por una u otra relación de entre las práctica o jurídicamente posibles.
Con esta reforma no se prohíbe nada ni se va contra nadie, sino que se logra que el nuevo pluralismo social en materia de formas de convivencia se potencie sin ir
en detrimento de lo ya aprobado como justo y eficaz -el matrimonio entre hombre y mujer- ni en demérito de las nuevas formas. Asimismo la proposición de ley que se propone afronta un tema de gran actualidad en España y en otros países de
nuestro entorno: el reforzamiento legal de la capacidad para adoptar en clave de defensa de los intereses del adoptando. La legislación española en la materia se inspira en el principio de prohibir cualquier adopción conjunta por más de una
persona, con excepción de los cónyuges o asimilados; es decir, entiende el derecho español que la adopción conjunta no debe ser admitida con carácter general, sino solo en el caso excepcional de los cónyuges, supuesto en el que está suficientemente
garantizado el beneficio para el menor por integrarse en el contexto idóneo para la paternidad. Esta opción legislativa que la proposición de ley quiere reforzar no discrimina a nadie, sino que acota en beneficio del menor el ámbito subjetivo de la
adopción a lo más seguro y prudente sin perjuicio de la adopción individual, no conjunta, por cualquier adulto que cumpla los requisitos legales y sea considerado idóneo. Este criterio ha sido y sigue siendo con alguna excepción el normal en los
ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, y esta opción es la más recomendable para el menor si no olvidamos que la adopción no es una institución pensada para dar un hijo a uno o más adultos, sino una institución diseñada para dar a
un menor la protección que necesita. La proposición de ley a estos efectos propone modificar la redacción del artículo 175.4 del Código Civil a fin de especificar que la adopción por más de una persona solo será posible cuando los adoptantes sean
el marido y la mujer.
Como se puede apreciar, las dos reformas al Código Civil que la proposición de ley propone responden a cuestiones de la máxima actualidad y de interés general, lo que justifica que sean objeto de la iniciativa legislativa popular conforme a
la letra y el espíritu del artículo 87.3 de la Constitución. Esta proposición de ley debe ser tramitada y es digna de ser aprobada: por el interés objetivo y la actualidad de los temas a que se refiere; por el carácter razonable de las soluciones
que propone; por reforzar en clave de progreso derechos constitucionalmente garantizados, el del hombre y el de la mujer a contraer matrimonio y el del menor a una protección integral (artículos 32.1 y 32.9 de la Carta Magna); por no referirse a
ninguna de las materias excluidas de la iniciativa legislativa popular, por el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 28 de marzo, por cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 3 de la misma norma y por no concurrir ninguna de las
causas de inadmisión del artículo 5.2.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
Iniciamos el debate. En primer lugar, ¿algún turno a favor? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández Díaz, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para consumir un turno a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley por la que se pretende modificar el Código Civil en
materia de matrimonio y adopción, y lo hago comenzando por saludar muy cordialmente a los representantes de la comisión promotora de la iniciativa, en particular al Foro Español de la Familia, por el esfuerzo que significa recoger con las estrictas
exigencias que la ley establece para estos supuestos los apoyos necesarios para que hoy se pueda debatir esta iniciativa, y que en todo caso han ido más allá, han rebasado ampliamente el medio millón que la Constitución y la ley determinan, llegando
al parecer hasta el millón y medio de ciudadanos que de forma personal, autenticada, certificada, dan su respaldo político y democrático a esta iniciativa. En unos tiempos como los actuales de descriptibles y no les oculto que preocupantes
participaciones electorales incluso en referéndums, fórmula por antonomasia de participación directa del cuerpo electoral, el apoyo que trae esta iniciativa resulta si cabe aun más significativo. Por todo ello, insisto, nuestro saludo, nuestra
bienvenida y, por su coraje democrático y cívico, nuestro reconocimiento.
Señor presidente, señorías, esta iniciativa trae causa como sabemos de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Mediante el sencillo trámite de cambiar sin más el
redactado inequívoco de unas cuantas palabras, con solo dos líneas de una ley ordinaria, el legislador alteró los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, así como todo el conjunto normativo
construido durante siglos alrededor de la misma, y que tiene hoy su cabecera en el artículo 32 de la Constitución. Nuestro grupo parlamentario se opuso en esta Cámara a esa pretensión al igual que lo hizo en el Senado, que finalmente la vetó.
Nuestro grupo interpuso igualmente recurso de inconstitucionalidad y nuestro partido se sumó a la manifestación que el 18 de junio de 2005 convocó el Foro de la Familia y otras instituciones en defensa precisamente de una iniciativa como la que hoy
aquí estamos debatiendo.
Por otra parte, en el programa electoral con el que comparecimos a las elecciones el 14 de marzo de 2004 no se contemplaba en absoluto -más bien lo contrario- una modificación jurídica de este calibre, es decir que la
posición política de nuestro partido y de nuestro grupo parlamentario ha sido inequívoca al respecto en todo momento. Por ello, con todos esos precedentes, que por ser públicos son del todo y por todos conocidos, no creo que deba extenderme más en
explicar por qué nuestro grupo se manifiesta a favor de admitir a trámite esta iniciativa legislativa popular, y ello, entre otras razones, porque, como decimos en el recurso que interpusimos ante el Tribunal Constitucional diputados de este grupo
parlamentario, pocas instituciones hay en la historia de la humanidad con la tradición, la solidez y la importancia social del matrimonio. La historia del derecho civil evidencia
que la institución del matrimonio ha concitado a lo largo de la historia amplios debates sobre aspectos relevantes de su configuración jurídica, como las clases de matrimonio (civil, religioso o mixto), su naturaleza (contractual,
sacramental, negocial o institucional) o la regulación de las causas de separación y disolución, pero nunca, nunca hasta ahora se había planteado que la institución del matrimonio pudiera dar cabida a las uniones constituidas por personas del mismo
sexo. La exposición de la iniciativa que debatimos afirma que con esta reforma no se prohíbe nada ni se va contra nadie; al contrario, afirma que pretende que el nuevo pluralismo social en materia de formas de convivencia se potencie sin ir en
detrimento de lo ya probado como justo y eficaz, es decir el matrimonio entre hombre y mujer. Asimismo afirma que se favorece reforzar legalmente la adopción como institución diseñada, no para dar un hijo a uno o más adultos, sino para dar a un
menor la protección que necesita.
Estas ideas que recoge la iniciativa han impulsado también la actuación de nuestro partido y de nuestro grupo parlamentario en este largo y complejo debate social, político, jurídico y parlamentario. Nuestra
posición, señorías, no va contra nada ni tampoco contra nadie. Hubiera sido muy fácil obtener un consenso total en esta Cámara -¡cómo lo desearía el señor Romano Prodi, por cierto!- en torno a una legislación específica para regular las parejas de
hecho si esa hubiera sido la voluntad del señor Rodríguez Zapatero, pero esa voluntad no ha existido en ningún momento; todo lo contrario. Con el parecer contrario del máximo órgano consultivo del Gobierno, es decir del Consejo de Estado, del
órgano de Gobierno del Poder Judicial, de la Comisión General de Codificación, de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, de la Real Academia de la Lengua y con el veto del Senado, y provocando una gran división social, la institución
matrimonial y conceptos no menos seculares, como el de padre y madre, marido y mujer, esposo y esposa, han de ser lo que han sido a lo largo de la historia hasta que llegó el señor Zapatero a la Presidencia del Gobierno. Sin duda, para debatir la
iniciativa que ahora nos ocupa es del todo conveniente acudir al informe que en esa ocasión evacuaba el Consejo de Estado, que siempre había considerado el Grupo Socialista -espero que siga considerándolo así- una institución independiente y
rigurosa. El Consejo de Estado -es muy conveniente recordarlo- afirma en su dictamen en lo esencial, y siguiendo al Tribunal Constitucional, que: primero, existe un derecho constitucional al matrimonio entre hombre y mujer; segundo, no existe un
derecho constitucional a la unión de personas del mismo sexo; tercero, cabe una extensión de efectos matrimoniales a las uniones homosexuales; y, cuarto, no es discriminatorio dejar de regular un matrimonio entre personas del mismo sexo ni desde
la perspectiva de la Constitución española ni desde las declaraciones internacionales de derechos.
Señorías, no se trata de perjudicar a nadie, pero es evidente que con la reforma del matrimonio que impulsó el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero
se está discriminando al matrimonio entre hombre y mujer, aunque se trate simplemente de una discriminación por omisión. La iniciativa que ahora estamos debatiendo pretende fortalecer lo que hasta la nueva ley se había entendido como institución
del matrimonio: favorecer en ese ámbito a las parejas heterosexuales sin perjudicar en absoluto a ningún otro tipo de fórmula de convivencia y, por otro lado, todo ello de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para
tener en cuenta el interés superior del menor a la hora de prever su entrega en adopción a una familia.
Señorías, el señor presidente del Gobierno dijo que la nación era un concepto jurídico discutido y discutible. Con esta ley otra institución relevante, el matrimonio, parece que también para él es una institución discutida y discutible. La
nación o el matrimonio como realidades, como instituciones, como categorías ¿son de derechas o son de izquierdas? ¿Son de un partido o son de otro? No me resisto a volver a recordarles a estos efectos un argumento de autoridad política que no
procede precisamente de nuestro campo ideológico y que, por lo mismo, me parece que les puede inducir a reflexión. Me estoy refiriendo, como sin duda muchas de SS.SS.
pensarán, al ex primer ministro francés y dirigente relevante del partido
socialista francés Lionel Jospin, para poner de manifiesto que este debate no puede ni debe ser ideológico o de partido. Decía Jospin que no debe desatenderse el sentido y la importancia de las instituciones. Decía que la institución matrimonial
como otras instituciones, el Estado, la escuela, las iglesias, la familia son instituciones creadas para cimentar y reforzar las sociedades humanas. Se las puede defender, se las puede combatir y se las puede reforzar, pero no se puede negar ni su
sentido ni su significación. El matrimonio, sigue diciendo Jospin, es en su origen, y en tanto que institución, la unión de un hombre y una mujer. Esta definición no obedece al azar, remite -nos decía-, en primer lugar, a la dualidad de sexos que
caracterizan nuestra existencia y que constituye la condición necesaria para la procreación y, en consecuencia, la continuidad de la humanidad. El género humano, decía, no se divide entre heterosexuales y homosexuales, sino entre hombres y mujeres.
En lo concerniente al niño, no se trata de un bien que pueda procurarse una pareja homosexual o heterosexual. El niño es una persona nacida de la unión que, sea cual sea su modalidad, es siempre de un hombre y una mujer, y a esa realidad remiten el
matrimonio y la adopción. Siendo primer ministro francés, decía: el celibato, el concubinato y, en lo sucesivo, el pacto civil de solidaridad, que su Gobierno aprobó, pueden preferirse a los caracteres propios de la institución matrimonial. Puede
respetarse la preferencia amorosa de cada cual, pero sin que ello de forma automática signifique institucionalizar la costumbre.
Señor presidente, señorías, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso que nosotros presentamos en su día y que ya fue admitido a trámite. A
ese fallo, como es obvio, nos remitimos y nos sometemos. El juicio del Tribunal Constitucional será inapelable en cuanto a la constitucionalidad o no de la iniciativa que impuso el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, pero cosa distinta
-compatible y complementaria con la anterior, por supuesto- es que, mientras ese fallo se produce, pueda y deba reformarse por vía de legislación ordinaria lo que nunca debió alterarse. Por tanto, no se trata -es obvio- de un debate de
constitucionalidad, el que ahora nos ocupa, sino de oportunidad política, de conveniencia y de necesidad. Se nos dijo por el presidente del Gobierno, con ocasión de la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, y así consta en el 'Diario de
Sesiones', que el tiempo demostraría que también en esto -decía el señor Rodríguez Zapatero- seríamos pioneros en el mundo. En aquel contexto entiendo que se refería al referéndum de la Constitución de la Unión Europea. No sé si hoy, con la
serenidad, experiencia y perspectiva que otorga el tiempo transcurrido, podría sostener esa afirmación, en lo de la Constitución y en lo de la ley que nos ocupa. Es verdad que no se trató de una afirmación solemne y categórica efectuada en rueda de
prensa en Moncloa un 21 de diciembre, sino que se dijo desde esta tribuna, y en la fecha y ocasión señaladas, pero los hechos ahí están. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido el vaticinio del señor presidente del Gobierno en cuanto a la emulación de
nuestra legislación por el conjunto de la humanidad? Veamos algunos ejemplos significativos. Se dijo que volvíamos al corazón de Europa, por tanto junto a Francia y Alemania, por ello, parece razonable observar la evolución de las legislaciones
producidas en la Unión Europea y, singularmente, en esos países. En cuanto a Francia, hoy está aquí el señor Sarkozy -entiendo que se lo puede haber preguntado-, así que le explique su posición; también la otra candidata, la señora Royal. En
cuanto a Alemania, la señora Angela Merkel no parece muy entusiasta con ese tipo de medidas. En Francia hoy dos personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio entre sí, aunque pueden suscribir un pacto civil de solidaridad, que regula
determinados derechos y deberes mutuos, y la Corte de Casación se ha pronunciado muy recientemente contra la adopción de niños por parejas homosexuales por ir contra el interés superior del menor -así lo ha dicho la Corte de Casación francesa-. En
Alemania -seguimos con el corazón de Europa- se denomina relación marital registrada y tiene unos efectos distintos del matrimonio. La jurisprudencia muy reciente -de hace escasos días- del Tribunal Supremo alemán de Karlsruhe ha afianzado la
discriminación positiva del matrimonio frente a otro tipo de uniones, de acuerdo con los principios de su ley fundamental. La razón del privilegio del matrimonio lo fundamenta el Tribunal Supremo alemán en la finalidad de transmitir la vida y
educar la prole, indirectamente por tanto deja claro que una unión homosexual no pueda ser comparada con el matrimonio. De Italia, como les dije a ustedes, qué les puedo explicar a ustedes. El Gobierno de centroizquierda del señor Prodi, con nueve
meses escasos de vida, ha renunciado en aras de su continuidad, señores de la izquierda -con el Ministro de Exteriores en ese Gobierno, señor D'Alema- a legislar sobre las parejas de hecho. Por cierto, ese proyecto de ley hoy aquí sería aprobado
absolutamente por unanimidad si existiera esa voluntad del Gobierno y del Partido Socialista. Por tanto, ¿se cumplen o no se cumplen los vaticinios del señor Rodríguez Zapatero en la materia? ¿Por dónde va hoy el mundo en estas cuestiones? Si
quieren, nos alejamos del corazón de Europa y vamos más allá del Atlántico, a Estados Unidos, donde se está tramitando una enmienda a la Constitución para que se regule de modo exclusivo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y en muchos
de los Estados ya se han producido referéndums, que por inmensa mayoría se han decantado por esta postura. Por último, lo que pudiéramos llamar la demanda social interna, es decir, los resultados de la aplicación de esta ley en nuestro país. Me
remito a los datos recientes facilitados por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Desde la aprobación de la reforma ha habido alrededor de 3.000 matrimonios homosexuales frente a más de 200.000 matrimonios heterosexuales
celebrados en el mismo periodo de tiempo, es decir un 1,5 por ciento del total.
Termino, señor presidente, señorías. Tienen la oportunidad de volver también, señorías de la mayoría, en esta materia al corazón de Europa.
Legislen como nuestros socios, como nuestros amigos y aliados europeos y americanos; voten hoy a
favor de la admisión a trámite de esta proposición; y en el seno de la Comisión, al tiempo que reforzamos la institución del matrimonio, podremos regular por consenso una ley sobre parejas de hecho similar a la de nuestro entorno democrático.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Díaz.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
Pasamos a fijar posición. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, empezaré en nombre del Bloque Nacionalista Galego por saludar la presencia de la comisión que llevó adelante esta iniciativa legislativa popular, un sector social que considera que el matrimonio heterosexual es
una institución natural e incluso podríamos decir que sagrada, por tanto no es exclusivamente un contrato legal para la convivencia. Para los promotores además es el lugar ideal, único, para la procreación y también para la educación familiar de
los niños y las niñas. Este es un criterio muy respetable, característico de unos sectores de la religión católica que se caracterizan por un cierto fundamentalismo a la hora de plantear los problemas de la convivencia, en especial el problema del
matrimonio, pero esta posición, que
vuelvo a repetir que para nosotros es muy respetable, no se puede asumir cuando un hombre de sus principios intenta, en primer lugar, que el matrimonio sea exclusivo para el mundo heterosexual, y, en segundo lugar, que excluya de la
convivencia institucionalizada a los homosexuales a través de un contrato civil, como es el matrimonio, y además que imposibilite la adopción fuera de ese matrimonio heterosexual o, lo que es incluso más curioso, al margen de una relación puramente
individual si se trata de personas del mismo sexo, a las que nunca se les permitiría vivir en pareja para poder adoptar. Por tanto, esta concepción filosófica y moral, que, vuelvo a repetir, es respetable, pero que no compartimos, intenta derrumbar
por la vía de la iniciativa legislativa popular lo que fue una gran conquista social en el Estado español, la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 13/2005, de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Rodrí-guez.
Señorías, hay un murmullo que sin duda estará molestando al orador. Les ruego silencio.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no hay ninguna institución humana que no evolucione con la historia, con la cultura, con la mentalidad y por supuesto con la evolución económica y social. Deben tener ustedes en cuenta que hay valores constitucionales muy claros
que perviven por encima de los cambios de mentalidad y de cultura, valores de derechos humanos esenciales, como la igualdad efectiva a la hora de desarrollar cada uno nuestra personalidad, la preservación de la libertad en cuanto a las formas de
convivencia entre las personas y también que no haya discriminaciones por razones de sexo, opinión o cualquier otra condición personal o social. Estos son los grandes valores de la Constitución española que, llevados al terreno de la convivencia
afectiva, sexual y familiar, conllevan que un Estado democrático asuma abrir la institución matrimonial a aquellos que estaban excluidos irracionalmente de ella. La igualdad jurídica para las parejas homosexuales no es para deslegalizar el
matrimonio, todo lo contrario, es para darle un amparo legal a mucha más gente. Por lo tanto, no importa que la forma de matrimonio más tradicional haya sido una, porque esa forma no es tradicional en todas las partes del mundo ni lo fue
históricamente. Nos llevaríamos una gran sorpresa si comprobásemos qué tipos de matrimonio hay en otras culturas, y no hablemos ya en el proceso evolutivo de la historia, que espero que los promotores acepten que no se circunscribe exclusivamente
al mundo europeo cristiano. Por tanto, no hay nada de deslegalizar ni de desnaturalizar, a no ser que se acredite que lo exclusivamente natural es la heterosexualidad, la convivencia de hombre y mujer y que -lo cual ya es una barbarie desde el
punto de vista científico- solamente se puede procrear dentro de la relación sexual hombre y mujer. Conozco muchas mujeres que tienen hijos y que no tienen relaciones sexuales con ningún hombre. Creo que los avances técnicos y científicos echan
por tierra, incluso, una visión biologista tradicional de este problema.
Nosotros no podemos compartir que no se quiera dejar entrar a los otros.
Cuando hay un matrimonio de tipo católico, de tipo religioso, de tipo confesional del que quedan excluidas -lógicamente, porque no se les deja entrar- todas las
personas que tienen esta práctica sexual, creo que aquellos que tienen la confesión católica debían contentarse con esa diferencia, que sin duda para ellos, que valoran tanto la sacralidad y una determinada concepción moral, está plenamente
asegurada porque ellos se casarán por la Iglesia y respetarán los dogmas de la Iglesia católica, entre ellos que el matrimonio es indisoluble, cuestión, señorías, que me aceptarán que ni siquiera respetan los matrimonios confesionalmente católicos y
aquellos que se casan por la Iglesia. Por tanto, una cierta dosis de menor hipocresía, un cierto amparo a abrir las formas institucionales a las conductas sexuales diversas nos lleva a no poder amparar esta proposición de ley, que además, señorías,
tropieza con la marcha de los tiempos y, sobre todo, con una legalidad democrática que nos hemos dado hace muy poco tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Coalición Canaria. Señor Mardones, adelante, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Por lo que llevo oído y lo que espero oír a los restantes portavoces que intervengan, con muchos de los cuales ya he intercambiado opiniones a lo largo del día de hoy, para la fijación de posiciones ante la posible toma en consideración de
esta iniciativa popular, veo que estamos reproduciendo los mismos argumentos que se expusieron con motivo de la aprobación de la Ley 13/2005, que modificaba el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. De ser tomada en
consideración, en los trámites internos parlamentarios de ponencia y Comisión, desde cualquier punto de vista, ideológico, político, jurídico o sociológico, volveríamos a reproducir los mismos discursos. Pero esta Cámara, de acuerdo con la
Constitución, representa a la soberanía popular, para lo que guste o para lo que no guste a las minorías o a las mayorías. Por tanto, mi grupo se quiere situar en ese respeto jurídico a la capacidad de legislación de esta Cámara y su sometimiento,
de acuerdo con la norma fundamental de nuestra Carta Magna, a los principios, resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.
Estaríamos en una situación difícil si se aceptara la toma en consideración de esta iniciativa popular y, dado que hay presentado un recurso que ha sido admitido a
trámite por el Tribunal Constitucional, este fallara en sentido distinto a como se estuviera planteando el debate parlamentario en esta materia.
Debemos recordar que después de los debates que tuvimos en el año 2005 para aprobar la Ley 13,
de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, el Parlamento británico aprobó una norma de similares características que distinguió entre el uso de la palabra matrimonio y el uso de la expresión unión civil para ser
reconocido en plenitud de derechos ante los códigos equivalentes en el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda con la legislación española. Dado que está presentado este recurso de presunta inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal
Constitucional, mi grupo quiere situarse en una posición de prudencia legislativa, de respeto a la capacidad de este Parlamento y del Senado y de respeto al Tribunal Constitucional, que tiene en este momento ese papel definitivo de hacer el
pronunciamiento de doctrina constitucional. Esperemos al fallo del Tribunal Constitucional, porque si no estamos enredando una madeja legislativa y puede que no estemos trasladando a la iniciativa popular el verdadero sentir democrático
aritméticamente expresado, si se quiere, y dialécticamente defendido de esta cuestión. Como estamos, además, a las puertas de campañas electorales, las fuerzas políticas que quieran hacer reconsideraciones legislativas sobre lo ya legislado,
tengamos ahora la oportunidad de ofrecérselo al electorado como unas alternativas o iniciativas de adscripción de su voto a determinada fuerza política según estén a favor o en contra de la remoción de esta última modificación que hicimos del Código
Civil. Todavía no han pasado dos años desde que modificamos el Código Civil en esta materia. Se han expresado en la tribuna el número de matrimonios realizados entre parejas heterosexuales y el porcentaje -la verdad, muy reducido- de matrimonios
entre parejas homosexuales. Vamos a dejar que la sociedad española tenga los avances pertinentes de racionalidad, confiemos en la sociedad española y en el respeto a la norma del máximo tribunal que nos dimos en la democracia para resolver estos
litigios. Esperemos al fallo del Tribunal Constitucional para proceder en consecuencia. Lo demás, vuelvo a decir, es mezclar y generar una dinámica de confusionismo y de cruce de competencias entre la soberanía popular expresada en esta Cámara y
las iniciativas populares que vienen por vía del amparo de la Constitución española, pero en este momento donde está precisamente el objeto a despejar es en la mesa noble y democrática del Tribunal Constitucional. Por esta razón, señor presidente,
nosotros votaremos en contra de la toma en consideración de esta iniciativa popular, respetando todas las ideologías que se puedan plantear, pero en este momento pedimos respeto a esta Cámara y al Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar esta intervención manifestando el respeto que tienen las iniciativas legislativas populares para el grupo parlamentario que represento, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, siempre defensor de los mecanismos de
participación ciudadana, e incluso somos los que propusimos que los representantes de la iniciativa pudieran defenderla en esta tribuna, pero ello no puede significar compartir siempre todo aquello que se presente. Es más, esta iniciativa se aparta
de la esencia de las iniciativas legislativas populares que tradicionalmente se presentan para conquistar derechos no para quitarlos, y mucho menos en nombre de la libertad, que es un término que utilizan una y otra vez en su iniciativa.
Precisamente en este caso, como ya saben sus proponentes, desde Izquierda Unida no solo rechazamos profundamente el contenido de su propuesta -porque hay que recordar que esto no es el derecho canónico-, sino que la consideramos retrógrada,
profundamente discriminatoria, como todas aquellas frases que vitoreaban ustedes en la manifestación de junio de 2005, y con un trasfondo indigno, como digo, del uso una y otra vez del término libertad. Al portavoz del Grupo Popular le diré que la
Ley del matrimonio no fue la ley de Zapatero, es la ley de la igualdad, es una conquista social que tiene detrás a mucha gente que ha sufrido mucho por llegar hasta donde hemos llegado hoy y que seguirá luchando todo el camino que nos queda por
recorrer.
En primer lugar, en la iniciativa se pretende una categorización de la naturaleza de las relaciones, es decir, cuando son entre personas de distinto sexo, la naturaleza matrimonial; del mismo sexo, la naturaleza distinta del matrimonio,
algo raro, no se sabe, experimentos lo llaman en los correos electrónicos que han enviado. En consecuencia, el matrimonio del mismo sexo equivale a desnaturalizar el matrimonio, es decir, lo llaman un retroceso. Pues bien, este análisis sólo puede
tener origen en el desconocimiento o el conocimiento sectario y lejano a un análisis sociológico e histórico sencillamente del ser humano, necesario cuando se habla de la naturaleza de las relaciones. El matrimonio, al igual que la familia, no son
instituciones sociales inmutables porque corresponda así al orden natural de las cosas -que para los católicos sería el orden establecido por la voluntad de Dios-, ni tampoco obligatorias -lo digo por las estadísticas que se han citado aquí-, no se
trataba de que todo el mundo se casase, se casará quien quiera, y para eso hacemos la ley, para la libertad y para la igualdad.
Volviendo al análisis de la iniciativa, como los antropólogos, sociólogos e historiadores han puesto de relieve, no existe ninguna institución social que se base exclusivamente en la naturaleza, todas son efecto de la actividad social e
interrelación humana. Atendiendo a nuestras sociedades y culturas occidentales, los conceptos de filiación y alianza matrimonial se han ido disociando y han emergido nuevas formas de familias: familias
mixtas, adoptivas, de acogida, familias que recurren a la procreación asistida, familias homoparentales. Esto es, la familia nuclear formada por un hombre y una mujer y sus hijos biológicos no constituye más que una parte de la historia de
la cultura occidental. Además de ello, las reglas de filiación y los modos de familia son organizaciones que no se basan en lo que ustedes llaman natural ni en lo inmutable, porque ningún orden simbólico o social es inmutable, ni cabe presuponer
que el matrimonio, así como la filiación que exista en su seno, remitan a la diferencia sexual, como ustedes pretenden en su iniciativa. Para las personas de orientación homosexual, como para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual,
el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, tanto en lo material, por las ventajas y privilegios que conlleva, como en lo simbólico, por lo que afecta a su conciencia de plena igualdad y dignidad, como seres humanos y ciudadanos que pagan
sus impuestos. Señorías, de ningún modo se le puede negar a nadie el reconocimiento social de su unión con la persona que ha elegido ni el derecho a los sentimientos más nobles que experimenta el ser humano, esto es, la aventura del amor. Ampliar
el matrimonio para adaptarlo a la realidad social no significa un demérito, como ustedes plantean en su iniciativa, ni va en detrimento del matrimonio, porque los derechos al alcance de todos los ciudadanos no son nunca un demérito. Si ustedes
acuden a la denominación, les diré que, si tuviéramos que atender al significado etimológico, nos quedaríamos prácticamente sin lenguaje.
Piénsese, por ejemplo, en la palabra patrimonio. Al igual que el origen etimológico, el derecho en sentido
amplio y el derecho matrimonial específicamente está sometido a cambios, como lo está nuestra sociedad.
Piénsese que hasta hace treinta años se trataba de un vínculo indisoluble. Las leyes deben estar con la realidad, con la gente a la que van
dirigidas, y los derechos deben ser de todos los ciudadanos.
La segunda cuestión que se pretende plantear en la iniciativa legislativa popular es impedir la adopción por parte de los matrimonios de orientación homosexual. Ustedes hacen gran hincapié en distinguir tres situaciones: las parejas
heterosexuales, que sí que pueden adoptar; las personas individuales, que sí que pueden adoptar; y las parejas homosexuales que no quieren que adopten. Esto es, bajo un presunto interés del menor ustedes consideran que es gravemente perjudicial
para el menor vivir en un entorno familiar de amor y cariño si quienes ostentan legalmente la responsabilidad y custodia son dos personas del mismo sexo. Esto es, una persona de orientación homosexual sí puede adoptar o criar a sus hijos mientras
viva solo y, por tanto, no exteriorice su amor y sentimientos. ¿Vale menos el amor homosexual que el amor heterosexual? Ustedes lo que dicen es que una pareja que se quiere y decide ampliar su familia es gravemente perjudicial para el menor, tanto
que, según los proponentes, deberíamos directamente prohibirlo.
Basándonos ¿en qué? Ni siquiera se han atrevido a ponerlo por escrito, pero sí que lo dijeron en su manifestación de junio de 2005, sí que tuvimos la desgracia de escucharlo. Lo
cierto, señorías, es que no existe ningún motivo fundamentado para negar la posibilidad de que las familias homoparentales tengan el reconocimiento jurídico que, por cierto, a quien ampara es al menor. Solo en el área de San Francisco hay más de
5.000 hogares de parejas homosexuales que tienen hijos sin que nadie advierta ningún aspecto negativo predominante en los hijos de estas familias. Como tampoco se ha encontrado correlación alguna entre el carácter gay o no gay de un hogar y la
orientación sexual de los hijos. Lo cual no es sorprendente, pues, las personas de orientación homosexual se han criado en hogares heterosexuales. Además de no poder negar esta realidad, lo cierto es que también se protege el interés del menor
planteándonos que, si uno de los dos fallece, el menor queda amparado por el otro padre o madre, y si se separan, también tendrá acceso a un régimen de visitas.
Por tanto, solo así, al amparo de esta legislación, protegemos al menor; solo así se
legisla en interés del menor y no en intereses individuales como lo son las creencias o las fobias que cada uno pueda tener, como se desprende de su iniciativa. En suma, las personas de orientación homosexual han sido víctimas inocentes de una
represión injustificada e inhumana durante siglos, y aún hoy, por desgracia, lo siguen siendo. Son denigrados y humillados, incluso en los medios de comunicación, pero a ello este Parlamento no debe sumarse. Este Congreso debe proteger y amparar
los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, incluido el derecho al amor y a tener una familia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco. (Pausa.)
Esquerra Republicana. Señora Bonàs, por favor.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que manifestar que es para mí un honor defender una iniciativa popular. Lamentamos que no sean los proponentes los que la puedan defender y esperamos que algún día podamos cambiar la normativa.
Los proponentes nos piden que la Cámara prohíba los matrimonios homosexuales e impida la adopción por personas del mismo sexo. Antes de expresar la posición de Esquerra, quiero leer un punto del programa de Esquerra para las elecciones al
Congreso: Adecuar la legislación estatal a la resolución A/0028724, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea y al artículo 13 del Tratado de Ámsterdam. Con esta recomendación el Parlamento
Europeo pretendía, entre otras cuestiones, garantizar los plenos derechos y seguridad jurídica del matrimonio a los homosexuales y poner fin a todas las restricciones hacia homosexuales y lesbianas a ser padres y madres y a educar a hijos. Este fue
el compromiso que
asumimos con nuestros votantes. Por tanto, ustedes deducirán que nuestra posición va a ser contraria a la toma en consideración de esta proposición.
Me voy a referir ya concretamente a la proposición. La exposición de motivos es un poco confusa cuando nos pide que no se asimile el matrimonio a distintas formas de convivencia como las parejas de hecho.
La realidad de las parejas de
hecho no ha sido ignorada por la Constitución cuando otorgó protección constitucional a la familia en el artículo 39.1 y la desligó del matrimonio. La Constitución no ha identificado a la familia, a la que manda proteger, con la que tiene su origen
en el matrimonio. Por ello, afirmar la necesidad de protección de diferentes modelos sociales de familia no significa afirmar que la protección a las uniones de hecho y al matrimonio haya de ser idéntica.
Esta institución de las uniones estables o
parejas de hecho debe interconectarse con el resto de las instituciones jurídicas, manteniendo una relación de coherencia. Para mantener esta coherencia y adecuar las parejas de hecho a las exigencias constitucionales es necesario el respeto al
principio de seguridad jurídica. La necesidad de seguridad jurídica se impone en el momento en que las uniones estables o parejas de hecho no solo producen efectos entre sus partes, sino que también producen efectos en relación con terceros, ya
sean personas privadas o entes públicos. Al regular la pareja de hecho no se pretende crear un segundo matrimonio, se pretende reflejar la voluntad de quienes desean convivir sin casarse y así lo manifiesten. El matrimonio es una institución
diferenciada de las uniones de hecho. Ahora bien, en el pasado se hacía necesario un mayor reconocimiento jurídico de las parejas de hecho con la serie de derechos y deberes que emanan de ello, debido a que segmentos importantes de la población
tenían vetado el acceso a la unión matrimonial. En el pasado, cuando una de las partes del matrimonio se negaba a conceder el divorcio imposibilitaba a la otra parte a contraer de nuevo matrimonio, o en el caso de que se deseara realizar una nueva
relación, no había otra opción que una pareja de hecho. Las parejas de hecho entonces reclamaban este reconocimiento jurídico del que emanaran unos derechos y unos deberes. Otro segmento de la población que tenía vetado el acceso al matrimonio
eran las personas homosexuales. En este momento no hay segmentos poblacionales que por motivos legales vean vetado su acceso al matrimonio, mientras que en esta legislatura se han producido dos modificaciones muy importantes. Una, que para
conseguir el divorcio es suficiente que una de las partes lo demande. Dos, que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Las personas cuya opción sexual es homosexual pueden
elegir entre las diferentes formas de relación de pareja y de familia que contempla la Constitución, de la misma manera que podemos elegir las personas con opción sexual heterosexual. Las parejas que no contraen matrimonio es por su propia
voluntad, que, como dice la exposición de motivos, puede no querer el haz de derechos y obligaciones propios del matrimonio o no desean que una esfera propia del ámbito privado pase a un ámbito administrativo. Sean las razones que fuesen, la
decisión ahora es libre y personal. Por tanto, estamos de acuerdo con la opción de no equiparar las parejas de hecho al matrimonio, siempre que las personas homosexuales tengan la libertad de contraer matrimonio si así lo desean. En cambio, los
proponentes nos piden que modifiquemos el Código Civil, de forma que un hombre solo se pueda casar con una mujer y viceversa. Lo que no explican son los motivos por los que debe ser así y los motivos por los que se deba vetar el acceso de los
homosexuales a la seguridad jurídica que supone el matrimonio. ¿O debemos suponer que entre dos personas del mismo sexo no se pueden desarrollar lazos afectivos y voluntad de unión, con el fin de compartir las obligaciones y los deberes que supone
una unión a largo plazo como el matrimonio? No sabemos en que argumento se basan para llegar a esta conclusión. No queremos suponer que consideren que la capacidad de amar, de respetar y de asumir compromisos es menor cuando la relación entre
personas sea del mismo sexo. Deberían basarse en estadísticas que no poseen o en suposiciones que no son suficientes para los legisladores o en términos como que las relaciones entre personas del mismo sexo son antinatura, hecho que ya está
desmentido por la comunidad científica, ya que eminentes etólogos han confirmado que en la naturaleza la atracción hacia congéneres del mismo sexo se ha comprobado en muchas especies y es un hecho natural.
Señorías, cuando existe una corriente dentro del cristianismo que admite la homosexualidad como una especie más de la naturaleza humana, libre de cualquier connotación negativa por sí misma, cuando de hecho un gran número de sacerdotes ya se
confiesan homosexuales, creemos que no hay motivos para concluir que las personas homosexuales por el hecho de serlo carecen de principios morales y éticos para crear una familia y educar hijos y, por tanto, son incapaces de crear un vínculo
matrimonial. La propuesta dice en la exposición de motivos que no va en contra de nadie.
Esto no es cierto. La propuesta va en contra de la normalización objetiva y social de la homosexualidad. Va en contra del reconocimiento por el conjunto de
la sociedad de la homosexualidad como una variante más dentro del riquísimo mundo de las relaciones sexuales y afectivas. Va en contra de la normalización objetiva o social. Va en contra de equiparar derechos civiles. Va en contra de la
convivencia de las diferencias sin que pierdan sus rasgos identitatios. Gays, lesbianas y transexuales han hecho un largo camino, viniendo por un trayecto histórico lleno de obstáculos, agresiones, discriminaciones y vejaciones. A partir de estos
momentos, y gracias a la organización y el trabajo de todos ellos y todas ellas, las cosas están cambiando social y legalmente. El matrimonio es una institución reconocida constitucionalmente.
Tradicionalmente, el ordenamiento jurídico español ha considerado al matrimonio un parentesco como supuesto de hecho, que produce una serie de consecuencias jurídicas. El principio de libertad matrimonial que deriva de la Constitución
implica una libertad positiva, entendida como el derecho de todas las personas a casarse, y una libertad en sentido negativo, como el derecho a no casarse.
El segundo punto de la propuesta dice que nadie puede ser adoptado por más de una persona, fuera de la adopción por el marido y la mujer. Respecto a esta propuesta, debemos ser conscientes de que no existe el derecho a adoptar, sino el
derecho del niño a tener un hogar. No sabemos cuáles son los fundamentos de una propuesta que persigue que las personas del mismo sexo no puedan coadoptar. ¿Debemos suponer otra vez que las personas del mismo sexo son incapaces de educar y cuidar
a sus hijos? No tenemos indicios de ninguna clase de que las parejas heterosexuales estén más capacitadas para educar que las homosexuales. Viene al caso el triste suceso de un padre que ha apuñalado a su hija, y nadie ha deducido que por esta
razón las parejas heterosexuales son malas para los niños. ¿Qué hubiera pasado si el padre hubiera sido homosexual? ¿Creen los proponentes que la homosexualidad puede contagiarse a los hijos? No hay indicios de que así sea. Tampoco nadie ha
demostrado que, por sí, la homosexualidad sea un elemento negativo, excepto por lo que supone de marginalidad al ser rechazado por una parte de la sociedad. Pero entonces el mismo argumento valdría para personas pertenecientes a minorías -no voy a
decir qué minorías; ustedes las tienen en su mente-, ¿esas personas no podrían adoptar? ¿El hecho de la marginación no proviene de estas mismas propuestas? Pero lo que olvidan con su propuesta es el bien fundamental que debemos proteger los
legisladores: el bienestar del niño.
Basándonos en este principio el legislador ha considerado que el interés del menor no está determinado por la orientación sexual de los padres o madres. Así, lo que se ha hecho en buena parte es la
legalización de una situación de hecho: la posibilidad de que un miembro de la pareja homosexual pueda adoptar a los hijos o hijas del otro miembro. Por otra parte, se igualan los derechos de adopción de la pareja heterosexual con la homosexual, y
esto no es un derecho o una cuestión de justicia, sino que va en interés del menor, que tiene una familia y no solo un centro de acogida o un acogimiento familiar provisional a la espera de la adopción.
Anoche escuchaba una cadena de radio, de
estas subvencionadas por la Iglesia, que decía que esta propuesta defiende a la familia de verdad. La familia de verdad no viene determinada por si está constituida por un hombre y una mujer, por dos hombres o por dos mujeres, sino por una pareja
que tiene un proyecto en común de respeto, de voluntad de educar a los hijos; un proyecto de futuro de respeto y de amor. Eso es lo que hace que una familia lo sea de verdad, no que los dos sean de un mismo sexo o de diferente sexo. Por tanto,
señorías, vamos a pedir que no tomen en consideración esta propuesta y esperamos que sea así, porque ese tema ya fue debatido en su momento y estamos hablando de discriminación otra vez.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a compartir el turno con mi compañero Pere Grau, quien tomará la palabra en nombre de los diputados de Unió Democrática de Catalunya.
En primer lugar, y en nombre de los diputados de Convergència Democrática de Catalunya, también quiero dar la bienvenida a la Cámara y saludar a los miembros de la comisión promotora de la iniciativa cuya toma en consideración estamos
debatiendo y que nos acompañan desde la tribuna de invitados. También quiero, como no podía ser de otra manera, valorar el esfuerzo que supone que la iniciativa que estamos viendo haya ido superando positivamente todas las etapas procedimentales
previas -que no son pocas ni fáciles-, incluyendo el requisito constitucional de la exigencia de no menos de 500.000 firmas acreditadas para su presentación.
En efecto, y aunque, como es bien sabido, nuestra arquitectura constitucional no agota el
ejercicio de la soberanía popular en la elección democrática de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, sino que la Constitución de 1978 prevé que dicha participación también pueda realizarse por medio de referéndums y de la
iniciativa legislativa popular, lo cierto es que esta iniciativa legislativa popular exige unos requisitos que la hacen, si no totalmente inviable, sí muy difícil, especialmente por el muy laborioso proceso de recogida y acreditación de un número
muy elevado de firmas que es, además, tal y como he señalado, un requisito constitucional.
Pues bien, este proceso de recogida de firmas forzosamente largo hace que no siempre la iniciativa popular pueda acompasarse y tratarse al mismo tiempo que la discusión parlamentaria que sobre el mismo tema ha de verse en la Cámara, fruto de
la iniciativa de los grupos parlamentarios o del Gobierno, que es lo que, a nuestro entender, a sucedido en el caso que estamos debatiendo. En efecto, el texto de la iniciativa se presenta en la Cámara a finales de junio del año 2004, coincidiendo
precisamente con el anuncio del Gobierno acerca de que iba a aprobar un anteproyecto de ley para modificar el Código Civil con el objetivo de que pudieran contraer matrimonio las personas del mismo sexo. Una vez admitida la proposición de ley se
inicia el periodo de recogida de firmas que, imagino, se quería por parte de los promotores que estuvieran recogidas cuanto antes, con la finalidad de que si la presente iniciativa se tomaba en consideración a tiempo por el Pleno de la Cámara
pudiera debatirse conjuntamente con el proyecto de ley presentado por el Gobierno y, entonces, pudiera servir
de elemento de reflexión para que a la hora de decidir el voto se tuviera en cuenta la opinión directa de un número muy importante de ciudadanos signatarios de esta iniciativa. Pero, como se ve, este acompasamiento de tramitaciones no ha
sido posible. La iniciativa ha entrado en la Cámara en octubre del año 2005 y nos encontramos hoy en el debate de la toma en consideración de la iniciativa popular, después de que el proyecto del Gobierno haya sido aprobado y se haya convertido en
la Ley 13/2005, de 1 julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Con respecto al contenido de la iniciativa que estamos hoy debatiendo, los promotores conocen bien cuál es la posición de Convergència Democràtica de Catalunya, que da libertad de voto en esta materia y que en el ejercicio de esta libertad
individual expresamos ya nuestro voto, tanto en el Congreso como en el Senado, con motivo de la tramitación de la Ley 13/2005, de 1 de julio. Pero entendemos que a fecha de hoy lo que se está debatiendo no es ya una modificación ex novo del Código
Civil, sino la derogación de la Ley 13/2005, de 1 de julio; una derogación tácita pero derogación al fin y al cabo que, a nuestro entender, es un planteamiento jurídico completamente distinto. En este sentido, nuestro voto de hoy va a responder a
la cuestión de si queremos o no derogar esta Ley 13/2005, de 1 de julio, que permite el acceso al matrimonio civil a personas del mismo sexo y que se aprobó hace escasamente un año y medio. Convergència Democràtica de Catalunya entiende que se está
haciendo un uso de la ley sin alarma social de ningún tipo; que las razones ideológicas que se dan en la exposición de motivos de la iniciativa que ahora se está debatiendo no son nuevas -tal y como ha expuesto muy bien el señor Mardones- porque se
reflejaron y se tuvieron ya en cuenta en el debate parlamentario de la ley vigente; que, por otra parte, una hipotética inconstitucionalidad de la misma se decidirá por el Tribunal Constitucional, puesto que hay recursos ante el mismo presentados,
y existe una preocupación sobre qué pasaría con la situación jurídica de las personas del mismo sexo que han contraído matrimonio porque, aunque no se diga nada al respecto en la iniciativa, a nadie se le escapa que el principio de irretroactividad
de la ley plantearía espinosas situaciones en cuanto al derecho transitorio de la nueva, teniendo en cuenta que al amparo de la antigua se han celebrado contratos y han nacido derechos y obligaciones. Todo ello, señorías, son razones que hacen que
Convergència Democràtica de Catalunya no pueda apoyar esta toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Su turno, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, también me sumo a la bienvenida a la comisión promotora de esta iniciativa popular y manifiesto que los diputados de Unió Democràtica de Catalunya presentamos en su día una enmienda a la totalidad del proyecto de ley por el que se
modifica el Código Civil en los requisitos para contraer matrimonio, la conocida coloquialmente como Ley del Matrimonio Homosexual, que se convertía en la Ley 13/2005, de 1 de julio. Tal y como afirmaba nuestro portavoz y presidente, señor Duran i
Lleida, en el debate de totalidad que tuvo lugar hace dos años, el 17 de marzo de 2005, entendíamos y entendemos que el matrimonio es una unión de hombre y mujer y la adopción conjunta la institución por la que se da a una niña o a un niño un padre
y una madre, no dos padres o dos madres. Del mismo modo debo recordar que fue el veto presentado a dicha ley por el senador de Unió Democràtica de Catalunya, señor Casas, el que prosperó en el Senado el 22 de junio de 2005. En el mismo sentido se
pronunció el diputado señor Sánchez i Llibre en su intervención en la Comisión Constitucional durante la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por eso a nadie puede extrañar que esta tarde votemos a favor de la toma
en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular que pretende definir el matrimonio como unión de hombre y mujer y configurar la adopción como aquella institución por el que se da a una niña o a un niño un padre y una
madre. Reclamamos en el debate de la enmienda a la totalidad, haciendo nuestras las palabras del socialista Lionel Jospin, la necesidad de una auténtica libertad para debatir la cuestión. Hacía referencia Jospin a que una nueva tentación
bienpensante o incluso el temor de verse tachado de homófobo podría impedir la condición irreprochable y razonable del debate. En este sentido reivindicaba, como lo hago yo mismo, que es perfectamente factible reprobar y combatir la homofobia sin
dejar de ser contrario al matrimonio homosexual. Una segunda cuestión es la del sentido y la importancia de las instituciones, importancia que considero creciente en la sociedad actual caracterizada por el individualismo y la desvinculación. Las
instituciones vertebran la sociedad, ofrecen un estatus y puntos de referencia sólidos a los individuos. Desde el punto de vista jurídico, acotan realidades sociales sustancialmente homogéneas que reclaman un tratamiento jurídico unitario. El
matrimonio es una de estas instituciones básicas. Por ello apelo al dictamen del Consejo de Estado de diciembre de 2004 sobre el anteproyecto de ley, que concluía que tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva cultural y
civilizatoria y desde el punto de vista de concepciones sociales se considera como uno de los elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de heterosexualidad. Por ello continúa señalando que puede apreciarse también desde
la perspectiva del derecho comparado la general concepción del matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo, siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial ha quedado abierta a parejas homosexuales.
Reitera también el
alto órgano consultivo que la pluralidad de realidades
demanda una diversidad de instituciones, favoreciendo la especialización institucional con reflejo en el plano terminológico, y no me refiero a una denominación diferente. Un modelo distinto de convivencia en una pareja demanda un distinto
tratamiento jurídico sin forzar la aplicación de normas previstas para un modelo diferente con los problemas que ello pueda acarrear.
En relación con la adopción, como reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 26 de febrero de 2002, con la adopción no se pretende dar un niño a una familia, sino una familia a un niño. El tribunal respaldó la
posición del Estado francés de denegar la adopción a un homosexual sobre la base, entre otras, de la controversia científica sobre los efectos que para el menor puede tener crecer sin el referente paterno y materno. Aquí tampoco hay discriminación
de ningún tipo por razón de la orientación sexual. Dos hombres o dos mujeres, sea cual sea la orientación sexual, no pueden adoptar conjuntamente por lo que a través de esta institución se pretende que el niño tenga un padre y una madre. Quizás en
un Estado que ha convocado a los ciudadanos a referéndum sin obligación legal alguna a pronunciarse sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea o sobre la pertenencia a la OTAN no hubiera estado de más haber oído sin eficacia vinculante,
pues la Constitución lo impide, la opinión de los ciudadanos sobre si el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer o de cualesquiera dos personas, y sobre si los niños en proceso de adopción tienen derecho a tener un padre y una madre o si su
derecho se satisface también con dos padres o dos madres. Ya he anticipado cuál es la opinión de Unió Democràtica de Catalunya, por eso y por los otros motivos expuestos anuncio nuestro voto positivo -el de los diputados de Unió Democràtica de
Catalunya- a la toma en consideración de esta proposición de ley de iniciativa popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Socialista. Señor Villarrubia, por favor.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme, en primer lugar, dar el pésame a la diputada doña Margarita Uría porque hace unas horas acaba de fallecer su madre. Iba a intervenir en este debate y ha tenido que marcharse por este motivo. Vaya pues nuestra
solidaridad, nuestro afecto y nuestro cariño, si puede ser de todos, pero, desde luego y en todo caso, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, la presentación de una proposición de ley de iniciativa popular y su debate en el Pleno articula la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, prevista en la Constitución. El artículo 9, en su punto 2, in fine, y el
artículo 23.1 establecen el derecho de participación, y el artículo 87.3 regula expresamente la iniciativa legislativa popular, remitiéndose a una ley orgánica que se aprobó en el año 1983 y que se revisó el 26 de mayo de 2006. Se establece el
procedimiento, y nos encontramos ahora con un debate importante de una iniciativa legislativa popular, sobre la que tengo que indicar, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario Socialista muestra su más absoluto respeto -especialmente para todos
los firmantes-, la simpatía, la satisfacción y el agrado de que haya una iniciativa legislativa popular porque es una de las máximas expresiones de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Dicho esto, tenemos que lamentar que, en este
caso, la iniciativa legislativa popular vaya dirigida a recortar derechos, a restringir libertades y no a solucionar algún problema concreto de la ciudadanía o a intentar incrementar este tipo de derechos.
Señorías, son dos los objetivos expresos y concretos de la iniciativa legislativa: uno, excluir el matrimonio entre personas del mismo sexo modificando el artículo 44.1 del Código Civil y, dos, la exclusión de la adopción fuera del
matrimonio entre hombre y mujer, modificando el contenido del artículo 175.4 del Código Civil. La primera cuestión que llama poderosamente la atención de este recorte de derechos y libertades pretendido es que llega a este Parlamento días después
de que el máximo órgano de la soberanía popular haya aprobado expresamente esta ley.
Estamos ante un debate superado. Voy a hacer mención a algunos aspectos concretos de estos dos problemas que plantea la iniciativa legislativa popular.
Reconocida esa simpatía por la figura jurídica, la legitimidad es razonablemente escasa, ya que la soberanía popular, que representa a todo el pueblo español, se ha pronunciado definitivamente sobre este aspecto, reconociendo estos derechos y
ampliando las libertades, frente a esa legitimidad, respetada por supuesto, de un grupo más o menos numeroso de firmantes.
Señorías, el artículo 44 del Código Civil se limita a ampliar los potenciales titulares del derecho a contraer matrimonio. En esta legislatura, señorías, nos hemos destacado fundamentalmente por la ampliación de los derechos civiles y del
conjunto de los derechos y de las libertades públicas: la Ley Orgánica de Violencia de Género, la Ley de Separación y Divorcio, la que hoy no nos encontramos debatiendo, sino la iniciativa legislativa, la Ley de Dependencia, la Ley de la Igualdad y
el Estatuto del Trabajador Autónomo. Estos son, señorías, los años perdidos, que el señor Rajoy dice, del Gobierno socialista, esta es la ampliación de derechos y libertades a los que el señor Rajoy creo que no presta atención y no se entera.
Señorías, el desarrollo de la libertad como valor fundamental del ordenamiento jurídico y el respeto al ser humano por encima de cualquier otro interés o consideración coyuntural fueron las claves para que este órgano soberano del pueblo se
pronunciara aprobando la Ley 13/2005, de 1 de julio, que supuso el reconocimiento de un derecho en igualdad, y la igualdad debe ser plena y completa o no es igualdad. La reivindicación del matrimonio no ha sido un capricho de gays y lesbianas, sino
la culminación de una lucha de siglos, era la necesidad
de acabar con la injusticia y la discriminación que los homosexuales tenían, por ejemplo en el acceso a una pensión de viudedad, en la cobertura de la Seguridad Social, en el derecho a la nacionalidad si la pareja fuera extranjera, en la
tributación fiscal, en la obtención de una herencia, en el sistema sanitario, en la consideración de primer familiar o en los seguros de vida o simplemente para poder acudir a realizar un contrato de préstamo para comprar una vivienda. ¿A quién le
puede parecer mal esto? Y todavía la iniciativa legislativa popular dice que no perjudica a nadie, tomando la frase de casi todas nuestras intervenciones en la tramitación parlamentaria.
Señorías, la ley ya aprobada, el debate ya superado, ya reconocido, que ya se está aplicando, es el reconocimiento de un derecho y no la obligación ni ninguna imposición de obligación. Señorías, el derecho ha de ser respetuoso con las
elecciones personales que cada ciudadano adopta en virtud de sus principios morales, religiosos o éticos; y este derecho, este respeto, es exigible a todos, también a quienes pretenden imponer a los demás cómo tienen que vivir, incluso contra su
forma de ser y de sentir. El debate constitucional está superado, el artículo 32 de la Constitución es claro; el Consejo de Estado, señor Fernández, se pronunció diciendo que no había dudas de constitucionalidad alguna ya desde el proyecto; el
propio Parlamento Europeo; la Constitución europea que con tanto fervor apoyaron ustedes; el Tribunal Constitucional, en el auto 222/94, que recoge la no obligatoriedad de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo pero sí la posibilidad
de que el órgano soberano decida en función de la oportunidad política de llevarlo a cabo; la Constitución española en los artículos 1, 9.1, 14, 9.2 y 10.1, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio. Les ruego silencio.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señorías, el asunto es claro.
Hay un segundo tema, que se recoge en la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular que es el problema de la adopción. De nuevo les indico que no vamos a reproducir el debate, pero sí conviene dejar
claro que en buena parte de la sociedad se está teniendo un debate erróneo. Cuando se habla del derecho de los homosexuales a adoptar o no es un debate falso, es un debate erróneo, las personas homosexuales pueden adoptar desde hace más de 25 años
en este país, pueden adoptar como solteros y no como pareja. ¡Qué absurdo! ¿Verdad? Pero, señorías, lo importante, el auténtico debate, que es lo que importa, lo que está aprobado, lo que subyace en defensa del interés del menor, no es si la
persona homosexual puede o no adoptar...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Villarubia.
Por favor, ¡hay un orador en la tribuna! Gracias.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: El debate real es el derecho...(Rumores.)
Agradezco a las filas del Partido Popular el respeto habitual al orador.
(Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) El derecho...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señorías, el debate serio y riguroso es el derecho que tiene el niño o la niña a ser adoptado por persona idónea con independencia de su orientación sexual. ¡Este es el derecho, esta es la protección del
menor! Y después esa persona será homosexual o será heterosexual indiferentemente, es idónea y esa idoneidad es la que hay que defender en relación con el menor. (Aplausos.)
Señorías, numerosos estudios realizados a lo largo de los años concluyen en que no hay diferencias en el desarrollo de los niños educados por parejas homosexuales respecto a parejas heterosexuales. Lo relevante para la adecuada educación de
los niños no es la orientación sexual de los progenitores sino la dosis de afecto, de cariño y de comunicación que rodea a estos menores. La Asociación Americana de Psicología, después de numerosísimos estudios, concluye que la evidencia indica que
los ambientes de los hogares con padres de gays y lesbianas son semejantes a los de padres heterosexuales en cuanto al crecimiento psicosocial de los menores; y el Consejo de Europa, organismo nada sospechoso, nos dice también en un reciente
informe que de todos los estudios realizados en los últimos 25 años ninguno concluye que el hecho de ser educado por padres homosexuales perjudique a los niños ni que sean peores padres que los heterosexuales.
Para concluir, señorías, quiero reiterar que la primera labor del Parlamento es la de aprobar normas que ayuden a las personas a ser felices y no la de poner trabas a dicha felicidad. La iniciativa legislativa popular presentada recorta
derechos y libertades. Su contenido ya ha sido superado afortunadamente por este Parlamento y por el conjunto de la sociedad española. Por ello, vamos a votar en contra de su toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
Llamamos a votación. (Pausa.) Votación de la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular. Proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonios y adopción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 136; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 43/1998, DE 15 DE DICIEMBRE, DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939.
(Número de expediente 122/000105.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 43/1998, DE 15 DE DICIEMBRE, DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939.
(Número de expediente 122/000167.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 43/1998, DE 15 DE DICIEMBRE, DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939. (Número de expediente 122/000170.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Se debaten acumuladamente tres proposiciones de ley de identidad de contenido, presentadas por Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió) y Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señorías, el Pleno continúa. Tiene la palabra el señor Puig. (Pausa.)
Señorías, hay una situación que ya es imposible para el seguimiento de los debates, la última intervención y la primera intervención del siguiente punto del orden del día. Todo el mundo protesta, pero solo cuando se ve afectado en el uso de
la palabra. El presidente quiere decirles que tanto el último orador de un punto del orden del día como el primero tienen derecho a ser respetados en el uso de la palabra. En consecuencia, les pido un mínimo de orden en el hemiciclo, porque si no,
es muy difícil.
Tiene la palabra el señor Puig. Adelante, por favor.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la llegada de la democracia y con la promulgación de la Constitución en el año 1978 se han venido sucediendo diferentes decisiones, aunque tímidas, encaminadas a la restauración de situaciones jurídicas ilegítimas, afectadas
por decisiones adoptadas al amparo de una normativa injusta. Fruto de esa tímida voluntad, entre otras ya existentes anteriormente, como las normas de amnistía, el reconocimiento de derechos asistenciales a las personas pertenecientes al ejército
republicano o la restitución de bienes y derechos del denominado patrimonio sindical histórico incautado a las organizaciones sindicales, conforme a la Ley 4/ 1986, de 8 de enero, y que finalizó con la aprobación del Real Decreto de Devolución del
Patrimonio Sindical, en enero del año 2006, a finales de los años noventa, el Gobierno promulgó la Ley 43/1998, cuyo objetivo era permitir a los partidos políticos y agrupaciones que fueron leales a la República y se opusieron al alzamiento militar,
que dio lugar al inicio de la guerra civil, recuperar en la medida de lo posible el patrimonio que les fue incautado por Decreto de 13 de septiembre de 1936 y confirmado por la posterior Ley de 9 de febrero de 1939. (La señora vicepresidenta,
Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La exposición de motivos de la Ley 43/1998 manifestaba que la devolución de estos bienes era un acto de justicia histórica y mostraba la sensibilidad y conciencia del legislador por la dificultad con la que
se iban a encontrar los partidos políticos para delimitar el objeto de restitución, y ello debido al largo tiempo transcurrido, por la desaparición o destrucción de archivos, protocolos o registros.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, silencio, por favor.
El señor PUIG CORDÓN: No obstante, la conciencia del legislador sobre la dificultad que comportaría en muchos casos demostrar que determinados bienes integraban el patrimonio de los partidos y que los mismos fueron incautados no tuvo un
fiel reflejo en el articulado de la norma y mucho menos en la interpretación que realizó la Dirección General del Patrimonio. Dicha interpretación añadió un grado de dificultad más a la existente carga de prueba de la titularidad y supuso que, en
muchos casos, los partidos políticos no pudieran acreditar que determinados bienes fueron parte integrante de su patrimonio y, por tanto, no se vieron restituidos en los mismos, haciendo ilusoria la voluntad del legislador de hacer un acto de
restauración y de justicia histórica hacia los partidos políticos. Atendiendo a la voluntad del legislador, manifestada en la exposición de motivos de la Ley 43/1998, debería haber sido más fácil la acreditación de la titularidad de determinados
bienes, dando mayor relevancia, en aras del tiempo transcurrido, a la prueba indiciaria basada en documentos, bibliografía, fondos documentales, testimonios actuales y de la época, trabajos historiográficos sobre los partidos políticos y entidades
de la República. De esta forma, se
habría tenido en consideración el origen, la naturaleza jurídica, composición y evolución histórica de los partidos políticos. La composición de estas organizaciones en la primera mitad del siglo XX era muy distinta a la actual. Por aquel
entonces las organizaciones políticas podían estar integradas por personas físicas, militantes o incluso por personas jurídicas vinculadas a ellas, las cuales podían llegar a tener todo tipo de denominación, e incluso naturaleza jurídica, por tener
un origen muy anterior al de la propia organización política. En aquellos tiempos de la República no existía un registro específico de partidos y todas las entidades, asociaciones y organizaciones, con independencia de su naturaleza, quedaban
registradas en las delegaciones del Gobierno, debiendo en consecuencia entenderse a las organizaciones políticas como titulares de los bienes y derechos reclamados.
En esta legislatura el Gobierno ha presentado una Ley de la Memoria Histórica, compromiso que adquirió el mismo presidente del Gobierno y que hoy, lamentablemente, está semiparalizada en el baúl de este Congreso. Mi grupo ya advirtió de la
debilidad del proyecto del Gobierno, que ha sido refrendado por otros grupos parlamentarios y por la mayoría de asociaciones de la Memoria Histórica, lo que nos hizo presentar un texto alternativo que, lamentablemente, fue derrotado en esta Cámara.
Esperemos que finalmente la Ley de la Memoria Histórica tenga el suficiente aplomo democrático que reconozca a todos, ciudadanos y entidades, su legítimo derecho al reconocimiento moral y económico. En consecuencia, cualquier iniciativa legislativa
encaminada a la superación de las consecuencias de la guerra civil debe contemplar los principios de flexibilidad y de interpretación amplia de la prueba para conseguir el objetivo reparador que inspira dicha norma. Paralelamente a la mencionada
interpretación restrictiva de los medios de prueba aportados por los partidos políticos, los principales escollos y dificultades a los que se han enfrentado dichos partidos para delimitar el objeto de la restitución y que motivan la presente ley han
sido de distinta índole. La primera dificultad nace de la condición impuesta en el artículo 1.1 de la Ley de 1998, para la restitución a los partidos políticos de los bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial pertenecientes a personas
jurídicas a ellos vinculadas. Solo procedería cuando se tratara de bienes que estuvieron afectos o destinados al ejercicio de las actividades políticas de aquellos en el momento de la incautación. En la aplicación de este precepto se obvió por
parte de la Dirección General del Patrimonio cuál era la realidad social existente a principios del siglo XX, así como la naturaleza y el régimen jurídico de los partidos.
Como bien documentan los estudios historiográficos sobre el sistema de partidos políticos en la primera mitad del siglo XX, en muchos casos estos tuvieron su origen en la confluencia o vinculación de distintas asociaciones que, con el
advenimiento de la democracia en la II República, se convirtieron en los verdaderos centros neurálgicos de la acción política. El fervor asociativo de la actividad cultural y de recreo que se produjo a finales del siglo XIX y a principios del XX
fue en la mayoría de los casos fruto de la ausencia de libertades que supuso la dictadura de Primo de Rivera y, por consiguiente, fruto de la necesidad de buscar formas alternativas a los partidos que permitieran a la sociedad civil manifestar su
ideología. Muchas de estas asociaciones adquirieron o construyeron locales sociales para la realización de sus fines, los cuales fueron en principio destinados a todo tipo de actividades públicas, como cafés, salones de actos, salones de baile o
teatros y acabaron convirtiéndose en verdaderos centros neurálgicos de la actividad política de la época, pasando posteriormente dichas asociaciones y organizaciones a integrarse orgánicamente en partidos políticos o a vincularse jurídicamente a los
mismos. Así, fue corriente que las llamadas asociaciones, ateneos, casas del pueblo, cooperativas, sociedades recreativas e instructivas, fomentos, círculos, fraternidades, casales, se integrasen en partidos políticos compaginando su actividad
cultural previa al sistema democrático de partidos con actividad política, quedando sus locales sociales afectos a ambas actividades, a pesar de que dicho nuevo destino o afectación a la actividad política no quedase reflejado en registros públicos
tales como el Registro de la Propiedad.
Debido a la interpretación restrictiva propiciada por la anterior ley, en muchos casos los partidos políticos pudieron acreditar que determinados bienes y derechos eran titularidad de personas jurídicas a ellos vinculadas, pero no así que
dichos bienes estuviesen afectos a la actividad política, denegándose por ello la restitución cuando incluso los bienes y derechos de dichas entidades fueron incautados por el decreto del año 1936 y la Ley de 1939 por haber sido su afectación
actividad política pública, notoria y conocida. Por ese motivo, presentamos esta proposición de ley que propone las siguientes modificaciones a la ley del año 1998: modificar el apartado primero del artículo 1, en el que se suprime el requisito de
afectación a la actividad política, y se añade un nuevo apartado tres, en el que se establece el derecho a la restitución que nace simplemente con la acreditación de titularidad del bien o derecho patrimonial por parte de los partidos políticos o
entidades integradas o vinculadas a ellos.
La segunda dificultad que se encontraron los partidos políticos para la restitución fue que esta se condicionó a que la incautación de bienes y derechos se hubiera llevado a cabo mediante procedimiento administrativo.
Es cierto y conocido,
y de ello dan fe los historiadores, que la incautación de bienes y derechos por parte del régimen franquista se realizó en muchos casos por la vía de hecho sin ningún tipo de procedimiento administrativo que registrara la incautación como tal. En
estos supuestos la pérdida de titularidad de los bienes y derechos de los partidos políticos y personas jurídicas vinculadas a ellos se llevó a cabo por la simple ocupación de facto de los bienes y derechos por parte de falangistas, Guardia Civil,
militares y personas y entidades afines al régimen al expulsar, arrestar o ejecutar a sus titulares por hallarlos desocupados o abandonados por el éxodo de los republicanos. Es, por tanto, de justicia y reparación que los bienes y derechos
que no fueron incautados por el procedimiento administrativo común de incautación sino por el simple de ocupación sean igualmente objeto de restitución, bastando para ello la acreditación de su titularidad y el cambio de la misma sin título de
transmisión alguno.
Por ello, se añade un segundo apartado, artículo 1 de la ley, en el que se incluye también este supuesto de restitución.
La tercera dificultad viene dada en aquellos supuestos en que los partidos fueron titulares de bienes inmuebles ya fuera por adquisición onerosa o por donación de personas jurídicas a ellos vinculadas, sin que dicha titularidad se reflejara
en el registro público bien debido a la falta de costumbre y obligación de dicha inscripción o a que los libros de dichos registros fueron destruidos o extraviados. En estos supuestos, también es de justicia restituir dichos bienes y derechos a los
partidos solicitantes que puedan acreditar que poseían en concepto de titular, siendo suficiente para ello cualquier medio de prueba de los admitidos en derecho, incluidos testimonios actuales y de la época que por su conocimiento directo o
indirecto pudieran acreditar tales extremos, así como las presunciones sobre titularidad de derechos previstas en la legislación tributaria y de expropiación forzosa. Devolución del patrimonio sindical, devolución del patrimonio de los partidos
políticos y aprobación de una buena ley de la memoria histórica que haga justicia de verdad a entidades y a ciudadanos para cerrar un círculo de reconocimiento de la memoria histórica. Todo ello es necesario de una vez por todas para dignificar el
dolor de todos aquellos que lo tuvieron que sufrir. Solo nosotros podemos darle sentido con el recuerdo, solo nosotros podemos dar sentido a tanto sacrificio.
Finalizo con unos versos de Salvador Espriu que en su idioma universal dijo: (Pronuncia palabras en catalán.) Traduzco: Pero hemos vivido para salvar las palabras, para devolveros el nombre de cada cosa, para que siguieseis el recto camino
de acceso al pleno dominio de la tierra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el siguiente grupo parlamentario proponente, que es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y será don Jordi Xuclà quien en su nombre tome la palabra para defender esta proposición de ley.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) para presentar esta proposición de ley y estoy convencido de que coincidiremos con algunos de los planteamientos formulados por parte del grupo que me ha precedido en
el orden de intervención y también por parte del tercer grupo que intervendrá con relación a estas tres iniciativas que se han acumulado sobre el mismo objeto.
Como bien saben SS.SS., la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, perseguía una finalidad muy honorable: perseguía la finalidad de hacer un acto de justicia, el acto de justicia de la devolución a los partidos políticos de los bienes inmuebles
que les fueron arrebatados con motivo del golpe de Estado o durante la guerra civil y de sus derechos en caso de arrendamiento. Se trata de la reparación de unos perjuicios de carácter patrimonial, tanto directa como indirectamente, a los que ya se
dio satisfacción en su momento en el ámbito de los sindicatos y en cambio se ha visto que esta ley, la Ley 43/1998, después de ocho años de desarrollo y de aplicación, tiene algunas lagunas que en el fondo ponen de manifiesto que la aplicación de la
ley no se corresponde con su letra ni con su espíritu ni con el pacto político que dio luz a esta ley. Después de ocho años de aplicación de la Ley del año 1998 vemos claramente que hay algunos supuestos que cabe perfeccionar en materia de prueba,
tramitación y acreditación de los títulos competenciales.
Se ha hecho una aplicación claramente restrictiva de aquella ley, razón por la que distintos grupos parlamentarios presentamos iniciativas con puntos de coincidencia, con puntos de conexión evidentes, para reformar la ley a partir de
criterios de mayor seguridad jurídica, criterios de justicia y legalidad que inspiraban el primer impulso de la ley, pero también de eficacia en su resolución.
La aplicación de esta ley no ha supuesto la indemnización de los frutos o rentas que se dejaron de percibir por parte de los que fueron incautados de sus bienes en aquel momento. Sin embargo, nuestra propuesta es razonable, no pretende, por
ejemplo, la recuperación de los bienes y derechos desde el momento de su incautación hasta el momento presente, es una propuesta que quiere ser realista, que simplemente quiere que se restituyan los bienes inmuebles y los derechos de contenido
patrimonial que son titularidad y que fueron incautados a partidos políticos o a personas jurídicas a ellos vinculadas.
¿Cuál ha sido el problema de la aplicación de la ley del año 1998? Primero, una interpretación restrictiva por parte del propio Gobierno -tengo que decir que por el anterior Gobierno y por el actual- en el ámbito de los dos ministerios
competentes en la materia, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía. Segundo, que durante los años de vigencia hemos visto que la ley de 1998 tenía algunos déficits; para comenzar, un déficit en cuanto al reconocimiento de
derechos en caso de arrendamientos, no solo de locales propiedad de estos partidos políticos, sino de títulos de arrendamiento. Finalmente, la aplicación de esta ley durante estos años ha sido de carácter muy restrictivo en todo lo referente a las
pruebas de acreditación para la recuperación y la indemnización en su caso del patrimonio.
Con esta proposición, que tiene una redacción muy técnica y con una revisión de unas leyes que tienen un espíritu de justicia muy concreto, tenemos que mejorar todo esto. En este sentido va la reforma del artículo 5 bis, sobre los
mecanismos de prueba. Queremos que los criterios que se aplican en la Ley General Tributaria y en la estimación indirecta para la obtención de bienes inmuebles y de propiedades sean también aplicables en este caso. También, por si acaso, hacemos
la referencia a la regulación en el ámbito del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común y de la Ley General Tributaria.
Finalmente
también hacemos una referencia al mecanismo de estimación indirecta contemplada en la Ley General Tributaria.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), integrado por dos fuerzas de tradición política, una con más de 65 años de vida, Unió Democrática, y otra -Convergència Democrática- con más de 33 años de vida, las dos, bien
por tradición histórica directa, bien por la incorporación de otras agrupaciones políticas en el momento de su fundación, quieren también plantear este acto de justicia de recuperación de patrimonio que fue incautado en virtud de reales decretos,
desde la época de la guerra civil hasta el inicio del periodo de la dictadura y concretamente por una última ley del año 1943.
Señorías, también contemplamos que la última palabra en la tramitación de este acto de justicia, la percepción del mismo, dependa del Consejo de Ministros. Nosotros apostamos por una tramitación que contemple criterios de seguridad
jurídica, de legalidad, pero al final también debe haber, a diferencia de cómo se ha venido aplicando la actual ley sin las modificaciones oportunas, un pronunciamiento y un acuerdo final del Consejo de Ministros.
Hay una disposición final segunda referida concretamente al Centre Autonomista de Depenents del Comerç i la Industria, el CADCI, cuyos bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial fueron incautados en aplicación de una normativa
directamente sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, que aún no han recibido ningún tipo de compensación, y que en este caso tendría que ser una compensación pecuniaria por su valor en los criterios establecidos análogamente para la
compensación a partidos políticos. Somos conscientes de que en el caso de CADCI, del Centre Autonomista de Depenents de Comerç y la Industria, no estamos ante la recuperación de patrimonio incautado a un partido político, sino de un activo muy
importante en la sociedad civil catalana y creemos que esta propuesta de reforma debe recoger la reparación histórica para este colectivo que jugó un papel muy importante durante los años treinta en Cataluña.
Señorías, apelo al voto mayoritario, si puede ser al voto unánime de esta Cámara, para que lo que fue aprobado en el año 1998 bajo una mayoría del Partido Popular hoy pueda ser aprobado también con una mayoría lo más amplia posible y porque
el espíritu de la ley del año 1998 se ha perfeccionado gracias a esta modificación que, como les decía, supone la introducción de criterios más objetivos de prueba, de criterios más objetivos de reconocimiento de los bienes incautados y, finalmente,
de normas supletorias de carácter general, como la Ley General Tributaria, a la hora de acreditar el título bien de propiedad o de arrendamiento.
Por todo esto pido el voto favorable a todos los grupos parlamentarios.
Estos días, estas semanas, estos meses se discute mucho sobre memoria histórica y sobre la reparación del pasado, pero creo que la memoria histórica y la reparación del
pasado se hace con hechos concretos. Esta, que es una propuesta que en su momento presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), a partir de una iniciativa que nace en el año 1996, es la expresión de la recuperación de la memoria a
partir de hechos concretos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclà.
Continuamos con el tercer proponente de esta proposición de ley en la tarde de hoy y será el señor Herrera quien tome la palabra por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
No voy a reiterar las palabras y la argumentación que han dado quienes me han precedido en el uso de la palabra, tanto el señor Puig como el señor Xuclà, porque lo que es evidente es que la Ley de 1998, de restitución de ese patrimonio
incautado a los partidos en el período desde el año 1936 a 1939, no es que tuviese algunas lagunas, como decía el señor Xuclà, es que tenía vacíos clamorosos. De hecho, tan solo tenemos que repasar la exposición de motivos de la ley aprobada en
1998, para poner de manifiesto que lo que pretendía no se cumplió. Podríamos poner muchos ejemplos que afectan a multitud de partidos. El señor Xuclà hacía referencia al ejemplo de Unió Democrática, el señor Puig al ejemplo de Esquerra
Republicana. Seguramente quien intervendrá después, el representante del Grupo Vasco, pondrá ejemplos del Partido Nacionalista Vasco. Yo les voy a poner uno más, ni mayor ni menor, ni más relevante ni menos, pero uno más. Al Partit Socialista
Unificat de Catalunya, que durante los años de guerra civil jugó un papel central en Cataluña, le fueron restituidos sus patrimonios incautados, pero en aplicación de ese artículo 5, ¿saben el patrimonio que le fue restituido? El valor equivalente
a 500 pesetas. Se acreditaban más de 200 locales en arrendamiento, cerca de 20 locales en propiedad, se acreditaban cuentas corrientes, pero es verdad que existía un problema probatorio. Un problema probatorio evidente porque después de una guerra
civil, después de más de 40 años de dictadura, hay elementos que no se pueden acreditar tal y como exigía la ley. Lo
cierto es que la aplicación de la ley de 1998 no tuvo nada o muy poco que ver con lo que se pretendía en un pacto que sumó a todas las fuerzas políticas. Por tanto, de acuerdo con la apelación que al final hacía el señor Xuclà, entendemos
que sería oportuno no solo que estas proposiciones de ley tuviesen un voto mayoritario sino que tuviesen un voto unánime. Lo que está claro es que lo que se pretendía en 1998 no se ha hecho realidad. Lo cierto es que resulta un insulto a la
inteligencia y un insulto a la memoria que a partidos de la relevancia del PSUC, podríamos poner también el ejemplo del Partido Nacionalista Vasco, de Unió Democrática, de Esquerra Republicana o del propio Partido Socialista, se les hubiese
compensado con estas cantidades, no ridículas sino insultantes. Lo cierto es que existía un patrimonio probado incluso con material gráfico, pero un patrimonio que por otros instrumentos no se ha podido explicar.
Ante esta situación, la ley de 1998 no ha cumplido con sus funciones. Esta ley se ubicaba, de acuerdo con la exposición de motivos, en la estela de otros reconocimientos que se habían producido. Derechos asistenciales a las personas
pertenecientes al ejército republicano, restitución de bienes y derechos del denominado patrimonio sindical histórico incautado a las organizaciones sindicales -la Ley 4/1986 a la que se hacía referencia-. ¿Qué exigía la Ley de 1998? Un trato
idéntico para los partidos respecto al que se había dado a las organizaciones sindicales.
En la exposición de motivos, hay que recordarlo, se reconocía la dificultad técnico-jurídica, ya que se tenía que delimitar qué se restituye y la dificultad
de lo que había desaparecido -archivos, protocolos, registro-. Fíjense ustedes, esto se reconocía en la exposición de motivos. El problema es que dicha dificultad reconocida en la exposición de motivos luego no se tuvo presente en la aplicación de
la ley, y no se tuvo presente precisamente el análisis que sobre dificultades se había compartido por parte de todos los grupos parlamentarios en archivos, en protocolos o en registros. Pues bien, la conclusión es la que explicaba, que la ley no
cumplió su fin.
A estos antecedentes de la ley de 1998 añadiría otro que tiene especial relevancia, que es la Ley 4/1986 sobre patrimonio incautado a las organizaciones sindicales y el real decreto que le ha seguido. Recordarán ustedes el debate que
tuvimos en el Pleno en torno al Real Decreto 13/2005 que modificaba dicha ley. Recuerdo que en dicho real decreto se explicaban precisamente las insuficiencias de la Ley 4/1986 y que esas insuficiencias habían hecho que la devolución del patrimonio
sindical no fuese lo más adecuado a la realidad de lo que se incautó. Podría remitirme a lo que se explicaba precisamente en la exposición de motivos.
Nosotros estuvimos discutiendo sobre el carácter de la urgencia -ustedes lo saben-, pero
entendíamos que existía un elemento de fondo que era la insuficiencia de la Ley 4/1986 y la necesidad de restituir el patrimonio incautado. Aplicando el paralelismo y, por tanto, la lógica de que la Ley 4/1986 fue insuficiente y que se tuvo que
legislar para devolver el patrimonio incautado a las organizaciones sindicales, lo que tenemos que decir hoy es que la ley de 1998 fue claramente insuficiente porque la devolución del patrimonio incautado a los partidos ha sido ridícula y ha estado
muy por debajo del patrimonio incautado. Les he puesto un ejemplo que nos afecta en carne propia, pero podría poner ejemplos de todos los colores.
Ante esta situación, ¿qué hacemos con estas proposiciones de ley? Creo que está claro, no solo votar a favor sino conseguir que se tramiten, que se vean y que haya una solución definitiva porque estamos hablando de la memoria, estamos
hablando del papel de los partidos y del papel de instituciones -los partidos políticos- que juegan un papel central y fundamental en la construcción democrática. En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 13/2005 se habla precisamente de la
dificultad de acreditar los requisitos exigidos en la Ley 4/1986, afectando, por tanto, al valor registral, a los protocolos o a los archivos. Por tanto, los argumentos que se dan son los mismos que hemos reproducido aquí los proponentes de la
proposición de ley y por ellos entendemos que, existiendo precisamente este antecedente, se va a poder tramitar con toda tranquilidad y esperamos que vea la luz.
Ante esta situación, hemos presentado esta proposición de ley, que se registró en 2003. No es un elemento nuevo de esta legislatura, como ustedes saben, sino que la presentamos a raíz de la decisión del órgano administrativo que decidió la
restitución al Partit Socialista Unificat de Catalunya de esas maravillosas 500 pesetas. No es una proposición de ley nueva, y consideramos que tiene que prosperar y tiene que tramitarse.
¿Qué esperamos? Esperamos una acumulación de las
diferentes proposiciones, esperamos que se pueda ver la acción más adecuada.
Nosotros hemos planteado soluciones modificando la ley de 1998. Algunas de las propuestas que hacen el Grupo Catalán (Convergencia i Unió) y el Grupo de Esquerra
Republicana son oportunas e incluso mejoran nuestro texto. No se trata de ver cuál es el texto que finalmente se impone o impera, sino de solventar una situación injusta, insólita y que hace que no hayamos cumplido un compromiso unánime de esta
Cámara como fue el compromiso de la ley de 1998.
Para acabar, señora presidenta, quisiera decir que esperamos que haya un voto unánime. Sabemos que es difícil, señora Salom, pero lo esperamos.
¿Sabe por qué lo esperamos? Porque ustedes se comprometieron en el año 1998 con una ley; una
ley que aprobó el conjunto de la Cámara pero que no sirvió y a los hechos me remito. Redactaron ustedes una exposición de motivos en la que hablaban de los problemas registrales pero, en cambio, en la resolución no tuvieron en cuenta esos problemas
registrales, de archivo, etcétera. Sería bueno que el Grupo Popular se incorporase a algo que forma parte del común denominador democrático, que es precisamente la devolución de los patrimonios incautados, porque este es un valor que pertenece al
conjunto de las fuerzas
democráticas y sería bueno que el Grupo Popular se incorporase a él.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.
Comenzamos con la fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Mixto.
Señor Rodríguez, tiene usted la palabra cuando desee.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar la toma en consideración de estas proposiciones de ley de Esquerra Republicana, de Convergència i Unió y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo vamos a hacer porque, efectivamente, la Ley 43/1998, que fue
promulgada y votada en este Congreso de los Diputados gobernando el Partido Popular sin mayoría absoluta, manifiesta una cierta distorsión, pues reconoce el meritorio objetivo de que hay que restituir o compensar los bienes y derechos incautados en
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, pero después no coloca un articulado consecuente con este objetivo, como ya se dijo, por una cuestión de justicia histórica. Teniendo en cuenta, además, que la ley
no delimitó el objetivo de restitución con facilidad e incluso la propia ley reconocía que esto iba a tener dificultades por el paso del tiempo, por la desaparición de muchos titulares y por la destrucción de archivos, pruebas y registros, por todo
ello pensamos que esta Ley de 1998 necesitaba la modificación que los proponentes hacen en sus respectivos proyectos. Esperemos que al ser tomadas en consideración se pueda no solamente subsanar estas deficiencias, sino también provocar que la
Dirección General de Patrimonio tenga que actuar de forma contundente, clara y sin resabios administrativos centralistas de ningún tipo. Por todo esto va a contar con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el siguiente grupo parlamentario que fijará posición, que será el Partido Nacionalista Vasco y será el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Es evidente que la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, y el reglamento posterior del año 1999 han creado una serie de dificultades que han hecho imposible la materialización práctica de la voluntad del legislador del texto aprobado de la ley.
Hay obstáculos fácticos y obstáculos jurídicos, dificultades que han ido in crescendo en parte por la interpretación que ha hecho la Administración del texto en cuestión y también por la interpretación restrictiva que han hecho algunos tribunales.
Es llamativa la comparación que se puede hacer del tratamiento de la devolución de patrimonio a los partidos políticos con la que se ha seguido respecto a los sindicatos, y la mayor comprensión que ha existido hacia estos a la hora de poder
superar dificultades de demostración de propiedades o de posesiones de determinados bienes y derechos. Hoy por hoy hay una imposibilidad manifiesta por parte de algunos partidos políticos de acreditar la propiedad de bienes y derechos que han de
ser restituidos o compensados. Hay otra deficiencia que tampoco se ha reseñado -no voy a enumerar las que ya han señalado otros grupos- en cuanto a que la ley y el reglamento se circunscriben a actos de violencia o confiscación de bienes acaecidos
dentro del territorio español, cuando también hubo una persecución de partidos políticos y una incautación de sus bienes en otros países controlados por las potencias del eje o en gobiernos colaboracionistas del régimen nazi como -caso más evidente-
el Gobierno de Vichy. Creemos que esas situaciones también deben ser, evidentemente, atendidas. Si en realidad se quiere ser justo hay que eliminar las barreras que hagan inviables los efectos restitutorios o compensatorios, por el alto grado de
dificultad en la exigencia de una prueba fehaciente tanto en relación con la preexistencia de los bienes y derechos incautados como con su pérdida o incautación, unido esto al hecho ya subrayado por otros portavoces, pero que es necesario remachar,
de que una parte relevante de la actividad de los partidos políticos en la época de la preguerra civil se encontraba configurada bajo situaciones de titularidad en régimen fiduciario, de representación indirecta o a través de negocios de pura y
simple interposición personal por medio de sociedades mercantiles o asociaciones o entidades de otra índole y naturaleza pergeñadas ante el temor de eventuales involuciones políticas.
Quiero señalar que esta práctica -incluso derivada de aquella
situación vivida por los partidos políticos- se prolongó también en los primeros años de la democracia. A partir de 1977 o 1978 los partidos políticos en muchas ocasiones -desde luego vista la experiencia de la época de la guerra civil y la
dictadura probablemente se hubiera producido un proceso involutivo con el mismo poco éxito- intentaban proteger sus bienes a través de sociedades mercantiles, de sociedades interpuestas, ante el temor de una posible involución o una posible
incautación. Se han dado casos realmente llamativos, y voy a citar uno que afecta a mi partido político, como es el caso del diario Euzkadi. Este periódico era propiedad del partido y en él se publicaban las actas de los órganos de gobierno del
partido, las convocatorias y absolutamente todos los mensajes del partido. Digamos que era el sistema de comunicación entre las organizaciones y los miembros del partido. Era evidente para cualquier contemporáneo de la época -y se han evidenciado
muchas manifestaciones públicas de diversos agentes al respecto- que el diario Euzkadi era propiedad del Partido Nacionalista Vasco. Este periódico fue incautado y hasta el momento ha sido imposible
espero que esta injusticia se corrija- que esa incautación haya sido compensada.
Insisto en que hubo mayor comprensión hacia los sindicatos, y creo que este es el momento de hacer lo mismo respecto a los partidos políticos, porque desde luego lo que podía haber sido una solución, como era la Ley de 1998, a la postre se
ha demostrado inviable por las interpretaciones que de la misma se han hecho. Nosotros entendemos la reforma de la ley sobre todo en la línea de la propuesta presentada por Esquerra, pero lo mejor sería aprobar las tres iniciativas para a partir de
las mismas así como de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos hacer una reforma que contemple la mayoría de las situaciones de injusticia que en estos momentos se están dando y que al mismo tiempo dé satisfacción a la mayor parte de
los partidos políticos. Existe una tentación evidente a la que no nos podemos sustraer, y quiero decirlo aquí públicamente. La tentación sería decir ahora que sí a la toma en consideración para después alargarlo en el tiempo -porque desde luego
está en manos de los grupos mayoritarios prolongar los plazos de las iniciativas, y lo estamos viendo en la propia Ley de Memoria Histórica, cuyo plazo de presentación de enmiendas se está alargando a pesar de las protestas de los grupos
minoritarios- y dejar que poco a poco se agote la legislatura sin enfrentar este tema verdaderamente. Sinceramente, no tenemos confianza en que el grupo mayoritario no vaya a hacer esto, porque tenemos la experiencia en otras leyes de recibir
determinadas promesas y después donde dije digo, digo Diego o no ha podido ser, el tiempo ha pasado, etcétera. Espero que esto cambie en el futuro, pero sinceramente le digo que en estos momentos su palabra tiene la caducidad del yogur. En
consecuencia, les anuncio que a pesar de que se vayan a aprobar estas iniciativas introduciremos como medida precautoria también en la Ley de Memoria Histórica el asunto de la devolución del patrimonio a los partidos políticos, y les aseguro que es
un tema que tendrá que abordarse si se quiere que salga adelante esa ley. En consecuencia, espero que esa medida precautoria no sea necesaria y que vaya adelante la tramitación de estas iniciativas presentadas ahora por las tres formaciones de la
Cámara, pero en cualquier caso desde luego nosotros nos vamos a curar en salud, y creemos que es un tema que deben afrontar el partido mayoritario y el Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y será el señor Del Burgo quien en nombre del Grupo Popular tome en esta iniciativa la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señora presidenta.
Voy a empezar recordando unas palabras que pronuncié precisamente desde esta misma tribuna el día 26 de noviembre de 1998, que es cuando se aprobó definitivamente la ley que se pretende modificar. Dije en aquella ocasión, refiriéndome a
unas palabras que había pronunciado el portavoz socialista, señor Fernández Marugán -debo aclarar que esta ley no fue aprobada por unanimidad y que el voto del Partido Socialista fue en contra-, lo siguiente: Nuestro grupo comparte absolutamente
todas cuantas afirmaciones ha realizado respecto al sufrimiento histórico de quienes en un momento de la tragedia nacional fueron los vencidos, que nosotros reconocemos ese sufrimiento y que precisamente hace veinte años el conjunto de los españoles
nos dimos una Constitución que por algo llamamos la de la concordia, entre otras razones para que evitar que esos sufrimientos pudieran volver a producirse. Y añadía algo que me parece que también tenemos que tener en cuenta en el día de hoy: que
partimos de un hecho que es incuestionable e incontrovertible, y es que el dinero jamás puede pagar el sufrimiento. Podremos tratar de compensar, pero el dinero nunca puede acabar con el sufrimiento.
Pues bien, ¿de qué se trata ahora? De modificar en virtud de esas tres proposiciones de ley la Ley de 1998, de restitución o compensación a los partidos de los bienes que les fueron injustamente incautados en aplicación de la normativa
sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939. Esa ley, que fue fruto de un amplísimo consenso, era una ley adecuada, una ley que significaba, como decía su preámbulo, un acto de justicia histórica, y aquí se ha dicho que esa ley ha
tenido efectos muy limitados porque era extraordinariamente restrictiva en cuanto al medio de prueba. Solamente voy a leer unas cifras globales para que se sepa cómo a 31 de diciembre del año 2005 Acción Nacionalista Vasca -un partido que en este
momento está prácticamente inactivo- percibió 695.000 euros; cómo Esquerra Republicana de Catalunya percibió 1.760.000 euros; cómo Izquierda Republicana -otro partido inactivo prácticamente- percibió 3 millones de euros; cómo el Partido Comunista
de España vio satisfechas sus aspiraciones porque percibió 1.025.000 euros; cómo el Partido Nacionalista Vasco -y parece ser que en la aplicación de la ley se hicieron toda clase de tropelías respecto al PNV- percibió 10.469.000 euros (Rumores.);
cómo el Partido Socialista Obrero Español percibió 10.804.000 euros a pesar de haber votado en contra de la Ley, y es verdad que el PSUC percibió -porque no tenía más bienes que arrendados- 574 euros. Todo esto ha dado un total de 27.839.135 euros.
¿Qué es lo que se pretende realmente ahora? Reabrir un proceso que ya estaba cerrado y que incluso cuando había discrepancia entre el reclamante y el Gobierno se iba a los tribunales. Hay sentencias del Tribunal Supremo que unas veces dan la razón
al Gobierno, a la Administración, y otras veces al recurrente, y entendíamos que este era un capítulo cerrado. ¿De qué se trata ahora? De revisar lo que se llaman los medios de prueba; es decir, en una de las propuestas se hace referencia a que
se puedan establecer incluso métodos directos o indiciarios que ya están establecidos en la Ley General Tributaria. Pues bien, lo que la ley
decía era que el partido político podía utilizar cualquier medio de prueba admitido en nuestro derecho y, evidentemente, ese de la Ley General Tributaria también. Por tanto, de lo que se trata ahora -con todos los respetos, señorías- es de
establecer un mecanismo de financiación extraordinaria para determinados partidos políticos que en estos momentos o forman parte de la coalición gubernamental o tal vez aspiran a formar parte de ella. Esta es la realidad, y no se hable de
principios jurídicos porque precisamente si se aprueban las mociones lo que va a haber aquí es una destrucción del principio de seguridad jurídica, es la consagración de la arbitrariedad, se llega hasta el extremo de que cuando hay duda el que
resuelva sea el Gobierno, el que fije la subvención o la indemnización al partido sea el Gobierno, lo cual me parece que es absolutamente disparatado.
Señorías, la posición de nuestro grupo es evidentemente contraria. En España contamos en estos momentos con un sistema de partidos plenamente consolidado. Los partidos, incluso la mayor parte de los que han presentado las propuestas de
reforma, tienen una buena salud política, están en el Gobierno de la Generalidad, son socios parlamentarios del Gobierno de España, han estado en el Gobierno de la Generalidad... En cualquier caso el de Izquierda Unida también forma parte de esa
coalición de gobierno, al menos desde el punto de vista parlamentario. No entendemos que se puedan eliminar las exigencias de la prueba fehaciente.
No estimamos que se pueda ampliar u otorgar ningún margen de discrecionalidad al Gobierno. La
justicia histórica ya se reparó en 1998, y por cierto, ¿qué podríamos decir a aquellas personas o sociedades o entidades, o sea personas físicas o jurídicas, que en el periodo 1936-1939 sufrieron incautaciones? Me estoy refiriendo a uno u otro
bando de la guerra civil: incautaciones, saqueo, destrucción de su patrimonio, incautación de sus cuentas corrientes, reventamiento de las cajas del Banco de España y de las demás entidades bancarias, incluso bajo la responsabilidad en el gobierno
de algunos de los partidos que hoy reclaman, con justicia también, esa reparación histórica que ya estaba reclamada. ¿Qué les diremos a estos señores? Yo creo, señorías, que tendríamos que tener un mayor respeto; un mayor respeto al erario
público, que es el esfuerzo común de todos los españoles. Y no utilicemos estos subterfugios para buscar vías de financiación extraordinaria que implican discriminación, privilegio y que no se sustentan en una adecuada compensación, que ya estaba
satisfecha por la Ley de 1998.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Del Burgo. (Aplausos.)
Señorías, finalizamos esta iniciativa con el último grupo que fijará posición, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Tomará en su nombre la palabra el señor don Francesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, resulta frecuente en las sociedades democráticas avanzadas que los Estados asuman el resarcimiento de los daños sufridos por determinados colectivos que no son consecuencia de su propia acción ni actividad pero que sin embargo se
asumen por razones de solidaridad colectiva, de consecución de la paz social o como mecanismo para reparar injusticias históricas. Es la propia sociedad, señorías, la que demanda cada vez más a los poderes públicos que lleven a cabo políticas
activas resarcidoras, y este grupo parlamentario y el Gobierno son sensibles, como todos ustedes ya saben, a esta llamada.
Señorías, al debatir hoy estas proposiciones de ley estamos hablando de recuperar una parte muy importante de nuestra memoria histórica, con las incomodidades que esto produce, ciertamente, pero también con la seguridad de que la restitución
a los partidos políticos del patrimonio incautado por decreto de 13 de septiembre de 1936 y confirmado por la posterior Ley de Responsabilidad Política, de 9 de febrero de 1939, es un acto debido. Es más, es un acto debido de justicia democrática.
Con esta misma intención, la Ley 43/98 quiso articular un sistema de restitución y compensación a los partidos políticos por los bienes y derechos incautados por el Estado tras la guerra civil española; una ley cuyo objetivo último era permitir a
los partidos políticos y agrupaciones políticas y sociales integrantes del Frente Popular que fueron leales a la República recuperar el patrimonio que les fue incautado. Dicha ley fue desarrollada por un real decreto en el que se recogía un sistema
que permitía a los partidos políticos beneficiarios de tales medidas obtener la restitución de sus bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial incautados o, en el caso de que ello no fuera posible, conseguir una compensación pecuniaria a
cargo del Estado. La necesidad de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica en relación con las operaciones de tráfico de bienes y derechos que se han producido desde que se realizaron las incautaciones explica la enorme
complejidad de dar una respuesta adecuada y reparadora a las reivindicaciones planteadas por particulares y organizaciones de afectados; una respuesta que la Ley de 1998 no ha conseguido ofrecer en su integridad, y más si tenemos en cuenta que el
legislador era consciente de la dificultad que implicaba tener que demostrar los bienes que integraban el patrimonio de los partidos.
Lo cierto, señorías, es que la aplicación efectiva de esta norma ha dado lugar en la práctica a un gran número de procedimientos administrativos y judiciales. Ha evidenciado, en definitiva, una enorme litigiosidad en los tribunales, lo que
ha servido para poner de manifiesto las dificultades objetivas para aplicar este proceso reparador y la necesidad, por tanto, de adaptarlo a conceptos jurídicos más claros y mejor determinados para que pueda hacerse realmente justicia. En efecto,
la revisión que se ha hecho en vía judicial entre los años 2002
a 2005 de los acuerdos administrativos recaídos en aplicación de la Ley 43/1998 ha permitido apreciar las debilidades y carencias de las que esta ley adolecía desde su aprobación; unas debilidades y unas carencias que ya aparecían apuntadas
en la propia exposición de motivos de la ley y que fueron además advertidas por nuestro grupo en el debate de aprobación de la norma en las Cortes Generales; una advertencia de la que el Partido Popular, por aquel entonces mayoritario en esta
Cámara, hizo caso omiso.
Mi grupo ya afirmó entonces que resultaba imprescindible objetivar el procedimiento dotándolo de la máxima seguridad jurídica con criterios claros, transparentes y públicos, con el fin de que se evitaran conflictos y
discriminaciones indeseables y que podían llegar a ser muy dolorosos. La ley no ha sido eficaz para restaurar en su totalidad las situaciones jurídicas ilegalmente afectadas por decisiones adoptadas al amparo de una normativa injusta. Era una ley,
como se mencionó, engañosa, puesto que la devolución no alcanzaba a todas aquellas entidades, asociaciones y partidos que fueron declarados fuera de la ley. Era una ley que dificultó en exceso la carga de la prueba de la titularidad, lo que supuso
que en muchos casos los partidos políticos no pudieran acreditar que determinados bienes fueran parte integrante de su patrimonio. Era una ley, en definitiva, que obvió el complejo entramado social, político y cultural de la época, en el que muchas
asociaciones, organizaciones, ateneos o casas del pueblo compaginaron su actividad social y cultural con la actividad política, quedando con ello sus locales afectos a ambas actividades. Sin embargo, ese destino no quedó reflejado en ningún
registro público y por ello ha sido imposible recuperarlo en muchos casos.
En definitiva, señorías, hoy se pretende reformar una ley que no ha conseguido cumplir con eficacia el objetivo para el cual fue aprobada, y es precisamente este el fundamento común de las tres proposiciones de ley que hoy analizamos. Hay
una deuda del Estado con numerosas personas, organizaciones y entidades que resultaron afectadas por los procesos de incautación y que a pesar de la aprobación de las leyes de devolución del patrimonio sindical y del patrimonio de los partidos
políticos no han podido recuperar aún sus bienes y sus derechos. Vamos pues a reparar aquello que advertimos hace hoy nueve años y que el Partido Popular no quiso tener entonces en cuenta. A nuestro juicio, existen razones de peso y de justicia
para ello, pues la restitución significaría completar el proceso reparador iniciado por las leyes anteriormente citadas, superando así la fractura social que supuso la guerra civil y haciendo efectivo el principio de igualdad de trato. Aunque es
cierto, señorías, que la adopción de una medida reparadora de este tipo no plantea problemas de constitucionalidad si se respetan los derechos adquiridos por terceros de buena fe, la realidad es que, a la vista de la experiencia adquirida en
aplicación de la ley que hoy se pretende modificar, existe una enorme complejidad y dificultad para la identificación y acreditación de la titularidad de los bienes confiscados hace ya más de setenta años.
Regular una devolución de bienes y
derechos presenta, señorías, muchas dificultades y de muy distinta naturaleza: la determinación de los destinatarios y de los bienes y derechos que deben ser objeto de devolución; la fijación de las reglas para precisar la sucesión de los antiguos
titulares; los medios de acreditación de dicha titularidad; la articulación del proceso de restitución; los criterios de valoración de los bienes y derechos a restituir; la procedencia o no de indemnizar cuando los bienes y derechos hayan sido
transmitidos por el Estado a terceros, y un largo etcétera. Las tres iniciativas que hoy se han planteado pretenden clarificar los requisitos formales y documentales exigidos para el reconocimiento del derecho a la compensación y lograr así que,
con las garantías necesarias, la devolución afecte a la totalidad de los bienes que fueron incautados. Se propone la variación de los criterios de prueba, los plazos exigibles, las cantidades a percibir e incluso los sujetos legitimados para
ejercer esa acción. Sin embargo, no todas esas proposiciones de ley son coincidentes en sus pretensiones y, por tanto, deben ser analizadas con mucho más detenimiento. Por todo ello, hoy mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de
estas tres propuestas de resolución con el afán, por un lado, de reparar los déficits detectados en la ley anterior y, por otro, con la voluntad de analizar cuál de entre los sistemas propuestos es el más adecuado para reparar esa injusticia
histórica. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, señorías, reparar un texto legislativo que nació defectuoso y con ello reconocer también que, además de represión, de odio y de muertes, la dictadura trajo consigo expolios, saqueos, incautaciones
y robo de patrimonio e inmuebles. Unas incautaciones injustas que merecen ser reparadas de una vez por todas.
Señor Del Burgo, no intente confundir a la Cámara y a los señores diputados. Aquí no estamos hablando -como usted ha dicho hoy- de financiación extraordinaria de partidos políticos, estamos hablando de reparar la memoria histórica. La Ley
de Financiación de Partidos Políticos sigue otro camino, y sabe usted que tiene la oportunidad de sumarse a ella. El Partido Popular haría bien en sumarse a la iniciativa que hoy se presenta ante esta Cámara, entre otras cosas por coherencia con la
posición mantenida por su grupo el día 26 de noviembre de 1998, y no caer en un ejercicio de hipocresía, como ya en aquel momento le dijimos desde nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Vallès.
Llamamos a votación, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
Tres votaciones, correspondientes a las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. En primer lugar, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas del periodo 1936 a 1939.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 171; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936 a 1939.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 171; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
Finalmente, votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes
y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades del periodo 1936 a 1939.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 171; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS PARA LOS PRÓXIMOS TREINTA AÑOS Y LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO SOBRE LA ENERGÍA. (Número de expediente
162/000545.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación de un plan estratégico sobre la energía.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene, por un turno de siete minutos... (Rumores.)
Señorías, por favor, les ruego silencio y atención. Una vez más, si no hay cooperación por parte del hemiciclo...(Rumores.) Silencio, por favor.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una iniciativa muy interesante e importante para que esta Cámara pueda instar al Gobierno a que elabore un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta
años y presente un plan estratégico sobre la energía. Probablemente dentro de treinta años la mayoría de los diputados ya no estemos en esta Cámara, aunque viendo la sonrisa del diputado socialista señor Sanjuán es posible que él así lo pueda
constatar.
Esta iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió es muy importante porque, señoras y señores diputados, ¿ustedes pueden asegurar con contundencia que España va a disponer de la energía necesaria para poder atender el crecimiento
económico de los próximos años? Sinceramente, nosotros pensamos que no, porque no hay ningún plan estratégico, no está determinado el mix energético que el Gobierno quiere para saber si efectivamente España va a ser capaz de acometer los
incrementos de su economía, los incrementos del PIB, con los recursos y las fuentes energéticas de que dispone en la actualidad. Hemos de partir de la base de que España es un país muy dependiente. Más del 50 por ciento de la energía procede del
petróleo, un 20 por ciento del gas, un 11 por ciento de la energía nuclear y solo un 6,6 por ciento de las energías renovables. Si a esto le añadimos que España es una isla energética, que tenemos un índice de interconexión con el resto del mundo
de solamente el 3 por ciento cuando lo aconsejable sería el 12 por ciento, ya resultan dos aspectos importantes para demostrar la importancia de esta iniciativa; igualmente, si a esto le añadimos que somos un país en el que los gobiernos anteriores
han demostrado poco interés en inversiones en I+D+i, tenemos otro elemento para demostrar la importancia de este tema; de la misma manera, si a esto también le añadimos que España es uno de los países de la Unión Europea que incumple los
compromisos de Kyoto por las emisiones de gases de efecto invernadero, sumamos otro elemento que nos tendría que hacer reflexionar sobre una iniciativa de este calibre.
Si finalmente atendemos a cuál va a ser el crecimiento económico en los
próximos años de la economía
española y al bienestar de todos sus ciudadanos, llegaríamos a la conclusión de que para que España pueda ser un país competitivo en los próximos años es preciso controlar el incremento de los costes energéticos y garantizar plenamente su
suministro. Tomando como base estos cuatro aspectos importantes, fundamentales desde la perspectiva de Convergència i Unió, hemos elaborado una propuesta con el máximo rigor y seriedad, propuesta que incorpora una serie de puntos con los cuales un
grupo de estudios constituido por diferentes expertos independientes podría realizar un informe en un plazo máximo de diez meses. Dichos puntos tendrían que ir en la siguiente dirección: en primer lugar, dicho grupo de estudios debería evaluar la
demanda energética futura que permitiría garantizar nuestro modelo de crecimiento, incorporando hipótesis de ahorro y uso eficiente; en segundo lugar, sería interesante que este grupo pudiera poner encima de la mesa y plantear al Gobierno cuál es
el mix de reparto de las fuentes de energía primaria con el que pretende cubrir esta demanda a corto, medio y largo plazo, sin excluir a priori ninguna tecnología disponible. En tercer lugar, esta propuesta tendría que contemplar una solución
estable para potenciar con especial intensidad las energías renovables. Entendemos, y es un punto al que damos una importancia relevante, que tendría que definir una propuesta específica y estable sobre la energía nuclear en el marco de las
propuestas planteadas para la Unión Europea. Tendría que promover la inversión en calidad y seguridad de los suministros energéticos y al mismo tiempo priorizar el ahorro y la eficiencia energética, prestando una especial consideración a un sector
que creemos que en estos momentos está muy mal tratado desde todos los ámbitos económicos, como es el sector del transporte.
Hay otro aspecto fundamental en esta propuesta que es materializar las interconexiones internacionales eléctricas y gasísticas para evitar el actual aislamiento energético de la península Ibérica, lo que comporta fijar un calendario en la
realización de las mismas. Tendríamos, entre otras propuestas que ya voy resumiendo, que prever un mecanismo anual de seguimiento de los objetivos que se determinen en la estrategia energética contrastable con la realidad, con la obligación de
adoptar medidas correctoras en caso de existir desviaciones. Este estudio tendría que ser presentado en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en un plazo máximo de diez meses desde la aprobación de esta iniciativa, y el Gobierno
tendría que presentar un balance de seguimiento de la política energética ante dicha Comisión, así como las medidas correctoras que corresponda.
Finalizo diciendo que a esta proposición no de ley se han planteado tres enmiendas, una del Partido Socialista, que recoge íntegramente la propuesta de Convergència i Unió, con unos matices que me imagino que explicará su portavoz; y dos
más, una de Esquerra Republicana y otra del Partido Popular, que coinciden básicamente con el objetivo fundamental de esta proposición no de ley, pero para no desmerecer un pacto importante en el que recogemos la sensibilidad de todas las fuerzas
políticas de esta Cámara, no las vamos a aprobar, no porque tengamos nada en contra, sino para intentar consensuar un objetivo que estoy convencido ustedes van a compartir plenamente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen en un turno de cinco minutos cada uno, en primer lugar, por el Grupo Popular, el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Muchas gracias, señor presidente. El señor Sánchez i Llibre ha empezado la intervención en defensa de su iniciativa diciendo que era una iniciativa muy interesante y muy importante, y compartimos esa apreciación,
de verdad que es una propuesta muy interesante, muy importante y además muy oportuna, especialmente porque su aprobación, que parece es lo que va a ocurrir, viene a dar la razón a las críticas que hemos venido manteniendo al Gobierno socialista en
materia energética. Durante tres años venimos diciendo que el Gobierno socialista ha estado sin saber qué tenía que hacer en materia energética y denunciando las continuas chapuzas, el intervencionismo y los sinsentidos que ha venido realizando en
materia energética. No voy a entrar en ello porque creo que no es el motivo de este debate, pero sí quiero decir que esta iniciativa y la enmienda del Grupo Socialista sobre la revisión y sobre la propuesta de una estrategia de futuro en los puntos
que plantea es lo que venimos demandando, y así lo planteamos en una moción consecuencia de interpelación en el mes de abril del año 2006.
Simplemente recordaré que en aquellos momentos nuestra propuesta era más concreta, es verdad que orientaba
más lo que tenía que ser la política energética, pero hablaba de esa revisión estratégica del sector energético en España que posibilite un gran acuerdo sobre ese modelo energético que necesitamos para abordar el futuro con garantías de
competitividad, que pueda ser un modelo energético que se sume a lo que en Europa se está diciendo. Eso es lo que viene a plantear la propuesta de Convergència i Unió, que nosotros vamos a respaldar, y a la que hemos presentado una sola enmienda,
que creemos que hace falta ya que en la propuesta que hoy se trae a debate se habla prácticamente de todo el ámbito energético. Se habla de las inversiones en I+D, de las inversiones en calidad para el suministro energético, del mix energético -no
sabemos sobre qué mix está trabajando el Gobierno-, de la energía nuclear, de tener una propuesta estable de cara al futuro sobre este tema; de no descartar ninguna de las energías que en este momento tenemos a disposición. Se habla de todo lo que
hace referencia a ese marco energético y solo falta una cosa, que es lo que proponemos en la enmienda, y es que se nos diga, bien sea sobre la propuesta inicial que era ese grupo de expertos, bien sea como consecuencia de la
enmienda del Partido Socialista sobre el estudio de prospectiva energética, el modelo desregulador de la Comisión Nacional de Energía, sin orientación por nuestra parte, que sea después del estudio de prospectiva; que se concrete ese modelo
desregulador que haga posible también su inserción en la política energética común europea, que es lo que se está debatiendo en estos momentos en Europa. Por tanto, damos la bienvenida al Grupo Socialista a la razón, a lo que el Grupo Popular ha
venido manifestando durante estos últimos tres años de desorientación del Gobierno en materia energética. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Nunca es tarde si, a partir de ahora y como consecuencia de esta proposición no de ley, que creo que va
a ser apoyada por una inmensa mayoría de la Cámara, espero que sea por unanimidad, el Gobierno se pone las pilas y podemos ir avanzando en definir, en que el Gobierno de España, este país, tenga un modelo al que podamos ir con seguridad y que
garantice lo que creo que todos hemos venido defendiendo: la competencia, la competitividad de nuestras economías, un consumo seguro lo más fiable posible, respetuoso con el medio ambiente. Se habla también en la propuesta de las energías
renovables. Vaya cirio que tenemos con el marco retributivo de las energías renovables; el Gobierno por un lado, la Comisión Nacional de Energía por otro. Aquí nadie sabe qué va a ocurrir exactamente. El sector está muy preocupado. Creo que nos
estamos jugando mucho en relación con el futuro de España. Nosotros vamos a apoyar la proposición. El proponente ya ha dicho que no iba a aceptar la enmienda.
En cualquier caso, nuestro respaldo no estaba condicionado a la aceptación de la
enmienda, aunque hubiera sido muy conveniente que se hubiera aceptado por la consideración que he hecho anteriormente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo parlamentario Socialista. Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley que hoy nos presenta CiU se centra en un tema, el conocimiento de las necesidades energéticas, que siempre ha sido considerado de gran importancia por mi grupo, a pesar de lo que acaba de decir el anterior
interviniente. Forma parte de una preocupación totalmente compartida, porque de hecho la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente se votó una iniciativa que recogía bastantes puntos de los que recoge hoy la proposición no de ley y no sé por
qué el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo. No tenía ningún interés en participar.
No sé si es que el guirigay también existe entre industria y medio ambiente, pero la posición fue esa. Aparte de eso, también ha habido otras iniciativas en
esta Cámara del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una serie de mociones, que han incidido en este tema. Por tanto, oído lo anterior, es una preocupación compartida por todos los miembros de esta Cámara. Desde mi grupo
consideramos, para que se entere todo el mundo, que es fundamental tener un conocimiento detallado de la prospectiva energética a medio y largo plazo para ir tomando medidas de política energética, incluso a corto, algo que se podía haber hecho hace
muchos más años, no solo tres, sino unos cuantos más, porque les recuerdo que la Ley del Sector Eléctrico es de 1997 y la de Hidrocarburos de 1998. Dicho esto -dicho cómo está la Cámara y que todos participamos de esas mismas inquietudes- quiero
recordar que ya en su primera comparecencia el secretario general de Energía expuso la necesidad clara de disponer de una hoja de ruta a largo plazo para definir a medio y largo plazo, y en esa comparecencia del mes de noviembre anunció que se iba a
relanzar una prospectiva 2030 en el mes de enero. Así es, en cumplimiento de lo que expresó en esta Cámara el secretario general ha dado ya comienzo el estudio de prospectiva energética con horizonte 2030, en el que colaboran el Instituto para la
Diversificación y Ahorro Energético, el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, institución dependiente de la Comisión Europea con sede en Sevilla, el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, una serie de expertos sectoriales y,
por supuesto, en coordinación con otros ministerios. Quiero anunciar que la primera reunión de presentación del proyecto se celebró la pasada semana. Este estudio de prospectiva permitirá plantear los distintos escenarios energéticos posibles que
nos permitan poner en marcha una serie de políticas. Se trata de conseguir en el horizonte 2030 el máximo nivel posible de abastecimiento energético con energías renovables, garantizando en todo momento la seguridad y la calidad del suministro, y
además que permita el crecimiento económico que estamos teniendo, cumpliendo con todos los compromisos de España en materia de medio ambiente y así aumentar el bienestar de los ciudadanos. En definitiva, el interés de este estudio de prospectiva
que está ya en marcha trasciende lo que pueda ser una mera valoración tecnológica y energética, contemplando además una serie de análisis sobre las claves estratégicas y todas aquellas implicaciones socioeconómicas y políticas que estén asociadas a
los escenarios que se mantengan. Por tanto, queda claro que el Gobierno comparte también esta preocupación y la metodología de esta proposición no de ley y de todas las iniciativas anteriores y, por supuesto, si el Partido Popular está, también
comparte las del Partido Popular, sin olvidar además que no solo comparte lo que hoy se dice en la proposición no de ley, sino que hay ya una serie de iniciativas en marcha como puede ser el plan de energías renovables, la planificación de los
sectores de electricidad y gas, con todo el desarrollo de las redes de transporte, que está en una nueva elaboración para los años 2007 a 2016, donde entra todo el tema de las interconexiones que era una de las preocupaciones de Convergencia i Unió,
y el programa nacional de energía, dentro del Programa de Fomento de la Investigación Técnica, los conocidos como Profit, donde están todos
estos temas. Por eso, compartiendo todos los puntos recogidos en la proposición no de ley, pero recordando las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno, mi grupo ha presentado una enmienda que solo hace la introducción, es decir:
seguir, dentro del estudio de prospectiva energética con horizonte 2030, una estrategia global para hacer frente a las necesidades energéticas de España y para la existencia de una oferta energética suficiente a costes competitivos y
medioambientalmente sostenible. Dicha estrategia recoge los diez puntos presentados por la proposición no de ley y una enmienda al punto final para que el estudio de prospectiva energética sea presentado en la Comisión de Industria, Turismo y
Comercio. Además, anualmente el Gobierno presentará el balance de seguimiento de la política energética ante dicha Comisión, así como todas las medidas correctoras que corresponda. Creemos que con esto se puede poner en marcha esta estrategia
energética sostenible. Si toda la Cámara está de acuerdo, bienvenido sea. Esperemos que esto sea un primer paso para seguir teniendo acuerdos en esta materia y en otras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Enmienda de Esquerra Republicana. Señor Ramón, por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta hoy una proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar un informe que nos lleve a obtener la solución al gran problema energético, a
buscar soluciones a largo plazo -estos treinta años que marcan en su proposición no de ley- y a buscar un plan estratégico sobre la energía, como dice esta iniciativa. Podemos coincidir -y aquí se ha visto con la aportación que han hecho los
portavoces que me han precedido en uso de la palabra- en la necesidad que hay de planificar el suministro energético a largo plazo, y por eso nos parece bien que el Congreso inste al Gobierno a crear un grupo de trabajo formado por expertos
independientes -y me gustaría remarcar aquí ese adjetivo de independientes-, con la finalidad de elaborar un informe sobre las previsiones relativas a las necesidades energéticas del Estado español para los próximos treinta años y una propuesta
estratégica global para hacer frente a dichas necesidades.
Hasta aquí estamos de acuerdo, coincidimos con esa necesidad, pero les tengo que decir, señorías, y más concretamente al señor Sánchez i Llibre -el portavoz que ha presentado esta iniciativa- que en lo que no coincidimos en ningún sentido es
en cómo esta proposición no de ley enfoca la tarea que debe realizar ese grupo. Por ese motivo hemos presentado una enmienda que engloba discrepancias con siete puntos de su proposición no de ley porque no estamos de acuerdo -como decía- en cómo
debemos marcar la tarea a este grupo de expertos. En primer lugar, no tiene ningún sentido exhortar a la adopción de medidas de ahorro y eficacia y, al mismo tiempo, poner como premisa que la demanda energética futura -cito textualmente lo que dice
la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- permita garantizar nuestro modelo de crecimiento. Señor Sánchez i Llibre, permítame que le diga que precisamente ese modelo de crecimiento ha sido el causante de la
actual dependencia energética del exterior y de los graves problemas ambientales que tiene asociados. En definitiva, no entendemos cómo usted quiere que se exija que se garantice ese modelo de crecimiento. Es importante cambiar el fondo de ese
modelo y por eso hemos presentado enmiendas que persiguen que no se mantenga dicho modelo. Parte de estos cambios de fondo también son económicos y pasan por que las diferentes fuentes energéticas asuman los costes sociales y ambientales que
ocasionan. A ello va dirigida una de las enmiendas que nuestro grupo ha presentado a esta proposición no de ley. Entendemos que si cada fuente energética no asume sus costes, la imagen que tenemos de la competitividad económica de las diferentes
fuentes es completamente falaz y, por tanto, nos puede llevar a tomar decisiones erróneas.
En segundo lugar, hay que partir de la base de que elaborar un informe como el que se plantea no es un ejercicio objetivo. Por ejemplo, se pueden plantear diferentes niveles de consumo, todos igualmente posibles, o diferentes mix
energéticos que den lugar a un mismo consumo. Por ese motivo, creemos importante, por un lado, garantizar que los integrantes del grupo de expertos que elaboren el informe sean independientes -como decía en el inicio de mi intervención- y, por
otro, asegurar que el informe asuma como premisas aspectos tales como la prioridad que debe darse al ahorro, la maximización de la aportación de las fuentes renovables, la reducción de la dependencia exterior o la moratoria de la construcción de
nuevas centrales nucleares, puesto que son aspectos tan de fondo que no tiene sentido que no se contemplen en estudios que tienen que ver con escenarios futuros.
De la propuesta original que presentaba hoy Convergència i Unió sí que estamos de acuerdo con aspectos tales como garantizar la estabilidad en el marco de potenciación de las energías renovables, promover la inversión en calidad y seguridad
de los suministros energéticos, prestar especial atención a la priorización del ahorro y eficacia en el sector del transporte, impulsar investigación y desarrollo para maximizar el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía primaria o la
necesidad de prever un mecanismo anual de seguimiento de los objetivos que se determinen en la estrategia energética. En definitiva, estamos de acuerdo en estos puntos, pero las diferencias de fondo que les comentaba en la primera parte de mi
intervención son grandes y justifican la presentación de nuestras enmiendas y que no podamos estar de acuerdo hoy con esta enmienda que nos presentaba.
Permítame, señor Sánchez i Llibre, no entiendo lo que ha dicho de que para buscar consenso no va a aprobar ninguna de las enmiendas que se han presentado esta noche aquí, solo la del Grupo Parlamentario Socialista.
Entiendo que es una mala
manera de buscarlo, porque al menos nuestro grupo no se va a sumar al consenso y nos vamos a abstener hoy en la iniciativa que nos ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Fijación de posiciones. (Pausa.) ¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Señor Mardones; Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar esta iniciativa que nos ha presentado el señor Sánchez i Llibre en nombre de Convergència i Unió. Nosotros, desde la perspectiva de Canarias, estamos viendo desde hace tiempo con una gran preocupación el horizonte -no
digo a treinta años, sino escasamente a diez- de los aprovisionamientos energéticos en regiones, sobre todo las insulares, tremendamente fragmentadas y donde solamente es posible en este momento un acceso a una fuente energética, a la derivada del
petróleo, es decir, el fuel de las centrales de consumo de fuel petrolífero y con una proporción ínfima de las energías renovables, concretamente la energía eólica y un pequeño componente de energía fotovoltaica. Por tanto, allí no hay recursos
como en el territorio peninsular español para obtener energía, bien en centrales hidroeléctricas, bien en centrales térmicas de carbón -algunas todavía residuales- o en las centrales nucleares. Estos recursos -hidráulicos, nucleares y de tipo
térmico- no son conocidos ni posibles, incluso el gas en este momento, con unas expectativas de que en un futuro se pueda disponer de la infraestructura gasística básica para la generación de energía eléctrica, para el fuerte consumo de una zona
turística como es Canarias. Por tanto, que se emplace al Gobierno, que lo que se pretende con esta iniciativa es crear un grupo de estudio que, con un horizonte a treinta años, pueda hacer las previsiones de fuentes energéticas precisas para
continuar un desarrollo sostenido y no contaminante. Nos parece que este decálogo de medidas -y también, si son aceptadas, las enmiendas que entienda el grupo proponente, ya que también las apoyaremos- cubre aquellas exigencias que en un programa
de trabajo puede señalarle el Parlamento a un grupo de especialistas en la materia con las prospecciones, perspectivas y modelos de simulación que hoy en día son obligados en este estudio de prospectivas y perspectivas de futuro inmediato -más o
menos largo en el tiempo, aquí se señalan los treinta años-. Dicho decálogo de plan de trabajo es realista y necesario para su enfoque.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar a favor de proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hay una cuestión de principio sobre este tema que compartimos con el grupo proponente y seguramente con los demás grupos. Se trata de la necesidad de ser ambiciosos y responsables en materia energética a medio plazo. Queremos que
España y Europa lideren la lucha contra la aceleración del cambio climático y ante este desafío debemos reconocer que ni España ni Europa parecen estar a la altura. La Comisión Europea quiere reducir las emisiones solo un 20 por ciento hasta el año
2020, cuestión que no sería suficiente. Con las débiles medidas europeas y españolas anunciadas ni siquiera llegaremos a esa modesta reducción.
Dicen los expertos que para limitar el calentamiento global planetario en menos de dos grados durante
este siglo resulta imperativo alcanzar como mínimo el objetivo del 30 por ciento de reducción de contaminantes en los próximos 13 años. La forma más económica y más razonable de proteger el clima y de definir un entorno estratégico para la energía
es el ahorro energético. Sin reducir nuestro consumo en al menos un 20 por ciento antes de 2020 se harán inviables los objetivos de reducción de emisiones.
Es imprescindible y factible mejorar nuestra eficiencia energética anualmente en un 3 ó 4
por ciento para hacer más con menos energía. Lo que parece exigible en este contexto estratégico son cuestiones que precisamente no aparecen en la propuesta que debatimos: Medidas de etiquetado para los productos eficientes, una fiscalidad que
anime el ahorro y castigue las actividades más derrochadoras y la modulación de las tarifas eléctricas para penalizar el sobreconsumo. Las energías renovables ya están haciendo una contribución creciente a nuestra seguridad climática y de
suministro energético, pero aún no es suficiente. Es el momento de sacar estas energías del nicho reducido que ocupan mediante un fuerte impulso para convertirlas en un sector económico innovador y clave en la producción de electricidad. Hay que
desarrollar las directivas europeas de electricidad renovable y aprobar la prometida directiva sobre calefacción y aire acondicionado, sin embargo el Gobierno español y los monopolios eléctricos colocan trabas a las energías renovables. No deja de
hablarse de liberalizar el mercado energético, pero la realidad es que nuestro sector energético lo es de su generación, de las redes de distribución y de las ventas. El sector energético está enormemente centralizado, es opaco y es monopolizado
por unas pocas empresas. Esta estructura inalterada e intocable por parte de la Administración y el Gobierno no es compatible con la descentralización energética que se necesita para la eficiencia, y además bloquea la posibilidad de una
competitividad económica más reequilibrada y justa para las energías renovables. Señorías, no se engañen, el gran cambio estratégico en España sería partir la propiedad
de la producción de energía, su distribución y su comercialización. Si no se rompe ese control, ese monopolio real, no se podrá hablar de una energía segura, limpia, eficiente y cercana. Frente a esa realidad esta moción contribuye a una
estrategia que empieza a tener su peso en la Unión Europea, en España y en algunos ámbitos gubernativos. Nos referimos al intento reflejado en el punto cuatro de la moción y en muchas reflexiones recientes de rehabilitar la energía nuclear. A
pesar de que las nucleares ni mueven coches ni suelen calentar las casas, los neonucleares presentan una versión totalmente distorsionada de la energía nuclear que se encuentra en un declive irreversible. Seguir dependiendo de los combustibles
fósiles y de la energía nuclear haría peligrar la seguridad del suministro energético en Europa y aumentaría la dependencia de algunas regiones más inestables y alejadas del planeta. La propuesta de construir nuevas plantas térmicas de carbón
contradice los objetivos declarados contra el cambio climático. No se debería permitir que funcionara ninguna planta térmica sin la avanzada tecnología del secuestro de carbón, es decir, liberar en gran parte esta sustancia de las emisiones de CO2,
a pesar de que aún esta incipiente tecnología es percibida como demasiado incierta parar cualquier inversión a corto y medio plazo en la construcción de centrales técnicas de carbón. El sector del transporte consume el 70 por ciento de las
importaciones de crudo y produce más de un tercio de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono de la atmósfera. Necesitamos, por tanto, señorías, un plan estratégico sobre el transporte más que sobre la energía.
En resumen, señorías, no se puede mejorar el escenario estratégico insistiendo en los errores ni en apuestas agotadas. La centralización, la concentración empresarial, el culto al incremento de la demanda y el consumo no son soluciones. La
defensa del modelo actual junto a la idea de que es la única vía posible impide también diseñar y trabajar por un futuro diferente. No creemos que esta proposición no de ley implique globalmente esa apuesta, no hay criterios concretos, no hay
medidas concretas y las pocas que hay sencillamente no nos gustan. Por lo tanto, no podremos pues apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Vasco (EAJ-PNV). Señor Beloki, por favor.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, el 8 de noviembre -todavía ayer-, con ocasión de la primera de sus comparecencias en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en este Parlamento, el nuevo secretario general de
Energía, don Ignasi Nieto, anunció formalmente -y cito- que ya hemos empezado a trabajar internamente, pero a partir de enero, vamos a relanzar con mucha fuerza una prospectiva energética en el año 2030 en España; esto dijo don Ignasi Nieto. Mi
grupo dijo entonces al secretario general de Energía lo que ahora le vamos a decir al representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y al conjunto de la Cámara: que estamos encantados de que efectivamente -dijimos entonces y cito
textualmente- se pongan ustedes a trabajar en la prospectiva 2030 y -añadí y añado- estamos encantados de que nos pongamos todos a trabajar en la prospectiva del año 2030.
Para mi grupo no hay duda alguna, es necesario, hoy mejor que ayer, ayer hubiera sido mejor que anteayer, que estuviéramos todos metidos e implicados en una reflexión estratégica sobre los temas energéticos.
Desde esta perspectiva, dijimos
entonces y repetimos ahora, que nos resulta algo paradójico que un ministerio que arrancó -ustedes recordarán- con el lanzamiento de un Libro Blanco sobre el mercado español de la generación eléctrica, al final de la legislatura diga que empieza con
la reflexión estratégica. No encajan del todo bien las cosas.
En fin, no es esto lo que más paradójico le parece a mi grupo. Me refiero en concreto al hecho de que en esa Europa de la que todos decimos que formamos parte, pero en la que
sinceramente no participamos con rigor, compromiso y trabajo, la reflexión estratégica de la energía en la perspectiva del año 2030 está hecha. Ahí están los documentos. Cuando uno tiene en cuenta este dato, le vienen a la mente algunas preguntas
como estas: ¿cómo es posible que nosotros, que supuestamente habíamos participado en la reflexión estratégica europea sobre el mercado energético el año 2030, no tengamos hechos los trabajos de casa? ¿Cómo hemos opinado allá, sobre la base de qué,
o es que quizá vamos a desarrollar una reflexión estratégica autárquica? Algunas afirmaciones parece que en esa dirección pudieran encaminarse, pero a ese respecto voy a citar algo que leí ayer en un periódico europeo del señor Barroso: ¿Qué es
esto de la soberanía energética de un país cuando se es casi totalmente dependiente en importaciones de petróleo y gas? -Lo decía el señor Barroso ayer-. De modo que va siendo hora de que de verdad echemos a andar la reflexión estratégica sobre la
energía entre nosotros. Ahora bien, hubiera sido conveniente que estuviera ya relanzada, pero, en cualquier caso, no puede consistir en un informe y en un estudio. La proposición no de ley que ha presentado CiU permite una lectura que es la que a
mi grupo le gustaría que se hiciera finalmente, y entendemos que la enmienda del Grupo Socialista, que ha cambiado la parte introductoria, da todavía más pie a esta interpretación que ahora voy a hacer, que es la que a nuestro juicio se debe hacer
en este tema.
Lo voy a resumir muy brevemente. Uno. Reflexión estratégica: perspectiva a medio y largo plazo, es decir, no dejarnos llevar por la coyuntura en esta ocasión. Dos. Reflexión permanente, no un informe que se hace una vez para que se vea
en treinta años, no, no. Es iniciar un proceso de reflexión estratégica que debe actualizarse permanentemente. Tres. No un informe de expertos, no solo un informe de expertos ni de agencias. Yo creo que todos debemos participar en esa reflexión
estratégica, debe participar el Gobierno en su totalidad -se ha hecho alusión a eso-, debe participar este Congreso y debe
participar toda la sociedad. Este es un proceso en el que hay que entrar.
Otro punto clave para mi grupo y para mí es que esta reflexión no la hagamos al margen de la reflexión estratégica de Europa, al contrario, encarnémosla si queremos
ahí, en esa reflexión que, insisto, está hecha, leamos lo que se ha hecho. Y reflexión -con esto termino- para actuar, vuelvo a citar al presidente de la Comisión, al señor Barroso, que ayer decía: Ya hemos hablado bastante, ya sabemos lo que
tenemos que hacer y sabemos que tenemos la tecnología y los conocimientos para hacerlo, ahora es hora de actuar. Eso decía ayer el señor don José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. A mi grupo, que va a apoyar evidentemente la
proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, y que en cierto sentido nos parece mejorada por la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, le gustaría que se hiciera esta interpretación, esta es la visión que mi grupo tiene de lo
que debe ser una reflexión estratégica, y esperando que algo de esto resulte apoyaremos la suya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Enmiendas. (Pausa.) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Señor presidente, ya he dicho en mi intervención que en este caso aceptaríamos solamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA PESQUERÍA DE LA ANCHOA.
(Número de expediente 162/000562.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la pesquería de la anchoa. Para la defensa de la misma interviene por siete minutos el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado en este Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la pesquería de la anchoa. Como saben ustedes, en diciembre último, en el Consejo de Ministros de Pesca de la
Unión Europea, se negociaron los nuevos TAC, o sea las cuotas de pesca para las diferentes especies. Tras esta negociación básicamente todos los grupos de la Cámara reconocimos que la negociación y en general los acuerdos respecto a las cuotas
fueron correctos. Esto es importante resaltarlo, además porque así lo reconoce casi todo el sector pesquero afectado que es lo importante, y así se lo transmitimos a la ministra. Se fue al Consejo con acuerdos previos sobre los TAC, sobre las
cuotas de pesca, con criterios bastante claros de negociación e integrando, formalmente al menos, a las comunidades autónomas afectadas y a la delegación del Estado español. Hasta aquí, todo correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motivo
de esta proposición no de ley? Pues bien, ya lo planteamos en la comparecencia de la ministra y es que hay una especie, la anchoa, sobre la cual nuestro grupo lleva insistiendo durante muchos años planteando la incorrecta gestión y las
negociaciones para dicha pesquería que se han ido realizando a lo largo del tiempo con el Estado francés; las nefastas consecuencias que ello ha ido acarreando y el tiempo, tristemente, nos ha ido dando la razón, una pesquería que, como es
conocido, se encuentra en estos momentos en gravísimo peligro de extinción. Pero también hay que decir que actualmente se vislumbra la esperanza porque todos nos hemos concienciado de que hay que tomar decisiones drásticas para garantizar su
futuro. El primero que se ha concienciado es el propio sector de bajura que está dispuesto a hacer grandes sacrificios, ya lo hizo parando prácticamente la flota el año pasado y está dispuesto a tener toda la flota parada este año. Las
administraciones competentes son asimismo conscientes y entiendo que los grupos políticos también. Nos hemos concienciado tanto que todos estábamos de acuerdo, tras un pequeño debate en casa, en solicitar y exigir un TAC cero, o sea cuota cero de
pesca este año en la pesquería de la anchoa, por lo menos mientras se demostrara que la especie no se recuperaba. En esas estábamos hasta que surgió la noticia de que se aprobaba la realización de una campaña experimental entre el 15 de abril y el
15 de junio, es decir, dos meses en primavera, que es cuando la anchoa está con las rabas, o sea llena de huevas, con 28 barcos para realizar la campaña experimental. Pero, claro, son 20 barcos cerqueros españoles y 8 barcos pelágicos franceses. O
sea barcos franceses con artes que cuando capturan la anchoa ya no están en condiciones de devolverla al mar, mientras que con los cerqueros sí sería posible. Es una campaña que no responde a inquietudes de los comités científicos, ya que estos en
ningún momento han recomendado la realización de una campaña experimental de estas características, todo lo contrario. Han manifestado claramente que en el momento actual las campañas acústicas y huevas de primavera son las únicas capaces de
suministrar indicadores sobre la situación del stock. Es una campaña en la que el Estado francés no da ninguna consideración de vinculante a la propuesta que la comisión científica vaya a aprobar. Además, esto no lo decimos nosotros, lo ha dicho
el Estado francés públicamente. Es una campaña que si no se regula estrictamente, y es enormemente complicado hacerlo, puede permitir amparar niveles de capturas inaceptables, dada la situación del stock, dos meses, y, como antes he dicho, con
barcos pelágicos que pueden pescar prácticamente lo que deseen y exista. Además con una agravante de que si dichas capturas científicas, entre comillas, pueden comercializarse, y hay que recordar que es precisamente el Estado español el objetivo de
ese mercado, de ese comercio, el objetivo biológico, entre
comillas también, de esta campaña, ha quedado supeditado al del beneficio industrial.
Pues bien, esto ha hecho saltar todas las alarmas, se ha creado, y entendemos aceptado, una puerta falsa. El sector, pero el sector de todo el Cantábrico, estamos hablando de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, de todos los colores y
opiniones, está firme y además en una posición unánime de que hay que crear garantías para que esto no ocurra.
Se nos podrá acusar de ponernos la venda antes de la herida. No es cierto. Obviamente ya está demostrado, y la historia nos lo está
planteando continuamente, que la herida existe y la historia también.
Algunos hasta tienen -y disculpen la expresión- el culo pelado, y me refiero al sector de bajura del Cantábrico, y de lo que se trata es de que, por una vez, actuemos
preventivamente en la línea de lo pactado de un TAC realmente cero, sin puertas falsas. Estos días, y quizá en estos mismos momentos, el comité científico determine su obligación profesional y científica; sería una gran noticia. Y el hecho de que
los Estados español y francés sigan dichas directrices escrupulosamente sería otra gran noticia. Pero la gran garantía de que ello será efectivo y real y no quede la más mínima tentación, es que se adopte la decisión de no permitir la
comercialización de dicha anchoa en el Estado español y de que se inste a la UE a que acuerde lo mismo en el ámbito de la Unión.
Esto es lo que todo el sector quiere por unanimidad y, vuelvo a repetir, todo el sector. Las comunidades autónomas y
nuestro grupo -y creo sinceramente que el resto de grupos de esta Cámara también- en su fuero interno así lo manifiestan.
Señores del Grupo Socialista, nos encantaría equivocarnos, sinceramente, y que se realice una campaña cuyo único objetivo sea la determinación y seguimiento de la situación real de la anchoa. Nos encantaría que la anchoa se recuperase, que
los pescadores se dedicasen a su verdadero oficio, la pesca, y que viviesen de ello, que hubiésemos aprendido de nuestra historia y que en el futuro la gestión y las negociaciones de la pesquería fuesen reales, adecuadas y sostenibles, y si todo eso
se produce a partir de esta campaña, fantástico, todos nos felicitaremos.
Por tanto, hemos abordado esta PNL con ese objetivo y planteamos básicamente tres puntos como el de la prohibición de la comercialización del Estado español de esa campaña
experimental, no con objetivos comerciales, de la forma y los métodos en que hay que realizar esa campaña y, desde luego, también de instrumentar los medios para que la flota que va a realizar un gran sacrificio tenga unas compensaciones ágiles y
rápidas tanto de la Administración Central como de las administraciones autonómicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, señor García Díez, tiene cinco minutos.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en muy poco tiempo, como se ha recordado por el diputado que acaba de intervenir, hemos tenido ocasión en este Congreso de debatir aspectos relacionados con la problemática de esta pesquería, en concreto el día 8, en la
comparecencia de nuestra ministra de Agricultura, y hoy con la proposición no de ley a la cual nos estamos refiriendo en este momento. Ambos debates van a permitir clarificar la posición de cada grupo en esta cuestión, que lejos de ser un problema
menor tiene una proyección importante dentro del sector pesquero de bajura y que afecta, como acaba de recordarse, a todo el Cantábrico, incluida Galicia. Estamos hablando de unos 200 barcos, de más de 3.000 tripulantes, por tanto 3.000 familias, y
de que esta pesquería junto con la del bonito representa aproximadamente el 80 por ciento de todos los ingresos de la flota de bajura. Por ello, como digo, no es un problema menor.
Desde el primer momento en el Grupo Parlamentario Popular mantuvimos una sospecha fundada de que estas campañas experimentales que se han planteado, que están perfectamente recogidas en el texto de la proposición no de ley y que acaban de
ser explicadas, tenían o podían tener gato encerrado. Impuesto ese TAC cero, que debería representar cero real por la situación que científicamente había quedado demostrada en las campañas anteriores de encontrarnos ante un colapso total de esta
pesquería en el golfo de Vizcaya, algunos pensaron que había que buscar una puerta falsa para continuar pescando; son aquellos que no miran al futuro, sino que solo les preocupa el presente. Estas pueden parecer palabras muy duras, pero estoy
refiriéndome a la flota francesa. En su comparecencia la señora ministra nos reiteró una y otra vez que se trataba de una campaña experimental aprobada por unanimidad en el Consejo de la Unión Europea. Yo le reproché cierta demagogia en esta
afirmación, ya que hay que recordar que esa unanimidad en este caso la determinarían únicamente España y Francia, que tienen el 90 y el 10 por ciento respectivamente de TAC de esa pesquería. También y desde el primer momento consideramos inadecuado
que barcos comerciales pudieran participar en una campaña en la que lo único que cabría descubrir -porque ya todo se sabe-, lo único que deberíamos conocer es cómo están los indicadores de reproducción de esta especie. Como comprenderán, señorías,
evidentemente eso quién lo debe determinar, quién lo debe aportar son barcos científicos y no buques de pesca comerciales. Por tanto, insistimos una vez más en la necesidad de impedir por todos los medios legales a nuestro alcance que esta campaña
científica pueda acabar en pesca comercial. Señorías, espero que entiendan mejor ahora por qué tenemos tantas dudas en la realización de esta campaña, que nadie, como también acaba de recordarse, del sector pesquero ha pedido y que todos
unánimemente rechazan. A tenor de la información de la que hoy disponemos quien no aguanta tanto despropósito es ya el caladero.
Por tanto, el objetivo no debería ser otro que frenar a quienes por sus condiciones operativas pueden conseguir rentabilizar, aunque sea mínimamente, una campaña que tendrá una repercusión negativa en nuestro sector artesanal, que está
pidiendo a gritos no pescar.
Hemos presentado una enmienda que lo que pretende -creo que puede conseguirlo- es mejorar el texto en dos aspectos: primero, conseguir que el pago de las ayudas prometidas por la Administración para este cese de la actividad pesquera se
haga por adelantado y posteriormente se proceda a su regularización; y, segundo, que el reparto de buques pesqueros españoles durante esta campaña -de llevarse finalmente a cabo esta campaña experimental- sea proporcional al número de barcos que
pertenecen a cada comunidad autónoma para esta pesquería. Respecto al punto 1, a las ayudas, no acaban los problemas para los afectados con la incertidumbre de si va a aprovecharse la campaña para que en este tiempo otros pesquen, sino que estas
ayudas prometidas, que están tardando una eternidad, lleguen de forma anticipada. Hay que pensar que los pescadores, igual que nosotros, tienen que ir al supermercado a comprar sus alimentos y no pueden decirle a la cajera que ya pagarán cuando el
ministerio les haga efectivas las ayudas. Nuestra propuesta es clara: las ayudas deben pagarse de forma anticipada. Hay antecedentes en el ministerio, han funcionado en otras ocasiones, por lo tanto no estamos presentando ninguna propuesta
extraña. Respecto al segundo aspecto introducido en nuestra enmienda, nos parece igualmente justo que la presencia de estos buques que participan en la campaña sea proporcional, como decía hace un momento, a la de los que representan a cada
comunidad autónoma en esta pesquería.
Por falta de tiempo, voy a finalizar diciéndoles que hay una creciente crispación y preocupación dentro de la flota pesquera. Aunque mis palabras han tratado de ser prudentes y constructivas, a pesar de esa crispación en el sector, ayer
mismo se escuchaban en otro Parlamento, en el vasco, en boca de los representantes de las cofradías vascas, concretamente de Vizcaya y de Guipúzcoa, frases probablemente mucho más duras, que yo he evitado. Se escucharon referencias a la actitud
chulesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la adopción de acuerdos de espaldas al sector. Se dijo -leo textualmente-: Los tres años que lleva gobernando en Madrid el PSOE es el peor Gobierno para la pesca de bajura, no tiene
parangón. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere apoyar la iniciativa presentada con las mejoras propuestas por la enmienda que nosotros acabamos de defender. Preferiríamos por el bien del sector que así fuera, que así se
aprobara; si no fuera así, lo lamentaríamos y nos entristecería, fundamentalmente por defraudar a todos los que están pidiendo en este momento contundencia y firmeza a nuestro Gobierno de forma unánime.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, la Unión Europea a final de cada año reparte entre los Estados miembros el total de capturas permisibles en sus aguas. El reparto de TAC y cuotas es la decisión más importante que toma
anualmente la Comisión en materia de pesca. Como se dijo ya aquí, el acuerdo del pasado mes de diciembre es globalmente positivo y es el mejor para España en los últimos diez años. Que en ese acuerdo se puedan aumentar las capturas en varias e
importantes especies se debe a que hubo una buena negociación y sobre todo a que anteriormente se aplicaron restricciones para facilitar la recuperación de estas especies. Con todo, un acuerdo globalmente positivo tiene sombras en el tema de la
anchoa, como aquí se dijo. Estamos ante una pesquería con peso relativo menor en el acuerdo global, pero muy importante a nivel económico y social en zonas del País Vasco y puertos de Cantabria, Asturias y Galicia. Es un tema importante, por eso
el Gobierno y el grupo parlamentario que represento están comprometidos, desde que existen señales inequívocas de agotamiento del caladero, en buscar su recuperación para la pesca sostenible. En coherencia con lo anterior, el Gobierno, de acuerdo
con los informes científicos y siguiendo los compromisos asumidos con el sector, solicitó un TAC cero para este stock hasta que no se dispusiera de la evaluación científica de primavera. En la Comisión España hace sus propuestas, igual que los
demás países.
España defiende un TAC cero y Francia la apertura total del caladero.
España consigue su reclamación, pero la Comisión y la Presidencia ofrecieron la posibilidad de llevar a cabo campañas experimentales científicas con observadores a
bordo de buques comerciales. Señor García Díez, le recuerdo que en el año 2000 se autorizó una campaña experimental de España de cinco barcos durante 60 días y se comercializó el producto obtenido. Volviendo al tema, en el caso concreto de la
decisión de la Comisión del mes de diciembre, estas campañas se realizarían previa consulta al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca y en todo momento bajo la supervisión de la Comisión. En consecuencia, para nosotros la finalidad de
la campaña experimental solo puede ser disponer de más datos fiables que, junto con los de la campaña científica de primavera, permitan una evaluación correcta del estado real del recurso.
Señorías, nos encontramos ante una campaña experimental planteada por la Comisión Europea y aprobada por el Consejo de Ministros, en el que estaban los ministros de 25 países. Aceptar esta campaña experimental, que es por otra parte una
práctica habitual en otros temas, no significa en modo alguno renunciar a utilizar todos los medios previstos para que la aplicación de esta campaña responda exclusivamente a los fines para los que se ha diseñado, o sea para valorar la situación del
recurso. En este sentido va la propuesta del Grupo Vasco
y también nuestras enmiendas a la misma. Todos pretendemos que la campaña se realice con todas las garantías y que sean los científicos los que den las pautas de su diseño, con el fin de que no se desvirtúen los objetivos planteados en el
Reglamento de TAC y cuotas. Compartimos, por tanto, la filosofía de la propuesta y nuestras enmiendas así lo demuestran. La única diferencia es que nosotros entendemos que el Gobierno no puede, de forma unilateral, cerrar nuestro mercado tras una
decisión de la Unión Europea. Podemos cerrar nuestro mercado, pero de acuerdo con la Unión Europea. Señorías, nosotros podemos y queremos demandar a la Unión Europea que se cierre el mercado para la anchoa, pero el cierre unilateral nos parece un
precedente que rompe las reglas del juego y que tiene costes que no podemos ni debemos asumir. El Gobierno está demandando ya de la Unión Europea la no comercialización de la anchoa de las campañas experimentales. Señorías, una votación de este
Parlamento acordando la prohibición de forma unilateral no sería una ayuda en esta negociación. Señorías, hay tiempo, no nos precipitemos, la campaña comienza en abril. Los días 19 y 20 de este mes se reunió el Comité científico; muy pronto
sabremos sus conclusiones y el posterior diseño de las campañas. Será entonces cuando podremos pronunciarnos con más argumentos. Nosotros confiamos, en principio, en el trabajo de este comité. En todo caso, como decía, hay tiempo para volver
sobre el tema.
La credibilidad de la Unión Europea respecto a la pesca sostenible está en juego en este tema. Para terminar quisiera decirles que me parece un contrasentido que coincidamos en lo fundamental y no podamos votar positivamente esta
propuesta por un punto que para nosotros es de imposible cumplimiento.
Señorías, es nuestra obligación escuchar a las cofradías, pero nuestro mandato como diputados es, entre otras cosas, defender en la Unión Europea un conjunto más amplio de intereses que debemos compatibilizar.
Por favor, reflexionemos
todos. Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Mixto. Fijación de posiciones.
Doña Begoña Lasagabaster, adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Adelanto nuestro voto favorable a la proposición no de ley que ha presentado el señor Txueka, del Grupo Vasco. Es un tema de gran sensibilidad, más allá de a quiénes afecte, y no
creo que, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, haya que compatibilizarlo con no se sabe qué intereses. Lo que hay que hacer es tener muy presente de qué estamos hablando. Estamos hablando de la extinción de una especie, y
todos los datos que proporcionan institutos como ASTI o el del ministerio, que son muchos, e incluso los datos de capturas -se ha pasado de capturar 80.000 toneladas en 1965 a apenas 200 toneladas en mayo de 2005-, nos indican que hay un serio y
grave problema. Por tanto, las campañas experimentales resultan difíciles de entender cuando todos los datos -datos muy claros, muy concretos y muy experimentados- señalan que el problema está ahí y que es grave. La respuesta es: ¿Qué hay que
compatibilizar? ¿Los intereses económicos del famoso y potente lobby francés de pesca en la Comisión que todos conocemos? ¿Qué hay que compatibilizar? Desgraciadamente la flota de bajura ya ha sufrido mucho. Las ayudas tienen que ser razonable y
razonadamente objeto de justificación y de compensación y deben ser recibidas cuanto antes, pero lo que no entendemos es cómo se permitió una campaña experimental con veintiocho barcos -veinte del Estado español y ocho franceses-. Un TAC cero está
muy bien, pero usted sabe que los pelágicos, los arrastreros se pueden llevar más del 50 por ciento de lo que pueda ser el TAC; es decir incluso en esa compatibilización de intereses el 90 por ciento del TAC español pasaría a ser el 50 por ciento;
una cosa increíble. Lo que realmente debe hacerse es, conociendo los antecedentes -centrémonos en los del año 1994 con los famosos conflictos que hubo entre cerqueros y pelágicos-, establecer garantías para que no se pueda producir la esquilmación
de la especie, una venta encubierta o conflictos, sino que la flota de bajura tenga las compensaciones justificadas en el tiempo adecuado para que esto no vuelva a pasar. Llegaron a la mitad, TAC cero, pero permitieron una pesca, entrecomillas,
experimental que al final a lo mejor resulta que no termina siendo cero.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente. Compartimos el contenido de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco porque los informes del Comité Científico, Técnico y Económico de la pesca dejan claro el
límite de la biomasa de anchoa en el golfo de Vizcaya. Además, en su reunión de los días 19 y 20 de febrero quedó claro que debía permanecer cerrada la explotación por este límite de la biomasa y que solamente se debería abrir, en todo caso, entre
mayo y junio de 2007 si hubiera una generación fuerte de la especie en relación con el año 2006. Por lo tanto, el problema no es el TAC cero -sin duda todos debemos compartir que es una realidad-, sino lo que denominan pesca experimental, a la que
ya se refirieron mis compañeros, y que como tal no es una pesca de carácter científico. Sería muy necesario que para que fuera realmente científica o no comercial estuviera financiada por la Administración y controlada por los científicos. Todos
conocemos cuál es la práctica de la flota francesa y su modo de pescar, lo que llevó al colapso de la anchoa. Sin duda alguna es necesario, por lo tanto, tomar las cosas con mucha cautela, con precaución y establecer ayudas claras para el sector
para no volver a repetir el error de campañas como las que hubo anteriormente, en concreto la de hace tres años, cuando
realmente los propios científicos ya establecieron la mínima biomasa que había y el mínimo reclutamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por Iniciativa el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con brevedad, porque los argumentos están dados y además la proposición no de ley es suficientemente clara en lo que propone y en la explicación de por qué lo propone. En definitiva, de lo que se trata es de desarrollar una
política más activa en defensa de la sostenibilidad de la actividad pesquera, de que las técnicas y artes de pesca sean respetuosas con ese mismo objetivo de sostenibilidad, de que se defiendan criterios científicos para decretar cierres o aperturas
de cualquier pesquería y de respetar el Consejo científico de gestión. Por ello, la llamada campaña experimental puede resultar una forma de evadir este control científico y de romper nuestro propio compromiso en esta cuestión. Por lo tanto, nos
manifestamos a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por Esquerra, señor Ramón, por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente. El Grupo Vasco nos presenta hoy una proposición no de ley ante la mala expectativa que hay sobre esa pesca experimental -permítanme decirlo- poco comprensible, por decirlo de una manera
suave. Esta iniciativa es muy concreta: exige que el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca valore si esa pesca experimental es un buen sistema para analizar el stock de ese tipo de capturas -entiendo que no, pero es bueno que
científicamente alguien diga si es un buen sistema o no-, y marca claramente que, una vez se tenga que hacer esta pesca experimental, como decía, poco comprensible por todos, al menos se base en razones científicas y en ningún caso en razones
comerciales, que sería una manera, como decía el señor Txueka, de abrir esa puerta trasera permitiendo pescar a un sector que, como también han comentado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, está totalmente implicado, y dejar
de pescar afecta a este TAC cero. Es incomprensible esta pesca experimental, pero, como pide el Grupo Vasco en esta proposición, que al menos sea alguien científico quien diga si es bueno hacerlo o no y cómo debemos hacerlo. Estamos de acuerdo.
Esta iniciativa nos sugiere plantear a la Comisión Europea la necesidad de marcar criterios científicos a la hora de llevar a cabo esa pesca experimental, lo que nos parece razonable, y es un punto a tener en cuenta. Por último, cómo no,
pretende establecer ese instrumento para llegar a compensar a los pescadores de bajura la gran aportación que hacen a la regeneración de ese caladero. Como partidos nacionalistas, estamos conformes con que esa compensación esté en colaboración con
las comunidades autónomas. En definitiva, es una proposición no de ley que, ante la mala expectativa de esa pesca experimental, exige que se marquen criterios científicos. Nuestro grupo parlamentario la encuentra razonable y va a apoyarla en los
términos que presenta el Grupo Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por CiU, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo manifiesta su apoyo a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Vasco. Ya es la segunda vez en esta legislatura que en este Pleno defendemos este tema, que
requiere el máximo interés y el mayor consenso de todas las fuerzas de esta Cámara. Por tanto nos sumamos al hecho de que no se utilicen más puertas falsas, como ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, y que no se apele a la semántica para buscar
excusas para esquilmar a un sector que está en un posicionamiento muy favorable, que da todo lo que tiene, su capacidad de pesca, con sus útiles amarrados y completamente parados, y todo lo que se obtiene es el futuro. Quien mejor conoce estas
prácticas es quien las vive día a día. Por tanto, no entendemos que el Gobierno español tenga que aceptar un posicionamiento de la Unión Europea sin reclamar con más intensidad, sin buscar todos los elementos que obliguen a detener este falso
experimento que propone el Gobierno francés, que es una operación comercial coyuntural que va, como se ha recordado aquí, en contra de los intereses de un sector que en el 90 por ciento es dependiente del Estado español y solamente en el 10 por
ciento del Estado francés. Posiblemente este año se cambiarían, como ha dicho muy bien la portavoz de Eusko Alkartasuna, los parámetros de esta participación. Este es uno de los temas que habría que recordar al Gobierno, que tiene que defender
esta proporcionalidad, reiterando los posicionamientos anteriores, el carácter experimental, y que el Comité científico diga lo que corresponde y tenga el control científico del funcionamiento. Nuestro grupo se manifestará favorable a la
proposición del Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: Señor Txueka, sus en--mien-das.
El señor TXUEKA ISASTI: Vamos a aceptar las enmiendas propuestas por el Grupo Popular y, con harto pesar, vamos a rechazar las del Grupo Socialista, aunque compartamos, como ha dicho el portavoz, varias enmiendas; al no llegar a un acuerdo
en el punto 1 las vamos a rechazar.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. (Pausa.)
Votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación de un plan
estratégico sobre la energía, más las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 287; en contra, siete; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pesquería de la anchoa, más las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 153; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), SOBRE PREVISIONES DE FUTURO DE LA EMPRESA PÚBLICA NAVANTIA, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A PROPUESTAS PARA POSIBILITAR EL REGRESO DE NAVANTIA-FENE A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL CIVIL. (Número de
expediente 173/000174.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre previsiones de futuro de la empresa pública Navantia, especialmente en lo referido a
propuestas para posibilitar el regreso de Navantia-Fene a la construcción naval civil. (Rumores.) Señorías, silencio, por favor, el Pleno continúa. Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego, Galicia no puede permitirse el lujo de tener bienes públicos industriales ociosos y mucho menos en el caso de la
comarca de Ferrolterra. Esta no es una propuesta para privatizar lo público que está activo, en funcionamiento y generando riqueza. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, disculpe. Por favor, todo el mundo se queja, pero siempre que está algún diputado en el uso de la palabra hay que respetárselo, porque luego nos dolemos cuando nos toca a nosotros, pero solamente
cuando nos toca a nosotros. Por favor, mantengan silencio. Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Como digo, señor presidente, esta no es una propuesta para privatizar lo público en funcionamiento y creando riqueza, sino posibilitar que se pueda utilizar conforme a las reglas de juego del mercado que tanto
nos predican. Esta es una propuesta para hacer posible que un astillero expulsado hace 23 años de la construcción naval -de forma explícita hasta el año 2007 duraba la prohibición y de forma implícita, según dice el ministro Solbes, por acuerdos
con la Unión Europea- pueda volver a su función natural, que es lógicamente la que caracteriza a un astillero, construir barcos. Sin embargo, hoy este astillero no tiene proyectos propios y sería lógico renegociar lo que resulta irracional, su
expulsión de la construcción naval plena y de la construcción naval civil en particular. Recordarán que cuando en el debate del año 2004 en relación con la nueva reestructuración del sector, algún miembro, por ejemplo, del Partido Nacionalista
Vasco, señor Azpiazu, me dijo que debíamos estar satisfechos porque Astano quedaba en el sector público, yo le recordé que nosotros nunca podríamos participar del exiguo 20 por ciento que le dejaban para la construcción civil a Navantia y se ha
demostrado explícitamente durante estos tres años.
Tampoco de ese escaso 20 por ciento puede participar la antigua Astano.
Se da la paradoja, señorías, de que teniendo un gran astillero público en la ría de Ferrol, no puede construir barcos
civiles, pero los astilleros privados gallegos tienen que llevar, por ejemplo, la construcción de los cascos de grandes quimiqueros a Puerto Real. ¿Es esto racionalidad? ¿Es esto utilizar las sinergias? Por tanto, esta es una propuesta contra la
pasividad, el despilfarro social, la inactividad y la pérdida de cualificación en un sector en el que Galicia tiene gran experiencia histórica y cualificación tecnológica y donde, además, se ha generado gran cantidad de puestos de trabajo
históricamente que hoy, si no es con la restauración del sector de la construcción civil, no volveremos a recuperar nunca.
Señorías, la SEPI lo tiene muy claro, deja que los activos ociosos puedan ser privatizados para usos industriales alternativos, todo menos para la construcción civil. Pero eso sí, tampoco movió un dedo -y van ya tres años- para hacer un
plan industrial para la comarca y, por lo tanto, para demostrar con hechos que si no hay construcción naval civil habrá otras alternativas de carácter industrial. Por tanto, la nuestra es una alternativa contra la discriminación y la falta de
consideración ya histórica, a favor del come y deja comer y, en todo caso, para que acabe de una vez por todas lo que fue la utilización de Astano como moneda de cambio para otros negocios, otras connivencias y otros acuerdos.
Señorías, la
alternativa que defendemos hoy aquí es una alternativa que sigue la filosofía de la aprobada por unanimidad en
el Parlamento de Galicia el 13 de febrero del año 2007, que en su primer punto instaba en concreto al Gobierno a que adopte las medidas precisas que permitan que parte de los activos que en el pasado pertenecieron a Astano, en Fene, puedan
ser desafectados por la SEPI y dedicados a la construcción naval convencional en el ámbito civil. Por tanto, es una alternativa para autorresponsabilizarnos; eso es lo que quiere hacer el Gobierno gallego, y solamente pide un mínimo esfuerzo de
compromiso político al Gobierno del Estado, el esfuerzo de la transparencia, el esfuerzo, por lo menos, de estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento los activos ociosos dentro de la actual filosofía de mercado, de la iniciativa privada y de
la libre competencia. Hoy, señorías, todos los sectores industriales son problemáticos, pero unos tienen más potencialidad que otros, unos tienen un efecto multiplicador que otros no tienen, unos tienen una incidencia en la investigación y en el
desarrollo que otros no tienen. Este en concreto, además, dinamiza cantidad de puestos de trabajo y tiene una experiencia histórica inigualable, en concreto en la comarca de Ferrol, y una instalación óptima que hoy está desperdiciada. Les vuelvo a
repetir que es un despilfarro social. Para el Bloque Nacionalista Galego este fue un debate sustancial durante muchos años. Los compañeros y compañeras que están aquí desde el año 1996 recordarán que mantuvimos un pulso constante, en concreto
centrado -y esto es lo sustancial- en el regreso de Astano a la construcción naval convencional. Doce años; no es un invento de ahora, no es un invento electoral, no es solamente que haya el Gobierno en Galicia, pero el Gobierno en Galicia
posibilita que podamos defender esto, primero, con mayor legitimidad; segundo, con más fuerza, y tercero -esperemos-, con una mayor sensibilidad por parte del Estado español. Lo que pedimos hoy aquí no es más que lo siguiente: que el Gobierno
esté dispuesto a dialogar con la Xunta de Galicia desde esta perspectiva, por lo menos, de estudiar esta posibilidad y no desecharla de una manera olímpica y despreciativa. En segundo lugar, el acuerdo con la Unión Europea, si es que implícitamente
tiene la prohibición, que explícitamente no la vimos en ningún sitio, así como en los acuerdos anteriores sí estaba, en 1987 era explícita, señalaba a Astano la prohibición de construir barcos y eso duraba hasta el año 2007, año en el que estamos,
en la reestructuración de 2004 en ningún documento público aparece eso; aparece la creación de un grupo militar, Navantia, donde está integrado el antiguo Astano a todos los efectos y formando parte de esa empresa, aunque sigue en la práctica con
esas limitaciones que son, desde todo punto de vista, no asumibles por ningún gobierno digno de un país ni tampoco por su opinión pública. Por lo tanto, van a pasar tres años desde el año 2004, ¿no se puede renegociar un acuerdo, en caso de que esa
cláusula exista que, vuelvo a repetir, será un acuerdo implícito pero no explícito, porque nunca nos lo enseñaron? Es también una opción no por darle esto a una empresa privada cualquiera, sino porque vayan los activos ociosos a un concurso
público. Es una opción para que de una vez por todas haya un plan industrial de verdad en nuestro país y en nuestra comarca, prometido por la SEPI cuando se hizo una reestructuración del sector naval. La mejor forma de reindustrialización de esa
comarca de nuestro país es el regreso a la construcción civil en las actuales circunstancias del mercado y, por supuesto, con todo el respeto del mundo por la plantilla actual, que podrá definir cuál es su legítima opción.
Señorías, creo que
plantear las cosas solamente para que se puedan estudiar es una opción racional. La irracional es cerrarse en banda a todo tipo de análisis y de estudio de esta situación con quien democráticamente también tiene responsabilidades, que es el
Gobierno gallego.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Para la enmienda presentada a la moción, en un turno de cinco minutos, señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Gracias, señor presidente.
Permítanme que comience mi intervención con algunos datos. En la actualidad Navantia-Fene trabaja en la elaboración de 70 bloques del buque de proyección estratégica y de la fragata noruega, con 350 personas en plantilla y 660 de compañías
auxiliares, lo que garantiza ocupación a este nivel más allá del 2010. Esta actividad ocupa en la actualidad todos los talleres disponibles en el astillero. Su facturación en el año 2006 fue de 420 millones de euros, un nivel similar, por cierto,
al de la suma de Ferrol y Fene antes de los acuerdos de 2004. El astillero de Fene, señorías, no es por tanto un activo ocioso, sino una pieza clave que Navantia necesita para hacer frente a sus pedidos. Es necesario afirmar que no estamos ante
una crisis. No hay trabajadores cuyo puesto de trabajo peligre ni la empresa se encuentra en una situación patrimonial que fuerce un proceso de ajuste. Además, debemos reconocer que todo esto es debido a los efectos positivos del acuerdo que en
2004 firmamos con los sindicatos y con la Unión Europea. Gracias a este acuerdo se ha podido superar la situación de quiebra resultante de la nefasta gestión del Gobierno del Partido Popular. Por esto, señorías, la actual empresa Navantia en Fene
y en Ferrol es el principal bien a proteger. No podemos embarcarnos en ninguna aventura que ponga en riesgo lo que todos defendimos detrás de las pancartas: No, no, no a la privatización; sector naval público en la ría de Ferrol. Esto gritábamos
conjuntamente detrás de la pancarta en aquella época. A pesar de lo anterior, es cierto que pueda resultar compatible con Navantia la instalación de otros proyectos industriales en determinados espacios que la empresa no utiliza. En esta línea, el
presidente de la Xunta de Galicia ha manifestado su compromiso para trabajar conjuntamente con el Gobierno central para optimizar las potencialidades industriales del astillero. Pero, desde la Consellería de Industria se ha avalado un plan junto a
una empresa
privada, con Hijos de Barreras, quien supuestamente dedicaría las instalaciones a la construcción naval civil. De este plan podría decir varias cosas: que es incompatible con los objetivos de Navantia-Fene; que pretende simplemente la
cesión gratuita de los activos de la empresa Barreras incumpliendo la Ley de Privatizaciones; que carece de plan financiero; que la supuesta carga de trabajo se concreta simplemente en un plan de márquetin, o que con ese proyecto Navantia-Fene
facturaría menos de la mitad de lo que ahora ingresa. Sin embargo, no es necesario que dedique mucho tiempo a descalificarlo, porque hoy el propio empresario anuncia en la prensa una importante inversión en Asia tras frustrarse -dice- el plan de
Navantia- Fene. Por cierto, señorías, antes de la votación de hoy, me pregunto: ¿qué estamos votando? Simplemente, ya no hay propuesta empresarial para la privatización que el BNG propone.
Quizás en este punto habría que recordar que el mes de
mayo simplemente es la fecha de las elecciones municipales. Nada se juega en materia de política industrial. Pasará mayo y seguiremos cumpliendo los compromisos con la Unión Europea y seguiremos cumpliendo y mejorando la carga de trabajo del
sector naval en la ría de Ferrol gracias a una buena política comercial. El compromiso del Gobierno central y de la Xunta de Galicia con la reindustrialización de Ferrol es firme y rotundo, como demuestran los presupuestos del Estado y
específicamente el Plan Ferrol, pero ni el Gobierno ni el Grupo Socialista compartimos el optimismo del BNG sobre el futuro de la construcción naval civil ni sobre su propuesta de privatizar Navantia-Fene. Señorías, privatizar ahora este centro
para dedicarlo a la construcción naval civil sería simplemente retroceder treinta años para repetir los mismos traumas y errores. En definitiva, la enmienda que defiende el Grupo Parlamentario Socialista se sustenta en tres principios. Primero,
proteger el proyecto industrial de Navantia; segundo, optimizar los activos susceptibles de acoger nuevas actividades empresariales, y tercero, cumplir con los compromisos de la Unión Europea. En estos tres principios fundamentamos la enmienda que
presentamos. Señorías, es una posición razonable. Primero, protejamos la empresa Navantia; no pongamos en peligro su futuro a cambio de humo. En segundo lugar, definamos a través del plan industrial cuáles pueden ser los activos ociosos de las
instalaciones de Fene. En tercer lugar, actuemos bajo procedimientos claros, transparentes y bajo la libre concurrencia, y finalmente cumplamos los acuerdos con la Unión Europea y los sindicatos. Señoría, de todo lo contrario tenemos ya demasiadas
experiencias negativas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carro.
Fijación de posiciones. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
En los últimos años se está produciendo un fenómeno de sinergia positiva en el archipiélago canario con relación a los astilleros ubicados en Galicia y que puede merecer una calificación no solamente nacional, sino también internacional, de
muy excelente por la calidad de los buques que se han construido para navieras privadas, comerciales, mercantiles en Canarias. El caso más reciente es el de la naviera Armas, que tiene toda una flota de buques, construidos en su mayor parte en
astilleros gallegos, para el servicio de pasajeros, coches y mercancías entre las islas del archipiélago canario; incluso, la última unidad que en estos momentos se está construyendo en dique seco en Vigo por la firma Barreras, va a realizar viajes
entre las cercanas islas portuguesas, territorios ultraperiféricos, como es el caso de la isla de Madeira.
Hemos seguido siempre muy de cerca estas construcciones, como las realizadas por el astillero Hijos de Barreras en Vigo, porque esto
demuestra que en Galicia existe calidad -este también es el caso de Navantia- en la construcción realizada por los astilleros. La propuesta que hoy ha presentado y defendido aquí el Grupo Parlamentario Mixto por parte del Bloque Nacionalista Galego
merece nuestro apoyo. Creemos que hay un principio de racionalidad y de entidad, y prueba de ello es que se nos han hecho llegar acuerdos alcanzados por el Parlamento de Galicia donde se aprobaron por unanimidad unas líneas de apoyo a Navantia
encaminadas a crear una situación de sosiego y de tranquilidad.
La moción consecuencia de interpelación que el Bloque Nacionalista Galego nos trae en su punto 5 trata de resolver en este momento los problemas en previsión de que no vaya a ocurrir ninguna dislocación en los temas de adecuación de lo que
fue en su día la participación de los astilleros en zona militar y en zona civil. Si hay en este momento una cartera positiva -lo ha señalado el portavoz socialista, vienen en los datos de la cartera de pedido que tiene en este momento el sector
militar naval de Navantia en buques de guerra-, que se tenga en cuenta también lo que es una segregación en el patrimonio, sin perjuicio -como propone incluso alguna de las cantidades estipuladas en el párrafo de la iniciativa de la moción- de
aquellos activos financieros o no, sobre todo aquellos activos de infraestructura, de construcción naval que puedan ser objeto de subasta, o de venta, o de privatización -como se les quiera llamar- por otras empresas civiles que estuvieran en el
sector. Nosotros queremos hacer un acto aquí de solidaridad y de comprensión, además nos parece sensato aquello de que prevenir es mejor que curar y que se tengan en cuenta las iniciativas que trae esta moción. Nosotros desde Coalición Canaria la
vamos a apoyar y la votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señor Pérez, por Izquierda Unida.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros somos partidarios de cumplir los compromisos del acuerdo de diciembre de 2004 suscritos por los sindicatos más representativos del sector. No compartimos procesos de privatización de recursos que la moción llama ociosos y que
nosotros creemos que deben ser recursos que debieran servir para impulsar la actividad industrial en la comarca del Ferrol y la generación de empleo. Orientar esos recursos, por ejemplo, hacia la industria de energías alternativas es una opción
viable, es una opción positiva y, desde luego, para nosotros sería prioritaria con respecto a lo que se nos propone. En un sentido opuesto no avalaríamos salidas que pudieran servir, sin pretenderlo, a nuevas operaciones especulativas u operaciones
inmobiliarias, ni desde luego opciones ya conocidas como la del astillero de Vigo, que sirvió para poner alguna empresa en beneficios a costa del empleo, a costa de los trabajadores.
Nosotros somos partidarios de mantener la acción comercial de
Navantia y, por tanto, no podemos compartir la finalidad de la moción presentada fundamentalmente en lo que se refiere a sus puntos 1 y 2. Coincidimos más, por esta lógica, con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, si bien es cierto que
no la entendemos como una enmienda propiamente dicha, sino casi como una propuesta alternativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
Básicamente la vamos a aprobar sin entrar en la consideración ni en el análisis en profundidad de la
misma porque esta es una iniciativa que se aprobó por unanimidad por todas las formaciones políticas del Parlamento gallego. Como es lógico, y desde un punto de vista objetivo, nuestro grupo parlamentario nunca va a ir contra una iniciativa que ha
aprobado por unanimidad el Parlamento gallego. El señor Rodríguez, representante del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento español, ha hecho muy bien al presentar esta iniciativa con unos puntos y unos aspectos determinados que son los mismos
que aprobó en su momento el Parlamento gallego. Dicho esto, también querríamos plantear nuestra posición, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'. Repito, no vamos a ir en contra de lo aprobado ni vamos a entrar en el fondo de esta
iniciativa, pero sí quisiéramos hacer una reflexión respecto a lo que hoy nuestro grupo va a apoyar, la moción del Bloque Nacionalista Galego. No sé si lo que planteamos en el primer punto, señor Rodríguez, va en contra de una iniciativa, de una
propuesta de la Unión Europea. De todas formas, repito, vamos a votar a favor, pero nos preocupa que vayamos en contra de una iniciativa, de una propuesta o de un compromiso que se le planteó al Gobierno español desde la Unión Europea en el sentido
de que hasta el año 2015 estas instalaciones navieras tenían que estar dedicadas a la construcción militar. Tampoco sabemos si en caso de que prospere esta iniciativa, y por descontado que desde Convergència i Unió le vamos a desear todos los
éxitos empresariales posibles, es competitivo que en este momento se puedan fabricar en España buques comerciales, porque hoy el mercado, la competencia, parece ser, hace más competitivo fabricar en otros países asiáticos o en Finlandia, por
ejemplo, que fabricar en España. Pero si ustedes han analizado esta cuestión con profundidad y parten de la base de que sería necesario plantear esta separación o segregación de SEPI para salirse de lo público e ir hacia lo privado, pues nosotros
también lo valoramos positivamente y lo vamos a votar favorablemente, pero no sé si estamos en la línea jurídica legal en que en estos momentos se encuentran los acuerdos entre el Estado español y la Unión Europea. Tampoco sé, sinceramente, si una
aprobación o un planteamiento como es salirse de lo público para ir hacia lo privado no es un contrasentido con lo que se ha venido planteando en años anteriores en debates intensos en el Congreso, cuando lo que se pedía desde algunas comunidades
autónomas era más bien que no se privatizaran los astilleros y, por el contrario, que pudieran seguir subsistiendo bajo el paraguas de SEPI o del anterior INI. Partiendo de la base de que vamos a votar favorablemente, me ha gustado hacer estas
consideraciones porque no sé si estamos en la línea adecuada y tampoco nos agradaría que porque se aprobara esta iniciativa, el Estado español pudiera tener problemas con la Unión Europea. De todas formas, esta es una cuestión que se aprobó por
mayoría de todos los grupos parlamentarios del Parlamento gallego y en este caso también estaban representados los diputados gallegos socialistas, que votaron favorablemente esta negociación, y no vamos a ser nosotros quienes ahora no apoyemos una
iniciativa que se aprobó en el Parlamento de Galicia y que ha sido defendida dignamente por el representante del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández de Mesa, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, como no podía ser de otra forma, porque coincide exactamente con las mociones presentadas por el Bloque y el Partido Popular en el
Parlamento de Galicia, que tuvieron el respaldo de los 75 diputados de la Cámara gallega con el presidente de la Xunta de Galicia a la
cabeza, señor Pérez Touriño, y los conselleiros de su Gobierno. Es decir, el plan que el señor Carro descalifica aquí está presentado por un consejero de la Xunta de Galicia del Gobierno del señor Pérez Touriño. Ya nos explicará usted qué
es lo que quiere decir que esté en contra de un plan del propio Gobierno autonómico gallego que preside un socialista. En todo caso, señorías, nosotros, si fuera necesario, vamos a presentar al término de este Pleno una moción y una proposición
donde pediremos a la Autoridad Portuaria de Ferrol que rescinda la concesión administrativa a Astano, porque está en terrenos que son una concesión administrativa, porque no está cumpliendo los fines para los que fue destinada esa concesión
administrativa, que es la construcción de buques civiles. Por tanto, no hay terrenos ociosos y no ociosos, hay el incumplimiento de una concesión administrativa del Estado cuyo dinero vendría muy bien para hacer la segunda fase del puerto de Ferrol
o para pagar los pufos que tiene aquel puerto, sinceramente lo digo. En todo caso, señorías, lo que el Grupo Parlamentario busca, y lo decimos ahora, lo mismo que el Bloque Nacionalista Galego, es la unidad de acción y que lo mismo que decimos en
Galicia lo digamos en Madrid los representantes del Bloque Nacionalista Galego, del Partido Popular y también del Partido Socialista.
Hay una cosa clara, señorías. Se ha hablado de la nefasta gestión del Partido Popular. Hasta ahora hemos estado discutiendo sobre ello. Quiero leerle unos parrafos nada más, pero no del ministro de Economía, del mismo que nos dijo en el
año 1995 que no habría para pagar las pensiones públicas y que nos fuéramos haciendo planes de pensiones privados, y el mismo que dijo que no se podría crear empleo y que habría que ir a la jornada compartida; esa es la credibilidad del ministro de
Economía actual. Sin embargo, no vemos aquí nunca a los ministros de Industria, que probablemente han gastado todas sus energías en defender las OPA en Europa en lugar de defender este tema, y con que hubieran gastado la mitad de energía,
probablemente hubiéramos salvado el astillero de Ferrol.
El señor Eguiagaray Ucelay, al presentar en la última comparecencia el Plan Estratégico del año 1995, decía: Comparezco con la necesaria gravedad que requiere el momento. Y decía sencillamente, señor Carro, para que tomen buena nota y no
volvamos a hablar de temas que ya están vencidos, lo siguiente: Se ha mantenido la evolución negativa de los resultados de los astilleros públicos españoles al persistir algunas de las causas ya citadas, en particular la subactividad, con un coste
de 16.000 millones de pesetas -año 1995-, al haber alcanzado los astilleros del grupo público un nivel de ocupación de las plantillas de solo el 67 por ciento en este periodo y unos costes financieros del 15 por ciento sobre las ventas, cifra, como
sin duda conocen, a todas luces insostenible, que ha llevado, junto con las causas anteriormente mencionadas, a unas pérdidas antes de impuestos de 45.000 millones de pesetas. Y terminaba diciendo: Desgraciadamente para todos, si se analiza con un
mínimo de rigor esta opción, se concluye que las pérdidas que se generan provocarían que ya en 1996, año en el que llega el Partido Popular al Gobierno, se superasen los límites impuestos por la Unión Europea y los recogidos en el acuerdo con la
OCDE para reposición de pérdidas, abocando al grupo a una situación de quiebra sin posible continuidad de actividad. Esta era su situación en el año 1995, señor Carro. ¿Y qué hacemos nosotros desde el año 1996 al año 2004? Dejar todos los
astilleros abiertos a pesar de esta situación y dejarlos con plena carga de trabajo garantizada durante diez años. Esas que ustedes dicen que hay durante diez años son las fragatas F-100, las fragatas noruegas y toda la carga de trabajo que
generaron los gobiernos del Partido Popular.
Y con ustedes, ¿saben lo que hay? Las patrulleras para Venezuela que se están construyendo en Puerto Real y que todavía no sabemos qué armamento van a montar. Esa es la realidad de la situación.
Le voy a decir los datos que su Ministerio de Industria da ahora. En el año 2004 había en el astillero de Fene 1.965 trabajadores. Aquí lo pone, astillero de Ferrol militar. Decía: astillero Fene civil, 1.027 trabajadores. Dice usted
que hoy está a plena carga el astillero con 360.
Claro. Y que está al cien por cien de su ocupación. Claro. Y el día que lo cierren o que haya un trabajador, que será el portero que cierre la puerta, estará al cien por cien de su ocupación
también, señorías.
(Aplausos.) No se puede tener tanta desvergüenza al presentar en este Parlamento en tantas ocasiones algo que veja realmente a Galicia.
El señor Solbes se refirió el otro día de muy malas maneras al señor Rodríguez diciéndole: Ese astillero que a usted le preocupa. Nos preocupa a muchos, incluido el señor Pérez Touriño. Señorías, no se sostiene el trato vejatorio que el
Partido Socialista está dando a Galicia y en este caso concreto a Navantia-Fene. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular no solo va a apoyar esta moción, sino que presentará otras en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Rodríguez, ¿confirma las enmiendas?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, es obvio que no puedo aceptar la enmienda porque va en un sentido radicalmente contrario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EL RETORNO DE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DEPOSITADA EN EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA Y SU RELACIÓN CON LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente
173/000175.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el retorno de la documentación pendiente depositada en el Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca y su relación con la de la ley de la memoria histórica.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz señor Tardà.
Siete minutos.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
A raíz de la interpelación que presentamos la semana pasada a la señora ministra de Cultura sobre el retorno de la documentación incautada depositada en el Archivo de Salamanca, debo decirles que ciertamente tratamos dos temas: el que se
refería a la devolución de la documentación que afecta a las personas físicas y jurídicas -hablamos de un monto de casi dos millones de documentos-, y también sacamos a colación la necesidad de restituir a los municipios, básicamente del Principado
de Cataluña, del País Valenciano y del Bajo Aragón, los que también se hallan depositados en Salamanca. Con relación a este segundo ámbito, la documentación que afecta a los entes locales, ya dijimos que remitíamos su devolución a la futura Ley de
la Memoria Histórica, que está en trámite parlamentario, y que esperamos que pronto pueda ser tramitada, a partir de la finalización del período de enmiendas. En su momento, la señora ministra se comprometió a ello, aunque luego cambió de opinión.
El otro día le pedimos que nos dijera cuál era su pensamiento respecto a la devolución de esta documentación y no nos contestó. Estamos a la espera de poder debatir esta ley y entonces veremos cuál es la voluntad del Gobierno. Nosotros ya decimos
hoy que vamos a presentar enmiendas -de hecho, ya las tenemos redactadas- para que sea posible la restitución a los casi cien ayuntamientos del País Valenciano, a unos veinte del Principado de Cataluña y a unos quince o veinte de Aragón, de esta
documentación que les fue incautada.
Respecto al segundo tema, que es quizá el más importante, y esto lo digo porque es el único que figura en la moción, ya que el ámbito de la documentación municipal, atendiendo al hecho de la tramitación de la Ley de la Memoria, no lo hemos
incluido en la moción que presentamos. En cuanto a la documentación de las personas físicas y jurídicas incautada en Cataluña, debo decirles que, como ustedes saben, en su momento se creó una comisión mixta, formada por el Ministerio de Cultura y
la Generalitat de Catalunya, que fue la que avaló la restitución de las primeras quinientas cajas que contenían documentación de la Generalitat y del Parlament de Catalunya. Esta comisión mixta fue la encargada de crear una comisión técnica
paritaria, formada por dos técnicos de ambas administraciones -por tanto, dos y dos-, cuyo trabajo es acreditar las tareas de identificación que ha llevado a cabo la Generalitat de Catalunya de estos dos millones de documentos. Por cierto, comisión
que ya culminó sus trabajos de identificación en el mes de octubre del pasado año, de manera que las series identificadas ya figuran en el Ministerio de Cultura. Esta comisión debería ser convocada. Por eso nosotros en la moción pedíamos que fuera
convocada en el plazo de quince días, porque pensamos que si esta comisión empieza a trabajar, en seis meses podría finalizar sus trabajos, posteriormente, la comisión mixta podría avalar los trabajos y, a partir de ese momento, se podría poner el
cronómetro a cero, porque, como ustedes saben, la ley obliga a que se retorne la documentación al cabo de tres meses. Atendiendo a la voluntad de encontrar siempre el consenso necesario para poner fin a este agujero negro de la transición, como es
la documentación incautada por el ejército de ocupación que todavía no ha sido restituida, buscando la buena voluntad con el Grupo Parlamentario Socialista, porque ciertamente empezamos la legislatura con esta ley que, a la manera de Espriu en La
pell de Brau, quería simbolizar este espíritu de hermandad, de fraternidad y de ir superando todos los escollos que nos ha ido planteando la historia, repito, en aras de esta buena voluntad, hemos presentado una transaccional, que luego pasaré a la
Presidencia, en la cual renunciamos al plazo de los quince días y lo sustituimos por: en el tiempo más breve posible. Para nosotros lo importante es que la comisión de trabajo empiece a trabajar. Es más, incluso -repito- en aras de esta buena
voluntad les decimos que no hace falta que los trabajos terminen en seis meses. Lo que nosotros queremos es que la documentación incautada en Cataluña que está en Salamanca retorne en esta legislatura. La documentación tiene que volver en esta
legislatura, no podemos finalizar esta primera legislatura, que en tantas ocasiones y en tantos ámbitos hemos dicho que era la legislatura de la voluntad de las izquierdas, con una frustración que pagaríamos histórica y electoralmente. Por eso, si
ustedes aceptan nuestra transaccional y se comprometen en el tiempo más breve posible -aquí pueden entender ustedes un mes, tres meses o cuatro, da igual-, es decir, en el tiempo que técnicamente necesiten para convocar la comisión, nosotros
admitiríamos como prueba de buena voluntad que ustedes la aceptasen y que Dios nos coja confesados y podamos terminar la legislatura con el éxito que todos nos hemos empeñado en celebrar al final de la misma. Repito, no podemos terminar la
legislatura sin que la documentación incautada por el ejército de ocupación a partir del año 1938 no retorne a los països catalans. Si para conseguir esto tenemos que buscar fórmulas de entendimiento aún mayores, por nuestra parte no va a faltar
esta voluntad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Enmienda presentada a la moción. Interviene el señor Fernández en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de cinco minutos.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde la restauración de la democracia y a lo largo de 30 años se han sucedido 13 ministros y ministras de Cultura, desde el señor Pío Cabanillas hasta la señora Carmen Calvo; ministros de la Unión del Centro Democrático,
socialistas y del Partido Popular; ministros que no han podido o no han tenido la voluntad -la orientación política de unos y otros es fácil de intuir- de restituir a sus legítimos propietarios los documentos y fondos documentales incautados con
motivo de la guerra civil y custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Pues bien, ha sido y es la actual ministra de Cultura del Gobierno de España, la señora Carmen Calvo, formando parte de un gabinete socialista presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero, la que ha tenido la convicción y la voluntad de afrontar este contencioso, de resolverlo aquí, donde reside la soberanía popular, con determinación, responsabilidad y equilibrio y de ejecutarlo a través de los
organismos gubernamentales que tienen la responsabilidad de hacerlo. Este diputado que les habla siguió con atención el pasado miércoles el debate de la interpelación de la cual trae causa la moción que debatimos esta tarde.
En el mismo, el señor
Tardà nos hacía partícipes de su inquietud por el cumplimiento de determinadas previsiones de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, en concreto de las referentes a los fondos documentales incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de
carácter privado. Les he de confesar que antes del debate los miembros del Grupo Socialista no participábamos de la inquietud del señor Tardà sobre la aplicación de todos, insisto, de todos los extremos de una ley, de la cual todos aquellos que la
hemos apoyado tenemos el derecho de sentirnos orgullosos. Los socialistas no lo estamos más, pero tampoco menos que nadie. Ni sombra de inquietud, todo lo contrario. Nuestra confianza en su total y progresiva aplicación es absoluta. Una
confianza que no solo nacía de nuestra condición de diputados que apoyan al Gobierno, sino de una realidad, de un hecho que por sí solo debería ser suficiente para disipar inquietudes, eliminar preocupaciones y desactivar alarmas; de un hecho que,
en el sentido contrario, debería renovar y fortalecer confianzas: La devolución el 31 de enero de 2006 de los documentos y efectos incautados a la Generalitat de Catalunya por el régimen franquista.
Si la confianza del Grupo Socialista era absoluta y fundamentada no solo en disciplinas, insisto, y palabras, sino también en hechos de especial relevancia, las palabras de la ministra de Cultura durante la interpelación, la expresión de sus
convicciones y el recuerdo de sus obligaciones fueron en nuestra opinión más que suficientes para alimentar la confianza de todos aquellos grupos parlamentarios que hemos apoyado esta ley. No fue así. El señor Tardà, cuyo compromiso y dedicación a
este tema es de justicia reconocer aquí esta tarde, ha presentado y defendido una moción que podría resumirse en un instar al Gobierno a cumplir la ley y, concretamente, a desarrollar los cometidos de la comisión mixta Ministerio de
Cultura-Generalitat de Catalunya. Señorías, déjenme que les diga que, en este tema y en otros, dar nuestro apoyo a mociones y a proposiciones no de ley que insten al Gobierno a aplicar leyes que son realidad gracias a su impulso y a nuestro voto,
no nos genera una especial incomodidad. Pero también creemos que si han de ser realmente útiles -y el señor Tardà así lo quiere-, deben ajustarse a las tareas del impulso parlamentario que tenemos encomendadas, sin entrar en detalles o plazos que,
si no están en la ley, forman parte del ámbito técnico que se encuentra claramente inscrito en la dimensión gubernamental; o para ser más exactos, en el asunto que hoy tratamos, en la intergubernamental, ya que los trabajos de acreditación de los
documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado está en manos de una comisión mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya. La enmienda que hemos presentado va en
esta dirección y la transacción que hemos acordado con el señor Tardà también va en esta dirección.
Señorías, el Gobierno y el Grupo Socialista están comprometidos con un desarrollo de la Ley 21/2005 escrupulosamente respetuoso con el principio de seguridad jurídica. De lo que se trata ahora es de hacer las cosas bien, que es la mejor
manera de cumplir con las especiales garantías a fin de facilitar el ejercicio del derecho a la restitución a aquellos compatriotas y entidades que sufrieron la incautación de efectos y documentos por parte del régimen franquista. El Gobierno y el
Grupo Socialista están comprometidos con el desarrollo de una ley que afecta a los particulares o personas jurídicas de carácter privado de toda España -disposición adicional primera, recuerdo-; de Cataluña, sin duda, pero también de Andalucía, de
Madrid y de Castilla y León. El Gobierno y el Grupo Socialista estamos comprometidos con la creación y puesta en funcionamiento del centro documental de la memoria histórica con sede en Salamanca; comprometidos, en definitiva, con la resolución
dialogada y acordada de problemas de nuestro doloroso pasado para afrontar más fuertes, más cohesionados los desafíos del presente y los que se anuncian para un futuro que ya está aquí.
Gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Fijación de posiciones.
Repártanse el tiempo, señor Labordeta y señora Lasagabaster.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Como representantes de la comunidad aragonesa sabemos, y lo ha dicho el señor Tardà, que hay muchos papeles de la comunidad aragonesa que fueron secuestrados, robados por las tropas franquistas en su avance hacia Cataluña, sobre todo. Hay
algún pueblo como, por ejemplo, Mas de las Matas, que reclaman todos los papeles privados, particulares y de ayuntamientos que
se llevaron. Podríamos señalar no solamente Mas de las Matas, donde ha habido un movimiento muy importante para recuperar estos papeles que hay en el Archivo de Salamanca, sino otros pueblos que también los reclaman.
Por eso vamos a votar
afirmativamente y vamos a apoyar esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Por supuesto, vamos a dar nuestro voto favorable a la moción que hoy se nos presenta, con la modificación que señalaba el señor Tardà, es decir, sustituir quince días por el tiempo que fuere necesario, entendiendo que el tiempo que fuere
necesario tenga un límite, es decir, que se cumpla.
Como decía el señor Labordeta, existen otros muchos documentos y fondos documentales incautados, tanto de particulares como de personas jurídicas, que se encuentran en el Archivo de Salamanca y que por justicia tienen que ser devueltos. Es
lo que ocurre en el caso de Euskadi y supongo que también ocurre con otras comunidades o con otras particulares de otros lugares y lo único que queremos es que, habiendo sido razonable que con las mismas justificaciones se aprobara una ley en
relación a Cataluña, lo mismo pueda realizarse con Euskadi, ni más ni menos, simplemente por una cuestión de justicia. Si por justicia se devolvieron los documentos a Cataluña -y nos congratulamos todos- esperamos que también se pueda devolver el
patrimonio de documentos incautados a particulares o a personas jurídicas e instituciones de Euskadi que fueron injustamente robados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario sin duda va a dar apoyo a esta moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya porque tenemos una gran preocupación, pero no solamente quiero mencionar nuestra preocupación que, como
podemos ver, otros grupos comparten, sino también la que tiene la Comisión de la Dignidad -entidad que ha liderado la reivindicación del retorno de la documentación expoliada a Cataluña y a otros territorios del Estado español al finalizar la guerra
civil y que se almacenó en el Archivo de Salamanca-, y que nosotros hacemos nuestra, en el proceso de retorno de la documentación incautada a particulares, entidades, partidos políticos y sindicatos, tal y como estipula la Ley 21/2005, de 17 de
noviembre. Dicha ley articula los mecanismos de devolución y nuestro grupo parlamentario, igual que se felicitó por la aprobación de la misma, quiere hoy -por eso apoya esta moción- reiterar su preocupación por la lentitud no justificada de la
misma en su ejecución. Esta moción la podríamos suscribir todas las fuerzas políticas catalanas que en su día la apoyamos. Ya nuestro grupo parlamentario preguntó en una ocasión, y una vez aprobada la ley, sobre algunas demoras no justificadas en
la devolución de la documentación de la Generalitat.
Hoy, de nuevo, debemos reclamar la constitución de la comisión mixta para acreditar los documentos y fondos documentales para proceder a la entrega de los mismos a la Generalitat para su
posterior entrega a los legítimos propietarios. Cabe recordar que la acreditación por parte de la Generalitat se ha efectuado. La Generalitat está comprometida con sus recursos económicos para su digitalización; entonces, cabe preguntarnos por
qué esta demora. Los requerimientos y garantías legales se cumplen.
Entre otras cuestiones, podríamos mencionar incluso la cesión en depósito de documentos para una exposición en Salamanca, a pesar de las intenciones de la misma.
Nuestra preocupación por la lentitud se justifica por diversas razones. En primer lugar, no ayuda a la pedagogía sobre la memoria histórica, por cierto, con un cuestionamiento importante de muchos colectivos por la evolución de la
situación. También queremos pedir al Gobierno que haga pedagogía y dialogue frente a la intolerancia, al autoritarismo y al sectarismo para hacer posible la normalización democrática y sobre todo cerrar heridas todavía abiertas después de tantos
años de la guerra civil.
Lo que supuso una agravio y un robo por la fuerza de las armas ahora está suponiendo una desilusión y en algunos casos la imposibilidad de poder ver tus propiedades de nuevo. Estamos hablando, señorías, de gente mayor.
La mayoría ya no lo
verá. ¿pasarán más casos quizás como los de Carles Fontserè, afectado y miembro combativo con la Comisión de la Dignidad para su retorno, que desgraciadamente no verá ya sus dibujos que le fueron robados? ¿Cuando cumplirá con los términos de la
devolución? Queremos recordar que ya sucedió con unos cuantos legajos en la devolución de enero de 2006.
Han hecho falta más de 28 años para el retorno. Desde nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, les pedimos que no demoren más años la devolución del patrimonio de la sociedad catalana. El Estado democrático ha de cumplir
con el deber, obviamente con la mayor escrupulosidad, pero sin dilatar en el tiempo sus procedimientos, y más cuando por parte de la Generalitat se ha observado con la máxima escrupulosidad el cumplimiento de la ley. Cabe recordar el trabajo
realizado por los archiveros con su identificación ya finalizada. Les pedimos, por tanto, que no conviertan los compromisos y esperanzas de muchos ciudadanos y entidades de Cataluña en palabras y hechos vacíos. Lo que fue un voto mayoritario de
las fuerzas políticas en esta Cámara y en
el Senado es una muestra de la voluntad de restablecer y hacer pedagogía de la memoria histórica. Sin alargarme más, nuestro grupo apoya esta moción, igual que compartió la interpelación. Desearíamos que hubieran llegado a acuerdos, no sé
si lo han hecho o no finalmente, pero en todo caso quisiéramos votar la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana, y si hubiera algún acuerdo que fuera de su agrado también lo votaríamos, siempre que fuera en la línea de la moción que
se ha presentado. Sin más, estamos absolutamente conformes con esta moción y la habríamos podido hacer nosotros mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que la intervención del portavoz socialista me ha dejado epatado, sorprendido. Decir que han sido doña Carmen Calvo, la ministra, y el gabinete socialista, presidido por Rodríguez Zapatero, quienes han enfrentado este problema
y le han dado una solución es absolutamente falso. El asunto de los papeles y la documentación incautada al Gobierno de Cataluña y al Gobierno vasco, también Gobierno legítimo durante la época de la República, está absolutamente sin cerrar, fue un
tema que no se atrevió a afrontar de manera total y lo que hizo fue, por un compromiso previamente adquirido, provocar una injusticia entre el caso catalán y el caso vasco. Así que lo que han hecho este Gobierno y esta ministra ha sido precisamente
cometer una injusticia en casos que eran exactamente iguales desde el punto de vista jurídico. Hay que dejar claro -y quizá en las intervenciones de los portavoces no ha quedado bien claro- que la documentación pública, la documentación de la
Administración vasca, con esta ley aprobada no se puede devolver. Los papeles privados de las personas físicas o jurídicas privadas son otra cosa, pero la documentación pública, que ya se ha devuelto a la Generalidad, en el caso vasco no se puede
devolver.
Dicho esto, no hemos querido presentar ninguna enmienda para no complicar la situación a los proponentes, a los catalanes, que en un derecho absolutamente justo y objetivo desean que lo que dice la ley en su caso sea llevado adelante. Por
tanto, no hemos querido entorpecer o enturbiar el objetivo de la proposición no de ley, a pesar de que quería dejar bien sentado en el 'Diario de Sesiones' lo que acabo de expresar, y por supuesto nuestra reivindicación no va a acabar en esta
expresión mía, sino que en la propia Ley de la Memoria Histórica el Partido Nacionalista Vasco va a presentar las enmiendas que en su momento ya presentó a esta ley, que no se aceptaron y que van a volver a ser reivindicadas para que por fin se haga
justicia.
Se decía también que era ocioso recordar las obligaciones a la ministra, que no tenía sentido, que ella dejó demostrado que va a cumplir lo que dice la ley y que todos los grupos tienen absoluta y plena confianza en ello. Le aseguro que
nuestro grupo no tiene confianza en que vaya a cumplir la ley en los términos en los que se ha planteado por parte del Grupo de Esquerra. Los plazos han quedado rebasados en el caso catalán, y no es la primera ley ni la primera promesa del Gobierno
en la que se rebasan los plazos, también con el proyecto de Ley de Memoria Histórica estuvimos meses y meses con más prórrogas a la hora de presentarlo. En este caso lo que dice la propia ley ya se ha rebasado, pero es que tampoco tengo esperanza
en el caso de las personas físicas y jurídicas privadas, porque no se ha producido un desarrollo de la disposición adicional primera. Por tanto, no solo no se ha asegurado la devolución de los papeles del ámbito geográfico catalán, sino que tampoco
se ha dado el primer paso necesario para proceder a impulsar la devolución en otros ámbitos geográficos diferentes. Por tanto, ¿qué voluntad? ¿Cómo vamos a tener confianza en la gestión del ministerio?
Tengo que decir también que es evidente que el acuerdo al que se ha llegado entre el Grupo de Esquerra y el Grupo Socialista no ha cerrado fechas, no ha concretado. Por eso pensamos que no se ha avanzado entre la situación que había hasta
la fecha y la que puede haber después de la aprobación de la moción, porque al final es lo suficientemente inconcreta: En el tiempo más breve posible según quien. En el tiempo más breve posible, ¿según quién? ¿Quién marca los ritmos? Al final
los seguirá marcando no este Parlamento, no crean que va a ser este Parlamento, sino que va a seguir siendo el ministerio y además con la premura de tiempo a la que también nos enfrentamos y que ha sido señalada por el portavoz de Esquerra. A
nosotros el texto no nos convence así, pero votaremos a favor en solidaridad con el proponente y con el pueblo catalán porque nos gustaría que viera cumplidos sus deseos y se diera cauce a su derecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) quiero decir que estamos en la línea de las cosas que se han dicho hace un momento y concretamente con las del portavoz del Grupo
Vasco.
Señor Tardà, le comprendemos. Está en una situación compleja. Están gobernando en Cataluña. Hemos pasado de quince días a de forma inmediata, en el tiempo más breve posible. Hemos pasado de lo que marca la ley a que antes de que acabe la
legislatura. Señor Tardà, con afecto, adelante, vamos a apoyar esta transaccional pero no estamos, en absoluto, satisfechos.
Aquí me gustaría aclarar cosas que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. En primer lugar, yo diría que este ha sido un acto que todos reconocimos como un acto
de justicia. Ha sido una lucha que ha tenido todo un pueblo durante más de veinticinco años. Ha sido una lucha en la que en esta Cámara, y no me gustaría repetir el debate que tuvimos hace más de un año, ha habido muchos diputados y
diputadas han luchado por este tema. Por tanto, decir que esto solamente es mérito de un Gobierno no es correcto.
Dicho esto, parece que el portavoz del Grupo Socialista está muy tranquilo pero nosotros no lo estamos. No lo está la Comisió de la Dignitat, elemento clave en esta última fase de esta victoria de la democracia que hemos logrado todos.
Estamos preocupados, repito, porque usted decía: No, es que estamos hablando de un tema técnico y el Ejecutivo tiene derecho de justificar sus tiempos. Me lo decía la ministra la semana pasada, concretamente el miércoles en una comparecencia,
cuando le planteaba estas dudas y esta inquietud que tenemos la Comisió de la Dignitat, los medios de comunicación y, en general, todos los que estamos luchando por este tema. Me decía: No, estamos buscando la seguridad jurídica, estamos
garantizando esta seguridad. La ley marca unos plazos que no se están cumpliendo y esta enmienda transaccional que vamos a votar no nos garantiza nada. Nos preocupa que esta sea la actitud del Grupo Socialista y esto justifica, por ejemplo, que en
Cataluña haya habido el rumor de que estamos esperando que haya elecciones, que esto tiene coste electoral y, por tanto, pasamos a después de las elecciones. Todo esto creo que no es lógico que se haga en un tema de esta importancia y
trascendencia.
Hay una cosa que me gustaría dejar clara en mi intervención, y es que a veces se dice, y la ministra lo dice a menudo, que este es un tema donde el Estado tiene que garantizar. La Generalitat es Estado y estos análisis que se hacen sobre
los documentos los hace un organismo del Estado. Lo que tiene que hacer esta comisión de trabajo es validar este trabajo que han hecho unos profesionales que forman parte de la Generalitat pero que, repito, forman parte de la estructura del Estado.
Por tanto, no tiene sentido que dilatemos una cosa fundamental que es lo que planteaba esta proposición que nos hacía el Grupo de Esquerra Republicana y el señor Tardà, que era convocar la comisión de trabajo, nada más y, después, marcar unos
tiempos razonables que nos fija la ley. ¿Qué me preocupa? Que no estamos muy dispuestos a reunir la fase uno que es la comisión de trabajo y que quince días nos parece poco. Repito, podríamos ir a un mes a dos meses. El único factor positivo de
esta tarde, y por eso lo vamos a apoyar, es que tenemos un texto que entendemos que compromete al Gobierno, y lo que vamos a hacer ahora es seguirlo para que realmente sea en el menor tiempo posible. Esto en cuanto a la comisión de trabajo.
Después, hecha su validación, vamos a intentar que se cumpla la solicitud que hacía el portavoz del grupo de Esquerra Republicana, señor Tardà, para que esto fuera en esta legislatura pero -usted lo decía el otro día cuando presentaba la
interpelación- las legislaturas a veces las carga el diablo. Esta legislatura puede durar hasta marzo, pero puede acabar antes. Por tanto, seguiremos muy atentamente que este trabajo y estas obligaciones que le marca la ley, que aprobamos todos
conjuntamente, se cumplan por el bien de recuperar este acto de justicia histórica.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Señores del Grupo Parlamentario Socialista, si no fuera por la gravedad, por la seriedad, por la trascendencia de esta materia, yo sintetizaría toda mi intervención en una sola cuestión: ¡qué papelón! ¡Qué papelón y qué vergüenza! (Un señor
diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
El señor Esteban se preguntaba quién marca los tiempos. El señor Vilajoana decía cuándo. ¡Pero si está clarísimo! Domingo 27 de mayo a las ocho de la tarde. No van a dar un solo paso, no digo mover un documento, ¡faltaría más!, hasta el
cierre de los colegios electorales el domingo 27 de mayo. Pongan esa fecha, pero pónganla. El eufemismo de lo más breve posible... Y tan breve, tres meses y ya está, hemos acabado el asunto.
Mientras tanto, ese archivo no se amplía. Eso
tampoco. Ni el edificio nuevo, ni aquel que había que expropiar. Las copias son copias predigitales, copias que no valen de nada. Los documentos que salieron hace un año lo hicieron de una manera que avergonzó a sus votantes y a sus gentes en
Salamanca. Y ahora esperan nada menos que 1.600 cajas con dos millones de documentos y, naturalmente, si hacen un gesto, ese cadáver del que hablaba el señor Caldera, cuando decía que tenían que salir por encima de su cadáver, no va a ser nada al
lado de lo que va a quedar con sus votantes en Salamanca, que son los que están avergonzados.
El otro día era patético ver a la ministra. La ministra miraba al señor Tardà y solo le pedía tiempo. Estuvo diciendo vacuidades, unas cosas
completamente absurdas, él mismo las ha reconocido, por no decir: pongamos, por favor, señor Tardà, como fecha de este documento el domingo 27. Quince días. ¿Quince días, señor Tardà? Usted ha dicho un mes, dos meses, tres. Tres, exactamente
tres. Usted no tiene que tener la menor alarma: en ese momento se desbloquea el proceso. Un papelón, señores socialistas y una vergüenza. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, ¿me confirma la transaccional? (Asentimiento.) Gracias.
Hay dos votaciones. En primer lugar, votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre previsiones de futuro de la empresa pública Navantia, especialmente en lo referido a
propuestas para posibilitar el regreso de
Navantia-Fene a la construcción naval civil. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 146; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el retorno de la documentación pendiente depositada en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y su relación con la Ley de
la Memoria Histórica. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Denegaciones.) Votamos pues la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 175; en contra, 124; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.