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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 221, de 13/12/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 221
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 205
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 11186)
Interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición política ante el futuro de Cuba. (Número de expediente 172/000238.) ...
(Página 11209)
-Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre formación de Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
(Número de expediente 172/000236.) ... (Página 11214)
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Sánchez), sobre actuaciones medioambientales del Gobierno en Galicia en relación con la protección del litoral, regeneración de cauces fluviales, depuración de aguas residuales, inundaciones e
incendios forestales. (Número de expediente 172/000237.) ... (Página 11217)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005:
-Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005. (Número de expediente 260/000003.) ... (Página 11223)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 11186)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impulsar el proceso de paz y dar
con ello respuesta a la esperanza mayoritaria de los ciudadanos? (Número de expediente 180/001632.) ...
(Página 11186)
Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está dispuesto a pactar la reforma constitucional proyectada por el Gobierno a cambio de asumir ciertos
'retoques' o 'ajustes' en el texto de la Carta Magna que, so pretexto de dotar de mayor eficacia al Estado, son en realidad expresión de una peligrosa deriva recentralizadora? (Número de expediente 180/001611.) ... (Página
11187)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Comparte el presidente del Gobierno la interpretación de la ley que está haciendo la fiscalía en los juicios
abiertos contra terroristas de ETA? (Número de expediente 180/001613.) ... (Página 11188)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Cree la señora vicepresidenta
que es beneficioso para el Estado reformar sus instituciones sin buscar el consenso con el principal partido de la oposición? (Número de expediente 180/001614..) ... (Página 11189)
Del Diputado don Manuel Huertas Vicente, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor ministro de Defensa: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la misión desarrollada por el contingente español en la República
Democrática del Congo? (Número de expediente 180/001624.) ... (Página 11190)
Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor ministro de Defensa: ¿Qué resultado puede destacar el Gobierno de la reciente cumbre de la OTAN en Riga? (Número de expediente
180/001625.) ... (Página 11191)
De la Diputada doña María Salom Coll, en sustitución del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Vivienda: ¿Ha cambiado el presidente del Gobierno su
voluntad expresada en esta Cámara de que Barcelona sea sede de una reunión de ministros de Vivienda? (Número de expediente 180/001615.) ... (Página 11192)
Del Diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Confirma el Gobierno que piensa incrementar significativamente la tarifa
eléctrica antes de fin de año? (Número de expediente 180/001608.) ... (Página 11193)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuántas veces tiene que repetir la Comisión Europea que las condiciones
impuestas por el Gobierno a la OPA de E.ON sobre Endesa son ilegales, para que el Gobierno rectifique? (Número de expediente 180/001616.) ... (Página 11194)
Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Se siente desautorizado el Ministerio de Industria en su intento de subir
las tarifas de la electricidad? (Número de expediente 180/001617..) ... (Página 11195)
Del Diputado don Juan Carlos Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuáles son las principales líneas del anteproyecto de ley de impulso a la
sociedad de la información? (Número de expediente 180/001626..) ... (Página 11196)
Del Diputado don Manuel Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno para desarrollar las relaciones
empresariales con África? (Número de expediente 180/001627..) ... (Página 11197)
De la Diputada doña Ana María Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Administraciones Públicas: ¿Está dispuesto el Gobierno a estudiar las solicitudes de cambio de horario que se
puedan formular desde las diferentes comunidades autónomas? (Número de expediente 180/001618..) ... (Página 11197)
Del Diputado don Ismael Bardisa Jordà, en sustitución del diputado don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Administraciones Públicas: ¿Tiene previsto cesar a
la delegada del Gobierno en Madrid por la intolerable persecución a la que ha sometido a un militante del Partido Popular por hacer sonar un silbato en una manifestación? (Número de expediente 180/001619..) ... (Página
11198)
De la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Comparte el Gobierno las declaraciones de la directora de la Biblioteca Nacional acerca de
los funcionarios y empleados de la institución? (Número de expediente 180/001620.) ... (Página 11199)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cómo valora el Gobierno el resultado de la visita del presidente del
Gobierno a Senegal, en materia de inmigración? (Número de expediente 180/001610..) ... (Página 11200)
Del Diputado don Juan Antonio Barrio de Penagos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre las condiciones necesarias para la
celebración de una conferencia política en relación con el conflicto de Oriente Próximo? (Número de expediente 180/001622..) ... (Página 11201)
De la Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente Conferencia de Donantes para
Haití, celebrada en Madrid? (Número de expediente 180/001623..) ... (Página 11202)
De la Diputada doña Rosa María Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la señora ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo valora el Gobierno el despliegue de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta,
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco? (Número de expediente 180/001607..) ... (Página 11203)
De la Diputada doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad: ¿Cuáles han sido las principales conclusiones del Simposio internacional 'Donaciones sin
Fronteras', organizado por la Organización Nacional de Transplantes (ONT)? (Número de expediente 180/001628..) ...
(Página 11204)
De la Diputada doña Remedios Martel Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad y Consumo: ¿Puede informar el Gobierno de qué actuaciones se están llevando a cabo en relación con los
medicamentos huérfanos? (Número de expediente 180/001629..) ... (Página 11205)
De la Diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente: ¿En qué fecha prevé realizar el Gobierno una inspección submarina del pecio del Prestige? (Número de
expediente 180/001612..) ... (Página 11206)
De la Diputada doña María José Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación al estudio de saneamiento de la ría de Vigo?
(Número de expediente 180/001630..) ...
(Página 11207)
Del Diputado don Carlos González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la participación de España en la XII Conferencia de Naciones
Unidas sobre Cambio
Climático, celebrada en Nairobi entre el 6 y 17 de noviembre de 2006? (Número de expediente 180/001631..) ... (Página 11208)
Interpelaciones urgentes ... (Página 11209)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición política ante el futuro de Cuba ... (Página 11209)
Presenta la interpelación urgente el señor Moragas Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que Cuba vive momentos de incertidumbre, miedo y al mismo tiempo cierta esperanza. En su opinión el pueblo español
tiene hoy el deber histórico de reflexionar, debatir e instar a su Gobierno a trabajar por el futuro democrático y libre de un pueblo hermano. Esta es la única razón y el único espíritu que inspiran la interpelación que su grupo plantea en la sede
de la soberanía nacional.
Su grupo invita al Gobierno a consensuar una política sobre Cuba en un momento en el que se debe mostrar vocación política, al margen de las diferencias, que son evidentes. Es momento de aparcar las diferencias sobre política exterior,
especialmente en el tema de Cuba y ofrecer al pueblo cubano una muestra inteligente de consenso.
Finaliza pidiendo un esfuerzo para demostrar al mundo que cuando hay que trabajar por la libertad y la democracia somos capaces de ponernos de acuerdo.
Contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé), en nombre del Gobierno. Agradece al interpelante su tono, su oferta y su intervención. Señala que tanto el Gobierno como el ministro siempre han tendido
la mano para el consenso en política exterior en un tema tan importante para los intereses de España. Cuba merece la atención y el apoyo de toda la Cámara y de todos los grupos políticos.
A continuación hace unas reflexiones generales sobre la política del Gobierno hacia Cuba y cómo está actuando en estos momentos históricos importantes que está viviendo Cuba. Señala que todos debemos renunciar a utilizar a Cuba como un
instrumento de nuestra confrontación política, por lo que aprueba y apoya la propuesta del grupo interpelante, recordándole que hasta ahora se había opuesto en distintas ocasiones a apoyar la política de diálogo con Cuba, proponiendo incluso
posiciones rupturistas. Agradece al Grupo Parlamentario Popular
que hoy diga que podemos tener un diálogo con las autoridades cubanas, mostrándose absolutamente de acuerdo con esa nueva filosofía expresada esta tarde.
Finaliza exponiendo la política que ha seguido el Gobierno, que considera ha producido resultados.
Replica el señor Moragas Sánchez y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre formación de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud ...
(Página 11214)
Presenta la interpelación urgente el señor Rivero Baute, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Manifiesta que la interpelación plantea una cuestión que parece sencilla, pero es muy importante, porque afecta
a las personas, a los pilares fundamentales del Estado del bienestar social, a la sanidad, a la salud de los ciudadanos de España y concretamente a la Comunidad Autónoma de Canarias. Señala que el Gobierno del Estado tiene competencia para fijar el
número de estudiantes que pueden acceder a la medicina o a la enfermería y de igual manera es competente para propiciar la formación de los médicos especialistas. En estos momentos hay déficit de profesionales de la sanidad en el conjunto del
Estado y particularmente en algunas comunidades autónomas y Canarias es una de las comunidades donde hay un claro déficit de profesionales de la sanidad. Faltan médicos de familia, pediatras, anestesistas, especialistas y ramas de la enfermería,
como las matronas.
Finaliza preguntando a la ministra qué va a hacer el Gobierno del Estado para afrontar este asunto que afecta gravemente a la calidad de la sanidad en España y particularmente en algunas comunidades autónomas.
Contesta la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno. Manifiesta que el sistema de salud tiene que contar con buenos profesionales y su formación es el instrumento clave para garantizar su eficacia.
Nuestro Sistema Nacional de Salud cuenta con un sistema de formación sanitaria especializada que integra y combina la formación teórica con la formación práctica, que se basa en una planificación anual de las necesidades de profesionales y se ve
reflejada en una oferta conjunta de plazas de todo el Sistema Nacional de Salud.
Señala que la oferta de plazas en formación no depende de la decisión de la Administración del Estado sino que se encarga de fijar esa oferta la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud, órgano colegiado del que forman parte las 17 comunidades autónomas. A él corresponde la planificación y determinación de la oferta anual de plazas de formación sanitaria especializada.
Expone la política del Gobierno en este tema y los avances tecnológicos logrados.
Finaliza manifestando que el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el ámbito de los recursos humanos, está realizando las tareas de coordinación y planificación que son precisas para realizar una mejor gestión de los temas de personal.
Replica el señor Rivero Baute y duplica la señora ministra de Sanidad y Consumo.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Sánchez), sobre actuaciones medioambientales del Gobierno en Galicia en relación con la protección del litoral, regeneración de cauces fluviales, depuración de aguas residuales, inundaciones e
incendios forestales ... (Página 11217)
Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que presenta la interpelación desde la creencia de que las competencias medioambientales deberían ser exclusivas de la comunidad
autónoma, pero mientras no lo sean son fundamentales la cooperación y la coordinación.
Recuerda que en lo que afecta a las costas y al dominio público marítimo terrestre no se puede olvidar que Galicia tiene el mayor número de kilómetros de costa del Estado español, presentando el fenómeno de las rías, único en el mundo.
Expone las preocupaciones de su grupo y pregunta sobre cinco proyectos concretos referidos a las costas y el dominio público terrestre; a los arenales, que tienen un importante valor turístico; a la depuración y calidad de las aguas; las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Ferrol y de Santiago; a la cuenca hidrográfica del río Miño-Sil y del Norte, y los incendios.
Finaliza pidiendo a la ministra respuestas clarificadoras en relación con los temas planteados, reconociéndole su papel constructivo y dialogante.
Contesta la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno. Manifiesta que contesta gustosa a las preguntas formuladas, aunque dado el grado de detalle, en algún caso podrá completar por escrito toda la información
requerida.
Resalta que en el Ministerio de Medio Ambiente son conscientes de la especificidad del territorio gallego,
desde el punto de vista ambiental, del territorio y de su propio desarrollo socioeconómico, por lo que reitera el máximo compromiso por parte de su ministerio, sobre todo intentando recuperar mucho tiempo perdido en uno de los problemas que
ha señalado el interpelante, como la contaminación en el mar debida en gran parte al retraso en la depuración de las aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Finaliza aportando toda la información pedida por el interpelante.
Replica el señor Rodríguez Sánchez y duplica la señora ministra de Medio Ambiente.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005 ... (Página 11223)
El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog), presenta el informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005.
Intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Holgado
Flores, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR EL PROCESO DE PAZ Y
DAR CON ELLO RESPUESTA A LA ESPERANZA MAYORITARIA DE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/001632.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Sesión de control al Gobierno.
Preguntas. Al señor presidente, del diputado don Gaspar Llamazares Trigo.
Adelante, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, como sabe, mi grupo parlamentario forma parte de la inmensa mayoría comprometida con el proceso de paz. Hoy quiero hacerme eco aquí -las pocas veces que lo hemos hecho- de la esperanza en el proceso de paz, pero también de
la preocupación; esperanza motivada por tres años sin víctimas mortales y también por un largo periodo de tregua, pero asimismo preocupación por la situación de estancamiento que vive el proceso de paz, quizá la situación más delicada que hemos
vivido desde ya hace unos meses. En ese sentido, mi grupo parlamentario quiere trasladarle al Gobierno en esta situación su esperanza, su confianza y, como he dicho, su preocupación. Sabemos quién es el responsable de esta situación. La
responsabilidad es en exclusiva de la organización terrorista ETA, que pretende, mediante el chantaje y la violencia, condicionar el proceso, y también de aquellos que en el mundo de Batasuna no son capaces de emanciparse de la tutela de ETA. Al
mismo tiempo, sabemos de nuestras propias debilidades: la debilidad de los demócratas, fundamentalmente situada en la debilidad de algún partido que antepone su interés particular al interés patriótico general (Protestas.-Aplausos.), al interés de
todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Silencio. Espere, señor Llamazares. Ruego silencio, por favor. Continúe.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Frente a la violencia y al miedo, demos una oportunidad a la esperanza y a la confianza mediante la firmeza frente a la violencia de ETA y frente a cualquier presión sobre el proceso de paz, pero, al mismo tiempo,
mediante la iniciativa política que supere las dificultades del proceso de paz; también mediante la cohesión de las fuerzas políticas democráticas, la información y la estrategia compartida, que debemos compartir también con las instituciones, y
mediante algo muy importante, señor presidente, y que afecta directamente a su responsabilidad y su liderazgo: la pedagogía democrática, porque, señorías, al final del túnel -estamos seguros- está la paz. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Su turno, señor presidente, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Llamazares. Quiero en primer lugar decirle que comparto con usted la esperanza de lo que representa la situación que vivimos después de más
de tres años -tres largos años- sin víctimas mortales y después de cerca de nueve meses de un alto el fuego permanente de ETA, y quiero agradecer la actitud de su grupo, la actitud de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, la
actitud del Gobierno vasco de confianza, de responsabilidad en lo que representa el proceso de paz y la tarea que tiene el Gobierno. Creo que si somos capaces de poner una cierta perspectiva a lo que representa ver el final de algo que ha
representado durante más de treinta años violencia, horror y sufrimiento, podemos llegar a la conclusión de que necesitamos un análisis ponderado y sereno, que la tarea de llevar a buen puerto el proceso de paz exige tiempo, temple y tenacidad, y
exige un trabajo que el Gobierno viene realizando desde el principio de la legislatura, trabajo en el que confío, un trabajo que dará sus frutos, y, desde luego, como han demostrado siempre, las instituciones democráticas, los grupos parlamentarios,
los gobiernos que han tenido que afrontar la violencia estarán a la altura de las circunstancias. No le quepa a usted ninguna duda de que el Gobierno sabrá dar los pasos necesarios en cada momento. Pero esos pasos han de ser firmes, no pasos en
falso, para contribuir a ver el objetivo que tanto anhela la sociedad española, que tanto desea esta Cámara y en el que está comprometido firmemente el Gobierno: el fin de la violencia, la paz en Euskadi y en el conjunto de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKO-REKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ DISPUESTO A PACTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROYECTADA POR EL GOBIERNO A CAMBIO DE ASUMIR CIERTOS
'RETOQUES' O 'AJUSTES' EN EL TEXTO DE LA CARTA MAGNA QUE, SO PRETEXTO DE DOTAR DE MAYOR EFICACIA AL ESTADO, SON EN REALIDAD EXPRESIÓN DE UNA PELIGROSA DERIVA RECENTRALIZADORA? (Número de expediente 180/001611.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josu Iñaki Erkoreka.
Adelante, por favor.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, hace dos años hablar de reforma constitucional era casi delictivo; hoy parece que todo el mundo compite por pujar, por hacer la propuesta más novedosa, más genial. Usted inició su mandato con una propuesta de
reforma constitucional circunscrita a cuatro puntos. Su propuesta era imprecisa, sigue siendo imprecisa porque determina qué reformar pero no concreta cómo quiere hacerlo, y convendrá usted conmigo que en un tema tan importante el cómo puede ser y
es tan importante como el qué. Pero recientemente se han hecho públicas otras propuestas de reforma constitucional que, con el pretexto de conseguir un Estado más eficaz, lo que realmente pretenden es alcanzar un Estado más voraz todavía. Desde
medios muy cercanos a usted, a su partido y a su Gobierno se ha sugerido la posibilidad de que puede alcanzarse una especie de transacción, una suerte de do ut des entre esas propuestas y la suya, de manera que usted pudiera sacar adelante la suya a
cambio de asumir en todo o en parte esas propuestas. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Erkoreka, en efecto, el Gobierno, como consecuencia de un compromiso del programa electoral del Partido Socialista, planteó cuatro aspectos de posible reforma constitucional que han sido evaluados y examinados por el Consejo de Estado,
que ha producido un interesante informe. Estamos convencidos de que nuestra Constitución ha sido una Constitución útil, válida, que nos ha permitido un periodo de progreso, de democracia, de desarrollo y también de consolidación de una visión
territorial de nuestro país y del Estado mucho más acorde con lo que realmente somos y con cómo se manifiestan las distintas identidades, y además tenemos el convencimiento de que el autogobierno político y el Estado autonómico han sido un éxito:
un éxito para el progreso, un éxito para el reconocimiento de identidades y un éxito también para el equilibrio territorial de España. Pero, como toda obra, también la Constitución es mejorable y exige actualización conforme a los cambios sociales,
políticos e históricos, por eso cuatro reformas. Ahora parece que hay algún otro grupo parlamentario que plantea otras reformas. Le puedo asegurar que la actitud de nuestro grupo no va a ser la que a veces hemos escuchado, que es: sin leerlas,
sin estudiarlas, sin analizarlas, rechazarlas por considerar intangible la Constitución. No. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista van a escuchar y a estudiar atentamente todas las propuestas de reforma constitucional y buscarán algo que
exige la propia Constitución: el acuerdo y el consenso. Sí le quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista no apoyará reformas que tengan una vocación de recentralizar el Estado o de vaciar de contenido la posición institucional y
constitucional de autogobierno político que representan las comunidades autónomas. Estudiaremos y apoyaremos aquellas que tengan el objetivo de mejorar la coordinación, la eficacia y la cooperación de un Estado que funciona hoy
bien y que puede funcionar, si todos ponemos lo mejor que tenemos, mejor aún en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias por su claridad, señor presidente.
Puesto que usted ha sido claro yo voy a serlo también. Mi grupo parlamentario no se cree la cantinela del Estado residual; no se cree esto de que el Estado de las
autonomías está convirtiendo al Estado central en algo marginal o residual. Todo lo contrario, la experiencia demuestra que durante los últimos veinticinco años, pese a la existencia de las comunidades autónomas, el Estado central no ha hecho más
que expandirse y crecer, y en muchos casos a costa de las competencias autonómicas. Y esto no es una excepción en su Gobierno; la reciente Ley de Dependencia es un ejemplo claro de que se invaden nuevos espacios competenciales de titularidad
autonómica. Por eso, si en algún momento se plantearan reformas constitucionales que supusieran entre otras cosas, por ejemplo, la supresión del artículo 150.2 o la disposición transitoria cuarta de la Constitución, mi grupo se opondría
rotundamente. Como usted sabe, mi grupo se abstuvo en el referéndum constitucional, pero si la reforma fuese por estos derroteros esa abstención se convertiría en una rotunda oposición.
Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY QUE ESTÁ HACIENDO LA FISCALÍA EN LOS
JUICIOS ABIERTOS CONTRA TERRORISTAS DE ETA? (Número de expediente 180/001613.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
Adelante.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, le pregunto por la actuación de la fiscalía y en particular del fiscal general del Estado en los juicios abiertos a ETA. Para mucha gente la Fiscalía General del Estado se ha convertido en una fuente
inagotable de sorpresas. Yo no voy a abrumarle con datos, pero vayan solo algunos ejemplos para ilustrar. A Otegi se le pide prisión condicional y luego, porque sí, prisión eludible bajo fianza. Al mismo se le pide una fianza de 625.000 euros y
luego, porque sí, de 200.000. Al etarra Bilbao se le piden doce años y luego, porque sí, dos años; a De Juana Chaos, 96 y luego, porque sí, seis. Podría seguir. Lo malo es que, además de estas decisiones inaceptables con las cuales se está
jugando con la ley, ahora la fiscalía también comete errores y los jueces se lo dicen en el texto de las sentencias. La pregunta que le hago es muy concreta y para mí muy importante porque está afectando a nuestro Estado de derecho: ¿Está usted de
acuerdo con la forma de actuar del fiscal general del Estado en estos temas a los que acabo de hacer referencia? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el Gobierno respeta el trabajo de la Fiscalía General del Estado y además tiene depositada una alta confianza en el fiscal general del Estado, que tiene una trayectoria impecable, ejemplar y brillante al servicio del Estado de
derecho en su condición de magistrado.
(Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Rajoy, por favor.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, ya veo que usted está de acuerdo con el fiscal general del Estado; quiero decirle que yo no lo estoy. Las penas se piden en función del delito y no de la temperatura de eso que algunos llaman un
proceso de paz. Con la ley -y es muy importante tener esto claro en un sistema democrático y en un Estado de derecho- no se juega en función de los intereses de nadie. Por tanto, en mi opinión, lo que tiene que hacer usted es instar a la fiscalía
a actuar con celo y con la contundencia exigible ante una organización terrorista. También debe instarle a poner los medios para garantizar que ETA no coloca su brazo político en los ayuntamientos para que no vuelvan a ocurrir cosas indeseadas.
También sería conveniente que su partido terminase con el espectáculo de enfrentamientos públicos que se ha producido en estos últimos días, y no sería malo que usted aclarase al conjunto de los ciudadanos españoles que no está negociando ni va a
hacer ninguna negociación política con una organización terrorista o con su brazo político, que es lo mismo. (Rumores.) Señor presidente, eso daría mucha certidumbre y tranquilizaría a mucha gente. Le pido, por último, que vuelva al Pacto por las
libertades y contra el terrorismo. Es lo más útil, es lo más eficaz, es lo que ha dado mejores resultados y es lo que creo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, comprendo que en su tarea de oposición tenga que hacer una evaluación permanente del Gobierno, pero tiene usted una contumacia en evaluar lo
que es la actuación de la fiscalía y en valorar las resoluciones de los tribunales, incluso la del Tribunal Supremo, que sinceramente creo que debería ejercer con algo más de prudencia desde su función de líder de la oposición y desde su
función política. Usted podrá evaluar, y ha citado algunos casos concretos dentro de lo que es la posición de la fiscalía en los procesos penales, que, como sabe bien usted, tiene diversas fases.
Pero vamos a los datos objetivos, ya que ha
invocado el momento, según usted, llamado proceso de paz. Actuación de la fiscalía de enero a noviembre de 1999, periodo de tregua: la fiscalía formuló 37 escritos de calificación en los que se dirigía la acusación contra 118 personas; en el
periodo correspondiente del presente año, periodo de alto el fuego, se han formulado 99 calificaciones con 224 acusados, prácticamente el triple si comparamos objetivamente ante lo que representa la violencia y la acción...
(Rumores.-Protestas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Rumores.) Por favor, les ruego silencio. Continúe, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Son los datos objetivos de lo que está representando la actuación de la Fiscalía General del Estado en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales y libertades públicas y en
el ejercicio de sus funciones, funciones que el Gobierno respalda. Por cierto, ya que usted ha hecho una apelación a que el Gobierno vuelva a algún otro lado, permítame que yo también le haga una apelación a usted. Vuelva a donde ha estado siempre
la oposición ante ETA y ante la violencia: apoyando al Gobierno. Esa es la oposición que quieren los ciudadanos durante todo el periodo democrático. (Rumores.-Aplausos.) Esa es la vuelta que teníamos que ver, eso es lo que teníamos que vivir y
comprobar para ayudar al fin de la violencia. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA
QUE ES BENEFICIOSO PARA EL ESTADO REFORMAR SUS INSTITUCIONES SIN BUSCAR EL CONSENSO CON EL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN? (Número de expediente 180/001614.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, del diputado don Ángel Jesús Acebes. Adelante, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: ¿Cree la señora vicepresidenta que es beneficioso para el Estado reformar sus instituciones sin buscar el consenso con el principal partido de la oposición?
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): El consenso en temas de Estado siempre es beneficioso. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señoría, la transición, que dio lugar a la etapa de mayor libertad y prosperidad de nuestra historia, se construyó sobre dos consensos fundamentales: el pacto constitucional, que establece que cualquier
modificación de las reglas del juego debe contar con el apoyo de al menos los dos partidos que representan a la inmensa mayoría de los españoles, y el pacto de la concordia, por el que nos comprometimos a pasar página de la división y del
enfrentamiento y a mirar al futuro.
Estos consensos básicos fueron respetados por todos los gobiernos, incluidos los gobiernos socialistas, hasta la llegada del señor Zapatero.
Su Gobierno, señoría, ha roto ambos acuerdos en un ejercicio de
deslealtad e irresponsabilidad sin precedentes. En lo que afecta al pacto constitucional, han cambiado las reglas del juego de espaldas al principal partido de la oposición, han aprobado un estatuto que vulnera la Constitución en aspectos
esenciales, y ahora, lo que faltaba, persiguen modificar sin contar con el Partido Popular el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que es precisamente el que tiene la responsabilidad de salvaguardar la Constitución. En
cuanto al otro gran pacto, el pacto de la concordia, señoría, la guerra de esquelas da fe todos los días en los periódicos de su irresponsabilidad, porque, y se lo pregunto sinceramente, ¿hay algo más equivocado, más nocivo y más grave que hurgar en
las heridas, reavivar la división entre españoles, resucitar los enfrentamientos y alimentar el rencor? (Rumores.) Es lo peor que puede hacer un gobierno, y su Gobierno lo ha hecho. Reflexionen, señorías. Aparquen por un momento sus intereses
partidistas y retiren antes de que se vote mañana la Ley de la Memoria Histórica. (Rumores.) No lo hagan porque se lo pide el Partido Popular, háganlo por la convivencia entre todos los españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora vicepresidenta, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega
Sanz): La verdad, señoría, es que hablar de rencor y de resentimiento en su persona es una cosa muy poco creíble. (Rumores.) Pero de todas formas voy a decirle, y se lo he dicho en más de una ocasión, señor Acebes, que, como es bien
sabido, usted siempre repite sus preguntas una semana y otra también. Es evidente que ustedes no quieren dialogar, quieren ordenar; ustedes no quieren acordar, quieren mandar, y eso no es el consenso, señoría, el consenso es fruto del diálogo, de
la negociación y del acuerdo, no del ordeno y mando. Lo que ustedes quieren y han querido siempre es imponer unas ideas que, por cierto, no han sido respaldadas por la mayoría de los ciudadanos en las urnas, que en la última ocasión les dijeron
bien claro y bien alto que no, aunque usted parece haberlo olvidado. Señorías, ustedes gobernaron durante ocho años, en los últimos con mayoría absoluta. ¿Qué pasó entonces? Que lo que hacían en el Gobierno es lo mismo que hacen ahora en la
oposición: confrontar, confrontar y confrontar. Eso es lo que hacían y es lo que hacen, porque no quieren consenso, ni siquiera disenso, quieren confrontación, y lo hacen exclusivamente, señor Acebes, por intereses puramente partidarios.
Consenso, no; confrontación, sí. No quieren consenso en ningún tema de Estado, ni en inmigración ni en política exterior ni en la ayuda a la lucha contra el terrorismo, como ha quedado bien claro hace un minuto.
Sencillamente, ¿sabe por qué lo
hacen? Porque ustedes han puesto en marcha desde el primer día la caja registradora para ver si recaudan votos, y yo le digo: no van a ganar ni un solo voto y, lo que es peor, no hacen ni siquiera país. Señor Acebes, su actuación podría
caracterizarse siempre -porque siempre es la misma- con aquellas expresiones con que calificaba el filósofo Foucault: pobre en recursos, parco en sus métodos, monótono en su táctica e incapaz de invención. (Rumores y protestas.) Señoría, los
mejores resultados en la cultura política se han obtenido siempre del diálogo y del acuerdo, jamás de la confrontación ni de la imposición. Eso nunca ha dado buenos resultados; deberían ustedes empezar a aprender. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
-DEL DIPUTADO DON MANUEL HUERTAS VICENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA MISIÓN DESARROLLADA POR EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO? (Número de expediente 180/001624.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa, de don Manuel Huertas. Adelante, por favor.
El señor HUERTAS VICENTE: Señor ministro, el 30 de mayo compareció usted en la Comisión de Defensa para pedir autorización al Congreso -así lo exige la Ley de Defensa Nacional- con objeto de enviar tropas españolas a la República
Democrática de Congo, como consecuencia de la petición de Naciones Unidas a la Unión Europea para garantizar el proceso a celebrar el 30 de julio. Por tanto, son las elecciones legislativas presidenciales el motivo de la misión, las primeras
elecciones por cierto en cuarenta años en Congo. Usted explicó cuáles eran las razones y los antecedentes que dieron origen a la intervención de Naciones Unidas. El Consejo de la Unión Europea accedió a la petición y fijó como tiempo máximo de
permanencia cuatro meses después de la fecha electoral. Cumplidas las condiciones para participar, nos indicó la entidad de la fuerza en la misión denominada Eufor RD Congo. El Congreso le dio un apoyo ampliamente mayoritario, siendo todos
conscientes de que una misión de paz de las Fuerzas Armadas está sometida siempre a riesgos, propiciados en este caso por grupos armados que se oponen al proceso democrático y conflictos civiles, todos ellos propios de una zona que vive en un largo
conflicto.
De esta forma, España se implica en una misión para promover la democracia en una zona de alto interés geopolítico para la Unión Europea y para el resto del mundo, siendo esencial también en el contexto africano. Recientemente, el jefe
del Estado Mayor de la Defensa visitó a las tropas, compuestas por 130 efectivos, tuvo diferentes entrevistas e hizo una entrega de seis toneladas de ayuda humanitaria recogidas por medio del proyecto España solidaria. Por último, señor ministro,
no hace muchos días hizo unas declaraciones felicitando a las tropas y a sus responsables operativos por su buen trabajo. Resaltó que sin su brillante -así la definió- intervención se hubiera podido poner en peligro todo el proceso electoral en el
país africano. La misión ha concluido, están regresando las tropas, y por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, la República Democrática de Congo está viviendo un momento histórico crucial después de un largo periodo de guerra civil que está terminando con pasos tan decisivos como las primeras elecciones democráticas que se han
celebrado en los últimos meses. La comunidad internacional nos pidió a través de la Unión Europea que mandásemos tropas a Congo, y por eso la Unión Europea creó el llamado Eufor, República Democrática de Congo, adonde fuimos con 130 efectivos, que
se revelaron en definitiva como una pieza clave de la misión, porque, además de desarrollar las patrullas de seguridad en la zona asignada, constituyeron
la fuerza de reacción inicial para actuar inmediatamente en caso de que hubiera necesidad. Los resultados, señorías, son muy satisfactorios y puedo decirlo con legítimo orgullo. Así lo atestiguan las autoridades locales y las diferentes
comisiones de observación electoral que acudieron al proceso electoral de la República Democrática de Congo. A pesar de la inestable situación, tuvieron incidentes que siempre trataron con absoluta brillantez, en particular el del día 21 de agosto,
incidentes ya conocidos, en los que tuvieron que escoltar el día que he citado a los miembros de la comisión electoral independiente que se encontraban en el domicilio del jefe de la oposición. Estos fueron seguramente los hechos más graves de todo
el periodo electoral, y sobre ellos el comandante de la fuerza de paz europea destacó que sin la crucial intervención de la fuerza española posiblemente no hubiese habido una segunda vuelta electoral, y en el mismo sentido se manifestó el ministro
de Asuntos Exteriores de Congo.
Señor presidente, señorías, la República Democrática de Congo es un país inmenso, de un tamaño comparable a la Unión Europea, sin apenas vías de comunicación con el exterior ni tampoco entre sí, en el interior. En el proceso electoral ha
habido más de 25 millones de electores, con una participación del 70 por ciento en la primera vuelta y del 60 por ciento en la segunda; por tanto, un éxito de la política interna y de la política internacional que esperamos se concrete en el
futuro. Por nuestra parte, hemos cumplido en todo lo que nos correspondía, garantizando la seguridad de ese proceso electoral, de modo que la misión concluyó sin más novedades que las que le he citado el día 30 de noviembre. Mañana tendré el
honor, el placer y el orgullo de ir a recibir a nuestras tropas a Almería, adonde llegan, y les ampliaré en definitiva la información en mi próxima comparecencia en la Comisión de Defensa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ RESULTADO PUEDE DESTACAR EL GOBIERNO DE LA RECIENTE CUMBRE DE LA OTAN EN RIGA? (Número de expediente
180/001625.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús Cuadrado. Adelante.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le formulo esta pregunta porque la cumbre de la OTAN sobre la construcción de la seguridad en el mundo tiene un gran interés, sobre todo después de cuatro años en los que una peligrosísima decisión puso en peligro la
seguridad con un enfoque realmente peligroso para la seguridad en el mundo. Se trata de saber, señor ministro, si después de cuatro años en Riga se ha iniciado el cambio de rumbo. Por cierto, hace cuatro años, señor Rajoy, usted nos decía que
había armas de destrucción masiva en Irak -¿se acuerda?- y todavía no ha pedido disculpas por aquello. Pues bien, hace cuatro años, señor ministro, se inició un terreno peligroso en materia de seguridad en el mundo, cuando se consideraba a
Naciones Unidas un órgano irrelevante, cuando se creía que el vínculo transatlántico, el vínculo entre Europa y el norte de América, debía basarse en la debilidad de Europa, en que Europa estuviera muda y ciega y en que no contara nada en el mundo.
Hace cuatro años se consideró de manera peligrosa, una auténtica locura, que el origen del terrorismo tenía que ver con grupos étnicos o con una religión. Ahora, señor ministro, en España aquellos que explicaban en nombre del Gobierno en todas las
televisiones por qué teníamos que ir a Irak están diciendo como respuesta a la Alianza de Civilizaciones que el Gobierno olvida la guerra contra el turco del siglo XVI o por ejemplo que el Gobierno está defendiendo todas las religiones menos la
nuestra. Y los mismos que hacían de propagandistas de su participación en la guerra de Irak están diciendo que hace ya muchos años que les expulsamos, después de ocho siglos de estar en España. (El señor Madero Jarabo: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Esa
locura al fin se ha acabado, señorías, y se ha rectificado el rumbo en Irak.
Señor ministro, ahora, cuando la gran mayoría de los norteamericanos están de acuerdo con lo que pensaban y piensan los españoles de la guerra preventiva, la pregunta que tengo que hacerle es si la imagen de Riga ha enterrado, al fin, la
imagen de las Azores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.
Señor diputado, gracias por su pregunta. Realmente ha sido una cumbre importante y beneficiosa para la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se ha aprobado la guía política general que nos da un marco formal y sustancial de trabajo
durante los próximos diez o quince años y que incluye las capacidades de las que nos vamos a dotar en la OTAN. Las conclusiones de la cumbre se las podría esquematizar en tres apartados: operaciones de la Alianza, transformación militar y
cuestiones políticas diversas.
Sobre operaciones sabe que había dos encima de la mesa. Una es la de Afganistán, donde nuestras fuerzas tienen una importante responsabilidad en la zona oeste. Quiero dejarle claro que vamos a seguir teniendo esas responsabilidades en la
zona asignada de la que solo saldremos ante una situación de emergencia, actuando desde el principio de solidaridad interaliada, pero dentro de las salvaguardas actuales, algo conocido, reconocido y apoyado por nuestros socios de la Alianza
Atlántica y por los 37 países de la Organización de las Naciones
Unidas que están en Afganistán. (Un señor diputado: ¡Que no!) La otra operación es Kosovo. Ya sabe que ahí mantenemos el apoyo al estatuto que, en definitiva, defina el futuro de Kosovo y trataremos de evitar la no participación de
Serbia, que es un actor importante en la región. Creemos que en la OTAN ha prevalecido fundamentalmente ese enfoque, compartido por España, de invitar simultáneamente a la OTAN, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Serbia a integrarse como paso previo
en la llamada Asociación para la Paz.
En cuanto a la transformación, sabe que la gran cuestión es la Fuerza de Respuesta de la OTAN, es decir, el instrumento operativo del que se tiene que dotar la organización de cara al futuro, hay que generar fuerzas, y aquí el gran problema
era la financiación. España abogó siempre por fórmulas de financiación común que evitarán el perverso efecto lotería y hemos conseguido efectivamente que la Alianza Atlántica camine en pro de un sistema de financiación común de esa Fuerza de
Respuesta, lo que la va a dotar de un vigor político y operativo indudable en el futuro.
Finalmente, sobre las cuestiones políticas quiero destacar que, efectivamente, el diálogo mediterráneo ha sido un punto esencial en la estrategia de aproximación de la OTAN a los fenómenos de la política mundial, como lo ha sido el apoyo
expreso en las conclusiones a la Alianza de Civilizaciones, que, como me oiría decir a mí mismo, va a dotar de una indudable legitimidad ética a la actuación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde estamos de pleno derecho desde
hace muchos años y donde vamos a estar con toda nuestra determinación política. Por tanto, es una buena cumbre que permite avanzar en el futuro, que nos va a permitir adaptarnos a los retos de seguridad de un mundo que ciertamente es cambiante y
complejo y que nos exige estar preparados. La próxima reunión informal será en Sevilla, los días 8 y 9 de febrero de 2007, y allí esperamos seguir estando a la altura de las circunstancias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SALOM COLL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿HA CAMBIADO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SU
VOLUNTAD EXPRESADA EN ESTA CÁMARA DE QUE BARCELONA SEA SEDE DE UNA REUNIÓN DE MINISTROS DE VIVIENDA? (Número de expediente 180/001615.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Vivienda de doña María Salom.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias.
¿Puede decirme quién tomó la decisión de suspender la cumbre de ministros de Vivienda de la Unión Europea que debería haberse celebrado en Barcelona?
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): La respuesta ya fue dada el día 18 de octubre en una sesión de esta Cámara. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Salom.
La señora SALOM COLL: El presidente del Gobierno faltó a la verdad el pasado 18 de octubre en esta Cámara en dos ocasiones, y usted hoy vuelve a hacer lo mismo, ministra. El presidente del Gobierno dijo entonces que no había acuerdo entre
Delegación del Gobierno, Generalitat y ayuntamiento para garantizar la seguridad, y la propia consejera de Interior lo desmintió. Y faltó a la verdad también al anunciar que la voluntad del Gobierno era que la reunión se celebrara y que fuera un
éxito. Ahora usted nos cuenta otra vez los mismos problemas de agenda.
Nada de esto es verdad, señora ministra. No lo hacen porque, por mucha maquinaria de propaganda que tengan, les da vergüenza que se observe que ni siquiera son capaces de
garantizar la seguridad de este tipo de reuniones, que se perciba además el papel que juegan sus socios de Gobierno y la deriva radical que se está generando desde que ustedes están gobernando. Su última perla era extraordinaria, señora ministra:
movimiento ocupa es una forma de vida alternativa. (Rumores.) Esa es su expresión y además está muy extendida en algunos lugares del mundo. Esta es su perla.
Señora ministra, los ministros de la Unión Europea y la opinión pública de sus países ya saben que en Barcelona no se dan las condiciones de seguridad necesaria para celebrar una cumbre. Este verano ya fracasaron ustedes con el tema de El
Prat y en un país cuyo mayor potencial de crecimiento es el turismo, en un país al que vienen cada vez más ciudadanos de la Unión Europea y en el que en el primer semestre de este año 60.000 viviendas han sido adquiridas por extranjeros, ustedes
ofrecen una imagen de descontrol y una imagen de desgobierno insólita, señora ministra. A ustedes les sería más fácil decirles a los militantes que asaltaron al señor Acebes que se queden en su casa; que se queden en su casa, señora ministra.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Señorías, como decía anteriormente, el Gobierno de España sigue pensando lo mismo que pensaba el día 18 de octubre y no ha mantenido ninguna falsedad. Sí tengo que decirle, en segundo lugar, que quienes no han garantizado
la seguridad en este país han sido ustedes, que la han privatizado y no la han considerado como un servicio público. (Aplausos.) Pero ya que menciona usted la cumbre de ministros de Vivienda de Barcelona tengo que manifestarle mi
satisfacción porque por fin el Partido Popular esté interesado en la agenda internacional en materia de vivienda de este Gobierno. Desde luego, mayor sería mi satisfacción, y sobre todo la de los ciudadanos, si rectificaran sus ocho años de errores
continuos en vivienda, que han excluido del acceso a la vivienda a muchas familias (Rumores.) y colaboraran con las políticas públicas que este Gobierno está llevando a cabo. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Hoy todos los ciudadanos estarían más contentos si las 85.000 viviendas protegidas que se han iniciado con este Gobierno en el año 2005 también se hubieran iniciado cada uno de los ocho años
que ustedes estuvieron en el poder. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Anda ya!) Pero lo más impresentable e incluso lamentable es que un dirigente de su partido, ex ministro de Asuntos Exteriores, esperemos que por muchos años, no sepa qué es ni
cómo se llama la reunión aplazada. Se trata de una reunión informal de ministros de Vivienda de la Unión Europea y se llama así desde 1989 en que se celebró la primera, 1989. Desde luego, no son consejos de ministros europeos en los que se
repartan fondos estructurales, por ejemplo. Esto es algo que ustedes deberían saber si les hubiera preocupado la política de vivienda cuando gobernaban y si alguno de sus ministros hubiese asistido a estas reuniones. Porque, señorías: ¿dónde
estaban el señor Aznar y el ministro responsable de las políticas de vivienda de los gobiernos de su partido cuando se celebraban estas reuniones? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señora ministra.
Silencio.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): ¿Estuvo algún ministro de los gobiernos del Partido Popular en octubre de 1996 en Dublín, en septiembre de 1997 en Ámsterdam, en octubre de 1998 en Austria? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Perdone, señora ministra. Por favor, un poquito de calma. Continúe.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): ¿En septiembre de 2000 en Bruselas, después en París, después en Copenhague, después en Atenas? Si el Partido Popular no tenía política de vivienda, cómo iban a tener agenda internacional
de vivienda. (Aplausos.-La señora Salom Coll y varios señores diputados: ¡Bravo! ¡Bravo!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Silencio, por favor.
-DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONFIRMA EL GOBIERNO QUE PIENSA INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA TARIFA
ELÉCTRICA ANTES DE FIN DE AÑO? (Número de expediente 180/001608.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Sánchez i Llibre al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor ministro, ¿confirma que su Gobierno piensa incrementar significativamente las tarifas eléctricas hasta final de año? En caso contrario, señor ministro, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
le gustaría que hoy aceptara ante esta Cámara, que es soberana, el compromiso de que en los próximos doce años el promedio de las subidas de las tarifas eléctricas a los consumidores, a los hogares y a las empresas no va a superar la inflación
prevista para el año próximo.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor diputado.
El Gobierno no ha hecho ninguna afirmación como la que está implícita en su pregunta. Nosotros estamos trabajando, como siempre en estas épocas del año, para preparar el decreto de actualización de las tarifas eléctricas, que entrará en
vigor a partir del 1 de enero de 2007, con el fin de reflejar la retribución prevista para el próximo año de los costes del sistema eléctrico. No podemos comprometernos, obviamente, por un periodo de diez o doce años, como usted propone, porque,
entre otras cosas, no tenemos una bola adivinatoria que nos diga cuál va a ser el precio de la generación de energía en los próximos años. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Mi pregunta se refería, señor ministro -a lo mejor me he equivocado al plantearla-, a los próximos doce meses. De todas formas, deduzco de su respuesta que una vez más los hogares españoles, las familias
españolas y las pequeñas y medianas empresas españolas van a ser las víctimas
propiciatorias, los que van a pagar los platos rotos de una subida indiscriminada y abusiva de los recibos de la luz debido a una política energética poco clara, oscura, errática y que afectará negativamente a las economías domésticas y a
las economías de nuestro tejido empresarial, básicamente a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros le pedíamos un compromiso claro, como responsable del Ministerio de Industria, con el fin de tranquilizar a las familias españolas y a los agentes
económicos españoles. Hoy queríamos un compromiso claro y efectivo de que las tarifas eléctricas no van a subir para los hogares y las empresas por encima de la inflación. Porque si uno se atiene a las declaraciones que han realizado diferentes
responsables del Gobierno socialista, empezando por su presidente y acabando por sus vicepresidentes, primero y segundo, por responsables de su Ministerio de Industria y por usted mismo, llega a la conclusión, a través de las diferentes
declaraciones, de que probablemente las subidas de las tarifas eléctricas en el próximo año van a oscilar entre un 6 y un 10 por ciento. Si eso se produce Convergència y Unió va a estar frontalmente en desacuerdo y no va a votar favorablemente este
tipo de subida.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, su tiempo terminó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.
Señor diputado, tenemos que hacer un esfuerzo como país para adaptar en los próximos años nuestras tarifas al marco regulatorio europeo, para adecuar nuestras tarifas al coste de la energía y para hacer que esta transición sea lo más suave y
lo más aceptable posible para las familias y para nuestra economía en general. Puedo afirmar y afirmo que el Ministerio de Industria va a tramitar hoy la propuesta de real decreto a la Comisión Nacional de la Energía, que incluye un incremento de
la tarifa doméstica de la luz para el año 2007 equivalente al IPC, a la inflación del año, es decir, alrededor del 2,8 por ciento. Este es un compromiso que va acompañado de un conjunto de medidas que tienen por objetivo que con un periodo de
cuatro años de adaptación podamos adecuarnos a los costes reales de la energía y eliminar el llamado déficit tarifario, que no es otra cosa que posponer el pago que se adeuda a las compañías en los próximos años.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁNTAS VECES TIENE QUE REPETIR LA COMISIÓN EUROPEA QUE LAS CONDICIONES
IMPUESTAS POR EL GOBIERNO A LA OPA DE E.ON SOBRE ENDESA SON ILEGALES, PARA QUE EL GOBIERNO RECTIFIQUE? (Número de expediente 180/001616.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Vicente Martínez-Pujalte.
Adelante, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, doy por reproducida la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Si le respondo a la pregunta que figura en el orden del día, lo tendría que hacer devolviéndosela a usted: ¿Cuántas veces debe explicar el Gobierno al Partido Popular su
posición en relación con la OPA de E.ON? Con esta pregunta son veinticuatro las veces que su grupo ha preguntado sobre este tema. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, como usted es un demócrata, entenderá que en un parlamento le preguntemos las veces que entendamos necesarias para defender a las familias y a los consumidores, 24 ó 114. (Aplausos.) Su
ministerio, señor ministro -y usted no tiene la culpa, porque es un recién llegado-, es un auténtico caos. De vodevilesco calificó El País -no es un periódico sospechoso- en un editorial lo que está pasando con las tarifas. Señor ministro, la
Comisión Europea ha llamado la atención al ministerio dos veces, diciendo que las decisiones eran ilegales, perjudicaban a los consumidores y limitaban el mercado único; el Tribunal Supremo ha parado una decisión del Consejo de Ministros por
atentar contra los consumidores; encargaron un libro blanco que no están aplicando; impulsaron una OPA que ha abierto en canal y tiene hecho unos zorros al sector energético; han manipulado a los miembros de la Comisión Nacional de Energía y
luego les han dejado a los pies de los caballos desmintiéndoles, ¿y todo eso por qué, señor ministro? ¿Todo eso para qué? Para pagar favores políticos a las empresas que iban a Moncloa y para pagar el pacto del Tinell. Eso es verdad. ¿Y quiénes
van a ser los paganos de esa política errática en materia energética? Los consumidores.
Ha dicho usted que esta tarde va a llevar a la Comisión Nacional de Energía el decreto de tarifas. Todavía no lo ha llevado. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes quieren que las tarifas crezcan por encima del IPC. Y me atrevo a asegurar,
señor ministro, que mañana veremos cómo el decreto que usted lleva a la Comisión Nacional de la Energía dice que el incremento medio para familias y empresas va a ser superior al IPC previsto, va a ser superior
a la subida que van a fijar para pensionistas y para funcionarios. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que los consumidores y las pequeñas empresas sean los paganos de su despropósito en la gestión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.
Parece que usted no ha leído últimamente los periódicos o solo ha leído parte de ellos, porque si los hubiese leído todos habría visto reflejados en más de uno los costes de la energía en diversos países europeos y habría visto que los
costes de la energía en España están entre los más bajos de la Unión Europea. Por tanto, en todas estas terroríficas noticias con las que usted nos amenaza sobre el coste que han de pagar los ciudadanos y las empresas no hay nada, absolutamente
nada, de cierto.
Lo único cierto es que ustedes preguntan y preguntan sobre el tema de la OPA y la disputa con la Unión Europea, que por otra parte es una disputa que está dentro de las relaciones habituales entre dos instituciones que no están de
acuerdo en un tema muy concreto: los reglamentos de ordenación del sistema eléctrico.
No se preocupe su señoría. Tenemos unas tarifas que, en comparación con el resto de países europeos, son de las más bajas y continuaremos teniendo con los incrementos del año que viene unas tarifas que, en comparación con el resto de los
países europeos, serán de las más bajas. Y esto no lo tendrá que certificar su grupo ni lo tendrá que certificar el Gobierno, esto lo certificará la Oficina Estadística de la Unión Europea. Así pues, dejemos a los estadísticos europeos que
arbitren sobre esta supuesta discusión que hay entre usted y nosotros. Lo cierto es que usted pregunta insistentemente en relación con la OPA de E.ON sobre Endesa. Nunca una empresa alemana había tenido tan gran defensor en una institución
española como su grupo, veinticuatro veces en los últimos meses. Les felicito. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿SE SIENTE DESAUTORIZADO EL MINISTERIO DE INDUSTRIA EN SU INTENTO DE SUBIR
LAS TARIFAS DE LA ELECTRICIDAD? (Número de expediente 180/001617.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Fernando Vicente Castelló.
Adelante.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la semana pasada pudimos contemplar otro nuevo sainete del Gobierno, y otra vez en el sector energético, sobre un importante asunto que ya ha salido en el debate de hoy y que preocupa mucho a todos los españoles, como es el
recibo de la luz. Primero se dijo que iba a subir una media de un 10 por ciento y luego la señora vicepresidenta y el señor Moraleda tuvieron que rectificar esas informaciones previas y decir que solamente iba a subir en torno al IPC. Ayer un
periódico nada sospecho, El País, calificaba la situación de la semana pasada como episodio vodevilesco. Es una calificación artística, pero yo creo que es mucho más grave que todo eso. Primero, por esas contradicciones en el Gobierno, a las que
ya estamos totalmente acostumbrados: entre Solbes y Montilla, contradicciones como consecuencia de la OPA; entre el señor Montilla y usted mismo, como consecuencia de las declaraciones que se hicieron en las negociaciones si con Bruselas, si con
Alemania, sí o no, y ahora de nuevo otra vez vuelve a repetirse en este asunto, que ya le digo que preocupa a todos los españoles. A nosotros, señor ministro, nos preocupa la economía de todos los españoles, de las familias y de las industrias.
Por eso, el dato que usted acaba de dar hace un momento de que va a subir la tarifa en un 2,8 sobre el IPC es un dato que debería desglosar y decir exactamente a quién se le va a subir y cómo se le va a subir el precio de la luz para el año que
viene.
El problema está en que llevan casi tres años de Gobierno y en este sector solamente se han preocupado de intentar intervenir, controlar el sector a través de sus amigos y hasta eso les está saliendo mal. Tienen el panorama energético hecho
un solar, con la OPA aún sobre la mesa, sin saber cuál es el modelo de futuro, pagando peajes a ciertas autonomías -y hablaremos de ello- a través de la reforma de la Ley del Sector Eléctrico y con un anunciado marco sobre las energías renovables
que puede ser el cementerio de una industria que en estos momentos es vanguardia en el mundo. Para aliñar toda esta situación tenemos ese quiero y no puedo -veremos mañana qué es lo que sale, pero me temo que la realidad va a ser muy diferente al
dato que usted acaba de dar hoy aquí, en el Congreso-, ese quiero y no sé si me dejan, trasladar su incompetencia al recibo de la luz y que paguemos todos los españoles sus frivolidades y su falta de competencia.
Señor ministro, además de tener la oportunidad de clarificar estas cuestiones sobre la subida de la tarifa, la pregunta de hoy es muy concreta: ¿se siente desautorizado el ministro de Industria en su intento de subir las tarifas de la
electricidad? (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.
No me siento en absoluto desautorizado. Al contrario, me siento absolutamente respaldado por el conjunto del Gobierno porque tenemos una política muy clara para
establecer un nuevo marco tarifario y un nuevo marco normativo que suponga una estabilidad absoluta en el marco tarifario eléctrico en los próximos cuatro años y que además nos permita adaptarnos a las directivas de la Unión Europea en los
próximos años. Es muy evidente que el coste de la energía ha ido subiendo de una forma muy importante en los últimos meses, que ustedes no tuvieron esto en cuenta cuando diseñaron su ley eléctrica hace unos años y que, por tanto, tenemos que
modificar esa ley eléctrica para tener un marco tarifario adecuado. Como ya he dicho antes, la tarifa doméstica de la luz tendrá una subida para el año 2007 equivalente al IPC, con una media para los consumidores domésticos del 2,8 por ciento.
Por
otra parte, es muy importante que modifiquemos nuestros hábitos de consumo a favor del ahorro energético. Es sin duda un reto de futuro básico, que debe ir en paralelo al fomento de las energías renovables.
Con el nuevo paquete de medidas
normativas, en un periodo de cuatro años nos adaptaremos a las directrices europeas y lo haremos de forma paulatina y con el mínimo impacto posible, tanto en el consumidor como en nuestra economía. La subida media del resto de las tarifas
eléctricas será del 5,52 para aquellos consumidores que no opten por acudir al mercado abierto eléctrico y se establecerán también medidas compensatorias, tanto para los consumidores domésticos como para los consumidores industriales, para el
fomento del ahorro energético.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS CORCUERA PLAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO A LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/001626.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Juan Carlos Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.
Señor Clos, hoy ya nadie discute la apuesta clara y decidida de su ministerio en el impulso de la sociedad de la información en nuestro país. Hoy ya nadie discute que España ha dado un importante salto cualitativo en los servicios de la
sociedad de la información. Este avance se ha producido sobre todo en dos direcciones: por un lado, en el uso de estas tecnologías por parte de ciudadanos y empresas; por otro, en su uso generalizado por parte de las administraciones públicas.
Las cifras así lo avalan. En penetración de Internet, desde finales del año 2003 hasta hoy el número de usuarios ha aumentado en casi un 50 por ciento, llegando además a prácticamente doblar el número de conexiones de banda ancha, que hoy superan
los 5,5 millones; en el ámbito educativo se han realizado actuaciones en más de 10.000 colegios y se ha alcanzado la cifra del 87 por ciento de centros educativos conectados a la banda ancha. Pero también en ayudas de carácter económico: más de
24.000 familias y casi 25.000 empresas se han beneficiado hasta el momento de préstamos al cero por ciento de interés para la compra de ordenadores y el acceso a la banda ancha. Ello ha sido posible por la apuesta decidida que el Gobierno ha
llevado a cabo en el impulso de la sociedad de la información, no solo con declaraciones sino ante todo con recursos económicos. Así, si en 2004 el presupuesto de la Secretaría de Estado era de aproximadamente 500 millones de euros, el presupuesto
previsto para el próximo 2007 supera los 1.400 millones, un nivel de inversión desconocido en nuestro país. Sin embargo, aún seguimos alejados de los índices de utilización de las FIT que presentan otros países europeos vecinos y sufrimos los
efectos de una dispersión normativa de difícil manejo.
Por eso, en el Grupo Socialista recibimos con enorme expectación el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado noviembre. Interesados por su contenido, quisiera que nos señalara cuáles son las principales líneas del anteproyecto de ley de
impulso a la sociedad de la información.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la ley de medidas de impulso a la sociedad de la información se enmarca en el conjunto de actuaciones del plan Avanza e introduce innovaciones normativas para garantizar los derechos de la ciudadanía en el ámbito de dicha sociedad
de la información y eliminar las barreras existentes para la implantación de la economía digital en nuestro país.
Las medidas normativas más destacadas relacionadas con los derechos de los usuarios son las siguientes. En primer lugar, se contempla
la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre del año 2007, una cobertura total de la población a precios razonables. En segundo lugar, para que Internet esté presente en la actividad cotidiana de los ciudadanos,
las grandes compañías en sectores económicos relevantes estarán obligadas a disponer de interlocución telemática con sus usuarios, debiendo adoptarse el DNI electrónico. En tercer lugar, se ampliarán las garantías para ciudadanos discapacitados y
de edad avanzada y de este modo Internet será más accesible para todos.
En cuarto lugar, habrá mayor seguridad en Internet. Los proveedores de acceso a Internet estarán obligados a facilitar la protección de sus clientes e informar sobre
herramientas de filtrado de contenidos para la protección de los menores. En quinto lugar, se facilitará a través de diversos programas de difusión la participación ciudadana. En sexto lugar, se refuerzan los derechos de los
ciudadanos en materia de telecomunicaciones. Y, en séptimo lugar, los nombres de dominio '.es' contendrán caracteres propios de la lengua española distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como la letra eñe. Las medidas normativas
más destacadas relacionadas con la eliminación de barreras a la implantación de la economía digital son las siguientes: La extensión de la factura electrónica, la flexibilización de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales y la
extensión de la mencionada firma electrónica clarificando sus reglas.
Quisiera resaltar que cuando se apruebe este texto solo un órgano judicial competente podrá ordenar el cierre de páginas de Internet cuando se afecte a los derechos de libertad
de expresión.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON MANUEL MAS I ESTELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALITA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES TIENE PROGRAMADAS EL GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES EMPRESARIALES CON ÁFRICA? (Número de expediente
180/001627.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Manuel Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
África, o al menos gran parte de ella, parece ser un continente abandonado en todos los aspectos: social, económica y políticamente. Sin embargo, el conocimiento existente de esta situación, la imposibilidad de obviarlo en un mundo
globalizado y, en el caso español, su cercanía y visibilidad concreta en términos humanos invita a su consideración.
En mayo de este año el Gobierno aprobó un conjunto de actuaciones sobre este tema que agrupó bajo el título de Plan África: afianzamiento de la democracia y la paz, lucha contra la pobreza, cooperación en la regulación de los flujos
migratorios, participación en la estrategia de la Unión Europea, promoción de intercambios comerciales y de inversión, cooperación cultural y científica y refuerzo de la presencia institucional. Nuestras relaciones económicas con África son muy
débiles y escasas, más allá de las derivadas de la actividad pesquera y de la importación de materias primas, especialmente hidrocarburos. Por esta razón queremos preguntarle, señor ministro: ¿Qué actuaciones concretas ha emprendido su
departamento en materia de relaciones económicas con los países del continente africano y qué perspectivas cree usted que existen para poder desarrollarlas?
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, efectivamente el acercamiento hacia África se ha convertido en una de las prioridades de nuestra política exterior y ahora aspiramos a convertirnos en un socio de referencia en el camino de muchos países hacia el desarrollo y
la democracia. El Plan África, al que usted ha hecho referencia, tenía, entre otros objetivos, crear los medios y los escenarios adecuados para el fomento de la presencia empresarial e inversora en África. Para lograrlo, hemos elaborado un plan de
impulso a la actividad empresarial en el África subsahariana para el periodo 2007-2009 dotado con cerca de 307 millones de euros. Este plan tratará de crear un clima favorable para los negocios con especial énfasis en el sector privado y apoyará la
implantación de empresas españolas, todo ello considerando los distintos agentes que intervienen en la cooperación al desarrollo. Algunas de las acciones y medidas concretas son las siguientes: La mejora del entorno para el comercio y la inversión
española a través de los llamados acuerdos de promoción y protección de inversiones; el impulso a la financiación de inversiones empresariales con la contribución de Cofides y con la mejora de las condiciones de apoyo del ICEX; la orientación de
los créditos FAD hacia áreas prioritarias, como las infraestructuras, o pequeños proyectos de pymes locales, como las puestas en marcha recientemente en Senegal; la mejora de la información sobre las oportunidades de negocio en el África
subsahariana, aprovechando las oportunidades que también en este sentido ofrece Canarias. Por último, les anuncio que en los próximos días se aprobará una nueva línea de financiación de estudios de viabilidad denominados Asistencia Técnica para
África, dotados con 4,5 millones de euros, que facilitarán estudios de viabilidad y darán asistencia técnica, ayudando así a los países del África subsahariana en sus proyectos de desarrollo. Espero que la puesta en marcha de este ambicioso plan no
solo resulte beneficioso para mejorar nuestras relaciones empresariales y comerciales con África, sino también para contribuir al desarrollo de esta zona del planeta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA MADRAZO DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿ESTÁ DISPUESTO EL GOBIERNO A ESTUDIAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE HORARIO QUE SE
PUEDAN FORMULAR DESDE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/001618.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Administraciones Públicas de doña Ana María Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en la última asamblea celebrada por el Bloque Nacionalista Galego se aprobó una enmienda instando al Gobierno gallego a trabajar para adaptar el huso horario gallego a su hora natural geográfica. Como consecuencia de esta
iniciativa, como usted sabe, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, manifestó en rueda de prensa que esta no le parecía una cuestión importante, calificándola, y cito textualmente sus palabras, de chorrada. Sin embargo, y a pesar de
calificarlo ustedes mismos como chorrada, el señor Blanco manifestó que se estudiaría esta propuesta. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular nos preguntamos si el Gobierno considera apropiado estudiar lo que ustedes mismos califican como
chorrada. ¿Considera usted que es serio estudiar las chorradas? Por ello le planteo la pregunta que doy por formulada.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias.
Señoría, lo considero, al menos, tan serio como S.S., que en una sesión de control al Gobierno pregunta por ello. Por lo que yo sé, y creo que lo sé, no figura en la agenda de ningún Gobierno autonómico el solicitar este cambio de horario,
que es competencia exclusiva del Gobierno central, que tampoco tiene en su agenda hacerlo más allá de las dos veces al año que ya lo hacemos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, dice usted que no es serio que nosotros lo planteemos, pero no tenemos más remedio que manifestar nuestra preocupación ante la disposición que muestran ustedes a estudiar cuestiones tan peregrinas como las que plantean en
ocasiones sus socios nacionalistas. Todos los españoles hemos sido testigos de estatutos a la carta, negociaciones a la carta, financiación a la carta. Nos quedaba finalmente por ver los horarios a la carta, la autodeterminación horaria. Apliquen
ustedes, aunque solo sea de vez en cuando, el sentido común, el sentido práctico para facilitar la vida de los ciudadanos y no para complicársela. No hacen falta rigurosos estudios para concluir que sería disparatado que dentro del territorio
peninsular español tengamos horarios diferentes.
Las disfunciones que se producirían en transporte, industria, comercio y en la propia vida cotidiana de los ciudadanos, tendrían un coste mucho más elevado que el hipotético ahorro energético que se
pretende conseguir. Desde el año 1912 el meridiano de Greenwich determina y rige la diferencia horaria entre los distintos países del mundo. Entonces, los científicos y gobernantes se plantearon la necesidad de armonizar sus horarios. A partir de
ese gran acuerdo mundial se ha establecido el horario legal de cada país en función también de criterios políticos. El propio presidente de la Xunta de Galicia ha manifestado que sí que se estudiaría esta propuesta. Mientras tanto, tienen ustedes
en Galicia vertidos tóxicos, incendios, inundaciones, fuga de empresas. ¿De verdad piensan ustedes que lo que preocupa a los gallegos es tener una hora más o menos en el reloj? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Yo creo que a los gallegos no les preocupa en absoluto este tema, pero, al parecer, a S.S. y a su grupo sí, porque es de esto de lo que preguntan, no de ninguna otra cosa.
Espero que cuando S.S. hable de a la carta no se refiera al acuerdo de reforma del Estatuto andaluz, o valenciano, balear, aragonés o tantos y tantos otros en los que su grupo, al menos, ha participado con el grupo mayoritario en esta Cámara en
dicha reforma y, por tanto, sea consecuente con lo que está diciendo.
En España el huso horario se estableció en 1900; se corrigió en 1922 para descontar la hora canaria, que efectivamente está situado en otro huso horario, y en 1940 se volvió a modificar para adaptarlo a la situación de la mayoría de los
países del continente europeo. Le he dicho ya que el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar este asunto, como no la tiene ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma, como creo que también le he dicho, más allá de las dos veces al año
que, de acuerdo con la Unión Europea y por razones de ahorro energético, se hace. Yo coincido con S.S., y por razones familiares visito mucho Galicia, que no me hablan en la calle de este asunto en Galicia, los ciudadanos no parece que estén
especialmente preocupados por este tema y me va a costar mucho la próxima vez que vaya -ahora, estas Navidades- explicarles por qué a su grupo sí parece interesarles tanto. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDÀ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE PREVISTO CESAR A
LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID POR LA INTOLERABLE PERSECUCIÓN A LA QUE HA SOMETIDO A UN MILITANTE DEL PARTIDO POPULAR POR HACER SONAR UN SILBATO EN UNA MANIFESTACIÓN? (Número de expediente 180/001619.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ismael Bardisa.
El señor BARDISA JORDÀ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro del Interior, que veo que no está: ¿Tiene previsto cesar a la delegada del Gobierno en Madrid por la intolerable persecución a la que ha sometido a un militante del Partido Popular por hacer sonar un silbato en una
manifestación?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como cualquier parecido entre lo que usted ha dicho y la realidad es pura coincidencia, la respuesta es no. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDÀ: Señor ministro -no del Interior, porque no está presente, me imagino que, por eso, usted, señor ministro, a lo mejor no está informado-, la Delegación del Gobierno en Madrid ha multado con 600 euros a José Antonio
González, militante de Nuevas Generaciones, por pitar con un silbato en una manifestación convocada precisamente por el alcalde de Leganés por las supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa, y a esa manifestación fueron personas
convocadas por UGT y Comisiones Obreras a favor y 150 personas en contra. Había 300 manifestantes, muchos tocando el pito, y solo multan al del Partido Popular por pitar con un silbato de forma provocativa y reiterada. Señor ministro, me gustaría
saber qué entiende por pitar de forma provocativa y reiterada, como se dice en la multa que notifican al militante de Nuevas Generaciones. En un periódico, concretamente en el periódico La Razón, le preguntan al militante de Nuevas Generaciones:
¿Y el silbato, lo llevaba usted de casa? Y él contesta: No, no, yo no lo llevaba. El silbato nos lo repartió una señora de Comisiones Obreras. Llevaba una bolsa llena e iba repartiendo a todo el mundo. Creyó que yo era de los suyos y me dio un
silbato.
Señor ministro, si ustedes no van a cesar a la delegada del Gobierno, yo creo que sería ella la que tendría que dimitir. Me parece una actuación arbitraria, una intolerable persecución a la libertad de expresión con un militante del Partido
Popular. Dejen ustedes ya de perseguir a los militantes del Partido Popular. Primero detuvieron ilegalmente a dos militantes que iban en una manifestación, ahora multan a otro por tocar el silbato. Que la delegada del Gobierno se dedique a
trabajar por Madrid ya que los delitos se han disparado un 27 por ciento en los municipios de la región en los últimos seis meses, que se dedique a eso... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
Vuelvo a insistir en que cualquier parecido entre su relato y el relato de la portavoz del Partido Popular de Leganés, según consta en el diario El Mundo, de lo que ocurrió allí es pura coincidencia. Permítame que empiece por decirle que
les sienta muy mal el papel de víctimas. Nadie puede creerse que en un sistema democrático ningún partido en el Gobierno se dedique a perseguir a la oposición por ser oposición. Yo creo que ustedes cuando gobernaron no lo hicieron y, desde luego,
le puedo asegurar que nosotros tampoco lo hacemos. Mire, lo que pasó fue una manifestación convocada en apoyo de un médico del Severo Ochoa, asunto que a ustedes les molesta mucho, no sé por qué, y tendrán que dar alguna explicación a los
ciudadanos. Les molesta tanto que convocaron una contramanifestación en la que, según palabras -creo no equivocarme en el nombre- de Guadalupe Bragado, portavoz del Partido Popular, se produjeron incidentes entre los dos grupos que requirieron la
intervención de la Policía Nacional. Por tanto, no es tocar un pito lo que motiva la intervención de la Policía Nacional, sino una manifestación legalmente convocada que es contrarrestada por una contramanifestación que va en contra de esa
manifestación, y se producen incidentes en los que la policía, y no la delegada del Gobierno, interviene. La pregunta es: ¿apoya su grupo parlamentario a quienes quieren impedir el derecho de manifestación? (Aplausos.) ¿Apoya su grupo
parlamentario a quienes quieren silenciar a los que apoyan a los médicos del Severo Ochoa? Esa es la verdadera pregunta y no lo demás, porque la multa que le ha puesto la delegada del Gobierno son 600 euros -usted lo ha dicho- por una infracción
administrativa grave -así está considerada en nuestro Código- que es recurrible, señoría, porque afortunadamente vivimos en un Estado de derecho para todo el mundo, para el Gobierno y para la oposición, pero me gustaría que también lo viviéramos en
la Comunidad de Madrid.
(Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LAS DECLARACIONES DE LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL ACERCA DE
LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/001620.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra de Cultura, pregunta de la diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señora ministra, hace quince días, en esta Cámara, la directora de la Biblioteca Nacional se manifestó en términos injuriosos, ofensivos y amenazantes sobre funcionarios indeterminados de la Biblioteca.
Este hecho no lo podemos dejar pasar, creo, ni ustedes ni nosotros. Es un hecho que no tiene precedentes parlamentarios, es de la máxima gravedad y debe tener consecuencias.
Sobre estas consecuencias y sobre su valoración es sobre lo que le
preguntamos.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, si se refiere a una comparecencia exhaustiva donde pusimos de manifiesto que en dos años y medio hemos mejorado las condiciones laborales del 32 por ciento de la plantilla, hemos hecho 147 actos, hemos ampliado hasta 1.931 los
fondos que se consultan, hemos triplicado el número de carnés de usuarios, hemos aumentado dos puntos por encima de la media del presupuesto de las dos últimas legislaturas los recursos de la Biblioteca Nacional, estoy de acuerdo. Hemos hecho un
trabajo de mejora, de modernización en todas las direcciones, y yo le pregunto: dígame una sola cuestión pendiente de la Biblioteca Nacional que no haya sido mejorada en dos años y medio. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Salmones, por favor.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Desde luego el respeto y la consideración a los funcionarios es un asunto de enorme envergadura. Las palabras delito, delincuente, lo pagarán, tarde o temprano lo pagarán, están hoy en el 'Diario de
Sesiones', señora ministra. Esto no tiene precedentes parlamentarios. Y le voy a decir una cuestión: puedo afirmar que yo nunca toleraría de usted ni de nadie de su equipo que nadie se manifestara en esos términos. Y le voy a decir más: creo
que usted tampoco toleraría de esta portavoz, de mí, ni de ninguno de los que aquí estamos que alguien en su presencia se manifestara en esos términos.
Señora ministra, esto es de una enorme gravedad, esto ha supuesto un salto cualitativo en una
biblioteca que es una institución del Estado y como tal ustedes y nosotros debemos tratarla -ese es nuestro propósito-, que está mal planteada y mal dirigida, y el cese de la directora lo hemos pedido y lo volvemos a reclamar. Actúe usted en
consecuencia, señora ministra, y aproveche por lo menos para decir que lamenta las expresiones que hoy, sin precedentes parlamentarios, están en el 'Diario de Sesiones'. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, en dos años y medio de contemplación de su hacer parlamentario he llegado a la conclusión de que a usted los temas de fondo, el contenido, los intereses de los ciudadanos, la respetabilidad de las instituciones, le importan poco.
En esa comparecencia, que me he leído de punta a cabo, la señora Regàs dice en varias ocasiones que agradece a los funcionarios de la Biblioteca Nacional el esfuerzo que están haciendo en la transformación que se está produciendo en la institución.
Estamos a punto de ampliar el 15 por ciento de la plantilla de Biblioteca Nacional, que estaba sin tocar desde hace quince años. Me han contado -y yo no me lo creo- que usted reconoció en una reunión que nos la habían entregado hecha unos zorros.
Le vuelvo a preguntar: dígame algo en lo que no haya mejorado la Biblioteca Nacional en dos años y medio, porque yo le voy a añadir algo. No hace más de una hora que el Patronato de la Biblioteca Nacional se ha pronunciado por unanimidad de todos
sus patronos, incluida la representación de los bibliotecarios de España, apoyando la gestión, felicitando por esa gestión y diciendo que por fin en la Biblioteca Nacional se enristran la modernización y los retos de la digitalización pendientes en
una institución tan importante. Le pido por una vez respeto a una institución; le pido por una vez que en la política las intenciones y la buena voluntad puedan existir, porque usted sabe perfectamente que la directora de la Biblioteca Nacional se
ha dirigido en muchas ocasiones a los funcionarios, precisamente pensando en ellos y mejorando las condiciones de trabajo de una RPT en la que hace veinte años ni siquiera se podía progresar en el escalafón. Eso es lo que importa en esta sede
parlamentaria, a una institución y a los ciudadanos, y deberíamos respetar eso por encima de cualquier otra cuestión, pero ya me voy acostumbrando a cómo usted entiende las cosas, a cómo usted enfrenta la disquisición y el combate en la política,
pero sepa usted que a mí me importa una institución en la que hoy uno de... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RESULTADO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO A SENEGAL, EN MATERIA DE INMIGRACIÓN? (Número de expediente 180/001610.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta de don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno la reciente visita del presidente del Gobierno de España a Senegal en materia de inmigración?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Gracias, señoría. El Gobierno valora positivamente la visita del presidente del Gobierno a Senegal, pero en todos sus ámbitos. He de señalar que después de quince años ha sido el primer presidente del Gobierno en visitar un país del área
subsahariana. Las relaciones con Senegal no se limitan única y exclusivamente al tema migratorio, que es importante, sino que era una visita política y estratégica para establecer con el Gobierno de Senegal unas relaciones intensas y plurales, y de
ahí que se firmasen seis acuerdos de índole relevante, incluidos algunos de inmigración, y también un memorando de entendimiento, de relaciones bilaterales, que hacían énfasis en ocho áreas de interés común, desde la lucha contra la pobreza o la
lucha contra el terrorismo, hasta el plan de infraestructuras, la protección de menores o el área de inmigración, porque ya estamos trabajando de manera activa y con resultados con el Gobierno de Senegal. Por lo tanto, la valoración es muy
positiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, el problema más importante que tiene el Estado español en estos momentos es el tema de la inmigración.
Senegal es uno de los países más importantes de donde parte la inmigración clandestina. Desde
luego, es admirable su capacidad para transformar la historia de lo que todo el mundo ha considerado un fracaso en un éxito para el Gobierno. El Gobierno no ha logrado sellar un acuerdo en materia de repatriaciones, y estas están sujetas a la buena
voluntad del presidente Wade y a las circunstancias políticas de Senegal, que precisamente a lo largo de los próximos meses va a vivir un periodo electoral. Por otra parte, tampoco se ha sellado un acuerdo en otra materia que consideramos esencial
para combatir la inmigración clandestina, que es la oferta a los senegaleses de un cupo de trabajo a través de la inmigración regular. Creemos que ese es el camino a través del cual habría que comprometer a Senegal al control de sus fronteras y
evitar las muertes en el mar. Tampoco se ha sellado un acuerdo para dar solución a los trescientos menores senegaleses no acompañados que en estos momentos están en los distintos centros de acogida en unas situaciones complicadas y difíciles,
desbordando la capacidad de los centros que tenemos en España y particularmente en Canarias.
Señor ministro, el mar está siendo nuestro principal aliado para evitar la llegada de inmigrantes clandestinos y la avalancha de cayucos. Es un momento propicio para impulsar acuerdos. Hay menos presión migratoria en nuestras costas y, por
tanto, el Gobierno debía buscar y propiciar acuerdos con los países emisores para intentar en un periodo como el que vivimos ahora, de baja intensidad, sellar acuerdos. A partir de febrero volverán los cayucos, volverá la avalancha de inmigración
clandestina, volverán las muertes en el mar y no será por no advertírselo al Gobierno para que intente llegar a acuerdos en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señor Rivero, la visita fue un éxito en todos los sectores y en particular respecto del tema de la inmigración, porque ya con Senegal tenemos resultados de repatriaciones, lo que nunca un Gobierno español había logrado; se ha conseguido que
5.000 senegaleses sean repatriados a Senegal gracias a la relación política y de amistad que existe entre Senegal y España. Se ha fijado una relación de contratación en origen.
Hay ya 75 senegaleses que han sido contratados por empresarios
españoles, se está trabajando para que haya unos cien más y que de manera normal, según la demanda del mercado laboral, se contraten. Por eso no se dan cifras, porque pueden ser 2.000, 3.000 ó 4.000, dependiendo de la demanda del mercado laboral en
España. Hemos firmado un acuerdo de protección de menores, el primero que se firma en el área subsahariana con Senegal, precisamente porque este Gobierno se preocupa de los menores.
Le preguntaría a Coalición Canaria: ¿Qué hace su Gobierno, que es el que menos dinero otorga al área subsahariana en materia de lucha contra la pobreza, que es el elemento principal? El Gobierno ha acordado 35 millones de euros
precisamente para luchar y la raíz... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo concluyó.
-DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO BARRIO DE PENAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL GOBIERNO SOBRE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA
CELEBRACIÓN DE UNA CONFERENCIA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO? (Número de expediente 180/001622.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Juan Antonio Barrio.
Adelante.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la situación actual en Oriente Medio parece abrir una ventana de oportunidad para salir del largo túnel del conflicto, especialmente después de la crisis de la guerra del Líbano el pasado verano. La posible, aunque siempre
aplazada, formación de un Gobierno de coalición Hamas-Al Fatá en Palestina, el precario, pero real alto el fuego entre Israel y las milicias palestinas, las conclusiones, por qué no decirlo, del grupo estadounidense Baker-Hamilton especialmente en
cuanto a la necesidad de implicación de Siria en la solución del tema iraquí, pero lógicamente en toda la zona, parecen abrigar una esperanza.
Usted lo conoce de primera mano al ser el primer ministro occidental en visitar Damasco después de la
guerra. Ciertamente los peligros también acechan. Un pesimista diría probablemente que son mayores estos que las posibilidades a favor y seguramente a la larga el pesimista tendría razón si todas las partes implicadas en la ya antigua pero vigente
Hoja de Ruta no hicieran nada durante un tiempo demasiado largo, ya que hay también elementos muy preocupantes como las actuales presiones sobre el Gobierno de Fuad Sinora en Líbano. Sabemos también que en su última conversación con Condoleezza
Rice tuvo como tema estrella esta conversación sobre Oriente Próximo. Condoleezza Rice ha declarado recientemente que es preciso que se ponga fina a los sufrimientos cotidianos del pueblo palestino, lo cual parece evidenciar al menos una cierta
modulación.
Nuestra preocupación por Oriente Próximo como país es conocida, especialmente la suya, señor ministro, también la implicación española en Líbano y la iniciativa que recientemente ha promovido en nuestro país con el apoyo de Francia e Italia,
a la que siguió el actual alto el fuego, precario, pero vigente. Por todo ello, le pregunto: ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre las condiciones necesarias para la celebración de una conferencia política en relación con el conflicto de Oriente
Próximo? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
En mi comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el pasado 24 de octubre ya señalé el interés que tenía el Gobierno precisamente de llevar a cabo una iniciativa de concienciación y de sensibilización ante la comunidad
internacional, dada la situación en Oriente Próximo. De ahí que el presidente del Gobierno, junto al Gobierno francés y al italiano, propusiese una iniciativa sobre Oriente Medio que mañana y pasado trataremos de convertir en una posición de la
Unión Europea firme, determinante y comprometida para sacar a esa zona del mundo de la situación actual de impasse.
La situación es enormemente compleja. No podemos señalar que el optimismo sea en estos momentos el horizonte más cercano. Tenemos, sin embargo, una responsabilidad compartida que desde luego el Gobierno de España va a intentar movilizar.
En ese sentido, dentro de los pasos y de los elementos que se propusieron en la iniciativa franco-italiana y española, hay lógicamente la voluntad, en su momento, de convocar una conferencia internacional, algo que no es nuevo, sino que incluso se
recoge en la hoja de ruta y que el cuarteto debe convocar en el momento y en las circunstancias que consideremos adecuadas. Es importante que todas las partes se movilicen y se comprometan en esta ventana de oportunidad, tanto israelíes como
palestinos. Es verdad que ha habido un alto el fuego, y así se saludó por parte de la comunidad internacional. Es necesario que haya un nuevo Gobierno palestino; es necesario que haya contactos entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina; es
necesario que vuelva a hablarse con Siria para integrarla en el campo de la paz. En ese sentido, haremos todos los esfuerzos, tanto desde el punto de vista nacional como europeo. Mañana, en el Consejo Europeo estaremos dispuestos a comprometernos
juntos para dar esperanza a muchos ciudadanos, a muchas poblaciones que quieren salir de este círculo vicioso de enfrentamiento, de violencia, de frustración, que ha estado presente tantos años en Oriente Próximo. (Una señora diputada: Muy
bien.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE CONFERENCIA DE DONANTES
PARA HAITÍ, CELEBRADA EN MADRID? (Número de expediente 180/001623.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Rosa Delia Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 30 de noviembre tuvo lugar en Madrid la Conferencia Internacional de Donantes para Haití. Haití no había sido nunca una prioridad de la cooperación española ni tampoco de la acción exterior del Estado.
Afortunadamente, este Gobierno, usted y la secretaria de Estado de Cooperación han conseguido que los donantes internacionales vengan a Madrid para poder trabajar sobre Haití. Haití es uno de los países más pobres del mundo; entre los 177, ocupa
el lugar número 154 en cuanto a índices de desarrollo; no hay educación; un 70 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y su desestabilización
política y económica en los últimos 25 años han impedido que ese país antillano salga de la pobreza y de la miseria. Afortunadamente, parece que estamos viviendo un pequeño período de estabilidad, tanto política como social, que haría
posible iniciar un proceso de desarrollo. De cualquier manera, este Gobierno se ha venido caracterizando desde el primer día por la lucha contra la pobreza, contra el hambre, por los derechos humanos y por la institucionalización de los gobiernos.
Haití es el paradigma de un Estado fallido y de una sociedad civil víctima de ese Estado fallido. La convicción de este grupo parlamentario, al que tengo el honor de representar en este momento, y de este Gobierno ha sido inequívoca en la lucha
contra el hambre, contra la pobreza y por la defensa de los derechos humanos en el mundo. A mi grupo parlamentario le gustaría saber cuál es su valoración al respecto. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, gracias por su pregunta. Tiene razón, cuando este Gobierno tomó posesión, la situación política, social y de seguridad en Haití era desastrosa y, por eso, la primera visita que realizó la secretaria de Estado de Cooperación a un
país en desarrollo fue precisamente a Haití. A veces se nos critica desde la oposición que miramos a África solamente por razones de inmigración y no por necesidades de lucha contra la pobreza, y Haití es un caso donde España no tenía una
obligación inmediata, directa, para acudir a ayudar a un país que estaba en una situación catastrófica y, sin embargo, así se hizo. Se hizo desde el punto de vista militar, participando en la Minustad, con una fuerte presencia de nuestras Fuerzas
Armadas, que fue acompañada de la presencia de la Policía y de la Guardia Civil, que siguen estando presentes en Haití, y se hizo de manera muy clara con el apoyo de toda la sociedad española, de todas las organizaciones no gubernamentales y desde
luego de la Secretaría de Estado de Cooperación, para apoyar la reconstrucción en esa fase de postconflicto en Haití. España, que tenía poca tradición en materia de cooperación con Haití, ahora ha contribuido con casi 35 millones de euros para los
años 2006-2008, lo que demuestra el compromiso para sacar a esa sociedad de la situación de inestabilidad social y económica que vive. Por eso, nos brindamos para convocar en Madrid esa Conferencia de Donantes para coordinar la ayuda internacional.
El primer ministro haitiano estuvo aquí presente y expresó su compromiso en materia electoral, de estabilidad social, de organizar y mejorar la coordinación de las distintas agencias internacionales y favorecer un mejor futuro para Haití. Por
tanto, es un ejemplo de solidaridad y de compromiso de un país que también tiene lazos con la zona española y con Iberoamérica y España no podía estar ausente en este esfuerzo de solidaridad con un país que lo necesitaba. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA BONÀS PAHISA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL DESPLIEGUE DE LA LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO? (Número de expediente 180/001607.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Sanidad y Consumo de la diputada doña Rosa María Bonàs.
Adelante, por favor.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, después de un año de su promulgación, ¿cómo valora usted la aplicación de la Ley 28/2005, reguladora de la venta y el consumo del tabaco?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Bonàs, la valoración del Gobierno sobre la aceptación, el cumplimiento y los efectos de la ley es positiva. La ley está siendo respaldada de manera mayoritaria por el conjunto de la población. Según una encuesta de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el 78 por ciento de los no fumadores y el 62 por ciento de los fumadores creen que la ley es un acierto. La ley está siendo pacífica en su aplicación, con un altísimo grado de cumplimiento en lugares
públicos y en los miles de centros de trabajo. Muchos fumadores están abandonado el hábito del tabaco. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo estima que este año el número de fumadores se ha reducido entre un 5 y un 7 por ciento, y hoy
mismo hemos conocido los resultados de una amplísima encuesta, con 28.000 entrevistas, una encuesta domiciliaria que nos indica que en el año 2006, en referencia al año 2003, el consumo de tabaco en la población de 15 a 64 años ha pasado del 37,1 al
32,8 por ciento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Señora ministra, nosotros también coincidimos en que la ley se está aplicando en cuanto que ha bajado el consumo del tabaco, en que no ha habido conflictos, pero observamos que en algunas comunidades autónomas, como
en la de Madrid, se permite fumar en lugares públicos; aquí, en el Congreso se fuma en las recepciones; es muy difícil encontrar un restaurante de menos de 100 metros donde no se permita fumar, y las separaciones de los restaurantes no son las
adecuadas. En definitiva, hay un progresivo relajamiento de la aplicación de la ley y esto nos concierne, pues este progresivo relajamiento es debido a una incoherencia que existe en la ley en sí. La exposición de motivos de la ley dice que el
derecho de la población no fumadora a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco prevalece sobre las personas fumadoras. Sin embargo, la ley permite fumar en bares de menos de 100 metros, donde hay personas que trabajan durante largas
jornadas día tras día. La conclusión que se puede sacar es que, si esto se permite, no debe ser tan grave permanecer en un ambiente contaminado por el humo del tabaco; si se prohibió en aquel momento fumar en determinados lugares y se permitió en
otros, que son centros de trabajo, no debe ser tan grave, entonces, ¿por qué no fumar en otros lugares? Si se permite fumar en un lugar donde las personas están expuestas al humo del tabaco día tras día durante largas horas, seguramente no es tan
grave para la salud, cuando usted sabe, señora ministra, y los que estuvimos en la ponencia de la ley también lo sabemos, que la exposición continuada al humo del tabaco es un peligro grave para la salud. Lo que queremos preguntarle, señora
ministra, es si, después de esta ley, en vista de lo que está sucediendo tras un año, va a considerar hacer extensiva la prohibición de fumar a los restaurantes de menos de 100 metros. Como le he dicho antes, creemos que en estos lugares, que son
centros de trabajo, las personas que trabajan allí diariamente están expuestas a un peligro para su salud.
Asimismo, si queremos que esta ley se aplique, tiene que ser desde la convicción y no desde la imposición, y para convencer hay que ser
coherente en todos los aspectos.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, desde el momento en el que se discutió la ley, ya pusimos de manifiesto que el hecho de no haber emprendido ninguna acción en este sentido en muchos años dificultaba la aplicación de una vez de una ley coherente, como usted la
llama. Nosotros estamos también convencidos, efectivamente, de que en el caso de los trabajadores de los establecimientos de hostelería se produce una cierta desprotección en comparación con el resto de los ciudadanos que trabajan en centros de
trabajo distintos. Sin embargo, lo que nos parece más grave es la posición de un partido que gobierna en varias comunidades autónomas, que está amparando normas ilegales que permiten fumar donde la ley aprobada por todos lo prohíbe, que permiten
que no se haga una separación física y completa de los espacios de fumadores y que, por tanto, también hacen inútil la protección de los no fumadores que persigue la ley.
Paradigmático en este sentido es, por ejemplo, que durante la celebración del
Día de la Constitución, cuyo artículo 9.1 señala que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, en una comunidad gobernada por el Partido Popular, su presidenta permitió fumar en una dependencia
pública haciendo clara ostentación del desafío a una ley aprobada con un consenso mayoritario.
¿Qué razones han llevado al Partido Popular a aprobar estos decretos que no sean las de anteponer los intereses económicos de algunos sectores a la salud
pública y al interés y deseo general de los ciudadanos...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido. Lo lamento, ministra.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL
'DONACIONES SIN FRONTERAS' ORGANIZADO POR LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES (ONT)? (Número de expediente 180/001628.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Rosario Fátima Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, presidente.
Señora ministra, la Organización Nacional de Transplantes es una de las realidades de la España moderna que hace sentirte orgullosa de vivir en este país. Estuve ayer en la presentación de un libro sobre diplomacia pública y se hablaba en
una de las intervenciones de que la imagen de España normalmente tiene un buen reflejo en otros países, pero es deficitaria en el tema de la innovación y la investigación. Es evidente que usted ha producido muy buenos efectos en distintos
organismos internacionales en este sentido de la diplomacia pública, pero también me acordé del magnífico ejemplo que supone la Organización Nacional de Transplantes, brillantemente dirigida por el doctor Rafael Matesanz, y que, con la actuación del
anterior Gobierno, estuvo a punto de ser desmantelada. La Organización Nacional de Transplantes en la que España es pionera no es suficientemente conocida en los ámbitos internacionales, excepto en los ambientes específicos de transplantes y
sanitarios, donde no solamente se reconoce la primacía de España en este tema, sino que es tomada de ejemplo
y de hecho envían a mucha gente a nuestro país a aprender las técnicas que aquí ya estamos empleando. Yo estoy segura, aunque es otro tema completamente distinto, de que en el tema de la inmigración va a ser algo muy parecido. No solamente
vamos a ser pioneros en cómo se regulan los flujos migratorios, sino también en cómo se integran esos mismos inmigrantes en nuestro país. De hecho, el embajador de la OSCE vino a valorar cómo se trataba a los inmigrantes árabes en España y mereció
una felicitación por su parte. Por eso, es de gran interés que nos cuente cuáles han sido las conclusiones más importantes del simposio realizado en nuestro país llamado Donaciones sin Fronteras, organizado hace unas semanas por la Organización
Nacional de Transplantes, en colaboración con la OMS y con la Mutua Madrileña, ligando dos temas tan importantes como son la inmigración y los transplantes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tiene usted razón en su valoración positiva de la Organización Nacional de Transplantes. Es una valoración que comparte, por supuesto, el Gobierno y por eso el director de esta organización ha merecido el reconocimiento mediante la
concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad en el Consejo de Ministros pasado. Efectivamente, ahora el reto es que los inmigrantes también se impliquen en la donación, no solo en la recepción de órganos. El número de donantes no nacidos
en España ha pasado de un 3,8 por ciento, en el periodo 1998-2004, al 9,25 por ciento en los nueve primeros meses del año 2006. Los europeos, tanto de la Unión Europea como de países del Este, y los latinoamericanos presentan unas cifras de
donación igual a la de los españoles de origen que, como sabe, son de las más altas del mundo, y muy superiores, por supuesto, a las existentes en sus países. Quiero mencionarle, como ejemplo, simplemente que de las 25 personas del Reino Unido
fallecidas en Baleares el verano pasado, las 25 familias aceptaron la donación de órganos. Una tasa de donación del cien por cien en este caso con respecto a lo solicitado, que es una tasa muy alta comparada con las cifras de aceptación de donación
del Reino Unido. Sin embargo, todavía hay determinados grupos étnicos o religiosos que son especialmente renuentes a la hora de su incorporación a la donación de órganos. Por eso, en ese simposio se aportaron experiencias, nacionales y
extranjeras, y se manifestó la importancia de la técnica de la entrevista, así como la figura de un mediador cultural que pudiera permitir explicar a esas familias, a esas personas, la importancia de donar los órganos de su pariente fallecido.
Experiencias como la de Alicante, donde los extranjeros son ya la cuarta parte de los donantes, nos ponen de manifiesto que esa cuestión es posible, que es posible incrementar el porcentaje de donación, puesto que allí el número de negativas
familiares ha pasado de un 40 a un 5 por ciento en 3 años.
Por eso, vamos a realizar un plan específico con una campaña de información y de concienciación y vamos a estrechar las relaciones con las organizaciones representativas de los diferentes
colectivos para que en nuestro país los inmigrantes sean no solo receptores de órganos, sino también donantes en ese ejercicio de solidaridad que a todos nos atañe y del que desde luego también ellos forman parte.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA REMEDIOS MARTEL GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO DE QUÉ ACTUACIONES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN RELACIÓN CON LOS
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS? (Número de expediente 180/001629.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Remedios Martel.
La señora MARTEL GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el término enfermedades raras intenta centrar la atención sobre unos trastornos hasta ahora poco conocidos por la sociedad e insuficientemente atendidos por los sistemas sanitarios. Son enfermedades que de forma importante
disminuyen la calidad y la autonomía personal de quienes las padecen y que además tienen graves consecuencias sociales y económicas para los afectados y sus familiares. En definitiva, son enfermedades que ponen en crisis el derecho de la salud de
todos los ciudadanos. En el conjunto de la Unión Europea estas patologías se han convertido en una prioridad, incluyéndolas dentro del programa de salud pública para el periodo 2003-2008. El objetivo es dar respuesta a estos pacientes desde los
sistemas sanitarios públicos, dado que tienen el mismo derecho a recibir medicamentos de igual calidad y con las mismas exigencias de eficacia y seguridad que los pacientes con enfermedades comunes. El reducido número de personas afectadas por este
tipo de enfermedades a nivel mundial hace que la industria farmacéutica no siempre destine los recursos necesarios para investigar medicamentos que mejoren o curen estas patologías por no ser estos fármacos rentables en términos económicos, lo que
ha llevado a denominarles medicamentos huérfanos. La aprobación del reglamento europeo sobre estos medicamentos, que entró en vigor en el año 2000, estableció un procedimiento comunitario para declarar determinadas
sustancias medicamentos huérfanos y crear incentivos para fomentar su investigación. También la comunidad científica nacional a menudo ha expresado la necesidad de promocionar la realización de ensayos clínicos de carácter no comercial que
contribuyan en la búsqueda de nuevos medicamentos; medicamentos que sin duda contribuirían también al desarrollo de nuevas terapias en enfermedades comunes. Por todo esto, señora ministra, le pregunto: ¿Puede informar el Gobierno de qué
actuaciones se están llevando a cabo en relación con los medicamentos huérfanos?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted ha indicado, las denominadas enfermedades raras son un grupo muy diverso, de hasta cuatro mil o cinco mil enfermedades distintas, dependiendo de la agrupación que se haga, pero se estima que afectan a un sector de la
población que está entre el 6 y el 8 por ciento, es decir, a más de tres millones de personas en España. Algunas de ellas ponen en peligro la vida u ocasionan invalidez crónica y en la mayoría de los casos son de base genética y carecen en este
momento de un tratamiento curativo. Por la magnitud del problema -son muchas enfermedades y, aunque cada una de ellas afecta a pocas personas, en conjunto son muchas las personas afectadas-, deben ser una prioridad de salud pública en España. Por
tanto, hemos adoptado dos iniciativas que consideramos importantes. Por una parte, se ha constituido, con fecha de 27 de noviembre, un centro de investigación en red de enfermedades raras, donde se han integrado 467 investigadores y que cuenta en
el año 2006 con un presupuesto de 6,2 millones de euros para investigar. En segundo lugar, en relación a los medicamentos huérfanos o sin interés comercial, se va a convocar en el mes de enero un programa de investigación independiente, dotado con
20 millones de euros, que va a permitir a los investigadores no tener que depender del patrocinio de una firma comercial, de un laboratorio, para llevar a cabo su investigación. Este nuevo programa nos parece que va a superar uno de los principales
obstáculos de la investigación, que es precisamente la falta de la rentabilidad en términos económicos de la investigación de estos medicamentos que afectan a enfermedades raras. Asimismo, a través de la Fundación Genoma España, que, como saben,
presidimos la ministra de Educación y yo misma, se ha realizado ya una convocatoria adicional para proyectos sobre enfermedades raras dirigidos a investigación y empresas.
Por eso, creo que el Gobierno está haciendo lo que debe: garantizar que los
afectados por enfermedades raras tengan el mismo derecho a recibir medicamentos de calidad que el resto de los pacientes con enfermedades comunes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿EN QUÉ FECHA PREVÉ REALIZAR EL GOBIERNO UNA INSPECCIÓN SUBMARINA DEL PECIO DEL PRESTIGE? (Número de
expediente 180/001612.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Olaia Fernández a la ministra de Medio Ambiente.
Adelante, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, le hacemos esta pregunta porque, después de que se comprobara que las manchas del fuel aparecidas en el lugar del hundimiento del Prestige procedían del mismo, el Gobierno anunció que, si bien se haría seguimiento de las
mismas, se descartaba una inspección submarina. Después de distintas informaciones públicas e iniciativas presentadas en este Congreso y la aprobación de una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia referente a esta cuestión, la
vicepresidenta del Gobierno, en una visita a Galicia, anunció que sí se va a hacer una inspección submarina, pero no dijo en qué fecha se haría. Por eso, le hacemos esta pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, puedo confirmar hoy aquí lo anunciado por la vicepresidenta en su reciente viaje. Se ha solicitado ya a la empresa Repsol que lleve a cabo la inspección del pecio, que se realizará cuando las condiciones meteorológicas y marítimas
sean las óptimas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora ministra, por la información que nos acaba de plantear, pero supongo que a nadie le puede extrañar nuestra preocupación, teniendo en cuenta la experiencia que vivimos en Galicia. Nosotros
pensamos que la inspección submarina debería hacerse lo más pronto posible, no más tarde del mes de enero. Tenemos información solvente que nos hace considerar lo que decimos. Por otro lado, en medios de comunicación han aparecido opiniones de
científicos de los propios equipos de investigación del Prestige en este mismo sentido y, recientemente, el director del Cedre también manifestaba que, si la frecuencia de las manchas era semanal, se debería bajar al fondo. Como todos sabemos, las
informaciones públicas que hay son que las manchas aparecen no solo
semanalmente sino con una frecuencia casi diaria. Por tanto, la peligrosidad motivada por el mal tiempo que usted acaba de esgrimir ahora y que fue argumento del Gobierno en un inicio para decir que no se valoraba la inspección submarina,
se puede solventar con la utilización de un robot submarino que puede hacer perfectamente el trabajo de inspección del estado de los pecios y de las condiciones de los sellados que se hicieron en proa y en popa, para saber, en definitiva, si es
necesario volver a actuar en el sellado de los pecios. Nos gustaría saber si el retraso de esta inspección -usted acaba de decir que se acaba de contratar con Repsol- está condicionado por la puesta en funcionamiento del buque de investigación
Sarmiento de Gamboa, que sí contaría con este robot. Dado el anuncio de la vicepresidenta de que se bajaría al pecio, nos gustaría que nos dijera ahora en esta segunda intervención...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Fernández, ha concluido el tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, puedo insistir, si me permite, en que esa inspección debe hacerse con todas las garantías. Ese es el deseo de este Gobierno, que -como bien saben- desde el inicio de la
legislatura ha fortalecido de manera muy significativa la capacidad de control, de vigilancia y de respuesta ante la contaminación en el mar. Señoría, desde el inicio de la legislatura la capacidad de recogida de productos contaminantes en el mar
se ha multiplicado exactamente por treinta. Ahora tenemos tres buques polivalentes, lo que significa que la capacidad de remolque se ha incrementado en más de un 50 por ciento desde el inicio de esta legislatura. La flota de las embarcaciones
Salvamares ha pasado de 40 unidades en 2004, a 49 en el año 2006. Se han aumentado las bases estratégicas de salvamento y lucha contra la contaminación marina, pasando de dos en el año 2004, a cinco en el año 2006. Por primera vez se incorporan
también aviones a la flota aérea de salvamento y lucha contra la contaminación. Se ha ampliado notablemente la capacidad de cobertura y las prestaciones de los equipamientos electrónicos del Centro zonal de coordinación de salvamento de Finisterre.
Señoría, como sabe, el Instituto Español de Oceanografía está trabajando con científicos de la Universidad de Coruña, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Gobierno vigila constantemente
para poder dar una confianza en relación con la situación que se ha detectado y que, insisto, va a ser objeto de una inspección submarina en el momento que existan las condiciones adecuadas. Mientras tanto, la situación en cuanto a la capacidad
pública de hacer frente a la contaminación en el mar nada tiene que ver a estas alturas con la que existía en este país el año 2004.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ PORTEIRO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE SANEAMIENTO DE LA RÍA DE VIGO?
(Número de expediente 180/001630.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María José Porteiro.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Señora ministra, el objeto de nuestra pregunta es interesarnos por el objetivo del Gobierno en relación con el estudio de saneamiento de la ría de Vigo, en un momento en que se cumple un año del conocimiento de la
sanción impuesta por el Tribunal Superior de las Comunidades Europeas, por importe de 20 millones de euros, al Reino de España por la situación de grave contaminación de la ría de Vigo. Esta sanción llegó después de reiterados avisos desde el año
2001, a los que el Gobierno del Partido Popular en la Xunta hizo caso omiso, pues fue un Gobierno que durante dieciséis años no hizo nada para resolver ni prever el problema de la contaminación en la ría de Vigo. El cambio político en la Xunta de
Galicia nos trajo la grata noticia de que el nuevo conselleiro de Medio Ambiente asumía esta cuestión como algo prioritario.
Mediante la concertación con ayuntamientos y con el propio ministerio, elaboró un plan de actuación que se presentó en la
Unión Europea en abril de este año, definiendo actuaciones, presupuesto y calendario, que fue completado con información complementaria recientemente, hablando de todas las inversiones previstas por un total de 29 millones de euros -7 millones este
años y 22 el próximo año- para mejora de las estaciones de depuración de aguas residuales de la ría. En nuestra opinión, los deberes están hechos en buena medida por parte de la Xunta de Galicia y del Gobierno central, pero queda todavía un punto
negro sin resolver que nos preocupa sobremanera, y es la actuación del Ayuntamiento de Vigo, en este caso con un Gobierno del Partido Popular, que no acaba de asumir su responsabilidad a la hora de definir en qué terreno se debe ubicar la nueva
depuradora que Vigo necesita de manera urgente. Estamos ante una situación difícil en la ría de Vigo producida -insisto, en el caso del Ayuntamiento de Vigo- por una depuradora antigua que deja sin depurar la mitad de las aguas que recibe.
Queremos saber qué puede hacer o en qué medida este nuevo plan de saneamiento, este informe sobre el saneamiento de la ría de Vigo, puede ayudar a contribuir a mejorar esta situación.
Hoy mismo la alcaldesa decía, como solución a este problema, que
lo que tenían que hacer los ayuntamientos de la ría era verter directamente todos en el mar abierto. Esperamos que esa no sea la opción que el ministerio asuma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente no es así como se resuelven los problemas. Frente a la situación de la contaminación de la ría de Vigo la Xunta de Galicia en esta legislatura ha reaccionado correctamente, superando la desidia durante demasiados años
que ha llevado a esa sentencia de las instituciones europeas. Como S.S. ya ha señalado se ha comenzado a invertir para poner freno a la situación de contaminación. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para llevar a
cabo el estudio de las soluciones más pertinentes en cuanto al saneamiento de la ría de Vigo. Es verdad que todavía nos queda por saber cuál es la ubicación dentro de la ciudad de Vigo que el ayuntamiento propone para esa actuación. Espero que
esta carencia se resuelva pronto porque el tiempo corre y las instituciones europeas reclaman que se resuelva esta situación con una amenaza muy importante de multa. Por eso, señoría, puedo informarle de que he remitido hace unos días una carta al
comisario de Medio Ambiente informándole de que el Gobierno de la nación ha presentado una reprogramación para los fondos Feder, contemplando ahí ya la financiación para la depuradora de Vigo por un importe aproximadamente de 160 millones de euros,
con una cofinanciación de 104 millones de euros, por tanto con un compromiso del Gobierno de la nación que llevará a cabo de forma concertada con la Xunta de Galicia la financiación de esta instalación. Nos hemos dirigido al comisario de Medio
Ambiente porque somos conscientes de que las instituciones europeas están en su derecho de exigir al Reino de España una compensación económica por la desidia manifestada tanto por el Gobierno de la nación como por la Xunta de Galicia en la etapa de
gobierno del Partido Popular. En esa época ni siquiera se les ocurrió incluir en el Plan Hidrológico Nacional la declaración como obra de interés general de esa depuradora. Ahora, señoría, las administraciones tenemos una oportunidad. Falta la
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad de Vigo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON CARLOS GONZÁLEZ SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA XII CONFERENCIA DE NACIONES
UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, CELEBRADA EN NAIROBI ENTRE EL 6 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2006? (Número de expediente 180/001631.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Carlos González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado mes de noviembre tuvo lugar en Nairobi la Conferencia sobre Cambio Climático, en la que participó una delegación española encabezada por usted como ministra de Medio Ambiente. Este grupo parlamentario considera
que esta no ha sido una cumbre más sino que ha tenido una extraordinaria importancia, no solo porque todavía retumban las contundentes reflexiones del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, alertando de las terribles consecuencias
sociales, medioambientales y económicas que tendrá el cambio el climático para la población mundial y en especial para los países más pobres, sino también porque se ha apreciado un cambio sustancial, un cambio esperanzador, en la posición general de
la comunidad internacional. Tras la cumbre cabe afirmar, en primer lugar, que ya nadie discute la realidad de la transformación del clima; en segundo lugar, que se consolida el proceso de lucha contra el cambio climático, a pesar -es preciso
decirlo- de la incomprensible posición que todavía mantiene alguno de los países más contaminantes; y, en tercer lugar, que se ha construido un valioso consenso sobre la necesidad de ampliar los compromisos internacionales más allá de la vigencia
del Protocolo de Kioto. Además, señora ministra, permítame que subraye que en ese contexto general la participación y la aportación de nuestro país no ha pasado ni mucho menos desapercibida, y ello no solo porque el compromiso de España con el
cumplimiento de los acuerdos de Kioto se va materializando con fuerza y con nitidez, sino también porque nuestro país se ha convertido en un actor internacional crucial al contribuir de forma muy notable a la adaptación al cambio climático y a la
transferencia tecnológica de los países más pobres. Por ello, hemos considerado interesante y necesario que usted, señora Narbona, hiciera una valoración sobre la participación de España en esta importante conferencia de Nairobi.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, coincido con su valoración en cuanto a que esta no ha sido una cumbre más sino que ha supuesto un paso adelante en la consolidación de los compromisos internacionales, a pesar, como usted mismo señalaba, de que todavía existen
países desarrollados, concretamente Estados Unidos y Australia, que se niegan a ratificar el Protocolo de Kioto. Sin embargo, allí mismo pudimos ver cómo las sociedades, la ciudadanía de esos dos países avanza mucho más rápidamente que sus
gobiernos y que existen tanto en Australia como en Estados Unidos administraciones territoriales, Estados, ayuntamientos, que de forma voluntaria ya se han comprometido a cumplir con el Protocolo de Kioto.
España se sumó de manera activa a la posición de la Unión Europea y también contribuyó al consenso final, en particular a través de la potente red de relaciones que hemos creado en el ámbito iberoamericano mediante la Red iberoamericana de
oficinas de cambio climático, que nos da una herramienta de trabajo permanente, que hace que podamos impulsar también una posición positiva, constructiva de los grandes países de la región latinoamericana; países que empiezan ya a dar señales
claras para tener compromisos, de manera voluntaria, respecto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Señoría, allí conocimos el dato según el cual España es en estos momentos el país que más contribuye en todo el mundo a la transferencia
de tecnología en energías limpias, en energías renovables, hacia los países en vías de desarrollo. Es sin duda una situación de la que nos enorgullecemos. Significa entre otras cosas que nuestras empresas tienen una gran capacidad para desarrollar
esas nuevas soluciones energéticas que necesita la humanidad, y muy en particular los países más pobres. España además fue el primer país que hizo allí mismo una aportación a la iniciativa lanzada por Kofi Annan para que ayudemos a los países más
pobres, tanto de África como de América Latina, a desarrollar los denominados mecanismos de desarrollo limpio; dos millones de euros que se añadieron a otros compromisos que tuvimos ocasión de implementar allí, en concreto con el Pnuma, para
desarrollar actuaciones, por ejemplo, con la líder keniata Wangari Maathai, para aumentar el plan de reforestación... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo. Lo lamento, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN POLÍTICA ANTE EL FUTURO DE CUBA. (Número de expediente 172/000238.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición política ante el futuro de Cuba. Para formular la interpelación tiene la
palabra por un tiempo de doce minutos el señor Moragas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Cuando quiera, señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Cuba vive momentos de incertidumbre, miedo y al mismo tiempo cierta esperanza. Esta suerte de vivir sin vivir, esta
angustia existencial que padece el pueblo cubano no nos puede ser ajena. El pueblo español aquí representado tiene hoy el deber histórico de reflexionar, de debatir y de instar a su Gobierno a trabajar por el futuro democrático y libre de un pueblo
hermano. Señor ministro, créame cuando le digo que esa es la única razón que explica y el único espíritu que inspira la interpelación que en nombre de mi grupo le planteo esta tarde en la sede de la soberanía nacional. Cuba corre el peligro de
presenciar cómo una dictadura se sucede a sí misma por vía de consanguinidad. Fidel Castro se encuentra desaparecido, y esa ausencia tan visible es el prólogo -esa es mi opinión- de su extinción definitiva.
Coincidirá conmigo, señor ministro, en
que desde el punto de vista español y europeo ese modelo de dictadura hereditaria constituya una aberrante perversión política que choca frontalmente con los valores y principios que comparten la mayoría de ciudadanos de este país. La realidad en
Cuba es tozuda y dura, la realidad de la isla es cada día más insoportable. La represión continúa, los presos políticos siguen pudriéndose en las cárceles cubanas, persisten los actos de repudio organizados por la policía política, los periodistas
independientes siguen siendo perseguidos, detenidos y condenados bajo la enervante acusación -leo textualmente- de peligrosidad social predelictiva. En definitiva, señorías, Cuba sigue siendo una gran prisión. Hace pocos días el disidente
sociólogo y economista Héctor Palacios abandonó su reclusión con una licencia extrapenal por motivos de salud. Lo explicó él mismo y permítame leer sus propias palabras: Me soltaron porque no querían que me muriese en el hospital. Estoy feliz
porque estoy en casa, pero también triste porque dejo hombres desolados tras de mí. Añadió algo que es muy importante: Todos los días y a todas horas en cualquier foro hay que pedir la libertad de los presos políticos porque las cárceles cubanas
son, créanme -decía-, una pesadilla horrible. Hoy el Parlamento español, por medio de esta iniciativa del Grupo Popular, se presta a este reclamo desesperado y exige de nuevo la liberación de todos los presos políticos en Cuba.
Ha transcurrido ya demasiado tiempo desde que se desató la crisis de este verano, y aunque parezca insólito, señor ministro, lo único que los españoles y el mundo entero han escuchado del Gobierno de España son sus deseos de restablecimiento
del dictador. Señor ministro, esa no puede ser la posición oficial del Gobierno, y -concédame la licencia- me atrevo a pensar que en el fondo no lo es. Por eso, hoy mi partido le presenta esta interpelación que viene a plantear lo siguiente:
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto al futuro de España? ¿Qué piensa hacer? Al mismo tiempo vamos a plantear los principios que consideramos básicos para poder construir una posición común, un consenso español. Entendemos que el Gobierno
de España, al que usted pertenece, mantenga un diálogo crítico y exigente con las nuevas autoridades cubanas; entendemos que si el objetivo es llegar a una transición pacífica a la democracia será necesario tender puentes con los sectores
reformistas que eventualmente puedan aflorar pero que todavía, hasta
donde nosotros sabemos, no han aflorado. Ese diálogo crítico y ese estímulo permanente a la reforma deben ir siempre acompañados de la misma entradilla: La liberación de todos los presos políticos, los únicos pilares sobre los que es
posible tender esos puentes con los que hoy detentan el poder en Cuba. En segundo lugar, Cuba necesita un nuevo rumbo de reformas democráticas que conduzcan al diálogo sin exclusiones entre todos los cubanos y sobre la base, eso sí, del respeto a
la soberanía y a la independencia de la nación cubana. En tercer lugar, es necesario pedir, reivindicar, plantear en ese mapa predemocrático al que debemos caminar el reconocimiento de partidos políticos, la libertad de asociación por supuesto, que
lleva implícita el reconocimiento de la primera libertad y la libertad de circulación. Esas son las coordenadas para situarnos en un mapa predemocrático creíble, tangible que nos permita trabajar en la dirección correcta. Alguien clamó no hace
mucho en la isla, desde La Habana, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abrirá a Cuba. Esa voz, créame, sigue viva en la memoria de muchos cubanos dentro y fuera de la isla. La apertura al exilio cubano, aquel exilio cubano que esté dispuesto a
trabajar por la libertad, la democracia y la paz de su país es otro elemento esencial en un programa de reconciliación y rencuentro cubano. Ya ve, señor ministro, que nuestro planteamiento es muy básico porque está inspirado en la idea de construir
un consenso español para ayudar a tejer un consenso cubano.
Lo que le plantea hoy el Grupo Popular al Gobierno es la posibilidad de armar una posición común española que permita al Gobierno presentarse ante sus interlocutores internacionales con el aval de un consenso nacional. A nadie se le escapa
que en la era de la globalización, por mucho que planteemos todos que la transición pacífica a la democracia es un asunto de cubanos entre cubanos, los actores internacionales van a influir en el proceso que se sustancia. De hecho, Venezuela ya
está intentando colocarse en el asiento del copiloto de la nave cubana. Por su parte Estados unidos observa con preocupación la evolución de un régimen del que depende en gran medida que no se produzca una avalancha masiva de inmigrantes
desesperados a las costas de La Florida. Es evidente que Washington debe conciliar sus indudables deseos de libertad para el pueblo cubano con sus necesidades y criterios estratégicos de seguridad nacional. En todo caso -es mi opinión- yo estoy
convencido de que los norteamericanos ya están hablando con las autoridades cubanas. Mientras tanto, ¿cuál es el papel de España y de la Unión Europea? Por eso, lo que plantea hoy el Grupo Popular es una posibilidad para que el Gobierno salga al
mundo a enfrentar esta encrucijada y asuma un papel protagonista con el respaldo del Parlamento español. Estoy convencido de que en su entrecortado diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos, si el Gobierno de España se presenta con una posición
común, avalada por la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español, esa interlocución será más fluida, más ágil, más fácil, y yo le aseguro que nosotros ayudaremos en la medida de lo posible para que así sea. Lo mismo ocurrirá en la
Unión Europea. España debe liderar a la Unión Europea presentándose con una posición respaldada por el Parlamento que le permitirá, sobre el respeto a estos principios que he dicho, recabar el apoyo de la práctica unanimidad de la Eurocámara, de la
Comisión Europea y del Consejo. Señor ministro, yo solo veo ventajas para que el Gobierno de España se preste a aceptar la invitación del Grupo Popular a consensuar una política sobre Cuba en un momento en el que deberíamos demostrar que nuestra
vocación política, al margen de nuestras diferencias que son evidentes, se inspira en la noble tarea de defender el interés general y apoyar a los pueblos hermanos de este país. Es momento por tanto de aparcar las diferencia que hemos arrastrado
hasta aquí sobre su política exterior, especialmente en el tema de Cuba, y ofrecer al pueblo cubano una muestra inteligente de consenso. Es momento de confiar, aunque sea difícil, en el adversario político y entender que nuestra propuesta no supone
ni un corsé ni una atadura para su Gobierno sino en cierta medida -permítame decirlo- un plus de legitimidad para acometer una tarea que será larga -esto es muy importante- y que sin duda ocupará a más de un Gobierno democrático de España, y seguro
que uno de esos gobiernos será del Partido Popular.
Hace apenas cuarenta y ocho horas murió otro detestable dictador, y ese acontecimiento ha servido para que muchos reflexionemos o reflexionen acerca de la naturaleza misma de las dictaduras y sus efectos inmediatos y diferidos. Las
víctimas, los traumas, el dolor, el sufrimiento de Chile que hoy recordamos aflorarán sin ningún tipo de dudas con toda su crudeza en Cuba cuando el dictador desaparezca de la faz de la tierra. Algunos llorarán su pérdida, no lo dudo, pero la
mayoría mirará al futuro a partir de entonces con más ilusión y esperanza. Cuentan hoy en la isla que se reza más que nunca a la Virgen del Cobre. Algunos lo hacen para que el dictador se recupere y la mayoría para que se vaya al cielo cuanto
antes. Yo nunca desearía la muerte a nadie, pero nuestro deber, y creo que el suyo también, es pensar en los vivos; pensar en el futuro en libertad de los jóvenes cubanos que tienen todo el derecho a soñar un futuro en libertad y prosperidad,
porque para ellos otro mundo sí que es posible.
Señor ministro, señorías, voy terminando. Por todo ello les anuncio que el lunes y el martes mi grupo parlamentario y este diputado estará a su disposición para negociar, para transaccionar un texto de moción que será registrado mañana con
ese espíritu de acuerdo del que les he hablado y sobre la base de los principios básicos que les he expuesto. Señorías, hagamos un esfuerzo y demostremos al mundo que cuando hay que trabajar por la libertad y la democracia todavía somos capaces de
ponernos de acuerdo. Demostremos al pueblo hermano de Cuba que hay una generación de políticos españoles que aprendió de la transición española la importancia del consenso y el valor supremo de la libertad y la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Moragas.
Continuamos, señorías, esta interpelación con la contestación del señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría, por su tono, por su oferta, por su intervención. Como sabe, el Gobierno y este ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación siempre han tendido la mano para el consenso en política exterior en un tema tan importante para los intereses de España. Desde luego Cuba merece la atención y el apoyo de toda esta Cámara y de todos los grupos políticos, pero antes de
aceptar su oferta para el consenso y su oferta para alcanzar un acuerdo quisiera -me va a permitir- hacer unas reflexiones generales sobre lo que ha sido la política del Gobierno hacia Cuba y cómo estamos valorando y actuando en estos momentos
históricos importantes que está viviendo Cuba.
Señorías, Fidel Castro ha sido el máximo dirigente de la revolución cubana desde el 1 de enero de 1959, es decir durante los últimos cuarenta y siete años, hasta su reciente enfermedad, de la que han dado cuenta los medios de comunicación.
Como bien conoce S.S. -y tiene razón-, mi primera reacción tras conocer la noticia de su enfermedad fue expresar mi deseo de un pronto reestablecimiento, deseo que hoy reitero. Debido a esta enfermedad el propio Fidel Castro decidió delegar con
carácter provisional sus funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y como presidente del Consejo de Estado y de Gobierno en su hermano Raúl Castro. Asimismo se
estableció una comisión formada por Carlos Lage, Francisco Soberón y Felipe Pérez Roque para gestionar provisionalmente otras tareas de gobierno. Desde entonces han transcurrido algo más de cuatro meses y los distintos responsables políticos
cubanos han realizado intervenciones públicas. En el caso de Raúl Castro, designado para coordinar y conducir esta fase de cambio, sus declaraciones han sido seguidas y estudiadas con el natural interés, en especial la última celebrada el pasado 2
de diciembre. Distintos medios de comunicación subrayaron el tono conciliador de su intervención y ponían el énfasis en la oferta de resolver en la mesa de negociaciones -cito- el prolongado diferendo entre Estados Unidos y Cuba. El Gobierno, como
no podía ser de otra manera, ha seguido y sigue con máximo interés y atención el desarrollo de los acontecimientos de Cuba, que se enmarcan de momento en una cierta provisionalidad, de la que compartimos nuestra esperanza y por tanto nuestro interés
pero que combina importantes elementos de incertidumbre, de cambios, de cuya naturaleza y alcance es muy difícil en estos momentos hacer especulaciones. Más allá de las especulaciones, el Gobierno quiere reiterar su convicción de que las decisiones
sobre el futuro de la isla corresponden única y exclusivamente a los cubanos. Ese es el énfasis sobre el que el Partido Popular debe reflexionar más. Si partimos de esa máxima de que la decisión última, primaria y esencial corresponde a los
cubanos, los demás elementos de su propuesta pueden ser discutibles. Compartimos también el deseo de que ese futuro profundice la democracia y el respeto a los derechos humanos; es lo que queremos para nosotros y consecuentemente es lo que
deseamos también para Cuba. Sobre estas bases el Gobierno ha trabajado, trabaja desde hace mucho tiempo y seguirá trabajando para que este cambio, este proceso, sea también pacífico. Es fundamental que este proceso sea pacífico y libre de
confrontaciones. Esta ha sido y será la inspiración básica de la política del Gobierno sobre Cuba. Es por ello que este Gobierno desde un principio ha hecho un importante esfuerzo para mantener, restablecer o fortalecer, según los casos, la
capacidad de diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana. En primer lugar lógicamente con el Gobierno y con las autoridades cubanas, con quienes -debo decirlo- el anterior Gobierno había roto toda interlocución. Nosotros pensamos que era
necesario abrir ese diálogo con el Gobierno porque es la mejor manera de tener interlocución e influencia en los acontecimientos presentes y futuros de Cuba, pero complementariamente hemos mantenido también una relación cada vez más intensa con
todos los sectores de la sociedad cubana, incluso con las comunidades cubanas en el exterior. No siempre ha sido fácil, por los recelos que cada parte guarda respecto de las otras, pero hemos logrado mantener y reforzar nuestra capacidad de
interlocución con todos, que comprenden y respetan en general la posición que ha mantenido el Gobierno.
Señoría, todos debemos renunciar a utilizar a Cuba como un instrumento de nuestra confrontación política, por tanto apruebo y apoyo su propuesta.
Su grupo, sin embargo, hasta ahora, hasta hoy, se había opuesto en distintas ocasiones en esta
misma tribuna a apoyar la política de diálogo con Cuba proponiendo incluso posiciones rupturistas. Permítame señalarle que agradezco que hoy me diga que podemos mantener un diálogo con las autoridades cubanas porque hasta ahora no me lo había
dicho, por tanto lo acepto. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con esa nueva filosofía que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta tarde. El Gobierno, sin embargo, considera que su política ha producido resultados.
Me permito
recordar que desde que recuperamos la interlocución con las autoridades han sido liberados 15 de los 75 opositores detenidos en marzo de 2003 y otros seis que habían sido arrestados en julio de 2005 acaban de ser puestos en libertad el pasado mes de
noviembre. El Gobierno está convencido de que estas personas -lo ha señalado S.S. y lo compartimos- nunca debieron verse privadas de libertad; el Gobierno no quiere atribuirse el mérito de su liberación, pero cree honradamente que su política ha
tenido algo que ver, como también ha tenido que ver que la
disidencia haya podido tener, a pesar de todas las dificultades, las primeras reuniones públicas jamás permitidas por las autoridades cubanas en la isla. Hubiéramos querido obtener mejores resultados, pero teniendo en cuenta la ineficacia
de otras políticas, diseñadas en algunos casos para romper puentes, estamos, como digo, razonablemente satisfechos, porque al menos hemos podido trasladar ideas, sugerencias y muy frecuentemente críticas y rechazos.
Me importa también subrayar a S.S. que nuestra política se ha mantenido en todo momento en el marco de la posición común adoptada por la Unión Europea en el año 1996, aunque le tengo que señalar con sinceridad que tenemos dudas de la
eficacia de esa política de posición común de la Unión Europea. Si valoramos que desde hace diez años esta posición política se ha establecido y cuáles son sus resultados podemos señalar que su repercusión positiva ha sido muy escasa en la realidad
cubana. A pesar de ello hemos optado por convivir con ella porque su metodología parte precisamente del diálogo con todos los actores, incluido el Gobierno, como instrumento esencial de la relación de la Unión Europea con Cuba.
El Partido Popular ha repetido hasta la saciedad hasta hoy -pero hoy ha cambiado- y contra toda evidencia que este Gobierno había promovido la suspensión de la posición común de la Unión Europea. Nada más lejos de la realidad. Promovimos,
eso sí, la suspensión de unas medidas adoptadas en junio de 2003 como respuesta al encarcelamiento en marzo de 75 opositores. Se trataba de medidas de contenido más simbólico que operativo, entre ellas la decisión de invitar o no a opositores a las
conmemoraciones de las fiestas nacionales europeas en La Habana.
Promovimos su suspensión, en primer lugar, por su inutilidad, demostrada por el hecho de que durante el tiempo en que estuvieron en vigor ni uno solo de esos 75 opositores
encarcelados fue puesto en libertad, pero además porque había hecho imposible cualquier forma de interlocución y de diálogo con las autoridades cubanas, lo cual, en nuestra opinión, dejaba a la Unión Europea sin instrumentos adecuados para
desarrollar la posición común y en rigor cualquier forma de relación con Cuba.
No quisiera aventurar un diagnóstico sobre lo que está pasando en Cuba. La situación es compleja y creo que susceptible de evolucionar en direcciones diferentes, aunque no necesariamente opuestas. Sí quiero subrayar algunos datos
objetivos. Desde que se anunció la enfermedad de Fidel Castro prácticamente no ha habido actos de repudio ni nuevos encarcelamientos, además en noviembre se han producido las seis liberaciones que antes mencionaba y tenemos la impresión de que
podrían ser el principio de un goteo que continuará. Observamos una actitud de prudencia en la mayor parte -por no decir en todos- de los dirigentes de la disidencia, que no desean añadir tensión a un momento de por sí difícil y que esperan o no
descartan, según los casos, que las nuevas autoridades inicien algún tipo de proceso de reforma económica o incluso política una vez que el traspaso de poderes sea definitivo. Baste mencionar las actitudes disidentes como las de Oscar Espinosa,
Manuel Cuesta o Vladimiro Roca ante el discurso de Raúl Castro el pasado 2 de diciembre.
Nosotros creemos que nuestra política de los últimos años nos coloca en una buena posición para acompañar un proceso de esas características, pero tiene sus ritmos que hay que respetar, para lo que es imprescindible capacidad de
interlocución con todos los actores, empezando por el Gobierno. Por supuesto, mantenemos un intenso y frecuente intercambio de puntos de vista con terceros países. Es muy importante hablar con los principales actores internacionales y en ese
sentido nuestro diálogo con los países latinoamericanos y también con Estados Unidos y Canadá es fundamental. Por último, quisiéramos recuperar algunos instrumentos imprescindibles para nuestra acción en Cuba, dos de los cuales por lo menos
perdimos a consecuencia de la adopción de las medidas de junio de 2003 antes citadas. Me refiero al centro cultural de España en La Habana y a la cooperación al desarrollo. Aunque no hemos dejado de hacerlo desde que la Unión Europea suspendió las
medidas de 2003, seguiremos reclamando a las autoridades cubanas la suspensión de estas contramedidas y confiamos en reabrir lo más pronto posible el centro cultural. Junto a ello seguimos buscando una solución al problema de la deuda de Cuba con
España para intentar normalizar las relaciones económicas y comerciales.
En España nadie duda de las consecuencias positivas de la presencia económica extranjera en los procesos históricos de cambio.
Concluyo, señoría. Estamos dispuestos a lograr el consenso, estamos dispuestos a trabajar sobre los puntos que ha mencionado, pero lo más importante es que la decisión final la tiene el pueblo y los ciudadanos cubanos y nosotros no los
podemos sustituir.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.
Comenzamos con las réplicas y por tanto con la intervención del señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, intentemos sostener el debate en el tono que yo he apuntado en mi intervención inicial y que usted ha mantenido de forma intermitente durante su intervención. Con todo respeto, señor ministro,
usted no puede decir, porque falta a la verdad y faltar a la verdad no quiere decir mentir -puede ser que a lo mejor usted esté mal informado, lo cual me cuesta creer porque confío bastante en los miembros de la carrera diplomática que le asisten,
aunque no en el embajador que tenemos acreditado ahí por razones que usted conoce perfectamente-, que no ha habido actos de repudio ni detenciones en los últimos tiempos porque es evidente que usted está manejando información muy distinta a la que
manejo yo. Con eso
no quiero decir que la mía va a misa, si me permite la expresión, pero la mía es la que suministra la disidencia y la oposición democrática y pacífica que está dentro de la isla, no en Miami, señores que usted conoce perfectamente y que son
bastante creíbles.
Tengo aquí varios ejemplos, pero tampoco quiero agotar mi tiempo en eso.
Aquí veo que la dictadura castrista impide que los disidentes celebren el día de los derechos humanos mediante actos de repudio y persecución.
Luego tenemos un
periodista detenido hace una semana, denunciado por Reporteros sin Fronteras, bajo la acusación que le he mencionado de peligrosidad social predelictiva, y condenado a cinco años de cárcel. Eso en la última semana. Actos de repudio y agresiones a
familiares de presos en la última semana.
En segundo lugar, nunca en mi grupo le prohibimos hablar con el Gobierno cubano. Nosotros le decíamos que no se podía prestar a un chantaje ni a lo que llamamos el timo de la estampita. Con una dictadura hay que mantener un diálogo, pero
no hacer un movimiento previo; corresponde al dictador o a la dictadura demostrar su buena voluntad actuando en primer lugar. A nuestro entender, usted hizo todo lo contrario, primero movilizó a la Unión Europea para modificar una posición, para
luego esperar unos resultados que no han llegado. Según Elizardo Sánchez, que preside la Comisión de derechos humanos legalizada en Cuba, hoy hay más presos políticos que antes de que la Unión Europea modificase las medidas de 2003. Por otro lado,
a mí nunca me ha oído -y si no, cíteme- acusarle a usted de modificar la posición común. Conocemos perfectamente la posición común del año 1996 y yo siempre he estado en contra de la modificación de las medidas de 2003, porque suponía dar la
espalda a los disidentes, que son quienes van a tener el protagonismo en la fase, que esperemos cuanto antes se abra, de transición a la democracia en Cuba. Respecto a esa cuestión, permítame que apele a usted y a su grupo a recordar la memoria
histórica de la que tanto se está hablando últimamente, pero no a la memoria de la guerra civil, sino a la del tardofranquismo y a cómo los opositores -yo desgraciadamente iba con pantalón corto o no había nacido-, según me cuentan, a la dictadura y
al general Franco querían recibir señales claras que se emitiesen desde las democracias occidentales más desarrolladas de apoyo a una transición pacífica de la democracia por aquellos grupos que tenían el coraje de enfrentarse al dictador. Ese es
el concepto que nosotros reivindicamos precisamente para aquellas personas que están jugándose la vida y que a lo mejor defienden planteamientos ideológicos distintos al Partido Popular. Estoy hablando de Vladimiro Roca, presidente del partido
socialdemocráta cubano. Al señor Oswaldo Payá claro que lo respaldamos ideológicamente, pero estamos hablando de un bien superior que hay que defender, que es la libertad y la mínima autonomía para ejercer un papel de oposición que permita en el
futuro que esa gente asuma el protagonismo como hicieron entonces otros políticos y opositores españoles en nuestro país.
Como he dicho, me da la sensación de que su discurso, sin ánimo de enervar este amable debate que estamos manteniendo, transmitía como si algo estuviese cambiando en Cuba gracias a la política que el Gobierno del señor Zapatero ha
desplegado. Permítame mi escepticismo ante esas declaraciones. Creo que si algo ha cambiado o algo va a cambiar en Cuba no ha sido gracias a ustedes, sino gracias a la inexorable marcha de la biología decadente del dictador cubano. Por tanto,
situemos las cosas en sus justos términos. Yo acepto encantando su propuesta o disposición a negociar o transaccionar una moción que transmita al mundo y al pueblo cubano que la transición pacífica a la democracia es el objetivo del país de Europa
que más relación tiene con Cuba, es decir, de España, que esa declaración surja de este Parlamento y que inste a trabajar al Gobierno en esa dirección. ¿Que sea cosa de los cubanos? Por supuesto, exclusivamente de los cubanos, pero la opinión
pública internacional y los propios cubanos necesitan oxígeno internacional. Ese es el mensaje que debe emitirse clara y nítidamente desde esta Cámara al mundo y al pueblo cubano. (Aplausos.-El señor Fernández Díaz: Muy bien, señor Moragas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Moragas.
Finalizamos esta interpelación con la dúplica del señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta.
Buscar el consenso, tener un diálogo positivo y constructivo ha sido siempre mi ánimo desde que asumí la responsabilidad de gobierno como ministro de Asuntos Exteriores y ese va a ser el tono de mi respuesta. Si ha habido una actitud
intermitente ha sido la de su grupo y la de usted.
Nosotros, como recordará y puede ver en el 'Diario de Sesiones', siempre hemos pedido el apoyo, el entendimiento, la interlocución con todas las fuerzas políticas, incluido el partido mayoritario
de la oposición, el Partido Popular. Por tanto, la intermitencia la marcan ustedes, porque yo he mantenido un discurso muy claro, muy coherente sobre lo que ha sido la visión y el compromiso del Gobierno español, en un momento en el que sabíamos
que Cuba iría por una senda nueva, diferente, histórica y que teníamos que tener principalmente interlocución. Esa es la gran diferencia respecto a la política del anterior Gobierno, sobre la que no hace falta ahora volver a polemizar, que ustedes
no tenían interlocución con las autoridades cubanas y nosotros sí hemos logrado tenerla; tenemos confianza y existe una confianza mutua que permite trabajar y acompañar toda esta situación enormemente compleja. En ese sentido, le doy la razón,
este no es un proceso corto, es un proceso que va a ser
largo y muy difícil y, por tanto, todos tenemos que trabajar con la visión estratégica de cuál va a ser la nueva relación que tendrá Cuba en el siglo XXI con España, principalmente, con su entorno inmediato, pero sobre todo con
Latinoamérica.
Respecto a los puntos que usted ha mencionado al inicio de su intervención, pueden ser debatidos, aunque hay que matizarlos y no tratarlos de la manera que usted los ha planteado. En cualquier caso, estoy seguro de que el Grupo
Parlamentario Socialista estará dispuesto a discutirlos para encauzarlos dentro de una posición razonable en un momento extremadamente volátil, muy sensible, de la realidad política cubana. No voy a polemizar sobre quién tiene mejor o peor
información, pero sí le digo que hay una actitud general de espera sobre lo que va a ocurrir en la isla. En general, en cuanto al repudio, a la actitud de los disidentes o a las liberaciones, la situación es mejor y ha producido la salida de
algunos prisioneros políticos por la que nos tenemos que felicitar, aunque esto no significa que no pidamos la salida y la liberación de todos los prisioneros políticos. Para eso va a trabajar este Gobierno, porque en un nuevo momento en Cuba todos
desearíamos que no hubiese presos políticos. En eso estamos de acuerdo, pero hace falta tener una visión política clara, responsable y coherente en un momento muy complejo del futuro de Cuba. La mejor manera de acompañar este proceso es respetando
a los cubanos y a las autoridades cubanas, que también tienen una parte importante de responsabilidad. Hay que acompañarles en un proceso que esperamos construya lo que todos deseamos, una profundización de la democracia y un respeto pleno de los
derechos humanos. En ese sentido, contarán con el apoyo de toda la Cámara y de todos los diputados españoles.
Lo más importante -con ello termino, señoría- es que S.S. ha señalado que hace falta un balón de oxígeno desde el exterior, que Cuba se abra y que el mundo se abra a Cuba. Desde luego, pero tengamos mucho cuidado. En estos procesos lo
peor es tener presiones y un modelo prefabricado de lo que queremos que sea el futuro de Cuba. Por tanto, seamos muy respetuosos con los tiempos y con la manera en que podamos acompañar todo este proceso. Vuelvo a garantizarle que por parte del
Gobierno y del Grupo Socialista estamos dispuestos a trabajar en un espíritu constructivo para poder formalizar una posición común, eso sí española, sobre el futuro de Cuba. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, SOBRE FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
(Número de expediente 172/000236.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente interpelación, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre formación de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
Para interpelar a la señora ministra de Sanidad tiene la palabra el señor Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señoras y señores diputados, me va a sobrar tiempo para plantear una cuestión que parece sencilla, pero no por ser sencilla es menos importante. Es muy importante porque afecta a las personas, porque afecta a uno de los
pilares fundamentales del Estado del bienestar social, porque afecta a la sanidad, a la salud de los ciudadanos de España y concretamente de la comunidad de la que en estos momentos hablo, que es Canarias. El Gobierno del Estado tiene competencia
para fijar el número de estudiantes que pueden acceder a medicina o a enfermería y de igual manera es competente para propiciar la formación de los médicos especialistas. Pues bien, en estos momentos, aunque parezca increíble, hay déficit de
profesionales de la sanidad en el conjunto del Estado y particularmente en algunas comunidades autónomas. Canarias es una de las comunidades autónomas donde hay un claro déficit de profesionales de la sanidad. Faltan médicos de familia, pediatras,
anestesistas, especialistas y algunas ramas de la enfermería, como las matronas. Este problema deriva especialmente en algunas comunidades de un espectacular crecimiento de la población. La Comunidad canaria es un ejemplo de crecimiento
desbordante de la población a lo largo de los últimos ocho años, amén de otra circunstancia muy especial que afecta fundamentalmente a los médicos especialistas, la doble insularidad. En estos momentos en España se compite para contratar
especialistas, por lo que las islas más alejadas, las islas periféricas, tienen muchos problemas a la hora de contratar a dichos profesionales. Puede que haya miles de argumentos técnicos para justificar por qué faltan profesionales de la sanidad,
pero yo no estoy buscando respuestas técnicas, sino una respuesta política.
Hace falta decisión política para afrontar un asunto tan importante que afecta a las personas. Es inadmisible que en estos momentos, cuando hemos avanzado desde el punto
de vista de las infraestructuras sanitarias, cuando el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante empleando recursos para mejorar la sanidad -en Canarias el 30 por ciento del gasto sanitario corresponde a
recursos de la Comunidad canaria- y cuando se mejora la infraestructura, no podamos afrontar decididamente la mejora de la calidad sanitaria por falta de profesionales de la medicina.
Señora ministra, yo quiero preguntarle qué va a hacer el Gobierno del Estado para afrontar este asunto que afecta gravemente a la calidad de la sanidad en España y, particularmente, en algunas comunidades autónomas
insisto- que, fruto del crecimiento poblacional, se encuentran en estos momentos con déficits en determinadas profesiones ligadas a la sanidad y en médicos especialistas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero, muchísimas gracias.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de Sanidad y Consumo a la interpelación del señor Rivero. Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señoría, el sistema de salud tiene que contar con buenos profesionales y su formación es el instrumento clave para garantizar su eficacia. En nuestro Sistema Nacional de Salud, como sabe, contamos con un sistema de formación
sanitaria especializada que integra y combina la formación teórica con la formación práctica, que se basa en una planificación anual de las necesidades de profesionales y se ve reflejada, por tanto, en una oferta de plazas conjunta de todo el
Sistema Nacional de Salud.
Quisiera contradecirle. La oferta de plazas en formación no depende de la decisión de la Administración del Estado; se encarga de fijar esa oferta la Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, un órgano colegiado del que
forman parte las 17 comunidades autónomas. A él corresponde la planificación y determinación de la oferta anual de plazas de formación sanitaria especializada. Quiero decirle algo más. Desde esta legislatura el número de plazas que se ofertan
coincide exactamente con las peticiones de las comunidades autónomas, no como hasta ahora, que era el Consejo Nacional de Especialidades quien determinaba el número de ofertas en cada una de ellas. Es cierto que el conjunto del sistema, esa
Comisión de recursos humanos, debe realizar esa tarea de planificación y análisis conjunto de necesidades de profesionales sanitarios, particularmente en el caso de los médicos especialistas. Pero no es menos cierto que la planificación anual no
representa siempre una garantía de que las necesidades de profesionales sanitarios estén cubiertas. Es necesario, por tanto, planificar a largo plazo. En ese sentido, quiero señalarle que la posible carencia de especialistas de nuestro sistema en
este momento no obedece a causas actuales, sino a una falta de previsión de hace diez años, que es el tiempo que se tarda en formar un especialista; una falta de planificación que responde no solo a que en su momento no se planteó este debate, sino
también a que en esa oferta no participaban las gestoras del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas, sino solo el consejo de especialidades.
Por otra parte, las especialidades existentes han sufrido una evolución, ha habido avances tecnológicos y eso ha hecho que la demanda de alguna de ellas haya variado sustancialmente y, por tanto, las necesidades percibidas de especialistas.
Por eso parece necesaria una planificación de esos profesionales que abarque un periodo más amplio que el simplemente de un año. Es una necesidad que se planteó en la Comisión de recursos humanos por varias comunidades autónomas, entre ellas la
Comunidad Autónoma de Canarias, que solicitó la realización de un estudio sobre las necesidades de profesionales, así como la elevación de numerus clausus de las facultades de Medicina. Esa petición se hizo en el mes de abril del año 2006 y ya se
han incrementado en más de un 10 por ciento las plazas en las facultades de Medicina, mediante una colaboración estrecha del Ministerio de Sanidad y Consumo con el Ministerio de Educación, y ese estudio sobre las necesidades de especialistas está
finalizando, espero que pueda presentarse en el mes de febrero a la próxima Comisión de recursos humanos. Además de la elaboración de ese estudio, se decidió la creación de un registro de profesionales sanitarios para gestionar eficazmente los
recursos existentes.
Sorprendentemente, es un registro que no existía en nuestro país hasta ahora. Por tanto, por primera vez, vamos a tener un instrumento que va a suponer verdaderamente un sistema de información sobre profesionales sanitarios.
En ese sistema de información van a participar el ministerio, pero también las administraciones autonómicas y sus servicios de salud, y también va a incorporar los registros de los colegios profesionales para que esa información no solo abarque los
profesionales de la sanidad pública, sino también los profesionales de la sanidad privada. Por tanto, por parte del ministerio se han adoptado las actuaciones que nos han parecido pertinentes a la hora de diseñar una solución a los problemas que
conocemos que se perciben en algunas comunidades autónomas, y en particular en la Comunidad Autónoma de Canarias. Evidentemente para realizar una reorganización de la oferta de plazas que se está tratando en este momento con las comunidades
autónomas, será necesario tener ese estudio -que le he mencionado-, que nos va a proporcionar una idea de las tendencias a medio y a largo plazo, y nos va a permitir planificar con tiempo las necesidades de formación de especialistas. También
quisiera señalar que, en el pleno del consejo interterritorial del pasado día 11, algunas comunidades autónomas pusieron de manifiesto que era necesario emprender un debate en profundidad sobre los asuntos referidos a las necesidades de personal.
Sobre esta base, me comprometí a convocar en enero un primer debate entre directores generales de servicios autonómicos para analizar los problemas que, a corto y a largo plazo, tienen planteados todos los servicios de salud. Por tanto, el
Ministerio de Sanidad y Consumo, en el ámbito de los recursos humanos, está realizando las tareas de coordinación y planificación que son precisas para realizar una mejor gestión de los temas de personal.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora ministra.
Señor Rivero, cuando quiera será su turno para replicar la intervención de la señora ministra de Sanidad en contestación a su interpelación.
Adelante.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, decía que no buscaba una respuesta técnica, sino una respuesta política a un problema real que tenemos en estos momentos. Ni siquiera quiero indagar en el pasado para ver quién ha tenido la culpa de una mala
planificación desde el punto de vista sanitario. En estos momentos es una realidad que estamos ante un problema, que hay que abordarlo sin dejarse presionar por instrumentos corporativos que impidan adoptar decisiones importantes en las que se vea
la sensibilidad de un Gobierno. Un Gobierno de sensibilidad social tiene que pensar en las personas y, fundamentalmente, cuando estamos hablando de la falta de profesionales de la sanidad, hay que adoptar medidas urgentes y excepcionales.
Cerrado el proceso de transferencias de la sanidad a las distintas comunidades autónomas, al Gobierno del Estado le quedan tres cosas por hacer, que no las está afrontando con la prontitud, con la rapidez y con la energía necesarias. En
primer lugar, desarrollar la Ley de Cohesión Sanitaria; en segundo lugar, impulsar un gran pacto de Estado para la Sanidad que les impida hacer juego político en cada una de las comunidades autónomas en función de la situación política y jugar con
la sanidad como instrumento electoral y, en tercer lugar, revisar de una forma urgente el sistema de financiación sanitaria, que en estos momentos es un sistema desequilibrado como consecuencia de los movimientos poblacionales que se han producido
en el Estado. Hay comunidades autónomas altamente beneficiadas por el sistema actual; comunidades autónomas que no solamente no han crecido en población, sino que han perdido población, y otras en las que se ha producido un crecimiento
espectacular y cuyas necesidades, en función del número de personas que hay en estos momentos, no están suficientemente atendidas. La sanidad, por pocas competencias que le queden al Gobierno del Estado, no puede ser una maría, sino que debe de ser
una de las asignaturas más importantes y uno de los objetivos principales para tomar decisiones en aquellos asuntos en los que realmente haya problemas que afecten a la sociedad.
Señora ministra, en nuestra opinión, el Gobierno debe de impulsar
medidas urgentes para poder paliar el déficit de profesionales sanitarios. En ese sentido, vamos a presentar nuestra moción para debatirla la próxima semana. A problemas excepcionales como este, hace falta tomar medidas excepcionales. Si el
Gobierno no puede abordar directamente este problema, tampoco puede ser un obstáculo para que las comunidades autónomas lo puedan abordar. Habría que pensar en por qué no delegar estas competencias a aquellas comunidades autónomas que tienen
situaciones excepcionales para que, desde sus propias capacidades o sus propias competencias, puedan decidir el número de personas que pueden estudiar medicina o enfermería y que tengan la capacidad para formar profesionales. En definitiva, estamos
hablando de un asunto del que, si trabajamos conjuntamente las comunidades autónomas y el Estado, los únicos beneficiados serán los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero, muchas gracias.
Finalizamos esta interpelación con la dúplica de la señora ministra de Sanidad y Consumo al señor Rivero, autor de esta interpelación.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, la interpelación era sobre la necesidad de profesionales; sin embargo acaba de mencionar en su intervención algunos temas que exceden de lo que puede ser este planteamiento. Entre otros, quisiera mencionarle la cuestión de la
financiación, puesto que no existe una financiación sanitaria. Según la Ley de Financiación Autonómica del año 2001, no existe ese concepto de financiación sanitaria. Aun no existiendo, la pasada Conferencia de Presidentes abordó la necesidad de
complementar los recursos de las comunidades autónomas que habían experimentado crecimientos en su población; y así se hizo. También se decidió en aquel momento comenzar la discusión de un nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas, que, como usted sabe, en este momento se está discutiendo.
Usted dice que no quiere referirse al pasado, pero lo cierto es que los profesionales sanitarios no se inventan. Hacen falta diez años para formar a un profesional sanitario y, en consecuencia, las carencias de hoy son fruto de la falta de
previsión de hace diez años. Y desde luego no es ajeno a este fenómeno el marco normativo con el que contamos, especialmente la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y la Ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de
salud, ambas leyes aprobadas en el año 2003; fueron aprobadas por su grupo y por usted, que era diputado en aquella legislatura, y sin embargo le recuerdo que fueron cuestionadas por otros grupos parlamentarios, porque entendíamos que no era la
mejor manera de dar respuesta a las necesidades de personal del Sistema Nacional de Salud. Por el contrario, señoría, nosotros no solo estamos debatiendo el problema, sino que también estamos intentando adoptar medidas para intentar paliar esa
situación en el plazo más breve posible. Le quiero recordar que ha sido este Gobierno el que por primera vez ha debatido la oferta MIR con las comunidades autónomas y ha recogido en ella sus peticiones; que ha sido este Gobierno el que ha
aumentado en casi un 10 por ciento las plazas en las facultades de Medicina, después de más de 10
años de numerus clausus; que ha sido este Gobierno el que ha aprobado una regulación de la relación laboral de los MIR y está abordando la de los contenidos formativos de los residentes. Quisiera también recordarle que el pasado 24 de mayo
su grupo parlamentario en el Senado, concretamente el senador Mendoza, formuló una interpelación que tenía un título similar al de la que ha realizado usted hoy. El señor Mendoza planteaba entonces las siguientes cuestiones: la creación de un
sistema de información; la necesidad de reflexionar sobre los numerus clausus de las facultades; la diferencia entre el número de plazas solicitadas por las comunidades y las contenidas en la oferta MIR; los requisitos de acreditación de los
centros de formación MIR; la apertura de un debate sobre la necesidad de una formación troncal en los MIR y la regulación de las condiciones laborales de los residentes. Todas estas cuestiones abordadas por el senador de su grupo están resueltas o
en vías de resolverse. Ya les he señalado que estamos trabajando en un registro y en un sistema de información; hemos aumentado un 10 por ciento las plazas de las universidades; el número de plazas de la oferta MIR coincide con las peticiones de
las comunidades autónomas; se está abordando la regulación de los aspectos formativos del sistema MIR, incluida la acreditación de centros; se están debatiendo ya los criterios de troncalidad y se ha aprobado la regulación de las condiciones
laborales de los residentes.
Por tanto, me sorprende la reiteración en este tipo de iniciativas, puesto que su grupo conoce perfectamente las medidas que está desarrollando el ministerio.
Este Gobierno se ha encontrado con una situación heredada, derivada de una falta de análisis y planificación durante los últimos años, y con un marco normativo que no favorece la adopción de las medidas que usted reclama ahora, aunque
entonces apoyó ese marco normativo. Pese a ello, el Gobierno está actuando para paliar los problemas y para evitar su repetición en el futuro y para ello espero contar con su colaboración y con la del Gobierno de su comunidad autónoma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ), SOBRE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DEL GOBIERNO EN GALICIA EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DEL LITORAL, REGENERACIÓN DE CAUCES FLUVIALES, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, INUNDACIONES E
INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 172/000237.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señorías, con la última de las interpelaciones de hoy, la urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Rodríguez Sánchez, sobre actuaciones medioambientales del Gobierno en
Galicia en relación con la protección del litoral, regeneración de cauces fluviales, depuración de aguas residuales, inundaciones e incendios forestales.
Señor Rodríguez, cuando quiera.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, creo que Galicia es también genuina y específica en el terreno medioambiental, variada climáticamente y con huellas del mayor deterioro y también posiblemente de la mejor conservación del medio ambiente. Es un país con una
naturaleza sometida a un proceso histórico de humanización armónico y, al mismo tiempo, a un proceso salvaje de agresión, que puede usted comprobar simbólicamente a través de la explotación de los lignitos pardos, con la central térmica más grande
de todo el Estado español, con la cuenca hidrográfica más llena de pantanos de todo el Estado español, con la factoría de celulosa de Pontevedra y con una política forestal que invirtió prácticamente lo que era el bosque autóctono, convirtiéndolo,
sobre todo en la zona costera, en un gran eucaliptal.
Hacemos esta interpelación desde la creencia de que las competencias medioambientales debían ser exclusivas de la comunidad autónoma, pero mientras no lo sean, son fundamentales la cooperación y la coordinación, desde una posición
constructiva y correcta, que empezaré por reconocer que usted mantiene, especialmente en los momentos más críticos en materia medioambiental en lo que se refiere a Galicia. Tenemos la intención de revisar en esta interpelación los proyectos del
Gobierno y sus actuaciones, plantear algunas demandas y clarificar algunas cuestiones a través de preguntas, en tres temas de carácter fundamental. En lo que afecta a las costas y al dominio público marítimo terrestre, no cabe olvidar que Galicia
tiene el mayor número de kilómetros de costa del Estado español. Esto se olvida muchas veces, porque en el mapa se ve un territorio más diminuto, por ejemplo, que Andalucía, pero la costa es muchísimo mayor, es muchísimo más extensa, y presenta el
fenómeno de las rías, sumamente peculiar y específico, único en el mundo. El segundo tema que trataremos será el de la depuración y la calidad de las aguas y en tercer lugar veremos alguna cuestión en relación con los incendios y el problema de las
riadas o el problema de las inundaciones.
Con respecto al primer tema, las costas y el dominio público marítimo terrestre, quiero preguntarle acerca de cinco proyectos concretos. En primer lugar, el proyecto que afecta a la ría de Betanzos, en particular a lo que se denomina el
puente de O Pedrido, que es un proyecto de interés medioambiental y también marisquero. Es medioambiental porque consiste, por una parte, en la eliminación de naves, de pistas polideportivas y del tendido eléctrico para hacerlo subterráneo en una
zona de dominio público marítimo terrestre y, por otra parte, en
un dragado que, según el Gobierno, conllevará mejoras en la hidrodinámica de la ría y en la disminución de la colmatación sobre los bancos de marisco. Ambos debían licitarse en el año 2006. Nos gustaría saber si esto se sigue manteniendo y
cuál es el plazo para la ejecución de estas dos obras, que nosotros valoramos no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino como posibilidad de regenerar algún banco marisquero. La segunda de las preocupaciones afecta a un tema de gran
importancia simbólica y medioambiental en la ría de Muros. Se trata en concreto de la Illa da Creba, que es una illa que está siendo usufructuada por un particular y que tiene alterado el dominio público marítimo terrestre afectado por obras de
este particular. Hay una sentencia judicial que declaró ilegales estas obras y el Gobierno, desde hace tiempo, mantiene un proyecto de restablecimiento a las condiciones iniciales de dominio público marítimo terrestre que nos gustaría ver ejecutado
para acabar con esas obras de carácter ilegal, por no plantear ya la cuestión de fondo, de quién es realmente esta isla de la ría de Muros. El tercer tema, de gran importancia, afecta a tres arenales que tienen un importante valor turístico, aunque
algunos de ellos tengan sin duda una denominación mimética de otras partes de España, en consonancia con el papel excesivamente colonial que jugó nuestro país en momentos culminantes del siglo XIX y principios del siglo XX. Me estoy refiriendo en
concreto a los prometidos planes de estabilización de la playa de A Magdalena, en Cedeira, para la cual se aprobó en este Congreso de los Diputados una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, que pedía al Gobierno precisamente un plan de
estabilización fiable y no las chapuzas que se hicieron en concreto con el anterior Gobierno. Por otra parte, está el proyecto de regeneración de la playa de Sada, en el que, según respuestas del Gobierno, falta concluir los trámites ambientales.
Y, por último, la playa de A Magdalena -así llamada también- en Cabanas, en concreto en la provincia de A Coruña, para lo cual se quiere hacer un dragado del canal de entrada al puerto de Pontedeume y aportar los áridos que se extraigan de ahí a la
playa, hoy muy deteriorada, igual que al pinar, cuya ordenación se promete conforme a la Ley de Costas.
Por último, existen dos proyectos del Gobierno. El proyecto integral de restauración de la playa de Arealonga, en Foz, que es necesario porque es una playa cada vez más deteriorada y anulada en cuanto a las mareas y porque existe un talud
muy peligroso, cuyos derrumbes sucesivos pueden afectar a la vía del tren de Feve. Desde hace tiempo se dice que va haber conversaciones con Feve para solucionar este problema; prevemos que la amenaza sigue siendo no solamente latente sino algo
más que latente. Y en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 figuraba una partida, a iniciativa del BNG, para el estudio del dragado de la desembocadura del río Belelle, en el Ayuntamiento de Neda, dentro de la ría de Ferrol. Es un
dragado fundamental no solo desde el punto de vista de la regeneración, sino también desde el punto de vista del acceso de las embarcaciones tradicionales precisamente a través del río al puerto natural que utilizaban. Estaba pendiente el pliego de
previsiones técnicas para la redacción del proyecto y nos gustaría saber si este pliego se ha realizado y cuál es la viabilidad de la ejecución de este dragado por parte de las administraciones implicadas. En relación con este tema solamente nos
cabe, señora ministra, preguntarle cuáles son los criterios del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de decidir rescatar terrenos del litoral de Galicia a través de la compra o de acuerdos con los propietarios para librarlos de la especulación.
Sabemos que hay dos o tres casos, pero nos gustaría saber qué criterios son los que llevan precisamente a fijarse en unos casos y no en otros. Parece ser que desde Costas, en Galicia, se dice que son aquellos casos en los que haya mayor extensión o
bien que sean de tramitación más fácil. Nos preguntamos si no habría que tener en cuenta también el grado de degradación, el valor ambiental de la zona o el valor social.
Sobre el tema de la depuración y la calidad de las aguas, todos debemos estar de acuerdo en que el retraso histórico de Galicia es alarmante y que por tanto cuanto más se acelere la ejecución de las obras, mejor, sobre todo aquellas a las
que voy a referirme. En primer lugar, en la EDAR de Bens, de A Coruña, que debía estar ya en funcionamiento lo más tarde en el año 2001, nos gustaría saber si el compromiso de funcionamiento para el año 2008 se mantiene, si es realmente posible, y
si el Gobierno va a hacer todo el esfuerzo para que se cumpla este horizonte temporal. También si no sería necesario -y ya hay una partida, a iniciativa del BNG, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007- completar la ejecución de
esta obra con la limpieza de la ría de O Burgo; por cierto, con bancos marisqueros de los que no se puede extraer nada simplemente porque están improductivos por la contaminación existente. En relación con la estación depuradora de aguas
residuales de Ferrol, que ya figuraba en un plan firmado con las comunidades autónomas en el año 1995, nos gustaría saber también si los cuatro proyectos, es decir, la EDAR, el cruce e impulsión de A Cabana, el emisario entre A Malata y Prioriño y
el emisario submarino estarán todos en perfecto funcionamiento en el año 2008. Debe saber, señora ministra, y a nosotros es lo que más nos preocupa, que hoy, en todo el banco marisquero de As Pías, uno de los bancos naturales más importantes de
Galicia, no se puede mariscar porque está catalogado como zona C, prohibido mariscar por la grave contaminación existente.
En tercer lugar, nos preocupa la estación depuradora de aguas residuales de Santiago, una obra de interés general que necesita mejorar los colectores generales y que figuraba dentro de las actuaciones 2004-2008.
Nos gustaría saber si están
licitados ya los dos tramos del interceptor general, que se prometió que se haría en el cuarto trimestre de 2005; cuál va a ser el régimen de financiación de esta EDAR y del anteproyecto que se quiere ejecutar y cuál es su horizonte temporal, al
igual
que el horizonte temporal hipotético para acabar con la grave situación de falta de depuración de las aguas residuales en Vigo, si es que se aclara definitivamente en un espacio corto de tiempo cuál va a ser su ubicación.
Por último, en
relación con esta temática, nos gustaría, señora ministra, saber si el nuevo abastecimiento de agua a Lugo va a ser ejecutado en debido tiempo y forma y si hay planes para un nuevo abastecimiento de agua a Ourense, que también está declarada como
obra de interés general, lo mismo que el proyecto de colector general de saneamiento del río Louro, que necesitaría colectores secundarios para conectar a muchas parroquias, por ejemplo del Ayuntamiento de Porriño, que no están conectadas al
colector general, cuando se hace ese colector general precisamente para solucionar el problema de todos los ayuntamientos que hay entre Tuy y Porriño. En relación con la cuenca hidrográfica del río Miño-Sil, nos gustaría saber, señora ministra,
cuándo va a ser una cuenca propia administrativamente, es decir, al margen de la cuenca hidrográfica del Norte, qué competencias tendrá la comunidad autónoma y la importancia que esto tiene desde el punto de vista de la política agraria y de la
política de regadíos.
Acabo ya, señora ministra, con el tema de los incendios. Reconocemos que su ministerio se comportó no solamente de forma correcta sino constructiva, manteniendo, cuando se produjo la mayor intensidad de los incendios, medios aéreos muy
importantes y también las brigadas de intervención rápida adecuadas a la situación. Nos gustaría que valorase, para cuando empiece más o menos la temporada de verano, mantener preventivamente en Galicia un nivel similar de medios, porque le puedo
asegurar que el problema se va a repetir; se va a repetir por el carácter estructural del problema y se va a repetir porque volverá a haber la intencionalidad manifiesta de quemar. Prevenir es muy importante y tendremos una actuación muchísimo
mejor, al margen de todos los compromisos y responsabilidades que tendrá el Gobierno de Galicia, que le aseguro que está tomando decisiones muy importantes para que, por lo menos en lo que esté en su mano, esto no se vuelva a repetir.
Espero unas respuestas clarificadoras en relación con estos temas y no quiero dejar de reconocerle una vez más su papel constructivo, su papel dialogante, que en definitiva es lo que esperamos desde Galicia del Gobierno de España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con la contestación de la señora ministra a esta interpelación del señor Rodríguez. Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Su señoría me ha hecho una serie de preguntas sobre proyectos concretos de actuaciones tanto de la Dirección General de Costas, de la Confederación Hidrográfica del Norte y también de la Dirección General de Biodiversidad, en lo relativo a
la prevención y lucha contra los incendios forestales. Contesto gustosa a estas preguntas, aunque, dado el grado de detalle en algún caso de los proyectos, podremos complementar por escrito toda la información que me ha sido requerida.
Quisiera señalar, en primer lugar, que somos muy conscientes en el Ministerio de Medio Ambiente de la especificidad del territorio gallego desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de
su propio desarrollo socioeconómico y por tanto reitero una vez más aquí el máximo compromiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo intentando recuperar mucho tiempo perdido en uno de los problemas que usted muy bien ha señalado, la
contaminación en el mar, debida en gran parte al retraso en la depuración de las aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Galicia. La lentitud con la que se ha puesto en marcha el plan de saneamiento, en su momento firmado el año 1995 entre el
Gobierno de la nación y la Xunta de Galicia, ha conllevado sin duda una acumulación de vertidos que han empeorado la calidad de las aguas litorales de la comunidad autónoma. Y ahí es donde, si uno analiza qué hemos hecho desde el principio de la
legislatura, podemos decir que el incremento en el nivel de ejecución presupuestaria aparece de una forma más nítida. Entre el año 2000 y el año 2003, en cuanto a las actuaciones de depuración y saneamiento y algunos abastecimientos que estaban
pendientes, la inversión había sido de 114 millones de euros; desde el año 2004 hasta finales del año 2006, la inversión está ya por encima de los 193 millones de euros. Es decir, en tres años hemos aumentado de forma muy significativa la
inversión media de los cuatro años anteriores, prácticamente en un 70 por ciento. Pongo esto por delante porque sin duda, a la hora de analizar lo que ha hecho el Gobierno de la nación en Galicia, son los datos que aparecen, desde el punto de vista
de ejecución presupuestaria, con más nitidez respecto de todos los temas que usted me planteaba.
Me ha pedido información, señoría, sobre la situación de distintos proyectos relativos a la Dirección General de Costas. Por ejemplo, en el caso de la ría del Pedrido, puedo decirle que se ha terminado ya la primera fase de la tramitación
de la declaración de impacto ambiental, se está haciendo el estudio de impacto ambiental, que pasará inmediatamente a información pública, y eso nos permitirá licitar y sin ninguna duda también adjudicar la obra el próximo año 2007. El mismo
horizonte temporal tenemos para los otros proyectos por los que me preguntaba: la isla de Muros, Arenales, la playa de Sada y la playa de Foz, en la ría de Ferrol. En todos estos casos la tramitación está muy adelantada y son obras que vamos a
poder tener en ejecución durante el próximo año, pero, dado que no dispongo aquí del momento exacto de tramitación de cada uno de esos proyectos, perfectamente
podemos contestar por escrito a la información más detallada que se me pedía.
En cuanto a los criterios para la adquisición de fincas en el litoral, es verdad que las primeras compras se van a poder llevar a cabo allí donde hay un posible acuerdo con los propietarios, pero ese no es el criterio de selección; más
bien, ese es el resultado en cuanto a inmediatez de la reacción de los propietarios, que pueden tener una actitud frente a un proceso expropiatorio que haga que tardemos más en disponer para el dominio público marítimo terrestre de los terrenos
seleccionados. El criterio de selección en todo el litoral español para el programa de compra de fincas ha sido sobre todo adquirir aquellos terrenos donde existe una fuerte presión urbanística en su entorno, que amenaza con impedir el
mantenimiento de valores ambientales en el litoral. Por lo tanto, ahí hemos seleccionado terrenos que tienen en sí mismos un valor ecológico y que queremos proteger de ese avance de desarrollos urbanísticos, que pueden ser bastante inmediatos.
Como usted mismo señalaba -y es evidente en el caso de Galicia-, las primeras fincas que adquiriremos quizás no son en sí mismas las más valiosas, desde el punto de vista ambiental, pero a lo largo de los próximos años nuestro interés es incorporar
al dominio público y por lo tanto al disfrute de todos los ciudadanos y a la máxima conservación, desde el punto de vista de los ecosistemas, los terrenos que puedan ser más valiosos. Por la vía de la expropiación, que permite la Ley de Costas, en
una de sus disposiciones, y por la vía del acuerdo allí donde es posible; en algunos casos, y concretamente en Galicia, aparecen distintas posibilidades de acuerdo ya en el muy corto plazo.
Por lo que se refiere a los proyectos de depuración, en la depuradora de Bens, que, como sabe, se inició en esta legislatura, tuvimos un problema notable, y seguro que S.S. lo conoce, sobre dónde acumular los vertidos de la obra, el
movimiento de tierras que requiere la planta, y solo muy recientemente hemos podido solucionar esta cuestión mediante la expropiación de terrenos vecinos, donde se van a depositar esos residuos.
Esto nos permite en estos momentos, señoría, mantener
una previsión de terminación de esta obra para finales de 2008, y le damos la máxima importancia, porque somos conscientes del retraso que tenía, en el caso de La Coruña, la depuración de las aguas residuales. En el caso de la EDAR de Ferrol, los
verdaderos proyectos para llevar a cabo la depuración también han comenzado en esta legislatura. Aquí, señoría, vamos algo más lentos y la perspectiva actual es que finalicemos todo el sistema de saneamiento de Ferrol durante el año 2009. En el
caso de Santiago, también ha sido en esta legislatura cuando se ha impulsado este saneamiento, a pesar de haberse declarado de interés general del Estado en el año 2001. El pasado verano se licitaron las obras del primero de los dos tramos de
colectores que se van a construir y la adjudicación es inmediata. Por tanto, las obras entre Ponte Pedriña y Ponte San Lázaro van a comenzar a principios del año 2007. Del segundo de los tramos del colector del Sar en estos momentos se está
finalizando su tramitación y se licitará a principios del año 2007. Respecto de la EDAR de Santiago de Compostela, la redacción del anteproyecto se finalizará en el primer trimestre del año 2007 y a continuación tendremos en ejecución el conjunto
de los colectores y de la EDAR. ¿Cuánto tiempo a partir de ese momento? Desde la iniciación de la obra de la depuradora debemos contar aproximadamente dos años y también, en la medida de lo posible, se acelerará esta actuación tan necesaria para
Santiago de Compostela.
En el caso de Vigo he contestado antes a una pregunta y reitero que, aunque no es una obra declarada de interés general del Estado, el anterior Gobierno no la incluyó en el Plan Hidrológico Nacional y tampoco la Xunta de Galicia en el
anterior mandato hizo nada por mejorar la situación. No es nuestra responsabilidad, pero hemos firmado ya un convenio con la Xunta de Galicia, en primer lugar, para el estudio de las soluciones idóneas para esa nueva planta depuradora, donde solo
nos falta que el Ayuntamiento de Vigo nos diga en qué terrenos hay que ubicar la planta. Además de eso, y más allá de ese estudio de las alternativas, a la vista de la gravedad de la propia sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de acuerdo
también con la Xunta de Galicia, hemos incluido en la nueva programación de los fondos Feder esta obra para el próximo periodo en perspectivas financieras, por un importe de 160 millones de euros, que es el coste aproximado que tendrá esa planta
depuradora. Por tanto, hay ya un compromiso, que he hecho explícito al comisario europeo de Medio Ambiente, intentando de esta forma que las instituciones europeas vean que hay un compromiso real, tanto de la Xunta como del Gobierno de la nación,
para resolver el problema de la depuración en la ría de Vigo.
Ahora mismo no podría darle ningún otro detalle de plazos, porque creo que no sería serio por mi parte. Espero que el Ayuntamiento de Vigo colabore de una vez en cuanto a la
identificación del terreno donde se podrá hacer en su momento esa depuradora.
Por lo que se refiere al abastecimiento a la ciudad de Lugo, como saben, hubo una declaración de impacto ambiental negativa sobre la primera opción que se barajó -una presa sobre el río Narla, que se ubicaba en un lugar de interés
comunitario de la Red Natura 2000- y se buscó otra alternativa de acuerdo con el ayuntamiento. Esa alternativa ha sido ya adjudicada y las obras han comenzado el pasado mes de noviembre. El nuevo proyecto, de 34,6 millones de euros, tiene un plazo
de ejecución de aproximadamente dos años. Por tanto, este es también el horizonte temporal en el caso del abastecimiento a la ciudad de Lugo. Por lo que se refiere al abastecimiento de agua a Ourense -que está declarado de interés general del
Estado-, está temporalmente paralizado por falta de interés del beneficiario, que es el Ayuntamiento de Ourense. No se ha contestado a las reiteradas peticiones por nuestra parte de propuestas concretas por el Ayuntamiento de Ourense. El
saneamiento
del Louro estará plenamente operativo durante el año 2007. La cuenca hidrográfica del Miño también será una realidad en el año 2007. En esa cuenca, por supuesto, la Comunidad Autónoma gallega tendrá una participación activa en la toma de
decisiones. Aunque sea una cuenca internacional que deba seguir siendo una responsabilidad del Gobierno de la nación, entendemos que el territorio mayoritario de la cuenca es de Galicia y que el Gobierno gallego debe participar de manera
significativa en la toma de decisiones dentro de esta nueva demarcación hidrográfica.
Por último, señoría, en relación con los incendios forestales, tenemos contacto muy estrecho, como bien sabe, con la Xunta, con la Consellería de Medio Rural, que ya nos ha formulado algunas peticiones concretas -que vamos a intentar
atender- para incrementar los medios que de manera permanente estarán ubicados en Galicia, pero sabe bien S.S. que, aunque los medios aéreos y terrestres no estén físicamente en la Comunidad gallega, si es necesario aportarlos desde otras
comunidades autónomas, desde otras bases del ministerio, lo haríamos como lo hicimos este año.
Quiero también informar a la Cámara y a S.S. que ya se están realizando las tareas de restauración de las zonas objeto de incendio con un crédito
extraordinario de 11,4 millones de euros, de acuerdo con lo establecido en el Real decreto-ley de ayudas por los incendios forestales en Galicia.
Señoría, yo creo que ninguno podemos renunciar a confiar en que lo que sucedió el año pasado no tenga
por qué volver a suceder, y, por supuesto, colaboraremos al máximo en la prevención y, en su caso, señoría, en la extinción de incendios forestales en Galicia si esta circunstancia se repite.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchísimas gracias.
Finalmente, señorías, abrimos los turnos de réplica y dúplica. Comenzamos con el turno de réplica, que le corresponde al señor diputado interpelante, don Francisco Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar le agradezco la información pormenorizada y, desde luego, le agradecería aún más si tuviese a bien enviar por escrito lo que afecta a los proyectos concretos. Pero como además de los datos empíricos y de los
proyectos concretos también es interesante que entendamos muchas veces las posiciones que se manifiestan por lo menos desde algún grupo político -en este caso, el Bloque Nacionalista Galego, que es una organización política nacionalista-, me
gustaría aprovechar la ocasión para incluso ayudar algo en este diálogo a que comprendiese hasta qué extremo la estructura competencial del Estado español muchas veces es contraria a la propia naturaleza de los hechos. Creo que todos entendemos que
para hacer paseos marítimos no hace falta la Administración central, dejando aparte que muchos de esos paseos marítimos, aunque incurramos nosotros mismos en ese tipo de defecto y de vicio, eran prescindibles.
Creo que hubiese sido mucho mejor
tener la ría de A Coruña y la ría de Ferrol depuradas que contar con esos maravillosos paseos marítimos, por cierto, algunos de ellos gravemente agresivos ya que representaron afectación del medio natural en un grado considerable. Para esto no
hacía falta la Administración central. Por ejemplo, en la ría de Ferrol o en la ría de A Coruña se da la paradoja de que el Gobierno gallego tiene competencias en materia de pesca y marisqueo, pero prácticamente no manda nada porque la Autoridad
Portuaria y la Dirección General de Costas son los que realmente tienen la decisión total. Pero es que nos encontramos incluso con una paradoja peor, y es que el Gobierno gallego tiene que hacer frente al saneamiento y depuración de todo lo que no
son obras de interés general, tiene que hacer frente al cuidado de los bancos marisqueros, tiene que hacer frente al control medioambiental de esos bancos marisqueros, pero está muy por debajo competencialmente y desde el punto de vista jerárquico
de lo que quiere hacer una Autoridad Portuaria, que son en el caso de Galicia las principales responsables del deterioro interno de las rías. Están en unos extremos increíbles, todo lo que hay de rellenos les pertenece a ellos, con desconsideración
total, y eso indica que ahí hay una contradicción porque la propia coherencia de la actuación tendría que llevar a que quien actúe en las rías sea una autoridad, por lo menos desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la
planificación del territorio, desde el punto de vista del dominio público marítimo terrestre. No es normal que yo controle a los trabajadores y trabajadoras que están extrayendo marisco, ¡ah!, pero el dominio público marítimo terrestre está en
Madrid. Eso es una contradicción que usted sabe que lleva incluso a disparates como no entender en las leyes del Estado los núcleos armoniosos de población marinera que están efectivamente ubicados en dominio público marítimo terrestre pero que era
una ubicación hasta cierto punto armoniosa, no es Sanxenxo ni es Baiona.
En el caso de la cuenca hidrográfica Miño-Sil, que un río como el Miño-Sil pueda estar integrado en la cuenca hidrográfica del norte, con sede en Oviedo, cuando es un río que en su conjunto abarca en volumen, incluso en densidad, en
movimiento de agua y en vertebración del territorio a todo lo que es el resto de la cornisa cantábrica, el único río del norte que va directamente al Atlántico, es que es un disparate. ¿Eso por qué se hizo? Porque en el mapa no tendemos a ver
nunca a Galicia; si no, incluso desde una perspectiva centralista es imposible meter a la cuenca del río Miño-Sil en la división de las cuencas hidrográficas con ríos como los que hay en Asturias o Santander, que, con todos los respetos, no tienen
nada que ver. Sin embargo, todo el territorio de Galicia está estructurado alrededor del Miño y del Sil y sus afluentes. Por cierto, igual que la mayor extensión
de costas de todas las comunidades periféricas está en Galicia, en el caso del número de ríos es exactamente igual. No tiene sentido que la política agraria pertenezca al Gobierno gallego y los regadíos de A Limia o de A Terra Chá dependan
de la Confederación Hidrográfica del Norte. Estas son contradicciones de bulto.
Por último, y ya más concretamente, aparte de pedirle los datos por escrito en el caso de las obras concretas, quisiera que me diera solamente una pequeña explicación de los problemas para que el EDAR de Ferrol se haya retrasado tanto, hasta
el año 2009, que se derivan de las dificultades sin duda existentes, señora ministra, en concreto por estar afectados por Defensa. Se ha gastado muchísimo más dinero, se tuvo que hacer una estación de impulso de todos los residuos elevándolos no sé
cuántos metros por un monte por no dejar ubicarlo en un terreno que Defensa no quiso, cuando hubiese abaratado la obra muchísimo más y hubiese acabado mucho antes. Y vuelvo a incidir en la cuestión de carácter competencial. Pero, ¿por qué tanto
tiempo? ¿Por qué será? Repito que es una obra muy urgente, entre otras cosas porque viven más de mil familias de la estación del banco marisquero de As Pías, y eso, si se tuviese cuidado, podría dar mucho más de sí.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno de dúplica de la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Presidenta, señoría, creo que desde el Gobierno socialista compartimos con el Bloque Nacionalista Galego el interés en mejorar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Su señoría
ha hecho referencia a una serie de dificultades en cuanto a una ejecución adecuada de determinadas competencias en el ámbito ambiental y de determinadas infraestructuras, y es evidente que tenemos que ser capaces de dotarnos, en primer lugar, de
nuevas herramientas de cooperación, de colaboración y también en algunos casos de una redefinición de organismos, como sucede con los organismos públicos de cuenca, que datan en nuestro país de una época anterior no solamente al Estado autonómico
sino también anterior a la Constitución, anterior a la democracia. Son organismos muy antiguos, que han sido y que todavía son en parte residuos de una España bien diferente y que estamos intentando transformar. La cuenca hidrográfica del norte no
tiene comparación con ninguna otra cuenca hidrográfica de nuestro país en cuanto a su absurda delimitación, que nada tiene que ver con los factores naturales que deben en cambio suponer la base de delimitación de una cuenca, y de hecho en el resto
de los organismos de cuenca existentes esa base física ha existido. Otra cosa es que desde el inicio de esta legislatura el ministerio está procediendo a transferir a las comunidades autónomas aquella cuencas que son internas, que de acuerdo con la
Constitución y con los estatutos de autonomía corresponde gestionar en exclusiva a las comunidades autónomas. Hicimos transferencias a la Junta de Andalucía de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, que era una transferencia que ya se había
empezado en el último Gobierno socialista y que quedó paralizada durante los ocho años de gobierno del Partido Popular. También hemos transferido las cuencas atlánticas en la comunidad andaluza; cuencas que también son totalmente internas. Y
hemos iniciado la transferencia de cuencas internas en el caso de Asturias y en el de Cantabria, porque creemos en el ordenamiento que nos hemos dado como Estado autonómico. En el caso de la Confederación Hidrográfica del Norte vamos a superar la
ficción de una delimitación que nada tenía que ver con las cuencas de los ríos. Por eso vamos a crear esa demarcación; ya hay un decreto de demarcaciones que ha sido aprobado en el Consejo Nacional del Agua y en el que aparece la demarcación
Miño-Sil. Por tanto, durante el próximo año esto será una realidad.
Por lo que se refiere a la actuación en el litoral, es evidente que sobre el litoral inciden las tres administraciones desde distintos organismos, y por lo pronto estamos intentando trabajar con todas las administraciones que tienen
competencias en el litoral de la forma más integrada y coherente posible. Por eso, señoría, me produce una gran satisfacción decirle que uno de los gobiernos autónomos con los que ya hemos firmado un convenio para la gestión integrada del litoral
es precisamente el de la Xunta de Galicia. Eso nos permite sentarnos en torno a una mesa la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos, cuando es necesario, para entre todos dar las mejores soluciones a algunas de
las cuestiones que usted suscitaba en su intervención. Por lo tanto, señoría, queremos avanzar en un mejor Estado de las autonomías, y eso significa cambios, los cambios estatutarios que están en curso y, más allá de ellos, una voluntad política,
en este caso del Ministerio de Medio Ambiente, de trabajar sin dar la espalda y sin evitar el necesario reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en materia de los regadíos de A Limia, en el momento en que la
Xunta de Galicia esté sentada plenamente, con voz y con voto, en la cuenca del Miño-Sil participará en esa decisión, como es lógico, puesto que tiene las competencias en la política de regadíos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, señoría, en cuanto a los retrasos en el saneamiento de Ferrol, lo que yo conozco de ese expediente tiene que ver con retrasos causados en la construcción de un túnel que han requerido modificaciones muy importantes en los
proyectos existentes, y también tiene que ver, por supuesto, el hecho de que la parte más importante no se había iniciado hasta esta misma legislatura. Le contestaré, por supuesto, por escrito en su momento sobre la tramitación de los distintos
expedientes de costas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2005:
-INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2005. (Número de expediente 260/000003.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto relativo a interpelaciones, vamos a pasar al punto VII del orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005. Señor Defensor del Pueblo,
bienvenido a la Cámara. Tiene usted la palabra para presentar el informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señor presidente, señorías, comparezco un año más ante este Pleno para dar cuenta del informe de actividad del Defensor del Pueblo, en esta ocasión la gestión llevada a cabo en el año 2005. El
documento correspondiente tuvo entrada en esta Cámara el pasado 28 de junio y, de acuerdo con el procedimiento habitual de presentación de los informes ordinarios de gestión, ya tuve ocasión de exponer a mediados de octubre ante la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo sus características más sobresalientes. Hoy, en aras de la brevedad y sin detrimento de los objetivos últimos de esta comparecencia, mencionaré los aspectos que me parecen más significativos para ofrecer un
panorama adecuado de la actividad de la institución. En cualquier caso, pueden dar por seguro, señorías, que toda observación o sugerencia expresada en la correspondiente toma de posición de los grupos ha de contribuir al perfeccionamiento que
continuamente buscamos tanto en la estructura como en la forma y en los contenidos de la gestión en ejercicios venideros. En la mencionada comparecencia ante la Comisión Mixta pude responder a los portavoces que, en cumplimiento de su obligación
parlamentaria, tuvieron a bien formularme sus puntos de vista sobre el texto del informe. En mi propio nombre, en nombre de mis colaboradores y en el de todos los ciudadanos que se dirigieron a la institución, agradezco la diligente intervención de
los portavoces que participaron en el debate porque eso nos permitirá, sin duda, en los próximos ejercicios mejorar los recursos y el modo de atender las quejas de las personas que integran el pueblo soberano. En efecto, los verdaderos
protagonistas del informe anual del Defensor del Pueblo son los ciudadanos, más en particular todas aquellas personas que de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, estiman haberse visto perjudicadas en sus derechos y libertades
fundamentales por alguna intervención de los poderes públicos y han hecho llegar hasta la institución sus problemas y preocupaciones. Esto no quiere decir, es evidente, que todas las situaciones de conflicto y todas las tensiones entre la
ciudadanía y la Administración pública hayan llegado a conocimiento del Defensor. Soy consciente de que muchas situaciones injustas o irregulares se sustraen, por una u otra razón, a la labor de supervisión que la Constitución encomienda a esta
institución. Pero es cierto que el conjunto de los datos que cada año conocemos y que están recogidos en el informe ofrecen una radiografía concreta de los problemas oficiales que en cierta medida nos afectan a todos.
Los datos estadísticos de gestión de este año 2005 destacan, en primer lugar, por un incremento notable del número total de quejas recibidas, que alcanzó la cifra de 39.750, cuando en el ejercicio anterior esta cifra había sido de 28.900, es
decir, más de 10.000 nuevas, un incremento del 37 por ciento que, en mi opinión, pone en evidencia ante todo un grado significativo de confianza en la institución. Más específicamente destaca el número de las quejas presentadas por colectivos de
ciudadanos reunidos formal o informalmente alrededor de una causa o preocupación común. Este dato merece especial atención en la medida en que denota una evolución social que favorece una mayor identificación de los ciudadanos con los problemas de
interés general. Como saben SS.SS., estas denominadas quejas colectivas son en realidad cada una de ellas un conjunto mayor o menor de quejas presentadas por ciudadanos a título individual pero con un contenido idéntico entre sí. Por sus propias
características dan lugar a una investigación general común, de cuyos resultados se informa individualmente a los interesados. La mejora de los medios informáticos con los que cuenta la institución, gracias a la importante inversión realizada en
los últimos años, nos permite gestionar mejor y de manera más ágil el gran número de expedientes colectivos que también durante este ejercicio 2006, ya próximo a concluir, se vienen presentado. Por ello, puedo anunciarles que en la preparación de
los propios informes, recogiendo las sugerencias que se nos formularon en la presentación ante la Comisión Mixta, trataremos de actualizar el sistema de cómputo estadístico para ajustarlo a esa realidad cambiante.
Como resultado de las quejas, además de las labores propias de seguimiento e investigación individuales, se elaboraron múltiples resoluciones, entre las que deben mencionarse: 139 recomendaciones, 156 sugerencias, 96 recordatorios de
deberes legales y varias advertencias. Mención separada merecen aquellas recomendaciones especiales que habitualmente se incluyen en los informes monográficos que elabora la institución. La Administración General del Estado fue la destinataria
principal de las recomendaciones formuladas, relacionadas de ordinario con los efectos generales de las normas. Para el caso de las sugerencias, referidas más bien a la reconsideración de determinados actos o decisiones administrativas concretas,
puede apreciarse un mayor equilibrio entre las distintas administraciones: la General del Estado, la autonómica y la local. Al margen de los
aspectos cuantitativos, es importante resaltar una vez más la importancia cualitativa de todas estas resoluciones, pues expresan las conclusiones más decisivas y el fruto de las investigaciones realizadas en los asuntos de tratamiento más
especializado y complejo. Como norma general, las distintas administraciones supervisadas muestran un grado aceptable de sensibilidad ante las decisiones adoptadas por el Defensor del Pueblo. Ya sea para aceptar su contenido o para justificar las
razones de gestión o de oportunidad política que desaconsejan su aceptación, el hecho es que la mayoría de las resoluciones son atendidas en plazo adecuado. Pero es importante señalar también que en otras ocasiones se producen retrasos en atender
las indicaciones del Defensor. Cada año debemos hacernos eco todavía de un número importante de resoluciones que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de respuesta, ya sea en sentido positivo o negativo, una situación que confiamos sea
corregida en el futuro.
El apartado del informe que recoge la lista de las administraciones entorpecedoras ha de ser interpretado sin duda como una afirmación de nuestros deberes constitucionales y legales, lo que por sí mismo tiene una gran eficacia. De hecho, es
frecuente apreciar reacciones positivas y estimulantes entre algunas de las autoridades mencionadas en la relación correspondiente en cuanto a que esa mención les mueve a cumplir de modo más diligente su deber de colaboración con el Defensor del
Pueblo. La lista de las administraciones que han incumplido en mayor o menor medida el deber de asistir al Defensor del Pueblo en sus investigaciones en la gestión de su actividad es todavía hoy demasiada larga. De entre todas ellas, las que más
han destacado lamentablemente durante el ejercicio pasado por su comportamiento general de entorpecimiento, afectando a una o a varias investigaciones, según se especifica en el texto del informe, son las siguientes: en el ámbito de la
Administración General del Estado, la Subsecretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación y la Dirección General de Aviación Civil, ambas dependientes del Ministerio de Fomento. En lo que respecta a la Administración autonómica, la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En relación con la Administración local, debe señalarse especialmente la actitud incumplidora de los siguientes ayuntamientos: Caravaca de la Cruz, Las Ventas de Retamosa, Logroño, Mérida,
Morón de la Frontera, Noja, Peñíscola y Torrevieja. El resto de las administraciones mencionadas en el informe como entorpecedoras se encuentra en alguno de los siguientes supuestos: o bien se ha incumplido la obligación de trasladar un
determinado informe al Defensor del Pueblo, después de habérsele requerido en tres ocasiones su envío, o bien se remitió finalmente el informe solicitado, pero solo después de haber sido cursado este tercer requerimiento. Como es costumbre, ahorro
a SS.SS. la lectura de las listas completas de incumplimientos porque me llevaría mucho tiempo y la tienen a su disposición en el apartado correspondiente del texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes.
En el ámbito de las resoluciones institucionales, durante el año 2005 el Defensor del Pueblo ha seguido desplegando una importante actividad para mantener e incrementar su presencia en el conjunto de la sociedad, incluido el estrechamiento y
coordinación de relaciones con las demás instituciones del Estado, y su labor en el seno de organismos internacionales con los que se ha venido trabajando de manera intensa. El informe detalla la variedad de actos que se llevaron a cabo en este
ejercicio. Por su relevancia, debo destacar en el contexto internacional la elección en el mes de noviembre de 2005 del Defensor del Pueblo de España como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen por un periodo de dos años en el
marco de la asamblea anual de esta federación, que se celebró en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Ello nos permitirá avanzar en la promoción y el fortalecimiento del Ombudsman como figura de garantía de los derechos humanos en los países de
nuestro entorno iberoamericano que todavía no han adoptado las modificaciones legales y constitucionales adecuadas o que se ven sometidos a circunstancias sociales y económicas que dificultan esa garantía de los derechos. Por otra parte, en el año
2005 tuvo lugar la vigésima edición de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, en las que se pone de relieve una vez más el fructífero trabajo común desarrollado por los comisionados autonómicos y el Defensor del Pueblo de España.
Este foro de intercambio de experiencia y de debate, celebrado en Alicante, se centró en esta ocasión en los problemas específicos de la juventud y la infancia y muy en particular sobre las actuaciones delictivas de las bandas latinas y las
realizadas por medio de Internet.
A continuación aludiré a los aspectos más sustanciales que recoge el informe en el apartado central, en el que se detalla la actividad principal realizada para supervisar la acción de las administraciones públicas. Comenzaré aludiendo a las
quejas relacionadas con la Administración de Justicia y la violencia doméstica. Hay que lamentar de nuevo los serios problemas de retraso o dilación de los procedimientos seguidos en las instancias judiciales. Esta es una situación que ya vengo
planteando durante varios años ante SS.SS. y que perjudica gravemente el derecho básico de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva. A las dilaciones ya crónicas en la resolución de recursos de casación en las salas primera y tercera
del Tribunal Supremo, deben sumarse los retrasos en los diferentes juzgados, entre los que se deben mencionar los problemas de sobrecarga detectados en los juzgados de primera instancia de Madrid capital. La información recibida de la
Administración responsable anuncia inversiones para aumentar el número de estos juzgados, coincidiendo en este aspecto con lo que recomendó en su momento el Consejo General del Poder Judicial. Confío en que las medidas que efectivamente
se tomen contribuyan a superar lo más rápidamente posible estos graves inconvenientes.
También han sido objeto de supervisión, mediante visitas adecuadas y sin mediar aviso previo, como es habitual, los centros de internamiento de menores infractores. De hecho, se han visitado ya dos o tres veces más del 80 por ciento de los
centros existentes en España, aparte de las actuaciones específicas de investigación llevadas a cabo cuando se tienen noticias de hechos que afectan a menores internados.
El informe da cuenta, por otro lado, de la situación en la que se encuentran las oficinas del Registro Civil, más concretamente la del servicio central de ese registro. A la vista de los problemas investigados, es posible afirmar que la
situación de estas oficinas no encaja bien con la idea de lo que debiera ser la organización administrativa de un Estado moderno como el nuestro. Destacan especialmente los graves retrasos que se producen a la hora de atender las solicitudes de
certificado literal de nacimiento por parte de los españoles recientemente nacionalizados. Es muy alarmante que estas personas deban esperar de siete a ocho meses hasta que reciben su certificado, imprescindible para poder tramitar su documentación
de identidad. Recordemos que sin esa documentación no pueden ejercer libremente sus derechos, salir y entrar legalmente del territorio español ni formalizar debidamente un contrato de trabajo. A estos efectos, el Defensor del Pueblo elaboró una
recomendación dirigida al Ministerio de Justicia, el cual informó acerca de los planes de modernización y ampliación de las dependencias del Registro Civil. Esperamos que se pongan en marcha las medidas correspondientes con la mayor celeridad
posible. En ese sentido, debemos dar la bienvenida a la modificación contenida en la Ley de 18 de noviembre de 2005, que permite acudir a las oficinas locales del registro y no solo al servicio central para resolver esa situación.
En 2005, a pesar de la aprobación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, se tuvo noticia de muchos casos de muerte de mujeres en el ámbito familiar. Las investigaciones llevadas a cabo por la institución
se han dirigido, como es habitual, a comprobar el grado de regularidad y eficacia seguido en los procedimientos judiciales, tanto del orden civil como penal, en los que se dirimen cuestiones relacionadas con esta grave dolencia social. También se
ha continuado con la labor de seguimiento de las medidas adoptadas por las administraciones para prevenir las agresiones en sus distintas modalidades. Entre otras gestiones, se han seguido tramitando quejas más o menos puntuales relativas al
funcionamiento de los servicios de mediación familiar y de los llamados puntos de encuentro familiar de determinadas comunidades autónomas.
En materia de Interior, deben destacarse las quejas vinculadas a la seguridad ciudadana o a los problemas del tráfico de vehículos, además de las dificultades apreciadas en relación con la Administración penitenciaria. Las relaciones de los
ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son, en líneas generales, satisfactorias. Los ciudadanos confían mayoritariamente en los cuerpos de seguridad, como demuestran las recientes encuestas de opinión, al tiempo que por parte
de estos cuerpos se ha producido la plena asunción de los valores democráticos. La institución del Defensor del Pueblo, en el desarrollo de su trabajo, ha sido testigo privilegiado de esta evolución histórica a lo largo de más de 20 años. Sin
embargo, creo que también aquí debemos evitar una actitud complaciente o acomodaticia ante la situación presente. De hecho, se reciben denuncias ante determinados comportamientos excesivos, de trato indebido o de malas prácticas, que, en opinión de
los denunciantes, suponen una vulneración de los derechos y las libertades fundamentales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. Es oportuno recordar los sucesos que tuvieron lugar en el verano de 2005 en la localidad de Roquetas en
Almería, que provocaron gran alarma social. El Defensor del Pueblo, aunque no intervino directamente, y dado que se abrió inmediatamente una investigación judicial, se dirigió a los responsables de la Guardia Civil solicitando información
continuada sobre la instrucción y tramitación de los expedientes disciplinarios incoados. Esta es, de hecho, la actuación habitual que sigue la institución para no interferir la labor de jueces y tribunales.
En cuanto a la Administración penitenciaria, la institución, como cada año, ha girado también una serie numerosa de visitas para juzgar el estado en que se encuentran las prisiones, así como las condiciones de vida de los internos. Los
datos del año 2005 ofrecen un incremento de la población reclusa menor que en años anteriores, tan solo de un 2,7 por ciento frente al casi 7 por ciento del año 2004. Pero, como bien queda apuntado en el informe, debemos insistir para que las
administraciones asuman iniciativas dirigidas a paliar los problemas de masificación existentes en algunos centros. Este año también hemos dedicado un esfuerzo notable a los casos de fallecimiento de internos en prisión.
Cuando se tiene noticia de
la muerte de un interno por los medios de comunicación o por la propia familia se inicia una investigación de oficio para solicitar una rápida información a la autoridad penitenciaria correspondiente. De acuerdo con un estudio más detallado que se
realizó el año pasado, se pudo comprobar que son tres las principales causas de fallecimiento en prisión: la muerte natural, derivada del agravamiento de patologías previas, entre las que destacan la hepatitis y el virus del sida; la droga, sea
por sobredosis o por reacciones adversas a su asimilación, y el suicidio, generalmente por ahorcamiento, si bien hay algún caso de ingestión de sustancias cáusticas o de intoxicación por monóxido de carbono. Superar las deficiencias sanitarias y
restringir el consumo de sustancias adictivas en los centros penitenciarios debe ser una prioridad para las autoridades responsables.
Entre otros asuntos vinculados con las competencias en materia de Interior, destaca el problema del estacionamiento
de los vehículos en las grandes ciudades, que el año pasado generó un buen número de quejas. Además de las dificultades relacionadas con los procedimientos sancionadores, que ya son objeto de queja habitual año tras año, las reclamaciones
se dirigen cada vez más contra la puesta en marcha y el funcionamiento de los servicios de estacionamiento regulado.
Los ciudadanos se enfrentan a serios problemas de difícil solución a la hora de estacionar sus vehículos. El parque
automovilístico continúa creciendo a un ritmo muy elevado, pero, por el contrario, las políticas dirigidas a la promoción de aparcamientos públicos o accesibles para las personas que más lo necesitan no son suficientes. El año pasado, el Defensor
del Pueblo envió una recomendación general a la Federación Española de Municipios y Provincias para que esa entidad promoviera tanto un estricto respeto a las garantías del procedimiento sancionador como el aumento de la oferta pública de espacios
de aparcamiento gratuitos o bonificados para residentes. En febrero del año pasado tuve además la oportunidad de comparecer ante la Comisión parlamentaria de Tráfico y Seguridad Vial. Allí expuse las recomendaciones dirigidas al Gobierno con
vistas a la modificación del tratamiento jurídico-penal de las infracciones muy graves en materia de tráfico. En esa misma comparecencia -seguramente lo recordarán SS.SS.-apunté también ciertas sugerencias que sigo manteniendo y que tuvieron
apreciable, aunque poco prolongada, repercusión en los medios informativos, para animar un debate sobre algunas medidas privadas, como la de los limitadores de velocidad, que podrían reducir el número de accidentes y aumentar la seguridad de las
carreteras.
Como saben SS.SS., desde el año 2001, respondiendo a la situación creada por la gran afluencia de personas que deseaban permanecer en nuestro territorio, la institución cuenta con un área de trabajo dedicada específicamente a las quejas
relacionadas con inmigración y asuntos exteriores. En el pasado ejercicio se gestionaron muy diversos asuntos que se señalan cumplidamente en el texto del informe y se elaboró un extenso y riguroso estudio sobre la asistencia jurídica a los
extranjeros en España. Pero toda la actividad en este núcleo de trabajo de la institución se vio condicionada, en mayor o menor grado, por las masivas llegadas de inmigrantes. A lo largo de estos últimos años, y todavía más notoriamente en los
últimos meses, la inmigración en España ha crecido a un ritmo extraordinario, sin precedentes históricos. En el año 2005, así se recoge en el informe, se produjeron dos acontecimientos determinantes: el proceso de normalización de la situación de
miles de extranjeros que se encontraban de manera ilegal en España y la multiplicación de los asaltos intermitentes y cada vez más numerosos en las fronteras de España con Marruecos, en Ceuta y Melilla. El problema de la entrada irregular de
inmigrantes se ha intensificado enormemente en este año 2006, como es notorio y SS.SS. bien conocen. En el informe que se presentará el próximo año podremos evaluar de manera más completa todas las peticiones que se nos dirijan y toda la
información que hayamos obtenido. Como es lógico, los datos que pueden consultar en el informe que ahora me cabe el honor de presentar se refieren a una situación que, cuantitativamente, se ha alterado de manera notable. Sin embargo, creo que los
comentarios avanzados en su contenido pueden orientar sobre cuáles eran ya los problemas sustanciales y de recursos, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Canarias, antes de los acontecimientos de la llegada masiva de personas, especialmente
durante los meses del verano pasado. Los poderes públicos tienen ante sí la difícil tarea de buscar soluciones a este problema haciendo uso de todos los recursos y medidas a su alcance, siguiendo los criterios de máxima eficacia y sin abandonar en
ningún momento el cauce de la legalidad. La institución que dirijo, por su parte, dedica todo el esfuerzo posible a procurar que las iniciativas adoptadas no menoscaben la dignidad y los derechos básicos de los inmigrantes. Ese fue también el
propósito que animó la elaboración del extenso y detallado informe especial sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España, cuyas recomendaciones y reglas de buena práctica siguen estando vigentes. El reto que plantea la inmigración a
nuestro país o al conjunto de las sociedades desarrolladas es enorme y seguramente va a condicionar la evolución de la sociedad en los próximos años. Enfrentarse a este desafío desde una perspectiva limitada o coyuntural puede suponer un gran error
si se consideran sus repercusiones a medio plazo, que además podría generar incomprensión y conductas sociales indeseables. En este sentido, es muy importante que se mantenga a raja tabla en todo momento por parte de las autoridades responsables el
imperio de la ley, que comprende, como es lógico, el espíritu y la letra de los principios constitucionales. De igual modo, es preciso y urgente evitar en cualquier caso las actitudes demagógicas o simplificadoras de una realidad harto compleja,
que exige ante todo comprensión e inteligencia. También en relación con el fenómeno de la inmigración, deben ponerse de manifiesto los problemas que afectan al funcionamiento de los centros de atención a menores extranjeros no acompañados o las
investigaciones llevadas a cabo en supuestos casos de mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de malos tratos.
La Administración exterior española, además de ocuparse, entre otros, de los asuntos relacionados con pasaportes especiales y atención consular, también asume la responsabilidad de asistir a los ciudadanos españoles internos en prisiones
extranjeras. Las investigaciones derivadas de quejas en este ámbito suelen dirigirse a la actuación de los servicios consulares, para comprobar el cumplimiento de los deberes de asistencia básica. Del año pasado merece destacarse la tramitación de
las quejas de presos españoles en Marruecos, muchos de ellos transportistas enjuiciados por supuestos delitos de contrabando. La asistencia sanitaria que reciben estas personas ha centrado buena parte de nuestra labor, así como la atención
individualizada a sus familiares. En
contacto con la Dirección General de Asuntos Consulares, se ha solicitado el estudio de un protocolo adicional al Convenio vigente entre España y Marruecos sobre el cumplimiento de las condenas en el país de origen de los internos.
Paso a tratar algunos de los asuntos destacados en relación con las materias de educación y cultura. Durante el año 2005, hemos seguido investigando las dificultades de muchos padres a la hora de matricular a sus hijos en determinados
centros y las carencias continuadas en el nivel de educación infantil. También hemos seguido investigando el desequilibrio en la redistribución del alumnado inmigrante, no solo entre los centros públicos sino también entre estos y los centros
privados concertados sostenidos, al menos en parte, con fondos públicos. Sobre este particular, una primera solución pasa por el incremento del profesorado de apoyo en los centros afectados. En cualquier caso, las administraciones educativas deben
poner buen cuidado en superar esta falta de equilibrio, que puede perjudicar seriamente el proceso ordinario de aprendizaje de los alumnos.
El preocupante asunto de la violencia en el ámbito escolar ya fue objeto de un estudio especial que el Defensor del Pueblo presentó en el año 2000. A finales de 2005 se suscribió otro convenio con el Comité Español del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia, UNICEF, con el fin de realizar un nuevo estudio de ámbito nacional en relación con este grave problema. Con esta investigación se pretende no solo conocer la situación actual sino también la evolución desde la publicación
del trabajo anterior. De esta manera, dispondremos de datos concretos y significativos, a partir de una muestra considerable, sobre la eficacia de las medidas e intervenciones de todo tipo puestas en marcha para evitar un fenómeno tan alarmante e
indeseable en nuestra sociedad. Ya se encuentra muy avanzado el trabajo de campo correspondiente y, tan pronto como se elabore el documento de conclusiones, será facilitado a sus señorías.
Las disfunciones en materia de cooficialidad lingüística han motivado un importante número de quejas durante el año 2005. Para articular debidamente la pluralidad lingüística en España es imprescindible no perder de vista el marco de
derechos y obligaciones que breve pero contundentemente estableció nuestra Constitución de 1978. La principal conclusión que se muestra como evidente tras el estudio de estas cuestiones y la experiencia derivada de las disposiciones normativas y la
práctica de su aplicación concreta es que el libre uso de la lengua, sea esta la que sea, debe suponer un elemento decisivo y permanente de enriquecimiento personal y social para las personas, un instrumento de comunicación y cultura, pero en ningún
caso puede utilizarse como factor de discordia o causa de discriminación.
A continuación, voy a referirme también con brevedad a los aspectos relacionados con la sanidad y la política social, un núcleo muy diverso y muy amplio en las actividades del Defensor del Pueblo. En materia sanitaria, un año más siguen
apareciendo los problemas ya conocidos, sobre los cuales los ciudadanos continúan presentando quejas. Si bien la valoración general de nuestro sistema de asistencia sanitaria debe ser razonablemente positiva, tanto por la excelencia profesional de
quienes la atienden, como por la valiosa red de infraestructuras sanitarias disponibles, debemos seguir señalando algunas deficiencias, sobre todo en lo que se refiere a las listas de espera, el deficiente desarrollo de la medicina preventiva y
paliativa y la escasez de recursos destinados a los servicios de salud mental. También merecen una mención particular una serie de cuestiones planteadas en numerosas quejas para las que aún no se ha encontrado solución efectiva. Me refiero, entre
otros, a los problemas de diagnóstico de nuevas patologías, a la insuficiencia de recursos para la utilización de las técnicas de reproducción asistida y al problema de la atención a las personas afectadas por daños cerebrales sobrevenidos, acerca
de lo cual se elaboró también un informe especial presentado ante la Comisión Mixta para el Defensor del Pueblo hace aproximadamente un año. Confío en que la nueva normativa sobre la autonomía y la dependencia recientemente aprobada, que entrará en
vigor a comienzos del año próximo, responda a buena parte de las demandas actuales en lo que se refiere a los grupos más vulnerables de ciudadanos, como son las personas con discapacidad y las personas ancianas, más allá, como es lógico, del
análisis crítico que la norma pueda suscitar acerca de su verdadero alcance, su ámbito de aplicación y su financiación, cuestiones que están siendo estudiadas ante la previsible formulación de quejas cuando la norma se ponga en práctica.
En cuanto a los asuntos relacionados con la Administración económica, es imprescindible dejar constancia de que un año más los problemas vinculados con las telecomunicaciones y la sociedad de la información han tenido un protagonismo
destacado. Estoy convencido de que los poderes públicos todavía pueden hacer mucho más para garantizar el buen funcionamiento de los servicios universales de telefonía y de acceso a Internet ante la difícil relación entre los usuarios y las grandes
empresas que operan en el sector, que lleva a los primeros a situaciones de desprotección por la complejidad creciente de los instrumentos y procesos tecnológicos utilizados. Sería de lamentar que esta situación se prolongara por la ausencia de una
intervención pública más eficaz.
En relación con la Administración tributaria, deseo llamar la atención de SS.SS. acerca del trabajo anunciado ya en el ejercicio anterior sobre el diferente tratamiento impositivo que en materia de sucesiones y donaciones se viene aplicando
en las distintas comunidades autónomas. A la vista de los resultados, hemos vuelto a recomendar al Ministerio de Economía y Hacienda el impulso de una iniciativa legislativa que adapte el régimen del impuesto para sentar las bases de una regulación
con efectos fiscales más igualitarios, que no desvirtúe los preceptos constitucionales y para que la
elección de residencia o el establecimiento de empresas no se haga depender del tratamiento fiscal. No parece lógico mantener privilegios tributarios entre territorios, que además pueden perjudicar la estabilidad económica de determinadas
zonas en beneficio de otras.
A continuación, quiero hacer referencia al dato del incremento significativo en el número de quejas que versan sobre distintos aspectos de la ordenación territorial. El medio ambiente, el urbanismo y la vivienda preocupan cada vez más a los
españoles. En primer lugar, los problemas del ruido, la contaminación y el tratamiento de los residuos motivan un gran número de reclamaciones y de solicitudes de apoyo. En particular, se han recibido muchas quejas por las agresiones ambientales
derivadas de la puesta en marcha de las grandes obras públicas y del funcionamiento de determinadas instalaciones e infraestructuras. Es el caso de la contaminación acústica cercana a los grandes aeropuertos, que el año 2005 dio lugar a una amplia
investigación de oficio por parte de la institución. Como consecuencia de ella, se hicieron llegar a la Administración competente recomendaciones diversas sobre planificación aeroportuaria, evaluación y corrección de impactos y conservación de las
infraestructuras en diversos aeropuertos.
La sensibilidad ciudadana creciente en materia ambiental conecta directa y primordialmente con aspecto tales como el derecho de acceso a la información ambiental, la legitimación del interesado para intervenir o personarse en los
procedimientos, la acción pública que algunas leyes ya reconocen y la prohibición general de indefensión. En este sentido, la correcta evaluación del impacto ambiental se ha convertido en una fase decisiva e imprescindible para el desarrollo de
toda obra pública y supone una garantía del necesario control administrativo.
Por otro lado, están las cuestiones con el desarrollo urbanístico del país. La íntima vinculación de esta materia con la actividad económica general, por un lado, y con las dificultades de muchos ciudadanos para acceder a una vivienda
adecuada, por otro, exigen una labor de análisis rigurosa y prudente, pero también firme y eficaz. Actualmente se encuentra en proceso de tramitación por la Cámara el proyecto de una nueva ley estatal del suelo, que pondría en vigor reglas de
ámbito general respecto de las normas aprobadas ya por las distintas comunidades autónomas desde que estas asumieron plenamente su competencia en la materia. Aunque sean conocidos algunos aspectos del proyecto, parece oportuno esperar a que culmine
su tramitación para emitir el juicio correspondiente. En cualquier caso, es muy importante señalar que la situación actual, con graves distorsiones en el mercado del suelo y de la vivienda, que amenaza las legítimas expectativas de los ciudadanos
en su derecho constitucional a poder disfrutar de una vivienda digna, exige un verdadero ejercicio de corresponsabilidad por parte de todas las administraciones, una toma de conciencia con la que se debe encarar decisivamente la lucha contra la
especulación y la corrupción en esta trascendental materia. Creo que debería ser innecesario, aunque parezca ingenuo, recordar una vez más que la Constitución prohíbe la especulación en materia de vivienda y de utilización del suelo.
Les referiré por último, señorías, algunos aspectos vinculados a las quejas del personal al servicio de las administraciones públicas. Se trata de un colectivo muy numeroso de personas que representa aproximadamente un cinco por ciento del
total de la población en nuestro país. Algo más de 2.500.000 personas que tienen a su cargo el complejo funcionamiento de las administraciones públicas en todos sus niveles, cuyos problemas y preocupaciones afloran en buena parte al analizar las
quejas que llegan al Defensor del Pueblo. Además es importante tener en cuenta que muchas veces los casos planteados en este ámbito señalan también problemas de organización que inciden en la calidad de un determinado servicio público y generan
cuestiones de interés general.
Muchos de los asuntos agrupados en este epígrafe, dedicado a la función y empleo públicos, ofrecen alguna conexión con determinadas características del sistema de gestión de las administraciones, un sistema
diversificado cuya coordinación se muestra en ocasiones muy difícil.
Entre otros asuntos, en el año 2005 se han vuelto a producir quejas relacionadas con las pruebas de acceso al empleo público, sobre todo en aspectos muy puntuales como la falta de publicación de las respuestas correctas en los exámenes y los
criterios para la fijación de la llamada nota de corte; las denegaciones de copia del examen realizado por los aspirantes a determinadas plazas; los retrasos en los plazos previstos para el proceso de selección en la publicación oficial de los
nombramientos, una vez superadas las pruebas; la deficiente elaboración de las bases de convocatoria, que aumenta el margen de discrecionalidad por parte del tribunal calificador, o las deficientes condiciones materiales de los locales en que se
celebran las pruebas.
La movilidad geográfica de los funcionarios de la Administración General del Estado se ha visto favorecida por la aprobación del Real Decreto de 4 de febrero de 2005, que establecía la oferta de empleo público para ese año. Esta norma
suprime la distinción entre departamentos y territorios excedentarios o deficitarios, lo que favorece la participación en los concursos de los funcionarios destinados en ministerios, organismos y territorios antes considerados como deficitarios.
Estoy seguro de que muchos otros problemas de carácter general, como este de la movilidad geográfica, pueden encontrar soluciones con la adaptación de las normas a la transformación histórica del empleo público que ha tenido lugar durante estos
últimos años. Una transformación debida en buena parte a la reducción de los efectivos humanos de la Administración General del Estado transferidos a las administraciones autonómicas respectivas. El proyectado estatuto básico del empleado público
puede abrir una vía de solución para muchos de los problemas que
con frecuencia llegan hasta la Institución por medio de las quejas incluidas en el informe.
Acabo, señorías. La Institución del Defensor del Pueblo desarrolla cada día una actividad más amplia y más intensa en todos los sectores que de algún modo se ven afectados por las decisiones de las administraciones públicas. Pueden tener
la seguridad de que seguiremos, como hasta ahora, dando respuesta diligente y eficaz a las cuestiones que los ciudadanos deseen hacernos llegar para merecer la confianza que, de manera continuada, nos otorgan y de la que nos sentimos orgullosos.
Señorías, muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Defensor, por su informe, y le despedimos.
Concluida la exposición por el Defensor del Pueblo del informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005, corresponde el debate entre los diferentes grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Rodríguez, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El informe del Valedor del Pueblo, del que, de forma repetitiva, tenemos conocimiento todos los años, sirve para hacer, en cierta manera, una descripción empírica de cuáles son los problemas más agudos que tiene la sociedad actual en su
grado de desarrollo -y lo voy a decir así- capitalista. No llama la atención, por lo tanto, que haya una gran protesta en relación con el funcionamiento de servicios básicos que están sometidos a compañías transnacionalizadas, que tienen un hueco
de ganancia abusiva en la prestación de estos servicios. Así, no es anormal que figure un gran apartado sobre las telecomunicaciones y los servicios de telefonía y acceso a Internet; no resulta tampoco anormal que haya quejas y protestas en
relación con el problema especialísimo de la vivienda y no es anormal incluso que, a pesar de que el funcionamiento de los servicios sanitarios desde el punto de vista global, a nivel macro, sea correcto, en lo que es el trato o el funcionamiento
cotidiano pueda haber situaciones que se presten a más de una queja y, desde luego, a más de un desacuerdo. Por lo demás, tampoco resulta extraño que el informe del Valedor deje constancia del aumento de la violencia doméstica o de la incapacidad
para acabar con un número creciente de reclusos en el sistema penitenciario del Estado español. Y tengo que decir que, en todo caso, donde más se puede notar el buen hacer de un Valedor del Pueblo es en la atención que en este tipo de sociedades se
preste a los grupos más desfavorecidos, más desatendidos y más marginados. En todo caso, si tengo en consideración alguna de las actuaciones del actual Valedor del Pueblo es en la medida en que se dedicó a visitar cárceles del Estado español y
comprobar efectivamente el gravísimo problema de la hepatitis, de la droga e incluso de los suicidios por ahorcamiento. El número de visitas realmente sí puede repercutir en que haya mayores cuidados y en crear, en todo caso, una sensibilidad en
las administraciones públicas en relación con lo que es la marginalidad en los actuales sistemas que se caracterizan por decir que son de bienestar y de la abundancia. Sin embargo, es curioso que en el informe del Valedor del Pueblo, que es
puramente descriptivo y empírico, a veces se diga simplemente una sentencia, como en el caso de la vivienda, sobre que debía estar prohibida la especulación desde el punto de vista constitucional, pero no agita contra nadie más, no acusa ni al
Gobierno ni al Congreso de los Diputados ni a ninguna institución del Estado. Es curioso que contraste justo con un elemento muy delicado y sensible, que son los derechos lingüísticos, donde se despacha a gusto, y lo hace con una interpretación
sectaria y particular de la Constitución española que realmente tropieza con un mínimo de sentido básico de lo que son los derechos humanos, con el mínimo sentido de oportunidad política y de respeto a todas las instituciones del Estado, y me voy a
explicar. No es anormal que el Valedor del Pueblo reciba nada más que quejas de ciudadanos de Cataluña que dicen que sus derechos lingüísticos a expresarse en español no están suficientemente garantizados. Es decir, en Cataluña sí se puede, y hay
voluntad por parte de un español hablante, denunciar el caso de que no fue atendido por un médico en castellano o de que en la escuela a su hijo no le dan las suficientes horas de esta lengua, pero es curioso: no recibe ni una sola queja de todos
los gallegos que vamos al servicio de salud y nos hablan en español, aunque no hablemos en castellano, por muy enfermos que estemos. Pues no recibe ni una. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay una filosofía en las sociedades del Estado español de
que efectivamente hay unos que tenemos que aguantar lo que nos echen y como nos lo echen y otros que tienen un gran aparato del Estado para protegerlos. Aunque nada más fuera por esto y tuviera la ideología lingüística que tuviera el Valedor del
Pueblo, este debería ser cuidadoso, primero, en amparar esos casos. Una cosa es ampararlos instando a la institución respectiva a hacer también un mínimo esfuerzo, aunque sea transitorio o puntual, y otra cosa es desautorizar de un plumazo toda la
política lingüística de un gobierno autonómico o dar una interpretación sesgada de la Constitución española, que conlleva que la única lengua con deberes es el castellano, pero no solamente en el territorio de lengua castellana, sino también en el
de lengua gallega, vasca o catalana. Como nos encargamos de recordar continuamente, una lengua que no tiene deberes no es una lengua oficial. Si los funcionarios de las administraciones públicas en Galicia, en Cataluña o en Euskadi no tienen el
deber de atender a su público en su lengua, está claro que no hay oficialidad posible. Por lo tanto, recomendaría al Defensor del Pueblo que, aparte de su ideología política, en este tema fuera mucho más ponderado, característica que también
debería distinguir a todas las instituciones del Estado en este momento, porque es
grave la participación del Valedor del Pueblo y del órgano del Poder Judicial en el debate político. No es que no puedan tener su ideología -¡claro que la pueden tener!-, pero harían bien en reservarse del debate público, sobre todo
vinculado a leyes que se aprueban en el Parlamento del Estado español. Con esa conducta lo único que están haciendo es perder respetabilidad, que nadie confiemos en las instituciones del Estado y crear una especie de selva donde vale todo, incluso
el acoso y derribo a leyes democráticamente aprobadas. En este aspecto, llevar al Tribunal Constitucional leyes por parte del Valedor del Pueblo me parece realmente incorrecto e inapropiado. No vale el argumento que en unos casos se emplea al
decir que no se llevan porque ya hay ciudadanos o partidos políticos que lo hicieron y, sin embargo, en otros casos sí se hace, a pesar de que partidos políticos cumplieron la misma función. Eso hace sospechar que hay un paralelismo entre la
actuación de un determinado partido político y una institución que debe tener sumo cuidado de no participar activamente en ese debate, que, vuelvo a repetir, no quiere decir que no tenga el derecho a tener sus planteamientos.
Por eso, y termino ya, creo que sería mucho mejor que el Valedor del Pueblo perdiera sus energías en defender a los débiles, a los oprimidos, a los marginados. Debería hacerlo con contundencia frente a las administraciones públicas y a los
gobiernos y ser más cauteloso en relación con las leyes que aprobamos y más respetuoso con el conjunto del entramado institucional del Estado español, aunque no le guste.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Hoy ha venido el Defensor del Pueblo a leernos, por segunda vez, su informe anual con una relación de preocupaciones que viene a ser permanente. Me llama la atención que se vanaglorie de que haya un incremento
de peticiones sobre los mismos temas. Uno se pregunta: ¿no significará, no que la institución vaya bien, sino que hay problemas y que la institución no los soluciona, es decir, que el peso de la institución no es suficientemente sólido y fuerte
como para resolver esos problemas, como para obligar a las administraciones a que los resuelvan, para transformar la sociedad y que los ciudadanos sean realmente defendidos? Se ve que esa no es la interpretación que hace el Defensor del Pueblo.
Nosotros desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos defendido una y otra vez que el papel del Defensor debe revitalizarse y relanzarse para ejercerse con más dinamismo, rapidez y eficacia en las tareas que tiene encomendadas. Para
eso, quizá, será necesario que la persona concreta que ocupe ese puesto tenga más convicción en las tareas que debe representar a través de esta institución, es decir, creerse más su cargo, creerse más que es el defensor de los ciudadanos, el
Defensor del Pueblo, qué es lo que significa y qué es lo que debe hacer. En fin, un defensor que no defiende ni logra cambios, sencillamente, señorías, no es un buen Defensor del Pueblo porque no hace bien su trabajo.
Encontramos en el informe, como siempre, que suele haber demasiadas quejas inadmitidas y pocas acciones de oficio, pero esto no nos sorprende por la falta de confianza, de credibilidad respecto a la propia persona que ocupa el cargo y a la
institución que representa el contenido de la misma y al desarrollo de las funciones que debe acarrear. También del informe anual se intuye demasiada complacencia con la Administración porque normalmente las quejas concluyen con un porcentaje
elevado de resoluciones estimando que la actuación de las administraciones es correcta. Esto nos sorprende, y es evidente que si los ciudadanos se siguen quejando no lo perciben igual. Por cierto, esta complacencia no la encontramos en
asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que suelen ser mucho más beligerantes que el propio Defensor del Pueblo; a la persona que ocupa esta institución debería llamarle la atención esta realidad. También debería
mostrar preocupación y, sobre todo, exigencia en los altos niveles de queja de los servicios del Estado del bienestar, del sistema público sanitario, que son muy elevadas, de la acción social y de la educación, así como del funcionamiento de la
justicia, problemas que son, como decía al inicio de mi intervención, clásicos. Tenemos una relación permanente de problemas en un informe anual del Defensor del Pueblo que una vez al año nos los viene a contar. Pues bien, si no lo solucionamos,
si no tenemos un Defensor del Pueblo que se implique, que nos exija, que proteste y que sea activo en su trabajo, la situación seguirá exactamente igual.
También hay una carencia de referencias a un problema que nos ha llamado la atención, como es el de la vivienda y la falta de garantía del acceso a la misma, que es un derecho constitucional. En esto también del Defensor del Pueblo debería
ser activo, debería estar denunciando permanentemente la situación de los jóvenes que se manifiestan en las calles porque entienden, y con razón, que se vulnera su derecho al acceso a una vivienda digna. Como siempre, también en el informe hay una
falta general de autocrítica y tampoco se hacen propuestas para revitalizar la institución y para que cumpla un papel más efectivo. En definitiva, señorías, el Defensor del Pueblo, que parece que no está, debería representar una institución que
tuviera tal relevancia que no cupiera la inobservancia de sus peticiones y reclamaciones, y no ser una instancia simplemente burocrática. Debería ser más activo, debería oírsele más, debería ser más dinámico y contundente, debería ser crítico con
las administraciones, crítico con el Gobierno y, por tanto, estar más cercano a los ciudadanos. Lo peor de todo es que cuando ha decidido ser activo, cuando se le ha despertado la pasión por su trabajo, ha sido en detrimento de los derechos de los
ciudadanos a través del recurso
de inconstitucionalidad al Estatuto catalán, donde se recoge un avance sustancial en derechos de la ciudadanía. Por tanto, ha hecho todo lo contrario de lo que en cuanto a su contenido y a su mandato constitucional tiene la institución que
representa, el cargo que ocupa.
Esto es muy preocupante, muy alarmante y muy triste. Desde luego tiene una solución, está planteada por nuestro grupo parlamentario, y ojalá obtuviera el voto favorable suficiente de los miembros de esta Cámara para
que se tradujera en una realidad y tuviéramos un verdadero Defensor del Pueblo que defendiera al pueblo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser bastante conciso y breve. Tiene cierta guasa, permítame la expresión, que estemos revisando a finales del año 2006 el informe del Defensor del Pueblo del año 2005. Como actualidad tiene muy poca y la lógica diría que quizás
tendría que ser en el primer trimestre del año cuando, teniendo frescos en nuestras memorias los hechos que han acontecido el año anterior, pudiéramos abordar el estudio de este informe. En este sentido, esta comparecencia se convierte en algo
repetitivo, como se ha señalado antes, y yo añadiría un grado, bastante aburrido en muchas circunstancias. Agradezco, en cualquier caso, este año al Defensor del Pueblo que no haya repetido palabra por palabra su discurso de la Comisión Mixta. Han
sido las mismas cosas cambiado el orden y con alguna palabra diferente, algún párrafo copiado, pero, por lo menos, tenemos en apariencia dos discursos diferentes.
Sinceramente estos trámites están mal formulados en la legislación actual y vuelvo a insistir en ello. Me parece bien que haya esta comparencia y el informe en la Comisión, pero el sentido de este debate o estos comentarios ahora en el
Pleno debiera ser que pudiera haber propuestas, propuestas que fueran votadas. Antes también ha mencionado el señor Múgica que recogería aquellas sugerencias que nosotros pudiéramos aportar para incorporarlas a la dirección de su trabajo. Yo tengo
que decir que el año pasado le hice una sugerencia muy concreta. Él había examinado cuáles eran las infracciones en el ámbito de los derechos lingüísticos cometidas por algunas comunidades autónomas, que aparecían citadas literalmente. Yo le
sugerí que eso me parecía correcto, pero que lo que debería hacer también, y sobre todo teniendo en cuenta que hay defensores del pueblo autonómicos, centrándose, por supuesto, en todas las administraciones, pero sobre todo en la Administración del
Estado, era un análisis del cumplimiento por parte de la Administración periférica del Estado en cuanto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos en diferentes comunidades autónomas. No he visto nada reflejado en ese sentido en este informe,
por tanto, siento decirlo pero me suena a palabras huecas el vamos a recoger sus sugerencias. La experiencia de este año es que no se ha hecho así, por eso digo que sería bueno hacer propuestas, incluso votarlas. Y lo que sí clama al cielo en el
informe es que entre las administraciones entorpecedoras encabece la lista una y otra vez durante varios años, bastantes años ya de informes, el Ministerio de Fomento. Que alguien haga algo, que alguien haga algo por parte del Gobierno porque creo
que al Gobierno en este sentido sí se le debería caer un poquito la cara de vergüenza. No debería haber ningún ministerio que tuviera que estar citado aquí, porque luego -por poner un ejemplo-, ¿cómo vamos a exigir diligencia al Ayuntamiento de
Alpedrete? Por tanto, una llamada de atención.
En cualquier caso lo que yo creo es que no podemos separar este informe de las actitudes, de las acciones, de las declaraciones del Defensor del Pueblo, actitudes, acciones y declaraciones que vienen de antaño, también referidas al año 2005,
aunque el año 2006 ya ha sido el summum, se han recrudecido. La verdad es que sería maravilloso que pudiésemos centrarnos solo en el informe concreto, que no hubiera polémicas de otro tipo, pero lo cierto es que la actividad del Defensor del Pueblo
va mucho más allá y va mucho más allá de las funciones de un Defensor del Pueblo. Porque el Defensor del Pueblo es un comisionado de las Cortes, de todos los grupos políticos, de todas las ideologías, y a todas las ideologías, a todos los partidos
políticos y a todas las formas de pensar les debe un respeto. En ese sentido su actitud debe ser de impulso político pero en el sentido de sus funciones, no de hacer política -política partidista, política ideológica-, porque el Defensor del Pueblo
debe estar centrado, como dice el artículo 54 de la Constitución, en la defensa de los derechos y libertades, no en entrar a discutir, por poner un ejemplo, la estructura del Estado o cómo vamos a regular el Poder Judicial. Derechos y libertades de
los ciudadanos frente a la Administración. Porque ha habido casos en los que incluso han existido enfrentamientos ante las decisiones de estas propias Cortes, de otros parlamentos, incluso del mismo pueblo a través de la expresión de un referéndum.
El Defensor del Pueblo es una persona polémica, por calificarlo suavemente, y eso no es una cualidad de un Defensor del Pueblo, no lo debe ser nunca. Yo no digo que tenga que ser una persona absolutamente gris, oscura, que no se le vea ninguna
declaración -aunque no se le ve ahora tampoco-. Me parece bien que él ejerza sus funciones, que aparezca en la prensa, que haga sus declaraciones, pero no para servir a la polémica, no para servir a la lucha partidista. Esa no es una cualidad de
un Defensor del Pueblo.
Hemos mantenido hasta ahora en nuestros discursos tanto en Comisión como en el Pleno un cierto respeto -que desde luego siempre vamos a mantener en un grado- por su figura en el sentido de que también entendemos que hayan podido afectarle
terribles circunstancias personales, familiares, en su labor diaria, aunque no debería ser así, y haya producido en sus actitudes un
cierto desequilibrio. Pero, claro, todo tiene un límite y se debe ser cortés con aquel que es cortés, y me temo que el Defensor del Pueblo en muchas ocasiones ha entrado en el campo de la descortesía, como un elefante en una cacharrería.
En el año 2005 también, y en el año 2006 y en el año 2004. Ha arremetido contra partidos políticos descalificándolos -por ejemplo, el mío- y además con acusaciones muy graves, muy serias. Ha arremetido contra cuestiones muy delicadas como el
proceso de paz haciendo unas calificaciones y unos juicios sobre cómo deberían ser las cosas inaceptables. Ha presentado también recientemente un recurso contra el Estatuto catalán que es un recurso a la totalidad, 112 artículos: no ya derechos y
libertades, sino estructura del Estado, Poder Judicial, etcétera, y no deja de clamar al cielo que ese mismo título de derechos y libertades en muchos aspectos sea idéntico en el caso valenciano y en el caso andaluz todavía más y que, sin embargo,
no se presenten recursos contra los estatutos de estas comunidades. Ya per se es tremendo que una persona se considere por encima de la voluntad y del criterio de las Cortes Generales, de un parlamento autonómico y de la voluntad expresada por el
pueblo a través de un referéndum. Eso es actuar como un elefante en una cacharrería. He de confesarle que hace tiempo que nosotros dejamos de tener confianza en su labor y no le votamos. Si el señor Múgica quiere ser un actor político, que como
todo ciudadano tiene derecho a ello, lo que tiene que hacer es dejar el cargo porque un cargo y una institución de tanto peso como el Defensor del Pueblo tiene que llevar aparejadas determinadas actitudes y determinadas cualidades, y eso se ha
estado incumpliendo reiteradamente durante muchos años.
Como conclusión y para finalizar pensamos que, afortunadamente, la maquinaria de la institución del Defensor del Pueblo, sus funcionarios, sus trabajadores, son eficaces en la resolución de tareas diarias y eso, afortunadamente, funciona con
el señor Múgica o sin el señor Múgica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías, Defensor del Pueblo, el informe de 2005 refleja, como cada año, la actuación de las administraciones del Estado en relación con la ciudadanía e insistiendo principalmente en las deficiencias en
materia de derechos fundamentales.
Aumenta de nuevo el número de quejas, un 37 por ciento, destacando notablemente las quejas recibidas por la ciudadanía de las comunidades de Madrid, Extremadura y País Valenciano. Como es público y notorio, desde
Esquerra Republicana, de igual manera que otros grupos parlamentarios apuntaron en relación con el informe del ejercicio anterior, consideramos y proponemos que la actuación de la Defensoría del Pueblo español debería referirse únicamente a aspectos
de la Administración del Estado en los territorios donde no tengan competencia los respectivos sindics autonómicos. Es una cuestión que aligeraría la carga de trabajo, mejoraría el procedimiento, aclararía el ámbito de actuación de cada institución
y dotaría de mayor proximidad respecto de los problemas de la ciudadanía de los distintos territorios. No siendo así, nos remitimos a las principales deficiencias denunciadas por la ciudadanía a modo de queja ante la institución del Defensor del
Pueblo, destacando tres ámbitos que nos parecen importantes. En el ámbito de interior, una vez más se destaca el crecimiento de la población penitenciaria y desde Esquerra Republicana, y coincidiendo con diferentes agentes sociales, entendemos que
este es un nuevo mal endémico, consecuencia de la política penitenciaria impulsada en los últimos gobiernos, y es el Gobierno socialista el que debería abordar el problema revisando la política penal retribucionista impulsada en los últimos años y
la legislación penitenciaria. Ha quedado claramente evidenciado que el endurecimiento y la prolongación de las penas no ha contribuido a disminuir los delitos ni por supuesto y mucho menos la población penitencia. No parece ser la solución y debe
abordarse con celeridad. En este sentido desde Esquerra Republicana presentamos diferentes enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que perseguían incrementar la inversión en medidas resocializadoras, sanitarias y de fomento de la
investigación de nuevas políticas penales y penitenciarias. Lamentablemente, no se aceptaron y la inversión en política penitenciaria no responde a las necesidades que se denuncian cada año y este también. Por otra parte, me gustaría destacar que
echamos en falta en el informe deficiencias denunciadas por organizaciones internacionales y asociaciones contra la tortura de denuncias y vulneraciones de derechos humanos en los centros penitenciarios, como son las denuncias por malos tratos y
torturas en centros penitenciarios, y por numerosas muertes de reclusos que se producen cada año. No cesaremos en la denuncia de todo trato inhumano, degradante y de torturas amparado por cualquier administración y en concreto por la Administración
del Estado, y nos sorprende que no se recurra a la institución del Defensor del Pueblo para denunciarlo o no se destaque en el informe, como se destaca en los informes realizados por las diferentes instituciones de la ONU encargadas de velar por los
derechos humanos.
En el ámbito de la justicia, queda patente una vez más la necesidad de resolver los retrasos y dilaciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Por ello desde Esquerra Republicana, coincidiendo con otros grupos parlamentarios, hemos
propuesto en reiteradas ocasiones la asunción de competencias jurisdiccionales por parte de los tribunales superiores de Justicia, dotando a las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia de suficiente financiación para
abastecerlos de los suficientes medios personales y materiales, de tal manera que se aproxime la justicia a la ciudadanía y se
eviten indebidas dilaciones a consecuencia de la carga de trabajo del Tribunal Supremo. Especial mención requiere el deficiente funcionamiento del Registro Civil central. Es cierto que se ha incrementado la previsión presupuestaria, pero
no es de recibo que se produzcan retrasos de hasta siete u ocho meses para la expedición de una certificación literal.
Demasiadas personas afectadas haciendo cola en el Registro Civil central a la espera de poder ejercer sus derechos civiles por la
imposibilidad de recibir una copia literal o un certificado. Siete u ocho meses es, a nuestro entender, demasiado tiempo en el que, por decirlo de alguna manera, se suspenden de hecho los derechos civiles de centenares de miles de personas por la
incapacidad de emitir un certificado o una copia literal.
En el ámbito de la ordenación territorial y de medio ambiente destaca el informe del Defensor que se ha incrementado la preocupación y la queja en relación con el medio ambiente y con el urbanismo y entendemos que es consecuencia de una
notable actuación de sensibilización y preocupación del Ministerio de Medio Ambiente y de la política depredadora que también hemos denunciado en los dos anteriores informes del Defensor. Una cuestión se añade en este ejercicio y es la preocupación
de la ciudadanía por los agentes urbanizadores y los elevados costes de la vivienda. Es una preocupación compartida por nuestro grupo parlamentario y también por la Comisión Europea y por numerosas plataformas y asociaciones en el País Valenciano,
un problema que esperamos sea resuelto en breve en aquello que efectivamente sea posible, sin invasión de competencias en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico; parece ser un problema intrínseco a determinados gobiernos que no atienden a los
continuos requerimientos desde instancias europeas.
Todas estas quejas y recomendaciones corresponden y coinciden efectivamente con diferentes iniciativas parlamentarias presentadas por nuestro grupo, así como por otros grupos de la Cámara. Si hacemos un repaso, todos los grupos coincidimos
en las prioridades políticas de abordar la situación de las personas inmigrantes, el déficit humanitario, económico, social y competencial en relación, como hemos dicho, con las personas alóctonas y los menores no acompañados, de la situación de los
centros penitenciarios, de las dilaciones en la Administración de Justicia, de la violencia de género, de la agresión medioambiental en algunos territorios y de las dificultades de acceso a la vivienda.
Esperemos que en los sucesivos informes
consensuemos y alcancemos acuerdos para dar solución, como mínimo, a algunos de los problemas planteados y entendemos que se está avanzando en algunos aspectos, pero no debemos relajarnos en todos aquellos que son males efectivamente endémicos.
Por otra parte, desde Esquerra Republicana -y voy terminando, señor presidente- proponemos que se revise el procedimiento de los informes anuales del Defensor del Pueblo. Tal y como expuso el año pasado justamente el señor Esteban,
deberíamos plantearnos, con ocasión de cada informe, que además de ejercer la función de denuncia ante la opinión pública sobre la actuación entorpecedora de algunas administraciones o la vulneración de derechos fundamentales por parte de las
administraciones, los grupos parlamentarios pudiéramos proponer iniciativas de impulso político vinculantes o de control parlamentario consecuencia de las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por Convergència i Unió, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Convergència i Unió y como su portavoz en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo.
Señor Defensor del Pueblo virtual, digo virtual porque por no estar no está ni hoy aquí. Curiosamente cuando comparece el presidente del Gobierno escucha a los portavoces, cuando comparecen los ministros escuchan a los portavoces y cuando
comparece el Defensor del Pueblo no está, quizá esté en un despacho preparándose la memoria del año 2006, que esperamos que llegue al menos durante el año 2007. Como ha dicho el señor Esteban, con un poco de mala suerte habría presentado la memoria
del año 2005 a inicios del año 2007. Pero, en fin, sigamos. Señor Defensor, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha tenido por norma siempre seguir escrupulosamente el orden del día establecido y los temas que atañen
a este orden del día. Hoy no lo haremos como no lo han hecho la mayoría de portavoces, exceptuando el último. No lo haremos y, por tanto, Convergència i Unió no hablará del informe del año 2005, informe de casi 600 páginas, exactamente 594, para
que vea que nos lo hemos mirado, que hemos hecho un seguimiento concienzudo del mismo y que hemos visto los claroscuros existentes. No hablaremos de la memoria de 2005, porque en circunstancias normales hubiéramos valorado el informe, hubiéramos
aportado nuestra opinión, siempre serena, siempre positiva, siempre con sentido de Estado, pero hoy no, señor Defensor, hoy, utilizando una expresión acuñada por el presidente Jordi Pujol, no toca. ¿Sabe por qué, señor Defensor? Porque hoy
emplearemos todos los minutos que me corresponden en esta intervención, a interpelarle sobre el porqué de su recurso contra el nuevo Estatuto de Cataluña. No perderemos un segundo en nada más que no sea hacerle llegar nuestra más dura crítica a su
actitud de rechazo al nuevo Estatuto catalán. Hoy queremos saber el porqué; hoy queríamos oír de su boca los motivos por los que ha llevado a cabo este gran error político e institucional, y lo haremos -para que cuando se vaya de este Congreso las
conozca- formulándole las siguientes preguntas -se le ha dicho ya también, pero Convergencia i Unió también lo hará-: ¿Sabe que usted es un
alto comisionado de este Congreso? ¿Sabe que su misión es defender al pueblo y no tomar posturas cercanas a un grupo político -véase Partido Popular o también de algunos sectores reaccionarios del PSOE, que de todo hay en la viña del señor-
o efectuar veleidades personales suyas, ya conocidas de antaño? Muchas ciudadanos hoy entenderán por qué Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, en su día no le votamos, porque sabíamos de su sentir profundamente
antinacionalista. ¿Sabe que el Defensor del Pueblo tiene que defender al pueblo? ¿Sabe que el pueblo catalán, señor Defensor, mayoritariamente votó a favor del nuevo Estatut de Catalunya? Usted ha actuado en contra de un pueblo, el catalán;
usted ha actuado en contra de un Parlamento, el catalán; usted ha actuado en contra de un Congreso, este Congreso, que aprobó por votación -no de CIU- su nombramiento; usted ha actuado en contra del Gobierno que le propuso para este cargo, el
Gobierno socialista. Le pregunto, señor Defensor del Pueblo, ante lo anteriormente expuesto: ¿No siente rubor por comparecer hoy aquí, no siente vergüenza de comparecer hoy aquí, ante unos partidos políticos a los cuales usted ha interferido en su
labor política, cuando usted no es en absoluto un cargo político? Ya se lo han dicho anteriormente, si quiere hacer política, preséntese para cargos políticos. El Estatut de Catalunya es un documento legal, mal que le pese y por mucho que usted lo
recurra, porque es usted quien lo ha recurrido, no su equipo de colaboradores, y también me uno a la felicitación por la labor que hacen los funcionarios y trabajadores que tiene usted a su lado. Este es un documento que, mal que le pese y por
mucho que usted lo recurra, ha seguido todos los trámites reglamentarios: aprobación en el Parlament de Catalunya, aprobación en el Congreso de los Diputados y referéndum público. Incluso, los partidos que dimos apoyo al Estatut -Convergència i
Unió, PSC-PSOE, Iniciativa per Catalunya- aceptamos bajar el listón respecto al que se aprobó en el Parlament de Catalunya en septiembre, a pesar de que Convergència i Unió quería y sigue queriendo hoy en día el que se aprobó en primera instancia en
el Parlament de Catalunya, pero aceptamos y avalamos el que se aprobó en este Congreso. ¿Sabe por qué, señor Defensor? Porque no deja de ser un buen Estatut y, en segundo término, para evitar que personas como usted cayeran en la tentación de
recurrirlo y llevarlo al Tribunal Constitucional. ¿Por qué, señor Defensor? ¿Es que no sabe que el pueblo catalán es soberano en temas de Cataluña? ¿Es que no sabe que los partidos proponentes han sido escrupulosos con la legislación vigente? De
su recurso, en el cual no quiero entrar por higiene política y mental, le diré una cosa. Usted hace en su recurso, porque es el suyo, especial énfasis en el tema lingüístico y dice que no se puede establecer el deber de conocer el catalán. ¿Esto
es tan terrible, señor Defensor? ¿Se imagina que los españoles no tuvieran el deber de conocer el castellano? En su recurso habla de que el artículo 3.2 de la Constitución española establece el deber de conocer el castellano, pero hace trampa y de
una manera obvia esconde que también dice que las otras lenguas oficiales en las comunidades se utilizarán de acuerdo con sus estatutos. Por tanto, el Estatut de Catalunya prevé que el catalán también tenga el nivel que le corresponde. Usted como
institución tiene una obligación, entre otras, defender a las minorías. ¿Sabe, señor Defensor, que la lengua catalana sigue siendo una lengua minoritaria y en peligro de subsistencia? ¿Sabe que el Estatut de Catalunya básicamente en el tema
lingüístico hace tan solo una cosa, equiparar el catalán al castellano, algo que no hacía el anterior Estatuto? ¿Tan grave es lo que usted ha podido encontrar en este Estatuto o hay otras motivaciones? ¿Por qué no le preocupa más que en su informe
de 2005 sobre las quejas de los ciudadanos del Estado los ciudadanos de Cataluña bajen alarmantemente? En el año 2005 se tramitaron 1.689 quejas al Defensor del Pueblo, un 35 por ciento menos que en 2004.
La desconfianza va en aumento. Usted ha
dicho que han aumentado las denuncias y las quejas de ciudadanos y entidades. Es verdad, básicamente en la Comunidad de Madrid -se está convirtiendo en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Madrid-, pero respecto a Cataluña están
bajando. Señor Defensor, en Cataluña no se le considera, ni en otras comunidades autónomas, está disminuyendo la confianza en usted. Por un lado, la gente deja de confiar en la institución que usted representa por su gestión. Lo han dicho todos
los portavoces anteriores, excepto el de Esquerra Republicana, todos se han quejado de su actuación, de su falta de penetración social. Y políticamente, paisaje desolador. No consigue unanimidad al ser nombrado y ahora los grupos nacionalistas,
excepto uno, nos quejamos de su actuación amargamente; es más, políticamente, todos los grupos nacionalistas, el PSOE e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no comparten su actitud en contra del nuevo Estatut de Catalunya. O sea -fíjese
bien-, está solo, muy solo. Ahora, al único que tiene a su lado es al Partido Popular, del que se ha convertido en su paladín y a la vez en fiel defensor de sus tesis en materias como el proceso de paz, las competencias autonómicas y territoriales,
el Estatut de Catalunya, etcétera. Solo me resta darle un consejo, utilizando la frase acuñada por el Partido Popular en su día, el famoso: ¡váyase, señor González!; aquella expresión de ¡váyase, señor González! Hoy desde Convergencia i Unió le
decimos: ¡Váyase, señor Múgica, dimita! Dimita porque cada vez está más solo. Usted está políticamente muy posicionado, y no tiene nada que ver con los defensores del pueblo de los países europeos, que son los defensores de los derechos y de las
libertades de los ciudadanos. Usted ha conculcado con su actitud los derechos de la mayoría de los catalanes, que ven en usted un instrumento de ataque a las ilusiones del futuro que se contempla en el nuevo Estatut de Catalunya.
Señor Defensor,
usted habrá oído a los tres primeros intervinientes quejarse amargamente de su intervención en el Estatut de Catalunya, por la presentación de un recurso contra el Estatut de Catalunya, que se aprobó aquí en el Congreso, que también le avaló a usted
y al que usted representa. Usted es un comisionado de este Congreso y no ha respetado la voluntad popular ni del pueblo de Cataluña ni de este Congreso. Reitero que desde Convergència i Unió hacemos pública nuestra petición de dimisión por su
actitud política, por su injerencia en lo que ha aprobado el pueblo de Cataluña. Usted ha dicho: Los protagonistas son los ciudadanos. ¿Cuáles? ¿Los catalanes también, señor Defensor? Ha dicho que recogería nuestras sugerencias, recoja la de
Convergència i Unió: Dimita, señor Defensor.
Señor Defensor del Pueblo virtual, digo virtual porque por no estar no está ni hoy aquí. Curiosamente cuando comparece el presidente del Gobierno escucha a los portavoces, cuando comparecen los ministros escuchan a los portavoces y cuando
comparece el Defensor del Pueblo no está, quizá esté en un despacho preparándose la memoria del año 2006, que esperamos que llegue al menos durante el año 2007. Como ha dicho el señor Esteban, con un poco de mala suerte habría presentado la memoria
del año 2005 a inicios del año 2007. Pero, en fin, sigamos. Señor Defensor, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha tenido por norma siempre seguir escrupulosamente el orden del día establecido y los temas que atañen
a este orden del día. Hoy no lo haremos como no lo han hecho la mayoría de portavoces, exceptuando el último. No lo haremos y, por tanto, Convergència i Unió no hablará del informe del año 2005, informe de casi 600 páginas, exactamente 594, para
que vea que nos lo hemos mirado, que hemos hecho un seguimiento concienzudo del mismo y que hemos visto los claroscuros existentes. No hablaremos de la memoria de 2005, porque en circunstancias normales hubiéramos valorado el informe, hubiéramos
aportado nuestra opinión, siempre serena, siempre positiva, siempre con sentido de Estado, pero hoy no, señor Defensor, hoy, utilizando una expresión acuñada por el presidente Jordi Pujol, no toca. ¿Sabe por qué, señor Defensor? Porque hoy
emplearemos todos los minutos que me corresponden en esta intervención, a interpelarle sobre el porqué de su recurso contra el nuevo Estatuto de Cataluña. No perderemos un segundo en nada más que no sea hacerle llegar nuestra más dura crítica a su
actitud de rechazo al nuevo Estatuto catalán. Hoy queremos saber el porqué; hoy queríamos oír de su boca los motivos por los que ha llevado a cabo este gran error político e institucional, y lo haremos -para que cuando se vaya de este Congreso las
conozca- formulándole las siguientes preguntas -se le ha dicho ya también, pero Convergencia i Unió también lo hará-: ¿Sabe que usted es un alto comisionado de este Congreso? ¿Sabe que su misión es defender al pueblo y no tomar posturas cercanas a
un grupo político -véase Partido Popular o también de algunos sectores reaccionarios del PSOE, que de todo hay en la viña del señor- o efectuar veleidades personales suyas, ya conocidas de antaño? Muchas ciudadanos hoy entenderán por qué
Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, en su día no le votamos, porque sabíamos de su sentir profundamente antinacionalista. ¿Sabe que el Defensor del Pueblo tiene que defender al pueblo? ¿Sabe que el pueblo catalán, señor
Defensor, mayoritariamente votó a favor del nuevo Estatut de Catalunya? Usted ha actuado en contra de un pueblo, el catalán; usted ha actuado en contra de un Parlamento, el catalán; usted ha actuado en contra de un Congreso, este Congreso, que
aprobó por votación -no de CIU- su nombramiento; usted ha actuado en contra del Gobierno que le propuso para este cargo, el Gobierno socialista. Le pregunto, señor Defensor del Pueblo, ante lo anteriormente expuesto: ¿No siente rubor por
comparecer hoy aquí, no siente vergüenza de comparecer hoy aquí, ante unos partidos políticos a los cuales usted ha interferido en su labor política, cuando usted no es en absoluto un cargo político? Ya se lo han dicho anteriormente, si quiere
hacer política, preséntese para cargos políticos. El Estatut de Catalunya es un documento legal, mal que le pese y por mucho que usted lo recurra, porque es usted quien lo ha recurrido, no su equipo de colaboradores, y también me uno a la
felicitación por la labor que hacen los funcionarios y trabajadores que tiene usted a su lado. Este es un documento que, mal que le pese y por mucho que usted lo recurra, ha seguido todos los trámites reglamentarios: aprobación en el Parlament de
Catalunya, aprobación en el Congreso de los Diputados y referéndum público. Incluso, los partidos que dimos apoyo al Estatut -Convergència i Unió, PSC-PSOE, Iniciativa per Catalunya- aceptamos bajar el listón respecto al que se aprobó en el
Parlament de Catalunya en septiembre, a pesar de que Convergència i Unió quería y sigue queriendo hoy en día el que se aprobó en primera instancia en el Parlament de Catalunya, pero aceptamos y avalamos el que se aprobó en este Congreso. ¿Sabe por
qué, señor Defensor? Porque no deja de ser un buen Estatut y, en segundo término, para evitar que personas como usted cayeran en la tentación de recurrirlo y llevarlo al Tribunal Constitucional. ¿Por qué, señor Defensor? ¿Es que no sabe que el
pueblo catalán es soberano en temas de Cataluña? ¿Es que no sabe que los partidos proponentes han sido escrupulosos con la legislación vigente? De su recurso, en el cual no quiero entrar por higiene política y mental, le diré una cosa. Usted hace
en su recurso, porque es el suyo, especial énfasis en el tema lingüístico y dice que no se puede establecer el deber de conocer el catalán. ¿Esto es tan terrible, señor Defensor? ¿Se imagina que los españoles no tuvieran el deber de conocer el
castellano? En su recurso habla de que el artículo 3.2 de la Constitución española establece el deber de conocer el castellano, pero hace trampa y de una manera obvia esconde que también dice que las otras lenguas oficiales en las comunidades se
utilizarán de acuerdo con sus estatutos. Por tanto, el Estatut de Catalunya prevé que el catalán también tenga el nivel que le corresponde. Usted como institución tiene una obligación, entre otras, defender a las minorías.
¿Sabe, señor Defensor,
que la lengua catalana sigue siendo una lengua minoritaria y en peligro de subsistencia? ¿Sabe que el Estatut de Catalunya básicamente en el tema lingüístico hace tan solo una cosa, equiparar el catalán al castellano, algo que no hacía el anterior
Estatuto? ¿Tan grave es lo que usted ha podido encontrar en este Estatuto o hay otras motivaciones? ¿Por qué no le preocupa más que en su informe de 2005 sobre las quejas de los ciudadanos del Estado los ciudadanos de Cataluña bajen
alarmantemente? En el año 2005 se tramitaron 1.689 quejas al Defensor del Pueblo, un 35 por ciento menos que en 2004. La desconfianza va en aumento. Usted ha dicho que han aumentado las denuncias y las quejas de ciudadanos y entidades. Es
verdad, básicamente en la Comunidad de Madrid -se está convirtiendo en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Madrid-, pero respecto a Cataluña están bajando. Señor Defensor, en Cataluña no se le considera, ni en otras comunidades
autónomas, está disminuyendo la confianza en usted. Por un lado, la gente deja de confiar en la institución que usted representa por su gestión. Lo han dicho todos los portavoces anteriores, excepto el de Esquerra Republicana, todos se han quejado
de su actuación, de su falta de penetración social. Y políticamente, paisaje desolador. No consigue unanimidad al ser nombrado y ahora los grupos nacionalistas, excepto uno, nos quejamos de su actuación amargamente; es más, políticamente, todos
los grupos nacionalistas, el PSOE e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no comparten su actitud en contra del nuevo Estatut de Catalunya. O sea -fíjese bien-, está solo, muy solo. Ahora, al único que tiene a su lado es al Partido Popular,
del que se ha convertido en su paladín y a la vez en fiel defensor de sus tesis en materias como el proceso de paz, las competencias autonómicas y territoriales, el Estatut de Catalunya, etcétera. Solo me resta darle un consejo, utilizando la frase
acuñada por el Partido Popular en su día, el famoso: ¡váyase, señor González!; aquella expresión de ¡váyase, señor González! Hoy desde Convergencia i Unió le decimos: ¡Váyase, señor Múgica, dimita! Dimita porque cada vez está más solo. Usted
está políticamente muy posicionado, y no tiene nada que ver con los defensores del pueblo de los países europeos, que son los defensores de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Usted ha conculcado con su actitud los derechos de la
mayoría de los catalanes, que ven en usted un instrumento de ataque a las ilusiones del futuro que se contempla en el nuevo Estatut de Catalunya.
Señor Defensor, usted habrá oído a los tres primeros intervinientes quejarse amargamente de su
intervención en el Estatut de Catalunya, por la presentación de un recurso contra el Estatut de Catalunya, que se aprobó aquí en el Congreso, que también le avaló a usted y al que usted representa. Usted es un comisionado de este Congreso y no ha
respetado la voluntad popular ni del pueblo de Cataluña ni de este Congreso. Reitero que desde Convergència i Unió hacemos pública nuestra petición de dimisión por su actitud política, por su injerencia en lo que ha aprobado el pueblo de Cataluña.
Usted ha dicho: Los protagonistas son los ciudadanos. ¿Cuáles? ¿Los catalanes también, señor Defensor? Ha dicho que recogería nuestras sugerencias, recoja la de Convergència i Unió: Dimita, señor Defensor.
quejarse amargamente de su intervención en el Estatut de Catalunya, por la presentación de un recurso contra el Estatut de Catalunya, que se aprobó aquí en el Congreso, que también le avaló a usted y al que usted representa. Usted es un
comisionado de este Congreso y no ha respetado la voluntad popular ni del pueblo de Cataluña ni de este Congreso. Reitero que desde Convergència i Unió hacemos pública nuestra petición de dimisión por su actitud política, por su injerencia en lo
que ha aprobado el pueblo de Cataluña. Usted ha dicho: Los protagonistas son los ciudadanos. ¿Cuáles? ¿Los catalanes también, señor Defensor? Ha dicho que recogería nuestras sugerencias, recoja la de Convergència i Unió: Dimita, señor
Defensor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Grupo Popular, señor Puche, por favor.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, señorías, sin alevosía, pero sí con nocturnidad y también con retraso -y en eso tengo que coincidir con algunos portavoces- procedemos al debate del informe del Defensor del Pueblo. Quiero
que sean mis primeras palabras para agradecer la presentación del informe; un informe que recoge las preocupaciones y las quejas de todos los españoles o de muchos españoles a lo largo de un año; un informe que recoge también cuáles son las
inquietudes fundamentales de la Defensoría, y en este caso del Defensor del Pueblo, y un informe que, a diferencia de lo que aquí han dicho algunas personas, en el uso por supuesto respetable de sus derechos, a nosotros nos parece exhaustivo, amplio
y riguroso; un informe, además, que a nuestro grupo le parece que pone de manifiesto que los españoles se sienten identificados con la función y con los servicios que ejerce la Defensoría del Pueblo.
Además, el pueblo español, según las últimas
encuestas aparecidas, califica muy alto o bastante alto a la Defensoría del Pueblo y se sienten identificados con la figura del Defensor, posiblemente porque se dan cuenta de que es fácil reclamar su atención, que es ágil y que, además, es de forma
personalizada y sin coste adicional alguno.
Señorías, ha dicho el Defensor del Pueblo -y ha habido alguna crítica por parte de algún portavoz- que se han incrementado las quejas. Ciertamente, pero el incremento de quejas no significa mala función del Defensor. El incremento que se
produce en las quejas colectivas o en las quejas de oficio, que es donde se produce el mayor incremento con respecto al año anterior, en más de un veintitantos por ciento, significa precisamente diligencia de la institución que representa el
Defensor del Pueblo. En este punto tengo que hacer alguna matización. Lamento que sean muy bajas las quejas presentadas por mujeres y sigan siendo los hombres los que en un alto porcentaje presenten las quejas en nuestro país. Además, en
referencia a lo que acaba de decir el portavoz de Convergència i Unió no es en Cataluña ni en Madrid donde bajan las quejas. Por orden geográfico, las quejas siguen sucediéndose en Madrid, en Cataluña, en Valencia y en Andalucía. ¿Por qué razón?
Simple y llanamente por razones de mayor número de población.
No quisiera detenerme en el aspecto estadístico y quedarme con la frialdad de las cifras, así que voy a pasar al aspecto sustancial que afecta a las distintas áreas administrativas que incluye el informe que ha presentado el Defensor del
Pueblo. Señorías, nos encontramos, en primer lugar, con la Función pública y el empleo, a la que ningún portavoz ha hecho referencia. A nosotros nos preocupa gravemente que se denuncie sistemáticamente a lo largo de los tres últimos años que no se
sigue manteniendo el criterio constitucional de igualdad, de legitimidad y de competencia en el tema de las oposiciones para ingreso en el cuerpo de la Administración del Estado y en los cuerpos de la Administración en general. Creo que es hora de
que el Parlamento tome cartas en este asunto y exija la elaboración de una norma administrativa que garantice esos principios constitucionales a las personas que quieren acceder a la Función pública.
Por lo que respecta a la Administración penitenciaria, también se ha hecho referencia por parte de algún portavoz, se produce un incremento de las quejas este año y se produce un incremento de los reclusos. Hasta tal punto, señorías, que
este año batimos el récord de la democracia: 61.000 y pico reclusos en nuestras cárceles. Eso responde a una cuestión muy fácil, responde precisamente a una exigencia de la sociedad para el endurecimiento de las leyes, a diferencia del criterio
que decían otros portavoces. La propia sociedad demandaba un endurecimiento de las leyes, y así ha sucedido con el cumplimiento íntegro de las penas, con la libertad provisional, con la Ley contra la violencia de género y con los juicios rápidos,
lo que ha producido un incremento de los reclusos. El Gobierno debe de responder a la necesidad urgente de medios materiales y humanos para atender eso y además debe de agilizar la construcción de nuevos centros penitenciarios para resolver esa
situación complicada de los reclusos en nuestro país. En este punto de la Administración penitenciaria, señorías, quiero hacer referencia a algo que el Defensor del Pueblo ha citado esta tarde aquí y ha podido quedar en la nebulosa, que es
precisamente el incremento de las llamadas bandas organizadas o de las conocidas más vulgarmente en España como bandas latinas, que suponen un factor criminógeno más, que alarma ciertamente a toda la población, con más énfasis en aquella población
que se siente afectada por ellas.
Pero los representantes de esta Cámara no debemos olvidar que son grupos organizados con actitudes antidemocráticas, xenófobos, machistas y racistas, que la Administración tiene la obligación de atajar con carácter
de urgencia.
Señorías, me quiero detener en el tema de la Administración de Justicia.
Llevo 3 años de responsable, por parte del Grupo Parlamentario Popular, en esta Comisión y en los tres informes en los que he intervenido veo que se sigue produciendo
con demasiada frecuencia y con un carácter alarmante la queja del Defensor del Pueblo respecto a la dilación de los juicios en el Tribunal Supremo, especialmente en la Sala de lo Contencioso-administrativo y en la Sala de lo Penal. En este sentido,
lo que más me ha preocupado es que hoy el Defensor del Pueblo ha dicho que esas dilaciones en la justicia se siguen produciendo aparte de las medidas que se ponen para que no se produzcan, lo cual es muy alarmante.
Tengo que preguntarme en este
momento: ¿Después de tantos años de perfeccionamiento y de modernización de nuestra democracia, no hay nadie que sea capaz de resolver este problema? ¿De verdad no hay nadie, ni siquiera nosotros, que sea capaz de poder dar este servicio a la
sociedad? Señorías, la justicia si no se presta con agilidad no se puede considerar como justicia. El reconocimiento de una obligación es el reconocimiento inmediato de un derecho. Esto no es una apreciación retórica de mi persona, sino que es
precisamente que nosotros en la Constitución hemos puesto una obligación jurídica que el Estado debe de estar en condiciones de poder cumplir para dar este servicio a los ciudadanos españoles. Por tanto, señorías, creo que los distintos grupos
políticos deberíamos considerar la oportunidad de elaborar alguna iniciativa legislativa en relación con este punto.
Por otro lado, tengo que resaltar el tema de la violencia doméstica, lo ha dicho el Defensor del Pueblo y creo que a ello se han referido todos los portavoces: 62 muertes de mujeres a manos de sus parejas este año; récord de la democracia,
a pesar de la Ley orgánica del año 2004, de medidas contra la violencia de género, puesta en marcha. Y si mis datos no me fallan, en el momento en el que estoy hablando es posible que ya se haya batido el récord del año pasado. Por tanto, creo que
los grupos parlamentarios debemos hacer una reflexión con respecto a lo que está pasando.
Señorías, no quiero dejar de hacer referencia en estos minutos que me quedan a las intervenciones de algunos grupos políticos referidas a algún aspecto político, que no representan el informe del año 2005 pero que se acaban de pronunciar
aquí, respecto del recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Ni mi grupo ni yo vamos a convertirnos en defensores del Defensor del Pueblo -valga la redundancia-, pero sí se ha hecho alguna acusación por algún grupo político relativa a que el
Defensor del Pueblo se ha convertido en el adalid del Grupo Popular. No estamos dispuestos a tolerar esa afirmación. En primer lugar, el Defensor del Pueblo ha ejercitado un derecho que le asiste en la Constitución para defender precisamente los
derechos y las libertades de los ciudadanos.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Señorías, el Defensor del Pueblo, por hacer eso, ha sido merecedor hace un momento de miserias e insultos velados por parte de algún portavoz, incluso de
referencias familiares. Eso es miseria política, porque, si los datos no me fallan, el Defensor del Pueblo, el Gobierno, 50 diputados y 50 senadores tienen la facultad de presentar recursos de inconstitucionalidad. De hecho, se han presentado por
parte de esta Cámara y por parte del Defensor del Pueblo. (La señora Navarro Casillas pronuncia palabras que no se perciben.) Mire usted, señoría, se han presentado contra leyes del Gobierno de Valencia, presidido por el Partido Popular, se han
presentado recursos de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado, cuando don Felipe González era presidente del Gobierno, y se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra leyes de Presupuestos Generales del Estado,
cuando don José María Aznar era presidente del Gobierno, y nadie dijo nada. ¿Por qué ahora hay que protestar? ¿Por qué ahora hay que levantar la voz? ¿No será porque se quiere intimidar al Defensor del Pueblo, que es la figura y la columna
vertebral de una de las bases de nuestra democracia, para que no ejerza su función en libertad? Posiblemente, señorías. Por esa razón, no estoy dispuesto a tolerar que se influya diciendo que el Defensor del Pueblo es el adalid del Partido
Popular, porque no hay nada más alejado de nuestra intención.
Hay que poner los puntos sobre las íes.
Señorías, voy terminando, no sin antes referirme a dos cuestiones. Dice el informe que el problema de la vivienda, al que se han referido casi todos los portavoces, debe ser tratado, a la vista de cómo está la situación en España, como un
problema de Estado, y yo coincido, y da una solución y una sugerencia en las que yo también coincido, que para arreglar ese problema es necesaria la colaboración de todas las administraciones en conjunto, de la Administración central, de la
Administración autonómica y de las administraciones locales. También quiero resaltar el lamento que hace el Defensor del Pueblo. Se hacen sugerencias, recomendaciones y lamentos por parte del Defensor en ese informe, cuando se lamenta de que no
haya habido ni una negociación, ni un pacto en la tramitación, ni en la negociación de la Ley de Educación, que es lo que hace que no haya una ley de educación duradera y estable ni un buen sistema educativo para nuestro país. Lo dice el Defensor
en el informe.
Por último, quiero hacer una referencia a la tercera edad, fundamentalmente a esas personas que son dependientes, que no disponen de personas a su vez que les garanticen su salud, su ocio y su vejez. Hemos venido reclamando desde hace
tiempo desde esta tribuna la necesidad de una norma administrativa que regulara esa situación. Ciertamente se ha aprobado una Ley de Dependencia con el consenso también de nuestro grupo y esperamos con atención el desarrollo de la misma para que
estas personas dependientes puedan resolver su problema de educación, de ocio, de cultura, incluso de vivienda.
Señorías, quiero terminar con las mismas palabras que empecé, agradeciendo la presentación del informe por parte del Defensor del Pueblo. Aunque no sea tiempo de felicitaciones ni de rebajas, quiero terminar con palabras de felicitación a
la institución por el trabajo desarrollado, por la función ejercida y porque -insisto- todos los datos de los que se dispone en este momento anuncian que la figura de la institución del Defensor del Pueblo es la más valorada en este momento por la
sociedad española. Por tanto, señorías, acabo con esa felicitación y con un estímulo, el estímulo a la Defensoría del Pueblo para que siga controlando y advirtiendo a la Administración en el ejercicio de esas libertades y de esos derechos
constitucionales, que son los que se defienden, porque cuando se presenta el recurso de inconstitucionalidad también se hace pensando en los derechos y las libertades de los ciudadanos, también se hace pensando en las quejas que han presentado
muchos ciudadanos y también se hace pensando en el artículo 50 de la Constitución, para lo que está facultado el Defensor del Pueblo. Reitero que se siga en esa línea de estímulo a las administraciones, porque redundará en beneficio de la libertad
de todos los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puche.
Señora Holgado.
La señora HOLGADO FLORES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, quiero dar las gracias al Defensor del Pueblo, a pesar de que no se encuentre entre nosotros, y poner de manifiesto lo positivo que resulta una vez más, como todos
los años por esta fecha, conocer el contenido de ese informe en el que se vierten y recogen las quejas de los ciudadanos o grupos de ciudadanos en defensa de los derechos que les asisten. Me gustaría resaltar que lo que voy a hacer desde esta
tribuna es justamente eso, hablar del informe del Defensor del Pueblo, porque es lo que toca en este momento. Ha habido intervenciones anteriores a la mía de portavoces de distintos grupos, legítimas por supuesto, que quizás no hayan sido adecuadas
en este momento, porque estoy segura de que el recurso de inconstitucionalidad que ha sido presentado contra el Estatuto de Cataluña será visto en Comisión o a través de los trámites parlamentarios correspondientes en su momento. Por otro lado,
tampoco puedo defender la actuación del portavoz del Grupo Popular, porque más que hablar del informe del Defensor del Pueblo referido a 2006, ha hecho una mezcla de datos referentes a 2005, a 2006 y a la herencia que dejó en 2003 el Partido
Popular, y sobre todo hay algo que me ha sorprendido, y es que, oyéndole, parecía que se había convertido -valga la redundancia- en defensor y portavoz del Defensor del Pueblo. (Aplausos.) Yo creo que hay que ser más asépticos y limitarse a las
cifras, a los datos y a cuáles han sido las quejas más relevantes.
En este sentido, cualquiera de nosotros ha podido leer un dato que es importante resaltar, que es el aumento una vez más este año de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, exactamente un 37,1 por ciento, lo que pone de
manifiesto que los españoles somos cada vez más conscientes de los derechos que nos asisten y refleja la voluntad que existe de que esos derechos no sean lesionados. También llama la atención que de todas las quejas recibidas, que han sido
exactamente 39.750, el mayor número corresponda a las de índole colectiva, de agrupaciones o asociaciones, exactamente 25.648; 13.962 son de carácter individual y solamente 140 han correspondido a investigaciones impulsadas de oficio.
Es verdad
que ante datos fríos, ante estos datos que tenemos delante se pueden hacer pocas reflexiones o sacar pocas conclusiones, pero me voy a atrever a sacarlas. En primer lugar, el dato cuantitativo más elevado referente a las reclamaciones presentadas
por asociaciones o colectivos sociales pone de manifiesto que los españoles tenemos una idea cada vez más clara de las ventajas del asociacionismo en cualquiera de sus manifestaciones y sobre todo que resulta más positivo unir esfuerzos para
defender derechos comunes que se hayan visto lesionados. Por otro lado, el bajo número de las investigaciones de oficio -si bien no pueden ni deben ser achacadas a la institución, cuyo personal yo estoy segura que ejecuta con celo sus funciones y
cometidos- debe hacer reflexionar, no obstante, en torno a este dato y trabajar activamente para que dichas actuaciones se vean incrementadas, al igual que ocurre con las quejas que presentan los ciudadanos. Muchos y diversos son los temas de las
quejas a las que el Defensor del Pueblo se refiere en su informe. Yo solo voy a referirme, para no ser muy prolija, a algunos de los que considero más importantes o más relevantes, y lo hago porque esta Cámara no puede ser ajena a ellos. El
Defensor del Pueblo y esta Cámara, o estos diputados y diputadas, tenemos un cometido común que converge en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la resolución de los problemas que les aquejan, el Defensor del Pueblo a través de sus
recomendaciones y nosotros a través de la promulgación de iniciativas parlamentarias.
Respecto a la Función pública son muchas y variadas las recomendaciones presentadas, aunque su gran mayoría gira en torno a los sistemas de acceso y de traslados, a la sobrecarga de trabajo en determinados campos, por ejemplo la Seguridad
Social o instituciones penitenciarias por escasez de personal, y al mobbing o acoso en el puesto de trabajo. En este sentido, tenemos que destacar que el Gobierno de la nación y también esta Cámara, siendo conscientes de la problemática y de la
existencia de estas realidades, vienen trabajando con el fin de corregir las deficiencias que pudieran darse. De ahí que se esté elaborando el estatuto de la Función pública entre Gobierno y sectores implicados o la iniciativa aprobada por
unanimidad en este Parlamento sobre el mobbing laboral.
Nos habla igualmente en su informe de los problemas que aquejan a los centros penitenciarios, un tema recurrente año tras año, y de la existencia de nuevos delitos, de los que dan cuenta tanto su personal laboral como los internos de los
mismos, por ejemplo: del incremento del número de internos penados y preventivos, de la problemática que aqueja a los menores existentes en los centros de internamiento, del incremento de los delitos cometidos por bandas juveniles, del número de
suicidios que se producen en centros penitenciarios, etcétera. Sobre ello conviene recordar que el Gobierno de la nación, consciente de estas realidades también, ha trabajado y viene trabajando activamente para reducir dicha problemática, por
ejemplo mediante la creación de nuevos centros penitenciarios y de inserción social. Exactamente se encuentra en construcción cuatro centros, otros diez están previstos y nueve de inserción social entrarán en funcionamiento durante esta
legislatura. Por otro lado, la reforma de la Ley 5/2000, de responsabilidad penal de los menores, se encuentra en su última fase de tramitación y no hay un solo suicidio en un centro penitenciario que no sea investigado, tanto de manera interna
como por los servicios de inspección del propio Ministerio de Justicia.
Siguiendo con la Administración de Justicia, los ciudadanos se quejan una vez más de la tardanza en la celebración de los juicios o en la resolución de sus demandas, y esta percepción ya crónica y real ha llevado al Gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero a dedicar una gran cantidad de recursos económicos, exactamente para los próximos presupuestos un 10,5 por ciento de incremento. Este presupuesto va destinado fundamentalmente a aumentar el número de juzgados, de jueces y de
fiscales, así como para la creación de juzgados o secciones especiales para luchar, por ejemplo, contra el crimen organizado, los delitos urbanísticos o la violencia de género, esfuerzo que se pone de manifiesto en el propio informe del Defensor del
Pueblo.
Otro gran bloque de quejas lo constituyen las prestaciones de servicios sociales, especialmente referidas a las personas mayores, a las personas dependientes, a las ayudas y prestaciones que se contemplan, así como a los permisos por
maternidad, entre otros. Estas quejas y reclamaciones tienen un valor muy positivo, ya que nos indican que los ciudadanos tienen cada vez más claro que el Estado del bienestar constituye una piedra angular en los Estados democráticos y en los
Estados de derecho, ya que bajo el mismo se cobijan los derechos más importantes que nos asisten y que deben ser percibidos por todos contemplando una verdadera igualdad de oportunidades y desde la solidaridad con los que más lo necesitan. Dentro
de este apartado merece una mención especial la recién aprobada Ley para la autonomía personal, ante la que el Defensor del Pueblo y toda la ciudadanía de este país nos sentimos contentos y esperanzados, ya que la misma vendrá a resolver problemas
acuciantes que todavía sufren las personas dependientes, sus familias o cuidadores; ley que sin lugar a dudas marcará un hito histórico en este país y que servirá de referente para otros muchos. Por otro lado, cabe destacar la Ley de igualdad
entre hombres y mujeres, que ayer fue aprobada por unanimidad en Comisión, con la que se pretende eliminar las desigualdades reales y las discriminaciones por sexo que siguen existiendo, básicamente en el mundo laboral, por ejemplo en cuanto a las
diferencias entre las retribuciones de hombres y mujeres o la dificultad de estas últimas para acceder a puestos de alta responsabilidad y gestión. También se aborda el tema de los permisos por maternidad o paternidad, o los permisos de lactancia,
entre otros.
Finalmente, quiero hacer mención a un dato recogido en el informe que a todas luces me parece preocupante. Me refiero a la baja aceptación de las administraciones públicas de las recomendaciones vertidas por el Defensor del Pueblo; solo
son tenidas en cuenta, según el informe, en un 50 por ciento de los casos. La preocupación reside en que son dichas administraciones las que debieran estar más comprometidas con los administrados y más interesadas en conseguir que cada vez tengamos
unos servicios públicos de mayor calidad, más justos, eficaces y eficientes.
Voy concluyendo ya, señor presidente, no sin antes referirme a que varios de los bloques temáticos en los que se puede dividir el informe contienen una reclamación común a todos ellos, lo que los ciudadanos consideran trato diferencial entre
distintas comunidades autónomas ante idénticas situaciones o realidades. En este sentido y desde el respeto a las competencias que nos han sido atribuidas en cumplimiento del Estado de las autonomías, debería tenerse en cuenta esta realidad para
que, en la medida de lo posible y en el marco de las reuniones sectoriales o por cualquier otra vía existente, los distintos gobiernos autonómicos y el propio Gobierno central fueran capaces de salvar o paliar en la medida de lo posible estas
diferencias para que los ciudadanos tuvieran la percepción real de que no importa dónde residan para optar a los mismos derechos en condiciones similares.
Termino expresando nuevamente mi agradecimiento al Defensor del Pueblo y el agradecimiento en nombre de mi grupo por su comparecencia, en la creencia de que desde la colaboración entre las instituciones a las que pertenecemos será cada vez
más fácil y factible dar cumplimiento a lo que los ciudadanos nos demandan, ya que la resolución de sus problemas constituye la verdadera razón de ser tanto del Defensor del Pueblo como del Parlamento.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Holgado.
Sin más asunto que tratar, se suspende la sesión hasta mañana por la mañana, a las nueve horas.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.