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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 220, de 12/12/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 220
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 204
celebrada el martes, 12 de diciembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 11151)
Retirada del orden del día ... (Página 11151)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 117-1, de 17 de septiembre de 2004. (Número de
expediente 122/000101.) ... (Página 11151)
Modificación del orden del día ... (Página 11151)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 11151)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 165, de 4 de marzo de 2005.
(Número de
expediente 162/000275.) ... (Página 11152)
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la promoción del software libre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 428, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 162/000502.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 11164)
Prórroga de plazo ... (Página 11165)
Proposiciones no de Ley. (Votaciones.) ... (Página 11165)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la Jerarquía de la Iglesia Católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás
creencias religiosas respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto.
(Número de expediente 173/000165.) ... (Página 11165)
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo (Proyecto n.º 3). (Número de expediente 173/000166.) ...
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la situación del sector pesquero español, en concreto el gallego. (Número de expediente 173/000167.) ... (Página 11176)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno en relación con la exigencia de constituir una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de la Comunidad Autónoma Vasca, de la
Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco Francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el que quedaría integrada Navarra. (Número de expediente 173/000168.) ... (Página 11179)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 11151)
La Presidencia informa de que a petición del Parlamento autor de la iniciativa que figura como punto I del orden del día, correspondiente a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate
selectivo y la subvención de peajes, ha quedado pospuesto el debate relativo al punto de referencia.
Retirada del orden del día 11151
La Presidencia informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha retirado su proposición de ley, de modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, que figura como punto II del
orden del día.
Modificación del orden del día ... (Página 11151)
La Presidencia informa de que, a solicitud de la Junta de Portavoces, la presentación de la memoria del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2005, se celebrará el
próximo miércoles, después del turno de control, en lugar del jueves día 14, como inicialmente estaba previsto.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 11151)
Proposiciones no de ley ... (Página 11152)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes ...
(Página 11152)
Defiende la proposición no de ley la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que su grupo ha denunciado en numerosas ocasiones múltiples irregularidades en el voto de los residentes ausentes en diferentes procesos
electorales. Y no solo se ha referido a la deficiente elaboración y mantenimiento del censo de residentes ausentes, sino a la manipulación de votos, a la falta de transparencia de las administraciones en el exterior en época de campaña electoral y
al propio control de la campaña en el exterior por parte de la Administración electoral, lo que demuestra una total ausencia de garantías acerca del carácter libre, secreto y personal del voto que se emite desde el exterior. En su opinión es
evidente que la legislación electoral necesita una reforma en lo relativo al proceso de votación de los residentes en el exterior.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Sáenz Royo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la promoción del software libre ... (Página 11158)
Defiende la proposición no de ley la señora Muñoz Santamaría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Señala que su grupo se comprometió hace un año a presentar esta proposición no de ley, manifestando que el Grupo
Socialista apuesta por la libertad, por lo que se deben generar las condiciones que garanticen la libertad de opción y en concreto la libertad de elegir software. Las administraciones públicas deben actuar desde el principio de generar condiciones
de libertad de opción y elección entre la ciudadanía y los poderes públicos deben participar en la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación porque su desarrollo influye en el conjunto de la sociedad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Rodríguez Sánchez,
del Grupo Parlamentario Mixto y Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Modificación del orden del día ... (Página 11164)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las interpelaciones urgentes en el sentido de debatir en primer lugar el punto 35,
relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tras la cual se debatirán las correspondientes a los puntos 33 y 34 relativas, respectivamente, a las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y del Grupo Parlamentario Mixto, lo que se aprueba por asentimiento.
Prórroga de plazo ... (Página 11165)
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a
los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, para rendir informe hasta que finalice el próximo período de sesiones, lo que
se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley. (Votaciones.) ... (Página 11165)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, se aprueba por 177 votos a favor y 124 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la promoción del software libre, con las enmiendas transaccionales incorporadas, se aprueba por 299 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11165)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la Jerarquía de la Iglesia Católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás
creencias religiosas respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto ... (Página 11165)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Hermosín Bono, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Navarro Casillas.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo (Proyecto n.º 3) ... (Página 11171)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Huertas Vicente, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Beloki Guerra.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la situación del sector pesquero español, en concreto el gallego ... (Página 11176)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno en relación con la exigencia de constituir una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de la Comunidad Autónoma Vasca, de la
Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco Francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el que quedaría integrada Navarra ... (Página 11179)
Debido a la ausencia del diputado encargado de defender la moción, se da por decaída, sugiriendo la Presidencia que se debata en el Pleno de la semana próxima en forma de proposición no de ley.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la
autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto, con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por ocho votos a favor, 284 en
contra y nueve abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudeste europeo, con la incorporación de la enmienda transaccional
incorporada, se aprueba por 156 votos a favor, 145 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre la situación del sector pesquero español, en concreto el gallego, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, se aprueba por 177 votos a favor, dos en contra y 125 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al Pleno del martes 12 de diciembre de 2006.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
-DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DEL FONDO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN, EL RESCATE SELECTIVO Y LA SUBVENCIÓN DE PEAJES. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 125/000016.)
El señor PRESIDENTE: En primer término, un aviso a la Cámara. A petición del autor de la iniciativa que figura como punto I del orden del día, correspondiente a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, del fondo para la
homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes, ha quedado pospuesto el debate relativo al punto de referencia.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, REGULADORA DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 122/000101.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, comunico a la Cámara que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha retirado su proposición de ley, de modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, que figura
como punto II del orden del día, de forma que la sesión plenaria de esta tarde comenzará con el punto III, relativo a las proposiciones no de ley.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2005:
-INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2005. (Número de expediente 260/000003.)
El señor PRESIDENTE: Asimismo, hay otro nuevo cambio. La presentación de la memoria del Defensor del Pueblo, tal y como me había sido solicitado por la Junta de Portavoces, se celebrará el miércoles, después del turno de control.
Ruego que avisen a los señores diputados de estos cambios.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Conforme al artículo 20.1 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Ismael Bardisa Jordà, en sustitución de don Luis Gámir Casares, para prestar
juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor BARDISA JORDÀ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Ismael Bardisa Jordà ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena y bienvenido. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20.1 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don José Antonio Pérez Tapias, en sustitución de don Rafael Estrella Pedrola, para prestar juramento o promesa
de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor PÉREZ TAPIAS: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don José Antonio Pérez Tapias ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena y bienvenido. (Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA REFORMA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN DE LOS RESIDENTES AUSENTES.
(Número de expediente 162/000275.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, interviene doña María Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a lo largo de la pasada legislatura el Bloque Nacionalista Galego ha denunciado en numerosas ocasiones múltiples irregularidades que se venían cometiendo con el voto de los residentes ausentes en diferentes procesos electorales.
No solo se han referido a la deficiente elaboración y mantenimiento del censo de residentes ausentes, CERA, sino a la manipulación de votos, a la falta de transparencia de las administraciones en el exterior en época de campaña electoral, y al
propio control de la campaña en el exterior por parte de la Administración electoral, por citar la fenomenología más común. Todo ello demuestra una total ausencia de garantías acerca del carácter libre, secreto y personal del voto que se emite
desde el exterior, agravado por el continuo aumento de inscritos en el CERA, con lo que cada vez es más numerosa la bolsa de votos, sobre la que recaen más que fundadas sospechas de una emisión irregular e ilegal. En Galicia, señorías, tenemos una
serie de ejemplos que demuestran lo que decimos.
Concretamente, en el año 1989 se detectaron cientos de votos que venían en sobres con la misma letra o cientos de votos que venían en sobres con la misma dirección. En dichas elecciones, la mayoría
que salió fue condicionada por el voto emigrante, por lo que no es una cuestión baladí.
Del mismo modo que, puestos a hacer comparaciones o un seguimiento del censo de residentes ausentes en concellos pequeños -porque en grandes ciudades es mucho
más difícil por el número de personas inscritas-, se ha comprobado que personas que están inscritas en el municipio asimismo lo están en el CERA.
No vamos a hablar, señorías, de la cantidad de veces que se detecta que hay votos emitidos por personas que ya no están entre nosotros; es decir, votos de personas que ya murieron. Como he hecho mención al año 1989 y a otros ejemplos,
parecería que estuvieran ya desfasados en el tiempo, porque es cierto que en las diferentes juntas electorales, y concretamente a partir del gran escándalo del año 1989, se tomaron algunas medidas, pero también es verdad que nuestro grupo político
tuvo que poner en conocimiento de las autoridades y denunciar lo que aconteció en Nueva York en el año 2004, a raíz de las elecciones del 14 de marzo, con la utilización de centros de residentes ausentes, de centros de emigrantes o la contratación
de autobuses para llevar al consulado a votar. De Nueva York podríamos hablar muchísimo más de cómo se hacía el control del voto de los emigrantes o residentes ausentes, como se dice ahora.
Las denuncias formuladas no solamente por nuestro grupo -aunque tenemos que reconocer que en este caso nuestro grupo ha puesto muchas- han tenido eco en otras formaciones políticas, sindicales y organizaciones de emigrantes que también han
dado a conocer a la opinión pública hechos que afectan a la transparencia del proceso electoral en el exterior. Hay que recordar que los propios miembros de los consejos generales de la emigración sistemáticamente reclamaban al Estado una
modificación de la Loreg, justamente para controlar el voto de los residentes ausentes.
Recogiendo esta preocupación social, distintas entidades, asociaciones y grupos políticos tuvieron que tomar medidas en este sentido.
El Pleno del Congreso de los Diputados de 17 de octubre de 2000 coincidió unánimemente en la necesidad de promover las modificaciones legislativas necesarias de la Ley Electoral, con el fin de equiparar los procedimientos de ejercicio del
derecho de sufragio activo de los españoles residentes en el exterior con los previstos para los residentes en el territorio del Estado. Hay incluso noticias de medios de comunicación que dicen que el Ministerio del Interior anuncia la reforma del
voto emigrante, cuestión que a día de hoy no tenemos aún formulada, de ahí la necesidad de la propuesta que hacemos.
Señorías, existe una viva polémica en Galicia por la importancia creciente del CERA, proporcional a su imparable aumento, y la opinión coincidente de los grupos parlamentarios de la oposición sobre las irregularidades cometidas en el voto de
los residentes ausentes, que eran negadas sistemáticamente por el Gobierno de la Xunta de Galicia. Es verdad que ha habido modificaciones en la Xunta de Galicia y la oposición hoy es
Gobierno, pero hay que decir que al final de la legislatura pasada, siendo Gobierno el Partido Popular, el conselleiro de Emigración, en una comparecencia en sede parlamentaria y a petición propia, daba a conocer el cambio de opinión del
Gobierno gallego. No sabemos si es que estaba en cuestión perder las elecciones, pero ya en aquel momento el conselleiro de Emigración se sumaba a las denuncias de falta de control del proceso del voto de los residentes en el exterior, al
considerar que se pueden producir irregularidades que impidan el ejercicio libre y democrático del voto en venideros comicios electorales, y proponía la constitución de una comisión para controlar y garantizar el proceso de votación de los inscritos
en el CERA.
A la vista de lo que acabamos de exponer, es evidente que la vigente legislación electoral necesita una reforma en lo relativo al proceso de votación de los residentes en el exterior. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen
Electoral General, Loreg, contempla el voto por correo como única vía para que los electores residentes ausentes puedan ejercer el derecho al voto. Esa decisión es fruto del momento histórico en el que se fraguó la legislación electoral en el
Estado español, porque el número de electores del exterior era reducido y la participación era muy escasa. El apartado 6 del artículo 75 de la Loreg habilita ampliamente al Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, a regular los
criterios y limitar los supuestos de aplicación del procedimiento de voto por correo desde el exterior. El continuo goteo de denuncias sobre irregularidades en los envíos electorales que se repiten en cada proceso electoral -voy finalizando, señor
presidente-, que en muchos casos son de muy difícil corrección por parte de las juntas electorales, convierten en urgente la tarea de alterar el vigente régimen del voto de los residentes ausentes, con el fin de asegurar que la voluntad de los
electores inscritos en el censo de residentes ausentes se exprese en similares condiciones de libertad. Incluso podríamos argumentar mucho más, de acuerdo con lo que tenemos expuesto -valga la redundancia- en nuestra exposición de motivos, pero
pensamos que acabamos de dar suficientes razones como para que SS.SS. apoyen esta proposición no de ley que hoy presentamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, por un turno de cinco minutos cada uno, en primer lugar, intervendrá por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve en mi intervención. El voto de los residentes ausentes es una materia que ha sido reiterada en esta Cámara, y sobre la que la mayoría de los grupos parlamentarios nos hemos mostrado a favor de una mejor regulación que
afecte a infinidad de aspectos, pero en especial a la propia fiabilidad del CERA, del censo, y a la evitación de irregularidades, de manera que las condiciones de libertad y de emisión del voto tengan las mismas garantías que las de los otros
ciudadanos que sí están residiendo y están presentes en el territorio del Estado, y también para que el procedimiento de emisión del voto no esté lleno de cortapisas, sino más bien que se puedan ofrecer facilidades a la hora de poder emitir ese
voto. Estamos de acuerdo básicamente con la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, desde el Grupo Parlamentario Mixto. Nosotros entendemos que hay dos puntos de la proposición que sobrarían en el texto que va a ser
sometido a votación.
Por una parte, nos parece que el punto 5 es innecesario, y que puede abrir vías para que puedan producirse abusos por parte de la Administración General del Estado a la hora de establecer determinados mecanismos de control y,
por otra parte, en el punto 7 consideramos que es mejor no establecer el voto rogado para todos los procesos electorales, porque el objetivo debe ser facilitar lo más posible la emisión del voto y también invitar a los electores a que lo hagan; por
eso pensamos que esta mención que se hace en el punto número 7 no es necesaria, sino todo lo contrario. En cualquier caso, ha llegado a nuestro conocimiento que parece que hay una posibilidad muy avanzada de enmienda transaccional con una enmienda
planteada por algún otro grupo, aunque nosotros en estos momentos la desconocemos y, por tanto, no puedo señalar cuál va a ser nuestra posición final, pero siempre que podamos encontrar un consenso en cuanto a arbitrar mecanismos para la mejora del
voto de residentes ausentes contará con la posición favorable del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señora Sáenz, Grupo Parlamentario Socialista.
La señora SÁENZ ROYO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quizá por pertenecer a una generación que no participó ni directa ni indirectamente en la elaboración de la Constitución, es decir, que no fue constituyente, sino constituida, porque fue una generación que no conoció el régimen
franquista y a la que los principios y valores democráticos le resultan naturales, me parece que este debate de hoy es más propio de nuestra historia constitucional que de nuestro presente democrático. Parece que cuando hablamos de manipulación de
voto o de falseamiento electoral estamos repasando nuestro siglo XIX y buena parte del siglo XX, leyendo a Joaquín Costa con su Oligarquía y Caciquismo o simplemente escuchando la ironía del profesor de historia de turno al recordar las palabras que
un joven impetuoso ministro de Información y Turismo franquista decía allá por el año 1967, con ocasión de algún
referéndum, palabras que repito: Excelencia, si no sonara irreverente, habría que decir que hasta los muertos se han puesto de pie para votar.
Pero no es de historia de lo que tratamos hoy aquí. Hoy, en pleno siglo XXI, hablamos de que
más de un millón de españoles que viven en el exterior ven restringido o manipulado su derecho fundamental al voto: restringido, porque muchos votos no se llegan a computar, por un problema de plazos; y manipulado, por carecer de las necesarias
garantías que requiere el voto por correspondencia. Estamos hoy hablando aquí del derecho fundamental al voto y de la limpieza de los procesos electorales, asuntos ambos de capital importancia en todo sistema democrático, y sobre los que los
ciudadanos no deben albergar ninguna duda acerca del compromiso de todas las fuerzas políticas con las reglas del juego democráticas.
El pasado 30 de noviembre aprobamos en esta Cámara una ley importantísima que estaba dirigida a garantizar a los españoles en el exterior sus derechos y deberes, en igualdad de condiciones con los residentes en España y, por lo que aquí
respecta, el artículo 4.5 de esta ley preveía la inclusión del voto en urna en los procesos electorales en el exterior.
Esta inclusión era una reivindicación histórica y supone, por tanto, una gran conquista, pero hay que reconocer que los procesos
electorales en el exterior, a día de hoy, hasta que no se desarrolle el voto electrónico, seguirán girando en torno al voto por correspondencia.
La enmienda que defiendo hoy aquí está dirigida a resolver los problemas que rodean este voto, y recoge gran parte de las propuestas de la proposición no de ley original presentada por el Bloque Nacionalista Galego, que además incluye las
premisas sobre las que se sustenta el compromiso que a este respecto ha adquirido el Gobierno. En primer lugar, esta enmienda insta al Gobierno a resolver el problema legal, es decir, a promover una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General dirigida a modificar los plazos y, en su caso, previo consenso con las fuerzas parlamentarias, a promover la introducción en todos los procesos electorales en el exterior del voto rogado. Esta introducción exigiría, como bien señala el
texto de la enmienda de sustitución, el consenso de todos los grupos parlamentarios puesto que, como bien ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, el voto rogado daría más garantía pero a la vez también reduciría considerablemente la
participación de los españoles en el exterior, y eso es un punto a considerar. En segundo lugar, se insta al Gobierno a resolver el problema de la aplicación de la ley, el problema de la transparencia y la tendencia al fraude y suplantación de
votos para que adopte convenios con los servicios postales de los países de residencia, de manera que se consiga tener un mayor control para lograr una identificación personal a la hora de mandar la documentación de las papeletas, de manera similar
a como se hace en España el voto por correspondencia, así como un mayor control de los sacos postales. En tercer lugar, se insta al Gobierno a profundizar en el uso de las nuevas tecnologías, que es la verdadera alternativa de futuro al voto por
correspondencia y la que solucionaría muchos de los problemas que nos planteamos hoy aquí. Y finalmente, se insta al Gobierno a seguir con los trabajos de actualización y depuración del censo, que recibieron un gran impulso a raíz de una moción del
Senado de 2001, que hoy permiten señalar que en ningún otro país como en España se dispone de un censo electoral de residentes en el extranjero tan completo como el que tenemos hoy aquí.
Termino, señor presidente, señalando que espero que se apruebe hoy esta iniciativa por todos los grupos parlamentarios, porque significa reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con las reglas de juego también en el exterior.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sáenz.
Fijación de posiciones.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente, a expensas de cuál sea el acuerdo al que finalmente llegue en este caso el BNG con el resto de los grupos parlamentarios, pero tengo que decirles que esta es una discusión recurrente en
esta Cámara, que se ha producido en esta y en otras legislaturas. Quisiera recordar aquí una proposición no del ley del Grupo Socialista aprobada por unanimidad, por la que se instaba al Gobierno a estudiar las posibilidades de mejorar las
condiciones en el ejercicio del derecho de sufragio activo por parte de nacionales temporalmente ausentes. Proposición no de ley que se aprobó por unanimidad y que instaba al Gobierno a estudiar sus medidas. Hay que decir que, a día de hoy, estas
medidas se siguen estudiando. Y se siguen estudiando a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales.
Por tanto, creo que sería positivo, oportuno, políticamente correcto y aconsejable que se dejasen de estudiar y que las medidas se
aprobasen. Lo cierto es que estamos en un cuello de botella en la Comisión Constitucional en esta materia y también en otras. Les podría poner el ejemplo del voto de las personas invidentes; se garantiza la privacidad en el derecho de voto de las
personas invidentes a partir de una proposición de ley que presentó nuestro grupo parlamentario, pero que está atascada en la Comisión Constitucional. Por tanto, entendemos que esta proposición no de ley es oportuna porque lo que le dice al
Gobierno, si me permiten la expresión, es que se ponga las pilas a muy poquitos meses de elecciones municipales y autonómicas en una gran parte del territorio del Estado. Segundo elemento. Nosotros creemos que a esta proposición deberíamos
incorporarle otras
medidas como, por ejemplo, garantizar explícitamente que se establezca un sistema de voto en las embajadas y consulados españoles en el exterior, como criterio general, al igual que hacen ciudadanos del resto de países en España. Hemos
asistido a las elecciones ecuatorianas, venezolanas o de multitud de países donde los residentes de esos países podían votar en sus embajadas. Nosotros entendemos que debería haber un mandato específico en ese sentido. Es más, creemos que el voto
por correo debería ser exactamente idéntico al voto por correo que se realiza hoy en España, ¿por qué no? ¿Por qué no exigimos las mismas condiciones? Entendemos que este debería ser también un mandato. Creemos que la Junta Electoral Central
debería informar de la cuestión y que el Congreso debería mandatar a la junta que informase, y también deberíamos intentar implementar medidas nuevas, que necesitan las modificaciones oportunas en la Loreg, para que no se exija exclusivamente el
voto mediante papeleta.
Hoy en Brasil el voto electrónico es posible. Si en Brasil es posible, ¿por qué no lo es hoy aquí, o por qué no lo es para los ciudadanos españoles que viven en el extranjero? Pues bien, estas son medidas que nosotros
entendemos que, si finalmente hay una transacción, se deberían incorporar. Pero sobre todo entendemos que en esta transacción se debería mandatar al Gobierno para que haga las modificaciones oportunas en la Loreg y que no continúe pasando lo que ha
pasado. Tenemos experiencias múltiples. Casos que los diferentes grupos parlamentarios, el Partido Socialista, nuestro grupo parlamentario, el BNG hemos denunciado ante la Junta Electoral Central por lo que ha pasado en otras ocasiones en Galicia
o lo que pasó en Formentera o en Ibiza en las elecciones en Baleares. Son elementos que se han denunciado de forma reiterada. Pues bien, ante tanta denuncia, entendemos que el Gobierno lo que tiene que hacer es responder de forma positiva.
Por último, quiero decir que vamos a apoyar esta iniciativa, pero queremos que el Gobierno cumpla. Voy a introducir una reflexión: aparte del derecho de voto de los españoles en el extranjero, deberíamos pensar en cómo y quién debe ejercer
ese derecho de voto. Estamos en el momento de reflexionar que ese ejercicio del derecho de voto tiene que ir asociado a la nacionalidad, pero en los tiempos que corren, en el mundo globalizado que tenemos, es hora de pensar que el derecho de voto
especialmente tiene que ir asociado a la residencia. Este es un debate que va más allá de lo que estamos discutiendo hoy, pero tiene mucho que ver en cómo se conforman las voluntades, en cómo se conforma la soberanía y que la soberanía la deciden
quienes pagan impuestos, quienes viven en una comunidad, en definitiva quienes construyen una sociedad. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera. Tiene la palabra el señor Cerdá, por Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, todos sabemos que, según los datos oficiales, el incremento de residentes ausentes inscritos en el extranjero en distintos territorios ha ido en ascenso, incluso se ha multiplicado en cada
elección respecto a la anterior, aunque en ningún caso en porcentajes tan importantes como en el caso de Galicia. En el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entendemos que no cabe dudar, no debe haber ninguna sombra de manipulación durante
los procesos electorales. Deben ser procesos democráticos nítidos y transparentes. Nos consta que el Gobierno español, a partir de una moción aprobada por el Senado, el 16 de mayo de 2001, en la que se instaba a realizar una evaluación en un plazo
de seis meses sobre el funcionamiento del censo electoral a residentes ausentes, el CERA, y la participación en los procesos electorales de las personas inscritas en el mismo, ha remitido la información sobre las actuaciones especiales realizadas,
entre las que destacan la regulación, la depuración y la actualización de los datos contenidos en el citado registro. Pero es necesario, a nuestro entender, regular correctamente y homogeneizar el procedimiento electoral de residentes ausentes con
el sistema electoral que se aplica en el territorio del Estado español. Se ha incrementado notablemente el número de personas, y deben establecerse todos los mecanismos necesarios que permitan una correcta identificación de las personas que ejercen
su derecho a voto en el extranjero, de manera que no quepa ninguna duda y no se dé opción a ninguna sospecha, ni en Galicia, ni en las Islas Baleares, ni en ningún otro territorio. Asimismo, el pasado 22 de marzo de 2005, el Congreso de los
Diputados acordó crear una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que, tras analizar en detalle la Ley orgánica del régimen electoral general, elabore, en un plazo no superior a un año, un informe sobre las necesarias modificaciones en
aras de facilitar el derecho al sufragio de los ciudadanos. En la misma proposición no de ley se aprobó que en el estudio se incluiría la homogeneización de los procedimientos y plazos electorales de los electores residentes o ausentes, de manera
que dé suficiente tiempo para que se puedan computar los votos emitidos por correo. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado ante esta Cámara una proposición de ley de reforma de la Ley orgánica del régimen electoral general a la que nosotros
votamos favorablemente. Esta proposición de ley fue rechazada en aquel caso. Pero como hemos señalado, las Cortes Generales ya han aprobado distintos mandatos en el sentido que se nos propone. Es el momento, como decía el diputado Herrera, de los
hechos; es el momento de llegar a acuerdos y llevarlos a la práctica. Hemos visto demasiadas declaraciones de buenas intenciones y pocas
realidades efectivas. Por ello, todos los grupos parlamentarios coincidimos en la necesidad de modificar y dotar de mayores garantías a los procesos electorales de los residentes ausentes en el extranjero.
Quizá es posible que los medios
electrónicos, el voto electrónico con documento de identificación digital pueda ser una solución específica respecto al proceso electoral de los residentes ausentes, tal como propone el punto cuatro de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Estudiemos y lleguemos a acuerdos sobre las distintas propuestas, y cumplamos, sobre todo cumplamos con las resoluciones que se aprueben con la eficacia y la celeridad debidas, y sobre todo en cuestiones como esta donde están relacionados derechos
civiles y políticos, y, en definitiva, la mejora de la calidad democrática de nuestro Estado. Votaremos, por tanto, favorablemente lo que parece ya un acuerdo entre el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, concretamente por el Bloque Nacionalista Galego. Quiero recordar
que esta es una iniciativa que el Bloque Nacionalista Galego viene trayendo a discusión en las Cortes Generales de forma absolutamente oportuna y desde hace unos cuantos años.
Concretamente quien les habla tuvo ocasión de conocer esta problemática
por primera vez en la anterior legislatura en el Senado, cuando el actual vicepresidente de la Xunta de Galicia, don Anxo Quintana, era senador, llevó este tema a discusión y a raíz de la iniciativa del citado senador se constituyó una comisión de
estudio sobre la necesidad evidente de mejora del CERA para lo que afecta a todos los residentes ausentes, sean de Galicia o de otras comunidades autónomas del conjunto del Estado español. En aquel momento ya se veía claramente que había algunos
déficits importantes en cuanto a la participación y el ejercicio del voto por parte de los votantes ausentes. Creo que no podemos decir, como se ha hecho hace un momento, que la actual regulación supone incluso que está restringido el derecho
fundamental al voto. Me parece que simplemente nos encontramos ante una situación de regulación muy insuficiente y en muchas dimensiones ante una realidad poco regular en cuanto a la propia propaganda electoral y a la forma de desarrollarla en esta
esfera o en esta bolsa creciente de votantes que son los ciudadanos residentes en el exterior, en la forma de hacer la propaganda, en la forma institucional, a veces subliminal, de hacerla, que se denuncia claramente en el caso de cualquier junta
electoral provincial y que en cambio no tiene los órganos oportunos de denuncia en el caso del desarrollo de esa propaganda en el exterior, y también ante una mejora de los mecanismos a la hora de votar.
Parece del todo obvio que se tienen que
mejorar algunos aspectos.
Permítanme que solo destaque los más evidentes. Cuando el Bloque Nacionalista Galego propone que no se pueda votar más allá de las ocho de la tarde, hora de cierre de los colegios electorales, hora peninsular, una hora
menos en Canarias -no sé si algún día en Galicia-, parece absolutamente evidente, señorías, que en otra parte del planeta una persona no pueda votar conociendo las primeras encuestas de resultados que salen por la televisión en este mundo
globalizado al que hacía referencia el señor Herrera. También es evidente que debemos establecer un sistema notablemente más garantista en cuanto a los servicios de Correos y a la homologación y equiparación de los criterios en cuanto a los mismos.
El texto inicial alude a los diez países con el mayor número de votantes, pero hay países con un servicio de Correos absolutamente privatizado; por cierto, la Unión Europea invita a los Estados miembros a liberalizar el servicio de Correos,
liberalización que, de acuerdo con dicha recomendación, el Gobierno español no está cumpliendo. Pero sé que también es necesaria esta igualación de criterios en cuanto al servicio de Correos de otros países.
Debemos tener muy presente que la realidad de los residentes ausentes, de los residentes en el exterior es creciente y que, además, en este mundo más fluido y más globalizado no es creciente solo en lo que se refiere a aquellas personas que
se desplazan para ir a vivir durante años o durante medio año a otra parte del mundo, sino respecto a aquellas personas que se desplazan para un período más corto y que a veces se encuentran con la dificultad de no poder votar ni allí, porque no
están inscritos como residentes ausentes, ni tampoco en su demarcación habitual. Este es un tema para la reflexión que evidentemente se nos escapa más allá de lo que se nos plantea hoy.
La diputada señora Sáenz nos invitaba a la reflexión sobre el voto rogado para todo tipo de elecciones. Permítanme que en una primera lectura de esta reflexión por consenso a la que nos invitaba la diputada Sáenz exprese las dudas de este
grupo parlamentario, porque seguramente, como ya apuntaba la propia diputada, esto rebajaría notablemente el número de votantes, aunque quizá garantizaría, no sé si necesariamente, más seguridad jurídica en el proceso de votación.
Finalmente, no conocemos aún el texto transaccionado con el Grupo Socialista. Deseamos participar de este consenso, pero a la espera de conocer el texto resultante y con el mejor ánimo de votar favorablemente, haré una última reflexión
dirigida a todos los grupos que eventualmente votemos favorablemente. Esta proposición no de ley mandata al Gobierno para modificar la Ley Electoral y, como muy bien saben sus señorías, una modificación de una ley importante como es la Ley
Electoral requiere su tiempo. Prácticamente,
queda un año de legislatura, si la legislatura se completa en los cuatros años, tal y como siempre es deseable. Debemos tener una presencia especialmente vigilante para que esta modificación se pueda desarrollar durante la presente
legislatura, con lo cual tendremos que hacer un seguimiento para que lo que parecía imposible, que los muertos también votan, como pudimos comprobar en la anterior legislatura en el Senado, deje de ser una excepción para ser algo absolutamente
imposible en una democracia avanzada como debe ser la nuestra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Popular, señor Vera, por favor.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
Si hay una iniciativa recurrente por parte de los representantes del Bloque Nacionalista Gallego, es precisamente esta que se refiere a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes. Ni siquiera soy capaz de recordar todas
las veces que nos hemos visto en esta tribuna obligados a tratar este asunto en las últimas legislaturas. En cualquier caso, señora Fernández, en todas las iniciativas de su grupo sobre este asunto hay algo que me disgusta profundamente y es la
forma en que suelen ustedes plantearlo, y no me refiero solo a su intervención de esta tarde sino a la exposición de motivos de su proposición. La parte dispositiva es más o menos discutible, pero lo que no nos parece presentable es que siempre que
hablan del voto de los residentes ausentes lo hacen partiendo de irregularidades, de manipulación de votos, de falta de transparencia en las administraciones, de la total ausencia de garantías acerca del carácter libre, secreto y personal del voto
que se emite desde el exterior, y nunca aporten ustedes ni la más mínima prueba sobre estas afirmaciones. Eso, señora Fernández, no es de recibo. ¿No se dan ustedes cuenta de que los españoles residentes en el extranjero están hartos de que
ustedes les cuestionen siempre la legalidad de su voto y de que se introduzcan dudas sobre la transparencia del mismo? Deberían ustedes hablar con el Consejo General de la Emigración y verán lo que les dice.
Pero no voy a agotar mi tiempo con esta
queja, porque además estoy seguro de que los representantes del Bloque Nacionalista Gallego volverán a decir lo mismo cada vez que hablen de este asunto.
Salvando estas consideraciones, señor presidente, respecto de la parte dispositiva de la proposición no de ley, desde el Grupo Popular siempre hemos sido favorables a cuantas reformas supongan una mejora en los procedimientos y un aumento en
las garantías del derecho de sufragio. Por eso, en principio, podemos compartir cualquier medida que vaya dirigida a ese objetivo, como son, por ejemplo, los puntos 1, 2, 4, 6 y 9 contenidos en la proposición no de ley, incluso algunos más y otros
que podrían añadirse, pero en ningún caso el que se refiere al sistema rogado, igual que lo ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y el propio señor Xuclà en la última intervención. Pretender que el voto por correo sea un
procedimiento excepcional y rogado cuando ahora es el procedimiento habitual previsto por la ley no nos parece razonable.
Volver a un sistema de voto rogado sería un retroceso que mi grupo parlamentario no comparte, como ya hemos dicho en numerosas
ocasiones, y convertir, por otro lado, el voto por correo en un procedimiento excepcional sería, de hecho, impedir el ejercicio de voto a buena parte de los españoles que residen en el extranjero. Nosotros compartimos el objetivo de mejorar el
procedimiento de voto de los españoles en el exterior, pero una cosa es mejorar y otra muy distinta limitar o restringir esos derechos, y eso no lo compartimos.
En definitiva, lo que no se puede hacer es crear o extender una sospecha generalizada, un supuesto fraude institucionalizado sobre el voto de los residentes en el exterior para justificar esta iniciativa sin aportar luego ninguna prueba, ni
una sola sentencia de los tribunales ni una sola resolución de las juntas electorales que pudieran avalar la necesidad de esta reforma basándose en esas consideraciones. Por esta razón, unida a nuestra oposición a que se implante con carácter
general el voto rogado para los españoles residentes en el exterior, votaremos en contra no solo de la proposición no de ley que hoy debatimos sino también de la enmienda del Grupo Socialista. Lo hacemos por un ejercicio de responsabilidad y por
coherencia. Señorías, lo cierto y verdad es que esta proposición debería haberse incorporado junto a otros muchos asuntos -algunos de los cuales han sido apuntados por el señor Xuclà- a los trabajos de aquella subcomisión que todos los grupos
estábamos de acuerdo en constituir en el seno de la Comisión Constitucional para estudiar y analizar todas y cada una de las diferentes propuestas sobre posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pero que finalmente no salió
adelante por la pretensión de su grupo, señora Sáenz, de que ese análisis fuera parcial y de que determinadas iniciativas de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General tuvieran una tramitación paralela.
Si alguna vez somos capaces de
ponernos de acuerdo para constituir esta subcomisión, lleven todos ustedes allí estas propuestas. El Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a discutirlas y a valorarlas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Señora Fernández, respecto a las enmiendas, la posición de su grupo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, vamos a aceptar la enmienda que nos propone el Grupo Socialista porque recoge aquellos asuntos de nuestra propuesta que, desde nuestro punto
de vista, son más interesantes. Reconocemos como muy positivo que en el día de hoy se apruebe una propuesta en el mismo sentido que el de la proposición no de ley que presentábamos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL SOFTWARE LIBRE. (Número de expediente 162/000502.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la promoción del software libre. Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene en un
turno de siete minutos la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, presidente.
Debatimos la proposición no de ley del Grupo Socialista de promoción del software libre que mi grupo se comprometió a presentar hace un año en este Parlamento. Para empezar quería afirmar que el Grupo Socialista apuesta por la libertad.
Debemos generar condiciones para garantizar la libertad de opción y en concreto la libertad de elegir software. Nuestra posición global queda clara en los dos primeros puntos de esta propuesta: un principio de política global, las administraciones
públicas deben actuar desde el principio de generar condiciones de libertad de opción y elección entre la ciudadanía, y respecto a la adquisición de software se irá a la mejor opción. No estamos por la imposición por ley de ningún software, pero sí
de que se generen condiciones de libertad de opción entre las personas. Los poderes públicos deben participar en la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, porque su desarrollo influye en el conjunto de la sociedad. La
llamada sociedad del conocimiento no es la sociedad del futuro, es la sociedad del presente.
Por tanto, desde los poderes públicos -y más desde una opción de izquierdas- se ha de definir qué modelo de sociedad queremos y cómo influimos en su
desarrollo. Debemos implicarnos para que las tecnologías de la información y la comunicación surjan en beneficio del conjunto de la sociedad y en este sentido y bajo esta reflexión valoramos muy positivamente fenómenos como el software libre y los
estándares abiertos, que son fruto de la organización, la colaboración y la dedicación de miles de personas.
Internet -la red que posibilita la llamada globalización y la sociedad del conocimiento- tiene una serie de características como que es una red plana, todos los puntos son iguales y tienen el mismo peso, lo que permite generar condiciones
para el conjunto de la ciudadanía de igualdad de oportunidades. Internet posibilita modelos de crecimiento basados en compartir el conocimiento y su acceso a todas las personas. Debemos empezar a hablar del derecho a acceder al conocimiento. Un
buen ejemplo de esto es la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia hecha de manera colectiva por millones de personas del mundo que colaboran y contribuyen a recopilar contenidos y que los distribuyen después libremente y ya es el principal
referente del sector educativo. Precisamente, al presentar esta proposición, hemos querido reconocer la Wikipedia como una enciclopedia de referencia. Esta es la primera iniciativa que se presenta en el Parlamento cuyo texto recoge una definición
de la Wikipedia. Pues bien, si nos planteamos qué modelo de sociedad del conocimiento queremos, la utilización del software libre y el código abierto aporta una serie de ventajas a la sociedad y por eso queremos promoverlo. Realizaré un rápido
repaso de sus ventajas: optimización del coste de acceso, ya que no tiene licencias, el fomento de la innovación tecnológica -al disponer del código, cualquier técnico puede desarrollar mejoras-, la independencia del proveedor o la seguridad y la
privacidad, ya que nos genera confianza por su transparencia. También facilita el fomento de las lenguas propias -es más fácil disponer de versiones en lenguas minoritarias porque cualquiera puede traducir sus menús-.
El Gobierno socialista ya ha promovido el software libre en estos años.
Hemos realizado un cierto avance en esta materia. Una de las primeras actuaciones del entonces ministro señor Montilla fue votar no a la propuesta de patentes en
Europa en mayo de 2004. El Ministerio de Administraciones Públicas aprobó la propuesta de recomendaciones de la Administración General del Estado sobre software libre y fuentes abiertas en mayo de 2005 y se ha puesto en marcha el Centro nacional de
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Según Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, nace con la intención de situar a España como referencia en el ámbito de las tecnologías basadas en el software de
fuentes abiertas. Por esto, porque ya hemos empezado a trabajar, la proposición insta al Gobierno a profundizar y a incidir en algunas políticas, así como a poner en marcha otras.
¿Qué criterios políticos indica esta propuesta que debe seguir el Gobierno respecto al software libre? El primero, un principio general: actuar desde el principio de generar libertad de opción, y el segundo, respecto a la adquisición de
software por parte de la Administración, aplicaremos una serie de criterios: idoneidad, seguridad, interoperabilidad tecnológica, así como la racionalidad técnica y económica. Al fijar nuestra posición política hemos intentado huir del término
neutralidad tecnológica y explicaré por qué. Fundamentalmente es por dos razones: porque hemos encontrado hasta tres definiciones distintas que representan posturas diferentes bajo este nombre y preferíamos explicar claramente nuestra posición,
que está en el punto 2, y
porque el Grupo Socialista no es neutro sobre el desarrollo de la sociedad del conocimiento. No creemos que los gobiernos deban mantenerse al margen, creemos que deben impulsar y desarrollar la sociedad del conocimiento, aquella que incluya
y beneficie al máximo de personas.
También quiero decir que consideramos legítimas las posturas de los diferentes grupos y sectores que generan opinión al respecto -de AETI, de Hispalinux, de Software Català, de algunas grandes multinacionales- y
quiero agradecer todas sus aportaciones, pero también quiero afirmar que a la hora de redactar y presentar esta proposición hemos priorizado un concepto. En esta iniciativa hemos primado la política que más interesa al conjunto de la ciudadanía y
pasaré ya a una serie de contenidos más concretos de la proposición no de ley. Son fomentar y garantizar el impulso y adopción de estándares abiertos desde la Administración del Estado porque son la única garantía de que la ciudadanía y las
empresas puedan comunicarse electrónicamente con la Administración sin que ninguna de las dos partes esté obligada a utilizar un determinado hardware o software. O, por ejemplo, que el Gobierno deberá establecer políticas que favorezcan la
industria y el desarrollo del software libre y el código abierto, políticas activas de promoción del mismo, y además creo que no tiene que haber ninguna inquietud en este tema, hay espacio e inversión para todos. Lo que España necesita son más
proyectos innovadores y más desarrollo de la industria local. Hay dos iniciativas del MAP que se deben apoyar y la proposición también incluye una novedad que se recoge en el punto 7: todo concurso o compra de software debe evaluar tanto las
soluciones de software libre como las de software propietario. Por tanto haremos que la industria no nos lleve a siempre adoptar un tipo de software sino que elijamos la mejor opción. Estamos hablando de derechos de ciudadanía. El ciudadano y la
ciudadana deben relacionarse en igualdad de oportunidades con las administraciones públicas independientemente del software que utilicen. Además debemos formar a ciudadanos y ciudadanas en tratamientos de textos, en navegar en Internet y en
realizar cálculos generando así usuarios de software maduros, preparados para cualquier marca o versión.
Quiero acabar agradeciendo a todos los grupos la capacidad de diálogo, porque hemos podido llegar a unas transacciones de gran consenso y eso es muy importante para el software libre, y realizaré una última reflexión muy corta y más
política. En esta etapa de Gobierno socialista hemos ampliado derechos de ciudadanía: el matrimonio de las personas del mismo sexo o la Ley integral contra la violencia de género son ejemplos de ello. En esta misma línea de derechos de ciudadanía
debemos garantizar el derecho a escoger software y que elegir un software no te discrimine ante la Administración, porque tenemos que desarrollar una sociedad del conocimiento que permita acceder y compartirlo, que permita generar innovación y que
mejore la calidad democrática.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley interviene en primer lugar, en un turno de cinco minutos, el señor Herrera, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Coincido con la señora Muñoz en que esta debería ser una legislatura para ampliar derechos, para ampliar derechos de ciudadanía, y lo que digo es que esta proposición no de ley nos parece bien, pero podríamos llevar un año de ventaja. Hace
un año se discutía en esta misma Cámara una proposición de ley de nuestro grupo y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que hablaba del software libre. Coincidimos con todas las reflexiones que hoy ha hecho la señora Muñoz, pero si hace
un año hubiésemos aprobado la admisión a trámite de aquella proposición de ley, no estaríamos hablando hoy de un mandato genérico que viene determinado por una proposición no de ley sino de uno que viene determinado por una ley de obligado
cumplimiento, y una ley de obligado cumplimiento que no se ubicaría en el terreno de la neutralidad. Lo cierto es que llevamos años de retraso, especialmente a partir del año 1996 cuando el Partido Popular accedió al poder, cuando se abandonaba la
estrategia de los sistemas abiertos para poder tomar rápidamente el control y desmontar una herencia del Gobierno que en esta materia había hecho algunas cosas bien, y se decidió que fuesen directores generales quienes determinasen en cada momento
qué sistema se impulsaba. El resultado hoy, dos años y medio después del inicio de la legislatura, es que somos más dependientes desde el punto de vista tecnológico del software propietario que lo éramos en el año 1996 y esa no es una buena
noticia, y no son datos de nuestro grupo parlamentario, son datos absolutamente contrastados. ¿Qué decimos nosotros? Que hay que hacer una apuesta decidida por el software libre, que no hay que adoptar un papel de neutralidad y que hoy esa apuesta
va de la mano de esta proposición no de ley, pero debería ir de la mano de una propuesta mucho más decidida. Los motivos ustedes los conocen, los expusimos en el debate de hace un año: hay que seguir esa opción porque es mucho más económica para
los elementos que reivindicamos de liderazgo del Gobierno, de este y de otros gobiernos, que se ha realizado a lo largo y ancho de Europa: en Alemania, en Francia, en Noruega, pero también en países como Brasil o Perú. Nosotros entendemos que hay
un motivo económico. El impulso y el desarrollo de este software libre podría ahorrar a la Administración Central del Estado más de 300 millones de euros. Al elemento de liderazgo y al de economía
hay que sumarle otro, el elemento de la seguridad, y hoy de todos es conocido que en el caso del software propietario existen puertas traseras por las que colarse en los sistemas, en los de los particulares pero también en los de ministerios
como el de Exteriores, Interior, Defensa o Presidencia y por tanto no es aconsejable ni razonable adoptar una actitud de neutralidad. Además, entendemos que en un Estado plurilingüe como el nuestro el software libre es una opción política, porque
precisamente se garantiza el hecho de que lenguas como el catalán, el gallego o el euskera existan en el mundo del software y sean una realidad. Por eso decíamos hace un año que el mejor instrumento para que el Gobierno avanzase era una ley, una
ley que no mandatara de una forma genérica al Gobierno, sino que comprometiera -y lo hiciera de verdad- a este y a posteriores gobiernos, porque entendemos que necesitamos una política decidida y activa, pero que no dé un mandato genérico, sino que
haga que esa opción por la libertad, por que las personas puedan elegir sea garantizada y sea una realidad.
Estamos contentos de que hoy el Grupo Socialista haya presentado esta proposición no de ley, pero dar poder a los ciudadanos, para empoderar a los ciudadanos es necesaria una acción aún más decidida. No es una cuestión de libertad, como
decía también la señora Muñoz, sino que es una cuestión de generar condiciones de libertad, y hoy el hecho de que en el mercado puedan competir libremente software libre y software propietario no significa generar condiciones de libertad, porque eso
significa, como ha reconocido la Unión Europea, como decíamos en el anterior debate de hace un año, que quien parte con ventaja es el software propietario. Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
va a apoyar, como no podía ser de otra manera, la proposición no de ley, pero decimos que hoy hace falta un compromiso más allá de esa proposición, que hacen falta políticas mucho más activas y que no perdamos el tiempo, porque en materia de
software libre muchos países de nuestro entorno nos llevan ventaja. En cualquier caso, como dice el poeta, como dice un vecino de mi barrio, Manolo García, nunca el tiempo es perdido, y lo que esperamos es que aunque sea con mandatos excesivamente
genéricos comparados con la proposición de ley que presentábamos nosotros y que presentaba también Esquerra, se consiga avanzar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Echániz, por favor.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, saludamos esta iniciativa, resultado del compromiso que adquirió la diputada Muñoz Santamaría hace justo ahora un año cuando la gran mayoría de esta Cámara rechazó dos proposiciones de ley sobre esta misma materia que abogaban por
la imposición de un tipo de software y por la exclusión de otro. Este es un debate presente en esta Cámara desde hace algunos años, al menos desde el año 2002, y en todas estas reiteradas ocasiones el Grupo Parlamentario Popular ha tenido la
oportunidad de poner de manifiesto cuál es su posición en este terreno, posición que es evidentemente coherente con nuestra firme defensa de la libertad, en este caso de la libertad de elección de software por parte de la Administración, de las
empresas y de todos los ciudadanos, y con la realidad que significa en este momento la extensión del software libre en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Creemos, por tanto, en la libertad y en la neutralidad, sí, de la Administración
en esta materia y estamos en contra del dirigismo tecnológico limitador, intervencionista y discriminatorio porque creemos que es ineficaz y además contraproducente. Señorías, abogamos por la libertad de elección de software que mejor se adapte a
las necesidades concretas de cada Administración y a los gustos también en cuanto al modelo, a la licencia o a la infraestructura tecnológica, ya sea patentada, ya sea híbrida o de código abierto que garantice, eso sí -eso es lo realmente
importante-, los mejores resultados sin restricciones, sin condiciones ni trabas.
Creemos también en esta materia en la igualdad de oportunidades y en el respeto a las normas de contratación y de la competencia, especialmente en un sector tan
dinámico como este que da empleo a más de 200.000 personas. Por este motivo, señorías, nos opondremos a la obligatoriedad, al uso forzado de tecnologías que pueden suponer, de hacerse así, un grave perjuicio para las empresas, la Administración y
los administrados.
Hemos presentado un grupo de cinco enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista que creemos profundizan en los principios de neutralidad y de libertad en la selección de un software y que mejoran, a nuestro juicio, el contenido
y la voluntad que, seguro, persigue el grupo proponente.
En primer lugar, entendemos que el Gobierno no ha de generar, sino respetar las libertades de los ciudadanos. A nuestro entender se confunden dos cosas importantes: la actuación de la Administración por un lado como cliente y, por otro, la
actuación de la misma como prescriptor de un determinado sistema de software, ya sea libre o propietario.
Entendemos que el Gobierno no debe ni puede apostar por un sistema u otro, sino que debe respetar la libertad de mercado y la libertad de los
ciudadanos, y la mejor forma de hacerlo es que el software que use la Administración como usuario, bien sea libre o bien propietario, sea, eso sí, compatible con todas las soluciones que elijan libremente los ciudadanos, sean esas también libres o
propietarias.
En el punto 2 es importante resaltar que en el criterio económico se debe tener en cuenta el coste global no solo de las licencias, sino también del mantenimiento
y los desarrollos de ese software. En el punto 3 estamos de acuerdo en el fomento de estándares abiertos en la Administración, pero no desde la Administración hacia empresas o ciudadanos por lo que antes hemos comentado respecto a la
necesidad de neutralidad y de prescripción.
Estamos de acuerdo con el punto 4 y, de hecho, es lo que se ha venido haciendo en este país desde hace años con los planes de I+D+i, por lo que en el texto debería hablarse más de profundizar que de
establecer políticas. Fusionamos los puntos 5 y 6 para mejorar el enunciado de los mismos. Incorporamos un nuevo punto 6, para que el Gobierno tenga muy en cuenta los criterios de comunicación de la Comisión Europea al Consejo y a.l Parlamento
Europeo ante la interoperatividad de los servicios de administración electrónica paneuropeos de 13 de febrero de este año, y especialmente la Carta Magna de la IDABC, la entrega de servicios de la administración electrónica europea interoperable a
administraciones públicas, empresas y ciudadanos. Presentamos también una enmienda de modificación al punto 8 porque entendemos que la función del Estado debe ser promover la existencia de aplicaciones en las distintas lenguas del Estado y no
desarrollar y distribuir a la vez programas o aplicaciones de la Administración en estas lenguas, porque entendemos que con esta injerencia lo que se puede conseguir es precisamente lo contrario: impedir que se desarrolle en nuestro país una
industria española de soluciones informáticas para la Administración pública.
Señorías, el Gobierno debe velar por dos elementos esenciales en materia de tecnologías de la información y la comunicación, que son la compatibilidad y la interoperatividad de los software y de las plataformas tecnológicas utilizadas a
través, eso sí, de plataformas de software interoperable, para garantizar la igualdad de software interoperable entre los ciudadanos, y la creación de un espacio europeo de información y de servicio público mediante las tecnologías de la información
y la comunicación. Todo lo demás, como forzar de manera artificial, obligar, como decía el señor Herrera, desde el obligado cumplimiento, discriminar, distorsionar, imponer o restringir son pasos en una dirección errónea que no solo tendrá efectos
negativos sobre nuestras libertades ciudadanas, sino que también será muy perjudicial para los intereses de nuestra Administración, de nuestras empresas y de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, cuando leímos la primera vez esta proposición no de ley notamos un desfase evidente entre la exposición de motivos y el texto que se nos presenta en la parte resolutiva, algo que se hace especialmente evidente en
el punto 8 donde el software libre ni siquiera es mencionado. La intención, por lo menos la inicial, era promover de forma directa el software libre en el caso de la industria, pero no hay ninguna intención de hacerlo en el caso de la contratación
pública, lo cual se nota especialmente en los puntos 2 y 7, ni en el procedimiento administrativo, punto 5, ni en el multilingüismo, en el punto 8. En estos aspectos la proposición no de ley no establecía compromisos claros con el software libre o
los estándares abiertos, conceptos ambos que no se definen en el texto, igual que sucede con la interoperabilidad. Por tanto, daba la impresión de que se trataba más de una concesión, sin duda legítima, frente a grupos sociales que están muy
interesados en esta problemática y que tenían una visión cada vez más crítica de la postura negativa del Grupo Parlamentario Socialista a aceptar un debate profundo sobre esta cuestión. Por tanto, bienvenida sea la proposición no de ley a pesar de
sus limitaciones, pero desde nuestro punto de vista era necesario modularla, cambiarla o perfeccionarla a través de una serie de enmiendas como las que nosotros hemos presentado.
En particular, voy a hacer referencia a tres de ellas. Una trata de añadir al final del punto 2 una frase similar a esta: A estos efectos, el principio de interoperabilidad tecnológica deberá entenderse de acuerdo con los principios y
recomendaciones del actual marco europeo de interoperabilidad para los servicios paneuropeos de gobierno electrónico.
La razón de este añadido está en que este marco europeo de interoperabilidad en su elaboración actual establece entre sus
principios el uso de estándares abiertos y el aprovechamiento de software libre.
Además, la definición de estándares abiertos que se hace en este marco excluye cualquier tentativa de desvirtuar el concepto, tal como están tratando de hacer las
multinacionales monopolistas, pretendiendo que un estándar sometido a patente, royalties o restricciones de propiedad intelectual pueda ser considerado igualmente abierto.
La segunda cuestión que nos preocupaba se refería al punto 7 y se trataba de suprimir frases como: evitando recomendaciones o preferencias solo en función del tipo de licencia de la solución. La explicación a esta enmienda está en que
consideramos que con esta sustitución, con la eliminación de esta frase no se impide promover la contratación pública exigiendo licencias y estándares abiertos, lo cual a su vez impediría lógicamente dar cumplida cuenta del punto 3 de la proposición
no de ley.
Por último, la referencia al punto 8. Tal y como está redactado inicialmente parece más una cuestión de una ley de normalización lingüística que una proposición no de ley sobre software libre y el multilingüismo en la utilización de estos
códigos. Por tanto, nuestra enmienda iba destinada a algo similar a lo siguiente: Con el objeto de facilitar las labores de traducción y mantenimiento
de estos programas y aplicaciones, la Administración pública distribuirá bajo licencia libre tanto el código fuente de estas aplicaciones como las memorias de traducción asociadas.
En todo caso, hemos notado que el Grupo Parlamentario Socialista, a través de enmiendas transaccionales, mejoró sensiblemente la propuesta inicial y algunos aspectos se acercan a nuestras demandas, en concreto, la que antes he aludido del
punto 2 y la referida al punto 8, del multilingüismo, que a pesar de no ser como nosotros queremos es un paso positivo y, por tanto, como tal, vamos a apoyar la resultante final.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Repubicana, señora Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista presenta hoy una proposición no de ley relativa a la promoción del software libre, una proposición no de ley que se comprometió a presentar en esta Cámara el portavoz
del Grupo Socialista el día en que su grupo votó negativamente una proposición de ley de mi grupo para la implementación del programario libre en la Administración General del Estado. Mi grupo quería regular mediante ley esta implementación por
muchas razones, además de por todas las que S.S. ha argumentado hoy en su exposición de motivos. Estamos de acuerdo con todas y gracias a ellas presentamos esa proposición no de ley. También lo hicimos porque pensamos que la Administración
General del Estado no debe mantener una actitud pasiva y no aprovechar las ventajas tecnológicas que nos ha puesto al alcance la implementación del software libre. Es obvio que no tener una posición activa en la implementación del programario libre
iría en detrimento del desarrollo tecnológico y de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías. Ya dijimos en ese debate que son muchas las instituciones internacionales que hace tiempo vienen recomendando a las administraciones públicas
el uso del programario libre. Es más, la misma ONU -estaremos todos de acuerdo en que no es una organización puntera en ese tipo de recomendaciones ni una organización ágil a la hora de hacer recomendaciones- ya en el año 2000, en su informe sobre
la brecha digital, decía que sin una política clara sobre la adopción del software libre por parte de los Estados surgiría una eminente exclusión de amplios sectores sociales y económicos, incluidos países enteros.
Señorías, la posición de mi grupo sobre el software libre es clara, siempre lo ha sido. Somos defensores acérrimos de este tipo de software porque son muchas las ventajas económicas, estratégicas y sociales que el software libre ha
promocionado en varias ocasiones. Entre dichas ventajas, a mi grupo le gusta siempre destacar las siguientes: en primer lugar, una que destacaba también la señora Muñoz, que es la posibilidad de fomentar las lenguas cooficiales del Estado, el
catalán, el gallego y el euskera. La libertad que tendría la Administración para la traducción o adaptación de cualquier software a todas las lenguas oficiales del Estado sería muy grande. Usted ha dicho que hay muchas organizaciones, como
SoftCatalà, que están trabajando en esas traducciones, y también conoce la facilidad que este software libre puede llegar a producir en esas traducciones.
Otro aspecto positivo es el coste, la optimización de la inversión. Ya dijimos que, de haberse aprobado la ley que promovíamos, la reducción del gasto en TIC podía llegar a un 40 por ciento en los próximos dos años.
Estarán de acuerdo en
que es un ahorro significativo del gasto público y que puede ayudar a eso. Es más, iniciativas como por ejemplo el Centro de Transferencias de Tecnologías, que ha llevado a cabo el MAP, es una herramienta indispensable para que administraciones con
menos recursos, como pueden ser ayuntamientos o administraciones pequeñas, tengan una fuente importante para suministrarse de software sin ningún coste o con costes muy bajos, lo que también beneficiaría el coste de administraciones con menos
recursos, como pueden ser las administraciones locales.
En cuanto al tema de la seguridad -lo decía el señor Herrera-, también el software libre nos ofrece más ventajas que el software propietario, pues el hecho de que los sistemas de almacenamiento o de recuperación de información sean públicos
garantizan que cualquier persona pueda ver y entender cómo se almacenan los datos al no estar ligados a sistemas cerrados, como los que ofrecen las licencias propietarias. Con estas licencias nunca tendremos la seguridad de que los programas
originales no introduzcan lo que se viene denominando puertas traseras que pongan en peligro la seguridad del sistema y la periodicidad de los datos.
Señorías, la implementación del software libre es positiva. También lo puede ser por el fomento de la innovación tecnológica. La disponibilidad de un código de fuentes puede dar lugar a que la gente pueda aprovechar ese software libre para
esa innovación tecnológica. En definitiva, las ventajas que nos ofrece el software libre son muchas.
Mi grupo ha presentado hoy una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Socialista, una enmienda que se refiere al punto 7. En este punto 7 lo que nos propone el Grupo Socialista es que entre los criterios a tener en cuenta en todo
concurso público o compra de aplicaciones o desarrollo de medidas por parte de la Administración figuren los criterios de costes o de funcionalidad. Lo que proponemos en nuestra enmienda es que no solo se tengan en cuenta estos criterios, sino
también criterios de beneficio público; que este beneficio que nos puede ofrecer el programa de software libre sea un beneficio también para la ciudadanía en esos concursos públicos a los que hace referencia este punto 7.
En definitiva, esta iniciativa que nos presenta el Grupo Socialista es una declaración de intenciones para el futuro. Nos gustaría que esa buena disposición que tiene el Grupo Socialista en esta proposición no de ley se viera reflejada
también en próximas iniciativas del Gobierno. Por ejemplo, hay una ley importante que vendrá a esta Cámara, que es la ley de la administración electrónica, y a nuestro grupo le gustaría que esa disposición que tiene hoy la señora Muñoz, del Grupo
Socialista, al presentar esta proposición no de ley se materializara en una ley para que podamos comprobar esa buena disposición del Gobierno Socialista a implementar el software libre. Hoy votaremos a favor de esta proposición no de ley, aunque ya
dijimos en la defensa de nuestra proposición de ley que nos hubiera gustado que se hubiera regulado mediante una ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Grupo Vasco, señor Beloki,
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, diciembre parece ser un mes abonado para iniciativas parlamentarias en torno al software libre, y no sabemos muy bien por qué, porque mañana hará un año que en este mismo Congreso
debatimos y rechazamos dos proposiciones de ley al respecto. Si es o no, lo cierto es que estamos en el tema en cuestión, y entremos en el debate.
La iniciativa de hoy responde en su origen a uno de los grupos que entonces, junto con otros como el mío, rechazó aquellas iniciativas de hace un año. Tal como quedó claro entonces, los votos en contra de aquellas proposiciones no
significaban en absoluto que se estuviera en contra del software libre ni de su desarrollo e implementación, ni siquiera, al menos en lo que a mi grupo se refiere, de que la Administración pudiera llevar a cabo iniciativas a favor de dicha
implementación. El objeto de discusión era otro. No estábamos de acuerdo en que la Administración pudiera entrar -son palabras que cito textualmente de mi propia intervención en aquella ocasión- como un elefante en una cacharrería, y por eso
votamos en contra. Aquellos errores o desenfoques están básicamente corregidos en la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista, razón por la que nosotros desde un comienzo estábamos dispuestos a votar favorablemente esta
proposición no de ley. Tampoco estamos ante un texto que no sea mejorable. Era y es francamente mejorable, tanto en su parte dispositiva como en su parte expositiva. Algunos grupos han decidido entrar a mejorar el texto y contamos al parecer con
un texto acordado que mi grupo, lógicamente, seguirá apoyando. En todo caso, esta proposición no de ley en su origen tenía algunos elementos que a nuestro grupo le sonaban a cierta oscuridad, a mucha imprecisión y, sobre todo, demostraban que no se
era muy exigente frente al Gobierno. Esto último está en la lógica de las cosas, porque quien presentaba la proposición no de ley era justamente el grupo que apoya al Gobierno. En determinados puntos parece que el texto presentado sirviera para
dar cobertura al Gobierno, incluso en lo que hasta ahora haya podido no hacer, para de aquí en adelante establecer unos parámetros claros y medibles de la acción de dicho Gobierno a favor de la introducción y desarrollo del software libre. Por
ejemplo, ¿no hubiera sido más lógico, dados los objetivos que dice perseguir la proposición no de ley, instar al Gobierno a presentar un plan preciso con medidas y fechas de actuación a favor de la introducción y desarrollo del software libre e
incluso reclamar el grado de cumplimiento de las propuestas que se le han hecho hace más de un año, como se recuerda en el punto 5?
La actuación de las administraciones en este campo ha sido, y es todavía, decisiva, como se viene subrayando desde años atrás. Afortunadamente son muchas las administraciones, autonómicas y municipales, que desde tiempo atrás han venido
dando pasos en esta dirección, sin esperar a que ni este Congreso ni la Administración General dieran los que les correspondiera dar. Si esta proposición no de ley sirve para que la Administración General del Estado se ponga las pilas en este tema,
mejor que mejor, nosotros la apoyaremos. En todo caso, es evidente que el mundo del software libre y del software propietario no ha estado esperando a las vísperas navideñas del año 2006 y a la proposición no de ley que hoy debatimos para ir
caminando hacia ese escenario, que es el escenario que supongo que todos deseamos, y como tal lo anuncia también la propia proposición no de ley, que es ofrecer a los ciudadanos posibilidades de libertad de opción y elección, garantizando para ello
la interoperabilidad y la utilización de estándares abiertos. Todavía en fechas recientes hemos sido todos testigos de un acuerdo significativo en este orden entre empresas altamente significativas en este campo para ir avanzando juntos hacia ese
escenario que desde hace tiempo se viene anunciando como el escenario en el que los software de código fuente abierto constituirán un catalizador que terminará reestructurando la industria, dando origen a un software de mejor calidad a coste
inferior.
En toco caso, si sirve para avanzar, cuenta con nuestro voto.
Una última pregunta que quiero hacer aquí en público, ante ustedes, para llegar a una reflexión un poco extraña: ¿Constituye todo esto un movimiento hacia el socialismo, como parecen dar a entender los dos primeros párrafos de la exposición
de motivos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista? Nada más incierto, evidentemente. La verdad es que si se interrelacionan ambos párrafos da la impresión de que efectivamente es el movimiento socialista el
que iría caminando hacia el software libre. Esto nos parece muy poco riguroso e improcedente. En todo caso, tengan claro que no es necesario hacerse socialista para defender el software
libre. Nuestro apoyo a la proposición no de ley no va hasta ahí, no por nada, simplemente porque encontramos un tanto extravagante y hasta excéntrico enunciarlo simplemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a la posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la implantación del software libre en la Administración General del
Estado, querríamos destacar varias consideraciones. En primer lugar que compartimos plenamente el enunciado genérico de la proposición no de ley, que es la promoción del software libre en la Administración General del Estado. Mi grupo comparte que
deben adoptarse medidas que impulsen el software libre. ¿Por qué, señorías? En primer lugar, porque el software libre, lo establece perfectamente la exposición de motivos, permite a los usuarios, frente a lo que sería un software comercial o de
propietario, examinar, modificar y redistribuir el código fuente de los programas. Ello puede tener múltiples aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, que es una cuestión que mi grupo parlamentario valora muchísimo. En Cataluña, donde
tenemos una lengua oficial propia como es el catalán, puede ayudar a que este esté mucho más presente en el ámbito de la Administración.
Lógicamente esto también podría hacerse extensivo al País Vasco, a través del euskera, y a Galicia con el
galego. Entendemos que con la implementación de las nuevas tecnologías se puede ayudar a la utilización de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades históricas. Por tanto, señorías compartimos este objetivo. Al mismo tiempo, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es partidario de que en cada momento se opte por aquel sistema de software que, atendiendo a las diferentes circunstancias y necesidades concretas de utilización, resulte más idóneo, valorando también la
potencia y la capacidad del sistema.
Debemos optar en cada momento por el sistema más eficaz, sin prejuicios, entre el software libre y el software propietario. Compartimos la voluntad de implementar y de impulsar la tecnología que va en esta
dirección. Por ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente a esta proposición no de ley relativa al fomento del software libre.
Dicho esto, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que sería oportuno e interesante realizar una serie de reflexiones sobre el redactado literal de la proposición no de ley. En primer lugar, esta iniciativa
enumera unos principios generales para el fomento y la promoción del software libre que no se concretan en acciones bien definidas y, por tanto, tampoco se establecen calendarios que comprometan al Gobierno. Además, señorías, en el punto 5 de esta
proposición no de ley se insta al Gobierno a promover la ejecución en toda la Administración General del Estado de lo previsto en la propuesta de recomendaciones sobre software libre y de fuentes abiertas elaborado por el Gobierno en mayo del año
2005. ¿Qué significa este punto, señorías? ¿Quiere decir que no se ha lanzado nada desde el año 2005? Nuestro grupo considera que la iniciativa de hoy debería incluir más compromisos concretos y calendarios de implementación de estas políticas.
La aceptación de algunas enmiendas transaccionales por parte del Grupo Parlamentario Socialista probablemente hace que se subsuman algunos de los planteamientos de nuestra posición política respecto a esta iniciativa.
En segundo lugar, señorías, también querríamos recordar al Grupo Parlamentario Socialista, que es el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, que la implantación del software libre es una voluntad política y que no existe un
impedimento legal para utilizarlo. Además, hay que tener en cuenta el informe del 30 de marzo del año 2005 que realizó el Tribunal de Cuentas, donde planteó una recomendación en referencia a la compra del software propietario versus el software
libre, que decía textualmente lo siguiente: Las decisiones sobre el uso del software que impliquen costes para la Administración deben justificarse ampliamente en todos los casos por los representantes de la Administración.
En conclusión, señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición relativa a la promoción del software libre esperando que el Gobierno nos informe periódicamente sobre la evolución del cumplimiento de esta
iniciativa y que por fin se pase de las palabras a los hechos, a la acción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. Previamente me dirijo al grupo proponente, señora Muñoz. Entiendo que son cuatro las enmiendas transaccionales presentadas.
¿Es así?
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. (Pausa.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, informo a la Cámara de una modificación del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden
del debate de las interpelaciones urgentes en el sentido de debatir en
primer lugar el punto 35, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, tras la cual se debatirán las correspondientes a los puntos 33 y 34, relativas respectivamente a las interpelaciones urgentes del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
PRÓRROGA DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la junta de portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el análisis de las medidas a proponer
al Gobierno con relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, para rendir informe hasta que finalice el próximo
período de sesiones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la prórroga del citado plazo.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA REFORMA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN DE LOS RESIDENTES AUSENTES.
(Número de expediente 162/000275.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes, con la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 177; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL SOFTWARE LIBRE. (Número de expediente 162/000502.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la promoción del software libre, con las enmiendas transaccionales que han sido distribuidas. ¿Algún grupo parlamentario
se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, las votamos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 299; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA Y LAS DEMÁS
CREENCIAS RELIGIOSAS RESPONDIENDO AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.
(Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique
los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas, respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de
culto. (Rumores.) Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente, cuando las condiciones del debate lo permitan, tiene la palabra la señora Navarro. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Les rogaría que si desean ausentarse del hemiciclo lo hagan con celeridad y en silencio.
(Rumores.)
Señorías, como les decía, continuamos con la sesión plenaria. Les rogaría que permitieran a su compañera la señora Navarro hacer uso de la palabra para defender esta moción consecuencia de interpelación.
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción versa sobre una cuestión que hoy por hoy, en aplicación de nuestra Constitución española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tendría que tener lugar; versa también sobre un acuerdo entre el Gobierno
socialista y la jerarquía de la Iglesia católica, que se aparta del mandato constitucional, un acuerdo que simboliza un serio paso atrás, consolidando la tan cuestionada sobrefinanciación
de la Iglesia católica con todos los gobiernos que han ido pasando, y finalmente la Iglesia católica ha conseguido su gran objetivo, que era esa consolidación. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Navarro, un momento.
Señorías, por favor, una de sus compañeras está intentando utilizar sus minutos en la tribuna. Les rogaría un poco de respeto y de silencio.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Qué se ha pedido a cambio de esa sobrefinanciación? Prácticamente nada. Porque la nada es que la Iglesia católica tenga que cumplir con una normativa que lleva quince años incumpliendo, que es el pago del IVA,
y tendremos que verlo, porque es algo que se debía haber hecho hace quince años. Su incumplimiento no es más que un reflejo de lo que ocurre en el Estado español: que la Iglesia católica mueve su dinero y sus bienes a sus anchas, sin ningún
control del Estado, ni siquiera el dinero público, como el Rey; sin ningún control, absolutamente ninguno. Pagará el IVA, dicen, pero, ¿qué control hay sobre los demás impuestos? Como digo, absolutamente ninguno. Esta moción exige un control
sobre el dinero que reciben del Estado, el dinero que se recibe de todos los contribuyentes, porque no solo es el que se recibe a través de la famosa casilla, sino que son múltiples e incalculables las vías por las que el imperio de la Iglesia
católica adquiere dinero público, lo que el ministro de Justicia, en contestación a la interpelación de este grupo parlamentario, llamó vías de cooperación, y lo que también llama así el Partido Popular en la enmienda que ha presentado a la moción
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, haciendo uso de un clarísimo eufemismo.
Este Gobierno, señorías, tenía un gran espacio para la negociación, pero no ha sido así. A los profesores de religión -un claro ejemplo- les seguimos pagando entre todos incluso las indemnizaciones que se dan por ceses cuyos motivos desde
Izquierda Unida nunca compartiremos y contrarios a la laicidad simplemente de una relación laboral. Ninguna exigencia se ha alcanzado tampoco sobre el cumplimiento de las múltiples resoluciones de la Agencia de Protección de Datos sobre anotaciones
en los libros de bautismo y las peticiones de baja por apostasía a la Iglesia católica. Desde 2004 se están dictando por parte de la Agencia de Protección de Datos resoluciones que son reiteradamente incumplidas y precisamente aquí tengo un ejemplo
de contestación del Arzobispado de Valencia donde se dice que no piensan cumplir con la petición realizada.
De este modo se incumple el mandato que una y otra vez reitera la Agencia de Protección de Datos, pero nada dice el Gobierno al respecto.
Tampoco hay ningún acuerdo sobre mecanismos de apostasía que permitan el cumplimiento de un mandato tanto de los tratados internacionales como de nuestro derecho interno, además de cumplir con una demanda ciudadana que es manifestada en las calles
una y otra vez. Al contrario, se requiere un mecanismo para darse de baja de la Iglesia, pero que después no diga la Iglesia católica que un 90 por ciento de los ciudadanos españoles son católicos porque me imagino que entonces se estarán basando
en cifras que no responden a la realidad y sí más bien a la realidad trastocada a través de la negativa a dar de baja de la Iglesia católica. Por no hablar de la asignatura de religión, última concesión de este Gobierno.
¿A qué juega este Gobierno, señorías? Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds preferimos que la Iglesia se manifieste una y otra vez en las calles, preferimos volver a ver a todos los curas, obispos,
arzobispos, mientras se aprueben leyes progresistas que permitan a este país avanzar y librarse del lastre de 40 años de dictadura y poder eclesiástico. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, y no queremos volver a ver a ningún miembro del Gobierno besando las manos a esos obispos, arzobispos y demás; no queremos ver en el presente el pasado. Por ello hoy por hoy algunos seguimos luchando por el cumplimiento sencillo de la
Constitución española. Seguimos luchando -y por eso presentamos esta moción- por la renegociación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede derivado del concordato, por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la
autofinanciación real de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Eso sí, mientras se mantenga la casilla, que también se dé el 0,7 a las ONG.
Señorías, pedimos nitidez, transparencia y control sobre el dinero público que maneja la Iglesia católica, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas. Pedimos garantías de que el uso a que se destine el dinero sea el fin
preestablecido de la subvención y que no se destine a invertir en Bolsa y a otros menesteres a los que se dedica la Iglesia católica, porque desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds aspiramos a una sociedad
libre y laica donde todos, con independencia de la confesión religiosa que profesen o no, directa o indirectamente, seamos tratados igual por el Estado. ¿Ustedes saben lo que se está financiando -no son ni siquiera obras de caridad- con el dinero
público que se entrega a la Iglesia católica? Se financia un modo de vida y un modelo de sociedad, que se pretende ir consolidando, que rechaza los avances científicos como la investigación genética y las biotecnologías; que rechaza el divorcio;
que no permite el uso del preservativo ni siquiera para frenar los avances del sida; que rechaza el uso de los demás anticonceptivos; que discrimina a los homosexuales; que condena a la mujer al ostracismo y al machismo, llegando a justificar
incluso el maltrato; que consolida la pobreza y que, para colmo,
no te permite darte de baja. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos dejar claro que estamos profundamente en contra de seguir financiando un modelo de sociedad que no compartimos y por ello
presentamos esta moción que representa los objetivos históricos de esta formación política y de Iniciativa per Catalunya. Les aseguro que no cesaremos en nuestras reivindicaciones.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.
Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la defensa de las dos enmiendas presentadas.
Comenzaremos con el señor Rodríguez en defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, evidentemente el Estado español no es un Estado laico. Lo grave es que por el camino que va tampoco es un Estado aconfesional. Realmente se está dando una involución que está llegando a establecer como dogma de
normalidad política lo que es confesional católico y todos los demás tendremos que apuntarnos a una especie de objeción de conciencia. No otra cosa es que sigan perviviendo símbolos de una determinada confesión religiosa en lugares públicos,
especialmente en la escuela; no otra cosa es que tenga validez civil de forma mecánica el matrimonio canónico; no otra cosa es la presencia de muchos miembros de la Iglesia católica -de curas- en las Fuerzas Armadas o en los servicios de carácter
sanitario y no otra cosa es que la enseñanza de la religión católica sea una asignatura evaluable y computable a efectos incluso de promoción de un curso a otro e incluso que haya profesores de esta asignatura que están pagados por el erario público
pero que están regidos, a la hora de la verdad, por la institución eclesiástica del catolicismo.
Estamos realmente ante una involución donde prácticamente se considera normal poder discutir las decisiones democráticamente asumidas por los poderes públicos democráticos, en concreto por este Congreso de los Diputados, de tal forma que se
está intentando que una determinada moral, un determinado tipo de religión, con la política incluso descarada de tipo terrenal que se defiende, pase como normal, reciba todas las bendiciones, reciba la subvención pública y, además, resulte anómalo
cualquier otro tipo de planteamiento laico o aconfesional. Por esto, el Bloque Nacionalista Galego considera que es necesario todo lo que la moción de Izquierda Unida presenta pero además con dos añadidos fundamentales. Uno de ellos es modificar
el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que realmente resulta increíble no en un gobierno socialista, sino en un gobierno puramente democrático. El segundo añadido es la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa porque todos
estaremos de acuerdo en que si hay libertad religiosa será para todas las religiones. Si el Estado es aconfesional, será en relación con todas las religiones, aunque parta del supuesto, desgracia por lo demás que impide que haya un Estado laico, de
que los valores religiosos son de consideración política. Esta es una de las deficiencias fundamentales de la Constitución española, después lógicamente manipulada al servicio de una confesionalidad descarada. Por lo tanto, consideramos que es
necesaria la modificación del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para por lo menos adaptarla a un Estado claramente aconfesional de carácter prescriptivo y en consonancia con circunstancias socioreligiosas de
la sociedad actual, en parte mucho más laica, mucho más desacralizada, en parte seguramente mucho más confesional fundamentalista y, al mismo tiempo, plural, desde el punto de vista de manifestación de religiones que tradicionalmente no tenían
presencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué papel tienen que ocupar las religiones en relación con las instituciones de carácter público y en relación con la legitimidad de esos poderes públicos a la hora de
establecer leyes. Creo que no es de recibo una Iglesia católica insaciable que no solo defiende su moral, sino que es capaz de salir a la calle disputando y discutiendo lo que el poder público democrático establece de forma legal y de forma
totalmente legítima porque es el único establecido para dictaminar normas de conducta que nos afecten a todos. Por lo tanto, la legalidad es él quien la prescribe, no ningún tipo de iglesia y menos la Iglesia católica, que en este caso es la
preponderante.
Es un debate muy importante. El Gobierno no debería desatender esta cuestión porque no nos cabe la menor duda de que a través de un determinado tipo de planteamientos lo que se está haciendo es un ataque al Estado democrático plural, un
ataque al Estado -ya no digamos laico- aconfesional. Señorías, tratándose de dinero público y tratándose de leyes aprobadas en este Parlamento, nosotros - no solo el Gobierno- debemos ser los primeros interesados en que se nos respete como
representantes legítimos de los distintos pueblos del Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
La segunda enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será el señor Tomé el que en su nombre tome la palabra para defenderla.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la moción sobre el nuevo marco
para la autofinanciación de la Iglesia católica que ha presentado Izquierda Unida. No lo vamos a hacer porque no compartimos las premisas de las que se parte ni las conclusiones a las que se quiere llegar.
Creemos que se quiere superar el
principio de libertad religiosa y de cooperación entre los poderes públicos y la Iglesia católica y las demás confesiones, que consagra el artículo 16 de la Constitución, para imponer una visión ideológica laicista y antiliberal que ignora la
realidad plural de nuestra sociedad y aspira a relegar a la religión fuera del espacio social o público sometiendo a las confesiones a sospecha y a vigilancia por parte de los poderes públicos. En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida ha
vuelto a reclamar hoy una regulación civil de la apostasía, propuesta que evoca, aunque seguro que en términos distintos, la realidad de otros siglos. También desde el Partido Socialista, en un reciente manifiesto, se pretende prevenir a la
sociedad contra graves fracturas y atentados contra los derechos humanos que derivarían en nuestro país del hecho religioso. Desde el mismo ámbito se reclama la prohibición de la celebración en los colegios de la Navidad en contra de una tradición
histórica, cultural y social plenamente arraigada en nuestra sociedad.
Señorías, nuestra Constitución proclama la libertad religiosa, libertad para creer, para no creer o para dejar de creer, una auténtica libertad ideológica y de culto para los individuos y las comunidades sin más límites en sus
manifestaciones que las que se derivan del orden público.
En consecuencia, nuestro Estado se declara aconfesional, es decir, incompetente en materia religiosa y neutral en cuanto a creencias, convicciones o cosmovisiones de carácter ideológico.
Cuando la Constitución ordena que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española lo hace para proteger el ejercicio de un derecho que se reconoce con carácter individual y colectivo. Por eso, la
aconfesionalidad, lo que en otras ocasiones se denomina laicidad, señorías, es coherente con la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica y las demás confesiones en razón de su arraigo social. Así lo proclama el artículo 16 de la
Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La cooperación es también la práctica en la mayoría de las tradiciones constitucionales europeas y por eso a mi grupo el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal y su plasmación en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 nos parecen satisfactorios. Nos parece satisfactorio que, conforme al principio constitucional de cooperación y a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, a partir de ahora la asignación
tributaria para el sostenimiento de la Iglesia católica gane estabilidad y objetividad, al tiempo que se refuerza la autofinanciación conforme a la voluntad manifestada por los contribuyentes.
La contribución de los poderes públicos al sostenimiento de la Iglesia católica tiene en nuestro país fundamentos históricos constitucionales, pero sobre todo creemos que esta cooperación se corresponde con el arraigo social, cultural e
histórico de una institución que, entre sus actividades, impulsa acciones educativas, sanitarias, de lucha contra la marginación, cooperación al desarrollo, acciones culturales, de conservación del patrimonio artístico y cultural y también de
transmisión de valores que están en la base de nuestra civilización y que contribuyen decisivamente a la convivencia libre, respetuosa, solidaria, pacífica y democrática; una acción en la que colaboran como voluntarios decenas de miles de españoles
y que millones más reconocen y apoyan con independencia de sus creencias religiosas u opiniones políticas.
Señorías del Grupo Socialista y de la mayoría gubernamental: la transición y el pacto constitucional nos han permitido a los españoles superar dos siglos de divisiones y enfrentamientos sobre la forma de Estado o sobre las llamadas
cuestiones territorial, social o religiosa que hicieron fracasar los antecedentes constitucionales habidos, todos sin excepción.
La sociedad española mira hoy al futuro y ustedes deberían evitar reabrir viejas cuestiones, ajustar cuentas pasadas o
pretender imponer desde las instituciones modelos ideológicos. Vistos los manifiestos que ustedes han presentado, cada vez está más claro que su educación para la ciudadanía puede terminar siendo una educación para el socialismo y el laicismo. No
es esa la mejor forma de defender el pluralismo de nuestra sociedad ni la libertad de conciencia ideológica y religiosa que proclama la Constitución.
Señores del Grupo Socialista, deben ustedes aclararse: o están por la ingeniería social o están, desde la responsabilidad exigible a quien ejerce la acción de gobierno, por el respeto a las creencias de los españoles y a la pluralidad de
nuestra sociedad. Apoyen, señores de la mayoría, la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y prestaremos entre todos un servicio a la libertad, a la laicidad del Estado y a la claridad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tomé.
Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ¿Desean intervenir? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea usted intervenir, señor Andreu? Su señoría
tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de la interpelación urgente es fruto del debate del día 29 de noviembre del presente. Antes de iniciar mi exposición quiero precisar que hablo en nombre de un partido fundacionalmente y en
la actualidad laico, escrupulosamente
respetuoso, eso sí, con la libertad religiosa; pero hablamos en el marco de un Estado, el Reino de España, constitucionalmente aconfesional, respetuoso con todas las creencias religiosas.
La moción consecuencia de la interpelación urgente era en su inicio y en su meollo sobre la financiación. El paso del 0,52 al 0,7 por ciento del IRPF supondría en cifras que en el presente año la Iglesia hubiera recibido por el 0,52 del
IRPF 144 millones de euros y 24 millones más del Fondo de Compensación; con la nueva formulación del 0,70 por ciento se calcula que la financiación en el próximo año será de unos 170 millones de euros. La diferencia es mínima y traerá mucha más
transparencia, además de incorporar la obligación del impuesto sobre el valor añadido en las cuentas de la Iglesia católica. Creemos que es mejor la situación del nuevo marco que la anterior, pero quisiéramos hacer una precisión sobre lo que se ha
dicho al filo de la financiación. En el conjunto de los pueblos de España la Iglesia es plural y diversa. No solo hay una Iglesia de la COPE, que lo único que pretende es introducir las ideas de unidad de España y los criterios más arcaicos; hay
otras iglesias, por lo menos en Cataluña, comprometidas con derechos nacionales y con derechos sociales y muy activas. En esta interpelación hemos encontrado afirmaciones del grupo proponente que nos parecen muy ancladas en el pasado. En la actual
situación, respecto a la libertad religiosa, tendríamos que avanzar en la adecuación de este nuevo pluralismo religioso y multicultural que el hecho de la inmigración ha introducido en el Estado español, esta nueva realidad de personas procedentes
de la inmigración que ha hecho que el porcentaje de religiones que no son la católica haya aumentado de manera importante en este país. Por eso creemos que es mucho más interesante avanzar con una ley orgánica de libertad religiosa que concrete
esta nueva realidad multicultural y multirreligiosa que ha progresado en estos últimos años con la inmigración. Con independencia de la financiación, el grave problema que tenemos es reconocer a estas nuevas creencias introducidas en nuestro país
los mismos derechos de que gozan la Iglesia católica y sus creyentes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y será el señor Xuclà quien tomará en su nombre la palabra para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación urgente.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo hago para expresar que
mi grupo parlamentario cree que este es un tema bien resuelto tal y como está en estos momentos; que mi grupo parlamentario está de acuerdo en cómo resolvió el marco constitucional y la propia Constitución la libertad de culto y el Estado laico y
respetuoso con el pluralismo y la libertad de creencias; que mi grupo parlamentario coincide con los acuerdos que actualmente el Estado tiene con distintas confesiones religiosas, entre ellas con la Iglesia católica, ya que si nos atenemos a la
realidad puramente estadística, el sentimiento y la práctica de esta confesión son relevantes -si se me permite la expresión comedida, como mínimo- en el Estado español. A este grupo parlamentario le parece bien cómo el Gobierno español y, de forma
muy especial, cómo el Gobierno socialista y la vicepresidenta del mismo está gestionando las relaciones con las distintas confesiones religiosas, concretamente con la Iglesia católica a la luz de estos últimos acuerdos que aportan mayor
transparencia en estas relaciones.
En un debate como el de hoy, señorías, simplemente tenemos que recordar algunos valores constitucionales básicos que también casan con el objeto de debate que hoy nos trae aquí Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Primero, con un
valor constitucional básico como es el de la libertad, libertad también para ejercer cualquier tipo de confesión religiosa y para alejarse absolutamente de una visión, cosmovisión o interpretación religiosa que se imponga de unos hacia otros. Una
cosa es el respeto absoluto al carácter laico del Estado y de sus instituciones y otra practicar una actitud beligerante y activa laicista a favor o en contra de una determinada confesión, por lo que hoy en este debate el primer valor constitucional
que queremos reivindicar es el de la libertad, también el de la libertad de expresión. Algunas manifestaciones de una parte de la Iglesia española, por su forma de expresión, me provocan personalmente, como nacionalista catalán, un importante
rechazo, pero nosotros, que reivindicamos en cualquier parte y especialmente en estas Cortes Generales la libertad de expresión y de manifestación, no vamos a cuestionar esta libertad de expresión y de manifestación a nadie; libertad de expresión
también de unas creencias religiosas que forman parte de la esfera privada de las personas que las profesan y que en función de esa libertad tienen todo el derecho a hacer expresión de esta fe y de estas creencias en la esfera pública.
Finalmente, señorías, algo que no se inscribe en el ámbito del registro de los derechos fundamentales, pero que es básico en cualquier democracia de calidad, es el respeto. Señoría, el respeto no es un derecho ni es un derecho fundamental,
pero debemos respetar esta libertad de expresión. En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), integrado por dos partidos políticos, uno de tradición demócrata-cristiana y el otro inscrito en una tradición amplia de sensibilidades
socialdemócratas, liberales y también demócrata-cristianas, pero no confesional y con unos miembros que tienen convicciones religiosas y otros que no, todos nosotros y muchos de esta Cámara podemos reconocer, como reconocemos a tantas otras
personas, organizaciones y asociaciones, el papel y la función social globalmente positiva que están desarrollando religiones como la católica, ya que se nos invita a hablar de la religión católica en el conjunto del Estado español. Este es el
punto de vista y la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y creo que todos ustedes deducirán de esta intervención que nuestro voto será negativo a los planteamientos revisionistas respecto al marco constitucional y a las
leyes vigentes que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con la intervención de la señora Hermosín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds.
La señora HERMOSÍN BONO: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en esta moción que estamos discutiendo y que fue ya ampliamente contestada y creo que bien cumplimentada por el ministro de Justicia en el último Pleno. Casi vería ociosa la moción
porque incluso el enunciado de la misma es un poco confuso, y me refiero a que habla de negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias respondiendo al artículo constitucional.
En fin, es una redacción que realmente sabemos de lo que va pero no es nada clara en su exposición. De lo que va es del artículo 16 de la Constitución española que, como todo el mundo sabe, en primer lugar consagra la libertad religiosa como un
derecho fundamental, en segundo lugar establece que ninguna confesión tiene carácter estatal, y a renglón seguido se refiere a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Pues bien, este mandato constitucional es
lo que realmente está siendo atendido y desarrollado por el Gobierno. No estamos sometidos a ningún credo o religión; la acción del Gobierno es totalmente autónoma y la Iglesia católica tiene que entender y aceptar, como así lo hace, las reglas
del juego. Les gustará más o menos, y pruebas tenemos en esta legislatura en la actividad legislativa del Gobierno y de las Cortes en que hemos aprobado leyes como la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para materia de
separación y divorcio; hemos aprobado la Ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio; hemos aprobado la Ley para la investigación con células madre y vamos a aprobar próximamente una ley de educación. En todas ellas ha habido
expresiones claras y rotundas contrarias por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, pero esas son las reglas del juego. Este Congreso aprueba lo que el Gobierno impulsa y a la Cámara le parece bien aprobar.
En cuanto al sistema de financiación, ya hablamos de este tema de manera muy similar en un debate que hubo aquí el año pasado o no sé en qué fecha, en el año 2005. La cuestión de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 ni
estaba en el programa electoral del Partido Socialista ni está en el horizonte de esta legislatura y nunca ha sido un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno ni por ningún ministro. Ahora bien, la acción del Gobierno siempre ha estado
encaminada a mejorar la transparencia y a hacer más autónoma la financiación de la Iglesia. Respecto al modelo de financiación existente he de señalar que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular -no se lo que dirá Izquierda Unida-, aunque
agradezco lo que dice en positivo sobre el Gobierno, es engañosa porque aquí su portavoz no ha dicho lo que hay escrito en la enmienda. En la enmienda ha escrito que le gusta lo que ha hecho el Gobierno porque tiene un carácter indefinido. No es
verdad. El modelo de financiación existente tiene un carácter transitorio y sometido a plazos.
La Iglesia católica lo sabe y tiene que asumir el objetivo de lograr por sí misma los recursos necesarios para su sostenimiento y su autofinanciación.
Por eso digo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es engañosa, porque una cosa es lo que ha dicho en la tribuna su portavoz y otra cosa es lo que hay escrito. La última negociación que ha habido del Gobierno con la Iglesia católica -ya
sabemos que liderada por la vicepresidenta del Gobierno- ha avanzado en ese sentido y va a ser positiva, como se va a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con avances significativos como la eliminación de la exención del
impuesto sobre el valor añadido, la eliminación en el modelo de cooperación económica de la cláusula trianual que venía prorrogándose desde 1988, dotando así a la cooperación económica de una mayor estabilidad, con un nuevo modelo, como he señalado,
más encaminado a la autofinanciación; asimismo con la eliminación de la garantía de la sobrefinanciación, porque la Iglesia católica solamente contará con la financiación que le otorga la contribución voluntaria de los contribuyentes a través del
IRPF y no dispondrá, como hasta ahora, de cantidades adicionales. Además, hay un compromiso de la Iglesia para que haga una memoria circunstanciada de la liquidación y, por tanto, vamos también hacia una mayor transparencia.
Se me acaba el tiempo. No es casualidad, también fue un Gobierno socialista el que en el año 1992, con diversas leyes, llegó a acuerdos con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la
Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas. Ahora, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia también se coopera con estas religiones que tienen cierto arraigo social en nuestra sociedad. Hemos andado un camino importante y todavía nos queda más, y tenemos que
andarlo juntos porque los objetivos que estamos defendiendo son los mismos. Los objetivos son los intereses colectivos y generales, el respeto a la pluralidad ideológica, el reconocimiento de la libertad de creencias y la protección de la libertad
religiosa. El Estado laico hacia el que caminamos es el mejor marco político para la defensa de estos principios y valores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Hermosín.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Este grupo parlamentario acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y rechaza profundamente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que dice que valora positivamente
el nuevo sistema de financiación de la Iglesia católica...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Navarro, le recuerdo que el debate ya está hecho y que su turno es simplemente para aceptar o rechazar las enmiendas.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON EL EJE FERROVIARIO TRANSEUROPEO DE ALTA VELOCIDAD DEL SUDOESTE EUROPEO (PROYECTO NÚMERO 3). (Número de expediente 173/000166.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente de las mociones a debatir en el día de hoy, la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario
transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo. Será el señor Beloki quien tomará la palabra en. nombre de su grupo para defender esta moción consecuencia de interpelación.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desearía iniciar mi intervención recordando las principales ideas que intenté transmitir hace un par de semanas, con ocasión de la interpelación a la ministra de Fomento, con escaso éxito, por cierto. En todo caso, no por eso
renuncio a convencer a SS.SS y de esa manera lograr el voto favorable para los dos puntos de la moción que hoy presento a su consideración. Primera idea. No vine en la interpelación y no vengo hoy a hablar de la Y vasca; no vengo a exponerles una
preocupación específica sobre tal infraestructura sino sobre la totalidad del eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste europeo que, como ustedes saben, está constituido por dos ramales: el mediterráneo y el atlántico. La moción que hoy
presento a su consideración se refiere al ramal atlántico. La razón de ser de por qué tenemos esta preocupación respecto al ramal atlántico se la expongo a ustedes de inmediato. En cualquier caso, voy a hacer una consideración previa que también
intenté trasladar, asimismo sin mucho éxito, a la señora ministra.
La preocupación que sobre esta ramal y este eje intento trasladar aquí no es exclusiva de los vascos, mucho menos de los políticos vascos y todavía menos de los políticos nacionalistas vascos, sino que es una preocupación ampliamente
compartida en la política y fuera de ella. Es compartida por fuerzas económicas y sociales que entienden que esta infraestructura es una urgente necesidad, pero no menos que debe plantearse en términos de oportunidad para el desarrollo futuro. Y
no me refiero ni siquiera principalmente a las fuerzas económicas y sociales del País Vasco, sino que me refiero por igual a todas aquellas fuerzas económicas y sociales, sean del País Vasco, de Castilla y León o de cualquier otra comunidad
autónoma, de cualquier parte del Estado y también del Estado vecino de Portugal, que entienden que por esa vía ferroviaria va a desarrollarse una parte mucho más importante de su actividad y de su comercio con Europa y para quienes por lo mismo
dicha infraestructura ferroviaria debe ser en ancho UIC, en alta velocidad y capaz de transportar por igual viajeros y mercancías. Digo más, constituye una preocupación no solo a este lado de los Pirineos sino también al otro lado, en concreto en
el núcleo de Europa; constituye -así se lo recordé insistentemente a la señora ministra- una preocupación de Europa. No es necesario que vuelva a referirme aquí al informe de julio de este mismo año en el que se muestra esta misma preocupación y
se dice: Aclárenme ustedes qué van a hacer. ¿Y qué reclamamos nosotros? Básicamente una cosa, lo que reclama todo ese mundo al que acabo de hacer alusión, que esa nueva y prometedora infraestructura se haga en su totalidad, sin interrupciones
incomprensibles, sin esa especie de agujeros negros que a nuestro juicio van a condicionar enormemente su desarrollo futuro; que se haga en los términos y condiciones técnicas en los que se diseñó desde su origen allá por el año no sé cuantos, muy
lejano en el tiempo, en ese ancho UIC, alta velocidad y para mercancías y viajeros. Eso fue lo que planteamos a la señora ministra y eso es lo que hoy someto a su consideración. La ministra nos dijo, un tanto inexplicablemente, que en este tramo,
al revés de lo que ocurre entre Vitoria e Irún o entre Valladolid y Madrid, la nueva línea que se prevé construir entre Valladolid y Vitoria en ancho UIC no aceptará tráfico de mercancías, esto es, se está construyendo de tal forma
que no van a poder transitar mercancías por ella. Nosotros nos preguntamos cómo va a desarrollarse entonces el tráfico de mercancías una vez que se construya la línea ferroviaria en alta velocidad para viajeros y solo dispongamos de la
vieja línea actual de Renfe para mercancías. Nos dicen que esa vieja línea se va a pasar a ancho UIC y pregunto yo: ¿Cuándo? ¿Y va a ser en alta velocidad, cuando llegue ese momento indefinido en el que se sitúan las cosas? ¿Cuántos años después
de que exista la línea de alta velocidad para viajeros va a haber una línea en ancho UIC entre Vitoria y Valladolid en alta velocidad? Y entre tanto, ¿cómo esperan que se vaya a desarrollar el tráfico de mercancías con Europa y desde Europa por el
eje atlántico, como hasta hoy por lo que al tramo Vitoria-Valladolid se refiere, a paso de burra, que es como van los trenes en este país en lo que a mercancías se refiere? De ahí que el primer punto de nuestra moción venga a decir algo tan
elemental como lo siguiente: Hagan ustedes toda la línea en ancho UIC, háganla en alta velocidad y válida tanto para viajeros como para mercancías. Eso es lo que quiere Europa y lo que piden las fuerzas económicas y sociales, no solo del País
Vasco, insisto.
El segundo punto de la moción busca el mismo objetivo, solo que al tratarse de otro Estado proponemos que se llegue a un acuerdo con ese Estado para que él también lo haga en los mismos términos, porque no estamos desarrollando una
infraestructura para impulsar el comercio a este lado de los Pirineos, sino que estamos construyendo una infraestructura a través de la cual quisiéramos desarrollar nuestro futuro y el comercio de mercancías, al igual que el tránsito de viajeros, en
el contexto europeo. Esas dos cosas, ni más ni menos. Yo agradezco los esfuerzos que han hecho tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular para intentar que hoy pudiéramos presentar una moción única. Tras el análisis tanto de la enmienda de
modificación presentada por el Grupo Popular como de la presentada por el Grupo Socialista, los dos textos originales nos resultan inaceptables, no porque en algunas de las cosas no estemos de acuerdo, sino porque nuestra interpelación se presentó
para un tema muy concreto y a ese tema concreto debe responder la moción.
Ahora bien, en el curso de esta tarde y en las conversaciones mantenidas el Grupo Popular nos presenta una posible transaccional in voce que no tendríamos mayor inconveniente
en apoyar, ya que entendemos que su punto primero, que está redactado de otra forma, contempla lo que nosotros contemplamos en el punto 1; es decir, lo mismo que nosotros pedimos se puede hacer exactamente con el punto 1 que presentan ustedes.
Dejan una cierta posibilidad -para mí no muy real- a que haya otra forma de cumplir ese mismo objetivo, que es el que yo les decía a ustedes de disponer de un ancho ferroviario UIC, en alta velocidad y para que en la misma puedan trasladarse tanto
personas como mercancías. Respecto a la letra b) del punto 2, nos dicen ustedes que los plazos marcados por los documentos aprobados por la Unión Europea puedan ser los plazos con los que todos trabajemos, y ahí no habría ningún inconveniente, de
forma que si ningún grupo parlamentario tiene mayor objeción a que sometiéramos a votación esta transaccional in voce que nos presenta el Grupo Popular, nosotros no tendríamos inconveniente en que fuera ese el texto que se votara. Si ello no fuera
posible, nos quedaremos con nuestra moción original.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki, muchas gracias.
Se han presentado dos enmiendas a esta moción. Comenzaremos con la intervención del señor Ayala, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para defender la suya, que ha sido la primera de las presentadas.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor Beloki. En primer lugar, quiero señalar que la interpelación de la última sesión plenaria del Partido Nacionalista Vasco le pareció muy oportuna a mi grupo. Además, como ha dicho el señor Beloki -y nosotros
también lo ratificamos-, no es una moción que se haga solo para el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca, sino que afecta a los tráficos de toda la Península, de España y de Portugal, y a los tráficos con Europa y fundamentalmente -como también se
ha destacado- para los tráficos de mercancías. Es verdad que se están generando demasiadas dudas en la ejecución de este corredor, es verdad que hay un riesgo en la continuidad de los tráficos que se tienen que generar en este eje fundamental de la
Unión Europea. ¿Cómo se sintetizan estas dudas? Estas dudas se sintetizan en tres puntos fundamentales. Por un lado, la falta de voluntad por parte de Francia. A pesar de la creación del Grupo europeo de interés económico, a pesar de lo señalado
en la cumbre de Girona, a pesar de la declaración de intenciones de la ministra, lo cierto es que Francia no tiene voluntad alguna de cumplir sus compromisos y los compromisos con las redes transeuropeas de transporte. Se ha inventado un debate
público y con ello quiere estar demorando las decisiones y las inversiones para que España tenga la conexión permeable con Europa, porque evidentemente los más interesados somos los países de la península Ibérica, España y Portugal. Por otro lado,
también existen algunas dudas respecto a la voluntad y a la fuerza del Gobierno español -todo sea dicho en ánimo conciliador- para el cumplimiento de plazos y la formalización de las inversiones. Y existen unas dudas clarísimas en cuanto al
cumplimiento de los plazos de la Quick Star europea que se establecieron en el documento del año 2005. El Partido Popular siempre ha sido defensor de la red transeuropea de transporte; luchamos por su implantación,
luchamos por la introducción en la Quick Start de tres proyectos que afectaban a España y así lo vinimos ejecutando en el Gobierno y así lo dejamos programado, porque es un tema fundamental para España por su situación periférica, cada vez
más periférica con la ampliación a Veinticinco, y por la permeabilidad de los pirineos. La moción del Grupo Parlamentario Vasco tiene una serie de problemas que nosotros no podemos admitir, porque cuando ni la Unión Europea ni el Gobierno francés,
ni siquiera el Gobierno español, han variado los plazos de ejecución de unas infraestructuras, no va a ser el Congreso de los Diputados, no va a ser esta Cámara legislativa la que propicie que Francia no cumpla sus compromisos. Solo le faltaba a
los franceses que en España admitiéramos, de entrada, que no somos los que les exigimos los plazos de sus propios compromisos. El documento del año 2005 es muy claro, tanto para Francia como para España, y señala claramente que la parte española
Madrid-Victoria-Irún-Hendaya estaría terminada en el 2010 y la parte francesa Irún-Hendaya-Dax en el 2015. Hay una frase expresamente señalada en el documento que dice: la conexión crítica Irún-Hendaya-Dax debería estar completada en el 2010, pero
Francia notificó en 2005 que la fecha de terminación había sido pospuesta al 2015. Si después de que ellos la posponen al 2015, vamos a ser nosotros los que se lo consintamos hasta el 2020, entiendo que no es lo oportuno. Aquí vemos un clarísimo
incumplimiento que nosotros no podemos admitir y también un claro incumplimiento por parte del Gobierno español, porque la señora Álvarez, el otro día con ocasión del debate de la interpelación, no se atrevió ni a dar una fecha ni a concretar un
solo plazo ni siquiera a hablar de una programación en cuanto a esta línea; incumplimientos que, dicho también con todos los respetos, son evidentes en la enmienda el Grupo Parlamentario Socialista, que es bastante tibia en cuanto a sus compromisos
y también en cuanto a exigirle a Francia el cumplimiento de sus compromisos. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, no es admisible que la falta de voluntad francesa y su demora interesada para construir el corredor sea lo que justifique el
cumplimiento de los plazos por parte de España. No nos parece admisible por ningún lado. Con esto termino, señora presidenta. Nuestra enmienda pretende, tal y como ha dicho también el señor Beloki, conciliar todos los intereses y por eso hemos
ofrecido una enmienda transaccional, que agradezco la generosidad de su aceptación al señor Beloki -si los demás grupos parlamentarios no se oponen-, que paso a leer para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'. El punto 1 de la moción del
Grupo Parlamentario Vasco quedaría redactado de la siguiente manera. Instar al Gobierno: a que construya la parte española del ramal atlántico del proyecto prioritario número 3 en los plazos establecidos por la Unión Europea, y que el corredor
correspondiente al tramo Vitoria-Valladolid tenga garantizada, de forma simultánea, la interoperabilidad de pasajeros y mercancías en alta velocidad y en ancho UIC para evitar la rotura de carga entre estas dos ciudades. La redacción del apartado
b) del punto 2 sería: la ejecución en idénticas condiciones del tramo Vitoria-Dax, como sección central de dicho ramal atlántico, en los plazos marcados por los documentos aprobados por la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Ayala.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, en particular del señor Huertas, que tomará la palabra en su nombre para defender la segunda y última de las enmiendas presentadas a esta moción del Grupo Parlamentario Vasco.
Cuando quiera, adelante.
El señor HUERTAS VICENTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para exponer la razón por la que mi grupo ha presentado una enmienda a la moción que estamos debatiendo, que no es otra que pretender llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios, empezando por el grupo
interpelante, con el espíritu y actitud que debe presidir una obra de semejante coste y tan importante en el campo del transporte de viajeros y mercancías. España se incorpora a la Europa moderna y una parte de su red férrea se inserta en el eje
ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste, con ancho UIC, para viajeros y mercancías, según fue definido en la cumbre de Essen, y con un horizonte de realización, señor Ayala, del 2020.
Señor Beloki, en relación con su argumentación -también me refiero al señor Ayala- y sin entrar en detalles, destacaría que hay un órgano europeo que coordina y tiene un seguimiento de este magno proyecto de 20.000 kilómetros de vías de alta
velocidad, en el que está inserto el eje atlántico y que, por tanto, está auspiciado por la UE, con todo lo que ello implica. Deben ser los gobiernos, y entre los gobiernos los órganos, quienes determinen todas las cuestiones técnicas debiendo
ajustarse a las directrices generales, pero con la libertad de establecer sus sistemas de coordinación, seguimiento, plazos de realización, etcétera. Señor Ayala, en este caso le diría que solo se puede conveniar el tramo Vitoria-Dax por ser un
tramo transfronterizo. El Gobierno español y el Gobierno vasco han suscrito un convenio para la realización de 152 kilómetros del tren de alta velocidad de este eje atlántico, al que nos estamos refiriendo, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado y por un importe de 4.178 millones de euros. Esto lo digo, señor Beloki, porque en el convenio hay una cláusula, la número 9, donde se crea una comisión de seguimiento y coordinación para velar por el cumplimiento de las obligaciones
asumidas y las que puedan afectar
de forma directa o indirecta al proyecto en su conjunto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque existe un proyecto europeo con unas directrices, porque hay acuerdos y compromisos entre los gobiernos -de ahí la propuesta de la comisión
intergubernamental que planteamos en el punto número 2-, por el espíritu de colaboración y participación existente entre el Gobierno español y el vasco, acreditado por un convenio generoso, y porque no es para mañana sino para el 2020. Por tanto,
señor Ayala, en este caso dispara usted con pólvora del rey. Habla del plazo 2010 y del 2015 para Francia. Ustedes, en el año 2004, respecto al tramo Vitoria-Valladolid no tenían previsto el impacto ambiental ni estudio informativo. La ministra
de Fomento respondió de forma pormenorizada y amplia desde esta tribuna en el pasado Pleno. Nuestra enmienda pretende despejar dos preocupaciones: una, damos por hecho el ancho UIC y, otra, la interoperatividad de viajeros y mercancías.
En cuanto al compromiso de crear cuanto antes la comisión intergubernamental, acorde con la cumbre hispano-francesa de Girona, señor Beloki, el tratado internacional en los términos que usted propone no lo firma ningún Gobierno. Lo mismo le
digo a usted, señor Ayala, su planteamiento en ese campo tampoco sería asumido.
Finalizo. Centremos nuestras preocupaciones también en lo interno y más cercano, en lo de casa. No permitamos que las minorías se impongan, y menos por la fuerza. Hoy estamos llamados a sumar esfuerzos para que, como a usted le gusta
decir, señor Beloki, en términos ferroviarios, no haya ruptura de carga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Huertas.
Pasamos, señorías, a las fijaciones de posición. Comenzamos con el Grupo Mixto. Señora Lasagabaster, cuando quiera. Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo, en nombre de Eusko Alkartasuna, en una cuestión que nos ha parecido siempre de tremenda relevancia y de la que llevamos hablando desde el año 1993, que es la del proyecto de red transeuropea, determinado por el Consejo Europeo de
Essen como uno de los claves desde el punto de vista de la cohesión europea. Esto está claro. No lo ha discutido nadie y no se puede discutir. Ya desde la época de los famosos proyectos de Delors, de los que forma parte este proyecto de red
transeuropea, se han venido haciendo grandes declaraciones, pero la realidad es que ha sido paralizado tiempo y tiempo; desde 1993 a 2006 en que nos encontramos ha tenido vicisitudes, por no decir múltiples obstáculos. Lo que sí es cierto es que,
desde la óptica europea, siempre se ha mantenido su claridad en cuanto a valor estratégico, a valor impresionante en relación con la cohesión del transporte europeo y una vez más este último año, en el mes de julio, se ha vuelto a determinar la
importancia y la trascendencia de este ramal atlántico, dentro del sudoeste no solamente europeo, desde el punto de vista europeo atlántico y europeo mediterráneo, e incluso se le ha dado un mayor valor añadido, y así se decía en las propias
palabras de los representantes europeos, a la alta velocidad Gasteiz-Dax. Es decir, desde el punto de vista europeo está claro que se apremia a los Estados, en este caso al Estado español y al Estado francés, a que se cumpla con una red europea de
transporte, pero los Estados español y francés en todos estos años, no han puesto desgraciadamente no solo la suficiente dotación presupuestaria sino la voluntad política para poder llevar a buen término esta cuestión.
El debate del otro día fue muy interesante, pero para Eusko Alkartasuna no se clarificó del todo las dudas que se están planteando. Escuché a la señora ministra las explicaciones que le pedía el señor Beloki, las volví a leer varias veces y
no tengo claro si se va a producir una red transeuropea donde no haya ruptura de carga y que lo que se pretenda sea un sistema que sirva a viajeros y al transporte de mercancías. En definitiva, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es
tratar de hacer una sustitución del transporte por carretera que soportamos -y digo soportamos- desde el punto de vista de los habitantes de la conexión europea, en este caso del sudoeste en el caso atlántico, por nuestras carreteras, que genera un
problema tremendo de habitabilidad y de la dimensión medioambiental. Hay que sustituir ese transporte por carretera por transporte a través de la red ferroviaria. Este es uno de los problemas que -quizá no sea una experta- no me quedó claro de la
explicación de la ministra, si iba a ser posible. La segunda cuestión hace referencia a los plazos que es el tema que hemos planteado siempre.
Se hablaba del 2020, del 2010, 2012, 2015. Este es un proyecto que urge tremendamente y que, además de
la falta de voluntad política que hemos visto en el pasado en los gobiernos del Estado español, es evidente que también topamos con el Gobierno del Estado francés que no parece ser muy voluntarioso en lo que se refiere a los distintos proyectos, no
solo ferroviarios sino también proyectos por carretera o de otra índole de infraestructuras para la península Ibérica. Hay un problema tremendo y creemos que este es un tema que deberá debatirse una vez más en posteriores interpelaciones, debates
en el Parlamento o fuera de él.
En todo caso, vamos a apoyar la moción que se nos presenta. No nos oponemos a que haya habido una transaccional, aunque sea in voce.
Queremos leer otra vez la transaccional que se nos ofrece aunque creo que cubre los dos temas: que no
haya ruptura de carga en el primer punto y, en el segundo, que en lugar de poner 2020, se acojan a los documentos que están presentados por parte del Gobierno del Estado francés que hacen referencia al 2015. Entiendo que esos dos temas
pueden ser más beneficiosos y, por tanto, daríamos nuestro apoyo a esas dos cuestiones.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster. Muchas gracias.
¿Desea el Grupo de Izquierda Unida intervenir en este punto? (Denegación.) ¿El de Esquerra Republicana desea intervenir? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, este proyecto de tren de gran velocidad nació para comunicar a Europa y cada vez está evolucionando, especialmente en los Estados francés y español, como proyectos radiales en torno a las respectivas
capitalidades. Desde el inicio del proyecto europeo en su sección número 3, que era el paso de los Pirineos, hemos dado pasos atrás en el desarrollo del tren de gran velocidad. Se da la paradoja de que estamos hablando de una cosa en el
Parlamento, cuando todo el mundo sabe que se está evolucionando en dirección contraria. En el Estado francés -y lo publica la revista de ADIF del mes de noviembre- está claro que no hay ningún interés en acercarse a los parámetros de alta velocidad
hacia el Pirineo. En construcción, en proyecto, en estudio el último tramo de los que está en estudio es el tramo Burdeos-Dax-Vitoria. En proyecto está Burdeos-Toulouse. En el Reino de España las prioridades hacia Europa también se están
diluyendo en el tramo Valladolid-Vitoria. No es que no lo tenga claro, es que después de la intervención de la señora ministra, no sé a qué vamos a llamar en este país línea de alta de velocidad. A lo mejor, realizando el cambio de ancho ibérico
al UIC y arreglando un poco la catenaria, a las líneas actuales también las vamos a llamar líneas de alta velocidad, aunque tengan radios que no llegan a los mil metros y aunque tengan pendientes superiores al 0,50. Lo que nos tienen que explicar
es qué se pretende en el tramo Valladolid-Vitoria, si hacer una línea paralela contigua al trazado actual y después reconvertir, con esta moción cabría, el ancho ibérico por el UIC de la actual, con lo que habrá tramos en los que no se podrán
superar los 200 kilómetros por hora, o vamos con líneas de alta velocidad con radios de cinco kilómetros y con pendientes de 0,25 como máximo y que se puedan alcanzar los 330 kilómetros por hora. Esta realidad del Estado español es la misma que en
el Estado francés. Todos sabemos que no hay ninguna intención que hacer otra cosa, desde Burdeos a Dax y de Dax a la frontera -ellos ya tienen ancho UIC-, que cambiar la catenaria. Igual que en la vertiente mediterránea de Montpellier a Perpignan
ya está clarísimo -sólo hace falta leer las revistas de ADIF- que hasta 2015 no van a desarrollar ninguna línea nueva de altas prestaciones para que se pueda circular a 300 kilómetros por hora. Esta es la triste realidad. En vez de hacer un
programa ferroviario de alta velocidad pensando en Europa, cada vez más el Estado francés y el Estado español están priorizando, nuclearizado en sus capitales, una red radial como antaño; una realidad que, quieran o no, algún día tendrá que
aflorar, porque no puede ser que aquí se digan unas cosas y que luego las realidades y las decisiones del propio ministerio sean otras.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Andreu.
Señorías, finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y será el señor Jané quien fijará su posición en este último turno de debate de esta moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Vasco. Cuando quiera.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a dar apoyo a la moción defendida por el señor Beloki en nombre del Grupo Vasco. Lo va a hacer tanto si finalmente se votara en sus términos literales, como ha sido
presentada, como si se aceptara la enmienda transaccional, y entendemos que por cortesía parlamentaria ningún grupo debe impedir que pueda llegar a votarse. Por tanto, vaya por delante nuestro apoyo decidido a este cumplimiento de lo que es un
proyecto prioritario europeo; apoyo decidido también a lo que debe ser una moción que el señor Beloki ha definido bien en dos puntos claros: el primer punto, la parte que le corresponde al Estado español, que por lo menos desde las
responsabilidades de Gobierno en el Estado español se impulsen, se realicen esos tramos con prontitud.
En cuanto a la segunda parte, incluso se decía: ¿cómo vamos a instar al Gobierno francés? Claro que podemos, ¡si estamos hablando de una moción! ¿Es que estamos hablando de un proyecto de ley? ¿Es que esto va a publicarse en el BOE para
que tenga efectos jurídicos de tratado internacional? No, esto es una declaración política, que es lo que hoy estamos realizando en este Congreso de los Diputados; una declaración política a favor de un eje ferroviario transeuropeo de alta
velocidad, del sudoeste europeo, que es el proyecto número 3. Esta es la declaración política que queremos hacer aquí en el Congreso de los Diputados, tras el debate que tuvo lugar el pasado miércoles con la ministra de Fomento. Y tras ese debate,
debemos comprometernos políticamente, en primer lugar, en la parte que nos toca y, en segundo lugar -claro que sí-, proponiendo al Gobierno francés la firma de un tratado. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de antijurídico una declaración política en una
moción consecuencia de interpelación? Entendemos que no hay objeciones formales al punto 2; damos apoyo a esta moción que presenta el Grupo Vasco
y esperamos que tras el debate pueda haber no ya una votación mayoritaria sino que, a través del texto transaccional que se ha presentado, pueda ser -me atrevería a decirlo- una votación unánime de este Congreso de los Diputados, porque
sería la mejor respuesta que podríamos dar ante un tema que no incumbe únicamente al Estado español. Por tanto, sería positivo que se aprobara, pero no solo con los votos de una parte de la Cámara, sino que la votación fuera unánime, por lo que
pedimos al Grupo Socialista que se sume a ese texto transaccional que se ha acordado con el Grupo Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.
Señor Beloki, se han presentado dos enmiendas y ahora mismo hemos recibido una transaccional que le ha anunciado a usted el señor Ayala.
Adelante.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, si ningún grupo se opone nosotros estamos abiertos a que se vote la enmienda transaccional in voce, y en caso de que algún grupo se negara a que esta enmienda in voce fuera votada iríamos a nuestro
texto original, sin aceptar ninguna de las dos que se han presentado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda perfectamente claro, señor Beloki, así como también ha aclarado usted lo que SS.SS. saben, y es que dado que es una enmienda transaccional todos y cada uno de los grupos en el momento de
la votación deben aceptar que se pueda votar la enmienda transaccional.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL, EN CONCRETO EL GALLEGO. (Número de expediente 173/000167.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente moción consecuencia de interpelación: del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre la situación del sector pesquero español, en
concreto el gallego.
Comenzaremos, como no puede ser de otra manera, con el turno de la señora Fernández Davila para defender su moción consecuencia de interpelación sobre el sector pesquero español, en concreto el gallego.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Subimos a esta tribuna para defender la moción que presentamos, consecuencia de la interpelación debatida el miércoles pasado, relativa a la situación del sector pesquero español, en concreto del sector gallego.
El Bloque Nacionalista
Galego ha presentado distintas iniciativas relacionadas con el sector de la pesca, por lo que tengo observado que somos el grupo que manifiesta una mayor preocupación por el mismo si tenemos en cuenta el número de iniciativas presentadas. Señorías,
si están atentos a los datos que queremos compartir hoy en la defensa de la moción, se darán cuenta de que seguramente nadie puede tener tanto interés como el Bloque Nacionalista Galego o, cuando menos, nadie puede tener tanto interés como Galicia
en defender el sector pesquero porque en ningún otro territorio del Estado español la pesca tiene la misma incidencia en su economía como en Galicia. Simplemente como orientación, diré que la cifra de negocio del sector pesquero supera la barrera
de los 1.000 millones de euros, de los cuales el 43,33 por ciento representa la pesca de altura, que es el sector al que se refiere la moción que hoy debatimos. El total de ese volumen es todo el sector pesquero, que engloba el marisqueo a flote,
la acuicultura, el marisqueo o la pesca costera o de litoral. Pero aún hay más si tenemos en cuenta que a la incidencia del sector pesquero en el producto interior bruto de Galicia, tenemos que sumar la de la industria transformadora de la pesca.
En ese sentido, pasamos a 3.700 millones de euros, con lo que estamos en un 10 por ciento del producto interior bruto, es decir, que el sector pesquero en Galicia representa un 10 por ciento de su PIB. Pero podríamos decir aún más, según datos que
sacamos del estudio que el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, dirigido por la profesora García Negro, elaboró en el año 1999 de las tablas input-output de pesca, conserva galega. Además de datos como los que acabo de
exponer, se dice que la pesca en Galicia repercute en 54 de los sectores económicos identificados en nuestro país. Lo que queremos decir al exponer estos datos es que se tenga en cuenta la importancia que para Galicia representa el sector pesquero,
ya que, entre otras cosas y además de las que acabamos de exponer, 29.218 puestos de trabajo dependen de esta actividad, de los cuales más de 5.000 se refieren a la pesca de altura. Esperamos que se comprenda perfectamente la preocupación que
supone para nuestro grupo político, la situación del sector pesquero y las continuas crisis y dificultades que el mismo está teniendo, sobre todo en los caladeros internacionales, como pusimos de manifiesto en la interpelación que le presentamos a
la ministra de Agricultura y Pesca la semana pasada.
A pesar de que la señora ministra pareció que se enfadaba un poco con nosotros cuando le exponíamos determinados temas porque parecía que no queríamos valorar ni reconocer el trabajo que desde el ministerio se está haciendo, queremos decir
que sí reconocemos el trabajo que hace el Ministerio de Agricultura, pero entendemos que es necesario incrementar los esfuerzos, sobre todo en relación con las políticas de la Unión Europea, en tanto que es quien tiene que negociar con terceros
países, y en relación con caladeros como NAFO, en los que
existe una situación de reducción de pesca, como la pesca del fletán, derivada de estudios científicos, si bien, afortunadamente, después de mucho insistir en este Congreso, en la actualidad se están incorporando al Comité científico de NAFO
científicos españoles que pueden verificar esos estudios. Aún así, entendemos -y así lo exponemos en nuestra moción- que esos estudios deben ampliar la zona, e incluso deben ampliar los días de trabajo para emitir una resolución con mayor rigor.
Nadie puede tener más interés que el Bloque Nacionalista Galego -o cuando menos el mismo- en plantear una pesca sostenible, pero entendemos que los estudios científicos deben responder al máximo rigor y no a cuestiones que, como en otras ocasiones,
tal como sucedió en los mares de Noruega, tienen más relación con la política que con cuestiones científicas. De ahí que presentemos esta moción que trabajamos un poco con el Grupo Socialista.
El señor portavoz del Grupo Socialista defenderá la
enmienda que presentan, que es consecuencia de un debate en el cual entendíamos que podríamos llegar a un acuerdo aceptando la enmienda que presentan ya que, desde nuestro punto de vista -me ahorro el turno, señora presidenta, para posicionarme
sobre la enmienda-, recoge todos los puntos que presentamos en nuestra moción, añadiendo esa línea de reconocer la realización de los trabajos que el ministerio está haciendo y, por tanto, introducir en el texto que se continúen haciendo o
habilitando fórmulas alternativas.
Nosotros entendemos que los puntos que se podrían aprobar en el día de hoy serían muy importantes para la pesca gallega, entre otras cosas porque hay asuntos que quedan pendientes, como las cuestiones técnicas que se derivan del acuerdo con
Mauritania que, como ya explicamos en la defensa de la interpelación, deben quedar resueltos en las reuniones de la comisión mixta, como así se lo expusimos a la ministra hace una semana.
También sentimos preocupación por la aminoración de los
fondos europeos en la medida que tienen que repartirse, por tanto, en la necesidad de que se habiliten mecanismos para que se garantice a la pesca de Galicia aquellos fondos que como región Objetivo 1 tenían. Y por supuesto algo que nos parece
importante y que lo manifestamos hace una semana, que es la continuidad de impulsar la posibilidad de las empresas mixtas como única manera de poder faenar en diferentes aguas internacionales.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández, muchas gracias.
Señorías, se han presentado dos enmiendas. Comenzaremos con el Grupo Popular. El señor García Díez tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda presentada a esta moción consecuencia de
interpelación.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el último Pleno, durante el debate de la interpelación que motivó la moción que ahora debatimos, el Gobierno, a través de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, facilitó cifras y datos que, una vez más, contenían poco
rigor y bastante demagogia. Digo esto fundamentalmente por lo que afecta al trato que recibe España y concretamente Galicia -que tanto le preocupa a la diputada interviniente de hace un momento y que espero que me permita que me preocupe a mí al
menos tanto como a ella- en el reparto del nuevo Fondo Europeo para la Pesca para el periodo 2007-2013. Así, tuvimos ocasión de escuchar de boca de la ministra las siguientes frases que literalmente transcribo: Quiero señalar que los resultados de
la negociación han sido muy favorables para España. También dijo: Lo que sí le puedo asegurar es que Galicia será la gran beneficiada. Pero los datos incuestionables, rigurosos y matemáticamente exactos son otros. Los 380,8 millones de euros
asignados ayer a Galicia no representan, como se ha dicho, el 63 por ciento de lo que dispondrá España, sino que representan exactamente el 37,87 por ciento. No hace falta ser diputado, con una calculadora cualquier persona aplica a 1.005 millones
de euros el 37,87 por ciento y le dará 380,8 millones de euros, que es la cantidad asignada a Galicia. Ese es un dato irrefutable. Respecto a lo que recibió Galicia del antiguo fondo, del IFOP -que fueron 520 millones de euros en su momento-, si
lo comparamos con los 380 millones de euros que ayer le asignaron, ¿cuánto gana Galicia? Pierde 132 millones de euros, casi un 27 por ciento respecto de lo que tenía. Esto es lo real y para este portavoz esto es un fracaso.
Pero quien mejor lo
valoró fue el sector, que calificó el nuevo reglamento del Fondo Europeo para la Pesca como un fiasco. Lo que sí es verdad es que desde la oposición -la auténtica oposición- hemos dicho muchas veces que el sector pesquero español nunca estuvo en
momentos más delicados ni se sintió más abandonado por su Gobierno que lo está ahora.
Pero, en fin, señorías, hoy es de las pocas ocasiones en que en el orden del día del Pleno se nos permite abordar soluciones o problemas de la pesca y es lo que
este portavoz quiere hacer; aprovechar estos escasos minutos, con muy pocas probabilidades de éxito después de escuchar que ya se ha trabajado conjuntamente entre el grupo proponente y el Grupo Socialista una enmienda, para la presentación de
nuestra enmienda, que pretendía -y digo pretendía por lo que acabo de escuchar- mejorar la propuesta inicialmente planteada por el Grupo Mixto. Al punto 2 de esa primera propuesta, que se refería a la posibilidad de conceder subvenciones directas a
la constitución de sociedades mixtas -tal y como se ha venido haciendo en el anterior periodo de aplicación de los fondos comunitarios-, hoy ya sabemos todos que ha quedado excluido en el reglamento vigente. Por ello, hemos introducido un nuevo
texto que permita, de aprobarse por esta Cámara,
establecer ayudas directas a la cooperación empresarial pesquera.
Compartimos la idea de que para acceder a determinados caladeros -caladeros que son reserva de determinados Estados para la explotación por sus propias flotas nacionales- la única forma es constituir sociedades mixtas. Eso creo que no lo
discutimos nadie. Nuestra flota no debe continuar su tendencia de reducción y, por tanto, debemos buscar entre todos soluciones para que accedan a estos caladeros. Ya habíamos presentado una proposición no de ley en abril de este año que se había
aprobado entre todos en la Comisión de Pesca, pero que no ha dado motivo a acción posterior alguna.
El punto 3 de la moción llega tarde. Ya está repartido ese Fondo Europeo para la Pesca, y, por tanto, hoy sería imposible plantearse un incremento de esas cantidades, pero como lo que nos interesa es que la dotación de España sea lo más
elevada posible, lo único que cabe, y en este sentido va nuestra enmienda, es instar a que se promueva ante la Comisión Europea y el Consejo de Ministros comunitario una propuesta para aprobar un texto que diga más o menos lo siguiente: Los fondos
no aplicados por un Estado miembro pueden ser incorporados a los Estados miembros que sí tengan capacidad de gasto.
No me referiré a otros puntos por falta de tiempo, solamente lo haré al último punto, al punto 5, que habla de la problemática existente tras el último acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. He de decir que para hacer
competitiva la flota comunitaria es necesario que la flota mauritana mantenga las mismas condiciones de trabajo que la flota europea puesto que ambas tienen el mismo mercado, que es el mercado europeo y el mercado japonés. Y lo que no es de recibo
es que se acuse a la flota europea de esquilmar el caladero cuando se permite a los barcos locales, a los barcos mauritanos, pescar, por ejemplo, tallas más reducidas; o mucho más grave, que los periodos de reposo no sean compartidos por ambas
flotas. Creemos, por tanto, que era el momento de precisar cada una de estas cuestiones y en ese sentido iba nuestra enmienda.
Termino, señora presidenta. Después de ver la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista -que para nuestro grupo no es más que un texto lleno de imprecisiones y sin ningún compromiso a asumir por parte del Gobierno-, ante la
estrategia de ambos grupos, yo solo puedo decir que el mío no va a participar en esta comparsa, en este, si se me permite la expresión coloquial, pasteleo entre dos partidos que en Galicia un día sí y otro también están anteponiendo sus intereses de
Gobierno por encima de los intereses de sectores que como el pesquero pierden una nueva oportunidad de mejorar de haberse aprobado nuestra enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor García.
Continuamos con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Será el señor Díaz Díaz quien en nombre de dicho grupo tome la palabra para defender la enmienda presentada a esta moción del Grupo Parlamentario Mixto. Cuando quiera, señor
Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor García Díez, en mi país dirían (El señor Díaz Díaz pronuncia palabras en gallego.) El Grupo Parlamentario Popular parece que no es consciente de que hasta hace dos años y medio estuvo
gobernando la política pesquera de este país y que de aquellos polvos salen estos lodos, en buena medida corregidos. Pero no vamos a entrar al trapo de la intervención del señor García Díez, sino que vamos a prestar atención a una moción que somete
a debate la mayoría de los problemas que afectan a la flota pesquera española en aguas exteriores. Una moción que trata de las restricciones en aguas NAFO, las sociedades mixtas, los fondos europeos de pesca, los problemas técnicos del tratado con
Mauritania, las cuotas en aguas profundas y también un tema interno, el reparto de las ayudas pesqueras de la Unión Europea entre las comunidades autónomas. Justificó la señora ministra, con motivo de la interpelación, que las preocupaciones de ese
grupo las comparte también el Gobierno y este grupo; se está trabajando en ello y los resultados, a pesar de que el contexto internacional no es favorable, no hay vientos favorables para la pesca, en el caso español parece que los datos indican que
con el trabajo de todos estamos capeando el temporal.
Comentaré brevemente las propuestas y también nuestra enmienda que, aclaro, fue pactada con el grupo proponente y que recoge y viabiliza las propuestas iniciales del BNG. El primer punto trata de la ampliación de estudios en aguas NAFO y su
zona geográfica. Tengo que decirles a este respecto que en el área de regulación se están realizando actualmente a bordo del buque oceanográfico Vizconde de Eza tres campañas científicas continuadas. Estas campañas cubren la zona donde trabaja la
flota española y a través de las mismas se recoge información durante un periodo de tres meses. Hay además un acuerdo científico con Canadá que permite pescar dentro de la zona exclusiva de ese país. En consecuencia, se está trabajando para
mejorar la información científica para la toma de decisiones, y he de aclarar que aumentar sensiblemente el tiempo de duración de esta campaña es complicado; una mayor instancia implica reducir campañas en otras aguas, e incrementar el área de
actuación implicaría reducir intensidades. De todos modos, el tema no se descarta.
En lo que se refiere a las ayudas a las sociedades mixtas, señor García Díez, tengamos memoria histórica o solamente memoria y sepamos que la financiación de las sociedades mixtas fue expresamente eliminada por la reforma de la política
pesquera común en el año 2002. Por
ello, nos parece que es un logro importante haber conseguido que en el texto definitivo del Reglamento del FEP se abra la posibilidad de continuar con el apoyo a las sociedades mixtas mediante la fórmula de considerarlas incluidas en el
ámbito de las acciones colectivas. Por ello, instamos al Gobierno a seguir apoyando la viabilidad de las sociedades mixtas ya que constituyen un elemento de importancia relevante para la estabilidad del sector.
El punto tercero de la moción trata de incrementar la cuantía del Fondo Europeo de la Pesca. ¡Qué más quisiéramos! El Consejo celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 2004 aprobó el marco financiero 2007-2013. El Fondo Europeo de la
Pesca ha recibido una cantidad superior a los 1.000 millones de euros, de los cuales corresponde a las regiones de Objetivo convergencia 840 millones. Esto es todo, el tema está cerrado y debo aclarar aquí que la UE no entiende que el futuro
dependa solo de fondos europeos y somos conscientes de que el Gobierno está trabajando en colaboración con el sector buscando alternativas para garantizar su competitividad de acuerdo con este.
En cuanto al tema de una comisión mixta con Mauritania, la semana pasada hubo una reunión de trabajo, se avanzó en la clarificación de muchos temas, quedan otros pendientes y las conversaciones deben continuar. El Gobierno está trabajando
en ello y le animamos a que lo siga haciendo.
Respecto al reparto de fondos, se hizo ayer y los resultados que tengo no son los mismos que maneja el señor García Díez porque estamos hablando de los fondos destinados a las regiones Objetivo
convergencia y estas regiones, entre las que está Galicia, son el 63,19 por ciento frente a un 44 por ciento. Es cierto que la cantidad es menor que la percibida anteriormente, pero también es cierto que la cuantía del fondo bajó para Galicia y
para el conjunto de todas las regiones Objetivo convergencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Díaz.
Abrimos turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA EXIGENCIA DE CONSTITUIR UNA MESA MULTILATERAL DE AGENTES POLÍTICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y SINDICALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DEL PAÍS VASCO FRANCÉS PARA ACORDAR UN NUEVO MARCO POLÍTICO Y TERRITORIAL EN EL QUE QUEDARÍA INTEGRADA NAVARRA. (Número de expediente 173/000168.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a debatir la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la posición del Gobierno en relación con la exigencia de constituir una mesa multilateral de
agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de la Comunidad Autónoma Vasca, de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco Francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el que quedaría integrada Navarra. Será el señor
Del Burgo...(Rumores.) Señorías, ¿alguien va a defender en nombre del señor Del Burgo esta moción? (Pausa.) ¿Ningún portavoz del Grupo Parlamentario Popular va a defender, reitero, la iniciativa en nombre del señor Del Burgo? Porque, si no es así,
señorías, voy a tener que dar por decaída esta moción que no tiene defensor. (Pausa.)
Muy bien, señorías, decae dicha moción y llamamos a votación.
(Aplausos.-La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿En nombre de qué artículo desea la palabra, señora De Lara?
La señora DE LARA CARBÓ: Pido que se interrumpa cinco minutos la sesión para que venga el señor Del Burgo. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por dos veces he preguntado al Grupo Parlamentario Popular si alguien de ustedes iba a defender la moción en su nombre, señora De Lara, y, si no lo hace nadie, como entiende usted y el
Reglamento obliga a esta Presidencia, tengo que solicitar que decaiga la moción. Por tanto, con todo el dolor de mi corazón, lo siento muchísimo, pero ha decaído la moción, señora De Lara.
Muchas gracias. Seguimos llamando a votación. (Rumores.-Una señora diputada: Ha decaído.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación. Pero antes conviene que por parte de la Presidencia se dé una explicación breve, que esperemos sea aceptada por todos los grupos parlamentarios y que resuelva una situación que
no es nueva, puesto que ya se planteó hace algunas semanas, respecto a la presencia o no de los representantes de los grupos parlamentarios que tienen que hacer frente al punto del orden del día que se está discutiendo en el hemiciclo. Ya aconteció
hace unas semanas, ha acontecido esta vez, y probablemente tengamos que estudiar entre todos la mejor forma de que esto no suceda, porque crea dificultades para la dirección de los debates. (Rumores.)
Para resolver la cuestión que se ha planteado, resuelta correctamente por la señora vicepresidenta y en aplicación correcta del Reglamento, existe una solución, y es que se podría recuperar, en interés del grupo proponente, y en forma de
proposición no de ley para tratar en el debate de la semana que viene, la cuestión que iba a ser hoy debatida. (Una señora diputada: ¡No!) Esto resuelve la situación, porque en la apelación que se hizo de un
precedente -tengo delante de mí la situación que se creó cuando la no comparecencia a la que ustedes aludían de un ministro-, efectivamente, el tema no se trató, discutiéndose precisamente la semana siguiente. Fue una situación que, como
recordará alguno de los diputados del Grupo Popular, se resolvió así por la Presidencia.
En consecuencia, aunque no sean extremos estrictamente comparables, y al objeto de proteger la situación de los grupos, creo que esta es la solución más adecuada, y espero que se acepte por todos sin el necesario debate de tipo
procedimental.
Procedemos a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la
jerarquía de la Iglesia católica, en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas, respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto, con la enmienda del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, ocho; en contra, 284; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo, con la transaccional. En primer lugar, ¿algún grupo parlamentario se opone a su
tramitación? (Pausa.) En ese caso, votamos la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 156; en contra, 145; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre la situación del sector pesquero español, en concreto el gallego, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 177, en contra, dos; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.