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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 219, de 30/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 219
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARME CHACÓN PIQUERAS VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 203
celebrada el jueves, 30 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 75-1, de 27 de enero de 2006. (Número de expediente 121/000075.) ... (Página 11111)
-Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal, atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias (antes Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia),
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 84-1, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 121/000084.) ... (Página 11121)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Canje de Notas, hecho en Madrid los días 7 y 17 de abril de 2006, entre el Reino de España y la República Francesa sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería
Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 298, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000173.) ... (Página 11139)
-Canje de Notas, hecho en Madrid los días 7 y 11 de abril de 2006, entre el Reino de España y la República Italiana sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería
Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 299, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000174.) ... (Página 11140)
-Canje de Notas, hecho en Madrid el 17 de abril de 2006, entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería Europea
que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 300, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente110/000175.) ... (Página 11140)
-Canje de Notas, hecho en Madrid los días 7 y 13 de abril de 2006, entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de
Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 301, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente110/000176.) ... (Página 11140)
-Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 5.ª Reunión del Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM), hecho en Roma el 29 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 302, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente110/000177.) ... (Página 11141)
-Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la décima reunión del Subcomité sobre comercio pesquero del Comité de Pesca,
hecho en Roma el 29 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 303, de 29 de septiembre de 2006.
(Número de expediente110/000178.) ... (Página 11141)
-Protocolo que modifica el Convenio de 26 de abril de 1966 entre España y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 29 de junio de 2006. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 304, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente110/000179.) ... (Página 11141)
-Protocolo Adicional al Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Lisboa el 12 de julio de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 305, de 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente110/000180.) ...
-Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la protección mutua y el intercambio de información clasificada, hecho en Madrid y Varsovia el 18 de abril y 25 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 306, de 29 de septiembre de 2006.
(Número de expediente110/000181.) ... (Página 11141)
-Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Nueva Delhi el 3 de julio de 2006.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 309, de 20 de octubre de 2006. (Número de
expediente 110/000182.) ... (Página 11141)
-Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 312, de 27 de octubre de 2006. (Número de expediente 110/000183.) ...
(Página 11142)
-Acuerdo entre la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur y el Reino de España relativo a la adhesión al Convenio que establece la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio
Sur y sus respectivas cláusulas y condiciones y Protocolo Financiero anexo al mismo. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 316, de 17 de noviembre de 2006. (Número de expediente 110/000184.) ... (Página
11142)
Elección de un Sr. Diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:
-Elección de un Sr. Diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000002.) ...
Propuestas de creación de Subcomisiones:
-Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una Subcomisión sobre la Política de Inmigración. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 456, de 27 de octubre de 2006. (Número de expediente 158/000024.)
... (Página 11142)
SUMARIO
Jueves, 30 de noviembre de 2006
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado. ... (Página 11111)
Proyecto de ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior ...
(Página 11111)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y las señoras González Segura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ... (Página 11121)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Manifiesta que dada la trascendencia histórica de la Ley de la promoción de la autonomía personal, desea hacer una valoración de la misma desde el Gobierno.
Finaliza expresando su reconocimiento y gratitud a todos los que soñaron, pensaron, idearon, edificaron y debatieron esta ley, pues a partir de hoy muchas personas, muchas familias de nuestro país empezarán a sentirse menos solas.
Intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez
Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . ... (Página 11139)
Canje de Notas, hecho en Madrid los días 7 y 17 de abril de 2006, entre el Reino de España y la República Francesa sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería
Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril ... (Página 11139)
Canje de Notas, hecho en Madrid los días 7 y 11 de abril de 2006, entre el Reino de España y la República Italiana sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería
Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril ... (Página 11140)
Canje de Notas, hecho en Madrid el 17 de abril de 2006, entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería Europea que
tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril ...
(Página 11140)
Canje de Notas, hecho en Madrid los días 7 y 13 de abril de 2006, entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de
Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril ... (Página 11140)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores reseñados, se aprueban por 291 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
En turno de explicación de voto intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Marsal Muntalá,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 5.ª Reunión del Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM), hecho en Roma el 29 de mayo de 2006 ... (Página 11141)
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la décima reunión del Subcomité sobre Comercio Pesquero del Comité de Pesca,
hecho en Roma el 29 de mayo de 2006 ... (Página 11141)
Protocolo que modifica el Convenio de 26 de abril de 1966 entre España y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 29 de junio de 2006 ...
Protocolo Adicional al Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Lisboa el 12 de julio de 2005 ... (Página 11141)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la protección mutua y el intercambio de información clasificada, hecho en Madrid y Varsovia el 18 de abril y 25 de mayo de 2006 ... (Página 11141)
Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Nueva Delhi el 3 de julio de 2006 ...
(Página 11141)
Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006 ...
Acuerdo entre la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur y el Reino de España relativo a la adhesión al Convenio que establece la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur
y sus respectivas cláusulas y condiciones y Protocolo Financiero anexo al mismo ... (Página 11142)
La Presidencia somete a votación conjunta los dictámenes sobre los convenios internacionales relacionados, lo que se aprueba por asentimiento.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página 11142)
Se procede a la votación para la elección de un señor diputado para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales.
Propuestas de creación de subcomisiones . ... (Página 11142)
Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una subcomisión sobre la política de inmigración ... (Página 11142)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una subcomisión sobre la política de inmigración, se aprueba por 159 votos a favor, uno en contra y 118 abstenciones.
En turno de explicación de voto intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrachina Ros,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO
-PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR.
(Número de expediente 121/000075.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vamos a iniciar la sesión plenaria del día de hoy con el punto VI del orden del día referente a las enmiendas del Senado. Comenzaremos en el punto 36 con el proyecto de ley del estatuto de la
ciudadanía española en el exterior. Comenzaremos fijando posición y empezaremos por el Grupo Parlamentario Mixto. Será la señora Fernández Davila quien en su nombre tomará la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para fijar posición respecto a las enmiendas que nos vienen del Senado al proyecto de ley del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior. Quisiera manifestar que vamos a votar a favor de una serie de enmiendas que
desde nuestro punto de vista mejoran el texto que sale del Congreso y que, en algún caso, dado que teníamos presentada una enmienda que entendimos que fue aceptada, estaba ya corregida en la tramitación de esta casa, como es la actualización del
nombre del Consejo de la Emigración, como constaba anteriormente, por Consejo de ciudadanos españoles en el exterior. Vamos a aceptar esa enmienda, igual que otras que, como digo, mejoran el texto. Sin embargo, nos vamos a abstener en la votación
de una enmienda que está relacionada con la explicación del tipo de regulación que hubo hasta ahora en relación con organismos de representación de la emigración, entendiendo que no aporta nada y deja en cambio algunas cuestiones confusas. Vamos a
apoyar otra serie de enmiendas, como la del artículo 1, que es la modificación del punto 3, que establecen un marco más claro respecto al reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas, que pensábamos que quedaba suficientemente
corregido en el texto del Congreso pero, a la vista del trabajo hecho en el Senado, comprobamos que las correcciones
realizadas son mucho más adecuadas y dejan al estatuto en unas condiciones que evidencian con claridad las competencias de las comunidades autónomas y las del Estado.
Hay una enmienda sobre la que quisiéramos llamar la atención de SS.SS., que no vamos a apoyar porque es confusa, ya que si se atiende concretamente a lo que dice no se interpretaría adecuadamente. La enmienda plantea la modificación del
punto 2 del artículo 17 y se refiere a los derechos de los emigrantes respecto a las pensiones, a la Seguridad Social, etcétera, que residen en el exterior y a los que se decida retornar el abono de las cotizaciones voluntarias al sistema de la
Seguridad Social. Nosotros entendemos que lo que quiere decir es que tendrán derecho a las cotizaciones correspondientes de la Seguridad Social, pero tal como se redacta aquí parece que se puede interpretar que tendrán derecho a que se les devuelva
lo que han cotizado, lo cual no sería lógico.
No vamos a apoyar tampoco la enmienda al punto 3 del artículo 23, en la medida en que insta al Estado a promover el acceso a las universidades privadas. Nosotros entendemos que el texto que sale del Congreso está perfectamente, que dice que
el Estado promoverá igualmente el acceso a las universidades públicas a distancia. Pensamos que el Estado no tiene por qué promover el acceso a las universidades privadas, independientemente del derecho de las personas a hacerlo.
Permítanme, señorías, que haga un pequeño inciso para explicar las razones por las que no vamos a aceptar la enmienda que se hace al punto 2 del artículo 25. Es una enmienda que trae consigo un cierta polémica, suscitada después de
aprobarse el estatuto en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y que se refiere a su vez a una enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario en la que se decía -y así consta en el texto que salió del Congreso- que el Estado, en
coordinación con las comunidades autónomas, promoverá la divulgación y el conocimiento de la diversidad cultural española del Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. La polémica se suscitó porque pareció que algún grupo político acusaba
a otro de permitir que se le colara una cuestión que poco menos -tal como era la polémica- pretendía romper España, como suele decir el Partido Popular. Nada más lejos de la intención de los que proponíamos la enmienda. Lo hicimos con toda
naturalidad, sobre la base de que estábamos definiendo las características del Estado español, un Estado pluricultural y plurilingüe. Precisamente por esas razones la definición de plurinacional nos parecía lo más natural, lo más normal y no
tuvimos la apreciación que tuvo el Partido Popular en el momento en el que se aprobó la enmienda que nosotros presentamos. Nos lo tomamos con toda naturalidad y no hicimos de la aprobación de la enmienda ninguna cuestión de principios de conquista
del nacionalismo gallego o del nacionalismo en general en el Estado español. Nos pareció una cuestión natural que estuviera ahí. Por tanto, no vamos a apoyar la modificación que nos viene del Senado en este punto.
Sí vamos a apoyar que el Gobierno, en el plazo de seis meses de la entrada en vigor de esta ley, promueva una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles. Hago explícita mención de esta enmienda que vamos a
apoyar, aunque no me haya referido a otras, porque si bien vamos a aprobar lo que nos viene del Senado, lo vamos a hacer porque mejora el texto anterior. Sin embargo, seguimos considerando que se necesita una regulación que reconozca el derecho a
la nacionalidad de los descendientes de españoles, porque aunque sus padres no tuviesen la nacionalidad por diferentes razones, siendo nietos de españoles, sus abuelos sí la tenían, y por tanto deben tener el derecho a esa nacionalidad debidamente
regulado, como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones. Por tanto, vamos a apoyar la enmienda que viene del Senado, porque mejora lo que se contemplaba en el texto tal como salió del Congreso. Esta es nuestra posición respecto a las enmiendas del
Senado.
Para finalizar, nos congratulamos de que se apruebe definitivamente el estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, porque es una demanda histórica formulada desde distintas instancias de la emigración y presentada en diversas
ocasiones al Gobierno por el Consejo General de la Emigración. Por ello, supongo que su aprobación significará una gran satisfacción para el colectivo de ciudadanos españoles en el exterior, porque regula determinadas cuestiones que hasta ahora
estaban confusas y derechos que hasta ahora no se tenían. Vuelvo a repetir que esta era una demanda de un sector de ciudadanos que, incluso por el beneficio económico que supuso para el Estado su condición de emigrantes, merecen la atención del
Estado y del Gobierno. Pensamos que este estatuto, aunque es muy mejorable, como todo, puede colmar en principio las aspiraciones de este colectivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones, adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde que tuvo entrada en la Cámara este proyecto de ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior, Coalición Canaria-Nueva Canarias le prestó su máximo apoyo e interés. No en vano desde Canarias los movimientos de migración,
sobre todo hacia Latinoamérica, han sido constantes. Incluso superamos lo que se
dice en el primer párrafo del preámbulo de este proyecto de ley, cuando fija las fechas de la emigración española en el siglo XIX y mediados del siglo XX. En Canarias, sobre todo desde el reinado de Carlos III, en la mitad prácticamente del
siglo XVIII, ya existían emigraciones constantes de familias, sobre todo del medio agrario, que produjeron fundaciones como la de San Antonio en Tejas u otras en Uruguay. Digo esto para dar énfasis al apoyo que desde nuestro grupo vamos a darle a
este proyecto de ley en su aprobación definitiva.
Con respecto a las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta quiero decir que en términos generales, salvo dos excepciones que queremos solicitar a los servicios de la Cámara su votación separada, estamos plenamente de acuerdo. La mayoría
de las enmiendas introducidas son de carácter gramatical, de carácter técnico y de perfeccionamiento de su sintaxis que aclaran algunos conceptos que estaban un poco embrollados en el proyecto de ley que salió del Congreso de los Diputados para el
Senado.
Quiero resaltar unas enmiendas en las que consideramos muy positivas la labor del Senado, como las que se refieren, por ejemplo, al artículo 1, apartado 3, donde se da un énfasis especial a las distintas administraciones públicas que se
sustituyen para especificar lo que serán las comunidades autónomas y algunos conceptos como el retornar o no a España definitivamente. En fin, el emigrante retorna y puede volver después a su lugar de emigración.
En el proyecto de ley se ha incluido un nuevo apartado 2 en el artículo 9, que viene a regular el derecho a ser electores y elegibles para los órganos consultivos de la emigración regulados por la ley. No olvidemos que en los últimos
antecedentes legislativos que hemos tenido en España a este respecto se hacía una invocación, que se ha suprimido precisamente por una enmienda del Senado, al Consejo de Residentes Españoles y al Consejo General de la Emigración. Nos parece
adecuado que se haga una actualización de las instituciones en el nuevo apartado 2 del artículo 9 que, como he dicho, viene a regular las condiciones electorales.
Asimismo, nos parece positivo que se haya dado una nueva redacción al artículo 15
añadiendo un apartado 5, ya que se favorecen los cauces de participación de los ciudadanos de nacionalidad española, sin perjuicio de la participación de ciudadanos de otras nacionalidades. Esto es frecuente, sobre todo, en algunos países
latinoamericanos donde hay órganos de representación paralelos a los que existen en los países de origen, pero que concurren allí. Me refiero a países del área europea latina como pueden ser España, Portugal, Italia, o incluso Francia.
En cuanto al artículo 25, apartado 2, creemos que se hace una salvedad importante porque en el texto que había salido del Congreso se decía: El Estado en coordinación con las comunidades autónomas. Sin embargo, con la Constitución española
en la mano, las comunidades autónomas son Estado, es decir, el Estado es todo. Una cosa es hablar de comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, que entonces tendría sentido, ya que hay un Gobierno de la nación que reside en la
capital del reino y existen las comunidades autónomas, pero si a todo eso sumamos desde los ayuntamientos hasta el Consejo de Ministros, todos son Estado español o reino de España. Por tanto, conviene hacer esta diferenciación. En el artículo 27,
apartado 4, se hace una adición que también significa un reconocimiento a las corporaciones locales, ya que tienen algunos servicios que están dedicados a la población originaria de los mismos porque el emigrante sale de un Estado, pero también sale
de una localidad, de un ayuntamiento, de un pago administrativo del territorio del Estado.
Por estas razones apoyaremos este proyecto de ley, señora presidenta, porque nos parece muy necesario y oportuno que los emigrantes españoles allende los mares vean que en la Cámara legislativa hay un recuerdo y un reconocimiento importante
para los mismos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señorías, tomará la palabra en su nombre don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
En el día de ayer la Universidad Central, ahora la Universidad Complutense, realizó un homenaje a los profesores que fueron, a consecuencia del franquismo, echados de sus cátedras y de sus responsabilidades; muchos de ellos formaron parte
luego del exilio. En ese sentido, la ley que estamos viendo en el día de hoy forma parte de nuestra memoria, cierra algunas heridas y, por otra parte, también es una ley de derechos. Nuestro grupo parlamentario está muy satisfecho de la ley del
estatuto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, toda vez que no existía una ley aprobada por el Congreso de los Diputados en el periodo democrático que reconociese los derechos de ciudadanía a nuestros compatriotas en el exterior.
La ley hoy vigente es del año 1971, es decir, es una ley franquista, una ley que en buena parte tiene escasos tintes democráticos, y se necesitaba una ley aprobada por el Congreso de los Diputados en el periodo democrático. Queremos valorar
fundamentalmente esta iniciativa, aunque es una iniciativa tardía y era una deuda histórica del Congreso de los Diputados para con los ciudadanos españoles en el exterior, porque, en definitiva, el texto de la ley cierra en buena parte las heridas,
ejerce la justicia, en el sentido de que extiende los derechos a los ciudadanos españoles en el exterior y, parcialmente, también realiza una reparación de lo que podemos denominar los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros
emigrantes.
La emigración española en el exterior no solamente es una emigración política, sino que es una emigración económica que viene ya de mucho tiempo, por lo que la ley, en primer lugar mediante la memoria, reconoce a esa emigración, pero al
mismo tiempo reconoce su contribución tanto al crecimiento económico de nuestro país como a su consolidación democrática, porque en la emigración también residió en buena parte la memoria democrática de nuestro país y el apoyo a las ideas
democráticas en España. En segundo lugar, la ley significa, en nuestra opinión, un avance muy importante en el reconocimiento de los derechos sociales y políticos y también un avance en el reconocimiento de derechos más amplios, derechos sociales y
económicos, a los emigrantes españoles y a los retornados. Consideramos que es una ley muy positiva, como decía antes, que cierra heridas en relación con los emigrantes españoles en el exterior y supera también el olvido de la emigración española,
al menos, desde el punto de vista legal.
Es verdad que hay cuestiones todavía pendientes y seguramente las organizaciones de emigrantes seguirán demandando estos temas. Nosotros queremos resaltar algunos de ellos, porque ni siquiera han sido modificados con las enmiendas del
Senado. Por ejemplo, en relación con el preámbulo de la ley, se pone al mismo nivel órganos que son constitucionales, organizados después de la transición democrática, y órganos preconstitucionales, órganos de representación de los emigrantes que
son anteriores a la Constitución. Nos parecía que era más adecuado hacer una diferenciación clara entre ambos. Por otra parte, también se ha perdido la oportunidad de crear un registro de asociaciones de emigrantes que, en nuestra opinión, daría
una igualdad a esas asociaciones en relación con las asociaciones que existen en nuestro propio país. En ese sentido, no hay una equiparación en el reconocimiento de las asociaciones.
Lo que más nos preocupa es una enmienda, que se ha introducido en el Senado, al artículo 9 en relación con el derecho de participación, que es una enmienda polémica en la emigración y que traduce prácticamente la Loreg a los órganos de
representación de los emigrantes. Si bien es verdad que el sufragio universal es importante y fundamental para la representación de todos los ciudadanos y también de los emigrantes, sin embargo, esto no puede ir en detrimento de las organizaciones
y de los órganos consultivos que existen por parte de los emigrantes en el exterior. Aquí hay un aspecto que vemos con preocupación y que es contradictorio, hasta el punto de que en este momento tenemos un texto que tiene alguna contradicción en
relación con el texto que recibimos inicialmente; este es un segundo aspecto que nos preocupa.
La emigración, a la cuestión que va a plantear más dificultades -y además de forma legítima- es al derecho a la nacionalidad, no solamente de los hijos, sino también de los nietos de los emigrantes españoles en el exterior. Es un tema muy
importante, probablemente no tenga que aparecer explícitamente en el estatuto pero sí creemos que debe despejarse cuanto antes. La redacción que viene del Senado lo deja abierto, pero sería necesario que, a través de las modificaciones legales
pertinentes, este asunto se aclarase en un futuro próximo y se hiciese de forma clara para los emigrantes. Nuestra posición es reconocer la nacionalidad plena tanto a los hijos como a los nietos de los emigrantes españoles en el exterior y, por
tanto, avanzar en esa materia.
Esas son las cuestiones que para nosotros son muy importantes en esta ley.
Es verdad que hay algún aspecto concreto como el reconocimiento de la pensión de jubilación de los años trabajados en España por los emigrantes antes de emprender la
emigración que no han sido incorporados. Hubiera sido una muestra de reparación y de justicia, pero es un aspecto insuficiente del texto del proyecto de ley que estamos convencidos de que se podrá mejorar en el futuro. En definitiva, queremos
expresar nuestra alegría porque esta ley finalmente se apruebe y que lo sea -como la próxima ley, la Ley de Dependencia- con un impulso muy importante por parte de la izquierda de este Parlamento. No sé si al final la ley será patrimonio del
Partido Socialista y del Partido Popular, como parece que es la Ley de Dependencia, pero en todo caso quiero resaltar que los motores de esta ley son las organizaciones de izquierdas, las fuerzas políticas de izquierdas que tienen la mayoría
parlamentaria. Empecé mi intervención por la historia y la termino por la realidad. Digo todo esto por aquello de que la realidad basta con que sea un buen titular en un medio de comunicación y una buena venta del producto, pero las cosas son como
son. De los grupos parlamentarios de esta Cámara los ha habido que desde un principio han pactado esta ley, como la Ley de Dependencia, y los ha habido que en un principio estaban en desacuerdo y luego se han ido incorporando al proyecto de ley.
Por lo tanto, la paternidad hay que reconocerla, aunque luego haya que reconocer también a los tíos, a los sobrinos y demás familia. En todo caso, quiero resaltar el carácter progresista de esta ley y la importancia que tiene porque es una ley
democrática -la anterior era una ley del franquismo, paternalista- y porque, además de ser democrática, es una ley de reconocimiento de derechos muy importantes para los emigrantes españoles en el exterior. A nosotros nos gustaría que en justa
reciprocidad este estatuto viniese unido a un reconocimiento de la ciudadanía de los inmigrantes que vienen de fuera y que están entre nosotros. Nos parece que eso sería también hacer correspondencia que, en nuestra opinión, todavía no está hecha.
En primer lugar, porque hay una Ley de Extranjería que limita los derechos de los inmigrantes y, en segundo lugar, porque no se han reconocido a los inmigrantes sus derechos políticos. De la misma manera que lo hacemos en este proyecto de ley,
estoy convencido de que lo haremos en futuras legislaciones, en justa reciprocidad a los inmigrantes que hoy contribuyen al crecimiento y al desarrollo de nuestro país, que
contribuyen también, en nuestra opinión, a la mejora de la situación social, económica y cultural española y, al mismo tiempo, contribuyen al desarrollo de sus países de origen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que es una ley correcta, en términos generales. El preámbulo de la misma glosa de forma adecuada los fenómenos migratorios que ha sufrido el Estado español a lo largo de su historia. En el Senado se han mejorado algunas
aristas que no estaban bien apuntilladas por el trámite del Congreso, salvo algunas otras que voy a comentar a continuación, señora presidenta. La primera es esta especie de distrofia semántica que se ha pretendido introducir en el Senado
consistente en que, para una vez que un proyecto de ley define bien la configuración institucional del Estado español como Estado plurinacional que es, se recurre a esa especie de perífrasis curiosa que utiliza la propia Constitución española
introduciendo la locución nacionalidad, que nadie sabe muy bien qué es, solo lo saben los expertos o los catedráticos de Derecho internacional público: nacionalidad es una nación sin Estado. Desde esa perspectiva tengo muchas dudas de que esta
interpretación fuera la que el legislador constituyente utilizó para la incorporación al texto constitucional de la expresión nacionalidad. Luego sentimos que se realice esta pequeña distrofia semántica en una ley que, por fin, configura bien la
estructura del Estado español.
En segundo lugar, señora presidenta, se considera en el Senado, de forma más adecuada que en el trámite del Congreso, que el contenido material de esta ley, los mandatos, también involucra a las administraciones autonómicas e incluso a las
forales -no solo a la Administración Central del Estado-, con correcciones muy pertinentes que se introducen en los artículos 1º y 3º, y que, además de ser plurinacional, este Estado es un Estado plurilingüístico y, por lo tanto, esa realidad
también es objeto de mejor reconocimiento o de mejor identificación en el artículo 15, a través de la correspondiente enmienda introducida en el Senado.
Pero falta una cosa que nos preocupa, señora presidenta, y que le voy a comentar. Este grupo parlamentario y este diputado que les habla tuvo el honor de defender una proposición no de ley y de conseguir su aprobación por unanimidad el
martes de la semana pasada relativa a los derechos de los condenados a muerte en el extranjero que posean ciudadanía española o que estén acusados de delitos que llevan aparejadas la pena capital o que estén en la fase de apelación mediante una
imputación o una declaración de la condena de muerte por parte de la jurisdicción de una administración de justicia extranjera o que se hallen ya, mediante sentencia firme, en el corredor de la muerte o sus homónimos y estén en trance de ser
ejecutados. Se nos prometió por parte del señor Rascón, diputado del Grupo Socialista que intervino en ese debate, que se incardinarían dentro del contenido material de este proyecto de ley estos derechos y este mandato para la Administración
española, que se comprometía a utilizar los medios legislativos, económicos y las garantías que tuviese a disposición para garantizar la tutela judicial efectiva -que es un derecho constitucional que proclama un derecho fundamental del artículo 24
de la Constitución- de estos ciudadanos españoles que están en el extranjero condenados a muerte, y no observamos que se haya introducido en las enmiendas del Senado algo que dimana del contenido material de una proposición no de ley. Por tanto, es
una disfunción que tendremos que corregir, quizás, mediante algún tipo de norma o de iniciativa parlamentaria posterior.
Por lo demás, la ley, en términos generales, no es mala, salvo una última carencia, y con esto acabo mis palabras, señora presidenta, y es la referencia al derecho del voto, al reconocimiento del derecho de sufragio tanto activo como pasivo
invocando en exclusiva la Loreg cuando hay leyes de ámbito no estatal, cuando hay leyes electorales de ámbito autonómico, cuando hay leyes electorales forales que no son objeto de la consideración debida. Pero ya sabemos la atención y el respeto
que en esta Cámara -y sobre todo lo vamos a ver en la ley que vamos a debatir posteriormente- se presta a la legislación foral. Ya nada nos sorprende, nada es ajeno, parafraseando a Lucrecio, señora presidenta, a la naturaleza de las cosas y al
desprecio sistemático que en esta Cámara se realiza en relación con la normativa de carácter foral.
Al margen de estas cuestiones, la ley es correcta, como hemos dicho, ha sido mejorada en el Senado y, desde esta perspectiva, va a contar con el voto positivo de nuestro grupo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y en su nombre tomará la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, durante el trámite de debate parlamentario en esta Cámara, Esquerra Republicana presentó más de un centenar de enmiendas -por tanto se trata de un buen número de enmiendas-, lo cual visualiza hasta qué
punto considerábamos que esta era una ley necesaria después de tantos años de democracia sin haber reconocido lo aportado por la emigración -la emigración económica y política también
llamada exilio- puesto que, más allá de los beneficios económicos, hay que tener en cuenta la reparación de las voluntades frustradas por tantos ciudadanos del Estado español, que, repito, por razones políticas o económicas tuvieron que
buscar mejores horizontes dada la precariedad económica del Estado español en el siglo XX, para no remontarnos a otras migraciones anteriores. El siglo XXI, en el contexto del gran debate político y social actual, pone delante de nuestros ojos el
reto de cómo resolver el conflicto de las nuevas migraciones y el interrogante que se abate sobre nuestra sociedad respecto a la capacidad de acogida de tantos miles de ciudadanos de otros Estados que pretenden hacer de nuestras sociedades su tierra
de oportunidades. Nos hemos convertido en una sociedad receptora y teníamos en cambio estos aspectos absolutamente olvidados. Quizá es demasiado categórico hablar en términos de absoluto pero es cierto que no se había legislado de la manera que
era necesario hacerlo para reparar tantos sacrificios de la inmigración. En otras coyunturas, en otros contextos, el Estado español era una tierra de emigrantes, en cambio hoy día somos una tierra receptora de ciudadanos de otras latitudes. He
dicho antes que toda emigración es hija del exilio económico y político y aún más las sociedades que han tenido el infortunio de padecer regímenes totalitarios. Por ello para Esquerra Republicana fue imprescindible la presentación de enmiendas que
incluyeran el ámbito del exilio en el proyecto presentado -que a nuestro entender no tenía cabida-, otras para delimitar los ámbitos competenciales que en alguna ocasión podían llevar a confusión ante la concurrencia de lo que puede pertenecer a la
acción en el exterior de las comunidades autónomas y otras relacionadas con el compromiso del Estado en reconocer la pluralidad lingüística más allá de lo estrictamente español/lengua castellana. De igual manera se pretendía intensificar la
protección respecto a la Seguridad Social y otros ámbitos asistenciales para la emigración. Destacábamos nuestro interés por que en el Senado se abriera la puerta, tal como defendíamos en el Congreso, a la adquisición de la nacionalidad de los
descendientes de emigrados en el caso de que la cadena de los que la mantuvieron se hubiera roto. Es más planteábamos que se persiguiera el objetivo de diferenciar emigración y exilio; ya en el debate del Congreso de los Diputados introdujimos
esta posibilidad que es ciertamente compleja desde el punto de vista jurídico pero que teníamos que resolver políticamente, o al menos teníamos que explorar esta vía.
Lamentamos que nuestras enmiendas, aquellas que quedaron vivas en el trámite
parlamentario en el Congreso, no hayan merecido mayores apoyos en el Senado. Muchas de ellas fueron aprobadas, más de la mitad del centenar de enmiendas que presentamos en el Congreso fueron aprobadas en el proyecto de ley discutido en la Comisión,
pero quedaba un buen número de ellas que hubiera debido merecer mayor fortuna en el trámite del Senado.
Haré a continuación algún comentario respecto a algunas enmiendas que deberían tenerse presentes hoy, incluso para rechazarlas en el caso de que no sea posible corregirlas. Lamentamos que en el artículo 25 el Grupo Parlamentario Socialista
haya dado marcha atrás en un reconocimiento tácito y explícito a la realidad plurinacional, plurilingüística y pluricultural del Estado. De hecho yo creí que con cierto orgullo e incluso satisfacción un buen número de diputados y diputadas
socialistas celebraban que finalmente se hubiera dado por primera vez este paso en una ley que además tenía mayor sentido todavía por cuanto era una puerta abierta a la inmigración, es decir a los embajadores reales de la sociedad del Estado español
en el mundo; más allá de las cancillerías los verdaderos embajadores siempre son los ciudadanos. Lamentamos que al final al Partido Socialista, una vez que se pone a tiro, si me permiten la expresión, la alegría le dure poco, pero ya vendrán
tiempos mejores, o al menos para eso estamos aquí, para que vengan tiempos mejores. Hubiera sido interesante utilizar el gran escaparate de esta ley para hacer un avance desde el punto de vista de los didactismos y de las pedagogías.
Por otro lado, vemos el recelo que el grupo mayoritario tiene en algunas ocasiones ciertamente acuciado por el Partido Popular en no reconocer de una vez por todas que el patrimonio lingüístico del Estado lo conforman todas las lenguas, la
oficial del Estado y también las cooficiales. De hecho, siempre se desliza un pequeño temor incluso en el uso de la lengua cuando se habla de garantizar la lengua española y de promover las otras.
Ciertamente todavía estamos en ese escenario en
que parece que lo preeminente es lo más hablado y lo secundario es lo minorizado, cuando en términos de cultura y de civilización los números y la aritmética, más allá de las leyes, no tendrían por qué tener cabida. Respecto a la nacionalidad,
nosotros siempre, repito, hemos defendido la posibilidad de que los hijos y nietos de los exiliados tuvieran acceso a la nacionalidad. De hecho, ya he dicho que toda emigración tiene un trasfondo de carácter político, pero también es cierto que no
es lo mismo -espero que se me entienda bien- salir de tu tierra a la búsqueda de un horizonte mejor por razones estrictamente económicas que salir de tu tierra porque, si no, te encarcelan o te matan. La verdad es que esta es una deuda pendiente
que tenemos todavía respecto a los antifascistas y a los demócratas que tuvieron que salir de sus tierras justamente para salvar la vida de ellos o de sus familias. Por esto nosotros no damos la batalla por perdida y en las enmiendas que
presentamos al proyecto de ley, que ha preparado el Gobierno y que incluso se va a debatir, si no nos burlan la fecha, el próximo día 14 en la enmienda a la totalidad, repito, al proyecto de ley de la memoria histórica, vamos a plantear que los
hijos y nietos de los exiliados, aun cuando se hubiera roto la cadena, tengan acceso a la nacionalidad, a la nacionalidad española por supuesto. Respecto al artículo 9 nosotros tenemos reservas, puesto que es cierto que, numéricamente en el mundo
de los muchos emigrantes
provenientes del Estado español depende de en qué momento histórico salieron, algunos provenían de una de las naciones del Estado o de otras.
En tanto en cuanto hoy día los números y los censos no son regulares y no tienen la misma
contingencia numérica, el artículo 9 podría minusvalorar la presencia de algunas agrupaciones de emigrantes o exiliados. Hoy día, quizá porque las condiciones económicas han cambiado, algunos territorios del Estado español ya no son tierras desde
donde salen ciudadanos, sino que desde hace muchos años, por ejemplo en Cataluña, ya no se emigra, y los casals catalans de hecho básicamente fueron nutridos por republicanos catalanes exiliados. En términos generales decimos que esta ley hubiera
podido ser mejor; en todo caso, vamos a votar a favor, aun cuando vamos a votar alguna de las enmiendas en contra. Celebramos que al menos exista esta ley, que ciertamente mejora un tanto lo que se debía a los ciudadanos del Estado español
emigrados o exiliados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; será el señor Campuzano quien en su nombre tome la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, llegan las enmiendas del Senado a este proyecto de ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior. El trámite del Senado en su conjunto ha mejorado el texto que salió de la Cámara Baja, por tanto globalmente mi
grupo votará a favor de esas enmiendas, con excepción de dos que luego citaré. Es evidente, y en este sentido comparto parte de la intervención del señor Llamazares, que el valor de este proyecto de ley se sitúa desde la perspectiva del
reconocimiento y del respeto a lo que ha supuesto la emigración española durante el siglo XX, especialmente después de la guerra civil y durante el franquismo -reconocimiento y respeto-, actualizando una legislación de origen franquista. Ese es el
valor principal que tiene esta ley. Después vamos a ver si el conjunto de las políticas públicas que deben desarrollarse en el marco de esta ley efectivamente corresponde a las expectativas que la misma ha generado en el conjunto de la comunidad
española residente en el exterior. Ahí tenemos el segundo reto principal, que las expectativas que genera la ley realmente se cumplan, porque si la ley simplemente se limita a suponer ese reconocimiento y ese respeto lógicamente va a frustrar esas
esperanzas.
En este sentido, es especialmente significativo porque tiene mucho que ver con la vida cotidiana de las personas que las previsiones del artículo 18.3 del proyecto de ley, aquellas que hacen referencia al mejor tratamiento posible desde el
punto de vista de la protección social y especialmente en relación con el reconocimiento de la pensión SOVI para los ciudadanos españoles en el exterior, se vean efectivamente conseguidas. Es necesario que esa vieja reivindicación de la comunidad
española en el exterior, vinculada a la prestación del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) se vea reconocida. Al mismo tiempo, el proyecto de ley contempla -en la tribuna nos acompaña y saludamos a la señora Rumí- la figura del visado de
búsqueda de empleo, especialmente para descendientes de españoles. La señora Rumí conoce que ese texto forma parte de una vieja reivindicación de esta Cámara, pero es cierto que hasta este verano los descendientes de españoles en el exterior no
podían beneficiarse de esa previsión contemplada ya en nuestra legislación y reglamentación en materia de extranjería. Ese visado de búsqueda de empleo para españoles residentes en el exterior debe empezar a concretarse. También valoramos de
manera positiva, porque fue una enmienda de Convergència i Unió, esa participación del consejo, de los instrumentos de participación de la emigración, en el debate de esta Cámara, en el debate parlamentario de las Cortes Generales. El texto del
Senado amplía la participación no tan solo al Congreso, sino al Senado; habla de la participación del consejo en las actividades de las Cortes Generales con esa comparecencia anual. Por tanto, esa participación política nos parece especialmente
relevante.
Hemos dicho que se han incorporado dos enmiendas del Senado que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a votar favorablemente, en concreto la que hace referencia al artículo 9.2, donde se contempla, con relación a la
elección de los miembros del Consejo general de la ciudadanía española en el exterior, un redactado confuso que no termina de aclarar exactamente cómo vamos a articular esa participación. Ese nuevo apartado del artículo 9 habla de que los españoles
residentes en el exteriores podrán ser electores y elegibles para los órganos citados en el apartado anterior -el Consejo general de la ciudadanía española en el exterior-, en los términos establecidos en la Loreg. Del debate del texto inicial que
el Gobierno había presentado a esta Cámara y del contenido de los debates que habíamos tenido en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, nos pareció entender que la articulación de la participación en el Consejo general de la ciudadanía se
produciría fundamentalmente a través de la participación del mundo asociativo, como instrumento que garantizara precisamente que la pluralidad de la emigración residente en el exterior estuviese representada en el consejo general. Ese redactado da
lugar a confusiones y no responde a aquello que inicialmente nosotros entendíamos que debía articular esa participación.
Señorías, también vamos a rechazar la enmienda al artículo 25.2.
Lamentamos que el Grupo Socialista haya sido incapaz de resistir las presiones que la derecha, el Grupo Popular, le había formulado respecto a un redactado que reconocía de
facto lo que es España, que no es otra cosa que un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural. Nos parecía que haber aceptado ese redactado
hubiese expresado una convicción de fondo del Partido Socialista sobre el contenido de la pluralidad del Estado. Los complejos que el Partido Socialista a menudo tiene en relación con estas cuestiones cuando desde el Partido Popular le
plantean críticas importantes y de fondo quizá es la expresión de que, como a menudo recuerda Josep Pla, lo más parecido a un español de izquierdas es un español de derechas. En todo caso, espero que esta ley, que ha generado tantas expectativas,
sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la emigración española en el exterior.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano, muchas gracias.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y tomará en su nombre la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a los representantes de la emigración que nos acompañan hoy desde la tribuna y, al mismo tiempo, lamentar la ausencia del señor ministro Caldera en esta sesión que consideramos
tremendamente importante.
La emigración española ha constituido un fenómeno político, social y económico que ha caracterizado nuestra historia, acentuándose desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Como consecuencia de la emigración y
también del exilio político de diferentes orientaciones y signos -todo hay que decirlo- gran número de españoles se embarcaron en un viaje sin retorno. Diversa y dispersa ha sido la legislación que a lo largo de los años ha querido regular este
fenómeno.
Desde la Ley de bases de regulación y ordenación de la emigración del año 1960 hasta el real decreto por el que se establecen las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles del año 1993, los diferentes
gobiernos han querido reconocer a nuestros compatriotas residentes fuera de nuestras fronteras los mismos derechos que los españoles residentes en España. La Constitución de 1978 representó sin duda el instrumento más relevante en lo que se refiere
a la política migratoria, ya que por primera vez en el artículo 42 se contempla la responsabilidad del Estado de velar por los derechos económicos y sociales de los españoles en el extranjero. No nos cabe la menor duda de que en una sociedad
avanzada como la nuestra la garantía de los derechos fundamentales y la universalización de las prestaciones han de alcanzar a todos los ciudadanos, tanto a los que viven en España como a los que viven fuera de sus fronteras. Desde el inicio de la
tramitación de la presente ley mi grupo parlamentario ha considerado positiva esa intención de compilar una legislación que se encontraba dispersa, que sin duda contribuye a garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica; pero, por
otro lado, se ha perdido una inmejorable oportunidad de ir más allá, de ser un poquito más ambiciosos en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos españoles en el exterior en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. En todo
caso, huelga decir que tanto en la oportuna tramitación en el Congreso como en el Senado y gracias, por supuesto, a las casi 450 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, el texto inicial ha sufrido una importantísima
transformación que sin duda ha redundado en beneficio de la regulación y ordenación de los derechos de los ciudadanos que viven en el exterior. No quiero dejar pasar la ocasión de dejar constancia del rechazo de mi grupo parlamentario a la forma en
que el grupo que da sustento al Gobierno ha llevado a cabo la tramitación de esta importantísima ley.
Señorías, una ley tan importante como esta llega al Pleno a través de un trámite que podemos considerar menor -dicho esto con el debido respeto al Senado- como es el del debate de las enmiendas del Senado. No estuvo avocado a Pleno, por
tanto no hubo debate de totalidad. No me equivoco si digo que el Gobierno, en su afán de cambiar ley por papeletas, ha querido imprimir a la tramitación del estatuto de la ciudadanía española en el exterior una rapidez y una celeridad que la
importancia de un texto que va a afectar a más de un millón de españoles realmente no merece. Resulta absolutamente inaceptable e incomprensible que en un tema de importancia tal como el de los derechos y deberes de los españoles en el exterior se
adopte una postura que busca quizá más la propaganda política y también la ventaja partidista que la solución a problemas que puedan afectar a españoles que viven en el exterior. Desde la presentación del proyecto de ley que nos ocupa, mi grupo
parlamentario ha sostenido que en líneas generales pecaba de manera grave de una falta de concreción, ya que realmente dejaba la mayor parte de la carga normativa a los reglamentos que se pusieran en marcha con posterioridad. En esta crítica mi
grupo parlamentario nunca se encontró solo, sino que nuestros argumentos fueron avalados tanto por gran parte de los expertos que comparecieron en la Comisión como también por el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, en el que exponía
textualmente que el proyecto de ley adolece de excesiva generalidad en sus planteamientos, lo que no permite vislumbrar el alcance de algunas de sus previsiones. El proyecto de ley presentado por el Gobierno más parecía un brindis al sol, una
declaración de intenciones, una exposición de motivos o un conjunto de abstracciones que, lejos de entrar en el fondo de la cuestión sometida a debate, se dedicaba a hacer, como ya he dicho, un compendio de lo que ya estaba previamente legislado.
Tal aseveración en modo alguno es gratuita, sino que se encuentra avalada por el hecho objetivo de que el texto originario se encontraba impregnado de expresiones tales como: promoverá, podrá, ayudará, apoyará, adoptará y fomentará; expresiones
que a lo largo del articulado se repetían de manera insistente y que de algún modo nos hacían presagiar la intención del
Gobierno de huir del control parlamentario, dejando, como ya he dicho, toda la carga normativa a futuros reglamentos. Se han creado, señorías, muchísimas expectativas entre los inmigrantes, y el Grupo Parlamentario Popular espera que el
Gobierno concrete cuanto antes cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley, porque sin esos desarrollos reglamentarios podemos decir sin miedo a equivocarnos que estaríamos en una situación exactamente igual que
la anterior a la aprobación de la ley. No cabe duda de que la presente ley ha suscitado un especial y gran interés evidenciado en las casi 450 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios a lo largo de su tramitación a un texto
que, como ustedes saben, tiene solamente 30 artículos. Sin embargo, no me gustaría pasar por alto el desprecio mostrado por el Grupo Socialista en el Senado al trabajo que desempeñan los senadores en la Cámara Alta mediante la presentación de un
voto particular a la totalidad del dictamen emitido por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado, solicitando la vuelta -escuchen bien, solicitando la vuelta- al texto remitido por el Congreso de los Diputados. Señorías del Grupo
Socialista, me gustaría decirles que ustedes, que se consideran los abanderados de la lucha en favor de prestigiar y de dar sentido y contenido a la Cámara Alta, estarán conmigo en que con el uso de este tipo de emboscadas parlamentarias, que no por
legales resultan menos fraudulentas, lo único que se consigue es precisamente el efecto contrario, es decir vaciar aún más si cabe de competencias a esa Cámara, la Cámara Alta. Quiero lamentar la negativa del Grupo Parlamentario Socialista a
aceptar nuestra enmienda número 79 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que trataba de evidenciar la necesidad no solo de promover sino también -lo que es muchísimo más importante- de garantizar una atención sanitaria integral dirigida de
manera muy especial a nuestros mayores y a nuestros dependientes en el exterior en grado de igualdad con la que reciben los españoles en España.
De igual modo, lamentamos la no inclusión de nuestra enmienda número 82, cuya finalidad no era otra que
garantizar también en este estatuto el derecho a la educación en igualdad de condiciones que nuestros niños en España; de aquí que promoviéramos el fomento de la existencia de centros educativos tanto públicos como privados.
En relación con las enmiendas aceptadas, me gustaría hacer referencia expresa a la enmienda número 90, en la que se recoge la necesidad de que sea convenientemente regulado el derecho de acceso a la nacionalidad española de los descendientes
españoles, estableciendo a tal efecto un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley para que el Gobierno proceda a su regulación. Me gustaría agradecer al Grupo Parlamentario Socialista del Senado la aceptación de nuestra enmienda
número 84 al permitir la rectificación del gravísimo despropósito cometido en la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados, con la aceptación por cierto de la enmienda número 95 presentada por el Bloque Nacionalista Galego, que se
refería a España como un Estado plurinacional. Quiero felicitarles, señores del Grupo Socialista, porque por fin -ya era hora- se han dado cuenta de que según nuestra Constitución solo existe una nación, y esa nación, señores, se llama España. Me
gustaría aprovechar la ocasión que me brinda mi grupo parlamentario para criticar con dureza la admisión por el Grupo Socialista del Congreso de la enmienda número 145 de Esquerra Republicana de Catalunya, que cambia en el artículo 4 el término
España por Estado español, y que no ha sido modificada en el Senado a pesar de haber presentado mi grupo parlamentario una enmienda al respecto. Señorías del Grupo Socialista, ya va siendo hora después de tres años de Gobierno de que se empiece a
decir no a aquellos que se niegan a celebrar el día de la Constitución española, a aquellos que quieren romper los principios de igualdad y de solidaridad reconocidos en nuestra Carta Magna, a aquellos que no muestran el más mínimo pudor en
evidenciar constantemente su aversión a España. Por primera vez en los veintiocho años que llevamos de Constitución se está contribuyendo desde el Gobierno a engrosar, crecer y envalentonar las actitudes y las voces de los separatistas que piden o
exigen la destrucción de la Constitución española, por tanto también de España. El Grupo Parlamentario Popular y por supuesto el Partido Popular no vamos a permitir que el Gobierno socialista siga pagando sus hipotecas al precio de consentir
humillaciones e indignidades.
Para terminar, la emigración española, esa diáspora que lleva el nombre de España por todos los rincones del mundo, espera que esta Cámara le dé el mejor estatuto, el estatuto que España y todos los españoles merecen independientemente del
lugar en donde se encuentren. Por ello pido el voto favorable para las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular incorporadas en el Senado, que sin duda han contribuido de una forma esencial a la mejora de la ley, sobre todo en aras de una mayor
concreción de los derechos de los españoles en el exterior.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Gracias, señora González.
Finalizaremos este debate con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, y será en este caso la señora López quien tomará la palabra en su nombre.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, en primer lugar me gustaría saludar a los asistentes en la tribuna de invitados: a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración y a los representantes de los emigrantes
españoles, como son el presidente del Consejo General de la Emigración y los presidentes y consejeros de las comisiones del Consejo General de la Emigración. Con su presencia en la Cámara simbolizan que todos coincidimos en hacer de la política
dedicada a la emigración una parte importante
de la actividad política. Gracias también al Consejo General de la Emigración porque ha participado muy directamente en la elaboración de este estatuto. Las aportaciones de los consejeros han trazado el camino a seguir, por tanto no
solamente son destinatarios sino partícipes de esta ley. Gracias también a todos los grupos políticos por sus aportaciones a este estatuto, que indudablemente han enriquecido y mejorado el texto en su tramitación parlamentaria.
Todos ustedes saben que en España en apenas una generación se ha experimentado un gran cambio, pasando de ser un país de emigración a convertirnos en un país de inmigración; un país que no podía atender a las necesidades de sus ciudadanos y
que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y prácticamente hasta la década de los 80 del siglo pasado vio cómo millones de españoles buscaban sus horizontes de futuro más allá de nuestras fronteras, primero en Iberoamérica y posteriormente en
los países desarrollados europeos, pero que ahora es un país que representa el destino preferente de muchas personas que nos buscan para intentar abrirse un porvenir entre nosotros. Ambas realidades deberían servir a todos para enriquecer nuestra
capacidad como país. Un país que sería otro muy distinto sin la experiencia histórica de la emigración, sin el esfuerzo acumulado por millones de hombres y mujeres que no solamente forjaron su porvenir lejos de su tierra, sino que al tiempo
contribuyeron de manera inestimable a nuestro desarrollo. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio, por favor!
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Hoy, cuando nos encontramos a comienzos del siglo XXI, aproximadamente un millón y medio de ciudadanos vive lejos de nuestras fronteras. Este inmenso capital humano exige en la España moderna y avanzada un
esfuerzo de reconocimiento por parte de los poderes públicos hacia todos los españoles que residen en todos los rincones del mundo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que nos acompaña en este momento, ha cumplido su programa electoral y ha querido situar la emigración en objetivo prioritario de esta legislatura. Porque, señorías, para los
socialistas el Estado del bienestar, y después aprobaremos una ley importantísima que va a formar el cuarto pilar del Estado del bienestar, no puede detenerse en las fronteras de nuestro territorio sino que ha de alcanzar a cualquier ciudadano que
resida en el extranjero y que hoy precise de un apoyo por parte de los poderes públicos. Esta ley supera un sistema normativo preconstitucional, obsoleto, un panorama de normas dispersas, que así encuentra coherencia en este texto integral. Es
cierto que la Constitución de 1978 representó un instrumento legal sin precedentes en lo que se refiere a la política migratoria y, por primera vez, se contempla la responsabilidad del Estado de velar por los derechos económicos y sociales de los
españoles en el extranjero. En democracia y con el desarrollo del texto constitucional se dan los primeros pasos tanto para disfrutar las pensiones no contributivas, como para facilitar su participación en las elecciones. He de reconocer también
que en este primer tramo de legislatura el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado un gran impulso social hacia los residentes en el exterior con el incremento de pensiones asistenciales, con la extensión de la sanidad y servicios de
atención a mayores y con otras prestaciones sociales para que todos alcancen el respaldo público necesario, pero va a ser con este nuevo marco jurídico donde se va a garantizar a los emigrantes sus derechos y deberes en igualdad con los residentes
en España; señorías del PP, en igualdad con los residentes en España.
Hoy, 30 de noviembre, va a ser una fecha histórica para la emigración. Hoy se va a aprobar, con el consenso de todos los grupos políticos representados en esta Cámara, la Ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior, la primera
ley integral sobre la emigración en democracia. Esta ley reconoce y garantiza nuevos derechos de ciudadanía y, por otro lado, asegura la imprescindible cooperación entre administraciones. Entre sus principales novedades se incluye la posibilidad
de voto en urna y una disposición adicional para facilitar la obtención de nacionalidad a los descendientes de españoles de origen.
Contempla, entre otros, el derecho a la protección a la salud, con prioridad para los mayores de 65 años en
situación de necesidad, pensión asistencial por ancianidad, prestaciones que podrán ser compatibles con las ayudas para el retorno que otorguen las comunidades autónomas, derechos laborales, culturales, educativos. Asimismo, se contempla la
creación de la oficina española para el retorno que funcionará como ventanilla única, derecho a acudir al Defensor del Pueblo y de información, además del derecho a participar en órganos representativos de la emigración, organizaciones sindicales,
empresariales y de asociación. Se creará el portal de la emigración como instrumento para difundir su realidad y sus demandas.
Me gustaría hacer especial referencia a dos colectivos; uno, el de las mujeres que cruzaron nuestras fronteras y sufrieron la doble discriminación por ser mujer y por ser extranjera. Por tanto, ahora tenemos la obligación de prohibir
cualquier medida que pueda ocasionar discriminación por razón de género. Otra referencia a las jóvenes generaciones españolas, a quienes ya han nacido y crecido fuera de España. Quiero partir del reconocimiento por el esfuerzo que la mayoría de
los padres ha hecho a lo largo de todos estos años para lograr que la distancia no les alejase nunca de sus raíces, de las raíces de España.
Tenemos la obligación de acompañarles y apoyarles, para que los más jóvenes sientan y vivan su identidad
como españoles, porque, señorías, no son solo hijos de españoles, son españoles y los queremos junto a nosotros sin que nos vean lejos y nos sientan extraños. Para todo es imprescindible la cooperación entre las
administraciones, nos decían algunos de los compañeros que me han precedido. Constituye un elemento crucial que redunda de manera determinante en una mejor y más eficiente gestión de los recursos de los ciudadanos que viven en el exterior.
Dialogamos, sumamos esfuerzos y recursos, en definitiva, trabajamos para mejorar la suerte de tantos españoles que un día cruzaron nuestras fronteras, mermando todas las oportunidades y mermando, fundamentalmente, sus derechos en busca de nuevos
horizontes para ellos y para sus hijos. Han sido la gran contribución a la España democrática de hoy y ese millón de hombres y mujeres que viven repartidos por el mundo, no se merecen confrontaciones inútiles, sino todo los esfuerzos compartidos
para lograr la mejor ley.
La realidad de España del siglo XXI sería otra muy distinta sin la experiencia histórica de la emigración. Han contribuido de manera determinante a nuestra propia identidad. No debemos ni queremos prescindir de esta
experiencia histórica, y, por tanto, han de ser objeto y contar con la atención prioritaria de todos los poderes públicos. Este es el objetivo que debe seguir marcando la tarea de los próximos años. Sé que el Gobierno se ha comprometido a que, con
celeridad, desarrollará el reglamento. Por su contribución a la España de hoy, por su contribución a la España de entonces, por nuestro reconocimiento a vosotros, a todos los emigrantes, seguiremos avanzando porque este Gobierno cumple y este
Gobierno es pionero en todos los derechos de ciudadanía y en todos los derechos de igualdad.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias al presidente por seguir avanzando en medidas importantes en el Estado de bienestar y muchas gracias a todos los grupos políticos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora López.
-PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 121/000084.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos la sesión plenaria con el punto número 37, referido al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal, atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias,
antes proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Abrimos el turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, con la señora Barkos Berruezo, de Nafarroa Bai.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para expresar la posición de Nafarroa Bai en torno a las enmiendas que nos llegan del Senado. Quiero detenerme muy especialmente en una enmienda transaccionada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Popular, con el
apoyo de la mayoría de los grupos en la Cámara Alta, relativa a la adicional segunda de este proyecto de ley que hoy nos ocupa, que se detenía, y a nuestro entender consigue resolver, en trasuntos competenciales que en torno a leyes de este calado
endosocial requieren una atención muy especial. Quiero defender esta enmienda que nos llega del Senado a la adicional segunda porque hace frente y resuelve con efectividad problemas que ya hemos detectado en otras leyes. Lo expresaba esta diputada
no hace mucho en pregunta oral al Gobierno en esta Cámara en torno a cómo la Ley de violencia de género no se está aplicando por igual en el conjunto del Estado a cuenta, como digo, de estos trasuntos competenciales. Nos encontramos, a falta de que
en la propia ley se halle la cuestión perfectamente definida, con que en Navarra seis mujeres víctimas de violencia de género, hoy, un año después, siguen sin cobrar las ayudas previstas en la ley. Esto es lo que nos preocupa de la Ley de
Dependencia. Esto es lo que entendemos que con la adicional segunda, transaccionada, como digo, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Popular y la mayoría de los grupos de la Cámara Alta, salía adelante. Esta es la enmienda que
animamos a votar al conjunto de los grupos de esta Cámara. Nosotros así lo haremos.
Esta es la expresión de la voluntad de Nafarroa Bai.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Barkos.
Continuamos con el turno del Grupo Mixto y esta vez será doña Olaia Fernández quien en su nombre tome la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en este tramo final de la Ley de Dependencia, una siente satisfacción no solo por poder intervenir en este Pleno para manifestar nuestra posición sobre las enmiendas que nos vienen del Senado sino por haber participado en el
trámite de la ley, por haber colaborado en la ponencia, por haber participado con nuestras enmiendas y por verlas incorporadas al texto de la ley y, sobre todo, la satisfacción por ser la correa transmisión de aquellos colectivos con algún tipo de
discapacidad o dependencia que planteaban a los diputados y las diputadas sus necesidades y sus propuestas para que fueran contempladas en el proyecto de ley.
Es una ley que significó mucho emocionalmente para todas y todos nosotros, porque de alguna manera todos y todas vivimos el problema de la dependencia muy de cerca y, por tanto, tenemos conocimiento real y exacto de lo que esto significa
para las personas que lo padecen o para aquellas otras que las atienden. Esa parte emocional nos afectó a todos y, por tanto, en este momento tenemos la satisfacción de aprobar definitivamente una ley de estas características. Bien es verdad que
la complejidad
de la ley hace que la satisfacción no sea completa para ninguna de las partes y mucho menos para aquellos que son directamente sujetos de la propia ley. En ese sentido, quisiera manifestar que hubo acuerdos que se generaron en el trámite
del debate de la ley en el Congreso que hicieron posible el reconocimiento de muchas de las enmiendas a través de transacciones que presentábamos los grupos políticos y, concretamente, muchas de las que presentaba el Bloque Nacionalista Galego.
Tengo que manifestar que, en el día de hoy y en el momento en que tenemos que posicionarnos sobre las enmiendas que nos vienen del Senado, sentimos cierta satisfacción ya que algunas que mejoran el texto y mucha satisfacción por otras que fueron
objeto de interés por parte del BNG para que fueran incorporadas, como la del reconocimiento de la dependencia a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, como así se recoge en la enmienda del Senado al artículo 2.2, o la del
nuevo punto 3 bis que se añade al artículo 2, donde se reconoce la necesidad de apoyo para la autonomía personal que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental y hacer así efectivo su grado de satisfacción. Vamos a apoyar
estas enmiendas, así como otras que van en el mismo sentido. Es una demanda de las asociaciones que atienden a personas con enfermedades mentales o con discapacidad sensorial porque les preocupa que la falta de este reconocimiento deje a muchos
miles de personas sin la atención correspondiente al entender que la ley no recogía sus necesidades.
Nos gustaría mencionar algunas otras enmiendas y explicar nuestra posición sobre ellas. Nos vamos a abstener en este caso, a pesar de que nosotros presentamos una enmienda con un texto exactamente igual, respecto a la modificación del
nombre de la ley en los títulos I y II, para que en vez de llamarse sistema para la autonomía y la atención a la dependencia se llame sistema integral de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Estamos
de acuerdo con lo que dice el texto, pero tenemos una duda y queremos aclararla. En el caso de que alguien nos explique la cuestión, podríamos modificar nuestra postura. Nos parece que sería una incongruencia poner este nombre en el título y en
cambio dejar en el articulado el nombre que fue acordado en el Congreso.
Tampoco vamos a apoyar la enmienda que nos viene del Senado al punto 1 del artículo 8. Aunque pueda parecer lógico que sea como propone el Senado, voy a explicar las razones por las que nosotros entendemos que no debe ser así. Se dice que
se incorpora al consejo territorial del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia una representación de las corporaciones locales. Nosotros habíamos presentado enmiendas para que las corporaciones locales fueran tenidas en cuenta en
la Ley de Dependencia, en tanto que son administraciones que actúan en los servicios a la dependencia, pero consideramos el consejo territorial del sistema -y así lo hemos defendido- como un organismo que debe tener las competencias de acuerdo a las
competencias políticas de cada Administración; las competencias políticas en materia de servicios sociales, y por tanto de política de dependencia, corresponden a las comunidades autónomas, y las corporaciones locales tienen que actuar en la
gestión de esos servicios sociales que políticamente, además de por ley, definen las comunidades autónomas desde sus diferentes consejerías o consellerías en el caso de Galicia. Por tanto, a no ser que la presencia fuese solo en condición de
oyentes, entendemos que las decisiones del consejo territorial deben estar en consonancia con las competencias políticas que tienen la Administración central y las autonómicas.
Sí vamos a apoyar, y queremos mencionarlo también, la modificación que hace el Senado del punto 7 del artículo 14 que, en lo referente a las rentas, elimina que se tenga en cuenta el patrimonio de las personas y la edad del beneficiario a
los efectos del reconocimiento de la capacidad económica. Aceptamos gustosamente esta enmienda que nos viene del Senado, porque la mayoría de las veces ese patrimonio es la vivienda en la que habita la persona, y por tanto no nos parece correcto ni
justo que se tenga en cuenta a efectos de las prestaciones económicas que se le tuvieran que conceder.
Voy acabando, señora presidenta. No vamos a apoyar la nueva disposición adicional decimosexta, porque es una enmienda del Grupo Popular que se empeñó en recuperar algo que en la tramitación de la ley en el Congreso habíamos superado por
consenso o casi por mayoría -dado que consenso no había, porque no había acuerdo con el Grupo Popular-, como es el sistema nacional para la autonomía y la atención a la dependencia, pero sobre todo, y además de eso, no vamos a apoyarla porque
incluye cuestiones que entendemos que deben ser recogidas en una ley de accesibilidad o de barreras arquitectónicas.
Me quedan algunos temas que plantear, pero quedarán expresados en el voto que nuestro grupo va a emitir. Por tanto, damos por defendidas nuestras posiciones a favor y en contra de las enmiendas que nos vienen del Senado y queremos volver a
manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que hoy se apruebe definitivamente la Ley para la autonomía personal y la dependencia, estando convencidos de que en algún momento será necesario modificarla para avanzar en lo que hoy se apruebe aquí.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Este proyecto de ley, que en nuestro argot interno de trabajo hemos llamado Ley de Dependencia y que viene
a prestar autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, es una legislación que ennoblece y es muy propia de un Estado social y de derecho, tal como dice la Constitución española. Un Estado social debe de caracterizarse
por una amplia batería de leyes sociales que abandonen conceptos ya trasnochados de lo que se entendía como una beneficencia de las administraciones públicas a personas en situación de discapacidad o de dependencia, los que hasta eran llamados
enfermos marginales o pobres de solemnidad. Este proyecto de ley fundamentalmente reconoce una serie de estratos sociales, que están ahí en la realidad, que necesitan un apoyo solidario de los poderes públicos.
Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley. Comenzaré diciendo que mi grupo está de acuerdo con la primera enmienda aprobada en el Senado, que incluso cambia el título de la ley para hacer más comprensible semántica y
dialécticamente lo que trata de regular su fondo. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con el fondo y la motivación de este proyecto de ley por las razones jurídicas, constitucionales y de filosofía política que he dicho al principio de mi
intervención. Estamos plenamente de acuerdo con el fondo, lo que ocurre es que es una ley -y prueba de ello son la cantidad de enmiendas que ha introducido el Senado, que veremos qué suerte corren hoy aquí en esta Cámara- que va desde las
aclaraciones de seguridad jurídica, de lo que se quiere decir, hasta cuestiones de tipo competencial o de interrelación y en la que incluso se introducen enmiendas como la que se refiere a que las corporaciones locales deben tener un peso más
específico en órganos rectores de este procedimiento, cuando en verdad las competencias legislativas están residenciadas o en la Administración General del Estado o en las comunidades autónomas.
Vamos a dejar transcurrir lo que estaba diciendo originariamente el proyecto que ha salido del Congreso, para ver qué ocurre en lo sucesivo en el binominio Administración General del Estado-comunidades autónomas, que tienen residenciado
también no solamente unas capacidades jurídicas sino unas capacidades financieras, porque esta ley tiene un problema fundamental que es la financiación, el coste. Es decir, qué capacidad va a existir para poder atender en justicia, y de acuerdo con
la literalidad de la ley, las situaciones de dependencia de las personas que lo padecen y si la cobertura económico-financiera va a ser suficiente. Esa es la gran duda y también debe ser ese el gran compromiso. Por ejemplo, esta ley puede tener
efectos colaterales que han sido reconocidos con una enmienda, señora presidenta, que se ha introducido en el Senado. Ya desde el preámbulo se introducen tres nuevos párrafos al final del punto 2, para incluir referencias a la atención
sociosanitaria y a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Como reflejo del mismo en el texto articulado se ha introducido en el Senado una nueva disposición adicional, la vigésimo primera, con el fin de instar al Gobierno a
promover las modificaciones legales oportunas para adecuar las prestaciones en el ámbito de los medicamentos y productos sanitarios, a las necesidades de atención a las personas en situación de dependencia.
Es un efecto colateral que tiene un
reflejo económico, porque la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud así lo dice.
Mi grupo no se adhiere a enmiendas que traen plazos señalados para el Gobierno, porque ya hemos visto que cada vez que en una ley se señala
al Gobierno un plazo determinado -tres meses, seis meses o un año- los incumplimientos a veces son verdaderamente manifiestos por múltiples razones que se pueden justificar política o financieramente, pero que están ahí. El fondo de la cuestión es
que desde luego estas personas en situación de dependencia necesitan tener los beneficios que recoge la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en cuanto a las prestaciones en el ámbito de los medicamentos y el acceso a los
mismos en condiciones económicas que no sean gravosas o que tengan la gratuidad. Sin embargo, un efecto de gratuidad tiene un efecto económico.
La gratuidad puede ser para el receptor, pero no para aquel que origina la base legislativa.
Mi grupo apoyará todas aquellas medidas pertinentes porque, vuelvo a repetir, que la clarificación de esta ley en su aplicación práctica va a depender no solamente de la buena voluntad de las instituciones, fuerzas políticas, sociales,
económicas y representantes de las personas en situación de dependencia, sino de que exista la financiación suficiente para atender una ley de estas características y de estas implicaciones económico-financieras. Que sea para bien. Mi grupo se va
a sumar a este concepto de fondo que plantea la situación de estas personas por este principio que recoge la Constitución de un Estado social y de derecho, al que me he referido al principio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tiene la palabra doña Carme García Suárez en su nombre.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy realizamos el último debate sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y, por tanto, hoy es para nuestro grupo -y también debería de serlo para todos los grupos- un
gran día, como lo es para toda la sociedad, les afecte o no el ámbito de esta ley, y lo es porque con ella nuestro sistema de protección social dará un paso cualitativo de gran trascendencia.
Hoy crecemos en derechos, en equidad y en modernidad. Sí, señorías, ya está bien de hablar de sociedad moderna refiriéndonos siempre, o casi siempre, a las inversiones en grandes infraestructuras, algunas necesarias
y otras muy cuestionables por cierto. Una sociedad moderna es aquella que garantiza la solidaridad, la justicia social, la atención a los sectores con más dificultades y, en definitiva, la que eleva a derecho aquellas prestaciones y
servicios que son la garantía para cubrir estas necesidades. Quizá no sea la mejor ley, ya lo dije en mi intervención del 5 de octubre, quizá no tenga el mejor anclaje constitucional, quizá no sea el cuarto pilar del Estado de bienestar social
-también lo dije-, pero, señorías, para nuestro grupo es la semilla que hará crecer, sin duda, ese Estado de bienestar social que iremos construyendo día a día entre todas las administraciones del Estado, comunidades autónomas y Administración
central, es decir -y lo repito-, el Estado en su conjunto.
Con esta ley nuestro país pasa a ser un Estado moderno, pues se acerca a los países europeos más avanzados al incorporar los derechos humanos de tercera y cuarta generación. Un Estado
moderno comprometido con las necesidades de la población. Ese es nuestro concepto de modernidad y por eso, hoy, lo celebramos.
Señorías, quisiera resaltar algunas cuestiones de la ley que aprobamos. La primera, que como parlamentaria ha sido un placer y un privilegio haber coincidido en esta legislatura con el debate y negociación de la misma, a pesar de haber
renunciado a parte de nuestras aspiraciones, pero la renuncia forma parte de la negociación y del pacto. Que aprobamos el fruto de un gran trabajo colectivo, de muchas energías positivas, de una gran participación que va desde los agentes sociales,
las entidades y sectores implicados, también las comunidades autónomas, los ayuntamientos y muchos profesionales, que han aportado experiencia, rigor y propuestas concretas para mejorar la ley. Que nos comprometimos a apoyar una ley progresista y
de izquierdas; ya sé que a un sector, por cierto muy pequeño, de esta banda derecha no le gusta que hablemos de una ley progresista y de izquierdas, pero, lo lamento, ahora es mi turno, cuando ustedes tengan el suyo desmiéntanlo. Además voy a
argumentar por qué es una ley progresista y de izquierdas. Toda ley se basa en un modelo social y político. Toda ley está impregnada de ideología, sea esta de un tipo o de otro, decir lo contrario sería lo mismo que decir que nos marcháramos a
casa, porque aquí, señorías, hacemos política. El fundamento o modelo en el que se basa esta ley es: reconoce derechos sociales y da la potestad de reclamarlos; regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho
subjetivo; compromete servicios para hacer realidad esos derechos, al margen, por supuesto, de quién los gestionará; apuesta por los servicios como prioridad y no por el cheque por servicios; se declara de responsabilidad pública; reconoce el
principio de universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia y reconoce el principio de equidad para garantizar la igualdad real. Estos son solo algunos de los 18 principios de esta ley que recoge el artículo 3 de la
misma y todos ellos, en conjunto, son la garantía de un modelo determinado, el modelo que se acerca más a nuestra posición política, y por eso lo celebramos, señorías. También resaltamos que ha sido posible avanzar tanto, porque en esta legislatura
las leyes sociales se han aprobado con los grupos que conforman una mayoría de progreso en esta Cámara y con los grupos que dimos su apoyo, en concreto nuestro grupo así lo hizo, entre otras muchas razones, para sacar adelante esta ley, la Ley de la
Dependencia. Se han incorporado contenidos y coberturas nuevas que inicialmente no aparecían en el proyecto de ley y que nuestro grupo desde el principio de las negociaciones habíamos planteado al Gobierno. El mismo cambio de la ley ya es un
indicador, el derecho subjetivo exigible, la incorporación de los menores de tres años como titulares de derecho, la no exclusión de los inmigrantes, las nuevas definiciones del artículo 2, la incorporación de la discapacidad intelectual y la
enfermedad mental, el asistente personal, el mayor reconocimiento al tercer sector, la vertebración de los servicios sociales como columna vertebral de la ley, la definición del papel del consejo territorial como garantía de respeto a las
competencias de las comunidades autónomas, el reconocimiento del papel de las corporaciones locales, etcétera. Todas estas cuestiones fueron ya ampliadas en el proyecto de ley y, evidentemente, no fueron debidas a un pacto -como hoy en muchas
emisoras de radio se está sintiendo- entre el PP y el PSOE. Señorías, no fue así, de ninguna manera. Además, hay un capítulo específico de financiación del sistema por las administraciones públicas, que garantiza una financiación suficiente que
deberá ser aprobada anualmente en los presupuestos del Estado.
En los últimos minutos quisiera referirme a las enmiendas del Senado que nuestro grupo va a apoyar. Antes quisiera lamentar que algunas de nuestras enmiendas presentadas en el Senado conjuntamente con el Grupo Socialista y con el Grupo de
Esquerra Republicana no prosperaron por falta de apoyo de los grupos Popular, Convergència i Unió y PNV, y lo lamentamos porque eran enmiendas que mejoraban todavía más el texto tanto en prestaciones como en conceptos relacionados con la atención
personal.
Eran enmiendas defendidas y apoyadas por el Foro de Vida Independiente y que no han podido prosperar por falta de ese apoyo mencionado. Pero tenemos para ellos y para las entidades y asociaciones afectadas una gran noticia, señorías.
Nosotros no vamos a hacer lo mismo hoy. Nos interesa mejorar la ley lo máximo posible y que salga con garantías y con la confianza de los sectores afectados. Por eso, ayer, hasta altas horas de la noche, discutíamos los tres grupos y el Gobierno
todas y cada una de las enmiendas del Senado. Señorías, vamos a aprobar 13 enmiendas más una enmienda parcial; las que realmente mejoran el texto y se acercan más a nuestras enmiendas del Senado y, sobre todo, al modelo que estamos defendiendo.
Votaremos a favor del apartado 1 del artículo 2, con el fin de completar la definición de autonomía. Votaremos a favor del apartado 2 del artículo 2, con el fin de redefinir con mayor concreción la situación de dependencia de las personas con
discapacidad
intelectual o mental. También a favor del apartado 3 bis del artículo 2, con el fin de introducir la definición del concepto necesidades de apoyo para la autonomía personal. Señorías, estas tres enmiendas que presentamos coincidieron con
otros grupos y por eso fueron aceptadas.
Pero también vamos a votar a favor de la letra j) del artículo 3, en coherencia con el contenido de la ley; parcialmente al artículo 15, concretamente el 15.1 a) del catálogo de servicios; también al
artículo 24.1 como mejora técnica; al artículo 25.1, en coherencia con el anterior, y también votaremos a favor de tres enmiendas relacionadas con el capítulo III, artículo 26 -en concreto al artículo 26.1 a), 26.1 b) y 26.1 c)-, sobre grados de
dependencia. En estas enmiendas se añade un redactado que aclara y amplía el ámbito de extensión de la protección.
Es, fundamentalmente, para no dejar dudas de qué indicadores tendrán que tenerse en cuenta en el proceso de valoración y aplicación
del baremo.
Señorías, los tres grupos -Grupo Socialista, Grupo de Esquerra Republicana y Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds- al dar nuestro apoyo a todas estas enmiendas estamos permitiendo, porque de no ser así no
prosperarían, que se aprueben y, por tanto, que se mejore la ley con estas enmiendas que vienen del Senado. En todo caso, se acercan a las que nosotros también habíamos propuesto y que no fueron aprobadas en el Senado.
Finalmente, votaremos a favor de las disposiciones finales segunda, tercera y quinta, dado que no habiendo prosperado nuestras enmiendas es necesario, para mejorar los plazos de la puesta en marcha del Consejo territorial, aprobar estas
enmiendas. Por último, también votaremos a favor la enmienda a la disposición final octava bis, por la que se modifica el punto 2 del artículo 145, del texto refundido de la Ley de Seguridad Social sobre los efectos en las pensiones no
contributivas de los complementos otorgados por las comunidades autónomas. Por tanto, una vez más, ponemos los intereses de las personas por delante de cualquier otro aspecto.
El resto de las enmiendas, señorías, no las vamos a apoyar pues no se corresponden con los objetivos ni con el modelo de esta ley. No apoyamos 29 enmiendas, no apoyamos, por supuesto, el pago único o cheque servicio que se pretendía en el
artículo 17, no apoyamos nada que sea dar un paso atrás en esta ley progresista que ustedes, señores del PP, apoyaron aquí a última hora, sin haber participado ni influido en la misma, e intentaron cambiar en el Senado y que ahora, de nuevo, han
conseguido, como he dicho, hacer creer a los medios esta mañana que realmente ustedes han sido los artífices de una ley progresista y de izquierdas a pesar de que a ustedes no les guste. Por tanto, señorías, hoy empieza una nueva etapa de derechos
sociales reconocidos. Será un proceso, no olvidemos que vamos a tardar en apreciarlo porque, como cualquier cambio importante, como cualquier transformación, necesita su tiempo. La sociedad va a ir percibiendo poco a poco cómo un nuevo derecho
subjetivo cambia verdaderamente su vida y realmente mejora la atención de las personas en situación de necesidad, pero lleva su tiempo. Con esta última reflexión querría acabar: dar tiempo al tiempo a esta ley.
No puedo acabar, señora presidenta, sin agradecer de nuevo a todas las entidades, a todas las asociaciones que han participado y han hecho posible esta ley. Ha sido un placer trabajar con los portavoces de todos los grupos, en general, pero
fundamentalmente con los que han tirado hacia delante esta ley -con el Grupo Socialista y con el Grupo de Esquerra Republicana-, ha sido un placer por todo el trabajo realizado y porque finalmente hoy podemos decir que aquello que empezó siendo un
objetivo, una ley que realmente diera una verdadera alternativa y fuera un nuevo derecho en nuestra sociedad, hoy es una realidad. Hoy es un gran día y, al menos nosotros, lo vamos a celebrar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será don Emilio Olabarría quien en su nombre tome la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, me alegra sobremanera su presencia hoy aquí y su relativa atención en este momento a mis palabras, también la del señor ministro de Administraciones Públicas. Esperaba la presencia del Ministro de Trabajo,
pero seguramente otros avatares concitarán su atención en otro lugar.
Quiero comentarle honestamente, señor presidente, sin levantar la voz, con el respeto que sabe que le profeso y sin intentar introducir elementos de crispación a este debate, que la historia de este debate parlamentario para nosotros es la
historia de una infamia. Nosotros nos sentimos engañados como grupo parlamentario. A nosotros se nos han prometido que algunos temas particularmente relevantes, sobre todo los mecanismos de relación financiera o de estructuración de los flujos
financieros que una ley de estas características genera entre la Comunidad autónoma vasca, la Comunidad Foral Navarra y la Administración del Estado, se iban a hacer como todas las leyes, sin ninguna excepción del ordenamiento jurídico español,
utilizando o atendiendo a los requerimientos de la Ley del Concierto Económico para la Comunidad autónoma vasca y la del convenio para la Comunidad Foral Navarra, y esto sabemos hoy que no va a ser así.
Hay en este momento una ley que no atiende a
los requerimientos del bloque de constitucionalidad, hay una ley manifiestamente inconstitucional por esta razón, hay una ley, en definitiva, que provoca una ruptura que carece de precedentes, señor presidente, señorías.
Miento, tiene un
precedente, señor presidente... Yo comprendo que usted tiene que atender a múltiples requerimientos, pero hay algunas cuestiones importantes.
Digo que hay un único precedente que es el régimen franquista, es la única ocasión en la historia reciente del Estado español en que, no de forma total sino de forma parcial, en relación a dos territorios históricos de Euskadi, las
provincias o territorios de Vizcaya y Guipúzcoa, tras su proclamación como provincias traidoras por el régimen franquista, fueron derogados en relación a estas dos provincias los requerimientos del concierto económico a la hora de articular las
relaciones financieras entre esta comunidad y el Estado español. Un precedente que a usted debería preocuparle y a SS.SS. también. Cuando hablamos de la Ley del Concierto Económico no estamos hablando de una ley normal, de una ley ordinaria,
estamos hablando de una ley pactada entre una representación de las instituciones de Euskadi con representaciones del Estado español, de origen foral, que pudieron resistir incluso a la centralización borbónica cuando los Borbones introdujeron,
parcialmente, el orden revolucionario francés, y pudieron resistir a la abolición de los fueros a la que proveyeron a su vez las leyes del año 1839 y 1876, que es el único residuo de la foralidad preexistente entonces cuando las relaciones con las
leyes eran paccionadas: se pactaban entre representantes de Euskadi y representantes del Estado español. Esto sigue siendo así y esta Ley de 1981 tiene este carácter, que es además un carácter constitucionalizado por la disposición adicional
primera de la Constitución y la derogatoria 2, que declara derogadas todas las leyes abolitorias de los fueros en tanto en cuanto pudieran seguir manteniendo vigencia.
Yo le pediría un tanto de rigor, que concierte o de alguna forma armonice las actitudes de sus ministros, de su gabinete, porque yo sé que hay algunos ministros que comprendían esta disertación que yo estoy haciendo con humildad y con
respeto, como le digo, y otros no. Esta es una diglosia con la que nos encontramos permanentemente, los ministros están muy predispuestos siempre a entender algo que no es disponible porque una ley de esta naturaleza no es disponible ni para el
legislador sin atender a los requerimientos que la reforma del concierto y del Estatuto de Autonomía prevén. Porque el concierto dimana directamente de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, está incardinado en el bloque de
constitucionalidad, está constitucionalizado, y sin prever o utilizar los mecanismos de reforma constitucional no se puede modificar el concierto y en este momento nos vamos a encontrar con que, en el año 2015, 13.000 millones de euros van a estar
extramuros del concierto y va a ser la única ley además donde los requerimientos del concierto a la hora de regular los flujos financieros entre Euskadi y el Estado español no se van a atender, la única ley en todo el ordenamiento jurídico español,
pero además por un mecanismo manifiestamente ilegal en cuanto a su articulación, una ley de carácter sectorial progresista que resuelve muchos problemas. Nosotros comprendemos que es una ley necesaria, podríamos calificarla como el cuarto pilar del
Estado del bienestar si no fuera porque se produce esta disfunción que es una disfunción constitucional que de alguna forma perturba notablemente los últimos residuos del régimen foral y de los derechos históricos que están previstos en la propia
Constitución, como usted sabe. Por eso le comentamos que para nosotros, existiendo un único precedente que es el del régimen franquista, esto necesitaría una reflexión posterior, ex post, por parte de su Gobierno. Nosotros no estamos dispuestos a
asumir pacíficamente esta preterición de derechos constitucionalizados, de derechos forales. Ya hemos comentado antes, parafraseando a Lucrecio, que parece estar en la naturaleza de las cosas de esta Cámara la falta de respeto casi sistemático a la
normativa foral. Pero la normativa foral tiene la misma naturaleza jurídica que el resto de las normas que configuran el ordenamiento jurídico español.
Por otra parte, la ley no es buena a pesar de que se han preconizado sus bondades, no sin ciertos tonos críticos, por algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Le voy a citar, para que usted vea que la ley no
es buena -o pueda compartir mi opinión- a una persona; es una reflexión de autoridad, de autoridad científica y de autoridad política; le voy a parafrasear a usted mismo, señor presidente.
Usted respondió a una pregunta que le formulaba nuestro
portavoz don Josu Erkoreka, en el trámite de control de los miércoles por la tarde, acerca de si la utilización de títulos competenciales de naturaleza transversal -en este caso el artículo 149.1.1ª, que es el que garantiza el principio de igualdad
ante la ley, el que incorpora no un título atributivo de competencias sino un valor superior del ordenamiento jurídico a la estructura de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas- no era una utilización perversa y
corrosiva de las competencias autonómicas. Y hete aquí que usted, sorpresivamente, le respondió que sí, que usted comprendía que estas leyes, que utilizan como título atributivo o legitimador la regulación por parte del legislador estatal,
vulneraban competencias autonómicas. Le agradezco la honestidad que tuvo, pero hizo una reflexión un tanto delirante desde una perspectiva de estricto análisis jurídico consistente en nada menos que en una modificación de la teoría de las fuentes
del derecho, imaginación que yo le halago porque realmente hace falta ser una persona de una cualidad similar o parangonable a la de García de Enterría para hacer un discurso como el que usted hizo aquel día. Dijo que si el legislador constituyente
a la hora de distribuir los títulos competenciales hubiese podido calibrar y ver, desde una perspectiva de futuro, la dimensión que los servicios sociales iban a adquirir en el futuro, seguramente los títulos competenciales no se hubiesen mantenido
como están configurados por los artículos 148 y 149, y usted conjeturaba con que esta competencia se hubiese atribuido por el legislador constituyente a la Administración Central del Estado, que no posee ninguna competencia en materia de asistencia
social, y no a las comunidades autónomas. Luego ya en su opinión la teoría de las fuentes del derecho es otra, no es la que conocemos todos y la que
todos hemos estudiado en las facultades de derecho. Ahora nos encontramos con la ley, la costumbre, los usos y los principios generales del derecho y con la hipotética voluntad del legislador constituyente, si este a través de métodos de
prospectiva sociológica muy afinados o de la utilización de facultades paranormales hubiese llegado a saber en el futuro qué iba a ocurrir con la dimensión de determinados servicios o competencias atribuidos, en este caso, a la Administración
autonómica.
Luego ya venimos a alguno de los temas troncales de la cuestión que estamos debatiendo, y con esto voy acabando mis palabras, porque, dado lo que está ocurriendo, es un atropello jurídico y es una atrofia democrática, señora presidenta,
y dado que es difícil además mantener una interlocución directa con el presidente del Gobierno -yo lo siento, pero usted podrá luego leerlo en el 'Diario de Sesiones' con más continuus-, quiero decirle lo siguiente. Usted sabe que el legislador
estatal no tiene título competencial para regular esta materia. La invocación al 149.1 ya está desarrollada por la jurisprudencia constitucional y, particularmente, por la sentencia 4/2004 que establece que la invocación del 149.1.1ª, de forma muy
limitada y muy excepcional, posibilita en el mejor de los casos al legislador estatal establecer lo que se denomina contenido esencial del derecho y nunca, y lo prohíbe expresamente esta sentencia que invocamos del Tribunal Constitucional, una
regulación detallada y acabada, que es lo que provee esta ley, que lo regula absolutamente todo, sin ninguna excepción. Regula los mecanismos de acceso a un derecho subjetivo nuevo, un derecho subjetivo, por cierto, sin referencia constitucional
alguna; es un derecho subjetivo nuevo inventado, en el mejor de los términos, por el legislador estatal en este momento porque carece de referencia constitucional. Ningún derecho subjetivo puede carecer de referencia constitucional. Es un derecho
paranormal, por utilizar esta expresión, este nuevo derecho social de ciudadanía.
Ustedes tenían que haber tenido el coraje de haber identificado este derecho como un derecho de Seguridad Social, tal como lo mandatan los artículos 41 y 50 de la Constitución, el artículo 15 del Tratado de Amsterdam y en la propuesta
constituyente europea, artículo 213.3 -y usted es un apologeta de la Constitución Europea-, también se consideraban estos derechos de la dependencia como derechos de Seguridad Social. Pero lo que ustedes han regulado aquí, en esta ley, en primer
lugar, carece de referencia constitucional y, en segundo lugar, no solo carece de referencia constitucional, sino que se hace mediante una invasión masiva de las competencias autonómicas, que son exclusivas en materia de servicios y asistencia
social. Esto es algo que no es tolerable. No estoy incitando a la insumisión institucional, pero es que me dan ganas de hacerlo, señor presidente. No he visto una vulneración competencial de esta naturaleza o de esta dimensión y profundidad
nunca, ni desde la perspectiva de los requerimientos financieros previstos en la Ley del Concierto Económico ni desde la perspectiva de la invocación de títulos competenciales falsos ni desde la perspectiva de la demagogia que se practica
imputándonos a algunos que utilizamos falsos dilemas, como que defendemos la competencia en contra de la defensa del dependiente o de la pobreza, falso dilema conceptual o intelectual porque precisamente la descentralización o la creación de un
Estado compuesto es para mejorar la atención a los dependientes -y ya acabo- y también, por último, por no cumplir los requerimientos de universalidad, de progresividad y de suficiencia que ordena o que mandata el único precepto que podemos
identificar como legitimador de la existencia de esta ley, el artículo 41 de la Constitución.
Esta ley no es buena, esta ley no va a solucionar los problemas de los dependientes y esta ley la tendremos que corregir en un futuro próximo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabaria, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será el señor Tardà quien tomará la palabra en su nombre.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Salimos satisfechos en su día de la aprobación de la ley en esta Cámara y lo estamos aún más después de algunas mejoras que han podido introducirse en el trámite del Senado, en concreto de aquellas enmiendas pactadas de nuevo entre el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya. Unas afectan al artículo 2, el relativo a las definiciones.
Así, al definir el concepto de autonomía, además de
concebirla como la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personal acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, se añade textualmente: así como de desarrollar las actividades básicas de
la vida diaria. A nuestro entender, con esta enmienda culminamos la plasmación del concepto que perseguíamos de socialización de la persona no autónoma, condición sine qua non para aspirar a una vida libre, en igualdad de condiciones con aquellas
otras personas no dependientes.
De igual manera, mediante una segunda enmienda relativa al artículo 2 y, en concreto, a su apartado 2, referido a la definición de dependencia, se refuerza y amplía el abanico de posibles variables susceptibles de prestación, en concreto la
que atañe a la discapacidad intelectual o enfermedad mental, para lo cual se contemplan aquellos otros apoyos necesarios para alcanzar la autonomía personal. Nos congratulamos de estas mejoras, son la mejor respuesta frente a aquellas críticas
imprudentemente tempranas y en algún caso desaforadas, que pretendieron sabotear nuestra intervención ya antes de iniciarse el trámite parlamentario final, acusándonos
de no contemplar lo relativo a las enfermedades mentales ni las diversas opciones posibles de apoyo, anclando el proyecto en el asistencialismo.
Nada más alejado de la realidad. Las necesidades de apoyo quedan también definidas e
incorporadas a través incluso de un nuevo apartado, gracias al cual se reconoce a las personas con discapacidad intelectual o mental hacer efectivo -y cito textualmente-: un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
Bajo este mismo criterio se entiende nuestro apoyo a las modificaciones del apartado 1 del artículo 26, el de los grados de dependencia, a efectos todos ellos de definición y valoración. A los grados 1, 2 y 3 se les atribuyen: necesidades de apoyo
intermitente, a las ya reconocidas de ayuda, para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, en el caso de la moderada; necesidades de apoyo extenso, además de las ya previstas, cuando la persona requiere dos o tres ayudas diarias, en
el caso de la severa; y necesidades de apoyo generalizado, a las ya diversas ayudas también previstas de carácter diario y apoyo indispensable, en el caso de la gran dependencia. También hay que destacar la modificación del artículo 15, relativo
al catálogo de servicios. Nos felicitamos de que se integre la promoción y servicios de la autonomía personal.
Por tanto, se consagra el traslado de todos del concepto estricto de proteccionismo, abriendo camino hacia el concepto de autonomía, que es lo que dota de modernidad esta ley. En definitiva, la ley sale reforzada en los principios y
objetivos que perseguíamos: preeminencia de lo público, tanto en su estructura como en su gestión, en el tránsito hacia la consolidación de un Estado del bienestar y, por tanto, una cosa muy sencilla, como es socializar la riqueza en beneficio de
todos y en especial de los más débiles; siempre ha sido igual. En un momento histórico en el que la ideología neoconservadora pretende abrirse camino con los cantos de sirena del individualismo como valor en alza en nuestra sociedad, manifestamos
nuestro rechazo a iniciativas que en forma de enmienda de la derecha han pretendido alterar en el Senado la misma concepción de la ley. Me remito a la enmienda que pretende modificar el artículo 17, relativo a la prestación económica vinculada a
servicio, que pretende también que esta pueda ser de carácter periódico o de pago único. Hablamos de la filosofía del cheque, a la que se refería mi compañera Carme García; hablamos del modelo conservador o, dicho en otras palabras, coge el dinero
y espabílate como puedas. Frente a este modelo, el modelo del desamparo encubierto tras la dádiva, se alza el nuestro, el basado en el servicio público que se desprende de la acción del Estado, del Estado que debe garantizar la igualdad de acceso y
de prestación, del Estado que protege, que iguala, que genera responsabilidad social, solidaridad y cohesión, porque produce autoestima en tanto en cuanto es fruto del esfuerzo colectivo. Manifestamos también nuestro rechazo a eliminar del apartado
7 del artículo 14, prestaciones de atención a la dependencia, el patrimonio del solicitante y limitarse a la referencia de la renta, en contra de lo postulado por nuestro grupo y el resto de grupos de la izquierda presentes en esta Cámara.
Si me permiten, y solo a título anecdótico, uno se pregunta qué apoyo tuvo en el Senado la incorporación del adjetivo nacional para calificar el sistema para la autonomía personal y atención de la dependencia, porque de aquí no salió. A
nosotros no nos salen las cuentas. Solo con los votos del Partido Popular no pudo ser, alguien se dejó llevar por la animadversión que le produce el carácter progresista de esta ley. Por una vez que el PSOE se pone a tiro, van ustedes, algunos, y
pretenden estropearlo todo. En cambio, nosotros celebramos, repito, el carácter público, incluso por lo que atañe a la participación activa del tercer sector, que es fundamental en la gestación de esta ley y para su despliegue. De ahí que el
Partido Popular, que desde esta tribuna pretendía rebajar este carácter progresista de la ley, cuando la apoyó, a última hora, retirando un buen número de enmiendas, llegaron incluso a publicitar -así lo dijo la senadora del Partido Popular en el
Senado-, impúdicamente, que ellos habían conseguido el reconocimiento del derecho universal y subjetivo, lo cual es rotundamente falso. Además -quiero también sumarme a lo dicho por la compañera Carme García-, no entendemos cómo algunos medios
pueden publicitar hoy que esta es la ley que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Esto es una falsedad. Es una ley progresista que fue concebida bajo un criterio de izquierdas y trabajada en este Parlamento desde
este prisma.
De alguna manera, con nuestras votaciones vamos a frenar, vamos a cortocircuitar esta pretensión que nos llega a través de las enmiendas del Senado que, repito, pretenden alterar el sentido de esta ley.
Esta ley ha sido posible gracias a la colaboración de los grupos de esta Cámara favorables a las izquierdas y, a partir de ahora, solamente nos queda pedir diligencia, buen hacer y lealtad. Lealtad al espíritu con que ha sido gestada esta
ley, lealtad al espíritu del legislador, al menos, digamos, al legislador mayoritario y lealtad entre las administraciones.
En cuanto a estas últimas, estoy convencido de que habrá lealtad por parte de Esquerra Republicana y por parte de los
compañeros del Partido Socialista de Cataluña y de Iniciativa per Catalunya Verds, que conformamos el nuevo Gobierno de izquierdas en Cataluña, llamado de la Entesa Nacional. Además, debo decirles que nuestra compañera Carme Capdevila es la
consellera que tiene la responsabilidad de mantener una relación directa, leal con el Gobierno español, con el ministerio y con su ministro Caldera, a fin de poder trabajar conjuntamente en el despliegue de esta ley, lo que permitirá que, de una vez
por todas, Cataluña y el resto de las mal llamadas comunidades autónomas, a nuestro entender naciones del Estado español, reciban aportaciones económicas hasta ahora olvidadas. Esto nos permitirá que la futura ley de servicios sociales que aprobará
el nuevo Parlamento de Cataluña
pueda estar dotada económicamente para ser también una ley progresista y de aplicación de derechos.
Ha nacido un nuevo derecho social y muchos de ustedes compartirán con nosotros, con los republicanos, que los derechos solo se conquistan si existe encuentro entre la perseverancia en la lucha y la inteligencia para saber aprovechar los
buenos momentos, es decir, las correlaciones de fuerzas favorables a las izquierdas. Celebramos que exista esta nueva ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà, muchas gracias.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Será el señor Campuzano quien tomará en su nombre la palabra.
Aprovecho, señorías, para solicitarles por favor silencio mientras intervienen sus compañeros en la tribuna.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, señora ministra, señor ministro, efectivamente, como se recordaba, terminamos hoy la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley discutiendo las enmiendas del Senado, que en su
inmensa mayoría resuelven cuestiones que algunos grupos parlamentarios denunciamos ya en el trámite del Congreso.
De manera muy significativa el Senado ha sido capaz de incorporar en la protección de esta ley a las personas con discapacidad
intelectual, con problemas de salud mental en la fase inicial de Alzheimer. Todos aquellos que negaron en el Congreso que la ley no les protegía hoy están obligados a rectificar. El texto que salió del Congreso no protegía a las personas con
discapacidad intelectual ni con problemas de salud mental en la fase inicial de Alzheimer. Fueron las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna, del Grupo Popular y de Convergència i Unió las que corrigieron esa tremenda
injusticia. Hoy les pedimos que voten un conjunto de enmiendas -cuya votación separada vamos a solicitar- porque queremos garantizar que las personas más vulnerables de nuestra sociedad sean protegidas por esta ley. No algunas enmiendas, todas las
enmiendas, porque si eso se resuelve mal esta ley va a continuar sin proteger a esos sectores más vulnerables.
El Senado también protegió un elemento fundamental para garantizar que las clases medias pudieran acceder a mejores servicios y prestaciones sociales. El Senado ha excluido en la configuración del copago el patrimonio de las personas, y eso
para la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere decir excluir la vivienda habitual. Si la vivienda habitual de los ciudadanos se tiene en cuenta a la hora de prever aquello que debe pagar un ciudadano, para la inmensa mayoría de las familias de
clase media española esta ley va a ser un mal negocio, pues van a continuar pagando de sus bolsillos para acceder a los servicios sociales.
Los ricos van a acceder al mercado, las personas sin recursos van a acceder de manera gratuita a los
servicios sociales, la inmensa mayoría de la clase media va a continuar pagando. Y en la medida en que el Senado no ha resuelto la configuración del copago de manera centralizada y uniforme, para los ciudadanos de Cataluña esta ley va a suponer
pagar más de su bolsillo. El Senado no lo ha resuelto.
El Senado también ha incorporado con mucha claridad un mandato progresista que no sería razonable que fuera rechazado hoy por quienes se llenan la boca de ese concepto: la modificación de la Ley de pensiones no contributivas para garantizar
que el pago de la pensión no contributiva corresponda tan solo a los ingresos de la persona y no de la unidad familiar. Esa es una política que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y el Senado ha aprobado mandatar al Gobierno
que presente ese proyecto de ley. Espero que se sea consecuente, que protejamos a los más vulnerables y que garanticemos el acceso de las clases medias a un mejor sistema de protección social.
Señorías, lo que el Senado ha sido incapaz de resolver, porque el bloque del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana lo ha impedido, es lo que afecta al encaje constitucional de
esta ley y a la financiación de estas políticas.
Señorías, la Unión General de Trabajadores de Catalunya, la UGT de Catalunya, valora positivamente la nueva Ley de Dependencia pero alerta de la posible invasión de competencias de esta ley.
Señorías, el Institut d'Estudis Autonòmics, que es el organismo de la Generalitat que asesora al Gobierno en materia de derecho autonómico, afirma -y traduzco del catalán- que la utilización del artículo 149.1.1 que habilita al Estado para dictar
esta norma parte de una interpretación del alcance de este título competencial que no avala ni una lectura sistemática de la Constitución ni la jurisprudencia constitucional, y si finalmente el artículo 149.1 se convierte en una competencia
transversal sin límites que permite al Estado entrar a regular cualquier materia, y hacerlo prácticamente sin más limitaciones que las que libre y unilateralmente quiera asumir, será una cláusula abierta que hace desaparecer toda posibilidad de que
las comunidades autónomas tengan competencias exclusivas. Se sienta un precedente que vacía de contenido la competencia exclusiva en materia de servicios sociales de Cataluña. Y, señor presidente, ese es el primer acto de deslealtad con el nuevo
Estatuto de Cataluña y las diputadas y diputados catalanes que van a votar esta ley, pues tan solo desde la irresponsabilidad o desde la incompetencia se pueden obviar las consideraciones del Institut d'Estudis Autonòmics, tan solo desde la
incompetencia en el conocimiento del derecho constitucional o desde la responsabilidad de buscar la foto fácil en contra de aquello que contempla nuestro Estatuto. Esta ley más pronto o más tarde se va a tener que corregir porque habrá mayorías
parlamentarias en esta Cámara
que así lo consigan o porque el Tribunal Constitucional así lo declarará, pero el precedente que se sienta en esta ley condiciona el desarrollo del Estatuto de autonomía en materias que son de competencia exclusiva.
Señorías, se afirma y se justifica que esta es una ley que responde al principio de igualdad de todos los ciudadanos, se nos explica que permite configurar el cuarto pilar del Estado del bienestar, y en cambio se opta por un sistema de
financiación que no es el mismo en el que se basa el de la educación y de la sanidad. Como ustedes saben, esos elementos fundamentales del Estado del bienestar se integran en el sistema de financiación general autonómico. En esa materia que
constituye el cuarto pilar del Estado se continúa financiando a través de convenios discrecionales que pueden firmar o no las comunidades autónomas con el Estado. No se opta por integrar en el sistema de financiación general una necesidad de gasto
asociada a la dependencia para que las comunidades autónomas puedan financiar esos servicios; se opta por un sistema discrecional que no garantiza que las comunidades autónomas tengan los recursos necesarios para desarrollar estas políticas. Los
territorios con costes más elevados de los servicios sociales van a tener que poner más dinero de su bolsillo para acometer las obligaciones legales que les marca la ley. Los territorios con menor nivel de renta, y por tanto con menos niveles de
copago de sus ciudadanos, también van a tener que rascarse sus bolsillos para financiar las obligaciones legales que les marca la ley si se quieren beneficiar de la financiación que contempla la misma. Además, este sistema discrecional tan solo
está garantizado hasta el año 2015. La ley ha rechazado todas las enmiendas que pretendían que a partir del año 2015 la financiación de la dependencia se incorporase al sistema de financiación general. En estas condiciones, con ese sistema de
financiación, ni garantizamos la efectiva igualdad de todos los ciudadanos en el Estado ni garantizamos el carácter universal de la ley, porque la ley continúa contemplando que el acceso a los servicios se va a priorizar en función de la situación
económica de las personas y de las familias.
Creo, señorías, que la retórica con la que ustedes adornan la ley, una retórica de corte progresista, no se acompaña con el contenido material de la ley; que las expectativas que han generado a lo largo de estos meses se van a ver
frustradas durante las próximas semanas, entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que esta ley durante 2007 va a ser inaplicable. De hecho, algunas de las enmiendas que se van a incorporar abren ya la vía a que la ley no se aplique durante los
primeros meses del año 2007, que va a ser de nuevo un año perdido para los dependientes.
Además, los primeros reglamentos que se nos han hecho llegar por las asociaciones implicadas y que desarrollan esa ley demuestran que algunas de las cuestiones
que corresponden al principio de la autonomía personal, que van en la línea de garantizar esa plena integración de las personas con discapacidad en nuestro sistema, no se están incorporando. Los reglamentos que se están desarrollando por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Imserso de manera especialmente significativa continúan con una concepción burocrática, paternalista e intervencionista respecto a las necesidades de las personas con discapacidad.
Señorías, insisto en que esta ley deberemos corregirla en esta Cámara, en los tribunales, en el Tribunal Constitucional y en la acción política. En todo caso, Convergència i Unió, desde su acción responsable en el Parlament de Catalunya y
en esta Cámara, va a trabajar para que el desarrollo de la ley procure corregir esos defectos. La cuestión de fondo que es dotar a España de un verdadero sistema de protección social para los más necesitados, para el conjunto de nuestras familias,
queda pendiente de concretarse en esta ley. Señorías, hemos perdido la oportunidad de hacer una ley que dure años, que sea compartida por todos y que dé respuesta a los problemas de verdad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será la señora Salom quien estará en posesión de este turno de fijación de posición sobre las enmiendas del Senado.
La señora SALOM COLL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la Ley de Dependencia entró en esta Cámara con más de dos años de retraso, perjudicando, como es normal, su no acción a las personas dependientes y a sus familias.
(Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Salón.
Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora SALOM COLL: Además, entró en esta Cámara una ley hueca, vacía de contenido, con financiación escasa y sin acuerdo entre los distintos grupos políticos. Se incumplió la promesa del presidente de que el año 2005 sea el año de la
dependencia; si todo va bien será el año 2007. Hay retraso. Pero es que además, cuando entró la ley en la Cámara, era una mala ley porque se excluyeron de la negociación a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las asociaciones
representativas del sector y, cómo no, al principal partido de la oposición. El ministro Caldera dijo que se trataba de una ley de izquierdas, marginando con esto a los grupos políticos, rompiendo con ello el Pacto de Toledo y rechazando la oferta
del presidente de mi partido de llegar a un acuerdo en esta materia. Finalmente, después de mucho esfuerzo y de la reacción de la sociedad pidiendo una ley de todos y para todos, llegamos a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido
Socialista en el que logramos que se incluyeran en el Congreso unas 55 enmiendas, 55 aportaciones del Partido Popular muy amplias y diversas como el reconocimiento expreso
del derecho subjetivo para los dependientes (Rumores.), incluir en los titulares de derechos a los menores de tres años, que las personas dependientes sean atendidas de forma preferente, que para la financiación por parte del usuario se
tendrá en cuenta la capacidad personal y no la familiar, que la calidad estará presente no solo en las prestaciones sino también en los servicios, promover la profesionalidad, que la financiación a las autonomías vendrá fijada por criterios
objetivos, sobre la población dependiente, dispersión geográfica, insularidad, inmigrantes retornados y otros factores. Se reforzó el papel de las comunidades autónomas en el Consejo territorial, donde tienen mayoría; una mayor participación de
las entidades locales y la consideración de órganos consultivos del Consejo estatal de personas mayores y el Consejo Nacional de la Dependencia. Su paso por el Congreso y el Senado ha mejorado el texto, aunque todavía se podía haber mejorado
muchísimo más.
No es el modelo que nosotros hubiéramos puesto en funcionamiento, pero esta ley cada vez se va pareciendo menos al texto presentado por el Gobierno, que era malo. Con las enmiendas de nuestro grupo hemos impedido en el Senado la
depuración nacionalista que el Grupo Socialista, forzado por sus socios, pretendía llevar a cabo. Se ha vuelto a la denominación original de sistema nacional para la atención y autonomía de la dependencia, aunque solo sea en una disposición
adicional. Además, en el Senado se presentaron 50 enmiendas de las cuales se aprobaron 26. En el Senado se han aprobado 26 enmiendas a iniciativa del Partido Popular, en el Congreso cuando llegamos al acuerdo con el Partido Socialista se
incorporaron 55 enmiendas y hemos llegado a cuatro transacciones; es decir que se han incorporado al texto 75 enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular. Si tenemos en cuenta que la ley tiene 47 artículos, yo diría que no es una ley
ni de izquierdas ni de derechas, sino que es una ley de todos, a la que todos hemos contribuido, les guste o no a determinados partidos. (Aplausos.)
Las aportaciones en el Senado también han sido importantes. Con las enmiendas que se votarán hoy hemos incorporado elaborar un plan integral de atención para las personas con discapacidad intelectual, que se les asegure y coordine la
promoción permanente de una autonomía tan plena como sea posible. Hemos conseguido completar y mejorar la protección de las personas con discapacidad psíquica o mental. Hemos conseguido hacer referencia a la atención sociosanitaria, ya que más del
80 por ciento de las personas dependientes están afectadas por alguna enfermedad y, en consecuencia, requieren de la atención conjunta del Sistema Nacional de Salud y del nuevo sistema nacional de la dependencia. Se ha aprobado modificar la Ley de
garantías del uso racional del medicamento y productos sanitarios para adaptarla a las necesidades de los discapacitados, los mayores, los dependientes, especialmente en lo relativo a prótesis, sillas de ruedas o pañales. Hemos conseguido la mayor
participación de las corporaciones locales y en tres meses se va a regular la prestación sociosanitaria. Hemos logrado incluir los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de los de promoción de la autonomía personal. Hemos
conseguido que para calcular rendimientos económicos de los beneficiarios de la ley se tendrá en cuenta su renta y no su patrimonio. Hemos conseguido que el Gobierno, en un plazo de seis meses, remitirá a las Cortes un proyecto de ley de
modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en materia de pensiones por invalidez en su modalidad no contributiva, a fin de que solo se tome en consideración las rentas de las personas beneficiarias de la prestación y
no de la unidad económica de convivencia. Una disposición adicional que hace referencia a Navarra que presentó el Partido Popular en el Congreso a través de los representantes de UPN aquí no se aprobó, pero en el Senado esta misma enmienda del
Partido Popular a través de UPN allí se incorporó.
Han quedado fuera de esta ley muchos temas que nos hubiera gustado que se incorporaran. Por ejemplo, el reconocimiento expreso de la situación de las personas que padecen dependencia como consecuencia de actos terroristas, que
incomprensiblemente ustedes no aceptaron. Nos opusimos en el Senado a unas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que dejaban abierta la fecha de entrada en vigor de los efectos de la ley para la gran dependencia; nos opusimos duramente ya
que hubiera supuesto una frustración de las expectativas de muchas personas. No conseguimos incluir la creación de una agencia para la promoción de la calidad. ¡Y qué decir de la financiación! La financiación de esta ley es cicatera. El Estado
solo aporta en este año 400 millones de euros. El Gobierno no tiene los pies en la tierra si considera que ese dinero es suficiente para afrontar una ley de esas características. El presidente Zapatero dijo que la aportación inicial sería de 1.000
millones de euros. Pues ni inicial ni final. Con tres años de legislatura, la aportación este año en que entrará en vigor la ley es solo de 400 millones de euros. Esta cantidad es ridícula si la comparamos con los 700 millones que invierte la
Comunidad Autónoma de Madrid, con los 300 millones de la Comunidad de Valencia o con los 130 millones de euros de la Diputación Foral de Álava.
Es una cantidad que consideramos escasa.
Hoy el Grupo Parlamentario Socialista tiene una mala papeleta. Vemos muy difícil que el Grupo Parlamentario Socialista pueda votar en contra de todos los avances que se han producido en el Senado. Si esto es así, sería un paso atrás que
perjudicaría a todas las personas dependientes y a sus familias, que llevan tiempo esperando esta ley. Hoy el PSOE tiene la oportunidad de aprobar una ley que no solo sea de mínimos y de incorporar todos los avances del Senado. Mi grupo, como es
natural, va a votar a favor de casi todas las enmiendas aprobadas en el Senado y espero que el Grupo Socialista no se deje llevar por intereses partidistas y vote en contra. Si en el Senado hemos dado un paso adelante, un paso positivo para las
personas que viven situaciones de dependencia,
no den ustedes hoy aquí un paso atrás, no retrocedan en las conquistas que hemos conseguido en el Senado. Las personas dependientes y sus familias se merecen el mejor texto posible y que no haya grupos que recorten hoy aquí lo avanzado.
Nos preocupa la enorme expectativa creada con esta ley. Nos preocupa que la aplicación de la ley y su puesta en marcha pueda frustrar la ilusión de muchísimas personas y la de sus familiares. Con la aprobación hoy aquí de esta ley no se
crean que ustedes ya han cumplido y que ya tienen los deberes hechos. Deben presentar con urgencia a las comunidades una propuesta de reglamento, con evaluaciones y baremos. Esta es la verdadera llave para el buen funcionamiento de la ley. Los
españoles necesitan una ley de dependencia progresista y ambiciosa y no el proyecto raquítico que defiende el Grupo Socialista. Esta ley llega tarde y espero que no nazca con la fecha de caducidad puesta. Nuestro compromiso está con los españoles
y no con un ministro de miras cortas, que hoy apenas ha estado en este debate, incapaz de estar a la altura del reto que supone la dependencia y de dar respuesta a lo que los españoles se merecen. Hoy es un día importante porque se da un primer
paso y se aprueba una ley para las personas dependientes. Es un primer paso y nosotros le damos un sí crítico a esta ley, pero la prueba de fuego empieza el día 1 de enero. A partir del día 1 empieza su responsabilidad, que es no frustrar la
ilusión ni las expectativas creadas por esta ley en las personas con discapacidad y sus familiares.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Salom.
Finalizamos el turno de fijación de posiciones con la señora Pérez Domínguez en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías, y nunca mejor dicho. Creo realmente que hoy es un día especial para los ciudadanos españoles, un día para la honra de este Parlamento y un día de satisfacción para todos los que directa o indirectamente -muchos de
ellos se encuentran hoy aquí- y durante muchos años han trabajado para que llegara este día.
Señora Salom, al Grupo Socialista le gustaría tener que enfrentarse todos los días del año en este Parlamento a esta grave papeleta de asistir a un hecho histórico, 20 años después de que este Parlamento aprobara la universalización de la
sanidad, 21 años después de que este Parlamento con Gobierno socialista aprobara la universalización de la educación básica, y 16 años después de que este Parlamento con Gobierno socialista aprobara las pensiones universales. (Aplausos.) Hoy,
señorías, dos décadas después y en los inicios del nuevo siglo XXI nace un nuevo derecho subjetivo y de ciudadanía -lo ha hecho este Parlamento y también todos ustedes-: el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en situación de dependencia, a
recibir unos servicios y unas prestaciones que les permitan afrontar con dignidad esa situación -asistencia a domicilio, centros de día y de noche, residencias- y, algo muy importante, a la promoción de su autonomía personal para desarrollar
plenamente su condición de ciudadanía en el seno de la sociedad -servicios de prevención y de apoyo y asistencia personal-. Es una ley de marcado carácter social, que amplía derechos, prestaciones y servicios para los ciudadanos, cuando -hagamos un
debate serio- en nuestro entorno, en esta Europa afortunada que ha alcanzado altos niveles de bienestar, muchos aún y desde diversos ángulos se preguntan si podemos permitirnos seguir avanzando mientras en buena parte del mundo sigue imperando la
miseria, o cuando vemos que a nuestro alrededor se discute la reducción de prestaciones y derechos -esto está pasando- mientras aquí ampliamos el Estado del bienestar y ponemos en marcha nuevos derechos.
Es necesario reafirmar hoy aquí, señorías, en ese contexto, la apuesta del Gobierno socialista (estamos gobernando y deberían ustedes reconocer lo obvio) y del Parlamento, en el que estamos representados todos, por un nuevo proyecto de país,
por dar un paso más en mejorar el bienestar de los ciudadanos, en dar satisfacción a una necesidad real de las personas que en este pequeño paraíso de nuestra Europa social, sin duda hoy aún imperfecta, percibimos y afrontamos la atención a la
dependencia como un derecho que la gran mayoría de la humanidad no alcanza siquiera a soñar que le llegue un día. La senda de modernización emprendida en nuestro país con el Gobierno socialista a la cabeza hace posible hoy que el trabajo y el
esfuerzo de la sociedad española, la riqueza generada, con un crecimiento económico superior al de la media europea, se traduzca en importantes mejoras sociales. Es para nosotros lógico desde una perspectiva de izquierda y justo desde cualquier
punto de vista que ese crecimiento se dedique a mejorar las necesidades de la gente, de los ciudadanos, a mejorar su calidad de vida. Hacer patria, señorías, es responder a las necesidades de todos los ciudadanos de este país residan donde residan,
en Sant Boi de Llobregat, en Azuaga, que es mi pueblo, en Ginzo de Limia, en Estella o en cualquier parte del territorio.
(Aplausos.)
Esta ley, que revolucionará positivamente la sociedad española, permitirá entre otras cosas muy importantes -esto es lo que hay que transmitir- que un anciano en situación de dependencia no dependa, como sucede hoy, en el mejor de los casos
de su familia o de los vecinos, sino que tenga asegurada la atención a sus necesidades básicas; que no sea por necesidad sino por voluntad y decisión propia que una mujer abandone su puesto de trabajo para cuidar de una persona dependiente; en el
año 2005, 400.000 mujeres abandonaron el puesto de trabajo para atender a una persona en situación de dependencia.
(Aplausos.) Esta ley hará posible que aquellas personas en situación de dependencia, de multifuncionalidad, con discapacidad, que puedan y quieran vean reforzada su autonomía personal, dispongan de los servicios y las prestaciones que les
permitan incorporarse a la vida activa, al mundo del trabajo y a la educación con la dignidad y el reconocimiento de los derechos humanos que se merecen.
Señorías, todo esto que reconocemos hoy como lógico y que después de más de nueve años el Gobierno que lo promete lo cumple, coherente además y justo, se produce en un determinado contexto político y no debemos olvidarlo, un contexto
político de carácter interno, en un proyecto de país en el que los ciudadanos y la ampliación de los derechos de ciudadanía son el eje que ha marcado y marcará esta legislatura, sobre la base de un reparto más justo del crecimiento y la riqueza que
se está consiguiendo en estos tres años que llevamos de legislatura y en los que vamos a seguir avanzando. (Aplausos.) Eso lo demuestran leyes como la que se ha debatido aquí, hace menos de media hora, para el reconocimiento de los derechos de los
ciudadanos españoles en el exterior o como la Ley de igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de derechos en igualdad sin discriminación por orientación sexual, la ampliación de la inversión social con medidas como la subida de las
pensiones mínimas o del salario mínimo interprofesional, una mejora en la financiación sanitaria que ha supuesto una inyección de más de 4.000 millones de euros, la ampliación del número de becas y de su cuantía y un largo etcétera. No les hablo de
literatura, señorías, estábamos discutiendo aquí anteayer los presupuestos. Por tercer año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado invierten más de la mitad en política social. Solo la ley que debatimos hoy supondrá una inversión de
cerca de 13.000 millones de euros por parte de la Administración central, 25.000 millones si contamos todas las administraciones; un verdadero hito en nuestro país que tiene su último referente en la incorporación de las pensiones no contributivas;
una inversión social y también productiva que generará en torno a 300.000 puestos de trabajo y atenderá a más de un millón de personas y a sus familias. Hoy acaba el trabajo legislativo, pero quiero manifestar nuestro convencimiento, el
convencimiento del Grupo Socialista, en el compromiso y en el buen hacer de las comunidades autónomas, que son las instituciones competentes en la gestión de esta materia, convencidos y seguros como estamos de que trabajarán, junto con el resto de
las administraciones y sociedad civil, para garantizar la coordinación necesaria y el trabajo transversal tanto en lo social, señora Salom, como en lo sanitario, pues es suya la competencia; la atención continuada e integral, el óptimo
aprovechamiento de los recursos y una acción profesional que asegure unos servicios de calidad que serán la garantía para que esta ley sea un éxito de todos y para todos los ciudadanos. También hay que decir que lo que no existe hoy no aparecerá
mañana. Empezaremos a caminar juntos y avanzaremos paulatinamente.
No quiero finalizar sin agradecer a las distintas organizaciones, entidades, sindicatos y empresarios el esfuerzo que han hecho por trasladar, primero al Gobierno y también a nosotros los parlamentarios, las necesidades reales de los
ciudadanos. Sin todas esas aportaciones, sin el trabajo minucioso pero también apasionado, sin los debates comprometidos y profundos, en ocasiones también acalorados, que hemos realizado los distintos grupos parlamentarios y las organizaciones y
entidades no habrían sido posibles las indudables mejoras que se han introducido en la ley. Ningún ciudadano dejará de ser atendido por falta de recursos porque reforzamos la responsabilidad pública.
Señor Campuzano, no mate la ley antes de que nazca, déjela nacer y crecer, no sea tan catastrofista. Hemos introducido muchas mejoras y, en esa línea de mejoras, mi grupo votará hoy favorablemente la incorporación de buena parte de las
enmiendas que vienen del Senado y que siguen profundizando en esa línea y, sin embargo, rechazaremos aquellas que a nuestro entender no aportan nada o la desvirtúan. Si tanto interés tenía en eliminar la vivienda habitual, ¿por qué no puso eso y
puso el patrimonio? Porque usted sabe que eso lo reconoce ya la Ley de Patrimonio. No se declara como patrimonio la primera vivienda, la vivienda habitual. (Aplausos.) No engañe a las clases medias de este país, no es a ellas a quien defiende,
sino a los grandes patrimonios, porque la vivienda habitual está ya fuera de la declaración de patrimonio.
Permítanme, señorías, terminar con lo que creo que debe ser hoy un gran día parafraseando al presidente del Gobierno, que ha estado aquí en todo el debate esta mañana, en su intervención en la sesión de investidura.
Señor presidente,
señorías, creo que hemos trabajado todos juntos, todos los grupos, todos hemos aportado cosas. Hemos trabajado juntos por una sociedad mejor, por unas instituciones que acompañen a los ciudadanos en sus problemas y en sus sueños, porque si es
cierto -como decía el presidente- que algunas utopías merecen ser soñadas, no es menos cierto que para muchos millones de personas en nuestro país y, desde luego, para mí y para los socialistas, hoy una de esas utopías empieza a ser una realidad.
Qué suerte la mía haber contribuido a que esto sea posible.
Gracias a todos mis compañeros y gracias a todos los diputados.
(Prolongados aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.
Finalizado, señorías, el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Cuando quiera, señor presidente.
(Rumores.) Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señora presidenta, señoras y señores diputados, en pocas ocasiones como en esta mañana, con la aprobación de las dos leyes que acabamos de debatir, esta Cámara adquiere su dimensión tan
importante de ser el corazón de la democracia que inspira y transmite al conjunto de la ciudadanía seguridad, solidaridad y futuro. Por ello, comprendo bien las intervenciones que los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios han realizado
esta mañana. Permítanme que, dada la trascendencia histórica de la Ley de la promoción de la autonomía personal, haga una valoración desde el Gobierno.
Señorías, España ha logrado ingresar en la lista de los países más prósperos del mundo. Somos la octava potencia económica mundial. Nuestra renta per cápita va a superar en poco tiempo a la de países tradicionalmente más prósperos que el
nuestro. Son datos transcendentes, de los que todos podemos sentirnos legítimamente orgullosos, pero, señorías, para mí y para el Gobierno que presido, la riqueza de un país no se mide solo en términos de producto interior bruto o de renta per
cápita o de superávit público. Estos son tan solo instrumentos necesarios para lograr la auténtica riqueza de una sociedad, la que mide el bienestar de sus ciudadanos, pero sobre todo la que mide la capacidad de generar solidaridad, de atender a
quienes más lo necesitan y de hacer justicia. (Aplausos.) Hoy este Parlamento hace política en el sentido más ambicioso y digno de la palabra. Hoy este Parlamento inicia un camino de solidaridad con quienes no pueden valerse por sí mismos y con
sus familias. Hoy este Parlamento hace, sobre todo, un ejercicio de reconocimiento hacia nuestros mayores, hacia quienes ahora necesitan de ayuda para sus necesidades más básicas.
Señorías, el desarrollo del sistema de atención a la dependencia que hoy se inicia es un gran proyecto colectivo de los españoles; es, va a ser el gran proyecto social de esta sociedad para los próximos años. Es un proyecto grande en
términos de esfuerzo y de impacto. Más de un millón de personas en situación de dependencia son los destinatarios de esta ley.
Más de un millón de españolas y españoles verán fortalecida su autonomía personal, su capacidad de valerse por sí
mismos. Con ellos son también destinatarios sus familias, las personas que están dedicando su vida a cuidar a quienes lo necesitan. La voluntad de esta ley es apoyar ese esfuerzo, superar la soledad en la que actualmente se mueven muchas de esas
personas y conseguir también una mayor autonomía para los cuidadores, tanto a través de la ayuda de un sistema público de atención al dependiente como, muy especialmente, del reconocimiento efectivo del trabajo de esos cuidadores y familiares a
través de su ingreso en el sistema de Seguridad Social. Grande es también su impacto laboral, porque en los próximos 10 años van a crearse mas de 300.000 empleos en este sector y, con esta ley, queremos garantizar que esos empleos satisfagan las
condiciones necesarias de formación y de calidad en su empleo y en la atención a las personas dependientes. Grande es, en fin, el esfuerzo financiero de las administraciones públicas, con una previsión de 26.000 millones de euros aportados en los
próximos años para lograr la implantación gradual del sistema. Pero, sobre todo, es un proyecto grande, ambicioso, lleno de compromiso en su significado político y social, porque es un proyecto de solidaridad, de solidaridad intergeneracional, de
cohesión intergeneracional; porque es un proyecto de solidaridad con los que más lo necesitan, con los discapacitados, con sus familias, con aquellos que dedican su vida a cuidar de las personas que no pueden realizar por sí mismas las actividades
básicas de la vida diaria; porque es un proyecto también para el futuro. Un proyecto que se inicia hoy con la aprobación de la ley en las Cortes Generales, pero que debe desplegarse gradualmente para acabar erigiendo un nuevo pilar de nuestro
Estado social, un nuevo pilar en el que sustentar la cohesión de la sociedad española. Hoy empezamos a poner los cimientos y espero que dentro de unos años podamos sentirnos, como españoles, tan orgullosos del sistema de atención a la dependencia
como podemos, legítimamente, sentirnos de nuestro sistema de Seguridad Social, de nuestro sistema educativo o del Sistema Nacional de Salud, que proporciona sanidad igual, pública y gratuita a todos los españoles. (Aplausos.) Porque es un proyecto
fruto de un amplio acuerdo y de la colaboración política y administrativa, porque es un proyecto de todos, impulsado por un Gobierno socialista, respaldado y asumido por casi todas las fuerzas políticas de las Cortes Generales y por las
administraciones de este país; un proyecto que solo podrá hacerse realidad con la colaboración leal entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, cada uno a partir de sus propias responsabilidades, pero también desde la voluntad
de actuar conjuntamente. Por ello, quiero agradecer la actitud de todos los grupos de esta Cámara que han hecho real el mejor servicio a los ciudadanos: atender sus necesidades reales. Porque es un proyecto que también debemos, sobre todo, al
tesón y al compromiso de las asociaciones y organizaciones que desde hace ya demasiados años luchan por impulsarlo. A ellas mi reconocimiento más intenso. (Aplausos.) Es también un compromiso cumplido del programa electoral del Partido Socialista
y del discurso de investidura del presidente del Gobierno, y siempre que se cumple un compromiso de trascendencia y de alcance se dignifica la democracia, la vida pública y esta Cámara. (Aplausos.) Quisiera que hoy fuera ante todo un día de
celebración para las organizaciones y asociaciones que han impulsado esta ley pero, sobre todo, un día de reconocimiento a su trabajo y al amor que vienen transmitiendo diariamente a los suyos y para el que hoy encuentran el apoyo de todos sus
conciudadanos, que de esta manera elevamos nuestra condición de compatriotas y de españoles.
(Aplausos.) Porque el proyecto socialista, el proyecto social y político que
esta ley entraña, es también un ejemplo de solidaridad y de unidad real entre todos los ciudadanos, un proyecto que refuerza de verdad y donde debe hacerse la unidad, la solidaridad y el encuentro de todos nosotros, que ilustra la real
capacidad de todos -el Estado y las comunidades autónomas, de todas ellas- de avanzar en una línea conjunta y compartida.
Con esta ley, señorías, creamos un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho de acceso en igualdad a elementos esenciales para
la vida autónoma de muchas personas, para su dignidad, un derecho de cuya directa significación para la vida de sus titulares nadie puede dudar pues es inherente a la dignidad de las personas y al libre desarrollo de la personalidad, en palabras del
artículo 10 de nuestra Constitución.
Señorías, esta ley se debe sin duda a la sensibilidad social de los ciudadanos españoles expresada a través de sus asociaciones y de sus representantes políticos, pero esta ley no sería posible sin una economía
solvente y próspera, como afortunadamente lo es hoy la española, y sin la convicción de que esa prosperidad debe ponerse al servicio de todos y especialmente de aquellos que más lo necesitan en la sociedad.
Empezaba diciendo que un país es realmente rico en la medida no de su crecimiento económico, sino del destino de este. Quiero ahora destacar que solo con ese crecimiento económico es posible abordar empresas como el sistema de dependencia.
Hoy me siento especialmente orgulloso de pertenecer a un país que refuerza su auténtica riqueza, la dignidad y la cohesión solidaria con sus ciudadanos. (Aplausos.) Y quiero añadirles la honda satisfacción, el orgullo que siento al presidir el
Gobierno de un país que es capaz de dar pasos como el que esta ley significa. (Un señor diputado: ¿Y el agua qué?-Rumores.)
Quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud a todos los que soñaron, pensaron, idearon, edificaron, debatieron esta ley, ellos -incluidos todos los portavoces que esta mañana han intervenido- marcarán una página muy positiva de la
historia social de nuestro país y de la mejora profunda de la democracia que significa avanzar en derechos para los ciudadanos. (Aplausos.) A partir de hoy muchas personas, muchas familias de nuestro país empezarán a sentirse menos solas. Es solo
el principio.
Esas personas saben bien que los milagros no son frecuentes, no se engañan, pero también saben el inmenso valor de un paso. Un paso es empezar a andar. Hemos empezado este camino juntos, con un gran acuerdo, un acuerdo y una
voluntad a la altura de la tarea que tenemos por delante. Hoy hemos dado un paso decisivo para construir una sociedad más justa y más digna, una sociedad en la que todos podemos sentirnos más integrados, una sociedad que, en su solidaridad hacia
quienes lo necesitan, gana en su propia dignidad y nos hace a todos más dignos. Por eso creo que hoy España es mejor. Cuando al final cada uno de nosotros volvamos la vista sobre nuestro pasado y hagamos balance de lo que significó nuestra
vocación política, encontraremos en días como hoy el sentido de todos los esfuerzos.
Muchas gracias. (Aplausos prolongados de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, llamamos a votación. (Pausa.) Algunos grupos parlamentarios solicitan la palabra. Ciertamente el Gobierno abre turno cuando entra en contradicción. La sensación de la Presidencia es que simplemente ha nombrado a los portavoces
para agradecerles sus intervenciones el día de hoy pero, en cualquier caso, por tres minutos... (Rumores.) Tranquilo, señor Pujalte, tranquilo, por favor. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Pero si no he dicho nada!-Rumores.) Por tres minutos, si
lo desean, tendrán la palabra y comenzaremos, si no la desea el Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Olabarría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene usted tres minutos, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, usted se ha ajustado con un rigor cartesiano al discurso que tenía previamente escrito y no ha entrado en las cuestiones -que yo creo que no son baladíes ni irrelevantes- que algunos portavoces le hemos planteado.
(Rumores.) Hay una que es particularmente relevante: la Ley del Concierto Económico es una ley paccionada, no es una ley ordinaria, su restricción o su vulneración unilateral provoca un problema no solo de inconstitucionalidad sino también de
desafuero. Yo no estaría tranquilo, señor presidente, ni haría una reflexión tan apologética de los contenidos de la ley. (Rumores.) Algunos sí son ponderables, evidentemente, otros son más discutibles; pero desde luego obviar algo tan relevante
para la estructura institucional del Estado como es la cuestión que yo le he planteado, no darle trascendencia, que sensu contrario se podría interpretar como considerarla una cuestión baladí, sinceramente, como grupo y como partido político nos
preocupa, nos preocupa notablemente y también nos preocupan algunas de las adhesiones que para un desafuero de estas características, sin precedentes desde el régimen franquista, como antes le comenté, se va a producir en el día de hoy. Desde esa
perspectiva, quedan las palabras dichas así. (Rumores.)
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
El siguiente grupo parlamentario que me pide la palabra es el de Convergència i Unió. Señor Campuzano, adelante.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Hemos afirmado que la ley viene acompañada de una retórica progresista, pero con un redactado más que discutible desde esa perspectiva. En materia del copago el señor presidente debería conocer la enmienda 216, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en el Senado, que establecía que, a los efectos de la consideración del copago, quedará excluida de dicha consideración la vivienda habitual. Ustedes rechazaron en el Senado que la vivienda habitual quedase excluida
del nivel de copago y eso hace que las clases medias deban pagar de su bolsillo para continuar accediendo a los servicios sociales. Segunda consideración.
Ustedes han obviado... (Protestas.-Varias señorías: ¡No, no!- Un señor diputado: Eso es
falso.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señorías, ustedes rechazaron nuestra enmienda, la rechazaron y las clases medias quedan excluidas.
Señorías, ustedes deberían conocer la nota que el Instituto de Estudios Autonómicos trasladó al Gobierno de la Generalitat y a los grupos parlamentarios del tripartito en la que se afirma que el precedente que sienta esta ley deja vacía de
contenido la idea de competencia exclusiva, y tan solo desde su irresponsabilidad o desde su incompetencia en el conocimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional (Rumores.), de la doctrina del Tribunal Constitucional, pueden obviar esa
cuestión.
Finalmente, ustedes han sido incapaces de explicarnos, y tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno, por qué en esta política en lugar de financiar los servicios sociales tal como financiamos la sanidad y la educación, elementos
fundamentales de nuestro Estado de bienestar, los van a financiar a través de convenios que firmen las autonomías con el Gobierno central sin garantizar la sostenibilidad de la gestión económica que puedan hacer las comunidades autónomas. A eso
tampoco han respondido.
Este debate, en este sentido, ha sido frustrante: ni el presidente ni la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista han respondido a ninguna de las cuestiones de fondo que les hemos planteado desde Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Campuzano, muchas gracias.
Me temo que hoy no es un día para quitarnos la palabra, pero les recuerdo que el turno que ha abierto el presidente del Gobierno no es para contestar a los grupos parlamentarios (Varios señores diputados: Exacto.-Aplausos), hubiera sido
para el del presidente del Gobierno. En cualquier caso, continuamos.
Señora Salom, ¿deseaba usted la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular? Adelante.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señora presidenta, solo para recordarle a esta Cámara que era un compromiso electoral de todos los partidos políticos, o por lo menos del Partido Popular, que en esta legislatura íbamos a afrontar una
ley de Dependencia. (Protestas.-Varias señorías: ¡No, no!) Eso se aprobó en esta Cámara en el año 2003 por acuerdo de todos los grupos parlamentarios y eso lo llevábamos en el programa electoral, y es una propuesta de todos. (Aplausos.) Por
tanto, este proyecto, esta ley que consideramos que es buena y positiva, pero que es insuficiente, no es un proyecto socialista, ni de izquierdas ni de derechas. (Rumores.-Risas.) Hemos dicho todos que es un proyecto de todos y para todos (Una
señora diputada: ¡Efectivamente!) y hoy la sensación que nos ha dado a nuestro grupo la intervención del presidente es como si quisiera apropiarse de un sistema de dependencia... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
La señora SALOM COLL: ... como si quisiera patrimonializar esta iniciativa legislativa y como si el acto de hoy fuera un acto dirigido más bien a los medios de comunicación para salir en el telediario. (Aplausos.) Creo que con la Ley de
Dependencia, señora presidenta y señor presidente, en la defensa de las personas más débiles, de los más necesitados, estamos todos y para que esta ley funcione, salga adelante y vaya bien se tienen que implicar, y usted lo sabe, todas las
comunidades y los ayuntamientos, que tienen un papel fundamental para que esta ley pueda funcionar y dar un buen resultado.
Para acabar quiero decirle que lo que figura son 400 millones de euros.
Esa cantidad es ridícula y ni siquiera llega a su promesa de que destinarían a la dependencia el primer año mil millones de euros. Se quedan cortos. Solo la Comunidad
de Madrid gasta 700 millones de euros (Rumores.), mucho más de lo que figura en sus presupuestos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
La señora SALOM COLL: Y quiero advertirle, señor presidente, que usted ha dicho que esta ley hace referencia y va a beneficiar a un millón de personas dependientes. Nosotros le hemos dicho siempre que el Libro Blanco habla de tres millones
de personas dependientes. Se quedan cortos, se lo hemos dicho. Hay gente que quedará fuera, probablemente con las enmiendas que hoy no se admitan del Senado 33.000 niños con síndrome de Down tal vez no puedan acceder a esta ley y eso será con su
voto. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Salom.
Señora Pérez Domíguez, adelante.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Lamento que no se esté a la altura de las circunstancias en este debate.
(Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías, por favor.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Yo creo que los ciudadanos no van a entender que estemos aquí hablando de temas irrelevantes cuando no estamos hablando de los beneficios para las familias. (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, silencio.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Lamento, porque me parece que ha habido unas intervenciones muy prudentes de coordinación y de reconocimiento al trabajo que han hecho aquí todos los grupos parlamentarios y que fundamentalmente ha hecho la
sociedad, el mal ejemplo que damos aquí quienes hoy deberíamos estar respondiendo a eso que nos han estado pidiendo todos los días. (Aplausos.) Me parece que nuestra dignidad queda un poco tocada con alguna de las intervenciones que aquí se han
hecho.
(Rumores.-Aplausos.) Pero no nos importa, señorías, no nos importa, solo queremos que esta ley se apruebe con el apoyo de todos, que sea para todos y, sobre todo, que sea para los ciudadanos y creo que eso es lo que ha puesto de manifiesto
la intervención del presidente (Varios señores diputados: ¡No!), el compromiso del Gobierno para que desde la responsabilidad del Gobierno y desde la Administración central esta ley sea posible y marche en su aplicación lo mejor posible. Lo ha
hecho con su intervención, lo ha hecho trayendo a esta Cámara este proyecto de ley y lo hace con una aportación económica inusual, inhábil y absolutamente extraordinaria en la historia de este Parlamento.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.
Señorías, cerrará este debate el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente intervengo para agradecer las intervenciones que se han producido de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios a lo que ha sido mi intervención como valoración de lo que representaba esta ley. Esta ley representa un
gran avance social, representa un compromiso con más de un millón de personas de nuestro país que tienen serias dificultades y con sus familias y representa, por tanto, el fruto de un gran trabajo colectivo. Simplemente quiero reiterar a todos los
portavoces y a todos los grupos: súmense a la celebración, porque lo que espera la inmensa mayoría de los españoles es que leyes como esta no tengan marcha atrás y, desde luego, este Gobierno ha reconocido que esta ley es fruto de todos. A la
portavoz del Grupo Popular le diré que no tenemos inconveniente en aplicar nuestro programa electoral y una parte del suyo (Risas.), porque ha dicho que también iba en su programa electoral. Me siento incluso mucho más satisfecho de que aquí haya
un Gobierno y una mayoría que es capaz de llevar adelante su programa, cumplir con él -y tiene el derecho a decirlo- y además incorporar parte de los programas de otros partidos. Esa es una buena forma de gobernar para todos y, sin duda alguna, de
manera singular para aquellas personas que saben que hoy tienen un nuevo comienzo en sus vidas y en sus posibilidades.
Señora presidenta, la Ley de promoción de la autonomía personal es un hito histórico para este país, para su Estado del bienestar, para el reconocimiento de nuevos derechos. Con esta ley somos un país más solidario, un país más justo y, por
tanto, un país que será reconocido en el exterior como un país en el que merece la pena vivir, por el que merece la pena apostar y por el que merece la pena comprometerse, como hacemos todos los que estamos en esta Cámara. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, llamamos a votación. Además, cuando terminemos de votar los dos primeros puntos del orden del día, no se ausenten, porque continuaremos la votación de todos y cada uno de los puntos del orden del día de hoy.
Procedemos a realizar la votación, en primer lugar, de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Comenzamos con la votación de las enmiendas al artículo 1.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 184; en contra, tres; abstenciones, 131.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
En segundo lugar, votación de la enmienda por la que se incluye un nuevo apartado 2 en el artículo 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 301; en contra, 17.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobada.
Votación de las enmiendas a los artículos 19.2 y 23.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 25.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 295; en contra, 21.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Continuamos, señorías, en el punto segundo del orden del día, con la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal, atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias, antes
proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
(El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
Sí, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, solicitamos votación separada de la disposición adicional vigésimo primera.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo.
Señorías, la votaremos antes de la última votación, que es la del resto de las enmiendas.
Comenzamos con la votación de las enmiendas a la rúbrica al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 13; en contra, 304.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al inicio del apartado 2 del artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 149; en contra, 168.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al final del apartado 2 del artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 316; en contra, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al apartado 1 del artículo 2, de nuevo apartado 3 bis al artículo 2, letra j) del artículo 3, artículo 15.1.a), artículo 24.1 y artículo 25.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a las disposiciones finales segunda y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 183; en contra, 134.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a la disposición final quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 174; en contra, 144.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a la nueva disposición final octava bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 183; en contra, tres; abstenciones, 132.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al apartado 2 del artículo 4 y artículo 5.1.a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 149; en contra, 168; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 8.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, siete; en contra, 309; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 26.1.a), 26.1.b) y 26.1.c).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 314; en contra, dos; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 27.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 149; en contra, 167; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 149; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la disposición adicional duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 138; en contra, 177; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a las disposiciones adicionales sexta y decimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 13; en contra, 170; abstenciones, 135.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la rúbrica del título II y a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 13; en contra, 303.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos la disposición adicional vigésimo primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 146; en contra, 168; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 146; en contra, 168; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
(Aplausos.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
-CANJE DE NOTAS, HECHO EN MADRID LOS DÍAS 7 Y 17 DE ABRIL DE 2006, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL SOFA OTAN A LAS TROPAS PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO EGEX-06 DE LA FUERZA DE GENDARMERÍA
EUROPEA QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID DEL 19 AL 28 DE ABRIL. (Número de expediente 110/000173.)
-CANJE DE NOTAS, HECHO EN MADRID LOS DÍAS 7 Y 11 DE ABRIL DE 2006, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL SOFA OTAN A LAS TROPAS PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO EGEX-06 DE LA FUERZA DE GENDARMERÍA
EUROPEA QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID DEL 19 AL 28 DE ABRIL. (Número de expediente 110/000174.)
-CANJE DE NOTAS, HECHO EN MADRID EL 17 DE ABRIL DE 2006, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL SOFA OTAN A LAS TROPAS PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO EGEX-06 DE LA FUERZA DE GENDARMERÍA EUROPEA
QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID DEL 19 AL 28 DE ABRIL.
(Número de expediente 110/000175.)
-CANJE DE NOTAS, HECHO EN MADRID LOS DÍAS 7 Y 13 DE ABRIL DE 2006, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL SOFA OTAN A LAS TROPAS PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO EGEX-06 DE LA FUERZA DE
GENDARMERÍA EUROPEA QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID DEL 19 AL 28 DE ABRIL. (Número de expediente 110/000176.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): En el punto VII del orden del día, relativo los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, números de expediente 110/000173 a 110/000184, y a petición del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sometemos en primer lugar a votación electrónica conjunta los dictámenes sobre los convenios internacionales incluidos como puntos 38 a 41 del orden del día, números de
expediente 110/000173 a 110/000176.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 291; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobados estos dictámenes.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha solicitado intervención en turno de explicación de voto al amparo del artículo 89 del Reglamento. (El señor Marsal Muntalá pide la palabra.) Señor Marsal, dígame.
El señor MARSAL MUNTALÁ: También quería pedir la palabra para explicación de voto.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Sin ningún problema.
Habiendo turno gracias a la petición de Izquierda Unida, éste queda abierto para todos los grupos parlamentarios que deseen intervenir. (El señor De Arístegui y San Román
pide la palabra.) Muy bien, pues cuando le toque por orden de menor a mayor. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por un tiempo de cinco minutos.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
No pretendemos agotar el tiempo, pero sí mostrar el desacuerdo de mi grupo parlamentario con una iniciativa que pretende extender el reglamento OTAN, destinado a cuerpos militares, a cuerpos civiles, como es la Gendarmería. Es verdad que no
existen otros reglamentos de protección...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Llamazares.
En estos términos es imposible. Señorías, después de la explicación de voto continuamos votando todo el orden del día de hoy. Lo que les pido, en primer lugar, es
que respeten el turno de su compañero y, en segundo lugar, que recuerden que vamos a continuar votando. Lo intentamos de nuevo, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario ha pedido esta votación diferenciada porque no solamente no comparte la integración militar en la OTAN, que eso es evidente y además vulnera el referéndum OTAN en nuestro país, sino que no
comparte la extensión de reglamentos OTAN más allá, incluso, de los cuerpos militares, como se trata de hacer en este caso, extendiendo esos reglamentos a cuerpos civiles, como es la Gendarmería.
Creemos que los países europeos y la Unión Europea
podían haber establecido reglamentos ad hoc para estas maniobras de la Gendarmería sin necesidad de recurrir a reglamentos militares, a reglamentos de un cuerpo ofensivo, como es el cuerpo OTAN. En ese sentido, nuestro voto es contrario a esta
iniciativa, más aún si nos atenemos a la última cumbre de Riga, donde la OTAN extiende su Gendarmería -entre comillas- militar más allá de las fronteras europeas con evidentes discrepancias en su seno. Por estas razones, nuestro grupo parlamentario
ha pedido un voto separado y ha votado en contra de la militarización de nuestros cuerpos civiles, como son los cuerpos policiales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Llamazares.
Señor De Arístegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene usted la palabra.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Simplemente, en un brevísimo turno el Grupo Popular quiere explicar que una de las cuestiones más fundamentales en estos momentos es preservar la seguridad y la garantía de la normalidad del comercio
internacional. En ese sentido, la seguridad de los puertos, señorías, es uno de los elementos más sensibles y más importantes a los que tiene que dedicarse la comunidad internacional. En consecuencia, nada de lo que se ha dicho tiene base alguna.
No se trata aquí de militarizar los puertos, sino de dotar a los Estados de los instrumentos y reglamentos necesarios para poder garantizar la seguridad en los puertos y, en consecuencia, garantizar también el comercio internacional y su flujo y
evitar que se pueda producir un atentado en cualquier puerto de contenedores, lo que podría perturbar gravemente el comercio internacional, con aumento de costes de transportes, aumento de costes de seguros y, en consecuencia, no tendríamos en la
historia reciente una crisis económica más profunda y más grave que la que pudiera derivarse de un eventual atentado a un puerto civil.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor De Arístegui, muchas gracias.
Finalizamos con el turno del señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a exponer y clarificar el sentido de nuestro voto. En este momento hemos aprobado cuatro canjes de notas con cuatro países junto con los que España forma la Fuerza de Gendarmería Europea. Pues bien, esta Fuerza de Gendarmería Europea
realiza unos ejercicios en España y, por tanto, debe dotarse de un estatus jurídico sobre los distintos problemas que pueden producirse por la presencia de fuerzas de otros países en un tercer país.
Cuando se creó la Fuerza de Gendarmería Europea
se acordó también aprobar un estatus específico que regulara la presencia, en caso de ejercicios de entrenamiento, de las fuerzas de otros países y que, mientras no estuviese redactado y aprobado este instrumento jurídico, se utilizaría un
instrumento jurídico ya existente, concretamente un instrumento de OTAN, al cual pertenecemos los cinco países, vigente desde el año 1951.
Este instrumento jurídico del año 1951 se ejerce únicamente de forma provisional para estos ejercicios, dado
que aún no se ha aprobado el convenio de Unión Europea para la Fuerza de Gendarmería Europea. Hay que indicar que este convenio afecta tanto a las fuerzas militares como a las civiles e incluso a los familiares que acompañan a civiles o militares
en una operación, en un ejercicio. Por tanto, tiene un carácter muy amplio.
Esto es estrictamente lo que estamos votando, ni más ni menos, la aplicación de un convenio existente en el ámbito OTAN que se aplica al ámbito de la Unión Europea, ya que
aún no existe uno específico para una Fuerza de Gendarmería, que es uno de los instrumentos civiles para la gestión de crisis e intervención en operaciones, aspecto sobre el cual existe un amplio consenso por parte de todos los grupos. A lo largo
de la tramitación no ha habido ningún obstáculo. Por tanto, creemos que en este momento también es conveniente votarlo, y así lo hemos hecho. Este es el sentido de nuestro voto y la explicación del mismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Marsal, muchas gracias.
-CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 5ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE ACUICULTURA DE LA COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL
MEDITERRÁNEO (CGPM), HECHO EN ROMA EL 29 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000177.)
-CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA DÉCIMA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ SOBRE COMERCIO PESQUERO DEL COMITÉ DE PESCA,
HECHO EN ROMA EL 29 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000178.)
-PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO DE 26 DE ABRIL DE 1966 ENTRE ESPAÑA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 29 DE JUNIO DE 2006. (Número
de expediente 110/000179.)
-PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO SOBRE EL ESTATUTO DE EUROFOR, HECHO EN LISBOA EL 12 DE JULIO DE 2005. (Número de expediente 110/000180.)
-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID Y VARSOVIA EL 18 DE ABRIL Y 25 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000181.)
-ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 3 DE JULIO DE 2006.
(Número de expediente 110/000182.)
-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN ABU DHABI EL 5 DE MARZO DE 2006. (Número de
expediente 110/000183.)
-ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN EL HEMISFERIO SUR Y EL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA ADHESIÓN AL CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN EL HEMISFERIO
SUR Y SUS RESPECTIVAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES Y PROTOCOLO FINANCIERO ANEXO AL MISMO. (Número de expediente 110/000184.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, en segundo lugar, se someterá a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara, la aprobación del resto de los dictámenes sobre los convenios internacionales incluidos en el punto
VII del orden del día, números de expediente 110/000177 a 110/000184. ¿Asiente así la Cámara, señorías? (Asentimiento.) Quedan aprobados los referidos dictámenes.
-ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004.
-ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000002).
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, volvemos a llamar a votación para ejercerla respecto del punto X del orden del día: Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la
Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. Anuncio a SS.SS. que vamos a iniciar una votación con urna de forma inmediata. Como consecuencia de la renuncia presentada por el señor Joan Puigcercós i
Boixassa a su condición de diputado de los que acceden a secretos oficiales y de acuerdo con la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana propone al señor Agustí Cerdà Argent como candidato para ser elegido por el Pleno de la Cámara a los efectos señalados. La elección se rige por lo dispuesto en el artículo 205, en relación con el 204, ambos del Reglamento de esta
Cámara. Para ejercer la votación cada uno de ustedes podrá escribir en la papeleta el nombre de un diputado perteneciente al grupo parlamentario cuyo representante se pretende sustituir. Resultará elegido el candidato que más votos obtenga,
siempre que haya conseguido como mínimo tres quintos de los votos de los miembros de esta Cámara. Procederemos a la votación, y para ello los señores secretarios darán lectura de los nombres de los señores diputados, para que suban a esta tribuna
con la papeleta del candidato que ustedes vayan a proponer. Les recuerdo, un solo nombre en cada una de las papeletas.
Señorías, los señores secretarios van a dar lectura de los nombres de SS.SS. para que ejerzan la votación.
(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.)
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, procedo a comunicarles el resultado de la votación, que ha sido el siguiente: votos emitidos, 272; don Agustí Cerdà Argent, 190 votos; don Joan Tardà i Coma, dos votos; votos en
blanco, 62; votos nulos, 18. No habiéndose alcanzado el mínimo de tres quintos requerido, no ha resultado elegido ningún diputado de Esquerra Republicana para pertenecer a la Comisión de Secretos Oficiales. Por tanto, señorías, deberemos incluir
esta votación en otro orden del día.
Muchas gracias. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué vergüenza!)
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
-PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 158/000024.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Punto XI del orden del día: Propuestas de creación de subcomisiones.Vamos a proceder a la votación de la propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una subcomisión
sobre la política de inmigración.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 159; en contra, uno; abstenciones, 118.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobada la creación de esta subcomisión. (Rumores.)
Señorías, son muchos los grupos parlamentarios que han solicitado turno de explicación de voto, de forma que si permiten que la explicación de voto se suceda se lo agradeceré; si no, por favor, salgan en silencio y de forma rápida, para
poder acabar el debate del día de hoy.
¿Grupos parlamentarios que desean explicar el voto? (Pausa.) Comenzamos con el señor Joan Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha votado favorablemente desde un compromiso: hablar en esta subcomisión de inmigración desde la pedagogía y no desde la demagogia; hablar de la inmigración entendiendo lo que representa y lo que hoy aporta no
solo a la economía sino al conjunto de la sociedad; hablar de la inmigración desde el realismo y no desde soluciones fáciles que frecuentemente se sitúan en lo imposible; hablar de inmigración entendiendo que hacen falta canales estables de
entrada, canales estables de regularización, sin entrar en un concurso para ver quién hace el discurso más duro en esta materia, quién hace de la inmigración no una oportunidad para la sociedad, sino una oportunidad para las contiendas electorales.
Ese es nuestro compromiso. Nuestro voto es favorable porque es en el marco de esa subcomisión donde tenemos que intentar ponernos de acuerdo, donde tendríamos que consensuar las políticas y donde deberíamos sentar las bases para que en materia de
entradas, de regularización, de integración -con la asunción de todos y cada uno de los derechos políticos por igual para los ciudadanos inmigrantes- y de inmigración no confundamos las políticas de cooperación con políticas de control de fronteras,
como puede haber pasado de forma reciente. Para todo eso vamos a apoyar la subcomisión, y nuestras propuestas van a ir en ese compromiso de pedagogía y no de demagogia, de soluciones realistas y no de soluciones fáciles de dureza que no conducen a
ningún lado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Grupo de Convergència i Unió. El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. También con brevedad y desde el escaño me gustaría decir que mi grupo se siente muy directamente concernido en esta creación de una subcomisión para trabajar las cuestiones de
política de inmigración. Hemos de recordar que el pasado mes de agosto y en pleno debate sobre algunos extremos de esta política fuimos nosotros quienes planteamos la necesidad de la creación de un grupo de trabajo estable compuesto por la
Administración General del Estado, grupos parlamentarios y Administración autonómica para abordar conjuntamente el reto que supone la inmigración, con la pretensión de alcanzar un amplio consenso político alrededor de las bases que deben articular
esta política. Esa idea que formulamos en forma de proposición no de ley finalmente se ha encauzado a través de la creación de esta subcomisión, por tanto aquella propuesta que formulábamos en agosto ha sido recogida por el conjunto de los grupos y
especialmente por la vicepresidenta del Gobierno, cosa que valoramos lógicamente de manera positiva. Estamos convencidos de que el trabajo de esta subcomisión no debe servir para huir o para ahorrarnos entrar en las cuestiones que son polémicas,
sino para que efectivamente podamos construir un diagnóstico común en esta política y formular las soluciones de manera conjunta que necesita nuestra sociedad. Tendremos necesidad de poner el acento en cómo gestionamos los flujos y controlamos las
fronteras, cómo alcanzamos acuerdos de colaboración y cooperación con los países emisores de inmigración y deberemos abordar el debate complejo y difícil de cómo podemos vivir juntos personas con prácticas y valores diferentes. Eso va a exigir el
esfuerzo de las personas que lleguen para incorporarse a los valores y prácticas de nuestra sociedad y también la capacidad empática de nuestros ciudadanos de entender los retos que supone esa diversidad cultural. Deberemos avanzar y desarrollar a
fondo esa vinculación entre la agenda del desarrollo y la de la inmigración, que hoy forma parte de las agendas prácticamente de todos los organismos multilaterales y de todas las políticas europeas; todo ello, señorías, desde la convicción de que
hoy España no puede buscar ni en el modelo multiculturalista británico-holandés, ni en el modelo republicano francés, ni en los modelos de Estados del bienestar potentes como los nórdicos las soluciones a los problemas de la inmigración. Debemos
construir una aproximación nueva para evitar que los problemas que hoy Europa está viviendo en esta materia se repitan dentro de poco tiempo en nuestra sociedad. El reto es enorme y mi grupo invita a los demás a trabajar desde la voluntad del
consenso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano.
(El señor Tardá i Coma pide la palabra.)
Señor Tardá, antes he preguntado qué grupos deseaban la palabra y no he visto a su grupo solicitándomela. Discúlpeme.
Señor Barrachina, adelante.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias.
El Grupo Popular se ha abstenido en esta solución a la inmigración, que es tardía y se queda corta. Nuestro grupo ha planteado la creación de una comisión mixta Congreso-Senado con 43 miembros y no esta subcomisión, que va a ser un buen
lugar en el que el Gobierno oculte sus medidas. De todos es conocido que la subcomisión de estudio es a puerta cerrada, sin medios de comunicación, de la cual no queda constancia escrita en las actas que hay en una comisión mixta Congreso-Senado
como la que mi formación propone y en la que en suma no se pueden plantear propuestas ni iniciativas que allí se aprueben, con lo cual es un buen lugar en el que ocultar las políticas del Gobierno. Digo que llega tarde porque, aunque sea una
subcomisión conveniente para que el Gobierno se ponga de acuerdo consigo mismo, hoy veíamos la dimisión de dos altos cargos del Ministerio de Trabajo por cuestiones de la regularización de la entrada de rumanos y búlgaros en el concierto europeo.
Ante este auténtico desconcierto que vive el Gobierno de España y que sufren y padecen todos los españoles, al Gobierno sí le interesa esa subcomisión. Lo que les interesa a los españoles es, primero, que hubiesen llegado estudiados al Gobierno y
no necesitasen subcomisiones de estudio al final de la legislatura; segundo, en el caso de que uno quiera estudiar ese problema porque no lo llevaba aprendido cuando llegaron al Gobierno, que tenga la publicidad y la dimensión que tiene una
comisión mixta Congreso-Senado como a la que SS.SS. se han resistido con reiteración y se van a resistir, a juzgar por esta iniciativa con la que tratan de ocultar, con esta cortina de humo que supone no dar ninguna propuesta y camuflarla bajo la
apariencia de una subcomisión de estudio para la inmigración.
Digo que a los españoles esta subcomisión no les interesa. A quien le interesa es al PSOE para poner cierto orden. La semana pasada, el asesor áulico de economía de José Luis Rodríguez Zapatero, don Miguel Sebastián, que ha pasado de ser
un problema del PSOE en la alcaldía de Madrid a ser un problema nacional, decía que en España cabe un 50 por ciento más de población; teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo de los nacionales es negativo, quiere decir que en España caben
22 millones de inmigrantes. Con efectos llamada como el de Miguel Sebastián la semana pasada o el de Caldera con la regularización extraordinaria que tuvo lugar en España es verdad que el PSOE sí necesita una subcomisión sin publicidad, sin actas y
sin medios de comunicación para estudiar este tema, pero lo que necesitan los españoles son soluciones.
El Grupo Popular, no obstante, trabajará, colaborará lealmente en esta subcomisión y en cualquiera que se apruebe para aportar soluciones, pero ya digo que llega tarde y se queda corta. Por tanto, nuestra formación se abstiene, sobre todo
porque después de haber generado un problema, según decía el CIS, que ustedes con tanta habilidad manejan, en abril de 2004 para el 11 por ciento de los españoles, ustedes lo han convertido del 11 por ciento de abril de 2004 en el 59 por ciento;
ustedes primero multiplican el problema de la inmigración por cinco y después se deciden a crear una subcomisión para estudiarlo. Señoras y señores diputados, haberlo estudiado antes y nos habríamos evitado según el Gobierno canario 590 muertos,
según las ONG 3.000 desaparecidos en las costas canarias y según todo el mundo 1.500.000 nuevos inmigrantes irregulares. Faltan por computar los del fin de semana pasado, 31 saharianos fallecidos nuevos.
Haberlo estudiado antes, señoras y señores
del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, y nos habríamos ahorrado ser eso que ya anunció Caldera, la envidia de Europa en materia de inmigración.
Concluyo, señora presidenta, porque no me quiero alargar, pero esta subcomisión, como digo, se va a convertir en un buen refugio para ocultar carencia de medidas y ausencia de propuestas. Nuestra proposición, hecha antes de que SS.SS.
tuviesen la magistral idea de hacer una subcomisión a puerta cerrada para estudiar este tema, era la creación de una comisión mixta Congreso-Senado, que es una de las cien medidas que nuestro grupo parlamentario ha propuesto, como la prohibición de
las regularizaciones extraordinarias anunciadas. Por cierto, hemos sido el único país del mundo que anuncia un proceso de regularización con ocho meses de antelación, donde la orden de expulsión del Gobierno de España sirve de papelillo para
legalizarse en España y donde se inventó hasta el empadronamiento por omisión.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Barrachina, por favor.
El señor BARRACHINA ROS: Con esos efectos llamada tan lesivos para el conjunto de la nación es imprescindible que ustedes acepten, al menos, una de las cien medidas que mi grupo parlamentario ha aportado a la creación de una Comisión Mixta
Congreso-Senado que estudie con publicidad el problema de la inmigración.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le recuerdo, señor Barrachina, que el turno era de explicación de voto. De manera que entiendo que donde usted decía se abstendrá, quería decir se ha abstenido. Lo digo a efectos de orden del
día y del 'Diario de Sesiones'.
Finalmente, tiene la palabra el Grupo Socialista.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 13 de noviembre todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, respaldaron la iniciativa de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, relativa a la creación de la subcomisión para las políticas integrales de
inmigración. La propuesta de la subcomisión surgió tras la ronda de contactos que mantuvo la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el conjunto de grupos parlamentarios, con el objetivo de definir y acordar elementos básicos que deben conformar las políticas de inmigración con el máximo consenso
y evitar la confrontación política en torno al fenómeno migratorio. No se trata, pues, de ocultar nada. Se trata de coordinar, orientar y tener en cuenta distintas opiniones en una política migratoria que, por otro lado, ya existe. Desde este
mismo momento el Partido Popular fue el único grupo que se opuso a la creación de este instrumento de debate e interlocución para establecer de forma conjunta las líneas principales de la política de inmigración, manteniendo, como de costumbre, una
actitud poco constructiva para poder alcanzar acuerdos y consensos que permitan hacer frente al reto que supone este fenómeno. Al igual que el Gobierno, el resto de los grupos parlamentarios que han suscrito la creación de la subcomisión de
inmigración coinciden en señalar que la inmigración ha sido y es positiva para nuestro país y ha constituido un elemento importante para el crecimiento económico del mismo.
Señorías, la inmigración no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es novedoso es la aceleración de los movimientos migratorios dentro del proceso global de inmigración que se vive en el momento actual. Las razones de estas nuevas migraciones
hacia Europa estriban en que los inmigrantes abandonan sus países de origen para huir de la pobreza y encontrar un puesto de trabajo, algo tan simple como esto. En el caso de las migraciones procedentes de África, se está asistiendo a una auténtica
rebelión pacífica contra esa pobreza extrema, rebelión que solo se atajará cuando se acabe con su razón de ser, que no es otra que la miseria en la que viven millones de seres humanos cuya frontera física más cercana con la Europa del bienestar es
justamente España, concretamente el sur de la península Ibérica y las islas Canarias. Se asiste, por tanto, a una crisis humanitaria que está provocando el éxodo masivo de miles de personas, desde la falta absoluta de oportunidades, al mundo que sí
que las tiene, del mundo subdesarrollado al mundo desarrollado. La mayoría de los grupos de esta Cámara también apuestan por las políticas migratorias que promuevan una inmigración ordenada y legal, que reconozcan los derechos y deberes de todas
las personas que viven y trabajan de manera legal en nuestro país y, al mismo tiempo, haga frente a la inmigración irregular y a la economía sumergida. Por tanto, uno de los aspectos de esta política integral es el control de los flujos migratorios
y la lucha contra la inmigración ilegal, lo que requiere la puesta en marcha de un conjunto de políticas a largo, medio y corto plazo, nacionales y europeas, cuya efectividad se pone a prueba prácticamente todos los días.
A largo plazo, políticas
de codesarrollo que ataquen las razones de fondo que conducen a muchos hombres y mujeres a abandonar sus países y sus familias en busca de una vida mejor; a medio plazo, políticas de cooperación que permitan a los países de origen un eficaz control
de sus fronteras; y a corto plazo, políticas de reforzamiento del sistema de vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, junto a aquellas otras que permitan la devolución a sus países de origen de aquellos inmigrantes que intenten
acceder a nuestro país clandestinamente, y siempre la lucha contra las mafias que trafican con los seres humanos. Para ello, habrá que hacer hincapié en la necesidad de coordinar la actuación de las distintas administraciones y en la puesta en
marcha de una política migratoria de inmigración común que sea coherente, estable, duradera y fruto del consenso entre todas las formaciones políticas. Esperamos que el Partido Popular recupere la cordura, se sume al consenso de todas las
formaciones políticas y deje de hacer demagogia y de utilizar una cuestión de Estado como es la inmigración para hacer oposición de forma desleal al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, muchísimas gracias.
Señorías, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.