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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 218, de 29/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 218
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 202
celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 11058)
Interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo (Proyecto n.º 3). (Número de expediente 172/000230.) ...
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la situación del sector pesquero español, en concreto el gallego. (Número de expediente 172/000233.) ... (Página 11087)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la Jerarquía de la Iglesia Católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás
creencias religiosas respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto.
(Número de expediente 172/000234.) ... (Página 11092)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno en relación con la exigencia de constituir una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de la Comunidad Autónoma Vasca, de la
Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco Francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el que quedaría integrada Navarra. (Número de expediente 172/000235.) ... (Página 11099)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas. ... (Página 11058)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cuáles van a ser las 'consecuencias' anunciadas por el
Presidente del Gobierno tras quedar confirmado por las autoridades francesas el rearme de ETA? (Número de expediente 180/001588.) ... (Página 11058)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que está defendiendo
convenientemente los intereses y competencias del Estado con su política de desistimientos en los recursos de inconstitucionalidad? (Número de expediente 180/001589.) ... (Página 11059)
De la Diputada doña María Gràcia Muñoz Salvà, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cómo valora el Gobierno los premios a las buenas prácticas en materia de convivencia,
llevadas a cabo por los centros escolares, dentro de las medidas contempladas en el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar? (Número de expediente 180/001599.) ... (Página 11060)
De la Diputada doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué objetivos se buscan en la formación de especialistas en convivencia, medida
contemplada en el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar? (Número de expediente 180/001600.) ... (Página 11061)
Del Diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuáles son las exigencias que el Gobierno español planteará al Gobierno de
Marruecos en relación a la repatriación de menores inmigrantes no acompañados, en la reunión que se celebrará el próximo 11 de diciembre? (Número de expediente 180/001582.) ... (Página 11062)
De la Diputada doña Mercedes Roldós Caballero, en sustitución del Diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cómo valora que en el último
barómetro del CIS, la inmigración aparezca como el primer problema de los españoles? (Número de expediente 180/001593.) ...
(Página 11064)
Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Va a dar el Gobierno alguna solución a la totalidad de los trabajadores de empresas auxiliares de
las minas de carbón de
As Pontes y Meirama, que van a cerrar totalmente, al igual que hace en las otras comarcas mineras? (Número de expediente 180/001583.) ... (Página 11065)
Del Diputado don Jordi Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué actuaciones piensa emprender el Gobierno para garantizar la permanencia de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en Barcelona? (Número de expediente 180/001584.) ... (Página 11066)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Considera el Gobierno que deben ser los consumidores los que paguen el
desbarajuste que han generado las decisiones del Gobierno en el sector energético? (Número de expediente 180/001590.) ... (Página 11066)
Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo valora el Gobierno la Sentencia del Tribunal Supremo que anula el
traslado a Barcelona de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones? (Número de expediente 180/001591.) ... (Página 11067)
Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno ha aplazado 13 años el
abandono del uso del mercurio por parte de la industria cloroalcalina? (Número de expediente 180/001586.) ... (Página 11068)
Del Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede informar el Gobierno sobre las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y sus
Organismos Autónomos para resolver los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Costa del Sol? (Número de expediente 180/001603.) ... (Página 11069)
De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Podría informar el Gobierno del desarrollo de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó? (Número de
expediente 180/001604.) ... (Página 11070)
De la Diputada doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Podría informarnos el Gobierno en qué consiste la Planificación Urbana Saludable?
(Número de expediente 180/001605.) ...
(Página 11071)
Del Diputado don Josep Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Cuándo va a contar Tarragona con la complicidad del Gobierno para llevar a cabo la necesaria
reforma de la fachada marítimo-terrestre de la ciudad? (Número de expediente 180/001585.) ... (Página 11072)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre la conexión viaria entre Huelva y Cádiz? (Número de expediente
180/001595.) ... (Página 11073)
Del Diputado don Salvador de La Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para mejorar la conservación de los firmes de las
carreteras? (Número de expediente 180/001598.) ...
(Página 11074)
De la Diputada doña María Teresa Villagrasa Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuáles son las principales novedades que contempla el plan trienal
para 2007-2009 de seguros agrarios? (Número de expediente180/001601.) ... (Página 11075)
Del Diputado don Ernest Benito Serra, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuáles son las medidas contempladas en el Reglamento del Mediterráneo,
recientemente aprobado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea? (Número de expediente 180/001602.) ... (Página 11076)
Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Al margen de la decisión del Presidente del Gobierno al respecto, tiene el Ministro de Justicia
intención de dimitir para que alguien se ocupe de los problemas de la Justicia en España? (Número de expediente 180/001594.) ... (Página 11077)
Del Diputado don Sebastián Fuentes Guzmán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son las medidas adoptadas para dar cumplimiento al compromiso de mejorar la transparencia
judicial? (Número de expediente 180/001596.) ...
(Página 11078)
De la Diputada doña Carmen Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para hacer frente al impacto de la inmigración irregular sobre la
Administración de Justicia? (Número de expediente 180/001597.) ... (Página 11079)
De la Diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cuándo va a remitir el Gobierno a la Cámara el proyecto de Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo?
(Número de expediente 180/001592.) ... (Página 11080)
Interpelaciones urgentes. ... (Página 11081)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo (Proyecto nº 3) ... (Página 11081)
Presenta la interpelación urgente el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV. Aclara que no va a interpelar al Gobierno sobre la Y vasca, sino interesarse por el eje ferroviario a gran velocidad del sudoeste de
Europa, concretamente el llamado proyecto prioritario número 3, calificado como tal por las Comunidades Europeas, y más concretamente por el eje Tours-Dax-Vitoria-Madrid. Justifica la interpelación en la necesidad de que quede absolutamente claro
que se trata de una infraestructura que va a ser realmente en alta velocidad, además de en ancho UIC, que es el europeo, y de uso indistintamente tanto para transporte de mercancías como para viajeros, sin que se produzca en ningún momento una
ruptura de carga en ningún punto intermedio de este eje. Cree que de no ser así se estaría condicionando gravemente el futuro de esta infraestructura y cuestionándola de hecho en gran medida.
Contesta la señora ministra de Fomento (Álvarez Arza), en nombre del Gobierno. Agradece la oportunidad que le ofrece esta interpelación para informar
que tanto por parte del Gobierno francés como por supuesto por el español existe la voluntad de impulsar esa conexión tan importante para los dos países y que los dos gobiernos están tratando de solucionar todos los conflictos que se vayan
planteando, además de buscar siempre una solución consensuada. Añade que en cuanto a la parte española la red va a ser efectivamente de altas prestaciones, es decir, de alta velocidad, de acuerdo con la definición europea, de ancho UIC, doble vía y
electrificada.
En cuanto a la situación actual, y por lo que se refiere a España, destaca que han recuperado el clima de diálogo y cooperación con las diferentes instituciones afectadas, con una planificación rigurosa y agilizado al máximo la tramitación
de los proyectos y la ejecución de las obras.
Replica el señor Beloki Guerra y duplica la señora ministra de Fomento.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Dávila), sobre la situación del sector pesquero español, en concreto el gallego ...
(Página 11087)
Presenta la interpelación urgente la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto. Expone que según datos objetivos el sector pesquero no atraviesa precisamente por su mejor momento, a pesar de que malos tiempos para este sector
ha habido muchos. Menciona al respecto las decisiones de la Unión Europea y otros organismos internacionales, aplicando restricciones y rebajas en las cuotas de pesca para especies de aguas profundas, asunto que les preocupa. Sabe que desde el
Gobierno se anunció que se intentaría suavizar estos recortes de las cuotas en la reunión del 20 de noviembre y le gustaría que la señora ministra les informase sobre el particular.
Otro elemento de preocupación son las reducciones acordadas por NAFO para la pesca de fletán negro. Sin entrar en controversias científicas, desea plantear que la flota de NAFO está al límite y de ahí la necesidad de conocer si está
prevista alguna alternativa para el caso de que estas embarcaciones tengan que abandonar los actuales caladeros.
Finalmente expresa otro motivo de preocupación, relativo al recorte de las ayudas provenientes del Fondo europeo de pesca acordadas por la Unión Europea para los próximos siete años. Asimismo agradecería a la señora ministra que informase
sobre el estado actual de los convenios de pesca o de las negociaciones entre la Unión Europea y terceros países.
Contesta la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno. Comienza afirmando que el Gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que asumió al inicio de la legislatura en lo que
respecta al sector pesquero y a día de hoy están siendo desarrolladas todas las iniciativas que formaban parte de la propuesta de política pesquera del Gobierno. Prueba de ello es que se han impulsado un gran número de medidas que van a permitir
asegurar el futuro a largo plazo de esta actividad, por lo que la sensibilidad del Gobierno hacia el sector pesquero no puede ser cuestionada.
En respuesta a las preguntas formuladas por la señora diputada informa detalladamente de todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para ayudar al sector pesquero en España y sobre las repercusiones de estas medidas en Galicia,
motivo por el que el sector pesquero está muy agradecido por todas estas gestiones del Gobierno de España.
Replica la señora Fernández Davila y duplica la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás
creencias religiosas respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto ... (Página 11092)
Presenta la interpelación urgente el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Recuerda que hace justamente un año interpelaba al Gobierno en torno precisamente a las medidas
para avanzar hacia un Estado aconfesional y lamenta que un año después estén peor y además sin transparencia. Cree que con el sistema acordado entre la Iglesia católica y el Gobierno, en vez de a un modelo de autofinanciación a lo que se va es a
que la Iglesia ingrese este mismo año 31 millones más. Agrega que amplios sectores del Partido Socialista u muchos constitucionalistas de formaciones de izquierdas consideran inconstitucional el actual mecanismo de financiación, máxime cuando otras
religiones con arraigo en España no tienen financiación alguna. Frente a la actitud del Gobierno considera que lo procedente sería denunciar y no cumplir los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979, por ser a su juicio inconstitucionales.
Contesta el señor ministro de Justicia (López Aguilar), en nombre del Gobierno. Destaca la solución feliz recogida en la Constitución de 1978, a través de los tres párrafos del artículo 16, en los que
se consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que ninguna confesión tendrá carácter estatal, así como el deber de los poderes públicos de cooperar con la Iglesia católica y las demás confesiones que
tengan presencia en la sociedad española. A partir de ahí, el ordenamiento jurídico ha ido articulando diferentes expresiones de este deber de cooperación, que por lo que respecta a la Iglesia católica queda reflejada en uno de los cuatro acuerdos
suscritos en 1979, examinados por esta Cámara en más de una ocasión. En cuanto a los acuerdos recientemente alcanzados, piensa que se adecuan a las coordinadas de idoneidad al ordenamiento jurídico y mayor estabilidad de la que hemos disfrutado
hasta la fecha, razones por las que los califica como positivos, a la vez que permiten un aumento de la transparencia del sistema.
Replica el señor Herrera Torres y duplica el señor ministro de Justicia.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno en relación con la exigencia de constituir una mesa nultilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de la Comunidad Autónoma Vasca, de la
Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el que quedaría integrada Navarra ... (Página 11099)
El señor Del Burgo Tajadura presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Menciona que ningún grupo terrorista ni partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para
conseguir sus fines está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazan toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que
pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular. Recuerda que esto es lo que este Congreso aprobó por amplísima mayoría el 27 de junio de 2005, así como el que la violencia no tiene
precio político y la democracia española no aceptará el chantaje.
Alude a continuación a las exigencias reiteradamente expuesta por ETA para disolverse y a la intensa actividad delictiva que viene desarrollando y termina requiriendo al señor ministro del Interior, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, para que aclare si el Gobierno está dispuesto a respetar íntegramente las resoluciones de este Congreso y por tanto no aceptará la constitución de ninguna mesa de diálogo extraparlamentario para debatir ningún nuevo estatus para el
País Vasco.
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) contesta en nombre del Gobierno. Aclara en primer lugar que el término proceso de paz no es ninguna innovación semántica de este Gobierno y que en todo caso lo utilizó el señor Aznar, aunque
en puridad cree que ni siquiera es de él.
Le llama la atención por otra parte el que el interpelante mencione una resolución del Parlamento cuando su grupo no la votó. Recuerda también que el Grupo Parlamentario Socialista desde la oposición apoyó
todo lo que el Partido Popular hizo cuando estaba en el gobierno y cree que ésa es la esencia del pacto antiterrorista, mientras que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso lo que ha hecho ha sido oponerse sistemáticamente y desde el primer
día a la política antiterrorista del actual Gobierno.
Concluye refiriéndose a la Comunidad Foral de Navarra para destacar su singularidad y cuyo marco jurídico el Gobierno no solo respeta, lógicamente, sino que incluso le gusta.
Replica el señor Del Burgo Tajadura y duplica el señor ministro del Interior.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES VAN A SER LAS
'CONSECUENCIAS' ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO TRAS QUEDAR CONFIRMADO POR LAS AUTORIDADES FRANCESAS EL REARME DE ETA? (Número de expediente 180/001588.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Control al Gobierno. Preguntas a la señora vicepresidenta primera.
Don Ángel Acebes, adelante, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señoría, Francia ha confirmado que ETA robó las 350 armas, pero el Gobierno se ha limitado a decir que los autores, si son detenidos, serán llevados ante la justicia. Faltaría más,
señoría. Lo que queremos saber es cuáles van a ser las consecuencias que anunció el señor Zapatero para el proceso de negociación.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, las consecuencias son evidentes. A quien comete un delito, se le aplica la ley. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado están en máxima alerta, y con violencia no hay avance. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Acebes, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señoría, el Gobierno dijo que este sería el proceso de desarme de ETA, sin pagar precio político; sin embargo, se ha convertido en un proceso de rearme de ETA y con precio político. En estos meses, ETA ha
conseguido más dinero, más miembros, más armas...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, discúlpeme.
Por favor, cuando alguien está en el uso de la palabra, se respeta a quien tiene la palabra. (Aplausos.)
El señor ACEBES PANIAGUA: Sí, señorías, un proceso de rearme de ETA. Tiene más dinero, tiene más miembros y tiene más armas. A pesar de esto, el señor Zapatero mantiene un proceso en el que ya ha pagado un alto precio.
Ha roto el Pacto
antiterrorista, ha llevado el falso conflicto vasco a Europa, han aceptado la mesa política que exige ETA para decidir el futuro del País Vasco, de Navarra y del conjunto de España; y no solo eso, también han presionado a los jueces, elogian a
Otegui y a De Juana Chaos, y además, y esto lo subrayo hoy con más fuerza que nunca, cuando Txapote es juzgado por el asesinato de un compañero nuestro, Gregorio Ordóñez. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Como el Gobierno sigue dispuesto a negociar con una ETA más fuerte -escuche, señoría-, hoy mismo vuelve a justificar la violencia y anuncia que habrá más. Por eso, muchos españoles temen que este proceso no sea el de la rendición de ETA
sino el de la rendición del Gobierno. Así se lo han dicho en cinco impresionantes manifestaciones que ustedes han despreciado una tras otra. Escuchen esta vez la voz de la calle, no intenten silenciarla con vídeos que solo benefician a los
terroristas y perjudican la unidad de los demócratas. (Protestas.-Aplausos.) Señorías, como han dicho que van hacer otros vídeos, un consejo: el próximo vídeo háganlo contra ETA, no contra los que siempre nos hemos dedicado a derrotar a los
terroristas. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, la verdad es que hay un auténtico problema. Lo malo es que ustedes piensan que cuando están en el
Gobierno vale todo y cuando no están miran con ojos de topo, tanto que todo el mundo ha podido recodar estos días que ustedes pueden sentarse a hablar con ETA, que ustedes pueden llamar a ETA movimiento nacional de liberación, que ustedes pueden
acercar presos en medio de una negociación, es más, que ustedes deciden si un Gobierno democrático puede o no intentar un proceso de paz. Les parece muy bien, y lo peor de todo es que quieren que a los demás nos parezca también muy bien. Ya sé que
a usted la verdad no le gusta, y es que dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen otra cuando están en el Gobierno. Y, créanme, además lo hacen de una manera claramente obscena. (Rumores.) Nosotros siempre decimos lo mismo. Hemos
respetado siempre a las víctimas, a las que se manifiestan y a las que no se manifiestan, a las que comparten criterios con nosotros y a las que no comparten criterios con nosotros. Este Gobierno es el que ha dado más apoyo efectivo a las víctimas.
Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, con independencia de que ustedes hayan decidido o quieran convertir la lucha contra el terrorismo en la lucha contra un Gobierno democráticamente elegido. (Un señor diputado: Sí, claro.)
Señor Acebes, la verdad es que ya está bien. Un poco más de respeto y un poco más de rigor y de seriedad. Ya no le hablo de lealtad institucional, porque yo sé que esa palabra usted no la entiende, pero, aunque solo fuera por autoestima y
lealtad a unas personas que, como usted y el señor Rajoy, tuvieron responsabilidades en el Ministerio del Interior, usted y su grupo deberían ser más responsables y más leales, no solo con el Gobierno de este país, que lucha contra el terror, sino
con la mayoría de los ciudadanos españoles que quieren que acabe la violencia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE
ESTÁ DEFENDIENDO CONVENIENTEMENTE LOS INTERESES Y COMPETENCIAS DEL ESTADO CON SU POLÍTICA DE DESISTIMIENTOS EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD? (Número de expediente 180/001589.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, sería técnicamente imposible reunir en un vídeo todas las promesas falsas que hizo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura en esta Cámara. Hoy solo me voy a referir a una de ellas. El señor Zapatero
se comprometió y dijo -cito textualmente-: en la tarea de Gobierno no podemos ni debemos empezar de cero. No podemos permitirnos el derroche de desaprovechar la experiencia acumulada por quienes a lo largo de los años han dirigido -decía- los
destinos del país. Palabras, como siempre, muy fiables. Por eso le pregunto esta tarde por qué han desistido de la práctica totalidad de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno anterior.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Porque defendemos los intereses del Estado y los intereses del Estado se defienden exclusivamente con la ley en
la mano. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: La siguiente noticia será la supresión del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. (Protestas.) Señora vicepresidenta, de aquellas palabras que he citado del presidente del Gobierno en la
investidura la consecuencia, además de los desistimientos, es la liquidación del Pacto antiterrorista, la liquidación del Pacto de Estado para la reforma de la justicia, la liquidación del Plan Hidrológico Nacional, la liquidación de la reforma de
la educación y algo más grave sin quitarle un ápice de importancia a lo anterior, la liquidación del consenso que siempre había existido para la defensa y desarrollo de nuestra Constitución. Van haciendo ustedes cesiones en cascada en función de
sus necesidades políticas, la última la vimos el pasado miércoles, para ser amables con los que habían impedido unos días antes que pudieran gobernar en Cataluña, a pesar de gestos de notario y todos los que habían hecho durante la campaña. Ese es
su rigor. Con esa actuación ¿cómo no vamos a entender que haya reaparecido todo el programa de máximos de los nacionalistas? Han querido crear un terreno de enfrentamiento con el Partido Popular mediante una estrategia de demolición de todo un
concepto de Estado defendido y consensuado por sus antecesores con nosotros. Un Gobierno lo puede hacer mal y perder las siguientes elecciones, para eso está la democracia, pero eso no supone el drama de dejar un Estado inviable, que es lo que
puede ocurrir si no llegamos a tiempo de evitarlo, aunque parece ser que vamos a llegar a tiempo, según las propias encuestas de la revista de Alfonso Guerra.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Le voy a contestar lo mismo, porque esta pregunta ya me la hizo el 4 de octubre, casi siempre pregunta lo mismo
el señor Zaplana. Luego dicen que hablo de pedagogía. ¡Es tan difícil no hacerlo con usted! Claro que, bien mirado, cuando uno tiene que tirar de citas tan sutiles de Romanones para referirse a los suyos, qué quiere que le diga. Creo que las
cosas no están muy bien. (Aplausos.) Volviendo a lo nuestro, señor Zaplana, como S.S. no ignora, todo cambio legislativo tiene consecuencias jurídicas, cuando cambia cualquier norma cambia el marco jurídico y, por tanto, cambia el parámetro de
validez. La norma hay que aplicarla y hay que determinar el valor y la eficacia que tiene en el ordenamiento jurídico.
Esto pasa con el Estatuto de Cataluña, esto pasa con el Estatuto de Valencia y pasará con el de Baleares, con el de Aragón y con
todos los que vayamos aprobando, espero, con su apoyo, porque eso es muy importante. Pero el problema no es ese, señor Zaplana, es muy distinto; yo creo que es más grave, es un problema de fondo, porque cuando el señor Zaplana plantea esto lo que
está poniendo en evidencia es su posición sobre lo que es y lo que no es obligación o responsabilidad de un Gobierno. Yo sé que a ustedes les gusta la bronca, no hay más que verles, pero a un Gobierno no le interesa estar azuzando permanentemente
los problemas de los ciudadanos, sino todo lo contrario, el Gobierno tiene que trabajar para que las cosas funcionen bien. Yo creo que usted debería saber que existen mecanismos para evitar o reducir la conflictividad, existen comisiones
bilaterales de cooperación y seguimiento de los acuerdos de las comunidades autónomas, y eso está pasando en esta legislatura porque hay diálogo institucional y, sobre todo, porque hay voluntad de cooperación. En dos años y medio se han producido
100 desistimientos, 32 del Estado, 68 de las comunidades autónomas, de todas, incluida la suya, señor Zaplana, donde gobiernan ustedes. ¿Sabe lo que pasa? Que incluso cuando ustedes desisten, que deberían desistir más, no pasa nada. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GRÀCIA MUÑOZ SALVÀ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS PREMIOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA LLEVADAS A CABO POR LOS CENTROS ESCOLARES, DENTRO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR? (Número de expediente 180/001599.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de la diputada doña María Gràcia Muñoz. Adelante, por favor.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en estos últimos días estamos asistiendo a una patente preocupación sobre casos que afectan a la convivencia en los centros educativos. Esta preocupación es compartida por mi grupo parlamentario, por el Ministerio de Educación y
por el resto de grupos parlamentarios.
Ayer mismo, en este mismo Parlamento, se debatió una moción sobre este tema y evidentemente también la sociedad en general comparte esta preocupación. Debemos dejar claro que el Ministerio de Educación,
cuando elaboró el anteproyecto de Ley de Educación, la LOE, de esto hace ya más de un año, estableció una serie de medidas para prevenir y atajar los casos que pudieran afectar a la convivencia en los centros educativos.
Por tanto, existía la
previsión por parte del ministerio y, sin duda, ello significaba, entre muchos otros motivos, la necesidad de cambiar la ley existente de educación. Dicho esto, señora ministra, hace pocos días conocíamos, a través de los medios de comunicación, la
concesión de los premios a las buenas prácticas en materia de convivencia escolar.
Habitualmente tenemos conciencia que los premios, en general, se otorgan a los concursantes que sobrepasan a los compañeros que concurren.
Pensamos en quien corre
una carrera y llega el primero. Es decir, se premia a quien tiene más fuerza, a quien es más potente. Esto que acabo de expresar lo digo porque creo que estos premios a las buenas prácticas en materia de convivencia son muy importantes y me
sorprenden muy gratamente. Sin duda, estos premios suponen una revolución conceptual en dos sentidos: uno de ellos es el cambio de concepto de premio, se premia a quien no utiliza la fuerza, a quien no utiliza la parte física de su cuerpo, a quien
no sobrepasa a los demás, sino al que utiliza la mente, utiliza la resolución colectiva de un problema. No se trata solo de formar personas para que tengan muchos conocimientos, sino también de formar ciudadanos, es decir, de construir ciudadanía.
El otro aspecto de esta revolución conceptual es el estímulo y la divulgación de experiencias encaminadas a difundir y promover la convivencia, y todos los escolares son susceptibles de llegar a conseguir... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.
Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno valora muy positivamente la convocatoria de estos premios, unos premios que sirven para poner de relieve que existe un gran número de centros escolares que trabajan bien la convivencia, como ya dije la otra tarde, con
diferentes estrategias y grados muy distintos de implicación de cada uno de los sectores de la comunidad educativa, pero todos ellos dando respuestas a los problemas que surgen. Me gustaría destacar que, a pesar de haber sido esta la primera vez
que se convocan estos premios a las buenas prácticas, ha habido una alta participación, 144 centros en total, lo cual demuestra el interés que ha suscitado la convocatoria. Ante la calidad de los trabajos presentados, el jurado premió la semana
pasada a doce centros de todo el país, doce centros galardonados en esta primera edición de los premios estatales para el fomento de la convivencia escolar. El Gobierno reconoce los planes y actuaciones modélicas de muchos de estos centros y quiere
convertirlas en prácticas habituales de todos los centros escolares, deberían hacer que, como sociedad, nos sintiéramos orgullosos de la entrega y dedicación de profesores y alumnos. Son muchas las buenas prácticas que ponen de manifiesto estos
premios, las tutorías, la formación específica del profesorado, medidas hacia los alumnos con la incorporación del alumno ayudante, medidas de control del absentismo o de prevención del acoso, trabajo con padres y madres, colaboración con otras
instituciones, y muy en particular con los ayuntamientos, son algunos de los ejemplos que han sido premiados en esta convocatoria; representan una riqueza de experiencias -las que actualmente existen en los centros escolares- y debemos tenerlas muy
en cuenta para dar la imagen que deberíamos dar de nuestro sistema educativo, demostrando que nuestros centros no son responsables del problema, sino que deben ser, más bien, parte importante de las soluciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SOLEDAD HERRERO SAINZ-ROZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ OBJETIVOS SE BUSCAN EN LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CONVIVENCIA,
MEDIDA CONTEMPLADA EN EL PLAN PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR? (Número de expediente 180/001600.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Soledad Herrero.
La señora HERRERO SAINZ-ROZAS: Señor presidente, señora ministra, los centros educativos deben ser lugares de encuentro, de convivencia, de resolución pacífica e inteligente de conflictos, unos lugares en los que se construyen procesos
educativos integrales y donde, de forma consciente e intencionada, se debe buscar un equilibrio entre el saber científico y el saber ético, para así aprender a vivir, aprender a convivir, porque educar en valores es educar para la vida. Que la
educación, con mayúsculas, está íntimamente unida a los valores es algo de difícil discusión. Pero los centros educativos son microcosmos de los conflictos presentes en nuestra sociedad y reproducen a veces algunos comportamientos incívicos que hay
que prevenir y reaccionar adecuadamente en el caso de que se produzcan. No podemos tolerar que esto suceda por lo que el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro de su responsabilidad y su deseo de mejorar la convivencia, ha elaborado una
ambicioso Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar, con numerosas e importantes medidas. Por otra parte, existen en este momento algunos estudios sobre convivencia escolar de dudoso rigor científico, en los que el Partido Popular y
otros sectores se han apoyado para sembrar una alarma social que no se corresponde con la realidad. El rechazo que manifiestan respecto a la educación en valores, concretamente a la asignatura de educación para la convivencia y los derechos
humanos, utilizando la excusa del adoctrinamiento e invitando a la objeción de conciencia, es cuando menos sospechoso. Deja entrever intereses sectarios y lo peor es que subyace en ello un concepto de educación pobre y devaluado, reduce la
educación a una mera instrucción, despoja al alumnado de lo más valioso, del lado más humano y entorpece su legítimo crecimiento personal. Pues bien, una de las importantes medidas del citado plan es la formación de especialistas en convivencia, lo
que nos parece un gran acierto y de utilidad para la vida de los centros, por lo que mi pregunta, señora ministra, es la siguiente: ¿qué objetivos se buscan en la formación de especialistas en convivencia, medida contemplada en el Plan para la
promoción y mejora de la convivencia escolar? Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente. Señoría, efectivamente, la educación en valores y la educación para la ciudadanía tiene un papel muy importante, un papel central en la
nueva Ley Orgánica de Educación porque partimos de la premisa de que la escuela, además de instruir en conocimiento, por importante que esto sea, debe enseñar a aprender a convivir. Dentro de este espíritu y con estos objetivos hemos promovido esta
formación de especialistas en convivencia. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Queremos que en los próximos cursos haya en todos los centros algún profesor que haya recibido formación específica en temas de convivencia y que sirva de referencia a
sus propios compañeros a la hora de asesorar sobre situaciones puntuales, que sean capaces también de organizar actividades de formación dentro del centro. Queremos organizar lo que podríamos llamar formación en cascada para llegar a muchos centros
y profesores en el espacio más breve posible de tiempo. Para ello, estamos diseñando un curso intensivo de seis meses de duración, entre enero y junio, que alternará fases presenciales con fases de estudio individual.
Los participantes en este
curso deberán completar esta fase presencial con la lectura de materiales y la realización de ejercicios prácticos.
Una vez finalizado el curso, los participantes deberán haber organizado actividades de formación en su comunidad autónoma. Los
asistentes a este curso serán seleccionados por las propias comunidades autónomas, además de los propuestos por los firmantes del Pacto de Convivencia promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Vamos a realizar, además, una convocatoria
similar abierta a la formación de madres y padres, que son fundamentales en la mejora de la convivencia de los centros escolares. En definitiva, la formación de especialistas en convivencia, contemplada en el Plan para la mejora de la convivencia
escolar, se adapta a los objetivos de impulsar la investigación sobre los problemas de convivencia en los centros, facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de materiales y recursos utilizados por grupos de profesores y
proporcionar orientaciones, estrategias y material para la puesta en práctica de la educación en convivencia y el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la transición de los alumnos a la vida adulta. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA AL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CUÁLES SON LAS EXIGENCIAS QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL PLANTEARÁ AL GOBIERNO DE
MARRUECOS EN RELACIÓN A LA REPATRIACIÓN DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN LA REUNIÓN QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 11 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/001582.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Tiene la palabra don Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías.
El señor ministro conoce perfectamente la situación de los centros de menores en la Comunidad Autónoma de Canarias. Calificándolo benévolamente tendríamos que decir que son centros que están claramente desbordados.
Más de 800 menores
extranjeros no acompañados están siendo atendidos con dignidad pero claramente en condiciones insuficientes en estos centros.
Sabe el señor ministro que romper el desbordamiento solo tiene dos salidas posibles. La primera es el traslado de los
menores a la península. Usted ha gestionado estos traslados y, según me decían los responsables del Gobierno de Canarias esta mañana, 195 personas han sido trasladadas a la península. En este mismo periodo se han incorporado 189 que han entrado
por la vía de las pateras. La otra salida posible son las repatriaciones. El señor presidente del Gobierno reconocía aquí el otro día que el 11 de diciembre se producirá una reunión importante entre el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos
en la que se dará salida -se supone- a la situación de las repatriaciones que están suscritas entre ambos gobiernos. La pregunta, señor ministro, está en saber cuáles van a ser las exigencias que el Gobierno de España va a poner sobre la mesa el
día 11 de diciembre para que el Gobierno de Marruecos se comprometa a hacer esas repatriaciones pensando, en primer lugar, en los menores y, en segundo lugar, en descongestionar unos centros claramente desbordados, como son en estos momentos los de
la Comunidad canaria. Me interesaría conocer pretensiones, objetivos y plazos en relación con esa importante reunión que el otro día anunciaba el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez, como usted dice, estamos trabajando en un programa para trasladar menores a la península que se va a continuar en los próximos tiempos y, por otra parte, estamos trabajando con Marruecos con un interés u objetivo
prioritario, la lucha contra las redes de tráfico de niños porque esto supone una brutal explotación que no podemos tolerar.
Una vez que están en España, de acuerdo con nuestras normas, intentamos, primero, protegerles adecuadamente y así lo
hacemos; segundo, conseguir el regreso del menor junto a su familia y en el marco estricto de la legalidad y, tercero, hacer esto efectivo pasa por la cooperación con los países de origen y tránsito, en el caso por el que me pregunta con el Reino
de Marruecos. Por tanto, estamos reforzando nuestra cooperación con Marruecos para detectar y perseguir el tráfico organizado de menores; estamos mejorando los instrumentos de cooperación en el ámbito de menores elevando a acuerdo el actual
memorándum y esperamos que el día 11 de diciembre podamos continuar con esta cooperación y con la construcción de dos centros para formación ocupacional de menores en el norte de Marruecos que nos permitan enviar a los menores a Marruecos justamente
para que sean educados en estos centros ocupacionales. Esperamos cerrar el acuerdo el próximo día 11 de diciembre. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor ministro, me consta su conocimiento y seguimiento de esta problemática, pero es mi obligación volver a recordar aquí que el asunto de la inmigración, y concretamente el asunto de los menores, no es un
asunto de la Comunidad canaria, sino del conjunto del Estado español y, por lo tanto, responsabilidad de todos. Hoy, desgraciadamente, las instituciones públicas canarias están soportando el 80 por ciento de esta problemática y le tengo que decir,
señor ministro, que una cuestión son los papeles y otra es la realidad. Hay que hacer más esfuerzo en el traslado a la Península de los menores y hay que poner toda la carne en el asador ante el Gobierno de Marruecos para que coopere de verdad en
las repatriaciones. Llevamos tres años con supuestas negociaciones en esta materia y con ninguna eficacia en cuanto a la respuesta. En los últimos tres años ni un solo menor se ha repatriado, según la información que maneja este diputado. Espero
que la reunión del 11 de diciembre rompa esta dinámica. Le pido también que el Gobierno de Canarias se incorpore a esa reunión.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo ha concluido.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señor Rodríguez, precisamente porque es algo que nos afecta, desde el punto de vista de la solidaridad, a todos el Gobierno de la nación interviene, porque desde el
punto de vista competencial no tenemos instrumentos para hacernos cargo de los menores que llegan a Canarias.
Pero la sociedad española está haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo de cooperación con el Gobierno de Canarias y le pido a las
comunidades autónomas que profundicen en su solidaridad para que se puedan desarrollar los programas de traslados de los menores -cuya financiación corre a cargo del Ministerio de Trabajo- porque la tutela debe ser ejercida por las comunidades
autónomas. No hay otro modo de hacerlo.
En cuanto a Marruecos, estamos incrementando la cooperación. Señor Rodríguez, créame que esa cooperación va a dar resultados. Hasta ahora ha tenido algunos importantes. Por supuesto, el 11 de diciembre, esperamos concretar la construcción
definitiva de estos centros que nos permita formar a estos menores en Marruecos y, por tanto, repatriarlos con todas las garantías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCEDES ROLDÓS CABALLERO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CÓMO VALORA QUE EN EL
ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CIS, LA INMIGRACIÓN APAREZCA COMO EL PRIMER PROBLEMA DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001593.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Mercedes Roldós.
Adelante, por favor.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el CIS y una encuesta tan poco sospechosa para ustedes como el pulsómetro de la SER, suspenden al Gobierno clamorosamente en su gestión de la inmigración. Según el CIS el primer problema de España, según los ciudadanos, y
por segunda vez, es la inmigración. Se ha pasado del 11,8 por ciento en importancia en abril de 2004 al 59,2 por ciento en septiembre de este año y al 49 por ciento en octubre. En el pulsómetro de la SER el 60 por ciento de los españoles suspenden
al Gobierno en inmigración y, el 58 por ciento de los españoles, cree que su proceso de regularización masiva provocó un efecto llamada. Son los ciudadanos quienes le suspenden, no solo el Partido Popular, pero en este caso el Partido Popular
coincide con el sentir ciudadano y con el sentido común.
Señor ministro, ¿cómo valora usted el último barómetro del CIS? ¿Opina el señor ministro que la inmensa mayoría de los españoles, hasta un 60 por ciento, está situada en un extremo ideológico muy a la derecha como usted nos acusaba el
pasado 27 de septiembre aquí mismo?
El señor PRESIDENTE: Su turno señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
El Gobierno, como es obvio, atiende a los resultados de cualquier estudio de opinión y va comprobando las inquietudes y las preocupaciones de los ciudadanos. Este no es un problema que afecte personalmente a los ciudadanos; personalmente
no se ven afectados por el fenómeno de la inmigración. Sin embargo, lo consideran un desafío y un reto de futuro.
Quiero recordarle que en el año 2001 esa preocupación superó el 30 por ciento, coincidiendo con llegadas de ciudadanos a nuestras
costas. Es lógico. Los españoles tienen un sentido humanitario, un sentido cooperativo y se preocupan cuando ven que las crisis humanas en África derivan -como ha ocurrido este verano- en llegadas de personas en pateras a nuestras costas. Además,
la inmigración ha crecido en España de forma rápida -con el Gobierno del Partido Popular sobre todo de forma descontrolada- y continúa creciendo ahora con más control y con más legalidad. Por ello, los españoles se preocupan -cómo no- de estas
condiciones difíciles que sufren estos ciudadanos y de las condiciones en que llegan a España. Ya verá como el control y la ordenación regular de la inmigración hace disminuir en el futuro las preocupaciones de los españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Señor ministro, ya estamos acostumbrados a su cinismo político, a sus respuestas cínicas una y otra vez, pero son los ciudadanos los que teniendo información directa de su actuación, en materia de inmigración
ilegal, la rechazan. Los ciudadanos han visto avalanchas de inmigrantes explotados y engañados por las mafias que llegan a Canarias no en pateras de 20, sino en cayucos de 200, y hasta en barcos negreros hacinados en las dependencias desbordadas o
muriendo en el mar; van 590 muertos en lo que va de año, según cifras del Gobierno de Canarias, diez más hace solo dos días. Según las ONG y el señor Frattini, comisario de Justicia de la Unión Europea, hay cerca de 3.000 desaparecidos, hace dos
días 21 más, y ahí están los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla con 14 muertos y con expulsiones vergonzosas en condiciones infrahumanas. Los ciudadanos también han visto el coladero de la frontera con Francia, también están viendo el
descontrol de los aeropuertos, están viendo que las negociaciones de este Gobierno son patéticas con los países... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Como le digo, señoría, los españoles se preocupan de este fenómeno hoy.
Me parece que es un noble sentimiento el que albergan los ciudadanos españoles. Si usted
cree que eso significa que los españoles son excluyentes o favorecen el racismo y la xenofobia, se equivocan a pesar de sus esfuerzos (Un señor diputado: ¡Muy bien!) para elevar estos sentimientos. Lo que no pueden pretender es que ante un drama
como el que significan los cayucos, la sociedad española permanezca indiferente, porque es muy solidaria y está preocupada por lo que ocurre más allá de sus fronteras. También indican las encuestas que los ciudadanos españoles comparten una
valoración positiva respecto a la inmigración, lo que no comparte usted -a la vista está, en el modo que tiene de expresarse- ni su partido. Pero los españoles sí, y cuando les preguntan sobre los problemas que les afectan personalmente, ni de
lejos el fenómeno de la inmigración es uno de esos problemas. Deberían ustedes dejar de utilizar esto de modo partidista, y hay una subcomisión en esta Cámara (Protestas.) donde pueden proponer las alternativas
que consideren oportunas. Les diré algo: no se puede engañar a todos todo el tiempo como ustedes pretenden. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿VA A DAR EL GOBIERNO ALGUNA SOLUCIÓN A LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS AUXILIARES DE
LAS MINAS DE CARBÓN DE AS PONTES Y MEIRAMA, QUE VAN A CERRAR TOTALMENTE, AL IGUAL QUE HACE EN LAS OTRAS COMARCAS MINERAS? (Número de expediente 180/001583.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de don Francisco Rodríguez.
Adelante, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, las minas gallegas de lignito pardo, situadas en concreto en los ayuntamientos de As Pontes y Meirama van a cerrar a finales del año 2007. Hay unos compromisos del Plan Miner II de colocar en el conjunto de las
minas del Estado español sometidas a reestructuración, 1.700 personas en las empresas principales para poder ser prejubiladas después y 570 recolocaciones en nuevos puestos de trabajo. Nos gustaría saber si va a dar el Gobierno alguna solución a la
totalidad de los trabajadores de empresas auxiliares de las minas de carbón de As Pontes y Meirama, que van a cerrar totalmente, al igual que se va a hacer en las otras comarcas mineras.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno está dotando de soluciones globales a todas las cuencas mineras y las soluciones, como usted muy bien sabe, han sido acordadas con todos los agentes interesados en la minería del carbón en el marco del Plan de la minería
del carbón; es decir, las soluciones son genéricas para todas las comunidades autónomas con minería del carbón, y han sido pactadas con la patronal y los sindicatos e incluye los acuerdos a los cuales han llegado estas negociaciones entre la
patronal y los sindicatos. Esta es la respuesta que le puedo dar hoy a su petición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Su turno señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: ¿Quiere esto decir, señor ministro, que los trabajadores auxiliares de las minas de carbón, en concreto, de Meirama y de As Pontes, no quedarán excluidos de los beneficios del Plan Miner II? En todo caso, me
gustaría que aclarase esta cuestión porque, en principio, quedaban excluidos. Se llegó después a un acuerdo con la patronal en el caso de As Pontes, pero en el caso de Meirama aún sigue habiendo un gran interrogante. Por lo tanto, me gustaría que
reafirmase usted que van a caber en la generalidad de los acuerdos estas minas gallegas, incluida la de Meirama, y que no olvide que estas minas fueron las que dieron un gran impulso energético en el Estado español, con las consecuencias económicas
de un desarrollo importante no precisamente para Galicia.
Por último, quiero decirle que el Ministerio de Industria es el primer responsable y encargado de la aplicación del Plan Miner II y no debe de consentir ningún tipo de discriminaciones, por lo cual nos gustaría que garantizase que no se van
a producir estas discriminaciones de las que hablo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias.
Señor presidente, señoría, el nuevo Plan del Carbón 2006-2012 mantiene para los trabajadores mineros de las explotaciones de lignito pardo de Endesa-As Pontes y de lignitos de Meirama, S.A. el mismo régimen de ayudas que les había concedido
el plan anterior. Tanto antes como ahora las ayudas sociales que se contemplan se refieren a las plantillas propias de las empresas mineras, no a las de sus empresas auxiliares.
Concretamente, para el conjunto del sector, además de la recolocación
de 525 trabajadores, el plan estima 1.700 nuevas altas de personal en el sector durante el periodo. Este personal procederá por orden de prioridad, primero, de los nuevos excedentes del Plan 2006/2012; de las subcontratas -serán considerados como
excedentes del sector según los criterios que aplique la subcomisión de adaptación laboral de la comisión de seguimiento del plan- y, por último, los trabajadores externos. Es decir, si se cumplen determinados requisitos pendientes de concretar en
la subcomisión de adaptación laboral, y con el límite numérico establecido en el plan, los trabajadores procedentes de subcontratas podrán ser considerados como excedentes del plan. Esta subcomisión, formada por la asociación empresarial Carbunión,
por los sindicatos y por la Administración está tratando de definir los criterios que deberán cumplir los trabajadores de las subcontratas para ser considerados como excedentes del sector y, en consecuencia, tener acceso a su régimen de ayudas. En
cualquier caso, el acuerdo que se alcance será aplicable a nivel nacional con los mismos criterios y limitaciones...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, su tiempo ha concluido.
-DEL DIPUTADO DON JORDI RAMÓN TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ ACTUACIONES PIENSA EMPRENDER EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA
COMISIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN BARCELONA? (Número de expediente 180/001584.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jordi Ramón.
Adelante por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la semana pasada conocíamos la noticia de que el Tribunal Supremo iba a estimar, o había tomado la decisión de estimar, los recursos que presentaron la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores en contra de la decisión
de su Gobierno de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona. Después de esta decisión nos queda claro que el búnker judicial de la derecha y la aristocracia funcionarial, que quieren continuar teniendo sus
privilegios, van a ir en contra de cualquier intento de descentralización del Estado. Visto este panorama, a mi grupo le gustaría saber qué acciones va a tomar su Gobierno para intentar mantener la sede de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones en la ciudad de Barcelona.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Señor presidente, señoría, el Gobierno respeta y respetará las decisiones que la justicia adopte en el ejercicio de sus competencias. Ahora bien, el Gobierno aún no ha
recibido la notificación de la sentencia y, por tanto, hasta que no se conozca y se analice no puede pronunciarse sobre su alcance ni sobre la concreción de las medidas a implementar. En cualquier caso, de confirmarse, como parece que ha ocurrido,
que la sentencia se basa en motivos formales, como falta de motivación de la norma o insuficiencia de los informes, el Gobierno subsanaría las posibles carencias puestas en evidencia y tramitaría una nueva norma, atendiendo a los criterios que se
deriven de ella. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, Esquerra Republicana ha manifestado en más de una ocasión en esta Cámara que es necesario cambiar de modelo de Estado. La política del Gobierno Aznar nos llevó a un modelo de Estado unipolar, un modelo de Estado radial, y
hace falta intentar ir a un modelo multipolar que nos lleve a este Estado en red que tantas veces hemos dicho que es necesario en esta Cámara, y acabar así con esa idea de que el poder político, el poder económico tiene que centralizarse o
aglutinarse alrededor del kilómetro cero. Mi grupo aplaudió la decisión que tomó su Gobierno a la hora de descentralizar y a la hora de llevar la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona, pero ya dijimos que era un primer
paso, un pequeño intento de buscar esa descentralización. Nosotros hoy no solo vamos a pedirle que efectúen las acciones para conservar la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en Barcelona, sino que también les pediremos que den
muchos más pasos en pro de esa descentralización y que puedan llevar otros organismos regulatorios a otras capitales y así sacarlos de Madrid y acabar con ese privilegio que tiene la capital del Estado.
Muchas gracias, señor presidente, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, también con brevedad. Adminístrese usted mismo el tiempo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, agradezco su apoyo y le comunico que, a juicio del Gobierno, existen ahora las mismas razones que en su momento justificaron el traslado de la comisión. Se trata de un criterio de desconcentración territorial acorde con los
principios organizativos previstos en nuestra Constitución y totalmente acorde también con los fundamentos de nuestro Estado de las autonomías. Se trata de una decisión, además, que está totalmente en línea con la práctica de la mayoría de los
países de la Unión Europea e incluso de los que tienen estructuras políticas y administrativas más centralizadas que la nuestra. Por tanto, no hay ningún motivo para revisar, desde el punto de vista político, este principio y continuaremos en esta
línea en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE DEBEN SER LOS CONSUMIDORES LOS QUE PAGUEN EL
DESBARAJUSTE QUE HAN GENERADO LAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN EL SECTOR ENERGÉTICO? (Número de expediente 180/001590.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Vicente Martínez-Pujalte.
Adelante, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hoy los telediarios han abierto con dos noticias: primera, el enésimo revolcón que recibe el Gobierno de la Comisión Europea con motivo de la opa que ustedes impulsaron y, segunda, que el Gobierno socialista va a subir las
tarifas a los ciudadanos españoles, a las familias españolas, como consecuencia del desbarajuste que ustedes han organizado en el sector energético. ¿Le parece razonable, señor ministro, trasladar su incompetencia a los consumidores? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Durante toda esta legislatura, señoría, el Gobierno ha venido trabajando en materia energética para garantizar la seguridad del suministro energético, a un coste razonable,
con el menor impacto medioambiental posible y con el mayor respeto a las reglas de la competencia del mercado. Estos objetivos coinciden con los que orientan la política comunitaria y, sinceramente, señoría, yo no veo que haya generado ningún
desbarajuste. Por tanto, vamos a continuar en esta dirección, aplicando las directrices y las directivas de la Unión Europea en nuestra legislación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, su respuesta no tiene nada que ver con mi pregunta. Yo le he preguntado por la tarifa eléctrica, yo le he preguntado por qué van a subir la tarifa a los consumidores, por qué van a subir la
tarifa a las familias. Con los gobiernos del Partido Popular la tarifa bajó en términos reales (Rumores y protestas.), con los gobiernos del Partido Popular bajó y con ustedes en el año 2006 ha subido el doble que el IPC, y hoy anuncian nuevas
subidas. ¿Sabe a qué suena eso, señor ministro? A los compromisos del señor Zapatero con los empresarios españoles para que intervengan en opas que nunca se debieron impulsar desde el Gobierno. ¿Sabe por qué sucede eso, señor ministro? Porque
ustedes en el sector energético se han preocupado más de controlar los consejos de administración (Rumores y protestas.) que de facilitar a las familias un menor precio por el consumo energético. Señor ministro, esta subida de tarifas no tiene
ningún sentido. Las empresas energéticas están teniendo más beneficios que nunca. En el primer semestre han tenido más beneficios que nunca; la acción se ha duplicado. Hay personas, muy pocas, que han tenido plusvalías de miles de millones y,
sin embargo, ustedes quieren que todas las familias paguen en su recibo su ineficacia. Señor ministro, con el Gobierno del Partido Popular, con el próximo gobierno, un gobierno del Partido Popular volverán a bajar las tarifas que ustedes van a
incrementar a las familias.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Señoría, el principal desbarajuste que hay en el mercado eléctrico en relación con sus costes es el déficit de la tarifa, que es un mecanismo que ustedes se inventaron para
que los ciudadanos paguen el déficit tarifario en los próximos años. (Aplausos.) Esto es absolutamente irracional, va contra las normas del mercado económico europeo y ahora tenemos que resolverlo nosotros. Dejaron el mercado en una situación
pésima, dejaron el sector en absoluta indefensión y ahora nosotros, lamentablemente, tendremos que tomar un conjunto de medidas para poner las cosas relativamente en un cauce razonable y bajo la legislación europea. Vamos a hacerlo con
contundencia, con convicción, seriamente, con un plazo de transición y además no vamos a proteger a ninguna empresa. A quienes vamos a proteger es a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, cosa que ustedes olvidaron flagrantemente.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
-DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE ANULA EL
TRASLADO A BARCELONA DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES? (Número de expediente 180/001591.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Fernando Vicente Castelló.
Adelante, por favor.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
El refranero español es rico y sabio y dice que el tiempo da o quita razones, y en el asunto que hoy nos ocupa el tiempo le ha dado la razón al Grupo Parlamentario Popular. El tiempo le ha dado la razón en lo que fue la decisión del
traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona. Quiero decir, como hemos dicho siempre, que no hemos tenido nada en contra o a favor de Barcelona, pero sí mucho en lo que se refiere a la decisión del traslado, porque en
su momento pedimos que se justificaran los criterios o los fundamentos de esa decisión. No se hizo y ahora precisamente,
la semana pasada, el Tribunal Supremo ha avado jurídicamente lo que políticamente defendió el Grupo Parlamentario Popular. Es una chapuza más, de las ya muchas, del Gobierno del señor Zapatero. Una chapuza más de un Gobierno que ha
institucionalizado -el señor Zapatero- la frivolidad y el utilitarismo político. El señor presidente va a pasar a la historia como Zapatero I el Frívolo, el gurú del utilitarismo como fundamento de la actividad política. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Porque en este asunto no ha importado nada, solo lo que en cada momento interesa precisamente a la coyuntura política del presidente del Gobierno. Todo vale, si es útil, formalmente a la causa de nuestro
particular Evo Morales de origen leonés. Lo de menos eran los trabajadores, lo de menos era el coste económico, lo de menos la eficacia del organismo y la repercusión en los mercados y en las empresas, lo de menos era el prestigio de España, porque
había que quedar bien con los socios y se hizo lo que se hizo: un traslado que fue una chapuza. Los propios sindicatos han declarado que los acuerdos con los trabajadores son escandalosos. Los informes de la Comisión Europea también dicen
claramente que el cambio de sede restó eficacia al organismo. Mi grupo parlamentario y yo tenemos serias dudas de lo que está intentando hacer ahora el Gobierno, que es salvar formalmente lo que le pide el Tribunal Supremo, que se puede hacer,
porque en el fondo la justificación del derecho al traslado no fue en beneficio del interés público, y aquí solo ha habido trastornos y se ha perjudicado precisamente ese interés. Una chapuza más que se hizo por esa frivolidad del presidente del
Gobierno. Señor Clos, asuman el error y pidan disculpas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Señoría, este Gobierno va a respetar, como hemos dicho antes, la función y la competencia de la justicia y asume sus decisiones con rigor y con serenidad; al contrario de
lo que hace su partido que ya ha solicitado mi comparecencia y ha pedido documentación, cuando aún no sabemos el texto de la resolución. Le voy a aportar ahora nueva información. Hasta ahora no se ha producido ninguno de los graves perjuicios que
usted temía y que se describieron en los recursos de impugnación. En primer lugar, la CMT está funcionando adecuadamente, se ha trasladado a Barcelona con una programación precisa y se ha logrado su implementación satisfactoria en la nueva sede en
un periodo relativamente corto de tiempo. Está manteniendo una posición muy activa en la introducción de cambios regulatorios y en la liberalización de la eficiencia del sector: mercados de la telefonía móvil, mercado de acceso a Internet,
disminución de precios mayoristas del operador dominante, etcétera. Los operadores del sector, y seguramente la opinión pública especializada, no dudan de la eficacia y el buen funcionamiento de la CMT y del éxito operativo logrado con su traslado
e implantación en Barcelona. No se ha producido ningún perjuicio a las operadoras de telecomunicaciones y evidentemente el cambio de sede no ha producido ningún tipo de deslocalización de ningún operador, como pronosticaban por cierto algunos de
los recursos. Es obvio que la decisión de la fijación de la sede de los operadores en un lugar geográfico se basa en bastantes variables, pero seguramente no resulta muy relevante donde esté situada la sede del organismo regulador y menos en estos
momentos en que la mayoría de sus relaciones son de carácter telemático. Así es que no sacralicemos la ubicación, demos un crédito al buen funcionamiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y esperemos a que los jueces se
manifiesten en su sentencia. A partir de ahí actuaremos adecuadamente.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA APLAZADO 13 AÑOS EL
ABANDONO DEL USO DEL MERCURIO POR PARTE DE LA INDUSTRIA CLOROALCALINA? (Número de expediente 180/001586.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Medio Ambiente.
En primer lugar, don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, hace apenas 10 días desayunábamos con una noticia, que el Gobierno había pospuesto el abandono del uso del mercurio por parte de la industria cloroalcalina. Me gustaría que nos diese una
explicación en torno a esta noticia que a muchos nos ha alarmado, y por supuesto a las organizaciones ecologistas.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría, por permitirme explicar una noticia que no era en absoluto correcta. El Gobierno está cumpliendo con todas las obligaciones que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea y también a la comunidad internacional.
Las obligaciones que en estos momentos existen son las del abandono definitivo del uso del mercurio en el horizonte máximo del año 2020, y dentro de la Unión Europea la prohibición de su exportación hacia terceros países en el horizonte del año
2011. El Gobierno trabaja con las comunidades autónomas y
con las empresas del sector para que se incorporen de la forma más rápida posible las mejores tecnologías disponibles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted sabe -y lo conoce perfectamente bien por lo que está haciendo al frente de su ministerio- que el uso del mercurio tiene efectos sobre la salud: tiene impactos sobre el desarrollo neuronal, efectos cardiovasculares,
efectos inmunológicos, efectos sobre el sistema reproductivo, y sabe también que existen diferentes convenios y diversas directivas. Yo dispongo del informe de Oceana -usted da otros argumentos jurídicos- y en él se habla de que la directiva IPPC,
cuyo objetivo es precisamente que haya un mayor nivel de protección del medio ambiente que establezca un sistema de permisos que garantice que se dota de la mejor técnica disponible. Hoy la técnica de las células de mercurio no está entre estas y
usted también lo sabe. Según diferentes juristas -aunque puede ser un elemento controvertido- y también según el informe de Oceana, el 30 de octubre de 2007 ese permiso integrado de cumplimiento con la directiva tenía ese límite temporal y se podía
optar por otras tecnologías.
Hoy las mejores técnicas disponibles son otras y no la que está utilizando mayoritariamente la industria española, y las técnicas han de desarrollarse a una escala que permita su aplicación. Esas técnicas alternativas se desarrollan hoy en
diferentes países de la Unión Europea, en Japón o en Estados Unidos. La Comisión Europea dice que dichas técnicas se deben introducir si son viables económicamente y usted sabe, señora ministra, que esas técnicas lo son porque la industria del
cloro -no lo digo yo, lo dice Eurochlor- ha tenido beneficios de más de 250.000 millones de euros en 2001 y el coste de reconversión cuesta 3.000 millones. Nosotros entendemos que la directiva IPPC permita excepciones locales, pero no puede
permitir una excepción del sector. Le pongo un ejemplo. El Convenio Ospar pone como límite el año 2010. Nosotros lo que decimos -sabemos que no obliga- es que el ministerio tiene que liderar y tiene que hacerlo para situarse en objetivos
ambiciosos. El año 2020 no es un objetivo ambicioso y lo que esperamos que hagan es, como ha pedido la Comisión, situarse en un objetivo que no sea el del 2020, sino...
El señor PRESIDENTE: Lo siento.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, el ministerio ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible para que no lleguemos al año 2020 en España, que es efectivamente el límite que nos obliga y nos vincula desde el punto de vista de nuestros acuerdos internacionales. Por
eso hemos revisado el acuerdo voluntario que existía en España con las empresas del sector desde el año 1999. Ese acuerdo, que se ha revisado este mismo año, prevé también una revisión bianual para ir ajustando las actuales previsiones de reducción
por debajo de los límites legalmente existentes.
Quiero señalarle que las mejores tecnologías disponibles que aparecen en la Directiva IPCC no constituyen ninguna obligación legal, son una referencia. De lo contrario tendríamos ya como mínimo una carta de emplazamiento de la Unión
Europea. Pero, como le señalaba, en el marco de ese acuerdo voluntario, donde se fija un ritmo creciente de eliminación del mercurio, también está previsto que a más tardar en el año 2011 todas las empresas del sector presenten ya su plan de
reconversión a la tecnología de membrana, que no tiene mercurio, o el abandono de la actividad. España tiene en su territorio el principal productor del mundo, en Almadén, la empresa pública Mayasa, que ha dejado de producir desde el año 2003 y
colaboramos intensamente con la Unión Europea y con la comunidad internacional para que existan cuanto antes acuerdos...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.
-DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA EN LA COSTA DEL SOL? (Número de expediente 180/001603.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Miguel Ángel Heredia.
Adelante, por favor.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en 1995 hubo una grave sequía en Málaga que provocó importantes restricciones de agua en buena parte de los municipios de nuestra provincia. Cualquier Gobierno responsable, cualquier Gobierno serio hubiera impulsado todas
las medidas necesarias tendentes a evitar que este problema se volviese a producir. Sin embargo, el anterior Gobierno del Partido Popular no lo hizo. ¿Qué hizo el PP durante dos legislaturas? No se preocupen, seré breve: no hizo absolutamente
nada. En ocho años de Gobierno no incrementó la capacidad hídrica de la provincia de Málaga en una sola gota de agua. Prometieron un Plan Málaga, 240 millones de inversión, y no invirtieron absolutamente
nada, salvo cantidades indecentes en publicidad y propaganda. Prometieron llevar a cabo nueve actuaciones, no terminaron ni una sola (Rumores.), y en ocho de las nueve no terminaron ni siquiera la redacción de los proyectos. (Rumores.)
Inauguraron una presa, la de Casasola, en el año 2000, pero fueron incapaces de ponerla en funcionamiento a lo largo de toda la legislatura. El PP también prometió financiar el coste de la desaladora de Marbella; lo prometieron en 2001, volvieron
a prometerlo en 2002, también en 2003, y siempre mintieron. (Rumores.) Después de esa importante sequía hídrica que sufrimos los malagueños en 1995 vinieron ocho años de sequía inversora del Partido Popular.
Frente a esta incomprensible política del Partido Popular hay que destacar el compromiso de este Gobierno, del Gobierno de Rodríguez Zapatero, quien una de las primeras medidas que impulsó fue poner en marcha ese programa Agua, un programa
que contemplaba siete actuaciones para Málaga, una inversión que supera los 227 millones de euros en nuestra provincia e incrementar en 125 hectómetros cúbicos al año esa capacidad. ¿Qué supone ese incremento de 125 hectómetros cúbicos? Supone el
consumo de año y medio de todos los municipios de la Costa del Sol. Y empiezan a verse los primeros resultados. Por eso yo le pregunto, señora ministra: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo su ministerio y los organismos autónomos para mejorar
el abastecimiento y la calidad del agua en la Costa del Sol?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, el pasado año, que fue el año más seco de la historia de España, más seco que el año 1995, no hubo problemas de suministro de agua potable en la Costa del Sol porque se había
alcanzado un acuerdo con la mancomunidad de los municipios de la Costa del Sol para hacerse cargo desde el ministerio del coste de esa planta desaladora, que llevaba años construida, pero sin funcionar. Precisamente hace pocos días se ha cerrado ya
el contrato de opción de compra por 35 millones de euros, que ha permitido a la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol liberarse del endeudamiento que en su momento había asumido al construirse esta planta.
Además del funcionamiento desde
el año pasado de la planta desaladora de Marbella, tenemos en estos momentos ya acordado con el Gobierno de la Junta de Andalucía y con la mancomunidad de los municipios de la Costa del Sol una segunda planta de desalación. Serán otros 20
hectómetro cúbicos, 57 millones de euros, ubicada en Mijas, con la toma en Fuengirola, comenzando el próximo año la construcción de la misma. Además de ello, señorías, en estos momentos también tenemos ya cerrados los acuerdos para la reutilización
de las aguas residuales depuradas de varios municipios, en concreto, de Estepona, Marbella, Mijas y Manilva.
Estas obras están ya en licitación; suponen una inversión de seis millones de euros, lo que supondrá un incremento de otros 25 hectómetros
cúbicos de agua a partir del próximo año. Por tanto, en apenas dos años y medio de legislatura, hemos comenzado el desarrollo del programa Agua en Málaga por un total de 65 hectómetros cúbicos y también por un total de 98 millones de euros. Además
de eso, señoría, estamos estudiando actuaciones adicionales en la Costa del Sol oriental para consolidar los regadíos del Plan Guaro, en la zona de la Axarquía, a través de una mejora en el aprovechamiento del embalse de la Viñuela y de ulteriores
actuaciones de reutilización y de desalación. Estos son resultados, no promesas, señoría, sino resultados del programa Agua en Málaga.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PODRÍA INFORMAR EL GOBIERNO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ? (Número de
expediente 180/001604.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como sabe, es muy difícil en política conseguir la enhorabuena, pero mi grupo esta tarde quiere dársela a usted y a todos los regantes de la Comunidad Valenciana porque, según manifestaciones hechas públicas en la Unión
Europea, nos van a dar la razón, le van a dar la razón, en el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó. Como recordará, el 24 de marzo de este año, el Consejo de Ministros decidió que había que hacer una variación en ese trazado y, en vez de coger
el agua en la cabecera del Júcar, había que cogerla en la desembocadura, al contrario de lo que había establecido el Gobierno del señor Aznar. Es verdad que esto ha generado una fuerte polémica en Alicante y que algunas organizaciones de
agricultores, espoleadas y amparadas por el Partido Popular, se fueron nada menos que a Bruselas a poner denuncias para paralizar este nuevo trasvase. ¿De qué la acusaban? Fundamentalmente, de cuatro cosas: de que no había razones para ese
cambio, de que se iban a perder los fondos europeos, de que el retraso sería insoportable para los agricultores y de que habría menos cantidad de agua.
La cuestión, señora ministra, es que la Unión Europea piensa absolutamente todo lo contrario. Ha manifestado que el trasvase, tal y como piensa el Gobierno socialista, es mucho mejor; ha manifestado públicamente que se va a aumentar en 40
millones la financiación, pero sobre
todo hay una razón fundamental para esta postura de la Unión Europea y es que ya le habían notificado al Gobierno del señor Aznar que solo financiaría el trasvase Júcar-Vinalopó si, y solo si, ese trasvase podía garantizar el caudal
ecológico. Con el trazado que había hecho el Gobierno de Aznar, garantizar eso era absolutamente imposible; con el trasvase, tal y como está diseñado por el Gobierno socialista, ese caudal ecológico está garantizado. Por tanto, señora ministra,
de nuevo enhorabuena a usted, de nuevo enhorabuena a los regantes de la comunidad y lo que nosotros queríamos es que nos explicase cómo van las obras de este trasvase y si son verdad los tambores de guerra del Partido Popular, que ese retraso es
insoportable, que no van a llegar los fondos y que va a haber mucha menos agua. En fin, tenga un poco de paciencia, otra vez -por ejemplo, con el señor González Pons, que creo que ayer fue tremendo en Valencia-, y usted siga adelante. Y, por
favor, cuéntenos cómo van las obras.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, las obras van muy bien. Las obras se podrán terminar antes de final del año 2008. Los tramos que en estos momentos están en construcción, y que supone que ya se ha ejecutado más de 108 millones de euros, están en los siguientes
porcentajes: el tramo 5, en un 91 por ciento; el tramo 6, en un 89 por ciento y el tramo 7, en un 90,5 por ciento. Respecto del tramo para el que se ha variado el trazado, y que parece contar con el apoyo de la Comisión Europea, a tenor de las
declaraciones del alto funcionario que participó en el debate de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, las empresas que se han presentado para la adjudicación de esta obra tienen hasta el día de mañana para presentar sus ofertas
concretas. Por lo tanto, a partir de ahí, señoría, se podrán adjudicar definitivamente estas obras y cumplir con el horizonte temporal; pero lo que es más importante, cumplir con el compromiso de poder aportar hasta 80 hectómetros cúbicos al
Vinalopó, para resolver problemas que están causando una gravísima sobreexplotación de los acuíferos de la zona.
Para contar con el apoyo de la Unión Europea, señoría, es preciso tener en cuenta que el agua de los ríos no se tira al mar, que el agua de los ríos tiene que llegar al mar en suficiente cantidad como para mantener los equilibrios
ecológicos, algo que no cumplía, por ejemplo, el derogado trasvase del Ebro, que tuvo toda una serie de informes negativos por parte de la Comisión Europea. Señoría, estoy completamente de acuerdo con el Partido Popular cuando presenta un decálogo
en el que, a propósito de los trasvases, señala que es necesario tener en cuenta los usos preferentes de la cuenca cedente. Completamente de acuerdo. No podrá haber trasvases en España de aquí en adelante si no hay un acuerdo social pleno con los
usuarios de la cuenca cedente, y eso es exactamente lo que este Gobierno ha conseguido con los usuarios de la cuenca del Júcar. Los trasvases, para poderlos llevar a cabo, tienen que ser viables desde el punto de vista técnico, económico y
ambiental, pero también, señoría, desde el punto de vista social, y eso es exactamente lo que se nos está reconociendo en el ámbito europeo, como no podría ser de otra manera.
(Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿PODRÍA INFORMARNOS EL GOBIERNO EN QUÉ CONSISTE LA PLANIFICACIÓN URBANA SALUDABLE?
(Número de expediente 180/001605.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Vivienda de la diputada doña Mercedes Coello. Adelante.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, desde hace ya mucho tiempo somos muchos los que pensamos que la planificación urbanística de las poblaciones está íntimamente relacionada con la salud de los ciudadanos que las habitan. Así, cuando se realizan políticas de
planificación se están haciendo políticas a favor o en contra de la salud de los ciudadanos, políticas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludable y también a facilitar que estos se sigan, así como a contribuir al desarrollo de políticas
medioambientales que fomentan el desarrollo sostenible del planeta y el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que no cabe duda que también tienen relación con la salud de los ciudadanos. La calidad del agua, del aire que respiramos, de los alimentos
que ingerimos, el reciclado de los residuos que generan nuestras viviendas, el ejercicio que realizamos, así como el uso y disfrute del medio ambiente y del ocio, todo ello, en mayor o menor medida, tiene relación con la planificación urbanística y
las construcciones de las casas que habitamos.
Numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, tienen entre sus objetivos la consecución de ciudades saludables. Me consta que el Gobierno de España, en una acción transversal, está dando
respuesta a este compromiso. Así, el Ministerio de Sanidad y Consumo organizó unas jornadas de planificación urbana saludable el pasado mes de octubre, donde sin duda se han tratado diversos temas que contribuyen al urbanismo de las ciudades, en
general, y al fomento de la salud de los ciudadanos que habitan en ellos, en particular; proyectos que abarcan numerosos aspectos de la organización urbanística, las ciudades y pueblos, las viviendas que las constituyen, así como la relación que
existe entre todos estos factores
y la salud de los individuos que residen en ellas. Este principio de ciudad saludable conlleva necesariamente que exista una política de vivienda y urbana orientada a la consecución de este objetivo, que es además un principio básico de
sostenibilidad de nuestros pueblos y ciudades.
Señora ministra, ¿podría explicarnos qué medidas está poniendo en marcha su ministerio para lograr contribuir a una planificación urbana saludable? Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Como sabe S.S., la planificación urbana está integrada en una estrategia de desarrollo territorial y urbano sostenible que forma parte de la estrategia territorial europea que los Estados miembros están trasladando a sus políticas
territoriales. En este sentido, el Gobierno de España está llevando a cabo determinadas iniciativas en una acción de Gobierno coordinada y transversal que no solo afecta al Ministerio de Sanidad y Consumo, como S.S. manifiesta -y no solo desde el
ámbito de la salud, sino también desde el ámbito del consumo y la queja de los ciudadanos-, sino también a otros ministerios, entre ellos al Ministerio de Vivienda.
¿Qué acciones estamos llevando a cabo? Desde el Plan de Vivienda 2005-2008, estamos, por ejemplo, dando ayudas para rehabilitar las viviendas, haciéndolas más sostenibles y más accesibles, pero también para regenerar y renovar las ciudades
y pueblos de España, los centros históricos, los centros urbanos y las zonas y barrios degradados. En segundo lugar, desde el código técnico de la edificación, estamos apostando por ciudades seguras, saludables, habitables y sostenibles; por
ejemplo, mejorando la calidad del interior de nuestras edificaciones, aprovechando la luz natural y la orientación adecuada de nuestros edificios y viviendas, el aislamiento térmico y, próximamente, el aislamiento acústico. Quiero mencionarle que
también, desde la política de transformación del suelo público para vivienda protegida y para otros usos sociales, estamos apostando por la construcción de ciudades más sostenibles en sentido amplio; por ejemplo, en el suelo que urbanizamos desde
Sepes, del Ministerio de Vivienda, recogiendo las aguas pluviales y canalizándolas para su posterior utilización; haciendo una recogida neumática de residuos sólidos urbanos; reduciendo la contaminación lumínica y regulando la intensidad del
alumbrado aprovechando la luz natural; la construcción de carriles bici, especies arbóreas autóctonas en nuestros parques empresariales y en nuestros parques residenciales. No quería dejar de mencionar la Ley de Suelo en la que, en su artículo
2.2, aparece la salud y la seguridad de las personas como objetivos que deben asegurar las políticas públicas relativas a la ordenación, ocupación, transformación y gestión del suelo. Quiero citar también, en último lugar, los convenios que el
Ministerio de Vivienda ha firmado con las asociaciones de consumidores para hacer, dentro del lema: Bandera verde, municipios o ciudades sostenibles, indicadores de evaluación de la sostenibilidad y habitabilidad de nuestras ciudades y nuestros
pueblos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON JOSEP MALDONADO I GILI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁNDO VA A CONTAR TARRAGONA CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO PARA LLEVAR A CABO LA NECESARIA
REFORMA DE LA FACHADA MARÍTIMO-TERRESTRE DE LA CIUDAD? (Número de expediente 180/001585.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento de don Josep Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, este diputado de Convergència i Unió quisiera saber cuándo va a contar Tarragona con la complicidad del Gobierno para llevar a cabo la necesaria reforma de la fachada marítimo-terrestre de la ciudad.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, la política del Ministerio de Fomento en relación con la integración del ferrocarril en las ciudades, como usted bien sabe, queda claramente recogida en el PEIT. El Ministerio de Fomento, como Administración competente en materia
ferroviaria, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, como administraciones competentes en materia urbanística, todos, tenemos que analizar conjuntamente la situación existente y alcanzar un acuerdo sobre la solución a adoptar. Esta solución debe
ser viable técnica, ambiental y financieramente, de acuerdo con las aportaciones de las diferentes administraciones, que a su vez estarán en coherencia con sus ámbitos competenciales. Así es como hemos actuado ya en algunas ciudades españolas, como
es el caso de León, Málaga o Valladolid, de manera muy satisfactoria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, presidente.
Señora ministra, la ciudad de Tarragona lleva años, yo diría que muchos años, esperando el acuerdo institucional para llevar a cabo esta obra básica para el futuro
de la ciudad de Tarragona y para el Camp de Tarragona. Incluso, el anterior Gobierno tripartito, que, como muy bien sabe, se caracterizó por no hacer ningún proyecto importante para las ciudades de Cataluña, en este caso sí firmó un
documento, en el cual el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya estaban de acuerdo en impulsar este proyecto. Solo falta ahora que el Gobierno central, en este caso su ministerio -el Ministerio de Fomento-, y Renfe, se añadan a
este acuerdo.
Fíjese, señora ministra, que se lo pongo fácil. Solo tendría que firmar el mismo documento que firmaron ayuntamiento y Generalitat, poniendo los terrenos afectados a disposición del Ayuntamiento de Tarragona y de la Generalitat y
dando permisos para hacer frente a la obra subterránea, junto con la aportación económica que le correspondiera al Gobierno.
Esta es una obra que tiene tres patas; dos ya están puestas, ayuntamiento y Generalitat de Catalunya, pero falta la tercera, la de su Gobierno, sin ella el proyecto se cae. Por favor, no sigan decepcionando a centenares de miles de
familias, que ven que, por falta de actitud política, quizás por alguna presión negativa de alguno de sus compañeros de partido en la zona, el Gobierno central está demorando una obra básica para el desarrollo socioeconómico de la ciudad de
Tarragona y de las comarcas de su entorno.
Esperamos una respuesta concreta y no más dilaciones. Fíjese bien, señora ministra, hace un momento su compañera ministra ha dicho que las obras del trasvase iban bien, muy bien. Las obras de la fachada marítimo-terrestre de Tarragona van
mal, muy mal. Utilizando expresiones del presidente Zapatero, buenas palabras, talante. Utilizando las del presidente Aznar, cero patatero, cero por ciento de obra. No dejemos pasar más años, más tiempo, sin esta obra, porque Tarragona, sus
ciudadanos, la necesitan para su futuro, es básica. Señora ministra, con su respuesta anterior veo que seguiremos dando largas. La Generalitat y el ayuntamiento están...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Maldo-nado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, no es tan fácil como usted lo está planteando, porque hasta con el mejor talante antes de firmar un documento tendremos que leerlo, y para leerlo tiene que haber sido remitido, es decir, que no hay ninguna falta de respuestas cuando
no hay preguntas. La única noticia que tenemos del acuerdo que usted cita es indirecta, porque en marzo de 2006 el Ayuntamiento de Tarragona, mediante carta, nos informó de que había alcanzado un acuerdo, pero no nos lo envió, y nos pidió una serie
de documentaciones técnicas referentes a ese tema que se le remitieron en agosto de 2006. Por tanto, creo que huelgan todas esas afirmaciones que usted ha hecho.
Por lo que respecta al Ministerio de Fomento y en desarrollo de todo el tema que usted está comentando, le diré que desde el inicio de la legislatura, en verano de 2004, se mantuvieron diversas reuniones entre el alcalde, el secretario de
Estado y el director general de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. En ellas el alcalde de Tarragona expuso sus intenciones de llevar a cabo la reforma de la fachada marítimo-terrestre de Tarragona y se interesó por las condiciones y criterios
del Ministerio de Fomento para poderlo llevar adelante. Hasta febrero de 2006 no hemos vuelto a saber nada, fecha en la que se celebró la reunión del ayuntamiento y la Generalitat en Tarragona y en la que se informó al ministerio de la existencia
de un acuerdo -de la existencia de un acuerdo, señoría-. Para poner tres patas en una mesa se tiene que contar con las tres patas.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, terminó el tiempo.
-DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁL ES LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA CONEXIÓN VIARIA ENTRE HUELVA Y CÁDIZ? (Número de
expediente 180/001595.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Luis Marquínez. Adelante.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado 17 de octubre se produjo un importante manifiesto de la sociedad civil andaluza en favor de una vía de comunicación directa entre Huelva y Cádiz. Ante esta situación, pregunto a la señora ministra cuáles son las
previsiones del Gobierno en relación con este tema.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la previsión del Gobierno sobre la conexión entre Huelva y Cádiz, igual que el resto de las conexiones viarias de la red de carreteras, se contiene en el documento aprobado por el Consejo de Ministros para la planificación de todas
las infraestructuras el 15 de julio de 2005 y remitido a esta Cámara en diciembre de 2005.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ese famoso documento al que usted hace referencia es absolutamente ininteligible y, además, lo único que hace es posponer todas las obras y no definirse por ninguna. Quiero decirle una cosa. Este tema es muy importante
para que nos lo tomemos a la ligera, porque es una carretera absolutamente necesaria. Lo es, no porque yo se lo diga, sino porque lo dicen ustedes mismos. Ustedes hicieron un documento que se llamaba el PDTC, Plan director territorial de la
comarca de Doñana, donde la calificaron de infraestructura básica para la red viaria de Andalucía.
Ustedes convocaron también una comisión de expertos en Andalucía en el año 1992 para que dictaminara sobre la carretera y la comisión dijo que era
esencial para el desarrollo de la comarca de Doñana. Y ustedes -su propio partido- hicieron un Plan director de infraestructuras 1997/2007, que está vigente, en el que la tenían prevista como de ejecución inmediata para resolver la red viaria de
Andalucía.
Es una necesidad absoluta y, si no, pregunten ustedes a los sevillanos, que día a día pasan horas muertas en los atascos del puente del Centenario e incluso se juegan la vida por una malísima comunicación que a ellos no les corresponde
sufrir. Además de necesaria, señora ministra, es posible, y es posible porque no afecta para nada al Coto de Doñana, y ustedes lo saben, porque lo han dicho los expertos, lo ha dicho el profesor Valverde, que sabe usted que está considerado como
padre de Doñana, cuando dijo que no solo no era mala, sino que era absolutamente necesaria para conocer y proyectar Doñana hacia el futuro. Ante esta situación, también saben ustedes que es posible porque se han resuelto casos similares en el mundo
entero de carreteras que cruzan por parajes naturales, ustedes mismos han hecho carreteras en Andalucía que cruzan espacios naturales y, bien resueltas, terminan siendo absolutamente eficaces. No utilicen ustedes más la excusa de que es una
carretera costosa o difícil. Estamos en el siglo XXI, con nuestra tecnología, y no es nada costosa. Es bastante menos costosa, bastante menos, de lo que se gasta el señor Chaves en propaganda de la Junta de Andalucía.
Finalmente les voy a decir que es oportuna, y en ese terreno se mueven ustedes muy bien. Es oportuna porque van a cubrir una demanda social latente. Ya no es la demanda de un partido que representa a diez millones de votantes, es una
demanda de la sociedad civil. Además, es oportuna porque ahora se encuentran ustedes en una situación extraordinaria.
Ustedes dicen permanentemente... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.
Adelante, señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias.
Señoría, se ha confundido usted. Estamos en el Congreso de los Diputados, no en el Parlamento andaluz. Usted puede hablar de la Junta de Andalucía cuanto quiera, pero no tiene mucho sentido aquí; que sus compañeros lo hagan allí. De
todas maneras, la gestión del señor Chaves y de la Junta de Andalucía es magnífica y por eso le votan continuamente los ciudadanos andaluces. Le diré que es usted el único que no ha entendido el PEIT.
Claro que es necesaria la conexión. Por eso
le he dicho que la hemos incluido en el PEIT. Me alegro mucho de que después de ocho años de Gobierno del Partido Popular, ahora, que no están gobernando ustedes, se hayan dado cuenta de esa necesidad.
La conexión de Sevilla-Huelva-Sevilla-Cádiz se va a hacer, y así está contenida en el PEIT, por la A-49, la S-40, la AP-4 y la carretera nacional 4, que va a ser convertida en autovía y que se llamará la A-4.
Esas son las previsiones que
tiene el PEIT y vamos a ir viendo en cada caso cada una de las actuaciones que hemos hecho. Concretamente en la 4-49 está previsto incrementar la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad, pasando de dos a tres carriles en dos tramos: Castilleja
de la Cuesta-Bormujo, que no estaba contemplado por el Gobierno anterior, y Bormujo-Benacazón, del cual el Gobierno del PP cuando gobernaba no había dado ni la orden de estudio. Ya le digo que hemos adjudicado no solamente el estudio sino la
redacción del proyecto. Hemos previsto conectar la A-49 con la AP-4 y con la A-4 por medio de la S-40. El impulso que le hemos dado es el siguiente, señoría: de los once tramos que componen esta conexión, cuando llegamos al Gobierno ninguno tenía
el proyecto iniciado y ocho tramos ni siquiera tenían el estudio informativo. Pues bien, en algo menos de tres años hemos iniciado la redacción de todos los estudios, hemos licitado las obras de un tramo y en 2007 vamos a licitar las obras de los
otros dos. Le comento, como usted sabe, que para la AP-4 y la N-4 en conversión en autovía, hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía, que ha liberado el peaje y nosotros hemos empezado todos los estudios para llevar a cabo la conexión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON SALVADOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FIRMES DE
LAS CARRETERAS' (Número de expediente 180/001598.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Salvador de la Encina.
Adelante.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
El aumento de la seguridad vial y de la conservación de nuestras carreteras es un objetivo fundamental que dejó claro la señora ministra en su primera comparecencia en esta Cámara y que se ha visto reflejado posteriormente, tanto en los
planes de choque de conservación de carreteras como en los planes de seguridad, que fueron anunciados en una comparecencia también de la señora ministra en el Congreso de los Diputados, el 1 de junio de 2004. Esta voluntad política de hacer de la
seguridad un pilar básico se ha plasmado asimismo, señor Marquínez, en el descalificado Plan estratégico de infraestructura y transportes, que es el mayor ejercicio de planificación de obra pública en España en su historia y que no tiene comparación
con los siete folios que presentaron ustedes. Se recoge en dicho PEIT y además se ha venido recogiendo en los tres ejercicios presupuestarios de este Gobierno. Porque, señoría, la voluntad política de la que hablaba sin recursos económicos queda
en eso, en voluntad, que fue lo que le ocurrió al Partido Popular, que durante sus años de Gobierno solo tuvo voluntad pero no consignó partidas presupuestarias suficientes para evitar el deterioro de nuestras carreteras y del firme de las mismas.
Ese deterioro también lo sufrimos muchos diputados que viajamos por toda España durante aquellos años en los que las carreteras y sus firmes estaban muy deteriorados. A nadie se le escapa que los accidentes de circulación tienen mucho que ver con
raíces muy profundas como razones psicológicas, sociológicas, de comportamiento humano, etcétera, pero no es menos cierto que esos accidentes de circulación obedecen al estado del firme de las carreteras.
Para prevenir accidentes hay que aplicar
niveles de conservación que quedaron olvidados en la época del Gobierno del Partido Popular. Tenemos 26 millones de vehículos, 25.000 kilómetros de carretera y hay que apostar por el firme y por conservarlas permanentemente. El Grupo Parlamentario
Socialista es consciente de que ello es así. Por eso, señora ministra, le pregunto: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo su ministerio para conservar los firmes de las carreteras españolas? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Como usted bien ha dicho, la seguridad es la principal prioridad del ministerio en esta legislatura. Las actuaciones de renovación de firmes constituyen un elemento muy importante para garantizar, además de la comodidad en la circulación,
un adecuado nivel de seguridad en las carreteras. Como dice S.S., cuando accedimos al Gobierno, en abril de 2004, encontramos los firmes en una situación muy deficiente.
Concretamente, de 27.800 kilómetros de calzada que forman la red del Estado,
el 43 por ciento, 11.950, estaban en mal estado. A esta situación se había llegado por la disminución de las inversiones en conservación de carreteras, que en 2004 se situaba por debajo del uno por ciento del valor patrimonial de la red. Para
resolver estas carencias hemos incrementado las dotaciones presupuestarias, con el objetivo de terminar la legislatura en el 2 por ciento del valor patrimonial. En los presupuestos de 2007 ya estamos en el 1,69 por ciento. Esto significa siete
décimas más que el último presupuesto aprobado por el Partido Popular. Además, hemos actuado con celeridad, pues en dos años y ocho meses hemos licitado las obras de refuerzo de 7.148 kilómetros de calzada, y con ello ya hemos acometido la
rehabilitación del 60 por ciento de los firmes que recibimos en mal estado al principio de la legislatura. En 2004, tan solo dos meses después de llegar al Gobierno, aprobamos el plan de choque con el que procedíamos a la rehabilitación y
conservación de 1.518 kilómetros de carreteras, y entre 2005 y 2006, de 5.630. Todo ello ha sido posible gracias a un mayor esfuerzo presupuestario. Si el anterior Gobierno invirtió 363,1 millón de euros en toda la legislatura, el actual Gobierno
ha destinado 464,2 millones de euros al mismo fin, es decir, cien millones de euros más que el anterior Gobierno en toda la legislatura. Para ello, hemos forzado el ritmo inversor que ha supuesto un incremento en el número de proyectos del 161 por
ciento. Termino diciéndole, señoría, que en los Presupuestos Generales del Estado de 2007 se mantiene esta tendencia. Licitaremos 75 nuevos proyectos, 2.900 kilómetros adicionales de carreteras y 400 millones de euros más. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA VILLAGRASA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NOVEDADES QUE CONTEMPLA EL PLAN TRIENAL PARA
2007-2009 DE SEGUROS AGRARIOS? (Número de expediente 180/001601.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Doña María Teresa Villagrasa.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como es sabido, la actividad agraria se presenta como uno de los sectores económicos más expuestos a la incidencia de riesgos naturales no controlables por los productores, haciendo especial hincapié en la importancia que
ofrece el seguro como instrumento para la mejora del desarrollo de las zonas rurales. Por este motivo, la política de seguros agrarios alcanza una especial importancia, ya que permite responder a las consecuencias de esos riesgos derivados del
clima, de las plagas y enfermedades y de otras crisis. Por tanto, es
fundamental contar con un sistema que ofrezca un adecuado nivel de garantías para un amplio espectro de explotaciones, constituyendo un elemento de importancia para el logro de un sector agrario sostenible y competitivo. Cabe señalar que en
el año 1978, con ocasión de la promulgación de la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, se alcanzó en España un pacto que se mantiene en la actualidad entre Gobierno, sindicatos agrarios, cooperativas y entidades aseguradoras, en virtud del
cual el sistema de seguros agrarios se establece como instrumento para la gestión de los daños catastróficos en el sector agrario. Este sistema define como asegurables a todos los riesgos naturales no controlables por el productor y ha permitido
alcanzar unas cotas de desarrollo en la protección del sector agrario que resultan muy significativas, destacando los siguientes logros: un aumento sostenido con un crecimiento anual del 6 por ciento por la incorporación de nuevas producciones y
riesgos al sistema de seguros agrarios; se han alcanzado implantaciones importantes, un 80 por ciento en los cereales de invierno, un 70-75 por ciento en frutales, un 50 por ciento de valores medios de aseguramiento en cítricos, un 32 por ciento en
viñedo y valores inferiores en otras producciones como hortalizas u olivar y se ha reducido la necesidad de las actuaciones públicas a través de las ayudas extraordinarias. Las indemnizaciones del seguro agrario han contribuido en 2005 a paliar en
un 28 por ciento la caída de la renta agraria. Ello permite afirmar que el actual sistema de seguros agrarios, con 26 años de experiencia, constituye la mejor herramienta para hacer frente a situaciones de crisis agrarias. No obstante, queda
todavía mucho por hacer y por ello pregunto: ¿Cuáles son las principales novedades que contempla el Plan trienal para 2007-2009 de seguros agrarios?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero subrayar que el desarrollo y consolidación del sistema de seguros agrarios es una prioridad política del Gobierno, como queda reflejado anualmente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Como usted
conoce, en los tres últimos años ha aumentado un 25 por ciento; porcentaje que es aún mayor si tenemos en cuenta los suplementos de crédito aprobados en el Consejo de Ministros como consecuencia del incremento de la contratación. Para financiar el
próximo plan 2007 se ha incrementado la dotación presupuestaria en 23 millones de euros, siendo el primer año de aplicación del nuevo plan trienal que entrará en vigor y estará vigente hasta el año 2009.
Uno de los objetivos prioritarios que se establecen en este plan es la generalización de la cobertura de los riesgos de la naturaleza. En las producciones agrícolas se contemplará la garantía de los daños ocasionados por los riesgos de la
naturaleza no controlables, siendo las producciones intensivas en regadíos las que resultarán más beneficiosas.
En las producciones ganaderas se extenderá la protección a las enfermedades de carácter epizoótico y se potenciará la adaptación de los
seguros a las normas de la producciones ecológicas. El segundo objetivo está orientado a la universalización de la protección a aquellos sectores no contemplados en el actual sistema de aseguramiento, siendo los principales beneficiarios los
productores de ganado porcino y cunícola, la acuicultura con la aportación de nuevas especies, así como la producción forestal, a la que extendemos la cobertura contra el riesgo de incendios. El tercer objetivo que tiene una enorme relevancia se
centra en extender y desarrollar el seguro de explotación con el fin de dar cobertura al conjunto de protecciones que la integran. Este año hemos iniciado una experiencia piloto dirigida a los agricultores que sean titulares de una explotación
prioritaria cuya actividad productiva incluya al menos dos producciones diferentes.
En definitiva, señoría, pretendemos continuar avanzando en una política de seguros agrarios que, como instrumento de gestión de riesgos, adquiere cada día más importancia para el mantenimiento del sector agrario, forestal y acuícola
sostenible y competitivo, como ha quedado de manifiesto en la conferencia internacional que se celebró hace unos días, con la participación de 40 países, en la que nos han felicitado por el sistema que tenemos en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON ERNEST BENITO SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL REGLAMENTO DEL MEDITERRÁNEO,
RECIENTEMENTE APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE PESCA DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/001602.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ernest Benito.
El señor BENITO SERRA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la pesca mediterránea representa un sector importante y fundamental de la pesca comunitaria. Una serie de particularidades, con importantes implicaciones para las medidas de conservación de la política pesquera común,
caracterizan al mar Mediterráneo y a la pesca que en él se realiza. La sobreexplotación del Mediterráneo ha experimentado un cambio muy rápido en la última década y es evidente la necesidad de adoptar medidas de gestión, a fin de reducir la
explotación a
niveles sostenibles. Los actuales niveles de esfuerzo pesquero y el uso de artes de arrastre de malla pequeña, unidos a la utilización de artes de pesca destinados a explotar todas las edades de una población dada, son incompatibles con una
pesca sostenible y rentable. La importancia de contar con un sector pesquero responsable es evidente si se quiere garantizar la conservación de las especies objetivo y también la de las pertenecientes a su mismo ecosistema asociadas a aquellas o
dependientes de ellas. Los objetivos de la política pesquera común en el Mediterráneo consisten en garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que permita crear condiciones medioambientales, económicas y sociales sostenibles y
armonizar las medidas de gestión que se apliquen. De este modo, los planteamientos de la Comisión se centran en los principios siguientes. En primer lugar, establecer un marco de gestión eficaz, a través de un reparto adecuado de las
responsabilidades entre la Comunidad y los Estados miembros. En segundo lugar, evitar las tasas de mortalidad de los juveniles, que sigan aumentando y reducir sustancialmente el volumen de descartes. En tercer lugar, procurar que la gestión del
esfuerzo pesquero sea la herramienta principal que asegure unas pesquerías sostenibles en el mar Mediterráneo. Por último, reservar una parte de la zona costera a las artes de pesca selectivas utilizadas por los pescadores artesanales, con el fin
de proteger las zonas de reproducción y aumentar la sostenibilidad social de las pesquerías mediterráneas. España ha venido reclamando el cumplimiento de estos principios y, de hecho, muchos de ellos se han visto reflejados en el Plan de gestión
del Mediterráneo establecido en nuestro país. Por todos estos motivos, nos gustaría conocer cuáles han sido las medidas básicas que se recogen en el reglamento de medidas técnicas del Mediterráneo en lo que afecta a España.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero señalar que este reglamento va a permitir armonizar la actividad de las flotas que faenan en aguas comunitarias en el mar Mediterráneo, tal y como venía reclamando el Gobierno español. En lo que se refiere a las
medidas y a sus efectos sobre la flota española, quiero destacar lo siguiente. En la modalidad de arrastre de fondo, antes del 1 de julio de 2008 se deberá sustituir la malla actual, de forma que se logre reducir las capturas de peces de talla
mínima cuya pesca repercute negativamente en la conservación de los recursos. Una segunda medida es la modificación de las distancias a la costa para poder ejercer la pesca de arrastre, que se realizará mediante planes de gestión elaborados por los
Estados miembros. Este aspecto es de gran importancia debido a la actual y especial orografía que existe en la costa de Cataluña y en algunas zonas de la región sur mediterránea. Una tercera medida se refiere al uso obligatorio de los sistemas de
vigilancia vía satélite de los buques de eslora comprendidos entre diez y quince metros.
Además, se contempla la supervisión científica anual de los planes de gestión establecidos por los Estados miembros, de forma que se garantice una correcta
evolución de los mismos. Asimismo se establece el control de las tallas de las especies de mayor importancia comercial. También quiero resaltar dos medidas que España ya había puesto en marcha a través del Plan integral de gestión pesquera del
Mediterráneo de enero de 2006. Se trata de la prohibición de la pesca en determinados fondos de vegetación marina, así como de la pesca de arrastre a profundidades superiores a los mil metros. Por otra parte, se recoge la obligación, que España ya
estaba cumpliendo, de comunicar a la Comisión Europea los buques mayores de quince metros de eslora autorizados a pescar en la zona, lo que facilitará un mejor seguimiento de los recursos pesqueros. Finalmente, me gustaría destacar la inclusión de
una declaración del Consejo y de la Comisión relativa a las redes de enmalle a la deriva en la que se adquiere el compromiso de examinar y definir este tipo de redes en el transcurso del año 2007, asunto que, como todos ustedes saben, ha sido una
reclamación constante de nuestro país. En definitiva, la aprobación de este reglamento es valorado muy positivamente por el Gobierno para responder a una pesca responsable y sostenible en el mar Mediterráneo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: AL MARGEN DE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL RESPECTO, ¿TIENE EL MINISTRO DE JUSTICIA INTENCIÓN DE
DIMITIR PARA QUE ALGUIEN SE OCUPE DE LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001594.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de don José Ignacio Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Doy por reproducida la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, me ocupo de los problemas de la justicia todos los días, trabajo para mejorarla y para resolverlos. Lo hago, tal y como prometí el día de mi
toma de posesión, sin demagogia ni doble rasero, sabiendo que había problemas que preexistían a mi mandato como ministro y otros que persistirán cuando deje de ser ministro, pero, desde luego, son de los que no se resuelven con recetas
burdas ni simples. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el ministro de Justicia del señor Zapatero tiene un currículum excepcional. Es el primer ministro de nuestra democracia que ha lesionado gravemente la separación de poderes y la independencia judicial. Si comenzó alterando las
reglas del juego en el nombramiento de los jueces por parte del Consejo General del Poder Judicial, destituyendo a una de las personas que más había luchado por la libertad, por los derechos humanos y por las cuestiones relacionadas con el
terrorismo, el juez Fungairiño, y nombrando al fiscal general del Estado más sectario de las democracias de la Unión Europea, ha continuado la legislatura criticando a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, enterrando la Ley de
Partidos, permitiendo que se presentase a las elecciones municipales el Partido Comunista de las Tierras Vascas y haciendo desistir a la Abogacía del Estado en algunas de las cuestiones fundamentales del Estado, a la vez que fraccionando el Poder
Judicial con el Estatuto de Cataluña. Está terminando sus funciones como ministro -eso sí- rebajando la solicitud de penas a etarras con más de 25 asesinatos consumados, presionando a los jueces para que incumplan con su mandato constitucional y
enarbolando la bandera de la rendición judicial del Estado. Un gran currículum, señor López Aguilar. Por si fuera poco, ahora duda de que las herriko tabernas son de Batasuna y encarga informes para legalizar a esta formación en las municipales.
Señor ministro, la justicia es una auténtica caricatura de lo que era.
Quizá su afición a las mismas le ha obligado a esa resistencia tan patética, a ser candidato en las elecciones canarias, para utilizar después a la Casa Real como una
excusa para librarse del control parlamentario, por ejemplo, la semana pasada en esta Cámara en un viaje que era de cinco días, o a impulsar privilegios para que su hermano no tenga que declarar ante la Audiencia Nacional por enaltecer el
terrorismo, insultar o humillar a las víctimas (Protestas.) y sean los abogados de la acusación los que tengan que desplazarse a Canarias. (Una señora diputada; ¡Qué barbaridad!). Todo un ejemplo, sin duda, de la igualdad de los ciudadanos ante
la ley. Mientras usted hace campaña y viaja a Dubai o a ver a sus alumnos a Guinea -no nos extraña la enorme convicción democrática de este país en estos momentos-, la justicia está desbordada porque hay más de dos millones de casos que colapsan
los juzgados. Señor López Aguilar, deje de hacerse el muerto viviente, no espere a las Navidades, dimita ya y deje que alguien se ocupe de verdad de los problemas de la justicia en España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, ni siquiera el sentido del humor que exige el género de la caricatura permite escuchar sin profunda tristeza la retahíla, el recital de disparates, de barbaridades, de infundios
(Aplausos.) y de falsedades que acaba de verter en esta Cámara para humillación del Congreso de los Diputados.
Déjeme decirle, en primer lugar, que atiendo todas mis obligaciones como ministro, desde luego el control parlamentario. Si he faltado
en alguna ocasión, será cumpliendo algún otro deber, estrictamente debido a mi condición de ministro. Acaba de hacer referencia a mi trabajo como ministro acompañando a sus majestades en un viaje oficial. Eso es cumplir con mis obligaciones
(Protestas.-La señora Salom Coll pronuncia palabras que no se perciben.) y usted debiera de saberlo. Todo ese conjunto de despropósitos pone de manifiesto hasta qué punto está desnortado el Partido Popular, faltando a la verdad una sesión
parlamentaria tras otra.
Yo estoy trabajando por mejorar el rendimiento de la Administración de Justicia desde el primer día y no me va a apartar de esa función ni la demagogia a raudales que le acabo de escuchar, ni el nerviosismo, ni el mal
estilo del que ha hecho gala. La justicia en este país tiene su independencia garantizada, sin embargo tienen motivos para estar preocupados cuando el Partido Popular practica el doble rasero y ofende a la memoria que tenemos los ciudadanos de este
país de cuál fue su comportamiento en el Gobierno. No le voy a consentir bajo ningún concepto que me ponga en conexión con ningún asunto que tenga que ver estrictamente con el funcionamiento de los tribunales de Justicia que nada tiene que ver con
el trabajo ni con la responsabilidad política que ostento como ministro, ni que ponga en duda tampoco la determinación de este Gobierno en combatir la prioridad número uno de política criminal que hemos tenido durante todos los años de democracia,
que es la política antiterrorista. Ojalá tuvieran ustedes la centésima parte de la lealtad que nosotros derrochamos cuando estuvimos en la oposición. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN FUENTES GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORAR LA TRANSPARENCIA
JUDICIAL? (Número de expediente 180/001596.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Sebastián Fuentes.
El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno, por usted mismo en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso cuando dio a conocer las principales líneas de actuación de su departamento, fue la elaboración
y puesta en marcha de un plan de transparencia judicial, un plan que tiene su fundamento en el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información transparente sobre el Estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los
órganos jurisdiccionales de España, derecho que viene recogido, como usted sabe, en la Carta de Derechos de los Ciudadanos aprobada por este Parlamento en el año 2002. Los ciudadanos, los profesionales que actúan en los juzgados y tribunales, los
propios responsables políticos y administrativos de la Administración de Justicia y, por supuesto, los representantes del Poder Legislativo deben poseer información estadística fiable sobre los procedimientos judiciales y deben tener posibilidad de
acceder a esa información. Es fundamental y prioritario para establecer un sistema que facilite la gestión de la Administración judicial. Todo ello con el objetivo final de dar respuesta a la demanda ciudadana de tutela judicial y de servicio
público de calidad. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, se aprobó el Plan de Transparencia Judicial, que recogía medidas para una justicia transparente y añadía a ese objetivo el de conseguir una justicia comprensible
para el ciudadano, adaptar el lenguaje de la justicia al ciudadano. Por tanto, nos gustaría saber, señor ministro, qué medidas se están adoptando para dar cumplimiento al compromiso de transparencia y poner en marcha el Plan de Transparencia
Judicial que aprobó el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, efectivamente, el Gobierno está comprometido con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, uno de cuyos complementos es la transparencia
judicial, que sirve al objetivo de mejorar el acceso a la información disponible, el funcionamiento y el rendimiento de los tribunales de Justicia, así como permitir elaborar una estadística fiable sobre las cargas de trabajo, sobre el cumplimiento
de los módulos de rendimiento, contribuyendo así a la planificación de la planta judicial. Por eso aprobamos un real decreto que establece la Comisión Nacional de Estadística Judicial, instrumento que aglutina las capacidades del ministerio fiscal,
del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. Para servir a esta tabulación objetivada de la carga de trabajo y de su capacidad de despachar los asuntos
que ingresan en los tribunales de Justicia, se ha establecido un Plan de modernización informática del ministerio fiscal, el primero que va a servir al objetivo de corregir la deficiencia de la estadística criminal en España, que tanto incide en la
planificación de los instrumentos con que combatir el crimen. Hemos establecido igualmente una informatización masiva de los registros civiles, sugiriendo un convenio con el Ministerio de Industria, Registro Civil on line, en el marco del Plan
Avanza, por un importe de 130 millones de euros en tres anualidades.
Vamos a poner en marcha también en este plan de transparencia la simplificación del lenguaje procesal con la colaboración de los funcionarios de la Administración de Justicia y
muy notablemente con el cuerpo de secretarios para lo que hemos nombrado, además de secretarios de Gobierno, secretarios coordinadores en el ámbito provincial. Con la puesta en marcha del instrumento LexNet y del módulo de intercomunicación
genérica entre las oficinas de la Administración de Justicia, así como con el portal del Ministerio de Justicia, un portal web que proporciona información acerca de la actividad de los tribunales, estaremos cumpliendo con esta dimensión tan
sustantiva de la atención que merecen los ciudadanos ante la Administración de Justicia, que es precisamente la de que tengan un conocimiento objetivado y fiable, no sometido a los vaivenes de ninguna manipulación ni a ningún otro interés que no sea
el de servir mejor allí donde hace falta y planificar para atender ese derecho a la tutela judicial efectiva por parte de quienes tengamos responsabilidad en ello. El Ministerio de Justicia hace su trabajo, hace falta que lo hagan también los demás
órganos que tienen responsabilidades en este asunto. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN JUANES BARCIELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR SOBRE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/001597.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carmen Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, todos sabemos, incluso el Partido Popular, que la inmigración no es un fenómeno nuevo, lo que sí es novedoso es la aceleración de los movimientos migratorios. También sabemos que una de las causas de estas migraciones hacia
Europa es la desesperación a la que el sistema económico global ha condenado a un amplio porcentaje de la población mundial,
particularmente al continente africano. Creo que no se debe utilizar una cuestión de Estado como es la inmigración para hacer tremendismo y demagogia y más teniendo en cuenta cuál fue la gestión del Partido Popular durante su mandato.
Teniendo presente que estamos ante un drama humanitario, es necesario que la inmigración quede al margen de batallas electorales. Esta materia se ha convertido en una prioridad para este Gobierno, motivo por el cual se han producido importantes
cambios. Se ha pasado de una política con una visión simple, que mantenía el Partido Popular, a una política integral y trasversal, porque es evidente que la inmigración tiene que ver con el empleo, con la economía, con la seguridad, con la
solidaridad, con los derechos, etcétera, y que tiene como objetivo claro que la llegada de los extranjeros a España se produzca de forma legal y ordenada. Esa política integral requiere la puesta en marcha por parte de todas las administraciones
implicadas de un conjunto de medidas a medio y largo plazo para evitar que salgan de sus países de origen ilegalmente. A pesar del carácter global que tiene esta política de inmigración, desde España no se han dejado de tomar iniciativas. Se
pueden citar ejemplos en los que el Gobierno central trabaja y está trabajando para afrontar este problema migratorio como el incremento del presupuesto en esta materia, las medidas diplomáticas adoptadas, la política de derivación y repatriación de
irregulares. Desde la Administración de Justicia se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales para responder entre otras cosas a este nuevo reto. De ahí el sentido de mi pregunta, ¿qué medidas está adoptando el Gobierno para hacer frente al
impacto de la inmigración irregular sobre la Administración de Justicia? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora diputada, la inmigración es, sin duda, uno de los grandes desafíos del siglo XXI, lo será para todas las sociedades desarrolladas, y, por tanto, para España.
Una de sus dimensiones,
solo una, es la inmigración irregular y afecta también al servicio público de la Justicia; no solo, pero también.
He explicado anteriormente algunas de las medidas que en el campo de lo cualitativo estamos adoptando para mejorar el rendimiento de la Administración de Justicia, pero las estamos adoptando también, como no podía ser de otro modo, en lo
cuantitativo. Estamos invirtiendo en la generación de planta judicial. Habíamos comprometido 1.000 nuevas unidades de jueces y fiscales durante la legislatura y ya van 800, por tanto, vamos a cumplir el cien por cien del mandato en esta
legislatura.
Habíamos dicho que atenderíamos aquellos juzgados que tuviesen una carga especialmente gravosa. Es el caso de los juzgados que atienden en primera línea el desafío de la inmigración irregular, particularmente en Canarias y en
Andalucía. En Canarias hemos adoptado medidas que expresan claramente el compromiso. Para empezar, subviniendo a la situación del partido judicial de Arona, cuyos juzgados números 1, 3 y 7 hemos reforzado con planes específicos invirtiendo 270.000
euros. Además, hemos adoptado un plan muy concreto para dotar a los juzgados de Telde y de Santa María de Guía de sustituciones que les permitan gestionar la carga de la presión de la inmigración irregular y además hemos financiado el nombramiento
de un juez, un secretario judicial, que debe acompañarse de ocho funcionarios de la Administración de Justicia, cuya financiación corresponde a la comunidad autónoma para poder establecer un denominado juzgado bis, es decir, un juzgado de guardia
permanente, de nuevo en Arona que pueda atender las necesidades de Gomera y Hierro. Hemos nombrado dos fiscales sustitutos en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, en las dos capitales, dando así cuenta del esfuerzo que estamos
desplegando para atender en vivo el desafío de la presión de la inmigración irregular sobre la Administración de Justicia.
No es el único plano en el que el Gobierno está multiplicando por diez o por cuarenta las partidas financieras destinadas a
atender este desafío.
Aquí, una vez más, cabe invocar a todos los poderes públicos, a todos, los locales, los cabildos y los gobiernos autonómicos, a que arrimen el hombro y hagan su parte del trato como lo está haciendo el Gobierno de la nación.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ANA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁNDO VA A REMITIR EL GOBIERNO A LA CÁMARA EL PROYECTO DE LEY DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO? (Número de expediente 180/001592.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta, al señor ministro del Interior, de doña Ana Torme. Adelante, por favor.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, señor ministro, comparece hoy aquí por más de lo mismo: cuando no son falsificaciones de informes, son detenciones ilegales, son mentiras o, como en esta ocasión, son promesas incumplidas. Hace más
de un año, el señor Peces-Barba, ese alto comisionado que ustedes nombraron para dividir y manipular a las víctimas, prometió una ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. El señor Zapatero también prometió que esta ley estaría aquí antes
del verano, y además prometió que se consensuaría. A día de hoy, no hay nada. El sábado pasado -usted lo habrá visto-, miles de ciudadanos nos manifestamos pidiendo que el Gobierno no abandonara a las víctimas.
Díganos: ¿Va a escuchar el
Gobierno lo que es un clamor de las víctimas o se han olvidado ya de su promesa de gobernar escuchando a los ciudadanos?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora Torme, por su amabilidad a la que ya me tiene acostumbrado. Sabe usted que el alto comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo creyó oportuno revisar la normativa por la que la Administración atiende en este
momento a las necesidades de las víctimas y, a tal fin, empezó una serie de contactos con asociaciones y con fundaciones, preparó un texto, que en este momento está en estudio en el Ministerio del Interior, que usted sabe que en la reestructuración
que recientemente hice de mi Departamento ha acogido todas las unidades de atención a las víctimas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, adelante, por favor.
La señora TORME PARDO: Sus palabras pueden sonar correctas, el problema es que a estas alturas ya no son creíbles. Usted sabe que su Gobierno, el del señor Rodríguez Zapatero, ha decidido destruir todos los pilares en los que se asentaba
la lucha contra el terrorismo del anterior Gobierno, que consiguió que ETA estuviera contra las cuerdas. No intente, señor Rubalcaba, engañar a los españoles. Por mucho que ustedes manipulen, no somos iguales. (Una señora diputada pronuncia
palabras que no se perciben.) A nosotros nunca nos han molestado las condenas de los jueces a los terroristas. Para nosotros, aplicar la ley es garantía de la libertad y de la paz, no un obstáculo. Para nosotros, ni las Fuerzas de Seguridad ni el
Estado de derecho se pueden poner en tregua. Para nosotros, el fiscal general del Estado está para meter a los terroristas en la cárcel, no para rebajar sus condenas, y para nosotros, las víctimas no sobran, sino que son el centro de cualquier
intento digno de acabar con el terrorismo. Con ustedes lo que ha ocurrido es que hemos pasado, de un Gobierno que despreciaba a los terroristas, a un Gobierno que desprecia a las víctimas, a dirigentes socialistas que las insultan, a diputados de
su grupo que las difaman haciendo gala de una mezquindad que, desde luego, no es propia de un demócrata. Señor Rubalcaba, más que falsas promesas, más que leyes, lo que necesitan las víctimas es respeto.
Le digo más, necesitan un presidente que
busque perseguir a los verdugos y que no los llame hombres de paz; un presidente que prefiera la mesa de los demócratas a la de los terroristas; un presidente que no se rinda y que no utilice los pasillos de esta Cámara para hablar de rendición y
de autodeterminación; necesitan un presidente que no compare tragedias de hace 70 años con el dolor de una niña mutilada por el terrorismo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, primero le contesto al tema de las víctimas y luego le hago un par de reflexiones sobre sus invectivas, tan unitarias, tan de ir juntos de la mano; esto de los puentes, que decía el señor Zaplana. No sé si usted es dinamitera o
directamente utiliza energía nuclear, creo que es más bien de esta segunda clase. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.) Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán.
Tengo aquí las subvenciones que ustedes dieron a las asociaciones
de víctimas del terrorismo en su mandato, y realmente son un récord: En 1997, 570.000 euros; en 1998, cero; en 1999, cero; en 2000, 510.000 euros; en 2001, cero, en 2002, cero; en 2003, 600.000 euros; en 2004, 120.000 euros. Nosotros:
680.000, 870.000 y 1 millón de euros este año.
(La señora Torme Pardo pronuncia palabras que no se perciben.) Por tanto, deje de hablar de las víctimas y preocúpese más de atenderlas, porque durante 8 años las han tenido bastante desatendidas.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-La señora Torme Pardo: ¡Eso es falso!)
Ahora déjeme que le diga un par de cosas más en serio. Respetar las víctimas, entre otras cosas, significa no utilizarlas y no manipularlas contra el Gobierno, como hacen ustedes. (La señora Torme Pardo: ¡Asustarlas!) Eso, señoría, es
lamentable. Le diría más: es miserable.
(La señora Torme Pardo: ¡Aplíqueselo!) Le voy a decir más: ustedes pasarán a la historia por ser el primer partido en la democracia española que ha utilizado el terrorismo contra el Gobierno.
(Protestas.) El primer partido. Ustedes que hablan del Pacto antiterrorista olvidan, señoría, que la esencia del pacto es justamente estar con el Gobierno, como estuvo el Partido Socialista, y lejos de eso, ustedes utilizan sistemáticamente el
terrorismo contra el Gobierno. Es más, no es que hagan oposición con el terrorismo: es que solo saben hacer oposición con el terrorismo.
(Protestas.-Aplausos.) Y eso sí que es lamentable, señoría, eso es miserable: escucharles a ustedes
manifestarse contra el Gobierno y no lanzar un solo grito contra ETA. Eso es lo que les distingue.
(Rumores.-El señor Madero Jarabo hace signos al orador.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Aplausos.) Y por eso,
señoría, efectivamente no somos iguales. En absoluto. No lo querría ser jamás. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON EL EJE FERROVIARIO TRANSEUROPEO DE ALTA VELOCIDAD DEL SUDOESTE EUROPEO (PROYECTO NÚMERO 3). (Número de expediente 172/000230)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo. Tiene la palabra el señor Beloki. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa
la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, quisiera iniciar mi interpelación con un par de aclaraciones y acotaciones. No vengo a interpelarles sobre la Y vasca, lo quiero dejar claro, o cuando menos no vengo a hablar solo de la Y vasca, sobre la que
tampoco me duelen prendas declarar que, tras el acuerdo parlamentario concluido entre mi grupo y el grupo de apoyo al Gobierno, la coordinación marcha; todo es mejorable en la vida, pero marcha y lo hace razonablemente. La presentación el pasado
lunes en Bilbao de una web de información sobre el conjunto de la Y vasca, es decir, tanto sobre el tramo Vitoria-Bilbao, que será construido por ADIF como sobre el otro tramo, Bergara-Irún, que tras el acuerdo presupuestario será construido por las
instituciones vascas, constituye una muestra a mi juicio satisfactoria de que la colaboración marcha. Pero, como le digo, no vengo a interpelarles sobre la Y vasca -no solo, cuando menos-; vengo a interesarme sobre el eje ferroviario a gran
velocidad del sudoeste de Europa, el llamado proyecto prioritario número 3, de los 30 -si no estoy equivocado- que han sido calificados como tales por la Comunidad Europea, y si quiere, con especial atención, dentro de este eje prioritario, vengo a
interesarme por el ramal atlántico del mismo, el que se refiere a Tours-Dax-Vitoria-Madrid y de forma más indirecta por el ramal mediterráneo. Esta es una primera acotación.
La segunda, y en gran parte derivada de lo que acabo de indicar, es que vengo a hacerlo desde un espíritu de colaboración y para lograr lo que a mi juicio deben ser dos objetivos claros y definitivos en este tema. Por un lado, el objetivo
de que tenemos que hacer, en lo que corresponde a este Estado, como parte del eje ferroviario a gran velocidad del sudoeste de Europa, una red europea de transportes; o una parte de esa red europea de transportes que, como sabe usted, es por la que
ha apostado Europa y para la que ha establecido que debiera estar constituida, en el horizonte 2020, en lo que a ferrocarriles se refiere, por 94.000 kilómetros de vías férreas, entre ellas 20.000 líneas de alta velocidad. Este es un gran objetivo:
no solo hacer lo que a cada cual en su terruño más o menos le importa, sino hacer el gran eje transeuropeo, y hacerlo de la única forma en que las cosas se deben hacer: como una estructura eficiente, una estructura que va a ser verdaderamente
competitiva, que puede competir con las otras modalidades de transporte, bien sean viarias o aéreas, tanto a la hora del transporte de mercancías como de pasajeros. Pues bien en este espíritu y refiriéndome a este eje, ¿qué preocupa a mi grupo?
¿Por qué le interpelo? Básicamente por una cosa. Constatamos todos los días que mucha gente -y gente significada- sigue preguntándose algo que sin embargo entendemos que debiera estar ya claro, meridianamente claro para todo el mundo, y es lo
siguiente: que esta infraestructura ferroviaria se va a construir -se está construyendo- a lo largo de toda su extensión de forma tal, en condiciones técnicas tales que va a permitir la conexión ferroviaria para personas y mercancías entre la
península Ibérica (Portugal y España) y el resto de Europa en alta velocidad, sin que se produzca en ningún momento de este eje una ruptura de carga. Es decir, lo que nos preocupa es que todo el mundo debiera tener claro que se trata de una
infraestructura que va a ser realmente en alta velocidad, además de en ancho UIC, que es el ancho en Europa, y de uso indistinto tanto para transporte de mercancías como para viajeros.
Esto nos parece que debiera estar claro, porque de no estarlo,
y en su caso de no ser así, estaríamos, a nuestro juicio, condicionando gravemente el futuro de esta infraestructura, y estaríamos cuestionándola de hecho en gran medida.
La historia pasada nos ha dado sobradas lecciones de lo que supone una ruptura de carga a algunos a los que vivimos de Irún para aquí, y es que sencillamente no se puede desarrollar el transporte por ferrocarriles con una ruptura de carga a
mitad de camino. Eso se nos ha demostrado y no es necesario que yo insista porque estoy seguro, señora ministra, de que usted es plenamente consciente de ello. De ahí, señora ministra, mi primera pregunta concreta: ¿Está claro para este Gobierno,
para su ministerio, para ADIF, que el tramo español de todo este proyecto, desde Irún hasta Madrid, pasando por Vitoria y Valladolid, se va a construir en ancho UIC, de forma que permita el transporte de mercancías y de personas en alta velocidad
sin ruptura de carga en ningún punto intermedio de este eje? ¿Eso está claro? ¿Ese es el proyecto que defiende y ordena este Gobierno ejecutar a ADIF o a quien corresponda? Y le pregunto muy específicamente sobre el tramo Vitoria-Valladolid, pero
es evidente que esta definición no es suficiente cuando -como yo he dicho desde un arranque- me intereso por el eje ferroviario a gran velocidad del suroeste de Europa, del conjunto del proyecto número 3, en su ramal atlántico. Si ocurriera por un
casual que esta definición y esta ejecución -claras por parte española- del proyecto no fueran correspondidas en términos idénticos por la parte francesa, estaríamos ante un proyecto que no solo no correspondería a las definiciones europeas a las
que vengo aludiendo, y que harían que nunca se lograra ese objetivo de arranque de la red de ferrocarril transeuropea, sino que también podría verse gravemente condicionada su propia viabilidad futura y, desde luego, lo vería en los marcos
temporales para los que se definió y de los que todos podríamos ya lamentar que andamos tarde.
Esto tampoco está claro al parecer. Tampoco está claro que la parte francesa vaya a hacerlo exactamente en los mismos términos en los que inicialmente se definió en Europa. De ahí, señora ministra, mi segunda pregunta o mi pregunta
complementaria a la primera: ¿Entiende usted que, dados los términos en los que ahora mismo se plantea este tema más allá de Irún, está garantizado que estemos construyendo realmente un eje ferroviario transeuropeo, en los términos definidos y
reclamados por la Comisión Europea? ¿Ve usted riesgos al respecto? ¿Tiene usted información clara y fiable? ¿Está tranquila con la información que posee tras sus contactos con las autoridades francesas? ¿Existe una coordinación y un trabajo
comunes suficientes al respecto?
Permítame también, en relación con esta última pregunta, hacerle una segunda pregunta instrumental. Si no tengo mal entendido, hoy es el día en que todavía no se ha firmado entre su ministerio y el ministerio correspondiente francés, o
entre los dos Gobiernos, ningún tratado internacional en orden a la realización del tramo transfronterizo del ramal atlántico, mientras que sí está firmado sobre el ramal mediterráneo. Si no tengo mal entendido, el 10 de octubre de 1995 se firmó
tal tratado para definir el tramo propiamente fronterizo o transfronterizo del ramal mediterráneo. ¿Entendería usted necesario disponer de un tratado internacional análogo al que está firmado respecto al ramal mediterráneo, y que incluso existe
cierta urgencia en que dispongamos de un tratado al respecto? ¿Por qué le hablo de urgencia? Porque usted sabe que en concreto existe hoy en día un debate sobre el tramo Burdeos-frontera francesa o frontera española, como se quiera decir, y ese
debate se va a concluir más o menos a finales de este año.
En ese debate existen distintas opciones que figuran como posibles y que podrían ser desarrolladas, una u otra, por parte del Gobierno francés, pero no cualquier opción es exactamente igual
de válida a nuestro entender. En cualquier caso, yo lo que le pregunto, señora ministra, es si usted, con los conocimientos que seguro posee -muchos más que los que posee mi grupo- sobre las intenciones reales de los ministerios correspondientes
franceses, está tranquila en orden a esos dos objetivos que nos parecen absolutamente irrenunciables, y que para terminar esta primera parte de mi intervención repito: en primer lugar, que vayamos a construir el eje ferroviario de alta velocidad
del sudoeste de Europa en los términos en los que Europa definió la red europea de transportes, en esos mismos términos; y, en segundo lugar -porque estos términos son también garantía-, que construyamos esa infraestructura de forma eficiente,
realmente competitiva, de manera que pueda competir, tanto en mercancías como en pasajeros, con otras modalidades de transporte que hoy son las que priman, y que en unos casos son las viarias, y en otros las aéreas. Estas son las preguntas y las
preocupaciones de mi grupo. Quedo a la espera de su respuesta y, en su caso, si fuera necesario, le precisaré más en detalle en la segunda parte de mi intervención por qué vengo hoy con esta interpelación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Beloki
Señorías, pasamos a la contestación de la señora ministra de Fomento a esta interpelación del señor Beloki.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le agradezco la oportunidad que me ofrece con esta interpelación de informar a S.S. y al resto de los ciudadanos sobre el ramal atlántico del proyecto prioritario número 3, eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste de Europa,
que une Madrid con Tours, como usted ha planteado, a través de Valladolid, Burgos, Vitoria, Dax y Burdeos, entre otras poblaciones. Espero aclararle con mi intervención todas las cuestiones e incertidumbres que usted me ha planteado, especialmente
las relativas a las características del eje. Otro aspecto que también quiero destacar son los importantes avances que hemos alcanzado en su ejecución, y la enorme potencialidad que tiene este eje estructurante, imprescindible para garantizar la
continuidad de la red ferroviaria transeuropea en la península Ibérica.
Ha tocado usted un tema, señoría, que le agradezco. Yo no pensaba plantearlo, porque no creía que fuese necesario, pero usted lo ha puesto como un ejemplo de colaboración y, francamente, a mí me sorprendió enterarme, como me enteré, de su
puesta en marcha, llevando a una página web realizada por el Gobierno vasco -tengo entendido- todo lo relativo a la Y vasca ya que, en definitiva, es un proyecto en el que tiene su responsabilidad y su competencia el Gobierno español, que en un
convenio hemos acordado distribuirnos las funciones, y que podríamos estar dando, a través de una sola de las partes, una información incompleta o una información diferente de la realidad, puesto que -insisto, porque me parece importante- el
proyecto de conexión por el que usted me pregunta va a ser prácticamente financiado de forma íntegra por los Presupuestos Generales del Estado, y solo en algunos aspectos, como es la Oficina de expropiación o la redacción de los proyectos, va a ser
financiado por el Gobierno vasco. Desde mi punto de vista, teníamos que haber afinado un poquito más y haber hecho un esfuerzo para que este fuese un proyecto conjunto de ambos gobiernos, en lugar de ser presentado por solo uno de los que hemos
firmado ese convenio, del que todos estamos orgullos y del que estoy segura que van a salir magníficos frutos, puesto que es un proyecto complicado, que va a tener contestación por parte de algunos, como hemos tenido ocasión de ver ya en los medios
de comunicación, y en el que, por tanto, la colaboración y la coordinación es todavía más necesaria.
Usted ha planteado otra cuestión, señoría, en la que en cierto modo, a pesar de que no la ha planteado de esa forma -y por eso voy a simplificarla- puede tener razón, y es la siguiente: ¿Está más avanzada la conexión mediterránea que la
atlántica? En cierto modo, sí; concretamente la parte del tramo internacional, pero vamos
a seguir los mismos pasos en una que en otra. Le puedo garantizar, antes de entrar ya en la información detallada que le voy a dar de cada uno de los aspectos que usted ha planteado, que sí he constatado, por parte del Gobierno francés y
por supuesto por nuestra parte, la voluntad de impulsar esa conexión tan importante para los dos países, y sé que los dos gobiernos están tratando de solucionar todos los conflictos que se vayan planteando, además de buscar una solución consensuada.
Es verdad que Francia tiene que resolver cuestiones internas y también es cierto, señoría, que nosotros a lo mejor las tendremos que resolver, o no, según se vayan planteando. Ahora tendremos ocasión de ver en qué fase se encuentran en Francia, de
acuerdo con las informaciones que me ha ido dando el ministro y de las reuniones multilaterales o bilaterales que tenemos en el grupo de trabajo que está constituido.
Empiezo a hablarle de las características del eje, señoría, y me va a permitir que lo fraccione, porque es prácticamente imposible explicárselo de otra manera. Primero me voy a referir al sector español, después a la parte internacional, es
decir, Vitoria-Dax, y por último y mucho más someramente a la parte francesa. En cuanto a la parte española, la red va a ser de altas prestaciones -ahora veremos qué se entiende por altas prestaciones- y en el PEIT se establecen dos corredores:
Madrid-Valladolid por Segovia y Madrid-Valladolid por Ávila, que continuarán por Valladolid-Burgos-Vitoria-Bilbao-Dax y después por Vitoria-Guipúzcoa-Dax, es decir, se harán nuevamente las conexiones. ¿Por qué le digo que la red va a ser de altas
prestaciones? Porque va a ser de alta velocidad, de acuerdo con la definición europea, de ancho UIC, doble vía y electrificada. Y su duda es qué tipo de tráfico va a recoger. El corredor Madrid-Segovia-Valladolid es de tráfico exclusivo de
viajeros, mientras que Madrid-Ávila-Valladolid es de altas prestaciones y de tráfico mixto, es decir, de alta velocidad, pero va a permitir el tráfico de viajeros y de mercancías. En el sector francés, según la información que nos proporciona
puntualmente el Ministerio de Transportes francés, todo va encaminado en el mismo sentido, es decir, conseguir infraestructuras ferroviarias interoperables de gran calidad, en particular líneas de alta velocidad que permitan aumentar la capacidad
del transporte de viajeros y de mercancías.
¿Cuál es la situación actual? Dividiré mi exposición en los tres sectores que lo componen, en función de la administración responsable: española, internacional y francesa; la parte internacional es responsabilidad conjunta. En España, en
lo que se refiere a las actuaciones, debo destacar que hemos recuperado el clima de diálogo y cooperación con las diferentes instituciones afectadas; hemos aplicado una planificación rigurosa, y hemos agilizado al máximo la tramitación de los
proyectos y la ejecución de las obras. Analizaré primero el corredor Madrid-Segovia-Valladolid, y después realizaré el análisis Valladolid-Burgos, Burgos-Vitoria, pero también podríamos analizar el Madrid-Ávila-Valladolid; ya le he dicho las
características de uno y de otro. En primer lugar, respecto al que pasa por Segovia, la situación heredada en abril de 2004 era la siguiente. Las obras estaban ejecutadas al 31 por ciento; en tres tramos no se habían iniciado las obras, en
Madrid, el Chamartín-Fuencarral, el Valdestillas-río Duero y el acceso a Valladolid, que además estaba bloqueado por falta de acuerdo institucional. En los trayectos Madrid-Segovia y Valdestillas-Valladolid ni siquiera se habían iniciado los
trabajos de las instalaciones; por otra parte, existían deficiencias técnicas en el túnel de San Pedro y en la estación de Segovia; y si analizamos el otro corredor, el Madrid-Ávila-Valladolid, ni siquiera estaba incluido en las previsiones del
Gobierno anterior. Respecto al corredor Valladolid-Vitoria, el tramo Valladolid-Burgos ni siquiera tenía estudio informativo y en el Burgos-Vitoria no se habían iniciado los proyectos constructivos. La parte de nueva ejecución de esta
infraestructura será de tráfico exclusivo de viajeros, y la parte que vamos a adaptar de la actualmente operativa será para el tráfico de mercancías. Por último, a través del País Vasco sólo se va a hacer un corredor, una sola línea de tráfico
mixto. Tampoco tenía los proyectos y, es más, ni siquiera se habían iniciado cuando llegamos al Gobierno. Como usted sabe, no solamente había un desacuerdo institucional, sino un conflicto de competencias en el Constitucional y, por lo tanto,
había una situación de difícil resolución, que ya hemos resuelto.
¿Qué hemos hecho desde que hemos llegado al Gobierno? Volvamos a analizar los tramos. En el Madrid-Valladolid, en su paso por Segovia, hemos más que duplicado la inversión ejecutada; estamos al 76 por ciento. Hemos triplicado el ritmo de
ejecución, pasando del 6,2 al 15,4 por ciento, y hemos resuelto las diferentes situaciones de conflicto existentes, así como iniciado las obras en todos los tramos que estaban pendientes. Hemos dado las soluciones técnicas a los túneles de San
Pedro -que, por cierto, ha sido bastante complejo- y ya hemos perforado el 82 por ciento de la longitud del túnel. Hemos redactado un nuevo proyecto para la estación de Segovia, que corrige las carencias del anterior, y hemos iniciado las obras en
mayo de 2005, así como licitado sus instalaciones y equipamientos. Hemos iniciado los trabajos de catenaria, señalización, seguridad y comunicaciones en todos los tramos pendientes, es decir, en el Madrid-Segovia y en el Valdestillas-Valladolid, y
todo ello, señorías, para llegar a Valladolid en 2007. El Madrid-Ávila-Valladolid no estaba ni siquiera contemplado por el anterior Gobierno; estamos en fase de estudio para definir cuáles van a ser las características y cómo se va a llevar a cabo
la actuación, pero ya le adelanto que será de alta prestación y de tráfico mixto. En cuanto al Valladolid-Vitoria, señorías, hemos obtenido la DIA, hemos aprobado definitivamente el estudio informativo del tramo Valladolid-Burgos, concretamente en
septiembre de 2006, y esto nos permite ya iniciar la redacción del proyecto de todo el tramo Valladolid-Vitoria, que lo tenemos que hacer de forma simultánea.
En los Presupuestos Generales del Estado hemos incluido 26 millones para los proyectos de este tramo.
Llegamos a la parte denominada Y vasca. Hemos desbloqueado el conflicto institucional creado por el Gobierno anterior con el Gobierno vasco, haciendo posible la participación del País Vasco en esta obra de interés general que compete a la
Administración General del Estado. Me va a permitir que enuncie los aspectos más importantes del convenio, aunque sé que usted los conoce, pero quiero que los demás diputados y los ciudadanos que estén atendiendo a esta intervención profundicen en
el tema. El Ministerio de Fomento a través de ADIF se encargará de la plataforma del ramal Vitoria-Mondragón-Bilbao y del nudo ferroviario Mondragón-Elorrio-Bergara; se encargará de la integración del ferrocarril en Vitoria y Bilbao; se encargará
del montaje de vías, instalaciones y electrificación de toda la Y vasca; se encargará de la aplicación y abono de las expropiaciones de toda la Y vasca, y asumirá el coste de todas las obras de actuación, por valor de 4.178 millones de euros. El
Gobierno vasco se encargará de la plataforma del ramal Mondragón-San Sebastián, de la integración del ferrocarril en San Sebastián, y colaborará en la gestión del proceso de expropiaciones de toda la Y vasca, creando una oficina de expropiaciones, y
los costes que asumirá serán los correspondientes a la redacción de los proyectos constructivos, a la dirección de la obra del ramal Mondragón-San Sebastián, y a la apertura de una oficina de expropiaciones; además, inicialmente financiará las
obras que tiene encomendadas en ese ramal del que estamos hablando.
Señorías, para el ramal del que vamos a ejecutar las obras, el Vitoria-Bilbao, de los 17 tramos ya hemos finalizado ocho proyectos, están en avanzada redacción cinco, hemos
iniciado las obras de uno, hemos licitado las obras de cuatro, vamos a licitar en 2006 las obras de dos tramos más, y vamos a licitar cinco tramos más en 2007, y en cuanto al Mondragón-Irún ya hemos enviado al Gobierno vasco los proyectos básicos,
tal y como nos habíamos comprometido.
En relación a la conexión transfronteriza, en marzo de 2005 ya constituimos la agrupación europea de interés económico Europa-Sur Atlántico; el 17 de octubre ya sentamos definitivamente las bases para desarrollar el proyecto al incluir el
Vitoria-Dax en el programa de trabajo que elaboramos sobre las conexiones a través de los Pirineos, y en mayo de 2006 la agrupación europea de interés económico ha aprobado el programa de estudios. Ya se han iniciado los dos primeros y se ha
solicitado a Europa la financiación correspondiente. Por último, el 16 de noviembre en Girona constatamos los avances de esta línea y los ministros de Transportes de ambos países hemos suscrito durante la cumbre una declaración de intenciones según
la cual, a la conclusión del debate público del tramo francés, vamos a crear una comisión intergubernamental en el marco del acuerdo hispano-francés para encargar, supervisar, desarrollar e impulsar los estudios de esta comisión.
Señoría, me pedía usted un compromiso y lo tiene nuevamente. Ya sabe que estamos trabajando con un impulso que creo que se ha puesto de manifiesto en los datos, pero le confirmo desde esta tribuna que vamos a seguir haciéndolo para que esa
conexión sea una realidad a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
Pasamos, tras la contestación de esta interpelación, al turno de réplica, para el que tiene la palabra de nuevo el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, yo he querido empezar subrayando la colaboración. He dicho que es mejorable -no lo he dicho solo por usted, también lo he dicho por mí-, pero me hubiera gustado que usted hubiera subrayado más las partes
colaboradoras que ya existen y de las que también es, por cierto, un fruto que el pasado lunes el delegado del Gobierno español en Euskadi y altos cargos de su ministerio estuvieran en la presentación de esa web, que es de todos. En cualquier caso,
es un debate que no tiene mucho interés hoy plantear, porque de eso se podría hablar largo y tendido.
¿Por qué he presentado esta interpelación? Porque en la segunda semana de octubre, cuando una delegación del Grupo de Amistad de este Congreso se desplazó a París, tuvimos una reunión en el ministerio correspondiente y hablamos de este
proyecto algunos salimos desazonados, salimos incómodos.
¿Por qué más la he presentado? Porque la lectura sosegada del documento del que tuvimos conocimiento en esa reunión, al menos este diputado, elaborado por la Red de Ferrocarriles de Francia
como documento para el debate público sobre el proyecto ferroviario Burdeos-España, no terminó de tranquilizarme en absoluto. Me ha desazonado que haya muchas personas que se han acercado a mí y a otros preguntando sobre lo que finalmente va a ser
este eje, pero me ha desazonado sobre todo el informe elaborado por el coordinador europeo del proyecto prioritario número 3, del que estamos hablando, monsieur Etienne Davignon, en julio de 2006. ¿Qué dice? En primer lugar, habla de la
importancia del eje: El eje ferroviario a gran velocidad del sudoeste europeo representa un elemento fundamental para asegurar la continuidad de la red ferroviaria transeuropea. Eso dice. En segundo lugar, valora positivamente el PEIT, pero dice
que a determinados aspectos positivos que figuran en el PEIT se les contrapone la ausencia de certezas en lo que concierne al ancho UIC de la sección Vitoria-Valladolid. No lo digo yo, lo dice monsieur Davignon en el informe que ha elaborado en
julio de 2006. Hoy me ha parecido que esa no certeza tiene que desaparecer y, lamentablemente, si la he entendido bien, y esta es mi pregunta, señora ministra, en los proyectos que tiene su ministerio ¿va a haber ruptura de
carga para las mercancías que vienen desde Irún hasta Madrid en Vitoria? Y para las mercancías que suben de abajo ¿va a haber ruptura de carga en Valladolid? Esa es la pregunta concreta que le hago.
El propio monsieur Davignon, refiriéndose al debate que en estos momentos se desarrolla en Aquitania, dice: En el debate francés, la opción nueva línea que figura en la decisión sobre las orientaciones de la red de transportes europea,
según la decisión número 884/2004, de la Comunidad Europea, aparece como la más apropiada para afrontar en el horizonte del año 2020 el desarrollo de las relaciones España-Francia-resto de Europa vía la fachada atlántica. Y concluye: La AEIE,
constituida el 26 de julio de 2005, es una realidad, pero no existe comisión intergubernamental para esta sección, contrariamente a lo que ocurre en el tramo Perpiñán-Figueras, no existe todavía tratado entre los dos Estados en orden a la
realización de esta sección transfronteriza. Y dice: La firma de un tratado internacional aparece así como un objetivo a corto o medio plazo que debe contribuir a oficializar los compromisos de los dos Estados miembros para realizar la totalidad
de esta sección de aquí al año 2020 como más tarde.
En resumen, es una claridad que es demandada por muchos agentes, yo creo que en el País Vasco y fuera de él, y, en segundo lugar, es demandada por la propia Comisión Europea. Les demanda a los dos gobiernos que digan con claridad si este
eje europeo, el proyecto número 3, va a tener o no ruptura de carga y en qué puntos. Y si yo la he entendido bien -vuelvo a hacerle la pregunta y me gustaría que usted en su caso me repitiera la respuesta si es que es esa-, las mercancías van a
tener ruptura de carga en Vitoria y en Valladolid en el ancho UIC. ¿Es esto verdad, señora ministra? Con esta pregunta termino mi interpelación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Muchísimas gracias.
Finalizamos, señorías, con la respuesta, dúplica en este caso, de la señora ministra de Fomento al diputado señor Beloki.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señoría, vamos a ver si aclaramos todas las cuestiones. Creía que habían quedado suficientemente claras. Le voy a volver a decir cómo van a ser las características de la línea. Estoy de acuerdo con usted en que no hay que seguir
profundizando en lo relativo a la página web, pero yo entiendo, y se lo digo con toda franqueza, que si alguien está haciendo algo, para poner en la página web lo que está haciendo se puede contar con ese alguien. Fui yo la que autoricé que altos
cargos del ministerio fuesen a la presentación de lo que estábamos haciendo nosotros en el País Vasco, presentado por el Gobierno vasco. Fui yo la que lo autoricé en ese ánimo de colaboración, pero como usted ha sacado el tema, quiero decirle que
ahí hay una lista importante y que me extraña muchísimo, porque es como si yo, ministra de Fomento, presentara un proyecto de infraestructuras del Gobierno vasco en el País Vasco. Señoría, es verdad que hemos conseguido un convenio, que estamos
trabajando bien, que la relación es magnífica y que no hay ningún problema, pero no me parece demasiado presentable que se haga una página web con lo que estamos haciendo nosotros sin contar con nosotros. Esto tiene la importancia que tiene, pero
ahí está. Por tanto, ya que ha salido este tema, le pediría, y le lanzo a usted la propuesta, que hable con su grupo para que, por lo menos, sea un proyecto conjunto de ambos gobiernos para no desinformar a los ciudadanos y se vayan a creer que el
Gobierno vasco está haciendo el Vitoria-Bilbao, cuando lo estamos haciendo nosotros. Lo digo también incluso para que cuando nos equivoquemos cada uno asuma sus propios errores.
Vamos a ver con claridad, señoría, cuáles son las características, y se lo he dicho antes, de las altas prestaciones. Sector español, conexión Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa. Altas prestaciones, que significan alta velocidad
según la definición europea, que significa ancho UIC, que significa doble vía y significa tráficos distintos, con distintas características según tres tramos distintos. Uno es Madrid-Valladolid; otro es Valladolid-Vitoria y otro Vitoria-frontera
francesa. Madrid-Valladolid: la conexión por Segovia, exclusiva de viajeros; la conexión por Ávila, tráfico mixto. Luego va a haber dos conexiones, no una: una de viajeros, otra de tráfico mixto; es decir, dos corredores de altas prestaciones:
una de viajeros y otra de tráfico mixto, que significa -ya sé que usted lo sabe, pero hay muchas personas que pueden no saberlo- que pueden pasar mercancías y viajeros.
Valladolid-Vitoria: un corredor, no dos corredores como el otro, un corredor
porque es el mismo trayecto, el mismo camino, un corredor mixto de altas prestaciones y con la tipología definida de una línea especializada para viajeros y una línea especializada para mercancías. En el mismo corredor van viajeros y mercancías.
Cuando llegan a Valladolid llegan viajeros por Segovia y las mercancías por Ávila. Estamos en el trayecto Valladolid-Vitoria, que queda claro que es un corredor mixto de altas prestaciones. Vitoria-Irún: un corredor mixto con una línea mixta.
El
anterior es un corredor mixto con dos líneas especializadas, una de pasajeros, otra de mercancías. Cuando llegamos a Vitoria, que es de nueva creación todo, es un corredor mixto con una línea mixta, es decir que por la misma línea pasan pasajeros y
mercancías. Si me pregunta cómo van a llegar las mercancías, desde Madrid-Ávila-Vitoria-Irún, los pasajeros podrán optar por vía Segovia, vía Ávila y, después, el mismo camino hasta Irún. Por lo tanto, señoría, más alternativas no se le puede dar
a esa conexión. Lo que sí es verdad es que la cronología tiene que estar adaptada a la situación actual, porque tenemos dos anchos distintos en España. Tenemos unos cuantos más, por lo menos cuatro, pero de los que estamos
hablando es de dos, uno el ancho ibérico y otro el ancho UIC. Por lo tanto, tendremos que ir adaptando las vías para que las conexiones sigan operativas, porque mientras vamos haciendo el tráfico de viajeros, siguen operando para viajeros
las líneas anteriores a las convencionales, que después vamos a adaptar al ancho UIC. Es una obra de gran complejidad, es una obra muy ambiciosa, es una obra que va a transformar nuestras conexiones, pero es una obra que tiene que hacerse con la
capacidad para operar de la infraestructura ferroviaria hasta que se tenga una alternativa, por lo menos una de alta prestación, y después iremos transformando las demás. Creo que ha sido una decisión planificada, que es la mejor decisión, que no
tenemos que acudir a lo que diga el coordinador de la línea, el señor Etienne, para saber que se le está dando un gran impulso. Simplemente con atender lo que dice la responsable, que soy yo, sobre lo que se está haciendo, es suficiente para que se
vaya tranquilo, señoría. La línea que conecta a todo el país a través de los Pirineos por el Atlántico, porque no solo es una conexión vasca sino de todo el país, es necesaria para todas nuestras comunicaciones, es una línea muy importante, una
línea de una funcionalidad tal que supone que dediquemos todos nuestros esfuerzos a que sea la mejor y la mejor posibilidad por la que podamos optar de aquí en mucho tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.
Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL, EN CONCRETO EL GALLEGO. (Número de expediente 172/000233.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el siguiente punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, de doña Olaia Fernández Davila, sobre la situación del sector pesquero
español, en concreto el gallego. Para formular la interpelación es la propia señora Fernández Davila quien desde este momento tendrá la palabra. (Rumores.)
Señorías, si no les importa, por favor, bajar la voz... Lo intentamos, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, presentamos esta interpelación en un momento en el que, desde nuestro punto de vista y a la luz de una serie de datos objetivables, el sector pesquero no atraviesa precisamente por su mejor momento, cuando menos por un buen
momento, dado que malos tiempos para el sector ha habido muchos. Las decisiones, acuerdos y desacuerdos de la Unión Europea y otros organismos internacionales con relación a las restricciones y rebajas en la cuotas de pesca para especies de aguas
profundas es un asunto que nos preocupa por diferentes razones. Una de ellas guarda relación con la consideración de los armadores que sostienen que la CEE disfraza las reducciones de cuota para que no se muestren desorbitadas o excesivas. Sabemos
que desde el Gobierno se anunció que se intentarían suavizar los recortes de estas cuotas en la reunión del día 20 de noviembre. Señora ministra, nos gustaría que nos informara sobre este aspecto. También quisiéramos conocer la opinión del
ministerio sobre la denuncia que realizan los armadores. Quisiéramos saber si es cierto que la gestión que hace la CEE de las especies de aguas profundas está basada en indicios o suposiciones, tal y como denuncian responsables del sector
empresarial de la pesca. De igual modo se denuncia que se modificaron las pautas de cálculo comparativo que se venían aplicando en el marco de la política común de pesca en esta ocasión para, como decía anteriormente -y vuelvo a repetir
declaraciones y opiniones que sostiene el sector de armadores-, disfrazar las reducciones de pesca que se hacen.
Somos conscientes de que ninguna de estas cuestiones le suenan a novedosas porque sabemos que los armadores dieron traslado de estos
problemas a su departamento, pero nos gustaría saber si esto es así y si desde el Gobierno se han adoptado medidas al respecto.
Otro elemento de nuestra preocupación son las reducciones acordadas por NAFO para la pesca del fletán negro. Es verdad que en esta ocasión científicos de organismos de investigación del Estado español contrastaron con NAFO los stocks de los
caladeros de Canadá, pero mientras los especialistas aseguran que hay bajo reclutamiento del fletán, el sector dice percibir una buena respuesta y una buena tendencia en la unidad de esfuerzo. No vamos a entrar a discutir las controversias
científicas -no es nuestro objetivo en la interpelación de hoy-, pero sí queremos plantear en relación con este tema que la flota de NAFO está al límite, que de los 32 barcos que operaban en 2003 se pasó a 21 y las cuotas del fletán de 20.000 a
16.000 toneladas. De ahí que queramos saber si han previsto alguna alternativa en el caso de que más embarcaciones tengan que abandonar el caladero y si el Gobierno ha previsto la necesidad de que efectivamente tengan que producirse estos
abandonos.
Otro de los asuntos que debemos abordar hoy es el referente al recorte de las ayudas provenientes del Fondo Europeo de la Pesca, acordado por la UE para los próximos siete años, otro motivo de preocupación y de interés para el BNG.
Desconocemos si hay razones para la alarma, pero la información de la que disponemos nos asegura que la pesca gallega perderá 260 millones de euros de fondos europeos destinados a la pesca. Según se nos informa en respuesta a una pregunta de esta
diputada, España seguirá siendo el primer perceptor de fondos europeos ya que le corresponden 1.100 millones de euros, de los que 840 serán para regiones de Objetivo de convergencia. Además de preocuparnos los criterios
que va a utilizar el Gobierno de España para la distribución de los 840 millones de euros, nos preocupa que la Unión Europea mantenga la misma partida financiera para la distribución de estos fondos cuando es necesario repartirla con más
Estados, porque, evidentemente, esto significa una reducción de las ayudas en un momento en que, como tratamos de dejar claro en esta intervención, siguen existiendo necesidades de apoyo al sector por los distintos recortes a los que está sometido.
Por lo tanto, señora ministra, nuestra pregunta sería si considera el Gobierno que ya no son necesarios, por ejemplo, más desguaces o cómo se prevé esta cuestión en el nuevo reparto de los fondos. Incluso, en relación con las sociedades mixtas, a
las que para sobrevivir y poder continuar en la actividad extractiva van a tener que recurrir muchas empresas armadoras, ¿en qué condiciones está esta cuestión en la asignación de ayudas de la UE? ¿No se valora como oportuno y necesario recurrir a
estas sociedades mixtas para, como decimos, continuar la actividad?
Los acuerdos de pesca entre la UE y terceros países, que también pongo encima de la mesa -y lo hacemos por lo que vamos viendo-, no se puede decir que cuenten con grandes titulares. No hay muchas novedades en este terreno salvando las
previsibles como la renovación del convenio firmado con Mauritania, pero, según parece, poco ha avanzado la Unión Europea para alcanzar acuerdos pesqueros con otros países especialmente del área africana. Nos remitimos de nuevo, señora ministra, a
respuestas de su departamento a preguntas de esta diputada, a no ser, señora ministra, que tengan ya algo al respecto, que después comentaré, concretamente relacionado con Estados de la zona marítima africana.
Nos gustaría detenernos brevemente en lo concerniente al acuerdo de pesca con Mauritania. Es un acuerdo que, por supuesto, valoramos como positivo, pero no vamos a obviar que ha supuesto una reducción en el número de embarcaciones a faenar
en esas aguas, siete buques menos, que se suman a la continúa reducción de embarcaciones en distintos caladeros, a lo que hay que unir en este caso las quejas del sector cefalopodero por las condiciones técnicas que el convenio les impone, motivo
por el que en estos momentos solo 33 de las 43 embarcaciones que podrían optar a licencia en la actualidad para faenar en aguas mauritanas lo están haciendo. Las descargas o los tiempos de marea de 60 días impuestas por el Estado mauritano es otro
de los elementos negativos para el sector, a lo que se añaden las discrepancias en torno a las cuestiones de tallas de determinadas especies. Sabemos que hace unos días el ministerio convocó a los armadores a una reunión de la comisión mixta,
órgano que el Gobierno se comprometió a crear para buscar soluciones a todos estos asuntos.
Tenemos conocimiento, y es por lo que planteamos esta cuestión en el día de hoy, de que en el orden del día de esta reunión no consta ninguno de los puntos
a los que hemos aludido. Sería importante conocer, por lo tanto, si desde el Gobierno se prevén medidas para resolver estos temas que, como acabamos de describir, tienen una gran repercusión en el sector.
Por lo demás, agradeceríamos que la señora ministra nos informase del estado actual de los convenios o de las negociaciones con otros países como anteriormente le comentamos. Por ejemplo, ¿sigue pendiente la rúbrica de los acuerdos con
Tanzania o se avanzó en la negociación? ¿Hay alguna previsión de avanzar en las negociaciones con Guinea Ecuatorial o con Senegal? A todo lo que acabamos de exponer hay que añadir los planes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
cambiar el año próximo el modo de distribución de las cuotas de pesca para faenar en el Gran Sol pasando al reparto individual por barco. En este último punto bien es verdad que el sector no se pone de acuerdo, es decir que unos comparten el
criterio de la distribución individual, mientras que otros consideran que lo más adecuado sería continuar con la distribución global que se viene haciendo en la actualidad. Nosotros no vamos a ser quienes vayamos a decidir por el sector, pero nos
gustaría saber las razones de su departamento para considerar esta modificación y si este cambio va a mejorar los trabajos extractivos de la flota o no. No entendemos la información que se está transmitiendo de que cada embarcación faenaría
libremente y en función de sus propios intereses hasta que se agote la cuota asignada para cada especie al país. Decimos que no lo entendemos sin ningún ánimo extraño; simplemente, señora ministra, es lo que se está transmitiendo por una parte del
sector y por los titulares de los medios de comunicación y nos gustaría saber qué hay de cierto en este último tema que acabamos de comentar.
Tendríamos algunas otras cuestiones, pero pensamos que para una interpelación son ya varios los puntos que tratamos, además de que son diversos. Por eso, señora ministra, cuando presentamos la interpelación y concretamente la pregunta, la
ampliamos con algunas consideraciones de lo que queríamos tratar precisamente para que usted se centrara en el día de hoy en aquellos aspectos cuya respuesta nos interesa. Con esto quiero decir que seguimos un guión de acuerdo con la exposición de
motivos de nuestra interpelación porque éramos conscientes de que eran muchos los temas que queríamos tratar, independientemente de que pueda haber más en el sector pesquero en este momento, pero eran los suficientes como para que nuestra
preocupación fuera objetiva en el sentido de que confluyen recortes de embarcaciones para faenar en caladero, recortes de TAC y recortes de fondos europeos. Por eso, dado que el sector también está muy preocupado y, curiosamente, por distintas
razones, se nos ha transmitido esa preocupación, en otros casos por interlocución directa de esta diputada con distintos representantes del sector, nos gustaría saber si hay interlocución con el sector en estos aspectos, si hay algún tipo de
acuerdo, pero sobre todo qué medidas tiene previstas el Gobierno para -no sé si la palabra más adecuada es paliar- asumir la problemática que en este momento tiene el sector, sobre todo aquella que
realmente crea una situación más crítica que la que ya venía siendo habitual en el mismo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchas gracias.
Continuamos, señorías, con la contestación de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación a esta interpelación de la señora diputada Olaia Fernández Davila. Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, quisiera afirmar que el Gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que asumió al inicio de la legislatura en lo que respecta al sector pesquero y que a día de hoy están siendo desarrolladas todas las
iniciativas que formaban parte de nuestra propuesta política pesquera. Prueba de ello es que se ha impulsado un gran número de medidas que van a permitir asegurar el futuro a largo plazo de esta actividad, por lo que la sensibilidad de este
Gobierno hacia el sector pesquero no puede ser en modo alguno cuestionada.
Paso a dar respuesta a las preguntas que S.S. ha formulado y a informar de todas las actuaciones que hemos llevado a cabo para favorecer y ayudar al sector pesquero en España. En concreto me referiré a su repercusión en Galicia e incluso
deseo darle algún dato más, si es posible por el tiempo, que usted no ha planteado, pero que creo puede ser de su interés.
En primer lugar, por lo que se refiere al Fondo Europeo de la Pesca, quiero señalar que los resultados de la negociación han
sido muy favorables para España, ya que continuaremos recibiendo una parte muy importante de fondos, el 26,1 por ciento del total, y no nos olvidemos de que somos un país entre veinticinco. Alguno podrá decir que no todos tienen mar, pero que sepan
que aquí también están incluidas otro tipo de ayudas, por ejemplo a la acuicultura. Esto nos va a permitir seguir impulsando la economía, principalmente en las áreas y en los sectores donde la renta per cápita tiene unos índices más bajos. Así,
España seguirá manteniendo saldos netos positivos durante los próximos años, aspecto que no se contemplaba en los escenarios previos a la negociación.
Además, el ministerio ha estado trabajando para habilitar fórmulas alternativas que permitan
asegurar la competitividad minimizando de esta manera la disminución de los fondos europeos. En este sentido, podemos citar el fondo de 11 millones de euros puesto a disposición de la sociedad de garantía recíproca Transaval o el fondo de 21
millones para el periodo 2007-2013, que se contempla en los presupuestos de pesca para la aportación de activos financieros a entidades de financiación que permitan desarrollar acciones específicas en empresas del sector.
Igualmente, podemos
mencionar el Plan estratégico de innovación tecnológica que hemos puesto en marcha en el año 2005. En lo relativo al reparto de fondos, quiero indicar que en la actualidad lo estamos debatiendo con las comunidades autónomas, por lo que no sería
adecuado avanzar cifras que en todo caso serían provisionales. Será en la conferencia del próximo 11 de diciembre, donde participarán los consejeros de todas las comunidades autónomas, cuando se aprueben y se transmitan definitivamente las cifras a
la Unión Europea. Lo que sí le puedo asegurar es que Galicia será la gran beneficiada en función del tamaño de su flota, del tamaño de su industria pesquera y del nivel de empleo que genera esta actividad. Por otro lado, la Administración General
del Estado se reserva una parte de los fondos para atender medidas prioritarias como el ajuste de flota, el desarrollo de acciones experimentales de pesca y paralizaciones temporales sobrevenidas por instancias multilaterales o acuerdos
internacionales. En el caso de Galicia, estas medidas se concertarán con la comunidad autónoma, de tal manera que los desguaces que se consideren prioritarios serán cofinanciados y además se asumirá la totalidad del coste de la parada en lo que se
refiere a las decisiones adoptadas en el seno de las organizaciones regionales de pesca o en las comisiones mixtas en el marco de los acuerdos internacionales. Por tanto, señoría, conscientes de la importancia del sector pesquero gallego,
atenderemos sus necesidades de forma suficiente, justa y equilibrada.
Pasando a la situación de la flota de NAFO, quiero recordar que desde la aplicación del plan de recuperación del fletán negro se han tomado una serie de medidas que, usted coincidirá conmigo, eran necesarias para asegurar la sostenibilidad
de la pesquería y evitar el colapso del stock.
No podemos decir que queremos una pesca responsable, una pesca sostenible y garantizarla a largo plazo y no tomar medidas para que ello sea posible. El Gobierno es consciente de los sacrificios que ha
tenido que asumir la flota, que tienen como primer objetivo impedir que ese stock, que suponía el 70 por ciento de las capturas en aguas de NAFO, entrara en moratoria como consecuencia de la sobrepesca detectada por los científicos. España ha
establecido un sistema mediante el cual se disminuye la actividad de la flota en un área reducida del área de regulación, según los rendimientos obtenidos en los años anteriores, de forma que se evite incurrir en un cierre de la pesquería a mediados
de año, como ocurrió en el año 2005. Quiero resaltar que este sistema ha permitido a la flota faenar hasta mañana, 30 de noviembre, día en que se cerrara el acceso al caladero para el año en el que estamos, el año 2006.
Sabemos el esfuerzo que
esto supone para los más de treinta buques adscritos a esta pesquería y por ello mantendremos las ayudas por paralización y las demás medidas tendentes a encontrar nuevas posibilidades de pesca, tanto en aguas del Atlántico Norte como en el
Atlántico Sur.
Otro de los aspectos en los que quiero entrar en esta primera intervención es el que se refiere -usted no ha hecho mucha mención a ello- a la lucha contra la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, de la que España
ha sido pionera. Así, al amparo de las diferentes organizaciones regionales de pesca, la delegación española ha impulsado multitud de medidas tendentes a limitar la capacidad de comercialización de este tipo de capturas. Asimismo, se ha
seguido desarrollando con éxito la normativa que regula la descarga de productos pesqueros procedentes de terceros países impidiendo la entrada de pescado ilegal, lo que, entre otros resultados, ha permitido el aumento y estabilidad de precios de
pez espada y tiburones durante los dos últimos años, lo que ha beneficiado al sector del palangre. Además, quiero destacar que el Gobierno ha propuesto a la Comisión Europea la celebración de un seminario en Galicia con todos los Estados miembros
para avanzar en medidas concretas de lucha contra la pesca ilegal no regulada y no reglamentada que puedan plasmarse en una reglamentación comunitaria.
Pasando ahora a los acuerdos pesqueros, voy a comenzar recordando que en julio de 2006 se ha producido la renovación del acuerdo pesquero más importante para España. Me refiero al acuerdo firmado con Mauritania.
Este acuerdo asegura la
viabilidad de la flota durante los próximos seis años y permitirá el mantenimiento de la actividad de todos los buques que venían faenando con anterioridad, lo que no coincide con lo que usted ha manifestado antes. Además, la larga duración que se
ha establecido y el mecanismo de reconducción tácita confieren una estabilidad a las relaciones pesqueras con Mauritania que benefician de manera muy importante a la flota española. Asimismo, el pasado 2 de octubre hemos firmado una declaración
conjunta con Mauritania en la que nos hemos comprometido a reforzar la cooperación bilateral y este es un síntoma más de las buenas relaciones existentes. En lo relativo a otros acuerdos, hay que señalar que se sigue con la negociación de las
renovaciones con Mozambique y Guinea Bissau. Respecto al primero, acaba de terminar la tercera ronda de negociaciones con un texto consensuado, aunque con divergencias en la contrapartida financiera, que deberá ser objeto de una nueva ronda; el
segundo, tiene prevista la primera ronda de negociaciones en diciembre, por lo que es de esperar que ambos acuerdos serán renovados antes de su expiración.
Por otra parte, quiero recordarle la firma de nuevos protocolos con Cabo Verde, Madagascar, Kiribati, Seychelles, Comores, Mauricio, Costa de Marfil, Sao Tome y Príncipe y Gabón, que parece que el sector no se lo ha recordado a usted. Y en
lo referente al acuerdo de Marruecos, quiero informarle de que durante este mes de noviembre ha continuado la tramitación parlamentaria en el país vecino. El texto firmado ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes el pasado 22 de
noviembre y en breve plazo se aprobará por la segunda Cámara para su entrada en vigor.
Antes de su puesta en marcha se deberá reunir la Comisión Mixta, por lo que esperemos que la flota pueda acceder a las aguas de Marruecos a principios de 2007.
Con respecto a otros temas que usted planteaba, como el tema de las aguas profundas, le pido por favor que compruebe el acuerdo, porque el sector nos reclamaba que no hubiera unas reducciones superiores al 15 por ciento en cuanto a la pesca
de especies profundas. Hemos mantenido la cuota, y con la misma unidad de medida -ese es un reglamento que está estudiando la Unión Europea de cara al futuro-, en alfonsinos, sable negro, brótola y besugo. En algún caso es cierto que hubo una
reducción porque nos hemos ajustado a los informes científicos, como en el caso del tiburón, pero esto ha tenido una incidencia muy pequeña en España. Incluso en la maruca hemos conseguido eliminar una reserva o una zona de veda que se planteaba
porque dañaría bastante a otras flotas que están faenando con otras especies. Por tanto, ha habido una reducción prácticamente mínima, salvo en aquellos casos en que los informes científicos así lo planteaban.
En lo que se refiere a la distribución de cuotas de pesca que faenan en Gran Sol, como ustedes saben hay un total de 192 buques y, de este total, 130 tienen puerto base en Galicia. Las cuotas de pesca no se han repartido con carácter
individual por buque, excepto en el año 2001, por lo que los buques pescan con cargo a las cuotas de las que dispone España hasta su agotamiento, teniéndose que cerrar la pesquería de la merluza en varias ocasiones antes de finalizar el ejercicio.
Por ello, hemos considerado necesario establecer un sistema de gestión que asegure que los buques puedan disponer de cuotas de pesca a lo largo de todo el año y llevar a cabo las capturas en los periodos que resulten más interesantes desde el punto
de vista social y económico. El próximo año vamos a fijar los criterios y las condiciones para el reparto de las cuotas con carácter individual, en lo que más del 75 por ciento del sector está de acuerdo, y contaremos, por supuesto, con las
sugerencias que realicen las comunidades autónomas y el sector afectado. Intentaré darle más información en la réplica, pero tampoco se olvide del último acuerdo de la reunión de ICCAT, en la que se ha avanzado mucho con respecto al atún rojo y a
otras especies como las cuotas de pez espada, por lo que el sector está muy agradecido por las gestiones realizadas por el Gobierno de España.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
Procedemos, señorías, a iniciar los turnos de réplica y dúplica.
Comenzaremos con el turno de réplica de la señora diputada interpelante, doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, primeramente quiero agradecerle la información que nos acaba de exponer, pero también esperamos que en la segunda parte sea un poco más concreta en asuntos como, por ejemplo, la reducción de
las cuotas, sobre las que el sector sostiene el criterio de que están siendo disfrazadas. Usted nos acaba de decir que nos daría mayor información en la segunda intervención y, en ese sentido, le agradeceríamos que nos dijera algo más. En
concreto, en este tema -por eso necesitamos esa información, porque en este momento no tenemos oficialmente el documento de la Unión Europea- tenemos los datos que nos transfiere el sector y que aparecen en los medios de comunicación. Y
contrastando los datos que vienen en los medios de comunicación con los que tengo yo del sector, resulta que hay reducciones en distintas especies que superan el 50 por ciento cuando usted dice que apenas hay reducción. Hay alguna especie que puede
superar incluso el 93 por ciento.
No le voy a hablar de todas las especies pero, por ejemplo, en tiburón la cuota que se prevé para 2007 es un 35 por ciento menos respecto a 2005 y un 67 por ciento menos respecto a 2006, y podría seguir con una
serie de datos que en muchos casos superan el 50 por ciento y prácticamente en todos el 30 por ciento. Creo haberle entendido que no había una reducción mayor del 15 por ciento, por tanto nos gustaría que nos respondiera o que nos enviara por
escrito los datos que le estamos solicitando.
En la cuestión de NAFO ya le decía que reconocíamos el contraste científico entre la aportación de los organismos o especialistas del Estado español con los de NAFO, cuestión que se reclamó durante muchos años y en este caso actuaron, pero
yo le transmito también lo que el sector le ha dicho en otras ocasiones y es que ellos no perciben la misma situación. Lo que se plantea es una ampliación de la zona que se investiga y una ampliación también del tiempo de investigación debido,
según la información de que disponemos, a que la zona es muy reducida y el tiempo, los días en que se hace esta investigación, pueden no permitir conocer la realidad del caladero. Respecto a los fondos europeos habló usted de algunas cuestiones y
concretamente del ajuste de la flota, donde estarían incluidos los desguaces que fuese menester acometer, que se acordarían con la comunidad autónoma y además serían desguaces cofinanciados.
Le hicimos otra pregunta que nos gustaría que respondiera sobre las sociedades mixtas. Tenemos información -y quisiéramos contrastar este dato- de que en los fondos no va a haber ningún tipo de ayuda para las sociedades mixtas, cuestión que
en anteriores ocasiones fue de relevancia para el sector, que tuvo que acudir a este sistema para poder seguir teniendo actividad. Por ejemplo, cuando tuvieron que salir de NAFO aquellos buques -no ya los que yo acabo de comentar sino los
anteriores- y trasladarse a otros caladeros, solo pudieron hacerlo a través de las sociedades mixtas. En ese sentido, considera el sector que, de acuerdo con la realidad que existe, las sociedades mixtas van a seguir siendo necesarias. La
pregunta, por tanto, es: ¿el ministerio no valora como positiva esta solución, digamos temporal o estratégica para el sector y no considera, por tanto, su apoyo económico? Y volviendo al tema de las aguas profundas, me gustaría que nos dijera si
están basadas en indicios o están contrastadas científicamente las razones por las que se deciden las reducciones de captura.
En el tema de Mauritania, señora ministra, hay algo que nos interesa saber y es si efectivamente el Gobierno, a través de esa Comisión Mixta, tiene previsto impulsar que se resuelvan esos aspectos técnicos que el sector manifiesta. Yo
valoré positivamente el acuerdo firmado con Mauritania -no sé si me atendió cuando lo estaba diciendo-, pero le exponía esos datos que el propio sector manifiesta y que hacen que, de 43 barcos que podrían estar faenando, lo estén haciendo 33
solamente. Son cuestiones de una relevancia que a lo mejor a nosotros nos puede parecer mínima pero que para el sector cefalopodero son muy importantes, de ahí mi interés en que me conteste ya que es preocupación del sector saber si el Gobierno
tiene previsto impulsar soluciones a esos problemas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted,
señora Fernández.
Finalizamos, señorías, con la dúplica de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación para cerrar esta interpelación de la señora Fernández.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.
Voy a empezar dándole una información que por cuestión de tiempo no pude dar en la anterior intervención y es con respecto a Tanzania. Está firmado el acuerdo de pesca, pero está pendiente de ratificar por el Gobierno de Tanzania.
Volviendo a las especies profundas, quiero aclarar una cosa. En las reuniones previas que siempre celebramos con el sector y con las comunidades autónomas afectadas para tratar de coordinar la posición que vamos a defender en los consejos
de la Unión Europea, tanto el sector como las comunidades autónomas nos trasladaron que cifraban en un 15 por ciento la cantidad adecuada para las reducciones de posibilidades de pesca en especies profundas, con las excepciones de aquellas especies
que tuviesen algún problema y que los informes científicos así lo avalasen.
Por tanto, este fue el mandato que nosotros llevábamos y los resultados han sido los siguientes. En el caso de los alfonsinos, sable negro, brótola y besugo se va a
disponer exactamente de la misma cuota que había. Por tanto, statu quo y no rebaja de ningún tipo. En el caso del granadero, la propuesta inicial efectivamente proponía un 60 por ciento de reducción en el año 2007 y un 80 por ciento en el año 2008
y ha quedado limitada al 15 por ciento para los dos próximos años. En el caso de la maruca -antes le hablé de la veda-, la reducción ha quedado establecida en un 20 por ciento. La única excepción es el tiburón porque todos los informes científicos
apuntaban a que no podíamos ir más allá.
Por tanto, statu quo en algunos casos, reducción
del 15 por ciento en el granadero y del 20 por ciento en la maruca porque también tenía una situación excepcional. Sí quiero transmitirle que me estoy refiriendo a las especies que captura la flota española, porque hay otra serie de
especies de aguas profundas, que afectan a otros países, a las que yo no estoy haciendo mención y donde las reducciones son mucho mayores, pero, como comprenderá, nuestro interés ha sido defender los intereses de la flota española y por eso no hago
alusión a ello. Esto lo podrá comprobar usted cuando haga efectivo el acuerdo la Unión Europea.
Respecto a Mauritania, me gustaría diferenciar la Comisión Mixta sector-Gobierno, para tratar determinadas cuestiones vinculadas con este acuerdo, que ya se ha reunido, y una Comisión Mixta Mauritania-Unión Europea, que está convocada del 4
al 9 de diciembre porque no se podía convocar antes por motivos legales, dado que no estaba ratificado el acuerdo. Ahí España ha trasladado ya a la Unión Europea lo que queremos que defienda y queremos que defienda que la flota marisquera pueda
tener un porcentaje en la captura de cangrejo como bycatch, que usted no lo ha mencionado, y en alguna modalidad de pesca si existe infrautilización que pueda ser trasladada a otra modalidad sin que sea necesario incrementar las posibilidades de
pesca.
Hay un tema muy sensible que es el de los cefalópodos. Por favor, tenemos que defender siempre, insisto, una pesca responsable, una pesca sostenible y para eso nos tenemos que basar en los informes científicos, y así lo hemos trasladado.
España apoyará las recomendaciones científicas en aquellos casos en que pueda producirse una reducción del tamaño del pulpo, pero no defendamos en esta Cámara, y espero no haberle entendido eso, lo de pezqueñines sí, gracias. Por tanto,
responsabilidad para trabajar de cara a un futuro.
Respecto a las sociedades mixtas, le recomiendo, dado que ahora el tiempo no me permite contestarle, que lea las declaraciones que hizo ayer el comisario de Pesca en el Parlamento Europeo, que responden a una demanda española.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora ministra.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA Y LAS DEMÁS
CREENCIAS RELIGIOSAS RESPONDIENDO AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.
(Número de expediente 172/000234.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el siguiente punto del orden del día, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique
los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Para formular esta interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace un año, el 23 de noviembre de 2005, yo mismo interpelaba al Gobierno y también a usted en torno precisamente a las medidas para avanzar hacia un Estado aconfesional. Tengo que decirle que un año después no estamos
mejor; estamos peor y además sin transparencia.
Hace un año le comentaba que Jordi Solé Tura, el 13 de septiembre de 1979 -han pasado ya unos cuantos años-, decía que estábamos ante un Estado aconfesional y laico, lo cual supone dos consecuencias
importantes: la primera, que el Estado no puede ya proteger discriminadamente ninguna confesión religiosa y, la segunda, que todas las confesiones religiosas tienen reconocida su independencia y el derecho a una plena libertad en el desarrollo de
su misión con las debidas garantías. También hace un año le señalaba que un diputado que hoy está presente, don Álvaro Cuesta, decía hace tres años, en el debate de presupuestos, que él entendía que el modelo de financiación de la Iglesia estaba
fuera del ámbito de la Constitución y fuera del ámbito de la ley. Lo que nos tenemos que preguntar es si hoy hemos avanzado o no. Mis citas no son exclusivamente citas de laicos o de agnósticos, son citas incluso de personas que profesan una fe en
la religión; mis citas no son solo las de Casaldáliga ni las de la revista El Ciervo, son las citas de Salvador Giner, quien se dirigía a los cristianos sensatos, moderados, amables, cívicos, hartos de dogmas y que discuten precisamente los
privilegios de la jerarquía eclesiástica o de Luís de Sebastián, catedrático de economía de Esade y ex jesuita, que denunciaba los privilegios que hoy tiene la Iglesia católica en el Estado español. Hace bien poco el señor Tamayo nos decía también,
en paralelo a estas reflexiones, que la jerarquía eclesiástica tenía diversos objetivos, entre los que quiero destacar dos: el confesionalizar las instituciones laicas, como la escuela y la universidad, y una clara estrategia en que dicha jerarquía
quiere afirmarse como poder y reproducirse con una financiación por parte del Estado.
La pregunta que nos tenemos que hacer a día de hoy es hacia dónde hemos avanzado. Nosotros creemos que hemos avanzado, pero en sentido contrario al que pretendíamos hace un año, a lo que decía Tamayo, a lo que decía el señor Cuesta y a lo
que hemos dicho tantos y
tantos durante tanto tiempo. ¿Qué pretendía la jerarquía de la Iglesia católica con estos objetivos estratégicos? Una pretensión que demuestra la falta de independencia, la falta de mayoría de edad e incluso la falta de credibilidad entre
sus propios creyentes. ¿Y qué demandábamos y demandamos nosotros? Demandamos voluntad de separar Iglesia y Estado, hacer realidad lo que Jordi Solé Tura decía en el año 1979, que estamos en un Estado aconfesional, en un Estado laico y que
obviamente tenemos que responder a esos objetivos.
En materia de financiación, la Ley de presupuestos del año 1988 establecía tres años para que la Iglesia se autofinanciase. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con que el sistema acordado por el Gobierno y por la Iglesia ha hecho que la Iglesia
católica ingrese 31 millones más este mismo año. Por tanto, no vamos hacia un modelo de autofinanciación, sino hacia un modelo con el que se financia aún más. Le diré más. Amplios sectores del Partido Socialista Obrero Español, muchos
constitucionalistas, además de formaciones de izquierdas, como podamos serlo Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, consideramos inconstitucional el actual mecanismo de financiación directa a una confesión religiosa, sobre todo teniendo
en cuenta que las otras religiones tienen un notorio arraigo en España y, en cambio, no tienen financiación alguna. ¿Sabe qué pasa? Que mientras nosotros criticamos ese modelo, la Iglesia considera suficiente el acuerdo sobre financiación. Por
tanto, el pacto se aleja del compromiso del año 1987 de llegar a la autofinanciación de esa confesión religiosa y contradice promesas que dirigentes socialistas han reiterado en multitud de ocasiones. La Iglesia tendrá 175 millones, en vez de 144 ó
150 millones. ¿Quién decía que todo esto era muy decepcionante? Dionisio Llamazares, catedrático eclesiástico del Estado y ex director general de Asuntos Religiosos entre los años 1991 y 1993. Así consideraba el pacto entre Gobierno y obispos.
¿Sabe qué decía, señor ministro? Que esto acrecienta su sorpresa porque lo acordado va en la dirección contraria a lo previsto. Él manifestaba que en 1993 los obispos estaban dispuestos a aceptar un camino sincero hacia la autofinanciación. ¿Y
sabe qué dice? Que con ese acuerdo se cierra el compromiso adquirido en el año 1988 o lo que afirmaban en el año 1993 los obispos. El mismo Juan José Tamayo decía que por ese camino no se va al Estado laico ni a una sociedad multirreligiosa. La
Iglesia católica, como siempre, sigue ganando y sigue siendo la privilegiada. Hoy, con esa propuesta que ustedes han acordado, es Hacienda quien detrae dinero público de todos para entregárselo a los obispos; dicho de otra manera, renuncia a una
financiación para objetivos que pueden ser loables y que en cualquier caso dependen de la Administración para sobre financiar en este caso a la jerarquía eclesiástica. Por eso no nos vale ese acuerdo, por eso entendemos que hoy claramente se ha
cedido. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a cambio de qué se ha cedido?, ¿dónde han puesto ustedes las líneas rojas? No lo sabemos. Le tengo que decir que ustedes han cedido y no sabemos dónde han puesto las líneas rojas. Es más -no
lo digo yo-, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó que el modelo satisface los intereses de la Iglesia de manera razonable, aunque advirtió que quedan flecos. Nuestra pregunta es: ¿han cerrado ustedes un
acuerdo y aún quedan flecos por determinar? La verdad es que nos preocupa.
El modelo que han acordado no es un modelo de autofinanciación. Ustedes ponían como ejemplo el modelo alemán y le voy a explicar cómo es ese modelo. En el modelo alemán, las personas pueden marcar una casilla, es cierto. El Estado hace de
intermediario con los contribuyentes para que aquellos que consideren apropiado marcar la casilla la puedan marcar, pero el contribuyente paga de más, no detrae del erario un porcentaje, que puede ser el 0,5 ó el 0,7. Con lo cual, el Estado hace
una función de intermediación, pero no detrae del dinero de todos dinero para financiar a la Iglesia católica. La propuesta del modelo alemán era bien sencilla, pero no es eso lo que hemos conseguido. En noviembre de 2005, se decía: hemos llegado
a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica han ido cada año a más. Tendrán que ir a menos. Suscribo plenamente esa afirmación, pero esa afirmación es de la vicepresidenta.
También en 2004 se decía que el Estado financia a
su costa una confesión religiosa, y algún día se tendrá que acabar con eso. Suscribo plenamente esa afirmación, pero no es de un diputado laico del Partido Socialista ni, por supuesto, de un diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, es del ministro Caldera.
Ante todo esto, ¿qué decimos nosotros? En primer lugar, que el Estado soluciona así, como decía Francisco Delgado Ruiz en un artículo reciente publicado en El País, la propina ilegítima a cargo del presupuesto de cada año, concedida a la
Iglesia a cambio de enterrar el acuerdo del año 1993. No nos vale, señor ministro. En un Estado que no profesa religión alguna, lo que tienen que hacer las diferentes confesiones religiosas es autofinanciarse, y no estamos hablando de
autofinanciación sino de sobrefinanciación. En este caso, pasamos al 0,7, y la pregunta que nos tenemos que hacer es: si bajan las casillas de aquí a 5 años, ¿subiremos al uno por ciento? Y si bajan aún más, ¿subiremos al 15 o al 20 si llegan a
ser ridículas? Por eso, no se puede continuar utilizando este instrumento y que queden exentos de deberes tributarios. En cuanto al Estado, lo que debe hacer es garantizar la igualdad de todas las confesiones religiosas, y la propuesta que nos
hacen no lo garantiza. El Gobierno -decía Delgado Ruiz- ha presentado este acuerdo con la Iglesia como un avance. Indica que ahora no habrá financiación estatal directa, lo cual es falso, puesto que la fórmula del porcentaje, sea el 0,52 o el 0,7,
es financiación directa pura y dura, ya que se detrae de la caja general, y asegura que se va a atender la exigencia de la Unión Europea -eso dice el Estado- de que la Iglesia
pague el IVA, pero lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa con el resto.
Lo que sería un avance es que el Gobierno denunciara o no cumpliera los acuerdos con la Santa Sede del año 1979, y eso, que también lo decía un diputado que hoy asiste a esta sesión, es lo que nosotros queremos. Lo que tendríamos que hacer
es denunciar acuerdos inconstitucionales como los que se firmaron en el año 1979. Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Qué pasa hoy con el impuesto sobre bienes inmuebles, del que está exento su enorme patrimonio, y con otras ventajas fiscales
que obtiene la Iglesia?, ¿qué pasa hoy con el dinero que se gastan o dejan de percibir ayuntamientos, comunidades autónomas u otros entes públicos para apoyar actividades religiosas de todo tipo? ¿Está eso en el acuerdo que han suscrito? Queremos
saberlo. ¿Qué pasa con las actividades o con el dinero o con el control que ejerce Hacienda sobre las donaciones, los cepillos y lo recaudado por los servicios religiosos? ¿Está eso en el acuerdo, señor ministro? Este no es un acuerdo de laicidad
inteligente, esto consagra claramente un espacio claro de confesionalidad católica. Ante todo esto -y después entraré también en materias educativas y en otros aspectos en los que tenemos serias y fundadísimas dudas-, ¿qué le pedimos? En primer
lugar, que rectifiquen, pero si no rectifican solicitamos transparencia, porque en una pregunta poníamos negro sobre blanco y solicitábamos un informe a la Administración del Estado recabando el texto del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la
Iglesia católica para la financiación.
Esto lo pedíamos el pasado 2 de octubre. ¿Saben que no respondió el Gobierno? Los términos del acuerdo al que hace referencia S.S. se encuentran plasmados en la disposición adicional decimosexta del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Si ustedes les han dado el 0,7 y no han establecido garantía alguna en todos los aspectos que les digo, ya no es que hayan hecho un flaco favor a la confesionalidad del Estado,
es que han hecho un mal negocio para que aquellos que hoy hacen de lobby poderosísimo de las ideas de una derecha más que dura, estén más financiados que nunca y, eso sí, percibiendo los beneficios fiscales que han percibido durante todos estos
años. Por eso le ruego luz y le pediría que, a instancias de mi grupo y de muchos miembros del Partido Socialista y de mucha gente progresista y de izquierdas, avancen hacia la aconfesionalidad y nos sitúen en el terreno de lo constitucional, en el
terreno de la ley, y en el terreno de la constitucionalidad y de la ley es un Estado aconfesional que no da privilegios a confesión alguna, y el acuerdo que han suscrito ustedes hoy, que no conocemos, es un acuerdo que da privilegios.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.
Continuamos con la contestación al señor Herrera por parte del señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Señorías, es un honor responder a la interpelación formulada y aprovechar la ocasión para expresar el punto de vista del Gobierno sobre las cuestiones sensibles que subyacen en la interpelación y, al mismo tiempo, poner en valor el acuerdo
que, habiendo sido conducido bajo su responsabilidad por el Gobierno, bajo la coordinación de la vicepresidenta, por encargo del presidente y con participación de los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda, se traspone a la Ley de
Presupuestos para 2007 en una de las dimensiones, no la única ni a mi juicio la más relevante, del modo en que la legislación positiva, el derecho positivo, articula un principio que usted ha subrayado a lo largo de toda su intervención y que, como
sabe perfectamente, compartimos, porque es un principio constitucional definitorio. Usted se ha referido a él repetidamente como el de la aconfesionalidad del Estado o el de la laicidad, y a ese respecto siempre merece la pena recordar, como tuve
ocasión de hacer hace exactamente un año, cuando respondí a otra interpelación con este mismo objeto, que estamos hablando de diferentes aproximaciones doctrinales, lexicológicas si se quiere, a un principio constitucional, que no es otra cosa que
el que pone en valor la separación entre los poderes públicos del Estado y el confesionalismo que oficializa una religión y hace de ella no solo la única y la verdadera, sino la imperativa de los ciudadanos de un Estado.
Es sabido que en España esa fue una constante histórica a la que afortunadamente confirió una solución muy feliz la Constitución de 1978.
Rompía así con una tradición que, con la excepción perfectamente datada de la experiencia
constitucional de la II República, no había encontrado una formulación afortunada hasta que se dio con el artículo 16 de la Constitución española de 1978, y es la que consagra en sus tres párrafos, en primer lugar, la libertad religiosa como un
derecho fundamental, muy precioso, de todos los ciudadanos, de todas las personas; libertad religiosa de creencias ideológicas y de culto, por tanto, revestida de las mayores garantías con que puede dotar a un derecho fundamental su ordenamiento
jurídico. Pero en su segundo párrafo proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal. La lectura habituada de esa cláusula es la de que se está proclamando la aconfesionalidad del Estado. Es una de las formas de expresarlo y es
perfectamente compartible, pero al mismo tiempo señala, después de afirmar que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, ideología o creencias, que los poderes públicos tienen el deber de cooperar con la Iglesia católica y con las demás
confesiones que tengan presencia en la sociedad española. Ello quiere decir que el modo en que nuestra Constitución consagra la libertad religiosa es un modo que, al mismo tiempo que está proclamando la no subordinación de los poderes
públicos a ninguna confesión, lo que rompe una tradición, afortunadamente a mi juicio, de vinculación de los poderes públicos a una confesión que se proclamaba en el ordenamiento jurídico como oficial, única y verdadera, se está mandatando a
los poderes públicos que colaboren con las dimensiones socialmente relevantes del hecho religioso. Este es el suelo constitucional sobre el que nos movemos. A partir de ahí, el ordenamiento jurídico ha ido articulando diferentes expresiones de
este deber de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.
Su interpelación hace referencia a una concreta, no es la única, pero a ella me ceñiré, es la relativa a la cooperación económica y financiera, en particular con la Iglesia católica, la reflejada en uno de los cuatro acuerdos suscritos en
enero de 1979, que han sido examinados en esta Cámara en más de una ocasión, y sobre los que hemos tenido oportunidad de discutir la atmósfera en que se negociaron esos acuerdos, y la coordenada temporal, evidentemente previa a la Constitución, a
pesar de que la firma es inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la Constitución a finales de diciembre de 1979. El artículo 3 de este acuerdo sobre asuntos económicos y financieros es el que regula la colaboración financiera, y
consiguientemente su proyección presupuestaria con cargo, por tanto, a los Presupuestos Generales del Estado, con la Iglesia Católica.
Es en ese marco en el que hemos intentado garantizar, cumpliendo un mandato temporizado en el último acuerdo suscrito en 1988, en cláusulas trianuales que se han venido renovando periódicamente, el servicio a dos objetivos que me parecen
plausibles: el primero, idoneidad con respecto del marco jurídico. Ello quiere decir, por supuesto, la Constitución, que es la norma suprema y fundamental de nuestro ordenamiento, pero también la coordenada europea, que es jurídica y es vinculante
desde la adhesión de España a las Comunidades Europeas y con posterioridad a la Unión Europea, desde el 1 de enero de 1986, porque es en este marco donde hay que comprender la inadecuación de la exención del impuesto sobre el valor añadido a los
bienes de la Iglesia y a las transacciones económicas y al tráfico jurídico del que es parte la Iglesia católica como persona jurídica en España. En la medida en que el impuesto sobre el valor añadido es un impuesto progresivamente armonizado por
el derecho europeo, esa exención, esa no sujeción genérica al impuesto sobre el valor añadido de la que se ha beneficiado la Iglesia ha sido progresivamente perfilada como incompatible con el derecho europeo, y se nos ha hecho saber en sucesivas
cartas, notificaciones y requerimientos de las instituciones europeas que nos comprometían a modificar el statu quo. Ese era uno de los objetivos obligados de la negociación conducente al acuerdo. El segundo, era intentar darle estabilidad a la
formulación de la cooperación económica y financiera en la medida en que, hasta el momento, veníamos moviéndonos en un marco de renovaciones periodizadas, trianuales de una cláusula que debió haber caducado hace tiempo pero que, por falta de un
acuerdo mutuamente satisfactorio, continuaba vigente. Pues bien, esos objetivos, a mi juicio, han sido razonablemente cubiertos por esta última aproximación entre las partes de la negociación, de la que ha respondido por parte del Gobierno el
equipo negociador coordinado por la vicepresidenta del Gobierno, con participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio y de Economía y Hacienda. Creo que esa negociación produce, por lo menos, dos resultados que son dignos de ser remarcados
que, a mi juicio, se adecuan a estas coordenadas que acabo de señalar: idoneidad al ordenamiento jurídico y mayor estabilidad de la que hemos disfrutado hasta la fecha. En primer lugar, el hecho de que la Iglesia ya no va estar exenta del IVA,
creo que es un logro. Es una de las anomalías que han sido habitualmente calificadas como, entre comillas, privilegio de la Iglesia. Esto significa que a partir de ahora se va a producir una nueva situación en la que la Iglesia renuncia a esta
exención de la que gozaba tradicionalmente. La segunda es que el acuerdo que habíamos venido prorrogando trianualmente, hasta la fecha, incorporaba una cláusula que ha sido calificada habitualmente como la de la garantía de sobrefinanciación, a
partir de un complemento dotacional. Es decir, la cooperación tributaria instrumentada a través de la Ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, por la que un determinado porcentaje de la cuota líquida de los contribuyentes podía,
voluntariamente, ser asignada a la financiación de las actividades ordinarias de la Iglesia Católica en España, el 0,52, tal y como lo hemos conocido largamente, incorporaba solo una parte de la financiación debida a la Iglesia católica con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, porque en el caso de que esa contribución voluntaria no subviniese al suelo dotacional garantizado por el Estado, el Estado complementaría hasta un total. Ello ha significado regularmente de carga sobre los
Presupuestos Generales del Estado entorno a 25 millones de euros por encima de la contribución voluntaria, liquidada con cargo a la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los contribuyentes españoles.
Esta anomalía queda también superada como resultado de la aproximación y del acuerdo producido, porque a partir de ahora no va a existir un suelo garantizado. La Iglesia va a contar con la financiación que le otorga la contribución
voluntaria de aquellos que así lo decidan en su declaración de la renta, pero solo con eso. No va a existir un complemento dotacional con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Estos dos objetivos merecen ser celebrados. Dicho esto,
añadiré un tercer resultado de la negociación que también puede ser calificado como positivo, y es un incremento de la transparencia del sistema. La Iglesia se compromete a presentar al Gobierno, en unos términos que no conocíamos hasta la fecha y
echábamos de menos, una memoria circunstanciada de la liquidación de la contribución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en los términos que acabo de describir. Esta memoria constituye un paso
en la correcta dirección de la transparencia con que la Iglesia responde ante la sociedad española de cómo administra el dinero que recibe, de lo que en definitiva es el funcionamiento de una potestad distintivamente estatal que es la
potestad tributaria. Esa potestad es distintivamente estatal. Los ciudadanos están obligados, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Es a la ley, según ese mismo artículo de la
Constitución, a la que le corresponde definir la potestad tributaria del Estado y, por consiguiente, los deberes tributarios de los ciudadanos. Si la Iglesia recibe financiación con cargo a las obligaciones tributarias de los ciudadanos, es
razonable que la Iglesia responda con transparencia de cómo administra ese dinero que recibe de los Presupuestos Generales del Estado. A mi juicio, estos tres objetivos apuntan en una dirección razonable. A partir de ahí las valoraciones son
libres y merecen respeto.
Lo que sí me importa subrayar -y con esto termino- es que, tal y como he podido manifestar en distintas ocasiones y respondiendo a interpelaciones muy similares a esta, el modelo español es un modelo genuino. Existen otros y en el derecho
constitucional comparado de las democracias avanzadas hay otras formas de articulación de la garantía de la libertad religiosa y, por tanto, de la separación entre los poderes públicos y las religiones en un Estado aconfesional o laico. Pero el
modelo español es un modelo genuino; es un modelo en el que se combinan la libertad religiosa como derecho fundamental, que debe ser interpretada y aplicada por todos los poderes públicos y garantizada por el Poder Judicial y, en última instancia,
por el Tribunal Constitucional de forma no discriminatoria, lo que exige un mandato de neutralidad en el comportamiento de los poderes públicos para no discriminar favorablemente a unas confesiones ni negativamente a otras.
En el curso del tiempo, a lo largo de la experiencia constitucional, España ha ido evolucionando no solamente política o económicamente en términos de riqueza y bienestar sino también sociológicamente hacia un mayor pluralismo religioso; es
lo propio de una sociedad avanzada que es además una sociedad abierta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar ya, señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): En España hay un creciente pluralismo religioso, y esto hace cada vez más exigente el principio de neutralidad del comportamiento de los poderes públicos ante las distintas confesiones y, por
tanto, el celo sobre la no discriminación. A ese cometido se ha aplicado este Gobierno en esta legislatura, a ese cometido creo que responde el modo en que el Gobierno ha dialogado, negociado y acordado estos términos de cooperación financiera con
la Iglesia, y a ese cometido creo que responde también el modo en que el Gobierno está aplicándose en otros planos de la colaboración, como es el ámbito educativo y cultural o en el de los servicios públicos en los que inciden las manifestaciones
socialmente relevantes del hecho religioso. Y a ese cometido responde también el modo en que el Gobierno está prestando atención a confesiones tradicionalmente minoritarias, pero que tienen una presencia creciente y así será en el futuro en la
sociedad española. Creo que es expresión clara de ese vector que inspira al Gobierno, la Fundación Pluralismo y Convivencia, establecida por el Ministerio de Justicia bajo mi mandato y responsabilidad, que es una fundación que coopera con las
manifestaciones socialmente relevantes del hecho religioso de las confesiones tradicionalmente minoritarias, pero que no solamente tienen presencia en la sociedad española sino notorio arraigo y que han establecido con el Estado acuerdos de
cooperación que tienen el mismo carácter vinculante que caracteriza a los acuerdos suscritos en 1979 para con la Iglesia católica.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor ministro, por favor, debe terminar. Se lo digo por segunda y última vez.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Termino, señora presidenta.
Por tanto, considero que el balance de realizaciones de este Gobierno en lo relativo a la no discriminación (Rumores.), a la aconfesionalidad y a una aplicación razonable de la laicidad es muy satisfactorio y puede y debe sostenerse en esta
tribuna con la cara muy alta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
Le recuerdo que, a pesar de ser un miembro del Gobierno, en el turno de interpelaciones está usted sujeto exactamente al mismo tiempo que los demás y le rogaría que cuando la presidenta le solicita que termine por favor lo haga. (Continúan
los rumores.)
Señor Herrera es su turno para replicar al señor ministro.
El señor HERRERA TORRES: Señor ministro, no me ha convencido y, es más, creo que tampoco ha convencido a alguno de los suyos. (Rumores.-Una señora diputada: Mira que lo ha intentado.) He dicho creo. El 28 de noviembre de 2004 se decía
que España era frontera del laicismo y 2 años después parece que esa frontera del laicismo y ese cumplimiento con el mandato constitucional que es el Estado aconfesional -cuando se habla del derecho a la libertad religiosa se está haciendo una
interpretación doctrinal, como usted saber mejor que yo- parece que no se ha cumplido del todo. (El señor Herrera Torres muestra un periódico.) 'Blázquez confirma que el viaje del Papa fue un bálsamo para las relaciones Iglesia-Gobierno. Yo no sé
qué ha significado el viaje del Papa, pero lo que es evidente es que ha tenido un efecto proverbial, si no, milagroso,
porque hoy los acuerdos que ustedes han alcanzado con la Iglesia no tienen nada que ver precisamente con esa frontera del laicismo que tenía que ser España y que marca la Constitución. Yo me congratulo de los acuerdos en materia de IVA,
pero era un mandato de la Unión Europea. Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué ha pasado con lo que no era mandato de la Unión Europea? ¿Qué ha pasado con el IBI, qué ha pasado con los impuestos patrimoniales, qué ha pasado con los beneficios
fiscales? Pues con todo eso que no era mandato de la Unión Europea no hay acuerdo, la Iglesia continúa estando claramente privilegiada. Usted decía: el Estado tiene la obligación de cooperar -en esa interpretación doctrinal que es la de libertad
religiosa-. Nosotros no negamos la cooperación, pero la cooperación es el ejemplo alemán. En Alemania la cooperación se traslada haciendo que el Estado haga de intermediario entre Estado y contribuyente, pero no haciendo que los recursos que
algunos deciden dar a la Iglesia se detraigan del resto del erario público. Esa es la diferencia entre cooperar y beneficiar; se coopera cuando se hace de intermediario; se beneficia a una confesión, y a una confesión religiosa como es la
católica, cuando lo que se hace es continuar sobrefinanciando a la Iglesia. Estamos hablando de los más de 170 millones de euros, pero podríamos poner multitud y multitud de ejemplos. Lo que preocupa a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds es el mar de fondo que hay hoy en las relaciones entre Estado e Iglesia, un mar de fondo -que espero que no- que también podría afectar en materia de educación.
Hoy la jerarquía eclesiástica está explicando exención por objeción, que el Gobierno renuncia a la exención tácita de la clase de religión a cambio de que la Iglesia no haga objeción de la LOE, que regulando la denominada atención educativa
a los alumnos que no opten por la clase de religión, que creando la alternativa, quizás garanticemos que haya más alumnos que vayan a clase de religión. Hoy los obispos dicen y explican dos alternativas: la educación para la ciudadanía, pero
también la estrictamente de religión, y la historia de las religiones. ¿Acaso los profesores de historia no explican la historia de las religiones en sus clases como en tantas y tantas materias? ¿Estamos dispuestos a que haya tres opciones que son
prácticamente ingobernables hoy en los colegios o en las escuelas? En definitiva, ¿estamos dispuestos a que haya una reducción drástica de las clases de religión? El problema está en que hoy los obispos mantienen, por ejemplo, el poder de despedir
a los profesores, a miles y miles de profesores. (Rumores.) Se continúa dando esa anomalía, y que no cumplir con ese acuerdo que no está en el marco de la Constitución y que obedece a los acuerdos con la Santa Sede en el año 1979, hace que hoy los
más desprotegidos sean esos mismos profesores. Hoy tenemos multitud de casos en los que el Estado precisamente paga e indemniza por una decisión que obedece a cuestiones morales -porque obedece muchas veces a cuestiones morales que un profesor
continúe o no-.
En este contexto ¿qué planteamos nosotros? Lo que planteamos simple y llanamente es que se deroguen los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado del año 1979. Nuestra Constitución es modélica, pero paralelamente se realizaron unos
acuerdos cuando las Cortes estaban disueltas que eran contradictorios con esa misma Constitución. Sabemos que quisieron compensar (Continúan los rumores.) la apuesta por un modelo de Estado aconfesional que avanzaba hacia lo laico, pero no
entendemos que, 28 años después, aquella contraprestación que fueron los acuerdos con la Santa Sede se mantengan, porque simple y sencillamente son inconstitucionales.
Le podría poner multitud de ejemplos, podría repasar los acuerdos. Son acuerdos
que, por ejemplo, permiten que la Vicaría General Castrense determine precisamente servicios eclesiásticos en el servicio militar y en las Fuerzas Armadas, en definitiva, permiten privilegios que no caben en Estado aconfesional alguno. ¿Qué les
decimos? Que regulen la apostasía, porque hoy la apostasía está a merced...(Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Que no dependa del juicio de la Iglesia católica que puedas darte de baja de un club. Esto significa dar respuesta a una demanda ciudadana. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Herrera.
Señorías del Grupo Popular, por favor, cuando intervenga ahora mismo su diputado ustedes querrán que lo pueda hacer con tranquilidad y en silencio. Yo les pido que hagan ustedes lo mismo, que tengan el mismo respeto que quieren para los
suyos con el resto, por favor, y acabamos esta interpelación. (Pausa.)
Adelante, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: ¿Sabe cuál es el problema, señora presidenta? El problema es bien sencillo. Hoy, para darte de baja de un club, que es el de la Iglesia, quien decide si te das de baja es ese club, la Iglesia, y lo que les molesta
a algunos es que a esa demanda tan razonable no se dé respuesta. Y pedimos también, por ejemplo, que se regulen los actos públicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.
Lo que nosotros pedimos, en definitiva, es que se dé respuesta a un mandato constitucional, que se dé respuesta, en definitiva, a una demanda de laicos, de aconfesionales, pero incluso de muchos creyentes. Lo que
pedimos, en definitiva, es que rectifiquen y que no nos digan que continúan situados en la libertad religiosa y en el Estado aconfesional, porque hacen una opción con el acuerdo en materia de financiación y porque se deslizan hacia acuerdos
que no compartimos ni entendemos. Y lo que les decimos es que la opción que han tomado con ese acuerdo, que no nos quieren trasladar y que no quieren explicar en toda su integridad, es una decisión de profundo calado, es una decisión que significa
una renuncia para avanzar hacia el Estado aconfesional. Pero, además de una decisión de profundo calado, creemos nosotros que es un error táctico, porque hoy han cerrado un acuerdo con la jerarquía eclesiástica y un acuerdo que no les garantiza que
dicha jerarquía continúe haciendo de punta de lanza de opciones claramente ideológicas, como es la defensa de la unidad de España u otras quimeras. Nosotros les pedimos simplemente que rectifiquen y que lo que hagan sea avanzar hacia un Estado
aconfesional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera.
Muchas gracias.
Finalizamos con la dúplica del señor ministro de Justicia. Adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Pido disculpas por haberme excedido del tiempo en la primera intervención.
Intentaré ahora apretar el paso para añadir las siguientes ideas, que expondré someramente. En primer lugar, he escuchado con respeto la interpelación y sus
argumentos. Me ha dicho que no he convencido. No siempre es necesario convencer ni intentarlo. Usted me ha requerido explicaciones y es lo que he hecho, he explicado en qué consiste el acuerdo resultado de la negociación y la posición del
Gobierno. Y he escuchado perfectamente su punto de vista, que puede discrepar en algunos aspectos, aun sosteniendo posiciones de principio que son compartibles o compartidas por el Gobierno. En segundo lugar, ha hecho reiterada referencia a la
inconstitucionalidad de los acuerdos de 1979 y a la oportunidad de superarlos. A ese respecto, el Gobierno ha manifestado reiteradamente una posición razonable, pero sobre todo razonada. Es la de que varias de las especificidades de esos acuerdos
están pendientes de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y, a expensas de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, que tiene planteadas distintas cuestiones de inconstitucionalidad sobre esos aspectos, el Gobierno tomará iniciativas.
El Gobierno además ha promovido con coraje reformas institucionales y legislativas de calado en esta legislatura y continuará haciéndolo en el futuro, aparte de promover reflexiones, entre ellas sobre la propia Ley Orgánica de Libertad Religiosa,
que ha cumplido 26 años. Es esta una de las primeras leyes orgánicas que desarrollan derechos fundamentales en la Constitución en nuestro ordenamiento constitucional y por tanto es de las leyes orgánicas más veteranas y que se exponen a un
planteamiento que pueda producir su actualización o puesta en hora en algún aspecto. El Gobierno no está cerrado en absoluto a una reflexión constructiva sobre esas cuestiones, aun cuando considera que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa es una
ley constitucionalmente adecuada, que ha prestado un buen servicio a la sociedad española.
La tercera cuestión es que hay distintos modelos en derecho comparado, pero subrayo la especificidad, la singularidad del modelo español, que tiene su concreción, por eso lo he definido como un modelo genuino.
Conozco el derecho comparado
en la materia, pero no creo que sea cuestión de ilustrar sobre Bélgica, Dinamarca, Alemania o Francia a este respecto, sino de contemplar cómo se ha articulado esta cuestión en España y qué podemos hacer para mejorarla.
Este Gobierno está sirviendo al objetivo de no discriminar a nadie, absolutamente a nadie, en la realización efectiva de sus derechos fundamentales. Remover barreras de desigualdad que impidan la libertad y la igualdad con que los derechos
fundamentales, incluido este, se ejercen y que por tanto está respetando, como no se había hecho seguramente en veinticinco años de democracia constitucional, a las confesiones tradicionalmente minoritarias y está intentando colaborar con ellas
también, removiendo antiguas barreras de discriminación en particular. En lo relativo a la cooperación económica y tributaria, creo que las confesiones minoritarias reconocen en este Gobierno una voluntad positiva de diálogo. Creo que es una
concreción muy real de esta lectura que hace el Gobierno de la aconfesionalidad del Estado, de la neutralidad de los poderes públicos o de la laicidad -si se quiere-, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Por último, ha manifestado reiteradamente el diputado Joan Herrera en su intervención que estamos peor o caminando en la dirección equivocada. No lo creo. Un análisis realista de cuál ha sido la evolución de los actores de este proceso, no
solo la Iglesia católica, sino los representantes de otras confesiones que tienen convenidos con el Estado acuerdos de cooperación, porque son confesiones que tienen presencia en la sociedad española, como son la musulmana, la evangélica, la
protestante, y la judía, pone de manifiesto, por el contrario, que estamos dando pasos en el rumbo correcto, en la buena dirección, en la integración de la diversidad y en el respeto a los derechos fundamentales de todos y en la no discriminación de
los ciudadanos por ninguna razón de origen ni de pertenencia a una comunidad religiosa. Por tanto, no creo que estemos peor. Ahora, tampoco creo que sea cuestión de discutir si estamos delante, si estamos atrás, sino sencillamente que estemos en
nuestro sitio, donde nos corresponde. No es función de los poderes públicos en un Estado aconfesional cooperar con ninguna confesión en la promoción del culto, pero en nuestro modelo constitucional tampoco se espera de los poderes públicos ni del
Estado que ignoren que el
hecho religioso tiene presencia en la sociedad y tiene manifestaciones en el sistema educativo y en servicios públicos como son los servicios locales, como es el servicio penitenciario, como es la asistencia social o como es el sistema de
salud, y que, en esos ámbitos, los poderes públicos pueden cooperar sin discriminar, sin favorecer, respetando por igual los derechos fundamentales de todos y haciendo, por supuesto, una cuestión de principios, que bajo ninguna libertad religiosa
pueda encubrirse ninguna forma de discriminación de nadie, de ninguno, ni ninguna negación de los derechos fundamentales de nadie.
Esa es la orientación, la inspiración del Gobierno y creo que a ese objetivo sirve también razonablemente el acuerdo negociado y concluido que he intentado explicar, aunque no le haya conseguido convencer.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA EXIGENCIA DE CONSTITUIR UNA MESA MULTILATERAL DE AGENTES POLÍTICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y SINDICALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DEL PAÍS VASCO FRANCÉS PARA ACORDAR UN NUEVO MARCO POLÍTICO Y TERRITORIAL EN EL QUE QUEDARÍA INTEGRADA NAVARRA. (Número de expediente 172/000235.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señorías, con la última de las interpelaciones urgentes del día de hoy, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno en relación con la
exigencia de constituir una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de la Comunidad Autónoma Vasca, de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el
que quedaría integrada Navarra.
Señor Del Burgo, parece evidente que tiene usted la palabra. Pediré a sus compañeros del Grupo Popular, por favor, silencio, para que su propio compañero pueda iniciar la interpelación. (El señor Martínez-Pujalte López: No se preocupe,
que le voy a escuchar atentamente.) Adelante, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señora vicepresidenta, señorías, señor ministro, ningún grupo terrorista, ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines está legitimado para
erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA o cualquier organización respaldada por la misma sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del
sistema democrático, en general, y el propio de Navarra, en particular. Acabo de dar lectura a la resolución que este mismo Congreso de los Diputados aprobó, por amplísima mayoría, el 27 de junio de 2005. Si se producen las condiciones adecuadas
para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes
decidan abandonar la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene
precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje. Este pronunciamiento forma parte de la resolución aprobada por esta misma Cámara el 17 de mayo de 2005.
El 22 de marzo de este año ETA declaró un alto el fuego permanente. Desde el primer momento -y lo ha reiterado una y otra vez desde entonces- ETA ha dejado bien claro que solo se disolverá si se producen las siguientes circunstancias.
Primera. Los Estados español y francés deben reconocer la existencia de una nación a la que llaman Euskal Herria, integrada por Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra -en el lado español- y tres territorios vascos del sur de Francia. Con esto, dicen
los terroristas, se resolverá el conflicto político secular que enfrenta al pueblo vasco con España y Francia. Segunda. Constitución de una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales de toda Euskal Herria para
negociar un nuevo marco o estatus político, que deberá reconocer el derecho de autodeterminación y la pertenencia de Navarra a Euskal Herria. Tercera. Sometimiento del acuerdo alcanzado a referéndum de todos los ciudadanos de Euskal Herria.
Cuarta. Aceptación, sin reserva alguna, por los Estados español y francés del contenido del acuerdo y del resultado de la decisión de la ciudadanía vasca. Quinta. Negociación bilateral ETA-Estados, para lo que ellos llaman la desmilitarización
del conflicto, que habrá de concluir con la excarcelación de lo que llaman también prisioneros políticos vascos. Asimismo, tanto ETA como Batasuna exigen al Gobierno, para poner en marcha el proceso, la aceptación de las siguientes cuestiones
previas: El levantamiento de la ilegalización de Batasuna, la desactivación de la justicia, el cese de toda acción policial de carácter represivo y la inclusión en el orden del día de esa futura mesa de diálogo político de la autodeterminación y
del futuro de Navarra.
Dijo el presidente del Gobierno que ETA prácticamente -dijo prácticamente- había cesado en su actividad criminal, pero no dijo la verdad. Desde la declaración de alto el fuego, ETA viene desarrollando una intensa actividad delictiva. En el
País Vasco y Navarra se viven episodios cada vez más violentos de kale borroca. Se produjeron atentados, como el de Barañáin, de cuya autoría, señor ministro, nunca más se supo. Continúa la
extorsión sobre los empresarios vascos y navarros y, para más inri, en vísperas del debate, de ese debate triste en el Parlamento de Estrasburgo, ETA robó más de 300 armas de fuego en Francia. A estas alturas, es inútil que el Gobierno
intente hacer creer que el alto el fuego se produjo por decisión unilateral de la banda. La política de gestos dirigida a convencer a ETA de que podía confiar en el presidente del Gobierno ha fracasado. La única respuesta al cada vez mayor desarme
jurídico y político del Estado, dentro y fuera de España, ha sido la intransigencia de la banda y la creciente altanería de Batasuna. Ni la legalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, ni el cese del fiscal Fungairiño, ni la presión
sobre el Poder Judicial ejercida por el fiscal general del Estado, ni su indigno apoyo al recurso ante el Tribunal Supremo de uno de los más sanguinarios etarras, ni la permisividad ante la actividad de Batasuna, que se burla día tras día de las
decisiones judiciales que ordenaron su ilegalización y disolución, ni la parálisis de nuestros agentes a ambos lados del Pirineo, ni la aceptación de la exigencia de internacionalización del conflicto al promover el pronunciamiento del Parlamento de
Estrasburgo como si ETA hubiera dejado de ser un asunto interno español; todo ha sido inútil. Ni siquiera el último mensaje lanzado por el secretario general de los socialista vascos sobre constitución de un órgano permanente entre la Comunidad
vasca y la Comunidad foral, como sucedáneo transitorio de la adhesión de Navarra, ha servido para nada, entre otras cosas porque Batasuna ha dicho que lo considera absolutamente prematuro.
Nunca la democracia española pagará precio político ni cederá ante el chantaje del terror. Pues ya lo ha hecho, señorías. El presidente, en su declaración del zaguán del Congreso del pasado 29 de junio, no aquí, que es donde se había
comprometido a hacerla, pidiendo debate y votación, aceptó abrir el proceso de negociación con ETA al tiempo que autorizaba la creación de una mesa de agentes del País Vasco para acordar un nuevo estatus. Se comprometió a respetar el derecho a
decidir de los vascos. En suma, señorías, el presidente manifestó su disposición a pagar precio político por la paz, pues acepta vincular el cese de la violencia a la consecución del nuevo marco fruto de la voluntad del pueblo vasco.
(Rumores.)
Más, ¿qué ocurriría si de la mesa salen propuestas que vulneran la Constitución? ¿Cómo pretende el presidente cumplir su compromiso de respetar la decisión de la ciudadanía vasca en esas circunstancias? He aquí nuevas preguntas sin respuesta. El
presidente anunció además que, a finales de septiembre, el ministro del Interior informaría sobre la marcha del proceso de negociación con ETA. Estamos en noviembre y todavía no lo ha hecho. En cambio, la opinión pública francesa sí ha podido
enterarse por boca del presidente del Gobierno, eso de que nosotros hemos cumplido nuestra parte del contrato. La pelota está en el campo de ETA. Moncloa -dijo el presidente- nunca pronunció la palabra contrato. Es posible. Pero si el balón está
en campo contrario es porque los dos equipos habían acordado ponerse la camiseta y salir al campo a jugar el partido. (Rumores.)
Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular representa a casi diez millones de españoles. En su nombre le requiero para que suba a esta tribuna y deje bien claro que el Gobierno está dispuesto a respetar íntegramente las resoluciones del
Congreso de los Diputados y que por tanto no aceptará la constitución de ninguna mesa de diálogo extraparlamentaria para debatir con los apoderados de ETA o bajo la tutela de la banda terrorista ningún nuevo estatus para el País Vasco.
Proclame que
el Gobierno no tiene la menor intención de reconocer la existencia de la ensoñación euskalherriaka, esa nación que dicen que existe desde el comienzo de los siglos. Afirme que el Gobierno no consentirá la celebración en Navarra de ningún referéndum
que no esté expresamente contemplado en la Constitución y no el que pretenden los terroristas de ese referéndum del acuerdo que pueda alcanzarse en la mesa de constitución de Euskal Herria como nación. Anuncie que el Gobierno no negociará con ETA
otra cosa que su disolución incondicional y que ninguna medida de gracia será posible mientras no medie el arrepentimiento de los criminales y el resarcimiento del daño causado a sus víctimas. Declare que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado perseguirán a los terroristas allí donde se encuentren. Exprese el máximo respeto a la independencia de los jueces. Requiera a Batasuna a condenar de forma rotunda e inequívoca a ETA si quiere estar presente en las próximas elecciones
forales y municipales, y adviértale que no consentirá maniobras fraudulentas para violar la ley. Lance un mensaje de tranquilidad a la sociedad navarra, dejando bien claro que el Gobierno no permitirá que nadie suplante la voluntad de sus
instituciones ni negociar el futuro de Navarra en ninguna mesa o foro extraparlamentario.
Llevamos tres años sin víctimas mortales. Somos los primeros en reconocer que eso es bueno para todos. Pero el Estado democrático no puede rendirse ante el terror. Si se hacen concesiones políticas para alcanzar la paz, el terrorismo
queda legitimado como método de acción política y los crímenes de ETA habrán conseguido su objetivo. Todavía están a tiempo.
Enderecen el rumbo, vuelvan a la senda de la Constitución, escuchen el clamor de las víctimas, no se engañen a sí mismos
ni engañen a la opinión pública con vídeos engañosos. (Risas.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Nosotros nunca cedimos ante ETA ni estuvimos dispuestos a permitir el menor avance de los terroristas, el menor avance en términos políticos de los terroristas. Y no haga esos gestos, porque es falso. En
cualquier caso estamos hablando del futuro, no del pasado.
Olvídense de intentar refundar una convivencia imposible con quienes se alimentan de odio, de revancha. Reaviven el espíritu del Pacto por las libertades y frente al terrorismo. Si así lo
hacen, señor ministro, tengan la seguridad de que encontrarán el respaldo leal y sin reserva alguna (Rumores.) del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Del Burgo.
Para contestar a esta interpelación, señorías, tiene la palabra el señor ministro del Interior. Adelante, señor ministro, cuando quiera.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Del Burgo, no me resisto a comenzar haciendo alguna precisión terminológica y mucho más después de la intervención que acaba de hacer usted en esta tribuna. En el escrito que fundamentaba la interpelación que vemos esta tarde, usted
recogía una expresión que en distintos momentos ha merecido la crítica de distintos portavoces de su grupo parlamentario. Me refiero a la denominación proceso de paz, cuya autoría S.S. parecía atribuir al Gobierno en el escrito al que me refiero.
Nada más alejado de la realidad, la denominación no es nueva. Sin ir más lejos, la utilizó el entonces presidente Aznar, al que me voy a permitir citar textualmente. En su declaración de fecha 2 de octubre de 1998, realizada en La Moncloa, el
señor Aznar -cito textualmente- dijo lo siguiente: Alcanzada esta situación -se está refiriendo a la de la constatación inequívoca de que ETA abandona la violencia- se darán las condiciones para el inicio de un proceso de paz en el ámbito de los
artículos 9, 10 y 12 del Pacto de Ajuria Enea, con la participación de los partidos firmantes del mismo. En dicho proceso -añadía- quiero decirles que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible
y dinámica, que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de paz. Fin de la cita.
No es la única vez que el señor Aznar habla de proceso de paz, lo hace en distintas ocasiones que no viene a cuento mencionar aquí. (Rumores.) En resumen, proceso de paz no es una innovación semántica de este Gobierno.
Le diré más, en
puridad, creo que ni siquiera lo es del señor Aznar, creo que es de otros momentos. De hecho, usted que es navarro, sabe que en el Parlamento de Navarra debe haber cinco o seis resoluciones aprobadas por su grupo parlamentario, en las que se habla
de proceso de paz. No es por tanto de este Gobierno. En todo caso está claro que lo utilizó el señor Aznar. Por tanto, a partir de ahora, si no le importa, cada vez que hable del denominado proceso de paz, diga que lo utilizó este Gobierno y el
anterior, y así por lo menos estaremos haciendo justicia. (Aplausos.)
Y como usted ha llevado la interpelación por un sitio distinto, no me resisto a aprovechar la cita -fíjese que es una cita que traía aquí para hablar del proceso de paz- para decirle dos cosas. La primera, estoy hablando del 2 de octubre de
1998, 2 de octubre, escasamente 15 días después de que ETA declarara el alto el fuego permanente. Y en ese momento el señor Aznar ya anunciaba una modificación en la política penitenciaria, un cambio en la política penitenciaria, según su
terminología, una cesión, porque, por cierto, había extorsión y kale borroka todos los días, señor Del Burgo. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) Le diré a continuación que los socialistas apoyamos esta resolución aquí
en esta Cámara. Y le diré más, la volveríamos a apoyar si ustedes la volvieran a plantear, porque el tema es seguramente otro, al que me referiré finalmente.
Ha mencionado usted y ha leído aquí una resolución, que es la del Parlamento de 2005, y ha leído un párrafo que es justamente, como usted sabe, una copia literal del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea. Me llaman la atención dos cosas.
Primero, que la traiga usted aquí y la mencione, cuando ustedes no la votaron. Pero más que eso, señor Del Burgo, me llama la atención que, en la declaración que acabo de leer, quien sí la refiere es el presidente Aznar, al que parece que sí le
vale. Entonces la pregunta que tenemos que hacerles a ustedes hoy aquí es: ¿Por qué el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea valía para el señor Aznar y su proceso de paz y no vale la de mayo de 2005, por mucho que usted la nombre aquí sin decir que
ustedes no la votaron, y no vale para hacer ahora o para abordar ahora el proceso de alto el fuego permanente de ETA? ¿Por qué, señor Del Burgo? ¿Por qué? (Aplausos.) A mí se me ocurre una razón elemental, elemental. ¿Sabe cuál es? Que entonces
gobernaban ustedes y ahora gobernamos nosotros. (Una señora diputada: ¡Eso es!) Esa es la razón. (Aplausos.) Y le diré más. Mire, nosotros apoyamos todo lo que ustedes hicieron, todo. Les apoyamos a ustedes cuando modificaron la política
penitenciaria, cuando acercaron presos, cuando fueron a reunirse con ETA, cuando se reunieron con Batasuna; les apoyamos también el día que ETA dijo que no a al alto el fuego y que lo rompía; les apoyamos después, cuando ustedes y nosotros
sufrimos los zarpazos del terrorismo; les apoyamos en la tregua y les apoyamos cuando el terrorismo mataba.
Siempre, les apoyamos siempre. Y esa es la esencia del pacto antiterrorista, señor Del Burgo, exactamente esa: apoyar al Gobierno de
turno, artículo primero del Pacto antiterrorista, que bien conozco porque tuve la ocasión de redactarlo. (Rumores.) Esa es la primera de las cuestiones que se abordan. Y la pregunta una vez más es: ¿Y ustedes qué han hecho? Desde el primer día,
desde el primer día, oponerse sistemáticamente a la política antiterrorista del Gobierno. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Y le voy a decir más, fíjese, no es un problema de ceder más o ceder menos, no señor, es un problema de principio. (Rumores.) Nosotros estábamos
de acuerdo con lo que ustedes hicieron a veces, no siempre, pero siempre estuvimos detrás de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque sabemos, y ustedes también -y es lo peor de este debate, que ustedes también saben lo que voy a decir a
continuación-, que cuando estamos juntos somos más fuertes y cuando estamos separados quien es más fuerte es quien justamente debemos combatir juntos. (Aplausos.) Eso lo sabemos nosotros y ustedes.
(El señor Hernando Fraile: Pues no lo parece.)
Ahora, señor Del Burgo, déjeme que le haga simplemente una pregunta más para acabar su intervención, que, sinceramente, creí que iba dirigida a Navarra, a la que me voy referir brevemente en el tiempo que me queda.
¿Por qué no le hizo usted
al señor Aznar todas las preguntas que me ha hecho usted aquí esta tarde? ¿Por qué no se las hizo, una detrás de otra? ¿Por qué en aquel momento no se las hicieron? ¿O es que el precio político de la tregua de 1998 no se había pagado por
adelantado en el Pacto de Estella? ¿O es que ustedes cuando fueron a negociar a Suiza no sabían perfectamente que se había pagado un precio político, porque ETA negociaba porque tenía un acuerdo con los nacionalistas? ¿O es que ustedes no
conocieron que ese Pacto de Estella se fraguó estando ustedes gobernando y teniendo el apoyo del Partido Nacionalista Vasco? ¿O es que ustedes no sabían todo eso? El precio político de la tregua de 1998, señor Del Burgo, se pagó por adelantado y,
créame, ese fue el origen de muchos de los problemas que luego hemos vivido en este país; ese, cuya culpa y responsabilidad seguramente no es de los socialistas. Ese. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.)
Vamos al tema de Navarra. Había traído aquí para leer, y no voy a poder hacerlo, algunos textos legales que seguramente usted conoce tan bien como yo. Empiezo por decirle una cosa y es que el presidente del Gobierno dijo -aquí es verdad,
fuera de este hemiciclo; el anterior no lo dijo nunca en esta Cámara, porque anunció que negociaba con la banda terrorista en Moncloa, si no recuerdo mal, y al Grupo Parlamentario Socialista a través de una llamada telefónica-, clarificó, vamos a
decirlo así, lo que podíamos llamar las reglas del juego del proceso de paz, por emplear una terminología que vengo utilizando esta tarde. En concreto, empleó una cita que voy a referir también literalmente. Dijo: voluntad democrática, sujeción a
la legalidad, amplio acuerdo político que recoja el pluralismo de la sociedad vasca. Esas son las reglas, esas son, la segunda de las cuales es sujeción a la legalidad. Por eso es tan importante que repasemos la legalidad, concretamente la
legalidad navarra, que creo que nos da un marco de discusión adecuado de la interpelación que usted traía. Y es verdad, como usted conoce bien, que Navarra se rige por una Ley de amejoramiento del Régimen Foral Navarro, del año 1982, modificada en
2001. Una ley -créame- extraordinariamente singular, en la que de entrada se define a Navarra como una Comunidad foral. A continuación, en su artículo 2.1 se establece que los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral Navarra -leo
textualmente también- serán respetados y amparados por los poderes públicos con arreglo a la Ley de 25 octubre de 1839, a la Ley paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias, a la Ley Orgánica de Amejoramiento y a la
Constitución, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, que sabe usted que es la de los derechos históricos. Efectivamente, el redactado de la ley dice bien a las claras que estamos ante una ley de
amejoramiento y una ley de reintegración del Régimen Foral navarro. En definitiva, señorías, una singularidad notable, muy apreciable, como lo es también el procedimiento de aprobación de esa ley y el procedimiento de reforma que en esa ley se
incluye, si es que alguna vez quisiéramos hacerlo los navarros y el resto de los españoles. Porque usted sabe que la ley se aprobó a través de un pacto entre el Gobierno foral navarro y el Gobierno de España, pacto que después fue ratificado aquí,
y digo bien ratificado, porque realmente no se pudo enmendar la ley. Y de hecho es así. Muchas de SS.SS. no sabrán que, si un día la Ley de Amejoramiento se quiere modificar, el mecanismo previsto en la ley es exactamente el que acabo de decir:
pacto del Gobierno foral con el Gobierno de la nación y ratificación en esta Cámara, que puede decir que sí o decir que no, pero nunca enmendar; segunda singularidad que habla claramente del carácter paccionado de esta ley. La tercera se refiere a
la adicional de los derechos históricos, que conoce usted perfectamente.
¿Dónde voy? Voy a plantear ante esta Cámara que este es el marco legal al que se refería el presidente del Gobierno cuando hablaba del proceso de paz, este y no otro. Un marco legal que establece para Navarra una situación singular. Le
diría más, la Comunidad Foral de Navarra es la más singular de todas nuestras comunidades autónomas, una singularidad, voy a decirle aún más, que el Gobierno no solo respeta -faltaría más-, al Gobierno le gusta, le gusta la singularidad de la
Comunidad Foral Navarra. Le gusta. Ese marco jurídico le gusta, por si le queda a usted alguna duda. Ese marco jurídico, esa singularidad y ese sistema de reforma al que me vengo refiriendo dice bien a las claras una cosa evidente y es que
Navarra nunca será lo que los navarros no quieran que sea. ¡A las claras! No se puede decir lo contrario al revés: Navarra no podrá ser lo que quiera porque tendrá que pactarlo con el Estado. Lo que es evidente es que nadie va a imponer a Navarra
un cambio institucional que los navarros no deseen a través de su Parlamento y de su Gobierno.
Esa es la situación y a esa situación hay que remitirse porque esa es la situación a la que el presidente del Gobierno se refería cuando decía que el
proceso de paz tiene que, exactamente, respetar las instituciones y la legalidad vigente. Esta es la legalidad vigente, señor Del Burgo. Dejen de decir cosas que no son ciertas, dejen de hablar de la unión de Navarra y Euskadi porque eso no lo ha
planteado nadie, ningún
Gobierno y, desde luego, éste. Aunque lo quisieran plantear -y usted lo sabe perfectamente-, nunca se podría hacer sin la autorización explícita de los navarros. Repito, dejen de decir cosas que no son ciertas porque les va a pasar lo
mismo que en Cataluña, que de tanto decir que España se rompe, al final fíjese lo que pasa, un año después, ni se rompe y están votando aquí para otras comunidades autónomas lo que les negaron a los catalanes. Dejen de engañar a la gente.
Termino ya, señor Del Burgo, porque S.S. conoce perfectamente todo esto.
Conocen esta singularidad foral a la que me refiero, que el Gobierno apoya y que le gusta, repito. Usted sabe que este es el marco legal inexcusable en el que se
tiene que mover cualquier discusión política en Navarra, en Euskadi y en el resto de España. Lo conoce perfectamente.
Sabe S.S. que estas son las reglas del juego y que esas reglas son inalterables porque los navarros no las quieren alterar; o
si lo quieren, se alterarán si esta Cámara y el Gobierno de España así lo deciden. En resumen, este es el marco legal en el que todos nos debemos mover, empezando por el Gobierno. S.S. sabe bien que este marco legal les da a los navarros la
última palabra. Por decirlo más claramente, la primera y la última palabra, señor Del Burgo. Esa es la posición del Gobierno de España.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.
Finalizaremos con los turnos de réplica y dúplica. Comenzaremos con el de réplica del señor Del Brugo. Son cinco minutos. Muchos papeles le veo, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, no me hable de la situación constitucional de Navarra ni del amejoramiento del fuero. Mejor dicho, acepto que hable de eso y que lo haya hecho en los términos en los que lo ha hecho, porque algo tuve que ver en que Navarra
pudiera ver respetados sus derechos históricos y en promover ese marco jurídico del que hoy disfrutamos los navarros. Pero usted no me ha contestado a las cosas que yo le he dicho, no me ha contestado en absoluto. Ha pretendido hacer un debate
sobre la tregua de 1998. Yo le pregunto: ¿Qué interés puede tener eso? (Risas.) Podemos hacer un curso monográfico, podemos hacer una mesa redonda, podemos establecer lo que se quiera, pero lo que me importa realmente es qué está ocurriendo en
este momento. Usted me pregunta qué hice yo cuando se produjo la tregua. Aquí le traigo, por ejemplo, una manifestación producida inmediatamente después del alto el fuego: Pero es que no se va a hablar de Navarra. Primero, el Estado y ETA no van
a hablar de temas políticos. En segundo lugar, las cuestiones que puedan afectar al desarrollo político en lo que es competencia del Parlamento vasco será un problema del Parlamento vasco. El Gobierno futuro del País Vasco y las fuerzas políticas
integradas en él podrán debatir, discutir y acordar todo lo que quieran, siempre con unos límites muy claros, que son la Constitución y el Estatuto. Por lo tanto, en el caso de Navarra ni en el Parlamento vasco pueden hablar para nada de Navarra,
ni ETA tiene legitimación alguna, ni se le va a admitir en ningún foro hablar de Navarra y está bien claro que probablemente, esta misma tarde, en el Parlamento de Navarra se dejen las cosas claras.
Esto es lo que decía y le puedo sacar una lista enorme de declaraciones en ese sentido. Ahora le pregunto. Hoy, esta misma tarde, hemos sabido que el portavoz de Batasuna, el señor Barrena -por llamarle señor, creo que es excesivo-, dice
que Navarra ha estado desde el primer momento en el proceso, aunque algunos prefieren negarlo. Yo solamente le quiero hacer esta pregunta: ¿Afirma que el señor Barrena miente cuando afirma que Navarra ha estado desde el primer momento en el
proceso? Yo le pido que diga eso, que miente, que es un bellaco, que miente como un bellaco. Eso es lo único que le pido. (Aplausos.) Por otra parte, la comparación entre lo que ocurrió en 1998 y lo que estamos viviendo en estos momentos es
radicalmente diferente, señor Rubalcaba, y usted lo sabe perfectamente.
(Rumores.) El fracaso de la tregua, señor Rubalcaba, fue... (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe un momento, señor Del Burgo. Señor Hernando, por favor, déjelo ya. Lleva usted sin parar de hablar toda la interpelación. Se lo pido por favor, señor Hernando.
Continúe, señor Del Burgo. Le devuelvo los segundos. (El señor Hernando Fraile pronuncia de nuevo palabras que no se perciben.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: El fracaso de la tregua del año 1998, que no fue bilateral sino unilateral de la banda terrorista ETA se produjo precisamente por la negativa a tratar de temas políticos. Sin embargo, esta tregua, este alto el
fuego se ha puesto en marcha, señor Rubalcaba, como consecuencia de la aceptación de que se va a poder llevar a cabo un proceso político de negociación para cambiar el marco del estatus actual del País Vasco. (Una señora diputada: ¡Mentira!) El
señor presidente del Gobierno en esta misma tribuna el día que se debatió el plan Ibarretxe dijo textualmente que rechazaba el plan Ibarretxe, pero, a continuación, añadió: Pero estoy dispuesto a negociar un nuevo marco político para el País Vasco
con todos y para todos que no tenga apellidos, que sea un plan de todos. A continuación, aceptó, como consecuencia del alto el fuego, en la declaración del zaguán, el derecho a decidir poner en marcha la mesa de partidos en paralelo a la
negociación directa con ETA. ¿Y eso qué es sino pagar precio político a la paz, estar dispuesto a pagar precio político a la paz? (Aplausos.)
Por lo tanto, de mentira, señora diputada, nada de nada. El que ha mentido una y otra vez es el señor presidente del Gobierno. (Rumores.-Aplausos.)
Señor Rubalcaba, he tratado de situar este debate en unos términos racionales. (Risas.) He expuesto mi posición, he hecho un análisis, he expuesto hechos -usted no me ha contestado a ninguno de ellos- y usted me viene con la tregua de 1998.
Le podría contestar volviendo también la página hacia atrás, con sus propias palabras, señor Rubalcaba. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) No me quiero remontar a otras épocas que no he querido tocar. Simplemente, año 1999, después de la tregua,
¿qué decía usted, señor Rubalcaba? El Partido Socialista no se sentará nunca en una mesa donde esté Josu Ternera. Curioso, ¿verdad, señor Rubalcaba? El PNV tiene que explicar qué hace en Estella sentado con un partido que no condena la violencia
o justificando comportamientos como el de Josu Ternera. Eso decía usted, señor Pérez Rubalcaba. Me parece muy bien y yo comparto lo que usted dice ahí. Si echamos la vista atrás, a lo mejor nos encontramos con que ustedes defendían en otro
momento unas situaciones radicalmente distintas.
Acabo de ver al secretario general del Partido Socialista -el señor Chivite, senador por Navarra-, que está en el hemiciclo, y algo debe ocurrir, algo debe pensar. Las cosas no deben de estar tan claras cuando un buen día el señor Chivite
ofreció no hace mucho tiempo -cuando todavía pensaba ser candidato a la Presidencia del Gobierno foral- (Risas.) un pacto a UPN para blindar Navarra institucional y políticamente, pero se enteró de que desde el lado de los socialistas vascos había
propuestas de que les parecía muy bien que Navarra se integrase en Euskadi. Eso lo dijo el señor Chivite. (Una señora diputada: ¡Eso es falso!.) Si él quería blindar Navarra institucional y políticamente, algún temor tendría de que ustedes
estaban haciendo algo indebido, porque, si no, no hubiera dicho semejante cosa. Eso es lo que únicamente le quería decir al hilo de lo que ha manifestado el señor Chivite. Usted -y con esto termino, señora presidenta- tiene que contestarme -me
gustaría que me contestara- a lo siguiente. Puesto que el señor presidente del Gobierno, en su declaración del zaguán, aceptó que, en paralelo con el proceso abierto de negociación con ETA, se formara la mesa de agentes políticos, sociales,
sindicales y económicos -no me acuerdo más- para conseguir un nuevo marco o un nuevo estatus político para el País Vasco, ¿están ustedes negociando la constitución de esa mesa? El presidente anunció que podría ponerse en marcha, lo que quiere decir
que están hablando. ¿Es cierto que Batasuna exige que Navarra esté presente? ¿Es cierto que uno de los obstáculos más sobresalientes que en este momento impide que la constitución de esa mesa se pueda poner en marcha es que el Partido Socialista
de Navarra -y en eso yo apoyaré rotundamente a los socialistas navarros- no quiere sentarse a esa mesa? ¿Es cierto?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: ¿Es cierto que el proceso será, entre otras cosas, largo, duro y difícil? Lo de largo porque hay que esperar -llevamos ya casi dos años- a que se produzca el relevo, si es que se produce, en el Gobierno de
Navarra y ustedes puedan entregar parte de ese Gobierno a los nacionalistas, y entonces podrían poner en marcha (Protestas.)...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Silencio. Señor Del Burgo, termine, por favor.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señora presidenta, simplemente quiero terminar. ¿Hacer un pacto de coalición con los nacionalistas vascos de EA, Aralar, etcétera, si -cosa que no va a ocurrir, pero pudiera ser- no obtuviera la mayoría
absoluta la coalición que actualmente gobierna? Eso significa entregar también el Gobierno de Navarra a los nacionalistas (Protestas.), y a partir de ahí ustedes...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Termine, por favor.
El señor DEL BURGO TAJADURA: A partir de ahí ustedes tendrán las manos libres para sentar a Navarra en la mesa de negociaciones. Eso es lo que se dice. (Rumores.) Pues bien, dígame que estoy en un error, dígame que es una mente
calenturienta la mía y que nunca han pensado en llevar a Navarra a la mesa de negociaciones. Dígame eso: Que nunca jamás aceptarán llevar a Navarra a la mesa de negociaciones. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Gracias, señor Del Burgo.
Finalizamos con el último turno del día de hoy, de dúplica, que corresponde al señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señora presidenta.
Debo reconocer que su última expresión sobre su mente calenturienta...
(Risas.-Aplausos.) ¡Qué quiere que le diga! No sé cómo explicarlo. Vamos a decir novelesca, ¿le parece?. Usted es un gran escritor de relatos.
(Risas.) También
reconozco que la última parte de su intervención me ha llamado la atención. Lo del pacto; eso sí, a la chicha. Eso es lo que le preocupa. En definitiva, lo que le preocupa es qué vamos a hacer si ustedes, como va a pasar, pierden la mayoría
absoluta. (Risas.-Aplausos.) Vamos a lo nuestro. Ese, señor Del Burgo, es el tema de fondo. Lo tiene muy sencillo. Veo aquí -agradezco su presencia- a nuestro candidato, el señor Puras. Pregúntele a él, que es el que lo va a decidir. Lo que sí
parece es que lo llevan ustedes mal, y por eso estamos en este debate.
(Varios señores diputados:
¡Ah!) ¡Sí, claro! Estamos en el debate de Navarra porque ustedes creen que, levantando el fetiche de que Navarra quiere unirse a Euskadi o de que los socialistas queremos eso, ustedes pueden ganar la mayoría absoluta que los ciudadanos
parece que les están negando. Ese es el tema de fondo. Su interés no es el de Navarra, porque usted sabe perfectamente como yo que eso que usted propone es sencillamente un dislate. Lo sabe usted como lo sé yo, pero usted quiere meter miedo a la
gente, usted quiere que la gente diga: Señores navarros, aquí tienen que votar entre los verdaderos navarros, los que queremos que se cumpla la Ley de amejoramiento y no queremos saber nada de Euskadi, y esos tibios socialistas que a saber con
quién votan y nos acaban juntando con Euskadi. Eso es lo que quieren que la gente crea. Usted sabe, señor Del Burgo, que eso es una mentira, porque, como le he demostrado aquí -por eso he hablado de la legalidad-, para que eso sucediera
-suponiendo que alguien lo propusiera, que no lo están proponiendo ni el PSN ni el Gobierno- habría que hacer lo siguiente. Primero, modificar el Estatuto de Gernika, allí y aquí. Segundo, modificar la Ley de amejoramiento por acuerdo entre
gobiernos y votarla, allí y aquí. Tercero, pasarlo a referéndum primero de los vascos y luego de los navarros, porque usted bien se encargó de meter en la Constitución la disposición transitoria cuarta, -por cierto, a ver si se aclara con el señor
Sanz sobre si la quitan o no porque parece que en eso andan ustedes un poco peleados- (Aplausos.), que es una transitoria preventiva que dice algo como lo siguiente: Si un día el Gobierno de Navarra o el órgano foral correspondiente decide unirse a
la autonomía vasca, los navarros dirán en referéndum si sí o si no. Por tanto, habría que pasarlo a referéndum incidentalmente. Esa disposición solo se refiere a ese supuesto, pero, como he dicho en mi intervención, los navarros tienen muchas
singularidades que el Gobierno apoya, y que le gustan al Gobierno -lo repito una vez más para que no le quede ninguna duda-, una de las cuales es que si hay un cambio de la Ley de amejoramiento no se pasa a referéndum. Ese es un sistema singular y
el señor Chivite le ofreció a usted un acuerdo que a mí sinceramente me parece sensato y es que en eso Navarra pasa a ser como el resto de las comunidades. En definitiva, que producido el cambio de la Ley de amejoramiento a través del mecanismo
legalmente oportuno sean los navarros los que, como pasa en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía o en Valencia, decidan en referéndum si quieren o no ese cambio que han acordado las Cortes, el Parlamento, el Parlamento foral, el Gobierno de Navarra y
el Gobierno de la nación. Eso es lo que le dijo. ¿Usted sabe lo que dijo? Que no. Convendría, quizá, revisar esa singularidad. Es una sugerencia que no me corresponde a mí. Este es el tema de fondo y ustedes están intentando meterle miedo a la
gente con este asunto. Le acabo de demostrar que no se hará sin que los navarros quieran. Se lo he dicho antes: Navarra nunca será algo que los navarros no quieran porque lo dice, no el Gobierno, que también, porque lo dicen las leyes que hay que
cumplir, entre otras, la que acabo de mencionar, que el Gobierno no puede cambiar por sí solo. Por tanto, deje de hacerme preguntas obvias: ¿Negocia el Gobierno con no sé quien si Navarra se une a Euskadi? Pero, ¿cómo va a negociar el Gobierno
algo que no quiere en primer lugar, y segundo, que no puede negociar porque depende de los navarros, del Parlamento navarro, del Parlamento de Euskadi, de esta Cámara y, al final, de la decisión de los navarros?. No formule preguntas que S.S. sabe
que tienen solo una respuesta: No. Porque usted está intentando, repito, meterle el miedo a la gente en el cuerpo.
Termino. Sí es pertinente hablar de la tregua de 1998 y le voy a decir que al menos por dos razones: La primera, porque allí se cometieron algunos errores. Si ustedes dijeran lo que no dicen, si le dijeran al Gobierno socialista: Cuidado
que hubo cosas en las que nos equivocamos, no las hagáis, sería absolutamente razonable y aceptaríamos discutir este tema; ya hemos intentado discutirlo algunas veces con ustedes. Pero ustedes no dicen esto y se limitan a acusarnos de aquello que
hicieron mal. ¿Sabe qué le digo? Que nosotros no lo estamos haciendo. Señor Del Burgo, repase usted la historia. Le repito una vez más que el pacto político, el precio político de la tregua de 1998 estaba pagado en Estella. La pregunta que
tengo que hacerle... Sí, en Estella, señor Del Burgo. Con el amparo político de Estella fueron a negociar lo que pudieron negociar, y nosotros les apoyamos. Además, lo sufrimos. La segunda diferencia, que quiero resaltar al final de mi
intervención, que es el fondo del Pacto antiterrorista -se lo repito una vez más- es que ese pacto se propone por el señor Zapatero. ¿Sabe S.S. cuándo? Cuando lo estamos pasando muy mal.
¿Se acuerda S.S.? El verano, después de la ruptura de la
tregua en la que ETA mataba mucho, a muchos populares y a muchos socialista. Y nos pareció muy importante proponer un pacto al Partido Popular y al Gobierno popular para decirle a ETA que estábamos juntos porque juntos somos más fuertes.
Desde el
primer día en el que el señor Zapatero llegó al Gobierno ustedes no han hecho otra cosa que hacer oposición con la política antiterrorista. La pregunta que le tengo que formular a S.S. es a quién cree que beneficia eso. ¿Sabe qué le digo? Que
ustedes lo saben perfectamente. Lo saben porque tuvieron la ventaja de ir a hablar con quien hablaron, con el apoyo explícito y rotundo del Partido Socialista, porque saben que jamás se nos ocurrió pensar que la tregua la rompiera el Gobierno del
Partido Popular, ni que tuviera la culpa el Gobierno del Partido Popular, jamás. La tuvo ETA. De lo que hizo antes y de lo que hizo después. Jamás hemos acusado al Gobierno suyo de nada. Jamás, cosa que ustedes no dejan de hacer hoy que hay
tregua y no hay muertos. La pregunta es por qué, señor Del Burgo. La pregunta es por qué hacen ustedes esa oposición; por qué salen cinco veces a la calle, como no ha salido nunca ningún partido en la democracia, a protestar contra la política
antiterrorista del Gobierno; por qué gritan contra el Gobierno en lugar
de gritar contra ETA; por qué le hacen ese favor a ETA. Esa es la pregunta. (Aplausos.) Sí, señor Del Burgo. Termino, señor Del Burgo.
Ustedes han gobernado... (El señor Martínez-Pujalte López: Porque el Gobierno está apoyando a
ETA.-Una señora diputada: ¡Qué dices!) y saben muy de lo que estoy hablando, lo saben muy bien...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Pujalte, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Ustedes tuvieron el apoyo del Partido Socialista siempre, en todo momento, rotundo. Nunca tuvimos ninguna duda. Y si la tuvimos, que alguna tuvimos, se lo dijimos a ustedes en privado.
Nunca, repito, porque sabíamos que dándoles ese apoyo, el Estado, en aquello que tiene que hacer -porque el Pacto de Ajuria Enea y la resolución del Congreso así lo dicen-, era más fuerte.
Con lo que están haciendo ahora, ustedes están debilitando
al Estado. Mi pregunta es por qué, señor Del Burgo. Si saben que eso sucede, por qué lo hacen.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos de los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista puesto en pie.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.
Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.