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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 214, de 21/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 214
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 198
celebrada el martes, 21 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10835)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
-De las Cortes de Aragón, sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2-1, de 16 de abril de 2004. (Número de expediente 125/000002.)
... (Página 10835)
Exclusión del orden del día ... (Página 10845)
Modificación del orden del día ... (Página 10846)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.) ... (Página 10846)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie B, número 112-1, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 122/000096.) ...
(Página 10846)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10835)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 10835)
De las Cortes de Aragón, sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas ... (Página 10835)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, los señores Allúe Sus, Yuste Yuste y Piazuelo Plou, en
nombre de las Cortes de Aragón.
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de estabilidad presupuestaria y estímulo de la productividad y de la inversión de la economía española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 48, de 2 de julio de 2004.
(Número de expediente 162/000112.) ... (Página 10856)
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o acusados de delitos que conlleven la pena capital. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 461, de 13
de noviembre de 2006. (Número de expediente 162/000527.) ... (Página 10863)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política para garantizar el abastecimiento de agua. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 451, de 20 de octubre de 2006. (Número de expediente 173/000158.) ...
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política general del Gobierno respecto al fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
451, de 20 de octubre de 2006. (Número de expediente 173/000159.) ... (Página 10874)
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales y/o Minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 457, de 30 de octubre de 2006. (Número de expediente 173/000160.) ... (Página 10880)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 457, de 30 de octubre de
2006. (Número de expediente 173/000161.) ... (Página 10887)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las cesiones realizadas en el contencioso de Gibraltar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 457, de 30 de octubre de 2006. (Número de expediente 173/000162.) ...
(Página 10893)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Aspiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Exclusión del orden del día ... (Página 10845)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo, lo que se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página 10846)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las enmiendas del Senado, en el sentido de debatir el punto 38, relativo al proyecto de
ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, tras el punto 40, que se refiere a la proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad
Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 10846)
De las Cortes de Aragón, sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. (Votación.) ...
(Página 10846)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, se aprueba por 291 votos a favor.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 10846)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos ...
La señora García Suárez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura
matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, manifestando que la idea de crear un fondo de garantía para el pago de las pensiones no es nuevo, es una demanda en reconocimiento de las organizaciones de mujeres desde la década de los ochenta. De
su iniciativa destaca la necesidad de que la regulación de dicho fondo contemple a todas las familias matrimoniales o no. Resalta la gran importancia de que se haya recogido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado una dotación
económica de 10 millones de euros para crear este fondo de alimentos que garantice que los cónyuges que no reciben la cantidad para alimentos estipulada en sentencia judicial tras un divorcio puedan acceder a ella.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonàs i Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC);
el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
La señora García Suárez retira la iniciativa, por lo que no procede su votación.
Proposiciones no de ley ... (Página 10856)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de estabilidad presupuestaria y estímulo de la productividad y de la inversión de la economía española ... (Página 10856)
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que independientemente de que hoy pudiéramos aprobar esta iniciativa lo ideal sería plantear un debate
económico en profundidad en un punto único del orden del día, en el que también se podrían plantear propuestas de resolución que fueran en esta dirección.
Su grupo plantea cuatro puntos que podrían ser objeto de consenso por todos los grupos: impulso de una política de estabilidad presupuestaria que se apoye en el estricto control de la evolución de los gastos corrientes y otorgue prioridad a
las partidas de gasto que aumenten la inversión pública en el impulso de las actividades de I+D+i; la adecuada dotación de la educación, el incremento de la inversión social y la mejora de la construcción de nuevas infraestructuras; impulsar una
iniciativa para el aumento de la productividad en la economía española así como incorporar al marco anual de estabilidad presupuestaria el compromiso de destinar, en aquellos ejercicios en los que se obtengan superávit superiores a las previsiones
previamente aprobadas, los recursos de este incremento a la inversión pública en infraestructuras productivas y sociales.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o acusados de delitos que conlleven la pena capital ... (Página 10863)
Defiende la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Su grupo tiene la impresión de que el problema de la aplicación de la pena de muerte en países desarrollados es un problema de
ricos y pobres, de personas con recursos y personas sin ellos. Cita que en algunos casos la pena de muerte es eludible mediante la posesión de una fortuna suficiente como para poder contratar un bufete de abogados que mediante los mecanismos
jurídicos de las apelaciones y los gastos que conllevan pueda liberar a las personas de una infamia de estas características. Su grupo presenta esta iniciativa para eludir responsabilidades en sede parlamentaria que pudieran dimanar de la no
aceptación de la misma.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Cerdà Argent, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de estabilidad presupuestaria y estímulo de la productividad y de la inversión de la economía española, con la enmienda presentada por el
propio Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 142 votos a favor, 154 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o acusados de delitos que conlleven la pena
capital, se aprueba por 307 votos a favor y dos en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 10869)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política para garantizar el abastecimiento de agua ... (Página 10869)
Presentan la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Ramón-Llin i Martínez y el señor Lanzuela Marina, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiestan
que la iniciativa tiene la finalidad de denunciar la incompetencia e ineficacia del Gobierno en materia de agua y dejar bien clara la postura única del Partido Popular en este momento en el que hay una ausencia total de políticas de agua en
España.
Finalizan refiriéndose a los acuerdos en relación con Aragón y el agua e instan a que los gobiernos autonómico y nacional abandonen su política hidráulica errática y dilatoria y emprendan de una vez y de forma decidida las obras de
infraestructura reclamadas una y otra vez en la comunidad aragonesa.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Txueka Isasti, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política general del Gobierno respecto al fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes ... (Página 10874)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señala que su moción consta de seis puntos concretos, que se basan en la necesidad de cumplir
los compromisos que esta Cámara adopta cuando se aprueban las leyes de Presupuestos Generales del Estado. El primero insta a cumplir con la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006; el segundo, cumplir
con la disposición adicional sexagésima sexta de la ley 30/2005, creando el fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes previsto en la misma; el tercero incluir anualmente una partida en los Presupuestos Generales
del Estado destinada al mencionado fondo; el cuarto transferir los recursos económicos del fondo entre las comunidades autónomas y el quinto transferir durante el ejercicio 2007 los recursos necesarios del fondo que permitan iniciar actuaciones en
los peajes de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales y/o Minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa ... (Página 10880)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto. Señala que su iniciativa pretende instar al Gobierno sobre su voluntad para dar cumplimiento a las recomendaciones del
Consejo de Europa en torno a la promoción del euskara; igualmente, priorizar Navarra en el plan de adaptación de la Administración de Justicia a las lenguas cooficiales del Estado; aumentar a través de convocatoria pública de empleo y en el
transcurso de un año hasta el 2 por ciento el número de funcionarios de Administración Pública del Estado en Navarra, para cuya providencia sea preceptivo el euskara y aumentar en dos más la concesión de licencias de televisión digital local, al
objeto de atender la legalización de las dos cadenas que emiten y producen íntegramente en euskara actualmente en Navarra.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Barkos Berruezo pide la palabra, que le es concedida por la señora vicepresidenta (Chacón i Piqueras) al amparo del artículo 73.
Interviene el señor Salvador Armendáriz.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral ... (Página 10887)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Inicia su intervención citando los borradores de la estrategia española de seguridad y
salud en el trabajo que realizan un diagnóstico interesante y crítico con el estado de la cuestión en España en estos momentos. En estos borradores de la estrategia española se afirma que no se ha generalizado una cultura de la prevención, que no
existe un nivel adecuado de integración de la prevención en la empresa, que se ha producido una externalización de las actividades preventivas que no parece responder ni a la letra ni al espíritu de la directiva marco ni de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Finaliza señalando que fruto de las enmiendas que se han planteado su grupo presenta una enmienda transaccional que espera cuente con el apoyo de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y la señora Arnáiz García,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Martín Mendizábal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora vicepresidenta (Chacón i Piqueras) señala que, en virtud de las facultades que le otorga el Reglamento, introduce una cláusula interpretativa en el 'Diario de Sesiones' respecto a la intervención de un señor diputado.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las cesiones realizadas en el contencioso de Gibraltar ... (Página 10893)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Reitera lo que su grupo anunció en octubre de 2004 acerca de las consecuencias del primer
comunicado conjunto entre los gobiernos de España y Reino Unido: que la tradicional posición de los diferentes gobiernos democráticos de haber establecido un sistema de dos banderas tres voces había sido quebrado y que las autoridades locales de la
colonia de Gibraltar iban a adquirir a partir de ese momento el estatus de igualdad o de socio en pie de igualdad con las dos delegaciones principales, la británica y la española. Su grupo ha podido comprobar cómo el acuerdo recientemente firmado
ha confirmado todas sus predicciones. Su moción pretende matizar el acuerdo y propone algunas fórmulas.
Finaliza pidiendo un mayor control y supervisión de las telecomunicaciones, pues se van a conceder medio millón de líneas telefónicas en un territorio no autónomo de 28.000 habitantes, en el que hay cerca de 80.000 empresas offshore, lo que
considera una exageración.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación en sus términos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política para garantizar el abastecimiento de agua, se rechaza por 118 votos a favor, 165 en contra y 14 abstenciones.
Sometidos a votación separada los 6 puntos de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política general del Gobierno respecto al fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes,
todos ellos son rechazados.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer
efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales y/o Minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, se aprueba por 176 votos a favor y 124 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral, con la incorporación de la enmienda transaccional, se
aprueba por 297 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Sometida a votación en sus términos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las cesiones realizadas en el contencioso de Gibraltar, se rechaza por 122 votos a favor, 177 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzamos con el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Conforme al artículo 20 del Reglamento se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Georgina Oliva i Peña, en
sustitución de don Joan Puigcercós para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora OLIVA I PEÑA: Por imperativo legal, lo prometo.
El señor PRESIDENTE: Doña Georgina Oliva i Peña ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
-DE LAS CORTES DE ARAGÓN, SOBRE EQUILIBRIO FINANCIERO Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 125/000002.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. De las Cortes de Aragón sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Como es habitual en este
tipo de iniciativas, intervendrá la delegación de las Cortes de Aragón, de la asamblea proponente. Para su defensa tiene en primer lugar la palabra el señor Allúe.
Adelante, por favor.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Allúe Sus): Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en representación del Partido Aragonés y de las Cortes de Aragón, para la toma en consideración de esta proposición de ley sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Esta iniciativa tuvo su entrada en estas Cortes Generales en marzo de 2004. No voy a reprochar que hayan transcurrido dos años y medio hasta el día de hoy, en el que debatimos su toma en consideración, fundamentalmente porque después de todo este
tiempo el problema que tratamos de resolver sigue latente, sigue vivo y, por tanto, hoy, en este momento esta proposición de ley que ideó el Partido Aragonés sigue teniendo toda su virtualidad y, en buena lógica, está abierta a las aportaciones que
los grupos parlamentarios de estas Cortes Generales puedan realizar para su mejora. La importancia de esta proposición de ley radica en trasladar a las Cortes Generales la preocupación de Aragón y, entendemos, del resto de comunidades autónomas en
relación con la situación financiera, poniendo de relieve la necesidad de introducir mecanismos mediante los cuales se haga efectivo el principio de lealtad institucional y el de cooperación entre unas y otras administraciones.
Las Cortes de Aragón han debatido en numerosas ocasiones cuestiones bilaterales referidas a la relación Estado-comunidad autónoma señaladamente, exigiendo el cumplimiento del artículo 48 de nuestro vigente Estatuto de Autonomía o el artículo
108 del actual proyecto de reforma del Estatuto de Aragón, que SS.SS tienen en esta casa y que espero y deseo que traten con mucho cariño. También hemos hablado sobre la inclusión de Aragón en el Fondo de Compensación Interterritorial, asunto sobre
el que, por cierto, estamos esperando el veredicto final del Senado desde hace 2 años y sobre el que este Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley aragonesa y que, por tanto, asumió que Aragón debiera ser perceptiva de
dichos fondos. También el Parlamento aragonés ha tramitado y resuelto problemas y soluciones que trascienden nuestra comunidad autónoma, que interesan a todas y sobre las que conviene insistir. Para el Partido Aragonés el principio de lealtad
supone un clima de buena fe, de confianza, de colaboración, de juego limpio entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y tiene en materia financiera importantes consecuencias tanto en la minoración de ingresos como en el aumento de
gastos. En consecuencia, consideramos que no habrá lealtad financiera si el Gobierno del Estado, a través de las Cortes Generales, promueve leyes que supongan aumento de gastos en competencias ya transferidas a las comunidades autónomas, sin
convocar inmediatamente a todas ellas para un reparto equitativo entre las distintas administraciones, y que tampoco habrá lealtad financiera si el Gobierno unilateralmente promueve modificaciones de leyes tributarias que supongan mermas
recaudatorias para las comunidades autónomas. En este sentido, consideramos que el principio de cooperación se cumpliría si el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne no
solo a petición del ministro, sino a solicitud de las comunidades autónomas o al menos una vez al año o con una periodicidad determinada, para examinar la situación financiera y la distribución de los ingresos y gastos entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas.
Señorías, queremos advertir expresamente que de ninguna manera puede considerarse que esta proposición de ley signifique una duplicidad respecto al artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, tal y como se
incorporó con la reforma de 2001, porque a través de este artículo tan solo se habla de que se valorará el impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones del Estado en materia tributaria, y ahí se queda y no dice más. Para nosotros,
para el Partido Aragonés, para las Cortes de Aragón, para el Gobierno de Aragón no es bastante que se valore el impacto; lo que queremos es que se pague, porque esa es la consecuencia última de una aplicación efectiva de la lealtad institucional.
Saben ustedes, señorías, que el Gobierno de Aragón ha llevado este tema al Contencioso-administrativo, entre otras cosas por incumplimiento sistemático de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, disposición que tenemos desde
1982, que proclama las compensaciones económicas oportunas cuando se den estas circunstancias y que hasta la fecha no ha tenido los efectos esperados.
El Partido Aragonés, a través del senador Mur en sendas mociones, consiguió que el Senado instara al Gobierno de la nación a iniciar un proceso de negociación con el Gobierno de Aragón, para resolver la deuda estatal por las mermas
tributarias de acuerdo con la disposición adicional segunda antedicha, pero la reunión producida no ha tenido los efectos deseados. Más recientemente, el presidente del PAR, señor Biel, se reunió con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero,
asumiendo este último el compromiso de seguir dialogando en una próxima reunión con la intención de acercar posturas, lo que agradecemos sinceramente. Pero como decía al principio y después de todo, esta iniciativa tiene virtualidad, porque nada
mejor que sea la ley la fórmula elegida para resolver un problema que afecta a Aragón y a otras comunidades autónomas, una ley que asuma el cumplimiento estricto del principio de lealtad y de cooperación entre unas y otras administraciones, desde
una doble perspectiva: por un lado, mediante la exigencia de compensar los impactos financieros producidos como consecuencia de las modificaciones normativas realizadas por el Gobierno del Estado y, por otro, como práctica de funcionamiento ad
futurum para que en estos casos de decisiones legislativas que generen gasto o minoren los ingresos de las comunidades autónomas, se acompañen de la correspondiente memoria económica, con previsión de las compensaciones económicas oportunas.
Concluyo ya, señoras y señores diputados. Insisto -se lo ruego encarecidamente- en que apoyen la toma en consideración de esta proposición de ley, para que después en su trámite parlamentario puedan modificarla o mejorarla si lo estiman
oportuno. Ahora ustedes tienen la palabra y el voto.
Gracias por su atención. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Allúe.
Señor Yuste, adelante, por favor.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Yuste Yuste): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco como diputado de Chunta Aragonesista, en representación de las Cortes de Aragón, para exponer un problema que venimos
padeciendo todas las comunidades autónomas y para intentar aportar una vía de solución. Sin duda, a estas alturas del proceso autonómico todos somos conscientes de que uno de los principales problemas que han presentado los sucesivos sistemas de
financiación autonómica, y también el actualmente vigente, es eso que se ha dado en llamar la deslealtad institucional, derivada de la separación existente entre quien tiene capacidad normativa sobre un tributo y quien tiene la competencia para
ingresarlo. O dicho con más claridad, desde cualquier punto de vista resulta injusto que el Gobierno central o las Cortes Generales aprueben unilateralmente rebajas en tributos cedidos a las comunidades autónomas, sin establecer mecanismos de
compensación para evitar que la pérdida de ingresos recaiga precisamente sobre las comunidades autónomas. Resulta injusto y esa ha sido una práctica habitual por parte de gobiernos de uno u otro signo. Podría recordar las reformas del impuesto
sobre el patrimonio de 1994, 1996 y 2000, del impuesto sobre sucesiones, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, del impuesto sobre actos jurídicos documentados o la tasa del juego o las más recientes reformas del impuesto sobre la renta.
Los contribuyentes tal vez estén más contentos con su Gobierno, pero en todo caso a costa de las haciendas autonómicas.
Otro ejemplo de falta de lealtad institucional se da cuando estas Cortes Generales legislan con cierto abuso de las leyes básicas, a juicio de Chunta Aragonesista, atribuyendo a las comunidades autónomas nuevas funciones, pero sin el
correspondiente traspaso de recursos humanos y materiales para poder atenderlas. Estoy seguro de que son ustedes conscientes de que leyes como la Ley penal juvenil, la Ley Orgánica de Universidades, la reforma del desempleo o la Ley Orgánica de
Educación suponen de hecho una transferencia encubierta, pero sin fondos, sin dinero. Parecidos argumentos podríamos utilizar sustituyendo comunidades autónomas por corporaciones locales. Podemos hablar de merma de ingresos locales por reformas
fiscales y de la atribución de nuevas funciones a las entidades locales sin la correspondiente transferencia de medios. Es cierto que en la última reforma del sistema de financiación autonómica se puso sobre la mesa este asunto y, que en 2001, se
incluyó el principio de lealtad institucional entre los principios que rigen las relaciones financieras entre el
Estado y las comunidades autónomas en la letra e) del artículo 2 de la Lofca, un principio que se queda sin desarrollar en el resto del articulado, un principio muy bonito. Lástima que no haya dado frutos hasta la fecha y la verdad es que a
lo largo de estos últimos 5 años ha tenido bastantes oportunidades para ello. Ante el fracaso de la aplicación concreta de este principio recogido en la Lofca, las comunidades autónomas han incluido en sus respectivas reformas de los estatutos de
autonomía, ya aprobadas o en trámite en estas Cortes Generales, diversos preceptos con la intención de garantizar la resolución efectiva de este problema.
En los nuevos estatutos, catalán, andaluz y balear, se habla de mecanismos de ajuste necesarios para hacer frente al impacto financiero, que las disposiciones generales aprobadas por el Estado tengan sobre la comunidad autónoma. Por su
parte, en el Estatuto valenciano, y también en el andaluz, se recoge el derecho a recibir medidas de compensación en el caso de reformas tributarias estatales que le supongan merma de ingresos a la comunidad. A los aragoneses no nos resulta ajeno
este último precepto, pues se inspira en la disposición adicional segunda del Estatuto de Aragón, en su versión original de 1982, que habla de que las modificaciones en los tributos cedidos que determinen cualquier minoración de los ingresos de la
comunidad autónoma determinarán la revisión del porcentaje de participación en los ingresos del Estado, así como las medidas de compensación oportunas. Lamentablemente, nuestra experiencia en Aragón no resulta muy esperanzadora. Después de 24 años
la hermosa adicional segunda del Estatuto aragonés no nos ha proporcionado ninguna compensación. Los sucesivos gobiernos centrales no han tenido a bien cumplir con este precepto estatutario, que -recordémoslo- pertenece a una ley orgánica, ni más
ni menos, aprobada por este Parlamento, por las Cortes Generales. Como no podía ser de otra manera, este reiterado incumplimiento ha obligado al Gobierno de Aragón, con el respaldo de todo el Parlamento aragonés, a emprender la vía administrativa,
primero, y la vía judicial, después. En este contexto, pues, elaboramos en las Cortes de Aragón esta iniciativa legislativa, durante la pasada legislatura, con la que pretendemos contribuir a la búsqueda de una solución eficaz a través de tres
medidas. En primer lugar, que todo proyecto de ley que minore los ingresos de tributos cedidos o que aumente el gasto en servicios ya transferidos deberá acompañarse de un estudio económico del impacto en cada comunidad, con la previsión de las
pertinentes compensaciones económicas que deberán quedar comprometidas legalmente.
Estas medidas serán aplicables tanto a comunidades autónomas como a corporaciones locales. En segundo lugar, tanto el Consejo de Política Fiscal y Financiera como
la comisión mixta de cada comunidad autónoma se reunirán anualmente para preservar el principio de equilibrio financiero.
Finalmente, también se prevé atender las compensaciones por mermas tributarias producidas en el pasado, en el caso de
comunidades autónomas que tuvieran derechos reconocidos en sus estatutos -del caso aragonés ya he hablado anteriormente-.
Ojalá -y concluyo con esto- esta proposición de ley pueda convertir la lealtad institucional en un mecanismo eficaz para resolver de forma definitiva la situación injusta que desde las Cortes de Aragón, en este caso, denunciamos hoy. Pido,
por tanto, el voto favorable para su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Tiene la palabra el señor Piazuelo.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Piazuelo Plou): Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre de las Cortes de Aragón y como representante del Grupo Socialista, para defender una iniciativa parlamentaria cuyo solo enunciado delimita, enmarca e incluso argumenta y defiende el fondo de la cuestión.
En estos últimos años, determinadas medidas legislativas de las Cortes Generales han supuesto una minoración de la recaudación o un incremento del gasto de las comunidades autónomas de régimen común. Entre las más conocidas, y a modo de ejemplo,
pueden apuntarse la exención en la cancelación de hipotecas, la exención de la vivienda habitual en el impuesto sobre el patrimonio o la reducción del IRPF en el año 2001. Las medidas tributarias, legítimamente adoptadas por el Gobierno de España,
han supuesto un descenso de la recaudación no solo de la Administración General del Estado, sino también del conjunto de todas las comunidades autónomas.
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene la posibilidad fuera de la vía política, de reconducir su legítima aspiración por una vía jurídica. La disposición adicional segunda de nuestro Estatuto de autonomía prevé la posibilidad de que
cualquier minoración de ingresos de la propia comunidad autónoma, provocada por modificaciones normativas del Estado adoptadas con posterioridad a la cesión de los tributos, sea compensada por este. En las Cortes de Aragón entendemos que hay un
incumplimiento del Estatuto de autonomía que dice que las pérdidas de ingresos tributarios derivadas de modificaciones del Gobierno central en los tributos transferidos, deben ser objeto de compensación por parte del Estado, disposición adicional
segunda del vigente Estatuto de autonomía de Aragón y 30 del proyecto de reforma estatutaria que en estos momentos está en esta Cámara. Actualmente, y por tal motivo, el Gobierno de Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia, en el que se cuantifica en 428 millones de euros el impacto de nuestras mermas recaudatorias; cuestión esta que por sí sola ya justifica la proposición de ley aprobada por las Cortes de Aragón.
Señorías, si el tiempo en política es importante, es posible que en Aragón nos equivocáramos por acertar demasiado pronto. No obstante, tenemos que reconocer que las distintas interpretaciones jurídicas no están impidiendo un diálogo que
demuestra una clara voluntad de acuerdo con el actual Gobierno, por ejemplo, con la aprobación de dos mociones en el Senado, la primera de ellas aprobada el 15 de noviembre de 2005, consecuencia del debate sobre la situación del Estado de las
Autonomías con el siguiente texto: El Senado insta al Gobierno a iniciar un proceso de negociación con el Gobierno de Aragón para resolver la deuda estatal por mermas tributarias. Más recientemente, el 21 de marzo de 2006, el Senado insta al
Gobierno del Estado a que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el plazo de un mes promueva una reunión Gobierno central-Gobierno de Aragón. Después de toda esta exposición tiene que quedar muy
clara ante SS.SS. una reflexión y es que alguna razón debemos tener cuando por dos ocasiones el Senado ha instado al Gobierno de la nación a negociar y a resolver el tema de las famosas y denominadas mermas tributarias. En segundo lugar, nos
congratula escuchar declaraciones como las recientemente manifestadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, en las que afirma que seis comunidades autónomas disponen de cláusulas específicas de financiación: Andalucía y Extremadura prevén en
sus estatutos asignaciones complementarias para saldar la denominada deuda histórica; Baleares, Aragón y Canarias incluyen compensaciones por minoración de ingresos y, el Estatuto de La Rioja, incluye una corrección por su condición de región
limítrofe. Este hecho, señorías, concuerda de manera perfecta con nuestra posición.
En el Gobierno de Aragón -que apoyamos- siempre hemos defendido el régimen común de financiación para las comunidades autónomas, si bien consideramos preciso un cierto trato bilateral para determinados aspectos singulares, y entendemos que
la disposición adicional segunda de nuestro Estatuto lo merece. Debe quedar claro, perfectamente claro, que no se trata de un conflicto con este Gobierno, sino que deriva de actuaciones de otros ejecutivos durante una etapa bastante larga en la que
se asfixió económicamente el desarrollo de las propias comunidades autónomas. Es más, pese a que haya sido ahora cuando hemos presentado el recurso contencioso-administrativo, también es la primera vez que se ha realizado una reunión bilateral de
carácter oficial entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Gobierno de Aragón sobre mermas tributarias. Ítem más, el Gobierno central tras la celebración de esta reunión, manifestó su buena disposición para alcanzar un acuerdo sobre las
compensaciones que les exigimos. En nombre de las Cortes de Aragón, señorías, les pido su voto afirmativo a esta propuesta. No tiene más fin ni más objetivo que seguir desarrollando y fortaleciendo el Estado de las autonomías, con el mismo
principio solidario que mantenemos en todos y cada uno de los problemas que el desarrollo del título VIII de nuestra Constitución pueda plantear entre las propias comunidades autónomas y entre éstas y el Gobierno Central. Espero y deseo su
comprensión en forma de voto afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. (Pausa.) En primer lugar, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero saludar a los representantes de las Cortes de Aragón que nos acompañan, y que demuestran con su trabajo que los parlamentos autonómicos también pueden participar en la elaboración de leyes del Estado, para
contribuir entre todos a resolver los problemas que puedan surgir en el funcionamiento del Estado de las autonomías. A estas alturas de la legislatura ya conocerán ustedes la especial sensibilidad que existe en Aragón respecto a la financiación de
la comunidad autónoma. Sin duda, nuestra singularidad territorial y demográfica, apenas el 3 por ciento de la población española que ocupa el 10 por ciento de la superficie estatal, con la baja densidad que eso supone en un extenso territorio, ha
provocado que los diversos sistemas de financiación autonómica que se han sucedido a lo largo del proceso autonómico no resolvieran bien las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Por eso, nuestro Estatuto de Autonomía, ya en 1982, recogía unas
singularidades en materia financiera que a fecha de hoy no se han visto traducidas en mayores recursos. La disposición adicional tercera que recoge los derechos históricos del pueblo aragonés todavía no se ha actualizado, como prevé la disposición
adicional primera de la Constitución española. Tampoco se ha desarrollado el acuerdo bilateral de financiación incluido en el artículo 48 de la reforma estatutaria de hace 10 años. Tampoco en la disposición adicional segunda de nuestro Estatuto se
prevén compensaciones por la merma de tributos cedidos a nuestra comunidad, introducidos unilateralmente por los poderes centrales del Estado. Precisamente este último incumplimiento ha obligado al Gobierno de Aragón a acudir a los tribunales con
el respaldo de todas las fuerzas políticas aragonesas. Sobre este último asunto trata la proposición de ley que debatimos hoy, pero no exclusivamente para abordar el caso aragonés, sino con carácter general, porque afecta a todas las comunidades
autónomas y también a todos los ayuntamientos y entidades locales en general.
Como no podía ser de otra manera, Chunta Aragonesista va a apoyar esta proposición de ley y espera que los diputados socialistas también la apoyen, igual que hicieron sus compañeros en las Cortes de Aragón porque sinceramente creo que es de
justicia. Se ha hablado de mermas tributarias, de deuda tributaria, de deslealtad institucional. Se han explicado estos conceptos, pero yo pretendo ser todavía más claro: qué fácil es quedar bien a costa del bolsillo ajeno. Rebajar impuestos
para halagar
a los contribuyentes o habría que decir al electorado, como han hecho todos los gobiernos, el del señor Aznar, pero también el anterior y el actual, y siempre a costa de recortar los ingresos de las comunidades autónomas o de las
corporaciones locales. Qué fácil es quedar bien a costa de otro. Esa deslealtad debe acabar y, por eso, vamos a respaldar con nuestro voto esta iniciativa legislativa de las cortes de Aragón.
Ojalá hoy mis paisanos obtengan el mismo éxito de hace
2 años en su última comparecencia en este Parlamento. Aquel día, el 5 de octubre, una delegación de las Cortes de Aragón, compuesta por los mismos diputados que nos acompañan, pudo defender con éxito en esta Cámara otra proposición de ley, sobre
solidaridad financiera para garantizar la incorporación de Aragón a los fondos de compensación interterritorial.
Gracias a SS.SS. que dieron luz verde a aquella iniciativa, hoy se tramita en las Cortes Generales, en concreto en el Senado,
ciertamente con retraso, pero al menos va, la nave va. Hoy podemos dar otro paso para convertir la lealtad institucional en una realidad. Aprovechemos esta oportunidad. Todas las comunidades autónomas nos lo agradecerán.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y sean mis primeras palabras de salutación para los tres parlamentarios de las Cortes de Aragón, comisionados para la defensa de esta proposición de ley. Adelanto que Coalición
Canaria va a votar favorablemente su toma en consideración, por las siguientes razones fundamentales: en primer lugar, porque entendemos que refleja toda una competencia de ámbito autonómico inserta en el título VIII de la Constitución española.
Se ajusta, por tanto, a la Carta Magna, al documento básico fundamental, a la Constitución española, y a una serie de leyes anteriores, leyes incluso con carácter orgánico que, desde la creación de todo el sistema de solidaridad financiera y
presupuestaria en el Estado español, ha tenido también Aragón, y algunas de ellas se han citado hoy aquí por los representantes de las Cortes de Aragón.
De la misma manera que el mes pasado, este diputado que les habla, apoyó también el proyecto de Estatuto de Aragón, remitido aquí por las Cortes aragonesas, con esa misma congruencia mi grupo ha querido recoger hoy, porque hay un buen
entendimiento desde hace muchos años con el Partido Aragonés y hacemos nuestras sus tesis mantenidas en las Cortes de Aragón, como lo ha hecho también el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de la Chunta, los mismos principios de defensa de
unos legítimos intereses.
Intereses de la Comunidad de Aragón que son también intereses comunes al resto del Estado español en todas sus autonomías, incluso en la nuestra, la del archipiélago canario, por sus peculiaridades de un régimen económico
y fiscal distinto del resto del territorio de Península y Baleares.
Queremos destacar fundamentalmente que este documento que nos llega aquí, y recojo las palabras que han dicho cada uno de los tres comisionados de las Cortes de Aragón, tiene dos principios de sustentación, aparte de los jurídicos que hemos
dicho, que nosotros llamamos principios de ética política de solidaridad, que son el de cooperación institucional y el de lealtad institucional. Si sabemos manejar los principios de cooperación institucional entre las comunidades autónomas del
Estado español y entre las comunidades autónomas, en este caso la de Aragón, con el Gobierno central, con la Administración General del Estado, esta es una respuesta que se está haciendo consecuentemente con responsabilidad, con base constitucional
en el principio de cooperación institucional. Cooperación entre las instituciones que definen el Estado, en este momento como un binomio Administración central y Administración autonómica que, al mismo tiempo, obliga a un principio de lealtad
institucional. No hay mejor marco, y se cita en la propia exposición de motivos del documento que nos ha remitido aquí las Cortes de Aragón, que el de cuando se aprobó en este Parlamento la ley 21 del año 2001, para ver las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto propio, como Ceuta y Melilla, que era la previsión de la revisión del fondo. Se dio cuenta de que una serie de demandas de tipo
social en la sanidad, en la educación, en los servicios, en las infraestructuras, tenían que responder a un principio de revisión de ese fondo que había ahí, dentro de un sistema de lealtad institucional. Para eso estaba el marco del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Si en ese marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera podemos reconducir todos estos temas y evitar que se produzca una proliferación compleja como es la relación bilateral entre la Administración General del
Estado y una comunidad autónoma, en aras a este principio de solidaridad institucional es preferible tenerlo todo recogido en ese campo de juego de todas las autonomías con la Administración central para los aspectos fiscales y financieros que es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así se dijo cuando se revisó el fondo de suficiencia por el traspaso de nuevos servicios, pero aunque se dejó dicho de alguna manera en la Ley 21/2001, es necesaria una reafirmación por una nueva ley que es
la que hoy podríamos suscribir tantas comunidades autónomas con la proposición de ley que nos llega desde las Cortes de Aragón. Desde ese principio de solidaridad institucional, igual que desde el de lealtad institucional, y por entender que
responde a unas exigencias reales que nos permitirían reconducir cualquier actuación que fuera sospechosa de una ruptura con la funcionalidad presupuestaria de España como Estado administrativo y político de derecho, es por lo que Coalición Canaria
va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que nos llega de las Cortes de Aragón sobre
equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Felicito al Parlamento porque no ha citado tan solo a la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que hubiera faltado a su principio de solidaridad, sino que
se invoca el plural de las comunidades autónomas. Lo suscribimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Izquierda Unida, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de las Cortes de Aragón. En cuanto a la proposición de ley que nos presentan, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya la va a votar favorablemente y le da toda su acogida
porque nos parece importante que los proyectos de ley que impliquen minoración de ingresos derivados de tributos cedidos, tanto que afecten a las comunidades autónomas como a los municipios, conlleven un estudio de cuáles son las afecciones
económico-financieras para estas comunidades y estos municipios. Además, que se proponga cuáles son las vías de compensación necesarias para ello, así como los proyectos de ley que supongan gastos nuevos en servicios ya transferidos a las
comunidades autónomas que también deben contar con estas. Parece algo que por lógica es evidente, pero, después, sobre la ley, sobre la práctica nos encontramos con que no es así. Por eso es positiva esta propuesta en un Estado en el que como el
nuestro son imprescindibles los lugares de encuentro y de entendimiento entre las comunidades autónomas y los poderes centrales del Estado. Un lugar que podría ser el Senado si se permitiera su reforma, que debería serlo, pero que, hoy por hoy, no
es así. Por lo tanto, podemos aplicar este criterio para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, si se reforma en la línea que ustedes nos proponen. Por eso vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Aspiazu.
El señor ASPIAZU URIARTE: Señor presidente, representantes de las Cortes de Aragón, señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar, quisiera saludar a los representantes de las Cortes de Aragón que están hoy aquí haciendo un esfuerzo
considerable para traer a debate a esta Cámara una proposición de ley que pretende reencontrar el equilibrio financiero entre las comunidades autónomas y el Gobierno central tras las medidas adoptadas unilateralmente por este y que afectan a los
ingresos y gastos de las comunidades autónomas y corporaciones locales generando un desequilibrio financiero. Para el logro de dicho equilibrio proponen la colaboración y la coordinación interinstitucional. Desde luego este tema, y yo diría que
desgraciadamente, ni es nuevo, porque ya se ha debatido anteriormente en esta Cámara, ni es baladí, puesto que afecta a la estructura de ingresos y gastos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales; es tan viejo como el propio
Estado autonómico y su origen radica, en nuestra opinión, en la no aceptación en su plenitud de lo que significa un auténtico Estado autonómico por parte de los poderes centrales del Estado.
Como saben, la proposición de ley que las Cortes de Aragón traen hoy a esta Cámara no afecta directamente al modelo de financiación del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma de Euskadi y del Convenio de la Comunidad Foral de Navarra
respectivamente, puesto que plantea, lógicamente, reformas para el modelo de financiación de lo que nosotros llamamos régimen común, pero desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco queremos fijar nuestra posición, y lo hacemos
fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por respeto a las Cortes de Aragón que traen esta iniciativa a discusión; en segundo lugar, porque las decisiones unilaterales de la Administración central en materia tributaria o en otras que
afectan al gasto de las comunidades autónomas también tienen una incidencia directa en Euskadi, aunque el modelo de financiación sea diferente. Es decir, compartimos dos preocupaciones que nos afectan también plenamente. Sin embargo, y si me
permiten -con el máximo respeto, por supuesto-, quisiera señalarles que al leer la proposición de ley me ha dado la sensación de que incorpora grandes dosis de ingenuidad política. Parece la proposición más propia de un jurista externo que de un
órgano político que ha sufrido, ley tras ley y año tras año, las consecuencias económicas que ustedes hoy pretenden paliar con la iniciativa. Solicitar o demandar lealtad institucional, colaboración, coordinación previa y acuerdos entre comunidades
autónomas y Administración central es tan necesario hoy como inútil ha sido hasta ahora al amparo de la experiencia de los últimos años. Es preciso denunciar que la falta de colaboración interinstitucional radica en la creencia por parte del
Gobierno, hoy socialista y antes popular, de que existe una institución superior, que es la Administración central del Estado, y otras inferiores o comunidades autónomas y corporaciones locales, que han de supeditarse a las decisiones de la primera.
No existe voluntad política para resolver esta cuestión, y esa falta de voluntad es la que es preciso denunciar y poner hoy también en cuestión. El abuso excesivo del artículo 149 de la Constitución, con el que se penetra en el ámbito competencial
de las comunidades autónomas sin mayor permiso y el apoyo a tal efecto del Tribunal Constitucional, constituyen auténticas armas letales que alteran el equilibrio competencial y financiero de las comunidades autónomas y corporaciones locales, sin
haber tomado parte previamente en aquellas cuestiones que les afectan directamente, bien porque les suponga menores ingresos o mayores gastos sin una contrapartida financiera equivalente.
La iniciativa de las Cortes de Aragón plantea medidas sensatas pero tímidas, en nuestra opinión, para paliar estos efectos negativos. Se pretende que los proyectos de ley y las medidas que adopte el Estado vayan acompañados de estudios
económicos de impacto financiero que permitan corregir las situaciones que se generen con dichas decisiones y medidas, a la par que se contempla la posibilidad de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera recupere un papel coordinador y de
colaboración interinstitucional. Siendo conscientes también de que lo que se propone evaluar a efectos económicos y en pactos es de difícil concreción y aplicación prácticas y que tiene un elevado riesgo de quedarse en una complicación burocrática
más, consideramos que puede ser un paso tímido en la necesaria colaboración interinstitucional. Se podría haber intentado ir más allá en temas como la colaboración previa a la toma de decisiones, pero los proponentes no lo han considerado y
nosotros, desde luego, desde el Grupo Vasco, lo respetamos plenamente.
Seguro que este debate va a seguir en el futuro y nuestro grupo parlamentario participará cuantas veces se produzca.
En coherencia con lo planteado, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, agradece la iniciativa de las Cortes de Aragón y manifiesta que va a votar a favor de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana queremos dar la bienvenida a los representantes de las Cortes de Aragón.
Ante todo, me gustaría destacar la fecha en que esta proposición de ley, presentada por las
Cortes de Aragón, fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, exactamente el 16 de abril del año 2004, hace ya más de dos años y medio, y lo sorprendente no es que se discuta una iniciativa legislativa que ya hace más de dos años que se
publicó; lo realmente paradójico es que después de todo lo que ha llovido esta continúa siendo una propuesta con la misma vigencia que en la fecha en que se presentó.
No hace falta que les recuerde que desde Cataluña hemos vivido los últimos años
con especial intensidad política. La propuesta de reforma del Estatut suscitó un revuelo a todas luces desproporcionado. Dicha reforma legislativa, que ilusionó a muchos de mis conciudadanos, no pretendía quedárselo todo para Cataluña, como muchos
quisieron interpretar. La propuesta de reforma del Estatut fue un proceso que intentó cambiar las reglas de juego entre el Estado y la Generalitat; unas reglas de juego que eran perfectamente aplicables a otras comunidades autónomas. Podría
objetarse si una reforma propuesta desde Cataluña era el instrumento que presentaba mayores garantías de éxito para cambiar las reglas de juego del Estado, pero lo cierto es que planteaba muchas cuestiones que hoy en día continúan siendo de
actualidad, en concreto, el desarrollo de los estatutos de autonomía.
Alguno de los falsos profetas que tenemos en esta Cámara pronosticaban la balcanización y la desmembración de España con la aprobación de aquel Estatut. Pues bien, para
tranquilidad y equilibrio de todo el mundo tengo el placer de comunicarles no únicamente que no estamos en guerra, sino que muchas de las reformas que planteaba el Estatut todavía están sin resolver.
La proposición de ley de las Cortes de Aragón incide sobre dos cuestiones que, a nuestro parecer, son dos talones de Aquiles del modelo de descentralización del Estado español: por un lado, el respeto al principio de lealtad institucional
y, por otro, el de las competencias autonómicas en materia de haciendas locales. No cabe decir que seguramente los planteamientos de nuestro partido son más ambiciosos. La relevancia política de los temas que ponen sobre la mesa las Cortes de
Aragón se demuestra con que no deberían preocupar únicamente al Grupo Parlamentario de Esquerra sino a cualquiera de los presentes que apostara por un modelo de Estado descentralizado, más eficiente y equitativo para que no se vuelvan a producir,
por ejemplo, promesas electorales a cuenta de la recaudación de las haciendas locales -les hablo de la supresión del IAE- o para que no se puedan definir tan alegremente desde el Gobierno del Estado los servicios públicos que deben prestar las
comunidades autónomas; en definitiva, para evitar aquello que un conocido personaje de mi pueblo suele hacer: invitar a copas con el dinero de los demás. Me parece que esto a veces provoca cierta rabia.
Sobre dos de las cuestiones que también abordaba el Estatut, sería tan injusto decir que con el nuevo texto no se ha logrado ningún avance como decir que el tema se ha resuelto. Pongamos, para no irnos por las ramas, la lealtad
institucional como ejemplo. La propuesta del Parlament de Catalunya decía: El Estado, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, debe garantizar la suficiencia de recursos para las finanzas de la Generalitat en el supuesto en el que las
disposiciones generales aprobadas por el Estado impliquen un incremento de las necesidades de gasto o una disminución de la capacidad fiscal de la Generalitat. Estarán de acuerdo conmigo en que la proposición de ley que hoy estamos debatiendo va en
el mismo sentido. El texto finalmente aprobado por las Cortes es sustancialmente diferente: De acuerdo con el principio de lealtad institucional, debe valorarse el impacto financiero.
La diferencia, en definitiva, es clara: en la propuesta
inicial se dice que el Estado debe garantizar; en la propuesta final que el Estado debe valorar. Es un cambio muy representativo que ilustra lo que ha sido el Estado de las autonomías: la falta de compromiso del Estado con las administraciones
territoriales. Podemos entender que para el Gobierno es más cómodo no comprometerse y guardar un importante margen de maniobra, pero déjenme que les aclare que esto no es lealtad institucional y no deja de ser una declaración de buenas intenciones.
Entiéndanme, no
dudamos de la buena fe del Ejecutivo pero como decimos en Cataluña (Pronuncia palabras en catalán.): De buenas intenciones el infierno está lleno. Créanme, hemos tenido buenas pruebas de ello durante esta legislatura. Dicho de otra
manera, como solía repetir el hasta hace poco portavoz de mi grupo parlamentario Joan Puigcercós, debemos tener claro que la política es sexo y no amor. (Risas.) Por lo tanto, como ya hemos tenido algunos desengaños amorosos en esta vida, nos
continúa gustando escuchar palabras bonitas pero aún más nos gusta la concreción porque las palabras se las lleva el viento. Si queremos alcanzar una mayor corresponsabilidad de nuestras administraciones territoriales debemos solventar esos temas.
No queda otro remedio más que el de que las comunidades autónomas y el Estado asuman conjuntamente compromisos y no buenas intenciones y compartan el poder de decisión sobre materias como las haciendas locales. Más de un ministro y un secretario de
Estado utilizan recurrentemente la frase: España es uno de los Estados más descentralizados del mundo. Una frase que, evidentemente, lleva implícito de fondo: Basta ya de pedir. No dicen ninguna mentira pero tampoco dicen toda la verdad.
Es importante subrayar que el Estado español tiene pendiente una reforma en el marco de competencias y financiación local y parte de esa reforma, como apunta esta proposición de ley, pasa por aumentar la capacidad de las comunidades
autónomas para gestionar las haciendas locales en su territorio; una capacidad hoy en día casi inexistente, puesto que la regulación estatal es excesivamente detallada y entra en contradicción con los principios federales. Esquerra, como partido
independentista, se siente cómodo con la mayoría de los principios federalistas, básicamente porque propugnan una racionalidad y una equidad territorial. Por ejemplo, el más importante, el principio de subsidiaridad, según el cual las
administraciones más próximas son las que conocen mejor las necesidades de los ciudadanos. No es un principio meramente teórico, sino que se observa en el día a día de los ayuntamientos. Prueba de que el modelo español de descentralización no se
ha puesto muy en práctica es que hoy en día el 27 por ciento del gasto total liquidado de las administraciones locales es por competencias impropias. Las demandas de los nuevos servicios públicos que deben hacer frente a las nuevas realidades
sociales -inmigración, dependencia- se canalizan a través del gobierno más próximo y este es el gobierno local y las comunidades autónomas.
Las Cortes de Aragón plantean una propuesta que intenta avanzar hacia una mejora de las condiciones de racionalización del gasto. Se menciona en esta proposición de ley las carencias de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y nos satisface que se pongan de manifiesto desde un sitio que no sea Cataluña. Todos los modelos de financiación de las comunidades autónomas de régimen común desde 1979 se han basado en el concepto de necesidad de financiación de las
comunidades autónomas. El Estado distribuye unos cuantos recursos, ya sean tributos propios, de participación en impuestos o transferencias. Todos sabemos que las necesidades de financiación son una consolidación del cálculo de recursos del método
del coste efectivo. Son cálculos desfasados y a la baja. Sin embargo, las limitaciones de la Lofca no se restringen a una cuestión de carga. La propia definición la convierte en un sistema confuso donde la corresponsabilidad que asumen las
comunidades autónomas es unidireccional, parcial y escasa. Hay muy poca capacidad de gestión. El cálculo de las necesidades de gasto es un acuerdo político. La opacidad y la falta de transparencia en la determinación de las necesidades de
financiación de cada comunidad se suman a unos fondos específicos que no son percibidos por todas las comunidades autónomas y que pretenden cubrir necesidades específicas o persiguen objetivos redistributivos a favor de aquellas con menor nivel de
renta. En general son de menor cuantía pero añaden más opacidad sobre los recursos finales y los niveles de redistribución y solidaridad entre comunidades autónomas, haciendo posible resultados bastante irracionales. ¿Qué sentido tiene que
comunidades autónomas como Cataluña o Baleares que recaudan muy por encima de la media acaben con un nivel de recursos finales por debajo de la media del Estado? Se podría llegar a entender que, aunque no parece recomendable dentro de una lógica de
homogeneización extrema, los que recaudasen por debajo de la media se quedasen exactamente igual que los que recaudasen menos pero nunca que se invirtiese hasta que la que más recaude tenga menos. Esto no tiene ningún sentido. No creo que ningún
empresario intentase aplicar ese sistema de incentivos a sus trabajadores porque sería difícil mantener la paz y la motivación: pagar más a quien menos rinde y pagar menos a quien más rendimiento da.
A este contexto se suma que el Estado tiene una tentación difícilmente evitable de incurrir en deslealtades institucionales, legislar sin contemplar los intereses de las administraciones territoriales, porque se ostenta una impunidad
normativa con posibilidad de obtener rendimientos políticos a coste cero o muy bajo. El ejemplo más flagrante lo encontraríamos en la supresión del IAE o en la reforma del IRPF, pero también en la legislación básica de competencias gestionadas por
las comunidades autónomas. Todos sabemos que este diagnóstico hace tiempo que está hecho, aunque para muchos no se es compartido. El Estatuto era una ocasión para encontrar soluciones estructurales y cambiar las reglas de juego. Esta proposición
de ley es otra oportunidad para dar un pequeño paso adelante en términos de la lealtad institucional y de mejora de las relaciones entre las administraciones públicas. Nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo a esta proposición de ley que viene
de las Cortes de Aragón.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Lanzuela, por favor.
El señor LANZUELA MARINA: Señor presidente, sean mis primeras palabras de saludo especial, y me sumo a los demás saludos que han hecho los intervinientes. Yo hoy lo quiero hacer de una manera especial puesto que los tres representantes de
las Cortes de Aragón representan a una institución a la que me he honrado en pertenecer durante varios años y en legislaturas bien distintas. Se ha recordado aquí -yo he tomado algunas notas ahora y no sé si el señor presidente me permitirá vigilar
el tiempo, porque algunas cosas que no pensaba decir, al hilo de las intervenciones tengo que comentarlas- cómo en circunstancias políticas bien distintas en las Cortes aragonesas se aprobaron el mismo día, concretamente el 13 de marzo de 2003, dos
proposiciones de ley que han venido a la Cámara y sobre las que ya se ha dicho que, por las circunstancias que yo desconozco, han tenido una diferencia en el tratamiento considerable. La primera proposición de ley, y se ha citado aquí, era con la
intención de reformar la vigente Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Ha habido algún interviniente que ha dicho que tuvo un éxito enorme. Lo tuvo aquí, pero desde entonces nada sabemos.
Sí sabemos algo mi admirado señor Piazuelo y yo
de cómo se votó aquí, y que lo hicimos todos, amigable y amablemente, pero con enormes dudas.
Usted las tenía, señor Piazuelo, y yo también. Incluso como tenía tantas, ese día no salí a representar a mi grupo. Quiero hacer un recordatorio, porque
es bueno, de lo que el señor Piazuelo dijo, entre otras muchas cosas, muy prudentemente: Entendemos que la oportunidad de esta propuesta -de aquella, que era gemela de esta que viene hoy- no es la mejor, por expresarlo suavemente. Realmente dijo
suavemente que no era la mejor, y el tiempo nos está dando la razón, a usted que lo dijo y a mí que no lo quise decir porque no salí a decirlo aquel día. Otra una intervención que yo tildaría de brillante fue la del señor Torres Balaguer, se lo
digo con total afecto; tuvo usted una intervención muy buena, yo la seguí desde el escaño y si no hubiera escuchado su final, diría: el señor Torres, en nombre de su grupo, nos va a anunciar que no apoya la proposición de ley -ruego a quienes
tengan curiosidad por estas cosas que la relean porque es una intervención magnífica para decir que no- y, además, con argumentos de mucho peso. Usted que conoce muy bien los intríngulis de la financiación autonómica sabía perfectamente lo que
decía, y en el caso del FCI decía entre otras cosas, al terminar su intervención, llena de argumentos que ensombrecían en aquel momento la intención de la proposición: Si tan solo se corrigen las fórmulas para que Aragón esté incluida y no se
corrigen los criterios de distribución del fondo -tenía usted toda la razón-, de acuerdo a los cálculos que este diputado -usted- tenía o que le han hecho llegar, la Comunidad Autónoma de Aragón no tendría un resultado positivo conforme a lo que se
está diciendo. Esto en mi tierra se vendió como si fuera a caer un maná y no era cierto. Usted lo ha dicho bien claro esta tarde aquí, señor Torres Balaguer, pero como yo tenía sus mismas dudas me permití preguntar al Gobierno -para respuesta
escrita- cuál sería la participación de Aragón en el hipotético caso de que esa proposición de ley fuera aprobada definitivamente como ley en los términos en los que venía y miren ustedes lo que me respondió el Ministerio de Hacienda a través de la
Presidencia de las Cortes. Dice que para el año 2005, en el que había previstos 1.016 millones de euros en el FCI, a los aragoneses, con esa proposición, nos corresponderían 2,4 millones. ¡Imagínense qué viaje: 2,4 millones de mil y pico!
Realmente para ese viaje, como dicen en mi tierra, pocas alforjas necesitábamos, y usted y yo, señor Torres, lo sabíamos. El señor Piazuelo también lo sabía, lo que pasa es que prudentemente hizo un buen discurso y aquí todos dijimos que éramos muy
buenos y se lo mandamos al Senado. ¿Sabe qué pasa en el Senado? Que no saben cómo afrontar ahora esa proposición que les mandamos, llevan once retrasos. Recuerdo el último titular en la prensa aragonesa -concretamente en El Heraldo de Aragón- que
decía: Vamos por la décima dilación, para no decir que ampliábamos el plazo de enmiendas porque era absurdo, ya que lógicamente los dos grandes partidos sabíamos que las enmiendas debían ser a la totalidad.
En este caso que nos trae hoy usted terminó diciendo: Señorías, nosotros vamos a apoyar esta proposición pero tenemos muchísimas observaciones. No alguna observación, sino muchísimas; naturalmente que las teníamos: usted y yo. Yo no
salgo a menudo pero soy un ferviente partidario de que en estas cuestiones los dos grandes grupos -en Aragón tenemos un reflejo más o menos fiel y entre los dos grupos nacionales representamos lo mismo que aquí, aproximadamente al 80 por ciento de
los ciudadanos- nos pusiéramos de acuerdo de una vez por todas en estas cuestiones antes de traer aquí cosas tan dudosas como esta que hoy debatimos de nuevo.
La proposición -voy a ver si puedo resumir- desde mi punto de vista -modestísimo punto de vista- es innecesaria. Si aplicáramos debidamente ese principio de lealtad institucional que entre todos introdujimos en la última reforma de la Ley
Orgánica de Financiación, tendría que ser suficiente. Además se ha dicho aquí por activa y por pasiva que hay un Estatuto de Aragón del que se ha presentado por vía judicial un recurso que está muy bien presentado. Esa es la vía que hay que llevar
y no traer aquí una reforma y un aspecto importante de una ley orgánica para que la cambiemos por una ley ordinaria. Esto, se lo digo a los dos grupos, no sería serio parlamentariamente hablando, porque se trata de un retoque muy importante de la
ley orgánica, de una ley orgánica que queremos cambiar por una ley ordinaria. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El concepto de equilibrio financiero, que está hasta en el título de esta ley, no tiene nada que ver con los conceptos de equilibrio económico y presupuestario que están en la vigente legislación nacional, incluso están en contraposición y
es un error que figura hasta en el título de la proposición. Luego, en el apartado segundo de una farragosa exposición de motivos, de la cual creo que
sobraría prácticamente todo, se lo digo sinceramente y con todo el respeto y el cariño, hasta se confunde lealtad constitucional con lealtad institucional. Léanlo en el apartado segundo. Se habla después en esta proposición solo de
posibles mermas recaudatorias, cuando en la legislación vigente la ley orgánica se dice que también puede haber incrementos además de mermas; en cambio, en esta ley no se supone que puede haber un incremento y ya los ha habido; el solo ejemplo de
hidrocarburos ya es un incremento recaudatorio pero aquí no se ve. ¿Qué pasa cuando hay incrementos? ¿Los vamos a devolver a la Hacienda pública española? No lo digo por Aragón sino por cualquier otro. Luego se ponen a hablar de las haciendas
locales. Respetemos, en primer lugar, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es para las comunidades autónomas, y si queremos hacer algo en las haciendas locales hagámoslo en una reforma de la Ley de haciendas locales. Estamos hablando de
una ley orgánica que no podemos reformar aquí de un capotazo cuando realmente hubo un consenso tan grande en el año 2001. En cualquier caso, mi grupo y, desde luego, los parlamentarios aragoneses hemos propuesto que no haya ninguna duda de que mi
grupo, que tiene enormes dudas sobre esta proposición de ley, no tiene ninguna en que si hay la más mínima posibilidad de que pueda ir a Aragón un euro nosotros lo vamos a apoyar, pero tengan en cuenta que al Senado le mandamos otro toro toreado,
mal toreado y además mal criado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, muchas gracias.
Señorías, finalizamos el último turno de fijación de posiciones con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Gracias, señora presidenta.
Quiero en primer lugar, como han hecho los grupos que han intervenido con anterioridad, enviar un cariñoso saludo a los representantes de las Cortes de Aragón que hoy han venido aquí a defender esta proposición de ley. Efectivamente, es una
proposición de ley elaborada ya hace cuatro años, pero lo que debatimos hoy -se lo digo al señor Lanzuela- es esta específica proposición de ley, no estamos debatiendo la segunda vuelta de otra ley que parece que se aprobó el día 13 de marzo de 2003
también en el Pleno de las Cortes de Aragón, sino que debatimos esta proposición de ley. Usted ha invertido siete minutos en su intervención respecto a la segunda vuelta de aquella proposición de ley. De todas maneras, le invito a una cosa, a ver
si dentro de otros dos años podemos debatir -estoy seguro de que será así- la segunda vuelta de esta proposición de ley colocados cada uno en el mismo sitio después de las elecciones de 2008, ustedes en la oposición y nosotros en el Gobierno.
Esta proposición de ley pone en evidencia que el llamado consenso en el acuerdo de financiación autonómica del año 2001 era un consenso debido fundamentalmente a que las comunidades autónomas no podían votar en contra porque aquello suponía
de alguna manera un empeoramiento de lo que podía haber con la nueva Ley de financiación autonómica, pero que era un mal menor. Ponen de manifiesto claramente que en definitiva ese no era un consenso querido sino un mal menor. Esta proposición de
ley denuncia el comportamiento que el Gobierno central del Partido Popular tuvo entonces; no olvidemos que cuando se elaboró y cuando se debatió en las Cortes de Aragón, el Gobierno central del Partido Popular estaba teniendo un mal comportamiento,
estaba imponiendo nuevas obligaciones a las comunidades autónomas sin darles una mayor financiación y con ello se estaba rompiendo el principio de lealtad institucional. En el debate que hubo en las Cortes de Aragón se mencionaban la protección a
la salud, pleno empleo, medio ambiente, protección a la familia, obligaciones que se le estaban añadiendo sin darle ninguna financiación adicional. Es verdad que el acuerdo de financiación del año 2001, aquel acuerdo tan maravilloso que iba a ser
el definitivo, tiene al menos tres problemas que de alguna manera se vienen suscitando. El primer problema es que no corrige la situación de insuficiencia de transferencias de fondos habidas con las transferencias de competencias. El segundo
problema que se suscitaba en ese acuerdo de financiación era que generaba una severa incertidumbre sobre cuál iba a ser la evolución futura de la financiación autonómica.
Le puedo decir que con los datos que en este momento ya tenemos, y si mis
datos no están equivocados, resulta que cuando se compara el año base 1999 con la liquidación final de financiación autonómica habida en el año 2004 solamente dos comunidades autónomas, Madrid y Murcia, han tenido una evolución de financiación
autonómica por encima del PIB nominal de España, mientras que el resto de las comunidades autónomas han tenido una financiación por debajo del PIB nominal. Luego era cierta esa incertidumbre, era un problema que estaba patente, y el tiempo se ha
encargado de hacer el contraste real de qué es lo que iba a pasar. El tercer problema es que carecía de ajustes obligatorios, limitándose a una mera formulación de principios generales, pero sin mecanismos concretos para la modificación del Fondo
de financiación, el Fondo de suficiencia, que, como usted sabe perfectamente, es el resultado de una resta en la que el minuendo son los costes de los servicios transferidos y el sustraendo la capacidad fiscal de las comunidades autónomas, y no
tiene ningún mecanismo de ajuste obligatorio cuando se produce una modificación de cualquiera de los dos elementos de la resta. Esto no lo dicen solamente los gobiernos socialistas o los gobiernos de diferentes colores del Partido Popular. La
carencia de mecanismos obligatorios está denunciada por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, que es una comunidad gobernada por el Partido Popular. Luego quiere decirse que, de alguna manera, el propio Partido Popular está reconociendo
que el acuerdo de financiación tiene una
severa carencia de sus mecanismos de ajuste obligatorio. Precisamente este es el mecanismo que, tal y como se ha expuesto, se pretende corregir con esta proposición de ley, que haya unos mecanismos de ajuste para el caso de que se produzcan
variaciones en el minuendo y en el sustraendo de lo que va a determinar finalmente cuál es el Fondo de suficiencia. A ello se opuso el PP en las Cortes de Aragón. Me queda la duda, señor Lanzuela, porque yo le he estado escuchando atentamente y no
nos ha dicho qué es lo que va a votar aquí hoy. No nos ha dicho qué es lo que va a votar el Grupo Popular aquí hoy. No sabemos si va a votar a favor o va a votar en contra. Este es un turno de fijación de posiciones, me voy a ir a mi escaño hasta
la hora de la votación, y cuando al señor Pujalte, o a quien sea, le toque levantar los dedos sabremos qué es lo que el Partido Popular va a votar. Pero si hay un turno de fijación de posiciones al menos usted debería haber tenido la cortesía con
el resto de los grupos parlamentarios de indicarnos qué es lo que pensaba votar. Claro, a lo mejor es que no han querido decirlo, y lo entiendo, no vaya a ser que haya una falta de coherencia. ¿Qué van a votar? ¿Que sí? (El señor
Martínez-Pujalte López: Que sí.) Bien, de acuerdo. (Rumores.) Gracias, señor Pujalte, por decirme que efectivamente van a votar que sí. Mire, señor Pujalte, el señor Guedea Martín, en aquella sesión del Pleno de las Cortes de Aragón, decía que
ellos iban a votar que no porque tenían una total oposición en coherencia con la postura... (Un señor diputado: Que no lea, escuche.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señorías, es solo un diputado compañero de ustedes quien está en el uso de la palabra.
Respeto, por favor. Continúe, señor Turiel. Adelante.
El señor TURIEL SANDÍN: De todas maneras lo tengo escrito a mano y es solamente un guión; no vaya a pensar que estoy aquí leyendo un discurso preestablecido como han hecho otros.
Le digo que el señor Guedea Martín -eso sí, quiero poner una cita literal- decía que el Partido Popular mostraba su total oposición en coherencia con la posición que el Partido Popular, el Gobierno de la nación, las 17 comunidades autónomas
y las dos ciudades autónomas adoptaron en el acuerdo de financiación. ¿De qué coherencia hablan hoy? Hoy, ni siquiera ustedes, señores del Grupo Popular, defienden el acuerdo de financiación del año 2001. Bienvenidos al club de los escépticos.
Me gustaría saber, si hoy se repitiera la votación en el Pleno de las Cortes de Aragón, qué es lo que habría votado el PP hoy. Seguramente harían lo que hoy dicen que van a hacer aquí. Si hoy este debate se suscitara en las Cortes de Aragón hoy
votarían que sí a la proposición de ley. Es que no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en la oposición; eso lo entiendo. En el año 2002 ustedes gobernaban en el Estado central y en aquel momento en el que tenían el poder en sus manos y una
mayoría absoluta estaban mostrando la auténtica cara del PP. La auténtica cara del PP es que no les gustan las autonomías, no les han gustado nunca, y todo lo que sirva para dificultar su funcionamiento es bueno.
Han transcurrido cuatro años y sigue siendo válida la proposición de ley.
Es verdad que desde que gobierna el PSOE han cambiado muchas cosas: se ha dotado de más fondos a las comunidades autónomas para la financiación sanitaria; las
reformas estatutarias aprobadas y las que están en curso contienen nuevas previsiones en torno a la financiación de las comunidades autónomas; el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera ya ha puesto en marcha trabajos para acometer la
reforma del modelo de financiación, y asimismo se va a impulsar el grupo de trabajo de lealtad institucional creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
¿Sigue siendo válida? Creemos que sí, que sigue siendo necesaria la articulación de
un instrumento legal que regule los necesarios ajustes que deben producirse cuando se varía la capacidad fiscal en manos de las comunidades autónomas o se modifican los costes de prestación de servicios por ellas prestados, siempre que obedezcan a
decisiones del Gobierno central o de las Cortes Generales. No obstante, tanto por el tiempo transcurrido desde la elaboración de la proposición como porque debe reflejar una voluntad general de todo el Estado español, se hará imprescindible
introducir importantes enmiendas en su articulado, sin que ello impida que en este momento el Partido Socialista se pronuncie a favor de la tramitación de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Señor Turiel, muchas gracias.
Señorías, vamos a llamar a votación. Damos las gracias a los señores Allúe, Yuste y Piazuelo, a los que solicitaríamos que se ausentaran del hemiciclo para ejercer la votación. Muchas gracias a la delegación aragonesa. (Pausa.-El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON EL EJE FERROVIARIO TRANSEUROPEO DE ALTA VELOCIDAD DEL SUDOESTE EUROPEO (PROYECTO Nº 3). (Número de expediente 172/000230.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación quiero informales de dos cuestiones. En primer lugar, exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta
Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 34, correspondiente a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Vasco, sobre medidas a adoptar en relación con el eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad del sudoeste europeo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión
del punto de referencia.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las enmiendas del Senado, en el sentido de debatir el punto 38,
relativo al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, tras el punto 40, relativo a la proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen
general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
-DE LAS CORTES DE ARAGÓN, SOBRE EQUILIBRIO FINANCIERO Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 125/000002.) (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley de comunidades autónomas, presentada por las Cortes de Aragón, sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 291.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPENSATORIAS EN SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DE ALIMENTOS. (Número de
expediente 122/000096.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
Turno a favor del grupo parlamentario autor de la proposición de ley.
Tiene la palabra la señora García. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, les recuerdo que la sesión plenaria continúa, de forma que si desean ausentarse de la misma les ruego que lo hagan con rapidez y en silencio porque una compañera suya está intentando
tomar la palabra en la tribuna. (Rumores.) Señorías, por favor, estamos intentando continuar con la sesión plenaria.
(Continúan los rumores.) Señorías, por favor, vamos a intentar continuar con la sesión plenaria, y será la señora García Suárez
quien, con su permiso, señorías -insisto por tercera vez-, va a intentar tomar la palabra.
Señora García, lo intentamos. Adelante.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que cuesta un poquito empezar. Yo lo comprendo, pero... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Discúlpeme de nuevo. Por favor, señorías, les pido respeto para la compañera que está intentando continuar con la sesión parlamentaria. Para ello les vuelvo a solicitar que si desean
ausentarse del hemiciclo, es muy sencillo, simplemente lo hagan con rapidez y en silencio, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, paso a defender la proposición de ley de mi grupo parlamentario, de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
La idea de crear
un fondo de garantía para el pago de las pensiones no es novedoso, como la mayoría de ustedes conocen. En primer lugar se ha de reconocer que es una demanda de las organizaciones de mujeres desde la década de los ochenta. Debemos reconocer también
que ya en 1987 el Gobierno socialista incluyó la puesta en marcha del fondo en su plan de acción para la igualdad de oportunidades, pero esta propuesta no vio la luz. También el Partido Popular anunció en 1996, a través de su ministro, en aquel
momento el señor Arenas, que el proyecto para crear el fondo se aprobaría en un mes. Estamos hablando de hace muchos años y quiero recordar que entre 1986 y 1989 se registraron diez proposiciones de ley.
No voy a mencionarlas todas, pero quiero
recordar que la mayoría de ellas fueron del Grupo Mixto y de Izquierda Unida o de Iniciativa per Catalunya,
así como también lo que he mencionado en cuanto al Grupo Socialista.
Finalmente, las dos últimas de la legislatura actual han sido también del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Convergència i Unió. A todo ello
hay que añadir que, pese a que dos leyes promovidas por el Gobierno, la reforma del divorcio y la de violencia de género, también obligan a crear un fondo estatal que garantice el pago de alimentos a los hijos de padres morosos, el Ejecutivo hasta
este momento apenas había empezado a dar los primeros pasos. Estamos hablando de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y también de la Ley 15/2005, que modifica el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. En concreto, en ambas se citaba que el Estado garantizaría el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretara el sistema de cobertura en dichos supuestos. En la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género figura la misma redacción con un añadido sobre los
casos de maltrato. Sin lugar a dudas, esta incesante actividad parlamentaria pone de manifiesto fundamentalmente que la creación de un fondo de garantías de alimentos es un tema de interés común en el que todos los grupos hemos manifestado nuestra
conformidad en un momento u otro. En este sentido, ya va siendo hora y creemos que hoy va a ser un momento importantísimo para ello con esta intervención y -así esperamos- con las del resto de los grupos. En esta misma línea también debemos decir
que en el debate sobre el estado de la Nación de este año se aprobó una resolución precisamente instando al Gobierno a proceder a crear este fondo de garantía de pensiones a favor de los hijos en los términos de una proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Catalán, aprobada por el Pleno de la Cámara.
Señorías, ya es hora de poner punto y final a toda una serie interminable de proposiciones, tanto de ley como no de ley, que plantean acciones a favor de la creación de este fondo. Mecanismos similares a un fondo de garantía existen en
varios países de la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Por tanto, no estamos defendiendo ni planteando una cuestión extraña o ajena a lo que ha sido la evolución en los países más cercanos.
Podemos hablar de Portugal, de Francia, de Bélgica,
de Luxemburgo, de Inglaterra o de Italia y las propias instituciones comunitarias se han pronunciado sobre el tema en numerosas ocasiones. Podemos reseñar aquí la resolución del Parlamento Europeo de 8 de julio de 1986, sobre familias
monoparentales, que planteaba estas cuestiones hace 20 años.
Recientemente, el Libro Verde de obligaciones alimentarias, elaborado a petición de la Comisión Europea en el año 2004, analizó los problemas que se planteaban en el cumplimiento de las
obligaciones parlamentarias en el ámbito comunitario, entre ellas está la de que no todos los Estados cuentan con un organismo público que asuma el pago de las pensiones alimenticias cuando estas no son satisfechas. También hay Estados que se
niegan a cooperar para recaudar las sumas reclamadas por organismos extranjeros, de modo que en este sentido se plantea convertirlo en obligatorio en los Estados miembros en la Unión Europea. No solo la Unión Europea, sino también el Consejo de
Europa y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño en 1989, que ratificó España en 1990, se han pronunciado a favor de que los Estados tomen medidas que aseguren las pensiones de alimentos a los hijos en el caso de impago.
Estamos hablando siempre de una preocupación extrema sobre una realidad, que es la desprotección de los menores, de los hijos y las hijas, que puede darse -y se da en nuestro país, como ahora demostraré-, se está dando y se ha dado durante todos
estos años. Parece necesario abordar esta cuestión, habida cuenta de que la tipificación del delito de impago de pensiones en el Código Penal, con un máximo de un año de prisión, según la reforma en vigor desde el 1 de octubre de 2004, no parece
que haya sido una solución al problema. Creemos que puede ser de interés recordar algunos datos sobre el tema y, a la vez, ponerles el acento. Los delitos de impago de pensiones a los hijos se han duplicado en diez años. Las denuncias se han
duplicado y, entre 1994 y 2004, han pasado de 4.336 a 9.136. Según la Fiscalía General del Estado estas cifras significan un aumento del 110 por ciento. Asimismo, hay que tener en cuenta que en el 60 por ciento de los casos las mujeres no
denuncian la situación de impago, y no la denuncian, entre otras razones, a causa del tremendo desgaste personal y el coste en abogados que esto supone. El impago de las pensiones de alimentos acordadas a favor de los hijos con cargo al progenitor
masculino, alcanza el 80 por ciento en los casos en que el obligado al pago desempeña una profesión liberal, y el 67 por ciento en los casos en que trabaja por cuenta ajena. En dicho cómputo no contarían los que trabajan en hostelería,
construcción, etcétera, por la facilidad que tiene el trabajador para cambiar aleatoriamente de empresa, haciendo inviable cualquier intento de embargo en la práctica. El impago constituye un problema frecuente que en ocasiones se limita a un mero
atraso, pero en otras lleva oculto otras intenciones, como posiblemente todos conocemos. No obstante, sea cual sea el motivo, debe quedar claro que siempre repercute en los hijos e hijas.
Con respecto a la proposición de ley que hemos presentado, no voy a alargarme, aunque sí estoy explicando sintéticamente cuáles son las causas que nos llevaron en el año 2004 a proponer y registrar esta iniciativa y por qué sigue vigente su
motivación. Quiero destacar dos aspectos: primero, la necesidad de que la regulación de dicho fondo contemple a todas las familias matrimoniales o no y, segundo, la opción de subrogación prevista en el artículo 7. Quisiera resaltar, señorías, la
gran importancia que ha tenido que se haya recogido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado
una dotación económica de 10 millones de euros para crear este fondo de alimentos que garantice que los cónyuges que no reciben la cantidad para alimentos estipulada en sentencia judicial tras un divorcio puedan acceder a ella. A tal efecto
quiero destacar que solo dos grupos parlamentarios, Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, habíamos presentado una enmienda al respecto y también que esto no se contemplaba en los presupuestos presentados por el
Gobierno. Por tanto, a pesar de reconocer el trabajo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque a lo largo de la historia he recordado que, en una medida o en otra, se han apoyado algunas iniciativas o se han presentado otras, lo
cierto es que en política obras son amores y no buenas razones, y los amores se acaban concretando, desde mi punto de vista, en una cuestión muy concreta, que son los presupuestos. A los grupos parlamentarios nos parece que un momento fundamental,
importantísimo para demostrar que aquellas inquietudes, sensibilidades y proposiciones que durante todo el año hemos defendido tenían la prioridad que hemos querido demostrar, es el de la presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado, porque sin eso no se puede avanzar en ninguna de las propuestas. Dicho esto, señorías, nos parece que ahora sí que estamos ante la solución normativa del problema del impago de las pensiones. El presupuesto parece garantizarlo y estamos
seguros que lo hará. Para garantizarlo la enmienda que hemos presentado, con el apoyo de los grupos parlamentarios, fundamentalmente del Grupo Socialista, contempla que en el plazo de seis meses se tendrá que realizar el procedimiento reglamentario
o por decreto para poder regular ese derecho.
A pesar de estar muy satisfechos, al menos en una etapa importantísima, que es el reconocimiento de esa dotación en los presupuestos de este año, no obstante queríamos mantener nuestra proposición de ley, primero, porque ya la teníamos
planteada y su debate estaba previsto para esta semana, y segundo, porque a pesar de esta garantía del presupuesto, queríamos escuchar a los portavoces de los diferentes grupos, especialmente al del Grupo Parlamentario Socialista, porque tenemos
mucho interés en saber si entre todos vamos a garantizar que se cumpla este compromiso de los presupuestos, y que este plazo, si puede ser de tres meses mejor que de seis, sea una realidad. En todo caso, compartimos el avance importantísimo que se
ha dado en los presupuestos y, en función del debate de hoy, mantendremos o no esta proposición de ley. Si la garantía es clara, porque todos los grupos, sobre todo el socialista, así lo ven y asumen este compromiso, la retiraríamos; si no, la
vamos a mantener para su votación. Es un momento importante, un paso definitivo.
En todo caso, tomaremos la decisión sobre nuestra proposición de ley después de escuchar a todos los grupos parlamentarios.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García, muchisimas gracias.
A no ser que algún grupo parlamentario desee ejercer el turno en contra, abrimos el turno de fijación de posición. En primer lugar, con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre será la señora Fernández Davila quien tome la
palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Subimos a esta tribuna para posicionarnos, como nos ha pedido la señora García, respecto a la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con relación a la creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos. Señora García, nos acaba de pedir nuestro pronunciamiento y lo íbamos a hacer, independientemente de que lo preguntara. Independientemente de que puede haber
algún acuerdo con el grupo mayoritario de esta Cámara, que espero que sí lo haya, apoyamos la propuesta que nos hacen, porque los distintos debates que se han suscitado respecto a esta cuestión nos indican que es el momento para llegar a una
solución. La señora García ha hecho memoria de otras iniciativas, de proposiciones no de ley de distintos grupos, entre las que estaba la nuestra. Yo recordaba lo que han significado algunos debates, sobre los que también ha hecho mención la
señora García, como el de la Ley contra la violencia de género o el de la Ley de Divorcio. En el proceso de debate de las dos leyes presentamos enmiendas sobre la necesidad de la creación de este fondo. Lo hicimos genéricamente en la Ley contra la
violencia de género, y allí se consideró que no era la ley adecuada, que tenía mejor encaje en la modificación de la Ley del Divorcio. Presentamos una enmienda a la Ley de Divorcio que, además de considerar la creación de este fondo, regulaba de
forma clara cómo se tendría que acceder a ese fondo, incluso recogía cómo los incumplidores de las sentencias del pago de alimentos tendrían que reponer al Estado las cantidades que éste tuviera que afrontar en su momento para los alimentos de los
hijos o el núcleo familiar al que se hacía referencia en la sentencia y que la persona no cumplía. Esta enmienda que presentamos, tan normatizada, por decirlo de alguna manera, no se consideró oportuno que se incluyera en la modificación de la Ley
del Divorcio, pero todos los grupos parlamentarios participábamos de la necesidad, con la máxima urgencia, de afrontar esta cuestión. De ahí que en la reforma de la Ley del Divorcio, aprobada en junio del año pasado, se recoge, en una disposición
adicional única, la creación del fondo de garantía de pensiones, que es un paso que nos pareció muy importante pero, en definitiva, faltaba la propuesta de regulación, que en la disposición adicional única a la que hacemos referencia se marcaba un
plazo de un año para hacerlo. Transcurrido ese año, no tenemos conocimiento en esta Cámara de que haya entrado ninguna propuesta de regulación para hacer
efectivo el fondo de garantía de pensiones que se recoge en esta modificación de la Ley del Divorcio, y lo que tenemos en este momento, después de haber debatido esto tantas veces, es la propuesta que hoy defiende la señora García. Por eso,
daremos nuestro apoyo, independientemente de que haya otras posibilidades para garantizar que en los próximos seis meses esté establecida la regulación que se precisa para poner en marcha el fondo de garantía de pensiones, compromiso que también se
recoge en la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, a la que la señora García hacía referencia.
Apoyamos esta propuesta o cualquier otra que en esos seis meses garantice esta regulación, porque entendemos -y creo que coincidimos todos los grupos parlamentarios- que no estamos hablando de una cuestión baladí, sino de un problema de
profundo calado por la cantidad de personas afectadas, y teniendo en cuenta los datos que nos acaba de aportar la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, efectivamente esos casos son gravísimos, sobre todo
si tenemos en cuenta su incremento en los últimos años. Pero lo más grave de esto -por eso digo que es un problema de profundo calado- no es solamente el número de personas afectadas, sino el drama que para ellas supone, independientemente incluso
de que algunas puedan resolver el problema con la participación, colaboración o solidaridad, como queramos llamarlo, de la familia y, a veces, incluso mediante la atención del grupo de amigos, cosa que ocurre más de lo que nosotros mismos podemos
conocer. Repito que lo realmente importante y grave de la situación es el drama que el problema suscita en aquellas personas que lo viven, ya que aunque algunas lo puedan resolver con esta solidaridad de la familia o de los amigos, esto no deja de
ser una limitación para la libertad personal, sobre todo en este caso de la madre que tiene que asumir la responsabilidad de la atención a los hijos, lo que genera una supeditación a ese entorno familiar o de amigos. Pero es que en otras ocasiones
ni siquiera existe esta posibilidad. En muchas ocasiones no resulta fácil llegar a acceder a las prestaciones de los servicios sociales, ya que algunos ingresos exceden los mínimos que se piden para estas ayudas; es decir, los ingresos son
insuficientes, pero tampoco se tienen ayudas, y otras veces se accede a las ayudas que precisamente por no tener ingresos suficientes siguen siendo ayudas insuficientes. De ahí la importancia y la necesidad de que se apruebe, en el menor tiempo
posible, la propuesta que hoy nos presenta la señora García.
Nosotros decíamos con anterioridad que la enmienda que presentamos a la modificación de la Ley del Divorcio pretendía ser una regulación del fondo, porque así lo especificábamos, pero entendíamos perfectamente que a lo mejor la cuestión no
puede ser como nosotros la planteamos y que la propuesta que hacíamos requería una reflexión por parte del Gobierno y del grupo mayoritario para poder efectivarla en la práctica. Nosotros pensamos que desde la aprobación de la Ley del Divorcio, de
su modificación y desde el debate que se suscitó posteriormente con las enmiendas a los presupuestos, hay el suficiente tiempo de reflexión como para que en esos seis meses esto esté resuelto. Nos parece posible, oportuno y correcto que sea a
través de la propuesta que hoy nos presenta la señora García, porque es una toma en consideración; no es la ley que saldría de esta Cámara, pero es una toma en consideración de una proposición de ley que todos los grupos podríamos enmendar, con lo
que tendríamos la más adecuada para regular lo que pretendemos. Por tanto, independientemente de otros acuerdos, esta propuesta podría servir. De todas maneras, no nos vamos a oponer porque, por la intervención de la señora García, lo
interpretamos como extensible a cualquier otro acuerdo que posibilite que en el plazo de seis meses esté regulado el fondo de garantía de pensiones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Será la señora Uría quien, en su nombre, tome la palabra para fijar posición en esta iniciativa.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo hubiera votado que sí a la toma en consideración de la proposición de ley, a pesar de que, como deducirán ustedes de mi intervención, no nos gusta excesivamente cómo se establece. Decía la señora García que muchas
veces se han traído a la Cámara iniciativas de esa índole y señalaba los grupos que lo han hecho como acusando a quienes no lo hemos hecho. Es que no todos pensamos que la regulación de esta materia le incumba necesariamente a esta Cámara del
Congreso de los Diputados. Con ocasión de la última vez que se debatió -el 14 de febrero del año 2006, a propósito de una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- yo decía que, en todo caso, era bueno que se hablase de esta
cuestión porque así, poco a poco, íbamos fijando la materialidad de lo que pretendíamos, también buscábamos la corrección jurídica e incluso podíamos debatir la competencia para hacerlo; asunto al que dedicaré algún tiempo. Y es que, señorías, mi
grupo, al menos desde la VI Legislatura -por lo menos en la que yo he intervenido sobre estas cuestiones en la tribuna- siempre ha considerado que el impago de las pensiones constituye una modalidad más de la violencia de género, de la violencia
económica, porque mayoritariamente son las mujeres y sus hijos e hijas las víctimas de este impago de pensiones. Además, nunca hemos puesto reparos al tipo de unión matrimonial o no matrimonial o al tipo de matrimonio de que se tratase para que se
pudiese cubrir mediante este pago de pensiones. En ocasiones hemos hablado en esta Cámara
de articularlo a través de lo que, como solución, se ofrecía en lo que fue un célebre congreso organizado en su tiempo por el Instituto de la Mujer en Andalucía en el año 2004, cuando se hablaba de establecer una normativa reguladora de la
renta básica o, en su defecto, de un ingreso mínimo de inserción. Con el tiempo y debatiéndolo también en esta misma sede, vimos que tenía un efecto perverso, puesto que dificultaba la posibilidad de repetir las cantidades pagadas a quienes habían
conseguido, teniendo posibilidad de hacerlo, escaquearse -si se me permite la expresión coloquial pero muy gráfica- del pago de lo que debía, como pensiones de sus hijos y también de la compensatoria de su esposa en determinados casos. Señorías, lo
hemos ido perfilando y debo hacer referencia a que, efectivamente, con ocasión de la Ley 15/2005, de 8 de julio, en la que se establecía un nuevo procedimiento para los casos de separación y de divorcio, se estableció que el Estado garantizaría el
pago de pensiones alimenticias reconocidas e impagadas a favor de hijos e hijas. Con la expresión: el Estado, como tuve ocasión de manifestar en la tribuna, entendía que serían los poderes públicos a los que les incumbiese porque no necesariamente
tendrían que tratarse de instancias centrales a la hora de articular una prestación de este estilo. Señorías, ya con anterioridad a la ley a la que me he referido, en la Ley de Igualdad vasca, la Ley 4/2005, se había establecido la creación de un
fondo más amplio del que ahora se pretende, vinculado, eso sí, a la precariedad económica -diré por qué matizo esta circunstancia-, pero que incluía, además de lo que ahora se pretende, la precariedad económica derivada de la viudedad, así como el
impago de pensiones compensatorias -no solo las alimenticias de hijos e hijas- fijadas en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, también en los casos de nulidad matrimonial, separación legal, divorcio, extinción de pareja de hecho
por ruptura o procesos de afiliaciones o de alimentos. Como se ve, el fondo que se pretende es más amplio y con mayores coberturas que el que se prevé con la Ley de Divorcio. Existe en este momento en el seno del Gobierno vasco una comisión
interministerial e interinstitucional, puesto que hay instituciones con competencias distintas en el ámbito vasco, que están intentando articular un fondo de este estilo que se creará, pero se creará de acuerdo con la propia normativa vasca.
Había hecho antes referencia a las situaciones de precariedad. Se puede uno preguntar qué es lo que justifica que en relaciones estrictamente privadas entren los poderes públicos y es que, en este caso, existe un interés social que
trasciende de la esfera meramente privada y que además tiene su máxima expresión en que el impago de pensiones, en ocasiones, es un tipo penal incluido dentro del código correspondiente. Sin embargo, el abono de las prestaciones hasta las
cantidades fijadas en sentencia, como pretende la proposición que hoy se nos presenta, nos parece injusto, porque no todas las prestaciones impagadas tienen que serlo con cargo a los presupuestos públicos. Con ser deseable podría constituir un
auténtico trato de favor cuando sus importes excedan de aquel umbral en el que se ha situado el límite posible en cada coyuntura para combatir la pobreza o la necesidad, es decir, lo que debe ser con cargo a las administraciones públicas
correspondientes es lo que hace referencia a la precariedad y no la totalidad de lo que una sentencia judicial hubiese fijado.
He dicho que iba a hablar del reparto competencial y así es. Hasta ahora -esperemos que con los nuevos estatutos así se haga- las competencias asumidas por el Estado y por las comunidades autónomas se hacen basándose en grandes bloques o
sectores normativos. Por tanto, es necesario determinar cuál es la materia que se está regulando. Hay que pensar en cuál habría que incardinar la creación de un fondo público como el que se pretende. El fondo público que se pretende tiene
carácter público, por supuesto, y se pretende que sea con financiación de los presupuestos públicos. Por tanto, estamos hablando de una prestación social. La dimensión social del Estado en la Constitución de 1978 tiene dos vertientes: una, el
reconocimiento de los llamados derechos sociales -en el capítulo segundo del título I- y otra, los principios rectores de la política social y económica -en el capítulo tercero de ese mismo título I-. Dentro de estos hay que separar, por un lado,
respecto de las competencias que al Estado le incumben, todo lo que constituye el sistema público de Seguridad Social ciudadana. Examinado un fondo como el que se pretende articular lo más claro, el contorno más evidente, es que no se incardina
dentro del ámbito del sistema público de Seguridad Social, luego estamos hablando pura y simplemente de una actuación pública en materia de asistencia social. La asistencia social está asumida como íntegra por todas las comunidades autónomas. No
ignoro, señorías, que existe alguna jurisprudencia constitucional que ha permitido que en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas haya podido entrar el Estado a regular determinadas competencias sociales, pero
esto -que es la excepción- nunca puede llegar a que títulos competenciales queden absolutamente vacíos de contenido. Porque en la proposición que nos presenta hoy la señora García no se cita en ninguna parte -ni en la exposición de motivos ni en el
articulado- la posible incidencia en un fondo de este estilo ni en su creación ni en su gestión de las comunidades autónomas. Tampoco se cita otro nivel administrativo que en la normativa actual, señorías, tiene extraordinaria importancia en cuanto
a la prestación de los servicios sociales, y es que la Ley de Bases de Régimen Local sigue siendo la vigente y atribuye competencias al municipio en esta materia; nivel institucional que tampoco aparece citado en lo que se pretendía como normativa.
Además, con arreglo a la delimitación competencial a la que me he referido, ya hay comunidades autónomas que tienen creado un fondo de garantía de pensiones por alimentos, como es el caso de Valencia. La Generalitat valenciana tiene el Decreto
3/2003 en
cuyo preámbulo dice que lo hace sobre la base de su competencia exclusiva en materia de asistencia social. Dicha competencia exclusiva la tienen todas las comunidades autónomas, insisto. A nosotros, señora García, nos parece estupendo que
se cree un fondo de este estilo porque nos parece que hay que atender a una necesidad social. En el día de hoy se publica en la prensa vasca un artículo de los diputados --los dos presentes en este momento- señor Campuzano y señor Olabarría, en el
que hablan de Loapa social, y es que eso hoy en día es tendencia, señorías: se intenta sobre la base de los títulos sociales atribuir al Estado competencias que no tiene porque son de las comunidades autónomas. Así ha ocurrido en la Ley integral
contra la violencia de género -si se me permite señalarlo-, se va a pretender en la Ley de Igualdad y sobre todo es objeto de enorme polémica en relación con la Ley de Dependencia, y también ocurriría si el fondo definitivamente se articula así. Se
felicita la señora García porque hay un dinero atribuido a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado; también nosotros, pero es que el dinero no lo es todo. La delimitación competencial, el bloque de constitucionalidad que delimita lo
que incumbe hacer a cada uno de los niveles institucionales nos parece que también es un elemento a respetar y a tener en cuenta en cualquier materia, sobre todo desde estas Cortes Generales. Me sorprende sobre todo que el grupo proponente de la
iniciativa sea uno de los que van a formar Gobierno en el tripartito catalán y que, por tanto, tendrá entre sus cometidos velar por el cumplimiento del Estatut que acaban de aprobar, que es todavía más intenso en cuanto a la atribución de
competencias en materia de asistencia social. Quiero pensar que no va a ser esta la tendencia y que entre todos lo conseguiremos cuando se traiga un proyecto o cuando el Gobierno lo aborde mediante norma de rango reglamentario -que también hay
pretensiones en ese sentido-, respetando escrupulosamente lo que a cada nivel competencial corresponde tanto en lo que es a la regulación del fondo, a su gestión y a los dineros con los que habrá de dotarse. En todo caso, de haberse mantenido la
posibilidad de votación de la iniciativa -el interés social que en ella subyace nos parece importante-, por supuesto que hubiésemos votado a favor, pero nos hubiésemos visto obligados a presentar una intensísima batería de enmiendas para respetar lo
que desde esta tribuna he intentado traer al conocimiento de SS.SS. En todo caso, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno de doña Rosa Bonàs en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para tomar posición sobre esta iniciativa parlamentaria.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la Ley 15/2005, de 8 de julio, existe una disposición adicional única por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Esa disposición adicional dice que el Estado
garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado en resolución judicial a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos
supuestos.
Esta ley fue aprobada en julio de 2005, estamos a finales de noviembre de 2006 y estamos esperando esta legislación específica que se debe concretar. Realmente las que están esperando, señorías, son muchas mujeres que están solas, con
hijos e hijas a cargo, que no reciben el pago de alimentos que debería aportar el ex cónyuge. Son casos que necesitan de nuestra solidaridad, de la solidaridad de la sociedad, porque son mujeres que intentan salir adelante con préstamos, con ayudas
de los familiares, etcétera.
Ante la situación angustiosa de estas familias, Esquerra Republicana presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dotar al fondo de 10 millones de euros con el fin de que una vez aprobada la legislación específica
pudiera disponerse de fondos ya en el año 2006.
Nos felicitamos de que el grupo del Gobierno aprobara la enmienda, aunque fuera propuesta después por otro grupo; lo importante es que se aprobó.
La legislación que se debe concretar debe ser por un
procedimiento de urgencia. No sé si es conveniente empezar ahora un procedimiento legislativo demasiado largo. Sería más conveniente un procedimiento más ágil que reglamentase el fondo para que se eviten abusos y teniendo en cuenta que son fondos
públicos y que deberían ser en todo caso en forma de adelanto, así como la posible invasión de competencias, como puede ser si el fondo depende de asistencia social. Es más, lo que lamento y discutimos es si conviene ahora proponer una iniciativa
parlamentaria como la que se trae, porque supone un largo recorrido procedimental.
Existiendo ya una ley como la que aprobamos en esta Cámara hace más de un año que habilita para la creación de un fondo y existiendo ya en los presupuestos de este
año una dotación económica para él, lo más ágil, lo que nos permitiría dar una respuesta más inmediata a estos miles de mujeres necesitadas sería que el Gobierno regulase mediante real decreto su forma de funcionamiento. La proposición de ley en sí
misma tampoco aporta nada sustancial puesto que no regula los supuestos o los requisitos para ser beneficiario del fondo, la cuantía de la pensión, los mecanismos de resarcimiento del fondo, etcétera, remitiéndonos nuevamente al reglamento, y para
ello, repetimos, ya tenemos una ley. Nos parece por tanto una iniciativa un poco reiterativa dado que todos los mecanismos que en ella se prevén ya se han puesto en marcha, sobre todo la dotación del fondo. En definitiva lo que es esencial es que
este sea operativo.
Votaríamos a favor otra vez, pero lo que realmente queremos es que se ponga ya en marcha.
Señorías, ya que pasamos por la Ley del divorcio, les recuerdo que había otra disposición final tercera que decía que el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basado en los principios establecidos en las
disposiciones de la Unión Europea y en todo caso en la voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y respeto a los servicios de mediación creados por las comunidades autónomas. La mediación familiar permite disminuir la
conflictividad de las operaciones y llegar a acuerdos en los pagos de alimentos. El impago de alimentos en la mayoría de los casos es consecuencia de que el padre no puede asumir los costes de una nueva vivienda y el inicio de una nueva familia;
si se añade la desconexión que se produce entre el padre y los hijos cuando la conexión se reduce a una visita cada 15 días y a pagar los alimentos, es de suponer que se hace muy difícil para muchos padres poder pagar los alimentos. Los expertos
señalan que la mediación hace que la separación sea menos traumática y que los progenitores resuelvan los conflictos evitando situaciones que provocan el impago de alimentos; en algunas comunidades autónomas ya se han puesto en marcha experiencias.
Señorías, sabemos que las proposiones no de ley carecen de valor, lo que dice muy poco de nuestra democracia. Sabemos que el Gobierno omite las recomendaciones de esta Cámara, pero que el Gobierno omita las disposiciones legales que se han aprobado
en esta Cámara es casi una broma. Si aprobamos una ley con disposiciones adicionales, esta diputada, que no tiene mucha experiencia, supone que es una ley que se va a cumplir. Si después de casi un año sigue sin adelantarse nada y hay que
presentar nuevas proposiciones de ley pidiendo lo mismo -presentaremos otra- deberíamos considerar realmente lo que estamos haciendo en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Bonás.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Será el señor Carles Campuzano quien en su nombre tome la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Efectivamente, las colegas que me han precedido en el uso de la palabra han hecho un recorrido amplio sobre la historia de esta problemática que pretendemos abordar, el impago de pensiones en los supuestos de divorcio, y han hecho un
recordatorio de las importantes iniciativas legislativas que se han evidenciado en estos últimos años. Desde la perspectiva de Convergència i Unió y tomando la palabra quien la toma hoy, que soy yo, he de recordar el tenaz trabajo de nuestra
diputada Mercè Pigem en esta materia pues une su compromiso personal en defensa de los derechos de las mujeres con una trayectoria profesional de éxito como abogada de familia en Barcelona que precisamente le permite abordar estas cuestiones con el
conocimiento directo de quien ha tenido que afrontar situaciones humanas difíciles desde esta perspectiva. Releyendo los debates que Mercè Pigem había protagonizado en esta Cámara sobre esta cuestión he visto que ella siempre ha insistido en que la
propuesta de creación de este fondo para hacer frente a esos impagos responde a un compromiso de una política social concreta para hacer frente a la pobreza entre la infancia. Cuando hoy miramos la fotografía de la pobreza en el conjunto de España
observamos un repunte de pobres que son niños, y niños que viven en familias monoparentales. Seguramente esa ausencia de legislación contra esos incumplimientos de los pagos responde y explica esa problemática de la pobreza entre las familias
monoparentales. En las cuestiones de fondo hemos entrado todos, y todas las portavoces han manifestado esa coincidencia en una votación favorable a esta propuesta que nos formula Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La señora Bonàs recordaba
de manera muy acertada esos mandatos legales muy específicos, inequívocos, de dos leyes que el Gobierno no ha cumplido hasta el momento. El propio señor Villarrubia en un debate de una proposición no de ley que también defendió la señora Pigem
terminaba diciendo: Ojalá que esta iniciativa de Convergència i Unió sirva de estímulo para que cumplamos este mandato legal. Creo recordar que esa proposición no de ley la discutíamos en febrero, y así terminaba el señor Villarrubia. Tenemos
esos mandatos legales pero es cierto que no terminamos de concretar la elaboración de ese texto legal.
Hoy, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos plantea esta proposición de ley para que sea tomada en consideración por la Cámara, y tenemos una sensación extraña porque sabemos que esta proposición de ley no se va a someter a votación,
que el señor Villarrubia va a responder de una manera previsiblemente favorable a las perspectivas que la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha defendido. Esa es la sensación que tenemos y tampoco sabemos exactamente lo que
estamos haciendo. Si finalmente esta proposición de ley no se toma en consideración, si Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la retira porque cree que con la enmienda que se introdujo en el trámite de presupuestos queda resuelto el tema, que
podría ser una opinión razonable, no entendemos qué estamos haciendo exactamente, porque dedicar unos minutos del Pleno de la Cámara a hacer apología de una enmienda que se introdujo en el Senado no nos parece lo más razonable para los temas de los
que se debe ocupar la Cámara. La Cámara se ocupa de discutir proposiciones de ley en este punto específico del orden del día, no a discutir sobre si una enmienda que se introdujo en el trámite de presupuestos sirve o no para resolver la cuestión de
fondo que plantea esta iniciativa. No entendemos exactamente lo que estamos haciendo.
Además, si observamos el texto que se aprobó en el trámite de presupuestos acerca de esta cuestión, junto con esos 10 millones de euros para permitir el desarrollo de esta política también establece la ley de presupuestos
que en el plazo de seis meses más se regularán las condiciones y requisitos de acceso a estos anticipos, así como sus procedimientos de abono y reembolso. Lo que aprueban los presupuestos es que en el plazo de seis meses vamos a tener
justamente el desarrollo normativo que permita dar aplicabilidad a esa cuestión. Como recordaba la señora Bonàs, insisto, está pendiente de desarrollo desde junio de 2005 un mandato legal pero finalmente no hacemos una ley, a no ser que la ley sea
esa disposición adicional que se introduce en los presupuestos, sino que la parte sustancial la remitimos a un desarrollo reglamentario. Enlazando con la interesante intervención, como siempre, de la señora Uría, nos preocupa que el abordaje a esta
cuestión, que puede chocar en algunos aspectos con las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de asistencia social, no quede en manos de la Cámara sino de un reglamento que va a elaborar el Gobierno. Conociendo la voracidad
centralizadora del Gobierno desde la perspectiva de las políticas sociales, tal y como estamos viviendo en esta legislatura, nos preocupa que no exista un control de la Cámara sobre esta cuestión sino que corresponda a un desarrollo reglamentario
del Gobierno, donde esa voracidad centralizadora no va a tener capacidad de ser contrarrestada por la actuación política de los diversos grupos parlamentarios.
Como decían mis colegas, nosotros también votaríamos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa con la sensación de estar en un debate reiterado, repetido y que hasta el momento ha sido incapaz de concretar políticas que sirvan
para dar respuesta a ese problema de niños y niñas pobres a menudo derivados de crisis familiares en las que los hombres, los maridos, son incapaces de responder a sus responsabilidades. Mi grupo no pretende, porque lo encontraríamos ridículo,
hacer una carrera para ver quién es más diligente sobre esta materia en esta Cámara; sería extremadamente ridículo. Nosotros podríamos recordar que las enmiendas que se aprobaron en estas dos leyes, en la reforma de la Ley sobre separación y
divorcio y en la de violencia de género, tienen origen en Convergència i Unió; podríamos recordar las proposiciones no de ley que la señora Pigem ha defendido en multitud de ocasiones, sus discusiones con los responsables del Ministerio de
Justicia, pero sería extremadamente aburrido. A los ciudadanos lo que les termina interesando es cuándo de una vez por todas esa problemática que no está resuelta se empieza a resolver, pero aún tenemos que esperar diez meses como mínimo, los que
tarde el Gobierno en cumplir el mandato legal que establecen los presupuestos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Será la señora Sainz quien tome la palabra en su nombre.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos en esta proposición de ley un problema social, como se ha puesto de relieve por todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que afecta a muchas familias, precisamente a las más débiles, a aquellas
que están en crisis y en demasiados casos en situación de extrema gravedad por las dificultades económicas que atraviesan las madres que, teniendo los hijos a su cargo, no reciben la pensión establecida por una resolución judicial. Por tanto,
estamos hablando de situaciones críticas, de problemas humanos y sociales y de problemas ligados a la pobreza que sufren muchas mujeres, de muchísimos casos extremos ante los que el Estado tiene que reaccionar; no puede permanecer impasible.
Quiero recordar cómo el Gobierno del Partido Popular comenzó por planificar la creación de este fondo destinándolo, en primer lugar, a las mujeres víctimas de la violencia de género a través de su articulación, como aparece recogido en la
Ley de protección de las mujeres víctimas de los malos tratos en colaboración con las comunidades autónomas. Aquí se han dado argumentos precisamente para hablar acerca de la conveniencia de esa colaboración con las comunidades autónomas,
incorporándola como una prestación a esa orden de protección, y que el Gobierno socialista cuando ganó las elecciones debería haber desarrollado, lo que no hizo. Por ello nuestro grupo ha insistido en la necesidad de crear un fondo de garantía de
pago de alimentos con el objetivo de anticipar estas cantidades necesarias a los casos a que nos estamos refiriendo. En ese sentido nuestras portavoces han defendido enmiendas tanto a la Ley de lucha contra la violencia de género como a la Ley de
modificación del divorcio, y de esto precisamente trata esta proposición de ley. Si hoy estamos debatiéndola es, como aquí también se ha dicho, porque se ha dado de nuevo un incumplimiento del Gobierno socialista, ya que efectivamente tanto en la
aplicación de la Ley contra la violencia de género como en la Ley que modifica el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de separación y divorcio, el Gobierno tenía que haber regulado este fondo. Hace ocho meses el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista se comprometió a que antes de acabar el periodo de sesiones, es decir a finales de junio pasado, el Gobierno traería un proyecto de ley regulando la constitución de este fondo, pero está claro que el Gobierno incumplió
el compromiso porque, si no, no estaríamos aquí. Las prioridades del Gobierno socialista, como ya dijimos hace nueve meses en esta Cámara, son distintas cuando gobernaba que cuando estaba en la oposición. Se nota claramente que ustedes no tenían
ninguna gana, señorías, de crear ese fondo y que se vieron forzados a apoyar -esa es la realidad- las enmiendas que lo establecían en esas dos leyes, en concreto en esta última porque era de ámbito más general, en la Ley de modificación del
divorcio, pero votando, por cierto, luego en contra en el Congreso para eliminar
los supuestos de pensiones compensatorias a cónyuges, estableciendo que solo cubriría la situación de necesidad de los menores, cosa que nuestro grupo lamenta, y, por supuesto, rechazando una enmienda del Grupo Popular que sí la establecía.
Me pregunto, interrogo y exclamo: ¡Cambio, señorías! ¿Qué cambio? Ese feminismo tan radical del que a veces hace gala el propio presidente del Gobierno, que se dice feminista radical, ¿se queda en imponer solamente las cuotas en leyes? Aunque
luego llegan las elecciones y otros gobiernos -los tenemos muy próximos- y no lo cumplen. En cambio, se olvidan de lo que es fundamental, de lo que necesitan las mujeres, de las mujeres que sufren, como es este caso para el que no hay excusas,
incumpliendo además compromisos electorales asumidos reiteradas veces en esta Cámara. Esto no lo han hecho solo en este caso, pero sí nos toca a las mujeres, porque tengo que recordarles que pasado mañana se cumple el plazo de otra promesa, la de
elaborar el plan de lucha contra el tráfico de mujeres, y tampoco lo han hecho; ya no les queda un Consejo de Ministros para poder aprobarlo y cumplir con lo que se han comprometido el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara.
No solo estamos ante una rebaja, porque la hay, y ante un incumplimiento más del Grupo Socialista. Ya sé lo que me va a decir; va a decir que el Grupo Popular también se comprometió, pero ya le he dicho que el Grupo Popular lo incorporó en
la orden de protección, que es la primera ley que protege a las mujeres víctimas de los malos tratos, no lo olviden ustedes, pero no han querido desarrollarlo, como tampoco el plan de lucha contra el tráfico de mujeres; por tanto, ninguna excusa.
Ustedes ya habían gobernado catorce años y tampoco lo hicieron. Nosotros dimos un paso importante para las mujeres víctimas de la violencia de género y ahora estamos valorando casi cuatro años de Gobierno socialista, sus compromisos y sus
incumplimientos. Pues bien, ya no estamos preocupados solo por lo de los seis meses, sino que ¿saben ustedes cuál fue la respuesta que dio -no se ha citado en esta Cámara- hace dos meses la secretaria general de Políticas de Igualdad ante una
pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre el estado en que se encontraba esta cuestión? Solo la indefinición, solo la inconcreción más preocupante, porque dijo: Queremos un fondo reintegrable de garantía de alimentos y una pensión
compensatoria en supuestos de ruptura matrimonial y familiar y queremos hacerlo encontrando un modelo que pueda resolver el problema al que se enfrentan muchísimas mujeres. Hasta ahí fantástico, pero luego dice: Ahora, también les digo que la
fórmula no es fácil. No se comprometió a plazos ni a fórmulas, ni siquiera sabía hace dos meses qué formula se iba a utilizar, según se desprende claramente de estas palabras. Por tanto, no solo no han cumplido el compromiso asumido con todos los
grupos parlamentarios en esta Cámara el 14 de febrero de 2006, sino que estamos lejos de verlo cumplido, porque, repito, la secretaria general lanzó balones fuera de manera preocupante.
De todas formas, me gustaría conocer cuál va a ser hoy el argumento que utiliza -que no sea el del Grupo Popular- para disculparse el portavoz, qué nuevo ardid nos trae aquí, porque en el fondo será un nuevo ardid para seguir sin abordar una
situación grave que es preciso solucionar y que además va en aumento, como evidencian los datos de la Fiscalía del Estado, que señalaba que en el año 1994 las cifras eran de 4.336 casos de incumplimiento y en 2004 de 9.136 y que en los últimos años
se había incrementado un 110 por ciento, una barbaridad. A pesar de esto, el Gobierno sigue incumpliendo sus leyes. Espero que no salgan -aunque aquí ya se ha anticipado y parecía que se sentían muy complacidos los portavoces que me han precedido,
sobre todo la portavoz de Izquierda Unida- con que se aprobó una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, porque eso también lo hicieron en los del año pasado, también se aprobó esa enmienda para ponerlo en marcha, sin embargo terminan los
presupuestos y todo sigue igual.
Hablan también de un plazo de seis meses. ¿Seis meses más seis meses? Esto es una broma, dura, que no comprenden las mujeres que pasan por estas penurias. Nuestro grupo anunciaría que votaría a favor de esta proposición de ley,
naturalmente con aquellas enmiendas que pudieran mejorarla en su trámite parlamentario, pero está claro por lo que se ha dicho -incluso parecía desprenderse de la propia intervención de la portavoz de Izquierda Unida- que la van a retirar.
Sinceramente lo lamentaríamos porque las mujeres que sufren este problema no necesitan discursos sino realidades. Ya sabemos que los compromisos del Grupo Socialista y del actual Gobierno quedan en papel mojado; de seis en seis meses van y sigo
porque no llego. Esa es la realidad, y con sus actitudes están perjudicando gravemente a unos hijos, a unos niños, a unos menores y a unas madres que se dedicaron a atender a sus hijos que hoy se encuentran en una situación de extrema necesidad.
En un momento, señores del Grupo Socialista, en el que ustedes presumen de superávit en las cuentas del Estado no tienen perdón para no sacar adelante este fondo, y no solo este, sino también el relativo a incorporar las pensiones compensatorias a
cónyuges. Esta es una demanda justa y necesaria. Nuestra voluntad sería apoyar el texto, en coherencia con lo que ya hicimos hace seis meses, con lo que decíamos también en nuestro programa y con nuestra línea de actuación política marcada siempre
por la responsabilidad social y por el apoyo a las mujeres, sobre todo de manera especial a las mujeres más débiles, que es de las que hoy estamos tratando aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sainz.
Finalizamos con el turno del señor Villarrubia por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición de ley, por cuya presentación les que queremos felicitar, es del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero es obligado contestar también la intervención -una vez más fuera de la
realidad- de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. A la portavoz del Grupo de Izquierda Unida hay que reconocerle, al igual que al resto de los grupos, el esfuerzo. De entrada, voy a reconocer un incumplimiento temporal del Grupo
Parlamentario Socialista, porque en efecto nos comprometimos a crear este fondo en la Ley orgánica integral contra la violencia de género y en la Ley 15/2005, de 8 de julio, de separación y divorcio, nos dábamos un plazo de un año. Es cierto que en
el mes de julio debiéramos haber presentado nuestro proyecto o proposición de ley y no lo hemos hecho, por eso tenemos que pedir disculpas. En cualquier caso, lo importante no es que haya un retraso de tres meses, sino que un problema de décadas,
histórico, de muchos seres humanos en situación de necesidad, de debilidad, un problema por el que han luchado los colectivos de mujeres, mucha gente necesitada y el conjunto de los grupos políticos, lo hemos resuelto; lo hemos resuelto en una
enmienda en el mes de octubre. Señora Sainz, no es una promesa; se ha constituido el fondo en la enmienda que hemos presentado dos grupos políticos. Cuando hablamos de hechos son amores, sobre esos amores, señora García, no me traicione mucho,
porque esa enmienda la presentamos conjuntamente su grupo y el mío, sin embargo usted se lo ha atribuido a un tercer grupo político. Supongo que ese ha sido un error involuntario pero, repito, lo hemos aprobado mediante una enmienda conjunta de
Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista. Tengo que reconocer, porque es la realidad, que el conjunto de los grupos -la señora Pigem por supuesto, de Convergència i Unió, reiteradamente, la señora Uria, Esquerra Republicana, el Bloque
Nacionalista Galego, Coalición Canaria y todos los grupos de esta Cámara- ha hecho grandes esfuerzos. Esto ha sido histórico desde la oposición; solo ha habido un cambio. ¿Saben qué cambio ha hecho posible que esto sea una realidad? Que hoy
gobierna el Partido Socialista y no gobierna el Partido Popular.
(Rumores.) Como gobierna el Partido Socialista y el conjunto de los grupos quiere que se cree este fondo y que se solucione este problema social tan injusto e histórico, esto va a ser
ya una realidad. Y pido excusas en nombre de mi grupo, doña Rosa. Tiene usted razón, porque este mismo portavoz dijo que se intentaría cumplir ese plazo y no lo hemos cumplido en julio, pero sí en octubre. En octubre se constituye el fondo,
también con la colaboración de su grupo, y se da un plazo de seis meses para regular los requisitos, bien mediante ley o bien con desarrollo reglamentario, pero ya se ha creado el fondo con 10 millones de euros. Ya es irreversible, ya es una
realidad y esto es lo importante.
Doy por reproducido, porque tiene toda la razón, doña Carmen, el relato histórico y cronológico, con alguna cuestión más, porque no importa quién venga, sino que lo importante es que vamos a resolver el problema y ustedes han sido
protagonistas, claro que sí, y algunos otros grupos también, pero me parece injusto y es penoso que ustedes no corrijan su discurso, doña María Jesús. Yo he tenido que reconocer, porque es verdad, que nos hemos retrasado unos meses, pero nos
creemos esto y, como nos lo creemos, el Gobierno socialista y el Grupo Socialista, en colaboración con el resto, lo van a hacer posible. Usted se ha referido, y yo continúo, doña Carmen, a que a finales del año 1996 el ministro de Trabajo, el señor
Arenas Bocanegra, se comprometió a la creación del fondo. Señor Aznar: Se va a crear en el año 1997. Doña María Jesús, ¿cómo puede usted decirme lo que me ha dicho? Prioridad del Gobierno del Partido Popular, urgencia y prioridad. El ministro
de Trabajo, el presidente del Gobierno y la ministra de Justicia rechazaron una proposición de ley de mi grupo el 20 de abril del año 1999. Esto va a ser una realidad inmediata, el anteproyecto está elaborado. Estamos en 2006.
Ustedes no lo
cumplieron. Engañaron e incumplieron y nos tildan a nosotros de incumplir cuando acabamos de aprobar su creación. Tenemos que reconocer el retraso y pedir disculpas porque nos hemos retrasado tres meses, de julio a octubre, para una reivindicación
histórica no solo de las mujeres, pero fundamentalmente de las mujeres de este país, y por eso tenemos que felicitarnos hoy. Estamos dando un paso más en lo que merece la pena de la política, que es resolver problemas, sentirnos útiles hoy un
poquito más que ayer, y agradecer este esfuerzo y esta posibilidad de un gobierno que sí se lo cree, que atiende sobre todo a los débiles y cumple el mandato del artículo 39 de la Constitución, protección a la familia y a la infancia, y desarrolla
el artículo 24.1 de la tutela judicial efectiva, porque ya no solo es la fase declarativa, sino que con esto será la fase de ejecución. Como decía el informe del Consejo General del Poder Judicial del año 1998, una sociedad que se precie de tal,
moderna y avanzada no puede tener esta injusticia y esta rémora de desatención de los menores. Y claro que en un futuro, doña María Jesús, probablemente haya que atender también a las pensiones compensatorias y dos huevos duros más, por qué no,
pero de momento vamos a atender a los niños que son abandonados, incumpliendo sus progenitores esas obligaciones. Tenemos un plazo de seis meses y yo no estoy en condiciones, pero le adelanto que juntos intentaremos recoger los requisitos.
En esta misma tribuna, con motivo de la proposición no de ley de doña Mercè Pigem en el mes de febrero, así lo recogíamos. Nuestro criterio no tiene por qué ser el absoluto, sino que, como estamos hablando de dinero público, no puede -lo
apuntaba doña Margarita Uría- indiscriminadamente protegerse cualquier cantidad recogida en sentencia ni a cualquier persona con independencia del patrimonio. Y ahí está la siguiente cuestión. Tiene razón y habrá que tener en cuenta los límites
competenciales. Lo tenemos que hacer y hacerlo bien. ¿Se va a hacer mediante ley? ¿Se va a hacer mediante reglamento, doña Carmen? No estoy en condiciones de
afirmarlo en este momento desde esta tribuna, de lo que sí estoy en condiciones es de afirmar con usted y con el beneplácito y la colaboración de todos que intentaremos que se cumpla, por supuesto. La creación del fondo estará lista en
cuanto vuelvan los presupuestos del Senado y los aprobemos definitivamente, y tenemos que ver los requisitos, que en nombre de mi grupo manifiesto que lo hacíamos desde que estábamos en la oposición. Este mismo portavoz, que ha reconocido hoy ese
incumplimiento temporal, lo decía en la oposición y en el Gobierno, tenemos que dar cobertura a las situaciones de necesidad, no a todo tipo de situaciones, porque es dinero público, que siempre es escaso. Cubierto este extremo, probablemente no
nos toca hoy, doña Carmen. Vayamos por pasos, el compromiso político que teníamos era, en este plazo, aunque con un poco de retraso, dar solución a este problema que es el más grave en cuanto a prioridades, protegiendo el interés superior del
menor. No significa que no haya otros intereses dignos de protección para un futuro, claro que sí, pero ahora nos toca esto. Lo hemos dotado con 10 millones de euros y tendrá los recursos públicos necesarios en esa regulación en la que nos tenemos
que poner de acuerdo, con el correspondiente derecho de subrogación de la Administración en la posición del acreedor cuando se haga el pago para recuperar las cantidades que sea posible, que garantice que no haya ni un niño ni una niña en este país
que por los incumplimientos de un padre o de una madre -normalmente de un padre- le falten recursos para las necesidades básicas. Esa es nuestra filosofía, eso es lo que nos gustaría y ya no es una promesa, doña María Jesús, como las que hacían
ustedes y que incumplieron. Pero qué mal chiste, qué mala broma. Además, es que no tenía ni tono de broma. Dice que ya hicieron la orden de protección en el año 2003. ¿Pero qué tiene que ver eso con el fondo de impago de alimentos? ¿Pero qué
mal chiste y qué mala broma trae usted aquí? No le reitero, porque no merece la pena, otras de sus intervenciones en este mismo tema.
Concluyo. Eso que no era posible cuando gobernaba la derecha, solo ha habido un cambio y es que todos los grupos, la mayoría de la oposición, reivindican la solución de este problema histórico y ahora hay un gobierno con sensibilidad social
que incrementa los derechos en el ámbito de la igualdad, en esta auténtica revolución legislativa que estamos llevando -no en cuatro años, doña María Jesús, que se le ha hecho muy largo, llevamos dos años y medio y poco más-, empezando por la Ley de
violencia, la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley que regula el divorcio y la separación, Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de igualdad en trámite, la Ley de dependencia en trámite, esta auténtica revolución en
la lucha por la igualdad real frente a la igualdad formal que las mujeres tienen en este país desde el año 1978.
Este es un paso más.
Esto es -y termino, señora presidenta- lo que le puedo ofrecer de verdad, doña Carmen, porque lo vamos a cumplir. Si no se cumple, tendremos...
¿Por qué negar la evidencia, como hacen otros, si queda constancia en el 'Diario de Sesiones'?
Vamos a intentar ponernos de acuerdo para que esta regulación -a ver si podemos compartir los principios- solucione de verdad y no temporalmente, sino permanentemente los problemas que muchos menores de este país y mujeres, por tanto, también han
venido padeciendo históricamente. Es un día alegre y es un paso adelante. Una vez más, hacemos política con mayúsculas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Villarrubia, muchas gracias.
Señora García Suárez, entiendo que no debo llamar a votación por cuanto usted retira esta proposición de ley.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Oídos todos los grupos, y entendiendo la argumentación del Grupo Socialista y de otros grupos en el sentido de que podía ser más interesante no pasar a trámite parlamentario, la retiro.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, no damos paso al llamamiento a votación por cuanto acaba de ser retirada in voce por su propietaria, en este caso, la diputada señora García Suárez.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ESTÍMULO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE LA INVERSIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000112.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos al punto III del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley, comenzando con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
estabilidad presupuestaria y estímulo de la productividad y de la inversión de la economía española.
Será el señor Sánchez i Llibre quien abra este turno, señorías, para defender esta proposición no de ley.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una proposición no de ley de estabilidad presupuestaria y estímulo de la productividad y de la inversión de la economía española. Al mismo tiempo
también, señoras y señores diputados, dado que esta es una iniciativa parlamentaria que hace aproximadamente...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe un momento.
Señorías, por favor, es imposible que su compañero diputado pueda tomar la palabra y defender esta iniciativa. (Rumores.) Señorías, por favor.
Adelante, disculpe.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Tal como les venía manifestando, dado que esta iniciativa se presentó en el Registro de la Cámara hace aproximadamente 14 meses, la hemos autoenmendado con otra iniciativa que está puesta al día, la hemos modernizado y hemos incorporado
todos aquellos cambios que ya se modificaron, con el soporte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cuando se realizó una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde Convergència i Unió entendemos que esta es una
iniciativa potente, interesante y que, desde todos los puntos de vista, tendríamos que intentar que la mayoría de los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara obtuviéramos el consenso suficiente para poder plantear ante esta Cámara un
debate importante sobre temas económicos, en el que pudiéramos poner encima de la mesa medidas presupuestarias, financieras y administrativas destinadas a impulsar el crecimiento de la productividad, a través del estímulo de la inversión privada.
Este es un aspecto que nosotros hemos venido planteando reiteradamente en diferentes ocasiones con iniciativas que van en esta dirección. También hemos planteado todas aquellas cuestiones que afectan a la modernización de las infraestructuras e
iniciativas que van en la dirección del impulso a la investigación y a la innovación. Al mismo tiempo también queremos tener un debate amplio, profundo e intenso sobre todos aquellos aspectos que van en la orientación de incrementar y mejorar la
educación, todos aquellos aspectos que van en la dirección de aumentar las becas y todos aquellos mecanismos que van en la dirección de reforzar la cohesión de nuestra economía en el mercado interno europeo.
Señorías, independientemente de que hoy pudiéramos aprobar esta iniciativa parlamentaria que nosotros consideramos bastante interesante, por no decir muy interesante, lo ideal sería plantear un debate económico en profundidad en un punto
único del orden del día, en el que también podríamos plantear propuestas de resolución que fueran en esta dirección.
Nosotros hemos planteado finalmente esta autoenmienda que va en la dirección de instar al Congreso de los Diputados a apoyar la
necesidad de conjugar y hacer compatibles todas aquellas políticas de estabilidad presupuestaria con políticas de estímulos a la productividad que permitan incrementar la inversión pública y privada; impulsar todas aquellas actividades de
investigación, desarrollo e innovación; mejorar la educación; aumentar las becas y la inversión en gasto social.
En base a estos planteamientos básicos y fundamentales, planteamos cuatro puntos que podrían ser objeto de consenso por todos los grupos que conformamos la Cámara, el Congreso de los Diputados. En el primer punto planteamos el impulso de
una política de estabilidad presupuestaria que se apoye en el estricto control de la evolución de los gastos corrientes y otorgue prioridad a aquellas partidas de gasto que aumenten la inversión pública en el impulso de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación. También planteamos la adecuada dotación de la educación, el incremento de la inversión social y la mejora de la construcción de nuevas infraestructuras. Entendemos que es perfectamente compatible cumplir con
los objetivos de estabilidad, porque, como todas SS.SS. saben perfectamente, en España tenemos una coyuntura económica de superávit presupuestario, y con todas aquellas medidas complementarias que no estén reñidas con los planteamientos y los
principios de Maastricht, que fomenten todas aquellas inversiones orientadas en infraestructuras, en educación y en I+D+i.
Hay un segundo punto importante, que es incorporar al marco anual de estabilidad presupuestaria y a la propia política presupuestaria el compromiso de destinar recursos en aquellos ejercicios en los que se obtengan superávits superiores a
las previsiones previamente aprobadas, no todo el superávit, sino el incremento del superávit previamente aprobado, para que estos recursos los podamos orientar de forma prioritaria a la inversión pública en infraestructuras productivas y sociales.
Por tanto, no estamos incumpliendo, desde ningún punto de vista, el Plan de Estabilidad Presupuestaria, no estamos incumpliendo los principios básicos fundamentales de Maastricht, sino que estamos implementando medidas coyunturales que se pueden
complementar perfectamente con todas estas orientaciones e iniciativas que van en la dirección de la estabilidad presupuestaria.
Hay un tercer punto importante, que es impulsar una iniciativa para el aumento de la productividad en la economía española -esta es una cuestión en la que prácticamente todos los grupos podíamos estar de acuerdo- que adapte a nuestras
necesidades la iniciativa europea impulsada por la Comisión Europea, concretamente a finales de junio del año 2003.
Finalmente, hay otro aspecto, y es que en el plazo de tres meses el Gobierno pueda presentar en el Congreso de los Diputados un
debate profundo e intenso con todas las fuerzas políticas de esta Cámara, en el cual se puedan plantear todas estas iniciativas administrativas, presupuestarias y financieras y podamos debatir y presentar todos los grupos propuestas de resolución en
todos aquellos aspectos que puedan ir en la dirección de esta enmienda que, repito, algunos países de la Unión Europea ya las han puesto en marcha y les están dando buenos resultados.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre, muchas gracias.
Pasamos, señorías, al turno de defensa de las enmiendas que han sido presentadas. En primer lugar, tendrá la palabra el señor Martínez-Pujalte para defender la enmienda que ha presentado a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Su tiempo, señor Martínez-Pujalte, será de cinco minutos.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, estamos debatiendo una proposición no de ley que, por fecha, es bastante antigua ya que es una proposición no de ley, para que SS.SS. lo conozcan, que se presentó en esta Cámara
hace casi dos años -año y medio me sugiere el proponente-, pero que en el fondo sigue absolutamente vigente. España está creciendo y creando empleo por encima de la media europea desde hace ya más de diez años, eso es objetivo. Se lleva un proceso
de casi una década creciendo y creando empleo, y los datos están ahí. Es verdad que nuestro gap respecto a la media europea en renta per cápita no está avanzando tan rápido como el crecimiento, porque en España la población está creciendo más que
en el resto de los países europeos y, por tanto, nuestra renta per cápita no se está acercando con la misma intensidad a la media europea, pero sí es verdad que estamos en una línea ascendente de crecimiento y creación de empleo. La proposición no
de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sigue vigente porque los desequilibrios de la economía española siguen presentes. Recuerdo aquellas intervenciones sobre el patrón de crecimiento en España -construcción, demanda interna, ladrillo-,
que está absolutamente vigente. Seguimos igual pero con desequilibrios muy importantes. La inflación en España sigue creciendo un punto por encima de la media europea. No nos separamos de un punto. Es verdad que la nuestra ha bajado en términos
absolutos, pero es que la de países competidores con el nuestro también ha bajado y el diferencial de inflación sigue en un punto, datos de hace tres días. Eso está haciendo que la tendencia de pérdida de competitividad se mantenga. La
productividad en España -otro de los grandes temas del candidato a alcalde de Madrid actual- sigue yendo a peor. Podría ser mala hace dos años; ahora es peor porque hemos empeorado un poco. No mucho, tampoco hay que exagerar, pero no hemos
mejorado. Esa pérdida de competitividad y esa pérdida de productividad se refleja directamente en los datos de la balanza por cuenta corriente en los que España está consiguiendo récords históricos. ¿Esos desequilibrios se pueden traducir a medio
plazo en problemas de crecimiento? Todos los analistas -y aquí veo a algunos diputados del PSOE que lo conocen muy bien, que son estudiosos del tema- me dirán que sí. Es verdad que el escenario con el euro puede dilatar los problemas, pero también
es verdad que nadie dice que dos desequilibrios tan importantes como pérdida de competitividad por diferenciales de inflación altos y déficit de la balanza por cuenta corriente -también déficit de la balanza comercial- se pueden traducir en una
crisis.
Por eso me parece muy importante que hoy debatamos esta proposición no de ley. Bien es verdad que oyendo al portavoz de Convergència i Unió me he quedado un poco asombrado, porque había preparado hace unos días una intervención, de acuerdo
con un texto que no tiene nada que ver con la autoenmienda que se ha hecho el portavoz de Convergència i Unió. De tal manera que la enmienda que había presentado a un texto hace dos días, hoy no tiene ningún sentido. Con lo cual, señora
presidenta, retiro mi enmienda porque estaba presentada a un texto que no es el que se somete a votación, que es la autoenmienda de Convergència i Unió. Me parece que hay que tomar medidas y que las medidas que propone en esta proposición no de ley
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) son poco concretas. Me gustaría avanzar en medidas más concretas para mejorar el marco que haga competitivas a las empresas (fiscales, financieras, laborales y administrativas.) Habría que concretar más las
medidas de I+D+i y las medidas que hicieran posible que la educación jugara un papel importante a la hora de promover la competitividad de las empresas. Creo que la Ley de Universidades -es una opinión personal- no ayuda nada, pero también es
verdad que las cien medidas para mejora de la productividad que hace un tiempo presentó el Gobierno, a lo mejor a medio plazo producen un efecto muy importante.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Pujalte, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo, señora presidenta. Hasta hoy no han producido un efecto positivo. Por tanto, mi grupo votará que sí a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque sin ser
muy concreta, marca un camino por el que sería bueno avanzar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pujalte.
Continuamos, señorías, con la otra enmienda presentada, que defenderá el señor Saura en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Dado que el Pleno de hoy es largo, señorías, les rogaría que se restringieran ustedes al tiempo que tienen,
además muy tasado, tanto para las proposiciones no de ley, como es este caso, como para, posteriormente, las mociones.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Es evidente que la estabilidad presupuestaria junto al plan nacional de reformas están dando resultados para la economía española. La economía ahora crece a una tasa del 3,8 por ciento, más que cuando gobernó el Partido Popular. Ahora se
crea más empleo, prácticamente
estamos en el pleno empleo; más empleo que cuando gobernó el Partido Popular. La inflación ahora es menor que con el Partido Popular, también la inflación subyacente, también el diferencial con la media europea. La aportación del déficit
de la balanza de pagos por cuenta corriente al crecimiento económico español es menor y el presupuesto de 2007 va a doblar los recursos destinados a la investigación y al desarrollo tecnológico. Pero es más, en este momento, en la ejecución del
presupuesto de 2006 el gasto en inversión civil crece a una tasa del 12 por ciento, muy por encima del crecimiento nominal de la economía, muy por encima de lo que fue el presupuesto y su crecimiento inicialmente, y muy por encima de lo que se
gastaba en inversión civil cuando gobernó el Partido Popular, y todo ello gracias a la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria permite reducir los costes de la deuda y eso influye en más gasto, incluso doblando el gasto en I+D+i,
y también influye muy positivamente en la inversión civil que, como decía anteriormente, crece a una tasa del 12 por ciento, muy por encima del crecimiento nominal de la economía.
No entiendo la posición del Partido Popular, que nos viene a decir, por una parte, que hay que tener más superávit de las cuentas públicas y a continuación dice: ese superávit de las cuentas públicas no hay que llevarlo a reducir la deuda
y, por tanto, que haya más gasto productivo en el corto y en el medio plazo; no, nos dicen: más superávit para gastar más. Ellos no dicen que eso del gasto público no es bueno para la economía. No se entiende el discurso del Partido Popular.
Nos reclaman más superávit para gastar más no para reducir la deuda. A estas alturas no entendemos nada del discurso económico del Partido Popular; nada de nada. No entiende nadie nada de nada.
Incremento de la productividad. Hoy sí que hay incremento de la productividad. Crecimiento del 3,8 por ciento. Están explicando el incremento de la productividad, porque la creación de empleo está por debajo del incremento de la economía;
por tanto, ahora sí que hay incremento de la productividad, cuando anteriormente había disminuciones de la productividad. Todo ello, gracias a la estabilidad presupuestaria y al Plan nacional de reformas, porque en la evaluación del año 2006 se ha
dicho a Bruselas -y Bruselas ha dicho que funciona el plan razonablemente bien- que el 50 por ciento de todas las medidas diseñadas en el período 2006-2010 ya se ha puesto en marcha. De tal manera que hay resultados.
Voy a poner encima de la mesa
algunos resultados que nos parecen relevantes. Incremento de la productividad, leve pero incremento, cuando anteriormente había disminución. En los dos últimos años, las solicitudes españolas de patentes europeas crecieron un 40 por ciento, más
que en ningún país de la Unión Europea. Las solicitudes de patentes internacionales crecieron un 35 por ciento, el mayor crecimiento de la OCDE. El reciente informe anual de la Fundación Cotet muestra que la confianza en la mejora de nuestro
sistema nacional de innovación es la más alta desde el año 1999. Es decir, hay resultados en crecimiento económico, en creación de empleo, en reducción de la inflación, en que la aportación negativa del sector exterior al crecimiento económico sea
menor, se dobla el gasto en I+D+i, hay incremento de la productividad, hay resultados en investigación; todo ello, como decía anteriormente, gracias a la ambición de la política económica, a la ambición del Plan nacional de reformas y a la
estabilidad presupuestaria.
Nosotros estamos dispuestos a aceptar algunos de los planteamientos de Convergència i Unió y les proponemos en este momento -se lo pasaré a la presidenta- una transacción a su enmienda, porque creemos que hay una parte que mejora el texto y
lo que mejora no daña, por tanto, hay que incorporarlo para que este país sea ambicioso en materia de crecimiento económico, de reducción del paro, de empleo de calidad, de apuesta por lo social y por la productividad. Por tanto, vamos a hacer la
transacción pero la economía está corrigiendo su patrón de crecimiento, hay crecimiento económico, hay incremento de la productividad y hay una apuesta por lo social en la medida en que la estabilidad presupuestaria permite reducir los costes
financieros, que a corto plazo genera más inversión productiva, más gasto social y, sin duda, a medio y largo plazo se traduce en más gasto social todavía y en más gasto productivo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Saura.
Comenzamos con el turno de fijación de posiciones. La señora Fernández será la primera en intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, estábamos predispuestos a votar a favor la autoenmienda que presentan ustedes a la proposición no de ley, en la medida en que su formulación genérica nos parecía correcta y, concretamente, el primer párrafo e incluso
el último párrafo, en el que se sintetiza el fin de la proposición no de ley. Sin embargo, tras una segunda lectura y reflexionando respecto a lo que se plantea fundamentalmente en el punto número 1, nos parece que pueden existir importantes
contradicciones entre lo que en principio se dice pretender en el primer párrafo y concretamente donde se habla de aumentar las becas y la inversión en gasto social, y lo que se plantea en el punto número 1 sobre el impulso de la política de
estabilidad presupuestaria apoyándose en el estricto control de la evolución de los gastos corrientes, cuando además no se hace ninguna especificación de los gastos corrientes a que se refieren. Nos preocupaba que, en definitiva, esa propuesta que
pudiera presentar el Gobierno supusiera una reducción de gastos corrientes en algunas cuestiones -cosa que, dada la práctica política hasta el momento del Gobierno del señor Zapatero, nos parecería difícil que ocurriera-, o bien no disminución
pero sí control del gasto corriente en la multiplicidad de políticas sociales que es necesario hacer. Porque no sabemos cómo se puede controlar el gasto corriente si no es a nivel genérico y, de acuerdo con la generalidad de la propia
proposición no de ley, en todo el gasto presupuestario. Para que nuestro grupo no incurra también en contradicción respecto a la postura que siempre hemos mantenido sobre la estabilidad presupuestaria entendiendo -y así lo hemos manifestado en
otras ocasiones- como restrictivas las normas que emanan de la Comisión Europea, concretamente el límite del 3 por ciento para el endeudamiento, nos vamos a abstener porque, de acuerdo con el enunciado de la propuesta, la contradicción existe e
inevitablemente, de votarla a favor, sería nuestra.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchas gracias.
Señor Pérez, su turno en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para fijar posición sobre esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está formulada, como ya se ha dicho, hace algunos meses, antes de que fueran reformadas la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la ley orgánica
complementaria. Aquella reforma fue para nosotros la condición necesaria para avanzar sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas hacia mayores cotas de bienestar.
Nosotros hemos venido defendiendo que dentro de la Unión Europea los problemas de financiación a corto plazo no son una cuestión estrictamente nacional sino una cuestión comunitaria, ya que el impacto en los tipos de interés y en el euro
tiene consecuencias evidentes sobre todos los países miembros. Por eso es lógico establecer normas y comportamientos en el marco europeo con la flexibilidad necesaria para atender circunstancias distintas y situaciones diversas en los Estados
miembros. Pero lo cierto es que nuestro país llegó al punto de ser más papista que el Papa, porque un país con deficiencias relativas en infraestructuras, con déficits sociales, tecnológicos y en capital humano parecía agudizar la fe del converso
interpretando regresivamente los requerimientos comunitarios en materia fiscal. En los últimos años el equilibrio nominal en las cuentas públicas, la proclamación del déficit cero como principio rector de la política económica y las regresivas
reformas fiscales han ido consolidando un proceso de divergencia real con la Unión Europea ampliando las brechas sociales en nuestro país. Es evidente que los problemas de nuestro país no van a solucionarse a golpe de déficit público, pero tampoco
reduciendo los márgenes de maniobra en materia fiscal o sin abordar reformas tributarias que aseguren mayor suficiencia y equidad, porque los deseos de cambio de la sociedad española han de traducirse en mejorar nuestra protección social, conseguir
un modelo productivo más sólido que genere empleo de calidad y potenciar el equilibrio territorial. La reforma definía el objetivo de estabilidad presupuestaria haciendo referencia al ciclo económico al programar la estabilidad para la
Administración del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Esto es importante porque la sostenibilidad de las finanzas públicas debe instrumentarse adaptándola a la situación cíclica de la economía para suavizar sus oscilaciones.
Esta ha sido y es nuestra posición en relación con este debate.
Dicho esto, no hemos percibido a fecha de hoy cambios en el modelo productivo español que, en realidad, era la gran promesa de esta legislatura. Consideramos que la política económica española elude los problemas de nuestra economía; sobra
complacencia y falta una reflexión seria donde participen el conjunto de las fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos. El esfuerzo conjunto respetando las competencias de cada nivel de gobierno es más necesario que nunca, lejos de la
parcelación de funciones. Necesitamos criterios comunes, por lo que el ejercicio de liderazgo y coordinación del Gobierno central se debería extender a una serie de áreas que deberían saldar los déficits con los que empezamos esta legislatura y
sobre los que realmente no se ha intervenido. Es cierto que el empleo indefinido ha crecido de manera intensa en 2006 con tasas por encima del 3,5 por ciento, pero, paralelamente, el empleo temporal ha superado en un punto el ritmo de incremento
del empleo estable, empujando al alza la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 34,6 por ciento en el tercer trimestre de 2006, alcanzándose la cifra de 5.661.000 asalariados con contrato temporal. Se diga lo que se diga, el empleo temporal sigue
creciendo desde el año 2000 y es consecuencia de un modelo de crecimiento basado en sectores que hacen un uso más intensivo de la contratación de duración determinada. Se trata de actividades que crean muchas ocupaciones de productividad baja,
atendidas con mano de obra poco cualificada y barata en sectores como la construcción, el comercio, la hostelería o el servicio doméstico. Ante este panorama no parece posible cambiar la tendencia de la tasa de temporalidad, que marca el modelo de
crecimiento y fomenta la política gubernamental reformando el Estatuto de los Trabajadores.
En definitiva, señorías, nuestras preocupaciones no están en el acento que marca Convergència i Unió con este tipo de iniciativas. La simple apelación a la estabilidad o la simple apelación a la productividad en general, viniendo de una
fuerza -no diré que de derechas porque sé que al señor Sánchez i Llibre no le gusta- de centro muy escorado, no nos merece la confianza política suficiente como para apoyar esta propuesta sin más.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchas gracias.
Señor Azpiazu, su turno en nombre del Grupo Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir desde el escaño para fijar posición en relación con una proposición de Convergència i Unió autoenmendada a última hora y que trata de hablar sobre política económica.
Le quiero decir a Convergència i Unió que el debate me parece oportuno pero habría que hacer un debate sosegado, con más información y no tratar de improvisar estas cuestiones que son, de verdad, cuestiones de fondo y que pueden tener un
calado enorme. A mi grupo le parece magnífico plantear, como lo hace Convergència i Unió, que el exceso de superávit presupuestario se dedique a la inversión pública. Pero que eso se tenga que hacer en becas y en formación le parece mal porque eso
no es de la competencia de esta Administración pública. Por eso creo que este debate es oportuno. Es el que yo vengo haciendo con motivo del debate de presupuestos que es replantear la reforma del gasto público, en definitiva, replantear quién
debe administrar la cosa pública entre el Estado y las comunidades autónomas, y una vez replanteado esto se pueden revisar los modelos de financiación que conlleva este replanteamiento de la política económica para que hablemos en serio y no estemos
hablando siempre sobre pájaros y flores que no nos conduce a nada. Lo que no se puede hacer, como ha comentado hoy el secretario de Estado en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, es decir que el Estado va a cerrar este ejercicio con un
2 por ciento de superávit público -el 1,2 por ciento de la Seguridad Social, señor Saura, y el 0,7 del Estado-. No se puede decir que esto es cumplir sobradamente las expectativas o las previsiones iniciales, no es así, es descumplir por arriba las
previsiones. Si cuando se hacen los cálculos se entiende que el déficit público de las previsiones es el que debe existir, primero, para que haya una estabilidad suficiente y, segundo, para cumplir con una serie de prestaciones públicas, lo que no
se puede hacer cuando se descumple es decir que eso es bueno. ¿Por qué va a ser bueno? Posiblemente se podrían utilizar todos estos excesos de recaudación para cumplir todas aquellas políticas públicas que no se satisfacen suficientemente, y en
muchos casos lo que habrá que hacer será revisar el modelo de financiación, porque esas políticas públicas las tendrán que llevar a cabo las comunidades autónomas que son las competentes en la materia, primero, porque aparece en sus estatutos y,
segundo, porque esa es la única manera de funcionar eficaz y eficientemente. Acaba de pasarme un libro mi compañero Beloki, Global Europe, social Europe, editado, entre otros, por Anthony Guiddens, donde hay una serie de datos en relación con los
ingresos públicos, los gastos públicos y el déficit público. Pues bien, la economía española es la única que tiene superávit -del año 2005 son estos datos-, pero si vamos a los ingresos y los gastos públicos nos damos cuenta de que el ingreso
público en el modelo escandinavo supone un 53 por ciento; en el modelo continental, un 46 por ciento; en el modelo anglosajón, un 41 por ciento y en el modelo mediterráneo cerca del 40 por ciento y, dentro del mediterráneo, el más bajo es el
español, 38,8 por ciento. Algo parecido, evidentemente, ocurre en el gasto. ¿Saben a costa de qué? Fundamentalmente a costa del gasto social, que en el modelo escandinavo es el 27,8 por ciento; en el continental, el 28,1 por ciento; en el
anglosajón, el 25,9 por ciento; en el mediterráneo, el 21 por ciento y en el español únicamente el 19,7 por ciento. Pues si hay que apostar en política social -que, por cierto, es competencia de las comunidades autónomas-, lo que tendremos que
hacer será revisar este modelo y que las comunidades autónomas tengan una financiación adicional.
Lo que no se puede hacer, señor Saura, como han hecho ustedes en su enmienda, es decirles a las comunidades autónomas que se comporten tan bien como
ustedes. Ellos tienen un desequilibrio que en parte se deriva no de la propia actuación, sino de las políticas que se implementan desde aquí -políticas que se hacen en materia tributaria rebajando los impuestos o políticas de gasto público que
suponen más gasto para las comunidades autónomas pero que no llevan aparejada una financiación adicional-, lo que se está generando desde aquí son unos agujeros financieros en las comunidades autónomas. Yo creo que esto tiene que ser objeto de
revisión global. Y esta sí es una cuestión importante de política económica de la que no se habla nunca, ni siquiera en los debates presupuestarios, y sería procedente. No creo que el Partido Popular ni el Partido Socialista tengan la voluntad y
la valentía política suficiente para abordar esta cuestión en toda su crudeza y llegar adonde haya que llegar después de un debate sereno y sosegado. Por eso, nuestro grupo está dispuesto a hablar de políticas públicas, de superávit, de reforma de
gastos, de revisión del modelo de financiación y nos gustaría que también estuvieran dispuestos otros grupos parlamentarios y creemos que no es la mejor manera presentar una iniciativa de estas, un tanto improvisada, como la que hoy plantea CiU.
Esto tendría que partir de una reflexión sobre la política económica mucho más sosegada, con un amplio preámbulo en el que podamos poner y quitar en conjunto elementos de reflexión. Sinceramente, esta reflexión hay que hacerla y, si no se hace,
estaremos apostando por la ineficiencia y estaremos apostando por el despilfarro; es decir, si queremos políticas sociales, que las hagan los que tienen que hacerlas, si queremos hablar de reparto, de superávit, hablemos, pero también del modelo de
financiación, de lo que haga falta, sin complejos y, si no, no hablemos de nada, pero tratemos de evitar traer a esta Cámara una serie de proposiciones inocuas que son agua, a las que luego otro grupo echa gaseosa y, al final, queda todo con
bastante poca sustancia. ¿Debatimos en serio? Sí, hagámoslo,
pero, por favor, no hagamos perder el tiempo a otros grupos y menos al Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiazu.
Finalizamos con el turno del señor Puig en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a manifestar su posición sobre la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió. La intención o la intencionalidad en la proposición no de ley coincide con el propósito del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, y me refiero tanto a la proposición inicial como a la autoenmienda que ha presentado hoy mismo a última hora Convergència i Unió, así como a la transacción que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista y que nos acaban de entregar.
Por tanto esperamos clarificar el marco en el que estamos discutiendo para saber realmente lo que vamos a votar, pero en líneas generales coincidimos. Esta fue nuestra manera de llegar a un acuerdo con el Gobierno, una modificación que iba
precisamente en la dirección que se apunta de flexibilizar los objetivos de estabilidad a lo largo del ciclo priorizando fundamentalmente las inversiones. Observamos que la enmienda inicial que presenta el Grupo Parlamentario Socialista podría
significar un posible acuerdo, pero con otra parte de esa misma enmienda no podemos estar de acuerdo, lo explicaré más adelante.
La política de equilibrio presupuestario incorporada a la base del ordenamiento fiscal y financiero y desarrollada por el Pacto de Estabilidad acordado por el Consejo de Amsterdam constituye una aportación necesaria a la estabilidad
macroeconómica. Las últimas reformas que hemos tenido ocasión de consensuar con el Gobierno pretendían que el cumplimiento de este marco normativo europeo fuera compatible con un alto nivel de inversión pública -no debemos olvidar que estamos a la
cola en lo que se refiere a la dotación de capital público de la Unión Europea- y que se hiciera efectivo para todas las administraciones implicadas: Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Entendíamos que un compromiso tan general
debía decidirse, y no solamente cumplirse, con la participación activa de todas las administraciones. Era indispensable que a la vez que flexibilizábamos la interpretación de los objetivos a lo largo del ciclo los mecanismos de coordinación entre
administraciones respetaran la autonomía de los entes territoriales, muy especialmente la de las comunidades autónomas, que gestionan ya más de un tercio del gasto del sector público. Y este respeto a la autonomía no fue una de las características
definitorias de aquel momento de aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Fue precisamente como garante de esta autonomía y respeto a sus competencias que introdujimos órganos de negociación bilateral entre el Estado y las
comunidades autónomas para la fijación de sus objetivos de déficit. En ese sentido hemos de expresar la sorpresa agradable de que el Partido Popular haya venido a las tesis defendidas por nosotros, contrariamente a lo que habían defendido cuando
estaban gobernando, por tanto no sé si la intención del portavoz Martínez-Pujalte, del Grupo Parlamentario Popular, es hoy cambiar el fenómeno que practica el Partido Popular. Le agradecemos que ahora vaya en el camino de las tesis que practicaba
Esquerra Republicana y por tanto sea bienvenido al club. En ese sentido, y a pesar de haber flexibilizado los objetivos, uno de los puntos de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista conmina a las administraciones territoriales a obtener
saldos positivos en fases de alto ciclo económico para contribuir a la estabilidad macroeconómica. Nos podría parecer razonable que se introdujera este elemento al conjunto de las administraciones públicas, pero a nuestro entender puede ser una
limitación de la autonomía de los entes territoriales y creemos necesario que se introduzcan matices, en primer lugar, clarificar que la obligación de cada una de las administraciones de tener superávit en ciclos económicos altos es un mandato
general, pero que podrá no cumplirse en circunstancias excepcionales, circunstancias que se tomarán en consideración en los organismos de negociación bilateral; y en segundo lugar, y aunque no se menciona en ninguna de las enmiendas, seguimos
reiterando una mayor claridad en el reparto horizontal entre las comunidades autónomas y los objetivos de déficit en las fases bajas del ciclo económico. La política fiscal de las comunidades autónomas así como sus niveles de presión fiscal deben
ser elementos a tener en cuenta a la hora de negociar los límites del endeudamiento de cada comunidad autónoma. No podemos encontrarnos con la paradoja de que aquellas comunidades autónomas que realizan prácticas indiscriminadas de rebaja fiscal
obtengan el mismo trato que otras como Cataluña, que realizan una política presupuestaria y fiscal responsable para rebajar la carga de su deuda. Por tanto vamos a esperar a ver cuál es la calificación de las enmiendas y transacciones, también las
de última hora que tenemos encima de la mesa. Nosotros ya hemos manifestado nuestra intención de coincidir con el planteamiento inicial que hace la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Señor Sánchez i Llibre, se retiró una de las enmiendas; tiene otra del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se acepta o se rechaza?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros solo aceptaremos nuestra autoenmienda, por decirlo de alguna forma, y no vamos a aceptar la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido retirada, ni la del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien, muchísimas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA ATENCIÓN DEL ESTADO A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES CONDENADOS A MUERTE O ACUSADOS DE DELITOS QUE CONLLEVEN LA PENA CAPITAL. (Número de expediente 162/000527.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el punto cuarto, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y relativo a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o acusados de delitos que
conlleven la pena capital.
Tiene la palabra para defender esta proposición no de ley el señor Olabarría, por siete minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, esta es una proposición no de ley recurrente en esta Cámara y en otras instituciones parlamentarias, como el Parlamento vasco, donde ha sido también presentada por distintos grupos, o
el Parlamento Europeo. Hace referencia al mantenimiento de la pena de muerte como elemento ontológico esencial y sirve para incardinar lo que nosotros pretendemos, el pedimento de nuestra proposición, que tiene su fundamento en la circunstancia
histórico-política siguiente: desde el año 1990 nada menos que cuarenta Estados han abolido la pena de muerte, pero todavía nos encontramos con la lacra, con la atrofia social y democrática de que 68 países la mantienen vigente en sus ordenamientos
jurídicos. De esos 68 países o Estados solo una democracia desarrollada en el sentido más convencional del término, sin entrar en calificativos subjetivos, Estados Unidos, la mantiene en su ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, podemos
decir que solo 68 Estados en este momento mantienen todavía esta infamia, que es el calificativo que nosotros preconizamos en relación con el mantenimiento de la pena de muerte en los ordenamientos jurídicos de los países que todavía la mantienen.
De hecho, podemos citar la circunstancia ilustrativa de lo que estamos comentando de que en los últimos treinta años nada menos que 1.100 personas han sido ejecutadas en ese país, en esa democracia desarrollada que es como hemos calificado
institucionalmente a Estados Unidos. Desde ese punto de vista, nosotros entroncamos esta iniciativa parlamentaria con la situación de Pablo Ibar, un ciudadano de nacionalidad española cuyo juicio se tiene que reproducir porque la pena de muerte
efectivamente está reconocida en algunos Estados, no en todos, de los Estados Unidos, pero es una pena de muerte eludible mediante una circunstancia particularmente perversa o patológica, es eludible mediante la posesión de una fortuna suficiente
como para poder contratar un bufete, una firma de abogados que pueda, mediante los mecanismos jurídicos de las apelaciones, con los gastos que conllevan, liberar a las personas de una infamia de estas características. Lo que ha ocurrido con Pablo
Ibar y con otras personas que están citadas en la exposición de motivos de la proposición no de ley que hemos presentado es esto sencillamente. El juicio se tiene que reproducir. Como saben SS.SS. esta persona fue defendida por un abogado de
oficio de una forma particularmente negligente y en este momento, mediante una impugnación conseguida de forma dificultosa y con grandes esfuerzos por su propia familia, ha logrado que se acrediten numerosas irregularidades en el procedimiento
inicial condenatorio a una pena tan grave como la pena de muerte que obligan a la reproducción de los juicios. Hay muchos miles de familias de personas que se encuentran en lo que se denomina el corredor de la muerte en ese país en este momento que
por falta de medios económicos no pueden conseguir la reproducción de un juicio donde se remuevan las irregularidades procesales -y fíjense SS.SS.
de qué perversión estamos hablando en una Administración de justicia de un país desarrollado- que
provocan que una persona pueda ser ejecutada, nada menos que ejecutada, asesinada legalmente sería la locución más correcta. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos la impresión de que el problema de la aplicación de la pena de muerte en países
desarrollados -no nos referimos a otros países donde la democracia o el desarrollo económico no tienen suficiente asentamiento- es un problema de ricos y pobres, se trata de una dialéctica entre personas con recursos y personas sin recursos. Le voy
a citar tres opiniones autorizadas para acreditar este aserto. En primer lugar, una voz tan poco apasionada como la del representante oficial del comité del distrito de Columbia en Estados Unidos que manifestaba mediante un documento oficial nada
menos que lo siguiente: Tal como se aplica en la actualidad en Estados Unidos la pena capital no es más que una discriminación arbitraria contra una víctima ocasional, no es un mecanismo de justicia distributiva para los criminales más atroces, no
son los criminales más atroces los que sufren su efecto, sino solo los pobres que no tienen un centavo para presentar las apelaciones necesarias para liberarse de su sacrificio. Una opinión autorizada en mi opinión. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Hay otra opinión más autorizada o más relevante en mi opinión todavía.
Lewis E. Lawes, que fue el alcaide de la prisión de Sing Sing durante muchos años y acompañó a la muerte a más de 150 personas, afirmaba de forma muy enfática que no
puede encontrarse un castigo con más defectos inherentes que el que se aplica a los condenados a muerte. No se aplica -y lo comentaba expresamente, estoy reproduciendo el tenor literal de sus palabras- igual al rico que al pobre, al que tiene
influencias o dinero que al que no los tiene y, en definitiva, no tiene nada que ver la posición jurídica del que tiene
influencias, del que tiene dinero para conseguir una representación jurídica solvente que la de una persona que no lo tiene y que, por tanto, queda absolutamente abocada al sacrificio final, a la ejecución. Esto ya tiene antecedentes
históricos, Émile Zola en una novela muy conocida por SS.SS., París, ya afirmaba algo desde una perspectiva estética o estético-jurídico-política, si ustedes quieren la expresión, cómo siempre la guillotina se encontraba ubicada físicamente en
barrios de miseria y de trabajo, elevándose como una amenaza porque los condenados, los que iban a ser conducidos a la pena de muerte eran personas que dimanaban de una situación de ignorancia, de pobreza y de sufrimiento. Desde esa perspectiva ya
Zola decía que la guillotina ubicada en estos barrios tenía un componente inhibitorio y amenazante y que la ubicación en barrios ricos, donde nadie debía ser atemorizado, resultaba particularmente antiestética, que hubiese parecido horrible,
antiestético y vergonzoso su terrible aspecto.
Señor presidente, acabo mis palabras invocando algo que jurídicamente es difícilmente discutible. La Constitución española ha abolido la pena de muerte y reconoce el derecho a la vida en el artículo 15. Hay declaraciones universales
internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por haber sido ya convalidadas y recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama enfáticamente el derecho a la vida, los dos
tratados internacionales de derechos humanos de 1966, el artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos de la Unión Europea, pero sobre todo voy a enfatizar, y con esto de verdad acabo, señor presidente, la proclamación
del artículo 24 de la Constitución Española, que es aquel artículo que proclama el derecho de cualquier ciudadano español a una tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia han podido desagregar en qué consiste el
derecho a la tutela judicial efectiva y entre otras cosas la jurisprudencia constitucional ha proclamado que no es un derecho que sea ejercitable en un ámbito territorial determinado, cual fuera el del Estado español, sino que está vinculado a la
condición de ciudadano español, al fuero personal del ciudadano afectado por una condena, aunque sea impuesta en el extranjero y por una administración de justicia ajena a la española, y dentro de esto figura la abolición de la pena de muerte, el
derecho a un juicio justo, el derecho a la justicia gratuita, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas y a la utilización por parte del reo de los recursos necesarios para evitar una consecuencia tan lacerante, tan irreversible e inevitable
como la ejecución.
Señor presidente, estas son mis últimas palabras, y esta es una promesa solemne, esta proposición no de ley la presenta mi grupo solo para eludir responsabilidades en sede parlamentaria que pudieran dimanar de la no aceptación de la misma.
Nosotros no vamos a contribuir con nuestro voto, y vamos a intentar evitarlo mediante la presentación de esta proposición no de ley, a que un ciudadano español sea ejecutado en un país donde requerimientos tan indisponibles como las declaraciones
universales de derechos humanos o tratados que hemos citado, deban ser objeto de la debida consideración. Con nuestro voto no se va a ejecutar a ningún ciudadano español por falta de medios económicos, porque el fuero y el requerimiento de que la
justicia tiene que ser gratuita, eficiente y con medios de defensa adecuados no tienen un ámbito territorial individualizable, el Estado español,...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...sino que tienen un fuero de naturaleza personal, afecta a cualquier ciudadano español, y nosotros con esto salvaguardamos nuestra responsabilidad. Si algún ciudadano español es ejecutado por la no aceptación de
esta proposición no de ley, nuestra responsabilidad está salvaguardada. Piensen SS.SS., los miembros de los demás grupos parlamentarios de esta Cámara, cuál es su responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones. Señor Rodríguez, adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a esta importante y significativa iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco defendida por el señor Olabarría, y lo hacemos porque pensamos que a estas alturas del siglo XXI resulta inmoral,
injusto e increíble que pueda seguir existiendo la pena de muerte. La pena de muerte solamente se puede entender como la aplicación de la Ley de Talión o como la aplicación de una concepción jerarquizada, teocrática y absolutista que tiene derecho,
desde el punto de vista del Estado, a hacer lo que se quiera con la vida de las personas. Hasta tal extremo estamos en una concepción que debe ser rebatida, desde el punto de vista de una justicia democrática y universal, que ya en el siglo XIX
algunos de los mejores poetas que había en la península Ibérica se expresaban en contra de la pena de muerte. En particular, en el caso de Galicia, uno de nuestros clásicos, Curros Enríquez, hablaba de la siguiente manera refiriéndose a los reos
que iban a ser víctimas de aplicación de garrote vil. (Continúa su intervención en gallego, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: A víctima chega;/ quizais é un imbécil,/ quizais naceu tolo,/ quizais
é inocente.../ Mellor que matalo/ (que a morte é un berce/ onde o home, gran neno,/ descansa para sempre),/ mellor que matalo,/ tal vez conviñese/ metelo no fondo/ de catro paredes,/ ou preso a unha argola,/ que á terra o suxete,/ mandalo abrir
montes/ e furar tuneles,/ dicéndolle: 'sofre,/ traballa e mantente/ e a liberdade chora,/ que ti non quixeche...-' El señor diputado continúa su intervención
en castellano.) Sin embargo, decía el poeta que realmente no se actúa así, sino que es preciso que muera, que se siga castigando el crimen, pero el crimen se repite, y en todo caso Dios, ante este espectáculo, está claro que diría: si esto
es justicia, que el demonio me lleve.
Efectivamente, señorías, la iniciativa que el Grupo Parlamentario Vasco está defendiendo es una opción justa para los ciudadanos españoles, y creo que en este momento de la historia de la humanidad nos debíamos preocupar de que hubiese una
posición clara en contra de la aplicación de la pena de muerte, incluso con Sadam Husein, mucho más cuando no se respetan las mínimas garantías procesales, y que en el caso de los ciudadanos españoles el Estado español debería cubrir con toda
contundencia. Por eso vamos a votar a favor y esperemos que seamos capaces de impedir que se aplique la pena capital a los ciudadanos del Estado español que están en espera de ser ejecutados. Ya pasaron más de 150 años desde que los demócratas
españoles quisieron abolir la pena de muerte, no solamente en el Estado español, sino en cualquier democracia que mereciese tal nombre, y es significativo que estemos aún combatiendo por este derecho elemental. Por tanto, felicitamos al PNV y
esperamos que esta proposición no de ley vaya adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señora Navarro, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Desde luego, hay que felicitarse por esta iniciativa que se basa en una obviedad, la necesidad de que se actúe de una manera mucho más efectiva de lo que ya se hace por parte del Gobierno, para no solo abolir la pena de muerte en todos los
foros internacionales y que se luche por ello en todo el mundo, sino también para proteger a los ciudadanos españoles que se encuentran en esta situación en el extranjero. Sin embargo, me ha sorprendido mucho, en la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la confianza que ha manifestado en la aprobación de la proposición no de ley; no puedo dejar de decirlo. Cuando ha dicho: si algún español es ejecutado por la no aprobación de esta iniciativa, etcétera, yo he
pensado: ¡Qué confianza tiene en la inmediata ejecución de la proposición no de ley, tal cual se vaya a aprobar, por parte del Gobierno! Ojala fuera así con esta, especialmente, y con todas las proposiciones no de ley que se aprueban en este
Parlamento, día tras día, y que son absolutamente desoídas por parte tanto de este Gobierno como de los gobiernos anteriores.
Centrándonos en la cuestión que nos ocupa, la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone la violación de como mínimo dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser
sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. La pena de muerte es irreversible y entraña el riesgo de que se ejecute a inocentes. Nunca se ha podido demostrar que tenga mayor efecto disuasorio frente a la delincuencia que otros castigos;
ocurre lo mismo con el incremento de penas, como Izquierda Unida ha denunciado una y otra vez tanto en esta legislatura como en legislaturas anteriores. Pese a la obviedad de estas afirmaciones, lo cierto es que la lucha contra la pena de muerte es
todavía un reto social y político no conseguido en el siglo en que nos encontramos y que debe marcar la agenda de nuestro Gobierno. A pesar de que existe una tendencia a su abolición en todo el mundo, hay casos que debemos exceptuar, como ya se vio
por parte del ex presidente del Gobierno, señor Aznar, que va contracorriente respecto a los países democráticos avanzados, como pudo observarse en sus declaraciones acerca de la condena a Sadam Huseim. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de
que siguen siendo muchos -como se ha dicho- los países que continúan aplicando la pena de muerte. Según Amnistía Internacional en el año 2005 se llevaron a cabo en el mundo al menos 2.148 ejecuciones en 22 países.
Por tanto, es necesario que desde
el Gobierno se siga trabajando de forma continuada en todos los foros internacionales para que los países que aún no lo han hecho, decidan abolir esta pena o mientras tanto establezcan una moratoria, así como para impedir ejecuciones concretas de
personas condenadas a muerte.
Centrándonos otra vez en la proposición no de ley por la que, como digo, les felicitamos, ese esfuerzo del Gobierno español debe ser especialmente intenso en los casos de españoles condenados a muerte en otros países, realizando todas las
gestiones que estén en su mano para impedir la ejecución de estas personas. Compartimos el contenido de la iniciativa en el sentido de que el Congreso debe promover la abolición de la pena de muerte y, en concreto, promover la protección del
derecho a la vida de los ciudadanos españoles en el exterior. Las medidas actuales resultan insuficientes, y sobre todo consideramos que se deben mejorar la atención y las acciones del Gobierno español en los casos de estos ciudadanos españoles que
están en el extranjero, con el objeto de garantizar juicios justos, con las debidas garantías, que como en los casos que se citan en la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pasa por garantizar una asistencia jurídica de
calidad durante todo el proceso. No obstante, estas medidas concretas deben complementarse con la acción diplomática del Gobierno y con la actuación de España en los organismos internacionales en defensa del derecho a la vida, promoviendo la
abolición de la pena de muerte, promoviendo la defensa de los derechos humanos y denunciando públicamente a aquellos países en los que no hay condiciones para celebrar juicios justos, donde se vulnera la presunción de inocencia, donde hay
irregularidades en el proceso, en la obtención de pruebas y un largo etcétera. En estos casos el Gobierno español debe jugar un papel activo en la protección de los derechos humanos, en la protección del derecho a la vida de
los ciudadanos españoles condenados en el exterior. Para ello es necesario voluntad política, pero también reformas legales y medidas políticas específicas. Por eso, evidentemente vamos a votar a favor de esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Parlamentario de Esquerra. Señor Cerdà, por favor.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, este es un tema de sí o sí, y no es ningún secreto que Esquerra Republicana va a sumarse a la proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco, porque le parece a todas
luces oportuna. Siempre ha sido este el posicionamiento de Esquerra Republicana cuando se ha planteado la defensa de derechos fundamentales. En este caso ha sido una defensa clara y contundente y siempre hemos mantenido la misma postura, con la
cual, evidentemente, comulgamos, la defensa de los derechos humanos en un punto esencial como es el derecho a la vida. Son -es una obviedad- numerosas las organizaciones que defienden los derechos humanos que han denunciado la pervivencia en
demasiados países de la aplicación de la pena capital en detrimento del derecho fundamental de la vida. Es un bien inalienable, un bien jurídico que no tiene precio y tampoco tiene que tener el precio, en la petición que hacen ustedes, de que sea
el Estado quien se haga cargo de la defensa de sus ciudadanos fuera de sus fronteras, de la defensa jurídica efectiva. A pesar de que la tendencia en todo el mundo es claramente favorable a que la pena de muerte vaya desapareciendo de los
diferentes códigos penales, aún sigue existiendo en muchos países la aplicación de esta pena capital. Básicamente se concentra en cuatro países: China, Irán, Vietnam y Estados Unidos, y también en Filipinas, aunque en el caso de Paco Larrañaga
debemos felicitarnos por la conmutación de la pena, fruto de las presiones sociales, políticas y diplomáticas que se han hecho. En el Estado español, la pena de muerte se abolió en el año 1995; sin embargo, el artículo 15 de la Constitución la
sigue mencionando, manteniéndose la excepción en el caso de la legislación militar, que la regula en tiempos de guerra, cosa que hemos manifestado en diversas ocasiones que debía ser corregida y enmendada. Si no me falla la memoria, las últimas
penas de muerte tuvieron lugar en 1975, justamente a tres militantes de ETA y a dos del FRAP, que fueron fusilados en dicho año.
Existe una clara tendencia -ya lo he dicho- a rectificar en la aplicación de la pena capital. Esta proposición no de ley es oportuna porque aún queda mucho por hacer y todos los esfuerzos son necesarios para que esta lacra desaparezca del
mundo. El Estado español ha hecho esfuerzos diplomáticos y legales, aprobando toda una serie de medidas de protección para los ciudadanos españoles en el extranjero, pero también existe, como contempla la exposición de motivos, una limitación, que
no es ni más ni menos que el sometimiento personal a la soberanía y a la jurisdicción del Estado en el que se encuentren en esos momentos los ciudadanos españoles.
Los procesos judiciales -lo ha recordado el señor Olabarría- y su defensa jurídica
en los países en los que se aplica la pena capital son largos y costosos, humana y económicamente, y de no intervenir, de no corregir positivamente esta tendencia estaríamos haciendo una perversión del derecho, en el sentido de que solo aquellas
familias pudientes podrían defender a sus familiares en estos casos, con lo cual gravamos aún más lo duro que es que una persona esté condenada al corredor de la muerte. Nos parece, pues, de justicia y de igualdad instar al Gobierno español a que
se haga cargo económicamente del coste que se derive de todo proceso que lleve a cualquier persona a la pena de muerte. Todas las medidas legislativas y políticas son necesarias para garantizar una justicia de calidad y gratuita, que en este caso
tiene un coste para el Estado, pero debe ser una política de igualdad respecto a otros casos. El Estado español debe concentrar sus esfuerzos en salvar a los ciudadanos españoles que continúan condenados en estos momentos a muerte en el extranjero,
como es el caso de Nabil Manakli en Yemen y de Pablo Ibar en Estados Unidos, en Florida. Si cabe, quiero insistir una vez más, en la necesidad de luchar infatigablemente y sin descanso contra la pena de muerte, como lacra que es, en cualquier
circunstancia. En definitiva, es ni más ni menos la lucha por los derechos humanos allá donde existan personas en todo el mundo, es de jurisdicción mundial, es una pervivencia universal en la cual Esquerra Republicana siempre participará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Señor Jané, CiU, por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, Convergència i Unió está a favor de la proposición no de ley que ha defendido el señor Olabarría en nombre del Grupo Vasco. Está a favor, como no podía ser de otra
manera, porque entiende que es un derecho constitucional que se deriva del artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, no podemos descuidar a esos ciudadanos que están sufriendo unos procesos judiciales a veces de muy dudosa
legalidad en sus propios países y que, evidentemente, están padeciendo un ordenamiento que conculca los derechos humanos. Aquellos ordenamientos que siguen aplicando la pena de muerte están en contra de los derechos humanos y, evidentemente, en
contra también del artículo 15 de nuestra Constitución. Por tanto, estamos plenamente de acuerdo con la proposición no de ley. Esperemos que sea útil y creemos, señor Olabarría, que puede serlo. Lo digo desde la propia experiencia -y con esto
termino, señor presidente, señorías- de formar parte del grupo de la Unión Interparlamentaria. Están aquí presentes la señora Cunillera
y el señor Moragas que forman parte de ella. En el marco de esa delegación, los diputados de esta Cámara, junto con senadores pudimos interceder, defender e incluso visitar al señor Larrañaga que está sufriendo un proceso que nosotros
entendemos que es claramente injusto.
Solo viendo a una persona, en este caso un ciudadano vasco, como el señor Larrañaga, en el corredor de la muerte y pudiendo también constatar las irregularidades de ese proceso y el desconocimiento de los
derechos humanos al aplicar la pena de muerte, al recordar esa experiencia de haber podido interceder durante nuestra estancia en Filipinas e interesarnos por él, nos lleva de manera clara a apoyar esta proposición no de ley y esperar que tenga esa
utilidad que nosotros deseamos.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Grupo Popular. Señor Moragas, por favor.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero saludar la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), reconociendo de antemano la oportunidad de la misma. Hay que recordar que el grupo parlamentario
al que represento y el Partido Popular han mantenido, a lo largo de su historia, un compromiso activo en la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, en el derecho a la vida que consagra nuestra Constitución de 1978, en su título I. En la
exposición de motivos de la proposición no de ley se hace referencia a una orden circular de 1987, pero omite -y permítame que perfeccione esa exposición de motivos añadiendo el siguiente dato- la orden circular 3252, de 13 de julio de 2003, que fue
aprobada precisamente durante el Gobierno del Partido Popular. Del mismo modo, también considero importante recordar que la supresión de la pena capital en el Código Penal Militar fue también impulsada durante el Gobierno del Partido Popular.
Señor Olabarría, su proposición no de ley es oportuna porque también tiene la virtud de actuar como recordatorio de otras iniciativas legislativas de similar naturaleza que se han sustanciado en esta Cámara, como la que presentó Convergència
i Unió y que defendió el diputado, Jordi Xuclà, el 9 de mayo de 2006. En esa iniciativa se instaba al Gobierno a presentar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas con objeto de promover una moratoria sobre las ejecuciones de penas
capitales. Esa proposición no de ley fue aprobada por unanimidad por esta Cámara, por lo que aprovecho esta oportunidad que me brinda la iniciativa que ustedes promueven para preguntarle a la mayoría y al Grupo Socialista: ¿Qué ha pasado, señores
de la mayoría, con ese compromiso? ¿El Gobierno ha cumplido el compromiso que esta Cámara asumió por unanimidad? Me temo que esto no ha sido así. Por ejemplo, nuestro embajador en Naciones Unidas se encuentra ahora desempeñando funciones de
mediador en la crisis de las celulosas entre Uruguay y Argentina, cuando podría estar defendiendo los compromisos asumidos por unanimidad en esta Cámara. Es importante que los compromisos adquiridos aquí se cumplan, porque, si no, corremos el
riesgo de que las proposiciones no de ley conviertan a esta Cámara más en un teatro que en un Parlamento. Por tanto, aprovecho la oportunidad para instar al Partido Socialista para que haga realidad los compromisos que aquí se asumen en nombre de
todo el pueblo español.
Señores de la mayoría, sin pretender anticipar el espíritu navideño, permítanme recordar que las bellas palabras de paz, vida y libertad adquieren contenido político cuando van acompañadas de compromisos reales. Dicho de otro modo, el
movimiento se demuestra andando. Por ello, aprovecho la ocasión que se me brinda para preguntarle, sin acritud, al Grupo Socialista si consideran que este compromiso tan firme y tan sólido en contra de la pena de muerte ha quedado fiel y
adecuadamente reflejado en esa iniciativa de tanto alcance mediático -por lo menos- que es la Alianza de las Civilizaciones. También creo oportuno recordar a la Cámara la situación en la que se encuentra el ciudadano español don Francisco
Larrañaga. Lo hago porque el señor Olabarría, en la proposición no de ley, hace referencia a que ese ciudadano español se encuentra en una situación imprecisa. Todos los grupos parlamentarios, como se ha comentado aquí anteriormente, pudimos
comprobar, in situ, en Manila, la injusticia en la que se encontraba ese ciudadano. Si bien se consiguió la conmutación de la pena capital, todos coincidíamos en señalar que la situación de don Francisco Larrañaga era injusta, porque estaba
condenado, una vez conmutada esa pena de muerte, a cadena perpetua por un delito que nunca cometió y entonces instamos al Gobierno, también por unanimidad, a obtener de las autoridades filipinas una revisión del juicio que no se ha producido.
Tenemos la impresión de que el Gobierno se ha olvidado de Paco Larrañaga y no está insistiendo adecuadamente en la revisión del juicio, que consideramos que es una prioridad, y en eso parecía que todos estábamos de acuerdo. Por tanto, la defensa
del derecho a la vida, como la entiendo yo, también lleva implícita la defensa a la vida en libertad. Al presidente, señor Rodríguez Zapatero, le gusta repetir que lo importante para un gobernante es salvar vidas. Pues bien, en el caso de don
Francisco Larrañaga tiene una ocasión para demostrar que su letanía es algo más que un mantra comercial que repite de forma recurrente, y que su concepto de la vida está más ligado a la libertad que al de la rendición. Don Francisco Larrañaga no
está en libertad, lleva nueve años en la cárcel por un delito que no cometió y el Gobierno debería insistir y trabajar para su liberación, y considero que así debería hacerse. Termino recordando las palabras de Ortega y Gasset que decía que la vida
cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada, por tanto, a no renunciar a la libertad y a la justicia. Anuncio que mi grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor presidente; gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragas.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Rascón, por favor.
El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista también saluda la iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Vasco y saluda, lo que es más importante, la unanimidad que se vislumbra tras esa iniciativa.
Obviamente nosotros vamos a apoyar esa
iniciativa con toda sencillez, pero desde luego con toda contundencia y lo vamos a hacer con argumentos de índole jurídica y de índole política. Los primeros, sin duda, son mucho más importantes que los segundos, pero los segundos no son nada
despreciables, porque tienen mucho que ver con el ideario socialista. El argumento jurídico-constitucional es básico. La Constitución demanda a los poderes públicos, al Estado preservar los derechos fundamentales. Con esta iniciativa se trata de
hacer realidad esa preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estén donde estén y en las condiciones que estén. Ciudadanos españoles que estén en cualquier rincón de nuestro país, que acusados, imputados o ya condenados a la pena
capital, aquí ya sabemos que no es posible porque lo impide el artículo 15, están en otros territorios. El Estado tiene que ir hasta el final en esa asistencia jurídica de calidad y de excelencia que propugna esta iniciativa por una sencilla razón:
porque es el deber de cualquier poder público en una sociedad democrática avanzada. No lo olvidemos nunca. Los derechos fundamentales son el esqueleto ético de una sociedad democrática sana. Tenemos que preservar la salud de la democracia
protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, insisto, allá donde se encuentren. Por tanto, defender la vida de un ciudadano español va de oficio. Es evidente. En ese sentido, aunque es más que oportuna, la iniciativa podría ser
redundante. Viene bien, está bien que se repita hasta la saciedad, una y otra vez, a los poderes públicos españoles que deben estar comprometidos democráticamente. Y eso pasa por la defensa de la vida de esas personas que se encuentran en el
corredor de la muerte o que no habiendo llegado corren serios riesgos de pasar por él, porque están acusados de un delito que puede aparejar la pena capital. Por eso digo que esa asistencia jurídica de calidad y capacidad nos une, y parece ser que
nos va unir a todos los grupos parlamentarios, en torno a la Constitución. Por tanto, bienvenido sea ese abrazo fraternal, más que constitucional, en torno al derecho fundamental a la asistencia jurídica a la defensa de la vida.
Este es el argumento jurídico constitucional, formal, pero no me voy a quedar en este argumento porque ahora viene el argumento político que, como he dicho, es un argumento muy de ideas socialistas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esta
iniciativa es descaradamente socialista. Está registrada en el año 2006 por el Grupo Nacionalista Vasco, y la tengo aquí, pero hay otra del año 2001 que es copiada literalmente y está firmada por el diputado Jordi Pedret y la diputada María Teresa
Fernández de la Vega. Es exactamente igual la parte propositiva, exactamente igual la exposición de motivos. Solo varían las fechas y quienes la registran.
Hay, eso sí, unas pequeñas novedades: donde el Grupo Nacionalista Vasco, en el 2006,
habla del Estado español, los socialistas, en el 2001, hablamos de España. Sustituyen España por Estado español, primera novedad. Segunda novedad, hablan ustedes de la Constitución, cuando nosotros, en 2001, hablábamos de nuestra Constitución. En
lo demás, esta proposición no de ley es clavada a la socialista. Por tanto, en pura coherencia política los socialistas vamos a decir, alto y claro, que sí a esta proposición que ahora registra el Grupo Nacionalista Vasco.
Significa, y eso se lo
agradecemos al grupo nacionalista, que nos respetan puntos y comas respecto de la del 2001 que decayó al final de la legislatura pasada. A salvo esa novedad, es verdad, se lo ha corregido el señor Moragas, que nos hace mención a una circular de
2003, pero lamentamos que no se haga mención a la práctica de esa proposición porque el Gobierno ya se ha adelantado. Sabe usted que se ha votado en esta Cámara el estatuto de la ciudadanía española en el exterior, y que está debatiéndose en el
Senado. Señor Moragas, estos son los hechos. Aquí está la iniciativa socialista, proyecto del Gobierno que tiende a que esta proposición que viene tarde, con relación a este proyecto, se haga realidad. Y leo, y con esto acabo, señor presidente,
el artículo 5: La Administración General y la de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención a aquellas personas privadas de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena o cadena
perpetua. Más claro, imposible. Esto será derecho en ley, ya no será una mera proposición no de ley, sino que será derecho en ley.
Acabo como inicié la intervención. Apostar por los derechos humanos es apostar por la democracia, por una democracia de calidad. Y ahí, no lo duden ustedes, encontrarán a los socialistas siempre, siempre, siempre en primera fila.
Muchas gracias, señorías, gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rascón.
Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de estabilidad presupuestaria y estímulo de la productividad y de la inversión de la economía española, con la enmienda presentada por el propio Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 142; en contra, 154; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o acusados de delitos que conlleven la pena capital. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 307; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. (Número de expediente 173/000158.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política para garantizar el abastecimiento de agua. (Rumores.)
Señorías, la señora Ramón-Llin está esperando a que las condiciones sean las adecuadas, y les recuerdo que quedan cinco mociones, con lo cual convendría no perder mucho tiempo. (Pausa.)
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación tiene la palabra la señora Ramón-Llin, que compartirá el tiempo con el señor Lanzuela. Adelante, por favor. (Rumores.) Silencio, por favor.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que hoy nos ocupa y, en su momento la interpelación, tienen una clara finalidad: denunciar la incompetencia e ineficacia del Gobierno en materia de agua y dejar bien clara la postura única del Partido Popular en este
momento en el que hay una ausencia total de políticas de agua en España, con criterios erráticos que cambian día a día según el momento, donde el Gobierno socialista ha roto y quebrado el amplio consenso que en España existía en materia de agua
conseguido con el esfuerzo y responsabilidad del Gobierno del Partido Popular. Por otro lado, la modificación del Plan Hidrológico Nacional ha dado lugar a un efecto dominó en el que estamos inmersos, por el que se están descomponiendo situaciones
ya resueltas de forma pacífica y consensuada y donde se están despertando viejos fantasmas de enfrentamientos entre cuencas y dentro de las mismas cuencas que ya se habían enterrado.
Ustedes, señores del Gobierno socialista, son los únicos responsables de la pérdida de confianza mutua entre usuarios y la Administración. Si ustedes no hubieran modificado aspectos básicos del Plan Hidrológico Nacional el río Tajo, por
ejemplo, estaría deshipotecado, como bien dijo el señor Bono y como apoyó el señor Barreda, actual presidente de Castilla-La Mancha. Por otra parte, hace algunas semanas el señor Bono volvió a reiterar públicamente su apoyo al trasvase. Si no
hubieran modificado esta ley también la Comunidad Valencia, Murcia y Almería tendrían un futuro muy distinto. Hasta el momento ustedes no han hecho absolutamente nada, ni una obra nueva y si alguna está en marcha proviene del Plan Hidrológico
Nacional. Ustedes se han dedicado única y exclusivamente a crispar a la sociedad y a enfrentarla.
Quiero que en estos momentos, después de esta denuncia, quede bien claro qué es lo que nosotros plasmamos en el punto número 2 de la moción: una postura única que fue refrendada por todas las representantes del Partido Popular de las
diferentes regiones. Lo que queremos transmitir es que, entendiendo el carácter colectivo de las aguas, es razonable también que las cuencas hidrográficas tengan una preferencia para su uso, de forma que satisfagamos previa y plenamente sus
legítimas necesidades actuales y futuras, que se preserve el medio ambiente hídrico en la cuenca y se garantice que en ningún caso otros usos externos puedan suponer un límite a su desarrollo sin quebrar ese principio de solidaridad interterritorial
que ustedes han matado y enterrado. Al mismo tiempo cabe compatibilizar esto con la posibilidad del empleo en otras cuencas de recursos sobrantes disponibles, siempre de una forma no prioritaria y subordinada a las necesidades de la cuenca de
origen y cumpliendo obligatoriamente estrictos requisitos de todo orden, que es, ni más ni menos, lo que el Plan Hidrológico Nacional consagraba y había consensuado con todas y cada una de las regiones y de los usuarios de estas aguas. Con los
trasvases de agua nos referimos también -y son muy importantes- a los trasvases intracomunitarios como el que se está haciendo a la llanura manchega -bendecido y apoyado por el señor Barrera y la señora Narbona- o al del Júcar-Vinalopó o al que
lleva en marcha muchos años como el Júcar-Turia y un largo etcétera de actuaciones que ustedes apoyan y que también son trasvases.
Ante estos hechos, nosotros concluimos que el señor Rodríguez Zapatero es, en este sentido, lo peor que le ha podido pasar a la democracia española por su política falsa, hipócrita y crispadora (Aplausos.-Rumores.), que ustedes han
manipulado perfectamente y que hoy en el telediario de esa televisión de la señora Caffarel (El señor López Águeda: De Urdaci.) también se han dedicado, para amortiguar esta moción, a decir que los murcianos se dedican a robar el agua. (Aplausos.)
Concluyo porque intervendrá mi compañero el señor Lanzuela. Ustedes están atrapados en su propia tela de araña, la que ustedes han tejido y no intenten que caigamos en ella porque no lo vamos a hacer, aunque oigamos toda la serie de
descalificaciones con las que los otros grupos nos van a obsequiar en el día de hoy. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, por favor.
El señor LANZUELA MARINA: Señor presidente, muchas gracias.
A la vista de determinadas cuestiones que el Partido Popular de Aragón ha oído, leído e interpretado quiero, en nombre de mis compañeros y de los miembros del Partido Popular, hacer una breve síntesis de cuál es nuestra posición.
Hay cuatro relevantes acuerdos en relación con Aragón y el agua. En primer lugar, el Pacto del Agua en las Cortes de Aragón en 1992, aprobado por unanimidad. En segundo lugar, el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, que contó con la
participación y el apoyo de todos los usuarios de la cuenca. En tercer lugar, el Plan Hidrológico Nacional en sus apartados vigentes y, en cuarto lugar, el texto reformado del Estatuto de Autonomía de Aragón, apoyada su toma en consideración de
forma casi unánime recientemente en esta Cámara.
Defendemos una política hidráulica de ámbito nacional o estatal que, con carácter prioritario, se base en el principio de unidad de cuenca y, en el caso de Aragón, tengan en absoluta preferencia los compromisos reiteradamente adquiridos en
los niveles regional, supracomunitario y nacional reflejados en los pactos que antes he citado. En el Partido Popular de Aragón entendemos que una vez respetados los acuerdos citados que dan satisfacción a las legítimas aspiraciones en materia de
agua de los aragoneses y ante hipotéticas propuestas de transferencias de aguas por el Gobierno de la nación -el que sea-, estas deberán contar con el consenso entre las comunidades autónomas afectadas y donde el Estado sea el garante del mandato
constitucional que obliga a los poderes públicos a velar por el uso racional de los recursos naturales, apoyándose en la imprescindible solidaridad colectiva.
Por último y por todo lo anterior, instamos a que los gobiernos autonómico y nacional abandonen su política hidráulica errática y dilatoria y emprendan -por supuesto, con el apoyo del Partido Popular si lo hacen- de una vez y de forma
decidida las obras de infraestructura tan ampliamente respaldadas por ambos partidos y reclamadas una y otra vez en la comunidad aragonesa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lanzuela.
Fijación de posiciones. En primer lugar, señor Labordeta, Chunta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Fijamos posición con respecto a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para anunciar el voto en contra de Chunta Aragonesista. Es la enésima vez que discutimos en el Congreso de los Diputados sobre esta cuestión. Lo hicimos en la
legislatura pasada y fuimos derrotados, a pesar de los cientos de informes encargados por el Ministerio de Medio Ambiente, cuyas conclusiones eran inequívocamente contrarias al trasvase del Ebro. Fuimos derrotados a pesar de las manifestaciones
masivas, libres y democráticas que recorrieron media España diciendo no al trasvase. Fuimos derrotados a pesar de haber logrado algo único en la reciente historia: la unión de los intereses de las gentes catalanas, del Delta fundamentalmente, y de
los aragoneses. Sin embargo, tras las elecciones de 2003 existe una nueva mayoría de este hemiciclo que dijo no al trasvase del Ebro. Todos los partidos menos uno apoyamos este decreto de derogación. Dijimos no a la política de más y más oferta
indiscriminada de un recurso tan escaso como es el agua.
Señorías, los trasvases de agua, el trasvase del Ebro no son una solución, son el problema, y se ha demostrado, como lo ocurrido con este tipo de transferencia hidráulica en la Península. Hay que mirar hacia delante en este y en otros
temas. No queremos que el debate vuelva a ser entre territorios porque ese no es el auténtico debate. Hay que hablar ya de modelos de gestión, de la nueva política del agua, de la nueva cultura del agua que se va abriendo paso y ha dejado de ser
una brillante idea de un alejado despacho universitario para pasar a formar parte del bagaje ideológico de muchos partidos de izquierda, de muchos ciudadanos que entienden que el recurso agua, que el recurso ríos, que el recurso territorio necesitan
de otro modelo de gestión.
Estamos en un momento en el que lamentablemente las reformas estatutarias están provocando una reapertura de este debate sobre el trasvase del Ebro que tendría que haber pasado al olvido, que tendría que ser solo un mero objeto de estudio
para futuras generaciones, para que vieran cómo éramos capaces de pensar en contra de nosotros mismos. Sin embargo, repito, estamos consiguiendo que la disputa política vuelva a ser territorial y no sobre el modelo de gestión. Volvemos a estar
desnortados con nuevas demandas de agua en leyes orgánicas como las reformas de los estatutos, volviendo a alterar sentimientos de pueblos, conciencia de las gentes y a jugar con el peligro de tú y tú más. Recuperemos el sentido común, incidamos en
las políticas de demanda, planifiquemos para el progreso y no para destrozar el levante, acabar con el delta o inundar el Pirineo con más y más pantanos; apoyemos la modernización del regadío, el desarrollo sostenible. El cambio climático está
ahí. Si seguimos así, si no cambiamos nuestra manera de actuar, de ordenar racionalmente el territorio, entonces es cuando no habrá agua para nadie. La única manera de asegurar el agua para el futuro es repartir sensatez para
todos, y eso no pasa por recuperar proyectos como el del trasvase que suena y son ya pasado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Izquierda Unida. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señorías, esta moción se basa en la gran mentira del Partido Popular, especialmente en el País Valenciano, que estamos hartos de escuchar. ¡Hartos! (Protestas.) Es una gran mentira que nos ha hecho mucho daño,
para ganar votos, porque es para lo único que lo utilizan. Ustedes no están preocupados por el agua (Protestas.), están preocupados por enfrentar a los ciudadanos valencianos, por enfrentar a poblaciones, a comarcas, por engañar, sobre todo a
través de su panfleto que es Canal Nou. ¿Por qué es una gran mentira? Porque si realmente creyeran que existe una necesidad de agua común, si creyeran que es un problema acuciante para la agricultura, dejarían de construir donde no hay agua
suficiente. Ustedes están aprobando planes urbanísticos donde las confederaciones hidrográficas correspondientes dicen que no hay agua.
(Protestas.) Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no creen en el agua, no creen más que en los votos, en las
campañas que hacen, en regalar paella para todo el mundo que es donde se gastan el dinero (Protestas.), en vez de preocuparse por la gestión del agua, por la reutilización, por invertir realmente, porque no están invirtiendo. Son ustedes los que no
están cumpliendo, son ustedes los que ponen todos los obstáculos posibles en el País Valenciano para impedir que tengamos agua suficiente; ustedes, con su mala gestión, para que luego vengan aquí una y otra vez con la misma canción.
Este verano ¿con qué nos hemos encontrado? Con que había un problema, estábamos en sequía, y ¿qué ocurría? Que la Generalitat valenciana dice: Nosotros no adoptamos ninguna medida, ¿para qué, si a nosotros realmente no nos preocupa el
agua? Esa es la realidad que se trasluce detrás de todos los actos que ustedes llevan a cabo una y otra vez en el País Valenciano. Es una gran mentira que repiten hasta la saciedad para engañar a la ciudadanía, porque no invierten en la
modernización de regadíos, en la reutilización de aguas, porque no paran los planes urbanísticos que no tienen agua suficiente, porque siguen regando; no establecen ninguna medida para la utilización de las piscinas. ¿Para qué? Para que ustedes
tengan los campos de golf en zonas desérticas y puedan ir a jugar todos los domingos. (Protestas.) ¡Son tantas y tantas las cosas que podrían hacer y que no hacen! (Protestas.-Rumores.) Porque es mejor, como digo, gastarse el dinero público en
otras cosas y seguir engañando a la ciudadanía o por lo menos intentarlo. ¿Saben qué les digo? Que respeten la inteligencia de los ciudadanos y respeten sobre todo la verdad. (Protestas.) ¡Y miren hacia el futuro!
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Miren hacia el futuro porque viven ustedes en el pasado. Encuentren el camino porque el agua, señorías, es algo muy serio que hay que cuidar y no despilfarrar. Por eso hemos de cuidar nuestros ríos, los ríos
que son de todos efectivamente, pero para garantizarles un futuro y no su destrucción. Un futuro que será el nuestro.
Respecto a la intervención del diputado de Aragón, tengo que decirle que en la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular se pide que se incluyan los trasvases en la planificación hidrológica de España como medida complementaria.
Sin embargo, su Estatuto, tal y como nos lo han traído a esta casa, dice: Velar especialmente para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma. Es contradictorio. Yo lo siento
mucho pero es contradictorio, se están contradiciendo y han venido aquí a hacer un paripé para escenificar el acuerdo al que llegaron recientemente entre ustedes. Pues, ¿saben qué les digo? Que tienen que seguir trabajando por ese acuerdo pero
mirando hacia el futuro, porque ¡basta ya! de hablar de trasvases del pasado cuando lo que tenemos que hacer es preocuparnos realmente por el problema del agua mirando hacia el futuro y eso es lo que ustedes tendrían que hacer.
(Aplausos.-Protestas.)
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor Txueka, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por favor.
El señor TXUEKA ISASTI: Brevemente, señor presidente, porque casi todo está dicho, escrito y hasta leído.
Cuando el Partido Socialista, con su llegada al Gobierno, orilló la política de trasvases que había diseñado el Gobierno del Partido Popular, nuestro grupo ya se posicionó y expresó algo muy claro. Al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no
le preocupaban tanto los sistemas básicos de obtención o de trasvase de agua sino que el agua, como bien, se obtuviera y se suministrara a precios asumibles y competitivos, se garantizaran suministros razonables, y primaran los principios de
solidaridad, eficiencia y sostenibilidad. Siempre hemos creído -aunque algún otro portavoz se ha manifestado en contra- que existen y subyacen políticas de partido, sí, pero sobre todo un intenso debate entre las comunidades cedentes y sus
necesidades -entre comillas, por decirlo de alguna manera- y las receptoras. Curiosamente en estos días estamos observando cómo en las posiciones, por decirlo de alguna manera, cedentes -y vuelvo a decir que entre comillas y con todo el respeto-
tanto políticos que gobiernan del Partido Popular como políticos que gobiernan del Partido Socialista mantienen las mismas posiciones y lo mismo sucede en las comunidades receptoras, por lo que creemos sinceramente que las problemáticas son otras.
Por tanto lo que nos preocupa y nos debería preocupar a todos fundamentalmente
es que el Gobierno socialista esté ejecutando en plazos las promesas de su plan porque el Gobierno socialista, el Gobierno de todos, sí tiene que responder a esas premisas que previamente hemos planteado.
Así pues el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no va a entrar en este diálogo de sordos, en estas mociones sin ningún carácter constructivo y que no responden, como he planteado, a las posturas que inicialmente planteó el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), motivo por el que nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Esquerra. Señora Bonás, por favor.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, se están acercando elecciones y el Partido Popular trae otra vez el debate del agua porque cree que así puede desgastar al Partido Socialista. Lo lamentamos profundamente. El abastecimiento de agua será uno de los grandes
problemas del siglo XXI y ha llegado el momento de consensuar actuaciones basadas en los datos científicos y en la búsqueda de soluciones. Soluciones que van a exigir un esfuerzo presupuestario considerable.
Saben ustedes, señorías del Grupo Popular, que el abastecimiento de agua es un problema de grandísimas magnitudes y de mucha complejidad. No en vano Naciones Unidas ha declarado la década actual como la década del agua. Tampoco es
casualidad que el acceso a los recursos hídricos sea el origen de cientos de conflictos en todo el mundo, y voy a citar a John F.
Kennedy, que dijo: Quien fuera capaz de resolver los problemas del agua sería merecedor de dos premios Nobel, uno de
la paz y otro de la ciencia.
Señorías, tomen su proposición no de ley y vayan a ver si les dan el Premio Nobel de la Paz.
Lamentamos profundamente lo que ustedes están planteando en este momento porque es contrario a toda la comunidad científica internacional. Ustedes van al revés: utilizan el agua como fuente de conflicto y quieren llevar a cabo proyectos
técnicos ecológica y económicamente inconsistentes. Para los grandes grupos políticos ha llegado el momento de asumir el compromiso de garantizar el abastecimiento de agua de boca para todos los ciudadanos a un precio asequible. En ese sentido
sería llegado el momento de debatir sobre un consumo básico gratuito y a partir del volumen de agua que se considere necesario gravar según el consumo, como ya se hace en algunos municipios. Ustedes siguen apoyando por motivos electoralistas las
soluciones del antiguo Plan Hidrológico basadas en embalses y trasvases. Señorías, creo que deberían volver a analizar seriamente si son factibles, si hay agua suficiente, si los ecosistemas cedentes lo soportarían. Parece que quedó bastante claro
que ante estos proyectos no solo nos enfrentaríamos a graves impactos ecológicos sino que los costes serían inasumibles y que en momentos de sequía no habría agua para trasvasar. Seguimos escuchando a veces que el Ebro tira agua al mar.
Señorías,
siento vergüenza ajena, no somos expertos en todas las materias pero nuestra obligación es leer, y ustedes saben que los ríos no tiran agua al mar; el agua dulce es imprescindible para ciertos ecosistemas, a menos que nos queramos cargar todos los
ecosistemas y que los que vengan después ya encontrarán lo que haya. Leí hace unos días que en Israel se están preparando para que en unos años toda la población beba agua del mar y están construyendo una nueva generación de desaladoras que
abastezcan a toda la población. El futuro pasa en este momento por la desalación y por la gestión de la demanda, y aquí llevamos cierto retraso del que ustedes también son responsables. ¿Cómo es que no había más desaladoras proyectadas?, ¿cómo es
que no había propuestas para contener, localizar y hacer más eficiente el consumo? El futuro pasa por la gestión de recursos, el cambio climático estaba anunciado, los especialistas sabían que la sequía iba a llegar, ¿cómo es que en un país situado
en una zona sensible aún no están modernizados los regadíos, si no al cien por cien, al 90 por ciento? El futuro pasa por el ahorro y la eficiencia, de momento no hay más soluciones, y expresiones como España seca y España húmeda no son exactas hoy
por hoy porque puede haber problemas de abastecimiento en determinados momentos también en zonas clasificadas como húmedas; surgen problemas de exceso de pesticidas en agua de boca a consecuencia de la escasez de lluvias en zonas donde nunca había
habido escasez. El trasvase es la forma más anticuada y más ineficaz de intentar solucionar el problema del agua. ¿Qué pasará si la sequía continúa y las cuencas cedentes sufren escasez? ¿Van a trasvasar el agua ustedes en función del color
político? ¿No deberían tener en cuenta, antes de recalificar terrenos para urbanizar, si existe aún agua suficiente disponible? ¿No debería tenerse en cuenta, antes de apostar por determinados cultivos, si existe agua suficiente disponible, o es
que solo se tiene en cuenta qué cultivos reciben mejores subvenciones de la Unión Europea?
Señorías, recapaciten, escuchen, saquen el agua de la batalla de los votos, dejen de intoxicar porque algún día supongo que querrán gobernar, aunque, por nuestra parte, nos parece bien que continúen así.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
Por Convergència i Unió, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la moción del Grupo Popular sobre las políticas del agua en España. Vemos con
preocupación y desaliento el ritmo de la ejecución del Plan Hidrológico, especialmente la lentitud con que se están poniendo en funcionamiento las diversas obras de sus anexos, así como la
puesta en marcha e implementación del programa AGUA. Según los datos de que disponemos -seguramente no son todos-, las previsiones de los calendarios no son nada alentadoras y no proyectan un horizonte que resuelva razonablemente el
problema del agua en la Península. Por otro lado, la cacareada mejora en la gestión de la demanda no da sus frutos, las necesidades se mantienen o aumentan agravadas por el largo periodo de sequía que vivimos. La apuesta del Gobierno por la
desalación masiva tiene cada vez más detractores, genera más dudas y a nuestro grupo también. La lentitud con que se están construyendo las plantas; la cantidad de energía necesaria para la ósmosis inversa, con la correspondiente generación de CO2
que precisamente no ayuda nada a conseguir los objetivos de Kyoto; el problema de los residuos de salmuera contaminante; la dificultad no resuelta de reciclar los residuos o eliminarlos; la complejidad técnica de las plantas y equipos y su
altísimo coste alimentan reiterativamente nuestras dudas y explican tal vez la percepción de que no se ha acertado del todo en la política de oferta. Tampoco se ha avanzado demasiado en el tratamiento y el uso de aguas recicladas o salobres, en la
racionalización de los regadíos, en algunas obras hidráulicas de segundo nivel pero imprescindibles, fiscalidad del agua, etcétera. Nuestro grupo sigue pensando que convertir agua de mar en agua potable o de uso humano es la solución definitiva y
de futuro, pero insistimos en que hace falta más investigación y desarrollo, más tecnología y más innovación que proporcionen mejores resultados, menos coste energético y económico, menor impacto en el medio ambiente, no generación de salmueras,
etcétera. Se habla de nuevas técnicas como la destilación por separación sónica, que nos gustaría que se explorase con profundidad para comprobar si puede ser una alternativa viable a la desalación llamémosle tradicional. Pero aunque no estemos
satisfechos con el ritmo del Gobierno en solucionar el problema del agua, no vamos a apoyar la moción del Grupo Popular, que vuelve a usar, a nuestro entender, el problema ancestral del agua como un instrumento de confrontación política y de
activismo partidista, anteponiendo sus planteamientos particulares a lo que debería ser un abordaje neutro políticamente de la cuestión del agua. Pretender argumentar ahora, como se plantea en el punto 1 de la parte dispositiva de la moción, el
consenso necesario en la planificación, cuando la llamada guerra del agua ha sido usada como arma arrojadiza de confrontación política por parte de quien, a nuestro juicio, más instiga esa confrontación, el Grupo Popular, se nos antoja cuando menos
chocante e inútil, es decir, picar en hierro frío. De igual manera, no podemos compartir el segundo punto referente a los trasvases en genérico. Nuestro grupo se ratifica rotundamente en contra del trasvase del Ebro y no quisiéramos que con la
argucia de este enunciado amplio que propone la moción alguien pudiera interpretar que nos desdecimos de aquella posición. No obstante, aparte de algún trasvase pequeño que ya contempla el plan y que nos parece razonable, nuestro grupo insiste en
la necesidad de estudiar concienzudamente la viabilidad del trasvase del Ródano, del agua excedente de Europa, del agua que se pierde inútilmente en el mar, de la Europa húmeda y de la Europa verde hacia la España seca, sobre todo en la cuenca
mediterránea.
No coincidimos con el PP cuando habla de la España húmeda refiriéndose a la cuenca del Ebro. El trasvase del Ródano también resolvería la cuestión del Ter en Girona, que sigue teniendo un deficitario caudal ecológico por culpa del consumo
creciente e irracional del agua de la gran conurbación de Barcelona, que sigue creciendo desorbitadamente en viviendas e industria, aprovechando una orografía favorable sin ningún tipo de planificación del suministro de agua, y la mayoría de esos
ayuntamientos están gobernados por opciones autollamadas de izquierda. Tampoco coincidimos con la formulación amplia y genérica de que los presupuestos prevean actuaciones que garanticen el abastecimiento de agua para todas las poblaciones, ya que
nos parece una obviedad sobre la cual esta Cámara no debe instar al Gobierno. Nuestro grupo tiene la confianza de que esta es una prioridad indiscutible para el Gobierno, como no podría ser de otra manera, y que la persigue no solo por medio de su
reflejo presupuestario sino también con diversidad de medidas y actuaciones que aseguren lo que podríamos llamar el derecho básico de disponer de agua.
Nuestro grupo quiere dejar constancia, no obstante, de que el desarrollo del Plan Hidrológico y
las políticas del agua en el Estado español no acaban de satisfacernos y que pasados ya dos años y medio del Gobierno socialista las expectativas y confianzas depositadas por nuestra parte están entrando en crisis, pero tampoco compartimos la
trayectoria de la actuación del Grupo Popular en esta materia, las contradicciones en que incurre entre sus posiciones autonómicas y sus planteamientos estatales, como ya se ha dicho, y el contenido de la moción nos parece excesivamente generalista
y obvia y con posibles segundas lecturas en cuestión de los trasvases, por lo que nuestro grupo va a abstenerse en la votación.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Señora Serna, su turno, por favor.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecerle al Grupo Popular que nos haya dado la oportunidad de nuevo por vigésima vez de poder explicar la política del agua del Partido Socialista, poder explicar qué es
lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. De todas formas, señora Ramón-Llin, yo quería recordarle que el cambio que se produjo, del que hablaremos ahora, en el Plan Hidrológico Nacional no fue por un capricho del Partido Socialista,
sino por una decisión de los ciudadanos, porque ustedes
perdieron en las urnas y nosotros ganamos. (Rumores.) Por tanto, pudimos hacer el cambio que ya habíamos dicho que haríamos cuando debatimos el proyecto del Plan Hidrológico Nacional en el año 2001.
Señora Ramón-Llin y señor Lanzuela, nosotros vamos a votar en contra de esta moción que ustedes presentan porque consideramos que todo lo que ustedes han estado diciendo no solo en la tarde de hoy sino también en las motivaciones y en las
propuestas que hacen consecuencia de la interpelación parte de datos no voy a decir falsos sino erróneos e incorrectos, y me gustaría demostrárselo esta tarde. Cuando ustedes dicen que se incluyan los trasvases en la política hidrológica nos
sorprenden.
Ya les dije un día que no se leen los papeles, ni siquiera los suyos. (Un señor diputado: Más nivel.) En España ya están incluidos los ocho trasvases que existen en nuestro país en la política hidrológica, y no solo eso sino que ahora
se va a hacer otro trasvase, el del Júcar-Vinalopó. Un pequeño inciso: en los años ochenta el trasvase Tajo-Segura, que tenía una gravísima crisis, salió adelante precisamente por el pacto que hubo entre el Partido Socialista y la derecha que
entonces gobernaba y estaba en esta Cámara, una derecha razonable y con visión de Estado, de la misma manera que ahora va a salir adelante el trasvase Júcar-Vinalopó, que ustedes han estado petardeando durante meses y meses en Europa, y exactamente
hoy la Unión Europea da la razón al Gobierno socialista y le dice que adelante con el trasvase Júcar-Vinalopó. (Aplausos.)
Usted dice que hay insuficiencia en el programa AGUA, y le quiero recordar -y por eso digo que no se leen los papeles- que, según el Ministerio de Medio Ambiente, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 se hace de nuevo -no
por primera vez- una inversión histórica de 3.726 millones de euros. (Rumores.) Voy a recordar al señor Rato cuando en los pasillos decía que esto de los euros la verdad es que sabe a poco. Es que 3.726 millones de euros, señora Ramón-Llin, señor
Lanzuela, son 620.000 millones de pesetas, eso es lo que los Presupuestos Generales del Estado de este año van a invertir en el programa AGUA. (Protestas.) Tranquilícense, que están siempre con la política de los tambores de guerra;
tranquilícense, que esto sale adelante. (Aplausos.) También dice usted que en los Presupuestos Generales del Estado no se incluye -ya le digo que sí- y acaba diciendo que hay que llegar a un consenso. Señora Ramón-Llin, llegan ustedes muy tarde
porque aquí toda la Cámara llegó a un consenso y aprobó el Plan Hidrológico Nacional que trajimos los socialistas, excepto ustedes. Nos alegra mucho, pero las propuestas que traen no sirven. ¿Saben por qué? Porque ya están consensuadas e
incluidas en el Plan Hidrológico Nacional y en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007. Llegan ustedes tarde. De todas maneras, agua para todos es una obviedad, señor diputado de Murcia, eso lo dicen ustedes, lo dice la Constitución. Por tanto, no
digan eso, habrá que decir agua para siempre.
(Aplausos.) De todos modos, tengamos un cierto sosiego.
El programa AGUA es la política hidrológica del presidente Rodríguez Zapatero, no es algo que se nos ocurrió; quiero repetir, ya no sé si por vigésima vez, que los socialistas nunca derogaron el Plan Hidrológico Nacional, ni los socialistas
ni el resto de los grupos, lo que hicimos fue crear una alternativa al trasvase del Ebro que se llama programa AGUA. ¿Saben por qué? Por algo que a ustedes se les olvida siempre, porque España tiene dos graves problemas: una carencia hídrica en
las cuencas mediterráneas y una malísima gestión del agua desde hace siglos, no es que se lo achaquemos a ustedes. Hay que resolver esos dos graves problemas -voy a acabar en seguida, señor presidente- con el programa AGUA, que lo que va a hacer es
atenerse a la legislación europea, es decir, a la directiva marco del agua. A ustedes se les olvidaba continuamente esa directiva. ¿Qué es lo que dice? Dos cosas: cada cuenca hidrográfica tiene que tender al autoabastecimiento de sus propios
recursos hídricos y hay que tomar todas las medidas posibles para que esa autonomía y ese autoabastecimiento se produzcan, y los nuevos trasvases -no hablo de los que ya hay y que le he enseñado en el mapa- solo se harán si, y solo si, no se
consigue el autoabastecimiento. El programa AGUA acaba en 2008; con él, el Mediterráneo obtendrá 700 hectómetros cúbicos. Las cantidades y las inversiones son ingentes y solamente voy a decirle lo siguiente, señor diputado de Murcia.
El señor PRESIDENTE: Debe concluir.
La señora SERNA MASIÁ: Acabo, señor presidente.
En este momento, si en Alicante y Murcia no ha habido cortes, no ha habido restricciones (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Protestas.) es porque la desalinización, la modernización de regadíos y la
reutilización del agua se están llevando a cabo. Esa es la prueba del algodón de que es un programa importantísimo, un programa eficaz y que, como dice el presidente Rodríguez Zapatero, forma parte prioritaria de su política. (Protestas.) Por eso
las inversiones de los socialistas en materia del agua son históricas. (Protestas.)
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO RESPECTO AL FONDO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN, EL RESCATE SELECTIVO Y LA SUBVENCIÓN DE PEAJES. (Número de expediente 173/000159.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política general del Gobierno respecto al fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención
de peajes.
Para defender la moción tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae hoy ante el Pleno de la Cámara una moción concreta con seis puntos, todos ellos también concretos, que se basan en la necesidad de
cumplir los compromisos que esta Cámara adopta cuando se aprueban las leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Debemos cumplir esos compromisos y los debemos cumplir de manera clara, señor presidente, señorías, en materia de peajes.
El punto 1 de nuestra moción -cada uno de los puntos va votarse separadamente porque así lo solicita mi grupo parlamentario- obedece a una enmienda que aprobamos en el actual ejercicio presupuestario, no con los votos del grupo mayoritario,
pero sí con el voto del resto de grupos de la Cámara, una enmienda concreta, con una partida también concreta de 12 millones de euros para el peaje de Mollet. Esa partida presupuestaria aún está sin ejecutar. Estamos ya a las puertas de entrar en
el último mes del ejercicio 2006 y en la ley de presupuestos vigente esa partida no se ha cumplido aún. Por tanto, tenemos una dotación presupuestaria de 12 millones de euros que podemos y debemos dirigir hacia el peaje de Mollet.
Nuestro grupo
propone que se levante la barrera de ese peaje, y por tanto esa partida sería idónea para iniciar el rescate de ese peaje para su total eliminación. Nosotros pedimos que esto se cumpla. Alguien dirá que ya hemos llegado a acuerdos con las
concesionarias que han permitido descuentos específicos en el peaje de Mollet, y es cierto, pero no hemos utilizado una partida presupuestaria que existe, y hay que tener en cuenta que en Cataluña, país de peajes, no estamos sobrados de partidas
presupuestarias que podamos realmente destinar para contribuir, en este caso, al peaje de Mollet. Por tanto, el primer punto es claro, que se ejecute esa partida presupuestaria; está aún en los presupuestos vigentes, luego tenemos la oportunidad y
queremos que esta Cámara se manifieste de manera expresa aprobando este punto. El punto 2 va en la misma línea. Se creó en la vigente Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, a través de una
disposición adicional, un fondo -se dice expresamente- para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes, pero no se dota y no se destina ningún euro a la finalidad que ese fondo perseguía, por lo que pedimos también que se
cumpla, que se cree ese fondo. Y en coherencia -punto 3 de nuestra moción- Convergencia i Unió pide que cada año se dote presupuestariamente. ¿Con qué partidas? Simplemente con las que provienen de los recursos de los impuestos estatales que se
generan por las sociedades concesionarias de autopistas de peaje en cada uno de esos peajes. Ya que se generan unos impuestos estatales, pedimos que esos impuestos se destinen al rescate de los peajes. Evidentemente, ese fondo deberá transferirse,
y de ahí el punto 4 de nuestra moción. Pedimos que el conjunto de dotaciones de ese fondo se transfiera a las comunidades autónomas, pero teniendo en cuenta el peso de la recaudación de los peajes situados en el territorio de cada una de ellas.
Son medidas concretas. La quinta -hay seis- medida de nuestra moción propone que en el próximo ejercicio 2007 ese fondo se destine a determinados peajes, por ejemplo al rescate de peajes de movilidad obligada, y quiero citar el de Mollet, un peaje
prácticamente urbano, el de Les Fonts y los que afectan al corredor del Maresme. Está aquí al diputado Sánchez i Llibre, que conoce muy bien las peticiones del Maresme en materia de peajes. Es una petición concreta, como petición concreta también
es que se eliminen los peajes troncales de las autopistas catalanas. Veo aquí a otros diputados, como al señor Andreu, que vive en Montblanc y conoce bien los efectos de los peajes troncales que tenemos en las autopistas catalanas. Pedimos, pues,
la eliminación de los peajes troncales y también la subvención de parte del coste de los peajes de los usuarios en todas aquellas autopistas catalanas que no dispongan de una vía alternativa de gran capacidad. Este fue el compromiso de la ministra
de Fomento. La ministra de Fomento era partidaria de que cada vía que tuviera peaje contara con una vía alternativa de gran capacidad. Pues cuando no exista esa vía alternativa de gran capacidad, es lógico que subvencionemos parte del coste de los
peajes de los usuarios de esas autopistas en Cataluña. Estas son medidas concretas, como lo es la última de ellas, la sexta medida de nuestra moción, que se dirige a un ámbito de desarrollo estatutario. Hay unas previsiones en la disposición
adicional tercera del Estatuto de Cataluña en el sentido de utilizar las inversiones para la liberación de peajes o para la construcción de autovías. ¿Qué pedimos? Que aquellas partes que no son ejecutadas, tal y como prevé la disposición
adicional tercera del Estatuto, se puedan destinar a liberar peajes. Pedimos que se cumpla esa previsión de la disposición adicional tercera. Señora Cunillera -usted dice que no y yo que sí-, si lee esa disposición adicional tercera verá de qué
manera se manifiesta por parte de este legislador, de las Cortes Generales, cuando aprobamos el Estatuto una voluntad teleológica. ¿A qué finalidad queremos dirigir las inversiones que no se ejecuten? Se especifica que a liberar peajes o a
construcción de autovías. Esa es una finalidad del Estatuto de Autonomía que sería importante cumplir, evidentemente en el marco de las comisiones que se creen para cumplir la mencionada disposición adicional.
Son medidas que van dirigidas a los
ciudadanos de Cataluña, pero también al conjunto de los ciudadanos de España, en el sentido de que en las partes donde hay peajes todos se verían beneficiados por las medidas de dotación de ese fondo y cada uno se irá nutriendo de la recaudación de
los peajes y de los impuestos estatales recaudados en los mismos.
Esta es nuestra propuesta, que esperamos que sea votada afirmativamente por todos los grupos parlamentarios. Tiene seis puntos, y pediremos, señor presidente,
votación separada de cada uno de los seis puntos que integran nuestra moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Señor Jané, disculpe, ¿ha pedido usted cinco votaciones separadas?
El señor JANÉ I GUASCH: Seis.
El señor PRESIDENTE: ¿Está usted seguro?
El señor JANÉ I GUASCH: Sí.
El señor PRESIDENTE: Así se hará.
Fijación de posiciones. Señor Rodríguez. (Pausa.) Señor Herrera. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario, como ustedes saben, viene reiterando la necesidad de racionalizar el modelo de peajes que tenemos y que tiene especialmente Cataluña. Esa ha sido nuestra propuesta. Queremos, por tanto, una política pública en
torno a los peajes que garantice que en las zonas metropolitanas se pueda uno mover y que la política de peajes no sea persuasiva para la movilidad. En todo caso, lo que no queremos es que las soluciones sean las pocas que se han aplicado hasta el
momento.
El denominado peaje en la sombra, que el señor Jané conoce perfectamente, ha supuesto quedar bien con algunos usuarios, pero ha supuesto también que desde las diferentes administraciones se hiciese una transferencia directa de la
Administración a la concesionaria, con lo cual lo que ha acabado pasando es que las concesionarias han hecho un negocio redondo, que algunos se han puesto medallas -creemos nosotros que inmerecidas- y que al final los usuarios continúan pagando el
peaje, pero en vez de pagarlo por la vía de la tarjeta o del euro que depositan cada vez que pasan, lo pagan con los Presupuestos Generales del Estado, con los presupuestos de la Generalitat. (Rumores.) Tiene que haber un modelo distinto y si me
escuchan bien verán que un modelo distinto es posible.
En definitiva, lo que deberíamos hacer es una concesión bien administrada por los responsables políticos. Actualmente la práctica totalidad de la red de peaje de Cataluña se podría haber integrado en la red vial pública con la amortización
de la inversión y permitiendo que al final de la concesión y con la aplicación de unas tarifas más reducidas esas tarifas fuesen perfectamente aceptables para el usuario. Por eso consideramos que es importante cómo se hace, quién lo hace y cuándo
lo hace, y en estos términos nosotros entendemos que el liderazgo de la propuesta tiene que venir de la comisión tripartita de la que hablaba el señor Jané, de una propuesta del Govern de la Generalitat, del que será el nuevo Govern de la Entesa,
que haga una propuesta diferente de la de los peajes en la sombra, una propuesta que libere de peajes metropolitanos, por ejemplo, el de Mollet, el de Les Fonts, el de Martorell, el de la línea del Maresme o algunos peajes metropolitanos que existen
en Girona y en Tarragona. Se debe aplicar un sistema de pago kilométrico variable, como se hace de forma creciente en diferentes países de Europa, para tarifar el uso de las infraestructuras a partir de criterios que favorezcan el interés general.
Los precios, por tanto, han de incorporar el coste de las decisiones que toma cada usuario y la tarifa debe variar según los recorridos, los horarios, el día de la semana, las alternativas válidas en transportes públicos, el uso de los aparcamientos
de disuasión. Tercer elemento: se tiene que implantar una tarifación ajustada a los costes reales de la explotación de la red para no sobrefinanciar a las concesionarias. Cuarto elemento: se tiene que proceder conjuntamente al rescate y a una
nueva concesión mediante concurso público que fije las nuevas condiciones temporales tarifarias de revisión, y el nuevo concesionario se tiene que hacer cargo del rescate, de forma que tenga la ventaja de ahorrar a la Administración esa provisión de
fondos, no es necesario que salga de las arcas de los Presupuestos Generales del Estado todo lo que pongamos, y por tanto permitiendo, en definitiva, que la Administración no se tenga que endeudar. El liderazgo de la comisión tripartita tiene que
ser, en definitiva, un liderazgo por parte de los gobiernos de los ayuntamientos, del Gobierno del Estado y del Gobierno de la Generalitat. La nueva concesión debe constar además de dos aspectos separados y tratados financiera y temporalmente
aparte. El primero, la financiación del rescate, que debe ser considerado una inversión financiera y retribuida como tal, con un interés del mercado a largo plazo y con amortizaciones financieras estructuradas de acuerdo con la estrategia del
calendario que pueda resultar de la aplicación del sistema tarifario y, el segundo, la gestión de la infraestructura, la explotación, donde se deben incorporar precisamente elementos de mantenimiento y de gestión de peajes, en definitiva, elementos
que introduzcan criterios de movilidad. El sistema tarifario debe ser el resultado de sumar dos componentes: la caja financiera más los gastos de explotación. Nosotros entendemos que los costes deben ser 3,5 céntimos por kilómetro, como hacen en
otros países de Europa, y se debe establecer una fiscalidad ambiental sobre el consumo de combustible que permita precisamente aplicar políticas de movilidad. Como ustedes ven, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds tenemos un modelo para aplicar en materia de peajes, pero entendemos que nuestro modelo -y podría detallarles mucho más del mismo- se debe discutir en el tiempo y en la forma adecuados. Nuestro modelo, que es un modelo para mejorar
la sostenibilidad -que no es para levantar peajes que luego colapsen y haya precisamente una circulación peor-, lo queremos discutir en tiempo, en forma y en contenidos en los lugares apropiados.
No
entendemos que en materia de peajes tengamos que hacer una carrera, como se ha hecho durante tanto tiempo, para ver quién se apunta la medalla. No queremos que los peajes sean motivo de endeudamiento de las administraciones. Queremos que
los peajes no continúen siendo una hipoteca para los usuarios que solo tienen una alternativa para moverse.
En definitiva, entendemos que estos deben ser los marcos: comisión tripartita y, en el caso de Cataluña, el liderazgo del Parlament de
Catalunya, porque es allí donde afectan estos peajes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Por supuesto, le vamos a exigir al Gobierno el compromiso para que finalmente se cumplan las enmiendas que se aprobaron en el presupuesto anterior y las que se han aprobado este año.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Recuerdo, señorías, que el Pleno es largo y les solicito que se ajusten ustedes al tiempo. Señor Beloki, es usted el siguiente interviniente para fijar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Adelante, cuando quiera.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, la moción que hoy presenta Convergència i Unió, como consecuencia de una interpelación, que en parte es inhabitualmente lejana en el tiempo cronológico, previa al 1 de noviembre, y en el
tiempo político en algún sentido, consiste básicamente en seis puntos de los que tres dicen: Cúmplase la ley; tres disposiciones legislativas, en concreto dos referidas a la Ley de Presupuestos de 2006 y una referida al nuevo Estatuto de Cataluña.
Con estos mimbres es imposible no apoyar tales requerimientos al Gobierno.
Los otros tres puntos, en concreto el tres, el cuatro y el cinco de la moción, son más discutibles. A pesar de lo cual, adelanto que mi grupo va a apoyar a Convergència i
Unió en sus requerimientos, aunque, como digo, son más discutibles. ¿Por qué? En primer lugar, y sobre todo, porque, a juicio de mi grupo, la política de peajes en su conjunto, tal como está definida -aunque más bien diría tal como está
indefinida- en el Estado, por este Gobierno y por los anteriores, ofrece campo abundante a la discusión; diría más, requiere y exige discusión. Nada tiene de extraño consecuentemente que esta falta de política real, clara, transparente, justa y
comprensible para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña, de Galicia, como de cualquier otra parte del Estado, sea una política aquejada, a mi juicio, de un improvisar permanente, de un improvisar arbitrario, y que traiga consigo discusiones como
las que tuvieron lugar entre el portavoz de Convergència i Unió y el ministro de Administraciones Públicas con ocasión de la interpelación de la que deriva la moción que hoy debatimos. Reconózcame que este es un debate antiguo, manifestaba en dicho
debate el ministro. Pero al ministro cabría recordarle que no menos es un debate de presente y que seguro va a ser un debate de futuro; un debate del que deberemos seguir ocupándonos por lo mismo; un debate que es cierto que viene de lejos, pero
un debate que no es menos cierto que va a ir lejos. Por cierto, no solo entre nosotros, en el seno del Estado. Yo creo que en el mundo europeo, al menos desarrollado, donde se acumulan problemas básicamente de congestión de las carreteras que,
unidos a problemas medioambientales y presupuestarios también, requieren nuevas medidas, nuevos esquemas de actuación, también en el campo de la financiación; medidas y esquemas que van a tener que ser más osados, más planteados desde el conjunto
del sistema del transporte y de la intermodalidad que de una modalidad única, como puede ser la carretera, más activas frente a todo ello, en orden tanto a la financiación como a la regulación de la demanda, más de medio y largo plazo que puramente
coyunturales y para salir del paso, menos arbitrarios que muchas de esas liberaciones parciales y selectivas que, al día de hoy, decía el ministro que aplica el actual Gobierno. Al parecer, no ha llegado el tiempo para esos debates y
planteamientos, no tanto porque no sea tiempo, sino porque más bien ahora mismo preferimos mirar para otro lado y hacer como que ese momento no hubiera llegado. Es muy difícil en este punto coincidir con el ministro, cuando apelaba en términos de:
reconózcame que el debate es antiguo y reconózcame que este es el primer Gobierno de España que se lo está tomando en serio, decía él.
Sinceramente, es difícil conceder al ministro que, más allá de que se haya hecho esto o lo otro, ahora mismo en
un Estado exista un esquema de peajes conocido y reconocido por todo el mundo, que esté a la altura de los problemas y de los desafíos que está suponiendo el transporte en general y el transporte por carretera en particular; problemas y desafíos de
toda índole que en casos ya están aquí y en casos asoman ya sus orejas anunciando que lo estarán próximamente. El debate hoy mismo está planteado en otros términos, en términos más bien coyunturales de salir del paso, en términos cortoplacistas, en
términos más bien arbitrarios, en términos que están muy lejos de estar a la altura de los desafíos presentes y de futuro, en términos en los que consiguientemente tiene pleno sentido que Convergència i Unió plantee sus propias reivindicaciones, tal
como lo hace en la moción que hoy debatimos y que, como he anunciado previamente, mi grupo apoyará.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Muchas gracias.
Continuamos con el señor Andreu, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, presidenta.
Es paradójico que esta moción nos venga hoy en cierto momento político de la mano del grupo que en Cataluña, durante los años de Gobierno autonómico, ha hecho más concesiones de peajes en nuestro territorio nacional y del grupo que ha
apoyado en el Gobierno de España al Gobierno del Partido Popular que más concesiones de peajes ha dado sobre autopistas. Señor Jané, yo procedo de una formación que hace años nos manifestábamos por la Cataluña libre de peajes y ustedes en el
Gobierno implementaban peajes autonómicos y daban la bendición a los peajes que dependían del Estado en Cataluña y al alargamiento de las concesiones.
Pero esto es historia. Usted plantea el cumplimiento de los presupuestos y de la disposición
adicional tercera. Y en la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña es cierto que hay una cláusula en el primer punto que dice que los dineros de ejecución de obra pública que no tengan al final de año ejecución presupuestaria, puedan
servir para el rescate de los peajes en Cataluña. Pero se olvida del punto 2 de la disposición, que dice: A este fin se constituirá una comisión integrada por la Administración del Estado, autonómica y local. Deje al Gobierno catalán que nazca,
que se pueda constituir esta comisión, que seguramente ustedes tendrán representación, no en calidad de Gobierno catalán como esperaban, sino en calidad de administración local. Pero profundizando en el debate...(El señor Sánchez i Llibre pronuncia
palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio por favor.
Continúe, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Profundizando en el debate y a raíz de la intervención del Grupo Parlamentario Vasco, tampoco en este Gobierno en los tres años de esta legislatura se ha cambiado de modelo. Con el acuerdo con Abertis se ha hecho
el tercer carril de la AP-7, lo mismo que hicieron otros gobiernos, que es, a través de nuevos incrementos de obras, en este caso el tercer y cuarto carril por un valor de 503 millones de euros, prolongar hasta casi la eternidad la concesión de la
AP-7 y del peaje. Hoy también se ha hablado de la Comunidad Valenciana y nos encontramos con que en la misma AP-7 persiste una asimetría en el Estado español. Hay unas comunidades, en el valle del Ebro y en la cuenca mediterránea, en las que
estamos sujetos a peajes sin alternativas libres de peaje para la larga velocidad y hay otras comunidades en las que es extraordinario encontrarse una autovía que no sea libre de peaje y que la excepción es el peaje, cuando en Cataluña, en el País
Valenciá, en Aragón, en Navarra, en el País Vasco es todo lo contrario. Hay que cambiar de política. No podemos seguir alargando los peajes y las concesiones de las autopistas y que esta idea que surgió en Cataluña y que tendremos que generalizar
al resto del Estado del fondo de rescate, sobre todo para liberar los rescates metropolitanos, se ponga en práctica. Desde esta tribuna abogamos por que el próximo Gobierno de la Generalitat, a través de esta comisión tripartita, encuentre
recepción en el Gobierno del Estado, y no solo se cumpla el Estatuto, sino que el fondo de rescate de peajes se haga efectivo, no solo en Cataluña sino en otras comunidades en las que la excepción es la autovía libre de peaje y la norma es pagar y
hacer colas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu, muchas gracias.
Señor Ayala, continuamos con usted, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Dicho con todo cariño, con todo respeto, pero también con toda claridad, estamos ante un nuevo caso de fariseísmo político. Ya fue un acto preelectoral la interpelación del 4 de octubre y hoy estamos en los rescoldos post electorales de ese
mismo acto, aunque en otro escenario del que motivó la interpelación. No me gusta coincidir con el señor Andreu al recordar que, efectivamente, fue Convergència i Unió la que, gobernando durante más de 20 años en Cataluña, ha construido y
financiado con peaje tantas o más autopistas del Estado, porque no quiero que se me malinterprete. No quiero que se me malinterprete, porque lo que quiero significar es que hoy Convergència i Unió se olvida de que los peajes que cobran las
concesionarias de la Generalitat son más caros que los de las concesionarias del Estado y que vienen a exigir aquí que el Estado arbitre la suspensión de los peajes y su rescate selectivo fundamentalmente en Cataluña, por mucho que se trate de
dividir los seis puntos de la moción que, sin duda, tiene un análisis, una filosofía y una razón de ser totalmente unívoca. Señores de Convergència i Unión, y también los de otros grupos parlamentarios, abran sus ventanas, cojan algo de perspectiva
y contemplen cuál es la realidad del resto de España.
Pero no, comprendo que hay quien no puede hacerlo, porque se me olvidaba que el nacionalismo se nutre de la permanente reivindicación de lo que le quieren arrancar a Madrid. Solo pidiendo
permanentemente se puede mantener la llama encendida para tildar de anticatalanes a quienes se opongan y de víctimas a quienes no lo consigan. Pero, de verdad, cojan la perspectiva, contemplen la realidad de España, que es bastante diferente de la
que ustedes se creen. Nunca me ha gustado hacer comparaciones, de hecho es la primera vez que lo voy a hacer desde la tribuna. En la comarca de Cartagena tenemos tres vías del Estado de alta capacidad: una libre y dos de peaje, 50 kilómetros
libres y 200 kilómetros de peaje, y no solo no nos quejamos, sino que estamos contando los días que nos faltan para que la segunda, que todavía no está en servicio, se ponga en servicio. ¿Saben por qué? Porque nosotros todavía vamos por caminos de
cabras. Evidentemente, cuando
tengamos la infraestructura lo más fácil sería decir que queremos un fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de los peajes. Estoy seguro de que ustedes me calificarían de farisaico. ¿Qué es lo que están haciendo
ustedes en este momento? Exactamente eso, también -tengo que decirlo- con la ayuda inestimable de un Gobierno que les ha dado aliento -con la boca pequeña, pero al fin y al cabo algo de aliento- para esta pretensión, que no se sostiene, desde el
punto de vista de la coherencia política. Ahora bien, señores de Convergència i Unió, en algo tienen ustedes razón. Efectivamente, este Gobierno aprueba unos presupuestos históricos -lo acabamos de oír en el tema del agua-; unos presupuestos que
históricamente no se han ejecutado nunca como ahora. Son los presupuestos que menos ejecución presupuestaria tienen en temas de fomento y de medio ambiente. Efectivamente, tengo que dar la razón a la portavoz socialista que ha intervenido en la
moción anterior en que los presupuestos son históricos por la falta de ejecución presupuestaria. En su credo político no entiendo que estén defendiendo este modelo de financiación y de fondos presupuestarios.
Me gustaría recordarles -si la presidenta me lo permite- una cita de Adam Smith de 1776, exactamente de hace 230 años: Resulta evidente, y no necesita prueba alguna, el hecho de que la realización y conservación de las obras públicas que
facilitan el comercio de cualquier país requieren un gasto muy diverso en las diferentes etapas de la sociedad. El grueso de esas obras públicas puede ser fácilmente gestionado para que suministren un ingreso específico suficiente para hacer frente
a su propio coste, sin hacer recaer carga alguna sobre el ingreso general de la sociedad; añadiendo que una carretera, un puente, un canal navegable, por ejemplo, pueden ser en la mayoría de los casos construidos y conservados mediante un pequeño
peaje sobre los vehículos que los utilizan. Cuando los vehículos que pasan por una carretera o un puente y las embarcaciones que navegan por un canal pagan un peaje en proporción a su peso/tonelaje, pagan la conservación de esas obras exactamente
en proporción al desgaste que ocasionan. Casi parece imposible concebir una forma más equitativa para mantener esas obras. Continúa Adam Smith: Pero como el gasto del transporte es notablemente disminuido gracias a esas obras públicas, los bienes
llegan al consumidor, a pesar del peaje, más baratos que en otras circunstancias, puesto que su precio no es tan incrementado por el peaje como disminuido por la baratura del transporte.
La persona que finalmente paga este impuesto, por
consiguiente, gana gracias a él más que lo que pierde al pagarlo. Y repite: Parece imposible imaginar un método más equitativo de cobrar impuestos. Este credo es el que oportunistamente parece que olvidan y no hace falta remitirse a 1776 sino
simplemente irse a Europa, a esa que otros tan alegremente citan, para ver cuál es la evolución del peaje urbano al que están conduciendo las nuevas políticas del transporte y la movilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Ayala, por favor.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Insisto, tanto en 1776 como ahora esa es la situación. Por tanto, señor Jané, no hay por dónde coger la moción en su conjunto, porque además todavía no sabemos si esos fondos que se van a transferir a Cataluña van a
suponer el pago o el abaratamiento o la homogenización de los propios peajes de la Generalitat. Y, por cierto, a pesar de haberlo prometido, ustedes y el tripartito tampoco han constituido todavía el fondo de rescate selectivo de peajes. Por todo
ello, no votaremos a favor. En el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos mantenido la misma postura y por todas valga la del 12 de junio de 2001, cuando debatimos la proposición de ley del Parlamento catalán y la constitución de este fondo de
peajes.
Perdone, señora presidenta, por la tardanza y muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.
Señorías, les recuerdo de nuevo que intenten sujetarse al tiempo, porque si los portavoces intervinientes tienen el mismo tiempo que quienes están presentando la moción, no seremos capaces de acabar a tiempo.
En nombre del Grupo Socialista fijará posición la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, no me importa coincidir incluso con el señor Ayala, estamos hablando de una moción de fecha 3 de octubre, que trae causa de una interpelación de dos días antes, y eso quiere decir que lo estábamos debatiendo en un medio
ambiente muy significativo, ya que estábamos en una precampaña electoral que seguramente llevó a que aquí discutiéramos muchísimo sobre infraestructuras en Cataluña. Pero lo cierto es que desde esa fecha hasta aquí, la moción ha quedado francamente
obsoleta, porque desde la fecha de la presentación de la moción hasta hoy han pasado fundamentalmente dos cosas: una, se han debatido y aprobado en este Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, y dos, se han celebrado las
elecciones de Cataluña y ya estamos en puertas de la constitución de un nuevo Gobierno. Ninguna de estas dos circunstancias son menores. En el proceso de elaboración del proyecto de los presupuestos para el año 2007 ya se alcanzó un acuerdo entre
los gobiernos central y autonómico en cuanto al cumplimiento de lo que el nuevo Estatuto de Cataluña dispone en su ya famosa y tan repetidamente citada disposición adicional tercera respecto de la inversión del Estado en Cataluña. La disposición
dice textualmente: Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberalización de peajes o construcción de vías alternativas. Parece mentira, señor Jané, que desde su grupo se hayan proclamado en gran parte padres de esa disposición
adicional y no sepa usted que la palabra ejecución de infraestructuras no figura en ninguna parte de la disposición adicional tercera. Gracias a ese acuerdo el tramo Montgat-Mataró-Barrera D´Alella tiene un cien por cien de descuento a
vehículos ligeros, usuarios habituales con un mínimo de ocho viajes mensuales. El túnel del Cadí tiene gratuidad absoluta para usuarios habituales con certificado de residencia en las comarcas limítrofes. En el peaje de Les Fonts hay un descuento
de un cien por cien a los usuarios habituales, independientemente del itinerario realizado y para cualquier vía. El grupo proponente de la moción expresó sus dudas antes del debate de totalidad de los repetidos presupuestos respecto del
cumplimiento del porcentaje que debía dedicarse a inversión; dudas que quedaron despejadas y aclaradas por la inclusión de una enmienda en el trámite correspondiente relativa a que en el futuro ambos gobiernos, el central y el autonómico, por medio
de los mecanismos que expresa el Estatuto, establecerían las bases de cálculo de ese porcentaje. Quiero entender que cuando hablamos de la inclusión de esa enmienda queda incorporado todo lo expuesto en la disposición adicional tercera y, por
tanto, también esa parte que le he leído correspondiente a peajes. Pero hay más, Convergència i Unió parece olvidar que este año se ha alcanzado un acuerdo para usuarios habituales del peaje de Mollet en la AP-7 que se está financiando dentro del
convenio suscrito entre el Estado y la correspondiente sociedad concesionaria, sin que ello suponga coste alguno para las ciudadanas y ciudadanos. De la intervención del señor Jané del día 2 de octubre se deduce claramente que este acuerdo no le
gusta o le parece insuficiente. Puede que sea porque le gustaban más aquellos acuerdos alcanzados con el Partido Popular en el año 1999 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, una vez más con cargo al conjunto de ciudadanos y
ciudadanas. Le he dicho que se han celebrado las elecciones en Cataluña y dentro de pocos días tendremos un nuevo Gobierno que tendrá muchas obligaciones -sin duda-, pero tendrá una muy importante, que será el desarrollo estatutario. En virtud de
ese desarrollo -también se ha dicho aquí- deberán constituirse la comisión bilateral Generalitat-Estado, la mixta para asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat, así como la integrada por las administraciones estatal, autonómica y local;
todas ellas ámbito de relación y de acuerdo donde se deberán tratar los asuntos comunes a ambas administraciones, también los peajes.
Le decía antes que no es cierto que aquí no se haya hablado de peajes, se ha demostrado por todos los intervinientes. Se ha hablado desde la primera comparecencia de la señora ministra de Fomento en el Senado, lo ha hecho el presidente del
Gobierno en contestación a preguntas parlamentarias pero, sobre todo, lo han demostrado los hechos y acciones.
A lo largo de todo el mes de octubre en Pleno hemos debatido iniciativas relativas a las infraestructuras de todo tipo en Cataluña pero,
ya lo dijimos entonces, corresponderá a los gobiernos trabajar en el desarrollo estatutario en el marco que se ha aprobado en estas Cortes Generales y, sin duda, será posible articular una política de peajes que dé solución a una reivindicación tan
largamente expresada por Cataluña.
Para acabar me gustaría decirle, señor Jané, en frase de alguien muy querido por usted, seguramente, y muy respetado por mí: Això avui no toca.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Cunillera, muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A LLEVAR A CABO PARA IMPLEMENTAR Y HACER EFECTIVA LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES Y/O MINORITARIAS EN NAVARRA BAJO LOS TÉRMINOS RECOMENDADOS POR
EL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA.
(Número de expediente 173/000160.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto 7 del orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva
la Carta europea de las lenguas regionales y/o minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Tal como les decía, va a ser la propia señora Barkos quien defienda esta moción. Para ello
tiene siete minutos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 18 de octubre interpelábamos al Gobierno sobre su intención de acometer las tareas que el Consejo de Europa recomendaba en materia de lenguas en el Estado y exponíamos aquel día ante el ministro de Administraciones
Públicas nuestra posición meridianamente clara en torno al respeto de lo competencial y, por tanto, pretendíamos centrar el debate en lo que a esta Cámara le corresponde, es decir, interpelar al Gobierno y, por tanto, instar hoy al Gobierno sobre su
voluntad de dar cumplimiento a las recomendaciones que el Consejo de Europa ha hecho para con el euskara y, muy concretamente, en lo que respecta a la Comunidad Foral de Navarra. De esa posición nace la moción que hoy trae Nafarroa Bai a esta
Cámara. Se trata de lo que consideramos un mínimo, eso sí, un mínimo ambicioso con el euskara, de lo que el Gobierno central puede comenzar a acometer en el terreno marcado por el Consejo de Europa.
El primer punto de la moción se refiere a la asunción de responsabilidades del Gobierno central en aquellos casos en que la materia es competencia de la Comunidad
Foral, y dice: Dar traslado oficial al Gobierno de Navarra de las recomendaciones del Consejo de Europa en torno a la promoción del euskara, siempre en lo relativo a las competencias forales. La propuesta no es baladí. De un lado,
proponemos que el ejecutivo central asuma, cuando menos, una cierta tarea didáctica en torno a la defensa y a la promoción del euskara, de un bien evidente y sin discusión como es una lengua, esto parece evidente y más todavía en esta casa, con las
herramientas que propone el Consejo de Europa en su informe de septiembre de 2005. Además, con este punto Nafarroa Bai pretende cerrar un falso debate en el que algunos dirigentes políticos se han escudado para desde su responsabilidad en la
Administración -y este es el apunte con respecto a la Administración foral y no otro el que haré hoy en esta Cámara- hacer caso omiso de unas graves y contundentes, en términos científicos, llamadas de atención. El segundo punto de la moción que
trae hoy Nafarroa Bai a la Cámara pide priorizar Navarra en el plan de adaptación de la Administración de Justicia a las lenguas cooficiales del Estado, habida cuenta de la especial preocupación mostrada por el comité de expertos respecto a la
situación del euskara en la Comunidad Foral. No necesita de mayores puntualizaciones más allá de recordar que estamos hablando del derecho de todos los ciudadanos a ser tratados por igual ante la Administración de Justicia sin discriminación, y en
este caso evidentemente sin discriminación por razón de la lengua. Buscando el mismo objetivo y el mismo bien, en este caso el derecho de todo ciudadano de dirigirse a la Administración del Estado -es lo que hoy nos ocupa- en las lenguas
reconocidas como oficiales en el Estado español, se propone en el punto 3: Aumentar, a través de convocatoria pública de empleo y en el transcurso de un año, hasta el 2 por ciento el número de funcionarios de Administración pública del Estado en
Navarra para cuya providencia sea preceptivo el euskara, con especial atención a determinados servicios que vienen señalados en la moción. El 2 por ciento pudiera parecer una medida ambiciosa. Tengamos en cuenta que de los 1.400 funcionarios,
largos, de la Administración General del Estado que trabajan actualmente en Navarra, solo uno -me responderán quizá desde instancias socialistas que son ya dos, no está mal- en estos momentos utiliza, tiene como preceptivo el eusquera para trabajar
en Navarra. Nos parece de verdad que esta es una medida cuando menos justificada para el eusquera, pero fundamentalmente para los ciudadanos de la comunidad foral. Decía, por lo tanto, que la propuesta es ambiciosa pero no, en absoluto,
descabellada si tenemos en cuenta las competencias que en materia tan sensible para el conjunto de la ciudadanía detenta al día de hoy la Administración General del Estado en Navarra.
Finalmente, el punto 4 de la moción presentada por Nafarroa Bai se centra en uno de los aspectos en que más ha venido insistiendo e incidiendo el Consejo de Europa: la difusión del euskara en los medios de comunicación, por ello proponemos
aumentar en dos más la concesión de licencias de televisión digital local al objeto de atender concretamente la legalización de las dos cadenas que emiten y producen íntegramente en euskara actualmente en Navarra. Además nos estamos refiriendo a
dos canales que trabajan en euskara en zona vascófona. El pasado 18 de octubre, en el transcurso de la interpelación, el ministro Sevilla mostraba su satisfacción en torno al grado de cumplimiento observado por el Consejo de Europa en torno a la
Carta de las Lenguas en el Estado español. Había que seguir viendo el árbol y este es el objeto de la moción que hoy traemos a debate. El Consejo de Europa insistía, incidía muy duramente en la situación que el euskara tiene en Navarra.
Entendemos que mociones como la que hoy traemos a la Cámara dejan claro que todavía queda mucho por hacer, y muy interesante, desde la materia de competencia del Gobierno central. El Grupo Socialista nos presenta una enmienda de sustitución que
refleja perfectamente una cierta voluntad política de acometer esta tarea pero, eso sí, permítanmelo, con una cierta tibieza.
Me voy a explicar. Nos proponen pasar el punto 1 al 4, pero tenía una cierta función didáctica y una posición en esa
moción que les presentábamos. Nosotros no tenemos sinceramente ningún problema, aunque me veo obligada a señalar que ese gesto, cuya necesidad -insisto- yo no acierto a explicarme -quizá nos lo puedan aclarar hoy-, deja un cierto regusto
innecesario. En el punto 2 relativo al avance de las lenguas oficiales en la Administración de Justicia el Grupo Socialista nos propone sustituir priorizar Navarra -insisto que esta aseveración venía dada, primero, por las conclusiones y, segundo,
recomendaciones del Consejo de Europa- por tener en cuenta especialmente Navarra. Volvemos a lo mismo: una cierta tibieza en la apuesta. Lógicamente no la asumimos, pero nosotros no tenemos ningún problema en aceptar este punto. Solo quiero
apuntar una cierta tibieza que no existe, en absoluto, en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Llegamos a los dos puntos finales y me parece fundamental centrarnos en ellos. En lo relativo a la provisión de plazas en la Administración General del Estado y a la concesión de dos licencias de televisión local digital -ambos puntos
dirigidos específicamente a la promoción del eusquera en sus ámbitos respectivos- las acotaciones del Grupo Socialista son en principio de carácter técnico, pero entendemos - así esperamos escucharlo esta tarde- que el compromiso político del Grupo
Socialista es claro, lógicamente en la instancia que se va a hacer al Gobierno central.
Por lo tanto, si es así, insisto, si existe más allá de las acotaciones técnicas un compromiso claro, una voluntad política clara de acometer estos cuatro
puntos, especialmente aquellos que quedan reseñados y específicamente delimitados en sus acotaciones técnicas, aceptaríamos la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, y por supuesto animamos a todos los grupos de la Cámara a votar a favor de
una moción que busca la promoción del euskara, en
definitiva la promoción de un bien que en el caso de Navarra a todos los navarros nos compete.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos.
Muchísimas gracias.
Señora Batet, es su turno puesto que la única enmienda presentada a la moción consecuencia de interpelación de doña Uxue Barkos es del Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla tiene la palabra por cinco minutos.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.
Antes de entrar en el fondo de la moción querría hacer dos reflexiones previas que me parecen importantes para enmarcar este debate. En primer lugar somos un Estado compuesto y descentralizado, y eso implica, nos guste o no, heterogeneidad
y diversidad; no me da miedo. El igualitarismo es la actitud de aquellos que temen la diferencia y prefieren esconderse tras una lucha falsa por una igualdad mal entendida; así la realidad que se vive en algunas comunidades autónomas en relación
con su lengua oficial es distinta. Esa es seguramente la prueba más evidente de que las competencias o el impacto que el Estado pueda tener en esta materia es muy relativo. No quiero decir con esto que no tenga que hacer nada el Estado, pero
convendrán conmigo en que si nos creemos el sistema constitucional autonómico deberemos aceptar también esta o cierta heterogeneidad, aunque algunas veces no la compartamos. El respeto institucional y de distribución de competencias entre Estado y
comunidades autónomas tiene que darse siempre y en todos los ámbitos, no solo cuando nos interesa. Está claro, pues, que desde el Grupo Socialista no compartimos muchísimas de las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Navarra, pero el caso es
que los ciudadanos son los que continúan eligiéndolo y lo que debemos hacer es respetarlo.
La segunda reflexión que quería apuntar es que cuando hablamos de proteger y/o potenciar una lengua no podemos perder de vista la realidad lingüística concreta de la que hablamos, porque uno de los elementos fundamentales que nos mueven como
servidores públicos es tomar medidas de protección contra la vulneración de derechos de las personas, el derecho lingüístico por tanto como un derecho de la ciudadanía. Asimismo también habrá que tener en cuenta la legislación aplicable al caso.
La legislación de referencia que tenemos en esta materia en Navarra es, por un lado, la Ley de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, artículo 9, y por otro, la Ley Foral del Vascuence, de 15 de diciembre de 1986. Nos
centraremos en esta moción sobre la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales y/o Minoritarias, ratificada por España el 2 de febrero de 2001. Estamos frente a un tratado internacional de obligado cumplimiento por el Estado. En el marco
de esta carta europea un comité de expertos emitió un último informe el 22 de septiembre de 2005 -que todas SS.SS. conocen- sobre el grado de cumplimiento de España del tratado en cuestión. Hay que decir que la valoración general que se hace es
buena; sin dejar de alentar la mejora del sistema, el informe es positivo para España. Evidentemente quedan cosas por hacer, y así lo ha considerado el Gobierno desde el inicio de la legislatura, impulsando y llevando a cabo reformas importantes
en este ámbito que no me entretendré en detallar por falta de tiempo y a las que el ministro se refirió en su interpelación.
Quiero centrarme, pues, en la propuesta de moción que Nafarroa Bai nos presenta y con la que compartimos plenamente su esencia. Nos referiremos a la aplicación de la carta europea en las competencias que son propias al Estado, es decir
Administración de Justicia, Administración General del Estado y algunos aspectos de los medios de comunicación. Por esta razón precisamente el punto 1 lo hemos querido pasar al 4, porque es más adecuado tratar directamente las competencias que
afectan al nivel estatal y luego hacer referencia a las competencias autonómicas. Sobre la Administración de Justicia la Comunidad de Navarra tiene competencias en la administración de la Administración de Justicia desde 1999. Digo esto porque
tenemos como referencia otras comunidades autónomas en las que la inversión de recursos con la finalidad de ofrecer cursos de formación al personal de la Administración de Justicia ha dado sus frutos. En estos momentos por ejemplo en Cataluña el
73,76 por ciento del personal es capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos a dirigirse en la lengua que seleccionen y el 55 por ciento de estos han obtenido el certificado mediante una formación ofrecida por el departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña, no por el Estado. Vuelvo aquí, por tanto, a la heterogeneidad de España y al compromiso que algunas administraciones y no otras, lamentablemente, tienen con la protección de las distintas lenguas de España de acuerdo con
el artículo 3.3 de la Constitución. En las competencias que le son propias al Estado se han dado algunos pasos significativos. En esta dirección hay que seguir trabajando, teniendo siempre como fin último la utilización de las lenguas autonómicas
en pie de igualdad con el castellano dentro del servicio público de la justicia. Sobre la Administración General del Estado hay que reconocer que el porcentaje de personal capacitado para garantizar una atención en euskera a aquellos ciudadanos que
lo requieren es muy bajo -no le voy a decir si son uno o dos, es muy bajo-, por eso el INAP ha potenciado cursos de aprendizaje del idioma y lo va a continuar haciendo ofreciendo, si cabe, una mayor facilidad e incentivo para todos los funcionarios.
En este sentido, el Grupo Socialista propone una enmienda que apuesta por el progresivo incremento del personal que pueda garantizar el servicio en euskera.
Finalmente, sobre los medios de comunicación me veo obligada a referirme de nuevo a las competencias de la Comunidad Foral de Navarra para conceder las licencias.
Usted sabe que el Ministerio de Industria puso a disposición licencias en la Comunidad Foral de Navarra pero cuando hubo la distribución de competencia autonómica fueron denegadas a las dos televisiones a las que usted ha hecho referencia.
El Gobierno se compromete, en cuanto tecnológicamente sea posible, a poner a disposición más licencias, pero eso tampoco es garantía de que sean concedidas a las televisiones que emiten en euskera y a las que usted se refiere, ya que esta decisión
recae en el ámbito de la competencia autonómica.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Acabo, señora presidenta, diciendo simplemente que es fundamental llegar a acuerdos en esta materia precisamente porque las lenguas no pertenecen a nadie, como usted me comentaba, señora Barkos, el otro día, sino que
pertenecen a todos, siendo profundamente negativo ideologizarlas. Es necesario que trabajemos todos juntos para protegerlas mejor, para ir mejorando aspectos de su uso y de su regulación, y para eso es fundamental que previamente las reconozcamos
como lo que son, no un problema sino una riqueza compartida de nuestro país.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Batet.
Señor Mardones, ¿desea fijar su posición? (Pausa.) ¿Señor Esteban?
En nombre del Grupo Vasco tiene usted la palabra, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que en la intervención de la diputada que ha presentado la moción, la representante de Nafarroa Bai, mi grupo ya se ha visto también completamente identificado porque no en vano somos parte de esa coalición en Navarra, y en ese
sentido suscribo absolutamente tanto el contenido de la moción como también las valoraciones que se han hecho. Es de rigor considerar, hablando de estos temas, que la propia Constitución española señala que la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección; es parte por tanto del patrimonio del Estado y también una obligación, una obligación constitucional, para la Administración del Estado hacer una
defensa de este patrimonio. Es cierto que el caso de Navarra es sangrante porque nos encontramos -no es el objeto de esta moción, que se dirige a la Administración del Estado- con un territorio en el que ciertamente el Gobierno de Navarra no
fomenta precisamente el desarrollo y el uso del euskera, y en ese sentido su actitud ha sido denunciada en varios aspectos, no solo políticamente sino también desde el ámbito europeo. Es cierta la afirmación que ha hecho antes la señora Batet
acerca de que al final los votantes siguen eligiendo ese Gobierno, afirmación que ha sido asentida en los bancos del Grupo Popular; es cierto que es así, pero también es cierto que los derechos de toda la población y de todas las minorías y del
patrimonio de todos deben ser respetados. Es curioso que en algunas otras localizaciones geográficas de otras comunidades autónomas se achaca a los gobiernos autonómicos no ser respetuosos con los derechos lingüísticos de otros hablantes que no
votan por esas opciones que están gobernando. Ese razonamiento, ese celo que se demuestra desde los bancos del Grupo Popular y también desde muchos escaños socialistas, en otras comunidades autónomas parece que no sirve, que no es aplicable.
Confío en que el Grupo Socialista sea generoso y también el Partido Socialista de Navarra, representado aquí en sus escaños -estoy seguro de que así será-, con esta moción, lo que no ha sido el Partido Socialista de Navarra en el ámbito navarro en
cuanto, por ejemplo, a la extensión de la zona vascófona y a una modificación de la Ley del Vascuence, del euskera, que verdaderamente tiene ya muchos años y que, atendiendo a la sociología existente en el territorio, debería ser objeto de revisión,
porque lo que está claro es la exponencial demanda en cuanto a la enseñanza del euskera y también al uso. Por tanto, los ámbitos en los que está centrada la moción son reales y justos. El ámbito de la justicia es una competencia del Estado. No
puedo coincidir con la afirmación que el señor ministro de Administraciones Públicas realizó el otro día en la que, contestando a la señora Barkos, decía: no me consta que en Navarra alguien se haya quedado falto de defensa por un problema
lingüístico. Yo diría que sí, que muchas personas faltas de defensa en su derecho a utilizar una de las lenguas oficiales, aunque puedan también utilizar la otra, pero también tienen derecho a utilizar la que ellos elijan, y desde luego en ese
sentido no han tenido ninguna defensa. Ahí tiene que hacer un esfuerzo la Administración del Estado en dotar y también en forzar a través de la legislación, desde las Cámaras, desde las Cortes, pero también de las regulaciones que el Gobierno haga,
que en el ámbito de la justicia los medios y las personas que la administran y que coadyuvan a ella sean cada vez más bilingües, no solo en la Comunidad Autónoma de Navarra; también apuntaría la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene un
déficit terrible en este ámbito de la justicia, a pesar de los esfuerzos de intentar impulsarlo también, aun con falta de competencias de la Administración autónoma vasca. En el propio ámbito de la Administración están muy bien los cursos, yo no
digo que no, pero se deben crear plazas en euskera que exijan que los funcionarios deban conocer el euskera porque existe una demanda y porque debe darse un servicio; ese es el paso que hay que dar, no tanto cursos, sino forzar a que su propia
Administración se vea obligada, la Administración del Estado, a dar un servicio en euskera. Ni que decir tiene que los medios de comunicación en lo que puedan y en lo que les corresponda desde luego
deberían hacerlo. Por si no se ha dado por enterado el Gobierno de Navarra, comuníquenselo de manera fehaciente y díganle qué es lo que opina Europa sobre la política que se está haciendo en ese territorio por sus propias instituciones
autónomas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Continuamos con usted, señor Tardà, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
La diputada Uxue Barkos nos animaba a votar a favor, de hecho no hacía falta que me animara porque nosotros vamos a votar a favor; es más, incluso celebramos que el Grupo Socialista haya llegado a un acuerdo con ustedes a fin de hacer
posible la aprobación de esta moción. Comparto con ustedes que o convertimos el Estado español mientras estemos españoles, aunque no lo seamos, en un Estado plurilingüe o nuestras lenguas se irán minorizando cada vez más, máxime en este siglo XXI
en el que las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades, pero también son un reto difícil para las lenguas minoritarias y minorizadas.
Aun así hay que tener mucha voluntad porque nosotros hemos presentado dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, una enmienda de 2 millones de euros, solamente 2 millones de euros para el Estado español -de hecho esto es peccata
minuta-, para dotar de medios e instrumentos a la Administración General del Estado para atender a la ciudadanía en catalán, euskera y gallego; estas enmiendas no fueron aprobadas por la mayoría. Además presentamos otra de 3 millones de euros para
contratar personal laboral para garantizar que cualquier ciudadano en la Administración General del Estado pudiera ser atendido en catalán, gallego y euskera. Estas enmiendas, como saben, no fueron aprobadas. Me imagino lo que debe sufrir un
ciudadano navarro que pretenda ir a un cuartel de la Guardia Civil, a una comisaría de Policía a denunciar el robo de una cartera en euskera. Debe ser un gran patriota, por supuesto un patriota vasco, porque posiblemente esta persona sufriría una
gran humillación porque la cara de póquer de los funcionarios sería francamente el reflejo del Estado en el que nos encontramos, un Estado que ya debería haber resuelto esta cuestión en la que todavía andamos en pañales. En definitiva parece como
si viniésemos a este Parlamento a solicitar solidaridad. Reclamamos derechos, y yo les recuerdo que nosotros presentamos una proposición de ley que pretendía que de una vez por todas este Estado y su Administración se convirtieran en una
Administración plurilingüe. De hecho se concretaba en la garantía que debían tener todos los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, por ejemplo, que los medios de comunicación privados y públicos, en la medida en que también son
concesiones de la Administración, produjeran la mitad de su programación en cualquiera de las lenguas cooficiales en un territorio, máxime en la lengua que le es propia. Todo esto acaba siendo, si no agua de borrajas, un esfuerzo titánico para que
en los inicios del siglo XXI todavía tengamos que venir aquí haciendo de pedigüeños.
Nosotros no venimos a pedir, venimos a reclamar unos derechos, y no tiene ningún sentido que el Estado español, este Estado tan europeo, tan rico y tan culto,
todavía vaya regateando los esfuerzos de los que intentamos que nuestras lenguas sencillamente no desaparezcan. La lengua vasca en Navarra está en la UVI, y esto hay a quienes nos duele aun cuando no seamos vascos, y por desgracia hay muchos
navarros que incluso parece que se alegran de ello. Esto es un pecado de genocidio cultural que un Estado como el español no puede permitirse. Esta moción debe ser aprobada con el ánimo de que finalmente el Grupo Socialista entienda que la
modernidad significa reconocimiento de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos del Estado español en régimen de igualdad y proteger, a partir del reconocimiento de los derechos, las lenguas minoritarias y minorizadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá.
Continuamos con el turno del señor Xuclà en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición respecto a esta moción consecuencia de interpelación y para anunciar de entrada el voto favorable, que lo habría sido a la literalidad de la
propuesta de Nafarroa Bai, a la enmienda transaccional que plantea el Grupo Socialista, si es aceptada por el grupo proponente.
Me gustaría subrayar algunas consideraciones sobre lo que hoy discutimos.
Una vez más nos tenemos que apoyar en la legalidad, en las recomendaciones del Consejo de Europa, que expresa una especial sensibilidad o que refleja simplemente la
realidad, para ir avanzando hacia la cristalización en el ámbito institucional, en el ámbito jurídico, en el ámbito del reconocimiento político del carácter plurilingüístico del Estado español. Quiero poner en valor que hoy entre otras cosas
votamos algo que nos podría parecer obvio, pero que una vez más a la hora de reclamar el avance en el reconocimiento del Estado plurinacional es necesario. Hoy una vez más nos tenemos que apoyar -lo hace el grupo proponente- en un tratado
internacional para el reconocimiento de los derechos lingüísticos del euskera. Nos gustaría subrayar otro aspecto. La votación de esta moción, bien en su redacción inicial o bien en la redacción transaccionada, supone una comunicación de
institución a institución,
supone que el Congreso de los Diputados da traslado al Gobierno de Navarra de una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del día 21 de septiembre del año 2005. A partir del principio de autonomía de las comunidades
autónomas y de la relación interadministrativa y entre instituciones, cara a la composición política respetable y absolutamente democrática que hay en Navarra, es bueno poner en valor que estas Cortes Generales hayan de dar traslado a algo de lo que
los organismos autónomos también se podrían haber dado por enterados y darle el valor político oportuno.
Finalmente entro ya en los dos o tres aspectos centrales de esta moción.
No hace muchos años, señorías, era aún muy difícil hablar del carácter plurilingüístico de la Administración General del Estado y estaba instalado en el discurso de
distintas formaciones políticas que el carácter plurilingüístico se podía desarrollar en el campo de las comunidades autónomas, pero que en todo caso la lengua del Estado era la lengua española. De forma muy lenta vamos avanzando hacia la asunción
del carácter plurilingüístico y también del reconocimiento de estas distintas lenguas como lenguas del Estado y como lenguas que la Administración General del Estado también debe hacer propias en estos territorios con cooficialidad de lenguas. Esto
parece que va siendo posible en los órganos del Estado, en las delegaciones y en las subdelegaciones del Estado, pero también en una Administración absolutamente y constitucionalmente autónoma como es la Administración de Justicia. El petítum
inicial de Nafarroa Bai era absolutamente sensato e incluso contenido pidiendo un 2 por ciento de incremento en el periodo de un año, sin embargo esto ha quedado, de forma bastante innecesaria, con una redacción más ambigua. También nos parece no
solo ambiguo sino innecesario incorporar en esta moción el futuro imperfecto de subjuntivo para hablar de que pudiera hacerse efectivo un incremento de personal de la Administración.
Respecto a la televisión digital, hay que señalar que hay aspectos técnicos, hay aspectos de voluntad política de la actual mayoría en el Gobierno de Navarra y, finalmente, hay unas posibilidades de incremento del número de canales que
tendrían que fomentar precisamente este carácter plurilingüístico. Como grupo parlamentario nacionalista y catalán la política lingüística desarrollada desde el año 1986 nos merece todo nuestro respeto, aunque a veces supone también una cierta
singularidad la división del territorio en tres zonas, pero como apuntaba el diputado Aitor Esteban esta es la voluntad de la gente de Navarra y es el momento de revisar y de actualizar esta realidad lingüística, fruto de un incremento que nosotros
aplaudimos y celebramos, del uso del euskera también en Navarra.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
Finalizamos con el turno del señor Salvador Armendáriz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señora Barkos, quiero agradecerle haber posibilitado este debate, lo cual nos ha permitido -a algunos- estudiar los informes y valoraciones del Consejo de Europa sobre el grado de cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas
Regionales y/o Minoritarias. La conclusión a la que nos lleva su estudio es que, más allá de lo que ustedes -incluso hoy aquí por partidos afines al suyo- repiten machaconamente en Navarra, allí no se produce ningún genocidio cultural. Es más, la
política lingüística del Gobierno de Navarra cumple correcta y ampliamente los compromisos asumidos al ratificar la carta. Este era el debate más oportuno para que usted probara esas valoraciones injustas, falsa y tendenciosas que los portavoces de
su coalición repiten una y otra vez incluso en esta Cámara.
(Rumores.) Tiene usted el informe para venir a decir en qué puntos se produce esa situación en Navarra. Usted no puede afirmar a partir de hoy que el informe de los expertos, ni su
conclusiones, ni las del Consejo de Europa, ni sus recomendaciones, ni los comentarios del Gobierno español avalan esa tesis machaconamente repetida del genocidio, calificativo que no tendría mayor interés si no fuera porque casualmente es el que
repite la banda terrorista ETA para justificar su actividad criminal de 40 años.
(Rumores y protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio!
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Así es. En el comunicado de 21 de junio de 2006, esa es una de las razones que dice que justifican su actividad criminal. Yo debo creer que para usted esta coincidencia semántica no le es ajena y ante ella
solo caben tres interpretaciones: O, efectivamente, esa consonancia semántica es una casualidad involuntaria, o bien ETA se alimenta de las valoraciones que ustedes hacen sobre el vascuence y que hoy, a la vista del informe, sabemos que no son
ciertas, o bien ustedes de forma si quiere inconsciente sirven de altavoz al repetir las valoraciones exageradas y falsas de la banda. Mi recomendación es que se distancien en el discurso político de los violentos a la hora de defender la lengua y
la cultura vasca de Navarra. Debe usted entender que ese no distanciamiento de las iniciativas de defensa y promoción de la lengua provoca en la gente el rechazo por el vascuence, un rechazo que no tiene nada que ver con la lengua en sí misma, sino
con el tipo de sociedad al que nos veríamos abocados en el caso de que los más radicales se postularan como la vanguardia de la cultura vasca. De la mano de los violentos no se puede alcanzar ninguna sociedad más libre, más culta o más justa de la
que hoy tenemos. Y en esa línea de recomendaciones,
acépteme las siguientes. Primera, constituye un error grave utilizar la lengua como elemento de identificación política y no como patrimonio cultural ni como lo que es, un instrumento de comunicación entre personas. Segunda, no es creíble
su defensa del vascuence como defensa de la cultura vasca de Navarra cuando no denuncian, es más, comparten las injerencias que sobre la simbología, la historia y la cultura propias de Navarra se hacen desde el Departamento de Educación del Gobierno
vasco, como usted bien sabe. Tercera, a mi juicio, es un error querer dotar a la lengua de unos derechos más allá de los que tienen los propios hablantes.
Cuarta, yo les pediría que fueran coherentes y que respeten esa diversidad que ustedes dicen
respetar. No impongan la lengua, respeten la pluralidad de Navarra. Y en todo caso, señora Barkos, conviene que interpreten correctamente los fines de la carta. La carta no pretende ni desunir a los Estados ni contribuir al detrimento de las
lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas, ni mucho menos, con su protección a las lenguas minoritarias, actuar fuera del ámbito de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Conviene recordar el artículo 5, que yo sé que usted
conoce: Nada en la presente carta podrá ser interpretado en el sentido de que lleve consigo el derecho de emprender cualquier actividad o de realizar cualquier acción que contradiga los fines de la Carta de las Naciones Unidas u otras obligaciones
del derecho internacional, incluido el principio de soberanía y de integridad territorial de los Estados. Lo dice la carta.
Porque la carta no pretende en absoluto la positivación del principio de una lengua, un pueblo o una lengua, un Estado. Si
ese es su verdadero interés al defender el vascuence, que lo es, no crea que para ello sus actuaciones se encuentran amparadas por los objetivos de la carta. Quince Estados firmantes en 2001, cuando España ratifica a través del instrumento de
ratificación correspondiente, reconocen en sus territorios a los efectos oportunos de la carta 47 lenguas regionales o minoritarias.
Sinceramente, ¿cree usted que la carta que estos Estados firman pretende que se reconozcan 47 Estados en vez de
ellos mismos? Le diré que, en relación con la moción, tal y como quedará en función de las enmiendas que usted va a aceptar, es fuego de artificio, pero admítame que sobre el cuarto punto le diga que, con respecto a lo que usted pretendía, acepte
la enmienda que le ofrecen, que el Estado coadyuvara para que dos empresas privadas fueran adjudicatarias de dos licencias de televisión digital de forma irregular. Al Estado ni le compete regular los contenidos ni mucho menos prejuzgar las
adjudicatarias en concurso.
Hágame caso, acepte la enmienda.
Para terminar, le diré que en todo caso me parece lamentable -no tengo ningún problema en debatir con la diputada señora Batet- que ninguno de los diputados del Partido Socialista de Navarra haya intervenido en este debate, no sé si porque
no les interesa, porque no les afecta, porque no les dejan o porque no les conviene. Creo que este hecho no sienta un buen precedente, se lo digo sinceramente. Los socialistas navarros no deberían rehuir ni siquiera este debate en beneficio
exclusivo de Nafarroa Bai o dejar que así lo parezca.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino, señoría.
Por último, señora Barkos, lo dicho, despolitice, desideologice, evite las malas compañías, respete la diversidad y la pluralidad de Navarra, sean congruentes con los principios y supriman a partir de ahora esas valoraciones falsas que tanto
jalean los violentos. Así y entonces podremos pensar que en la defensa de la cultura vasca de Navarra podemos caminar todos los demócratas juntos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Armendáriz.
Muchas gracias. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
Señora Barkos, ¿pide la palabra?
La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, señora presidenta, por alusiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Barkos, no será por el artículo 71, que serían alusiones personales que no se han recibido, por el que le daré la palabra, pero creo que el señor Armendáriz ha introducido elementos
suficientemente ajenos al debate de hoy y suficientemente graves que sin ninguna duda entran en el objeto del artículo 73. Y no será por el 71, pero sí por el 73. Señora Barkos, tiene usted la palabra.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito en este mismo momento que se retiren las acusaciones insidiosas, por descontado, rayanas en la calumnia, que se han hecho a esta diputada, relacionando sus argumentaciones con las de los violentos -según han dicho- y que lo único
que pretenden tapar -entiendo que penosamente- es la falta de argumentación. Insisto en que exijo, y entiendo del buen entender de quienes acompañan al diputado interviniente, que a la falta de argumentos sea retirada también la insidia, la mentira
rayana en la calumnia.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos.
Señor Armendáriz, a juicio de esta presidenta, entiendo que no ha querido usted hacer una equivalencia entre una y otra cosa. Por favor, le pido que lo diga usted así o, si no, retire lo dicho. (Pausa.) Es muy simple,
usted lo deja claro y terminamos en este punto este debate.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Yo lo único que he dicho es que, efectivamente, se produce una coincidencia semántica entre lo que algunos dicen y lo que la banda terrorista dice en el comunicado del 21 de junio de 2006...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo que -insisto-, como le pide la señora Barkos, no significa una equivalencia entre una cosa y la otra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: La percepción que ella pueda tener y la interpretación que haga de mis palabras yo no la puedo controlar.
(Rumores.) Entiéndame, yo lo que he dicho es, obviamente, lo que es un dato objetivo. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a dejar en este punto aquí la cuestión.
Gracias, señor Armendáriz. Con la capacidad que me otorga el Reglamento, señorías, daré lectura en este caso a las palabras dichas por ambos diputados y será en la sesión de mañana cuando tomaré las consecuencias oportunas a este efecto.
Muchísimas gracias a los dos, y continuamos, señorías. (Aplausos.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 173/000161.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto 8: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral y será el
señor Campuzano quien tomará en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la palabra para defender la penúltima moción consecuencia de interpelación de hoy.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, presentamos esta moción consecuencia de la interpelación que formulamos al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales hace unas cuantas semanas en relación con nuestras políticas públicas en materia de siniestralidad laboral. Y lo
hacemos citando los borradores de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo que realizan un diagnóstico interesante y crítico con el estado de la cuestión en España en estos momentos. Se afirma en estos borradores de la estrategia
española que no se ha generalizado una cultura de la prevención, que no existe un nivel adecuado de integración de la prevención en la empresa, que se ha producido una externalización de las actividades preventivas que no parece responder ni a la
letra ni al espíritu de la directiva marco ni de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La vigilancia de la salud de los trabajadores no ha terminado de alcanzar los objetivos pretendidos. La implicación tanto de los empresarios como de los
trabajadores y sus representantes en la prevención de riesgos laborales en las empresas no es la deseable. La calidad de los servicios prestados por las entidades privadas dedicadas a la prevención de riesgos laborales no es siempre la adecuada.
Los recursos preventivos, propios o ajenos, son insuficientes en número para desarrollar las actividades preventivas que resultarían necesarias. Subsisten importantes carencias formativas, tanto de los profesionales como de los trabajadores. Las
políticas activas desarrolladas por los poderes públicos han sido débiles y dispersas. Se ha puesto más énfasis en la aprobación de normas jurídicas sobre seguridad y salud en el trabajo que en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia
de prevención de riesgos laborales. El elevado número y la complejidad de las normas en materia de prevención de riesgos laborales dificultan su cumplimiento, particularmente por las pequeñas y medianas empresas. Se produce un cumplimiento de las
obligaciones preventivas más formal y burocrático, que real y efectivo.
No ha existido un respaldo fuerte de las instituciones públicas competentes en materia de prevención de riesgos. La coordinación de las actuaciones desarrolladas por la
diversidad de sujetos públicos y privados implicados en la seguridad y salud en el trabajo ha sido insuficiente. No ha existido una visión global del conjunto de políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con la prevención de riesgos
laborales. Insisto, este es un diagnóstico crítico del borrador de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, de fecha de 20 de octubre de 2006. Esta radiografía es crítica partiendo de las cosas que en positivo se han hecho a lo
largo de estos años por los gobiernos, por los agentes sociales, por las comunidades autónomas. En el debate con el ministro hace esas semanas insistíamos en que las cifras continúan indicando el drama de las personas que mueren trabajando en
muchísimos centros de trabajo y las consecuencias que implica esa realidad para el conjunto de nuestro sistema productivo. A Convergència i Unió, ante la elaboración de esa estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, le pareció oportuno
plantear una propuesta de moción que orientase, en el marco del diálogo social que el Gobierno tiene abierto con los agentes sociales, las medidas a incorporar en esa propuesta global que supusiesen un salto hacia delante en nuestra política en esta
materia.
Como fruto de la enmiendas que han planteado a nuestra moción el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, mi grupo ha ofrecido al conjunto de
los grupos de la Cámara una enmienda transaccional que, como es fruto
de un texto transaccional, no recoge todas y cada una de las propuestas que formulaba Convergència i Unió, aunque sí recoge de manera significativa tres cuestiones que quiero destacar. En primer lugar, recogemos el mandato de establecer
estímulos a las empresas para impulsar el cumplimiento de la legislación vigente, a través de los incentivos del tipo bonus en las federaciones empresariales por accidentes laborales y enfermedades profesionales para aquellas empresas con índices de
siniestralidad inferiores a los de su sector. Propuesta que forma parte de una filosofía que hace tiempo que viene defendiendo Convergència i Unió, que es la convicción de que cualquier política pública en este ámbito necesita ir acompañada de
incentivos que estimulen el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas. En ese diagnóstico del borrador de la estrategia se argumenta la debilidad de nuestras políticas públicas y la ausencia de esos estímulos. Nos parece que esta
propuesta va en la buena dirección. En segundo lugar, se incorpora un mandato de una actuación específica del Gobierno para hacer frente a los accidentes in itínere, que forman parte de las peculiaridades de nuestro sistema estadístico del
seguimiento de la realidad de los accidentes de trabajo, pero también pone en evidencia los problemas vinculados a la gestión de la movilidad en nuestras ciudades, en nuestros entornos metropolitanos, en ese crecimiento disperso de la presencia de
la industria alrededor de las grandes ciudades: Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y quizás otras ciudades y otros entornos del conjunto de la geografía del Estado español. Además con una implicación de la Comisión sobre Seguridad Vial
del Congreso de los Diputados, que preside nuestro colega el señor Jané, que deberá ser informada semestralmente sobre estas actividades.
Finalmente, en estas cuestiones que quiero destacar, esta moción apuesta por una reforma del Instituto de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el sentido de potenciar las capacidades de investigación de ese centro en colaboración y cooperación con las comunidades autónomas.
La enmienda también recoge planteamientos que formulaban la portavoz socialista y el señor Mardones, con especial referencia al papel que debe de contemplarse en el conjunto de empresas privadas, que juegan un papel relevante en esa política
de prevención de riesgos, y también consideraciones que supongo que el señor Tardà defenderá en su enmienda.
Esta moción, que modestamente no recoge todos los planteamientos de Convergència i Unió, porque en el texto que sometemos a votación ha
renunciado a una referencia importante, la referencia a la necesidad de proceder a territorializar los fondos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que es una vieja demanda que este diputado ha defendido aquí, al menos en tres o
cuatro ocasiones, siempre con un éxito perfectamente descriptible, presenta novedades en esa política pública que necesitamos impulsar en los próximos tiempos. Espero, señorías, que esta moción cuente con el apoyo de todos ustedes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Abrimos turno de defensa de enmiendas. Señor Mardones, comenzaremos con usted.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Abreviaré mi intervención en la defensa de las enmiendas por la hora en que nos encontramos en este Pleno. Mi grupo comparte plenamente el planteamiento que en su moción original había presentado ante la Cámara el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Cualquier iniciativa que en estos momentos hagamos dentro de la política laboral y sanitaria para reducir la siniestralidad laboral, verdadera plaga muchas veces, que es denunciada no solamente por los colectivos
laborales sindicales y empresariales, sino también por la opinión pública, bienvenida sea y nuestro grupo se suma a su apoyo. Por eso compartimos plenamente el fondo de la moción consecuencia de interpelación que el señor Campuzano ha defendido.
Como ha invocado una enmienda transaccional que nos ha hecho llegar, recojo fundamentalmente dos de las tres enmiendas que presentaba el Grupo de Coalición Canaria (la tercera es una cuestión puramente diferencial en cuanto a los accidentes
que puedan ocurrir en lo que se denomina in itínere, es decir, en el desplazamiento desde el domicilio del trabajador al centro de trabajo, y aquellos que en la legislación europea son llamados en misión, es decir, no en el desplazamiento de ida y
vuelta entre su domicilio y el centro de empleo fabril o de trabajo, sino cuando la empresa manda en un desplazamiento longitudinal a estos trabajadores a efectuar otros trabajos en los que pueden sufrir accidentes laborales), que se referían, una a
la capacidad de vigilancia sancionadora, que es un tema que tiene que repercutir tanto en las competencias de la Inspección de Trabajo de la Administración General del Estado, como en las competencias de prevención de riesgos laborales de las
comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias. Y la otra al reconocimiento de una labor que, desde hace dos años, el Ministerio de Trabajo viene dinamizando, como es la cuestión de separar y desglosar de las mutuas que tienen
relación con la Seguridad Social, aquellas actividades que son más bien propias de la prevención de riesgos, como son los servicios de prevención. Pues bien, se han recogido en la enmienda transaccional todos los servicios de prevención ajenos
porque con un decreto aparecido, publicado y aprobado el año pasado por el Gobierno para segregar de la actividad de las mutuas las actividades de prevención de riesgos laborales, se recogen perfectamente los servicios de prevención ajenos, porque
son unos instrumentos complementarios para reducir la siniestralidad laboral. Por entender que esos principios están perfectamente recogidos, glosamos la oportunidad y la conveniencia de esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán,
que vamos a votar en cuanto sea aceptado el
texto de la enmienda transaccional con el que, después de las conversaciones que hemos tenido los grupos proponentes, estamos plenamente conformes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor mardones.
Señor Tardà, continuamos con la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Dada la importancia del tema que nos plantea el diputado Campuzano, permítanme que haga alguna reflexión, más allá de las dos enmiendas que hemos presentado y que entendemos que en su espíritu están incorporadas en la transaccional que nos
ha presentado el diputado de Convergència i Unió. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales instauró obligaciones para las empresas en materia de prevención de la salud y la seguridad laboral de esos trabajadores, pero creo que todos coincidiremos
en que esta dinámica no dio los frutos que esperábamos. Las estadísticas no mejoran en algunos ámbitos profesionales o mejoran de forma muy lenta, y se ha acabado imponiendo, cosa que nos preocupa, la cultura preventiva en los procesos productivos
que en muchas empresas no acaba de cuajar. Creo que esta es una verdad que nadie puede negar. Muchas de las empresas, fundamentalmente las pequeñas y microempresas, ni tan siquiera se han planteado aún articular la planificación de la obligada
actividad preventiva. Muchos empresarios pretenden la optimización de sus productos, obviando la seguridad y la salud de sus trabajadores, y lo conciben como un coste añadido, sin percibir los beneficios de un índice de siniestralidad bajo, por
ejemplo, la reducción del absentismo y mejora del clima laboral, entre otras muchas variables. Pero no debemos ceñirnos exclusivamente a las políticas coercitivas e intimidatorias, aun cuando estas asumen responsabilidades penales, civiles y
administrativas. A nuestro entender, se debe apostar también por el cambio cultural. Esto es básico y fundamental. Falta cultura preventiva, tanto en los empresarios como entre los trabajadores. Hoy por hoy, todavía existe una cultura dominante,
caracterizada por la mala práctica laboral consistente en arriesgar demasiado, ya no solo en no cumplir las normas entre empresa y trabajador, sino faltar además al más mínimo sentido común. Deberían proponerse reformas legislativas en materia de
obligaciones y derechos laborales que permitieran a los trabajadores resistirse -atención, es muy importante para nosotros este concepto- al cumplimiento de sus obligaciones si no se cumplen las normas laborales. Una especie de insumisión laboral.
Debe acentuarse también el régimen sancionador en algunos casos y se debe reeducar a los trabajadores en base al objetivo básico: la salud y la seguridad laboral, que son los dos valores más preciados de un trabajador.
Por todo ello, entendemos que hay que acelerar el proceso y no basta con esperar a que se anclen en nuestra cultura el sentido de preservación y las dinámicas de prevención en el puesto de trabajo. De ahí la urgencia para el mundo del
trabajo que en un plazo corto de tiempo se tomen las medidas propuestas en esta moción, en todo aquello que se acabe aprobando, atendiendo a dos enmiendas de nuestro grupo parlamentario, presentadas tanto al punto número uno como al punto número
dos. En la primera pretendemos que se establezcan medidas y campañas de sensibilización entre los estudiantes para el fomento de la cultura de la seguridad laboral, ya que entendemos que somos mucho más deficitarios de culturalización de la
necesidad preventiva en los puestos de trabajo que de mayor claridad o adecuación de la normativa laboral. Es evidente que la velocidad y los ritmos son distintos. Existe una velocidad para la adecuación de los sistemas productivos a la seguridad,
pero el ritmo de culturalización no corre paralelo. Respecto a la segunda enmienda correspondiente al punto dos de la moción, pretendemos su sustitución -la pretendíamos antes de ser conocedores de la transaccional-, a fin de establecer
bonificaciones a las inversiones realizadas por las empresas que optimicen sus estructuras a favor de la cultura de la prevención por ser ya para los autónomos una materia de obligado cumplimiento, además de ser un marco normativo -el de los
autónomos- que estamos pendientes de desarrollo en un futuro próximo. Tanto la una como la otra están subsumidas en mayor o menor medida en la transaccional que nos ha pasado el compañero Campuzano.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà.
Señora Arnáiz García, finalizamos la defensa de las enmiendas con su turno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) defiende hoy la moción sobre medidas de política general que adaptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral. Me sorprendió la presentación de la misma, porque S.S.
conoce muy bien que desde hace tiempo se está trabajando en este sentido y, en consecuencia, pronto se verán los resultados. Hay que reconocerle que sigue muy de cerca la agenda del ministro de Trabajo. La iniciativa de elaborar una estrategia
española de seguridad y salud fue consensuada por el Gobierno y los interlocutores sociales en la mesa del diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales, el 22 de febrero de 2005. El ministro de Trabajo, también el pasado 20 de
octubre, presentó en dicha mesa el borrador de la estrategia española de seguridad y salud
para el período 2007-2011, que está siendo debatido con los interlocutores sociales en la actualidad. Esta estrategia constituirá un instrumento para establecer el marco general de las políticas de prevención a corto, medio y largo plazo,
para dar coherencia a las actuaciones desarrolladas por todos los actores implicados en la prevención de riesgos laborales.
En relación con la moción que nos ocupa, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución, en el sentido de que el Congreso de los Diputados apoye la iniciativa de lograr una estrategia española de seguridad y
salud, y anima al Gobierno y a los interlocutores sociales a alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales. La estrategia habrá de elaborarse con la máxima participación de las comunidades autónomas
y la implicación de las fuerzas políticas, debiendo perseguir dos objetivos fundamentales: por un lado, reducir la siniestralidad laboral acercándola a los valores medios de la Unión Europea; por otro lado, la mejora continua y progresiva de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para el cumplimiento de estos fines se fijarán unos objetivos operativos, diferenciando los objetivos que se refieren al ámbito de la empresa de aquellos otros que inciden en las políticas públicas.
En cuanto al primer grupo de objetivos, quiero destacar, en primer lugar, los estímulos a las empresas para impulsar el cumplimiento de la legislación vigente -muy importante en esta materia-, a través de incentivos del tipo bonus en las
cotizaciones profesionales, ya que el objetivo número uno de la estrategia también recoge medidas para premiar a las empresas a través de posibles ayudas, incentivos fiscales y reducción de las cotizaciones. En segundo lugar, recoge la mejora de la
eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un especial énfasis en el mercado de la prevención. En tercer lugar, señala que es preciso fortalecer el papel de los interlocutores sociales en la mejora de la seguridad y salud en el
trabajo.
En cuanto al segundo grupo de objetivos, en primer lugar, se remarca la necesidad de consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española. En segundo lugar, el perfeccionamiento de los sistemas de información e investigación en
materia de seguridad y salud en el trabajo, impulsando un plan de actuación frente a los accidentes in itínere. A este respecto, es preciso mencionar que en la actualidad se están realizando estudios por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y la Dirección General de Tráfico sobre los accidentes de trabajo relacionados con el tráfico. En tercer lugar, recoge la necesidad de aprobar la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En este sentido,
nuevamente el objetivo número 7 de la estrategia ya recoge esta medida, puesto que la reforma del Instituto fue acordada en dos foros distintos: en la mesa del diálogo social en julio de 2005 y en el comité técnico mixto entre las comunidades
autónomas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en junio de ese mismo año. Actualmente la reforma está pendiente de la aprobación del real decreto por el que se aprueba el estatuto del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo.
Hemos llegado a un acuerdo con el resto de los grupos para la presentación de una enmienda transaccional que espero apoyen SS.SS., porque, como les decía al principio, en estos momentos se está debatiendo el borrador de la estrategia en la
mesa del diálogo social. Por tanto, debemos ser respetuosos con esos trabajos que tan buenos resultados han dado hasta el momento en diferentes cuestiones, como la reforma laboral, que sin duda va a tener beneficiosas consecuencias en el descenso
de la siniestralidad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Arnáiz.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Mixto y será la señora Fernández Davila quien tome en primer lugar la palabra para fijar la posición de su grupo en esta moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor Campuzano, seguimos con atención este debate suscitado por su interpelación la semana pasada y no solamente lo que respecta a sus argumentos sino también la respuesta que el ministro Caldera le dio.
También seguimos con mucha atención
tanto la moción como las diferentes enmiendas y la transacción, que entendimos por la intervención del señor Campuzano que podrá ser aceptada. En ese sentido quisiéramos señalar algunas cuestiones del debate que nos parecen interesantes porque,
como decía anteriormente, lo seguimos con mucha atención porque se trata de un problema muy serio, independientemente de que el señor ministro, no digo que ufanamente pero sí con cierto talante optimista, dijera el miércoles pasado que del año 2000
al 2005 habían bajado en casi un 20 por ciento los accidentes laborales. Si los contabilizamos en conjunto podemos tener ese dato, pero si los analizamos desde la perspectiva cualitativa, es decir, considerando aquellos más graves y sobre todo los
mortales, nos encontramos con que la cifra no es exactamente esa y esto es así tanto a nivel del Estado como de las propias comunidades autónomas. Por ejemplo, en Galicia, en el año 2005 los accidentes mortales en la construcción se incrementaron
en un 50 por ciento y en total en un 18 por ciento. Y esto no es cuestión de que la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia sea deficiente, ni muchísimo menos. Como ya se ha dicho, la materia de prevención de riesgos laborales está
transferida a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene su propia legislación sobre la materia, pero hay cuestiones específicas
que corresponden al Estado y que desde nuestro punto de vista son fundamentales para limitar los riesgos de accidentes laborales en su totalidad y aquellos más graves y mortales que están relacionados con la Inspección de Trabajo, que es
competencia del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque todos los agentes sociales, el propio ministro y todos los que aquí puedan intervenir en el día de hoy vamos a reconocer que la mayoría de las empresas incumplen la legalidad vigente en materia de
siniestralidad laboral, prevención de riesgos laborales, etcétera. Y eso es porque hay una falta de seguimiento, una falta de inspección derivada de la necesidad de inspectores de trabajo. Curiosamente hoy se podía leer en distintos medios de
comunicación la recomendación de la Unión Europea de que todos los Estados miembros, entre los que también se nombraba específicamente al Estado español, incrementaran sus plantillas de inspectores de trabajo, entre otras cosas también para la
inspección en materia de salud laboral. Por tanto, yo daba unos datos concretos de Galicia, pero también podríamos extenderlos al Estado porque esta misma semana se conocían unos datos de la central sindical UGT, que reconocía un descenso global de
la siniestralidad pero, en cambio, hablaba de un dato preocupante, de un incremento en un 2,9 por ciento de accidentes mortales en el sector de la industria en lo que va de año 2006, es decir, desde enero hasta noviembre, lo cual es realmente
importante. Leímos atentamente tanto la moción presentada por el señor Campuzano como la propuesta de transacción que tenemos ahora en nuestras manos y, efectivamente, coincide, como acaba de decir la diputada del Grupo Socialista, en las políticas
que está incentivando el propio Gobierno, con una cuantía de 458 millones de euros y un desarrollo hasta el año 2008. Esta inversión del Gobierno y estas políticas, que se repiten en la moción que aprobaremos, nos parecen importantes, pero también
es cierto que hay estudios, en este caso de otra central sindical inserta en el diálogo social, Comisiones Obreras, que cifran en más de 12.000 millones de euros el gasto por los problemas de siniestralidad laboral. Por lo tanto, se pueden hacer
más esfuerzos.
Vamos a apoyar la propuesta de transacción que va a aceptar el señor Campuzano -así lo hemos entendido-, pero lamentamos que no se incida en la Inspección de Trabajo, aunque conocemos la propuesta del Gobierno de que parte de la política que
se va a ejecutar hasta el año 2008 incluye un reforzamiento de los inspectores en -creo- 50 inspectores más.
Esperemos que sean de utilidad para hacer el seguimiento correspondiente y aminorar la cifra tan grave de accidentes laborales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Continuamos con la fijación de posiciones con la intervención del señor Pérez en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente la enmienda transaccional si finalmente se somete a votación, de la misma forma que ya estábamos de acuerdo con la moción original que presentaba el Grupo de Convergència i Unió porque
creemos que recoge aspectos importantes y lo único que queda ahora es cumplir lo que acordamos.
Por eso queremos aprovechar esta intervención para llamar la atención sobre un problema que nos preocupa y es la responsabilidad de quienes deberían estar a la cabeza de la lucha contra la siniestralidad. Los peores datos en la evolución de
la siniestralidad se registran en las comunidades autónomas de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, donde la siniestralidad supera la media estatal. Concretamente, Madrid fue la región que experimentó el mayor crecimiento de la
siniestralidad entre junio de 2005 y junio de 2006, con un incremento del 13,8 por ciento. Nosotros podemos reconocer todos los gestos que se quieran. Los empresarios madrileños han suscrito el Plan director de prevención de riesgos laborales, los
fiscales y jueces actúan penalmente cuando se producen accidentes graves y mortales, el Ayuntamiento de Madrid puede formar policía municipal para actuar como policía judicial en el combate contra la siniestralidad y todo eso puede ser papel mojado
al lado de una realidad que sigue siendo dramática y escandalosa. En Madrid, si se mantiene la tendencia actual, acabaremos el año con más de 160.000 accidentes laborales con baja laboral y más de un muerto por accidente cada dos días. Los
agujeros negros están detectados. Sectores como la construcción, las situaciones de precariedad laboral, colectivos como jóvenes e inmigrantes, acaparan la mayoría de las muertes por accidente.
Más de 700 accidentes laborales, lo que supone un
trabajador accidentado por día, es el balance de dos años de obras en la M-30 de Madrid, entre ellos cinco trabajadores muertos y siete accidentados graves, aunque hay quienes piensan que algunos de estos accidentes están infracatalogados y que
deberían ser calificados como accidentes graves, hasta 50. Esto ocurre en una importantísima obra pública, ejecutada por las grandes constructoras y, por tanto, con planes iniciales de prevención, con planes de seguridad, con equipos preventivos y
con instrucciones precisas. A pesar de ello, al menos el 65 por ciento de las obras presentan deficiencias notables en prevención, según las inspecciones.
¿Qué es lo que está ocurriendo entonces para este dramático saldo? Señorías, lo que ocurre
es que los ritmos de trabajo son indecorosos. La existencia de dos turnos en vez de tres implica jornadas de doce horas e incluso de hasta dieciséis horas. Se realizan trabajos en fines de semana y festivos y se ejecuta la obra a través de
subcontratas en cuarto, quinto o sexto nivel. La razón: las prisas por acabar este tipo de obras antes de citas electorales. Unas prisas que se traducen en presiones del ayuntamiento y de la comunidad a las empresas para que
aceleren los ritmos. El hecho de que mueran trabajadores en las obras es lamentable pero que mueran en una obra pública además de lamentable es injustificable; 700 accidentes, muertos e incumplimiento generalizado de convenios y normas sin
una dimisión, sin una responsabilidad claramente señalada. La causa principal de este aumento de la siniestralidad laboral sigue siendo el incumplimiento por parte de muchos empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de eso no nos
cabe duda, pero, además, es irresponsable que se una a ello la presión de administraciones públicas. Responsabilidad y medios, recursos, negociación, participación de los trabajadores en la prevención de accidentes son los elementos exigibles al
Gobierno de la nación y a las comunidades autónomas. La estrategia no puede ser otra que cumplir la ley y el objetivo, la seguridad y la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Votaremos, por tanto, con la esperanza de que quizá alguna vez
empecemos a cumplir nuestros acuerdos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
Señor Olabarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. Intervengo para manifestar al señor Campuzano que voy a apoyar la transacción que ha podido conseguir a través de su sutilidad y de su capacidad de negociación, de la versatilidad que
caracteriza sus intervenciones parlamentarias, pero, no obstante, señor Campuzano, quiero dirigirme a usted personalmente. Esta transacción tiene una capacidad de mejora relativa. Permítame que, con la amistad que nos une, relativice el activo que
supone para la erradicación de un mal, de una patología laboral tan grave como es la siniestralidad laboral. Realmente nos encontramos con dos novedades específicas respecto a lo que ya está consignado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
el bonus -que no sé si es una expresión correcta desde una perspectiva técnico-jurídica, pero la vamos a asumir como tal- para aquellos que cumplan realmente con los mandatos y requerimientos de esta ley, que es una ley muy moderna, que tiene
posibilidades de activar mecanismos de prevención de los riesgos laborales y que si se cumpliera en sus propios términos la siniestralidad se reduciría notablemente- y, sobre todo, la reconfiguración de un anacrónico Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Pero se le ha olvidado o no ha podido consensuar, señor Campuzano, lo más relevante y que es una de las deficiencias de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que usted y yo seguramente compartimos desde la
perspectiva del diagnóstico de los déficits de esta ley. En materia de responsabilidad, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece un sistema de responsabilidad solidaria cuando se produce el fenómeno de la subcontratación en
cascada, de forma y manera que son responsables solidarios de cualquier incumplimiento de lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario principal, el contratista y los sucesivos subcontratistas, que pueden llegar a ser
muchos, y mediante una deslegalización, inconstitucional manifiestamente -un real decreto del Gobierno, una norma de carácter administrativo-, se ha llegado a extender la solidaridad en el ámbito de la responsabilidad a los falsos trabajadores
autónomos por ellos contratados. Esto ha llevado al Consejo General del Poder Judicial, benemérita institución donde las haya, a proclamar que todos los preceptos punitivos previstos en el Código Penal con relación a la prevención, erradicación y
represión punitiva legítima de los incumplimientos relativos a la salud y seguridad de los trabajadores constituyen en este momento una norma en blanco, una norma inaplicable jurídicamente. Luego los aspectos preventivos están bien regulados en la
legislación, se regulan mejor con esta enmienda transaccional, pero los aspectos punitivos, que no son irrelevantes cuando el incumplimiento es tan manifiesto y tan importante estadísticamente con relación al incumplimiento de los requerimientos de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son de imposible aplicación, pero no solo por lo que decía la señora Fernández Davila, la insuficiencia de inspectores, sino porque las normas de aplicación son preceptos en blanco, preceptos por remisión a
otros preceptos que no regulan nada materialmente porque esta solidaridad en el ámbito de la responsabilidad hace inaplicables estos preceptos y hace inaplicable la imposición de sanciones que permitan erradicar desde una perspectiva punitiva
-también es importante desde la perspectiva de los requerimientos del ordenamiento jurídico- lo que prevé una ley importante, novedosa, buena, que no ha sido aplicada correctamente cual es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Yo le invitaría
a que en futuras iniciativas parlamentarias se incorpore el problema de la punición, no solo la prevención, no solo el beneficio, no solo la incentivación de las buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales, porque seguramente de
esta manera contribuiremos mucho mejor a la erradicación o a la disminución de unos índices de siniestralidad con los que, señora presidenta, no podemos convivir. No podemos convivir con los índices de siniestralidad laboral más altos de toda
Europa, desde esa perspectiva faltan cosas. Pero que falten cosas no quiere decir que la transacción sea mala, la transacción es buena y mejora las dos proposiciones que han alumbrado esta transacción. Por tanto, señora presidenta, la vamos a
votar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, en este caso, con la señora Martín Mendizábal, que tiene la palabra para fijar posición en esta iniciativa. Adelante.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación a la moción consecuencia de interpelación presentada por Convergència i Unió en materia de prevención de riesgos laborales. La interpelación era amplia y
muy interesante, además de muy importante. Yo no voy a entrar en guerra de cifras, creo que nadie se ha puesto a discutirlas, y quiero una vez más manifestar la importancia que para el Grupo Parlamentario Popular tiene la prevención de riesgos
laborales, importancia tal que en cualquier caso el objetivo debería ser accidentes de trabajo cero, ningún accidente de trabajo. Porque como bien decía el portavoz de Convergència i Unió, detrás de cada accidente de trabajo además de un coste
económico hay un drama: un drama para un trabajador y un drama para una familia. Esta moción yo la interpreto, en definitiva, como una profundización en lo que es la prevención de riesgos laborales, que se inicia con la Ley de 1995, por ello
quiero recordar que de 1996 a 2003 la Inspección de Trabajo incrementó sus actuaciones en más de un 50 por ciento, se realizó un Plan sobre siniestralidad laboral concentrado en las empresas de mayor índice de accidentes, se llegó a un acuerdo
social sobre prevención de riesgos laborales, se implantó un nuevo sistema de información para conocer más datos y mejor las causas y en el año 2003 se realizó la habilitación de los técnicos de las comunidades autónomas. Por cierto, el otro día el
ministro -por lo menos al leer el 'Diario de Sesiones'- daba la impresión de que había sido una actuación socialista y no, es de 2003. Por tanto, el ministerio lo que está haciendo actualmente es una labor continuista: continuista con nuevos
acuerdos -que es la estrategia global-, campañas de sensibilización, nuevos programas de control. Y reconozco que el tema de la subcontratación, por ejemplo, también puede ayudar y coadyuvar a mejorar esta siniestralidad y ha salido con el apoyo
del Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, no así la temporalidad, que está cerca del 35 por ciento, se ha elevado, y echo de menos que así como en la moción inicial había un punto específico para tratar este tema y estudiarlo, en la
transaccional no aparece. Entiendo que, cuando se transacciona, unos puntos decaen y otros se incorporan y opino que ésta puede ser una buena transaccional en la medida en que nos permita superar ese cumplimiento formal, ese cumplimiento de papel y
vayamos al cumplimiento real como obligación social de la salud y seguridad en el trabajo. Ya le adelanto que vamos a votar a favor de esta enmienda transaccional; no obstante sí me gustaría hacer algunas matizaciones en dos puntos en concreto
porque si esto fuera realmente una reforma legislativa, quizá no estaríamos de acuerdo en su totalidad. Dado que es una moción que lo que hace es marcar un camino, cuando se produzca la reforma actuaremos en consecuencia, pero sí le quiero indicar
el sentido que nosotros matizamos.
Se refiere en el objetivo número uno al tipo bonus. A mí me parece muy positivo, me parece muy valorable, hay que incentivar, hay que estimular y hay que premiar a quien mejor realiza, pero la matización o la reflexión que yo introduciría
es: siempre que se preserve el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social. Y por otro lado, cuando habla de la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, solo decirle que este ya tiene como competencia la
investigación. Me parece que hacerlo solo de investigación olvidando que es un centro de referencia nacional con las instituciones europeas, olvidándonos que también se dedica a la formación, olvidándonos del apoyo que da a la Inspección de
Trabajo, es devaluar las funciones recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos, artículo 8.2.b). Por otra parte, las comunidades autónomas participan en este instituto a través de la Comisión nacional y, por tanto, podían dar cauce por ahí a
priorizar la investigación. No obstante, como nos parece bien que se fomente y que el instituto dé prioridad a la investigación, vamos a apoyar esto en su totalidad.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Antes de pasar, señorías, al punto siguiente, quisiera cerrar el episodio vivido en el punto anterior y lo hago diciéndoles que, una vez en mi poder el borrador de lo anteriormente dicho por el señor Armendáriz y la solicitud de la señora
Barkos y con las facultades que me otorga, señorías, el Reglamento y en beneficio de la concordia parlamentaria que debe imperar en esta Cámara, introduzco una cláusula interpretativa en el 'Diario de Sesiones' de hoy por la que entiendo que, dado
el discurso pronunciado por el señor Salvador Armendáriz, éste no ha querido en ningún momento establecer una equivalencia entre la señora Barkos y la banda terrorista ETA, si no dicha afirmación atentaría contra el decoro y el honor de una diputada
de esta Cámara y esta presidenta se vería obligada a retirarla. Esta es la única fórmula a través de la que puedo aceptar estas palabras en el 'Diario de Sesiones'.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS CESIONES REALIZADAS EN EL CONTENCIOSO DE GIBRALTAR. (Número de expediente 173/000162.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): El punto siguiente es el punto noveno, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a las cesiones realizadas en el contencioso de Gibraltar. Será el señor De Arístegui quien
defenderá esta moción. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, ya anunciamos en octubre del año 2004 cuáles iban a ser las consecuencias de aquel primer comunicado conjunto entre el Gobierno de España y el del Reino Unido. Dijimos que la
tradicional posición de los diferentes gobiernos democráticos de un sistema de dos banderas tres voces había sido quebrado y que lamentablemente las autoridades locales de la colonia de Gibraltar iban a adquirir a partir de ese momento el estatus de
socio en pie de igualdad con las dos delegaciones principales, léase la británica y la española. Lamentablemente teníamos razón y la mención al pueblo de Gibraltar, tal como se hacía en ese comunicado conjunto, nos anunciaba sin lugar a dudas que
aquello iba a acabar produciendo la reivindicación de la autodeterminación por parte de Gibraltar. Hoy hemos podido comprobar cómo el acuerdo que se ha firmado recientemente ha confirmado, a nuestro juicio dramáticamente, todas nuestras
predicciones.
Hemos oído, incluso, del embajador británico que el derecho de autodeterminación para Gibraltar y su pueblo -y cito textualmente- deriva de manera clara de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la ONU e incluso dice él,
curiosamente, de aquellas que hacen referencia a la descolonización, cuando sabemos muy claramente que se establecieron dos excepciones de hecho y las dos, por cierto, relativas al Reino Unido sobre la descolonización de territorios no autónomos,
las Malvinas y el caso de Gibraltar; es decir, que la descolonización se haría por la restitución de la integridad territorial del territorio, en el caso de Gibraltar de España y en el caso de las Malvinas de Argentina.
Lamentablemente, esto se
vio ratificado de forma oficial por el Gobierno del Reino Unido y, posteriormente, fue llevado al Parlamento británico que también lo hizo. Es difícil pensar que pueda haber un paso atrás a este respecto y creemos de verdad que por primera vez se
ha reconocido de manera taxativa y expresa por parte del Gobierno y del Parlamento británicos el derecho a la autodeterminación. El hecho de que se haya supeditado la autodeterminación de Gibraltar a la voluntad del Gobierno de España no exime en
absoluto de responsabilidades, sobre todo lo que hace es estancar la negociación de las cuestiones de fondo. Si es cierto que las autoridades locales de Gibraltar gozaban de un derecho de veto ex post hasta ahora reconocido solo de facto, hoy se
les reconoce a nuestro juicio también de iure y ex ante y eso es una regresión grave respecto de las posiciones anteriores. Además esto lo que hace es consolidar las posiciones del Gobierno británico. Les dirá siempre a las autoridades locales de
Gibraltar que no pueden acceder a la autodeterminación porque depende de la voluntad del Gobierno de España, que es evidente, creo yo, que mientras no ocurra un cataclismo político dirá siempre que no, pero, al mismo tiempo, como nos han dicho a los
españoles a lo largo de todos estos años, tampoco se puede avanzar en la negociación porque dice que no la opinión pública de Gibraltar. Por tanto, nosotros también hemos hecho un análisis, que sería prolijo porque ya lo hicimos en la interpelación
de la que es consecuencia esta moción, sobre el acuerdo en relación con el aeropuerto. Nosotros no vamos a criticar, señoría, los efectos del acuerdo que a nuestro juicio son positivos. Léase el acuerdo alcanzado respecto a una tragedia humana,
como era la situación dramática que vivían casi 6.000 pensionistas, o los efectos económicos positivos que puedan derivarse de la utilización conjunta del aeropuerto; sin embargo, creemos que podría producirse algún tipo de aquiescencia respecto de
la soberanía sobre el istmo. Pero, sobre todo, que nadie vaya a leer en las palabras del Grupo Parlamentario Popular que decimos que no era urgente incrementar, mejorar las vías de comunicación del Campo de Gibraltar. Lo que hemos dicho, y lo
reiteramos aquí, es que en 1987 la situación de incomunicación del Campo de Gibraltar era infinitamente más grave que hoy, ese es un hecho innegable, y dentro de poco lo será todavía menos, puesto que, como saben SS.SS., Algeciras será la única
ciudad no capital de provincia en la que el AVE tenga estación terminal. Hoy el Campo de Gibraltar está conectado por Jerez por una autovía y con Málaga por una autopista. Indudablemente el beneficio económico y turístico que se va a derivar del
aeropuerto existe y está allí, pero es ciertamente rocambolesco que los funcionarios policiales españoles, señorías, tengan que estar en una especie de voladizo encima de la verja para que se cree la ficción jurídica de que están sobre territorio
español, cuando están en un edificio que está construido y cimentado sobre un territorio disputado, cuya soberanía siempre hemos disputado los españoles, puesto que, como saben SS.SS., el istmo fue ilegalmente ocupado por el Reino Unido a lo largo
del siglo XIX en diferentes fases.
Por eso nosotros queremos matizar el acuerdo y proponemos algunas fórmulas en nuestra moción. En primer lugar, queremos que vuelva a establecerse de manera taxativa que el sistema es el de dos banderas tres voces, que la delegación
gibraltareña forma parte de la británica y que no está en pie de igualdad negociando con dos Estados soberanos. En segundo lugar, queremos que se reconozca de forma clara en todas las declaraciones españolas no solo nuestra reivindicación, sino el
título dudoso, como el propio Parlamento británico reconoce, que el Reino Unido tiene sobre el istmo. En tercer lugar, nos gustaría que la cuestión del Instituto Cervantes se resolviese con una fórmula razonable, que podría ser la de buscar un
centro acreditado del Instituto Cervantes para evitar el equívoco que puede producirse por el hecho de que los directores de los institutos Cervantes están normalmente acreditados con estatus diplomático. Por último, también querríamos que se
hiciese un mayor control y supervisión de las telecomunicaciones. Señorías, se van a conceder medio millón de líneas telefónicas en un territorio no autónomo de 28.000 habitantes en el que hay cerca de 80.000 empresas offshore.
Francamente creemos
que es una exageración. Lo hemos dicho alguna vez, la proporción es como si la Comunidad de Madrid
tuviese 60 millones de líneas telefónicas. En todo caso, todo esto es especialmente grave y es importante subrayar el salto cualitativo negativo que supone el reconocimiento por parte británica de un derecho de autodeterminación que, a
juicio del Grupo Parlamentario Popular y debería ser también juicio del Gobierno español, contraviene flagrante y frontalmente todas las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas respecto de la descolonización y también las resoluciones al
respecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Arístegui.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Como saben, los intervinientes disponen de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, me indica el señor Rodríguez Sánchez que renuncia. Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias, renuncia igualmente.
El señor Llamazares por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Cuando guste, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario no comparte la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que no es una proposición no de ley de matiz, es una enmienda de totalidad a los acuerdos que han tenido lugar con relación a la normalización de
las relaciones de vecindad con Gibraltar.
Para que no nos dejemos llevar por las palabras y sobre todo por las palabras entendidas en términos absolutos, quisiera recordar que no sé si fue un ministro de Exteriores del Partido Popular el que llegó
a aceptar la cosoberanía en el ámbito de Gibraltar, pero sí recuerdo que mi grupo parlamentario salió públicamente defendiendo la cosoberanía en Gibraltar.
Recuerdo que en aquellos momentos era un tema de Estado y, por tanto, considerábamos que
merecía la pena -yo creo que sigue mereciendo la pena- dar un margen de maniobra al Gobierno. El Partido Popular, como en otros temas de Estado, no está dispuesto a dar ningún margen de maniobra, ni siquiera sobre la base de las posiciones que ha
defendido hace muy poco tiempo, cuando tenía la responsabilidad de Gobierno. Por tanto, mi grupo parlamentario no está de acuerdo con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que hablando de matices dice, en primer lugar, no que las medidas
sean pasos hacia delante, porque el señor Arístegui ha hecho un gran esfuerzo de funambulismo, sino que las medidas son un gran paso atrás en el proceso negociador que aleja la legítima pretensión histórica de recuperar la soberanía, y además dice
que el Gobierno español, dentro de su política general -esto es un prejuicio, no un juicio- de renuncia a defender los intereses nacionales, en el ámbito internacional ha aceptado un acuerdo que supone un giro histórico, un giro hacia atrás, según
el Partido Popular. Pues bien, nosotros no estamos de acuerdo; creemos que por una parte el foro creado en 2004 ha sido una buena idea y estos acuerdos son fruto de ese foro, unos acuerdos de carácter local que no tienen más carácter, digamos, de
derecho internacional o con relación a la soberanía y que no niegan los derechos que normalmente hemos defendido con respecto a Gibraltar. Por tanto, no estamos de acuerdo en absoluto con el Grupo Popular.
Pero yo me serviré de un argumento de autoridad que acabo de leer en el día de hoy, porque me llegó en estos días, que es el de Alejandro del Valle Gálvez, que me parece que es un profesor de universidad, pero sirva de argumento de autoridad
porque en este instituto no hemos sido nunca invitados, son invitados normalmente los patronos, el Partido Popular y el propio Gobierno. Por tanto, es un argumento de autoridad que no se puede decir que sea interesado. Este argumento de autoridad
dice: los acuerdos de Córdoba suponen el final de la excepción gibraltareña en las relaciones de vecindad de España y el respaldo trilateral a la cooperación transfronteriza con Gibraltar se integra en una nueva estrategia española. No veo ahí
ninguna valoración negativa ni ningún término catastrófico, aunque sea de matiz, como propugna el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría, don Emilio.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Arístegui, usted sabe que le aprecio y respeto su cualificación en estas materias, pero no termino de comprender esta iniciativa que ustedes han presentado, porque tiene un punto de esquizofrenia que usted quizá nos podría explicar o
explicitar si tuviera un segundo turno. No tienen nada que ver, es más, son absolutamente contradictorias desde una perspectiva ontológica y de contenido material la exposición de motivos, donde se hacen invocaciones con gran prosopopeya sobre la
soberanía de España del peñón de Gibraltar, y el contenido material, el pedimento o la parte dispositiva de la proposición donde se hacen invocaciones a una especie de colaboración institucional con los gibraltareños y al mantenimiento del estatus.
La contradicción es manifiesta entre la exposición de motivos y el contenido material de la proposición, donde se habla de revisión de los acuerdos sobre el uso del aeropuerto o de trasladar el acuerdo del Instituto Cervantes a Gibraltar. No sé
cuantos gibraltareños desconocen la lengua española; me da la impresión de que incluso la conocen mediante una fórmula dialectal que es el andaluz, por tanto, no sé si el Instituto Cervantes tiene gran cosa que aportar desde una perspectiva
metacultural a Gibraltar, pero usted sabrá mejor yo qué pretenden con esto. Respecto a constituir un organismo de control y supervisión de las telecomunicaciones, qué más de lo que ya hay, si las telecomunicaciones
son masivas, son abrumadoras -como ya han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- e incluso sobredimensionadas, hasta el punto de que se ha hecho una invocación a que se podrían multiplicar por 60 las existentes
con Madrid o con cualquier otra ciudad del Estado español.
Por último, usted penetra en un terreno muy resbaladizo, en la invocación al derecho de autodeterminación. Cuando se habla de derecho de autodeterminación en una proposición no de ley de estas características tan pragmáticas -si me permite
la expresión-, estamos penetrando en un terreno terriblemente resbaladizo. Si usted invoca el derecho de autodeterminación, me gustaría conocer algunos detalles, y no sé si va a haber un turno posterior. Sobre el derecho de autodeterminación,
usted sabe tan bien como yo, que hay toneladas de documentación en la literatura científica, porque esta no es una cuestión pacífica en el ámbito del derecho, ni en el derecho político ni el constitucional ni siquiera del derecho natural. ¿Usted se
apunta a la escuela de Max Weber, se apunta a la escuela de Renan, se apunta a la escuela de Heraud? ¿Cuál es la escuela que usted defiende? ¿Cuál es el mecanismo del derecho de autodeterminación, cuál es la pregunta, cuáles son las mayorías
necesarias para tomar una opción, cuál es el ámbito de decisión? Usted aquí hace una invocación al derecho de autodeterminación, pero no explicita nada, y con estas cosas no se puede jugar, porque estamos hablando de temas muy serios. Por tanto,
como me da la impresión de que aquí hay una frivolización de un problema que tiene unas dimensiones históricas importantes, va a permitirme que, con todo el respeto que le profeso intelectualmente, tengamos que votar necesariamente que no a una
proposición de ley que tiene este punto esquizofrénico en su contenido material que no podemos comprender.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Olabarría.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Cuando el Grupo Popular retoma el discurso de Gibraltar nos da la impresión de viajar un poco en el túnel del tiempo, a aquellas épocas en que parecía que los españoles no podían dormir si la roja y gualda no ondeaba en el Peñón. Los
españoles no podían dormir por otros problemas, afortunadamente. Lo que no entendemos exactamente es qué pretenden con estas mociones, ¿que los gibraltareños sean españoles a la fuerza?, ¿que se cansen y se vayan?, ¿que los echemos al mar?
Quisiera pensar que son más sensatos. No sé si con estas iniciativas pretenden reactivar la fibra patriótica, pero afortunadamente, señorías, no creo que este tema, el Estatuto de Gibraltar, vaya a movilizar a las masas. La población española
tiene otros problemas, tenemos problemas muy graves en la agenda que exigen reflexión y análisis, pero ese no es el caso de Gibraltar. Por otra parte, en el mundo hay ya muchos conflictos y no consideramos que sea necesario crear uno nuevo.
Gibraltar no supone ningún conflicto; los gibraltareños decidirán ser españoles si les interesa o seguirán siendo británicos u otra cosa. En España conviven ciudadanos con todo tipo de pasaportes. Gibraltar puede seguir siendo un caso curioso,
como es San Marino, como es el Vaticano, resultado de un contexto histórico especial, que así se mantiene y no pasa nada. Gibraltar es el resultado de un accidente histórico, un accidente que fue trágico para Cataluña: los aliados abandonaron su
apoyo a Cataluña a cambio de una posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar y de una participación en el comercio de esclavos. De hecho, es curioso y paradójico, pero fue un rey Borbón quien decidió la cesión del peñón de Gibraltar a cambio
del reconocimiento británico de los Borbones en el trono español, de ahí el Tratado de Utrecht, que de hecho España incumplió, porque nunca respetó los derechos y las costumbres de Cataluña. Pero, señorías, ¿les parece a ustedes que a alguien en
España le interesan estos temas, aparte de a los aficionados a la historia? El tiempo -aprendimos en el colegio- fluye constantemente y no podemos estar anclados en las posturas de hace 40 años. Si los habitantes de Gibraltar con los años han
construido una identidad especial, bienvenida sea, bienvenida sea la diversidad. En todo caso, si alguien tiene interés en que los gibraltareños quieran ser españoles, que se les ofrezca un nivel de vida mejor que el que les ofrecen los británicos.
Ahora, si se espera que por un tratado de hace 300 años dejen de ser británicos para formar parte de una comarca pobre y contaminada, como es la del Campo de Gibraltar, somos ingenuos. Esquerra Republicana apoya la opción del Gobierno, mantener el
foro del diálogo, y creo que deberíamos ir más allá: abrir verjas o fronteras, como quieran llamarlo ustedes, tanto da. Si en realidad lo que se pretende es la unidad territorial, deberíamos hacer desaparecer las fronteras físicas del territorio,
empezar y fomentar la colaboración y terminar de una vez con posiciones arcaicas de intransigencia. Por eso, naturalmente, no vamos a votar a favor de esta proposición, pero aprovechamos para alentar al Gobierno a seguir por la senda iniciada de
colaboración y diálogo.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Bonás.
Señor Xuclà, por el Grupo Parlamentario Catalán.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, en esta recta final de este largo Pleno, para fijar la posición sobre esta última moción planteada por el Grupo Popular. Si me permiten, lo haré a partir de
convicciones y del análisis de los textos y de este complejo expediente que nos lleva a mantener, primero, que el proceso de Bruselas de diálogo entre España y Gran Bretaña se mantiene vivo; que el Gobierno de Gibraltar reconoce a partir de
este foro de diálogo que solo son competentes para tratar sobre esta soberanía los dos gobiernos, el Gobierno británico y el Gobierno español; que la fórmula de las dos banderas y las tres voces no es una fórmula nueva, sino una fórmula ya ensayada
en el pasado y que toda la argumentación de esta moción se sustenta en un supuesto reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Gibraltar que plantea el Grupo Popular y que, como muy bien apuntaba el diputado Olabarría, es más que
cuestionable que se deduzca de los textos del foro de Córdoba y también del proceso de Bruselas.
El Grupo Popular en la exposición de motivos hace referencia a circunstancias históricas ampliamente superadas, a la del Tratado de Utrecht, de 1713, tratado por cierto -se ha hecho referencia a ello- que los catalanes conocemos bien, así
como sus consecuencias y lo que supondría su derogación, pero en todo caso estas circunstancias ampliamente superadas no son tales. Allí está el artículo 10 del tratado, que contempla dos opciones: o bien soberanía británica o bien retrocesión a
España y otras consecuencias. Y la verdad y la realidad es que la situación de diálogo y el proceso de Bruselas se encontraban absolutamente enquistados. Desde el mes de noviembre del año 2002 hasta mediados del año 2004, no se produjo ningún tipo
de avance y lo único que intenta hacer el Gobierno es, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, desde la independencia de criterio y desde ninguna voluntad de dorar la píldora a la política exterior del Gobierno español, superar esta
situación enquistada diferenciando -es muy importante- los principios, que deben ser los mismos, por una parte y por otra las condiciones de vida concreta que afectan a los ciudadanos concretos de una parte y de otra. ¿De dónde? De la verja. ¿De
la verja como realidad histórica? No. La verja fue construida en el año 1908 y estamos hablando de un conflicto de más de 293 años, verja, frontera, porque fronteras hay entre municipios, entre comunidades autónomas, y forma parte también del
diálogo diplomático y de la capacidad de cesión.
En la interpelación de hace unas pocas semanas, el interpelante terminaba hablando de unas mejoras pírricas, míseras, misérrimas victorias coyunturales. Pues bien, la creación de un clima favorable a las condiciones de vida de los
ciudadanos debe ser avalada por esta Cámara parlamentaria más allá de la defensa de los principios, por cierto de unos principios que también intentó explorar el que fuera ministro de Asuntos Exteriores y actual senador, el señor don Josep Piqué.
No quiero hablar del Instituto Cervantes, no quiero entrar en recordar que también hay institutos Cervantes que operan dentro de España, sin ir más lejos en Alcalá de Henares, y yo creo que esta es una buena intención.
Quiero subrayar algo que está en el texto que vamos a votar, a favor o en contra, y que de forma bastante prudente y acertada el portavoz del Grupo Popular no ha hecho ninguna referencia en su intervención. Concretamente, quiero hacer
referencia al penúltimo punto de la moción que habla de la constitución de un organismo de control y supervisión de las telecomunicaciones para que estas redes de telecomunicación -dice literalmente la moción- no sean aprovechadas como fuente de
blanqueo de capitales y de negocios fraudulentos. Señorías, es posible que en Gibraltar no se vendan solamente suvenires, pero creo que no es propio de una relación entre socios y miembros de la Unión Europea estas presunciones explicitadas en esta
moción.
Finalmente, respecto al último punto, el reconocimiento de la autodeterminación, por una parte, tenemos el texto del foro de diálogo de Córdoba, del 17 de diciembre de 2004, que simplemente desbloquea esta situación enquistada desde hace más
de 2 años y, por otra parte, está el proceso de Bruselas que continúa reconociendo a las dos partes como únicas competentes para tratar la solución de este largo contencioso que tanto apasiona a algunos grupos de esta Cámara. Sobre la base de esta
argumentación, este grupo parlamentario va a votar en contra de la moción del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Xuclà.
Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso el señor Estrella tiene la palabra. Cuando guste, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, preguntaba el señor Olabarría que a qué escuela de pensamiento se apuntaba. Aquí se han formado dos escuelas muy claras: una, la de todos los grupos de la Cámara, con excepción del Grupo
Popular, que sostiene que en los textos acordados en Córdoba no hay nada que afecte a la soberanía, no hay nada que altere el statu quo. Esa es la escuela de pensamiento de la que participa también alguien que conoce bastante del tema, porque
incluso ofreció la mitad de la soberanía, con el respaldo de todos los grupos de la Cámara, que es el señor Piqué. Y hay otra escuela, la de la soberanía, que es la del que acaba de utilizar la palabra en nombre del Grupo Popular o quien es su
portavoz en esta Cámara. Esas son las dos escuelas. Queda claro: no hay alteración del statu quo con estos acuerdos. Y si no hay alteración porque no se trata de la soberanía, que solo se puede tratar entre España y el Reino Unido en ese foro
donde solo puede haber dos banderas y donde puede haber una voz al lado de la voz británica, lo que se ha hecho es trabajar sobre cuestiones que, sin entrar en soberanía, afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Se puede demostrar que es
posible llegar a acuerdos desde el respeto a los ciudadanos de Gibraltar, como sujetos de derechos, y trabajar al mismo tiempo en la defensa con ellos, avanzar en la
defensa sin alterar ni un ápice ni renunciar lo más mínimo a los intereses y a las aspiraciones de España sobre Gibraltar, a las posiciones de España sobre el istmo, a las posiciones de España en materia de Gibraltar, que se han expresado
con todos los gobiernos de la democracia.
Por tanto, no tiene ninguna razón de ser esta insensata proposición no de ley que forma parte quizá de un disparate mucho mayor.
Queda claro en la declaración que ha efectuado el Gobierno británico que lo que nosotros llamamos autogobierno y los gibraltareños -están en su derecho en llamarlo como quieran en su ámbito- llaman autodeterminación, tiene un límite -lo dice
expresamente el Gobierno británico-, que es el Tratado de Utrecht, por el que quien ha ocupado la tribuna en nombre del Grupo Popular decía hace 4 años, por el señor Piqué, que garantiza el derecho de tanteo y retracto a España. Eso lo ha declarado
expresamente el Gobierno británico; sale reforzada la posición española que hemos mantenido con el respaldo de todos los grupos y, además, se mejora la situación de la población en el Campo de Gibraltar y se resuelve un problema que no estuvo en
ocho años en la agenda del Gobierno anterior, que es el tema de las pensiones. Van a llegar 171 millones de euros para los pensionistas, se corrige una injusticia, pero además se inyecta una importante fuente de riqueza en la zona. Señoría, creo
que los portavoces lo han explicado sobradamente. Ha tenido usted los argumentos de todos los grupos parlamentarios y quisiera pedirle, dejando claro que no hay nada en los textos, que además no es un tratado, es una declaración, es un acuerdo
operativo, no es en absoluto un tratado de carácter jurídico.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Disculpe, señor Estrella.
Por favor, guarden silencio. Todos estamos muy fatigados, pero no carguemos el coste de nuestra fatiga sobre la interesante intervención del señor Estrella. Les ruego silencio, por favor. (Aplausos.)
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor presidente.
Decía que no es un acuerdo de carácter jurídico. En lo que se ha abordado en materia del contencioso, del lenguaje que se ha podido utilizar, no hay nada que no esté en los textos firmados por los ministros Oreja, Morán, Matutes o Piqué.
Al señor Arístegui, a mi querida contraparte en estos debates, en esta mi última intervención desde la tribuna, le querría preguntar que por qué no retira esta proposición no de ley (Un señor diputado: ¡Muy bien!) y por qué no se suma a la mayoría
de la Cámara, a todos los grupos parlamentarios, a los habitantes de la comarca de Gibraltar y también a su ex ministro, que tuvo nuestro apoyo, el señor Piqué. Espero que lo haga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Estrella. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política para garantizar el abastecimiento de agua. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 118; en contra, 165; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política general del Gobierno respecto al fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. El grupo parlamentario proponente ha
solicitado votación separada de los seis puntos. ¿Está seguro? (Asentimiento.)
Votación del punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 268; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 18; en contra, 268; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 15; en contra, 269; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 16; en contra, 269; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 16; en contra, 272; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 267; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales y/o Minoritarias en Navarra bajo los
términos recomendados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, al cual se incorpora la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 176; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral con la enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone?
(Pausa.) Se vota.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 297; en contra, tres, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a las cesiones realizadas en el contencioso de Gibraltar, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 122; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las once y treinta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 210, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, 2 de noviembre de 2006, en la página 10566, primera columna, se omitió por error la votación de conjunto del
proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, por lo que después de la proclamación de aprobación por el señor presidente (línea 22) deberá figurar el siguiente texto:
'Votación de conjunto
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de conjunto por tener esta iniciativa carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 302; en contra, uno; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.'