Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 211, de 13/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 211
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARME CHACÓN PIQUERAS
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 195
celebrada el lunes, 13 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10597)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 107-1, de 28 de septiembre de 2006. (Corrección de errores en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número
107-4, de 25 de octubre de 2006, y serie A, número 107-5, de 26 de octubre de 2006.) (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 10597)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados. ... (Página 10597)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 10597)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. ... (Página 10597)
Títulos I y II ... (Página 10597)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a los títulos I y II, intervienen los señores Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, para dar por
defendidas las enmiendas 681 y 682 de la señora Lasagabaster Olazábal; los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
y la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título III ... (Página 10606)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a este título III, intervienen la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, para dar por defendida la enmienda 683, de la señora Lasagabaster Olazábal; los señores Vilajoana
Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Títulos IV y VIII y sección 07 (Clases pasivas.) ... (Página 10609)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a los títulos IV y VIII y sección 07 (Clases pasivas), intervienen los señores Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título V y sección 06 (Deuda pública.) ... (Página 10613)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas al título V y sección 06 (Deuda pública), interviene la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, para dar por defendidas las enmiendas 684 y 685, de la señora Lasagabaster
Olazábal.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título VI ... (Página 10615)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas al título VI, intervienen los señores Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título VII y secciones 32 (entes territoriales) y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial.) ... (Página 10618)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas al título VII y a las secciones 32 (entes territoriales)
y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial), intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos. ... (Página 10622)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, intervienen la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Delgado Arce y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Se abre la sesión.
Señorías, comenzamos con el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Conforme al artículo 20.1.3.° del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don Joan Oms i Llohis,
en sustitución de don José Montilla Aguilera, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor OMS I LLOHIS: Sí, lo prometo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señoría. Don Joan Oms i Llohis ha adquirido la condición plena de diputado.
(Aplausos.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007.
(Número de expediente 121/000107.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, damos inicio al debate final de los Presupuestos Generales del Estado en el Pleno de esta Cámara, y lo haremos, si no existe presentación del dictamen por parte de un diputado de la
Comisión, por la defensa de las enmiendas que han sido presentadas a este dictamen. Señorías, debiéramos comenzar con el título I, artículos 1 a 15, y en particular con el Grupo Parlamentario Mixto. En cualquier caso les recuerdo, para el orden
del día y para que así conste, que sería la señora Lasagabaster la que debiera defender las enmiendas 681 y 682, y si no lo hace nadie por ella, señorías, decaerían. Por tanto, en el transcurso del día de hoy se debieran dar por defendidas para
mantenerse como tales enmiendas.
Continuamos con la intervención del señor Vilajoana, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), para la defensa de la enmienda 2783, artículos 1 a 15, del título I, si así lo desea usted, porque, como bien sabe, señor
Vilajoana, no es obligatorio.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en mi primera intervención como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al inicio de este debate en el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y antes de entrar en
la defensa concreta de las enmiendas que la señora presidenta me planteaba, quisiera exponer cuál va a ser la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el debate y la votación de estos presupuestos.
De acuerdo con el compromiso que adquirió el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, don Pedro Solbes, en el debate a la totalidad de estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, se consiguió y se ha cumplido
en el trámite realizado en la Comisión que estos presupuestos incluyan 50 enmiendas presentadas por Convergència i Unió y aprobadas, por un valor aproximado de 90 millones de euros. Entre las enmiendas aprobadas, queremos destacar por su
importancia la 2842, por la que se aprueba una disposición adicional destinada a garantizar el cumplimiento de lo que dispone el Estatut de Catalunya respecto a las inversiones del Estado en Cataluña durante los próximos siete años. De acuerdo con
esta disposición aprobada en Comisión y pactada con el ministro de Economía, el nuevo Gobierno catalán deberá
Títulos I y II
acordar con el Gobierno del Estado el método para determinar el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut en lo que atañe a determinar la cuantía de dichas inversiones para el periodo 2007-2013. Dicho método se aplicará
también para el año 2007 en el caso de que de su aplicación se derive un volumen mayor de inversión. Quiero recordar que la discrepancia con la cifra de inversión del Estado en los presupuestos de 2007 estaba planteada por nuestra parte, así como
por otros grupos, Esquerra Republicana concretamente, en alrededor de 1.000 millones de euros. Asimismo, la disposición aprobada establece la programación conjunta de un plan Cataluña de infraestructuras para los próximos siete años y un mecanismo
para evitar retrasos y pérdidas de ejecución en las inversiones presupuestadas para Cataluña, situación habitual que hace que los presupuestos de inversión planteados para Cataluña no se cubran sistemáticamente más que en el 80 por ciento en el
mejor de los casos. Es también ahora el momento de recordar que el entonces diputado del Grupo Parlamentario Socialista don José Montilla nos decía que este acuerdo aprobado -es decir, 90 millones de euros más una negociación que puede llevar a
1.000 millones de euros para el año 2007 durante siete años- era un acuerdo gratis total cuyo único sentido era que nosotros no nos quedáramos en nuestra enmienda a la totalidad con el Partido Popular y con Esquerra Republicana, que sí mantuvo esta
enmienda. Consideramos que conseguir 90 millones de euros en estos presupuestos e iniciar una negociación que puede llevar hasta 7.000 millones de euros en los próximos siete años no es un acuerdo tan desestimable como para decir que era gratis
total.
Las enmiendas de Convergencia i Unió que han sido aprobadas inciden en cuatro aspectos que preocupan especialmente a este grupo parlamentario.
El primer grupo de enmiendas se refiere a la mejora de los módulos en la enseñanza concertada.
Son enmiendas destinadas a dar cumplimiento a compromisos de la reciente modificación de la Ley Orgánica de Educación no contemplados en el proyecto de ley inicial. El incremento del personal docente y los módulos económicos de los centros
concertados suponen 35 millones de euros. (Rumores.)
Señora presidenta, veo que los diputados están animados y les agradecería que bajaran el tono.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Así lo solicitaré, señor Vilajoana, disculpe.
Señorías, por favor, les pediría un poco de silencio para que el señor Vilajoana pueda continuar con la defensa de sus enmiendas a los títulos I y II. Señor Vilajoana, discúlpeme porque antes le hablé de una estricta y solitaria enmienda,
pero tiene usted tiempo para los títulos I y II.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a las señoras y señores diputados, que veo que han bajado el tono de sus interesantísimas conversaciones.
El segundo grupo de las enmiendas aprobadas sirve para incrementar la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña. Concretamente, Convergencia i Unió ha conseguido la aprobación de 26 enmiendas de inversión en infraestructuras en
Cataluña, por un valor de 37,1 millones de euros. Estas enmiendas suponen una inversión en mantenimiento de carreteras y seguridad vial -11,5 millones-; obras en ejes viarios de Cataluña -13 millones-; inversiones en cercanías de Barcelona, en
medio ambiente, con actuaciones de protección de la costa, y gastos e inversiones en infraestructuras culturales, por un importe de 6 millones.
El tercer grupo de las enmiendas aprobadas en Comisión se refiere a inversiones en infraestructuras de
investigación y desarrollo.
Concretamente, se han aprobado nueve enmiendas que comportan un aumento de la inversión del Estado en infraestructuras de investigación en Cataluña por importe de 9,3 millones de euros. Estas enmiendas suponen
inversiones en centros de investigación, en sanidad y en investigación médica. El cuarto grupo de enmiendas supone un incremento del gasto social, básicamente en atención a personas con alzhéimer, lucha contra la pobreza, plan de acción para
discapacitados y creación de plazas para menores de tres años, que en total suponen 6 millones de euros. También hemos logrado acuerdos sobre unas enmiendas presentadas que suponen mejoras en pensiones anteriores a 2002 correspondientes a
trabajadores despedidos con 60 años o más. Finalmente, hay una enmienda importante en cuanto afecta a una voluntad clara de reducir la siniestralidad laboral.
Las claras mejoras conseguidas en el debate en Comisión no evitan que el Grupo Catalán de Convergencia i Unió mantenga vivas y vaya a defender en este hemiciclo más de 350 enmiendas, basadas en dos ejes fundamentales: unos presupuestos más
sociales, dado que es el principal instrumento para alimentar las prestaciones de la sociedad del bienestar, y, en segundo lugar, un claro incremento de la inversión que el Estado se propone ejecutar en Cataluña. No comprendemos en nuestro grupo
cómo no se aprovecha la buena situación económica que ha generado en los presupuestos de 2005, y probablemente en 2006, un superávit que se acerca al 1 por ciento del PIB. Esto quiere decir 10.000 millones de euros. Por tanto, no entendemos que un
Gobierno de izquierdas que tiene como voluntad clara las inversiones en políticas sociales y en mejorar la competitividad no aproveche esta buena situación. Esto lo dice un grupo que es partidario del equilibrio presupuestario y de incluso generar
un cierto superávit. En la comparecencia del gobernador del Banco de España les decíamos que este grupo pretende que haya un buena gestión de las cifras públicas, pero no queremos ser los reyes del superávit en Europa, porque además de ese
superávit de 10.000 millones de euros ocurre que el endeudamiento nos sitúa en niveles bajos de Europa. Esta es una gran oportunidad, aunque entendemos la filosofía del
ministro Solbes de intentar en los momentos de bonanza económica prepararse y ahorrar para cuando la economía esté en una situación peor, pero hay un margen de 10.000 millones de euros, por lo que lucharemos en este debate para que se
aprueben enmiendas de Convergència i Unió en las que proponemos, por ejemplo, un aumento del 5 por ciento en vez del 3 por ciento que propone el Gobierno para las pensiones no contributivas y para las pensiones del SOVI, sin duda, con las de
viudedad, las más bajas del sistema, por lo que su mejora es prioritaria. Pretendemos también que la base de cálculo de las pensiones de viudedad aumente del 52 al 60 por ciento con el fin de que las pensiones de viudedad alcancen un incremento
cualitativo. Igualmente proponemos crear un fondo de compensación del coste de la vida para pensiones no contributivas. Dicho fondo se distribuiría entre aquellas comunidades autónomas que en función de la inflación tienen un coste de la vida más
elevado.
Voy acabando, señora presidenta. En Convergència i Unió entendemos que el Gobierno debería utilizar una parte del superávit presupuestario para que de alguna forma estas inversiones en política social se pudieran mejorar.
Hay otro elemento
que nos parece determinante y al que podríamos aplicar una parte de este superávit, y es que una de las principales discrepancias de Convergència i Unió respecto a la futura Ley de Dependencia es su debilidad en materia de financiación. La mitad de
las prestaciones básicas de la dependencia deben ser financiadas por las comunidades autónomas sin que estas reciban más recursos del Estado para poderlas financiar. Con el fin de compensar para el año 2007 este agujero de la futura ley,
Convergència i Unió propone destinar 400 millones de euros a financiar el sistema de dependencia que, según el proyecto de ley, corresponde a las comunidades autónomas. Finalmente, en el terreno social proponemos incrementar en un 50 por ciento los
recursos destinados a las comunidades autónomas para políticas de integración de los inmigrantes, que son indispensables para propiciar la cohesión social. En segundo lugar, y con el fin de visualizar el enorme déficit y retraso en inversiones que
se deberían efectuar en Cataluña, se presenta un amplio conjunto de enmiendas destinadas a incrementar las inversiones del Estado en Cataluña en infraestructuras, principalmente de transporte y comunicaciones, en medio ambiente, en investigación y
en infraestructuras culturales.
Este será nuestro planteamiento en este debate. Si no hay una respuesta positiva por parte del Gobierno a estos planteamientos, que nos parecen lógicos y razonables, de Convergència i Unió, nuestro grupo no podrá votar afirmativamente estos
presupuestos. Además estaremos muy atentos a otros grupos que han presentado enmiendas a la totalidad. Queremos ver y analizar cómo se pasa concretamente de una enmienda a la totalidad -ahora el señor Puig me mira con una sonrisa- a una votación
afirmativa, a menos que en este debate -lo que nos llenaría de satisfacción-haya un cambio radical en cuanto a las inversiones que en infraestructuras se van a realizar en Cataluña. En cuanto a los títulos I y II, señora presidenta, doy por
defendidas las enmiendas que quedan vivas.
Muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores diputados. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Adelante, señora Barkos. Entiendo que desea usted tomar la palabra para dar por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster.
La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, señora presidenta. Por un cálculo erróneo de esta diputada en el arranque del debate, hemos llegado tarde. Por tanto, damos por defendidas, si tiene a bien, en los títulos I y II, las enmiendas de la señora
Lasagabaster números 681 y 682.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Así se hará, mantenimiento de las enmiendas números 681 y 682 de la señora Lasagabaster.
Continuamos con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias para defender sus enmiendas al título II, y será el señor Rivero quien tome en su nombre la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, aprovecho la oportunidad de la defensa de estas enmiendas a este título para dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que mi grupo da por defendidas todas las
enmiendas que ha presentado para el trámite de los presupuestos en el debate en Pleno. La posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias desde un primer momento fue la disposición a llegar a un acuerdo con el Gobierno y con el
Grupo Parlamentario Socialista respecto a los presupuestos del próximo año. Las bases en las que está sustentado ese posible acuerdo tienen que ver con el incremento del 50 por ciento en la movilidad de los residentes canarios entre las islas y de
las islas con el exterior; con la firma de convenios que mejoren la inversión en Canarias, fundamentalmente los referidos a carreteras, infraestructuras hidráulicas y costas, y con mantener en los presupuestos del año 2007 una cantidad de 80
millones de euros para atención de servicios esenciales en Canarias, desequilibrados por motivo de la llegada importante de población a lo largo de los últimos años a Canarias, fundamentalmente el desequilibrio del sistema sanitario canario, que se
ve reflejado con más contundencia cuando se están utilizando parámetros del censo del año 1999 hasta tanto se revise la financiación sanitaria.
Otra base importante del acuerdo era avanzar para dar cumplimiento a lo que dice el Régimen Económico y Fiscal de Canarias,es decir, que en Canarias se invierta la media de lo que se invierte en la Península, que alcanzáramos
a lo largo de la legislatura la inversión media de la Península. Por otra parte, se tendría que dar un acuerdo para dar cumplimiento a una propuesta de resolución aprobada en el último debate sobre el estado de la Nación por unanimidad en
el sentido de incrementar la ayuda al transporte de mercancías en Canarias hasta el 50 por ciento de su costo real, es decir, poner a los productos agrarios canarios, básicamente el tomate, en una situación de competitividad, y para ello nada mejor
que ayudar a superar el costo de la lejanía a través de la ayuda al transporte. Por otra parte, habíamos hablado de avanzar en el reparto del Fondo de cohesión sanitaria, que tiene que atender al gasto que significa para las comunidades autónomas
afectadas la atención a extranjeros desplazados. En ese sentido, en Canarias, como comunidad autónoma que recibe una cantidad importante de extranjeros que son atendidos por el Servicio Canario de Salud, no se está compensando esa atención ni
tampoco, en el aspecto que significa la cohesión sanitaria, la atención a los desplazados entre islas, es decir, el desplazamiento de las islas periféricas a las islas mayores, a Gran Canarias y Tenerife, donde están radicados los centros
hospitalarios cualificados de referencia. Por último, habíamos cerrado un compromiso para el cumplimiento de una propuesta de resolución aprobada por unanimidad en el último debate sobre el estado de la Nación para la prórroga del PIEC, el Plan
integral de empleo canario, que tiene dos vertientes, una orientada a infraestructura educativa y otra a las políticas activas de empleo. Sin ninguna duda, el acuerdo también incluía un compromiso, firmado por distintos grupos parlamentarios, para
incrementar de una forma significativa los recursos destinados a la inmigración en todas sus vertientes. Hoy, después del trámite de los presupuestos, tanto en ponencia como en Comisión, hemos avanzado de una forma importante para aproximarnos al
cumplimiento del compromiso al que llegamos en su día, pero todavía hay algunas cosas importantes que hay que corregir. La media de la inversión en Canarias está muy lejos de la media de lo que se invierte en el Estado, aunque es verdad que el
compromiso es alcanzarlo a lo largo de la legislatura y que queda un año, pero será más fácil alcanzarlo el próximo año si se mejora la posición de la Comunidad canaria en ese sentido. Por otra parte, no se ha aprobado en el trámite de Comisión un
aspecto muy importante para Canarias, que es el que tiene que ver con el transporte de mercancías de los productos agrarios canarios. Por tanto, es una asignatura pendiente que está por resolver en el recorrido que queda de los presupuestos.
Tampoco se ha podido resolver hasta el día de hoy la participación en el Fondo de cohesión sanitaria que dé respuesta a las dos cuestiones que antes indicaba: la de los desplazamientos de los habitantes de las islas menores a las islas mayores para
recibir la atención especializada y la atención a los extranjeros desplazados a Canarias. En definitiva, tenemos que decir que en el recorrido de los presupuestos, hasta el día de hoy, hemos ido dando pasos y esperamos la disposición por parte del
Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista, para cerrar de una forma aceptable, para el interés global del Estado y para que no se produzcan desequilibrios territoriales, que Canarias pueda estar reflejada en los presupuestos de una forma
razonable sin pedir nada más ni nada menos que tener la presencia que le corresponde a una comunidad autónoma que tiene dos millones de habitantes, que significan el 4 por ciento de la población del Estado, y que tiene el hándicap derivado de la
doble insularidad y de la lejanía.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Doy por defendidas todas las enmiendas que tiene planteadas mi grupo en este trámite de los presupuestos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor
Continuamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y va a ser, señorías, el señor Herrera quien, en su nombre, debata y defienda el mantenimiento de las enmiendas al título II.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar tengo que decir que nuestro Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa-Verds se mostró crítico con estos presupuestos en el debate de totalidad. Entendíamos que eran unos presupuestos que avanzaban en la inversión en
Cataluña, pero que eran claramente insuficientes desde el punto de vista social y desde la perspectiva ambiental.
Nuestra crítica partía de un análisis: estos eran unos presupuestos que no explotaban todas la potencialidades de la economía española. De hecho, después de la reforma fiscal disponíamos de 6.000 millones de euros menos para invertir en
las prioridades sociales y ambientales. A diferencia de Convergència i Unió, que, en su día, lo que hizo fue optar por defender los intereses de las rentas altas, consiguiendo rebajar los impuestos de estas rentas, nosotros decíamos que estos
presupuestos no tenían que autolimitarse. Este era nuestro punto de partida. Tengo que decir que hoy estos presupuestos aún no son totalmente los nuestros. Los créditos FAD se mantienen e incrementan, por ejemplo, en el terreno de la cooperación,
optando por el atajo a la hora de llegar a cumplir con el 0,5 por ciento de inversión en Ayuda Oficial al Desarrollo al final de la legislatura.
En materia del 0,7 y de religión se ha optado por financiar o por sobre-financiar a la Iglesia ante una
realidad, y es que los contribuyentes cada vez marcaban menos la opción de financiar a la Iglesia. En materia energética estos presupuestos adolecen de una falta de inversión en el impulso de las renovables y en una correcta estrategia de ahorro y
eficiencia, en una de las economías más ineficientes desde el punto de vista energético, siendo el reto de las renovables un reto a abordar, y siendo el reto del ahorro y la eficiencia un reto a tomar. O en otras partidas, como en la del Defensor
del Pueblo, no entendemos el porqué de este incremento. Pero si nosotros
situábamos dos retos fundamentales en este presupuesto, el social y el ambiental, las demandas de nuestro grupo parlamentario se han visto satisfechas parcialmente. Hace apenas tres semanas, nuestra actitud era la de que este era un
presupuesto insuficiente desde el punto de vista social. Sabemos la fuerza que tenemos, sabemos los votos y, sobre todo, los diputados que tenemos, pero el sello social y ambiental de nuestro grupo parlamentario está en estos presupuestos. La
creación del Fondo de alimentos, que no había existido hasta la época, es marca nuestra. De no existir nuestra aportación, no habría habido mayores partidas para la lucha contra la violencia de género. El incremento del Fondo de inmigración, y no
tan solo como lo veníamos planteando en los anteriores presupuestos, sino aplicando una partida específica para menores o para la primera integración, se ha producido con 40 millones de euros.
Respecto a las pensiones no contributivas, que no
subían pese a las promesas del presidente del Gobierno, hemos conseguido que al final de año aquellas personas que tienen pensiones no contributivas y que tienen un piso en alquiler reciban 350 euros. ¿Insuficiente aún? Claro que sí.
De hecho, si
tuviésemos algunos diputados más, iríamos más allá. Pero es un sello de nuestro grupo parlamentario. Estos elementos, sumados al Fondo para los municipios de menos de 20.000 habitantes, nos permiten decir que hemos avanzado desde la perspectiva
social. Desde la perspectiva ambiental, el Ministerio de Industria apuesta de forma claramente insuficiente a favor de las renovables, del ahorro y la eficiencia. El suspenso de este Gobierno en esta materia es evidente.
Pero hay gestos que
comprometen a este Gobierno y que van a comprometerlo en el próximo año. Para nosotros ha sido absolutamente relevante que en el articulado se incorporase de una vez por todas que en un año se va a tener que abordar la fiscalidad ambiental, la
fiscalidad ecológica. Sin fiscalidad ambiental y sin fiscalidad ecológica, la economía no es eficiente. Sin fiscalidad ambiental y sin fiscalidad ecológica, continuamos incumpliendo con Kioto. Sin situar en el meollo de la política económica los
retos ambientales, que son retos sociales y afectan a la calidad de vida de la gente, no avanzamos. Hemos conseguido, aunque sea a regañadientes, que en un año el Gobierno tenga que abordar la fiscalidad ambiental. Y digo a regañadientes porque
tras aprobarse en comisión, el señor Ocaña lo volvía a poner en duda en diferentes declaraciones. Nosotros esperamos que lo que se apruebe en los presupuestos, si me permiten la expresión, vaya a misa y finalmente el Gobierno lo cumpla.
Igualmente, hemos conseguido un Fondo para rescate de costas, aumentando además el fondo que creamos el año anterior y garantizando que parte de nuestro litoral se va proteger como no se protegía. Es una política que fue propuesta nuestra el año
anterior y que este año se incorpora. Por eso podemos decir que hay aproximación desde la perspectiva social y desde la perspectiva ambiental, sin estar plenamente satisfechos. Y no estamos plenamente satisfechos por una sencilla razón, porque la
política económica y la política de ingresos van de forma desacompasada con lo que deberían ser los presupuestos sociales. Es paradójico oir al señor Vilajoana, al que tengo gran aprecio, decir que esos presupuestos podrían ser más sociales.
Serían mucho más sociales si no hubiesen hecho la reforma fiscal, ya que ha supuesto menos ingresos para hacer políticas sociales. Si este Gobierno se situase en todas sus políticas en una alianza claramente de izquierdas, tendríamos presupuestos
mucho más sociales, mucho más de izquierdas y por supuesto mucho más ambientales.
El tercer elemento que planteábamos es nuestro compromiso catalanista.
Nosotros dijimos que este presupuesto suponía un avance que se ha reflejado con mayor concreción de enmiendas y de orientaciones presupuestarias. Lo importante de la
inversión en Cataluña no era solo la cantidad, sino también la calidad. Un elemento fundamental para nosotros era el compromiso del ministro Solbes para que las inversiones fueran determinadas por la Comisión tripartita: Estado, Generalitat y -hay
a quien se le olvida frecuentemente- ayuntamientos. Nosotros abordábamos el debate anterior con gran tranquilidad porque en una reunión previa al debate de totalidad el ministro Solbes se comprometió con nuestro grupo parlamentario, con Iniciativa
Verds y con Izquierda Unida, a constituir la Comisión tripartita, con lo cual no tuvimos que retirar nada a cambio de nada, simplemente porque aquello que el señor Solbes dio como obvio y supuso que algunos pudiesen retirar su enmienda a la
totalidad, ya lo habíamos anunciado y explicado en semanas anteriores. Pues bien, estamos tranquilos porque los próximos presupuestos se van a hacer de acuerdo con esta Comisión tripartita.
Resumiendo, vamos a continuar siendo críticos con algunas secciones, como Defensa e Industria, en función de si se incorporan o no algunos de estos elementos, pero queremos destacar que algunas de las cosas que Izquierda Unida-Iniciativa
Verds reclamaba, porque forman parte de su compromiso social y ambiental, se han visto concretadas en las negociaciones y en las enmiendas que hemos incorporado.
Acabando, señora presidenta, quisiera destacar algunas de las enmiendas al articulado que se mantienen vivas, diciendo que doy por defendidas todas y que, por supuesto, no voy a defender cada una de ellas. En la enmienda 2124 hablamos de la
necesidad de incorporar la causalidad en los contratos de las empresas del sector público, entendiendo precisamente que la temporalidad es un mal endémico en dicho sector.
La segunda enmienda que planteamos al articulado se refiere a una política en torno a los FAD que nos permita abordarlos, gobernarlos y -como dice la Ley de la Deuda Externa- gestionarlos de otra manera. Entendemos que es muy positivo
acercarnos al 0,7 por ciento -este año con un 0,42-, pero que es muy negativo que haya -escuchen con atención- 620 millones de euros de créditos FAD en cooperación. Esa no es la vía, ese no es el camino. Por ello, pese a que hemos corregido parte
de ello en el articulado, nuestra enmienda 2131 va en esta línea, estando además muy bien justificada.
La tercera enmienda, la 2133, va destinada a generar un consenso en torno a qué hacer con el 0,7 a las organizaciones sociales, entendiendo simplemente que debemos cumplir con las sentencias y diciendo en definitiva que debe haber un
liderazgo de las comunidades autónomas y una correspondencia entre aquello que marcan los contribuyentes, las comunidades autónomas que se muestran más solidarias, y aquello que perciben las entidades sociales.
También hemos planteado un desarrollo del reglamento del IBI que no obligue, pero sí permita gravar a los ayuntamientos que tienen un exceso de viviendas desocupadas. ¿Obligamos a todo el mundo? No; pero hacemos realidad una demanda, y es
que las viviendas desocupadas puedan tener una fiscalidad diferente a la de las viviendas ocupadas, sabiendo que la política fiscal es diferente en las poblaciones turísticas -porque, obviamente, tienen más viviendas desocupadas a lo largo del año-
que en las poblaciones que no lo son, pero entendiendo que este es un compromiso que se debe asumir y que lucha claramente contra la especulación urbanística que recorre todo el territorio.
Ya acabando, señora presidenta, quiero destacar también la enmienda 2160, una enmienda que propone una disposición transitoria nueva que habla de la reasignación de sexo y de la necesidad de que la Administración, como mínimo, estudie las
vías para financiarla. No estamos planteando que ya haya partida presupuestaria, pero estamos diciendo que tiene que ser una realidad. Y por ponerles un último ejemplo, en la enmienda 2163 hablamos de la necesidad de hacer realidad algo que ya
aprobamos en el debate sobre el estado de la Nación, que es la integración social de los minusválidos y, por tanto, rebajar el mínimo de trabajadores empleados en una empresa para aplicar la cuota de reserva del 2 por ciento. Les pongo algunos
ejemplos del más de un centenar de enmiendas que hemos presentado al articulado, enmiendas que damos por defendidas -por tanto, no vamos a ir título por título explicando cada una de ellas-, pero entendemos, en definitiva, que son excelentes
ejemplos de que, aunque en estos presupuestos hemos avanzado en lo social y en lo ambiental, con estas u otras enmiendas muy parecidas a estas aún se podría avanzar más.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera.
Muchas gracias.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que es el último grupo que tiene enmiendas para defender. Será la señora Báñez quien defienda en su nombre las enmiendas a los títulos I y II de este
dictamen.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comenzaré mi intervención analizando el marco general presupuestario que el Gobierno plantea para el próximo ejercicio económico. Los presupuestos para el año próximo contienen notables lagunas, inconsistencias y principios que el
Grupo Parlamentario Popular no puede compartir. En primer lugar, los presupuestos para 2007 son insolidarios y yo diría que partidistas, ya que su finalidad última no es responder a las necesidades que hoy tiene planteadas la economía española sino
a los compromisos políticos del presidente Rodríguez Zapatero. Solo así se puede entender que el Gobierno de España destine a una comunidad concreta 500 millones de euros adicionales para infraestructuras -reduciendo la cuantía de muchas otras-
cuando, por ejemplo, su política social estrella, la dependencia, ha obtenido bastantes menos recursos en este presupuesto. Además, esta cantidad se ha visto incrementada en el trámite de ponencia y Comisión de estos presupuestos en 210 millones de
euros y no sabemos si seguirá aumentando a lo largo del proceso presupuestario. Y esto es más irresponsable aún cuando no se especifican los proyectos concretos a los que se destinan esas cantidades, es decir, en lo que se invertirán esos recursos.
Por tanto, hoy podríamos preguntar al Partido Socialista cuál es definitivamente el tanto por ciento de estos presupuestos que irá a Cataluña, porque, señorías, el 18 por ciento anunciado inicialmente parece que se ha ampliado con creces. ¿Seguirán
esta semana en el Congreso, y después en el Senado, pagando facturas adicionales? Señores del Partido Socialista, los ciudadanos tienen derecho a saberlo, a conocer sus preferencias en inversión territorial y a saber qué políticas de cohesión y de
solidaridad tienen previstas con esos recursos. Lo grave de este proceso es que la debilidad de este Gobierno, sin pactos claros en políticas nacionales, hace que en el trámite parlamentario del presupuesto se forme más un mercado de apoyos
puntuales que una aplicación de prioridades políticas concretas. Además, las cifras aprobadas hoy responden a un principio claramente afianzado en el partido gobernante: las infraestructuras tienen ideología, como dijo la ministra de Fomento con
ocasión de los primeros presupuestos presentados en esta Cámara. Por tanto, no es casualidad que los presupuestos crezcan un 30 por ciento en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista y disminuyan en un 60 por ciento en las gobernadas
por el Partido Popular. Pero además el año próximo será el primero en el que se notará la pésima negociación de los fondos comunitarios de Rodríguez Zapatero. Entre 2000 y 2006 España recibió 48.000 millones de euros de la Unión Europea mientras
que entre 2007 y 2013 solo recibirá cinco mil. Y la gravedad de la pérdida de fondos negociada por Rodríguez Zapatero se acrecienta porque afectará especialmente a las comunidades menos prósperas, me estoy refiriendo a Andalucía, Castilla-La
Mancha, Galicia, Extremadura, Asturias o Murcia. ¿Cómo responde el Gobierno en estos presupuestos? Instaurando de facto la España de la desigualdad y de las dos velocidades.
Señorías, esto es solo una muestra de la falta de respuesta que hay detrás de este presupuesto. Estamos ya en la segunda parte de la legislatura socialista y los resultados en los objetivos de política económica que se propuso el Gobierno
no pueden ser más desilusionantes. Prácticamente nada hemos conseguido en términos de productividad y menos aún en términos de competitividad. Llevamos un retraso considerable respecto a las legislaturas anteriores en ritmo de acercamiento a
Europa. Si en el año 2005 la renta per cápita española estaba en el 98,6 por ciento de la media comunitaria, ahora nos estamos alejando lentamente de dicha media y para 2007 la previsión es del 98,3 por ciento. Y el Gobierno sigue sin controlar la
inflación y cada día que pasa aumenta el déficit exterior.
La falta de respuesta en estos presupuestos a problemas como el elevado endeudamiento de las familias españolas en un contexto de subida de tipos de interés o el elevadísimo déficit
comercial español, consecuencia de la pérdida de competitividad internacional de nuestras empresas, es, señorías, preocupante. Con una economía que crece en torno al 3 por ciento y en un contexto cíclico como el actual, el Gobierno debería
ambicionar un superávit mucho más alto y no un 0,7 por ciento del PIB, derivado exclusivamente de la Seguridad Social. Por otro lado, el incremento del gasto en los presupuestos del próximo año es excesivo si pretendemos que la política fiscal
contribuya a aliviar las tensiones entre los precios y compensar las grandes necesidades de financiación de nuestra economía. Este incremento será del 8,8 por ciento en términos de contabilidad nacional, con un elevado aumento de los gastos
corrientes y nuevos compromisos de gastos estructurales que comprometerán gravemente situaciones futuras menos favorables del ciclo económico. Ante la subida de los tipos de interés, la pérdida de fondos de la Unión Europea y el riesgo de la
insostenibilidad de las pensiones -como diría el comisario Almunia- el Gobierno actúa irresponsablemente. Se ha perdido la oportunidad de aprovechar el crecimiento para crear márgenes que nos permitan afrontar el futuro con mayores dosis de
optimismo. Además, señorías, este escaso superávit presupuestario se ha conseguido de la peor forma posible: subiendo los impuestos a los españoles. El Gobierno tiene previsto el año próximo recaudar 22.000 millones de euros más de los españoles,
un 13,2 por ciento más que en 2006. Con los presupuestos de 2007 podemos afirmar que la intención del Gobierno es elevar la presión fiscal. Señorías, la presión fiscal ha pasado de un 34,4 por ciento en marzo de 2004 a un 37 por ciento en 2007 (El
señor Turiel Sandín pronuncia palabras que no se perciben.), de acuerdo con las cifras oficiales. Sí, señoría; usted grite pero es verdad. Así es como cumple el presidente del Gobierno con su compromiso electoral de reducir la presión fiscal.
Los datos son los del Ministerio de Economía y Hacienda. (El señor Turiel Sandín: ¡Y en Madrid qué!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señoría, por favor, le ruego que respete a sus compañeros que están en el uso de la palabra, que usted no tiene.
Disculpe, señora Báñez. Por favor, adelante.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular se pregunta si los mayores impuestos que tenemos que pagar todos los españoles se han empleado y se van a emplear adecuadamente, es decir, queremos saber si tenemos mejores servicios públicos, si se han
solucionado o no los problemas de vivienda, si se ha mejorado nuestro nivel de vida, si nuestras empresas son más competitivas con el apoyo de las administraciones públicas. Y parece, señorías, que no es así. Más impuestos, más presión fiscal y,
además, una falacia, la falacia del gasto social. El vicepresidente Solbes ha dicho que los presupuestos de 2007 son unos presupuestos cien por cien de izquierdas, al tiempo que el gasto social experimenta un débil crecimiento, en un año en el que
se pondrá en marcha la Ley de dependencia, se aprobará la ley de igualdad, se desarrollará el acuerdo sobre la Seguridad Social y se agrava el problema de la inmigración ilegal. Así, de los 22.000 millones de euros que el Gobierno recaudará
adicionalmente de los contribuyentes españoles solo 3.000 los repartirá entre todos ellos en términos de gasto social, excluidas, por supuesto, las pensiones. Recauda 22.000 millones más, devuelve en materia social solo 3.000 y dice que son unos
presupuestos que priorizan el gasto social. Por ejemplo, para fomento del empleo el Gobierno solo incrementa el gasto en 700 millones de euros; para solucionar el problema de la vivienda, que es preocupante, 160 millones de euros; la partida de
inmigración solo crece 250 millones, con lo que no puede hacerse frente a las verdaderas necesidades y al carácter excepcional de la situación que estamos padeciendo y, señorías, esta sí es una verdadera prioridad para los ciudadanos. El supuesto
proyecto estrella de Zapatero -la dependencia- solo consigue 400 millones de euros en 2007, sin embargo, el ministro Caldera, en la presentación de la ley, dijo que la dotación mínima anual para que fuera efectiva deberían ser 1.000 millones
anuales. ¿En qué quedamos? Pónganse de acuerdo los miembros del equipo de gobierno socialista.
Además, estos presupuestos no son transparentes y podrían ser inconstitucionales. Contienen una ley de acompañamiento encubierta ya que en las disposiciones finales se regulan más de una decena de materias no estrictamente presupuestarias y
cuya modificación no puede ser realizada a través de una ley de presupuestos. Por tanto, en caso de que no se modifique esta situación, el Grupo Parlamentario Popular no dudará en recurrirla ante el Tribunal Constitucional porque entre estas
modificaciones está la disposición adicional que modifica la Ley sobre regulación de la moneda metálica, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de contratos de las administraciones públicas, la Ley General de Subvenciones
e incluso modificaciones de la propia Ley General Presupuestaria o de la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, los presupuestos del año 2007 no dan respuesta a los desequilibrios que están escorando nuestra economía y, por lo tanto, no
ayudan a prolongar el ciclo de crecimiento que estamos viviendo desde hace once años. Los presupuestos para el año próximo representan una nueva oportunidad perdida porque no cambian el modelo de crecimiento, ni siquiera sientan las bases que
permitan adoptar las reformas estructurales y medidas liberalizadoras que necesita nuestra economía. Una apuesta por la estabilidad económica en los presupuestos para el año 2007 habría tenido un significado político muy relevante en este momento,
habría sido una clara muestra de que el Gobierno no estaba dispuesto a renunciar a una política económica común para el conjunto de la economía española, sobre todo teniendo en cuenta que la estabilidad económica ha transformado completamente las
estructuras de la economía y del empleo y nos ha permitido el periodo más largo de prosperidad a los ciudadanos y a todos los territorios de España.
Señora presidenta, señores del Partido Socialista, están ustedes a tiempo de utilizar este presupuesto como el mejor instrumento de la política económica; rectifiquen, es la economía, señorías, y son los ciudadanos.
Termino, señora
presidenta, dando por defendidas las enmiendas correspondientes a los títulos I y II del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Báñez.
Muchas gracias.
Pasamos, señorías, a los turnos de fijación de posiciones. Comenzaremos por el Grupo de Esquerra Republicana y será el señor Puig quien, en su nombre, tomará la palabra para fijar posición sobre los títulos I y II del dictamen.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo sube a esta tribuna para fijar posición respecto a los títulos I y II, pero aprovecha para exponer su planteamiento general sobre estos presupuestos. Nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad porque
entendía que estos presupuestos no cumplían la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya de llegar al 18,8 por ciento de inversiones en infraestructuras. A lo largo de estos días hemos abierto negociaciones con el Grupo Socialista para
introducir enmiendas de mejora al título presupuestario y así lo hemos hecho. Yo no voy a dar cifras concretas ni voy a luchar para ver qué grupo parlamentario ha conseguido incorporar más cifras en el trámite en Comisión de estos presupuestos.
Por lo tanto, señor Vilajoana, no voy a discutirle que ustedes hayan conseguido 90 millones de euros, como usted ha dicho, sino que estamos encantados de la vida, y si en vez de 90 hubiesen conseguido 200 estaríamos aún más encantados. Por lo
tanto, nuestro problema no es que ustedes consigan incorporar más enmiendas que nosotros, este no es el problema para nosotros, el problema está en la interpretación de la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya que ustedes y el señor
Mas aprobaron en La Moncloa con el señor Zapatero. Por lo tanto, nosotros decimos hoy y aquí que, a pesar de las incorporaciones de las enmiendas, no llegamos al cumplimiento del 18,8 por ciento. (El señor Vilajoana Rovira pronuncia palabras que
no se perciben.)
Señor Vilajoana, yo aún no he manifestado lo que voy a hacer, déjeme hablar. Señor Vilajoana, nosotros no vamos a entrar en competición, les ayudamos a que incorporen ustedes enmiendas, cuantas más mejor, repito que encantados de la vida,
pero si la disposición adicional tercera del Estatut se hubiese aprobado con las propuestas que hacía Esquerra Republicana hoy no estaríamos discutiendo sobre la metodología de aplicación de esta disposición adicional tercera. Por lo tanto, sigan
luchando, nosotros también seguiremos luchando.
Doy por defendidas las enmiendas a los títulos que hoy se van a discutir, esté presente o no. Las damos por defendidas y, por lo tanto, las mantenemos vivas; mantenemos las enmiendas a las diferentes secciones y vamos a seguir la
negociación para intentar llegar al grado de cumplimiento de inversiones que dice la adicional tercera. Nosotros no pasamos de la enmienda a la totalidad a la nada; nosotros nos mantenemos defendiendo con responsabilidad lo que el Estatuto de
Cataluña nos pide, y allí nos encontrará, señor Vilajoana. Vamos a estar ahí para defender la interpretación de la adicional tercera, para cumplir ese 18,8 por ciento porque, repito, hoy, con las enmiendas incorporadas de su grupo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de nuestro grupo, seguimos, a nuestro entender, sin llegar a ese grado de cumplimiento.
Me quería referir también a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a la señora Báñez. No insista, haga caso al presidente de su grupo, al señor Rajoy, que ha decidido que el tema de Cataluña ya está agotado y, por tanto, no haga ese
discurso de que los catalanes otra vez nos hemos llevado qué se yo. No nos hemos llevado nada; no llegamos ni al cumplimiento de lo que dice el Estatuto de Cataluña. Esta es la verdad de las cifras, las cifras son estas; hemos mejorado con la
incorporación de enmiendas, pero aún estamos lejos de ese cumplimiento.
Nuestro grupo parlamentario mantiene vivas diferentes enmiendas a diferentes apartados, enmiendas que hacen referencia a mejora de políticas sociales. Al inicio de esta legislatura nuestro grupo fue partícipe de la creación de dos fondos
importantes que han merecido ir aumentando, como son los fondos de inmigración y el Fondo de Independencia, que fue el inicio de la recién aprobada Ley de la Dependencia y, por tanto, en esa línea mantenemos una serie de enmiendas en políticas
sociales, en productividad, en fomento de la pequeña y mediana empresa y también en el aumento y la mejora de las infraestructuras. Nuestras enmiendas van en ese sentido, las vamos a seguir defendiendo y lo que le pedimos al Gobierno, al
Partido Socialista, es lealtad al gobierno de la Generalitat de Cataluña y lealtad en el cumplimiento del Estatuto de Cataluña. Ahí nos encontrarán para llegar a acuerdos, y a los demás grupos catalanes, insisto, sigan negociando y, cuanto más
consigan, mejor; para desarrollar el cumplimiento del Estatuto nos van a encontrar.
No pedimos más que otros; pedimos lo que se aprobó en este Congreso de los Diputados, que es la aplicación del Estatuto de Cataluña. Si en su momento el señor
Mas nos hubiese hecho caso, hoy no tendríamos este problema de interpretación, de metodología, que es el problema real en el que se encuentran. Ustedes retiraron la enmienda a la totalidad, no porque habían llegado a un acuerdo con el señor Solbes,
sino porque, en caso contrario, hubiese sido el reconocimiento del fracaso del acuerdo del señor Mas y del señor Rodríguez Zapatero; esto es así y la historia queda descrita de esta manera.
Muchas gracias, señora presidenta. (El señor Vilajoana Rovira pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Vilajoana, al margen de la política, dudo que haya habido nada en el discurso del señor Puig que le permita a usted un turno excepcional.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Por alusiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No puede ser por las alusiones al señor Mas; como sabe usted, no puede ser por persona interpuesta. Y en relación con usted ha habido las contradicciones habituales en un discurso
parlamentario, pero seguro que tiene usted ocasión durante el debate presupuestario para contestar a su compañero Joan Puig. De manera que, en turno de fijación de posiciones, finalizaremos con el señor Saura, que fijará posición sobre los títulos
I y II de este dictamen.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los ciudadanos no entienden el discurso económico del Partido Popular. Si la economía, según los dirigentes del Partido Popular, iba bien cuando gobernaban ellos, ahora los ciudadanos no entienden por qué los dirigentes del PP
dicen que la economía va mal, cuando en realidad ahora se crece más que antes -según estima la Comisión Europea estamos creciendo a una tasa del 3,8 por ciento; por tanto, ahora se crece más que antes-, cuando en realidad ahora, con el nuevo
Gobierno, la tasa de paro es menor que antes -estamos hablando de una tasa de paro del 8,1 por ciento, la menor desde el año 1979- y cuando la tasa de inflación es la más baja desde marzo de 2004, el 2,6 por ciento en este momento, con una reducción
importante del diferencial de la eurozona. Pero además ahora, y no antes, hay incremento de la productividad; pero además ahora, y no antes, hay una aportación negativa del sector exterior al crecimiento económico que reduce esa aportación
negativa porque ahora hay superávit de las cuentas públicas y antes había déficit de las cuentas públicas, ahora, por tercer año consecutivo, tenemos superávit de las cuentas públicas. Entonces no entiende ningún ciudadano, desde luego no lo
entiende el Grupo Parlamentario Socialista, cómo el Partido Popular critica la economía española, el modelo de crecimiento de la economía española y la política del Gobierno. Si ahora se crece más que antes, hay menos paro que antes, la inflación
es menor que antes, la productividad ahora crece -antes era negativa- y ahora hay superávit y antes había déficit, no entiendo -y no lo entiende ningún ciudadano- al Partido Popular cuando habla de economía y cuando habla de política económica.
Además, el presupuesto del año 2007 crece con arreglo al crecimiento nominal de la economía, pero los gastos de capital crecen a una tasa del 10 por ciento y el gasto corriente crece a la mitad, al 5 por ciento, eso es lo que dice el presupuesto del
año 2007, que es, por tanto, un presupuesto equilibrado que apuesta por lo social, que apuesta por la productividad, que apuesta por la educación, que apuesta por la seguridad, que apuesta por la integración de inmigrantes. Le voy a dar algún dato.
El capital social y tecnológico crece a una tasa del 31 por ciento; el gasto social, a una tasa del 8,4 por ciento; la seguridad ciudadana, a un 12 por ciento; las infraestructuras, a un 8,6 por ciento; la inmigración, a un 15 por ciento, y la
Ley de Dependencia, cuatrocientos millones de euros. ¿Es poco o es mucho? El año anterior, 200 millones de euros; es decir, este año es el doble. Efectivamente, el señor Caldera hablaba de 1.000 millones de euros: 400 millones los pone el
presupuesto del año que viene, el resto las comunidades autónomas; es decir estamos hablando de una política compartida entre comunidades autónomas y Estado. ¿Le parece poco 400 millones de euros? Antes cero, con el PP. Doscientos más que el año
anterior. Yo creo que se puede hacer mucho más, pero evidentemente vamos en la buena dirección. Con el PP cero y ahora 400 millones de euros. Para hablar de presupuestos, nosotros planteamos unos presupuestos que van en la dirección que exige la
economía española, pero además en un marco donde no crecen los impuestos, sino que se reducen, y donde la presión fiscal es menor. Yo no entiendo de dónde ha sacado usted el dato, porque la OCDE ha publicado sus estimaciones de crecimiento de la
presión fiscal para el año que viene, y para el año que viene la presión fiscal en la economía española se reduce; no se incrementa, se reduce. Y además hay una reducción de los impuestos que va a las empresas y a las familias de 4.000 millones de
euros. Entonces no lo entiendo; pero no es que no lo entienda yo, es que la mayoría de los ciudadanos no entienden el discurso que hace el Partido Popular sobre
la economía y la política económica del Gobierno. Y en el marco de la cohesión territorial, si comparamos los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 del nuevo Gobierno con los presupuestos del señor Aznar, resulta que estos presupuestos, desde
el punto de vista de las infraestructuras, donde se centran más es en las comunidades autónomas menos ricas. Es decir, hay una correlación directa entre inversión del Estado y renta per cápita, pero renta per cápita por la cola. Hay una
correlación de tal manera que se invierte más donde más se necesita por parte de las comunidades autónomas, en aquellas comunidades autónomas relativamente más pobres. Eso está ahí, está encima de la mesa y podemos discutir de ello cuando quiera el
Partido Popular.
Además en el trámite de enmiendas, que se ha hecho con total transparencia -las enmiendas están ahí, se pueden ver enmienda a enmienda; total transparencia-, se ha apostado por un mayor apoyo parlamentario. Estos presupuestos ahora tienen
más apoyo parlamentario que cuando comenzó el trámite de presupuestos en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, se ha apostado por lo social, 100 millones de euros más a la política social en el trámite de enmiendas. Pero además más
recursos a infraestructuras, a educación, a compra de fincas en la costa mediterránea, a investigación y desarrollo; es decir, una política más social, que apuesta por la productividad, que apuesta por las infraestructuras, que apuesta por la
educación y la sociedad del conocimiento. Son unas enmiendas que se hacen de tal manera que no se quita un solo euro a ningún territorio de España, es decir, a ninguna comunidad autónoma y, tal y como señaló el vicepresidente económico del
Gobierno, las enmiendas en infraestructuras referidas a Cataluña están incluidas en los 3.145 millones de euros que el presupuesto contemplaba inicialmente para Cataluña, más concretamente en una subpartida de 169 millones de euros que había que
determinar, tanto en el trámite de enmiendas como en la ejecución presupuestaria para el año 2007; es decir, estamos hablando del mismo dinero en infraestructuras que el que iba en el proyecto de presupuestos y había que rellenar 169 millones de
euros por el trámite de enmiendas o por el trámite de ejecución presupuestaria.
Lo que no entiende nadie -desde luego no lo entiende el Grupo Parlamentario Socialista- son las enmiendas del Grupo Popular, porque incrementarían de tal manera el
techo de gasto que sería inasumible por las arcas públicas del Estado e iría también contra la lógica del ciclo económico, es decir, sería un presupuesto tremendamente expansivo si hubiéramos hecho caso globalmente a las enmiendas que el Grupo
Popular ha planteado al presupuesto. Incoherencia. Nos está hablando de que se tenía que haber contenido el presupuesto, el crecimiento del gasto público, y el Grupo Popular plantea enmiendas que son inasumibles y que van contra la lógica del
ciclo económico. Más concretamente y en relación con las enmiendas presentadas a los títulos I y II, podemos extraer algunas conclusiones: Se continúa homologando a los profesores de la enseñanza concertada, cumpliendo rigurosamente los acuerdos
con los sindicatos y la concertada -el PP los congeló-; el Estado asume el pago a cuenta del profesorado por falta de acuerdo entre patronal y sindicatos; el Estado seguirá controlando el número de alumnos por aula mediante coeficientes reductores
cuando disminuya éste y el Estado no puede ni debe interferir en competencias de las comunidades autónomas que el PP, por otra parte, está pidiendo y que, evidentemente, no podemos aceptar.
En definitiva, señorías, se trata de un presupuesto que responde a las exigencias de la sociedad, de las personas y también de la economía. Más gasto social, más recursos destinados a incrementar la productividad en el marco de la
estabilidad presupuestaria, en el marco de una reducción de impuestos, en el marco de la cohesión territorial como nunca en estos últimos 15 años; cohesión territorial. Lo que no entiende ningún ciudadano es cómo el Partido Popular tiene un
discurso catastrofista -deberían reorientar su discurso-, por qué si ahora crecemos más lo critica el PP; ahora tenemos más estabilidad presupuestaria y más superávit que cuando gobernó; nadie entiende cómo critica el PP y por qué critica la
marcha de la economía española si ahora tenemos menos paro que cuando gobernó el Partido Popular.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Saura, muchas gracias.
Debatidos los títulos I y II, señorías, pasamos a abrir el debate sobre el título III y comenzaríamos de nuevo con el Grupo Parlamentario Mixto.
Señora doña Uxue Barkos, adelante.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señora presidenta, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto, en concreto la número 683 de la señora Lasagabaster.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Se lo agradezco de nuevo, señora Barkos.
Dado que ha dado por defendidas sus enmiendas el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, continuamos con el Grupo de Convergència i Unió y de nuevo tendrá la palabra para utilizar este turno de defensa de enmiendas el señor
don Jordi Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muy brevemente, señora presidenta, para dar por defendidas las cuatro enmiendas que Convergència i Unió tiene planteadas a este título III.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.
Título III
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla, a quien no veo en este momento pero me consta que está en el hemiciclo. (Pausa.) Señor Padilla, adelante, es su turno para defender, en este caso, las enmiendas del Grupo Popular al
título III de este dictamen. Cuando usted lo desee será su turno.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señora presidenta, señorías, muchas gracias por estos minutos de gracia o cortesía. Debatíamos con el secretario general si esa zona es la Presidencia o la tribuna o hasta simpáticamente, como yo lo llamé el
otro día, la meseta de toriles. No sabemos bien lo que es y algo será, como es natural. Dicho eso, como diría el castizo, para lo que sirve... Bastaría decir que, señorías, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Popular al título III de este
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En alguna sentencia notable del Tribunal Constitucional, y abordando la doctrina científica y rigurosa conceptual de lo que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se dice que es una ley peculiar y singular que de alguna manera se
desgaja de la función o potestad legislativa de las Cortes Generales por su tramitación, por las limitaciones que el Poder Legislativo tiene en relación con la misma y por otra serie de circunstancias que no es momento ahora de desgranar.
Con el
paso del tiempo, y sobre todo a la vista exactamente de lo que está siendo la tramitación de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, yo les diría que es mucho más peculiar y mucho más singular de lo que yo pensaba; es
singularísima y peculiarísima. El año pasado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2006 ustedes hicieron amagos, fintas, esfuerzos, aproximaciones, alejamientos, naturalmente nada aquí, todo fuera de aquí, con los socios
venidos y por venir, estables entonces y otras cosas que podríamos naturalmente examinar no sé exactamente desde qué ciencia, desde alguna por supuesto, pero en esta ocasión la cosa ya pasa de castaño oscuro porque, claro, aquí ya juegan las
elecciones catalanas; CiU que presentaba enmiendas de totalidad las retira, ahora ya no querría haberlas retirado y ahora no sabe, como dice, y harán vetos en el Senado, es decir, todo menos el rigor de un presupuesto que lo que se supone que una
cámara debería tener. Porque, claro, aquí no estamos para juegos de esgrima ni para escribir novelas, aquí estamos para lo que estamos. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Si usted quiere hablamos de en lo que estamos, pero
como a ustedes no les interesa porque me van a decir después, y los argumentos suyos no son de ida y de vuelta, porque creen ustedes que no lo son, que lo son, los argumentos por desgracia son de ida y de vuelta, ustedes creen que solo son de ida o
de vuelta o de estancia, no sé cómo, pero en todo caso, uno tiene la sensación de que se mueve sencillamente en un mundo de retórica, dicho sea de paso, bastante aburrido, estéril, poco constructivo y nada parlamentario. Estos días se ha hablado de
a qué viene eso, pues sí viene. Es que efectivamente cuando un sistema electoral propicia posiciones absolutamente disparatadas el resultado es disparatado. Yo he llegado a la conclusión de que a ustedes les seduce el mundo disparatado y
naturalmente llegar a unos presupuestos que no son, digo yo que no podrían ser, la expresión en ingresos y gastos y los demás elementos contables que componen, primero, el desgranamiento de lo que sean unos presupuestos y un articulado que exprese
también constructivamente lo que es el programa económico-político de un Gobierno para un ejercicio, porque todo es fruto sencillamente del equilibrismo.
El equilibrismo es muy interesante y le aseguro que podríamos hacer equilibrismo.
Dicho todo este excursus -seguro que pensarán que no venía a cuento, pero no saben ustedes lo a cuento que me parece que viene-, a continuación voy a defender y a poner especial énfasis en tres de las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular y no porque las demás no sean merecedoras del mismo ni porque las demás no tengan la entidad suficiente para que se les dedique algunas palabras. Doy por reproducido -eso judicialmente está muy bien y aquí también porque los procesos
judiciales y parlamentarios son muy parecidos y para no aburrirles- todo lo que dije en la Comisión de Presupuestos donde me esforcé, me esforcé en el elemento de razones. Pueden leerlo si quieren, si es que no lo escucharon. Si lo escucharon
mejor, si no lo escucharon lo leen y si lo quieren leer lo leen y si no lo quieren no lo lean, que ese es su derecho, como es natural. (Risas.) Así me gusta que se lo tomen, que la cosa va de eso. (Rumores.)
Dicho eso, ¿no les parece a ustedes una cosa lógica -con esas solemnidades que normalmente suele emplear su jefe de filas y actual presidente del Gobierno-, que las Cortes Generales deben ser el centro de la vida política?, ¿no les parece
que la oferta pública de empleo es algo muy importante y que si el Gobierno administra esa oferta pública de empleo público no vendría mal que remitiera al Congreso y al Senado un informe sobre la evolución de esa oferta de empleo público referida a
los distintos ministerios, organismos públicos dependientes de los mismos y entidades gestoras de la Seguridad Social, y que igualmente dé traslado de esa información a los sindicatos representativos, ya saben, los más representativos, concepto
jurídico-político del mundo sindical, de la Función pública? ¿No les parece que no vendría mal? Pues sí les debe parecer que viene mal porque votan en contra. Pero yo les vuelvo a decir que debe parecerles que viene bien y, por tanto, deben
reflexionar sobre eso y deben apoyar esta enmienda que nosotros proponemos. ¿No les parece bien que en una administración servicial, a la que ustedes se apuntan naturalmente cada vez que cualquier ministro suyo u otro de sus representantes le manda
cartas al respetable, exista la obligatoriedad de poner a disposición de los usuarios las cartas de servicio en todos los ministerios u organismos públicos dependientes de éstos
y Administración periférica del Estado, inclusive en las agencias maravillosas que el señor Sevilla nos promete y que está en el intento, porque me da la impresión que no va a pasar de eso? ¿No les parecería bien eso? ¿No les parecería
bien que esas cartas de servicio estuviesen ahí? Nuestra enmienda a ese respecto creo que merece su consideración y si no la merece como diría el castizo, peor para ustedes.
¿No les parece a SS.SS. que sería bueno que en las ofertas públicas de empleo se recogiesen los excedentes para cumplir precisamente que se dé cumplimiento a que los interinos sean solo interinos y que en el siguiente ejercicio todas esas
plazas salgan en la oferta pública de empleo? Pues sí debería parecerles y si no les parece, naturalmente peor para ustedes, qué le vamos a hacer. Se hace una excepción en relación con los criterios de reposición de las policías locales y
servicios de extinción de incendio ampliándolos y eliminando la limitación a dichos cuerpos. Como resulta que hay algunos sitios modernos donde además de policías locales y servicios de extinción de incendios hay cuerpos de emergencia y seguridad,
les proponemos que además de a las policías locales y a los servicios de extinción de incendios sean ustedes modernos y se incorpore la eliminación de la limitación de reposición como máximo a los restantes cuerpos de emergencia y de seguridad.
¿Verdad que eso es una cosa moderna y verdad que ustedes son modernos y progresistas? Pues denle al modernismo y a la progresía y consideren esto un poco porque yo creo que andamos mal en esta posición en la que ustedes se encuentran.
Para terminar y para no cansar a la señora presidenta, que hoy administra esto mejor que otros días cuando hay otras dignidades (Risas.), vamos a concluir pidiendo a SS.SS. que tengan en cuenta todas nuestras enmiendas, pero especialmente
la que se refiere al personal que nuestra Administración pública reclute en el extranjero, con arreglo a la legislación local o española, para que con una u otra, goce de los mismos derechos, garantías y deberes que el personal contratado en
territorio nacional, porque se supone que aunque esté efectivamente en el extranjero está en territorio nacional, que es lo que al parecer hasta ahora eran las legaciones diplomáticas. De paso les diría que vuelvan a mirar bien el tema de las
oficinas consulares pensando en los presupuestos, porque luego viene la oferta de empleo, etcétera. A ver si es verdad que vamos a reforzar todas esas oficinas y a ahorrarles a los ciudadanos que acuden a unos lugares donde está la bandera de
España, a hacer unas negociaciones, unas peticiones o unas diligencias, las colas escandalosas que se pueden encontrar en cualquiera de las embajadas o consulados más próximos a nuestro territorio nacional. Rabat, Tánger o Casablanca serían lugares
muy interesantes, cuando quieran les convido. Muchas gracias y les pido su voto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Padilla, muchas gracias.
Finalizamos con el turno de fijación de posiciones. La señora Unzalu, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, tiene la palabra para fijar su posición sobre el título III de este dictamen.
Adelante; cuando quiera.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señora presidenta.
Voy a intentar explicar, con rigor y con contenido, la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las enmiendas al título III del texto articulado, insisto al título III del texto articulado, y lo haré agrupando por temas la
diversidad de enmiendas que se han planteado al mismo. Empezaré refiriéndome a un bloque de enmiendas que plantean modificar el sistema retributivo de los empleados públicos. En unos casos se propone un incremento de las pagas extraordinarias, la
creación de nuevos fondos o el establecimiento de cláusulas de revisión salarial.
Tengo que decir que a este bloque votaremos desfavorablemente por dos razones. En primer lugar, porque en los últimos años las masas salariales de los empleados
públicos, incluidas las mejoras adicionales de colectivos específicos, han experimentado incrementos superiores a los experimentados por el IPC real. Concretamente, en el año 2006, que nos puede servir como punto de referencia, al incremento
general del 2 por ciento se debe añadir el derivado del cambio de estructura de las pagas extraordinarias, que afecta a todo el personal del servicio público y que supuso un incremento general adicional del 0,74 por ciento. Además, a estas
cantidades hay que sumar la incidencia de los fondos previstos en el acuerdo Administración-sindicatos destinados a la mejora de la prestación de servicios y al aumento de la productividad, así como las aportaciones a los planes de pensiones. El
conjunto de estas medidas supone para el año 2006 un incremento superior al 3,5, que desde luego está muy por encima del previsible IPC real para el año 2006. Les puede interesar como dato, señorías, que en el periodo que va de enero a septiembre,
según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC es del 2,1. Pero esta circunstancia también concurre en las previsiones que ha hecho el Gobierno para el año 2007. Está previsto que el sueldo se incremente de nuevo en algo más del 3,5 y que
supere de nuevo la inflación prevista para el año 2007. En segundo lugar, otra de las razones es que uno de los ejes de este Gobierno es el diálogo social con la finalidad de conseguir el máximo consenso social. Esta voluntad política se ha
plasmado en los acuerdos Administración-sindicatos que establecen los pasos a seguir para solventar la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos tuvieron que sufrir con el anterior Gobierno del Partido Popular.
Otro bloque de enmiendas se refiere a la oferta de empleo público.
Plantean aquí desde establecer la prohibición de contratos con las empresas temporales de
empleo, modificar la tasa de reposición o incidir en uno de los problemas de la Administración, fundamentalmente de la local, como es el de la precariedad en el sector público. En este último tema compartimos el objetivo que ha planteado
Izquierda Unida, que es reducir la temporalidad en el sector público, pero su propuesta ya está recogida en la ley de presupuestos. Izquierda Unida incluye en la justificación una serie de argumentaciones que podrían haber sido válidas en otro
escenario cuando la tasa de reposición no podía ser superior al 25 por ciento. Llevamos ya varios ejercicios en que esta tasa de reposición alcanza el cien por cien. Además, el propio artículo 22 de la ley recoge medidas concretas para conseguir
este objetivo y digo medidas concretas. Así, en el punto uno, párrafo primero, se establece que la oferta de empleo público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, evidentemente excepto aquellos en los que exista una
reserva de puesto.
También en el párrafo quinto, se concreta que se permite convocar, excluyéndolos del cómputo del límite de la tasa de reposición, aquellas plazas o puestos que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad
al 1 de enero de 2005. Por último, el acuerdo de la Mesa general de negociación de las administraciones públicas sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para los años 2007-2009, que se ha firmado recientemente, señala expresamente
-y esto probablemente al portavoz del Grupo Popular le puede interesar- que en aquellos ámbitos donde se detecte un importante volumen de empleo temporal de naturaleza estructural y permanente, podrán proceder a su sustitución por empleo fijo, no
computando estas plazas a los efectos de la correspondiente tasa de reposición. Respecto a la prohibición de contratar con las empresas de trabajo temporal, consideramos que la propuesta de Izquierda Unida ya está recogida en la Ley de contratos de
las administraciones públicas.
El tercer bloque, al cual sistemáticamente se ha referido también el portavoz del Grupo Popular, hace referencia a las distintas enmiendas que solicitan que se remita al Congreso de los Diputados o a los sindicatos diversa información tanto
en materia de oferta de empleo público, de contrataciones, de programas públicos, de complementos de destino, de pagas extraordinarias, como con distintas periodicidades. Algunas enmiendas piden que sea mensual, semestral o anualmente. Este bloque
de enmiendas también lo vamos a votar desfavorablemente, porque ya existen los mecanismos adecuados para obtener la información y ejercer el control que se considere necesario desde esta Cámara, porque no tenemos que olvidar que el Reglamento de
este Congreso permite a SS.SS. poder solicitar toda aquella información que consideren necesaria para el desarrollo de su trabajo. Además, muchas de sus leyes contienen ya esta obligación. Someramente: Ley de Agencias Estatales, Estatuto de los
Trabajadores, Ley de Libertad Sindical o incluso el Observatorio de calidad de los servicios públicos. Por último, hay algunos procesos en los que se pide que se remita información y cuya característica es la transparencia, de la oferta de empleo
público: Esta se aprueba mediante real decreto del Consejo de Ministros y se publica en el BOE, pero también se publican todos los procesos que de ella se derivan, y puede decirse que en esta materia la transparencia es máxima.
Me voy a referir también a dos enmiendas de Izquierda Unida que hacen referencia a los complementos de productividad y a las gratificaciones por servicios extraordinarios. Vamos a votar desfavorablemente porque, si bien las cuantías se
fijan mediante acuerdos entre Gobierno y Administración y es un ámbito en el cual el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Administraciones Públicas, tiene especial interés en incidir, lo que estamos tratando aquí, que es la distribución, es
algo que entendemos que deben realizar los responsables de los programas públicos o en su caso las juntas ministeriales de retribuciones, porque se trata de un concepto ligado a una valoración del grado de eficacia que se debe alcanzar gracias a una
especial dedicación o a una actividad extraordinaria, es decir, no se trata de determinar condiciones de trabajo, sino el grado de eficacia.
Respecto a las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, agrupo las cuatro y creo que tienen un elemento común, que es el de los títulos competenciales. Voy a reiterar los argumentos que se han repetido en años anteriores. El
incremento del volumen global de las retribuciones del sector público constituye una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a concretar uno de los componentes esenciales del gasto público y cuya competencia corresponde al
Estado según la Constitución. Este criterio, como ustedes saben perfectamente, ha sido avalado por el Tribunal Constitucional de forma reiterada. En este mismo sentido y respecto a los límites en la convocatoria de plazas de nuevo ingreso del
personal del sector público, el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy reciente, de 6 de junio de 2006, ha dejado constancia claramente, en su fundamento jurídico tercero, de que se debe reconocer la idoneidad de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, en tanto vehículo de dirección y orientación de la política económica del Gobierno, para limitar la oferta de empleo público. Y continúa diciendo la sentencia: Y es que la limitación de la oferta de empleo público de nuevo
ingreso constituye una medida que tiene relación directa con los objetivos de política económica.
Estos son los motivos que -espero haber expuesto con rigor y contenido- nos llevan a votar en contra de las enmiendas presentadas al título III de este texto articulado. Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señora Unzalu, muchas gracias.
Continuamos con el debate de los títulos IV y VIII y sección 07, referida a clases pasivas. En el turno de defensa de las enmiendas, señor Vilajoana, tiene de
Títulos IV y VIII y sección 07
nuevo la palabra para defender las enmiendas de su grupo a los títulos IV y VIII. Adelante.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta.
Quisiera defender las dos enmiendas, la 2800 y la 2801, al título IV, que han sido defendidas ya en mi intervención inicial, pero quiero resaltarlas por su importancia. En la 2800 se trata de incrementar un 5 por ciento las pensiones de
jubilación e invalidez no contributivas del sistema de la Seguridad Social respecto al año 2006. La 2801 pretende dar cumplimiento a lo establecido en materia de pensiones en el acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social, priorizando el
incremento por encima de la inflación prevista para el año 2004 de las personas del SOVI. En este caso el incremento que solicitamos es del 5 por ciento.
Con esta explicación damos por defendidas estas dos enmiendas. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señor Vilajoana, muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones sobre los títulos IV y VIII y la sección 07, referida a clases pasivas, tiene la palabra el señor Azpiroz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Defenderemos también las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales correspondientes a esta materia que tienen directa conexión con los títulos a los que acaba usted de hacer referencia. Recordaré muy rápidamente lo que ya
expusimos en Comisión. Tenemos formulada enmienda a la disposición adicional primera, punto tercero, con relación a las prestaciones por hijo a cargo; tenemos formulada enmienda con relación al incremento de los ingresos que permitan la prestación
tanto del discapacitado que trabaje cuanto de la unidad familiar donde se perciba, y nos parece que sería positivo seguir en esta senda, que en definitiva recoge una realidad social en la cual nos parece que los límites están bajos. Sería positivo
para tal colectivo. Hemos planteado un plan de empleo específico para la discapacidad para el año 2007-2008, junto con el plan de acción global que existe en la materia. Además, esto ha coincidido en el tiempo con dos planes anteriores y nos
parece que sería atender una pretensión del colectivo razonable y razonada y por ello hemos planteado la enmienda. No me voy a referir a la enmienda de modificación del artículo 14 de la Ley 56/2003, porque media docena de páginas avalan la
justificación y motivación de la modificación que pretendemos con la misma.
En cuanto a autónomos tenemos dos enmiendas a las disposiciones adicionales, una referida a la maternidad, en la que planteamos la equiparación de las mujeres madres que se reincorporan a la actividad autónoma para que tengan el mismo trato
que las mujeres que lo hacen por cuenta ajena y están en el régimen general y, por tanto, que haya 48 meses de bonificación de la base de cotización mínima por enfermedades comunes al régimen de autónomos. La otra enmienda es un incremento a la
capitalización a las personas que tengan discapacidad en un grado superior al 33 por ciento incrementándola hasta el 85. Hoy ha habido una enmienda en lo que es proyecto de ley y era el Real Decreto-ley 5/2006, pero no alcanza esta cifra, y aquí
proponemos esto de la misma forma que en la sección correspondiente planteamos otra referida a los autónomos que no padecen discapacidad, en la cual proponemos el incremento de la capitalización hasta el 70 por ciento.
Planes de empleo. Proponemos nuevamente, y lo hemos hecho ya en varios ejercicios, un plan especial de empleo para Ceuta y otro para Melilla, habida cuenta de sus tasas de desempleo y de las circunstancias peculiares de las ciudades
autónomas a las que me acabo de referir; otro para Cádiz, en función de la situación de sequía, y otro para Huelva y Sevilla en relación con los incendios sufridos. Se podrá decir que son planes unos de ciudades autónomas y otros provinciales,
pero es que el Gobierno de la nación ya ha planteado un plan para Jaén, que es una provincia, y cuando además existe un plan para la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuando además este año nos traen un plan especial para Castilla-La Mancha y cuando
además -y ahora no hay ningún diputado de Coalición Canaria- han reducido la aportación al plan canario, que fue el primero, y luego la han incrementado, porque lógicamente en un año electoral suena mal que haya un recorte, y al final se ha repuesto
la cifra, cuando no había razón justificativa que motivara esta reducción.
Hay planes en este momento en Extremadura, en Galicia, incorporan Castilla-La Mancha y Jaén. ¿Por qué no atienden la justa pretensión que llevamos formulando varios
ejercicios de traer en el plazo de seis meses un estudio por el Gobierno que contemple la realidad sociolaboral de España y que nos indique qué comunidades autónomas, regiones o provincias tienen una especial tasa de desempleo o una
desestructuración de su mercado laboral porque afloran bolsas importantes de infracontratación femenina, de discapacitados, de jóvenes, de mayores o de parados de larga duración? ¿Por qué no lo traen y sistematizamos el asunto en vez de que cada
año cojan por aquí y nos saquen, como un conejo de una chistera, lo que no sabemos a qué criterio objetivo responde, más allá de las declaraciones que en la comparecencia de los presupuestos nos pueda hacer en la Comisión el secretario general de
Empleo, por cierto, declaraciones coincidentes con lo que nosotros planteamos? Nosotros estamos planteando planes de acción en territorios con especial incidencia de la tasa de desempleo, que es el argumento nuclear que viene a utilizar en respaldo
de sus planes el secretario general de Empleo.
Este año hemos planteado algo que nos gustaría que acogieran y parece que no lo van a hacer, que se dé la posibilidad de ser beneficiarias a aquellas mujeres inmigrantes
ya que hablamos tanto de defender a la mujer, de políticas sociales y de progresismo, démosles también una concreción y bajemos aquí de las musas al teatro- que quedan embarazadas, más del 40 por ciento de las cuales abortan en España, esas
adolescentes que cada año tienen más embarazos y abortos no deseados, que se ven compelidas -abandonadas o con carencia de medios- a esa desgraciada y trágica alternativa, si se puede denominar de este modo. Planteemos la posibilidad de que sean
beneficiarias de la renta activa de inserción. La renta activa de inserción se concibió como un plan experimental, que ya se ha consolidado en el tiempo, y se concibió con los gobiernos populares para dar una protección a parados con especiales
dificultades en razón de la edad o de la larga duración de su situación de desempleo. Esto se aumentó posteriormente siendo beneficiaras las mujeres objeto de maltrato para el cambio de domicilio.
La dotación presupuestaria, y lo saben muy bien
los grupos que apoyan al Gobierno, no se agota y, por tanto, al no ejecutarse tiene remanente financiero suficiente calculo que para abordar la ayuda a no menos de 8.000 mujeres en esta situación. Sin duda alguna sería facilitarla. Hemos propuesto
baterías de medidas para facilitar que puedan tener un embarazo que muchas mujeres, desgraciadamente, no tienen porque no encuentran las alternativas, el apoyo financiero, el psicológico o de otra índole que merecen y que se les puede prestar.
Les voy a llamar la atención sobre una cuestión que es muy electoral. Es verdad que el año próximo es año de elecciones municipales y creo que de más. De hecho, hay temas que parece que te enseñan el camino. Resulta que en el artículo 40
de los Presupuestos Generales de Estado incurren ustedes en dar un complemento de 350 euros anuales a las pensiones no contributivas cuyos titulares sean personas que carecen de piso en propiedad y viven de alquiler. Hay pensiones contributivas que
van a quedar prácticamente a esa altura, por ejemplo, las de las viudas menores de 60 años, a las que les falta muy poquito, y si hablamos de huérfanos, dos huérfanos absolutos tienen una pensión contributiva, derivada de una cotización previa,
inferior a la que van a dar a las pensiones no contributivas. Además, esos huérfanos pueden carecer de vivienda en propiedad y estar viviendo en un piso alquilado. A esos huérfanos o a esas viudas ustedes no les reconocen la posibilidad de cobrar
350 euros al año. ¿Cuál es el criterio para establecerlo? ¿Por qué no a todas las pensiones mínimas? ¿Por qué a las pensiones no contributivas? ¿Por qué no a las pensiones contributivas también? Hago la pregunta y me gustaría oír algún tipo de
reflexión o de argumentación al respecto, si la hay, cosa que dudo.
Por fin, hay una enmienda sobre la que sé que va a intervenir mi apreciada compañera Isabel López i Chamosa, que tantas veces ha subido a la tribuna para demandar lo que con el transcurso del tiempo es más razonable y se parece más a lo que
ella hacía, porque cuanto más pasa el tiempo, más lógicamente debe desaparecer esa separación en la financiación de fuentes, ese complemento a mínimos debe estar ya, por fin, consolidado con la financiación por la imposición del Estado. Nosotros
hemos presentado, y no es el primer ejercicio que lo hacemos, una enmienda al artículo 48.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social mediante una adicional nueva, sobre la revalorización por encima de la pensión media de ese
incremento general para todos, por ejemplo, lo que ocurre en las pensiones mínimas. Me parece muy bien, se suben. Son bajas y hay que participar con justicia social. Pero hágase con la imposición. No se atente contra el principio de
contributividad del Pacto de Toledo o contra la necesidad de adecuar los esfuerzos de los cotizantes con las pensiones que se tienen como contraprestación. Voy a ser generoso. Tengo aquí las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de los
últimos años y tengo las perlas del señor Griñán y de la Señora López i Chamosa con relación a la materia. Si tuviera tiempo para intervenir más in extenso, creo que hasta nos podríamos reír. Voy a hacer dejación de esto, pero les voy a decir que
ustedes, sistemáticamente, han enmendado pidiendo incrementos a los complementos a mínimos. Han criticado la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de la Seguridad Social, en el sentido de que el transcurso de doce años para
financiar con la fiscalidad todos los complementos a mínimos era desmesurado. Han hecho toda suerte de alegaciones, razonamientos o motivaciones -algunos son muy curiosos- con relación a este hecho. Han puesto el grito en el cielo con reiteración.
Han dicho que habría que incrementar el Fondo de Reserva. En este ejercicio en el que el presupuesto realmente propio del Estado va a tener superávit, es momento más que idóneo para que se vaya incrementado de forma notable la fiscalidad en la
financiación de los complementos a mínimos.
Prácticamente la Seguridad Social este año va a tener que pagar tanto como el año pasado por complementos a mínimos. Les diré que el año en que menos pagó fue el del último presupuesto del señor Aznar,
3.098 millones; a partir de ahí ha ido creciendo y anteriormente la cifra también fue superior. Pero lo más grave de todo esto -y voy a concluir ya, señora presidenta- no es que estén desaprovechando la oportunidad de financiar los complementos a
mínimos con el superávit del presupuesto del Estado y de dotar de sostenibilidad y de fortaleza a un sistema que, según el señor Solbes, en palabras dichas la semana pasada, en 2012 entra en déficit -no le cito ya al comisario Almunia-; lo más
grave de todo esto es que no se está respetando la voluntad soberana de esta Cámara y no se está respetando porque ustedes están ocultando y están obviando lo que, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida -que
tuvo una abstención de apoyo, según ellos-, dice la recomendación primera del Pacto de Toledo, que aconseja que se financien los complementos a mínimos en el plazo de duración de dicha recomendación, es decir, cinco años. Esto se dice en 2003,
luego en el ejercicio de 2008, el año que
viene, deberían estar completadas todas las financiaciones de los complementos a mínimos. Este año, 5.000 millones; dotación para hacerlo, 1.800; faltan 3.200 millones de euros, más de medio billón de pesetas.
¿Cuándo lo van a poner en
los Presupuestos Generales del Estado?
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Finalizamos los títulos IV, VIII y sección 07 con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición. Tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Afrontamos unos presupuestos de la Seguridad Social y Trabajo de los que el Grupo Socialista puede sentirse satisfecho. En la Seguridad Social tenemos en estos momentos una cifra récord de casi 19 millones de cotizantes; tenemos en este
momento un Fondo de Reserva de 35.500 millones -les recuerdo, señorías, que en el año 2004, cuando llegamos al Gobierno, estaba en algo más de 8.800 millones-. Como verán, cumplimos escrupulosamente el Pacto de Toledo, puesto que todos los
excedentes de la Seguridad Social van al Fondo de Reserva, no como en legislaturas anteriores, que se dedicaban a otros menesteres.
Señorías, nos comprometimos a subir las pensiones y lo hemos cumplido más allá del propio compromiso de subidas adicionales a las pensiones con complemento a mínimos, es decir a las pensiones mínimas. Las pensiones de jubilación y las de
viudedad suben un 5 por ciento año tras año y las pensiones con cónyuge a cargo lo hacen un 6,5 por ciento, de forma que nuestro compromiso de subir las pensiones mínimas el 25 por ciento, en las pensiones con cónyuge a cargo, casi lo hemos cumplido
en este año.
Por tanto, señorías, estamos haciendo honor a aquellos compromisos que hemos adquirido.
En cuanto al empleo, hemos alcanzado cifras récord de desempleo. Estamos en el 8,1 por ciento, cifra que no se recordaba desde hace muchísimos años. Esta mañana hemos aprobado con un amplio apoyo de esta Cámara la reforma laboral,
señorías, y el año que viene vamos a hacer una inversión importante para convertir contratos en precario en contratos estables, porque esa es una de las lacras que tiene el mercado laboral en nuestro país. Piensen que el año que viene, según estos
presupuestos, va a haber 2,7 millones de contratos bonificados para hacerlos estables. Señorías, creo que estamos haciendo un esfuerzo importante.
Hablando de las pensiones no contributivas, les tengo que recordar varias cosas. Subimos las pensiones no contributivas por encima de la inflación, pero menos que las contributivas. Sin embargo, les recuerdo a SS.SS. que hemos hecho una
ley para que haya un complemento por parte de las comunidades autónomas. Recuerdo al Partido Popular que hizo una ley para impedir esos complementos. Nosotros tuvimos que hacer una ley que permite que las comunidades autónomas complementen las
pensiones no contributivas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tengan un complemento a lo que supone su pensión a nivel general. ¿Por qué? Señor Azpiroz, usted lo sabe. Creo que no sería razonable llevar al mismo nivel las pensiones no
contributivas y las contributivas. Por lo tanto, el esfuerzo realizado y el camino en el que vamos son los adecuados y les voy a decir más, porque es un compromiso del Partido Socialista. Tenemos el objetivo de que en los próximos tres años no
haya pensiones por debajo de los 600 euros. Creo que lo conseguiremos porque, repito, vamos en el camino adecuado. Además usted dice: ¿por qué va a haber una partida para complementar o para ayuda a la vivienda en las pensiones no contributivas?
Señor Azpiroz, usted sabe que cuando hablamos de partida una cosa es establecer pensión y otra un programa de ayuda determinada en el tiempo, y eso es lo que hace el artículo 40: implantar una ayuda determinada en el tiempo, que no establecer la
subida de pensiones, y creo que la diferencia entre una pensión no contributiva y una contributiva está bastante por encima incluso de lo que supone la ayuda.
Si no, le recuerdo: una pensión no contributiva son 320 euros y una contributiva, 466,70
euros. Como verán hay una diferencia.
Yendo a los complementos a mínimos, yo he reclamado desde esta tribuna muchas veces la clarificación de fuentes de la que habla el Pacto de Toledo y en ello estamos, porque si es verdad que aquí en el año 2003 aprobamos la renovación del
Pacto de Toledo, también dijimos que eso habría de trasladarse a los agentes sociales. Usted sabe que se ha hecho y que el mes que viene, más o menos, entrará en esta Cámara la reforma de la Seguridad Social y tendremos ocasión de debatir todos y
cada uno de los puntos. Señor Azpiroz, estamos haciendo importantes aportaciones. Le recuerdo que en los años de las dos legislaturas pasadas la aportación de complementos a mínimos no llegaba a los 900 millones de euros y en tres años nosotros
estamos haciendo aportaciones que en estos momentos son muy superiores a lo que el Gobierno del Partido Popular hizo en dos legislaturas. Además vamos a cumplir el compromiso de la separación de fuentes en los años establecidos por el acuerdo del
Pacto de Toledo. Y eso es lo que le puedo decir, señor Azpiroz, porque sí lo vamos a realizar; por tanto vamos en esa dirección.
Se habla de las viudas y de por qué no equiparamos las pensiones.
Señorías, el problema es que en estos momentos, como ustedes saben, la pensión mínima de viudedad de mayor de 65 años es la misma que la pensión de jubilación de mayor de 65
años, evidentemente, y en ocasiones se nos habla -aunque no es esta la enmienda que lo hace- de subir del 52 por ciento que supone la pensión de viudedad al 70 por ciento, y eso, señorías, lo tenemos en el horizonte, pero ustedes saben
que de los 2.200.000 viudas que hay, un millón cobra complementos a mínimos y si nosotros subiéramos el porcentaje al 70 por ciento, nos encontraríamos con que ese millón de viudas, que son las que más lo necesitan, no vería ni un solo euro
de aumento. Por eso subimos las pensiones mínimas, porque eso supone aumento directo para las personas que cobran cada mes su pensión, y luego, cuando las pensiones mínimas realmente hayan alcanzado los 600 euros, podremos hablar de subir el
porcentaje.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos planteaba la subida del SOVI. Señor Vilajoana, nosotros hemos hecho compatible el SOVI con la pensión de viudedad, con una propuesta suya, pero evidentemente sus 10 votos han
necesitado de los 164 nuestros. Eso ha supuesto que 115.000 mujeres hayan recuperado la pensión SOVI. Es verdad que lleva un tope, pero lo hemos hecho de tal forma que, al aumentar cada año la pensión de viudedad el cinco y pico por ciento más las
desviación de la inflación, el tope lo subimos el doble, con lo cual, en un par de años o tres, casi todas las mujeres, cobren la pensión de viudedad que cobren, van a recuperar la integridad de la pensión SOVI. Cada año hemos ido subiendo un punto
adicional, además de la inflación. Como ve, estamos haciendo un esfuerzo importante que, señorías, significa hacer que sea compatible la mejora de las prestaciones y las pensiones, que son insuficientes totalmente, con la viabilidad del sistema.
Señor Azpiroz, si miramos las cifras de la Seguridad Social, ya no hablamos de que tenga dificultad la Seguridad Social en el año 2016, sino de que estamos más cercanos al año 2040, y le voy a recordar algo. Le voy a decir lo que dice mi
amigo Griñán: Las personas que hacen previsiones a tan largo plazo, como son cincuenta o cien años, la ventaja que tienen es que cuando se comprueba que son falsas están criando malvas. Yo creo que en la Seguridad Social vamos muy bien con la
colaboración de todos.
Tenemos la herramienta que es el Pacto de Toledo. Yo creo que estamos trabajando adecuadamente y que, con la colaboración de todo el hemiciclo, vamos a conseguir que sus hijos y sus nietos puedan tener garantizada la pensión
de Seguridad Social, sobre todo si, como parece ser, los próximos cincuenta años hay Gobierno socialista.
Muchas gracias. (Risas y aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora López i Chamosa.
Continuamos, señorías, con el debate, en este caso, del título V y la sección 06, referida a la deuda pública. En el turno de defensa de las enmiendas le daré de nuevo la palabra a la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas números 684 y 685 en nombre de la señora Lasagabaster.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos, muchísimas gracias.
Pasamos de nuevo, señorías, al turno de fijación de posiciones. Lo haremos con el señor Vilajoana en nombre de Convergència i Unió.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Vuelvo a intervenir para defender las enmiendas que hemos presentado al título VI, concretamente las enmiendas números 2802 y 2803, así como la enmienda número 2804. (Pausa.) ¿Estamos en el título V?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Estamos en el título V, señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Ya he dado por defendidas las enmiendas a dicho título.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien, las damos por defendidas, señor Vilajoana. No le resto ni un minuto más de su tiempo y continuamos con el señor Albendea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros no hemos presentado enmiendas al título V ni a la sección 06, pero quiero fijar la posición del Grupo Popular a dicho título y a dicha sección. Lo primero que hay que recordar es que si en el año 2007 el Gobierno va a
liquidar el ejercicio con superávit, en teoría no sería necesaria la emisión de deuda pública para financiarse. En el artículo 48 del proyecto de ley de presupuestos se autoriza al Gobierno a que el saldo vivo de la deuda no supere el
correspondiente saldo al final del ejercicio en más de 10.675 millones de euros respecto al principio del ejercicio, una cifra, dicen ustedes, inferior a la del pasado año; sin embargo, está previsto que se emitan 67.900 millones de euros en las
distintas modalidades de deuda. La artimaña está en que amortizan menos de lo debido. Año tras año está creciendo la vida media de la deuda. En el año 1999 esta era de 4,8 años, la previsión del año 2007 es que será de siete años y medio. Están
ustedes trasladando a los futuros gobiernos y las futuras generaciones las consecuencias de su política de despilfarro. Decir que la deuda no crece no es verdad. En 1995 el total de deuda pública emitida era de 229.000 millones de euros. La
previsión es que finalice el año 2007 en más de 328.000 millones, es decir, casi 100.000 millones de euros más. Por trasladarlo más gráficamente a las antiguas pesetas, estamos hablando de que la deuda se ha incrementado en ese
Título V y sección 06
periodo en más de 16,5 billones de pesetas. La previsión de crecimiento entre 2006 y 2007 es de más de 13.000 millones de euros. Ya sé que me van a decir ustedes que en relación con el producto interior bruto ha decrecido, aunque solo sea
ligeramente. Su compañero, el señor Fernández Marugán, decía a ese respecto cuando nosotros gobernábamos, abro comillas: Yo he dicho que en términos de PIB se reduce en 5 puntos, pero que en términos de circulación de títulos aumenta
considerablemente, y cuando haya que pagar se pagan los títulos. Eso es lo que decía su compañero y eso que ahora, en estos presupuestos, no se bajan 5 puntos como entonces sino solamente 2,1 y los títulos en circulación, que son los que hay que
pagar, se incrementan en este presupuesto en 13.000 millones de euros. Aparte del importante incremento, me sorprende la opacidad respecto al coste medio de la deuda. No he conseguido averiguar cuál es el coste. Solamente he podido encontrar la
relación intereses de la deuda y producto interior bruto. Además, el endeudamiento del Estado no se agota con la emisión de deuda. En la ley de presupuestos también figura petición de autorización para que el Estado preste avales por importe de
220 millones de euros, de los cuales 180 millones son para Renfe y 40 millones para garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por empresas navieras domiciliadas en España. También hay petición de autorización para
prestar avales a entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales por importe de 1.210 millones de euros. Asimismo se pide autorización para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos por
importe de 800 millones de euros, aunque el límite de esos avales, consecuencia de los prestados en ejercicios anteriores, puede alcanzar incluso la importante cifra de 5.500 millones de euros. Menos mal que hay superávit presupuestario; un
superávit, por cierto, muy exiguo. La economía española lleva diez años creciendo por encima de la media europea. Por tanto, hablar de un superávit del 0,7 por ciento como un gran logro es una presunción sin fundamento. El superávit debería
alcanzar ya el 3 por ciento, similar al crecimiento del PIB, y si no es así es debido a que el crecimiento del gasto es excesivo. Señorías, después de todo este desbordamiento de las obligaciones que va a contraer el Estado en el ejercicio 2007 y
después de la opacidad que en muchos aspectos se desprende de este título, mi grupo, como es evidente, va a votar en contra del mismo y de la sección 06.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Albendea, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno del señor Saura, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar posición sobre el título V y la sección 06, deuda pública. Adelante.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, brevemente, uno de los logros de la democracia española sin duda alguna es el concepto de estabilidad presupuestaria. A estas alturas, todos los grupos de la Cámara -de la izquierda y de la derecha- están de acuerdo con el
concepto y con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Como digo, ese es un gran logro de la democracia española del que tenemos que sentirnos orgullosos todos los que estamos en la Cámara. Pero hay algunas cosas que, como decía anteriormente
en mi intervención, los ciudadanos no entienden. ¿Cómo puede decirse desde los bancos del Grupo Popular que hay despilfarro porque el superávit público no es el que tiene que ser? Por tercer año consecutivo hay superávit de las cuentas públicas.
Eso no sucedía cuando gobernaba el Partido Popular. Por tanto, si a esto le llaman despilfarro ¿cómo tendríamos que llamar a lo que hizo el Partido Popular cuando no tenía superávit de las cuentas públicas? Me gustaría que me aclararan cómo
tenemos que denominar lo que hacía el Partido Popular cuando gobernó con déficit, no con superávit.
En relación con la deuda, quiero hacer dos consideraciones. En primer lugar, en términos de la riqueza nacional, la deuda pública del conjunto de administraciones se ha reducido en doce puntos desde el año 2003, pero en el caso del Estado,
esa reducción está en torno a los diez puntos. Por tanto, ha habido un esfuerzo importante que hay que reconocer, porque efectivamente, en relación a la riqueza nacional, el peso de la deuda del conjunto de administraciones se ha reducido nada más
y nada menos que doce puntos. El portavoz del Grupo Popular decía que lo importante no es solo hablar de porcentaje, sino también de valores absolutos. En valores absolutos, la previsión es que en el año 2006 la deuda del conjunto de las
administraciones sea inferior a la deuda que teníamos en 2005, pero no solamente para el conjunto de las administraciones, sino también para el Estado. Si en 2005 la deuda del Estado era de 299.000 millones de euros, la previsión a final del año
2006, para el Estado exclusivamente, es que sea de 293.000 millones de euros. No solamente hay una reducción importante con relación al porcentaje de la riqueza nacional, sino que también en términos absolutos hay una reducción de la deuda, para el
Estado y para el conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, hay una gestión de los recursos públicos eficiente y que va en la dirección correcta. Insisto, más gasto público para infraestructuras, más gasto público para I+D+i, más gasto
para sociedad del conocimiento, más gasto para educación, más gasto para política social; todo ello en el contexto de una reducción de los impuestos y de la estabilidad presupuestaria. La deuda, en términos de porcentaje del PIB, disminuye; la
deuda, en términos absolutos, disminuye; el reconocimiento en los mercados de la deuda del reino de España está por las nubes, es el mejor posible. Eso demuestra que la gestión de las arcas públicas no es que sea buena, señorías, sino que es
magnífica, y a eso hemos
contribuido no solo el Grupo Parlamentario Socialista, no solo el Gobierno, sino todos los grupos de esta Cámara, porque uno de los grandes logros -termino como empecé- de la democracia española es el concepto de estabilidad presupuestaria.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Saura.
Señorías, pasamos al debate del título VI, en particular de los artículos 60 a 72. Comenzamos con la defensa de las enmiendas, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Vilajoana, tiene usted de nuevo la
palabra.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas 2802, 2803 y 2804, dando por defendidas las enmiendas 2805, 2806, 2807 y 2808. La enmienda 2802 pretende la inclusión de un nuevo epígrafe para la producción de energía termoeléctrica en centrales
térmicas de ciclo combinado. La enmienda 2803 pretende la inclusión de un nuevo epígrafe, en concreto, el 042.1, para las actividades de incubación y venta de polluelos recién nacidos mediante la compra de huevos fértiles, por tanto, pretende la
supresión del epígrafe 413.4. Finalmente, en la enmienda 2804 pretendemos unos nuevos epígrafes para actividades empresariales y profesionales de diseño gráfico. Este sector y, en concreto, el Colegio de Diseñadores Gráficos de Cataluña, está
solicitando de forma muy clara este nuevo epígrafe, que facilitaría una labor profesional que además cuenta con un gran prestigio y un gran reconocimiento internacional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda muy claro, señor Vilajoana. Muchas gracias.
Señor Utrera, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, es su turno para defender las enmiendas presentadas a los artículos 60 a 72.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el título VI del proyecto de ley de presupuestos comparte junto con todos los otros títulos de presupuestos, incluso sus estados numéricos, gran parte de sus debilidades, llamémosles con este calificativo suave,
dulce. Oyendo al señor Saura en su última intervención, y también en la anterior, parece que nos encontramos ante unos presupuestos que son ajustados a las necesidades de la economía española, que son ajustados también a las necesidades de las
administraciones públicas y que son ajustados y convenientes a las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que se ha hablado demasiado, incluso desde puntos de vista a veces muy retóricos, sobre la evidente mejora en los saldos financieros, en los
saldos presupuestarios, que se han producido en los últimos años en gran parte por el crecimiento económico que afortunadamente está registrando la economía española y también en gran medida por la falta de ejecución de importantes proyectos
presupuestarios, pero, sobre todo y fundamentalmente, porque cabalgamos a lomos de una fortísima expansión de los ingresos tributarios que en este proyecto de presupuestos para el año 2007 se decide mantener. Por tanto, la galopada de crecimiento
de los impuestos de los pasados años se va a reproducir también en el año 2007. ¿Es eso un inconveniente? Pues supongo que desde la perspectiva socialista, no; y precisamente por eso lo apoyan y por eso los presupuestos son como son. Desde
nuestra perspectiva no solamente es inconveniente sino un gravísimo error tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la administración fiscal. Comencemos por el primero de los puntos que yo traía a colación.
De la misma forma que el portavoz socialista, señor Saura, nos reflejaba un país de Alicia en el país de las Maravillas, no solamente en cuanto a deuda pública sino en cuanto a la magnífica gestión de los gastos públicos, también, si
atendemos a los múltiples anuncios en medios de comunicación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, parece que nos encontramos en un mundo feliz, y concretamente la apuesta que este Gobierno dice haber hecho -que en realidad era pura
continuación respecto de la prevención- por la lucha contra el fraude fiscal, parecería haber encontrado cauce en las recientes modificaciones legislativas, pero lo cierto es que la realidad es tozuda, tanto en medios materiales como en medios
humanos, tal como vienen denunciando las asociaciones de la propia administración tributaria, la agencia está infradotada. Bien es verdad que su presidente estaba muy satisfecho en la comparecencia previa a este debate de presupuestos que realizó
en el Congreso de los Diputados a petición del Grupo Parlamentario Popular, pero no deja de ser sorprendente, primero, que el incremento presupuestario en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sea corto en relación con el crecimiento de
los Presupuestos Generales del Estado, y segundo, que el presidente de esta organización se declare satisfecho cuando la mayor parte de las personas que trabajan y prestan sus servicios en la organización entienden que se está avanzando poco o nada
y que, desde luego, las herramientas legislativas que se están aprobando en muy poco contribuyen a la mejora del control y de la erradicación del fraude fiscal en nuestro país, al tiempo que en los Presupuestos Generales del Estado se nos rechaza
una enmienda que supondría una mejora de medios materiales -en este caso económicos, financieros- a disposición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
En un segundo orden de cosas tendríamos la reciente modificación fiscal del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades. En relación con el primero, el impuesto sobre la renta, ustedes ya conocen nuestra opinión. Tuve ocasión
de defender aquí en la tribuna y
Título VI
también fuera de ella cuál era la posición del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular. Entendemos que la reforma ha sido una reforma porque sí, porque había que reformar, pero en realidad lo único que se ha conseguido con esa
reforma del impuesto sobre la renta, que ha sido recientemente aprobada y que entrará en vigor en el próximo ejercicio, ha sido reducir algo los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta, alterar profundamente la naturaleza del impuesto
haciéndolo, desde luego, menos progresivo que lo fue en el pasado, es obvio; incluso en técnica fiscal retrotrayéndonos a épocas pasadas. Ahora bien, en materia de incidencia fiscal sobre los contribuyentes, analizando bien los resultados
previstos que se derivarán de la aplicación de la nueva estructura del impuesto en relación con la actualmente vigente, obtenemos un cúmulo de ineficiencias, de despropósitos, que no quiero dejar pasar la ocasión de comentar. En primer lugar, ya no
son comparables las situaciones personales en cuanto a niveles de renta entre un sistema tributario y otro puesto que, dependiendo de la ponderación de la fuente de renta de los contribuyentes, se tributará bastante menos en algunos casos -hablamos
de las rentas del capital y, sobre todo, de las muy grandes- y algo más en el caso de rentas medias y rentas obtenidas por unidades familiares. Este sistema, señores, no es -y los datos de los próximos ejercicios lo demostrarán- equitativo en modo
alguno, y por esa razón nosotros, en este trámite de presupuestos para el año 2007, proponemos empezar a corregir parte de lo que en definitiva es difícilmente corregible, que son las ineficiencias planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista,
con la colaboración muy destacada del Grupo de Convergència i Unió, que apoyaba y consideraba muy positiva la reforma del impuesto sobre la renta, y suponemos que también de otros grupos de esta Cámara. Nosotros proponemos que con carácter
inmediato, dado que la tarifa reformada no corrige nada o casi nada, por lo menos en el año 2007, se empiece a ajustar parcialmente el coste recaudatorio que para los contribuyentes tiene la progresión de la tasa de inflación. Ese ajuste a la
inflación o esa actualización monetaria de la tarifa del impuesto sobre la renta permitiría ahorrar a los contribuyentes del orden de 150 ó 200 millones de euros que, al mismo tiempo, derivarían no solamente en un mejor reparto de la carga fiscal,
sino en una mejora del muy deteriorado ahorro familiar. En cuanto al impuesto sobre sociedades se ha producido también otra circunstancia bastante curiosa. Desde el ministerio se nos ofreció una reforma con contrarreforma a la vez, es decir, se
bajaban los tipos del impuesto sobre sociedades pero, al mismo tiempo, se perturbaban las cuentas de las mismas sociedades -por lo menos de las más dinámicas-, eliminando deducciones tan importantes como los gastos en innovación o como propuestas
para mejorar la productividad de las empresas mediante la reinversión de plusvalías. En fin, se proponía sencillamente cambiar cromos, menos tipo impositivo aparente pero, al mismo tiempo, menos deducciones fiscales, con lo cual la cosa quedaría
equilibrada más o menos. El Gobierno, asimismo merced a sus socios parlamentarios -y ahí tuvo también Convergència i Unió un papel muy destacado-, abandonó ese discurso. Recordarán ustedes que ya en el debate de totalidad abandonó ese discurso, se
acabó el intercambio de tipos impositivos por deducciones. Efectivamente, desde el Ministerio de Hacienda, y supongo que también desde la dirección del Partido Socialista, se dieron cuenta de que ese discurso era absurdo por definición y,
consecuentemente, se ha producido una rebaja de impuestos menor de lo deseable y también una reducción de las deducciones mucho menor de lo programado. Así, nos encontramos con enmiendas que no sé si otros grupos retirarán o dejarán de retirar de
promoción de determinadas actuaciones de inversión de las empresas en I+D, en tecnología, en formación de personal, etcétera. He de decir que nosotros apoyaremos esas enmiendas -Esquerra Republicana tiene alguna y creo que Convergència i Unió
también- porque entendemos que una política de incentivos que sea eficaz no solamente es positiva en su conjunto para dinamizar la inversión, sino que también reparte y redistribuye la carga fiscal a favor de las empresas más dinámicas. Pero al
mismo tiempo creemos, y así lo hemos solicitado los grupos, aunque ciertamente con poca fe respecto del resultado de esta gestión, que los tipos del impuesto sobre sociedades sean reducidos inmediatamente, tanto del tipo general como de pequeña y
mediana empresa. Todos los informes internacionales nos sugieren que este es el camino, es decir, proceder a una reducción rápida e inmediata.
Quiero citarles, y con eso prácticamente voy a terminar, señora presidenta, el último informe realizado por el Banco Mundial en colaboración con una importante empresa también multinacional de la auditoría y de la consultoría, informe en el
que se viene a destacar a España como un nuevo farolillo rojo tanto en cuanto a la carga fiscal societaria empresarial en España, que no solamente se derivaría de los tipos y de la carga correspondiente al impuesto sobre sociedades, como a todas las
demás cargas fiscales, impuestos que gravitan sobre las sociedades, empezando por el impuesto de actividades económicas, que recordarán ustedes que está reservado ya solamente para grandes contribuyentes, u otra suerte de tributos que recaen sobre
las sociedades. En este informe se evalúa que casi un 60 por ciento del total de beneficios societarios -suponemos que también estarán incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, si no esta cifra sería excesiva- irían
destinados al pago de tributos o contribuciones sociales. Al tiempo, los costes de cumplimiento fiscal, esa pretendida simplificación que se está introduciendo en el sistema tributario, serían en el caso español de los más altos del mundo,
concretamente se evalúan en el sexto lugar, en una lista bastante amplia, y solamente unos pocos países europeos superarían los costes de cumplimiento fiscal que se obtendrían en España. Por tanto, está bien la iniciativa de modificar los tipos
impositivos
en el impuesto sobre sociedades, era el momento de hacerlo, pero esa reforma se está quedando corta y por eso proponemos en nuestras enmiendas que se actúe con más vigor.
Por último, y ya para concluir, nuestras enmiendas en relación con las tasas parten fundamentalmente del criterio de que se ha producido en los últimos años, y además se ha producido sin mayor explicación, un total desajuste entre las tasas
que son giradas a las empresas por la realización de determinadas actividades y el coste del servicio que viene asociado a la prestación de la tasa. Sabrán ustedes que las tasas, como tributos que son, tienen una naturaleza eminentemente distinta
al impuesto. El impuesto es una prestación gratuita sin contraprestación a la que todos los ciudadanos, personas y sociedades estarían obligados por ley, mientras que la tasa está vinculada a la prestación de un servicio a veces puramente
administrativo, pero en muchos casos directamente vinculado a la actividad productiva de las sociedades. Pues bien, la ley establece que la tasa ha de guardar correspondencia con el coste de prestación del servicio asociado a esa tasa y observamos
cómo en los últimos años se está procediendo, por un lado, a ampliar todas las tasas a porcentajes fijos, porcentajes de inflación del 2 por ciento, excepto en el transporte aeroportuario. En el transporte aeroportuario la inflación es distinta, no
es el 2 por ciento, la inflación es el 3 por ciento, el año pasado era algo más, es decir, que el sector aeroportuario, el transporte aéreo en definitiva, paga más que todos los demás y, además, su crecimiento anual es mayor que el de todas las
demás actividades porque se decide aquí, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por alguna razón que todavía no hemos entendido, que los porcentajes que se apliquen sean mayores al transporte aeroportuario. En segundo lugar, dentro de esta
línea argumental, se establecen algunas tasas en concreto, sobre todo las del uso del espacio radioeléctrico en la que anualmente se procede a unos cambios en unas fórmulas que son complejas, donde vienen unos cuadros que sufren alteraciones anuales
cuya razón de ser también resulta no digo esotérica o difícil de comprender, pero, desde luego, no vinculada a coste de prestación de servicio público.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Utrera, por favor, lleva cinco minutos de más. Le rogaría que fuera concluyendo.
El señor UTRERA MORA: Señora presidenta, voy terminando. Por un lado, pedimos que en los próximos meses el Gobierno realice un estudio y lo presente a esta Cámara, en el cual se analicen los costes de prestación de servicios y la
correspondiente traslación tributaria en forma de tasa y, en segundo lugar, proponemos la supresión de esos incrementos porcentuales fijos del 2 y del 3 por ciento en el sector de transporte aeronáutico, al tiempo que la supresión singular de
algunas otras tasas.
Con ello, y dando por defendidas por falta de tiempo alguna remisión a alguna disposición adicional, aprovecho en este turno -supongo que algún otro portavoz ya lo ha hecho- para dar por defendidas todas nuestras enmiendas a las
disposiciones adicionales y finales para su supresión. Me gustaría, señora presidenta, dejar constancia no solamente de nuestro rechazo al apartado tributario de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, sino también a su
inspiración que sería, por un lado, la persecución del fraude fiscal que este Gobierno está realizando no solamente de forma incompleta sino incoherente, al tiempo que también la reforma fiscal que ha sido una reforma porque sí, porque tocaba
reformar, pero que en realidad ha reformado muy poco.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Utrera.
Señorías, les recuerdo que en Junta de Portavoces se ha solicitado que se sea estricto con el tiempo de cada uno de los portavoces, por cuanto estos debates son -como
ustedes saben- largos.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones y lo haremos con el señor Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para finalizar este debate sobre el título VI.
Adelante.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a tratar de comentar brevemente los principales aspectos que los diferentes portavoces han comentado en esta tribuna. Acabamos de tener importantes debates sobre la reforma fiscal y pretender incorporar el debate sobre la
fiscalidad en la ley de presupuestos creo que no es el momento oportuno porque ya lo hemos podido discutir ampliamente. Sin embargo, a grandes trazos tengo que decir que la reforma fiscal que acabamos de aprobar, afortunadamente, ha podido
simplificar los impuestos y no ha incrementado la presión fiscal, sino que ha impulsado el crecimiento económico y ha estimulado la productividad y, por tanto, ha introducido mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Estoy
profundamente en desacuerdo con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. En primer lugar, porque España tiene una presión fiscal inferior a la media de la OCDE en cuatro puntos y, en segundo lugar, porque es el octavo país de la Unión Europea
con menos impuestos en relación con su producto interior bruto, un 35,6 por ciento -aunque es verdad que tengo el dato de hace unos años, pero se mantiene en términos similares-, y solo Irlanda y los países del Este están por debajo de España. Por
tanto, menos lobos, señor Utrera, que todos estamos por mejorar la fiscalidad y la competitividad, pero, cuidado, no distorsionemos la realidad objetiva.
Quiero hacer la siguiente reflexión. Acabamos de asistir a una intervención del Grupo Popular en la que se ha hablado de que el superávit fiscal tiene que estar
en torno de los tres puntos, cuarenta y tantos mil millones de euros.
Acabamos de asistir a otra intervención del portavoz del Grupo Popular en el que sus propuestas, que son de acuerdo a la reforma fiscal, suponen alrededor de 12 ó 13.000
millones de euros menos, según sus propias estimaciones. Y acabamos de asistir a otra intervención en el área social de otro portavoz del Grupo Popular que propone medidas que suponen algunos miles, centenares de millones de euros. ¿Cómo puede
casar un aumento tan importante del superávit, una disminución tan importante en los ingresos y un aumento tan importante en el gasto? No pueden casar. No hay coherencia en las propuestas del Partido Popular que simultáneamente piden bajar
impuestos, aumentar el superávit y aumentar el gasto. Cuando se escucha ¿de dónde recortarían ustedes el gasto? es cuando nos echamos a temblar porque, eufemísticamente, dicen que recortarían en los gastos estructurales. Cuidado, con los gastos
estructurales. Oculta que los gastos estructurales son muy pocos, son los gastos de personal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pensiones. Ya sé que ustedes no quieren bajar estos gastos, pero díganme entonces cómo puede casar, por una
parte, cerca de 40.000 millones de superávit, por otra, cerca de 12.000 millones de ingresos menos y otros tantos de gastos que ustedes proponen.
Imposible casarlo. Por tanto, no es seria su propuesta.
Respecto a las tasas, tampoco es cierto lo que se ha afirmado aquí. Las tasas no han subido estos años pasados de acuerdo al IPC. Le recuerdo que fundamentalmente las aeroportuarias llevan mucho tiempo sin actualizarse.
Le voy a decir
más, desde 1999 las actualizaciones no han sido suficientes para compensar el IPC, quedaron alrededor de un 9 por ciento por debajo. Y también le voy a decir otra cosa. ¿Quién ha incrementado de manera tan notable las inversiones aeroportuarias,
incluso con proyectos superestrella con los que podemos estar de acuerdo? Ustedes no pueden pretender incrementar las inversiones de una manera tan importante y no recuperar el coste, como es la obligación en el caso de las tasas para, como usted
bien ha dicho, aproximar el coste del servicio al importe de la tasa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido lo que usted ha dicho. No se pretende bajo ningún concepto correlacionar el IPC con el aumento de las tasas, sino intentar, de la manera
más prudente posible, acercar al coste del servicio el importe de la tasa.
Quiero aprovechar para dar las gracias por la colaboración que este Grupo Parlamentario Socialista ha tenido del resto de los grupos. Realmente ha sido importante la colaboración que ha tenido en la reforma fiscal por parte de Convergència
i Unió y estoy convencido de que se ha hecho un buen trabajo en el tratamiento de las pequeñas y medianas empresas. En los presupuestos se están planteando unas enmiendas relativas al impuesto sobre actividades económicas y a algunos epígrafes y el
único compromiso que yo puedo tomar desde la tribuna es que, como algunas nos parecen razonables, vamos a continuar trabajando para poder llegar a acuerdo en alguna de ellas en el trámite del Senado. Asimismo, aunque no está presente el
representante de Izquierda Unida, le agradecemos el esfuerzo que ha hecho en estos presupuestos para, desde sus posiciones, a veces un tanto duras en la negociación, conseguir que estemos avanzando notablemente en múltiples cuestiones de índole
social.
Para acabar, quisiera poner un ejemplo de por qué lo que está haciendo en estos momentos el Partido Popular, en esta tribuna, es más de cara a la galería que de profundización en las medidas que pueden mejorar la situación de las empresas y
de los ciudadanos. Insisto, es una anécdota, pero va más allá por lo que ha hecho el Partido Popular. El 26 de octubre el Grupo Socialista, en una disposición que hemos introducido, propone que la celebración de la vuelta al mundo de vela Alicante
2008 sea considerada acontecimiento de interés público a efectos de mecenazgo y de incentivos fiscales. El 2 de noviembre el Grupo Popular presenta esta misma propuesta, que sabe que ya está resuelta, como proposición no de ley; pero como no están
tranquilos con esto, vuelven a presentar un poco más tarde esta misma proposición. Es decir, lo único que quieren es que haya un trasfondo mediático en el que quede claro que ellos son los que van por delante protegiendo los diferentes
acontecimientos y que el Grupo Socialista no los quiere, y eso no es así, porque las fechas son las que marcan las posiciones de los grupos y la nuestra fue anterior. Igual que esta, hay múltiples enmiendas de cara a la galería, pero no es de cara
a la galería, insisto, la incoherencia que el Grupo Popular ha demostrado en estos presupuestos no cuadrando los menos ingresos con más gastos y con el mayor superávit. Primero, sean ustedes serios trabajando los presupuestos, siendo coherentes en
las cifras, y después hablaremos de si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, algo a lo que este grupo siempre ha estado abierto.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: ¿Podría ejercer turno de réplica?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No. Como sabe usted, no hay réplica posible en estos turnos excepto por alusiones personales, que no ha sido el caso sino las típicas contradicciones en el debate. Pasamos al debate del título
VII y secciones 32, Entes territoriales, y 33, Fondo de Compensación Interterritorial. Comenzaremos con el turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el señor Labordeta para defender sus enmiendas al título VII.
Título VII y secciones 32 y 33
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender una enmienda parcial que pretende corregir una injusticia histórica que se ha cometido con Aragón. Fruto de la perversidad estadística, Aragón fue excluida del Objetivo 1 de los fondos europeos, y hablo de
perversidad estadística porque ya se sabe que en el mundo hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. La muy baja densidad demográfica convierte a Aragón paradójicamente en un país rico cuando hablamos del PIB por habitante. Esos fríos datos
estadísticos nos excluyeron del Objetivo 1, pero la injusticia se agravó cuando se creó el Fondo de Compensación Interterritorial y su lista de beneficiarios se redujo a los que ya recibían a su vez el Objetivo 1. Los aragoneses nos sentimos, pues,
doblemente excluidos. Aragón está entre las regiones europeas menos pobladas, con menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado.
Permítanme que aporte unos datos sobre mi tierra que ilustrarán el debate.
De las 33 comarcas aragonesas, 15 presentan una densidad inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, como en las zonas más del norte de Escandinavia; de
los 731 municipios aragoneses, 620 tienen menos de mil habitantes; 237 municipios aragoneses presentan una tipología de municipios terminales porque cuentan con más de un 40 por ciento de la población de mayores de 65 años. Evidentemente, todos
los informes coinciden en señalar una realidad territorial singular que merece la atención del Gobierno y de las Cortes Generales. Ahora, con la ampliación de la Unión y el cambio de criterio del Objetivo 1, parece razonable aprovechar esta
oportunidad para corregir la situación anómala que se dio en Aragón al dejarla fuera del Fondo de Compensación Interterritorial. La singularidad territorial y demográfica aragonesa exige a los poderes públicos del Estado que demos una solución.
Una encuesta del CIS de hace apenas tres años revelaba que los aragoneses eran con diferencia el pueblo que más sentía el desequilibrio territorial. A la pregunta de: ¿Piensa que en la actualidad existen muchas, bastantes, pocas o muy pocas
diferencias de prosperidad o riqueza entre las distintas comunidades autónomas?, el 92 por ciento de los aragoneses respondió que muchas o bastantes. En ninguna otra comunidad se alcanzó ese porcentaje. Por algo será. Superamos en un punto a los
extremeños y los demás quedaron a gran distancia. Esa percepción colectiva de desequilibrio territorial que tiene el pueblo aragonés se fundamenta en las décadas de retraso que arrastran las inversiones públicas, que son imprescindibles para
vertebrar nuestro territorio, así como en la exclusión de los fondos compensatorios, tanto del europeo como del estatal, que deberían ayudarnos a reequilibrar Aragón. Por eso, señorías, pedimos el voto afirmativo a esta propuesta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.
Continuamos con el turno de don Jordi Vilajoana en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, presidenta.
Intervengo para defender tres enmiendas que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) al título VII, relativo a los entes territoriales.
La primera, la número 2809, tiene por objetivo considerar municipios turísticos a los que
cumplan las condiciones marcadas por la ley a 1 de enero de 2007. La número 2810 pretende compensar a los ayuntamientos por la bonificación al IBI concedida a los concesionarios de autopistas de peaje. Nos encontramos ante una situación en la que
estos concesionarios tienen una compensación de IBI, pero los ayuntamientos que tienen una dependencia de esta gran autopista no perciben compensación alguna, por lo que sería razonable compensarles. Finalmente la enmienda 2811 pretende la creación
de un Fondo especial de financiación a favor de municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Este fondo debería permitir el incremento del importe por habitante y la disminución del tope del índice de esfuerzo fiscal para acceder a él.
Los municipios de esta dimensión necesitan una ayuda especial y este es el objetivo de la enmienda que defendemos en este Pleno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui para defender las enmiendas de su grupo al título VII y las secciones 32 y 33.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a defender cinco de las enmiendas que hemos presentado. La primera de ellas, la número 832, al artículo 87, sobre liquidación definitiva, pretende fijar la cantidad mínima a percibir por cada diputación provincial de régimen común.
Esto hace referencia a tres o cuatro diputaciones en España, aquellas cuyos ingresos sean menores a 30 millones de euros, con el fin de que se garanticen unos ingresos mínimos que permitan la prestación de los servicios que tienen encomendados.
La número 833 es de adición y se refiere a subvenciones a entidades locales. De los más de ocho mil municipios españoles, cinco mil tienen menos de mil habitantes. Todos los ayuntamientos en España tienen problemas de financiación en estos
momentos porque se están haciendo cargo de muchas funciones que no les son atribuibles, pero los de menos de mil habitantes tienen unos problemas tremendos. Fijábamos en los presupuestos una cifra para que estos ayuntamientos de menos de mil
habitantes percibiesen una subvención anual de 6.000 euros, un millón de las antiguas pesetas. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera pagar al secretario
o secretaria del ayuntamiento que comparten entre cinco o seis ayuntamientos. Yo no sé cuál es la razón por la que el grupo que apoya al Gobierno, tanto el año pasado como este, no ha querido admitir esta enmienda.
La tercera enmienda se refiere a la financiación del municipio de Madrid.
En 2006 intentamos que hubiese una subvención. Estaba entonces en tramitación la ley de capitalidad y régimen especial de Madrid. Se nos contestó que no era posible
en el presupuesto de 2006, ya que no se podía hacer sobre leyes futuribles. Teóricamente tenían razón, puesto que una ley puede ser devuelta por esta Cámara y se podría haber fijado en el presupuesto una cantidad que no reflejase la realidad. Pero
se aprobó el 4 de julio la Ley de capitalidad y régimen especial de Madrid, y sin embargo no se ha dotado de ninguna cifra. A Barcelona se le dotó el año pasado con 15 millones de euros, aunque luego no se le abonaron ni se suscribieron acuerdos
con dicho ayuntamiento. Queremos que al Ayuntamiento de Barcelona se le otorguen estos 15 millones de euros que el año pasado no percibió, pero también que los reciba el Ayuntamiento de Madrid, ya que ambos tienen ese régimen especial. No hemos
entendido algunos argumentos que nos han dado en la Comisión como que el Ayuntamiento de Madrid recibía importantes cantidades del Ministerio de Cultura para fines culturales porque también las recibe Sevilla, Valencia, etcétera. No tiene nada que
ver. Se puede discutir este tema cuando veamos la sección correspondiente del Ministerio de Cultura.
Nuestro grupo no comprende la razón por la que, estando vigente a partir del 4 de julio de 2006 la Ley de capitalidad y de régimen especial de
Madrid, no se contempla exactamente igual a los dos ayuntamientos, el de Barcelona y el de Madrid. Reitero que lamentamos que el año pasado los 15 millones de euros previstos para el Ayuntamiento de Barcelona no llegaran ni se alcanzaran los
correspondientes acuerdos.
La enmienda número 835 se refiere al Fondo especial de financiación a favor de municipios de población no superior a 20.000 habitantes.
Presentamos esta enmienda para ampliar el importe correspondiente a estos ayuntamientos porque, como
tantas veces ha indicado la Federación Española de Municipios y Provincias, estos ayuntamientos respecto a los de 70.000 habitantes están en condiciones desfavorables, por lo que tenemos que ir acercándolos a las condiciones previstas para aquéllos.
La última enmienda que vamos a defender -el resto las damos por defendidas, señora presidenta, y las someteremos a votación- es la número 842, que se refiere a la creación de un Fondo adicional de ayuda a la inmigración. No les voy a
explicar a SS.SS. la problemática que existe en una serie de ayuntamientos en relación con esta materia. A los inmigrantes que llegan a Canarias se les manda a la Península, se les da un bocadillo, una cierta cantidad de dinero y que se defiendan
como puedan. Pues bien, proponemos la creación de un fondo que debería estar dotado al menos con 150 millones de euros, 75 de los cuales se destinarían a las corporaciones locales y los otros 75 a las comunidades autónomas, de los que al menos 12
millones se destinarán a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. SS.SS. conocen los problemas de la inmigración e incorporamos en los presupuestos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque tienen un grave problema pues no caben los
inmigrantes en los centros previstos en ellas. El problema de Ceuta y Melilla con la inmigración es importantísimo y debemos tomar conciencia.
¿Cómo se toma conciencia? En los presupuestos. Por eso pedimos que al menos 12 millones sean para
Ceuta y Melilla y que el fondo esté dotado con 150 millones de euros, 75 para las corporaciones locales y 75 para las comunidades autónomas. Si el Gobierno no acepta esta enmienda, que luego no nos diga que se hace política de inmigración, porque
la política de inmigración se hace fundamentalmente en los presupuestos con dotaciones para que las corporaciones locales, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tengan unos medios mínimos para resolver este problema.
La inmigración, reitero, no se arregla con mandar a los inmigrantes en aviones de Canarias a la Península, mirar para otro lado y volver la espalda.
Señorías, estas cinco enmiendas que he defendido no tienen fondo político y los diferentes grupos podrían tener posiciones uniformes. Se refieren a los ayuntamientos de menos de mil habitantes, que son cinco mil en España, que tienen
problemas hasta para pagar a un secretario que utilizan cada cinco municipios, y no entendemos cómo no se puede admitir esta enmienda. La responsabilidad de que no se admita la dejamos a aquellos grupos que voten en contra de resolver este
problema. Tampoco comprendemos por qué no se quiere igualar la financiación del municipio de Madrid al de Barcelona. A Barcelona se le adeudan los 15 millones del año pasado, nos parecería muy bien que en vez de 15 estuviera dotado con 30: 15 del
año pasado y 15 de éste, y que se hicieran los correspondientes acuerdos para temas culturales. Las enmiendas que acabo de defender no deben separar políticamente a los grupos pues son enmiendas racionales que deberían recibir el apoyo unánime de
todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Guerra.
Finalmente, pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres por un tiempo de diez minutos, para fijar su
posición en el título VII y secciones 32 y 33.
El señor TORRES GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como conocen muy bien, el título VII y las secciones del presupuesto en las que tiene reflejo están dedicadas a la financiación de los entes territoriales. El capítulo I a las entidades locales y el capítulo II a las
comunidades autónomas. Por ello, sus programas y cuantías necesariamente tienen que ser el resultado de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes y de los acuerdos de colaboración firmados para contribuir a financiar
determinados bienes y servicios que prestan las administraciones territoriales. Estamos, por tanto, ante un área de los presupuestos que tiene un escaso margen de maniobra para recoger cambios sustanciales sin vulnerar en unos casos lo establecido
por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, sistema que fue adoptado por consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en otros
casos, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, este Gobierno, sensible a los problemas de financiación territorial, especialmente de las corporaciones locales, está haciendo un importante esfuerzo
presupuestario para recoger cada año los acuerdos alcanzados con la FEMP. Por ello, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año recoge la creación de un Fondo especial de financiación a favor de los municipios de menos de
20.000 habitantes, con una dotación económica de 31,66 millones de euros, que figura en el programa 942.A, Cooperación económica local del Estado, y que en virtud de una enmienda firmada por los grupos de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds y Socialista, dicha dotación se ha incrementado en 8,34 millones de euros, alcanzando la cifra de 40 millones, con lo que permitirá a los municipios afectados acercarse a la financiación de 157 euros por habitante y año, que
reciben los municipios comprendidos en el tramo de 20.000 a 75.000 habitantes. Este es un claro ejemplo de la voluntad de avanzar hacia un modelo que haga efectiva la autonomía municipal que proclama nuestra Constitución de 1978.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007 contempla en concepto de transferencias corrientes y de capital a las administraciones territoriales 57.132 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5 por ciento respecto
al ejercicio anterior. Este dato que por sí solo es muy significativo, adquiere todavía una mayor relevancia si lo analizamos teniendo en cuenta los importantes crecimientos de los dos años anteriores. Cuando hablamos de autonomía municipal, hay
que hablar necesariamente de recursos. Por eso las entregas a cuenta a favor de las entidades locales han crecido un 29,1 por ciento en el periodo 2005-2007, como consecuencia de las medidas que se han instrumentado en las leyes de Presupuestos
Generales del Estado de los últimos tres años. El Grupo Parlamentario Socialista valora muy positivamente estos avances, pero sabemos que son insuficientes, y por eso apoyamos decididamente la iniciativa del Gobierno para hacer una reforma en
profundidad del Gobierno local y su financiación mediante un proceso transparente y participativo en el que la FEMP está teniendo un papel muy destacado.
Mientras tanto, no podemos estar parados y por eso, como ya apuntaba mi compañera Elisenda
Malaret en el debate del año pasado, estos presupuestos también siguen avanzando en el tránsito de la financiación condicionada a la no condicionada de la que ella hablaba y que los municipios reclaman constantemente.
Dicho esto, a la hora de posicionarnos sobre las enmiendas presentadas a este título de los presupuestos, el Grupo Socialista, como ya manifestamos en la Comisión, haremos que prevalezca el respeto a la aplicación de la normativa en vigor
por encima de cualquier otra consideración que se quiera abrir paso de manera forzada. Así pues, no vamos a aceptar un conjunto de enmiendas presentadas por diversos grupos que conllevarían modificaciones de la Ley de Haciendas Locales en lo
referente a los municipios turísticos, al transporte urbano en poblaciones con menos de 50.000 habitantes, donde este servicio no tiene carácter obligatorio, o a la modulación por los ayuntamientos del recargo del IBI a determinado tipo de
viviendas, ya que estos temas han de abordarse en el contexto de la reforma de la citada ley en la que ya trabaja la Comisión integrada con representación de los ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda con la Federación
Española de Municipios y Provincias. Igualmente, tenemos que rechazar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular referidas a la creación de diversos fondos específicos que supondrían incremento de gasto en unos casos y reformas
legislativas en otros.
Respecto a las enmiendas defendidas por el portavoz del Grupo Popular, me gustaría comentar la que se refiere al Fondo para el municipio de Madrid.
La Ley de capitalidad y régimen especial del municipio de Madrid, aprobada de acuerdo con la
Comunidad Autónoma de Madrid y con el Ayuntamiento de la capital, no incluye norma alguna de la que se puedan derivar obligaciones financieras a cargo de la Administración General del Estado, y por tanto no existe esa posibilidad. Cuando se
establece la comparación con la Ley de régimen especial de Barcelona, hay que tener en cuenta que esta ley, también aprobada en 2006, sí recoge esa posibilidad de firmar convenios para financiar instituciones especialmente relevantes en el ámbito
cultural. Con algún ejemplo quedaría patente por qué en un caso se recoge y en el otro no. En los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año se contempla una partida de 25 millones de euros para el Museo del Prado y otra de 44 millones
de euros para el Reina Sofía, por poner un ejemplo. Esto con instituciones de la ciudad de Barcelona no ocurre, y de ahí que se establezca ese mecanismo para colaborar en su financiación.
En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial del que hablaba el señor Labordeta, la ley que regula el fondo establece las comunidades autónomas que se pueden acoger a él, que son aquellas que están por debajo del 75 por ciento de
ingresos de la media de las comunidades autónomas españolas, y además establece las cuantías y los criterios para la distribución del fondo. Ese acuerdo tiene una vigencia de cinco años.
Como fue
aprobado en 2004, todavía está en vigor, y este es un tema que habrá que plantear cuando llegue el momento de su revisión. Por tanto, lamentándolo mucho, no lo podemos apoyar.
Finalmente, en relación con el Fondo de ayuda a la inmigración que solicitaba el portavoz del Grupo Popular, en la sección 19, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, figura una importante partida de 185 millones de euros que ha sido
incrementada en 40 millones en virtud de una enmienda aceptada en la ponencia. Esta es la posición del Grupo Socialista respecto al título VII y secciones 32 y 33.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres.
Finalizamos el debate de hoy con el de las disposiciones finales, transitorias y anexos, conjuntamente.
Comenzaremos con la fijación de posición por parte del señor Sánchez i Llibre en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señora presidenta, creo que hay unas enmiendas de Eusko Alkartasuna que me proponía dar por defendidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No me constan, pero discúlpeme un segundo.
La señora BARKOS BERRUEZO: Para que conste en el 'Diario de Sesiones' son las números 686, 687 y 688, si la comunicación que tengo es correcta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Nos constaban como defendidas. ¿Era simplemente para eso?
La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, era para darlas por defendidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien. (El señor Puig Cordón pide la palabra.)
Señor Puig, también las dio su portavoz por defendidas anteriormente, pero si quiere intervenir no hay ningún problema. ¿Quiere intervenir para darlas por defendidas de nuevo? (Pausa.)
El señor PUIG CORDÓN: Me gustaría defenderlas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Los servicios de la Cámara me habían pasado nota de que anteriormente las habían dado por defendidas. Comenzaremos por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo mantiene vivas en este apartado diferentes enmiendas que voy a comentar. Algunas hacen referencia al fomento de actividades productivas como pueden ser las números 167, 168, 187 y 193 que versan sobre la promoción de diversos
sectores productivos. Creemos que estas enmiendas mejorarían la capacidad productiva. También hemos presentado la enmienda número 165, que alude a la territorialización del 0,7 por ciento. En Comisión se aprobó una enmienda que propone aumentar
del 0,52 a 0,7 por ciento. Esta que queda pendiente y que mantenemos viva pretende territorializar parte del 0,7 para las organizaciones no gubernamentales.
Tenemos una serie de enmiendas adicionales que hacer referencia a las pensiones: a la mejora de las pensiones no contributivas y a la mejora de diferentes tipos de pensiones que también mantenemos vivas. Asimismo, una enmienda que tiene
importancia para el mundo local y para los ayuntamientos es la número 177, que persigue que todos los terrenos de la Guardia Civil, del Ministerio de Defensa, que están en desuso y que van a venderse vayan directamente a los ayuntamientos y que sea
en ese caso el Estado el que financie los ingresos que perciben los ministerios de Defensa e Interior por la enajenación de terrenos en desuso. La mejor fórmula para la recuperación por los ayuntamientos de esos terrenos que ahora quedan en desuso
es su devolución a los ayuntamientos para que los destinen a equipamientos o a viviendas de protección oficial. Otra enmienda importante habla de la reducción del IVA para las instalaciones deportivas de sociedades o clubes sin ánimo de lucro. La
enmienda número 183 pretende igualar los funcionarios con residencia en las Islas Baleares. Otra enmienda dirigida al mundo local que encontramos interesante es la número 195, que trata de la bonificación que actualmente tienen las autopistas por
el IBI. Aportamos una solución para aquellos ayuntamientos que no pueden cobrar ese impuesto por la exención que tienen las autopistas. La enmienda número 207 clarifica lo que son los municipios turísticos. Otra enmienda que queríamos destacar es
la número 214, que pretende garantizar las inversiones de desarrollo rural en el periodo 2007-2013. En estos momentos entendemos que, tal como está, se produce una situación discriminatoria en algunas comunidades autónomas, en este caso en la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Es una enmienda que el sindicato Unió de Pagesos ha presentado porque entiende que se está produciendo una situación de discriminación hacia la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por ello, nosotros la mantenemos viva.
Tenemos tres enmiendas que hacen referencia a las garantías concursales; son las enmiendas números 211, 212 y 213. También quisiera destacar la enmienda número 186, que hace referencia a las garantías para el pluralismo de las otras
lenguas del Estado en Radiotelevisión Española, es decir, garantizar aquello que tendría
Disposiciones finales, transitorias y anexos
que estar garantizado, que es el uso de otras lenguas en el grupo Radiotelevisión Española, que con dinero público también se fomenten las lenguas distintas al castellano.
Voy a terminar con tres enmiendas que pretenden clarificar aquello que tanto se discute sobre el dinero público y el uso que se hace en el presupuesto. Me refiero concretamente a la enmienda 194, que propone la publicación definitiva de las
balanzas fiscales como un objetivo de normalización habitual cada año; tendría que ser una obligación para el Gobierno. Así evitaríamos debates estériles sobre discriminación o no en las diferentes comunidades autónomas. La enmienda 182, que se
refiere a la creación de una oficina de control y gestión presupuestario, y la enmienda 185, que es importante para que los ciudadanos se crean el presupuesto que aprobamos en esta Cámara y que quiere añadir la cláusula de garantía presupuestaria.
Demasiadas veces, con diferentes gobiernos, haya gobernado quien haya gobernado, los porcentajes de ejecución presupuestaria son difíciles de entender. A veces llegamos a la conclusión de que cada cuatro años, por cláusula de ejecución
presupuestaria, le sale gratis al Gobierno un presupuesto. En esta enmienda decimos que aquello que no se ejecute sea transferido en inversiones a las comunidades autónomas respectivas. Sería una manera de dar cumplimiento a una ejecución
presupuestaria, de no perdernos y no llegar a las cifras establecidas.
Las demás enmiendas las doy por defendidas. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Ahora sí, señor Sánchez i Llibre, es su turno. Le reitero las disculpas por haberle llamado antes cuando no era el turno de Convergència i Unió.
Adelante.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado bastantes enmiendas a las disposiciones adicionales, finales y anexos de estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 y en este trámite voy a defender las más
relevantes. Entre ellas figuran algunas enmiendas que ya son habituales por parte de nuestro grupo en este debate presupuestario al articulado, como es aquella que se refiere a la posibilidad de incrementar todas aquellas prestaciones por hijo a
cargo y aumentar el límite de ingresos que posibilita la percepción de estas ayudas, al objeto de poder ampliar el número de familias que pueden acceder a ellas. Básicamente hablamos del incremento del límite de ingresos para la percepción, ya que
en estos momentos, en las circunstancias actuales, las familias que tienen posibilidad de ingresar las prestaciones correspondientes a la Seguridad Social no pueden hacerlo porque la mayor parte de esas familias están por encima de estos límites.
Hay otra enmienda que también consideramos muy relevante, que es la 2819, y que llevamos bastantes años presentándola. Se trata de poder territorializar todas aquellas asignaciones sujetas a fines sociales, es decir, que se territorialice para
todas las comunidades autónomas el 0,52 por ciento. Una vez resuelto el sistema de financiación de la iglesia -el Gobierno socialista lo hizo brillantemente y nosotros estuvimos de acuerdo, le felicitamos en su momento por haber llegado a un
acuerdo para todos aquellos aspectos que se refieren a la financiación de la iglesia-, entendemos que ya ha llegado el momento de territorializar el 0,52 por ciento, para que a todas aquellas asociaciones que, sin ser de ámbito estatal, se les
asigne a través de los gobiernos autonómicos correspondientes. Esta es una cuestión con la que sabemos que el Gobierno está de acuerdo, está de acuerdo Economía y Trabajo está de acuerdo pero quizás quiera hacerlo directamente. A nosotros nos
parece que lo ideal sería hacerlo en este trámite parlamentario, ya que llevamos muchísimos años -repito- planteándolo en los debates presupuestarios, en el debate del articulado, y también lo hemos hecho en el reciente debate de la reforma fiscal.
Ahora sería el momento procesal oportuno para poder llegar a un acuerdo de esta envergadura.
Tenemos también la enmienda número 2826, que es una enmienda recurrente; entendemos que es el momento oportuno para su aprobación. Se trataría de una disposición adicional nueva por la cual el Gobierno procediera a publicar en el año 2007,
una vez aprobada la metodología común para determinar los flujos financieros anuales entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración General del Estado, teniendo en cuenta en este caso la máxima territorialización posible de ingresos
y gastos, las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado correspondientes al último ejercicio liquidado. Es un debate que hemos tenido en muchísimas ocasiones en esta Cámara, la posibilidad de publicar
las balanzas fiscales. No tiene sentido, señorías, que en un momento en que nuestro país está integrado perfectamente en la Unión Europea y que se conocen cuáles son los flujos de todos los países con la Unión Europea, aquí no se puedan conocer de
una vez por todas cuáles son los flujos y cuáles son los saldos de las balanzas fiscales entre las diferentes comunidades con la Administración General del Estado. Ha habido un grupo de trabajo que ha aprobado la metodología, ahora ya existe una
metodología aprobada, por lo que entendemos que es ahora el momento en que el Gobierno puede proceder a su publicación.
Otra enmienda que nosotros consideramos relevante, y que es de justicia que pudiera ser aprobada en este trámite parlamentario, es la número 2832; decimos que en los primeros tres meses del año 2007 el Gobierno pueda proceder a concluir los
expedientes de cesión de la propiedad del patrimonio proveniente de la extinguida Federación de Agricultores Arroceros a las cooperativas arroceras del Delta del Ebro, transfiriéndoles la propiedad
de los correspondientes inmuebles. Esta es una situación que viene arrastrándose bastantes años. Ya hay una aprobación del Gobierno para proceder a la transferencia de estos inmuebles a dichas cooperativas arroceras, pero, como suele pasar
cuando el Estado se ha de desprender de algunos inmuebles y ha de transferirlos a los verdaderos propietarios a los que les fueron confiscados en su momento, hay trámites burocráticos que son imposibles de resolver. Nosotros entendemos que ha
llegado el momento, a través de esta disposición que nosotros planteamos, de que de una vez por todas, ya que se ha procedido a todos los trámites burocráticos y al depósito de los avales correspondientes, se transfieran dichos patrimonios de la
Federación de Agricultores Arroceros a las cooperativas arroceras del Delta del Ebro. También hay otra enmienda que nosotros consideramos relevante, que es la número 2838; va en la dirección de mantener la financiación de los programas del
desarrollo rural para los años 2007-2013. Decimos que la Administración General del Estado garantice la financiación de los programas de desarrollo rural para los años 2007 a 2013 con una financiación mínima que permita mantener para cada ejercicio
el montante global del programa en el ejercicio del año 2006, actualizado con la media del IPC de los últimos tres años. Es una cuestión con la que estamos de acuerdo prácticamente todas las formaciones políticas y entendemos que ahora sería el
momento procesal oportuno para proceder a su aprobación definitiva.
Está asimismo la enmienda número 2841, que está vinculada al nuevo Estatuto de Cataluña aprobado recientemente en esta Cámara, que también está publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Generalitat de
Catalunya, y que se refiere a la transferencia a la Generalitat de la gestión de cercanías de Renfe. Planteamos la posibilidad de que en los próximos tres o seis meses pueda existir ya un acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat, que va a
constituirse próximamente, y el Gobierno central para que se produzca la transferencia de las cercanías de Renfe a la Generalitat de Catalunya. Hay otras dos enmiendas que consideramos también muy importantes, las números 2845 y 2846, en las que
mandatamos al Gobierno para que se pueda crear un consorcio, el consorcio aeroportuario de El Prat, con una participación decisiva de la Generalitat de Catalunya y del resto de instituciones públicas y privadas, así como la desclasificación de los
aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell. Pensamos que no va a existir ningún problema importante para que esta cuestión sea aprobada, ya que en la constitución del nuevo Gobierno de l'Entesa en Cataluña ha habido una actuación autónoma del Partido
Socialista de Cataluña respecto al Partido Socialista Obrero Español; entendemos que en este caso no van a existir discrepancias y que podrán aprobar esta enmienda. Si no va en esta dirección, vamos a explicar que en algunas ocasiones el Partido
Socialista Obrero Español y el PSC son una misma cosa y, cuando les interesa, son cosas diferentes.
En las disposiciones adicionales, hay algunas enmiendas, y ya lo ha explicado el señor Vilajoana en su intervención, que van orientadas a incrementar las bases reguladoras del 52 al 60 por ciento para el cálculo de las pensiones de viudedad,
porque entendemos, señorías, que todavía hoy, a pesar de los incrementos que se han ido produciendo en estos dos últimos años, hay viudas y viudos en España que con sus prestaciones no pueden llegar con facilidad a final de mes. Finalmente, hay
algunas cuestiones que hacen referencia a las bonificaciones de las compañías de las sociedades anónimas que realizan actividades exportadoras. Existe un acuerdo con el Partido Socialista por el que, en todas aquellas cuestiones relativas a las
actividades relacionadas con la Unión Europea, estas desgravaciones podrían desaparecer en los próximos cinco años, pero no es menos cierto también, señorías, que todas aquellas compañías españolas que tienen orientadas sus actividades exportadoras
en Latinoamérica a través de este nuevo régimen societario aprobado conjuntamente entre Convergencia i Unió y el Partido Socialista van a quedar muy desfavorecidas. Existen conversaciones con el Ejecutivo, con el Grupo Parlamentario Socialista,
para buscarles una solución en este trámite o en el trámite que tendrá lugar a continuación en el Senado.
Señorías, señora presidenta, estas son las enmiendas más relevantes que nuestro grupo parlamentario ha presentado en este trámite en el Congreso de los Diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Finalmente, tiene enmiendas el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será el señor Delgado quien las defienda en su nombre. Como recordarán, señorías, nos referimos a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, que estamos
tratando conjuntamente en este turno.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular procedo a defender nuestras enmiendas a las disposiciones adicionales nuevas -un total de 86-, a las disposiciones transitorias, a las
disposiciones finales y a los anexos. Referirnos a todas es imposible, lo haremos de una manera concreta a algunas de ellas, en especial a la enmienda número 849, una disposición adicional nueva por la que se autoriza al Gobierno de la nación para
formalizar con el Gobierno de Navarra, al amparo de lo dispuesto en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y Navarra, un acuerdo de colaboración en cuya virtud la Comunidad Foral de Navarra,
por delegación del Ministerio de Fomento, ejecutaría en su territorio las obras del tren de alta velocidad Zaragoza-Pamplona-Guipúzcoa, deduciendo de su aportación a las cargas generales del Estado las cantidades que anualmente correspondan hasta la
total finalización de las inversiones
programadas. Es una enmienda que tiene todo el sentido y que nosotros defendemos con mucho interés.
Otra enmienda importante es la enmienda sobre la dependencia. Queremos que el Gobierno cree en el plazo de tres meses un fondo de atención a las personas dependientes, dotado con 600 millones de euros, fondo que tendrá que destinarse a
financiar políticas de dependencia con las comunidades autónomas con criterios de reparto objetivos. Otra enmienda se refiere al Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, pidiendo al Gobierno que incremente la dotación presupuestaria en 400
millones de euros, para que así se pueda garantizar la solidaridad interterritorial, evitando desigualdades dentro del Sistema Nacional de Salud. Otra enmienda importante en materia sanitaria, en consonancia con las recomendaciones de la Unión
Europea y de la Organización Mundial de la Salud, es la enmienda número 878, que pide que se desarrolle un plan nacional de prevención que adopte medidas ejecutivas necesarias para afrontar en nuestro país los efectos de una posible pandemia de
gripe aviar y que estaría dotado con 250 millones de euros. Y otra enmienda relevante es la 885, que pide al Gobierno que, a la hora de redactar la orden ministerial que regule las bases para las concesiones de subvenciones a asociaciones,
fundaciones y entidades e instituciones que se ocupan de la atención a las víctimas del terrorismo, se tengan en cuenta, como criterios de valoración, además de los ya establecidos, el número de miembros de que conste dicha asociación, fundación,
entidad o institución, que es algo importante y que hoy no se está teniendo en cuenta.
Señorías, dos temas importantes contemplan estas enmiendas. En primer lugar la problemática de los incendios forestales. Este año 2006, el mes de agosto, ha sido un año terrible desde el punto de vista de incendios forestales en España y
es importante por tanto dar una respuesta desde las Cortes Generales mediante créditos presupuestarios realmente efectivos. Así, pedimos en la enmienda 854 la creación de un centro nacional de coordinación de emergencias adscrito al Ministerio de
Presidencia, habilitando a estos efectos una dotación inicial de dos millones de euros. Es necesario coordinar la respuesta rápida y eficaz y no estar dudando sobre quién tiene o no las competencias. Primero hay que atajar los problemas, después
hay que intentar repartir responsabilidades. Otra enmienda se refiere a la creación de un fondo adicional para compensar a las entidades locales y consorcios por los daños materiales que se producen como consecuencia de su participación en la
extinción de los incendios forestales y que les provoca unos importantes gastos que deben ser ayudados a compensar desde el Estado. Y finalmente, señorías, y referido a la Comunidad Autónoma de Galicia, que fue asolada en el verano por terribles
incendios forestales, no podemos contentarnos con la mísera cantidad de 20 millones de euros que se aprobó mediante un real decreto que se convalidó en esta Cámara. Nosotros reivindicamos un plan de Galicia verde dotado con 150 millones de euros,
que contempla actuaciones y medidas importantes para restaurar medioambiental y forestalmente los terrenos incendiados, para orientar recursos para el aprovechamiento de la biomasa forestal, para introducir medidas que impulsen la consolidación de
las masas naturales de frondosas, para adoptar efectivamente medidas que corrijan los impactos de los incendios en las cuencas y en el litoral; dinero también para potenciar la cadena multiindustria y para rentabilizar los recursos forestales.
Señorías, el tema de los incendios forestales es un tema gravísimo y no se puede, repito, tratar con míseras consignaciones presupuestarias como las que vemos en este proyecto de ley.
Y, señorías, permítanme que les diga que en el momento en que estamos hablando hoy se cumplen cuatro años del trágico accidente del Prestige.
El día 13 de noviembre de 2002 el buque petrolero monocasco griego Prestige se accidentó en las
proximidades de la Costa da Morte con 78.000 toneladas de fuel, se hundió seis días después y originó la más grave e importante catástrofe medioambiental padecida por España. La respuesta vino por un plan coordinado entre la Xunta de Galicia y la
Administración central por importe de 14.122 millones de euros, de los cuales 12.500 correspondían al Gobierno central. Esto no se plasmó en un acuerdo verbal; se plasmó en un acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de enero de 2003, que aprobó el
Plan Galicia como un instrumento para paliar las consecuencias sociales y económicas del Prestige e impulsar el relanzamiento de aquella comunidad autónoma. Pues bien, desde que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero llegó al poder este Plan
Galicia ha sido ninguneado o ignorado, muchas veces descalificado y sistemáticamente rebajado, desde el punto de vista presupuestario. En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 se consignan unas cifras que están muy lejos
de los 1.370 millones de euros que deberían consignarse; faltan ni más ni menos que 565 millones de euros para infraestructuras y también faltan consignaciones para actuaciones de regeneración medioambiental. Nuestro grupo parlamentario se toma
muy en serio el cumplimiento de este plan de Estado, no plan de Gobierno, un plan por el que luchó tanto el presidente de nuestro grupo parlamentario, Mariano Rajoy. Por ello hemos presentado la enmienda 911, una disposición adicional nueva que
pretende que el Gobierno cumpla los compromisos del Plan Galicia, que los cumpla en su integridad y la integridad son los términos de la moción aprobada aquí, por unanimidad, el 22 de junio de 2004, y por tanto que lo dote presupuestariamente con
670 millones de euros más, 565 para infraestructuras, para que así se puedan cumplir los plazos comprometidos, para que así el tramo fundamental de conexión de Galicia con la meseta, Lubián-Ourense, tenga una consignación realmente efectiva y
razonable; y que consigne también 105 millones de euros para medio ambiente, para actuaciones de regeneración medioambiental, para el Plan de contingencias por contaminación marina y para
el parque de las islas Atlánticas. Los hechos evidencian que todavía las consecuencias medioambientales del Prestige se dejan sentir y, si antes hubo en esta Cámara tanto interés y tanta reivindicación para que eso pudiera ser superado,
debemos trasladarlo a los Presupuestos Generales del Estado para que de una manera efectiva pueda llegar a hacerse realidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el señor Martínez-Pujalte, en los dos minutos y medio que le restan a su grupo.
Adelante, señor Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, mi grupo quiere completar la intervención del señor Delgado hablando solo de un tema, de Fórum y Afinsa. Han pasado casi seis meses desde la intervención de Fórum y Afinsa, ningún
afectado ha cobrado nada y seguro que el Grupo Parlamentario Socialista está concienciado de la promesa que les hizo a los afectados el señor Moraleda ese mismo día, diciéndoles que no se iba a olvidar de ellos. Esa promesa se ha concretado en
nada, absolutamente en nada. Hoy, los afectados están peor que entonces porque encima la empresa, con la forma en que se ejecutó la intervención, quedó absolutamente paralizada y por tanto en una situación que impedía el desarrollo y que ponía a
los afectados ante la imposibilidad de cobrar nada. Los afectados se están movilizando, como saben todos los diputados y diputadas de esta Cámara, y están pidiéndonos que hagamos algo por ellos. No serán ellos los culpables de ningún tipo de
situación, no serán ellos los culpables de que los GEO entraran una mañana. ¿Qué pasaría en cualquier institución financiera si los GEO entrasen? ¿Cuál sería el crédito para seguir el negocio? Por eso, en tres enmiendas nosotros pedimos tres
asuntos concretos: primero, en la número 840 pedimos que se cree un fondo para hacer frente a las deudas de los afectados, con las características que entienda el Gobierno que deba tener. Se han creado ya fondos a posteriori por decisión de este
Parlamento, por ejemplo el fondo que se creó para dar solución al problema de los afectados por ABA en Aragón. Y pedimos que se cree ese fondo, que sea el Gobierno el que lo regule y que ponga las condiciones, igual que tienen otros fondos,
condiciones similares, para dar respuesta a los afectados. Segundo, en otra disposición adicional, enmienda 843, pedimos que se cumpla lo que prometió el señor Vegara, secretario de Estado de Economía, crear una línea de crédito del ICO para que
los afectados puedan acogerse a ella; lo prometió el señor Vegara públicamente y pedimos que se cumpla lo que se promete públicamente, simplemente pedimos eso. En tercer lugar, en la enmienda 881 -y con eso concluyo- pedimos que se desarrolle
reglamentariamente la disposición adicional. Se debía haber hecho por el Gobierno socialista, el Gobierno socialista no lo ha hecho y ha echado la culpa a las comunidades autónomas. Dice que son las comunidades autónomas las que deberían haber
desarrollado la disposición adicional. ¿Lo hicieron mal todas las comunidades autónomas? ¿Lo hicieron mal 17 comunidades autónomas y ninguna desarrolló la disposición adicional? ¿Incluso la comunidad catalana, con el tripartito, lo hizo mal? ¿La
comunidad de Andalucía, que todo lo hace bien, lo hizo mal también? Las comunidades autónomas no lo desarrollaron porque era competencia de la ministra de Sanidad y Consumo. Y nosotros pedimos que se haga lo que no se ha hecho para evitar
situaciones similares.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pujalte.
Gracias también, señor Delgado. Señor Azpiazu, ¿desea usted intervenir en fijación de posiciones? (Pausa.) Entiendo que no. Finalizamos, señorías, con el turno del
Grupo Parlamentario Socialista y será el señor Torres quien tome en su nombre la palabra en este turno final de fijación de posición sobre las disposiciones adicionales, transitorias y anexos.
Adelante, señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante un capítulo, como hemos visto, muy extenso y diverso y por tanto yo voy simplemente a contestar, y digo contestar en el sentido de que nuestra posición es el rechazo a algunas de las enmiendas que se han planteado.
Comenzando por la última, y porque no quiero dejarlo pasar, todos sabemos quién mandó a Sanidad y Consumo la competencia de control de este tipo de empresas que se dedicaban a bienes tangibles. Todos sabemos quién defendió esa posición y
quién hizo la intervención. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Usted, usted mismo lo dice.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Pujalte, ha intervenido usted en silencio sepulcral. Le solicito, por favor, el mismo respeto para el señor Torres; me parece lo mínimo.
El señor TORRES BALAGUER: Está claro que la regulación pudo no ser la mejor en aquel momento, pero desde luego las palabras que hemos oído aquí no son, ni muchísimo menos, exactas; son más bien tendenciosas, al trasladar una
responsabilidad a este Gobierno de esa regulación que no tiene, como el señor Pujalte sabe perfectamente.
El Gobierno está comprometido en ayudar a los afectados y tiene que respetar los procedimientos judiciales, al igual que usted sabe, señor Pujalte, cómo se constituye un fondo y sabe perfectamente que técnicamente es imposible constituirlo
porque no hay ingresos recurrentes para poder constituirlo. Otra cosa es otro tipo de ayudas, de las que podríamos discutir y estoy seguro de que en los próximos días lo haremos.
Por tanto, un
brindis al sol, porque están preocupados manifestándose, también el Partido Socialista y el Grupo Socialista está preocupado por esta gente, pero desde luego lo que usted ha hecho aquí esta tarde es aprovechar, a mi juicio, partidariamente
la situación de debilidad y de angustia que están viviendo justamente estos días.
Muy rápidamente me refiero a alguna de las cosas que se han dicho.
Respecto al 0,7, sabemos todos que está trabajándose el tema de la territorialización. Sus señorías saben que estamos trabajando en un informe acordado con el Consejo
Estatal de organizaciones no gubernamentales, porque todos tenemos en la cabeza que este tema no es sencillo, que puede tener problemas incluso de constitucionalidad y que realmente lo que hay que hacer es hacerlo bien. La voluntad política está y
en estos momentos se trata de encontrar una estructura técnica de esa distribución que permita atender a las necesidades de los territorios, pero no olvidarse por otra parte de la vertiente estatal, que es imprescindible en alguna de estas
actividades. Se está trabajando, se va a llegar seguro a un acuerdo, pero en estos momentos no se está en condiciones de tenerlo perfilado.
Respecto a la dependencia, hay una serie de enmiendas, de las que se ha hablado aquí, para ampliar los fondos dedicados a la dependencia. Sus señorías saben que ahora mismo la ley que hemos aprobado recientemente en el Congreso, en
tramitación en el Senado, recoge, igual que los presupuestos, 400 millones de euros, que supone una cantidad adecuada para poner en marcha el calendario de aplicación de la misma. Por tanto, no parece conveniente incrementar estos fondos, que
tendrían, insisto, una dificultad de articularse en la puesta en marcha. El Grupo Socialista ha demostrado sobradamente cuál es su preocupación al respecto y ha sido el que lo ha impulsado. Nosotros hemos propuesto una enmienda, junto con
Izquierda Unida, también de índole de complemento, de 350 euros para pensionistas con pensiones no contributivas que no tienen vivienda en propiedad y necesitan hacer frente al alquiler de la misma. Por tanto, vamos a rechazar estas enmiendas
porque, insistimos, creemos que en el tiempo no se sostienen. Hay una enmienda también del Grupo Popular muy curiosa sobre el aumento de los umbrales para las becas hasta un 10 por ciento, defendida ya en Comisión. Ya les hemos dicho que nuestro
grupo parlamentario ha sido el que ha venido elevando los umbrales de las becas en los últimos años por un importe superior al 10 por ciento. Por tanto, ni lo hizo cuando gobernaba el Partido Popular ni ahora lo puede hacer, porque nosotros lo
estamos haciendo.
Una cuestión que ha planteado Esquerra Republicana ha sido su interés por impulsar los planes especiales sectoriales. Está claro que junto con el Partido Socialista se acordó en su momento el plan del textil y se impulsó en los presupuestos
del año 2005. Está claro que está pendiente impulsar otros sectores, como el del calzado, pero hay que tener en cuenta que para que haya un plan consensuado éste tiene que estar perfectamente validado por las organizaciones empresariales y también
sindicales, lo que en estos momentos no es posible. Por tanto, el compromiso del Gobierno existe -lo dijo el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación-, pero trasladarlo a un plan que esté totalmente atado a los presupuestos
no es posible en estos momentos.
También se ha hablado de una enmienda del Grupo Popular para prevenir una pandemia de gripe aviar. Aquí, como SS.SS. saben, hay ya un trabajo realizado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con las
recomendaciones de la Unión Europea y consensuado con las comunidades autónomas, que han puesto en marcha un plan importantísimo sobre el que no hace falta que yo dé los datos. Por tanto, estamos trabajando sobradamente para que se venga a
corregir, quizá con buena voluntad, pero seguramente habría que ver el plan que está en marcha para que SS.SS. se quedaran tranquilos de que estamos haciendo todo lo que se puede hacer.
Respecto a la pretendida creación de un centro de emergencia en relación con los incendios, todos estamos preocupados por esta cuestión, pero entendemos que sería una duplicidad innecesaria. Sus señorías conocen que ya existe la Unidad
Militar de Emergencias, la Comisión interministerial de coordinación para la prevención y lucha contra incendios forestales, creada el pasado año 2005, y la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Entendemos que sería innecesario
aumentar más comisiones y comités y, en todo caso, se debería precisar o matizar el funcionamiento de alguno de ellos si se cree que se tiene que aumentar.
Respecto a lo que ha dicho el señor Delgado sobre el Plan Galicia, me asombra porque los datos que hemos manejado siempre en estos presupuestos es de un aumento mucho mayor que incluso el que él pretendía. Es así, en estos momentos la
inversión en Galicia ha aumentado espectacularmente.
Estamos hablando en estos presupuestos de más de 1.700 millones de euros.
Si hablamos de zonas desfavorecidas concretas, por ejemplo, una provincia que usted conoce mucho, Orense, podemos hablar
de 95 millones de euros que había en la etapa del Partido Popular frente a 280 millones de euros en esta etapa, en estos presupuestos. Por tanto, es absolutamente retórico decir que el Gobierno no se implica con Galicia, porque da la impresión de
que el olvido venía de otras épocas, al menos con números en mano. Por tanto, esté tranquilo, ya está presupuestado, no hay que sofocarse sino mirar cómo se han consignado y encontrar los fondos, porque están en los presupuestos, y además Galicia
ha sido prioritaria.
En desarrollo rural pasa exactamente lo mismo. Tengo que decirle a Convergència i Unió -también hay algunas enmiendas del Grupo Popular- que no disminuyen los fondos para el desarrollo rural en el ejercicio 2007, más bien al contrario. Las
partidas consignadas ascienden a 1.132 millones de euros, un 13,5 por ciento. Estas enmiendas son innecesarias o al menos no están contrastadas con lo que hemos venido predicando con el ejemplo de consignación en los presupuestos.
También hay algunas enmiendas sobre cesión de inmuebles que creo que no son justas porque el Estado está haciendo un gran esfuerzo para ceder inmuebles. El Ministerio de Economía ha hecho durante todo el ejercicio múltiples convenios con
los ayuntamientos con una gran aceptación y creo que se puede continuar haciéndolo. Hacerlo, como se ha planteado en esta Cámara, de manera indiscriminada solo llevaría a la poca eficiencia de estos recursos públicos.
Para acabar, me parece absolutamente sorprendente el comentario sobre la inmigración ya que el Fondo a la migración lleva una ampliación sustancial, pasa de 160 a 250 millones de euros, un 22 por ciento, y además la aceptación de nuevas
enmiendas puede suponer una ampliación adicional de 40 millones de euros. Este Gobierno está comprometido en todos los recursos que sean necesarios para que los inmigrantes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan estos recursos
perfectamente reflejados en el presupuesto, y lo están. Por tanto, las enmiendas son innecesarias. No se trata de que el Grupo Parlamentario Socialista sea autosuficiente, ni muchísimo menos, en lo que ha planteado esta Cámara, pero tampoco puede
admitir enmiendas que pongan en cuestión unos buenos presupuestos para todas estas áreas que han sido consensuados en la mayor parte de los casos, como se podrá comprobar por el apoyo mayoritario que van a tener de los grupos de esta Cámara, por lo
que entiendo que esas enmiendas deben rechazarse. Sin embargo, hay unas enmiendas muy interesantes, de tipo social, adicionales, como el Fondo de alimentos cuando hay impago en el caso de separación o la ayuda al alquiler que acabo de reseñar y
muchas más que suponen ir paso a paso hacia lo único que al Grupo Parlamentario Socialista le importa, que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.
Señorías, finalizado el debate de los títulos previstos para el día de hoy, suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve horas. Les recuerdo que tendremos votaciones a las 13 y a las 20 horas. Muchas gracias.
Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.