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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 210, de 02/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 210
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 194
celebrada el jueves, 2 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
A, número 80-1, de 17 de marzo de 2006. (Número de expediente 121/000080.) ... (Página 10521)
-Proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 81-1, de 24 de marzo de 2006.
(Corrección de error en 'BOCG', serie A, número 81-5, de 27 de abril de 2006). (Número de
expediente 121/000081.) ... (Página 10528)
-Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 82-1, de 31 de marzo de 2006. (Número de expediente 121/000082.) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 94-1, de 8 de septiembre de 2006.
(Número de expediente 121/000094.) ... (Página 10540)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10564)
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 10564)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Albania sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Tirana el 6 de febrero de 2006.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 265, de 23 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000153.) ... (Página 10566)
-Convenio entre España y Rumanía sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 30 de marzo de 2006. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 266, de 23 de junio de 2006.
(Número de expediente
110/000154.) ... (Página 10566)
-Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 22
de diciembre de 2003 y de la Declaración que España va a formular. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 267, de 23 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000155.) ...
(Página 10566)
-Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)-Galileo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la República Popular de China, hecho en Pekín el 30 de octubre de 2003.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 270, de 30 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000156.) ... (Página 10566)
-Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Tayikistán, por otra, hecho en Luxemburgo el 11 de octubre de 2004.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 271, de 30 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000157.) ...
(Página 10566)
-Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 28 de abril de 2004, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados a ATHENA, hecha en Bruselas el 28 de abril de 2004. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 272, de 30 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000158.) ... (Página 10566)
-Protocolo sobre los restos explosivos de guerra, adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo
V), hecho en Ginebra el 28 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 281, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000159.) ...
(Página 10566)
-Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, hecho en Ginebra el 27 de junio de 1989. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 282, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000160.) ...
-Acuerdo de Seguridad para la protección de la información clasificada entre el Reino de España y la República de Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 283, de 11 de
septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000161.) ...
(Página 10566)
-Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria para la protección mutua y el intercambio de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de septiembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 284, de 11 de
septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000162.) ... (Página 10566)
-Convenio entre el Reino de España y Malasia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 24 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 285,
de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000163.) ... (Página 10567)
-Acuerdo entre el Reino de España y la UNESCO relativo a la VI Reunión del Órgano Consultivo de Expertos en Derecho del Mar (IOC/ABE-LOS VI) en Málaga del 3 al 7 de abril de 2006, hecho en París el 30 de marzo de 2006. 'BOCG. Sección
Cortes Generales', serie A, número 286, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000164.) ... (Página 10567)
-Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Moldavia, hecho en Chisinau el 11 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 287, de 11 de septiembre de
2006. (Número de expediente 110/000165.) ...
(Página 10567)
-Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la consulta de expertos en incendios forestales, hecho en Roma el 8 de mayo de
2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 288, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000166.) ... (Página 10567)
-Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la primera reunión del órgano rector del Tratado Internacional sobre los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (Madrid 12 al 16 de junio); hecho en Roma el 25 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 289, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000167.)
... (Página 10567)
-Acuerdo de país anfitrión entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la organización de la 'Mesa Redonda Ministerial de Madrid para los países de África Occidental y Central sobre marco jurídico de la lucha contra el terrorismo;
hecho en Viena el 18 de mayo de 2006. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 290, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000168.) ... (Página 10567)
-Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, hecho en Nueva York el 13 de abril de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 291, de 11 de septiembre de 2006.
(Número de expediente
110/000169.) ... (Página 10567)
-Extensión de la Declaración de ciertos Gobiernos europeos relativa a la fase de producción de los Lanzadores ARIANE, hecho en Berlín el 6 de diciembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 292, de 11 de septiembre de
2006. (Número de expediente 110/000170.) ...
(Página 10567)
-Convenio de Cooperación Jurídica y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Brasilia el 22 de mayo de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 293, de 11 de
septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000171.) ... (Página 10567)
-Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría General del SICA, relativo al establecimiento de la Agencia de promoción turística de Centroamérica en España, hecho en Madrid el 31 de marzo de 2006. 'BOCG.
Sección Cortes Generales',
serie A, número 294, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000172.) ... (Página 10567)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 10567)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 246-1, de 12 de mayo de 2006.
(Número de expediente 127/000004.) ... (Página 10568)
SUMARIO
Jueves, 2 de noviembre de 2006
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 10521)
Proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio ... (Página
10521)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig
Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal ...
(Página 10528)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig
Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Castillejo Hernández, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte ... (Página 10535)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Jiménez Pérez, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo), en nombre del Gobierno.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10540)
Proyecto de ley del estatuto básico del empleado público ... (Página 10540)
El señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) presenta el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público. Inicia su intervención recordando que hace casi 180 años don Luis López Ballesteros, también ministro,
presentó en la misma tribuna un proyecto de estatuto del empleado público que representó el primer intento moderno de ordenar la Función pública española. El estatuto que hoy se presenta es el más moderno intento para resolver los problemas que se
vienen arrastrando en las administraciones públicas y una aspiración aún no resuelta en la historia de nuestra democracia.
Resalta que este estatuto tiene dos características esenciales: que es la primera vez que se desarrolla por ley el acceso a la Función pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y que también es la primera vez que se
recoge en un único texto articulado una completa regulación de los empleados públicos y de sus características intrínsecas que los hacen diferentes de los empleados del sector privado.
La finalidad principal de la ley del estatuto básico del empleado público consiste en adecuar el empleo público que tenemos a la realidad actual y a las necesidades inmediatas de nuestro país, lo que implica reconsiderar las cualidades que
han de tener los empleados públicos para promover las que procuran una perspectiva enfocada hacia la gestión, una actitud favorable hacia la formación continua, una capacidad de adaptación a entornos cada vez más cambiantes y una actitud de
responsabilidad ante los resultados de la labor individual y colectiva.
Pasa a pormenorizar las líneas esenciales del estatuto y finaliza agradeciendo a los distintos grupos parlamentarios la voluntad y el esfuerzo en la búsqueda de consenso, deseando aunar esfuerzos para mejorar las administraciones públicas.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas, intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Padilla Carballada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro de Administraciones Públicas.
La Presidencia informa de la retirada de la enmienda a la totalidad presentada por el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de réplica intervienen los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro de Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor ministro de Administraciones Públicas.
Replica la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds .
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10564)
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 10564)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el
patrimonio.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.
Sometida a votación la enmienda del Senado al proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, se aprueba por 301 votos a favor y siete abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página 10566)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Albania sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Tirana el 6 de febrero de 2006 ...
Convenio entre España y Rumanía sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 30 de marzo de 2006 ...
(Página 10566)
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 22
de diciembre de 2003 y de la Declaración que España va a formular ... (Página 10566)
Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)-Galileo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la República Popular de China, hecho en Pekín el 30 de octubre de 2003 ...
Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Tayikistán, por otra, hecho en Luxemburgo el 11 de octubre de 2004 ...
Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 28 de abril de 2004, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados a ATHENA, hecha en Bruselas el 28 de abril de 2004 ...
Protocolo sobre los restos explosivos de guerra, adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo
V), hecho en Ginebra el 28 de noviembre de 2003 ... (Página 10566)
Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, hecho en Ginebra el 27 de junio de 1989 ... (Página 10566)
Acuerdo de Seguridad para la protección de la información clasificada entre el Reino de España y la República de Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2005 ... (Página 10566)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria para la protección mutua y el intercambio de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de septiembre de 2005 ... (Página 10566)
Convenio entre el Reino de España y Malasia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 24 de mayo de 2006 ... (Página 10567)
Acuerdo entre el Reino de España y la UNESCO relativo a la VI Reunión del Órgano Consultivo de Expertos en Derecho del Mar (IOC/ABE-LOS VI) en Málaga del 3 al 7 de abril de 2006, hecho en París el 30 de marzo de 2006 ...
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Moldavia, hecho en Chisinau el 11 de mayo de 2006 ... (Página 10567)
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la consulta de expertos en incendios forestales, hecho en Roma el 8 de mayo de
2006 ... (Página 10567)
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la primera reunión del órgano rector del Tratado Internacional sobre los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (Madrid 12 al 16 de junio), hecho en Roma el 25 de mayo de 2006 ... (Página 10567)
Acuerdo de país anfitrión entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la organización de la 'Mesa Redonda Ministerial de Madrid para los países de África Occidental y Central sobre marco jurídico de la lucha contra el terrorismo',
hecho en Viena el 18 de mayo de 2006 ... (Página 10567)
Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, hecho en Nueva York el 13 de abril de 2005 ... (Página 10567)
Extensión de la Declaración de ciertos Gobiernos europeos relativa a la fase de producción de los Lanzadores ARIANE, hecho en Berlín el 6 de diciembre de 2005 ... (Página 10567)
Convenio de Cooperación Jurídica y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Brasilia el 22 de mayo de 2006 ... (Página 10567)
Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría General del SICA, relativo al establecimiento de la Agencia de promoción turística de Centroamérica en España, hecho en Madrid el 31 de marzo de 2006 ...
(Página
10567)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, son aprobados por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 10567)
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley del estatuto básico del empleado público, se rechazan por 130 votos a favor, 177 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las tres y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 10568)
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía ...
(Página 10568)
La Presidencia da la bienvenida a los representantes del Parlamento y Gobierno andaluces, presentes en la tribuna de invitados.
Interviene en el debate del dictamen de la Comisión Constitucional sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno
(Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y las señoras Fernández Davila y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Cierra el turno de fijación de posiciones el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y López Garrido, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Constitucional de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con las correcciones de orden técnico y terminológico distribuidas a propuesta de todos los grupos parlamentarios, se aprueba
por 306 votos a favor y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO.
-PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO. (Número de expediente 121/000080.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión correspondiente al jueves 2 de noviembre de 2006.
En primer lugar, quiero dar un aviso a la Cámara. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de protección de la salud
y de lucha contra el dopaje en el
deporte no se celebrará en ningún caso antes de las dos de la tarde.
Punto I del orden día: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el
patrimonio.
Fijación de posiciones de los grupos de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo con respecto a las enmiendas que nos remite el Senado al proyecto de ley que el señor presidente acaba de señalar. Vamos a votar favorablemente la mayoría de las enmiendas que nos llegan de
la Cámara Alta, excepto las enmiendas presentadas a los artículos 17, 18 y 42, que votaremos en contra. Todas las demás enmiendas, que son numerosas, vamos a votarlas favorablemente porque entendemos que se ha realizado en el Senado un buen trabajo
de corrección y que se han tenido en cuenta los principios de seguridad jurídica sobre todo a efectos fiscales tanto en la declaración de la renta de las personas físicas como en la modificación de la ley del impuesto sobre sociedades, sobre la
renta de los no residentes y sobre todo en la declaración sobre el patrimonio. Muchas de estas enmiendas son de carácter técnico pero otras, dentro de las garantías de seguridad jurídica en los aspectos fiscales, tienen un alcance que permite tener
para todos los servicios, por ejemplo los que se deriven de actuaciones de la Agencia Tributaria, una serie de consideraciones que evitarán la evasión por vía del fraude fiscal y que existan determinadas zonas opacas en la política de interpretación
fiscal, dentro de los a veces farragosos términos expositivos que tienen algunas de las leyes referidas a esta materia del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre sociedades, de la renta de no residentes y sobre
patrimonio.
Nosotros valoramos positivamente la mayoría de estas enmiendas que se han introducido en la Cámara Alta y vamos a votarlas favorablemente porque permiten considerar una serie de actuaciones que no habían sido tenidas en cuenta cuando
debatimos este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Ahora sí se han recogido y por entender que son enmiendas que favorecen precisamente estos principios que suscribimos y que se enuncian en la exposición de motivos de todo el proyecto
de ley, votaremos favorablemente todas ellas, salvo las tres enmiendas que he señalado a los artículos 17, 18 y 42.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, asistimos al último acto de lo que nosotros hemos denominado el derechazo fiscal en esta legislatura, fruto amargo de la socioconvergencia que esperamos sea un fruto en todo caso efímero, a tenor del resultado de las últimas
elecciones catalanas. Nuestra posición es conocida. Nosotros pensamos que nuestro país no necesita una contrarreforma fiscal. Nuestro país no necesita que continúe gravitando la presión fiscal sobre los trabajadores a través de los impuestos
directos y a través de los impuestos indirectos. Nuestro país no necesita que lo que podemos denominar otros ingresos, plusvalías y sociedades, tributen en menor medida a la Hacienda pública. Resulta chocante que en estos momentos en España sean
los asalariados los que contribuyen más a la Hacienda pública, mucho más que aquellos que obtienen la mayor parte del pastel mediante los beneficios, las plusvalías o las sociedades. En este sentido, la iniciativa de reforma o contrarreforma fiscal
tiene las mismas orientaciones que contrarreformas fiscales anteriores, en nuestra opinión equivocadas, porque no solamente estamos ante una injusticia fiscal, estamos ante la pérdida de oportunidad para cambiar en nuestro país nuestro modelo
económico.
Nuestro modelo de competitividad no es el de la competitividad sobre la base de bajos salarios, sobre la base de mileuristas que tienen bajos salarios por empleos de mayor calidad. Señorías, nuestra competitividad tampoco es la de bajos
requerimientos ambientales o de baja presión fiscal. Esa es una competitividad del pasado. La competitividad del presente y del futuro debe estar basada en la organización de la empresa, en la tecnología de la empresa, en las nuevas tecnologías en
definitiva.
Por tanto, creemos que este modelo fiscal no solamente es negativo porque sea injusto, es negativo porque acomoda nuestra economía, en la situación actual de crecimiento, a un modelo de competitividad del pasado y no a un modelo de
competitividad del presente o del futuro. Sin embargo, lo más grave, señorías, son los medios para lograr nuestras ambiciones, y esta contrarreforma fiscal detrae importantes medios que queríamos dedicar a las ambiciones sociales de esta
legislatura. Inicialmente el Gobierno había calculado que merced a esta contrarreforma social íbamos a tener menores ingresos del Estado, aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de euros menos. Pues bien, en estos momentos, además de la
previsión del Gobierno y por enmiendas acordadas con Convergència i Unió, mediante lo que hemos denominado la amarga socioconvergencia en materia fiscal, se puede decir que dejamos de ingresar más de 6.000 millones de euros, con lo cual no podemos
destinar un billón de las antiguas pesetas a lo que son las ambiciones sociales de legislatura.
Señorías, nuestro país no tiene un problema de presión fiscal, no es verdad -la presión fiscal en España es inferior a la media comunitaria en más de cinco puntos-, lo que tiene nuestro país es un problema de
justicia social y, también, de un insuficiente Estado del bienestar o podríamos denominarlo Estado del medioestar. Pues bien, esta contrarreforma fiscal del Gobierno va a reducir aún más la presión fiscal en nuestro país en relación con la
media de la Unión Europea y no va a darnos los recursos suficientes para mejorar el gasto social en España cuando todavía tenemos pendientes algunas cosas muy importantes.
Señorías, ¿qué podríamos hacer con 6.000 millones de euros más? En primer
lugar, reducir a la mitad el periodo en el que vamos a poner en marcha la nueva Ley de atención a la dependencia, de atención a los ancianos y a los discapacitados. ¿Qué podríamos hacer con esos 6.000 millones de euros? Podríamos poner en marcha
la educación de cero a tres años a lo largo de los tres próximos años. ¿Qué podríamos hacer, además? Mejorar la sanidad, mejorar la educación pública, mejorar la justicia en nuestro país.
Señorías, no merece la pena dar un mensaje equivocado a los mercados de que la economía española tiene que competir según los mecanismos competitivos del pasado y no merece la pena hacer demagogia fiscal. No se les puede decir a los
ciudadanos que se pueden tener más ambiciones sociales con menos ingresos públicos. Por estas razones, mantendremos nuestra oposición a esta contrarreforma fiscal. Como he dicho al principio, esperamos que sea solamente el fruto amargo de un sueño
socioconvergente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Por Esquerra Republicana de Catalunya, señor Puig, por favor.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición de mi grupo sobre las enmiendas que vienen del Senado a la reforma fiscal. En primer lugar quisiéramos destacar que estamos valorando enmiendas tangenciales a una reforma que ya consideramos del todo insuficiente y
poco ambiciosa. En su momento, ya le dijimos al portavoz del Partido Socialista en esta Cámara que entendíamos que el acuerdo al que habían llegado con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) reducía las posibilidades de hacer una reforma fiscal que
fuese ambiciosa y que permitiese lograr una mejor justicia distributiva. Es cierto que, pese a ser tangencial, la reforma fiscal ha experimentado ciertos retoques en el Senado y, aunque algunos son positivos, dice mucho de la credibilidad de la
política económica que defiende el Gobierno en estos presupuestos. La más destacada: el mantenimiento de los incentivos fiscales para la reinversión de beneficios extraordinarios, una modificación que valoramos positivamente. Lo que nos extraña
es que lo que era hace unos meses imposible ahora sea no solo un beneficio fiscal sostenible sino incluso mejorable. Sorprende que lo que era una reforma fiscal tajante se convierta en una reforma errática, variable según la coyuntura y por las
concesiones partidistas, aunque entendemos que esto forma parte del juego político y el resultado puede ser positivo.
Más preocupante es la imprevisión en otra de las modificaciones. Una de las enmiendas en el Senado abre las puertas a prorrogar, más allá de 2011, los incentivos para la inversión empresarial en I+D. Lo valoramos también positivamente.
Estoy convencido de que el ministro Solbes es consciente de que el marco fiscal es un elemento a tener en cuenta en la definición de las estrategias empresariales, y un marco fiscal estable es clave para determinar su efectividad, pero la
incertidumbre que se está creando desde el Gobierno respecto a la fiscalidad de las empresas en los próximos años no está generando precisamente estabilidad. ¿A qué deben atender las empresas con un alto porcentaje de inversión en I+D,
protagonistas de nuestro cambio del modelo productivo? ¿A que el Gobierno acabe de decir cuál es la mejor política fiscal o a prever las posibles alianzas y concesiones del Partido Socialista para 2011?
Nos gustaría reiterar que hay distintos elementos de la reforma fiscal del Gobierno que nos preocupan, especialmente porque pueden ir en contra de la característica de equidad que debe tener el sistema fiscal en un Estado moderno y
democrático. Hay varios elementos de la reforma fiscal que vulneran este principio de equidad. En primer lugar, las rentas del ahorro tienen un tratamiento muy favorable con respecto a las del trabajo y las derivadas de actividades, que claramente
son penalizadas por la legislación fiscal. No podemos hacer descansar en las rentas del trabajo la totalidad del esfuerzo fiscal de nuestro IRPF. La mayor parte de los expertos que se han pronunciado al respecto han llegado a la conclusión de que
las rentas medias son las que menos se benefician de la reforma fiscal. Hoy precisamente se publica en diferentes medios de comunicación que la clase media española es la menos favorecida en la última reforma fiscal. Por lo tanto, el pacto al que
ustedes llegaron sobre la reforma fiscal con Convergència -no sabemos si después del resultado de las elecciones va a tener continuidad o no la sociovergencia, ya lo veremos- ha sido para empeorar la salud económica de la clase media del Estado.
Esperemos que pueda haber cambios cuyo precedente no sea el de la reforma fiscal.
El tratamiento fiscal de la vivienda es claramente discriminatorio para aquellas familias que viven en pisos de alquiler, puesto que se mantienen las deducciones por compra de vivienda habitual y no se prevé deducción alguna por motivo de
alquiler de la vivienda. Cuando todos señalamos en nuestro discurso que el tema de la vivienda es preocupante, hemos perdido una oportunidad de dar un paso adelante en la reforma que supondría incentivar el alquiler de la vivienda. Es una
alternativa clara que desde una política progresista tendría que haber sido una oportunidad en esta reforma fiscal. Supongo que el acuerdo con Convergència imposibilitaba poder llegar a acuerdos para fomentar el alquiler de la vivienda.
Todos nos llenamos la boca de fomento de la vivienda, de que el acceso a la vivienda es un problema de todos los ciudadanos y hemos perdido una oportunidad, que era el fomento del alquiler de la vivienda.
Desde el punto de vista del crecimiento económico poco se hace para favorecer el ahorro a medio y largo plazo por encima del ahorro más especulativo y a corto plazo. Debe favorecerse el ahorro y la inversión en sectores de mayor
productividad basados en la innovación y el conocimiento. Cualquier otra cosa será condenar la economía al atraso para un buen número de años.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, la línea general de la reforma es aprobar una rebaja escalonada de los tipos impositivos a cambio de una progresiva reducción de prácticamente todas las deducciones actualmente existentes sobre la
cuota de este impuesto. Aunque la reforma parecería beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que aparentemente más deducciones tienen, el resultado final es preocupante.
Esto tiene que ser un aviso para Convergència i Unió, que
dice siempre defender a la pequeña y mediana empresa, al sector productivo en Cataluña. Esta reforma no va en ese sentido y se ha perdido otra oportunidad de hacer un avance importante.
Se echa en falta un esfuerzo de imaginación por parte del Gobierno para hacer compatible un impuesto de sociedades que contenga ayudas a los exportadores, los innovadores y los inversores y que a la vez permita que todos los empresarios,
incluidos los más pequeños, se beneficien de este tipo de ayudas. Nos parece criticable que el actual proyecto de reforma del Gobierno emita una señal preocupante con la eliminación de algunas de las deducciones, en concreto las de fomento de las
actividades de I+D y de actividades exportadoras de las empresas, puesto que estas actividades deberían fundar el cambio de modelo productivo de la economía en el marco de una mayor internacionalización. Sería exigible por parte del Gobierno un
mayor esfuerzo de imaginación para hacer llegar el mensaje que quiere transmitirse con la existencia de deducciones en el impuesto sobre sociedades para determinadas actividades a un mayor número de empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
En definitiva, hemos perdido una oportunidad de mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, del verdadero sector productivo de Cataluña, una oportunidad fruto, entendemos, de un mal acuerdo entre el Partido Socialista y
Convergència i Unió, sobre todo por la afectación a las rentas medias y bajas, que son las grandes perjudicadas de esta reforma. En cambio, salen excesivamente beneficiadas las rentas más altas en perjuicio, repito, de las rentas medias y bajas.
Me parece que es un error que en una política progresista se tendría que haber tenido en cuenta, cosa que no ha sido así. Esperemos que las perspectivas después del resultado de las elecciones en Cataluña puedan establecer un marco que permita
avanzar en una política de progreso y de mejora de la situación para la inmensa mayoría de los ciudadanos de este Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la valoración del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades es positiva, porque globalmente hemos
conseguido un acuerdo entre el Gobierno y Convergència i Unió y, para no afectar a la susceptibilidad de diferentes grupos políticos como Izquierda Unida o Esquerra Republicana, lo que ellos ya temen como una futura socioconvergencia, yo diría que
es un pacto entre Convergència i Unió y el Gobierno del Partido Socialista o un pacto entre el señor Solbes, ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, y el señor Duran i Lleida, que valoramos positivamente porque lo que se ha conseguido
con este pacto fiscal es que finalmente a partir del año 2007 exista menos presión fiscal para todas las familias españolas, menos presión fiscal y menos impuestos para todos los ciudadanos españoles, menos presión fiscal para todas aquellas
familias que tengan hijos menores de tres años, menos presión fiscal para todas aquellas familias que convivan con discapacitados y menos presión fiscal para todos los discapacitados en general. También hemos abordado una fiscalidad moderna y
competitiva de la que las grandes beneficiadas van a ser las pequeñas y medianas empresas, las grandes compañías, en definitiva el tejido productivo español. Esta menor presión fiscal y estos menores impuestos para todas las familias y para todas
nuestras pequeñas y medianas empresas revertirán en generación de empleo y consecuentemente en un incremento de la actividad económica. Por tanto, nuestra valoración no podría ser más positiva. Probablemente hubiéramos podido llegar mucho más
lejos, es cierto, han quedado encima de la mesa cuestiones importantes que no descartamos abordar en colaboración con el Grupo Parlamentario Socialista cuando se plantee ante esta Cámara la reforma de las normas contables y la reforma posterior del
impuesto de sociedades y que seguramente bordarán este gran pacto fiscal entre el Gobierno del PSOE y Convergència i Unió.
Es cierto que en el Senado hemos acordado algunos aspectos relevantes que nuestra coalición de Convergència i Unió considera positivos. Por ejemplo, hemos conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que aquellas prestaciones
económicas derivadas del acogimiento de menores no tengan tributación fiscal y se hagan extensivas a todas las situaciones de acogimiento, sea cual sea su denominación. Es una cuestión que hemos planteado a lo largo de los últimos años y,
finalmente, hemos podido llegar a un acuerdo en el Senado. También hemos conseguido un acuerdo en los aspectos que hacen referencia a la tributación de los trabajadores españoles destinados en países donde existe un convenio de doble
imposición con el Estado español, a fin de poder aplicar una fiscalidad más suave para que trabajadores y compañías españolas que están internacionalizadas y tienen que desplazar a sus técnicos al exterior puedan gozar de una fiscalidad similar a la
tienen los diferentes miembros de la Unión Europa. Hemos sido sensibles también hacia las pretensiones que nos demandaba un sector de la población española como son los divorciados que a lo largo de los últimos años habían planteado una serie de
reivindicaciones que no habían sido recogidas por el legislativo. Hemos acordado con el Gobierno socialista mantener la aplicación de la deducción de vivienda en casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial en la que un cónyuge ha de ceder
la vivienda habitual al otro cónyuge y continúa pagando su hipoteca, que hasta la fecha no podía desgravar, por lo que hemos conseguido un buen acuerdo social para estas familias.
Hemos extendido las deducciones por obras en viviendas habituales a los contribuyentes que tengan a su cargo una persona con discapacidad, sean familiares hasta el tercer grado y convivan con el contribuyente. Hemos recogido una demanda
social muy importante de los jóvenes españoles que tienen uno o más trabajos y que hasta la fecha tenían que presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta unos ingresos de 1.000 euros anuales por el segundo
empleo. Hemos acordado con el Gobierno socialista aumentar el límite del segundo empleo hasta los 1.500 euros anuales. Hemos prestado, una vez más, un servicio a la economía productiva, básicamente a las pequeñas y medianas empresas, ya que hemos
mantenido toda la tributación especial para los beneficios extraordinarios que se reinvertían en la sociedad y lo hemos hecho extensible a los grupos empresariales con participaciones que han bajado de un 15 a un 5 por ciento. Al mismo tiempo,
hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Gobierno socialista para que sean compatibles otra vez las deducciones por reinversión de beneficios extraordinarios empresariales con la deducción de la amortización del fondo de comercio internacional.
Todas estas cuestiones han sido interesantes, desde nuestro punto de vista, ya que hemos bordado el acuerdo inicial al que habíamos llegado en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Socialista. Hemos incorporado estas enmiendas en
consenso con el Grupo Parlamentario Socialista y con el soporte del resto de fuerzas parlamentarias en el Senado, lo cual hace que nuestra valoración sea positiva.
Hay otro aspecto relevante que ya acordamos con el Gobierno socialista en el Congreso de los Diputados, referido a los incentivos fiscales para aquellas inversiones orientadas a investigación, desarrollo e innovación, el I+D+i. El
planteamiento inicial del Gobierno era que estas deducciones tenían que terminar a finales del año 2011, por lo que a principios del año 2012 no existirían estas bonificaciones. Esta negociación ha sido una de las más interesantes y más duras que
hemos mantenido con el Legislativo, pero finalmente hemos acordado que en función del éxito de las aplicaciones por el diferente tejido industrial en estos últimos cuatro o cinco años podrá existir una prórroga de estos incentivos fiscales en
investigación, desarrollo e innovación. Esta era una cuestión crucial y relevante para el Grupo de Convergència i Unió que finalmente hemos incorporado en la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas. Otro aspecto relevante que he
mencionado al inicio de mi intervención es que perdurara la reinversión de beneficios extraordinarios en activos fijos empresariales, tributación especial que en el proyecto inicial del Gobierno desaparecía y que después de esta negociación con el
Gobierno hemos acordado mantener en los próximos años.
Repito que esta es una reforma fiscal que valoramos positivamente. Quizás hubiéramos podido llegar más lejos, pero hasta donde hemos llegado creemos que es interesante ya que repercutirá en menos fiscalidad, en menos impuestos para todas
las familias españolas, sobre todo aquellas que tengan hijos de menos de tres años, y también en menos impuestos al tejido productivo español, especialmente en menos tributación y menos fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas. Todos estos
beneficios fiscales y estas normativas que hemos implementado entre Convergència i Unió y el Partido Socialista redundarán finalmente en una generación más importante de ocupación. Por tanto, nuestra valoración es muy positiva.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, muchas gracias.
Señorías, con este debate terminamos la tramitación de un proyecto de ley que se autoproclama de reforma del impuesto sobre la renta y que yo me atrevo a calificar como una triste reforma, una reforma parcial y una reforma que no alcanza los
objetivos que se pretendían. Triste reforma por cuatro elementos principales. En primer lugar por su parcialidad. Se introducen elementos sobre el actualmente vigente impuesto sobre la renta que, como ahora tendremos ocasión de debatir muy
rápidamente, lo que hacen es distorsionar el impuesto actual, desfigurarlo, aunque ya hemos oído al representante de Convergència y Unió que está muy satisfecho con la actual reforma del impuesto sobre la renta, que la considera positiva y nos
señala algunos casos parciales en los cuales ha habido pequeñitos avances pero veremos que sencillamente son a costa de haber destrozado el
impuesto mismo. Por tanto, no participamos de su satisfacción y valoración positiva de una reforma que nos hace retroceder en el tiempo al menos cien años en el concepto de impuesto sobre la renta personal sintético y que grava la capacidad
de pago de todos los contribuyentes de forma similar. Ustedes han conseguido trocear el impuesto, hacer pequeñas cajitas y a cada una de ellas someterlas a tipos distintos. El principio de capacidad de pago y de renta fiscal-renta gravable ustedes
lo han hecho desaparecer de la fiscalidad española.
En segundo lugar, es también una muy triste reforma por su génesis.
Hagamos memoria, también muy rápidamente, de cómo el Partido Socialista ganó unas elecciones con un programa electoral en el que se decía que asistiríamos a una auténtica
renovación de la fiscalidad, acompañada del compromiso de que la presión fiscal, los impuestos en España no aumentarían. Vemos que esta segunda parte ya está desmentida por los hechos: los impuestos han aumentado, la presión fiscal ha aumentado
durante estos tres años, pero hoy confirmamos que tampoco la primera parte se cumple. Esa revolución, esa reforma fiscal que implicaba, entre otras cosas, una tributación igual sobre todas las rentas a tipo único, que supone progresividad, a su
forma, y que en definitiva tenía una cierta coherencia interna, da lugar a este pastiche que va a resultar de la reforma fiscal que hoy vamos a aprobar, que es parcial, contradictoria y que supone un abandono total de las propuestas originales
incluidas en el programa electoral del Partido Socialista, pero ya estamos acostumbrados a que el programa haya sido arrumbado también en aspectos fiscales, como en tantos otros.
Es una muy triste reforma también por sus efectos. En primer lugar, no sé de dónde ha derivado el señor Sánchez i Llibre, portavoz de Convergència i Unió -y supongo que algún otro portavoz-, que con este régimen fiscal, con esta nueva
reforma se beneficia a las familias, que tributarán menos las familias. Sencillamente no es cierto, señor Sánchez i Llibre, y en el futuro tendremos ocasión de ver datos reales de recaudación. Las rentas medias, las familias con tres o más hijos
salen perjudicadas por este impuesto. Si a eso añadimos la erosión que la inflación de los dos últimos años y la prevista para el próximo año van a ocasionar sobre la tarifa del impuesto sobre la renta, salen perjudicados casi todos los
contribuyentes; pero de lo que ya estamos seguros es de que las familias de rentas medias con tres o más hijos salen perjudicadas con la actual redacción. De nuevo me sorprende su complacencia y su valoración positiva de una reforma que deja
desprotegidas a las familias a efectos fiscales.
Es verdad que en su conjunto supone una reducción en la recaudación de impuestos, pero desde luego no en el caso de las familias con hijos.
Se crea además esa -no sé cómo calificarlo- ocurrencia que se ha introducido en este proyecto de ley de generar una confusión entre base imponible y cuota en relación con la renta fiscal, es decir, la renta disponible para ser sometida a
impuestos. Los hijos dan derecho a deducción pero solo hasta cierto punto; a partir de cierto punto dejan de dar derecho a deducción. Todo ello se justifica con un topicazo de los más simplones que hemos oído en política fiscal desde hace mucho
tiempo, y es que precisamente como el impuesto es progresivo y como las rentas más altas pagan mucho más -como debe ser- que las rentas más bajas, ese efecto de progresividad lo vamos a eliminar en un caso concreto, no en todos los demás, pero sí en
uno concreto. Y por si quedara alguna duda en cuanto a ciertas reducciones, en este caso la reducción por hijo a la que tienen derecho los contribuyentes tanto de rentas bajas como de rentas altas, vamos a limarlas un poco en el caso de rentas
altas para tratar de decir que este impuesto mantiene la equidad fiscal en España, cuando por otro lado estamos asistiendo a una dualización del impuesto que simplemente supone que las rentas del capital van a tributar a tipo distinto, inferior
normalmente y fijo, que las rentas de trabajo en nuestro país. Por tanto, ese argumento de justicia -yo diría que es un argumento justiciero- que se utiliza y del que usted está tan satisfecho -porque ha dicho que esta reforma del impuesto sobre la
renta es positiva y se ha adherido a ella con entusiasmo, incluso se considera corresponsable de la misma- lo que ha hecho ha sido crear una dualidad de tributación. Y voy a poner un ejemplo sencillo, a vuela pluma, que se me ocurre en este
momento. Quien obtenga en dos horas unas plusvalías, un pelotazo duro en una operación bursátil -por ejemplo, estas operaciones que se están produciendo de las constructoras en el sector eléctrico- de 500 millones de las antiguas pesetas tributará
a un tipo fijo del 18 por ciento, y quien esté trabajando todo el año en una empresa obteniendo un salario puede llegar a tributar al 40 por ciento o más. Eso es sencillamente lo que vamos a introducir con esta reforma del impuesto sobre la renta
de las personas físicas que satisface tanto al Partido Socialista como a Convergència i Unió. Se ha roto la unicidad del impuesto, ya no se gravan las rentas de la misma forma. Lo que ustedes llaman rentas del ahorro mezcla muchas cosas; mezcla
las antiguas plusvalías con las rentas derivadas de intereses y al mismo tiempo dificulta la financiación empresarial puesto que se crea un incentivo claro. Dado que no se elimina la doble imposición de dividendos genera un incentivo claro hacia la
financiación empresarial por endeudamiento que no hacia la financiación empresarial por ampliación de capital, en definitiva, por búsqueda de recursos propios en el mercado. Por tanto, ese efecto, desde luego muy contrario a la dinamización del
ahorro y a la eficiencia en el uso del ahorro, también se lo pueden apuntar en su cuenta Convergència i Unió y el Partido Socialista. Ya veremos qué pasa en el futuro con los mercados de capitales, toda vez que se está penalizando fiscalmente la
obtención de dividendos y se está beneficiando fiscalmente la obtención de intereses por empréstitos.
No contribuye a dinamizar la economía española la reforma del impuesto sobre sociedades, que aunque positiva se ha quedado corta. También aquí podríamos hablar de una génesis de la reforma del impuesto sobre sociedades incluida en este
proyecto de ley como un intento de hacer un puro intercambio en el que se bajan tipos pero se eliminan exenciones y reducciones, pero la propia debilidad del Grupo Parlamentario Socialista -debilidad numérica, no debilidad conceptual- ha llevado a
que esa pretensión inicial del Ministerio de Economía y Hacienda de que la reforma del impuesto sobre sociedades no costara nada o muy poco y que simplemente lo que se dejara de recaudar por reducción de tipos se recaudara por eliminación de
deducciones, se haya quedado convenientemente matizada y reducida tanto en el trámite inicial del Congreso como en el del Senado. A este respecto permítanme manifestar que el Senado ha realizado un trabajo positivo, bien es verdad que modesto,
porque los elementos estructurales fundamentales que definen a este mal impuesto sobre la renta introducidos con la reforma que Convergència i Unió y el Partido Socialista han pactado son casuísticos, resuelven casos concretos, pero a costa del
esquema propio del impuesto. El Senado no ha conseguido modificar los principales defectos del proyecto de ley pero sí ha introducido elementos sustanciales importantes. Me quiero referir a la tributación del ahorro a largo plazo, a la
equiparación de instrumentos de colocación de ahorro a largo plazo y a las primas y pólizas de seguros.
Nosotros vamos a apoyar todas las modificaciones introducidas por el Senado, al tiempo que esperamos que dentro de esa valoración positiva del proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en coherencia con los
acuerdos alcanzados también se manifieste en un apoyo a las modificaciones introducidas en el Senado que, ciertamente, favorecen a sectores económicos importantes y dan un poco de generalidad a algo que en el proyecto de ley que salió del Congreso
quedaba muy mal y es -aunque ya decimos que la tributación del ahorro es distinta- establecer una tributación similar a todos los instrumentos en los que se materializa el ahorro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera.
Finalmente, Grupo Socialista, señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, señorías, estamos de nuevo debatiendo sobre el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de los impuestos sobre sociedades, renta de no
residentes y patrimonio.
Antes de comenzar mi intervención quisiera señalar que en la tramitación se han producido algunos errores técnicos que tenemos la obligación de subsanar. Quiero comenzar hablando sobre la duplicidad de un artículo que ya hemos trasladado a
todos los grupos y que tiene que ver con la base imponible a la que van a tributar las pequeñas empresas; se produjo una duplicidad en las enmiendas 460 y 309 del Senado. Por tanto, si no hay ningún inconveniente, para evitar esta incoherencia,
quedaría la base imponible a la cual hay que tributar al tipo reducido en los 120.202 euros. Asimismo debe producirse otra corrección técnica en el artículo 101.5 d) del IRPF, que dice que las retenciones a efectuar a aquellos empresarios que
tributen por la modalidad de módulos debe ser al 3 por ciento mientras que en la ley que vamos a ver a continuación en la disposición segunda de fraude dice que esta retención será del 1 por ciento. Existe otro error técnico en la enmienda 337, del
Grupo Socialista, que incorpora una modificación al artículo 7 sobre la exención de determinadas modalidades de juegos autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles; son modalidades de juegos autorizadas. Espero que no haya ningún
problema para solucionar esto y mejorar al final las leyes y sobre todo que los contribuyentes no tengan dificultades a la hora de interpretarlas.
Voy a referirme ahora con brevedad a algunas de las cuestiones que hemos discutido. La posición de Izquierda Unida, que es coherente y respetable, también es un derechazo duro cuando es inmerecido. La interpretación que hace el Grupo
Socialista es que esta reforma hay que leerla para entender la progresividad. Cuando el señor Llamazares habla de que las rentas del ahorro van a tributar todas al 18 por ciento, si no mira cómo se distribuye en el impuesto sobre la renta la
tributación distinta por niveles de renta no podrá observar que sí hay una progresividad. No hay rentas altas que tributen al tipo marginal por sus rendimientos del ahorro; no las hay. Todas tributan como ganancias patrimoniales y se ve
perfectamente en el cuadro. Sin embargo, las rentas medias y bajas sí están tributando a su tipo marginal porque tienen su dinero en letras del Tesoro, en obligaciones del Estado o en un simple plazo fijo. Por tanto, se produce una progresividad
del impuesto porque van a pagar más -van a pasar del 15 al 18 por ciento- las ganancias patrimoniales que tienen las rentas altas, mientras que las rentas bajas van a pasar de pagar a tipo marginal -que normalmente está en algo más del 20 ó el 30
por ciento- a un tipo fijo también del 18 por ciento. Eso es progresivo, señor Llamazares, no es regresivo. Igual que el tratamiento que nosotros damos a los mínimos personal y familiar -del cual nos ha dado varias lecciones e incluso en la última
sesión llegó a hablar de decencia intelectual el portavoz del Grupo Popular- también es progresivo. Me voy a detener aquí porque se vierten una serie de afirmaciones.
Antes de 1998 se realizaban estos mínimos como deducciones de cuota. En 1999 se sustituyeron por los mínimos personal y familiar que pretendían cuantificar la parte de renta que por destinarse a satisfacer necesidades personales y
familiares no debían tributar en el impuesto; y esto se entiende. Lo que nadie entiende es la desigualdad de beneficios que introduce su articulación como reducción de base, ya que al aplicar la tarifa
progresiva el beneficio para el contribuyente es directamente proporcional a su tipo marginal. Para evitar este efecto, las nuevas cuantías de los mínimos operan a la hora de aplicar la tarifa del impuesto deduciéndose en el extenso primer
tramo. ¿Qué significa esto? Que tributan a tipo cero, se gravan técnicamente a tipo cero. Se permite, pues, alcanzar el mismo efecto de equidad que se produce con la aplicación de las deducciones en la cuota mejorando la progresividad del
impuesto. Tengo que decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que conocemos los estudios y estamos de acuerdo con el concepto de renta disponible, pero el concepto más utilizado de renta disponible es el de renta después de pago de
impuestos; ese es el concepto más utilizado, y es lógico que el contribuyente que se vea afectado en la toma de decisiones de gasto privado lo sea por la cantidad finalmente pagada. Disquisiciones intelectuales las que queramos, pero con esto se
logra que el mínimo operando a tipo cero otorgue la misma ayuda a todos. El sistema actual perjudicaba claramente a las rentas más bajas. Nunca se podía explicar en términos de equidad por qué un señor con una renta alta tenía una deducción por
hijo equivalente al doble de una renta media o baja. Y aquí hablamos de progresividad también, señor Llamazares. Si se desmenuza el impuesto, no se puede decir bajo ningún concepto que no hayamos ido a ayudar a las familias y que no hayamos ido a
ayudar a las rentas medias y bajas. Y le diré otra cosa: no hay nadie que salga perjudicado. Las rentas medias podrán tener poca disminución, pero el grueso lo sacamos de la mayor tributación de las rentas altas, que pasa a ayudar a esa menor
tributación de las rentas bajas. Es importante fijarse en el fondo. Esta reforma ha intentado aumentar la equidad y lo ha conseguido. Ha simplificado el impuesto y lo ha conseguido: menos tramos. Ha bajado el tipo marginal en consonancia con
nuestro entorno. Por cierto, no quiero dejar de señalar que España no es una isla en el contexto internacional y hay determinadas operaciones que sobre el ahorro producirían un efecto no controlado. No podemos controlar con nuestra imposición lo
que va a hacer el conjunto del ahorro en estos momentos. Se ha tenido que ser exquisito y prudente para que en la economía española no tuviera ninguna repercusión importante. Además, no se ha incrementado la presión fiscal en términos
individuales, bajo ningún concepto. Se ha asegurado la suficiencia financiera de las administraciones públicas. Cuando veamos el presupuesto nos haremos una pregunta. Los señores del PP plantean una reforma fiscal con 12.000 millones de euros de
disminución, plantean un mayor superávit fiscal y plantean un aumento de gasto tremendo, según las enmiendas que estamos viendo. No cuadra bajo ningún concepto. Y al final dicen: No, lo que hay que disminuir son algunas partidas estructurales de
gasto que están incorporando ustedes. Es decir, lo que hay que disminuir, ¿saben lo que es? Que no suban las pensiones mínimas, que no se aborde la dependencia, porque esos son los gastos estructurales. Es que no hay otros gastos estructurales
que hayan aumentado; no hay otros. Por tanto, la incoherencia está ahí, y que se haga ver a quien diga que es incoherente esta reforma.
Esta reforma impulsa el crecimiento económico, estimula la productividad, por primera vez en la historia se baja el tipo general del impuesto de sociedades cinco puntos y se mantienen todas las deducciones que no estaban en conflicto,
aquellas que no tenían expediente abierto por la Unión Europea. No pueden decir que haya ni una sola deducción, ni una sola, que no hayamos mantenido si no era porque teníamos, insisto, expediente abierto como ayudas de Estado. Por tanto, la
rebaja es para todos los contribuyentes; van a bajar para veinte millones de ellos, los más beneficiados, rentas del trabajo medias y bajas, y no pagarán los asalariados con rentas inferiores a 9.000 euros. Nos hemos comprometido a seguir con la
reforma fiscal -el vicepresidente lo ha dicho- porque vamos a tramitar la Ley mercantil y lógicamente tendremos que trabajar una reforma importante del impuesto sobre sociedades para tener que acomodar el resultado contable al resultado fiscal que
esta reforma sin duda va a tener. ¿Estamos satisfechos? Sí. ¿Podemos defenderla? Por supuesto.
¿Tenemos alguna indecencia intelectual? La indecencia está en quien ve lo que no debe. Nosotros hemos actuado exclusivamente en favor de los
contribuyentes, de las empresas, de las familias, de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Nada más nos ha guiado en nuestra labor.
Muchas gracias, y espero que apoyen las propuestas que va a hacer mi grupo a la hora de la votación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
-PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este primer debate, continuamos con el siguiente: proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. En turno de fijación de posiciones, señor Mardones, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que nos ha remitido la Alta Cámara, el Senado, a este proyecto de ley. Suscribimos todo el contenido de intencionalidad sociopolítica de un Estado de derecho que trae la exposición de motivos
de este proyecto de ley, como ya tuvimos ocasión de manifestar en su día en los diversos trámites en el Congreso de los Diputados. Una constante que ha tenido nuestra democracia desde los primeros gobiernos de la transición, desde la época del
señor Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda, de los gobiernos de la Unión de Centro Democrático, ha sido la de, al tiempo de ir estableciendo un entramado de leyes y de medidas referentes a los principios fiscales
no solo los que fueran consentidos por una opinión pública dispuesta a contribuir a la Hacienda pública para subvenir a todos los gastos del funcionamiento de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales-, iniciar en paralelo lo que era necesario poner en disposición legal junto a las leyes fiscales: la represión y la prevención del fraude fiscal. Esas medidas se vienen repitiendo legislatura tras legislatura, dado que la
actividad de los delincuentes y de todos los infractores de las normas fiscales que tratan intencionadamente, en una actividad puramente dolosa, reprimir el buen sentido de las leyes y producir un fraude fiscal, defraudar a la Hacienda pública, ha
motivado todo este rosario continuo de proyectos y de leyes que los gobiernos sucesivamente, desde aquellas primeras fechas de la democracia en España y bajo el imperativo constitucional han traído a la Cámara. No podía faltar esta última en la que
se trata de hacer una serie de perfeccionamientos, fundamentalmente de técnica fiscal, que es más el contenido que trae este proyecto de ley que nosotros, como hemos dicho, señor presidente, vamos a votar favorablemente, salvo dos enmiendas que
haremos llegar a los servicios de la Cámara para su votación por separado. Por lo demás estamos plenamente de acuerdo. Se ha hecho un magnífico avance de perfeccionamiento introduciendo cláusulas que permiten una clarificación de cómo tienen que
interpretar los servicios de la Agencia Tributaria determinadas medidas para la represión del fraude fiscal y también que haya plena garantía para los implicados, en un Estado de derecho, de que los procedimientos contenciosos den transparencia a
todo el entramado, muchas veces opaco, de las medidas fiscales y de cómo se interpretan. Y esto dicho por mi grupo parlamentario, Coalición Canaria. En Canarias nos encontramos, por las disposiciones constitucionales, en una situación de régimen
fiscal distinto de la Península y Baleares, con principios, por ejemplo, como el de la reserva de inversiones que motiva continuamente actas de denuncia de los servicios de la Agencia Tributaria de los recursos correspondientes de los afectados para
que se trate de clarificar dónde hay una incorrecta interpretación de la norma fiscal de la Agencia Tributaria o una auténtica figura de fraude fiscal.
El avance que se ha hecho en el Senado es positivo y, por tanto, señor presidente, vamos a votar favorablemente estas enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Senado incorpora varias cuestiones sobre la prevención del fraude fiscal, algunas que en nuestra opinión tienen poco que ver con medidas antifraude y otras como el régimen especial en el IVA del grupo de entidades que, desde
nuestro punto de vista, merecerían sustantividad propia y no entrar en este tótum revolútum. Pero los contenidos en algunos de los casos que estoy considerando son, en nuestra opinión, razonables. Para nosotros, sin embargo, el proyecto de Ley de
medidas para la prevención del fraude fiscal queda lejos de convertirse en una ley eficaz para reducir el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la economía sumergida. Esta cuestión es para nosotros mucho más importante, antes incluso de
recortar, como se ha planteado en el debate anterior, impuestos directos porque es una prioridad luchar decididamente contra la lacra social que significa el fraude fiscal que hoy está muy vigente en la vida política española. Quizá el principal
escollo acaba de ser la falta de voluntad política para potenciar los recursos humanos tanto de la Administración tributaria como del Banco de España a la hora de hacer efectivo el Plan de prevención de fraude fiscal y sus desarrollos legislativos.
Los ciudadanos y los trabajadores que pagan religiosamente, entre comillas, sus impuestos, no pueden entender que en nuestro país, según el Banco de España, existan ya 106 millones de billetes de 500 euros, más de 53.222 millones de euros,
en cajas de seguridad, que más de la cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro circulen por nuestro país o que la economía sumergida signifique al menos el 23 por ciento del producto interior bruto en España, 10 puntos por encima de
la media de la Unión Europea. Los ciudadanos tampoco entienden que se blanquee en nuestro país solo por el narcotráfico alrededor de 7.500 millones de euros al año. Tampoco entienden que el 90 por ciento de las promotoras inmobiliarias acepten
dinero negro y un 60 por ciento de ellas incluso lo exijan como requisito a la hora de la compra de una vivienda. Los ciudadanos tampoco entienden que unas 57.000 empresas que facturan de 2 a 6 millones de euros no puedan ser investigadas por falta
de medios o por deficiente organización de los que existen.
En definitiva, tenemos la impresión de que la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía y Hacienda tienen una actitud poco ambiciosa en la prevención del fraude fiscal. Al menos nos sorprende que el ministro de Economía, Pedro Solbes,
asegure, con fecha 21 de junio de 2006, en respuesta a una pregunta de nuestro senador, que no tiene constancia sobre la supuesta afloración de 11.000 millones de euros en dinero negro no declarado que se generaron principalmente entre el primer y
el tercer trimestre de 2001 como consecuencia de la entrada en vigor del euro y que no existe ningún informe oficial sobre estas cifras. También nos sorprende que después de casi 30 años no se tenga ninguna estimación oficial del fraude fiscal en
nuestro país. Los estudios de la Unión Europea y otros expertos privados coinciden en situar la economía sumergida en España en torno al 23 por ciento del producto interior bruto.
En todo el trámite parlamentario de este proyecto de ley se ha presentado y discutido un volumen importante de enmiendas, pero queremos una vez más llamar la atención sobre una en concreto presentada por nuestro grupo y que no se ha
considerado. Cuando hablamos de medios humanos planteamos la creación de un cuerpo superior de técnicos en Hacienda con competencia plena para investigar y también el reforzamiento en el Banco de España del grupo de lucha antiblanqueo de capitales.
Se trataría de incorporar 8.000 efectivos que existen ya a la investigación, la resolución y la elaboración de expedientes para combatir el fraude y el blanqueo de capitales en nuestro país. Sin embargo, la normativa interna del ministerio y de la
Agencia Tributaria establece que en toda España solamente 700 inspectores y 100 interventores realicen toda la gestión tributaria -señorías, imposible-, aduanera, de control del gasto público del Estado, etcétera, puesto que la otra mitad ocupa
puestos de confianza o puestos directivos en la Agencia Tributaria. Buena parte de las competencias del resto de los 8.000 técnicos del ministerio están limitadas desde 1992 a comprobar únicamente microempresas que facturan menos de 1,8 millones de
euros, límite que ha permanecido invariable durante estos 14 años y que resulta absolutamente desfasado. Quizá por ello ya se ha comentado que de 57.000 empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, el 95,8 por ciento escapan anualmente a
cualquier control tributario.
Nuestro grupo, junto con otros, presentó una enmienda en el Congreso para la creación de un nuevo cuerpo superior técnico de Hacienda y el proyecto de ley incorporó una transaccional presentada por el Grupo Socialista y aceptada por
Convergència i Unió; una transacción, de nuevo, claramente insuficiente. No acabamos de entender, señorías, cuáles son las razones por las que no se permite que la Administración aumente su capacidad para prevenir el fraude y realizar el control
del gasto público -no pueden ser razones corporativas- con 8.000 técnicos que se responsabilicen de aplicar las medidas de prevención del fraude fiscal.
El fraude fiscal ocasiona graves consecuencias negativas en la economía, pero también en general en la moral de la sociedad, porque es la principal causa de inequidad en el ámbito tributario. Por ello, compartimos en su día los fundamentos
del Plan de prevención del fraude fiscal, porque es evidente la necesidad de llevar a cabo reformas normativas y de la organización tributaria orientadas hacia una mayor justicia fiscal, que procure un reparto más equitativo de la carga tributaria
entre los ciudadanos y los contribuyentes. Sin embargo, señorías, tenemos el convencimiento de que sin incrementar los recursos humanos disponibles en los servicios de inspección, tanto del Banco de España como en los servicios de la Agencia
Tributaria, y organizar de forma más eficiente los que ya existen, difícilmente se conseguirá el común objetivo de disminuir el gran fraude fiscal que existe en nuestro país y que oficialmente aún no conocemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Por Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a posicionarnos sobre las enmiendas que vienen del Senado al proyecto de ley para la prevención del fraude. De entrada, estamos disconformes con la supresión del punto 2, toda vez que dicho apartado establece una norma
residual que actúa de forma subsidiaria para determinar el valor del mercado de la operación vinculada. El texto que se pretende suprimir incluye un método de valoración para aquellas operaciones que por su complejidad hacen de difícil aplicación
los métodos de cálculo. Por lo que refiere a la segunda enmienda al artículo 1, la misma establece una diferencia en la sanción por datos omitidos, inexactos o falsos, de 1.500 euros por dato y de 15.000 euros por conjunto. Esta diferenciación nos
parece más razonable que la de establecer una sanción única. Por tanto, votaremos a favor.
En cuanto a las enmiendas introducidas en el artículo 3, apartado 2, mostramos asimismo nuestro voto favorable a dicha modificación introducida en el trámite del Senado, puesto que la misma tiene por finalidad adecuar el texto de la ley al
derecho comunitario, en concreto, a la Sexta Directiva. Sobre la inclusión de un nuevo apartado por el que se incorpora a la ley un nuevo capítulo IX, dentro del título IX, manifestamos nuestra conformidad y, por tanto, el voto favorable a esa
enmienda. Respecto a la supresión del apartado 3, nuestro grupo muestra su conformidad con la supresión propuesta, toda vez que dicho apartado incluye una regla de subsidiariedad en las cuotas tributarias correspondiente a las operaciones gravadas
que hayan de satisfacer los objetos pasivos o a aquellos destinatarios de las mismas, sean empresarios o profesionales.
Respecto a las enmiendas al artículo 4, son dos enmiendas que afectan a los impuestos especiales. La primera supone una derogación de la exención del impuesto sobre hidrocarburos usados y reutilizados como combustibles de calefacción.
Desde un punto de vista ecológico y desde la política de reciclaje de los aceites usados, es lógico mantener dicha exención, por lo que apoyaremos la enmienda introducida en el Senado. En cuanto a la segunda enmienda, supone el cumplimiento de un
acuerdo del Consejo de Ministros y una de las reivindicaciones de nuestro grupo parlamentario, como es la de establecer un gasóleo profesional que operara en aquel momento en que se proceda a la elevación del tipo impositivo vigente.
Respecto a las enmiendas al artículo 5, compartimos la modificación introducida al apartado 1, por el que se modifica el artículo 27 de la Ley General Tributaria, que aplica el 25 por ciento de descuento en el importe de los recargos siempre
que se realice en el plazo de ingreso en período voluntario, una vez la Administración notifique la liquidación.
Este redactado supone una mejora
respecto al texto tal y como salió del Congreso. Por otra parte, no compartimos la enmienda de supresión del apartado 10 que prevé una suspensión del procedimiento si la Administración tributaria estima que la infracción del contribuyente
puede ser constitutiva de delito y remitir las actuaciones a la Administración competente o al ministerio fiscal, a fin de que se inicie el procedimiento penal, quedando el expediente de la Administración tributaria a resultas de lo que se resuelva
en el procedimiento penal. Esta es una medida que persigue el fraude fiscal y la disuasión de los contribuyentes, por lo que no compartimos su supresión.
Respecto a las enmiendas introducidas en el artículo 10, vamos a votar favorablemente la enmienda por la que se adiciona un nuevo apartado, cuyo objetivo es establecer y definir de modo específico los supuestos en los que el suelo debe tener
la consideración de suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales. Es un artículo que ofrece claridad y criterios de interpretación y que aporta mayor certidumbre tanto a la Administración como a los contribuyentes. En igual sentido nos
pronunciamos respecto a la otra enmienda introducida en el artículo 10, por la que se modifica la disposición transitoria de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Las enmiendas al artículo 11 suponen la introducción de modificaciones en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ese sentido, la enmienda por la que se incorpora un apartado 2 conlleva la exigencia al ciudadano de acreditar el pago
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para realizar cualquier trámite ante la Jefatura Provincial de Tráfico, si bien le ofrece facilidades, pues no deberá llevar el recibo del impuesto, ya que los ayuntamientos tendrán que remitir a
Tráfico por vía telemática y anualmente la relación de impagos. La enmienda por la que se incluye un apartado 3 trae causa de la modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario en lo referente a los bienes de esa naturaleza.
Dicha modificación
provoca una serie de desajustes en el impuesto sobre bienes de naturaleza rústica, que se corrigen en esta enmienda.
En cuanto a las disposiciones adicionales, votaremos favorablemente la enmienda que contiene una autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para acordar la concesión de anticipos de tesorería. Respecto a las disposiciones
transitorias, se ha presentado una enmienda por la que se aplazan los plazos de aprobación del tipo de gravamen impuesto sobre los bienes inmuebles, las ponencias de valores y las notificaciones de los valores. En relación con las disposiciones
finales, se añaden tres, todas ellas relativas a las modificaciones necesarias y que afectan a los ciudadanos en comunidades con Estatuto de Autonomía o en las comunidades autónomas de régimen común, al objeto de que dichas comunidades puedan
ejercer su capacidad normativa en cuanto a la fijación del tipo impositivo autonómico. En definitiva, para cerrar mi intervención, anuncio que vamos a votar favorablemente las enmiendas que hemos mencionado, excepto un par de ellas que ya hemos
anunciado que no vamos a votar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto al proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal es positiva. Hemos conseguido incorporar algunos aspectos relevantes que hemos pactado con el Grupo
Socialista, que da soporte al Gobierno.
Nuestra valoración es positiva, como lo ha sido también en el reciente proyecto de Ley de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades que acabamos de discutir.
Todo lo que suponga poner encima de la mesa mecanismos para dotar de mayor efectividad y progresividad a la lucha contra el fraude fiscal goza de buena acogida por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Hay algunos aspectos importantes que hemos puesto encima de la mesa en el debate de este proyecto de ley, pero que finalmente hemos dejado para futuras reformas, porque en algún momento los tendremos que abordar. Hay aspectos de la Agencia
Tributaria que, desde la perspectiva de Convergència i Unió, no funcionan bien y que no se han abordado con profundidad. Uno de los aspectos que hemos debatido y hemos planteado en esta Cámara en algunas ocasiones a lo largo de estas últimas
legislaturas ha sido la retribución de los inspectores tributarios. Nosotros entendemos que una retribución basada en objetivos finalmente no redunda en una mayor efectividad ni en un mayor ingreso fiscal ni en una mayor represión del fraude
fiscal. Después de analizar todas las actuaciones de la Inspección Tributaria uno llega a la conclusión de que muchísimas actas siempre acaban en disconformidad, quizás para cubrir determinados objetivos de inspección, dándole la razón al
contribuyente. Por tanto, se cumple el objetivo desde la perspectiva teórica, pero finalmente Hacienda no llega a ingresar las cantidades que en teoría tenían que ser recaudadas por fraude fiscal porque la Administración o la justicia da la razón
al contribuyente. Por tanto, existe un problema de fondo en la retribución de la inspección que nosotros pensamos que tendría que abordar el Gobierno en profundidad para que no se produjeran estas disfunciones, que -repito- no redundan en una mayor
efectividad de la Agencia Tributaria.
Existen otros aspectos que nosotros hemos intentando plantear que están generando una gran controversia o problemática entre los inspectores de Hacienda y los subinspectores. Nosotros abordamos este tema en el Congreso a través de una
enmienda transaccional, que fue aprobada por la mayoría de los grupos de la Cámara,
en el sentido de que existe un conflicto de intereses importante que finalmente quizás redunde en una mala administración de la gestión de la Inspección Tributaria. Sinceramente creo que es responsabilidad del Gobierno llegar a una solución
para que no se produzcan estas disfunciones o esta falta de operatividad en la Agencia Tributaria entre los inspectores y los subinspectores de Hacienda. Finalmente, nosotros siempre hemos planteado que para conseguir una mayor efectividad en la
lucha contra el fraude fiscal -hay una bolsa importante de economía sumergida, que todos coincidimos en que supera el 20 por ciento del PIB español- debe abordarse con seriedad. Uno puede llegar a la conclusión de que hay determinados
contribuyentes a los que siempre se está inspeccionando y que siempre tienen la Inspección detrás. Si siempre inspeccionamos a los que ya pagan, aunque esta labor de inspección tiene que hacerse, y dejamos de inspeccionar a este 20 por ciento de
economía sumergida que nunca paga, es una cuestión que tendríamos que abordar con seriedad. Aquí es donde directamente tendríamos que poner todos los efectivos humanos, técnicos y tecnológicos para evitar que exista este 20 por ciento de economía
sumergida, ya que finalmente es una competencia desleal a los que habitualmente pagan los impuestos. Tampoco aquí se aborda con la efectividad y con la contundencia que requiere este asunto.
Al margen de poder dar nuestro apoyo positivo a este
proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, hay aspectos relevantes e interesantes que tendríamos que abordar en las próximas legislaturas para que exista una justicia fiscal para todo el mundo.
Respecto a las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha introducido en la tramitación parlamentaria en el Senado, quisiéramos resaltar tres muy relevantes e importantes. En primer lugar, hemos acordado rebajar una serie de multas que
desde Convergència i Unió considerábamos excesivas a 100 euros y 1.500 por conjunto de datos omitidos, inexactos o falsos en las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas. Inicialmente había una serie multas por omisión de datos sin
mala intención por parte del contribuyente que nosotros pensábamos que eran excesivas y que esas cantidades podían incluso poner en una situación grave la continuidad de la empresa. Hemos conseguido y acordado rebajar estas sanciones que nosotros
considerábamos abusivas. Otro aspecto relevante que ha sido motivo de negociación durante tres o cuatro meses, tanto en la tramitación en el Congreso como en el Senado, es el que se refiere al acuerdo que hemos llegado entre el Partido Socialista y
Convergència i Unió respecto al planteamiento de un régimen especial de grupos de entidades para todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la tributación del IVA. Aquí sí hemos incorporado una serie de modificaciones en las que proponemos
que en la normativa del impuesto sobre el valor añadido se produzca la creación de un régimen especial para los grupos de entidades. Nosotros entendemos que en la normativa comunitaria del impuesto se encuentra un fundamento que otorga una opción a
los Estados miembros, de la que ya han hecho uso diversos países de nuestro entorno, que contribuye en gran medida a modernizar nuestra normativa y a fomentar la competitividad de los grupos empresariales españoles.
La enmienda que hemos incorporado recoge dos aspectos, a nuestro juicio, importantes y muy claros. Por un lado, se mejora la gestión del impuesto desde el punto de vista financiero, ya que a partir de ahora se va a permitir que las
sociedades que tengan saldos a devolver puedan compensarlos de forma inmediata con los saldos a ingresar de otras sociedades del grupo, evitando tener que acudir a los procedimientos de devolución actuales que, en algunos casos, pueden llegar a
tardar entre ocho y doce meses, produciendo una disfunción importante en la tesorería de las compañías que se ven afectadas por cuestiones relativas al IVA.
Por otro lado, hemos consensuado buscar una mayor neutralidad en la aplicación del
impuesto, de forma que este no condicione en modo alguno la adopción de decisiones empresariales en cuanto a la forma de llevar a cabo operaciones entre las compañías del grupo. Para dar cumplimiento al primero de estos objetivos, el régimen
permite a los grupos que lo deseen optar por la aplicación del régimen especial y presentar declaraciones agregadas de sus cuotas a ingresar y a devolver o compensar, de forma que el resultado neto del conjunto de las entidades será el que se
ingrese a la Hacienda pública o el que sea objeto de devolución. En relación con el segundo punto, los grupos también podrán optar por aplicar un régimen especial de determinación de la base imponible, mediante el cual se repercute el impuesto
dentro del grupo solo por la cuantía de las cuotas que haya soportado la sociedad que realiza dicha operación. De esta forma, es indiferente que se contraten las prestaciones a una sociedad del grupo o que se lleven a cabo con los medios propios de
la sociedad destinataria. Esta segunda opción, señorías, se complementa con un régimen específico de deducciones y con la facultad de renunciar a determinadas exenciones a fin de que, a título de ejemplo, se facilite la financiación intragrupo al
no perjudicar el derecho a deducir de ninguna de las sociedades involucradas. Lógicamente, este régimen se sujeta a las obligaciones contables y formales específicas que garanticen su adecuada gestión y el control por la Administración tributaria.
Señorías, esta es una cuestión relevante que era demandada por una parte importante del sector financiero español y que finalmente hemos conseguido consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista.
Hay otro aspecto para nosotros importante, que ha sido el compromiso entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió de presentar en el próximo periodo de sesiones un proyecto de ley relativo al
estudio del régimen del IVA en operaciones financieras, para que pueda ser aprobado en el próximo periodo de sesiones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Sánchez i Llibre.
Señora Madrazo, por el Grupo Parlamentario Popular, por favor.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo hoy para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas que han sido aprobadas por el Senado. En líneas generales, podemos afirmar que la gran mayoría de enmiendas incorporadas a este
proyecto de ley a lo largo de su tramitación en el Senado regulan aspectos que nos parecen positivos, y por tanto las vamos a apoyar, aunque tenemos que manifestar que muchas de ellas nada tienen que ver con la prevención y lucha contra el fraude
fiscal, y esta ha sido nuestra mayor crítica y nuestra mayor denuncia desde el inicio de la tramitación de esta ley. Consideramos que esta ley de medidas fiscales podría haber sido una ley de acompañamiento, un conjunto de mejoras técnicas, pero
para nada constituye una ley de prevención y de lucha contra el fraude.
Voy a hacer un repaso de las enmiendas que nos parecen más interesantes y que vamos a apoyar, como he dicho, en su mayor parte. En cuanto a la modificación de la regulación de las operaciones vinculadas en el impuesto sobre sociedades, ya
hemos tenido ocasión de manifestar tanto en Pleno como en Comisión que no estamos en absoluto de acuerdo con esta nueva regulación que introduce una mayor carga de obligaciones formales y, lo que es aún peor, unas sanciones totalmente
desproporcionadas y elevadas. En este sentido, consideramos positivos algunos avances logrados en el Senado, como la disminución de las sanciones por incumplimiento de obligaciones formales. Sobre el artículo 3 del proyecto de ley, que hace
referencia a las modificaciones en el impuesto sobre el valor añadido introduciendo un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria, tenemos que manifestar hoy nuestra satisfacción, la del Grupo Parlamentario Popular, porque este supuesto de
responsabilidad ha quedado suprimido a su paso por el Senado. Este proyecto de ley pretendía hacer responsable de la deuda al empresario que adquiriera mercancías cuando tuviera sospechas de que el anterior empresario no hubiera ingresado el IVA
correspondiente, lo cual nos parece introducir unas dosis elevadas de inseguridad jurídica y crea indefensión para los contribuyentes. Por tanto, nos alegramos de que haya quedado suprimida en el Senado. Por desgracia, tenemos que denunciar que
una vez más nos tememos que los intereses partidistas van a prevalecer sobre los intereses de los ciudadanos y que hoy va a quedar eliminado este avance que supuso la supresión de este artículo en el Senado por el apoyo de los grupos nacionalistas
que tanto necesita el Gobierno. En este mismo artículo, relativo al impuesto sobre el valor añadido, se incorpora un nuevo régimen especial -que nos parece positivo y, por tanto, lo apoyaremos desde el Grupo Parlamentario Popular-, que es el que
hace referencia a los grupos de entidades, que simplifica notablemente la operativa fiscal de este impuesto y que, por tanto, siempre defenderemos. Consideramos que hay que dar la bienvenida a todo avance que suponga simplificar el cumplimiento de
las obligaciones formales a los empresarios.
Considero también importante mencionar que mi grupo votará en contra de un nuevo artículo introducido en el Senado, y me estoy refiriendo al artículo 3 bis, relativo a una modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. No nos
parece de recibo que en una materia relativa a la gestión de un impuesto totalmente cedido a las comunidades autónomas se incluya en esta ley una regulación que supone una clara intromisión en las competencias atribuidas a las comunidades autónomas,
competencias que ya han sido ejercidas por muchas comunidades autónomas que ya han regulado aspectos relativos a la gestión de este tributo. Todo ello, lejos de aportar ventajas a los contribuyentes -que es por lo que siempre aboga el Grupo
Parlamentario Popular-, induciría a confusión, incrementando la inseguridad jurídica e impidiendo la modernización de estos tributos cedidos. Mi grupo espera, por tanto, que a su paso por esta Cámara este artículo quede eliminado.
Otro aspecto importante que se ha incluido en este proyecto de ley a su paso por el Senado y que apoyamos hace referencia a la regulación de un gasóleo profesional. Esta es una petición que venimos demandando a lo largo de esta legislatura
desde el Grupo Parlamentario Popular. En diversas ocasiones y en la tramitación de diferentes iniciativas hemos abogado por la instauración de un gasóleo profesional para el sector del transporte tanto de mercancías, viajeros, taxistas, etcétera.
El Partido Socialista se negó en aquellas ocasiones a establecer este tipo de gasóleo, argumentando que lo impedía la normativa comunitaria. Por el contrario, nosotros siempre defendimos que existía margen suficiente en la normativa comunitaria
para poder establecer este gasóleo profesional, pero no existía la voluntad política suficiente. Parece que ahora el Grupo Socialista ha rectificado y nos alegramos por ello. El sector del transporte es estratégico para nuestra economía y debido
al alza del precio del petróleo en los últimos tiempos se ha visto seriamente amenazado. Desde el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto, apoyaremos esta enmienda para establecer un gasóleo profesional.
A propósito del gasóleo profesional, tenemos que manifestar nuestra perplejidad por que no haya quedado incorporada al proyecto de ley una enmienda del propio Grupo Socialista relativa al gasóleo agrícola. El sector agrícola y ganadero
necesita también el apoyo de esta Cámara, y la introducción de esta enmienda -el Grupo Socialista sabe a cuál me refiero, la número 159- hubiera supuesto un avance para él, además del cumplimiento de los acuerdos que ustedes mismos, el Gobierno,
alcanzaron con las organizaciones agrarias. No se sabe muy bien si por una mala gestión por parte del Grupo Socialista en el Senado a la hora de tramitar esta
enmienda o a la hora de transaccionarla con el resto de grupos, el caso es que no ha quedado incorporada la devolución del impuesto sobre hidrocarburos a agricultores y ganaderos en este proyecto de ley. Me gustaría que algún portavoz del
Grupo Socialista pudiera explicarme este embrollo, porque yo desde luego no he sido capaz de entenderlo.
En el artículo cinco del proyecto de ley se ha incluido una modificación de la Ley General Tributaria que hace referencia a una rebaja de los recargos por presentación extemporánea y voluntaria que nos parece muy positiva y que ha sido
mejorada técnicamente y la vamos a apoyar. Otro aspecto sobre el que quiero llamar la atención es que se ha conseguido suprimir en el Senado la redacción que se daba inicialmente en el proyecto de ley al artículo 180.1 de la Ley General Tributaria,
en el que se suprimía el trámite de audiencia que se daba al interesado en los supuestos de expedientes de delito fiscal. Consideramos que para preservar las garantías jurídicas del contribuyente es muy interesante esta supresión porque nos parece
absolutamente imprescindible que el contribuyente pueda defenderse en este trámite antes de que sea remitido al juez. Por otro lado, se ha introducido en el Senado una enmienda en forma de disposición adicional nueva, que votaremos favorablemente,
como no podía ser de otra forma, porque es fruto del acuerdo con la Federación Española de Municipios, y que supone dotar de una mayor liquidez financiera a los ayuntamientos. Desde el Grupo Parlamentario Popular votaremos siempre favorablemente
todo lo que sean ayudas financieras para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Desde mi grupo valoramos muy negativamente que no se haya llegado a ningún tipo de acuerdo en el Senado para eliminar la retención del 1 por ciento a los
empresarios en módulos. Esto supone, a nuestro juicio, un incremento de las obligaciones formales para estos pequeños empresarios, y el Grupo Parlamentario Popular ya mostró su disconformidad en su tramitación en el Congreso.
Por otro lado, no quiero dejar de mencionar algunos logros importantes en este proyecto de ley relativos a los funcionarios que trabajan en la Agencia Tributaria y al propio funcionamiento de la misma. Me refiero al compromiso que ha
adquirido el Gobierno para elaborar un plan operativo de recursos humanos. Quizás los recursos humanos sean el mejor intangible de que dispone la Agencia Tributaria, y está claramente desmotivado.
Contamos con unos funcionarios cuya
profesionalidad está fuera de toda duda, que han efectuado siempre su trabajo con enorme responsabilidad y en un entorno complejo, difícil y a veces incomprendido por la propia sociedad, como es el entorno tributario; siempre es desagradable tener
que exigir el pago de los impuestos. Tenemos una potente herramienta, como es la Agencia Tributaria, pero debemos dotarla de los medios materiales y humanos necesarios.
Para terminar, comentaré que seguimos pensando que, a pesar de las mejoras de este proyecto de ley a lo largo de su tramitación en el Senado, sigue siendo una ley de acompañamiento que recoge un conjunto de mejoras técnicas, pero no es el
instrumento adecuado para combatir el fraude fiscal. A nuestro juicio, tiene mucho de propaganda partidista, pero empieza y acaba en su propio título, no contiene nada más en la lucha contra el fraude y se deja por el camino importantes garantías
jurídicas.
El partido en el Gobierno sabe que siempre podrá contar con el apoyo del Partido Popular para elaborar una ley que de verdad se proponga luchar contra el fraude fiscal. Somos y hemos sido los primeros en esta lucha, pero este conjunto
de medidas legales dispersas para nada va a contribuir a ese objetivo. El Grupo Parlamentario Popular ha intentado mejorar a lo largo de su tramitación este proyecto de ley, y curiosamente muchas de las enmiendas han sido coincidentes con las de
otros grupos, pero en ningún momento se ha mostrado disposición a hablar con el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Señora Castillejo, por el Grupo Socialista.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a lo largo del debate de este proyecto de ley hemos tenido la ocasión de reiterar que el fraude fiscal no solo es una actitud de grave insolidaridad, algo que entiendo que todos los grupos de la Cámara compartimos, sino que,
además, constituye un grave elemento de injusticia para con el conjunto de la ciudadanía. Todos somos conscientes, como ya se ha dicho y se ha reflejado en el debate, de que en nuestro país la economía sumergida supone un importante porcentaje del
producto interior bruto. Estos argumentos, unidos a muchos otros que hemos ido manifestando a lo largo de la tramitación de la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, nos han llevado a apoyar como grupo parlamentario de una manera
entusiasta la aprobación de una iniciativa de esas características, que pretende cumplir con un principio tan elemental, tan importante, como es el de la justicia fiscal. En su momento ya destacamos lo que son las principales características de
este proyecto de ley que aborda el fraude fiscal desde una perspectiva preventiva, que potencia las facultades de los órganos de control, que remueve obstáculos de procedimiento para dotar de mayor eficiencia, eficacia y mejor respuesta al fenómeno
del fraude, que pretende mejorar la información de que dispone la Administración tributaria y que contribuirá, estamos seguros, a una mayor eficacia a la hora del ingreso efectivo de las deudas tributarias. Este proyecto se ha basado en la
experiencia y en el conocimiento de la Administración tributaria sobre cuáles son los distintos tipos de fraude más extendidos o aquellos que tienen una especial gravedad. Por ello, en la ley se pone el acento en las actividades fraudulentas, que
atañen al sector inmobiliario, las tramas de fraude en el IVA, los paraísos
fiscales, las operaciones vinculadas y las medidas para evitar el fraude durante la fase recaudatoria.
En el proceso de debate hemos encontrado dos tipos de actitudes en los grupos parlamentarios. Hemos visto aquellos que, quienes compartiendo o no la filosofía de este texto, han tratado de contribuir y enriquecer este proyecto de ley con el
noble propósito de combatir y prevenir el fraude fiscal y, por otro lado, aquellos que han buscado argumentos peregrinos, poco sólidos y poco o nada convincentes para no apoyarlo, y a estos solo les quiero dedicar 20 segundos, y me refiero al Grupo
Popular.
Ni refrito, ni elemento propagandístico, ni inseguridad jurídica, ni aumento de las obligaciones fiscales, ni troceo, por supuesto, de la Agencia Tributaria, como se ha dicho en otras ocasiones. Ninguna de estas críticas tiene sustento,
ninguna está fundada y fueron ampliamente discutidas y rebatidas en su momento, particularmente con la aportación de los buenos resultados que ha arrojado la implementación del Plan de prevención del fraude fiscal que este Gobierno diseñó y está
desarrollando. No sabemos si somos los primeros o no -como decía usted, ustedes fueron los primeros-, pero lo que está claro es que los datos son buenos y están ahí para que usted los analice.
Señorías, en este día nos corresponde posicionarnos con respecto a las enmiendas que han sido aprobadas por el Senado, muchas de ellas aportadas por el Grupo Socialista o transaccionadas con el Grupo de Convergència y Unió. Creemos que
todas estas enmiendas han contribuido a mejorar el texto que se aprobó en primera lectura en esta Cámara. No es mi voluntad reproducir el debate del Senado, pero sí quiero fijar la atención en dos enmiendas de otros grupos que han supuesto suprimir
dos elementos, a nuestro juicio, fundamentales dentro de este proyecto de ley. Me refiero, en primer lugar, a aquella enmienda dirigida a mantener el trámite de audiencia previa a la remisión del expediente al ministerio fiscal o a la presentación
de la denuncia ante la jurisdicción competente en los casos de presunto delito contra la Hacienda pública. En este sentido, quiero volver a insistir y recordar a SS.SS. que este tramite constituye una excepción en el ordenamiento jurídico, ya que
en ningún caso en el que las administraciones públicas aprecien la posible existencia de un delito de carácter público, se condiciona la correspondiente denuncia o querella a un trámite de audiencia previa. De hecho -insisto de nuevo como lo hice
en Comisión, y lo hicimos aquí también en el Pleno-, con dicho trámite la práctica demuestra que se concede un privilegio a la delincuencia fiscal respecto a otros tipos de delincuencia y este elemento puede frustrar la propia finalidad de la
denuncia en la prevención y lucha contra el fraude organizado. En segundo lugar, quiero aludir a la enmienda que plantea la supresión del nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, implementado para luchar contra las tramas de fraude en el IVA.
Creemos que es un instrumento que ha demostrado -ahí están los datos- su eficacia en otros países de nuestro entorno y que fue debidamente adaptado en el debate de esta ley a lo que es la jurisprudencia europea.
Por último, quiero reiterar la gran satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por la aprobación de este proyecto de ley, cuyo objetivo es cumplir con el compromiso del Gobierno de España y del partido que lo sustenta con la prevención
y lucha contra el fraude fiscal, un elemento que constituye una importantísima fuente de inequidad. Estamos ante una ley que atañe a toda la ciudadanía de nuestro país, a toda la sociedad en su esfuerzo colectivo por mantener y mejorar el Estado
del bienestar del que nos hemos dotado, y creemos que este esfuerzo en la prevención del fraude fiscal mecerá la pena.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000082.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate del proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar nuestro apoyo a la enmienda del Senado, que sin duda indica que la ley salió del Congreso de los Diputados no solamente correcta desde el punto de vista formal, sino también bien estructurada y con el objetivo político que
persigue, que no es poco cuando había un vacío legal tan importante. Refiriéndonos a la enmienda del Senado, es una buena medida que las agencias de las comunidades autónomas, en caso de que las hubiese, y creo que es muy necesario que las haya,
deban de tener una especial coordinación y un papel, por lo menos como posibilidad, dentro de la agencia del Estado. Se trata no sólo de un problema de coordinación, sino de coherencia de las medidas que se toman, desde una perspectiva de igualdad
y de poder dialogar sobre este grave problema del deporte desde realidades muy diferentes como las que hay en el Estado español. Por eso vamos a apoyar esta enmienda y, una vez más, queremos calificar de muy positivo que se cubra un vacío legal
como el que había en el Estado español con esta ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Quiero manifestar, como ya lo hicimos en la discusión en el Congreso, nuestra satisfacción limitada respecto a la ley que se va
a aprobar seguidamente. Bastantes de nuestras demandas no han quedado reflejadas en el texto, sobre todo en lo que concierne a temas competenciales, y tampoco nos consideramos completamente satisfechos con la modificación habida en el
Senado, ya que nuestra intención era -y esto es algo que nadie discute- que las agencias de control antidopaje puedan ser creadas por las comunidades autónomas, pero que lo fueran con todas las consecuencias y, por tanto, que también pudieran verse
integradas y que así lo reflejara la ley en la AMA, en la organización internacional de lucha contra el dopaje. Esto no se ha visto reconocido y simplemente hay una posibilidad de intercambio de información y de participación en la agencia estatal.
Como es bien conocido, nuestro planteamiento de salida frente a la ley era que incluso no era necesaria esta creación de agencia estatal, siendo coherentes con el reparto competencial autonómico. Veo que el presidente me pide que finalice.
Simplemente, señor presidente, esperemos que la ley pueda ser eficaz en la lucha contra el dopaje y que no se repitan algunos incidentes como el que nos está persiguiendo durante la tramitación de esta ley, y me estoy refiriendo a la operación
Puerto, que empezó con un despliegue mediático muy importante, precisamente cuando se presentó el proyecto de ley, y justo cuando lo estamos cerrando parece que dicha operación se está quedando en un fiasco por falta de pruebas y con bastantes
damnificados de por medio. Creemos que la lucha contra el dopaje en el deporte debe ser llevada a cabo con eficacia, que no se pueden hacer las cosas a medias, sin pruebas o sin cerrar perfectamente todas las investigaciones que lleven a la
conclusión de que existe una trampa, un dopaje en el deporte.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Disculpe los gestos, señor Esteban, pero hacía indicaciones al señor Mardones, que apurado llegaba a toda prisa a su escaño, supongo que venía en tránsito del despacho. Si no tiene inconveniente, señor Puig,
recuperamos el turno del señor Mardones.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente, y al señor Puig por su cortesía, dado que vengo desde el otro extremo del edificio.
Mi grupo va a votar favorablemente la única enmienda que llega del Senado a este proyecto de ley que hemos valorado siempre muy positivamente. Si hasta ahora cuestiones relacionadas con el uso y abuso de drogas, de dopas, por el común de
los ciudadanos estaba contemplado en nuestro Código Penal como un delito contra la salud pública, ese mismo Código Penal no alcanzaba lo que era la práctica del dopaje, porque en sentido estricto no era un auténtico delito contra la salud pública,
sino que introducía una serie de sustancias químicas, farmacológicas, drogas en una palabra, como es el caso de los anabolizantes, que no estando considerados como tales drogas, sí producían efectos contrarios a un principio ético en el mundo del
deporte, siendo además una antesala para el uso fraudulento de unas sustancias que prácticamente llevaban a una estafa en los resultados deportivos, dado que la práctica de determinados deportes y sus resultados se vincula con altos intereses
económicos. Este proyecto de ley es importante, porque sin abandonar la figura del delito contra la salud pública entra en uno nuevo, en el que los inductores al mismo quedan bajo los efectos de esta ley; los deportistas que sean detectados en los
preceptivos análisis antidopaje tienen otro tipo de sanciones de menor gravedad, porque en este proyecto los inductores precisamente son los que tienen que tener la tasa de responsabilidad penal más alta. Si esto contribuye a crear un grado de
confianza en los resultados de las marcas de los deportistas participantes en las pruebas, será bueno para el deporte y para inducir a los participantes a tener un comportamiento cívico.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo se congratula de poder aprobar definitivamente este proyecto de ley contra el dopaje en el deporte, también como prevención de la salud y evitación de fraudes y actitudes dolosas. Por tanto,
repito, nuestro voto será favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar, como ya hizo en la Comisión de Educación, el conjunto del proyecto de ley de protección de la salud y de lucha contra el dopaje, así como la enmienda introducida en el trámite del Senado, que prevé la participación
de las comunidades autónomas en la agencia. Lo vamos a apoyar, entre otras razones, porque estamos convencidos, como dijo en su momento el diputado Francesc Canet, de que hasta ahora la legislación dejaba huérfanas a las autoridades deportivas y
sanitarias a la hora de luchar contra el dopaje. Siempre hemos pensado que hacían falta instrumentos legales, contundentes y queremos recordar que en Cataluña están en marcha desde hace ya tiempo. A pesar de esta coincidencia inicial, en su
momento presentamos una enmienda a la totalidad, seguida, después de retirada, de una batería de enmiendas al articulado que partían de una premisa: la Generalitat de Catalunya y las comunidades autónomas que lo deseen deben poder implicarse
plenamente en la lucha contra el dopaje con las siguientes funciones: ejecutar las medidas y actuaciones antidopaje que adopte la Administración del Estado en el ámbito de sus competencias; determinar y ejecutar las actuaciones antidopaje en las
comunidades autónomas sobre los deportistas que no compitan bajo la tutela u organización de una federación española. Esta tarea debe realizarse en el ámbito de los organismos
autonómicos y sobre la base, en el caso de Cataluña, del decreto antidopaje de Cataluña, actualmente en fase de elaboración y concreción.
Se debe determinar, coordinar y ejecutar las actuaciones antidopaje de las comunidades autónomas en
cualquier tipo de competición, más allá de las ejecutadas a instancias de la Administración central, debiéndose establecer los necesarios mecanismos de coordinación y desarrollar la protección de la salud de los deportistas en el ámbito competencial
que le es propio. Pensábamos también que debía clarificarse el ámbito competencial de la Administración General del Estado en la lucha contra el dopaje y en la protección de la salud. A nuestro entender, en lo referente al mundo deportivo, se ha
de tener en cuenta la transferencia exclusiva de competencias de las comunidades autónomas. La intervención de la Administración General del Estado debe limitarse en ese ámbito deportivo a lo que gire en torno a las competiciones de ámbito estatal
o internacional organizadas o promovidas por las federaciones españolas y a los deportistas que participan. El resto de la intervención en el ámbito del deporte, incluida la ejecución de las medidas determinadas por la Administración central,
corresponde a las comunidades autónomas por sí mismas o por medio de las federaciones de las comunidades autónomas, y esta delimitación competencial no estaba clara en el proyecto de ley inicial. De nuestra batería de enmiendas se aceptaron
bastantes y hoy podemos decir que el proyecto de ley prima el fondo: la lucha contra el dopaje, respetando en buena medida las competencias autonómicas. El resultado final, fruto de las transacciones, es la aceptación por parte de nuestro grupo
del proyecto de ley. Por tanto, lo votaremos favorablemente. Queremos el juego limpio, y lo queremos en todos los ámbitos. También esperamos el juego limpio para el reconocimiento algún día de las federaciones deportivas en Cataluña.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Nuestro Grupo de Convergència i Unió también dará apoyo a esta votación que por segunda vez se produce en este hemiciclo. Lo dio en primera instancia, aportó sensibles mejoras en el trámite de Comisión, siempre para visualizar que estamos
en contra de todas aquellas prácticas nocivas para la salud y que representen dopaje en el deporte. El doping hay que perseguirlo, hay que castigarlo, hay que sancionarlo, y qué mejor que una ley que lo regule. Por eso desde el inicio nuestro
grupo dio apoyo a la voluntad de aprobar esta ley. Es verdad que la mejoramos con diversas propuestas y enmiendas que se aceptaron por parte de los grupos proponentes; también es cierto que ninguna de las enmiendas que se presentaron en el Senado
fueron aceptadas cuando todas eran de mejora o con tintes de defensa de las competencias autonómicas. Es cierto, que esta vuelta al Congreso es para una mejora técnica, porque habla de que en el supuesto de que existan agencias antidopaje en las
comunidades autónomas, se constituirá en el seno de la Agencia Estatal Antidopaje un órgano de participación de las mismas autonomías. Por tanto, como partido nacionalista que somos, a Convergència i Unió nos parece bien y aplaudimos esta mejora en
la ley. Es verdad que en su día el portavoz que les habla fue quien denunció públicamente la voluntad de que en la Ley de Agencias Estatales, que aprobaba diversas agencias estatales, hubiera una que se llamara Agencia Española Antidopaje. Todas
eran agencias estatales y esta no. Después de muchos dimes y diretes esto se pudo enmendar. Ahora se llama Agencia Estatal Antidopaje, como tiene que ser, porque cuando haya agencias antidopaje en las comunidades autónomas podrían colisionar
competencialmente. Por tanto, aprobaremos esta enmienda y también este proyecto de ley, que hace mucha falta porque creemos, señor presidente, señorías, que hay lagunas importantes en la situación jurídica actual de la lucha contra esta lacra que
es el dopaje. Creemos que no hay un marco jurídico claro y eso se ve claramente en la famosa operación Puerto, que hace pocos días ha sido archivada, por un lado, por falta de pruebas y, por otro, por una campaña sensacionalista y exagerada del
Gobierno.
Nosotros ya decimos que estamos en contra de la trampa en el deporte -también en el ciclismo- y que esta lacra hay que combatirla y sancionarla, pero también es cierto que aquellas personas que hace meses fueron denunciadas públicamente
en los medios de comunicación, el ciclismo en sí que fue manchado y aquellas personas que fueron de manera banal sancionadas y apartadas de la competición profesional ciclista sin tener culpa, hoy deben clamar contra la Administración y contra los
políticos, ya que de una forma excesivamente publicitada se dieron nombres y apellidos. Algunos habrá que tendrán culpa, pero parece ser que no todos o al menos no hay pruebas. Queremos desde aquí hacer una llamada para ayudar a que el ciclismo
recupere la dignidad, que el ciclismo tenga el apoyo de las administraciones para que no se vea como una lacra en el deporte. El ciclismo en general es limpio y sano, juega limpio y aquellos que no jueguen así tienen que ser apartados, pero donde
no haya pruebas busquémoslas y no hagamos campañas publicitarias porque detrás de estas sanciones que ahora han tenido que ser retiradas hay profesionales, hay familias, hay largos currículos deportivos y hay que evitar el sufrimiento cuando se
pueda. Por tanto, no al dopaje, no a la trampa, pero hagámoslo bien. Esperamos que esta ley sea un instrumento para poder luchar contra las trampas, pero que también nos permita denunciar lo denunciable y que no hagamos malabarismos ni campañas
publicitarias que después no quedan en nada. La operación Puerto, por desgracia, ha sido así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Grupo Popular, señor González Pérez, por favor.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la ministra de Educación que, como viene siendo habitual en los temas de deporte, está en esta Cámara y también, como no puede ser de otra forma, la presencia del secretario de Estado para el
Deporte, que sigue con atención todo el desarrollo de esta ley.
El 29 de junio en esta Cámara votamos esta ley y salió de aquí con un alto grado de consenso, pero es cierto que no salió con la unanimidad que todos hubiéramos deseado en aquel momento. Hoy vuelve del Senado con un mayor grado de consenso
y espero que al final, cuando votemos, ese grado de consenso se convierta en esa unanimidad que reclamamos y esperábamos el 29 de junio. Dicho esto, me van a permitir que lea algunas cosas que se han dicho desde el 29 de junio, entre otras lo que
yo manifesté en este hemiciclo ese día. Decía el 29 de junio: Se deben evitar las insinuaciones y las filtraciones de posibles nombres de deportistas a raíz de un sumario como el de la operación Puerto, que debemos de ver, mientras que el juez no
haya decretado diligencia alguna en relación con presuntos afectados, quién repararía el daño y la imagen del deportista si luego no hay inculpación de delito. Este es uno de los temas que más nos preocupa. También decía en esa misma fecha: La
disposición al consenso del Grupo Socialista y del Gobierno, la participación en aquellas conversaciones con el secretario de Estado y todas las enmiendas aceptadas con cambios sustanciales que han modificado el texto de la ley, son los motivos por
los que el Grupo Popular va a apoyar este dictamen de la Comisión. Sí es cierto que nuestro objetivo por encima de todo es la defensa suprema del deportista, de sus derechos y esa defensa suprema no es otra cosa que lo que ellos representan, que es
la defensa en general del deporte español. Dicho esto, en los últimos tiempos ha habido acontecimientos que contradicen el sentido del que todos queremos hacer gala; todos porque no hay ninguna excepción de alguien que no esté en contra del
dopaje. El dopaje es una lacra que hay que erradicar de la sociedad y del mundo del deporte, pero hay que hacerlo tal como marcan los establecimientos legales de cualquier país democrático. La operación Puerto fue marcada por el secretario de
Estado para el Deporte como el punto de inflexión de la lucha contra el dopaje en España y -seguía diciendo el secretario de Estado- habrá un antes y un después en este largo camino para erradicar la plaga. ¡Vaya si ha supuesto un antes y un
después! Un antes: todos confiábamos en que las cosas se hacían bien respetando los derechos de las personas. El después: hay 58 deportistas -sin entrar en si están limpios o no- cuyos derechos fundamentales han sido pisoteados; personas
profesionales del mundo del deporte, cuyas familias, igual que ellos, viven del mundo del deporte, que han sido apartadas como consecuencia de ciertas prisas, en las que luego entraré.
Voy a leer un documento que se ha enviado desde una empresa que
tenía equipos y que representa al mundo del ciclismo, que dice: Procedemos a retirarles la invitación. Nuestra decisión no prejuzga si las numerosas personas de este equipo relacionadas en dichos documentos son responsables de las prácticas y
hechos que se describen, simplemente ponemos de manifiesto el hecho de que como conocen que dicha invitación queda sujeta a la confirmación de la suscripción por parte del código ético elaborado por la AIGCP y a que no se produzca ningún incidente
en tal sentido... El resultado es que sin evaluar la presunción de inocencia tenemos a 58 personas que se quedan en el paro literalmente, sin tener ni la más mínima posibilidad de defenderse ante algo que todavía no está ni sentenciado ni incluido
en un sumario, que es lo más triste. El antes: algunos responsables del dopaje de este país cazados. Efectivamente todos encantados de que lo que hemos denominado el entorno estuviera acusado, señalado y marcado para que no fuera más quien
manchara el deporte de este país y a sus deportistas. El después, el después puede traducirse en indemnizaciones millonarias por tener demasiada prisa, como he dicho antes, por no hacer las cosas bien. Por cierto esto de hacer las cosas bien, con
la filosofía del fin justifica los medios, ya es un clásico en la actuación de los gobiernos socialistas: el fin justifica los medios y luego ya veremos. El después sigue siendo que hay personas, que supuestamente eran del entorno y eran o han
sido responsables durante mucho tiempo de todo lo que estamos hablando aquí, que se pueden ir de rositas. ¡Se pueden ir de rositas de algo de lo que todos estábamos contentos de que se les hubiera -permítame la expresión- cazado! El después:
instituciones del Estado en entredicho por su actuación, por la prisa; como ha dicho antes algún portavoz: por la publicidad. O sea todo es válido si nosotros conseguimos dar la imagen de que hacemos las cosas bien. Si las hacemos bien o no eso
no importa, ya se verá.
De la Federación de Ciclismo ya hablaremos en otro momento porque no sabemos exactamente si su independencia existe como tal, si las cosas las hacen de una forma consciente o presionados; ya llegará ese momento. En este país se ha llegado
en estos últimos tiempos al siguiente hecho: un deportista ha tenido que pedir un certificado al juzgado para demostrar que no está implicado ni imputado en ese procedimiento judicial. Hemos invertido los términos del Estado de derecho: ¡hay que
demostrar la inocencia! En este país tal como se hacen las cosas hay que demostrar la inocencia en vez de la culpabilidad. Miren ustedes, los primeros que estamos en contra del mundo del dopaje somos los del Grupo Parlamentario Popular, el Partido
Popular junto con todos los demás, no más pero por lo menos igual que todos; pero las cosas hay que hacerlas bien porque si no se hacen bien el resultado puede ser tremendamente nefasto: malo para el deporte, malo para la imagen de nuestro país,
malo para los deportistas, malo para el Estado de derecho y malo por no hacer las cosas como
se tienen que hacer. Eso es lo triste de una situación como esta. Hoy tendría que ser un día feliz y todos deberíamos estar contentos porque hemos conseguido elaborar entre todos una ley que va a beneficiar al deporte español. El
resultado es que tengo un sabor agridulce como no se pueden imaginar, no solamente por lo que está sucediendo dentro y fuera de esta Cámara y fuera del ámbito legislativo sino porque, a título personal, me he llevado alguna decepción, porque creía y
confiaba en que las cosas se hacían bien y el resultado, desgraciadamente, no es el que todos esperábamos y el que todos creíamos. Han sido 58 personas las que han estado privadas de sus derechos desde hace algunos meses. A ver cómo reponemos el
honor y el derecho al trabajo de esas personas por no hacer las cosas bien. Eso es lo que nos tiene que preocupar en esta Cámara, precisamente para que los ciudadanos cuando lleguen las elecciones estén convencidos de que cuando van a las urnas es
porque aquí trabajamos y lo hacemos a favor de la ciudadanía, en este caso a favor del deporte.
Señoras y señores diputados, con ese sabor agridulce quisiera decir que el Grupo Popular va a votar que sí a esta ley porque es buena, Esperamos que este momento sí sea ese punto de inflexión, el antes y el después.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Pérez.
Por el Grupo Socialista, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Ciencia, señorías, efectivamente el proyecto de ley del que estamos hablando de protección de la salud y de lucha contra el dopaje se debatió en esta Cámara el pasado 29 de junio y en la votación de conjunto
fue aprobada por 300 votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra. Previamente había logrado una votación abrumadoramente favorable con 32 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra en la Comisión de Educación y Ciencia, en
la que todas las enmiendas transaccionales fueron aprobadas por unanimidad y se aceptaron enmiendas de todos los grupos parlamentarios que presentaron alguna propuesta de modificación al texto inicial. Tras ser aprobada por el Pleno de esta Cámara
se remitió al Senado. En dicha Cámara se presentó un total de veinte enmiendas, quince correspondían al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, una al Grupo Popular y cuatro al Grupo de Convergència i Unió. El proyecto fue debatido
directamente por la Comisión, aprobando como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. En el transcurso de la sesión el Grupo Parlamentario Popular retiró la enmienda presentada a este proyecto de ley y se presentaron dos votos
particulares a través de los cuales los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos y de Convergència i Unió mantuvieron todas las enmiendas para su defensa ante el Pleno, en el cual ambos grupos parlamentarios las retiraron y se
presentó una enmienda transaccional firmada por todos los grupos que se aprobó por asentimiento. El dictamen fue votado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Dicha enmienda consistía en añadir un nuevo apartado, el 6, en el artículo
4, con el fin de prever la existencia en el seno de la Agencia Estatal Antidopaje de un órgano de participación de las comunidades autónomas en las que se constituyan agencias antidopaje. Por tanto una vez más cabe decir que el texto legal es
tremendamente respetuoso con el régimen territorial constitucional de distribución de competencias.
Señorías, desde el 11 de febrero del pasado año 2005, fecha en la que el Gobierno dio luz verde al Plan de acción integral de lucha contra el dopaje en el deporte, este decidió someter su contenido a un amplio debate social y político, un
debate que permitiera incorporar al plan ideas, sugerencias y propuestas concretas de los diferentes actores de nuestro sistema deportivo: los deportistas y las organizaciones deportivas, las federaciones deportivas, las asociaciones profesionales
de deportistas, entrenadores, técnicos y gestores deportivos, pero también debía ser un debate que implicara y se hiciera eco de las aportaciones que hicieran otros actores relevantes como las organizaciones sociales, los propios medios de
comunicación, la comunidad científica y universitaria, así como un debate en clave política que facilitara alcanzar el más amplio consenso político entre los grupos parlamentarios en torno a la protección de la salud y a la lucha contra el dopaje.
Pues bien, después de un año y ocho meses tenemos que sentirnos todos satisfechos por el trabajo realizado, por el consenso social y político que se ha producido. Esto quiere decir que este proyecto de ley es un proyecto de todos, pero también
significa que ha de ser un compromiso de todos. Esta será una ley de largo recorrido, ya que por el consenso obtenido tendrá una larga vida y por eso debe ser ejemplo para otras leyes. El método seguido para conseguir el objetivo del consenso y de
la unanimidad ha sido como siempre el diálogo, la negociación y la voluntad de llegar a acuerdos por parte de todos los grupos parlamentarios sin excepción. Por todo ello, quiero felicitar y agradecer el interés, el esfuerzo, la generosidad, el
trabajo y la voluntad de llegar a acuerdos de todos los grupos parlamentarios, y especialmente a los que han sido ponentes de este proyecto de ley. En el capítulo de agradecimientos tampoco quiero olvidar a mis compañeras ponentes, doña Gloria
Gómez y doña Mercedes Coello, por su dedicación y trabajo. Permítanme, señorías, una mención especial al gran artífice e impulsor de este proyecto, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, y también a
todo su equipo.
Él ha sido pieza fundamental en el largo proceso de gestación, elaboración material, debate social y tramitación parlamentaria de esta ley orgánica. Señorías, con la aprobación de este proyecto de ley se ven cumplidos los objetivos
que
perseguíamos. Esta era una ley necesaria basada en los principios de rechazo y tolerancia cero. Su ámbito de aplicación se extiende no solo a los deportistas con licencia federativa, sino que alcanza a todos los ámbitos de la actividad
deportiva tanto en competiciones oficiales como en la de carácter popular y recreativo. En esta lucha pacífica, sin tregua alguna para los tramposos, nuestro empeño es hacer del deporte una actividad limpia, ejemplar y saludable, que cumpla un
papel esencial en el desarrollo armónico de una sociedad de ciudadanos, porque, señorías, deporte y dopaje son conceptos antagónicos.
Estimado compañero, don Francisco González, la operación Puerto ha sido y es un asunto judicial, es un asunto que compete a la Justicia. Ni el Gobierno ni el Consejo Superior de Deportes han apartado a nadie, sino que han sido los propios
equipos quienes les han apartado de manera cautelar. En resumen, esto es lo que debo decirle a usted respecto a sus comentarios de la llamada operación Puerto.
Termino ya. Con la aprobación de este proyecto de ley, señorías, ganan el deporte y los deportistas; pierden los tramposos y los que cometen fraude; gana la salud pública y pierden las EPO, las hormonas del crecimiento y las
autotransfusiones; gana la seguridad pública y, en definitiva, la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
En nombre del Gobierno, la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer una intervención muy breve, de apenas dos minutos, porque ya hice la presentación de este proyecto de ley en esta Cámara y también en el Senado; sin embargo, el tema que aborda es lo suficientemente importante para justificar mi
intervención en el día de hoy y también por el hecho de poder expresar mi satisfacción por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios que espero que alcance este proyecto de ley -en pocos minutos ya ley-, a los que quiero agradecer, a ellos y
a todos los agentes sociales relacionados con el deporte, el trabajo realizado a lo largo de la tramitación de esta ley.
Con esta Ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte miramos hacia el futuro, miramos hacia un deporte más limpio, hacia un deporte con tolerancia cero hacia el dopaje.
Únicamente lamento que esta
unanimidad -que agradezco, insisto, a todos los grupos parlamentarios- se haya visto medianamente turbada por alguna de las intervenciones producidas esta mañana que, sacando a la luz una cuestión que efectivamente compete al ámbito judicial, haya
podido echar algunas sombras sobre los contenidos que persigue este proyecto de ley.
Lamento profundamente el sentimiento agridulce que al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, decía, le invade en el día de hoy porque, insisto, esta ley, que
cuenta con el unánime apoyo de todos los grupos parlamentarios, es una ley cuyo objetivo fundamental no es ya la lucha contra la tolerancia cero en el deporte, sino la protección de los derechos de todos aquellos que participan en las actividades
deportivas.
Muchas gracias, señor presidente, y de nuevo reitero mi enhorabuena a todos los grupos parlamentarios. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluye el debate sobre este proyecto de ley.
El punto II del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales será presentado directamente a votación.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000094.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley del estatuto básico del empleado público. Se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución por
los siguientes grupos: Grupo Mixto, señor Rodríguez; Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para la presentación del proyecto por el Gobierno, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy hace casi 180 años, en 1828, Luís López Ballesteros, ministro como yo, presentó en esta misma tribuna un proyecto de estatuto del empleado público que representó el primer intento moderno de ordenar la Función pública española.
Desde entonces hasta hoy ha habido muchos ensayos, algunos con más éxito, otros fallidos y otros solo parciales o provisionales. El estatuto que hoy presento es el más moderno intento para resolver los problemas que venimos arrastrando en nuestras
administraciones públicas y es también la respuesta a una aspiración aún no resuelta en la historia de nuestra democracia, nada menos que el mandato constitucional de regular la situación de los empleados públicos españoles. Este estatuto tiene dos
características esenciales que quiero destacar desde el mismo inicio de mi intervención: en primer lugar, es la primera vez que se desarrolla por ley el acceso a la Función pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, haciendo con
ello efectivo el derecho constitucional; y en segundo
lugar, es también la primera vez que se recoge en un único texto articulado una completa regulación de los empleados públicos y de sus características intrínsecas, que los hacen diferentes de los empleados del sector privado, que por cierto
ya gozan de un Estatuto de los Trabajadores desde hace décadas.
Señorías, la finalidad principal de la Ley del estatuto básico del empleado público que debatimos hoy consiste en adecuar el empleo público que tenemos a la realidad actual y a las necesidades inmediatas de nuestro país. Esto implica
reconsiderar las cualidades que han de tener los empleados públicos para promover las que procuran una perspectiva enfocada hacia la gestión, una actitud favorable hacia la formación continua, una capacidad de adaptación a entornos cada vez más
cambiantes y una actitud de responsabilidad ante los resultados de la labor individual y colectiva. Necesitamos mecanismos que nos permitan disponer de trabajadores públicos más motivados, cuyo esfuerzo sea valorado adecuadamente, de manera que se
impliquen en mayor medida en la consecución de resultados, es decir en la atención a las demandas de los ciudadanos y en la resolución de las necesidades de estos. Como ya he señalado, ha habido diversos intentos anteriores de regular la Función
pública que no han logrado culminar con la aprobación de un genuino estatuto. De hecho, una breve ojeada al pasado nos permite observar que la historia administrativa de España es toda una sucesión interminable de críticas y de reformas o, mejor
dicho, de intentos de reforma de la burocracia. La Administración española se ha ido construyendo a lo largo del siglo XIX y parte del XX de una manera desordenada. Además ha sido históricamente una Administración en la que anidaban vicios muy
perturbadores, como el reparto de prebendas y el parasitismo, lacras administrativas que se sumaban a otros problemas como la desconfianza recíproca entre la organización, ducha en el manejo de las cesantías por conveniencias políticas, y los
empleados públicos. Ensayos de estatuto, como las reformas de Luís López Ballester, ya citada, o la de Bravo Murillo de 1852 y la de O'Donnell de 1866, constituyeron intentos de lograr una reglamentación moderna entonces para los funcionarios, con
los cuales el orden empezó a sustituir al caos y los méritos a la arbitrariedad; sin embargo, estos esfuerzos chocaron con los vaivenes de la política decimonónica, de manera que los avances fueron muy limitados y algunos problemas se enquistaron
en la propia estructura de nuestras administraciones. Entrado el siglo XX, el conocido como Estatuto Maura de 1918 fue otro intento serio de reforma del aparato burocrático español, que no impidió que se viera lastrado por otro conjunto de
problemas que en parte han llegado a nuestros días.
También en todos estos asuntos es nuestra Constitución española reciente, la de 1978, la que estableció los requisitos para una burocracia racional y moderna en la Administración pública de nuestro país a partir de los principios de
igualdad, mérito y capacidad en el acceso de transparencia e imparcialidad en la gestión y de respeto a los derechos sindicales de los empleados públicos en la organización del trabajo. Pese a que el artículo 103 de la Constitución prevé la
existencia de un estatuto de los funcionarios públicos en la actualidad, como ya he dicho, todavía no existe una ley que dé cumplimiento a dicho mandato constitucional. No obstante, se han ido aprobando distintas leyes básicas que han ido abordando
asuntos parciales de esta materia estatutaria, hasta el punto de acabar generando una dispersión normativa ante la que resulta evidente la necesidad de definir un marco global que unifique la legislación estatutaria que incluso convive con textos
preconstitucionales aún vigentes parcialmente. A esta necesidad se une la de adecuar a la realidad actual una administración que en estos casi veintiocho años ha experimentado profundos cambios, marcados por la intensa descentralización producida
por el desarrollo autonómico, la introducción de nuevas tecnologías y el incremento de las exigencias ciudadanas de mayor calidad en la prestación de los servicios públicos. Es por ello que el Gobierno se puso desde el principio a trabajar
decididamente para superar dichas carencias, desarrollando un proceso de elaboración de esta ley de estatuto básico que ha seguido en todo momento los principios de participación y de búsqueda del consenso.
En este sentido, la elaboración de este proyecto de ley ha sido fruto de un gran esfuerzo de diálogo y negociación con los partidos políticos, las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales desarrollado a lo largo de
los últimos dos años. El 16 de septiembre de 2004 se creó la Comisión para el estudio y preparación del estatuto básico del empleado público, formada por expertos de diversos ámbitos, que elaboró un informe que fue presentado el 25 de abril de
2005. Ese mismo día fue publicado en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas para que todos los interesados lo conociesen y enviasen comentarios y aportaciones hasta un total de 240. A partir de entonces comenzó el debate del
informe en varios foros coordinados desde el Ministerio de Administraciones Públicas. Con las comunidades autónomas en el seno de la Comisión para la coordinación de la Función pública se han mantenido un total de ocho reuniones, ocho más con las
organizaciones sindicales, tres encuentros con la Federación Española de Municipios y Provincias y varios contactos con distintas asociaciones de empleados públicos, como Fedeca o Cosital. Ha habido también dos reuniones de la Conferencia sectorial
de Administraciones Públicas, con la asistencia de los consejeros de las comunidades autónomas y una de la Comisión Nacional de Administración Local con presencia de la FEMP para tratar específicamente este borrador de estatuto básico. Además he
tenido la oportunidad de comparecer en dos ocasiones ante la Comisión de Administraciones Públicas de esta Cámara, una el 28 de junio de 2005, para informar sobre las líneas generales en las que se basaba la elaboración del estatuto, y otra el 29 de
marzo de 2006, para presentar ya el borrador del anteproyecto
de ley del estatuto básico del empleado público. Por tanto, esta ley es fruto de la aportación de mucha gente y se puede decir sin lugar a dudas que se trata de una genuina obra colectiva como corresponde a la importancia de la materia
tratada.
Señorías, a continuación voy a resumir con la mayor brevedad posible los contenidos del estatuto, remarcando lo que considero que son sus rasgos principales, con lo que espero poder ofrecerles una perspectiva precisa de las prioridades a las
que responde. En primer lugar, el estatuto supone la fijación de un modelo homogéneo de Función pública, un marco básico que representa, como dijo una sentencia del Tribunal Constitucional, un mínimo común denominador para todos los empleados
públicos del país, al tiempo que respeta las competencias de las demás administraciones para adaptar las normas generales a sus condiciones específicas, lo que permitirá que se den las respuestas más adecuadas a las necesidades de servicio a los
ciudadanos sin salirse nunca del marco general. En segundo lugar, se refuerza la negociación colectiva en la Función pública, haciendo posible la constitución de una mesa general de negociación de las administraciones públicas como órgano de
relación permanente en el sector público; un esquema que refuerza, sin duda, el modelo común antes definido. En tercer lugar, se establece la figura del personal directivo, lo que introducirá un nivel personal y directo a la hora de
responsabilizarse de los resultados de la gestión y fomentará el dinamismo y la mayor implicación en los objetivos del sector público. En cuarto lugar, el estatuto fija que las retribuciones básicas sean iguales para todas las administraciones
públicas, mientras que las complementarias serán fijadas por cada administración, atendiendo a factores como la especial dificultad técnica, la progresión en la carrera y el grado de interés, de iniciativa o de esfuerzo. En quinto lugar, se
reconoce la reducción de la temporalidad como un objetivo esencial del nuevo marco laboral de las administraciones, precisamente para fomentar el empleo estable y de calidad. En sexto lugar, se modernizan las normas de acceso y procesos de
selección del empleo público para ganar en agilidad y adecuación a los perfiles requeridos, aunque -eso sí- siempre garantizando inequívocamente los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con este estatuto se busca, en séptimo lugar, una mayor
profesionalización de la Función pública, articulando distintos modelos de carrera y de promoción -horizontal y vertical-, además de fomentar la movilidad entre administraciones. Se da, en octavo lugar, un importante impulso a la formación de los
empleados públicos, que irá ligada a la promoción y que se adaptará permanentemente a los cambios del entorno económico, social y tecnológico. El noveno punto, crucial para el buen fin de la reforma, es el relativo a la evaluación del rendimiento.
El estatuto prevé que se establezcan incentivos para los empleados públicos que se esfuercen y que logren los resultados previstos, y prevé también que la continuidad en los puestos dependa del rendimiento ofrecido. El desempeño del puesto de
trabajo será, por tanto, un factor decisivo en la carrera profesional, con sistemas de evaluación objetivos y transparentes, pactados con las organizaciones sindicales. El décimo punto a destacar es la existencia de un código de conducta que regula
los derechos y los deberes de los empleados públicos, siendo de obligado cumplimiento en todas las administraciones, en el mismo sentido en que hemos aprobado también un código de buen gobierno para los altos cargos.
Estas son, señorías, las líneas esenciales del estatuto que debatimos hoy y que, como habrán podido comprobar, recoge muchos aspectos que hemos considerado positivos del bagaje acumulado en estos años de esfuerzos legislativos parciales e
incluso de algún proyecto de estatuto anterior, como el proyecto de ley de 1999, que no fue finalmente aprobado. Con este último compartimos el tratamiento de cuestiones como la clasificación del personal, la función directiva, algunos aspectos
relativos a las retribuciones o a la relación del servicio funcionarial. Sin embargo, el presente estatuto presenta algunas mejoras sustanciales respecto al intento precedente, como una mayor precisión en su carácter básico, lo que permite
establecer unos principios y criterios comunes aplicables a la totalidad de los empleados públicos y, a la vez, respetar la capacidad de autoorganización de las administraciones públicas para ejercer su competencia y adecuarla a sus necesidades.
Considero que este es un gran avance y que, en contra de lo que se viene sosteniendo desde algunos ámbitos, esta ordenación de lo esencial mejora en gran medida la homogeneidad existente en la Función pública española pues, como no se les escapará,
la situación actual no es precisamente homogénea, con realidades, tanto organizativas como retributivas, muy dispares.
Es cierto que algunos desearían una norma básica más prolija y otros mucho más esquemática. El Gobierno ha procurado mantenerse en un punto de equilibrio, atendiendo a lo necesario y sobre todo a lo más conveniente para nuestro modelo de
organización territorial. También es nuevo con respecto al pasado la inclusión de todos los empleados públicos y no solo de los funcionarios en el estatuto. Considero que esta novedad está plenamente justificada porque, aún manteniendo la
distinción entre funcionarios y laborales, ambas categorías comparten una condición común, la de servidores públicos, lo que conduce a la necesidad de normas comunes como las relativas a los principios de acceso o el código ético.
Señorías, para ir acabando, quiero enmarcar esta importante iniciativa dentro del esfuerzo global de modernización que el Gobierno está llevando a cabo en la Administración pública española, actuando sobre la organización con la Ley de
agencias, aprobada el 29 de junio pasado, que va a suponer la implantación definitiva de la gestión por objetivos y la consideración de la calidad en la prestación de los servicios públicos como un objetivo específico de actuación de los gestores;
actuando también sobre el funcionamiento con el proyecto de ley de acceso electrónico de los ciudadanos a
las administraciones públicas que mi departamento está trabajando para remitirlo en breve a esta Cámara; y actuando también en lo referente a las personas con acuerdos como el nuevo convenio para el personal laboral o la mejora retributiva
de todos los empleados públicos con la mayor oferta de empleo público por parte de la Administración General del Estado de los últimos años, con la implantación del Plan Concilia y ahora con este proyecto de ley de estatuto de empleados públicos,
que nos debe permitir adecuar las plantillas de la Administración a los requerimientos de modernización actuales y, aún más, proyectarlas hacia el futuro.
Concluyo, agradeciendo a los distintos grupos parlamentarios la voluntad y el esfuerzo en la búsqueda del consenso, tanto a aquellos con los que hemos logrado acuerdos y tienen la coherencia de mantenerlos, como a aquellos con los que no ha
sido posible. Confío de todas formas en que aún podamos encontrarnos en la senda del acuerdo y para ello el Gobierno sigue estando abierto al diálogo y a mejorar lo mejorable, como hemos demostrado en todo el proceso de elaboración de este
estatuto, porque desde el principio hemos querido que fuera una ley hecha y compartida por todos los que creemos en lo público y estamos dispuestos a aunar esfuerzos para mejorar nuestras administraciones públicas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno a favor de las enmiendas a la totalidad. El tiempo es de 15 minutos.
Señor Rodríguez, del Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Administraciones Públicas, no vamos a dudar desde el Bloque Nacionalista Galego del esfuerzo del Gobierno por llegar a acuerdos a través del diálogo no solamente con las fuerzas políticas sino
también con los sindicatos. De todas maneras, es esencial remarcar que las cuestiones formales en política tienen siempre un sentido vinculado a la realidad y, aunque quede alguien o pocos sin participar del diálogo para buscar el consenso, no cabe
duda de que se puede hablar de un defecto procedimental. Por eso, nos gustaría empezar por una cuestión previa, que es la tendencia que hay en el Estado español, incluido en tiempos más respetuosos con el pluralismo político y sindical, a
establecer la fase previa de negociaciones con sindicatos que son considerados o tenidos en cuenta en la mesa de negociación, que coincide siempre con sindicatos de ámbito estatal, de tal manera que en casos como el que estamos ahora tratando se
excluyó en esta primera fase del proceso a sindicatos que tienen la consideración de más representativos, como la CIGA, en el caso de Galicia; o ELA-STV, en el caso de Euskadi. Sin duda alguna, esta forma de proceder parte de la creencia de que lo
más legítimo es lo que tiene un ámbito de carácter estatal y redunda, por tanto, en el refuerzo de los postulados basados en una cierta concepción centralista del Estado. Esta es nuestra primera objeción, que no pone en duda por lo demás que haya
habido contactos y diálogo en primera instancia en la mesa de negociación con los sindicatos de ámbito estatal y por supuesto con los partidos -el pluralismo político existente en el Congreso de los Diputados- desde una concepción jerarquizada de
mayor a menor. En todo caso, este defecto puede ser paliado en otras ocasiones y no cabe duda que seguramente se intentará paliar también desde el punto de vista político.
Lo que sí nos parece que es un argumento de mucho más peso teniendo en cuenta la concepción del Bloque Nacionalista Galego es cómo se contempla el problema de la pluralidad lingüística del Estado español desde el punto de vista del
funcionamiento de la Administración pública y en particular de sus funcionarios. Coincidimos en que un servicio público tiene que caracterizarse por su eficiencia, por el trato a los usuarios y, por tanto, por ser, desde el punto de vista
cualitativo, distinto a los sectores privados. Por eso no se puede entender por qué no figura en una ley, aunque sea básica, la exigencia de conocimiento por parte del empleado público para desempeñar su labor en territorios del Estado que tienen
lengua propia de esa lengua. Hay algo muy importante que debe ser desterrado de la conciencia funcionarial del Estado español, y es quién sirve a quién. Los usuarios tienen que tener respeto por el funcionario, pero los funcionarios no están
actuando como personas de carácter particular, sino como personas que tienen que respetar los derechos de los usuarios, e incluso en una concepción lingüística de carácter individual no cabe duda alguna de que los usuarios gallegos, catalanes,
vascos, valencianos o navarros tienen el derecho a que se les atienda en su lengua oralmente y por escrito. Es difícil cumplir este tipo de derecho si no hay un deber de conocimiento de la lengua por parte de los funcionarios en esos territorios y,
por tanto, si la Administración pública no forma en este aspecto competencial a aquellos que vayan a ser destinados a esos territorios con lengua propia. Creo que en el Estado español estamos asistiendo a un espectáculo lamentable, que es que el
sector de los funcionarios del Poder Judicial, que está encargado precisamente de que la ley y en concreto los derechos de los ciudadanos se respeten, esté dando pruebas contundentes de violencia contra este código de conducta esencial, porque
parten del criterio de que el funcionario es un individuo que tiene unos derechos lingüísticos por encima de los usuarios de ese servicio público. Creo que este aspecto no es menor en la ley y debería de ser paliado o cuando menos contemplado en
alguna dirección.
Hay otros temas de discrepancia que reconocemos que no es que violen la filosofía del proyecto que presenta el Gobierno, simplemente responden a una concepción del servicio público más en una línea que tiene en cuenta no solamente el derecho
de los trabajadores funcionarios o contratados, sino también la
concepción del servicio público propia de un Estado radicalmente democrático y con una visión social avanzada. Me voy a detener en esta cuestión. En primer lugar, consideramos que la solución a los problemas del funcionariado en el Estado
español, sin duda existentes, no se basa en atomizar más el sistema retributivo introduciendo factores de subjetividad a la hora de contemplar el sistema salarial de los funcionarios, sino en establecer algún mecanismo por el cual los funcionarios
se vean obligados a cumplir con su trabajo -creo que esta es la primera cuestión-, y eso está en función de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, y después que se cumplan a rajatabla porque haya mecanismos de control para que sean
cumplidos. Por lo demás, consideramos que, si hay promoción interna adecuada, no tienen por qué introducirse factores de subjetividad dentro del mismo nivel de trabajo para justificar salarios diferentes.
Hay también una cuestión que, desde el punto de vista sindical, resulta llamativa. Consideramos que el hecho de que se excluya a los funcionarios de una negociación colectiva en la que pueda estar presente una cláusula de revisión salarial
donde se incremente el IPC de forma real, es decir, entre la diferencia entre el IPC previsto y el real, es una clara deficiencia que está provocando que los funcionarios públicos no puedan ver incrementados sus salarios en la medida en que va
creciendo el coste de la vida. El poder adquisitivo de los funcionarios ha palidecido en los últimos años por esta cuestión.
Hay una cuestión que es fundamental y que creo que, desde el punto de vista conceptual, tiene su importancia. Nosotros consideramos que los funcionarios deberían de verse obligados a jubilarse a los 65 años de forma obligatoria, sin
paliativos. Solamente en el caso de tener que completar el periodo de cotización para poder obtener la pensión adecuada se podría contemplar permanecer en el puesto de trabajo hasta los 70 años. Consideramos que esto debe ser así en una sociedad
donde hay muchísimos titulados en paro y donde creemos que hay puestos de trabajo que difícilmente, bien por motivos físicos -caso de la enseñanza primaria, por ejemplo-, o bien por motivos de carácter psicológico, las personas a partir de una edad
no cumplen los requisitos más adecuados, sobre todo en contextos conflictivos o de atención al público.
Por último, desde el punto de vista de lo que son los derechos de los funcionarios, hay algo que obliga a la Administración, y es garantizar que todo lo que es el sistema de ingreso en la Función pública y la promoción se hará a través de
mecanismos que garanticen la independencia y la transparencia del proceso. Por eso es fundamental que los tribunales que juzguen se hagan de forma aleatoria, por sorteo, y que el control sindical se establezca sobre el comportamiento de esos
tribunales para ver si actúan conforme a la legalidad para que la transparencia del proceso esté garantizada por el control de elementos externos a la propia estructura de acceso al funcionariado público.
Por lo demás, hay algunos elementos en la ley que nos parece que establecen criterios jerarquizados que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, no sabemos por qué razón se deja fuera de la negociación colectiva al personal directivo. Esto
puede dar pie a contratos blindados o a contratos que son excesivamente pesados u onerosos para el Estado que no se pueden justificar en la Función pública. Igual que pensamos que la negociación colectiva no se puede delegar en nadie que no sean
los propios responsables de la Administración pública.
Por todas estas cuestiones pensamos que esta ley, que sin duda es una ley básica, en la que se hizo un gran esfuerzo para que respondiese a este criterio, al amparo de los artículos 149.1.7ª y 103 de la Constitución española, valorándolo
positivamente en lo que tiene de síntesis sobre quién trabaja en el sector público frente al privado, e incluso en el intento de que ese trabajo se guíe por el criterio de mérito y capacidad en el acceso y por un régimen de incompatibilidades
general para todos los casos, sea cual sea la dependencia a través del estatuto de empresa privada, laboral o bien el estatuto de funcionarios, aunque esta síntesis se hizo de una manera correcta y, por supuesto, superando lo que fue la Ley 30/1984,
la Ley 53/1984 y la Ley 9/1987, que prácticamente hasta ahora era la normativa fundamental y básica para los funcionarios, pensamos que es aún mejorable desde la perspectiva en la que nos hemos expresado en este momento, y esperemos que el
ministerio esté dispuesto a mejorarla en este sentido.
Acabo, señor presidente, diciendo que somos conscientes de que es muy difícil, en una economía de carácter capitalista, lograr un sector público que funcione sin las rémoras que dan, desde muchos puntos de vista, una estabilidad garantizada
y también unas incompatibilidades claras. Pero no podemos privatizar el modelo porque por ahí no vendrán sus virtudes, ni tampoco generalizar el contrato laboral y mucho menos aumentar el número de interinos en condiciones de inestabilidad en
cuanto a la movilidad del puesto trabajo. Pensamos que hay que superar las deficiencias del sistema del funcionariado, creando una conciencia democrática clara en los servidores públicos, haciéndoles ver que un servicio público se caracteriza ante
todo porque parte del supuesto de que no hay patronos, en el sentido tradicional del término, y que los trabajadores lo tienen que tener presente, pero que eso obliga al mismo tiempo a tener una exquisita dedicación a la sociedad, a cumplir y a
hacer cumplir la ley, a ser efectivos y atender las demandas de los usuarios cuando son legítimas; a atenderlos siempre para informarlos con corrección y sin dilación. Esta es la vía que hay que seguir. Si el señor ministro pudiese acceder a
algún tipo de modificación en el aspecto lingüístico que nosotros consideramos mayor, estaríamos dispuestos a retirar nuestra enmienda de totalidad a su proyecto de ley y, en todo caso, a abstenernos en la votación de las otras enmiendas a la
totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Enmienda del Grupo Parlamentario de Ezquerra. Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, presentamos hoy aquí, desde el Grupo de Esquerra Republicana, esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley del estatuto básico del empleado público por considerar
que esta norma choca frontalmente con las competencias que en materia de Función pública y personal al servicio de las administraciones públicas catalanas tiene la Generalitat de Cataluña, que viene claramente definida en el artículo 136 del nuevo
Estatuto de Cataluña. El primer punto del artículo 136 dispone la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas, así como la ordenación y la organización de la Función
pública, salvando lo que dispone el segundo punto, que habla de las competencias compartidas, de los principios ordenadores de la ocupación pública, de la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario, las situaciones administrativas, los
derechos, los deberes y las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Desde nuestro grupo entendemos que solo tiene cabida en este estatuto básico del empleado público toda aquella regulación que esté
estrictamente marcada en estos cinco apartados, respecto a los que se configura una reserva a favor del Estado mediante la figura de la competencia compartida.
Leído este artículo 136, permítanme, señoras y señores diputados, que les haga dos reflexiones. Nos encontramos con el primer proyecto de ley que nos viene del Ministerio de Administraciones Públicas después de la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Entendemos que ese ministerio y ese ministro tendrían que ser defensores y valedores de este Estatuto de Autonomía, y no entendemos que en este primer proyecto de ley haya una injerencia en las competencias que establece el
artículo 136 del Estatuto de Autonomía. Pero quería hacer una segunda reflexión a todos los diputados catalanes que votaron este estatuto, porque en este primer proyecto vemos, como también vimos en el debate de los Presupuestos Generales del
Estado, que empezamos mal. Y tiene que ser el Grupo Parlamentario Catalán, que votó en contra de este estatuto, el que vaya a defender las competencias o, en el caso de los presupuestos, el que defendió la inversión pública que teníamos que tener
para Cataluña en el próximo año. También me gustaría hacer referencia a los diputados de Convergència i Unió que han presentado en esta Cámara una enmienda de totalidad a una de las leyes sociales más importantes que se han presentado en esta
legislatura, y seguramente en muchas, por la única razón de que afectaba a competencias de la Generalitat. Pues, señores diputados de Convergència, si este estatuto básico no entra en confrontación con las competencias que tiene la Generalitat,
ustedes nos explicarán por qué.
Pero déjenme, señoras y señores diputados, que entre a valorar las discrepancias que nuestro grupo parlamentario tiene respecto a este proyecto de ley. En primer lugar, lo que hace referencia al objeto y al ámbito de aplicación de esta ley.
No estamos de acuerdo con la redacción del artículo 2, que se refiere al ámbito de aplicación, ni con el artículo 4, referente al personal con legislación específica propia. A nuestro entender, es necesario generalizar el ámbito de aplicación del
estatuto en concordancia con la exposición de motivos, limitando al máximo, en consecuencia, las excepciones, regímenes específicos y normas sectoriales básicas, con objeto de dar al estatuto un carácter de marco común para todos los empleados
públicos, independientemente de las administraciones donde presten servicio.
También quiero decir que no estamos de acuerdo con el subtítulo I, que hace referencia al personal directivo. No estamos de acuerdo con el título de este subtítulo, pensamos que debería ser: la función directiva profesional. Por lo que se
refiere al artículo 13, supone una clara intromisión en cuestiones que afectan a las potestades autoorganizativas de cada Administración pública, por lo que esta materia no puede ser considerada como básica. En efecto, la dirección pública es una
función no una categoría específica de personal que precise de una regularización en este capítulo. Es preciso recordar, además, que la función directiva es una materia sobre la que la Generalitat de Catalunya también tiene competencias, que vienen
reguladas en el artículo 150 del nuevo Estatuto de Autonomía. Entendemos que no es aceptable que el estatuto básico del empleado público contenga la regulación propuesta porque es invasiva y sería necesario sustituirla por un mero enunciado,
coherente con el ejercicio de la potestad autoorganizativa de cada administración.
Por lo que se refiere a la regularización de la carrera profesional, una norma de carácter básico debe limitarse a sus aspectos más esenciales, es decir, a la fijación de sus principios ordenadores, sin entrar en el detalle de su
articulación en grados o conceptos análogos, o en los criterios de valoración a estos efectos, aspectos todos ellos propios del ejercicio de las potestades autoorganizativas de cada administración.
En cuanto a la promoción interna, tampoco debe ser objeto de regularización en una norma básica, más allá del enunciado de sus propios principios ordenadores más generales. El resto de la regularización que se propone corresponde al ámbito
de las potestades de autoorganización de cada Administración pública. No es procedente, señorías, que mediante una norma básica se concreten los años de antigüedad mínima en el cuerpo de origen para poder acceder a la promoción interna, atendiendo
al carácter básico de la norma; ello es contradictorio no solo con el nuevo marco competencial resultante del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino con el propio espíritu del estatuto básico del empleado
público, reflejado en la exposición de motivos de este proyecto de ley.
A nivel de derechos retributivos, nuestro grupo valora muy negativamente la sujeción del gasto en materia de personal a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puesto que se trata de una clara extralimitación de la competencia para
dictar normativa básica del régimen estatutario de los empleados público. Esta competencia no se encuentra en la normativa general de la Función pública, sino que se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre la base de
la competencia estatal, en relación con las bases de la planificación de la actividad económica general y derivada de una jurisprudencia constitucional de dudosa vigencia, que responde a un momento conceptual concreto y determinado y a unas razones
políticas y presupuestarias específicas ahora inexistentes. Por otra parte, el proyecto determina la estructura retributiva y sus conceptos con un grado de regularización absolutamente desmesurado y reglamentariamente impropio de una norma básica.
Hace un desglose detallado de los conceptos de retribuciones básicas y complementarias: fijación de idénticas cuantías para todos los subgrupos profesionales de las diferentes administraciones públicas; establecimiento de los factores determinados
de las retribuciones complementarias; estructura de las pagas extraordinarias, número y mes de percepción; retribuciones de interinos, personal laboral, funcionarios en prácticas, retribuciones diferenciadas, deducciones. Es una regularización
exhaustiva que parte del carácter básico de la norma y que impone una reducción de la intensidad y extensión, en concordancia con el principio enunciado en la exposición de motivos del proyecto. La densidad de la legislación básica en materia de
Función pública debe reducirse hoy en día en comparación con épocas pasadas, teniendo en cuenta, en todo caso, la determinación de los estatutos de autonomía.
Finalmente, señorías, la aproximación de las políticas retributivas de cada Administración en su entorno socioeconómico debe ser principio guía que con la excesiva homogeneización que se deriva del texto del proyecto de ley quedaría como un
objeto inalcanzable de imposible cumplimiento. En este sentido, propondríamos modificar los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 22 y los artículos 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 por los mismos argumentos que les he comentado; en definitiva, tendríamos
que modificar o suprimir muchos de los artículos que hacen referencia a lo expuesto. En materia de negociación colectiva no podemos aceptar el artículo 36 en su punto 2 -mesas generales de negociación- ni el artículo 37 -materia objeto de
negociación-, debido a que se regulan los espacios de negociación obligatoria en el ámbito de las mesas generales con una exhaustividad impropia de una norma básica y de forma claramente invasiva no solo del marco competencial de las distintas
administraciones públicas, sino también de los derechos de negociación colectiva de los respectivos ámbitos.
En cuanto a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones, nuestro grupo no puede aceptar de ninguna manera los artículos que van del 47 al 51. La regularización de la jornada de trabajo, permisos y vacaciones pertenece claramente al ámbito
del ejercicio de las facultades de autoorganización de cada Administración, por lo que procede la total supresión del capítulo, manifiestamente invasivo e impropio en cuanto a la materia del objeto de una norma básica. En el ámbito de los deberes
de los empleados públicos y el código de conducta nuestro grupo entiende que los códigos éticos y de conducta responden a los valores propios de cada organización y, por lo tanto, no pueden ser objeto de regularización en el marco de una ley básica
estatal. En cualquier caso, procede eliminar la regularización de los principios de conducta en tanto que se trata de una cuestión claramente organizativa y se presta a no pocas duplicidades con el resto del capítulo. En materia de acceso al
empleo público y adquisición de la relación del servicio no podemos aceptar tampoco los apartados 2 y 3 del artículo 60 que se refiere a los órganos de selección. Aun partiendo de la conformidad con el contenido de los textos del proyecto en estos
apartados, no es razonable que una norma de carácter básico establezca tales criterios de exclusión en cuanto a la composición de los órganos de selección.
En materia de ordenación de las actividades profesionales nuestro grupo mantiene también varias discrepancias. Referente a la estructuración del empleo público no podemos aceptar tampoco lo que viene dispuesto en el artículo 76. Aparte de
la poca claridad del precepto, es evidente que constituye una extralimitación de lo que debe ser considerado como base material, puesto que la clasificación de los funcionarios pertenece al ámbito de las potestades autoorganizativas de cada
Administración y, además, para que este precepto pueda ser aplicado al personal docente y estatutario. En materia de provisión y de puestos de trabajo suprimiríamos también el artículo 78, los apartados 1, 2 y 3 del artículo 79 y los apartados 2, 3
y 4 del artículo 80 y el artículo 81. La regularización de la provisión de puestos de trabajo y de la movilidad, en tanto que es materia puramente autoorganizativa, debería circunscribirse, en el ámbito del estatuto básico del empleado público, al
enunciado de unas reglas y principios básicos dejando a las comunidades autónomas su desarrollo de acuerdo con las peculiaridades de su organización. Cabe señalar además que a lo largo del articulado de este capítulo se establecen normas básicas
que utilizan una fórmula verbal potestativa -podrán, se podrá, pueden- para regular determinadas materias con detalle propio de un reglamento. Esta técnica es ciertamente peligrosa en las medidas o previsiones no comprendidas entre las que de forma
potestativa establece la norma básica. De modo que si bien la fórmula utilizada no puede ser de carácter obligatorio en cambio inhabilita para el desarrollo de otras medidas que no sean las comprendidas en una norma básica.
También estamos en desacuerdo con el artículo 84 respecto a la regularización de la movilización interadministrativa debido a que el exceso regulatorio supone un retroceso respecto a la normativa recogida en la Ley 30/1984 y el carácter
instrumental y autoorganizativo que la jurisprudencia constitucional ha descrito respecto a la figura de la movilidad. Por ello que proponemos limitar la regularización básica a una parte del párrafo primero a la que, en todo caso, cabría añadir la
sujeción a los principios de reciprocidad. Suprimiríamos también los artículos del 85 al 90 sobre las situaciones administrativas.
Modificaríamos la disposición adicional segunda y tampoco vemos necesaria la disposición transitoria, por lo que
nuestro grupo querría suprimirla.
En definitiva, si hacemos una aproximación al proyecto bajo la perspectiva del Estatuto de Autonomía nos obliga a la solicitud de la supresión de todos aquellos títulos que contemplen ámbitos diferentes y, por
tanto, sobre los que la Generalitat tiene una competencia exclusiva.
Subsidiariamente y teniendo en cuenta el ámbito de aplicación del estatuto básico del empleado público, es obligatorio solicitar por nuestra parte, mediante una disposición
adicional, un régimen especial para Cataluña en lo que se refiere a los artículos 3, 5 y 7.
No podríamos aceptar este estatuto básico si no pudiéramos llegar a un acuerdo para una disposición adicional en la que hubiera un régimen especial en estos artículos. Es verdad -el señor ministro podrá decirlo- que nuestro grupo llegó a un
principio de acuerdo de no presentar una enmienda a la totalidad pero también es verdad que una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña y una vez que nuestro grupo no tiene la misma seguridad en los compromisos o en el respeto a las
competencias que puede tener el Gobierno socialista debido a todo lo que ha pasado en la negociación del Estatuto, nos hemos visto obligados a presentar esta enmienda a la totalidad que solo podríamos retirarla, como les decía,...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.
El señor RAMÓN TORRES: Voy acabando, señor presidente.
Solo la retiraríamos si una disposición adicional estableciera que para estos capítulos que a nuestro entender entran claramente en competencias de la Generalitat habría un régimen especial.
Nuestro grupo, si esta enmienda de devolución no sale adelante, presentará todas estas líneas en enmiendas parciales durante la negociación parlamentaria que vendrá a partir de ahora. Esperamos que ese compromiso que el señor ministro ha
propuesto desde esta tribuna esta mañana pueda lograr que muchos de estos problemas y temores que tiene el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en lo relacionado con las competencias y, sobre todo, con el artículo 136, lleguen a desaparecer
al alcanzar acuerdos.
Nuestro grupo estará en esta negociación, intentará mediante estas enmiendas llegar a un acuerdo. Si no las aprobamos hoy intentaremos trabajarlas y esperamos que Convergència i Unió y los otros grupos catalanes nos ayuden a defender este
artículo 136 del Estatuto de Autonomía.
Gracias, señor presidente, gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente.
Señoras y señores diputados, haré una reflexión inicial. Sin duda el tema del alcance necesario de la legislación básica del Estado es uno de los más difíciles pero sería interesante que algunos que ven siempre excesos e invasiones en el
ejercicio de esa potestad estatal algún día hicieran el esfuerzo de decirnos cuál debería ser el contenido de la legislación básica. Superada la consideración inicial, señor ministro, de ese aire jacobino que emplea para dar el rótulo a este
proyecto de ley, al denominarlo del empleado público, término mucho más general que el de funcionario -es verdad que la ley acoge en sus disposiciones normas dirigidas a personal relacionado jurídicamente con la Administración que no son propiamente
funcionarios, quizá quiso huir del aire de Función pública que se había empleado en el proyecto del anterior Gobierno-, superada esa pequeña cuestión, tengo que decir que esta enmienda a la totalidad no responde a la oportunidad. No tenemos ninguna
duda de la oportunidad del proyecto, la compartimos absolutamente de manera que no ejercitamos la facultad que nos da el artículo 110 del Reglamento para discutir la oportunidad. No compartimos todos los principios o no al menos en los términos en
que se desgranan, sobre todo en la exposición de motivos y quizá no compartimos, en definitiva, el espíritu del proyecto, aunque puede que no tanto el expresado como el que se ha mantenido en el almario de los que han impulsado de alguna manera este
proyecto de norma jurídica.
El 21 de octubre de 1999, en esta misma tribuna, el actual presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, entonces portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Parlamentario Socialista, al defender la enmienda a la totalidad plantada
por este al proyecto de ley del estatuto básico de la Función pública, hacía un frecuente uso de este recurso parlamentario sin que en su caso, al parecer, esa actitud empañara su autoproclamada faz dialogante, no sé si ya madurada en el talante
específico o en trance de alcanzar la madurez. Decía el señor Zapatero, según refleja el 'Diario de Sesiones': Es absolutamente evidente, y ahí tenemos una coincidencia clara, que una ley de esta naturaleza, que tiene una importancia y una
proyección de estabilidad en el tiempo, debe gozar del máximo consenso;
pero le quiero decir al Gobierno que por el consenso hay que luchar mucho en esta Cámara, como no puede ser de otra manera, hay que luchar más por ese consenso. Fin de la cita.
No sé si será que el filtro del talante les ha hecho mudar de opinión o si siguen ustedes a Giovanni Boccaccio, cuando decía: haz lo que decimos y no hagas lo que hacemos. Porque lo cierto y verdad es que usted no ha hecho ni medio
esfuerzo por acordar nada, en relación con este proyecto, con el Partido Popular. Le escribí el 21 de abril de 2005 y le ofrecí negociar y buscar el acuerdo. Me contestó cortésmente aceptando que tendríamos efectivamente contactos, que no se han
producido. Y hasta hoy.
No ha hablado usted con nadie del Partido Popular, ni usted ni ningún portavoz suyo ni grande ni chico. Todo su esfuerzo ha sido ignorar la pedagógica exhortación del hoy presidente. Él decía que había que luchar más por
el consenso y ni usted ni ahora él han luchado poco o mucho porque no han luchado nada, a no ser que la medida del diálogo con nosotros se traduzca en unas palabras cruzadas circunstancialmente hace unas semanas con el señor Villar en un pasillo,
con las que le anunció que tenían que hablar sobre esta cuestión o una reciente llamada a la diputada señora Torme cuando estaba prácticamente terminando el periodo de enmiendas. Eso sí, se ha dedicado, como principal esfuerzo, a la exclusión de la
oposición y a la imposibilidad de cerrar acuerdos con ella. Sin embargo, mejor no saber en qué términos se ha dedicado a pactar con otros grupos, como ha quedado hoy elocuentemente expresado incluso por quien me ha antecedido en el uso de la
palabra, para asegurarse que este proyecto supere el paso por esta Cámara. Con esos grupos sí ha tenido tiempo de negociar, señor ministro. Bueno, la letra de lo que han negociado la desconocemos, la música, no. El resumen -también ha quedado
patente- es que este estatuto no tenía que ser básico sino mínimo. En el fondo también lo ha confesado usted, señor ministro, en su intervención y en eso están. Supongo que distingue entre mínimo y básico, nosotros intentamos hacerlo.
Escribía el otro día el profesor Rodríguez Adrados que la democracia es disensión dentro de unos límites, unas normas y se preguntaba : Cuando se hacen alianzas contra natura, se tolera que se impongan mínimas minorías, fuera o dentro de
los partidos, cuando se llama mentira al simple error, ¿se obliga a la sumisión o al enfrentamiento? Nosotros entendemos que en este trance se obliga a la enmienda de totalidad de devolución, de manera que sé que a usted no le ha extrañado y sé que
la entiende porque usted mismo le ha dado vida. Sepa que rechazó nuestra mano tendida al diálogo y al acuerdo y nos ha negado así la representación que los españoles nos dieron. Supongo que estamos en un régimen parlamentario y está poniendo en
riesgo algo muy importante que es la proyección de estabilidad en el tiempo de esta norma. Si como indica la propia memoria justificativa del proyecto de ley, este afecta de modo directo a una parte muy importante de la población española,
concretamente a un total de 2.450.000 empleados públicos que prestan servicio en la actualidad en las distintas administraciones, si, en fin, esta norma va a incidir de modo decisivo en la actividad de aquellas al establecer las normas básicas
comunes al conjunto de los funcionarios y del personal al servicio de las administraciones públicas, es llano que el intento de acuerdo con los que representamos la alternativa de gobierno era una exigencia, un requerimiento inexcusable y es una
grave irresponsabilidad por su parte ignorarnos y ni siquiera intentar hablar con nosotros, por cierto de manera muy diferente a como actuó el Gobierno y su mayoría en la legislatura en la que nosotros trajimos un proyecto de ley sobre esta materia.
Así pues, si alguna enmienda de devolución puede estar justificada en ser excluidos de la negociación y de la participación en el acuerdo, su actitud no solo justifica sino que demanda, por coherencia y por dignidad parlamentaria, la enmienda de
totalidad que estoy defendiendo.
Se justifica, además, nuestra enmienda en razones para nosotros poderosas.
El proyecto de ley cuya devolución postulamos se aparta de forma inaceptable de lo que deben ser las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las
administraciones públicas cuyo establecimiento atribuye al Estado el artículo 149.1.18ª de la Constitución. No observa la competencia estatal para regular los aspectos esenciales de la organización de la burocracia de las administraciones públicas,
que es en lo que se concreta, como reconoció la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, el título competencial. La función propia de la legislación básica es la de delimitar el campo legislativo autonómico, lo que no supone exclusión o
vaciamiento de sus competencias sino obligación de atenerse en el ejercicio de éstas al sentido, amplitud y fines de la materia básica sin que ello implique privar a las comunidades autónomas de sus competencias estatutariamente asumidas y sí solo
que su desarrollo haya de tener su referencia y límites en la materia básica que cada comunidad autónoma ha de respetar -sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987-.
El estatuto básico ha de ser de aplicación en todo el territorio del Estado español, sin excepción. La previsión del artículo 136 del Estatuto de Cataluña, del que se ha hablado aquí, y la competencia allí denominada exclusiva que atribuye
a la Generalitat, sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones catalanas o la compartida para el desarrollo de los principios ordenadores del empleo público, no puede vaciar de contenido el título competencial del
Estado atribuido por el artículo 149 de la Ley fundamental. Seguro que es compatible, decimos o pensamos, y así lo mantuvieron ustedes durante el debate del estatuto en la Comisión Constitucional; pues manos a la obra, señor ministro.
El proyecto configura un modelo general de Función pública que implica desigualdades en materia de ordenación, sistema retributivo, derechos y deberes, acceso y negociación colectiva, régimen disciplinario y que no
garantiza la movilidad administrativa. No garantiza un mismo régimen de derechos y obligaciones de los funcionarios de la Administración local, con independencia de la comunidad autónoma a la que pertenezcan los entes locales en los que
presten servicio y altera, sin razón alguna a nuestro juicio, la condición de funcionarios locales de los integrantes de los cuerpos de la Administración local con habilitación nacional.
No apreciamos que la ordenación de la Función pública que expira el proyecto satisfaga imperativos constitucionales de mérito y capacidad en el acceso, igualdad en las condiciones e imparcialidad en la actividad.
El modelo que impulsa no
permite garantizar el acceso y la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, ni tiene en cuenta que las reglas sobre selección forman parte incuestionable del régimen estatutario de los
funcionarios públicos. El establecimiento de bases comunes al respecto es necesario por imperativo del artículo 149.1.18ª, ya que el sistema de Función pública en el conjunto del Estado, como decía el Consejo de Estado en su dictamen al proyecto de
1999, estaría abocado a la desintegración si para las distintas administraciones se pudieran establecer esquemas de selección de naturaleza absolutamente dispar. La regulación básica debe garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a
acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas y no lo hace y trastoca e infringe, a nuestro juicio, por ese motivo el artículo 23 de la Constitución o podría hacerlo. El proyecto no nos define la problemática entre las
administraciones públicas para facilitar la movilidad voluntaria de sus funcionarios. No queremos, en definitiva, un marco básico como el que articula el proyecto que propiciará, a la postre, 19 modelos de Función pública en detrimento de un
sistema común. Para concluir diré que el sistema retributivo que el proyecto impulsa, teniendo en cuenta el amplio margen que se atribuye a las administraciones públicas para fijar algunos de los diferentes conceptos que lo integran, inducirá
indefectiblemente a que se acusen las diferencias hoy ya existentes y dificultará la labor del Estado para ejercer el control sobre el gasto global de las retribuciones en el sector público y mucho más, pero no tengo tiempo para exponerlo.
Señor ministro, le recomiendo la filosofía y la praxis de la máxima latina festina lente, apresúrate despacio, que Suetonio puso en boca del emperador Augusto y que este utilizaba como lema afirmando que al perfecto jefe no le conviene la
precipitación. Señor ministro, usted tiene una oferta de negociación, pero para que pueda hoy tener un gesto que lo propicie y que exprese voluntad de acuerdo, recíproca y mutua consideración, le demando en nombre de mi grupo que, para clarificar
controversias e ilustrar las legítimas posiciones sobre el alcance debido y conveniente de este estatuto básico del empleado público, se incorpore el dictamen del Consejo de Estado que hemos solicitado ya a la Mesa, pues usted soslayó la consulta
que, aunque no preceptiva, era tan conveniente y necesaria a este precepto. Léase el dictamen de la norma anterior en la que encontrará las razones que abundan precisamente además en la facultad que en sus competencias de informe tiene el Consejo
de Estado, muy conveniente en este caso, al tiempo que recordaba en el dictamen que en su función consultiva vela por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y que también puede valorar los aspectos de oportunidad y
conveniencia. Desde luego, cuando se está discutiendo el alcance de las normas básicas es conveniente. Aplique, señor ministro, la sabiduría de la máxima que he invocado y festina lente, sepa usted o no latín, que lo ignoro, requiera tan
importante reflexión y proporcione al acuerdo un instrumento tan valioso y clarificador como será sin duda el parecer del máximo órgano consultivo del Gobierno que enriquecerá los antecedentes asegurando una buena tarea legislativa al abordar el
debate concreto de un texto tan relevante como este.
Fíjese que el Consejo de Estado, al recibir el encargo del anterior Gobierno para pedir el dictamen en relación con esta norma, expresaba claramente por qué no siendo preceptiva era muy importante esa consulta.
El Consejo de Estado decía
que la consulta al mismo es facultativa en este caso y no vinculante. La solicitud de dictamen responde sin duda al hecho de que el contenido del anteproyecto se refiere a un sector de notoria relevancia en el ordenamiento jurídico administrativo
sobre el que este Consejo ha ido acumulando una considerable experiencia a través de su actividad manifestada en numerosos dictámenes, ya sea sobre normas en materia de funcionarios públicos, ya sobre expedientes relativos a numerosos casos
concretos. Así, la iniciativa de vuestra excelencia denota la loable voluntad de aupar los esfuerzos y garantías que deben concluir en la elaboración de un texto normativo tan trascendente y cardinal en el desarrollo de las previsiones de la
Constitución de 1978.
Aplique pues, señor ministro, vuelvo a repetirle, la sabiduría del festina lente, pida ese dictamen, tenga ese gesto e interés si no lo puede pedir en este momento, pero puede evidentemente hacerlo a petición de la Mesa, a la
que puede transmitir naturalmente esa inquietud, y proporciónenos este instrumento que seguro que ha de resolver bastantes cuestiones. Enriquecerá los antecedentes, desde luego, asegurando una buena tarea legislativa al abordar el debate concreto
de un texto tan relevante como el que nos ocupa. ¡Luche, luche, señor ministro -como clamaba el señor Rodríguez Zapatero-, por el máximo consenso! Cumpla con una exigencia democrática. Ayúdese, señor ministro, e intentaremos ayudarle, si quiere.
Hoy, cumplimos con nuestra obligación demandando a la Cámara la devolución al Gobierno del proyecto de ley, solicitud que en nombre de mi grupo deduzco, con confianza y respeto, en todas sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el Gobierno? (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a los diputados que han intervenido en nombre de sus grupos para mostrar algo bastante obvio y es la grandeza de la democracia, que es un sistema que permite que vivamos juntos gente que opinamos cosas muy distintas incluso
sobre el mismo hecho, porque la verdad es que en esta tribuna hemos escuchado al menos dos versiones distintas sobre el mismo texto.
Quiero empezar por agradecer al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, su intervención. Se lo he dicho en la mía y lo repito ahora, el compromiso de mejora en la tramitación parlamentaria de este texto lo mantengo. Mi
experiencia, como ministro y como diputado, es que las leyes que salen de la Cámara con más apoyo de aquel con el que entraron son mejores, no solo porque tengan más apoyo, sino que también técnicamente mejoran con la aportación, con la discusión,
con el debate de más grupos y con más visiones. Hay algunas discrepancias que no tienen arreglo. Por ejemplo, respecto a lo que usted ha llamado el defecto procedimental, yo ya no puedo poner la moviola y, por tanto, no puedo hacer lo que no hice
en su momento, pero lo que sí le garantizo es que he cumplido los acuerdos a los que llegué con los tres sindicatos mayoritarios a nivel español, principales interlocutores -es cierto- de esta negociación de estatuto, pero no únicos interlocutores,
porque este texto obligatoriamente hay que llevarlo a la mesa general de negociación, donde también tienen presencia sindicatos como el CIGA, que usted ha mencionado, y donde también tuvieron ocasión de participar en el debate y en la negociación.
Me habla usted también de la jubilación. He vuelto a leerme el artículo 67 del texto que hoy traemos a esta Cámara, punto 3: la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad. Esa es la norma
general, con independencia de que permite, como ley básica que es, que las leyes de Función pública que se dicten en el desarrollo de este estatuto establezcan condiciones para permitir llegar a los 70 años excepcionalmente y, creo que dice, de
manera siempre motivada. Por tanto, comparto su preocupación, pero dentro del ámbito competencial que entiendo tiene en esta materia el Gobierno de la nación y dentro de lo que a nuestro juicio es una ley básica, su preocupación respecto a la
jubilación queda suficientemente clara. Lo mismo ocurre con el personal directivo; esta es una ley básica y, además -lo comentaré con más extensión cuando haga referencia a la intervención del representante de Esquerra Republicana-, si las nuevas
reformas estatutarias se están denominando como reformas de nueva generación, esta es una -no me atrevo a decir la primera- ley básica de nueva generación, entre otras razones porque intenta ser -y así voy a demostrarlo- escrupulosamente respetuosa
con la letra y con el espíritu de los estatutos de autonomía, incluidos los recientemente aprobados y que han entrado en vigor. De ahí que quizá se haga un abuso del 'se podrá'. Por tanto, no se obliga a que las administraciones autonómicas, ni
tan siquiera la Administración General del Estado, regulen la figura del personal directivo, ni se obliga a que se haga de una manera determinada más allá de algunos parámetros claramente establecidos, como que para determinado tipo de servicios
tienen que ser obligatoriamente funcionarios, pero se abre la posibilidad de fortalecer algo que entendemos que hace falta para incrementar la eficiencia y la profesionalidad de nuestras administraciones, que es regular la figura del personal
directivo. Esto es conveniente hacerlo y me comprometo a llevarlo a cabo en la Administración General del Estado, donde supongo que nadie discutirá la capacidad del Gobierno para ello, y las comunidades autónomas decidirán si quieren hacerlo o no.
Por tanto, es respetuoso con una figura que todo el mundo entiende que exista en las empresas privadas, que es el personal fuera de convenio. Se entiende que haya una parte de personal directivo fuera de convenio, lo cual no quiere decir fuera de
control, ni quiere decir que no reúnan el resto de los requisitos que se exigen a todos los empleados públicos, ni quiere decir que no sean empleados públicos y que por tanto se les tenga que aplicar todo lo que prevé el estatuto, incluidas las
formas de selección, promoción y formación, el código de conducta, las sanciones, la evaluación del rendimiento, etcétera.
Señala un asunto en el que le doy la razón, que es la pluralidad lingüística. Conoce usted mi posición. Está en la Constitución y creo que es suficientemente claro. No me parece que haya ningún problema para que se pueda recoger en el
texto del estatuto básico una previsión que permita cumplir lo que la Constitución establece: que los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a su administración en su propia lengua. Por tanto, allá donde haya lenguas propias distintas o adicionales
al castellano, la Administración tiene la obligación de atender en esa lengua y no tengo ningún problema en que esto quede claro en el texto del estatuto.
En cuanto a la segunda enmienda de totalidad que hemos escuchado esta mañana, la de Esquerra, entiendo que le ha tocado a usted un papelón. Es la primera vez que se ocupa de este asunto, al menos como portavoz.
Créame que no es nada
personal, pero aunque es el primer día que no ha venido el señor Canet ya le echo de menos. Le leo un teletipo de Efe del 29 de mayo, con el Estatuto aprobado. Dice: El diputado de Esquerra Republicana, Francesc Canet, le trasladó hoy al ministro
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el compromiso de su grupo parlamentario de no presentar una enmienda a la totalidad al estatuto básico del empleado público por considerar que era un texto muy bueno y que el acuerdo era casi absoluto.
Pero no solo es un teletipo
de Efe; en la página web de Esquerra Republicana, el pasado 29 de mayo, se sacaba pecho diciendo: El Grupo Parlamentario de Esquerra -y estoy traduciendo del catalán- va a ser el primero en firmar un preacuerdo de apoyo a la ley de Función
pública. Por tanto, entiendo que al menos una parte de su enmienda a la totalidad la realiza un grupo de Esquerra Republicana frente a otro grupo de Esquerra Republicana, porque en el texto de su propia página web se reconoce que este acuerdo es
fruto de más de año y medio de negociación con el entonces conseller Carretero, de Esquerra Republicana, y su equipo, que estaban en principio de acuerdo con el carácter y el contenido de esta ley. Por tanto, la primera constatación que hago es que
ustedes se enmiendan a sí mismos. Es bueno que los ciudadanos vayan conociendo la seriedad de unos y de otros. La segunda constatación que hago es que ustedes no cumplen la palabra dada.
Tomo nota. Ya lo sé. Me ocuparé de que todos los grupos
lo sepan, me ocuparé de que el Gobierno lo sepa y me ocuparé de que todos los ciudadanos lo sepan: ustedes pueden decir blanco por la mañana y negro por la noche sin ningún tipo de rubor. Supongo que S.S. acepta que eso me coloca en la posición
de sentirme libre de los compromisos que adquirí con el Grupo de Esquerra Republicana y que constan también en este texto del estatuto; me siento libre de modificarlos, alterarlos o suprimirlos, salvo que haya otro grupo que en el proceso de
tramitación parlamentaria me pida expresamente que continúen, y en ese caso no será por ningún acuerdo con Esquerra Republicana sino porque me lo pide otro grupo. Creo que son reglas razonables de juego.
Su intervención me ha preocupado, dejando al margen la preocupación respecto a los dos puntos anteriores. Usted no ha comparado este texto con el Estatuto de Cataluña aprobado en esta Cámara y en referéndum por los ciudadanos. Usted ha
hecho una comparación de este texto con el Estatuto de Cataluña que a su grupo le hubiera gustado que hubiera sido aprobado por esta Cámara y por los ciudadanos de Cataluña, pero esa no es exactamente la realidad. Usted ha leído el artículo 136,
cuya letra b) dice que hay competencias compartidas para el desarrollo de los principios ordenadores del empleo público sobre la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, sobre las situaciones administrativas, sobre los derechos, deberes
e incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, aspectos todos ellos recogidos escrupulosamente en este texto de estatuto al entender de casi todo el mundo, incluida una parte del Grupo de Esquerra Republicana, menos
usted hoy aquí. Que sean ustedes los únicos que, además tarde, se dan cuenta de que esto vulnera tajantemente este precepto b) del artículo 136, que no termina en el a) sino que también tiene el b), admítame que al menos es llamativo. Cuando todo
el mundo piensa una cosa, incluso hay quien piensa que nos hemos quedado cortos respecto a las posibilidades que nos da la legislación y las sentencias del Tribunal Constitucional, que ustedes sean los únicos que de verdad han entendido lo que está
no solo escrito sino detrás de lo que está escrito y en contra de lo que opinaban hace exactamente quince días cuanto menos es llamativo. Si esto significa que a partir de ahora ustedes van a poner la vara no en el Estatuto de Cataluña sino en su
Estatuto de Cataluña, también es bueno que lo sepamos y que tomemos nota porque, si no, créame -y algún rato le he dedicado al asunto- que no se sostiene la intervención que usted ha tenido hoy aquí en esta tribuna, bajo ningún concepto. Ninguno de
los preceptos que S.S.
aquí ha declarado incompatibles con el Estatuto lo son, a juicio de nadie más que de su señoría; a juicio de los expertos, a juicio de los demás grupos parlamentarios, que también creo que también tienen algo que ver con la
defensa del Estatuto, y sobre todo y ante todo a juicio del propio Gobierno, que le puedo asegurar y creo que alguna prueba hemos dado al respecto de que es el primer interesado en cumplir todas las leyes, incluido el Estatuto de Cataluña. Por
tanto, o cambian de políticos o cambian de expertos, pero algo falla en la manera en la que en los últimos días o semanas se están organizando respecto al debate sobre este estatuto. No quedan ustedes bien, se lo digo con franqueza. Sobre estas
bases no me pida que ahora nos sentemos a negociar. ¿Qué credibilidad me merece negociar ahora con ustedes? Qué pasa si nos ponemos a negociar, llegamos a acuerdos y luego le cambian a usted de portavoz y el que le sustituye no se siente vinculado
con los acuerdos a los que hayamos llegado. Por tanto, de momento conmigo no van a contar para negociar este punto en el trámite parlamentario. Créame que lo siento porque me esforcé mucho por llegar a un acuerdo con ustedes y por llegar a un
acuerdo con ustedes en primer lugar, porque representaban entre otras cosas parte del Gobierno de la Generalitat dedicado a este asunto, el conseller Carretero, y porque entendí desde el principio que la posición de su grupo era favorable a llegar a
un acuerdo. Permítanme que al menos en mi situación personal actual me sienta suficientemente decepcionado como para no tener especial interés en repetir el experimento, qué quiere usted que le diga.
Respecto a la tercera enmienda a la totalidad, la del Grupo Popular, señor Padilla, yo le he escuchado con atención, incluso he entendido todo lo que ha dicho, y sigo sin saber por qué presentan ustedes una enmienda a la totalidad. Es
decir, no sé si presentan la enmienda a la totalidad porque no les hemos dado suficiente cariño; no sé si presentan una enmienda a la totalidad porque dos años de trabajo les parece una precipitación desmesurada; no sé si presentan una enmienda a
la totalidad porque falta un informe no preceptivo del Consejo de Estado o porque están en desacuerdo con un texto que -permítame decirlo- en gran parte sigue, literalmente incluso, el que ustedes presentaron en 1999. Por tanto, no acabo de
entender cuál es la razón por la cual el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad a este estatuto básico del empleado público; mejor dicho, creo que solo se puede explicar porque ustedes no lo hicieron y no les hace ninguna ilusión que lo
haga este Gobierno.
Es la única explicación que encuentro y además es una explicación razonablemente coherente con lo que yo al menos entiendo que es una línea de conducta política que está siguiendo su grupo a lo largo de esta legislatura en otros asuntos. Si
lo hacen ustedes está bien; si lo hacen otros no hay que permitir que determinados tantos políticos, mejoras sociales y avances se hagan con un Gobierno que no es del Partido Popular. Insisto en que no acabo de encontrar en todo el texto
articulado razones suficientes como para presentar una enmienda a la totalidad. Un texto que, como digo, ha intentado -y creo que conseguido- respetar bastante el antecedente del texto que presentó aquí el señor Acebes en 1999; un texto que viene
después de un acuerdo importante con los tres sindicatos mayoritarios de la Función pública; un texto que no ha sido objetado por nadie que yo conozca de entre las distintas asociaciones de la Función pública; un texto que fue apoyado por la
mayoría de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y un texto que nos va a permitir acabar con una situación que a su grupo, al parecer, le preocupa mucho pero que hasta ahora no se había hecho nada por evitar, y es la existencia de
desigualdades excesivas entre distintas administraciones.
Justo cuando se presenta un texto para evitar eso, para evitar esos 19 modelos de administración pública que tanto les preocupa, justo cuando se presenta un texto básico para garantizar -en
sentencia del Constitucional, no mía- el mínimo común denominador que tiene que tener la Función pública en toda España, justo entonces ustedes presentan una enmienda a la totalidad. Ya la han presentado y lo que yo les sigo pidiendo es lo mismo
que les he pedido desde el principio. Entiendo que con la posición que hemos mantenido desde el Gobierno, entiendo que con todo el amplio debate que desde el principio y a través de un grupo de expertos iniciamos en un asunto que -por cierto, usted
lo sabe mejor que yo- viene siendo debatido y discutido desde hace unos cuantos años, por no irnos demasiado lejos, en un asunto en relación con el cual yo he tenido varias comparecencias parlamentarias -las he citado antes-, donde también he
escuchado la posición que han ido adoptando los distintos grupos, incluido el suyo, superado el trámite de esta enmienda a la totalidad de la que, repito, no acabo de encontrar cuál es la razón verdadera excepto que les molesta que lo hagan otros
-pero no me parece seria, se lo digo de verdad-, superado el día de hoy, yo sigo diciendo que en el trámite parlamentario espero que seamos capaces de encontrarnos, en primer lugar, en beneficio de todos los empleados públicos de este país que están
mirando con ilusión y esperanza la posibilidad de que, por fin, después de más de 20 años haya un estatuto básico del empleado público y, además, porque creo que millones de españoles se merecen una Función pública mejor de la que en este momento
hay y que un instrumento como este estatuto va a ayudar precisamente a que las administraciones públicas funcionen mejor y presten mejor sus servicios públicos.
Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos en el trámite parlamentario porque sobre estos asuntos debería haber la suficiente complicidad entre los dos grandes grupos parlamentarios que tienen posibilidad de llegar al Gobierno como
para alcanzar un acuerdo. Si no sé dónde están las discrepancias sobre el articulado ni cuál es su modelo de empleado público y en qué es distinto del mío, o su modelo de carrera administrativa y en qué es distinto del mío, o sus propuestas de
movilidad entre administraciones y en qué son distintas de las mías, si no tengo conocimiento ni manera de tenerlo sobre en qué es distinto su proyecto de estatuto del que presentaron en 1999 y del que hoy ha presentado este Gobierno, más allá de
las grandes palabras, de las afirmaciones indemostrables o de los grandes prejuicios, va a ser complicado que nos entendamos. Espero que superado este trámite y pasado a la fase de las enmiendas parciales seamos capaces de marcar dónde está, si es
que está, la diferencia entre lo que opina su grupo y lo que opina el Gobierno y el Grupo Socialista. Desde luego, no tenga ninguna duda de que voy a dedicar todo mi esfuerzo y mi interés para que allá donde exista esa diferencia se pueda acortar
hasta el punto de que podamos sacar un estatuto del empleado público por una amplísima mayoría en esta Cámara al finalizar el proceso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Comunico a la Cámara que hemos recibido un escrito en el que el señor Rodríguez, del Grupo Mixto, anuncia que retira su enmienda a la totalidad. Así pues, solamente quedan dos vivas, la de Esquerra y del Grupo Popular, que tienen derecho a
un turno de réplica si lo consideran oportuno. (Pausa.)
Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Intervengo solo para decir al señor ministro que ha empezado haciendo una valoración de lo que era el arte parlamentario, pero después ha acabado mal porque ha dicho que ya no cuenta con nuestro grupo parlamentario para lo que le proponía:
no seguir adelante con la enmienda y poder mejorar el tema competencial en sede parlamentaria. Supongo que los portavoces socialistas bajo su mandato dirán que no quieren negociar con nosotros. A nuestro entender será un perjuicio importante a
nivel competencial no solo del Estatuto que se aprobó en Cataluña, que es verdad que era el que había defendido nuestro grupo parlamentario y el que tenía que salir adelante, sino del que yo le he leído el artículo 176 que se ha publicado después
del referéndum, del que ha entrado en vigor. Le he leído las letras a) y b) y le he dicho cuáles eran los cinco ámbitos que entendíamos que el Estado podía entrar a regular, no los demás, y he puesto encima de la mesa los argumentos por los que los
capítulos que le he citado posteriormente invadían competencias. No me vale tampoco que me diga que porque el Partido
Popular dice que hay que regularlo nosotros no tenemos la razón. En esta Cámara discursos antagónicos entre el Partido Popular y Esquerra los ha habido y seguramente como van las cosas los habrá mucho más. Usted también ha dicho que a
nivel competencial este estatuto básico del empleado público no tiene ningún problema, que es respetuoso con el Estatuto de autonomía y que como nuestro grupo habrá muchos más que en la tramitación parlamentaria de esta ley vayan a presentar
enmiendas parciales para salvaguardar las competencias que tiene la Generalitat. No sé si usted ya les ha dicho hoy, directamente, en la intervención que ha hecho refiriéndose a mi enmienda a la totalidad que no hay posibilidad de que progrese
ninguna enmienda que vaya a defender temas competenciales y estatuto. A nuestro entender -y he sido bastante claro en mi explicación-, habrá otros grupos que presentarán enmiendas parciales en los artículos o capítulos en los que consideramos que
este estatuto básico entra en las competencias de la Generalidad, pero usted ya nos ha dicho hoy que no se va a aprobar ninguna porque cree que a nivel competencial está perfecto.
En cuanto al pacto con nuestro grupo, empezamos mal usted y yo como portavoz en la Comisión de Administraciones Públicas. Espero que no sea un mal presagio y que podamos tener una buena sintonía en el futuro. Eso es lo que yo propongo.
Analizando cómo han ido las cosas, le puedo dar la razón en que a nivel de la palabra dada nuestro grupo ha fallado, pero también es verdad que haciendo una reflexión del tema competencial y viendo cómo han ido las cosas, sobre todo en la
negociación del estatuto, los temores que tenía nuestro grupo se han visto intensificados y tememos que no exista la posibilidad de que pudieran ir diluyéndose porque se aprobaran enmiendas parciales que podríamos presentar. Usted ha comentado en
la tribuna que no es posible que se aprueben enmiendas competenciales, lo que nos da argumentos para presentar esta enmienda a la totalidad.
En definitiva, como decía, después de lo que nos ha comentado a nivel competencial creo que esta enmienda a la totalidad estaba valorada y podíamos presentarla, pero después de sus palabras ofrezco mi disposición negociadora a los portavoces
del Grupo Socialista para que todos estos problemas a los que me he referido en la tribuna puedan verse mejorados en esta Cámara en la tramitación parlamentaria. Desde su grupo no me pueden hablar de palabra dada en el tema estatutario porque
también esperábamos mucho más de la palabra dada por el Gobierno socialista en Cataluña sobre cómo iría la tramitación estatutaria en esta Cámara, que se tenía que aprobar el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña; o sea que ejemplos de
palabras dadas y compromisos tenemos todos los grupos. Es verdad que el señor Canet -al que no le hemos hecho el vacío, como usted ha dicho- había llegado a un acuerdo, pero nuestro grupo ha valorado, después de la aprobación del Estatuto, que en
este proyecto de ley teníamos que presentar enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Su réplica, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, se nota que sabe usted que llevaba razón la enmienda a la totalidad y que llevaba razón en los reproches. Le agradezco ese saludo de cariño al déficit, porque supongo que esconderá algunas potencialidades que todavía no han
salido a la luz y que podrían suponer que al final reconozca usted que lo razonable en una ley de Estado como es esta, en un Parlamento en el que hay dos grupos que representan a más de 300 diputados de 350, será hablar con el que representa a 148,
digo yo, y usted sabe que no ha hablado. Usted no puede decir que ha hablado.
No ha hablado usted con nadie. Yo reconozco que tiene usted muchas virtudes; la presciencia no lo sé. Probablemente es torpeza mía en la expresión de las razones de
nuestra discrepancia del texto.
Intenta usted llevarnos al buen camino diciéndonos que esta ley tiene mucho que ver con el proyecto de 1999. Mucho que ver no tiene. Tiene algo que ver porque las cosas que están bien están bien y las cosas que están peor están peor.
Resulta que entonces el Grupo Popular, que tenía mayoría absoluta en este Parlamento -perdón, no la tenía, razón de más-, tuvo larguísimas conversaciones con el señor Rodríguez Zapatero y hubo contactos frecuentes y discrepancias finales. Lo que no
puede usted negar es que se habló con el Partido Socialista y se recabó su apoyo, que al parecer no estaba muy distante de su conformidad con el proyecto, razón por la cual ahora recogen de ese proyecto algunas aportaciones.
No sé exactamente las potencialidades que ustedes obtienen o pretenden extraer del derecho de reunión. Cuando usted nos quiere hablar de que ha negociado nos dice que se ha reunido. Usted se puede reunir pero no negociar. Usted puede
estar tres veces con los consejeros de las comunidades autónomas y lo único que puede resultar es que se ha reunido, que dicho sea de paso es lo que ha dicho aquí y en gran parte -hay por ahí algún manifiesto que lo pone de relieve- fue el
resultado. Usted puede decir que se reúne con la FEMP y esta le larga a usted una letra de resaca y le dice que no está de acuerdo en absoluto con la regulación que usted da a la Función pública local. Evidentemente hay partes de acuerdo.
No es
disparatado el texto. Yo tampoco lo he dicho. Y no retuerza el argumento con que nosotros solo tenemos el deseo de ser los protagonistas de este proyecto de ley. He dicho que no teníamos ninguna discrepancia respecto de la oportunidad del
proyecto. Por tanto, no retuerza mis palabras y acoja como verdaderas las que digo, no las que pone en mi boca, porque lo que yo he dicho al principio ha sido eso.
No juegue al escondite. Usted se ha reunido mañana tarde y noche con los grupos nacionalistas. Su drama, señor Sevilla, es que el 149 de la Constitución casa muy mal con el 136 del Estatuto. Además, ha quedado pendiente,
ya que la mitad del debate ha sido sobre la interpretación de las competencias del Estatuto de Cataluña. Los señores de Convergència en este caso adoptan -lo digo con cariño- una posición un poco gatuna, de conveniencia, pero ya aparecerán.
No se preocupe. Se lo han dicho a los sindicatos cuando les han visitado: Nosotros queremos mínimo, mínimo, mínimo. Y usted se ha prestado al mínimo, mínimo, mínimo. Ahí radica uno de los puntos esenciales de nuestra discrepancia. Dice usted:
No sabemos sus ideas. ¿Cómo las va a saber, si nunca habla con nosotros? Intentamos darle pistas porque tampoco vamos a sustituirle en su responsabilidad y en su acción de gobierno. Tenemos una proposición de ley sobre la movilidad. Léala y se
enterará, por ejemplo, de cuáles serían los puntos de reflexión para encontrar solución a esta cuestión.
Vuelvo a repetir que usted tiene la técnica de decir que no entiende, que no han hablado, que no se manifiestan. Pues usted tampoco porque hoy nos ha explicado lo que nos ha explicado. No se preocupe, le decía al representante de Esquerra
Republicana -y no sé si le habré interpretado bien-, yo no digo que todo lo que viene aquí, por ejemplo, de tal y de tal se va a aplicar en Cataluña. Eso es lo que le dijimos en la Comisión, eso es lo que le decimos ahora y es lo que le reiteramos.
Nuestro punto de desencuentro fundamental es que la legislación básica del Estado -y para eso el Consejo de Estado, diga usted lo que diga, tiene mucho que decir- es esencial que quede perfectamente determinada y que sea básica aquí y en todas las
comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Rodríguez que haya retirado la enmienda.
En segundo lugar, señor representante de Esquerra Republicana, es evidente que el Parlamento hará lo que considere oportuno que tiene que hacer con las tramitaciones parlamentarias. Este es un sistema parlamentario y por tanto es el
Parlamento el que decide. Lo que le he dicho y le reitero es que usted entenderá que mi creencia en que cualquier acuerdo que podamos alcanzar con el Grupo de Esquerra Republicana se mantendrá la semana siguiente es pequeña. No estamos hablando de
un acuerdo deprisa y corriendo con un personaje menor de su grupo. Estamos hablando, como se recoge en la página web de su partido, de año y medio de negociaciones con el señor Carretero y su equipo y con el señor Canet y sus asesores.
Quiero
creer que cuando el señor Canet firmó un acuerdo es porque la dirección del grupo le había dado la autorización para ello. Por tanto, año y medio de trabajo en el cual todos los que participaron ahí, y fueron unos cuantos, se lo puedo asegurar, de
Esquerra Republicana, entendían perfectamente que este texto era compatible con el Estatuto de Cataluña aprobado en este Parlamento y con el artículo 136. Todos ellos lo entendieron y ustedes ahora, no. Legítimamente puedo pensar que no sé si un
eventual acuerdo al que lleguemos mañana sobre alguna otra materia, lo mantendrán pasado mañana. Es lo único que he dicho.
Señor Padilla, sigo pensando que aquí hay algún problema de lenguaje. No se ha hablado con ustedes. Empiezo a tener dificultades para saber qué entienden por hablar, incluso quiénes son ustedes. Cuando yo comparezco en el Parlamento y
explico el estatuto del empleado público y todo lo que recibo es una oposición férrea, tajante y frontal a todo lo que yo digo por parte de su grupo, entienda que mi voluntad o proclividad para sentarme a negociar es escasa. Cuando yo convoco la
conferencia sectorial a nivel de directores generales y todos los directores generales, que es un órgano técnico, de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se salen de la reunión con un manifiesto que solo dice: Estamos en contra
de este estatuto porque no se aplica en Cataluña, cuando ustedes estaban recogiendo firmas, entienda que también tome nota de esas actuaciones que me permiten valorar cuál es la proclividad para el diálogo que ustedes tienen. O cuando convocamos la
conferencia sectorial y llegamos a una absurda situación en la cual todas las intervenciones de los consejeros de comunidades autónomas del Partido Popular solo utilizan un argumento para oponerse a este estatuto, y es que no se aplica en Cataluña,
y todas y cada una de las veces que intervienen el conseller de Cataluña levanta la mano y dice que sí que se aplica porque para eso es básico, comprenderá que yo también tome nota. Me da la sensación que ustedes no tienen ningún interés en hablar
en serio sobre este asunto.
¿Que ahora no es así? Me alegro. Desde luego me van a encontrar y vamos a ver la posibilidad de llegar a acuerdos. ¿Qué ocurre? Que si ustedes pensaban que con su negativa iban a bloquear a este ministro y a este
Gobierno en la elaboración y en traer al Parlamento una norma tan importante como esta, se han equivocado. Es una norma lo suficientemente importante para los empleados públicos y para los ciudadanos de España como para que no admitamos
frivolidades tacticistas por parte de un grupo, por muy numeroso que sea.
Yo no tengo ningún drama entre el artículo 149 de la Constitución española y el artículo 136 del Estatuto de Cataluña. Lo que tengo es la obligación de cumplir ambos, lo que tengo es la obligación de buscar una fórmula que, cumpliendo el
artículo 149 de la Constitución, sea compatible con el artículo 136 del Estatuto de Cataluña porque son dos normas que me obligan como Gobierno. A lo mejor el drama lo tiene usted porque supongo que le gustará el 149 de la Constitución, pero es
evidente que no le gusta el 136 del Estatuto de Cataluña. Si algún día tienen mayoría suficiente en Cataluña y aquí como para cambiarlo, planteen cambiarlo.
Mientras tanto hay que cumplirlo, y le aseguro que para el
Gobierno y para este ministro cumplir las leyes nunca es un drama. Puede ser más o menos costoso, puede ser más o menos complicado, pero le aseguro que nunca es un drama. Sigue insistiendo, y voy concluyendo ya, en que estamos hablando de
un estatuto mínimo. Señor Padilla, qué quiere que le diga. Yo ya sé que estas cosas no se pueden medir al peso, pero tiene cien artículos, no sé cuantas disposiciones adicionales, unas cuantas transitorias y varias derogatorias. Para ser mínimo,
qué quiere usted que le diga, me da la sensación de que no se compadece bien, porque sensu contrario, ¿qué entendería usted por uno no mínimo? Resulta que la Constitución existe, pero los estatutos también; la legislación básica -y usted ha leído
algunos preceptos- tiene que regular lo que tiene que regular, lo cual quiere decir que no puede regularlo todo, que no puede regular todo lo que a S.S. seguramente le gustaría regular, pero en el Estado constitucional, democrático y autonómico que
tenemos la legislación básica tiene que regular lo que tiene que regular. Y le aseguro que con independencia de lo que opinemos sobre cada uno de ellos, insistiendo una vez en que no es un problema de peso, cien artículos no da la impresión de que
sea algo mínimo. Lo que sí le aseguro -a usted y a toda la Cámara- es que este Gobierno ha hecho un esfuerzo muy serio para hacer una ley básica, que no mínima, y al menos tiene la satisfacción de saber que todos mayoritariamente, los sindicatos de
la Función pública, todas las organizaciones de empleados públicos y la inmensa mayoría de los empleados públicos del país se lo agradecen a este Gobierno, se lo van a agradecer a todos los que en este grupo parlamentario que pongan por fin un nuevo
estatuto del empleado público en circulación, que es la percha de la que van a tener que salir luego las legislaciones de las comunidades autónomas. Nuestros funcionarios, nuestros empleados públicos, pero sobre todo nuestros ciudadanos, no solo
nos lo están demandando, sino que creo que ya es hora y se lo merecen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, en primer lugar, quiero aprovechar esta intervención para hacer una referencia para poner en valor el papel del sector público en el Estado español. No se
comprendería el proceso de desarrollo, de consolidación democrática, de igualdad de los ciudadanos si no fuera por el papel que el sector público del Estado español ha desempeñado en estos últimos 28 años. Por tanto, aprovecho que hoy discutimos
una ley estructurante justamente del sector público, como es todo lo regulado en torno a las relaciones entre los trabajadores públicos y las propias administraciones, para poner en valor el papel decisivo, determinante que el sector público ha
tenido en el progreso, en la prosperidad y, diría, en la consolidación de las libertades y de la democracia, especialmente en un momento en el que lo público parece ser sinónimo de burocracia, de ineficacia, incluso, y desgraciadamente, de esa
práctica minoritaria, pero que afecta en estos momentos al sector público español, que es la corrupción, que aunque sea minoritaria hace un daño irreparable a dicho sector y diría que también a la política. (El señor vicepresidente, Vilajoana
Rovira, ocupa la Presidencia.) Por eso aprovecho estas primeras palabras para reconocer el papel, insisto, decisivo que han tenido las administraciones públicas en todas sus versiones y de manera especial los servicios públicos básicos en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos del Estado español, porque aun gastando sensiblemente menos en relación con nuestra riqueza que los países más desarrollados, mantenemos una calidad de esos servicios que incluso admite la comparación con esos
países que hacen un mayor esfuerzo presupuestario.
En segundo lugar, señorías, quería expresar con claridad en esta intervención nuestro voto en contra de las enmiendas a la totalidad que hoy se han presentado a este texto, aunque reconocemos que algunas de sus críticas y aportaciones
pudieran servir para ampliar y mejorar el texto que hoy estamos discutiendo. Reconocemos que esta es una buena ley, entre otras cuestiones, señorías, porque es producto de un proceso previo que pasó por el profundo análisis de una amplia, plural y
competente comisión de expertos y que continuó con un proceso de contactos y participación con otras administraciones públicas, con los propios representantes de los trabajadores e incluso con participación directa de los ciudadanos.
Por lo tanto,
en el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias no tenemos ninguna duda de que estamos ante una buena ley que es además oportuna porque trata de unificar una legislación dispersa después de más de veinte años y además actualizarla y
ponerla en sintonía con las nuevas necesidades que tiene la sociedad española en esa realidad indiscutible de un Estado descentralizado, donde una parte importante de la acción del sector público se desempeña en los ámbitos municipales y en los de
las comunidades autónomas y también en la Administración General del Estado. Es una ley que trata también de recoger preocupaciones en torno a las nuevas formas de gestionar los servicios públicos, incorporando tecnologías y procedimientos que la
hagan más eficiente, más próxima y con mayor capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos. También diría que hace un esfuerzo por incorporar contenidos y valores propios de la sociedad europea en la que estamos plenamente integrados.
Creo sinceramente -y lo digo desde posiciones nacionalistas- que se ha hecho un importante esfuerzo por mantener y reconocer el hecho de la estructura competencial que hoy se distribuye entre las distintas administraciones públicas,
precisamente para no inmiscuirse en las competencias de las comunidades autónomas. De ahí que el texto legal remita una parte sustancial de los desarrollos a las leyes que la propias comunidades autónomas
tengan que desarrollar basándose en lo que se pueda aprobar en las Cortes Generales. También se hace un esfuerzo importante en el intento de profesionalizar más aún el sector público y especialmente a sus empleados, estableciendo mecanismos
de promoción, de incentivación, de carrera profesional y, en definitiva, buscando mecanismos que, siendo respetuosos con los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad, evolucionen en la manera de seleccionar, con técnicas y
procedimientos más modernos, más adecuados y con más capacidad de discriminar el compromiso y los conocimientos en el sector público.
También nos parece positivo ese intento de establecer mecanismos a favor de la profesionalización del personal
directivo, dada la enorme complejidad de muchas de las funciones que los servicios públicos tienen que desempeñar ante los ciudadanos.
Tengo que hablar de otro tema y lo hago sobre la base de la experiencia acumulada en el orden personal. Se hace también un esfuerzo por poner en valor -y esto no es sencillo, quizá sea lo más complicado de todo-, por primar la cultura del
esfuerzo, la cultura en definitiva de los resultados de la Administración pública. Es indudable que no podemos comparar el sector público con el sector privado. Son sectores que se complementan pero que tienen reglas y funciones distintas. Habrá
que incorporar en el ámbito del sector público mecanismos que primen los resultados, el esfuerzo y el compromiso, en definitiva, la capacidad de respuesta a los problemas ciudadanos. Aunque habrá que desarrollar mucho de esto en el ámbito de las
comunidades autónomas, me parece una apuesta inteligente para la modernización y la mejora de la eficiencia del sector público. Recoge aspectos muy interesantes -por otra parte, preocupación primordial hoy de la sociedad española, afortunadamente-,
como es el impulso que se da a la igualdad de género efectiva en el desempeño de las funciones en todos los ámbitos del sector público o de manera específica la respuesta y la cooperación desde el sector público para la lucha contra esa lacra por la
que también atraviesa la sociedad española que es la violencia de género. En definitiva, esta es una ley oportuna y necesaria que unifica la legislación, la moderniza y actualiza. Es una legislación que al final va a beneficiar de manera directa a
los ciudadanos que reciben el conjunto de prestaciones y servicios que las distintas administraciones públicas desarrollamos. Es una norma transparente que introduce nuevos conceptos y elementos que modernizan la Administración pública y que
-también hay que decirlo- protegen, promocionan y favorecen la estabilidad, las retribuciones y, en definitiva, la promoción interna de los propios trabajadores públicos porque es una garantía fundamental para que luego desempeñen su función hacia
los ciudadanos con la mayor eficiencia y compromiso posible.
Una ley de estas características debería garantizar el consenso porque es una ley estructurante, donde los elementos ideológicos están presentes pero no son decisivos, y es una ley necesariamente con vocación de durar décadas. Por lo tanto,
en mi condición no ya solo de diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias sino de presidente de la Comisión de Administraciones Públicas, no renuncio a seguir avanzando en el proceso del logro de consenso. En esta Comisión
prácticamente todo lo que hemos hecho ha sido por consenso porque es fundamental en normas estructurantes y con vocación duradera como la que hoy discutimos aquí.
Al margen de las legítimas discrepancias y de la legítima aspiración de los grupos a
mantener las posiciones que favorezcan su ideología, estoy convencido de que en el proceso de tramitación parlamentaria -en Comisión, en Pleno y en el Senado- vamos a generar condiciones objetivas para mejorar, para enriquecer este texto y para que
se pueda aprobar por consenso porque la norma lo merece. Es razonablemente habitual que sea así. En la Comisión hemos hecho un esfuerzo muy importante en torno al consenso y eso nos ha permitido que las normas que han salido adelante en esta
materia lo hayan hecho por consenso.
Finalizo reiterando nuestro voto en contra de las enmiendas a la totalidad y felicitando todas las aportaciones que han hecho posible este texto y las que vendrán en el proceso de enmiendas para que esta ley reguladora de un aspecto
esencial, como son las relaciones entre los trabajadores públicos y las administraciones, concluya en lo decisivo, en lo determinante y en la razón de ser de todo nuestro trabajo, que es mejorar las prestaciones y los servicios a los ciudadanos,
sean estos prestados por ayuntamientos, por comunidades autónomas o por la Administración General del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro tiene la palabra por diez minutos.(Rumores.)
Ruego a los señores y señoras diputados que bajen el volumen de sus conversaciones porque así atenderemos más fácilmente la intervención de la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, Izquierda Unida siempre ha defendido la necesidad de la existencia de un estatuto del empleado público, siempre hemos apostado por ello. La relevancia de una reforma profunda de la Función pública es incuestionable, no solo
porque es necesaria para posibilitar un funcionamiento adecuado y eficaz de las administraciones y la prestación de un servicio público de calidad, sino también por la enorme significación del empleo público que con dos millones y medio de
trabajadores representa el 20 por ciento de la población asalariada de nuestro país.
Efectivamente, es el sector más estratégico dentro del mundo laboral y de ahí que las decisiones que se tomen
en este sector tengan notorias consecuencias sociales, políticas y económicas. Es evidente que las medidas que se adopten no afectarán solamente a los empleados públicos, sino también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los
intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, la elaboración de un estatuto del empleado público se presenta como la piedra angular de dicha reforma y constituye para Izquierda Unida, como digo, un objetivo prioritario. Así nuestro grupo parlamentario
lo ha demandado continuamente dado, además, el fracaso de las reformas recogidas en la Ley 30/1984 y sus múltiples desarrollos y reformas, la crítica situación actual de la Función pública y, evidentemente, el mandato constitucional. Pero la
necesidad de un estatuto no nos debe impedir ver el bosque, señor ministro, no nos debe impedir recordar que su contenido debe servir para mejorar, modernizar y profesionalizar la Administración pública. Funcionarios y administraciones públicas
necesitan un estatuto pero no cualquier estatuto. Este Gobierno en abril de 2006 elaboró un borrador de estatuto que concitó el rechazo de la mayoría de sindicatos, partidos políticos y empleados públicos. Posteriormente, el borrador fue negociado
con los sindicatos mayoritarios de la Función pública, incorporándose importantes mejoras al texto primitivo y alcanzando un principio de acuerdo. Nuestro grupo parlamentario quiere destacar el gran trabajo que han realizado los sindicatos
mejorando sustancialmente el texto que, sin embargo, sigue teniendo carencias y que seguramente esas carencias se deben a que el Gobierno no escuchó suficientemente a los sindicatos. Porque nuestras reivindicaciones coinciden en gran medida con las
reivindicaciones de los agentes sociales y hoy nos conducen a la abstención. A nuestro entender, si bien las mejoras alcanzadas por los sindicatos son muy relevantes, no son suficientes para valorar positivamente el texto. Pero en sus manos está
que al final de la tramitación de esta reforma del estatuto del empleado público, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya valore positivamente el texto, y para ello tiene -tendrá- más de 150 enmiendas, porque queremos un estatuto, señor ministro,
pero no cualquier estatuto, un estatuto para la Administración, para el empleado público, para los ciudadanos. Son, como digo, 150 enmiendas que aspiran a ofrecer en el artículado los objetivos que usted ha planteado aquí y que se encuentran
recogidos en el preámbulo. Desde Izquierda Unida rechazamos hablar de supuesta modernización cuando en realidad se encubre la aplicación a la gestión pública de técnicas de gestión empresarial, con externalización de funciones propias de la
Administración que repercuten al final en peor servicio al ciudadano y mayor coste a la larga para todos.(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Rechazamos reformas que impliquen reducción de plantillas y desprofesionalización de los empleados públicos y que redunden siempre, como digo, en un peor servicio al ciudadano. Señor ministro, no pierda esta oportunidad, no confunda sus
objetivos y apueste por un estatuto para alcanzar una Administración pública profesional, democrática, ágil, participativa y dirigida al ciudadano, que garantice la calidad de los servicios. Le voy a hacer una exposición de los aspectos en los que
se centra fundamentalmente nuestra crítica. Este texto, a nuestro entender, no soluciona problemas tan graves como el clientelismo, las actuaciones arbitrarias, la patrimonialización por parte de partidos políticos y de elites administrativas de
las administraciones, la externalización de funciones, que está generando un efecto negativo en la calidad del servicio y convirtiendo las necesidades públicas en un negocio, esto es, la mercantilización de los servicios públicos; el acoso laboral
como falta muy grave o la temporalidad en las administraciones públicas. No se tienen en cuenta suficientemente estos problemas y por tanto no se adoptan medidas sólidas para su erradicación. Este estatuto, señorías, no asegura unas bases comunes
para todo el personal de las administraciones públicas que permita la necesaria homogeneización del empleo público.
Señor ministro, usted es consciente de que ha perdido la oportunidad de crear una figura única de empleado público, acabar con
personal laboral, personal funcionario. Una figura única. Usted ha dicho que este estatuto dice que todos los empleados públicos tienen que tener su propia normativa jurídica porque son diferentes del sector privado en la prestación de sus
servicios. ¿Y por qué aplicamos tanta normativa laboral al personal laboral? ¿Por qué no unificamos definitivamente? Sea valiente, señor ministro. También se pierde la oportunidad de crear un marco jurídico básico para todos los empleados
públicos, acabando con el caos normativo y apostando por la homogeneización de las condiciones laborales. Le pongo un ejemplo: la Policía. Se crea un nuevo tipo de personal, el personal directivo, injustificable e injustificado para realizar
tareas propias que o son del personal eventual o de técnicos de la Administración; no es seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, es una clara apuesta hacia el amiguismo y se olvida de la capacidad profesional de los
empleados públicos. Como amigos además estarán al margen del régimen disciplinario y los sindicatos no pueden ni discutir ni ser informados de sus condiciones de empleo. Digo yo: como el Rey, sin responsabilidad y con impunidad. Desde Izquierda
Unida manifestamos un profundo rechazo hacia la inclusión del personal directivo, hacia su creación en este estatuto. No se garantiza la imparcialidad de eficacia y profesionalidad con los sistemas de promoción y provisión de puestos. Y respecto a
la jubilación parcial para los funcionarios, señor ministro, que usted firmó y a la que se comprometió con los sindicatos, la consideramos fundamental para renovar y rejuvenecer las administraciones públicas, algo que a usted siempre que ha
comparecido aquí, en el Congreso de los Diputados, le ha parecido de gran relevancia, siempre ha comentado estos datos. Pues aquí tiene una oportunidad para adoptar una medida para que se rejuvenezca realmente la Administración pública. Usted lo
firmó, señor
ministro, aquí está el acuerdo, aquí está su firma, se establece explícitamente la jubilación parcial para los funcionarios.
Tampoco se contienen los planes de igualdad en el ámbito funcionarial.
¿Por qué no quieren aplicar completamente la Ley de Igualdad a las administraciones públicas? Tampoco se recogen todos los avances que usted negoció, acordó y adoptó en
el Plan Concilia, deben trasladarse a esta ley -tiene todas nuestras enmiendas para que así sea-, no sabemos si en este caso se trata de un olvido. No se limita el número de personal eventual ni de las funciones a desempeñar. Tampoco se contiene
una limitación de los puestos de libre designación. Han incluido la movilidad forzosa con cambio de municipio sin negociarla con los sindicatos; han modificado el redactado. Para Izquierda Unida es fundamental establecer limitaciones de la
movilidad forzosa, que debe ser siempre motivada, negociada y sin cambio de municipio. Tampoco recogen la participación de los sindicatos en los procesos de selección del personal y se han olvidado del observatorio de empleo público que aparecía y
desaparecía de los textos que manejaba el Gobierno. Para nosotros es imprescindible para establecer políticas adecuadas de empleo en las administraciones públicas. Curiosamente, también desaparecen algunas garantías muy importantes propias del
proceso de expediente disciplinario y que son fundamentales para la defensa del funcionario imputado en un proceso sancionador. En cuanto a los interinos, siguen sin cobrar los trienios; después de todas las sentencias que hay que dicen que los
interinos deben cobrar los trienios, se sigue sin establecer esta retribución básica para los funcionarios interinos que, transcurridos tres años, tienen que tener los mismos derechos en cuanto a sus retribuciones que los funcionarios públicos.
Además, no incluye la cláusula de revisión salarial que sí contenía el programa electoral del PSOE.
Por todo lo anterior, Izquierda Unida hace una valoración crítica del proyecto de estatuto básico de empleado público en sus términos actuales, porque para Izquierda Unida es necesario introducir cambios sustanciales durante esta tramitación
parlamentaria que se inicia a través de las más de 150 enmiendas presentadas al texto, desde nuestro firme compromiso con una reforma estatutaria -por eso no hemos presentado enmienda de totalidad-, una reforma estatutaria, eso sí, que esté basada
en los siguientes valores y objetivos: la potenciación del servicio público, la democratización de las administraciones, objetividad, integridad, imparcialidad y transparencia en las actuaciones, erradicación del clientelismo y del poder
arbitrario, dignificación y profesionalización de la Función pública y efectividad de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por ello, defendemos un único modelo de relación de empleo público, la inclusión de
todos los empleados públicos en el estatuto, la eliminación del personal directivo, el establecimiento de unas bases comunes para la ordenación de los recursos humanos, recoger el plurilingüismo -ya hay un compromiso por parte del ministro que,
desde luego, aplaudimos- y que las ofertas de empleo público deban ser obligatorias y tener carácter anual. No se entiende que se saque la oferta de empleo y se diga que este año nuestras necesidades de recursos humanos son estas, pero que lo
ejecutaremos dentro de diez años. No se entiende, señor ministro, no tiene ninguna lógica; deben ser de cumplimiento anual. También el establecimiento de mecanismos para posibilitar una movilidad interadministrativa real. Un sistema de carrera
profesional que tenga garantías de objetividad y que asegure a los propios empleados su posibilidad de promoción. En cuanto a la evaluación del puesto de trabajo...
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, vaya concluyendo, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Voy concluyendo, señor presidente.
En cuanto a la evaluación del puesto de trabajo, quiero decir que ha quedado mucho mejor redactado después de la negociación sindical, pero nosotros entendemos que es preciso seguir introduciendo criterios objetivos y evaluables para que el
evaluado tenga posibilidad de defensa.
Tengo más cosas que comentarle al señor ministro, pero el tiempo no me acompaña porque se me está acabando.
Queda claro nuestro posicionamiento, nuestras críticas más relevantes y, señor ministro, en su mano está alcanzar un acuerdo con nosotros, pues el objetivo de nuestras enmiendas es la negociación y el diálogo por nuestro firme compromiso con
lo público. Por lo tanto, esperamos que después de la tramitación parlamentaria, después de la negociación y del diálogo, podamos llegar a un acuerdo y votar favorablemente el texto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor Olabarría, Grupo Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Con brevedad, desde el escaño, porque no sé si usted es aficionado al fútbol, pero hay una alocución consagrada ya y que conocen los que siguen esta disciplina deportiva que es la llamada fútbol basura. Cuando un partido se está acabando y
el resultado es conveniente para los dos equipos, éstos se dedican a destruir el partido, a impedir que se hagan jugadas y este es el símil que subjetivamente creo que se podría aplicar a este Pleno, que está ya descompuesto, nadie escucha, ni
siquiera el ministro, aunque ahora tiene la amabilidad de mirarme. En todo caso, quiero decir, señor presidente, que esta es una ley buena y relevante.
Estamos hablando de garantizar uno de los derechos llamados de la nueva generación, junto al
derecho al medio ambiente, al derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, al derecho al buen Gobierno, que es uno de los derechos
que dentro de poco tiempo va a estar en todas las constituciones europeas y está en el tratado constituyente de la Unión Europea. Se trata de modernizar y garantizar la eficacia de la Función pública pensando en los ciudadanos. No nos
venzan, señor ministro, los lapsus línguae, no en los funcionarios y sus derechos, sino en los ciudadanos, y eso es lo relevante. Desde esa perspectiva esta ley nos parece moderna, nos parece correcta y nos hubiese gustado decirlo en unas
condiciones parlamentarias quizá menos tóxicas que en las que estamos conviviendo en este momento.
¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque la ley es relevante.
Estamos hablando de una ley de gran trascendencia para el Estado en su
conjunto, pero estamos hablando de garantías de derechos tan importantes como los dichos, sobre todo cuando inercialmente la Administración General del Estado fundamentalmente, ya lo dijo con lucidez Mariano José Larra, peca todavía de lastres
importantísimos de disfuncionalidad. El vuelva usted mañana sigue funcionando y esta es una ley que puede contribuir a remover estas disfunciones que deben ser objeto de remoción no solo cambiando la actitud de los funcionarios, sino mediante un
marco normativo adecuado, que no ha existido hasta la actualidad, hasta la presentación de este proyecto. Usted ha hecho un buen repaso de la historia, de las leyes o de las normas que han regulado el estatuto del los funcionarios públicos. Se ha
referido a la curiosa locución, el rótulo del señor Ballesteros en relación a los funcionarios de Hacienda, el nuevo arreglo de los funcionaros del año 1828, al Estatuto de Bravo Murillo, al Estatuto de Maura, a la infecta y todavía vigente,
desgraciadamente, Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1984 y a una perversión de constitucionalidad que nosotros hemos denunciado porque es hija directa de la Loapa, que es la Ley de Reforma de la Función Pública 30/1984, de 2 de agosto,
en donde todos los preceptos de la misma fueron declarados básicos menos uno y parte de la exposición de motivos, una humorada del legislador estatal. Ya me dirá cuál es la competencia normativa que queda al ámbito autonómico cuando la totalidad
menos un precepto de la legislación estatal se declara básica por el legislador estatal. Esa es una de las fórmulas que nosotros hemos denunciado como corrosivas o instrumentos de corrosión del autogobierno previsto en el bloque de
constitucionalidad y en los estatutos de autonomía, cuando la competencia en el ámbito de regular o de normar esta materia es solo la determinación de los preceptos básicos que determinan el régimen estatutario de los funcionarios públicos. Esta
ley corrige esta disfunción. Por fin estamos ante una ley no solo respetuosa con las competencias autonómicas, sino incluso respetuosa con competencias especialmente dilectas para el grupo que yo represento, como son las dimanantes del régimen
foral de la Comunidad Foral Navarra, en la disposición adicional tercera del proyecto de ley, y del régimen foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, prevista en la disposición adicional segunda del proyecto de ley. Se trata de acabar con una
invasión corrosiva absolutamente de las competencias autonómicas en esta materia y también de la Administración local, cuyas competencias también se mantienen y se compensan; se reconocen. Se trata, en definitiva, señor ministro, de agradecerle,
por fin, es una expresión inadecuada, reconocer o poner en valor que el legislador estatal se ajusta a los requerimientos o a la habilitación competencial que posee el bloque de constitucionalidad, que en materia de Función pública no es poco decir.
Sin perjuicio de esto, la ley tiene elementos de modernidad importantes, como son la lucha contra la interinidad; la introducción de la negociación colectiva pendiente desde el año 1985, donde, como usted sabe, ya la Ley Orgánica de Libertad
Sindical preveía la negociación colectiva no solo de los funcionarios, sino también obviamente, como no puede ser de otra manera, del personal laboral e incluso del estatutario; la segmentación en estos tres bloques que le he comentado
orgánicamente y que nos parece adecuada, de funcionarios de carrera, de personal laboral y de personal estatutario; la incorporación de una estructura retributiva novedosa, que puede tener grandes virtualidades para mejorar la eficiencia de los
funcionarios en su consideración individual y en su consideración colectiva, como son las retribuciones complementarias vinculadas de alguna manera, aunque la ley lo indique de manera un tanto perifrástica, a la productividad, al mejor ejercicio de
las funciones que le están encomendadas a un colectivo que no puede presumir precisamente de tener unas altas ratios de productividad; la lucha contra el mobbing, que es un mal, un cáncer que en la Función pública tiene mayor dimensión -yo no sé
por qué naturaleza esta patología está particularmente radicada en la Administración pública-, contra el acoso laboral en definitiva; la posibilidad de excedencias por razones de violencia doméstica y de movilidad geográfica y funcional también por
razones de violencia doméstica y la incorporación de los requerimientos de la Ley de Igualdad de Género. Por cierto, hay uno que no está incorporado, que es el permiso por parto, que sigue previsto en el proyecto como de 16 semanas, cuando ya la
ley prevé 20 semanas. Por tanto, habrá que incorporar una ley que iguale lo que se prevé para el permiso por parto, las cuatro últimas indisponibles y de necesario acogimiento para el padre. En definitiva, se trata de elementos de modernización y
sobre todo algo que nosotros debemos reconocerle, señor ministro, porque no somos tributarios de ninguna estrategia política que sea diferente a los requerimientos normativos de la necesidad de creación de una Función pública ágil, moderna y
eficiente.
Nosotros no hemos estado inmersos en ninguna campaña electoral reciente y cumplimos nuestros propios actos y nuestros propios pactos. El señor Padilla ha utilizado una alocución latina, pero yo voy a decirle la más conocida: Pacta sunt
servanda. Nosotros firmamos públicamente y ante los medios de comunicación con ERC y con otros partidos políticos un protocolo consistente, entre otras cosas, en no presentar una enmienda a
la totalidad contra esta ley, pero lo hicimos con convicciones profundas, porque pensábamos que la ley era buena desde la perspectiva de respeto a los títulos competenciales autonómicos y como instrumento de modernización de la Función
pública, y nos mantenemos en ese compromiso.
A pesar de todo, la ley tiene disfunciones, tiene déficits que vamos a intentar corregir en el debate de las enmiendas. Espero de su comprensión -demostrada anteriormente-, porque esta es una ley muy
negociada no solo con los grupos parlamentarios y con los partidos, sino con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector, los sindicatos más representativos, pero también con los sindicatos del personal laboral y
algunos otros, que consideran sus pretensiones satisfechas perfectamente. De nuevo, nos hemos olvidado de otros sindicatos que también ostentan la noción de mayor representatividad. Usted tiene que explicarme por qué ELA-STV y LAB, que son más
representativos en el ámbito del Estado, no solo en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca o de Navarra, no han podido participar en las negociaciones que han engendrado este proyecto ley. Esta es una ley muy negociada, señor ministro -como veo
que no me escucha ni siquiera usted en estos momentos es pertinente ir acabando esta intervención-, ese gran nivel de consenso concitado por la ley va a hacer que la tramitación sea sencilla, que la tramitación mejore algunos aspectos o déficits que
la ley posee todavía -muy importantes los relativos al ámbito de la normalización lingüística, indicada por el portavoz de Esquerra Republicana y por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego; hay mucho que hacer en este ámbito-, pero hay grandes
expectativas de que estos problemas, que tienen una entidad razonable, pero no lo suficiente para presentar una enmienda a la totalidad, se resuelvan. Anuncio, y con esto acabo, señor ministro, que vamos a votar en contra de todas las enmiendas
presentadas. Como usted segmenta los debates de esta manera tan peculiar, responde a los enmendantes de totalidad, lo que provoca una pérdida de relevancia sobrevenida a los que vamos a fijar posición, voy a decirle ya lo que vamos a hacer a partir
de ahora, vamos a presentar siempre una enmienda de totalidad y después vamos a retirarla.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Administraciones Públicas, señorías, llega hoy a la Cámara un debate importante, importante porque afecta a más de dos millones de empleados públicos e importante porque concretar
el marco básico estatal de los empleados públicos es una apuesta que la Constitución prevé que se lleve a cabo y era y es una asignatura pendiente. Por tanto, el proyecto que hoy debatimos en su totalidad es un proyecto importante, una asignatura
pendiente en estas Cámara legislativa. Ya se intentó en otras legislaturas, pero hoy el ministro de Administraciones Públicas trae un proyecto de ley. Nuestro grupo no ha presentado enmienda a la totalidad, no lo ha hecho porque llegó a un acuerdo
que se limitaba precisamente al trámite de hoy, se limitaba a no presentar enmienda a la totalidad y a facilitar que el texto se debatiera en Comisión, en el ámbito de una legislatura sin mayoría absoluta, y se pudiera mejorar a través de enmiendas
parciales. A este compromiso llegó el PNV, y hoy lo ha respetado; llegó Convergència i Unió, y hoy lo ha respetado, y llegó previamente, el 29 de mayo, habiendo sido ya aprobado el Estatuto de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya, y hoy no
lo ha respetado.
Esto nos ha causado sorpresa, porque el acuerdo solo era para el debate de hoy, no limitaba la posibilidad de hacer enmiendas parciales en mejora de aspectos competenciales en los que podemos coincidir distintos grupos
parlamentarios aquí. A cambio de modificar algunos aspectos del anteproyecto del Gobierno, y si esas mejoras se introducían, nos comprometimos a no presentar enmienda a la totalidad, pero nos reservábamos el sentido final del voto tras su
tramitación parlamentaria aquí. Esto es lo que quiere decir de manera solemne Convergència i Unió.
Hoy no hemos presentado enmienda a la totalidad, votaremos en contra de las presentadas por el Grupo Popular y Esquerra Republicana de Catalunya,
pero no sabemos qué votaremos al final del trámite parlamentario de esta ley, pues vamos a presentar enmiendas parciales y veremos cuál es el resultado final de esa tramitación, porque hay un largo consenso para construir un acuerdo final que debe
ser lo más amplio posible. Lo decía también la señora Navarro, en nombre de Izquierda Unida. Aquí hay aspectos que deberán tratarse de manera clara y precisa y ver qué acuerdo final es posible. Por tanto, nuestro grupo se reserva el voto final
sobre esta ley y anuncia ya que presentará enmiendas parciales, pero quiere dar valor al preacuerdo, porque es lo que nos pidió el conseller Carretero y su equipo. Incluso a mí me citaron en la Generalitat y la máxima responsable de Función pública
y militante de Esquerra Republicana -lo sigue siendo- me dijo: Por favor, no desaproveches esta oportunidad.
Súmate al acuerdo, porque hay una posibilidad, en esta legislatura sin mayoría absoluta, de llegar a avances en el ámbito competencial.
Por tanto, el 28 de junio, un mes después de que lo hubiera hecho Esquerra Republicana, nosotros llegamos a ese preacuerdo, preacuerdo que no condiciona nuestro voto final, repito, que dependerá de cuáles sean las enmiendas que finalmente prosperen.
Tenemos muy claro que el Estado tiene un ámbito limitado, estas Cortes Generales tienen un ámbito limitado: definir lo básico. A partir de la definición de lo básico, deben ser posibles políticas propias de cada comunidad autónoma, deben
ser posibles leyes propias de cada comunidad autónoma, deben ser posibles modelos propios de Función pública de las distintas comunidades autónomas. Ya sé que al señor Padilla le parece que esto rompe la estructura constitucional y en
su enmienda a la totalidad dice que este texto debería ampliar lo que es básico. Nosotros queremos minimizar lo que es básico. Tiene razón el señor Padilla, hemos tenido interlocutores que han ido a ver a los distintos grupos y nos han
planteado algunas enmiendas que hemos adelantado que no haríamos. ¿Por qué? Quizás coincidimos con el sentido material de esas enmiendas, pero entendemos que no deben estar en la ley básica de la Función pública; ya lo hará la comunidad autónoma
o la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Por tanto, es un proyecto que queremos aligerar en su trámite parlamentario.
Queremos reducir aún más el ámbito de lo que el proyecto de ley considera como legislación básica
del Estado. Hay una constatación inicial: este proyecto de ley es menos básico que la actual normativa estatal en este ámbito, cuyas normas básicas se excedieron en su día y siguen aplicándose. Por tanto, de entrada, este proyecto de ley es menos
básico de lo que es la normativa vigente actual, una normativa estatal dispersa.
También es cierto -y así lo entiende Convergència i Unió- que sigue habiendo un exceso de reglamentación en este proyecto de ley en lo que se refiere, por ejemplo, al
sistema retributivo, a los sistemas de selección, o incluso cuando se añaden nuevos ámbitos materiales, como puede ser la regulación del personal directivo. Entendemos que el proyecto en este ámbito debe ser escrupuloso. El señor ministro nos
decía que en muchas ocasiones se dice: se podrá. Pues que quede muy claro que es potestativo, que nada es imperativo para las comunidades autónomas y nosotros queremos trabajar en esa línea. Asimismo, queremos trabajar, señor ministro, señorías,
en que la nueva disposición final del proyecto deje muy claro que en ningún caso este proyecto de ley interfiere las competencias del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, del de Cataluña y de cualquier otro. De alguna manera queremos que al
definir el ámbito competencial del Estado desaparezca la alusión al artículo 149.1.13ª porque no es el que toca. No es el ámbito económico, ni las bases de la economía las que legitiman aquí la intervención de las Cortes Generales, es el artículo
149.1.18ª y no el artículo 149.1.13ª y además habría que limitarlo mucho a la salvaguarda de todas las competencias exclusivas que en materia de Función pública tengan atribuidas las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía.
Entendemos que esto sería bueno que quedara claro para que no hubiera ninguna duda. No dudo de la palabra del ministro en el sentido de que se quiere respetar el marco estatutario aprobado. Por tanto, respetémoslo y digámoslo con absoluta claridad
con enmiendas parciales que puedan mejorar estos aspectos.
El nuevo artículo 136 -y se ha citado aquí- del Estatuto de Autonomía de Cataluña es importante. Da mayores atribuciones a la Generalitat de Catalunya, da unas competencias exclusivas y también unas competencias compartidas. Es cierto,
pero las compartidas tienen numerus clausus, son expresamente citadas y no lo son todo. No hay competencia compartida en todo, únicamente la hay en el desarrollo de los principios ordenadores de empleo público, la adquisición y pérdida de la
condición de funcionario, las situaciones administrativas y los derechos, deberes e incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Esto y solo esto es el ámbito compartido. Un ámbito compartido que, de acuerdo con el
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña al definir esas competencias compartidas, garantiza en todo caso que también aquí la Generalitat podrá realizar políticas propias. La competencia compartida nunca puede ser de tal forma que impida a la
Generalitat tener también potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva sobre ese ámbito material. Por tanto, el artículo 111 del Estatuto también complementa ese artículo relativo a la Función pública que acabamos de citar.
Señor ministro, señorías, nosotros llegamos a un acuerdo y este vincula al Gobierno en el texto presentado. En ese acuerdo que vincula al Gobierno hay un elemento competencialmente importante que el nacionalismo catalán viene reivindicando
desde hace años: que los funcionarios locales con habilitación -se decía antes de carácter nacional, ahora pasan a ser de carácter estatal-, secretarios e interventores, pasen a ser funcionarios autonómicos. Esto está así en el proyecto de ley que
ha entrado y ese es un compromiso acordado. Por tanto, también aquí seremos escrupulosos en lo que es ese sentido del acuerdo al que llegamos en su día. Además, de manera clara se dice que esos funcionarios se regirán por los sistemas de acceso,
carrera, provisión de puestos y agrupación de funcionarios aplicables en su correspondiente Administración pública, y su correspondiente Administración pública será la autonómica, porque acabamos de decir que forman parte de la Administración
autonómica. Por tanto, esto es importante y constituye un paso adelante en el autogobierno y queremos destacarlo aquí de manera expresa. Como también queremos destacar los acuerdos específicos de mejora en ámbitos competenciales, como es que la
mesa general de negociación en ningún caso puede entorpecer los acuerdos a los que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial, en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función
pública. Hay una mesa general, pero también habrá acuerdos de ámbito autonómico que esa mesa general en ningún caso podrá invadir. También hemos llegado a acuerdos en lo que es un mejor reconocimiento de los trienios, porque es importante que
empleados públicos con más de 18 años en la Administración tengan un aliciente y ese aliciente vendrá con la atribución de un mayor número de días de libre disposición a partir del sexto trienio. Es un acuerdo al que han llegado con Convergència i
Unió y nosotros nos congratulamos de ello.
Acabo, señor ministro, porque vamos mal de tiempo. Señorías, nos queda un largo camino por recorrer. Decía el señor Olabarría que estamos al final de un partido. Sí, pero queda mucho juego aún, quedan muchos acuerdos
pendientes con los grupos parlamentarios. Nosotros seremos escrupulosos en el respeto al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la mejora de las condiciones de los empleados públicos, que tienen en este estatuto una gran oportunidad y
debemos aprovecharla, porque hay situaciones, señor ministro -y no tengo tiempo para explicarlas-, que deben ser mejoradas.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, vaya concluyendo, por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: Situaciones de determinados grupos que quedan mal encajados en la nueva ordenación y que nosotros debemos solucionar a lo largo de la tramitación parlamentaria, como la cuestión de la jubilación, a la que también han
hecho referencia otros portavoces. Señor presidente, señorías, esperemos que esa negociación sea fructífera y que podamos llegar a un acuerdo final. Hoy hemos llegado al acuerdo de que se tramite en Comisión, esperemos que, tras las enmiendas,
lleguemos a un acuerdo final en el Pleno del Congreso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero expresar, en primer lugar, el rechazo a las enmiendas de totalidad que han presentado Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Popular. Pero antes de entrar en las consideraciones de
fondo, en las razones que sustentan nuestro rechazo y en la defensa del proyecto, permítanme explicar nuestra satisfacción porque hoy, 25 años después, tengamos finalmente la oportunidad de echar a andar uno de los mandatos constitucionales más
incumplidos, la exigencia de un Estatuto de la Función Pública. Un mandato constitucional claro y preciso que el PP no quiso cumplir y por eso hizo un amago al final de una legislatura pero no lo retomó cuando tenía la mayoría absoluta. Hoy
echamos a andar y vamos a lograr un consenso amplio en este cumplimiento de un mandato constitucional, que es además una demanda muy sentida de los ciudadanos y de los empleados públicos.
Quisiera explicar ahora cuáles son las claves, en el orden constitucional de distribución de competencias, que fundamentan este proyecto. Nos encontramos en una situación que choca con las reglas más elementales de la lógica porque, por una
parte, el Grupo Popular nos dice que la ley no respeta la reserva constitucional de legislación básica porque es poco densa y, por otra, Esquerra Republicana nos dice que es demasiado densa y que, por tanto, va más allá. Las dos cosas a la vez no
pueden ser ciertas, o la una o la otra o quizá ninguna de las dos, que es lo que yo opino. Como se verá en la exposición que voy a realizar, las tesis que se sustentan por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte de Esquerra Republicana de
Catalunya son inconsistentes e incoherentes con el orden constitucional y estatutario de competencias que nos hemos dado.
¿Por qué? Porque, por una parte, en materia de empleo público la propia Constitución establece ya un marco común unitario de
principios: acceso respetando el derecho a la igualdad, selección de acuerdo con principios de mérito y capacidad, sistema de incompatibilidades que garantice la neutralidad y la objetividad y, finalmente, una relevancia del personal funcionario
que el Tribunal Constitucional ha traducido como una reserva a los funcionarios públicos para el ejercicio de funciones de autoridad.
Unos principios, por lo tanto, que se imponen por igual a todos los legisladores, estatal y autonómico. Es el
constituyente el que estableció ya un modelo de empleo público para España con esta batería de principios, que van mucho más allá de las constituciones de nuestro entorno. Un marco común que obliga por igual a todos los legisladores, sea el estatal
o el autonómico, a todas las administraciones públicas presentes en este país. Pero es que además, la Constitución reservó al Estado mediante el 149.1.18ª un poder legislativo, pero limitado, de establecer las bases que el Tribunal Constitucional
ha condicionado en dos direcciones: por una parte, estableciendo la idea de que las bases son el mínimo común denominador, no cualquier principio o regla jurídica, en el que deberán moverse los legisladores autonómicos; y, en segundo lugar, el
Constitucional ha señalado claramente que la legislación de bases debe respetar un espacio para el legislador autonómico para que pueda desarrollar y formular políticas propias, políticas públicas en los sectores en que tiene poder legislativo. Por
lo tanto, difícilmente el estatuto básico puede ir más allá de lo que ahora va e inmiscuirse en las competencias autonómicas, porque estaría vulnerando, si así lo hiciera, el orden constitucional y estatutario de competencias. En todo el proceso
-que ha sido largo y consensuado con los agentes sociales, con los sindicatos y con los responsables y técnicos de las comunidades autónomas- se ha sido muy cuidadoso con el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de los gobiernos
locales. Es difícil a estas alturas de desarrollo del Estado de las autonomías poner cortapisas a los gobiernos locales, inmiscuirse en la capacidad legislativa de las comunidades autónomas; poco nos lo agradecerían los ciudadanos y los empleados
públicos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que algunas de las experiencias más exitosas, más relevantes y más innovadoras en materia de gestión de recursos humanos están en este ámbito. Por eso, es una ley que facilita, que promueve y que permite
soluciones distintas, dejando que cada instancia de Gobierno la adapte a sus necesidades, a sus realidades y a su poder de autoorganización. Por eso, la ley establece un marco común en el que deberán moverse las distintas instancias de Gobierno y
muy señaladamente -e insisto- el legislador autonómico. Cuando hay poder legislativo de las comunidades autónomas esto significa pluralismo y diversidad. Quizá
al Partido Popular el pluralismo no le gusta, pero son la Constitución y los estatutos los que optaron por una diversidad de modelos de Función pública, introduciendo competencias legislativas en manos de las comunidades autónomas. Lo que
hace el proyecto de estatuto básico es preservar un mínimo común denominador en determinados aspectos esenciales en el ámbito del empleo público: principios básicos, reglas comunes en materia de acceso, carrera administrativa -que es inherente a la
garantía de las condiciones de acceso en igualdad-, remuneración, derechos y deberes de los empleados públicos, creando en consecuencia instrumentos necesarios para fomentar y posibilitar la movilidad. Señores del Grupo Popular, lo que ahora no hay
es movilidad. El proyecto pretende precisamente poner a punto, de acuerdo con las comunidades autónomas, instrumentos que permitan hacer realidad la movilidad, pero seamos realistas, este es un país en el que hay muy poca movilidad, incluso en el
sector privado. Por lo tanto, difícilmente con una ley de bases, una ley básica, vamos a resolver un problema que es más estructural y social que de ajustar instrumentos jurídicos. Este proyecto, por tanto, establece un marco común para todo el
territorio en relación a los derechos y deberes básicos de los funcionarios y empleados públicos en general. Por ello, los sindicatos mayoritarios apoyaron decididamente el proyecto, colaboraron en el proceso previo y finalmente firmaron un
acuerdo. Por esto, señora Navarro, las enmiendas que presente serán a título de Izquierda Unida, nunca serán enmiendas en representación de los sindicatos, porque los sindicatos tienen voz propia y la utilizaron para trabajar con el Gobierno en la
elaboración de la ley y apoyar finalmente este proyecto; una reforma que nos permitirá continuar en el proceso de reformas estructurales de nuestras administraciones públicas para lograr un país más cohesionado, que es a la vez un país más
competitivo. Esto es lo que nos piden los ciudadanos, no los podemos defraudar, por eso pido a los grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad que las retiren, puesto que hay mucho camino por recorrer. Estamos dispuestos a trabajar al
máximo para lograr el mayor consenso, por ello los ciudadanos estarán todos mucho más tranquilos si los grupos parlamentarios en esta Cámara trabajamos por ampliar el consenso y obtener el mejor estatuto para los empleados público que este país
necesita en los inicios de este siglo XXI que tantos retos nos supone. Por ello pido a los grupos parlamentarios que retiren estas enmiendas y en su caso a los otros grupos, si esto no se produce, que las rechacen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias.
Lamento si tengo que hacer esperar un poco más a SS.SS., pero 2.500.000 empleados públicos llevan más de veinte años esperando que esta Cámara apruebe un estatuto como este. (Aplausos.) Por tanto, la importancia de la tarea que tenemos me
obliga a hacer esta última intervención, en la que quiero agradecer a aquellos grupos parlamentarios no solo que hayan manifestado un apoyo a la tramitación de este texto, sino que lo hayan mantenido a lo largo de este debate. Quiero hacer además
una especial mención no solo a los aspectos competenciales, que son importantes, sino también a los aspectos de contenido de esta ley, como se ha hecho especialmente en las intervenciones del Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Vasco y del
Grupo Parlamentario Catalán. Esta es una buena ley para una Administración moderna, del siglo XXI, democrática, constitucional y respetuosa con las comunidades autónomas. Es una buena ley que será una mejor ley, como he dicho antes, después de que
salga de su proceso de tramitación parlamentaria. Por mí no va a quedar, por el Grupo Socialista no va a quedar y estoy seguro de que por todos los grupos que han manifestado esa valoración positiva tampoco. Esa es la mejor garantía de que este
Parlamento va a ser el que estará a la altura de lo que exigen de él los ciudadanos españoles, pero también los empleados públicos.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: La Presidencia estima que la cuestión está suficientemente debatida y que el ministro ha hecho un turno de cierre en el que no ha introducido ningún elemento de contradicción nuevo que justifique continuar el debate.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de su derecho de réplica? (Rumores.) Entiendo que es excesivo. Señora Navarro, adelante.
La señora NAVARRO CASILLAS: Simplemente para contestar a la portavoz del Grupo Socialista (Rumores.) que en ningún caso he dicho que nuestras enmiendas sean las de los sindicatos, sino que hay una coincidencia con las reivindicaciones que
durante años y años están planteando los agentes sociales, y esa coincidencia se debe a que tenemos las mismas inquietudes. Por tanto, vamos a defender lo que ellos llevan años y años reivindicando y defendiendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. (El señor Martínez-Pujalte López: Te debe caer bien.
Si caes bien, hablas; si no, te expulsa.-El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, como sabe muy bien está convocado el comienzo del
punto del orden del día correspondiente al Estatuto de Andalucía a las cuatro de la tarde. Teniendo en cuenta la hora que es, le rogaría...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, dejen hacer uso de la palabra a todo el mundo.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Dada la importancia evidente de la tramitación de que se trata, le rogaría la posibilidad de considerar que empezara un poco más tarde, cuando menos a las cuatro y media. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Comprendo, señor Fernández Díaz, que respecto a las previsiones establecidas en Junta de Portavoces se nos ha echado el tiempo encima, porque este último punto del orden del día duró más de lo que habíamos previsto. Si
esto fuera una solución pacífica de todos los grupos parlamentarios (Rumores.), por mi parte no tendría ningún inconveniente en comunicárselo, por una cuestión de cortesía, a las autoridades del Parlamento andaluz y de la Junta, repito, siempre que
esto sea pacífico y no cree ninguna dificultad; si no, mantendríamos las cuatro de la tarde. (Rumores.) Ya ve, señor Fernández Díaz, que no parece que la idea de empezar a las cuatro y media sea del agrado de la mayoría de la Cámara. Así pues,
empezaremos a las cuatro.
Gracias. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, media hora no va a ninguna parte y, sin embargo, nos permite a los portavoces, por lo menos, comer un sándwich; es lo mínimo. Ahora bien, si los compañeros del Congreso queréis que vengamos sin
comer, sencillamente no comemos.
El señor PRESIDENTE: Creo que es malo en sesión plenaria discutir de estas cosas. Estaba fijado empezar a las cuatro de la tarde. Bien, arréglenle al presidente este problema y yo empezaré a las cuatro o a las cuatro y media, pero no me
creen un problema de cuestiones de orden. Pónganse de acuerdo ustedes. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
Señor Fernández Díaz, no tiene sentido empezar con sucesivas cuestiones de orden por media hora. Póngase ustedes de acuerdo y yo hago lo que quieran. Tengan la amabilidad de acercarse a la mesa por si lo podemos arreglar. (Pausa.)
Consultados los señores portavoces, comenzaremos a las cuatro y media.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Laia Cañigueral Olivé,
en sustitución de Francesc Canet Coma, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Por imperativo legal, lo prometo.(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Doña Laia Cañigueral Olivé ha obtenido la condición plena de diputada. Enhorabuena.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
-PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO. (Número de expediente 121/0000080.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y
sobre el patrimonio. Votación de las enmiendas sobre los artículos 17 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 130; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda al artículo 42.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 124; en contra, 183; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 297; en contra, tres; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas a los artículos 25, 51, 54 y a la disposición final segunda punto 23, por la que se
modifican los artículos 42.2. b) y 43.3. b), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 299; en contra, ocho; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda a las disposiciones adicionales nuevas sobre la movilización entre planes de pensiones y planes de previsión, aseguradores y sobre tablas de amortización.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 133; en contra, 175; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al nuevo apartado último de la disposición final segunda que da nueva redacción a la disposición transitoria vigésimo quinta de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las enmiendas con las siguientes correcciones técnicas: primera, en el artículo 101.5.d el porcentaje de retención del 3 por ciento para otras actividades empresariales que determinan su rendimiento neto por el método
de estimación objetiva debe modificarse al 1 por ciento para concordar con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal; segunda, supresión del apartado 7 de la disposición
final segunda por ser incoherente con lo dispuesto en su mismo apartado 13; y, finalmente, en el artículo 7, letra ñ, cambiar el término autorizados por: autorizadas, en referencia a las modalidades de juego autorizadas a la ONCE.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 306; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
-PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.
En primer lugar, votación de la enmienda al artículo 1.2, por la que se suprime el artículo 16.4.2º de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, dos; en contra, 188; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 1.2 por la que se introduce una modificación en el artículo 16.10.1º de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 182; en contra, tres; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 3 bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, seis; en contra, 302; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas al artículo 3 y a la disposición adicional nueva sobre el estatuto orgánico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 132; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda al artículo 5, apartado 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 123; en contra, 185; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición final primera 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000082.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Votación de la enmienda al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 301; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN TIRANA EL 6 DE FEBRERO DE 2006.
(Número de expediente
110/000153.)
-CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANÍA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 30 DE MARZO DE 2006. (Número de expediente 110/000154.)
-PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN NUEVA YORK EL 22
DE DICIEMBRE DE 2003 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR. (Número de expediente 110/000155.)
-ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) GALILEO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, HECHO EN PEKÍN EL 30 DE OCTUBRE DE 2003.
(Número de expediente
110/000156.)
-ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE TAYIKISTÁN, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 11 DE OCTUBRE DE 2004.
(Número de expediente 110/000157.)
-DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE 28 DE ABRIL DE 2004, RELATIVA A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES OTORGADOS A ATHENA, HECHA EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 2004. (Número
de expediente 110/000158.)
-PROTOCOLO SOBRE LOS RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA, ADICIONAL A LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS (PROTOCOLO
V), HECHO EN GINEBRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000159.)
-CONVENIO NÚMERO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, HECHO EN GINEBRA EL 27 DE JUNIO DE 1989. (Número de expediente 110/000160.)
-ACUERDO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA, HECHO EN MADRID EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000161.)
-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000162.)
-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y MALASIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 24 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000163.)
-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNESCO RELATIVO A LA VI REUNIÓN DEL ÓRGANO CONSULTIVO DE EXPERTOS EN DERECHO DEL MAR (IOC/ABE-LOS VI) EN MÁLAGA, DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2006, HECHO EN PARÍS EL 30 DE MARZO DE 2006. (Número de
expediente 110/000164.)
-ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA, HECHO EN CHISINAU EL 11 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000165.)
-CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA CONSULTA DE EXPERTOS EN INCENDIOS FORESTALES, HECHO EN ROMA EL 8 DE MAYO DE
2006. (Número de expediente 110/000166.)
-CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA PRIMERA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS
RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (MADRID 12 AL 16 DE JUNIO), HECHO EN ROMA EL 25 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000167.)
-ACUERDO DE PAÍS ANFITRIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 'MESA REDONDA MINISTERIAL DE MADRID PARA LOS PAÍSES DE ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL SOBRE MARCO JURÍDICO DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO',
HECHO EN VIENA EL 18 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000168.)
-CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, HECHO EN NUEVA YORK EL 13 DE ABRIL DE 2005. (Número de expediente 110/000169.)
-EXTENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CIERTOS GOBIERNOS EUROPEOS RELATIVA A LA FASE DE PRODUCCIÓN DE LOS LANZADORES ARIANE, HECHA EN BERLÍN EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000170.)
-CONVENIO DE COOPERACIÓN JURÍDICA Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN BRASILIA EL 22 DE MAYO DE 2006. (Número de expediente 110/000171.)
-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA AGENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 31 DE MARZO DE 2006. (Número de expediente 110/000172.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.) ¿Algún grupo
solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Pausa.) En tal caso se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el
orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
-DEL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000094.)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, votación del debate de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley del estatuto básico del empleado público.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 130; en contra, 177; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA. (Número de expediente 127/000004.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía no se producirá en
ningún caso antes de las ocho de la noche.
En segundo lugar, les comunico que se encuentra con nosotros una representación del Parlamento y del Gobierno de Andalucía. Les damos la bienvenida a este debate. (Aplausos.)
El desarrollo del debate, tal y como ha sido fijado en Junta de Portavoces, será el siguiente. En primer lugar, fijación de posiciones por los grupos parlamentarios de mayor a menor -comienza, pues, el Grupo Popular y termina el grupo que
apoya al Gobierno-, en una primera intervención de 20 minutos. A continuación tendrá lugar una réplica, si se desea utilizar -no es obligatoria-, de 10 minutos y, llegado el caso, se abriría un tercer turno -tampoco es necesario utilizarlo- por un
tiempo de cinco minutos. Estas son las condiciones del debate.
Comenzamos. En primer lugar, fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, pero antes interviene el Gobierno. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para sumarme a las del presidente de la Cámara de bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía, a la presidenta del Parlamento andaluz, a los consejeros, a las consejeras y a todos los representantes de las
instituciones que nos acompañan en el debate de esta tarde. Quisiera también felicitar a esta Cámara por el acuerdo general que se ha alcanzado en torno a la propuesta de Estatuto de Autonomía de Andalucía. Todos somos conscientes del largo camino
recorrido que traía consigo esta propuesta cuando llegó al Congreso.
Fueron muchas las horas de trabajo y discusión en las instituciones de la comunidad y muchas las expectativas que se levantaron en la ciudadanía andaluza. Y no ocultaré ahora que
quienes albergábamos la esperanza de que el amplio acuerdo político que ya se había alcanzado en el Parlamento andaluz pudiera verse mejorado y reforzado a su paso por estas Cortes Generales, sentimos cierto desaliento al comprobar cómo en el Pleno
de totalidad algunas fuerzas políticas se oponían a su tramitación. Pero ese sentimiento comenzó a disiparse el mismo día en que las delegaciones del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados se pusieron a trabajar en el seno de la
Comisión Constitucional. Quiero, señorías, elogiar el esfuerzo que ambas delegaciones han realizado en las últimas semanas para forjar un acuerdo trabajado con rigor y políticamente generoso; un acuerdo que, respetando la propuesta aprobada en
Andalucía, ha hecho posible que el texto resultante cuente con el apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas de aquella comunidad autónoma y de todas las presentes en esta Cámara.
Señorías, hace veinte siglos un cordobés universal escribió: No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. La posición del Gobierno apoyando el proceso de modernización y
reforma de los estatutos de autonomía no es ajena a la confianza en la razón y en el diálogo que subyace en esa máxima de Séneca. Reformar los estatutos de autonomía era una demanda sentida por muchas comunidades autónomas y, además, una demanda
fundada y necesaria, como hemos tenido ocasión de explicar otras veces en esta misma tribuna.
Sabíamos que acometer esas reformas no iba a ser una tarea políticamente sencilla, pero nuestra confianza en los ciudadanos y en sus representantes, en la
democracia y en el Parlamento hizo que nos atreviésemos a impulsarla. Hoy nos alegramos de haberlo hecho y de haber sido fieles a nuestra profunda convicción sobre la fuerza de la razón y de la palabra. Nos atrevimos porque nunca dudamos de la
capacidad de la política para lograr acuerdos y ofrecer respuestas, máxime cuando se cuenta con todos los instrumentos necesarios para hacerlo posible. Entre ellos, debo destacar aquí el inteligente diseño del procedimiento de reforma estatutaria.
Los constituyentes no quisieron que la norma institucional básica de las comunidades se convirtiera en un instrumento ajeno a la realidad político-constitucional de todo el Estado. Sabemos de sobra, y lo hemos experimentado una vez más, que los
estatutos son fruto de una múltiple voluntad política, la de la Cámara autonómica, la de las Cortes Generales y en el caso andaluz también la del cuerpo electoral autonómico. Esta es una de las singularidades sobresalientes de nuestro Estado
autonómico, y en el caso de la propuesta que hoy vamos a votar ha demostrado ser un instrumento útil para la negociación y para el acuerdo; un acuerdo que es doble, de las ponencias del Congreso y del Parlamento andaluz, y también transversal entre
los distintos partidos políticos. El acuerdo entre las delegaciones ha permitido aunar en el texto que hoy votaremos los legítimos anhelos de Andalucía por ampliar las posibilidades de su derecho a la autonomía
y la también legítima voluntad del Congreso de insertar el Estatuto andaluz en la lógica común del Estado autonómico. Del acuerdo resulta una norma que dota a la comunidad de los resortes necesarios para desplegar políticas públicas capaces
de atender las necesidades de los ciudadanos.
Pero también se trata de una norma que consolida y da coherencia a un Estado autonómico en el que la comunidad autónoma es un elemento integrante del Estado y, por tanto, es corresponsable en el
funcionamiento coherente del conjunto.
Me consta que a lo largo de las negociaciones ambas delegaciones supieron comprender los ejes sobre los que giraba la discusión y, lo que es más importante, fueron capaces de dar el valor adecuado a la posición del otro, trazando así el
camino que necesariamente conduce al punto de encuentro. Pero, como decía, el texto definitivo que nos toca votar no es solamente el acuerdo de las dos ponencias, es también un acuerdo transversal que abarca sin exclusión a los partidos de esta
Cámara. No eran buenos los augurios cuando la propuesta fue tomada en consideración.
Sin embargo, en el debate de la Comisión Constitucional hemos visto relucir importantes virtudes políticas -quiero desde aquí felicitar a toda la Comisión y a su
presidente-: la generosidad en la renuncia a los postulados de máximos, la lealtad frente al adversario y la máxima disposición hacia el acuerdo, que han propiciado la búsqueda permanente de alternativas. Creo que tales virtudes solo pueden nacer
de un profundo sentido de Estado, y, señorías, ustedes saben tan bien como yo que el sentido de Estado es simplemente la convicción de que por encima del corto plazo está siempre el interés de los ciudadanos. Estoy segura de que el Estatuto
definitivo no es en todos sus elementos el texto que hubiéramos querido unos y otros, pero precisamente por tal razón este texto tiene todas las posibilidades de ser la verdadera norma institucional básica de todos los andaluces. En el fragor de la
política cotidiana, en la que el Gobierno tiene la obligación de desarrollar su programa político y la oposición la responsabilidad de ejercer el control y plantear alternativas, olvidamos a veces que la negociación y el acuerdo, en ocasiones, no
son una mera posibilidad, sino un imperativo político. Creo que la reforma del Estatuto andaluz es una de esas ocasiones. Primero, por la importancia que Andalucía ha tenido en la construcción del Estado autonómico; sin la idiosincrasia
autonómica andaluza seguramente tendríamos un Estado autonómico distinto, seguramente no, seguro, y me atrevo a pensar que un Estado autonómico peor; segundo, porque si hubo una comunidad autónoma que se forjó a partir del irrefrenable impulso
democrático esa fue Andalucía y, tercero, porque el desarrollo que ha experimentado la sociedad andaluza en los últimos 25 años se debe en gran parte a los frutos que derivaron del derecho a la autonomía. Pues bien, ante esas circunstancias solo
cabía trabajar por el acuerdo. Y así se ha hecho.
El Gobierno se congratula de que el diálogo y la fuerza de los argumentos hayan permitido que los mas reticentes compartan ahora con nosotros que los estatutos de autonomía recojan adecuadamente las señas de identidad de cada comunidad
autónoma; que contengan un catálogo de derechos que los ciudadanos puedan hacer valer frente a las administraciones autonómicas; que amplíen su ámbito de competencias en el marco de la Constitución y las delimiten con mayor claridad y rigor; que
prevean una Administración de Justicia consecuente con la realidad del Estado de las autonomías y por ello más próxima al ciudadano; que dispongan de un sistema de financiación que permita disfrutar de más recursos sobre la base de la
corresponsabilidad fiscal y la solidaridad interterritorial; que establezcan mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado y que articulen formas de colaboración leal, tanto en el plano bilateral
como en el multilateral.
Se trata, señorías, de un conjunto de materias íntimamente vinculadas a la expresión del autogobierno y cuya inclusión en los estatutos de autonomía ha sido, como ustedes bien saben, objeto de un intenso debate político,
que ha llevado a que en los estatutos aprobados y en los que están en trámite se recojan todas estas materias adaptándolas a sus peculiaridades territoriales. Paradójicamente, ha sido esta inclusión el motivo de que alguna fuerza política impugnase
el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno siempre ha mantenido y defendido la misma posición. Felizmente, hoy todas las fuerzas políticas que integran esta Cámara, sede de la soberanía popular, consideran que el
tratamiento de esas materias en los estatutos de autonomía es plenamente compatible con la Constitución. De esta manera, señorías, cuando culmine la tramitación de este texto los andaluces van a contar con una nueva norma institucional que refuerza
notablemente la dimensión de su autogobierno, porque el Estatuto marca un ambicioso programa de objetivos en el seno de España y en el ámbito de referencia de la Unión Europea.
Muchos de esos objetivos, por firme decisión del estatuyente, cobran en
el nuevo Estatuto la forma de derechos. Hay una especial atención a los grupos históricamente más desfavorecidos: mujeres, menores, mayores y discapacitados. Hay también una apuesta por ampliar la actuación pública en los ámbitos de mayor
preocupación para el ciudadano, como son la educación, garantizando la gratuidad de los libros de texto en su artículo 21; la salud, ampliando el ámbito de actuación de los servicios sanitarios en el artículo 22; las prestaciones sociales, que
también se regulan en el texto; la vivienda, obligando a los poderes públicos andaluces a la promoción pública en su artículo 25; o el empleo y los derechos laborales, reforzados en su artículo 26. Además de los derechos, el Estatuto se ocupa del
tratamiento de otras preocupaciones contemporáneas: el medio ambiente, al que se dedica todo el título VIII, el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género, artículo 35, o la buena administración. Todas estas disposiciones y muchas
otras que por razones de tiempo no puedo enunciar aquí configuran las líneas maestras del
tratamiento de los derechos en el nuevo Estatuto, originando así un cambio de gran calidad en el Estatuto de los ciudadanos andaluces respecto a la situación anterior.
Señorías, este amplio abanico de objetivos y derechos refleja en términos jurídicos la radical transformación de la sociedad andaluza en los últimos veinticinco años. En el año 1981, el reconocimiento del autogobierno era en sí mismo el
punto de llegada. Ahora, veinticinco años después, el autogobierno es punto de partida para seguir mejorando la calidad de vida de los andaluces. Ahora bien, los objetivos y derechos que regula el nuevo Estatuto se han de leer también como una
alta responsabilidad para las instituciones públicas de la comunidad autónoma.
No debe sorprendernos, en consecuencia, que el Estatuto haya revisado a fondo el sistema de gobierno y el sistema de fuentes del derecho a la luz de la experiencia de
los últimos veinticinco años. Con el nuevo texto, por ejemplo, al reconocerse al presidente la potestad de disolución del Parlamento, ya no veremos más situaciones de bloqueo a la gobernabilidad, ni se paralizará la actuación del Ejecutivo
autonómico por no contar con instrumentos normativos adecuados para hacer frente a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, puesto que expresamente se incorpora la figura del decreto-ley. En definitiva, las importantes responsabilidades
que fija este Estatuto reclaman, al tiempo, un sistema de gobierno que permita a la mayoría democráticamente elegida el ágil desarrollo de un programa político y, a la par, que esa acción esté sometida al más escrupuloso de los controles. Agilidad
y control son las claves que permitirán el desarrollo de acciones públicas eficaces y satisfactorias, y desde luego este Estatuto ha sabido dar buena cuenta de ellas.
Pero para afrontar los nuevos retos que implica el desarrollo del Estatuto no bastaba con mejorar el sistema de gobierno, era precisa una cualitativa mejora de la distribución de competencias y precisar con claridad las asumidas por la
comunidad. Por ese motivo, el nuevo texto estatutario no solo contiene una detallada determinación de ámbitos competenciales, sino también toda una tipología ordenadora de su régimen jurídico, sumándose así a lo previsto en otros estatutos cuya
validez siempre hemos defendido. Claridad en lo competencial, pero también en lo institucional. La Comunidad Autónoma de Andalucía no podrá acercarse a los objetivos que indica el Estatuto aislada de su entorno político.
Consciente de la
solidaridad y la lealtad institucional que deben presidir sus relaciones con otras instituciones, el futuro Estatuto prevé mecanismos de colaboración bilaterales y multilaterales con el Estado y las restantes comunidades autónomas que, estoy segura,
abrirán nuevas sendas para el entendimiento en la dinámica de nuestro Estado autonómico.
El correcto engarce de los principios de unidad y autonomía tendrá aquí su clave de bóveda, y por ello mismo el Estatuto no podía dejar de abordarlos, y los
aborda bien. Tampoco podía dejar de contener el Estatuto previsiones acerca del desarrollo del Poder Judicial en Andalucía. A estas alturas, a nadie se le escapa la importancia institucional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
imbricado con naturalidad, con perfecta naturalidad en la vida cotidiana de la comunidad. Tampoco sorprendería si recordamos el importante esfuerzo que desde la comunidad autónoma se ha hecho en los últimos años por mejorar la Administración al
servicio del Poder Judicial. El Estatuto es plenamente consciente de todo ello y por eso se ha detenido en regular la competencia de Andalucía sobre los aspectos materiales de la Administración de Justicia, además de prever un futuro consejo de
justicia como órgano descentralizado de gobierno del Poder Judicial en Andalucía.
Señorías, a lo largo de la tramitación de las distintas reformas estatutarias que han llegado a esta Cámara nos hemos recordado unos a otros que el funcionamiento del Estado autonómico requiere consolidar caminos ya transitados con éxito,
pero también explorar nuevas vías que ofrezcan las necesarias soluciones. Estoy segura de que el texto que vamos a votar ha logrado de manera sobresaliente incorporar las justas dosis de consolidación e innovación. Andalucía dispondrá de un
Estatuto que será palanca para transformar la sociedad y, al mismo tiempo, garantía del estatus de la comunidad en el conjunto del Estado. Pero, señorías, más allá del texto, merece la pena que subrayemos el espíritu que ha iluminado el laborioso
esfuerzo que todos hemos dedicado a la propuesta que nos remitió el Parlamento andaluz. Para ello conviene recordar a Juan de Mairena cuando decía: Ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio. Señorías, ustedes se han
ayudado a comprender y se han dicho las cosas con la tranquilidad necesaria. En suma, se han tomado muy en serio la razón dialogada que mueve nuestra democracia. Tras la intervención en el Senado quedará la palabra final del pueblo andaluz. Deseo
y estoy convencida de que su esfuerzo se verá recompensado con una amplia ratificación por toda la ciudadanía.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señorías, señor presidente de la Junta de Andalucía, señora presidenta del Parlamento de Andalucía, autoridades andaluzas, como ya es sabido, el Grupo Popular apoyará esta propuesta de reforma de
Estatuto para Andalucía. Las razones de nuestro voto afirmativo se pueden resumir en cuatro puntos: es un buen Estatuto para Andalucía; es inequívocamente constitucional; cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista, y, en fin, señorías, es
fruto de un consenso entre los dos principales partidos que representan a la sociedad española, consenso básico al que afortunadamente se han sumado otras fuerzas. Estas
son, a nuestro parecer, las mejores credenciales de la propuesta que hoy debatimos. Eran las condiciones necesarias que exigía nuestro apoyo, por lo cual, una vez cumplidas, se han convertido en las mejores razones que podemos alegar tanto
para defender el voto positivo en esta Cámara como para recomendar a los andaluces que aprueben la reforma en el referéndum del próximo mes de febrero.
Señorías, el texto que hoy se somete a votación, esto es, el que hemos corregido tanto en la ponencia como en el debate de Comisión, es un buen Estatuto para Andalucía. Si no fuera así, ni nosotros lo aprobaríamos ni recomendaríamos a los
andaluces que lo aceptaran. Es bueno principalmente porque es para todos; no divide a los ciudadanos ni los enfrenta; no es de derechas ni es de izquierdas, y no tiene apellidos. Por eso es bueno, porque representa a todos, les sirve a todos y
responde al sentir de los andaluces. En la sociedad andaluza no existe división sobre este asunto.
Nunca en Andalucía, nunca, ha habido un problema identitario. Nadie en esa tierra discute la nación española ni la autonomía de Andalucía ni
nuestra Constitución. Por eso este Estatuto es bueno, porque no divide a quienes no están divididos ni quieren estar divididos en el futuro.
Señorías, esto no ha salido solo, ha costado mucho esfuerzo porque en un principio no se quiso el consenso
mínimo, es decir, el que conforman los dos principales partidos del electorado. Una vez más se pretendió sacar adelante un Estatuto sin el Partido Popular. Afortunadamente, eso ha sido corregido y hoy podemos contar con un Estatuto en el que
tienen sitio todos los andaluces.
Señor presidente, este Estatuto es bueno también porque fortalece el autogobierno regional en aquello que la Constitución permite y el interés general aconseja. Además, no regula hasta la asfixia la vida de los ciudadanos. No es, como ha
ocurrido en Cataluña, un Estatuto contradictorio y de imposible cumplimiento. Todo lo contrario, no creo yo que pueda surgir ningún problema en su aplicación o en su desarrollo, ni los tiene ni los busca. Esto no significa que estemos ante una
panacea, ni que por el mero hecho de aprobar la reforma comiencen a resolverse los problemas que no han sabido resolver en veinte años. No, no es una panacea. Para resolver los problemas, además de un buen Estatuto, hace falta buen gobierno. El
Estatuto, al fin y al cabo, no pasa de ser un instrumento. En este sentido, estamos ante un instrumento muy útil, una herramienta que facilitará el trabajo de los andaluces para asegurar su desarrollo y permitirles alcanzar lo que desean: un
puesto de primera línea entre las comunidades españolas. Ahora tienen más medios para conseguirlo, lo que se precisa a partir de hoy es buen gobierno. Este nuevo Estatuto obliga a elevar el nivel de exigencia política a los gobernantes andaluces.
Señor presidente, he señalado en segundo lugar que estábamos ante una reforma inequívocamente constitucional. No lo era cuando salió del Parlamento andaluz, pero lo es ahora. Sobre esto no me cabe ninguna duda, la prueba es que la vamos a
apoyar. Nosotros no podríamos respaldar un documento que ofreciera dudas en este aspecto. Todo el debate de la Comisión se ha resumido en suprimir hasta la última sospecha de inconstitucionalidad. Por lo que se refiere al número, se han corregido
150 artículos de un total de 246, es decir, prácticamente se ha redactado un Estatuto nuevo. Por lo que se refiere a la calidad, la mayoría de los cambios han consistido en incluir citas expresas de la Constitución y en remitir al marco de la
legislación general. El resultado es un Estatuto ejemplar en su respeto por la Constitución, por el Estado y por la nación de todos los españoles. Señorías, creo que las cosas se han reconducido desde el sentido común y que todos nos hemos de
felicitar por ello. La nueva redacción del Estatuto ha puesto razón y Constitución allí donde no las había.
Señoras y señores diputados, he señalado también como mérito de esta reforma que cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista o federalista. Ni trae ni lleva ningún atisbo de nacionalismo, tenía que ser así para poder contar con nuestro
apoyo. Aquí no se habla de nación andaluza ni de soberanía, ni de derechos históricos, ni de relaciones bilaterales, se sigue definiendo Andalucía como siempre, como nacionalidad en el seno de la unidad indisoluble de la nación española.
No cabe
mayor transparencia. Es el único Estatuto que se pronuncia tan rotunda y tan constitucionalmente, el único que proclama con franqueza no solo que Andalucía forma parte de España, sino -y esto es muy importante- que a los andaluces les concierne
España, que es cosa suya, que no entienden que se pueda vivir de espaldas a ella y mucho menos contra ella. (Aplausos.) Señorías, no conciben Andalucía sin España y no piensan que ser andaluces sea ni más ni menos que la forma que tienen ellos de
ser españoles. Esto es lo que refleja el nuevo Estatuto y esto es lo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos de Andalucía.
Señor presidente, soy consciente de que la redacción del preámbulo ha dado mucho que hablar porque en él aparece la expresión realidad nacional, que, como es natural, desata todo tipo de temores y susceptibilidades. La mayoría de los
españoles contempla con enorme recelo todo lo que pueda sonar a nacionalismo o incluso a simple cantonalismo. No es de extrañar esta susceptibilidad tras lo que llevamos visto en los últimos dos años y medio. Sobran razones para la desconfianza,
como siempre que las intenciones de los gobernantes no aparecen claras. Disquisiciones aparte, lo que importa en este asunto es que los españoles han señalado en nuestra Constitución que no reconocen más nación que España. Punto. En consecuencia,
no cabe definir Andalucía como realidad nacional ni en términos literales ni en sentido figurado. Pese a ello, hubo un empeño, hasta hace cuatro días, por razones que no se han explicado suficientemente, en utilizar esta definición
inconstitucional. No sé si se hacía para disimular las averías constitucionales que quedaron en Cataluña o para bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Popular de Andalucía;
no lo sé. En cualquier caso, lo que importa hoy es que, por fortuna, las cosas han cambiado y la razón ha logrado abrirse camino. Debo reconocer que la negociación de este punto ha sido la más compleja de todas, el resultado lo conoce todo
el mundo. Andalucía aparece definida como manda la Constitución, es decir, como nacionalidad dentro de la nación española. La expresión realidad nacional ha quedado en el preámbulo como una referencia o una opinión particular en un pasado remoto,
es decir, poco más que una cita literaria o un adorno retórico. Esta alambicada fórmula, que sin duda no entusiasma a nadie, constituye el punto de encuentro que ha permitido la aprobación consensuada del Estatuto. Ni el Partido Popular podía
admitir más ni el Partido Socialista ha querido admitir menos; pero esto es el consenso, señorías. Hay que saber transigir con las cosas que carecen de consecuencias. No faltará quien piense que hemos cedido demasiado y que lo correcto era no
aceptar ni las vanalidades. Yo no pienso así. Estando a salvo los principios, quiero acuerdos, aunque sean imperfectos. De suyo, los acuerdos siempre son imperfectos. (Aplausos.) Señorías, es obvio que cuando se produce un acuerdo ninguna de las
partes queda tan satisfecha como lo estaría si la decisión fuera exclusivamente suya. Pactar significa repartir el resultado, pero en todas las situaciones existe siempre un bien posible y eso es lo que tenemos que buscar mediante los pactos: el
bien posible. Y, naturalmente, no busco el consenso en los acuerdos, sino en las discrepancias. Se puede intentar armonizar las voces que dicen cosas distintas; las voces unísonas no precisan armonías. Ni la misma Constitución salió al gusto de
todos; para ser exactos, no salió al gusto de nadie. Ahí radica su virtud: no en que diera gusto a todos, sino en que permitió poner de acuerdo a todos, es decir, ser aceptable en un grado más que suficiente para todos.
Este asunto de la realidad nacional, que para nosotros comenzó como un problema de constitucionalidad y una indeseable concesión a la doctrina nacionalista, se ha reconvertido en una cuestión meramente estética, es decir, algo que podrá
gustar o disgustar, pero que carece de relevancia política porque no significa nada. Lo digo para que conste en el 'Diario de Sesiones'. (Aplausos.) Y no es que lo diga yo, lo han dicho muchos, y el único grupo nacionalista andaluz, el Partido
Andalucista, rechaza esta redacción del Estatuto precisamente porque no se reconoce en el mismo que Andalucía sea ni nación ni realidad nacional. Por eso, me siento especialmente orgulloso de que mi partido haya contribuido de forma decisiva a esa
necesaria rectificación. En el fondo, señorías -y esto lo sabemos todos los que estamos en esta Cámara-, no hemos hecho nada más que reflejar lo que piensa la inmensa mayoría de los andaluces: puro sentido común.
Señor presidente, he señalado, por último, entre las virtudes de esta propuesta de reforma que fuera hija de un consenso. Para mí, y no me cansaré de repetirlo, esto es extraordinariamente importante. Nunca he dicho que convivir con el
Partido Socialista fuera fácil, no lo es, y menos ahora. Lo que afirmo es que en cualquier reforma de la Constitución o de los Estatutos, es decir, en todas las que afecten a la estructura del Estado, que es patrimonio común de todos los españoles,
tenemos que buscar la manera de que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque son los dos partidos que recogen la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Así de sencillo. Son los partidos que conforman el consenso mínimo en España.
Es posible y es deseable ampliar este consenso para incluir otras fuerzas, pero no es posible reducirlo o reemplazarlo con pactos minoritarios. Aquí no caben los sucedáneos. Por debajo del consenso mínimo, sencillamente no hay consenso. Con este
consenso se ha operado en España desde 1978 y así quiero que se siga haciendo en lo que de mí dependa. Este es el camino para construir, para levantar estructuras duraderas que respondan al sentir general, para articular un país en el que todos los
españoles tengan sitio, todos acepten las reformas y todos se sientan responsables de su defensa y de su conservación. En mi opinión, el consenso en materia constitucional no es una oportunidad que se pueda considerar entre otras, sino una
obligación.
No es algo sobre lo que podamos escoger, porque entre un bien y un mal la elección no puede ser dudosa. Estamos tan obligados moralmente a perseguir el consenso que la carga de la prueba recae sobre quien lo rechace. No necesita
justificación quien reclama que se cuente con los ciudadanos, la necesita quien se opone. No necesita justificación quien exige que se escuche a la mayoría, necesita justificación quien la desprecia, necesita justificación el pacto del Tinell.
(Aplausos.)
Señorías, los dos grandes partidos nacionales hemos votado juntos siempre y hemos votado juntos en cinco de las seis reformas estatutarias que han llegado a esta Cámara en los últimos tiempos: juntos rechazamos el plan Ibarretxe, juntos
aprobamos la reforma valenciana, juntos admitimos a trámite las reformas balear y aragonesa, juntos vamos a dar el visto bueno a la andaluza. La única discrepancia se produjo en Cataluña y el resultado de aquel desacierto a la vista de todos está.
Es evidente que, cuando existe voluntad de acuerdo, se produce el acuerdo, y es también evidente que, cuando se rechaza el acuerdo, las cosas salen mal.
En suma, señorías, he dicho que apoyaremos esta reforma porque cumple las cuatro condiciones que a nosotros nos parecían indispensables: es un buen estatuto para los andaluces, no muestra ni un atisbo de inconstitucionalidad, se ha
despojado de cualquier veleidad nacionalista y es el resultado de un consenso laborioso pero feliz. Estas condiciones se pueden generalizar para todas las decisiones del Partido Popular.
Estaremos siempre abiertos a las medidas que redunden en un
beneficio claro para la gente, estaremos siempre obstinadamente empeñados en proteger la legalidad democrática que emana de la Constitución de 1978, defenderemos en toda circunstancia la unidad de los ciudadanos, la igualdad de sus derechos y esa
corresponsabilidad
entre unos y otros españoles a la que llamamos solidaridad. Sostendremos siempre que en todas las decisiones que afecten a la estructura del Estado la soberanía española tiene derecho a estar representada de la manera más amplia que sea
posible y como mínimo por los dos grandes partidos nacionales. Este es nuestro marco y esta es nuestra voluntad de convivencia y de entendimiento, estas son nuestras reglas, que se resumen en una sola: con el Partido Popular es posible ir a
cualquier parte dentro de la senda constitucional y a ningún lado fuera de ella. (Varios señores diputados: Muy bien.) Hasta donde alcanza la sombra de la Constitución se extiende el terreno de la legalidad y de los acuerdos.
Son límites que no
debiera franquear nadie y que todos nosotros no estamos dispuestos a franquear en ningún caso. Hacerlo significaría traicionar los derechos de esa parte de la nación española que ha depositado su confianza en nuestro partido, en nuestras promesas y
en nuestra firme resolución de ser leales con los españoles. Esta vez las cosas han salido bien, tenemos un acuerdo y debemos felicitarnos por ello. No hacemos más que dar a los andaluces lo que los andaluces se merecen, una herramienta de trabajo
que les permita alcanzar cualquier meta que se propongan. Suelen decir ellos que Andalucía no pretende ser más que ninguna otra comunidad autónoma, pero tampoco menos, y yo aplaudo esa voluntad. (Aplausos.) Dicen también que quieren ser andaluces
allá donde vayan, en cualquier rincón de España donde su gusto, su trabajo o las vueltas de la vida les sitúen, porque ser andaluces es su forma de ser españoles y, vivan donde vivan, no quieren dejar de serlo ni disimularlo. Yo aplaudo esa
voluntad porque es legítima y porque no exige nada que los andaluces no den a manos llenas. Ellos, que reciben a todos los españoles por ser españoles con los brazos abiertos; ellos, que no piden a nadie, sea gallego, como yo, mallorquín,
asturiano o lo que se quiera, que deje de serlo para vivir en Andalucía, bien pueden pedir en contrapartida que se les aplique el mismo trato generoso, cordial y civilizado que ellos dedican al resto de los españoles. (Aplausos.)
Termino, señorías. Quiero dar las gracias a cuantos en ponencia y en Comisión han puesto su talento, su paciencia y su voluntad de acuerdo al servicio de este objetivo. Andalucía cuenta con una reforma consensuada y esto significa que el
próximo 25 de febrero podremos recomendar a los andaluces que la apoyen, porque es buena para ellos, es buena para España y es buena para todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, delegación del Parlamento de Andalucía, miembros del Gobierno andaluz, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quiero expresar nuestra salutación y también nuestra satisfacción por la
culminación en el Congreso de los Diputados y en esta sesión plenaria de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, ante las propuestas de reforma de estatutos de autonomía de otras comunidades autónomas más allá de la catalana, siempre se ha movido por el principio de respeto y de seguir con interés
los acuerdos alcanzados a partir de dos criterios.
Primer criterio, no vamos a ser nosotros, un grupo parlamentario de un ámbito territorial concreto, el ámbito territorial catalán, los que vamos a negar a otras comunidades autónomas lo que
planteamos para la mejora del autogobierno de Cataluña. Segundo criterio, que es muy importante, debemos considerar y subrayar la singularidad que tiene cada comunidad autónoma para desarrollar su autogobierno. Evidentemente nunca dos estatutos
son iguales, como nunca dos gotas de agua son idénticas. Está en la esencia del principio de desarrollo del autogobierno y del principio de acceso y desarrollo de la autonomía, que contempla y ampara el artículo 2 de la Constitución española, la
singularidad del desarrollo de las vocaciones de autogobierno de cada una de las comunidades autónomas. Por respeto a uno mismo y por respeto a lo que es y a lo que representa es bueno que cada una de las comunidades autónomas encuentre su propia
vía de autodesarrollo y de autoidentificación. Si me permiten utilizar una expresión muy castiza, muy madrileña, cada uno es cada cual, y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que hoy sometemos a consideración del Pleno de la Cámara, no es más que
la expresión de esta vocación de autogobierno de Andalucía, ni más ni menos, las vías de desarrollo de unos y de otros. Por eso, no es necesario que nadie suba a esta tribuna para defender uno u otro proyecto de Estatuto de Autonomía con la
necesidad de afirmar que es más o que es menos. Cada uno es cada cual. Sería, por tanto, una falta de respeto afirmarse en un debate como este -o como el que hemos tenido en la Comisión paritaria Comisión Constitucional-Delegación del Parlamento
de Andalucía- por negación o por simple imitación de otro estatuto de autonomía, pero durante demasiados meses, durante demasiados años, en nuestro debate territorial, en el debate territorial en España y en esta segunda gran ola de reformas
estatutarias, el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha gravitado por comparación, por imitación o por negación en los legítimos y respetables debates de profundización estatutaria de otras comunidades autónomas. Lo ha sido en el caso de Andalucía,
en el caso de Baleares, en el caso de Aragón, y les bien aseguro en nombre de un grupo parlamentario de ámbito territorial catalán que nuestra voluntad es no ser protagonistas por afirmación, ni por negación, ni por imitación, ni por comparación de
los debates de profundización
en el autogobierno de otras comunidades autónomas. Alguien con autoridad en esta Cámara y en la ordenación de los debates de la Comisión Constitucional me decía hace unos días que sería bueno que cuando se discutiera el Estatuto de
Autonomía de Andalucía se hablara del Estatuto de Autonomía de Andalucía y no se hablara del Estatuto de Autonomía de Cataluña, felizmente vigente desde el día 9 de agosto de este año.
Señorías, lo intentaré porque esta tarde es la hora de
Andalucía, es la hora de la actualización y del desarrollo de su autogobierno. Parece ser, por las intervenciones de la vicepresidenta del Gobierno y del líder de la oposición, que hoy es una tarde de elogio del acuerdo. El Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) se suma a este elogio y nos congratulamos por ello porque este acuerdo también es, evidente y palmariamente, la constatación de una rectificación por parte del Grupo Parlamentario Popular, por parte del primer grupo de
la oposición. Nos alegramos de esta incardinación del primer grupo de la oposición en esta verdadera senda de reformas, de segunda ola de reformas estatutarias.
Este texto, tal como llega a esta sesión plenaria, contempla, sin ir más lejos y sin
querer ser exhaustivo, un capítulo de derechos y deberes, con lo cual se instituyen unos derechos estatutarios. Sobre esto volveré brevemente dentro de un momento. En este texto que llega a debate al plenario se recoge una división de tipología
competencial en la que se contemplan competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. Nos alegramos de este acuerdo, que supone una rectificación y la incorporación de un grupo parlamentario a la tramitación de los estatutos de autonomía.
Además, en este texto que llega a debate al plenario se incorporan mecanismos de colaboración multilateral, pero también bilateral entre la comunidad autónoma y los órganos centrales del Estado.
Nos congratulamos por la incorporación de estos
mecanismos. Y, señorías, en este texto que hoy llega al plenario para su discusión y votación también se contemplan sabias recetas y sabias fórmulas de desconcentración del Poder Judicial, después de más de un cuarto de siglo de desarrollo del
Estado de las Autonomías. Nos alegramos por lo que supone de rectificación respecto a la posición del Partido Popular en recientes debates de estatutos de autonomía. Señorías, sin ánimo de ser exhaustivo, aunque el 'Diario de Sesiones' de la
Comisión Constitucional es muy rico en dar fe de estas rectificaciones, quiero volver al capítulo de derechos y deberes. El día 10 de marzo del año 2006, el secretario general del Partido Popular afirmaba en la Comisión Constitucional del Congreso
de los Diputados: El Grupo Parlamentario Popular reitera ante esta Comisión su oposición a la pretensión de la propuesta de reforma estatutaria de crear un cuerpo de derechos y deberes propios para los ciudadanos de Cataluña. Para el Grupo
Popular, la igualdad de los ciudadanos solo es efectiva si todos asumen las mismas cargas de obligaciones y el mismo caudal de derechos subjetivos. La ciudadanía de un Estado constitucional unitario y democrático, como es el español, no admite
escalafones ni grados. Pues bien, el señor Acebes era fiel seguidor de la coherencia discursiva del Partido Popular cuando el señor Rajoy el día antes, el día 9 de marzo del año 2006, afirmaba ante la Comisión Constitucional: Señorías -decía el
señor Rajoy-, hay un título que se llama de derechos y deberes. Si los ciudadanos tienen derechos y deberes distintos, ya no son iguales, y esto es de cajón. Es evidente que desde los días 9 y 10 de marzo del año 2006 hasta el día de hoy ha habido
una evolución de las posiciones del Partido Popular. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pronuncia palabras que no se perciben.) Una evolución, una rectificación, una iluminación, díganlo como ustedes quieran, pero es evidente, señorías, señor
portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional, que el titulo I, artículos 12 a 41, capítulo II, derechos y deberes de los ciudadanos de Andalucía, dan fe de esta actualización de sus posiciones. Hace un momento, el portavoz del Partido
Popular y líder de la oposición, señor Rajoy, hacía algunas reflexiones sobre si por fin hemos conseguido que este no sea un Estatuto de derechas o de izquierdas. El artículo 21 de este Estatuto, el artículo referido a la educación, señorías, al
final es un sabio punto de equilibro que nos evita pensar si el redactado de este artículo es de derechas, de izquierdas o justo al contrario -dicho con un tinte o con un acento notablemente gallego-; en cualquier caso, y nos congratulamos, es
equilibrado en cuanto a su redacción.
Señorías, hagamos referencia brevemente también a la tipología competencial, artículos 42 a 45, que cuentan con el aval, con el apoyo y con el voto favorable de todos los grupos de esta Cámara -también del primer grupo de la oposición-, con
lo cual felizmente queda amortizado el debate sobre si existen competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Cito el artículo 42: En el ámbito de sus competencias exclusivas, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio
sobre cualquier otro derecho. Señorías, insisto, nos congratulamos de esta actualización de posiciones. Esperamos y deseamos sinceramente que esta actualización de posiciones no sea impugnada por algún Alto Comisionado de las Cortes Generales que
tiene por misión la defensa y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, pero que últimamente se ha dedicado a alguna otra labor, más que nada porque de la lectura cruzada de algún recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional y contra el actual redactado del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de lo que hoy felizmente vamos a aprobar, quizá, con algún punto de coherencia, este Alto Comisionado podría o debería llegar a la conclusión de tomar algunas
medidas. Señorías, no quiero entrar en otros aspectos de organización interna del autogobierno de Andalucía que por nuestra parte no merece nada más que consideración, respeto e incardinación dentro de lo que he definido como la segunda gran ola de
actualización del autogobierno; fórmulas ya recogidas por otros estatutos de autonomía desde los años ochenta o noventa,
como el decreto-ley; fórmulas de actualización del autogobierno en cuanto a la capacidad de disolución de los parlamentos. Señorías, todo esto nos parece muy bien; tiene nuestro apoyo, lo tuvo en Comisión y en ponencia y lo tendrá hoy en
la sesión plenaria.
Creo recordar bien, señorías, si digo que fue don Manuel Fraga quien acuñó la expresión de autoidentificación para la mejora del autogobierno, en aquel caso don Manuel Fraga hablaba del autogobierno de Galicia. Pues bien, ha habido un vivo
debate hasta el final sobre lo que podríamos definir como el proceso de autoidentificación de Andalucía y el preámbulo en aquello concerniente a la definición de la realidad nacional de Andalucía. Señorías, insisto en que no vamos a negar a otros
lo que pedimos para nosotros y también apreciamos claramente las singularidades, los matices de los tonos y los acentos que ponen una comunidad autónoma y otra cuando hablan de sus procesos de autoidentificación. Lo que sucede es que uno, en esta
agradable responsabilidad de la actividad parlamentaria, siempre aprende algo, señorías, y esta tarde les he traído, precisamente para que se ilustre el conjunto de la Cámara, algunas partes del Manifiesto Andalucista de Córdoba sobre el cual
descansa el redactado final del reconocimiento de la realidad nacional.
El preámbulo dice, y cito textualmente: El Manifiesto Andalucista de Córdoba describió Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron
plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna -fin de la cita-. Señorías, el Manifiesto Andalucista de Córdoba -sobre el cual no me voy a alargar- tiene en algunos de sus puntos un claro tinte nacionalista e
incluso el tan criticado tinte cantonalista, al cual hacía referencia el líder de la oposición. Señorías, cito textualmente el Manifiesto Andalucista de Córdoba -que nos parece impactante como punto de encuentro para el Partido Popular en este
preámbulo-: Desgárrese también la vieja España.
Seamos fuerzas impetuosas en la interna agitación de una nueva vida hermana a la que va a triunfar en el mundo. Sean cuales fueran los procedimientos de que hubieran de valerse para mantener su
dominio -señorías, del Partido Popular- los poderes centralistas depredadores, estos poderes deberán, con escarnio, ser abolidos. Esto es una parte literal del Manifiesto Andalucista de Córdoba, y aún me permito hacer referencia a otra parte del
mismo: En todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsa hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad que dicen
nacional. Señorías, en ningún caso estas son palabras nuestras; son palabras del Manifiesto Andalucista de Córdoba, que deja muy atrás a quien dijo que España era un Estado residual con la entrada en vigor de algún nuevo Estatuto. Por cierto,
afirmación y definición que nosotros no compartimos porque creemos en el Estado de las autonomías, en su desarrollo, en el reparto de competencias y evidentemente también en la función del Estado.
Señorías, siempre hay un día después. Hoy es el día después del día 1 de noviembre. Hoy es el día 2 de noviembre y parece ser que hoy, el día después, también es el día de la rectificación. Sinceramente, a la luz de lo redactado, a la luz
de lo que hoy vamos a discutir y aprobar, nos congratulamos porque el Partido Popular se ha autoimpugnado, se ha autocensurado y se ha autolesionado en su línea argumental de lo que ha sido el ataque al Estatuto de Autonomía de Cataluña durante los
últimos meses. Reiteramos nuestra adhesión a este Estatuto y reiteramos que los recursos de inconstitucionalidad contra algunos otros estatutos, por coherencia, deberían ser retirados en algunos extremos y en algunos puntos en los que se entra en
evidente contradicción con la nueva y feliz posición del Partido Popular.
Señorías, señor presidente, quiero utilizar este último minuto para hacer una defensa de un derecho fundamental, de un derecho constitucional, de un derecho básico, del derecho de expresar políticamente las opiniones políticas que a cada uno
le parezcan mejor. Hoy hemos escuchado desde esta tribuna decir que el acuerdo de este Estatuto de Autonomía y la incorporación y los buenos oficios del Partido Popular suponían cerrar el paso a veleidades nacionalistas. Suponemos que se refieren
a veleidades nacionalistas en Andalucía. Señorías, este grupo parlamentario es perfectamente conocedor del arco parlamentario del Parlamento de Andalucía, de las mayorías y de las minorías, pero también es un gran defensor del respeto a cualquier
expresión política y SS.SS. saben que en el Parlamento de Andalucía hay una fuerza política nacionalista, el Partido Andalucista, expresión minoritaria y legítima del nacionalismo en Andalucía y que será el conjunto de los ciudadanos el que pondrá
o quitará esta representación del Parlamento andaluz y no una afirmación sobre que este Estatuto frena las veleidades nacionalistas en Andalucía.
Termino, señor presidente, anunciando el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió al proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía y celebrando que hoy, 2 de noviembre, haya un grupo que se incorpore a esta
senda de actualización y modernización de nuestro Estado de las autonomías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
El turno corresponde a Esquerra Republicana. Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, la ciudadanía andaluza representada por su Parlamento nacional puede sentirse satisfecha porque su legítima aspiración a dotarse de mayores capacidades de autogobierno ha encontrado en los
representantes del Parlamento español comprensión y apoyos políticos suficientes, tal como quedó reflejado en la última sesión de la Comisión Constitucional celebrada hace pocos
días. De hecho, excepto los dos únicos representantes andalucistas, la delegación andaluza mostró tanta satisfacción como votos afirmativos recibió el texto por parte de los miembros delegados de la Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados. Como quiera que el texto colma hoy por hoy sus aspiraciones, nos felicitamos por ello y nos congratulamos por haber contribuido a alcanzar su objetivo. En consecuencia, el próximo mes de febrero el pueblo andaluz podrá refrendar una
nueva carta autonómica clónica del Estatuto de Autonomía de Cataluña, gracias a los acuerdos previos pactados por los barones territoriales del Partido Socialista Obrero Español y, posteriormente, avalados por el señor Mas en La Moncloa, aval este
último materializado de espaldas al Parlamento de Cataluña, priorizando así los intereses clasistas de Convergència i Unió por encima del interés patriótico. Es bien cierto que a pesar de los progresos autonómicos experimentados durante un cuarto
de siglo, no se había avanzado lo suficiente en el terreno del autogobierno a causa de la contención de los traspasos competenciales impuestos por los sucesivos gobiernos estatales o al mismo proceso de integración en la Unión Europea. En
definitiva, quedaban competencias por asumir reclamadas insistentemente por la Junta de Andalucía, cuando no la misma Comunidad Autónoma andaluza se vio afectada por la invasión de leyes estatales. En Andalucía se conoce la posición del
independentismo catalán respecto al nuevo Estatuto desde el día en que el nuevo texto proveniente del Parlamento andaluz desembarcó en el Congreso de los Diputados. Entonces ya manifestamos nuestra voluntad de respetar la decisión de los legítimos
representantes de la soberanía andaluza, es decir, la de su Parlamento, el de allá, no el de aquí.
Para Esquerra Republicana, la liberación nacional de los pueblos es inseparable de la consecución de una sociedad libre y solidaria, superadora de las injusticias sociales. Por eso, en este tránsito y para alcanzar dicho objetivo, la
profundización en el autogobierno permitirá, por un lado, acelerar el proceso de fortalecimiento de la conciencia nacional, sin duda emergente, del pueblo andaluz y, por otro, fortalecer su democracia política y social y reparar los múltiples
agravios históricos padecidos desde el Estado español y desde una españolidad rancia y explotadora, que había pretendido condenar a Andalucía a la condición de colonia interior de la España castellana. Y a nosotros, como republicanos, defensores
del derecho a la autodeterminación, solo nos cabe defender un único criterio basado en el respeto a la decisión del Parlamento andaluz.
Hemos actuado, pues, en coherencia con nuestras ideas. Es más, permítanme que les manifieste con toda sinceridad que el valor de nuestro posicionamiento radica en esta consecuencia. No les quepa ninguna duda de que si el Parlamento español
se hubiese pronunciado mayoritariamente en contra de su texto o hubiere decidido recortar sus aspiraciones de autogobierno, tal como ya se llevó a cabo con otros proyectos de reforma estatutaria debatidos en esta misma legislatura, nosotros, la
izquierda nacional catalana, nunca hubiéramos avalado tal decisión, porque, repito, para Esquerra Republicana la soberanía andaluza recae en el Parlamento nacional andaluz. Dicho con otras palabras, las aspiraciones de autogobierno de Andalucía
siempre encontrarán el apoyo y la solidaridad del independentismo catalán, en las verdes y en las maduras. En el caso andaluz, además, todavía con más razones si cabe por el origen andaluz de una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de la
Cataluña actual, todos ellos comprometidos con las aspiraciones de libertad de la tierra de sus padres o de sus abuelos. Pero hay más, en la Cataluña de los albores del siglo XXI el catalanismo sustenta la unidad civil de las clases populares de
distintos orígenes, lo cual nos hace afirmar con orgullo que, a diferencia de la España conclusa, somos una nación en construcción, como lo es Andalucía que, tal como reconoce el texto que vamos a aprobar, halló su fuente de legitimidad específica
en su vía de acceso a la autonomía expresada en las urnas mediante referéndum en el año 1981. En la actual legislatura, en la que tantas confianzas se habían depositado para poder avanzar hacia el Estado plurinacional de corte federal, la
coherencia ideológica de Esquerra Republicana va abriéndose camino en un barrizal de renuncias con tradiciones e hipocresías políticas protagonizadas por los dos grandes partidos políticos españoles. Detrás de esta afirmación existe, evidentemente,
espacio para el matiz y para la diferencia entre una izquierda que, desgraciadamente, lastra modernidad por culpa del jacobinismo y la derecha reaccionaria y nacionalista instalada en la agresividad anticatalana. Evidentemente, nosotros sabemos
distinguir los unos de los otros, pero no es menos cierto que los hechos son palmarios.
La voluntad del Parlamento de Euskadi no fue merecedora del mismo respeto que han gozado los representantes del pueblo andaluz, del mismo modo que, tal como he apuntado al inicio de mi intervención, tampoco lo fue la proveniente del
Parlamento de Cataluña. El texto de modificación del actual Estatuto de Gernika, que fue presentado en esta Cámara por el lehendakari Ibarretxe, en nombre del Parlamento de Euskadi, ni siquiera fue aceptado a trámite y debate. Y en cuanto al texto
estatutario catalán, como bien saben, aun cuando llegó con el apoyo del 90 por ciento de sus electos, fue notablemente recortado en el Parlamento español. Es más, las dos fuerzas políticas mayoritarias, Partido Socialista y Partido Popular, como
derivada del acuerdo entre los barones territoriales socialistas, pactaron en origen niveles de autogobierno de menor intensidad y profundidad para dos de los territorios nacionales de los països catalans con la pretensión de culminar una segunda
fase en el diseño del Estado descentralizado administrativamente, pero que obvia la realidad plurinacional del Estado. Efectivamente, este mismo Parlamento que hoy dará satisfacción a sus aspiraciones mayoritarias ha aprobado un texto estatutario,
el del País Valencià, que consagra el secesionismo lingüístico de nuestra lengua
nacional y otro, que pronto será aprobado con la bendición del Partido Popular y del Partido Socialista, que niega la igualdad en cuanto a derechos y deberes entre las lenguas catalana y española en Illes Balears, preámbulo de la
minorización total y absoluta de su lengua propia, así como su progresiva sustitución por la lengua castellana.
Desde la solidaridad catalana hacia Andalucía le reclamamos reciprocidad.
Nos resistimos a aceptar que sea Andalucía uno de los graneros del anticatalanismo. Es vergonzoso que haya recaído en el Partido Popular de Andalucía -quizás en el
que más- la mayor beligerancia en contra de Cataluña y en contra de su reforma estatutaria elaborada y aprobada por su Parlamento nacional. El Partido Popular andaluz ha desplegado afán y voluntad para sembrar la discordia y el odio en contra de
Cataluña, fomentando la mentira y la ignorancia a través de los medios de comunicación y la propaganda mediática e intentando, además, trasladar la animadversión política al terreno económico con el boicot a los productos comerciales catalanes. El
Partido Popular a la manera goebbeliana utilizó, y sigue utilizando, el sustrato catalanofóbico existente en la sociedad española y andaluza para arremeter contra Cataluña y su Estatuto actual con la voluntad de laminarlo, incluso ahora, una vez
plebiscitado, y posiblemente en un futuro inmediato intentará dificultar su despliegue tanto respecto a las intensidades como a los tiempos. Desde Cataluña tanto odio se vivió con dolor, sobre todo entre los catalanes de origen andaluz.
En los primeros años del posfranquismo, el nacionalismo español, llevado por la mala conciencia de la voluntad de genocidio de las culturas catalana, vasca y gallega, pareció querer enterrar y superar su carácter expansionista y
castellanista que adquiría vida y fuerza en la negación de las otras realidades nacionales. Aun así, después de dos decenios de democracia, en los últimos años hemos vivido con perplejidad hasta qué punto en la sociedad española todavía era posible
la movilización popular en contra de las pretensiones de autogobierno surgidas desde Cataluña, menospreciando las capacidades interpretativas de la propia Constitución española, rentabilizando electoralmente la catalanofobia y arrastrando al Partido
Socialista hasta el límite de hacer incumplir al presidente español el compromiso de respetar la voluntad del Parlamento catalán.
A Cataluña, una vez más, le ha correspondido asumir un gran desgaste político y sacrificar incluso las potencialidades del primer Gobierno de izquierdas de la Generalitat, desde la recuperación de las libertades, para abrir una brecha en el
inmovilismo del Estado de las autonomías, en beneficio de la sociedad catalana, ciertamente, pero también en beneficio de la sociedad andaluza, porque nadie puede negar el papel motor del catalanismo político. Decía el diputado de Izquierda Unida y
amigo, Antonio Romero, en un alarde de pedagogía -y lo cito textualmente-: Queremos estar en la escapada buena y, si hay un tirón del ciclista catalán, tenemos que ir a su rueda. Sin duda, esta es una gran verdad.
La estigmatización de Cataluña y lo catalán, los judíos de España en el imaginario de tantos y tantos españoles de derechas, ya permitió reconvertir el nacionalismo español de cariz fascista, heredado del franquismo, en orgullo nacional
constitucionalista español en la década de los años ochenta del siglo pasado, a costa de Cataluña, por supuesto.
Recuerden, si no, la obsesión patológica del señor Guerra por encarcelar al presidente de la Generalitat de Catalunya, señor Pujol, y
su afán por hacer cuajar la ecuación que igualaba lo catalán a lo burgués y lo local a lo retrógrado, frente a una hipotética modernidad socialista y, evidentemente, española. Este es el precio que debemos pagar los catalanes para seguir aspirando
a alcanzar algún día la plena soberanía.
Frente a esta perversión, los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía deben saber que a Esquerra Republicana, al catalanismo político de izquierdas, no nos perturba lo más mínimo que otros pueblos alcancen el
mismo nivel de autogobierno y libertades al que aspiramos nosotros, puesto que de lo que se trata es de que, finalmente, se reconozca el Estado español como un Estado plurinacional en el que Andalucía ocupe un lugar con identidad propia, aquella que
su ciudadanía desee alcanzar.
Ahora bien, denunciamos el papel vergonzante del Partido Popular, instalado en la hipocresía política y en la catalanofobia que, después de haber arrastrado al señor Rodríguez Zapatero a incumplir los compromisos adquiridos, no contento con
lo conseguido, anda empeñado en negar a Cataluña incluso el texto estatutario plebiscitado y refrendado por sus ciudadanos con un 74 por ciento de votos afirmativos. La presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional y su capacidad de
contaminación de instituciones democráticas, como la del Defensor del Pueblo, beligerante, no en defensa sino en contra del pueblo catalán, fundamentados en razones que no son merecedoras de igual comportamiento ante el Estatuto de Andalucía, son
buena prueba de ello. Sin duda, la falta de escrúpulos y de tradición democrática de los dirigentes del Partido Popular, les permite intercambiar principios formulados como irrenunciables en el caso catalán por pragmatismo en cuanto a Andalucía, en
tanto en cuanto aspiran a poder ocupar algún día la Junta de Andalucía y esto les obliga a no volver a cometer los mismos errores que en 1980, cuando la izquierda andaluza, y solo la izquierda, logró alcanzar el mismo nivel competencial que los
territorios históricos, a través del procedimiento del artículo 151 de la Constitución española, quedando la derecha al margen del proceso. Por ello, instamos a la sociedad andaluza a profundizar, en el marco de las potencialidades que contiene el
nuevo texto estatutario, en el conocimiento de la realidad nacional catalana.
Para Esquerra Republicana, es un triunfo el reconocimiento de la realidad nacional andaluza en el texto que apoyamos hoy en esta Cámara. De igual manera, queremos
manifestar que nos
preocupa que este reconocimiento lleve parejo referencias a la indisolubilidad de España.
A nuestro entender, tan deficiente y estéril se demostró pretender formar conciencias nacionales andaluzas a partir del anticatalanismo -recuerden como lo resumió don Javier Pulido en 1985, cuando hizo referencia al anticatalanismo andaluz,
la conciencia nacional de los imbéciles-, como lastrar el tránsito, imperativo por razones de subsidiariedad, de cultura y de modernidad, hacia el reconocimiento de las naciones sin Estado en la Unión Europea con apelaciones arcaicas, arcaicas a la
indisolubilidad de España. Según qué referencias a la indisolubilidad o indivisibilidad incluso pueden provocar cierta hilaridad, desde el recuerdo del propio texto de la Constitución de Cádiz en referencia a la indisolubilidad de los territorios
españoles de ambos hemisferios, hasta las grandes variaciones de fronteras acaecidas en los últimos años en Europa. No obstante, lo cierto es que esta referencia podría esconder algo más preocupante si ustedes no se aplican a superar la
catalanofobia que subyace en una parte del pueblo andaluz. Me refiero a la negación de las aspiraciones nacionales de los países catalanes. Sin duda nuestro pueblo, así como otros del actual Estado español, van a plantear en los próximos años, en
la medida en que la correlación de fuerzas lo permita, la necesidad de ejercer el derecho a la autodeterminación o, dicho de otra forma, hacer realidad un proceso de libre decisión o de pacto con el Estado para establecer nuevas cláusulas de
articulación. No nos cabe en la razón la constatación de que el pueblo andaluz o sus autoridades pudieran apelar, en base a la indisolubilidad de España que se consagra en el texto estatutario, en contra de Cataluña, en contra de Euskadi o en
contra de otros pueblos ibéricos. Por solo esta razón, hubiéramos podido abstenernos o votar en contra del texto, pero ello hubiera significado negar la capacidad de entendimiento entre los pueblos andaluz y catalán, y nos negamos a abonar este
hipotético camino. Aún así, les instamos a superar cualquier atisbo de anticatalanismo, de agresividad con una nación catalana que tan solo aspira a su plena soberanía y se siente fraternalmente hermanada con Andalucía. Cataluña y los países
catalanes no vamos a renunciar a nada. El conflicto existe y, por decirlo de forma llana, la partida está abierta, como lo está en Québec, en Kosovo, en Flandes o en Euskal Herria. Esta es la razón por la cual se explica por qué se ha aceptado el
artículo 9 del Estatuto de Autonomía referido a los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, justamente aquellos que establecen el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, pero que fueron rechazados en la propuesta catalana a través de enmiendas del Partido Socialista y del Partido Popular. Hoy por hoy, el caso andaluz no comporta riesgos para la unidad de la nación española y, por
el contrario, se cree que en el caso catalán quizá sí. En consecuencia, constatamos la doble moral de algunos partidos políticos españoles a la hora de aceptar determinadas reivindicaciones o expresiones nacionales.
Por otra parte, es evidente que
detrás de este acuerdo alcanzado en el Estatuto de Andalucía se visualiza el compromiso del Partido Popular en las reformas estatutarias emprendidas por el Partido Socialista, que justamente marca el techo competencial máximo para las reformas
siguientes; de ahí que nos preguntemos el significado y las consecuencias de tal acuerdo para con el nuevo intento de recorte, la segunda cepillada, dicho a la manera del señor Guerra, a la que no renuncia el Partido Popular. ¿Vamos a pagar los
catalanes en el texto plebiscitado por nuestro pueblo el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español? Esta es la pregunta que el tiempo resolverá.
Termino, señor presidente, expresando el deseo de que esta nueva carta estatutaria pueda servir a los objetivos y obtener la mejora de la calidad debida de la ciudadanía andaluza y la definición de nuevos hitos de para el futuro. Es bien
cierto que los indicadores de empleo, del nivel de renta o de convergencia real con Europa demuestran que todavía hoy día Andalucía debe asegurar la prosperidad y la cohesión social necesarias para sus clases populares. Por ello, celebramos su
satisfacción de haber conseguido que el Estatuto reconozca el compromiso del Estado de utilizar como referencia inversora el criterio poblacional, por cuanto ello deberá beneficiar a Andalucía. De igual manera, celebramos que hayan conseguido, que
hayamos conseguido ver reconocido, mediante asignaciones complementarias, el pago de la deuda histórica derivada del Estatuto de 1981, donde se preveían fondos excepcionales de financiación para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de
Andalucía.
Desde el republicanismo catalán queremos dejar constancia una vez más, de las mismas palabras que este mismo diputado pronunció en la Comisión Constitucional el pasado 13 de septiembre: Andalucía será lo que los andaluces y andaluzas
quieran que sea y no nos incumbe juzgar su mayor o menor grado de intensidad nacional. Deseamos que el Estatuto de Autonomía andaluz sea una herramienta esencial para el progreso nacional y económico de Andalucía. Este era el sueño de Blas
Infante, a quien dedicamos nuestro homenaje emocionado cuando se cumplen 60 años de su asesinato en manos de los fascistas. Pasarán los Aznar, pasarán los Múgica, pasarán los Herrero Tejedor y toda la corte de discípulos nacionalistas españoles de
la derecha extrema que hoy comandan el Partido Popular u ocupan instituciones al servicio del nacionalismo español.
Pasarán los Guerra, los Bono, los Vázquez y tantos otros militantes del anticatalanismo. Todos ellos pasarán ineludiblemente, como
también ya son historia aquellos fascistas que estuvieron a punto de culminar el genocidio cultural y lingüístico de nuestra nación catalana durante el franquismo, pero que no pudieron con nuestra voluntad de pervivencia.
Cataluña, los països
catalans, plantearán al Estado español dentro de pocos años el derecho a decidir nuestro futuro. Cuando llegue ese día esperamos de
Andalucía solidaridad y respeto con el pueblo catalán, de igual forma que los catalanes y las catalanas lo somos y nunca dejaremos de serlo con ustedes. Tarde o temprano tendrán que valorar si les merece mayor respeto la voluntad del pueblo
de Cataluña a ejercer el derecho a la autodeterminación o su voluntad de mantener la patria española, su otra patria compartida, como una e indisoluble. Nosotros nos conformamos, nos comprometemos con la fraternidad de los pueblos.
Déjenme que les diga las últimas palabras en mi lengua: Visca Andalusia Lliure.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El turno corresponde al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Esteban. Adelante, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en un momento en el que parece que nos felicitamos todos por el éxito de esta travesía parlamentaria del texto andaluz, me gustaría recordar unas cuantas cosas. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la
Presidencia.) Antes se ha señalado que los grandes partidos nacionales españoles habían aprobado e impulsado conjuntamente la toma en consideración y la aprobación de diversos estatutos de autonomía, conjuntamente habían mostrado su rechazo frontal
al denominado plan Ibarretxe y en todas las medidas estatutarias habían ido cogidos de la mano y al unísono. Pero no; en el caso del Estatuto de Andalucía no ha sido así, porque quiero recordar -es menester, porque es importante- que en la toma en
consideración de este texto presentado por el Parlamento de Andalucía el Partido Popular votó en contra. Y voy a añadir otra cosa que en su momento señalé y que creo que también es importante: que la toma en consideración siguió adelante, que este
texto ha sido discutido y que se ha podido llegar a un acuerdo muy amplio gracias a los nacionalistas insolidarios, porque si los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, etcétera, nos hubiéramos unido a los votos del Partido Popular, este texto
no hubiera sido tomado en consideración y en estos momentos no estaríamos felicitándonos todos, discutiendo y hablando del éxito de este Estatuto. (Aplausos.) Por cierto, el texto llegó del Parlamento andaluz con un porcentaje -en cuanto a los
votos de ciudadanos que estaban representados por aquellos que estaban a favor- un poquito más bajo que aquel con el que llegó el denominado plan Ibarretxe, la modificación del texto estatutario vasco. Vemos que, efectivamente, tomar en
consideración estos textos es bueno, que aquí se puede abrir un diálogo y se puede llegar a grandes acuerdos. Espero que en el futuro sea un ejemplo a tener en cuenta por todos. Por cierto, quiero señalar desde este momento que vamos a votar a
favor del texto estatutario. Lo digo tan pronto, sin esperar al final de mi intervención, porque parece que había dudas. Hemos recibido preguntas por parte de otros grupos parlamentarios e incluso de periodistas, porque parecía que había dudas
sobre qué iba a votar el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros no las hemos tenido en ningún momento. Vamos a votar a favor, porque esa es la voluntad mayoritaria del Parlamento andaluz, de los representantes del pueblo andaluz, y entendemos que
esta va a ser también la voluntad mayoritaria expresada en un futuro -parece que en el mes de febrero- por las ciudadanas y ciudadanos andaluces. Otra cosa es que el Partido Nacionalista Vasco hiciera suyas una serie de enmiendas que estaban
entroncadas con la filosofía, frente al texto que se presentaba a discusión, del Partido Andalucista, y ello porque entendíamos que el Partido Andalucista, al no tener representación en esta Cámara, se veía imposibilitado para presentar estas
enmiendas y nosotros entendíamos que haciéndolas nuestras, defendiéndolas y llevándolas adelante podíamos facilitar y prolongar el debate que se había dado en el Parlamento andaluz, de manera que pudiera haber un mayor tiempo para el encuentro, para
la discusión y para la unanimidad entre los representantes del Parlamento de Andalucía.
Desgraciadamente, por lo que se ha podido vislumbrar en estas semanas, no parece que haya habido una verdadera voluntad de negociar o de llegar a acuerdos
importantes con el Partido Andalucista, y temas de mayor nivel competencial, económicos, culturales, sobre el habla andaluza, etcétera, han quedado aparcados sin que hayan sido asumidos por la mayoría de las fuerzas parlamentarias. En cualquier
caso, el intento de que el consenso fuera el mayor posible está hecho y en estos momentos vemos que en el Parlamento andaluz hay una representación muy mayoritaria que impulsa un texto. Eso es lo que vale y lo que tiene que ser referencia, como lo
ha sido durante todos estos años de democracia, para el Grupo Vasco a la hora de fijar su posición. En consecuencia, nosotros, lo digo de nuevo, vamos a votar favorablemente este texto.
Es curioso que el debate se haya encelado sobre el término realidad nacional, sobre el que el señor Rajoy decía hace poco que ya no hay peligro, porque este texto era absolutamente constitucional también en este punto. Decía: En todo caso,
es un adorno retórico, una cita alambicada. Es posible, pero hay que recordar algunas cosas. Es verdad que los preámbulos tienen un valor hermenéutico como fuente de integración, de interpretación auténtica y que denotan la voluntad del
estatuyente. Mi colega el señor Xuclà, el portavoz de Convergència i Unió que me ha precedido anteriormente, ha leído unos párrafos del Manifiesto Andalucista de Córdoba al que se hace referencia en este preámbulo, pero a mí me gustaría añadir
algunos más porque vienen al pelo con circunstancias de la actualidad. Leo: En todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus
miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional. Aun las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta
de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos como Cataluña o Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses... El Estado oligárquico las ataca, porque
precisamente esas regiones quieren proceder a la reforma de su organización para hacer compatible la libertad y el derecho de todos y para estar representados todos dignamente... Con este procedimiento que sigue el Estado centralista, se
desintegrarán todas las nacionalidades vivas de España. Y añade el llamamiento a los andaluces: Cuando os incitan a luchar contra las regiones hermanas, luchad por la libertad de Andalucía. Estos párrafos no se han añadido. Bien pudieran haberse
añadido algunos de ellos por actualidad y porque también se hacen otras citas comparando y haciendo referencias, tangenciales si se quiere, pero referencias a otros procesos estatutarios en el mismo preámbulo.
Desde luego, si, como suele decir la
doctrina, el preámbulo denota la voluntad del estatuyente, al hacer referencia a ese manifiesto andalucista, al menos para tenerse en cuenta, estos párrafos deberían también ser incluidos en ese texto.
Es cierto que choca con las encuestas que se han hecho entre la población acerca de este término. Tengo aquí el sondeo que realizó el grupo de estadística e investigación operativa de la Universidad de Sevilla entre el 18 y el 25 de mayo de
este año y dice que la definición de Andalucía como realidad nacional resulta controvertida. Son mayoría aquellos que la rechazan, el 35,6 por ciento, frente al 20,7 por ciento que la apoyan. La mayoría, el 51,1 por ciento, cree que la
introducción del término realidad nacional se explica porque Andalucía no debe ser menos que ninguna otra comunidad, y aquí volvemos también un poco a las manifestaciones que en el momento de la toma en consideración se hicieron por alguno de los
representantes parlamentarios. Parece chocante que se enzarce en las discusiones sobre ese término la cuestión del sí o no final al Estatuto cuando aparentemente de las encuestas de población se deduce algo diferente.
Decía el señor Rajoy que, en este sentido, el Partido Popular lo único que ha hecho es transcribir lo que piensa la mayoría de los andaluces -no voy a entrar en si es cierto o no es cierto, supongo que sí-, transcribir lo que piensa la
mayoría de los andaluces. Hemos hecho puro sentido común.
Voy a pensar que es así, que es lo que piensa la mayoría de los andaluces, pero si eso es el puro sentido común, ¿por qué cuando hay mayorías en Cataluña y en Euskadi que piensan lo
contrario, que piensan que somos naciones, se niega con sus votos que eso aparezca en un texto estatutario en el ordenamiento jurídico? Por puro sentido común y por puro respeto a las mayorías, debería obrarse de igual manera en una y en otra
circunstancia. Desde luego, el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Vasco no van a ser quienes digan a los andaluces quiénes son, qué son o qué es lo que quieren ser. En consecuencia, quienes han de definirse son ellos, son los andaluces, y
nosotros apoyaremos en cualquier caso la definición, el encaje en el ordenamiento constitucional o el significado que le quieran dar en todo momento a su autonomía.
Este Estatuto ha venido engarzado, al menos en las discusiones a nivel político, con el Estatuto de Cataluña en cierta manera. Sí es verdad que hay una serie de contradicciones a las que algunos portavoces se han referido anteriormente pero
que yo no me puedo resistir a mencionar siquiera brevemente. El tema de los derechos y deberes es evidente -por cierto, el plan Ibarretxe no contenía un título de derechos y deberes, curiosamente-. Este tema de los derechos y deberes más allá de
la Constitución supuso desde el punto de vista de la bancada Popular un problema desde luego irresoluble, al que había que enfrentarse con su aparición por primera vez en el texto del Estatuto catalán. Sin embargo, hemos visto que esta práctica se
ha continuado en otros estatutos y también en el de Andalucía, incluso copiando casi literalmente alguno de esos derechos: el proceso de la muerte, los términos de definición de la enseñanza pública, etcétera. Se hace lo mismo en cuanto a la
tipología de las competencias. Al final, se confirma la tipología competencial que aparece en el Estatuto de Cataluña, con idénticas definiciones; si no, ahí está el artículo 42. En el Estatuto de Andalucía se afirma una cosa con la que
personalmente yo y también mi grupo estamos muy de acuerdo -y así lo solicitamos en votación en un debate sobre el estado de la Nación, que, por cierto, fue aprobado- y es que la legislación básica, del Estado, únicamente se limitará a normas con
rango de ley. Que esto se diga en un Estatuto de Autonomía también ha sido muy criticado en tiempos anteriores por el Partido Popular, porque en su opinión eso sería inconstitucional y debería estar más abierto, aunque es verdad que en un debate
sobre el estado de la Nación se aprobó una resolución que decía que, principal y mayoritariamente, a no ser que sea imposible de otro modo, será con normas con rango de ley. Esto aparece en el Estatuto, aparece en una norma estatutaria y era algo
que se ponía en cuestión hace bien poco.
Aparece la inversión, equivalente en este caso al peso de la población, que es algo que conviene más a Andalucía, en vez de en función del PIB que aparecía en Cataluña, pero hay procesos similares, con esos siete años de garantía de
inversión sobre ese peso de la población. Aparece una agencia tributaria autonómica, órganos de colaboración bilateral, incluso capacidad de designación de miembros de instituciones y órganos del Estado, Agencia de Protección de Datos, CNMV,
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, Tribunal de Cuentas, CES, Comisión Nacional de la Energía, Radiotelevisión Española, etcétera, aunque también es cierto que se añade la coletilla de según lo que diga la legislación del
Estado. Y vamos a ver lo que dice la legislación del Estado, representantes del Parlamento de Andalucía y ciudadanas y ciudadanos andaluces, porque es posible que algunos de esos artículos que en estos momentos parece que dotan de gran
potencialidad
al Estatuto, por mor de la legislación estatal se queden absolutamente en mantillas y no sirvan absolutamente para nada.
Aparece también otro tema en el que creo que la Comunidad Autónoma vasca fue la pionera, que es pedir la representación ante las instituciones europeas de manera directa, incluso en algunos casos presidiendo la delegación española. Estos
asuntos aparecen en el Estatuto de Andalucía y parece que son plenamente constitucionales, de lo cual me congratulo.
Hasta hace poco o al menos a orillas del golfo de Vizcaya y del mar Cantábrico parece que los aires más húmedos lo hacían más
inconstitucional. Se habla también de las comunidades andaluzas en el exterior, cosa que también fue un motivo de escandalera con el Estatuto vasco. Y está claro que el acuerdo que se tomó en la VI Legislatura respecto al modelo policial queda
definitivamente roto porque, de nuevo, aparece la creación de una policía autonómica, como ha ocurrido en el Estatuto de Autonomía de Valencia y también en el de Baleares. Por tanto, es evidente que, a partir de ahora, el procedimiento va a ser
otro. En cualquier caso, va a ser interesante ver cómo se reflejan estos paralelismos a la hora de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el Estatuto de Cataluña, porque depende de cómo se reflejen, en algunos aspectos también podrían tener
repercusión para el Estatuto andaluz. Mi opinión es que no, porque creo que el Estatuto catalán es plenamente constitucional; pero si no lo fuera, como algunos afirman, les aseguro que eso también podría tener repercusiones para el texto andaluz.
El señor presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, el 23 de mayo, el día en que tuvo lugar la discusión y la votación de la toma en consideración de este Estatuto, señaló que el Estatuto de Andalucía quizá podría servir de modelo
de aplicabilidad general. Ya lo dijimos en su momento y quiero reiterarlo una vez más. No se piense que determinadas reformas estatutarias van a fijar un modelo para otras comunidades estatutarias y desde luego no para el caso de la Comunidad
Autónoma vasca, y esto, que quede claro, no porque nos consideremos más que nadie ni porque seamos más que nadie, sino porque, como decía el Manifiesto de Córdoba del XIX, somos diferentes y nos sentimos diferentes; sentimos de manera diferente,
tenemos distintas necesidades, pero no porque nos consideremos más que nadie. Es más, me gustaría señalar que nunca nos importará que otros sean más que nosotros o que tengan más competencias, siempre que nuestra voluntad, la del pueblo vasco, y
sus derechos sean respetados.
Termino felicitando a los andaluces por este nuevo texto estatutario que desea la mayoría de sus representantes -no todos, desgraciadamente al final no se pudo conseguir el consenso total- y que los vascos, entre otros grupos, hemos hecho
posible.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Esteban.
Tiene ahora la palabra por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, Delegación del Parlamento de Andalucía y del Gobierno andaluz, diputadas y diputados, no puedo evitar tener la sensación de estar en un momento histórico para Andalucía pero también para el
conjunto de España. Mi satisfacción y felicitación y la de mi grupo parlamentario a los compañeros de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, al Parlamento andaluz y a todos los andaluces, porque en el día de hoy vamos a votar un Estatuto
progresista y de máximos, un Estatuto desde la izquierda para toda Andalucía y un Estatuto de máximos porque agota todas las posibilidades constitucionales dentro de la Constitución; en definitiva, y aunque le duela a algún grupo parlamentario, un
nuevo Estatuto para Andalucía. No solamente es una satisfacción aprobar un nuevo Estatuto para la Andalucía del siglo XXI, para los andaluces y las andaluzas, para sus necesidades y para sus ilusiones. Es también y sobre todo una satisfacción
asistir a la consolidación del impulso federal para todo el Estado, porque al fin la deslegitimación del proceso autonómico de esta legislatura ha fracasado y al fin el Partido Popular se ha integrado en la corriente histórica del cambio, en la
corriente histórica de la transformación autonómica, en este caso a través del Estatuto de Andalucía.
Quiero referirme en concreto a la intervención del Grupo Parlamentario Popular para establecer discrepancias y coincidencias, sobre todo para hacerlo desde la modestia de un grupo parlamentario, no desde un Tribunal Constitucional, y desde
la política. Señorías, quiero establecer un glosario de algunos de los términos del señor Rajoy. Dícese constitucional aquello que está de acuerdo con el criterio no del Tribunal Constitucional sino del tribunal del Partido Popular. No lo
comparto. Dícese constitucional aquello que es patrimonio del Partido Popular. Tampoco lo comparto. Patrimonio del conjunto de los ciudadanos y de aquellos que lucharon por la transformación democrática de nuestro país. Dícese consenso el
acuerdo que incluye de manera excluyente al Partido Popular, siendo los demás, aunque sean protagonistas, rémoras o comparsas. No lo comparto. Nosotros somos padres, sobre todo mis compañeros y compañeras de Andalucía, del nuevo Estatuto de
Autonomía; no somos padres excluyentes, pero no estamos dispuestos a que los tíos nos sustituyan. Dícese nacionalista, un nacionalismo paradójico, el utilizado por el Partido Popular en el día de hoy. De una parte, el nacionalista es un réprobo
anticonstitucional, pero además y paradójicamente es el criterio de autoridad que define que la realidad nacional de Andalucía no existe.
Señorías, este glosario sirve en nuestra opinión para demostrar que el Partido Popular ha sufrido sobre todo
no sé muy bien si una abducción o una conversión, pero en todo caso se ha sumado al Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es lo más importante.
Resulta clarificador decirle al Partido Popular que no actúe con la fe del converso, que no
patrimonialice el Estatuto y que tampoco busque ser la inquisición estatutaria, aunque tengo la impresión de que la inquisición estatutaria hoy no afectaba al resto de los grupos de la Cámara; afectaba al Partido Popular y estaba seguramente fuera
de la Cámara. En todo caso, bien está si así os parece, señor Rajoy y Partido Popular.
Nosotros, desde la modestia, desde la paternidad también de nuestro grupo parlamentario con relación al Estatuto de Andalucía, consideramos que nos encontramos ante un buen Estatuto de Autonomía, ante un nuevo Estatuto de Autonomía que
responde sobre todo a las necesidades sociales y a las aspiraciones de Andalucía. Pero como no somos conversos, no creemos que en él sea todo perfecto. Creemos que en el proceso de elaboración en el Parlamento andaluz, en la negociación y
finalmente en la incorporación del Partido Popular algo todavía se nos ha quedado. Es la materia de nuestros sueños, pero no son todos nuestros sueños, aunque es la materia de nuestros sueños sociales y de nuestros sueños federales.
Señorías, hoy aquí Andalucía lleva a cabo un paso de gigante con relación a su poder político y al carácter social de su Estatuto. Ya lo hizo en otro momento histórico y en ese sentido cabe decir que Andalucía demuestra una interpretación
abierta y cabal de la Constitución, muy diferente de aquellos que piensan que la Constitución es Talmud que únicamente exige exégetas o sacerdotes. Andalucía interpretó la Constitución como un marco de intervención y de acuerdo y en su título VIII
llevó a cabo el 28 de febrero de 1980 un impulso autonómico sin precedentes. Se ha dicho aquí que probablemente la realidad autonómica de nuestro país no sería hoy la misma sin el pueblo andaluz y no sería la misma sin el Estatuto actual de
Andalucía. Pues bien, en el día de hoy y ya desde 2001 -y tengo que decir que a raíz de una propuesta de nuestro grupo parlamentario en Andalucía- se inicia un nuevo impulso autonómico, que lo es sobre todo para el pueblo andaluz, pero que también
forma parte del impulso autonómico que es imparable para todo el Estado.
Cuando lo que prima en nuestras sociedades es el valor mercantil, cuando quedan a un lado los derechos sociales y laborales, cuando se subordina el medio ambiente al interés
económico y cuando la especulación alarma no solamente porque afecta a nuestros derechos sino también a nuestra democracia, en este momento preciso Andalucía, el estatuyente, los que proponen la reforma del Estatuto de Andalucía -Izquierda
Unida-Convocatoria por Andalucía y el Partido Socialista-, nos proponen un Estatuto progresista, porque un Estatuto progresista es aquel que propone un nuevo contrato social y de ciudadanía a los andaluces, aquel que propone más de una veintena de
nuevos derechos, aquel que da garantía a esos derechos y aquel Estatuto que se asegura en valores sociales y de sostenibilidad, que son, en nuestra opinión, los valores del siglo XXI.
El Estatuto de Andalucía, en lo que otros han venido a denominar
el intervencionismo del Estado, lo que hace es subordinar la economía y el conjunto social a la voluntad democrática de los ciudadanos y a los intereses colectivos de la mayoría. Por eso este Estatuto ha sido y sigue siendo un Estatuto progresista.
Frente a aquellos que denominaban la delimitación y la ampliación de competencias, que ha supuesto por ejemplo que el Estatuto de Autonomía tenga aproximadamente 246 artículos, como algo inconstitucional que pretendía debilitar al Estado,
sin embargo el Estatuto de Andalucía avanza de forma muy importante en esta materia. ¿Por qué, señorías? Porque previamente ha habido una dinámica conflictiva con relación a las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y porque
también hay un poder olvidado que es el poder local. Por eso este Estatuto de Autonomía de Andalucía avanza de manera muy importante en lo que podemos denominar el reparto democrático del poder incluyendo enmiendas finales de nuestro grupo
parlamentario que abundan en la participación y la información democrática de los ciudadanos. Competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias ejecutivas han sido denominadas en algún recurso de inconstitucionalidad como claramente
inconstitucionales. Pues bien, el Estatuto de Andalucía delimita claramente y amplía las competencias exclusivas, las compartidas y las ejecutivas desde un espíritu que a nosotros nos parece que forma parte del federalismo cooperativo, que es el
espíritu de la cooperación entre las distintas administraciones del Estado.
Quisiera refrescarle la memoria al señor Rajoy para decirle que los capítulos relativos a las relaciones multilaterales y bilaterales, si bien han sido modificados, se mantienen en el seno del Estatuto de Andalucía, como no podía ser de otra
manera, dentro de un modelo autonómico que era de Estado de las autonomías hasta hace muy poco tiempo y que ahora va por el camino de convertirse en un Estado autonómico de carácter federalizante. En ese mismo Estatuto se avanza de forma muy
importante en una preocupación de Andalucía y de los andaluces, que es dotarse de medios para sus aspiraciones sociales, para sus aspiraciones de desarrollo y de igualdad. En ese sentido las propuestas financieras, las que financian a Andalucía
sobre la base de la población y las que, por otra parte, resuelven la deuda histórica que parecía, como la deuda externa, una deuda impagable, esas propuestas, en nuestra opinión, permiten dotar de medios a Andalucía en un marco solidario del Estado
para responder a sus ambiciones sociales y a sus ambiciones de igualdad.
Por último, la propuesta significa también un avance muy importante en la descentralización del Poder Judicial, descentralización que ha sido contestada por el Partido Popular diciendo que el Poder Judicial es un poder único y que no admite
descentralización. Nosotros
creemos, al contrario, que en este Estatuto de Autonomía se apuesta claramente por una mayor descentralización del Poder Judicial, por una mayor eficacia y por su desarrollo como servicio público. En ese sentido también, en nuestra opinión,
estamos ante un Estatuto de máximos y ante un Estatuto social que responde a las inquietudes de los andaluces y andaluzas.
Se recogen, pues, en el Estatuto muchos derechos y muchas garantías.
Algunos podrán decir que luego pueden ser incumplidos. En todo caso, el nivel y el rango de los compromisos son muy superiores a los del Estatuto hasta ahora vigente y a
los de otros estatutos en nuestro país. En algunos casos los derechos se adquieren con carácter subjetivo y universal y, por tanto, son obligatorios para los poderes públicos. Hemos avanzado de forma muy importante en derechos respecto a la
concertación social en materia laboral, hemos avanzado también en el derecho a la vivienda pública, hemos avanzado en los derechos de igualdad de género, en los derechos sociales, en los derechos sanitarios, en los derechos educativos. Todo eso no
es una ocurrencia, todo eso son necesidades de la sociedad andaluza y, por tanto, nada de ocurrencias en este Estatuto, todo de necesidades y de aspiraciones legítimas del pueblo de Andalucía, de sus mujeres y de sus hombres ante los retos del siglo
XXI.
Decía antes que no solamente es un Estatuto progresista y de máximos que nosotros respaldamos, y damos la bienvenida a aquellos que otrora se han considerado de derechas y ahora, en un rasgo de egocentrismo, se suman, sin lugar a dudas, al
Estatuto de Andalucía. Este Estatuto de Andalucía consolida un nuevo impulso federalista para todo el Estado, que continuará con nuevas reformas estatutarias y que estamos convencidos, más temprano que tarde, culminará en una reforma constitucional
que permita el desarrollo pleno de un federalismo cooperativo en nuestro país. Es verdad que ha habido grupos parlamentarios que, a través de la negociación y del acuerdo, hoy se consideran más identificados con el Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Bienvenidos sean. Izquierda Unida convocatoria por Andalucía-Los Verdes considera que este Estatuto ha madurado en el proceso andaluz pero también ha madurado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, sin lugar a dudas su madurez
no ha alterado ni su naturaleza ni su carácter. Es un Estatuto de naturaleza ambiciosa y de máximos; es un Estatuto con un carácter progresista y de izquierdas, no excluyente, porque acoge a todos, pero con una orientación progresista
incontestable.
En la fase última de negociación, el Partido Popular se ha subido al Estatuto de Autonomía en marcha. Eso tiene sus beneficios pero también sus problemas. Al subirse en marcha no han podido ver el conjunto del Estatuto. La velocidad les
ha impedido ver la verdadera magnitud del Estatuto de Autonomía. Para el Partido Popular lo importante, afectados por aquello del orgullo y del prejuicio, ha sido introducir elementos constitucionales en un Estatuto constitucional. El Partido
Popular ha aportado una sobredosis de constitucionalidad al Estatuto. Y no lo digo a vuelapluma. El Estatuto inicial tenía 35 menciones a la Constitución española, y merced al Partido Popular tenemos aproximadamente 70. A nosotros que estamos
plenamente identificados con la Constitución, también con su propia reforma, no nos duelen prendas esta sobredosis constitucional, esta retórica o salmodia constitucional tan cara al Partido Popular. Si eso les da confianza y les permite ver mejor
el Estatuto de Andalucía, mejor que mejor, y nosotros estamos satisfechos.
Pero estamos convencidos de que, al igual que el problema del Partido Popular no era la falta de consenso ni la constitucionalidad de la norma, tampoco su cambio de posición
se debe a que haya habido una mejora constitucional del Estatuto ni a que en estos momentos haya mayor voluntad de consenso por parte de los grupos parlamentarios. Hay que decir que en el Parlamento andaluz hubo voluntad de consenso y el resto de
los grupos no se levantó de la ponencia. Fue el Partido Popular.
Quisiera hacer una precisión respecto a cuál puede ser la verdadera razón de esta conversión del Partido Popular al Estatuto de Andalucía. Como siempre en política no ha sido la Constitución ni, como ha dicho el señor Rajoy, los principios.
Ha sido la política para un partido que ha perdido en buena parte su estrategia, la estrategia de deslegitimación que tuvo su reflejo más estrambótico en el referéndum convocado por el Partido Popular en el cual no se supo muy bien quién voto ni qué
votó, esa estrategia de referéndum estrambótico. La que podríamos denominar estrategia de deslegitimación, ha fracasado. Fracasó en el referéndum, fracasó en Cataluña y ha fracasado estrepitosamente en el Estatuto de Andalucía. El Partido Popular
no podía volver de nuevo a Andalucía a decir: Andaluz, este no es tu referéndum. Esa es la verdadera razón de la incorporación del Partido Popular, la política. La realidad de una Andalucía que no perdonaría al Partido Popular no incorporarse al
Estatuto de Andalucía. Por eso el Partido Popular ha modificado su posición, por lo que se llama la política democrática, la política de la deliberación y la política de la responsabilidad: la deliberación, en la Comisión; la responsabilidad,
frente al pueblo andaluz. No han aguantado ser irresponsables frente al pueblo andaluz y han tenido que sumarse al Estatuto de Andalucía.
Termino, señorías, saludando este Estatuto, un Estatuto de máximos y progresista, diciendo algo que puede sonar un poco sobreactuado: Que descanse en paz la deslegitimación política del Estatuto de Autonomía de Andalucía y también la
deslegitimación de los estatutos de autonomía.
Como en Quevedo, fueron, echaron la mano a la espada y no hubo nada, señorías. Larga vida al Estatuto de Andalucía. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, señores representantes de la Junta de Andalucía; señor presidente, don Manuel Chaves; señora presidenta del Parlamento andaluz; señores representantes de estas entrañables instituciones, un saludo en nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias para mostrar hoy un apoyo institucional, político, democrático, parlamentario y nuestro apoyo a este Estatuto de Autonomía de Andalucía. El próximo día 30 de diciembre hará casi 25 años de la
publicación de la vigente Ley 6/1981, del Estatuto de Autonomía de Andalucía; hoy, 25 años después, vamos a su renovación, una renovación plenamente democrática, una renovación positiva, una renovación que va en un aumento de competencias
administrativas del Gobierno, de la Junta de Andalucía y de su Parlamento a favor del pueblo andaluz y dentro del escenario de la Constitución española. Mi reconocimiento a las fuerzas principales del Parlamento andaluz que lo han apoyado: el
Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y el Grupo Andalucista, que también ha hecho uso de sus derechos democráticos para oponerse por razones legítimas al mismo.
Mi grupo no hace solo una valoración de unas competencias administrativas en cualquier área de servicio, de la agricultura a la industria, de la enseñanza a las obras públicas, sino sobre los contenidos fundamentales del titulo preliminar de
este proyecto de ley y de su título I en cuanto hacen un reconocimiento de las señas de identidad de una comunidad autónoma. Igual que el folclore es polivalente en toda España, cada uno tiene sus señas de identidad y a nadie se le ocurre hacer
mezclas que van en contra del sentir popular, para los representantes de esta soberanía popular que señala nuestra Constitución y ahora el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, estas son unas señas de identidad que empiezan con el artículo 1,
que pone la gran palabra carismática: Andalucía. ¿Cuál es la definición etimológica y semántica del término Andalucía? Ahí están los artículos del título preliminar en los que al definirla como nacionalidad histórica, abren el sentido etimológico
-y no solamente el origen histórico del vocablo, sino el semántico-, una nueva semántica en la interpretación de Andalucía, porque su carácter de nacionalidad histórica no se entiende en un libro. Definir a Andalucía es definir parte de la historia
de España. Andalucía no se entiende sin el concepto España ni España se entiende sin la aportación de Andalucía a su acervo histórico. Desde Lucio Anneo Séneca -la señora vicepresidenta ha hecho una invocación al gran cordobés universal- hasta
Góngora y Lorca, está una comprensión de España, de Andalucía y del carácter andaluz; son señas de identidad. Cómo no van a ser señas de identidad cuando un maestro del arabismo español, don Manuel Gómez Moreno, dice que los dos monumentos
arquitectónicos más genuinamente españoles que existen en la península Ibérica son la cueva megalítica de Menga en Antequera y la mezquita Aljama de Córdoba. No son inventos de fuera; son construcciones de artífices hispano-andaluces. Estas son
las señas de identidad que definen a un pueblo. Cómo vamos a prescindir de una interpretación de la cultura que va desde los orígenes de Murillo o Velázquez hasta Picasso. ¿Sería posible comprender esa parte de la pintura española sin este
reconocimiento a una raíz personal de Andalucía?
En el Estatuto que hoy nos viene hay artículos que merecen el apoyo democrático al pueblo andaluz a través de su Estatuto de Autonomía. En el artículo 14 se habla de la no discriminación por una serie de razones que ya están recogidas -y yo
diría ampliadas- del espíritu constitucional de que nadie puede ser discriminado por razones de sexo, raza, religión, etcétera. Cómo vamos a oponernos a quien hace una fundación en el año 755, un emigrado que llega huyendo de las matanzas de los
abasíes sobre los omeyas en Arabia y en Siria, que es Abderramán I el emigrante, posiblemente el primer emigrante que llega en patera a las costas de Granada, en Almuñécar. Ahí se van creando unas señas de identidad. En todas las reuniones de
principios del siglo XX en Andalucía, sobre todo en la que se hace en Ronda, se encuentran con la necesidad de definir uno de los símbolos de identidad andaluces, el andalusí, que hoy día se recoge en el artículo 3 de este Estatuto de Autonomía.
Son las señas de identidad y se comienza por la bandera. Se dice sobre la bandera que hay dos colores que la definen: el verde y el blanco. Pero en la reunión de Ronda en 1918 ilustres andaluces, conocedores de sus raíces históricas, le llaman al
verde el verde omeya, porque vienen a identificarlo con uno de los valores fundamentales que hay en las señas de identidad. Sin estas señas de identidad el título preliminar del Estatuto de Autonomía que estamos discutiendo caería por su peso;
habría que inventárselo si quisiéramos buscar una retórica y una dialéctica para encontrar unas razones históricas de identidad de una parte del pueblo español que llega ahí.
Hay otras cuestiones de este Estatuto de Autonomía que mi grupo y yo hemos apreciado como son los valores humanos. Veamos el artículo 20, en el que, dando un paso en un sentido constitucional aunque no está recogido en la Constitución, se
hace un reconocimiento a los valores cuando hablamos de los derechos humanos, como el derecho al testamento vital y el reglamento que permite al Parlamento andaluz legislar sobre la terapia contra el dolor. Cuando en un Estatuto de Autonomía se
tienen en consideración conceptos como el testamento vital y la dignidad humana del que sufre el dolor y hay que tomar terapias paliativas en ese tema, se está reconociendo un valor fundamental democrático de auténtica pedagogía para los jóvenes que
se incorporen a la escuela primaria y que tienen que empezar a conocer su realidad histórica, su nacionalidad histórica y sus señas de identidad en valores humanos. Me refiero también al artículo 21 porque se han introducido en la ponencia unos
principios que están en las señas de identidad. Estamos en una legislación de un Gobierno laico, en el
marco de una Constitución laica que hace un reconocimiento a valores que aparecen en la historia de las religiones y en la historia del pueblo. En este artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha introducido una referencia a la
educación. Dentro de un sistema laico de enseñanza que señala nuestra Constitución, que no olvida unas determinadas señas de identidad, se hace una referencia -sin discriminación excluyente, pero sí citándolo- a la confesión católica. Cómo la
Andalucía de Osio y de los obispos sevillanos como san Isidoro va a olvidarse de una participación cultural y de realidad histórica para encontrar unas señas de identidad fundamentales. Coalición Canaria lo dice por una peculiaridad asumible por la
historia de la confesionalidad católica: Canarias es la única comunidad autónoma extrapeninsular que tiene una jerarquización dependiente de Sevilla, que es la jerarquización religiosa. Las provincias canarias dependen, en la estructura orgánica
de la Iglesia española, del Arzobispado de Sevilla. Los dos obispados canarios dependen administrativamente en el Código canónico del Arzobispado de Sevilla. Se hace muy cómodo desde Canarias cuando en Sevilla la categoría personal y humana de un
cardenal arzobispo, don Carlos Amigo, que me permito citar, contribuye a la normalidad democrática de convivencia. Se ríe un ilustre sevillano al que quiero agradecer y hacere un reconocimiento porque es un honor que un diputado por Sevilla que es
auténtica memoria histórica de este Parlamento, don Alfonso Guerra, haya tenido el honor y la satisfacción de presidir la Comisión Constitucional en el debate del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Enhorabuena, compañero Guerra, mi amigo don
Alfonso. Porque esto también es una seña de identidad en este Parlamento y se refleja de una manera gráfica. Aquí hay un cuadro de Casado del Alisal: son las Cortes de Cádiz, en la Isla de San Fernando, aprobando nuestra primera Constitución
democrática en 1812. Esto es Andalucía, es nuestro Estado constitucional, por eso el voto se nos hace enormemente fácil. Es un voto que damos con una responsabilidad democrática de adhesión. Nosotros dijimos desde el primer día que no
presentaríamos enmienda al Estatuto de Autonomía de Andalucía. No era una pretensión vana, era un reconocimiento a una soberanía plena del Parlamento andaluz, de este Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales del Reino de España.
Ahora viene nuestro apoyo al consenso de las fuerzas mayoritarias porque esto nos permite trabajar con comodidad, con optimismo democrático, con salud constitucional en un proyecto de convivencia que con la Constitución española nos dimos
todos los ciudadanos de esta nación. Hoy con este Estatuto de Autonomía queremos rendir un homenaje a todos los representantes del pueblo andaluz aquí presentes y en su tierra de la comunidad autónoma meridional. Esto nos permite hacer afirmar que
es posible cualquier proyecto de convivencia si hay buena intención.
Termino como empezó la señora vicepresidenta, invocando a LucioAnneo Séneca. En la Universidad de Córdoba hay un frontispicio. Es de Séneca y dice sencillamente: Por el bien de todos, trabajan y se esfuerzan los mejores. Imitémosle.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme saludar a la representación del Parlamento andaluz así como a aquellas personas de Andalucía que hoy nos visitan. Con independencia de nuestra posición en la votación de este proyecto de Estatuto,
quiero expresar nuestra satisfacción por el trabajo realizado y por los acuerdos alcanzados. En este turno de fijación de posición queremos reiterar algo que ya dijimos cuando se pronunciaron los representantes del Parlamento de Andalucía en el
debate de totalidad. El 23 de mayo, cuando debatimos la admisión a trámite del Estatuto, como muestra total de respeto a la voluntad emanada del Parlamento andaluz, votamos favorablemente a esa toma en consideración. Por lo tanto, vaya por delante
nuestro respeto a un modelo que los andaluces se dan a sí mismos para su convivencia. No será el Bloque Nacionalista Galego quien se oponga a aquellos acuerdos que las distintas fuerzas políticas alcanzaron en esta Cámara en el trámite
parlamentario y que concluye con la propuesta que hoy se nos presenta a votación. A pesar de que votamos a favor de la toma en consideración del Estatuto, advertimos que no compartíamos muchos de los aspectos que contenía el proyecto de reforma de
este Estatuto que presentaba el Parlamento andaluz. Votamos a favor con la intención de que el proyecto se discutiera en el trámite parlamentario y siguiera adelante para aprobar el Estatuto que voluntariamente los andaluces y andaluzas habían
decidido. No obstante, hay elementos que nuestra posición política no comparte, ya que los acuerdos alcanzados y el texto que se somete hoy a votación recogen una idea totalmente contraria a la definición que hacemos de las naciones que componen el
Estado español. Desde nuestro punto de vista, es un Estatuto que trata de deslegitimar las aspiraciones de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos respecto de los estatutos que consideramos necesario aprobar en esta Cámara para nuestros
respectivos países. No podemos estar de acuerdo con algunas de las cuestiones que fueron aprobadas y que se recogen en el Estatuto. Desde nuestro punto de vista, sirve de estrategia para conseguir la homologación del marco autonómico, teniendo
como valuarte en el debate por parte de los que defienden el texto estatutario andaluz lo logrado por el Estatuto catalán. Es un texto estatutario legítimo y válido para el pueblo andaluz, pero al mismo tiempo se intenta utilizar, como decía antes,
en contra
del nacionalismo vasco, gallego y catalán por las razones que anteriormente he explicado. Se fundamenta en la idea de que las competencias deben ser iguales para todos y, sobre todo, de que deben residir en el ente denominado España. En
absoluto estamos de acuerdo y no podemos participar en esa obsesión que se refleja en el texto que se presenta hoy por reafirmar la indivisible unidad de España, sobre todo cuando esta afirmación es completamente innecesaria en el texto. Recalco lo
dicho anteriormente por cuanto estos estatutos se están utilizando para frenar las legítimas aspiraciones de las nacionalidades históricas que recoge la Constitución española, naciones que los nacionalistas defendemos y decimos que así debe ser
recogido en los estatutos cuando en nuestros parlamentos se aprueben los textos correspondientes. Con nuestro máximo respeto expresado con anterioridad, manifestamos el reconocimiento de que este texto estatutario es la voluntad del pueblo andaluz
en la medida en que emana de su Parlamento y anunciamos nuestra abstención por las razones a las que antes hacía referencia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para, al igual que han hecho otros portavoces, dar la bienvenida a los ilustres representantes de los ciudadanos y ciudadanas andaluces y a todos aquellos invitados que han venido a presenciar
este debate, que es de gran trascendencia e importancia. Haré un pequeño recorrido de la posición de Eusko Alkartasuna en el último trámite de esta fase en las Cortes Generales de una propuesta aprobada en el Parlamento andaluz sobre lo que
entienden como la mejor propuesta para resolver su futuro y sus problemas. En la toma en consideración Eusko Alkartasuna entendió que nada más lejos de su objetivo que no se atendiera un elemento democrático, una propuesta emanada de la
representación democrática de un Parlamento. Nuestro voto podría haber sido en contra, hubiera bastado con analizar qué es lo que había pasado con alguna otra propuesta, por ejemplo, la del Parlamento vasco que, no con los mismos contenidos pero sí
con las mismas bases, no se había tomado en consideración. Antes se nos había dicho que no era constitucional, que no tenía suficiente consenso y que hacía tabla rasa el anterior estatuto. Los mismos criterios de aquella primera propuesta traída a
esta Cámara podrían haber servido para decir: Lo devolvemos y tráigannos otra propuesta. Nunca hemos creído que era admisible -ni lo creemos ahora- que una propuesta de un Parlamento no tuviera cabida, como mínimo, no digo para respetar, que sería
lo normal, sino para analizar y atender con el debido respeto. Entendimos que había que tomarla en consideración y, por supuesto, que se iba a analizar. Y así lo hicimos.
Presentamos una serie de enmiendas que determinados compañeros de Andalucía
nos habían planteado y que podían mejorar el texto, pero otros representantes no han tenido a bien incluirlas.
Llegamos al último punto y nuestro análisis -trataré de explicarme de la mejor manera posible- se circunscribe a dos partes: primero, a un análisis del propio texto. ¿Se entiende que este texto es el mejor para Andalucía? Es una pregunta
difícil de responder desde Euskadi. Un texto que había llegado con 246 artículos, de los que se han modificado 120, que ha recogido una determinada regulación sobre la deuda histórica, que ha recogido una tipología sobre competencias, que ha
establecido una serie de derechos y deberes para sus ciudadanos, que ha fijado el diseño de la estructura organizativa, ¿es bueno o no? Lo único que podemos hacer aquí es respetar lo que ha salido, quizás no por unanimidad pero sí por una amplísima
mayoría, no solo en esta Cámara sino también en la representación del Parlamento andaluz. Por tanto, nada que decir. Si nos tuviéramos que atener a esta cuestión, no tendríamos nada que decir en cuanto a una posición favorable a este Estatuto, a
esta regulación, al contenido surgido de esta Cámara. Pero, señorías, no nos vamos a engañar.
Este Estatuto, al igual que la de otros, quizás por tiempos o por circunstancias, se ha utilizado -y lo digo con cierto lamento- para meter un dedo en el
ojo de otra gente, de forma absolutamente gratuita. Le pregunto al Partido Popular si, después de todos los cambios, con todas las enmiendas, con todas las transacciones, el tema clave era un párrafo del preámbulo y del artículo primero, que en
Andalucía no ha creado nunca ningún tipo de problema. ¿Ahí residía el núcleo central de un Estatuto, en este caso el de Andalucía, para decir si sí o si no en el último momento, en la última sesión, con 45 minutos de descanso para esa transacción
final? ¿Para Andalucía la clave está en que se incluyera la indisoluble unidad de España? Señorías, no nos vamos a engañar; esto no era ni es así. No creo que en Andalucía -simplemente hago un retrato objetivo, que creo que los propios
representantes del Parlamento andaluz hicieron también en Comisión- fuera ni sea una cuestión conflictiva, ni una cuestión sensible; realmente nunca ha sido un problema, un conflicto o una cuestión, por no citar más adjetivos. ¿Por qué entonces?
Esta es la pregunta: ¿Por qué la gran transacción, el gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que no entiendo cómo llegaron a ese extremo -lo digo también con cierto lamento, como decía antes-, es incluir la mención de la
unidad indisoluble de España? ¿Esto tiene algo que ver realmente con los problemas de Andalucía o tiene que ver con otras cosas que nada tienen que ver en este caso con Andalucía, aunque sí con Andalucía como Estado, como parte del Estado? Esta es
la pregunta y no se nos escapa que a esta pregunta tenemos que dar respuesta en nuestras propias posiciones. Por eso, nosotros lo que no vamos a hacer es ir contra nuestros propios
actos. Nunca admitimos que, para que un Estado funcione, tenga que imponerse una determinada indivisibilidad, porque no está ahí el núcleo central de la convivencia de un Estado, ni de sus pueblos, ni de sus naciones. La convivencia está
en que todos encontremos el equilibrio suficiente y la comodidad suficiente para poder ser, para poder estar y para poder convivir. No en la imposición de una mención, aunque sea reiterativa porque ya existe, de una frase en un Estatuto, en el
otro, en una ley o en la otra. Pero ¿por qué? Esta es la pregunta que yo planteo sobre esta cuestión en esta sala: ¿Por qué había que hacer todo esto?
Es bien evidente que, como decía mi compañera Fernández Davila, tiene otras repercusiones en otros entes, en otros lugares y en otras naciones, y es donde nosotros no vamos a entrar y no vamos a pretender que esto se utilice para algo que
nada tiene que ver con Andalucía. Y lamento que se haya utilizado a Andalucía para algo que nunca se tenía que haber hecho.
De ahí que si solo analizáramos la regulación jurídica-política-administrativa de este Estatuto, nada diríamos.
Diríamos
que sí, que corresponde a los representantes de esos ciudadanos andaluces decidir cómo quieren autoorganizarse, pero en la medida en que, por otra parte, tampoco somos ingenuos y sabemos por qué ha llegado este acuerdo final -ya lo decía el señor
Rajoy: que no habrá Estatuto que salga sin la unión del Partido Popular y del Partido Socialista-, no podemos admitirlo. De ahí que nuestra posición final, lamentándolo mucho, sea la abstención. Jamás nos opondremos a un Estatuto, pero tampoco
daremos, por coherencia, un voto a una introducción de algo que pretende ir contra otros. Esta es nuestra posición, la abstención, la abstención constructiva, la abstención por coherencia y la abstención porque nadie va a impedir que los ciudadanos
decidan qué quieren ser en el futuro, ni de unas naciones ni de otras, ni de unos pueblos ni de otros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, quiero saludar, como han hecho otros intervinientes, a la Delegación de las instituciones autonómicas andaluzas, presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que
tanto tiene que ver con este Estatuto de Autonomía y con el hecho de que estemos aquí debatiéndolo, en un debate que me parece que es uno de los más importantes de esta legislatura. Creo que este es un debate que quedará como un trámite final
histórico en esta Cámara, seguramente como de los más importantes de toda esta legislatura.
Primero, porque el Estatuto de Andalucía se refiere a la comunidad autónoma más poblada de España, con -también es cierto- muchos andaluces fuera de su
nacionalidad histórica, como la llama el Estatuto de Autonomía, por razones muchas veces no queridas, situación que afortunadamente ha sido superada ya, y además porque el vigente Estatuto es un Estatuto emblemático en el desarrollo del Estado
autonómico español. Emblemático. Recordarán que hace veinticinco años la derecha política quiso imponer una visión de España dividida entre comunidades autónomas de primera y segunda división, y en la primera división no estaba Andalucía; quiso
imponer una España o un Estado autonómico de dos velocidades. Y los andaluces no se dejaron, los andaluces no quisieron esa España de dos velocidades, ese Estado de dos velocidades. El espíritu del 28 de febrero es, en buena medida, eso: la
reivindicación de millones de andaluces y andaluzas de que Andalucía tenía que ser no más, no menos -tomando una frase que ha empleado el señor Rajoy-, no más, pero no menos que ninguna otra comunidad autónoma. Eso tiene que ver con Andalucía y
tiene que ver con el conjunto del Estado, porque a partir de ahí Andalucía logró que cambiase la historia de nuestro Estado autonómico.
Cambió absolutamente la historia de nuestro Estado autonómico. Fue otro, ha sido otro Estado autonómico, de
amplia descentralización política en todas las comunidades autónomas y por tanto muy distinto de aquel que esa -en aquel momento miope- derecha política quiso ver en relación con el Estatuto de Autonomía y con la autonomía de Andalucía.
La verdad es que, además, fue un acierto. Fue un acierto porque en estos veinticinco años de etapa autonómica andaluza el progreso de Andalucía ha sido absolutamente innegable. En veinticinco años de autonomía, como recordaba este mismo
año el consejero de Economía del Gobierno de Andalucía, José Antonio Griñán, es decir, entre 1981 y 2005, el crecimiento económico andaluz ha sido casi del 128 por ciento, que es 22 puntos más que España y 60 puntos más que la zona euro. Esto es lo
que ha sucedido en estos veinticinco años en relación con el crecimiento andaluz. El empleo en Andalucía ha crecido casi un 85 por ciento, 20 puntos más que España y cuatro veces más que la zona euro. El señor Griñán señaló que se habían creado
casi 1.350.000 puestos de trabajo, es decir, la quinta parte del empleo generado a nivel nacional y el 6 por ciento generado a nivel de la zona euro, un crecimiento extraordinario en Andalucía que tiene mucho que ver con el Estatuto que logró la
comunidad autónoma y que hace que, por ejemplo, en estos últimos años Andalucía sea la segunda comunidad autónoma, después de Murcia, que más crece. Por tanto, estamos ante una situación, relativa a ese periodo autonómico andaluz, que Andalucía se
ganó a pulso, y eso lo saben muy bien los andaluces y las andaluzas; lo saben muy bien también los partidos políticos. La prueba es este acuerdo, al que se ha llegado por primera vez en esta legislatura, lo que también da una importancia especial
a este momento. Por primera vez, en este trámite -luego habrá otros estatutos-, es la primera vez que las tres fuerzas políticas con más representación
en España y en el Parlamento de Andalucía -Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida, que ha tenido, esta última, un papel muy importante en lograr también el acuerdo- coinciden en apoyar un Estatuto de Autonomía en este trámite
en el que estamos, que es la finalización del debate en el Congreso de los Diputados, acuerdo que no existió en el Parlamento de Andalucía; venía sin acuerdo. Aunque, como me decía Javier Torres Vela, diputado andaluz y miembro de la ponencia que
ha trabajado en el Estatuto de Andalucía, no nos importa que todo el mundo se ponga medallas, la verdad es que, si me lo permiten, en el caso de la acción del Partido Socialista, yo sí que voy a reivindicar una actitud que me parece que ha sido
decisiva en Andalucía, en España y en el Grupo Socialista en el Congreso, para que estemos hoy aquí en un momento en el que se va a aprobar prácticamente por unanimidad el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Si ustedes recuerdan, en el debate de totalidad que hubo hace algunas semanas, cuando empezó el camino del debate del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía en esta Cámara, nosotros dijimos tres cosas: primero, vamos a respetar lo que
viene del Parlamento de Andalucía sustancialmente; segundo, vamos a trabajar para que ese Estatuto en todo caso esté en la línea de la consecución del interés general y, tercero, vamos a hacerlo con el máximo consenso, vamos a ampliar el consenso.
Esta tarde se puede decir que lo hemos conseguido. Los objetivos que se planteó el Grupo Socialista hace algunas semanas, cuando empezó este trámite, se han conseguido. Se ha conseguido un Estatuto cambiado, un texto cambiado -ha habido 120
enmiendas-, pero sustantivamente parecido o igual en muchos casos al que vino de Andalucía; por ejemplo, en su propia estructura, en su propia configuración. A mi compañero, Alfonso Perales, le gusta citar al profesor Cruz Villalón, que fue
presidente del Tribunal Constitucional y que llama a los estatutos las constituciones territoriales. Este Estatuto de Autonomía sí que aparece materialmente como una constitución territorial. Es un Estatuto con más de 200 artículos, con una
estructura de parte orgánica -instituciones- y parte dogmática -derechos y deberes-, con un contenido amplísimo. Esto se ha mantenido claramente en el trámite del Congreso de los Diputados.
Contiene una definición de la personalidad de Andalucía
como nacionalidad histórica y una alusión en el preámbulo -es verdad que el preámbulo sabemos que no tiene el carácter normativo que tiene el articulado, porque en este Estatuto y en otros la nación normativa es España- a la realidad nacional de
Andalucía. Así fue descrita hace cien años por Blas Infante y por las iniciales asambleas andaluzas, que querían defender la identidad de Andalucía hace ya mucho tiempo y que -dice el preámbulo que vamos a aprobar- ha llegado hasta la actualidad,
se ha proyectado a nuestra Constitución y está metida en el interior de nuestra estructura constitucional.
Derechos y deberes. Hay un título amplísimo, probablemente el más amplio de todos los estatutos de autonomía hasta ahora aprobados, sobre derechos y deberes. Por tanto es un Estatuto que está muy de cara a los ciudadanos, muy pensado para
los ciudadanos, para la gente, a diferencia de los primeros estatutos, que estaban más pensados para las instituciones, para el carácter orgánico. El Partido Popular ha votado importantes artículos -cosa que es de alabar-, artículos que era
impensable que pudiera votar hace algún tiempo el Partido Popular, como aquel que se refiere a la dignidad del proceso de la muerte o a la laicidad de la enseñanza.
Competencias. Hay una ampliación enorme de competencias y lo que venía del Parlamento de Andalucía se ha mantenido aquí. No ha habido lesión a las competencias que han venido del Parlamento de Andalucía y se han consolidado adecuándolas
claramente, sin ningún tipo de problema, a la Constitución. Hay algunas tan simbólicas como la gestión del Guadalquivir, una reivindicación muy andaluza, muy de Andalucía de siempre y que va a tener cabida ya en este nuevo Estatuto de Autonomía. O
la Administración de Justicia; aquí ha habido reticencias -hay que reconocerlo así- respecto del Partido Popular, pero en este Estatuto de Autonomía hay una alusión significativa a la Administración de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia.
Las relaciones institucionales de Andalucía con el Estado, con las comunidades autónomas y con la Unión Europea. O el aspecto de la financiación. O esa reivindicación, también tan andaluza, de la deuda histórica, que adquiere una concreción en el
tiempo en este Estatuto de Autonomía y que se une en el aspecto de la financiación a otras que también están en él y que van a permitir a la Comunidad Autónoma andaluza llevar a cabo sus objetivos y defender el bienestar y el progreso de sus
ciudadanos.
Decíamos que íbamos a hacer que este Estatuto de Autonomía se adecuase al interés general. Creemos que también se ha hecho así. Ha mejorado en ese aspecto en el trámite parlamentario y han contribuido, sin duda, todos los grupos
parlamentarios, también el Partido Popular, a que haya una adecuación clara, nítida, sin ningún tipo de problemas, al interés general y al principio de la solidaridad. También dijimos -era seguramente lo más difícil de conseguir, pero se ha
conseguido- que queríamos lograr un consenso lo más amplio posible; lo hemos conseguido.
La verdad es que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, puso toda la carne en el asador cuando presentamos 87 enmiendas; cuando las presentamos dijimos
que estaban pensadas para el consenso, están pensadas para el acuerdo. No estaban pensadas para rectificar aquello que nos pareciera bien o mal desde nuestro punto de vista, no; estaban pensadas para llegar a acuerdos con los grupos
parlamentarios. Desde ese momento se inició un camino fértil, que ha dado lugar a conversaciones exitosas y que ha terminado en un consenso del que nos sentimos muy satisfechos. Por tanto, hay que reconocer que el Partido Socialista, el Grupo
Socialista, ha hecho un esfuerzo de consenso realmente notable.
Hemos hecho un esfuerzo de consenso respecto de todos los grupos, pero especialmente respecto del Partido Popular, que era el que no estaba de acuerdo, el que no dio su acuerdo en el Parlamento de Andalucía. Nosotros hicimos un esfuerzo muy
especial de consenso con el Partido Popular. A partir de ese momento tendrán ustedes que reconocerme, señores del Partido Popular, señor Rajoy, que algunas de las acusaciones que el Partido Popular ha venido haciendo desde el principio de
legislatura al Partido Socialista no tienen ningún tipo de sustentación ahora mismo. Por ejemplo, eso de que hemos querido aislar al PP, que queremos aislar al Partido Popular, que queremos menguar al Partido Popular. Esta negociación que ha
habido es el mejor ejemplo de que no hemos tenido ningún interés en aislar al Partido Popular. Todo lo contrario, lo que queríamos es que el Partido Popular no se aislase. Ese ha sido el objetivo fundamental desde el punto de vista político de
nuestro grupo en todo este trámite: traer al Partido Popular al acuerdo. No expulsarle, no aislarle, no menguarle; traer al Partido Popular al acuerdo y hacer todo lo posible para que esto fuera así. Habrá que reconocer que hemos triunfado en
eso, que el Partido Popular ha venido a este acuerdo y por tanto que ya esa acusación no tiene ningún sentido, que ya no cabe esa acusación. Como, por ejemplo, esto de que estamos desmontando el Estado.
El Partido Popular acepta este consenso,
acepta este Estatuto, y no podrá decir más que estamos desmontando el Estado con la operación de este segundo impulso autonómico, que, como decíamos en nuestro programa electoral, queríamos llevar a cabo y queríamos llevarlo a cabo con consenso. Y
se está consiguiendo llevarlo a cabo con consenso.
Hay que reconocer al Partido Popular el mérito de haber intervenido, de haber consensuado. Evidentemente, este acuerdo no hubiera sido posible sin la voluntad del Partido Popular, es así de sencillo. No hubiera sido posible sin que el
Partido Popular hubiera querido entrar en el acuerdo y ha sido muy positivo que así lo hiciese. Reconozco que la derecha en Andalucía, donde tenía una deuda autonómica, con este voto favorable que va a hacer hoy ha saldado esa deuda autonómica que
tenía con Andalucía, esa asignatura pendiente que tenía, por la que no fue nunca alternativa de Gobierno en Andalucía. Ahora sí la ha saldado. Desde ese punto de vista, entiendo que podrá empezar a ser alternativa de Gobierno y reconozcan que
hemos intentado ayudarles a que esto sea así, porque hemos querido que hubiera un acuerdo, un consenso con el Partido Popular. El Partido Popular ha sido consciente de que un no a este Estatuto les hubiera alejado otros veinticinco años más de ser
alternativa de Gobierno. Por eso, creo que el Partido Popular y el señor Rajoy, su líder, han sido inteligentes en ir a ese acuerdo y aceptar ese consenso en los términos que señalaba. Pero ustedes tienen todavía una deuda no solo con Andalucía,
que han saldado desde el punto de vista estrictamente de Andalucía; ustedes tienen todavía una deuda autonómica con el conjunto del Estado. La tienen porque no aceptan todavía la España plural. No la aceptan. Y el Partido Popular, en su
discurso, tiene que dejar de hablar de que esto es el desmontaje del Estado, que el Estado de las autonomías y que la operación de desarrollo autonómico es desmontar el Estado.
(Aplausos.) Ese discurso no pueden mantenerlo. Hace veinticinco años
ustedes se opusieron a la generalización del Estado de las autonomías, en todas las comunidades; hoy se siguen oponiendo a la generalización de la España plural. Su discurso no se corresponde con los actos que están realizando, llevando a cabo
acuerdos en estatutos de autonomía. Por tanto, el discurso de España se rompe ya no vale, ya no les vale. Usted ha admitido, señor Rajoy, que, de seis estatutos de autonomía que han iniciado la tramitación, han acordado en cinco. ¿Se puede decir
que España se rompe, se puede mantener ese discurso que hasta ahora ha sido un discurso estratégico de su posición? Por el contrario, lo que vemos es que las estructuras básicas del Estado están siendo compartidas entre los dos principales partidos
políticos en España, porque hay un acuerdo sobre la inmensa mayoría de los estatutos de autonomía. Lo que tienen que hacer ustedes es poner orden en su discurso, un discurso que todavía sigue siendo tributario del caos de la construcción
autonómica, del no saber a dónde vamos y de eso de un Estado residual.
Señor Rajoy, ha dicho anteriormente que ustedes han puesto orden, Constitución y razón allí donde no la había. Y yo le digo que no, que sí que la había. En el Estatuto que ha venido aquí había orden, razón y Constitución. En donde no hay
orden, razón y Constitución es en su discurso político. (Aplausos.) Es ahí donde ustedes tienen que poner orden, razón y Constitución, y no ver siempre la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Ese es el paso que habría que dar en un
momento en el que ustedes están pactando reformas del Estado autonómico en prácticamente el 85 por ciento de los ámbitos territoriales, pero mantienen un discurso que no es coherente con lo que están haciendo en los acuerdos, de los cuales es una
muestra el de esta tarde precisamente.
Además, bueno sería que ampliasen ese consenso a otros ámbitos como, por ejemplo, la reforma constitucional del Senado, a la que les hemos invitado. Estaría bien que se ampliase ese consenso y ese acuerdo a
otros elementos de la estructura del Estado como es el Senado, muy importante desafío, inevitable, necesario, para dar un cierre completo a esta reforma de ese modelo que significan estos estatutos de autonomía, de los que ya no se podrá decir que
son innecesarios, que son capricho de gobernantes, que no tienen demanda social, que nadie los pide. Después de lo que hemos visto en este Estatuto de Autonomía de Andalucía, se podrá decir que esa propuesta -que permitirá que diga que estaba en
nuestro programa electoral y que hemos trasladado al conjunto de fuerzas políticas- de impulsar el Estado autonómico, de profundizar, de extenderlo, está cuajando y está teniendo auténtica realidad, con el apoyo, en la inmensa mayoría de los casos,
del Partido Popular.
Termino, señor presidente. Estamos ante un Estatuto de autonomía que tiene en su fondo esa reivindicación centenaria, podríamos decir, de Andalucía de su propia personalidad política. Es verdad que no hay problemas identitarios en
Andalucía, es verdad que siempre, cuando hablaba Blas Infante de la realidad nacional, hablaba de la realidad nacional de Andalucía en el conjunto de España y ha estado siempre imbricado, como lo está en este Estatuto de autonomía Andalucía con su
propia personalidad política, con su capacidad para poder defender sus intereses desde Andalucía, y también para defenderlos formando parte de la voluntad del Estado, que eso es realmente el corazón del Estado de las autonomías.
Además, no lo
olvidemos, estatutos de autonomía como este no están pensados solamente para los temas identitarios, están pensados para mejorar la vida de la gente. La Comunidad Autónoma andaluza ha mejorado sus niveles de bienestar en buena medida porque ha
habido un Estado autonómico que ha ayudado a conseguirlo. Por tanto, este nuevo Estatuto de autonomía tiene que servir sobre todo para aumentar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios
públicos. Tiene que servir para eso y ese es el objetivo fundamental, entre otros, de este Estatuto de autonomía, que se funda, no lo olvidemos, en unos valores que todos compartimos. Los valores de la solidaridad, de la igualdad, de la paz y de
la libertad están tan presentes, tan visibles, en el fondo y en la forma del Estatuto de Autonomía de Andalucía que es un modelo que todos compartimos. Detrás de este Estatuto vendrán otros, porque esta legislatura está caracterizada por la reforma
autonómica en profundidad de muchos estatutos de autonomía. Desde luego yo les anuncio desde aquí que el Partido Socialista va a seguir con la mano tendida para seguir pactando las reformas estatutarias como siempre lo hemos querido y como siempre
lo hemos hecho.
En su día el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, afirmó que las reformas estatutarias no se podrían hacer pactando PP con PSOE en Madrid y trasladándolas como una fotocopia a las comunidades autónomas.
Claramente, no es posible.
Cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia, su personalidad, sus necesidades y, por tanto, sus propios estatutos de autonomía, que parten de sus Parlamentos autonómicos y que llegan a las Cortes Generales y se tramitan. En las Cortes Generales
estamos cumpliendo esa importante misión y vamos a seguir cumpliéndola. Y si ustedes lo quieren, señoras y señores diputados y Grupo Popular, la vamos a hacer con acuerdo, la vamos a seguir haciendo con consenso, la vamos a hacer por acuerdo de
todos los grupos y especialmente con el Partido Popular. Esa ha sido siempre nuestra idea y esa es ahora una vez más nuestro compromiso.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
¿Algún grupo parlamentario desea el turno de réplica? (Pausa.) Por el Grupo Popular y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna sin más ánimo que dejar claras algunas cosas, después de las afirmaciones que ha hecho el portavoz socialista, aunque soy también plenamente consciente de que probablemente no sea hoy el día más adecuado para hacer un
debate en relación con todos estos asuntos, precisamente cuando hemos tenido un consenso del que ya tengo que decir -y es la primera afirmación que quiero hacer en este turno- que nunca debíamos haber dejado de lado.
En el año 1978 los españoles aprobamos la Constitución española. Aprobamos un conjunto de reglas de juego, aprobamos las normas de convivencia, resolvimos problemas que llevaban pendientes desde hacía muchos años y se hizo un gran esfuerzo
por parte de muchas personas que tenían orígenes políticos distintos. Uno de los temas más importantes que abordamos en 1978 fue el tema territorial; hubo un debate muy importante en esta Cámara y a buen seguro que muchos lo recuerdan. El título
VIII no fue ciertamente el título más fácil de pactar entre las distintas fuerzas políticas, pero lo cierto es que al final se pactó entre la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Y después se fue desarrollando el Estado de las autonomías. Se
aprobaron un sinfín de Estatutos de autonomía y se modificaron en el año 1992 tras el pacto autonómico, en el cual tuve el honor de participar, diez estatutos de autonomía. Lo mismo ocurrió en el año 1996 cuando se reformaron por consenso otros
diez estatutos de autonomía. Eso era lo razonable, eso era lo sensato y eso es la forma normal de funcionar en una democracia cuando de reglas de juego se está hablando.
Quiero decir que en esta legislatura las cosas cambiaron. Quiero recordar que el 14 de enero del año 2005 ofrecí al presidente del Gobierno, que fue quien tomó esta iniciativa, un pacto global para tratar este asunto como se había tratado
siempre desde el año 1978. No se quiso hacer así y mantengo lo que he dicho antes en relación con el Estatuto de Cataluña que ha aprobado esta Cámara. Aquello fue un error, en el procedimiento y en el fondo, y será el Tribunal Constitucional, que
ya ha recibido siete recursos, el que al final tome la decisión y nos diga si verdaderamente se ajusta o no al texto constitucional. En esta ocasión no se ha cometido un error, señoras y señores diputados. Las cosas se han hecho con sentido común,
con el sentido común que tiene la inmensa mayoría de los ciudadanos; en este caso, hablamos de ciudadanos andaluces y que quieren que no se les genere problemas ni se les creen líos donde no los hay.
Señor López Garrido, el preámbulo de este Estatuto decía que la Constitución española reconocía la realidad nacional de Andalucía. Era una fórmula fusilada del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo recurrí esa fórmula al Tribunal Constitucional porque creo que decir eso es decir nación. Por eso lo hemos recurrido al Tribunal Constitucional. No había ningún debate en Andalucía sobre este tema, no
había ningún ciudadano que reclamara que se calificara a Andalucía de realidad nacional, ninguno, todo el mundo estaba de acuerdo en lo que se acordó en el año 1978, y hoy por fortuna se dice en el preámbulo y en el artículo 1 aquello en lo que
todos estábamos de acuerdo: Andalucía, una nacionalidad dentro de la indisoluble unidad de la nación española. (Aplausos.) ¿Para qué había que aprobar esa fórmula? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué razón era la que se podía dar para calificar a Andalucía
de una forma distinta a aquella en que la calificaba la Constitución sin que nadie -porque no había ni un solo ciudadano andaluz- lo reclamara? Pues bien, yo hoy creo que hemos tomado una buena decisión, porque estamos aprobando lo que todo el
mundo piensa, lo que dice la Constitución, lo que se votó en 1978, lo que se votó en 1981 cuando se aprobó el primer Parlamento andaluz, que Andalucía es una nacionalidad dentro de la unidad indisoluble de España. Andalucía no tiene por qué copiar
a ninguna otra comunidad autónoma de España, porque no se me ocurre otra justificación distinta cuando se quiso utilizar la expresión realidad nacional. Por tanto, las cosas han cambiado. He hablado de razón y de Constitución. Es que este
Estatuto, que no es el que vino aquí, es plenamente constitucional; es que se han modificado 150 de 243 artículos, algunos tan importantes como los que se refieren a la legislación básica del Estado, como los que se refieren a los blindajes de
competencias, como los que se refieren a la distribución competencial, como lo que se refiere a la relación bilateral. Efectivamente, lo que hace hoy esta Cámara es traer razón, Constitución, lógica y sentido común a lo que no lo tenía. Señor
López Garrido, yo he cambiado mi voto porque la otra vez voté que no y ahora he votado que sí, pero no he cambiado mi posición; ustedes no han cambiado su voto, la otra vez votaron sí y ahora también han votado sí, pero han cambiado su posición.
(Aplausos.) Eso es lo que ha ocurrido aquí.
Yo ofrezco al Gobierno y a los diputados del Partido Socialista que traigan aquí una reforma del Estatuto de Cataluña igual que la que se está planteando aquí para Andalucía, y les garantizo que tendrán el voto y el apoyo del Partido
Popular. (Aplausos.) Se lo pongo muy fácil, no tendrán que buscar argumentos, artículos ni razones, ni remontarse a la historia, ni utilizar ningún tipo de subterfugio ni de argucia dialéctica; simplemente, si eran iguales, traigan aquí una
reforma del Estatuto de Cataluña para hacerlo igual que el Estatuto de Andalucía.
Señoras y señores diputados, creo que este es un buen Estatuto para Andalucía; por eso lo he votado. Creo que es bueno para los andaluces; por eso lo hemos apoyado. Creo que refleja el sentido común de una realidad como es la realidad
andaluza. La gente en Andalucía no le pide a nadie calificaciones de realidad nacional, la gente en Andalucía quiere y siente como única nación la nación española, quiere y siente la autonomía de Andalucía, defiende como nadie la igualdad de los
españoles en derechos, deberes y oportunidades. En Andalucía creen en la cohesión social y en la solidaridad territorial, y la gran garantía de la igualdad de los ciudadanos, de la libertad de los ciudadanos y de la cohesión social en España la
ponen sobre la mesa, entre otros, pero de una manera muy especial, ocho millones de ciudadanos andaluces sensatos, con sentido común, a los que no se puede dividir porque a alguien se le ocurra la genialidad de decir que Andalucía, en lugar de ser
lo que dice la Constitución, es una realidad nacional. Eso no le importaba a nadie, no le interesaba a nadie, y celebro que hoy aquí, todos de acuerdo, lo corrijamos. De sabios es rectificar y de sabios también, cuando a uno le dan la razón, es
apoyar lo que se le da.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
Perdone, señor Llamazares, el turno de réplica, tal y como se señaló en Junta de Portavoces, no es necesario utilizarlo. ¿Entiendo que los grupos que no lo han pedido es que no lo van a utilizar? (Pausa.) De acuerdo.
Entonces, señor Llamazares, le toca a usted el turno.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero resaltar la importancia de un Estatuto de máximos que ha incrementado su apoyo en el procedimiento del Congreso de los Diputados.
Esto es lo más importante. Ahora bien, el Partido Popular -y lo he dicho muchas veces- no
debe pasar por esto bajo las horcas caudinas, pero tampoco bajo palio, señor Rajoy.
Señor Rajoy, en primer lugar, tiene usted una interpretación respecto a la Constitución que es la suya. Es una interpretación estática por la cual la Constitución tiene la misma interpretación en el año de su aprobación que hoy mismo, las
cosas no han cambiado, es intemporal, y además su interpretación es única, la que usted le da. Y eso, en mi opinión y en la de mi grupo, no es así. Por otra parte, hace una revisión histórica respecto al proceso estatutario que, en nuestra
opinión, obvia una cuestión fundamental, y es que durante un tiempo el proceso estatutario ha sido gobernado fundamentalmente por los sujetos políticos, es decir, por los partidos políticos, pero en estos momentos, además de los sujetos políticos
existen sujetos institucionales y existe algo en la Constitución que se denomina derecho dispositivo, es decir, el derecho de las comunidades autónomas a iniciar sus propios procedimientos de reforma, que es algo que ustedes no han reconocido.
Tienen la idea de que cualquier modificación estatutaria tiene que contar con el plácet no ya de los partidos sino con el plácet del Partido Popular, es decir, mecanismo de veto frente a cualquier reforma estatutaria. Nosotros no compartimos esa
visión, igual que no compartimos la visión estática de la Constitución española. En ese sentido, pensamos que dentro de la definición que da la Constitución caben distintas
definiciones de las comunidades autónomas a las cuales ustedes se han opuesto, han hecho de ellas casus belli, y nosotros creemos que no hay razón para ello. No creemos que niegue el carácter del Estado español ni tampoco la unidad del
Estado una determinada concepción, un determinado término en relación con las comunidades autónomas. No lo niega cuando es adjetivo, en el caso de nacionalidad, y tampoco cuando es sustantivo. En nuestra opinión no lo niega, es una interpretación,
pero, en todo caso, la misma interpretación constitucional y con el mismo grado de fiabilidad, al menos, que la que ustedes tienen. En definitiva, señorías, para nosotros el Estatuto de Autonomía de Andalucía no es una ocurrencia, es una necesidad,
y sus derechos sociales y democráticos responden a las necesidades de los andaluces y de las andaluzas. En segundo lugar, en ningún caso la iniciativa ha pretendido como objetivo aislar a un partido político, porque esta iniciativa estaba pensada y
propuesta al Parlamento andaluz antes de que finalizara el periodo de gobierno del Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular no puede considerarse víctima de una iniciativa política que no tenía por objeto aislarle. En tercer lugar, esta
iniciativa, en nuestra opinión y en opinión del Consejo Consultivo, garantiza las bases de constitucionalidad y en algunas materias hemos mejorado todo eso en el debate en el Parlamento andaluz y en el debate en el Congreso de los Diputados. Por
último, la verdadera razón, señorías, para que ustedes se avengan a incorporarse al Estatuto de Andalucía no es que hayan modificado la naturaleza ni el carácter del Estatuto, que siguen siendo la naturaleza y el carácter que propuso el Parlamento
de Andalucía. La verdadera razón, señor Rajoy, es la política y la táctica política, y es legítimo: ustedes no se pueden presentar al pueblo andaluz diciendo no a su Estatuto de Autonomía. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Concluye usted porque el resto de los grupos no van a utilizar el turno de réplica.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, ya me extrañaba que no hiciese una especial alusión a Cataluña, tema que forma parte de algunas de sus neurosis políticas. Pero dicen los buenos psicólogos que la forma de salir de las neurosis es afrontarlo y no evadirlo. La
verdad es que esta no es la tarde para hablar de Cataluña. Incluso me parecería una falta de respeto que nos dedicásemos a hablar de Cataluña, porque hoy es el día de Andalucía.
(Aplausos.) Estamos hablando de Andalucía. Por eso creo que no debe
apoyar sus argumentos, que no me han parecido muy consistentes en esta réplica sobre el tema de la realidad nacional, una vez más en el asunto de Cataluña, intentando comparar estatutos de autonomía, colocando uno en el bien y otro en el mal, y, por
otra parte, con algunas contradicciones serias. Usted ha dicho en la anterior intervención que la prueba de que aquí no hay una veleidad nacionalista, no hay concesiones nacionalistas y que lo de la realidad nacional es una pura frase retórica
vacía y hueca es que el Partido Andalucista no lo apoya. Sería una prueba incontestable para usted. Pero yo le pregunto, señor Rajoy, qué le pareció que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no lo aprobara Esquerra Republicana de Cataluña. ¿No
debía haber sido una prueba para usted, siguiendo la misma lógica, de la bondad constitucional española de ese Estatuto de autonomía? Podríamos decir exactamente lo mismo, y sin embargo usted se opuso a ese Estatuto, a pesar de que Esquerra
Republicana también se opuso. Es una cuestión de entender la estructura constitucional y la Constitución española.
Para empezar, señor Rajoy, los estatutos de autonomía vienen aquí porque los traen los parlamentos autonómicos. No los trae un partido político.
Lo ha traído un parlamento autonómico, el Parlamento de Andalucía, con toda legitimidad,
cumpliendo los requisitos legales y consiguiendo además la mayoría cualificada que exige el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía para que puedan hacerse estas iniciativas. Aparece con toda claridad la expresión realidad nacional en el
preámbulo, no es cuestión de desdibujarla -ha habido un consenso importante con el Partido Popular-, y lo leo literalmente por si usted, señor Rajoy, no lo ha leído bien. Dice: El Manifiesto Andalucista de Córdoba describió Andalucía como realidad
nacional en 1919, cuyo espíritu (el espíritu de esa realidad nacional) los andaluces lo encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna. Es una forma muy bonita de recogerlo. Es decir, hay una descripción
de Andalucía como realidad nacional, y a través del tiempo se ha encauzado por los andaluces y las andaluzas trasladándolo a nuestra Carta Magna. Esa es en definitiva la forma de entender la realidad nacional. Pero, señor Rajoy, no tiene que
disculparse ni avergonzarse de aprobar este magnífico Estatuto de Autonomía para Andalucía, como usted ha dicho. Es que ustedes lo han hecho bien en este Estatuto de Autonomía: han trabajado por el consenso en esta Cámara; sus ponentes han
mostrado voluntad de acuerdo; hemos llegado a cambios en muchos artículos que, a nuestro juicio, no cambian sustancialmente el texto que vino del Parlamento de Andalucía, y lo han hecho bien. No tenemos ningún problema en reconocer que lo han
hecho bien y que ese acuerdo y ese consenso son muy buenos para Andalucía, para España y para el conjunto del desarrollo del Estado autonómico, porque este Estatuto de Autonomía va a ser, sin duda, una gran referencia. En todo caso, señorías, lo
importante es que Andalucía ha dado un salto importantísimo en estos veinticinco años de autonomía, que va a darlo en el futuro y que ya nunca más podrá repetirse una frase que dijo un maestro de la ciencia política como Francisco Murillo Ferrol -un
granadino de pura cepa-, una frase bastante simbólica de la transición a la democracia, aquella que decía: Los acomodados de Andalucía miran a Madrid y los pobres miran a Barcelona. ¿Quién
piensa en Andalucía? Unos piensan en Madrid, otros en Barcelona, pero hace falta que alguien piense en Andalucía. Lo decía precisamente criticando la tradicional dejación de las élites andaluzas de la defensa de los intereses de fondo de
los andaluces y las andaluzas. Afortunadamente, la democracia española, su Estatuto de Autonomía, el de Andalucía y este para el siglo XXI han superado esa situación y hoy podemos decir que los andaluces y las andaluzas son los que piensan en
Andalucía y los que, por pensar en Andalucía, se quieren dar este Estatuto. Y las fuerzas políticas que vamos a votar que sí a este Estatuto de Autonomía también pensamos en Andalucía, incluido el señor Rajoy -y yo se lo alabo- e incluido también
el Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La Presidencia da por concluido el debate. Tal y como se había establecido, la votación será a las ocho de la tarde, pero vamos llamando a votación sobre todo para que quienes estuvieran en los otros edificios puedan ir viniendo
tranquilamente. (Pausa.)
Señorías, procedemos a la votación del dictamen de la Comisión Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al que se incorporan las correcciones de orden técnico y terminológico que han sido distribuidas, a
propuesta de todos los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 306; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos de las señoras y señores diputados puestos en pie, dirigiéndose a la Delegación del Parlamento de Andalucía presente en la tribuna de invitados.)
El texto del dictamen aprobado será remitido al Senado. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Gracias.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.