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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 209, de 18/10/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 209
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 193
celebrada el miércoles, 18 de octubre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 10472)
Interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales y/o Minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
(Número de expediente 172/000226.) ... (Página 10497)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral. (Número de expediente 172/000227.) ... (Página
10502)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos de la política del Gobierno en relación con el contencioso de Gibraltar.
(Número de expediente 172/000228.) ... (Página 10508)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 10472)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas de choque piensa adoptar el Gobierno frente a la especulación
urbanística en casos como Seseña o las Navas del Marqués? (Número de expediente 180/001532.) ... (Página 10472)
Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué razones han motivado que el Gobierno desconvoque la Cumbre Europea sobre política de
vivienda que debía celebrarse en Barcelona los días 16 y 17 de octubre, cuando éste es uno de los problemas sociales más importantes a los que nos corresponde dar respuesta? (Número de expediente 180/001533.) ... (Página
10473)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cómo explica el Presidente que la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha sido designado por su
Gobierno, plantee ahora una rebaja de penas al terrorista De Juana Chaos? (Número de expediente 180/001534.) ...
(Página 10474)
Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Señor Presidente del Gobierno: ¿Hasta cuándo pretende el Gobierno seguir incumpliendo el mandato estatutario que exige transferir a la
Comunidad Autónoma del País Vasco las prisiones situadas en su ámbito territorial? (Número de expediente 180/001545.) ... (Página 10475)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Va a aceptar el Gobierno la constitución de una mesa de
negociación política con Batasuna? (Número de expediente 180/001535.) ... (Página 10476)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Está el Gobierno en condiciones de garantizar los
derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos en Cataluña? (Número de expediente 180/001536.) ... (Página 10477)
De la Diputada doña Clemencia Torrado Rey, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué iniciativas ha desarrollado el Gobierno para el canje de deuda externa
por desarrollo? (Número de expediente 180/001546.) ... (Página 10478)
De la Diputada doña M.ª Soledad Herrero Sainz-Rozas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el reciente proceso electoral
legislativo y presidencial celebrado en Bosnia-Herzegovina? (Número de expediente 180/001547.) ... (Página 10479)
Del Diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Cuándo va a emitir la Dirección General de Aviación Civil los dictámenes preceptivos sobre
los proyectos de licencias urbanísticas remitidos por el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio,
cuyo retraso entorpece el desarrollo urbanístico del municipio grancanario? (Número de expediente 180/001543.) ... (Página 10480)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Puede confirmar el Gobierno que el aplazamiento solicitado por el Ministerio de Fomento, el pasado 5 de octubre,
para formalizar su participación en la sociedad Jaizkibia será el último? (Número de expediente 180/001544.) ...
(Página 10481)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Va a actuar el Gobierno contra los responsables de que en un reciente acontecimiento
deportivo se produjeran manifestaciones de exaltación del terrorismo? (Número de expediente 180/001540.) ...
(Página 10482)
Del Diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál es la valoración del Gobierno de las propuestas para la renovación de las metodologías
educativas en la Universidad? (Número de expediente 180/001548) ... (Página 10483)
Del Diputado don Raimundo Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos de la memoria económica que acompaña a la
Ley Orgánica de Educación? (Número de expediente 180/001549.) ... (Página 10484)
Del Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Cómo se está desarrollando el Plan de Catedrales? (Número de expediente 180/001550.) ...
De la Diputada doña Carmen Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el Portal de la Danza? (Número de expediente 180/001551.) ...
(Página 10486)
Del Diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas legales ha tomado el Gobierno para que no vuelvan a repetirse los presuntos hechos
delictivos en relación con el caso AFINSA y FÓRUM en otras empresas de similares características? (Número de expediente 180/001516.) ... (Página 10487)
De la Diputada doña M.ª Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Piensa el Gobierno que la elaboración del Real Decreto 1146/2006, de 6 de
octubre, propuesto conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencia, contribuirá a la mejora de la formación de los Médicos Residentes (MIR)? (Número de expediente 180/001552.) ... (Página 10488)
De la Diputada doña M.ª Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Puede informarnos el Gobierno sobre los resultados obtenidos en la sesión
conjunta de Ministras de Sanidad que recientemente se ha celebrado en Mozambique? (Número de expediente 180/001553.) ...
(Página 10489)
De la Diputada doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cómo piensa resolver el Programa A.G.U.A. el problema histórico de las inundaciones en
algunos barrios de Cartagena? (Número de expediente 180/001554.) ... (Página 10490)
De la Diputada doña M.ª del Carmen Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la señora Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede el Gobierno informarnos sobre las iniciativas para alcanzar un nivel saludable de
calidad del aire en España? (Número de expediente 180/001555.) ... (Página 10491)
Del Diputado don Josep Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Cuáles fueron los motivos reales por los que se anuló la Cumbre Europea de Vivienda? (Número de
expediente 180/001542.) ... (Página 10492)
Del Diputado don Santiago Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Cree el Gobierno que ha evitado que las reformas estatutarias sean 'un elemento de
fractura, de confrontación, de división o enfrentamiento', como proclamó el Sr. Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura? (Número de expediente 180/001539.) ... (Página 10493)
Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Considera el Gobierno que el Presidente de la Diputación de Almería es un
tránsfuga? (Número de expediente 180/001541.) ... (Página 10494)
De la Diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Desde cuándo considera el Gobierno que la inmigración es una política de Estado que debe ser
consensuada con todas las fuerzas políticas? (Número de expediente 180/001537.) ... (Página 10495)
De la Diputada doña Ana María Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Está dispuesto el Gobierno a asumir el compromiso de no realizar más regularizaciones
masivas de inmigrantes ilegales? (Número de expediente 180/001538.) ... (Página 10496)
Interpelaciones urgentes ... (Página 10497)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva la Carta europea de las lenguas regionales y/o minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa ... (Página 10497)
Presenta la interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que el tema objeto de la interpelación ha sido tratado en muchas ocasiones en la Cámara. Recuerda que en el pasado debate sobre el
estado de la Nación se aprobó una resolución en la que el Congreso de los Diputados insta a reafirmar el compromiso de la Administración General del Estado en el marco de sus competencias con la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias,
cumpliendo con las recomendaciones del Consejo Europeo, con especial atención al euskera en Navarra. Asimismo insta a prestar especial atención a la enseñanza de esta lengua y al apoyo a los medios de comunicación que en la Comunidad Foral trabajan
en esta lengua y la difunden.
Analiza las recomendaciones del Consejo Europeo que afectan directamente a la Comunidad de Navarra e insta al ministro a actuar, siempre en el marco de sus competencias.
Contesta el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura), en nombre del Gobierno. Señala que muchas de las cuestiones que ha planteado el interpelante no son del ámbito competencial del Gobierno central e indica que nuestra
normativa limita la capacidad del Gobierno central para intervenir en asuntos que son competencia del Gobierno autonómico navarro.
Hace un repaso a los avances de gran calado en las iniciativas que ha adoptado el Gobierno, así como sobre las relaciones con la Unión Europea, donde España ha formalizado acuerdos con sus instituciones.
Finaliza señalando que siempre habrá mejoras que hacer, agradeciendo las propuestas y sugerencias que la interpelante tenga a bien formular, en la convicción de que parte del deber ya está cumplido.
Replica la señora Barkos Berruezo y duplica el señor ministro de Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la siniestralidad laboral ... (Página 10502)
Presenta la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Recuerda el avance que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha realizado hace pocas
semanas sobre el aumento de los accidentes laborales, resaltando la baja de accidentes en el sector agrario y en la industria y el incremento en la construcción y en el sector servicios.
Igualmente se refiere a los trabajadores autónomos, ya que de
enero a junio del año actual han perdido la vida 77 trabajadores de este colectivo.
Manifiesta que la iniciativa no pretende plantear un debate sobre las fallas del sistema productivo en general con relación a la realidad de los accidentes de trabajo, sino abordar la discusión sobre un marco normativo de la prevención de
riesgos laborales, el funcionamiento de nuestro sistema de información, de prevención en riesgos, de control y cumplimiento de nuestra normativa.
Finaliza poniendo de manifiesto las preocupaciones de su grupo en la materia y presentando algunas propuestas.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Comparte la preocupación con el interpelante pues los accidentes de trabajo revisten una considerable gravedad, pero manifiesta que
los índices de siniestralidad se están reduciendo de forma sostenida en el tiempo. La siniestralidad se mide por la relación entre accidentes y trabajadores, y ese índice, que se usa internacionalmente, está descendiendo.
Hace un repaso a los años anteriores, teniendo en cuenta el número de ocupados, comparándolo con otros países, y señala que la Inspección está trabajando en una nueva instrucción, coordinada con la fiscalía, para la actuación en los
accidentes de trabajo de especial gravedad.
Finaliza exponiendo las medidas que el Gobierno está poniendo en práctica para mejorar la siniestralidad laboral.
Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos de la política del Gobierno en relación con el contencioso de Gibraltar ...
(Página 10508)
Presenta la interpelación urgente el señor De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta la preocupación de su grupo en este tema, que considera de máxima gravedad.
Su grupo ya anunció el 27
de octubre de 2004 que el comunicado conjunto que firmaron los gobiernos británico y español traería cola, y no se equivocaron. Tras aquella declaración conjunta, en marzo del año 2006 se produjo una declaración expresa del Gobierno británico
reconociendo el derecho de autodeterminación de la colonia, y aunque el Gobierno diga que no hay ningún problema, puesto que la propia declaración establece que esa autodeterminación estará supeditada a la voluntad del Gobierno de España, en su
opinión esta cuestión de la autodeterminación es central, puesto que al aprobarse esa declaración en la Cámara de los Comunes es muy difícil la vuelta atrás.
Finaliza señalando que la autodeterminación de Gibraltar es a todas luces inaceptable y acusa al Gobierno de haber privado a España de una negociación real y profunda de todos los temas, especialmente en el de la soberanía.
Contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé), en nombre del Gobierno. Agradece al diputado la interpelación porque le va a permitir hacer hoy la valoración política del Foro de Diálogo sobre
Gibraltar y de los resultados de la sesión ministerial que se mantuvo en Córdoba el día 18 de septiembre, que son fruto de dos años de intenso trabajo con unos buenos resultados, lo que expone exhaustivamente. Manifiesta que
en lo que se refiere a la cuestión de fondo, que es la soberanía, ha salido reforzada. Y muy importante, el Gobierno de Gibraltar entiende y acepta de manera explícita, por primera vez, que las referencias a la soberanía son una cuestión
bilateral que compete al Reino Unido y a España.
Recuerda la situación de España en el año 2004, así como en 2002 y 2003, señalando que el Gobierno del Partido Popular no hizo nada en ese periodo por recuperar el diálogo con el Reino Unido.
Finaliza señalando que se ha abierto el camino para la creación de un clima de diálogo que conducirá a España a más resultados en el futuro, permitiendo abordar en el momento oportuno las cuestiones de soberanía.
Replica el señor De Arístegui y San Román y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE CHOQUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA ESPECULACIÓN
URBANÍSTICA EN CASOS COMO SESEÑA O LAS NAVAS DEL MARQUÉS? (Número de expediente 180/001532.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Control al Gobierno. En primer lugar, preguntas al señor presidente del Gobierno.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, se han encendido todas las luces de alarma en relación con la especulación y la corrupción urbanística. Como en la Casa tomada, de Cortázar, la mancha se extiende imparable y no respeta nada, ni
el derecho a la vivienda en Seseña o en Rabasa, ni el medio ambiente en Las Navas, ni nuestra democracia en Marbella; se extiende, además, con una total sensación de impunidad, con hechos consumados a los que la Administración siempre llega tarde.
La mafia del siglo XXI, la mafia del ladrillo parece que nos ha tomado la delantera. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en esta materia?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, sobre este asunto que le preocupa de forma tan especial, y al Gobierno también, quiero recordarle que el Ejecutivo ha aprobado y remitido a las Cortes Generales un proyecto de ley del suelo con nuevas medidas, entre otras,
el establecimiento de un estatuto de derechos de los ciudadanos en relación con el suelo, con más transparencia y participación ciudadana; un nuevo régimen de valoraciones del suelo, que se establezca sobre la situación real en que se encuentre,
sin tener en cuenta las posibles expectativas de revalorización; mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo; sometimiento de los proyectos de urbanización, acondicionantes medioambientales y de sostenibilidad, y apertura de la
horquilla que regula la participación de las plusvalías urbanísticas, que se establece entre el 5 y el 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico. Asimismo, el Gobierno ha reforzado los medios personales y materiales en la carrera fiscal para la
lucha contra los delitos de medio ambiente y urbanismo. Se ha creado la figura del fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, se han creado secciones de Medio Ambiente en las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia y de las
audiencias provinciales. Se ha creado una unidad especial de la Guardia Civil contra los delitos urbanísticos que comenzará a operar en Murcia, Málaga y Madrid. Hemos modificado la Ley de Montes para prohibir el cambio de uso forestal durante al
menos 30 años en los terrenos forestales incendiados. Además, en desarrollo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las confederaciones hidrográficas informarán expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos hídricos suficientes para
satisfacer las demandas de agua de las decisiones urbanísticas de comunidades autónomas y entidades locales, y en el marco del programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente, se encuentran en estudio más de un centenar de ellas,
distribuidas a lo largo del territorio español para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
Estas son las actuaciones principales que el Gobierno lleva a cabo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, tengo la impresión de que el Gobierno adopta medidas en esta materia como si nos encontrásemos ante un problema más. En nuestra opinión, no estamos ante un reto, estamos ante una grave amenaza
que afecta al medio ambiente, a la vivienda y a la propia democracia. Pero aún estamos a tiempo, porque la mayor parte de nuestra
economía está sana, porque la inmensa mayoría de los políticos son honestos y comprometidos y porque la ciudadanía ha reaccionado. Pero, señor presidente, no necesitamos medidas normales para una situación excepcional. No queremos tampoco
medidas milagrosas; queremos medidas urgentes y contundentes. En primer lugar, los cambios legales deben ser más ambiciosos. Tiene que ser preceptivo y vinculante el informe ambiental. Hoy no lo es. Si no hay agua no se hace una urbanización.
En segundo lugar, hay que limitar totalmente las plusvalías privadas de acciones públicas; cosa que hoy no está limitada en la ley. En tercer lugar, nosotros creemos que, junto con la dotación de la fiscalía y la policía, hay que proporcionar
medios y dar una mayor capacidad ejecutiva a la fiscalía para que no se produzca lo que se produce hoy, que son los hechos consumados en Las Navas del Marqués. Por otra parte, desde el Gobierno hay que promover un pacto anticorrupción y un código
ético. El Gobierno ha promovido un pacto de Estado en relación con la inmigración, que es un reto; en relación con una amenaza hay muchas más razones para hacerlo. El Gobierno debe promover un pacto anticorrupción y un código ético de las fuerzas
políticas y de las administraciones afectadas. Si no, nos puede ocurrir como en El camarote de los hermanos Marx, donde -no sé si se acuerdan- Groucho Marx pedía que le cortaran muy justitas las uñas porque no iban a caber...
El señor PRESIDENTE: El tiempo ha terminado, lo siento.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, acabo de exponerle las medidas legislativas y la actuación de la fiscalía, que es continua y ante cualquier caso que sucede, y me ha recordado Marbella. Después de tantos años viendo esa vergüenza de lo que sucedía en el
Ayuntamiento de Marbella, ha sido con este Gobierno y con esta fiscalía (Rumores.-Aplausos.) donde se ha producido la situación para devolver la dignidad democrática a aquella tierra. (Fuertes rumores.-Protestas.-El señor Puche Rodríguez-Acosta
pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Señor Puche, por favor, nada justifica gritar. Créame, se lo digo con todo el afecto. Silencio, por favor, señor Ayala.
-DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ RAZONES HAN MOTIVADO QUE EL GOBIERNO DESCONVOQUE LA CUMBRE EUROPEA SOBRE POLÍTICA DE
VIVIENDA QUE DEBÍA CELEBRARSE EN BARCELONA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, CUANDO ESTE ES UNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES MÁS IMPORTANTES A LOS QUE NOS CORRESPONDE DAR RESPUESTA? (Número de expediente 180/001533.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Antoni Duran.
Adelante.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, como presidente del Gobierno de España, de un Gobierno socialista, quisiera que valorara una decisión, la de aplazar la reunión de ministros de Vivienda el fin de semana pasado en Barcelona; ciudad en la que
hay un Gobierno tripartito con un alcalde que también es del Partido Socialista, y una Generalitat, el Gobierno de Cataluña, donde también está el Partido Socialista. Al parecer esa fue una decisión con la que no estaban de acuerdo el ayuntamiento,
la Generalitat o ambos.
Señor presidente, me gustaría que aportara luz a lo que, a nuestro juicio, ha sido una torpe decisión, una errónea decisión. No hay que ceder nunca a los violentos. Reitero que me gustaría que usted aportara su propia
versión de los hechos y el porqué de esa decisión final.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Duran, como sabe, en la reunión informal de responsables de Vivienda de la Unión Europea que se había celebrado en marzo de 2005 en Praga, se acordó que la siguiente reunión sería organizada por España. El Ministerio de Vivienda
consideró la conveniencia de que dicha reunión se celebrara en Barcelona y así lo propuso a la Generalitat, lo que fue apoyado por todos los países miembros de la Unión Europea. A partir de ese momento el Ministerio de Vivienda puso en marcha el
dispositivo adecuado para asegurar que la cumbre se celebrara en Barcelona y con el éxito que debe acompañar a estos acontecimientos. Dada la circunstancia de que las fechas coincidían -como bien conoce el señor Duran- con la campaña electoral, se
hizo una evaluación del alcance, de la repercusión y especialmente de la seguridad que el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han de garantizar de manera singular en el desarrollo de una campaña electoral y la circunstancia de
esta cumbre.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad de todas las instituciones con responsabilidad en la materia tuvieron una reunión el 9 de octubre en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Del acta de esa reunión se desprende de una
forma clara y contundente que la recomendación, desde el punto de vista de la seguridad, por
parte de todos los cuerpos policiales de las tres administraciones presentes es que lo desaconsejan en estas circunstancias desde sus diferentes visiones y competencias en virtud de los argumentos y las informaciones que se han expuesto. Si
los profesionales de la seguridad dan esta opinión, parece evidente que los responsables gubernamentales han de tenerla en cuenta. La voluntad del Gobierno, obviamente, es que la reunión se celebre, que se celebre en Barcelona. Lo que ha habido es
un aplazamiento, fundamentalmente como consecuencia de la campaña electoral y, lógicamente, esperemos que la reunión sea un éxito, porque en Barcelona todas las cosas suelen ser un éxito, con el Gobierno que hay y con el que en su momento pueda
haber. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Duran, su turno.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, le agradezco la información. La verdad es que no sabía tanto o sabía cosas muy dispares, las que explica el ayuntamiento, las que explica la Generalitat y las que explica la Delegación del Gobierno.
Ahora sabemos que en
sede parlamentaria el presidente del Gobierno de España -y por supuesto le creo- nos manifiesta que la decisión se adoptó conjuntamente con el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona y con el Gobierno de la Generalitat y que ambas administraciones
son corresponsables de esa decisión.
En segundo lugar, le agradezco que el Gobierno mantenga la voluntad de celebrar esa cumbre en Barcelona, en la medida en que, qué duda cabe, la decisión del Gobierno ha afectado a la imagen de Barcelona y, consecuentemente, sería injusto que
se trasladara la sensación de que en Barcelona no se puede celebrar ese tipo de eventos que, como usted bien apunta, siempre suelen tener al final un gran éxito.
En tercer lugar, señor presidente, creo, sin perjuicio de una última reflexión que haré en mi intervención, que el problema no es tanto cuál ha sido la decisión final y menos si estaba o no en vigilia de campaña electoral, o que la ciudad de
Barcelona sea una ciudad con capacidad para albergar ese tipo de cumbre, sino que, como le dije antes, un Gobierno, aunque los responsables en seguridad mantengan una posición, políticamente debe tener la capacidad de utilizar esas fuerzas
democráticas en democracia sin rebasar la ley para asegurar que se pueda celebrar y no ceder al chantaje de cualquier tipo violento.
En cuarto y último lugar, señor presidente, lo que sucede es lo siguiente.
Lo que no es seguro es el Gobierno de la ciudad de Barcelona. Lo que no es seguro, según un informe de los Mossos d'Esquadra del actual Gobierno, es que Barcelona
sea una ciudad poco atractiva para los movimientos antisistema, sino todo lo contrario, es una ciudad muy atractiva para los movimientos antisistema, porque según informe de los Mossos d'Esquadra -policía de Cataluña, del Gobierno tripartito- es una
ciudad donde las fuerzas de orden público intervienen menos. Eso es culpa de la permisividad del actual equipo de Gobierno en el ayuntamiento, por tanto del tripartito al que me he referido, que siempre ha sido muy permisivo y ha habido
declaraciones...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, su tiempo ha concluido.
Señor presidente, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Duran, creo que la crítica a la gestión del Ayuntamiento de Barcelona corresponde hacerla en otro ámbito. Sí le diré, en una reflexión ponderada, que parece bastante conveniente -y la tradición es así- que en campañas electorales este
tipo de eventos no se celebren y que discurra todo con tranquilidad en esa campaña y en la seguridad de la propia cumbre. La haremos, porque Barcelona es siempre una ciudad atractiva para todos. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO EXPLICA EL PRESIDENTE QUE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CUYO TITULAR HA SIDO DESIGNADO POR SU
GOBIERNO, PLANTEE AHORA UNA REBAJA DE PENAS AL TERRORISTA DE JUANA CHAOS? (Número de expediente 180/001534.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
Adelante.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, los hechos son los siguientes: La fiscalía ha pedido 96 años de cárcel para el etarra De Juana Chaos por amenazas terroristas y por integración en ETA. El segundo hecho es que el etarra De Juana
Chaos comenzó una huelga de hambre. Luego pareció, según se ha publicado en distintos medios de comunicación, que no había tal huelga de hambre. En cualquier caso, lo importante es que el fiscal que había pedido 96 años anunció que iba a pedir
solo seis. Y la pregunta es la siguiente: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado de criterio la fiscalía? ¿Qué criterio tiene usted y qué es lo que va a hacer?
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, es la undécima vez que viene a esta Cámara para plantear cuestiones que afectan a la política antiterrorista y en este caso a un terrorista. Es la undécima
vez en un periodo en el que afortunadamente no hemos tenido ningún atentado de ETA con víctimas mortales. No hay precedentes desde la transición democrática de este comportamiento de la oposición y de su principal líder. (Rumores.) Pero
cada uno establece el límite de la responsabilidad donde lo considera conveniente. En un Estado de derecho, la fiscalía, los jueces tienen tasadas sus competencias legalmente y el Gobierno respeta las competencias (Protestas.) de la fiscalía y las
competencias de los jueces, antes, ahora y mañana, dentro de lo que son, insisto, las reglas del Estado de derecho. Esta Fiscalía General del Estado actúa conforme a la ley, conforme a su criterio y, por tanto, no tengo nada más que decir que todos
deberíamos respetar a la fiscalía y las decisiones judiciales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Rajoy, por favor.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente del Gobierno, no es la undécima. Yo no he venido hoy a hablar de la política antiterrorista, he venido a hablar de la decencia del Estado y de sus instituciones. (Aplausos.) El fiscal general del
Estado compareció el lunes en el Senado, no explicó nada de su cambio de postura. La intervención fue de las más graves que yo he visto en España desde el año 1977. Por de pronto liquidó un principio democrático por excelencia como es el de la
primacía de la ley.
No voy a repetir lo que dijo por respeto al Congreso de los Diputados.
(Rumores.) Espero que usted diga que no comparte su afirmación de que algunos esperan que haya muertos. Y quiero que me responda, señor presidente, a lo
siguiente: ¿Ha motivado la huelga de hambre el cambio de criterio? ¿Ha habido otra razón distinta? ¿Cuándo tenía razón el fiscal, cuando pidió 96 años -que fue hace tres meses, en junio- o cuando pidió seis años? ¿Va a exigirle usted alguna
responsabilidad? Yo, desde luego, lo cesaría de inmediato. (Rumores.) ¿Qué ocurre si otro terrorista declara otra huelga de hambre? Se lo digo porque ya hay algunos terroristas que anuncian dos días de ayuno. ¿Qué ocurre si la huelga de hambre
la plantea cualquier otro recluso que esté en las cárceles españolas? (Rumores.) Señor presidente del Gobierno, algunos de sus ministros, cuando De Juana Chaos estuvo a punto de salir de prisión, hablaron de escándalo. Yo estoy de acuerdo y quiero
que sepa que la inmensa mayoría de los españoles creen que esto es una cesión a ETA a la vista de todos, (Un señor diputado: Sí, señor.) y va usted camino, como siga así, de rendir el Estado democrático a una organización terrorista, y yo no lo
puedo aceptar de ninguna manera. (Protestas.-Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente, su turno, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, me sería muy fácil hablar (Varios señores diputados: Habla, habla.-Protestas.) de excarcelaciones del año 1996 al año 2004, de terceros grados (Protestas.), de acercamientos de presos en determinadas circunstancias muy graves
para la seguridad de las personas; me gustaría recordar que, por supuesto, su Gobierno no hizo ningún cese, pero lo más importante, su Gobierno no recibió ninguna crítica, sino todo el apoyo de las fuerzas democráticas en el intento de acabar con
la violencia y con el terrorismo. (Aplausos.) No lo voy a hacer, ni voy a recordar todos esos casos que están ahí, por sentido de la responsabilidad, por sentido del deber, por dignidad del Estado y de la democracia. (Rumores.) Solamente quiero
decirle una cosa: voy a perseverar en mi objetivo de terminar con la violencia, es mi deber; y en política, el empeño más noble es salvar vidas y garantizar la libertad de nuestros compatriotas.
(Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿HASTA CUÁNDO PRETENDE EL GOBIERNO SEGUIR INCUMPLIENDO EL MANDATO ESTATUTARIO QUE EXIGE TRANSFERIR A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO LAS PRISIONES SITUADAS EN SU ÁMBITO TERRITORIAL? (Número de expediente 180/001545.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josu Iñaki Erkoreka.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor presidente, como la Cámara conoce y supongo que usted también, porque mi grupo parlamentario y yo mismo lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, una buena parte del Estatuto de Gernika todavía se
encuentra pendiente de desarrollo. Casi treinta años después de su entrada en vigor todavía nos encontramos así. Puede parecer mentira, pero es así. En los últimos tiempos, los sucesivos gobiernos centrales han encontrado una excelente coartada
para justificar su negativa a hacer efectivos los traspasos pendientes. Nos dicen que las transferencias requieren acuerdo entre las dos partes, entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico correspondiente, y que si ese acuerdo no se produce
la transferencia correspondiente es sencillamente imposible.
Pero hay casos en los que esta coartada, este pretexto, no sirve. Uno de esos casos es precisamente el de las prisiones, porque nadie en sus cabales ni afirma ni puede afirmar que el
artículo 12.1 del Estatuto de Gernika no
incluya necesariamente la transferencia de las prisiones a Euskadi. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, muchas gracias.
La respuesta en este caso es clara y sencilla: el Gobierno no tiene prevista la transferencia de las instituciones penitenciarias al Gobierno vasco. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en los últimos tiempos hemos recibido las respuestas más increíbles a la pregunta que hoy le formulo. Nos han dicho que no toca; nos han dicho que no es el momento oportuno -¡fíjese, treinta años después
todavía sigue sin ser el momento oportuno!-; nos han dicho que a otras comunidades autónomas sí pero que a Euskadi no; nos llegaron a decir hace unos años, que no nos transfieren las prisiones porque no somos fiables, porque no se pueden fiar de
nosotros; y ahora se ha puesto en circulación una especie muy curiosa en virtud de la cual, como la experiencia catalana no ha sido buena, pues no conviene hacerla extensiva a otras comunidades autónomas. Nos han dicho de todo, de todo menos la
verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no van a llenar de contenido el Estatuto de Gernika porque no les da la gana, porque no les gusta ni en este ni en otros de sus contenidos. Yo solo le pido, señor presidente, que nos diga la verdad. Que se lo
diga alto y claro al conjunto de los ciudadanos vascos. (Rumores.) Que diga la verdad. Diga que no transfieren las prisiones a Euskadi sencillamente porque no les da la gana, porque no tienen ninguna intención de transferirlas, porque no. Así,
todos sabremos a qué atenernos, que no lo hacen porque no les da la gana. No aduzcan más razones ni más pretextos, porque no les da la gana y jamás van a llenar de contenido el Estatuto de Autonomía. Dígalo así, alto y claro, para que todos
sepamos a qué atenernos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno, su turno, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Erkoreka, creo que se lo he dicho con bastante claridad, si quiere que se lo diga más alto, estoy dispuesto: el Gobierno no tiene ninguna previsión en relación con la transferencia de instituciones penitenciarias al Gobierno vasco, a
las instituciones autonómicas vascas.
No sé si llegará el momento o no, pero desde luego no está en nuestra previsión, y le voy a decir por qué con absoluta claridad. Porque, sin duda alguna, en esta materia están afectados y comprometidos
intereses determinantes de la seguridad del Estado, sin duda; y creo que todo el mundo puede asumir perfectamente que esa es la realidad. Su grupo se caracteriza habitualmente por tener el don de la oportunidad a la hora de trabajar en un objetivo
que es fundamental para la ciudadanía vasca, que es el objetivo del fin de la violencia y de luchar por la paz.
Simplemente les digo que mantengan el don de la oportunidad, que comprendan, que apoyen, como están haciendo hasta este momento, en esa
tarea y sin duda alguna habrán realizado una gran contribución aunque otros, sinceramente, no lo van a reconocer nunca. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿VA A ACEPTAR EL GOBIERNO LA CONSTITUCIÓN DE UNA MESA
DE NEGOCIACIÓN POLÍTICA CON BATASUNA? (Número de expediente 180/001535)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera de don Ángel Jesús Acebes Paniagua.
Adelante, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señoría, se ha hecho usted célebre por no responder a las preguntas de la oposición y hoy le pido que haga una excepción, le pido un ejercicio de responsabilidad ante un asunto de la máxima trascendencia. Recuerde
que estamos en la sede de la soberanía popular y le pido que responda con claridad y precisión: ¿Apoya el Gobierno que el Partido Socialista se siente en una mesa de negociación política con ETA-Batasuna? Y, en caso de que lo haga, ¿va a reconocer
el Gobierno los acuerdos que se alcancen en esa mesa?
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, es su turno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Aunque no le guste, siempre le respondo. El Gobierno actúa siempre con la ley en la mano.
(Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señoría, una vez más cabe lamentar su falta de respeto al conjunto de los ciudadanos representados por esta Cámara.
(Rumores.) Pero, no se equivoque, no conseguirá mantener a los ciudadanos en la penumbra; frente
a la opacidad del Gobierno, brillan cada vez más los hechos. La mesa de partidos que promueve el Partido Socialista es un ataque frontal a la dignidad, a la decencia, a la libertad, a la democracia y al régimen constitucional acordado por todos los
españoles; se constituye en respuesta a la amenaza de una banda terrorista; se coloca por encima del Parlamento y de las instituciones democráticas; otorga al brazo político de ETA el derecho a decidir sobre el futuro del País Vasco, de Navarra y
de toda España; es una mesa antidemocrática que daría la razón a quienes han recurrido a la violencia. Por eso, ya le anuncio que el Partido Popular no va a reconocer ninguno de los acuerdos que se alcancen en la mesa de partidos. Esos acuerdos,
ilegítimos e ilegales, nacerán con fecha de caducidad, señorías. El día en que el Partido Popular vuelva a gobernar los revocaremos todos, uno a uno.
(Rumores.-El señor Villarrubia Mediavilla: Tú no vas a estar.-El señor Hernando Fraile: ¿Por
qué no va a estar?) Se lo digo en esta misma sede de la soberanía popular a la que usted desprecia al negarse a contestar, para que conste, para que lo sepan todos los españoles, para que lo sepa el Gobierno y también para que lo sepa ETA.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Martínez-Pujalte, ¿tiene la amabilidad de respetar el uso de la palabra?
Señora vicepresidenta, adelante, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Como ha señalado el presidente del Gobierno, trabajamos por que cese la violencia definitivamente siempre con la
ley, a pesar de sus empeños por hacer creer lo contrario. Esto lo saben todos los ciudadanos, lo mismo que saben que ustedes usan la vieja táctica de repetir muchas veces falsedades para intentar convertirlas en verdades. (Aplausos.-Protestas.) Y
no conocen límites, señorías. La sarta de insidias, falsedades y calumnias que están lanzando contra este Gobierno, contra su presidente, tanta ruindad y maledicencia no se podrían encontrar en ningún parlamento del mundo, y más contra un Gobierno
que representa a todos los ciudadanos, y más en un país en el que absolutamente todos los ciudadanos hemos sufrido la sinrazón del terror. Usted sabe muy bien, señor Acebes, que un partido político declarado ilegal no es un sujeto democrático, ni
tiene personalidad jurídica, ni puede concurrir a unas elecciones, ni tiene ninguna capacidad política. Usted sabe, señor Acebes, lo sabe muy bien, que cualquier ciudadano no inhabilitado puede formar un partido, siempre que se someta a la
Constitución y a las leyes, (Rumores.) sin que quepa forma de violencia o coacción en su actividad. Y usted sabe, señor Acebes, que la Ley de partidos políticos considera que cualquier proyecto es compatible con la Constitución siempre que no se
defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales. Usted sabe todo eso. Por tanto, se lo reitero una vez más: más responsabilidad, señor Acebes, más democracia, menos maledicencia y, sobre todo,
menos demagogia en un asunto tan doloroso para todos los ciudadanos. Finalmente, le voy a pedir una cosa. Si tiene usted coraje cívico, que espero que lo tenga, (Protestas.) retire las insidias y las maledicencias, y si tiene usted decencia
democrática, a la que se ha referido el señor Rajoy, comprométase en esta Cámara, ante todos los ciudadanos de España, a no volver a utilizar jamás el dolor y el terror de forma partidaria. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿ESTÁ EL GOBIERNO EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LOS
DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/001536.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana. Adelante, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el pasado día 10, en Martorell, un grupo violento, en el que había destacados militantes socialistas, agredió física y verbalmente a políticos de mi partido que iban a participar en un acto público. Desgraciadamente
sabe que no estamos ante un caso aislado en Cataluña. Nos podríamos remontar a muchos otros y también a los asaltos a las sedes del Partido Popular en toda España, actuaciones que hasta ahora, por cierto, ustedes se han negado reiteradamente a
condenar, y no sé si es consciente, señora vicepresidenta, de la gravedad de no condenar estas agresiones, más próximas al matonismo político. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿puede, señora vicepresidenta, en nombre del Gobierno, garantizar el
pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades constitucionales a los que no coinciden con su política, o también a nosotros van a terminar suspendiéndonos los actos para no activar a los agresores? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Por supuesto, señoría, que el Gobierno garantiza los derechos y libertades de todos en Cataluña y en el resto de
España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias.
Señora vicepresidenta, primero fueron los acuerdos políticos de excluir a la oposición, al Partido Popular, los pactos del Tinell; luego, en el mejor de los casos -y ya sabe por qué le digo en el mejor de los casos-, no condenan los asaltos
a nuestras sedes en unos momentos muy difíciles para nuestro país; después se ha detenido ilegalmente a militantes de nuestro partido por manifestarse junto a las víctimas, tampoco se garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades al partido
de la oposición en los procesos electorales, de momento en Cataluña, y todo eso, el conjunto de todas esas actuaciones, debe ser lo que hace sentirse cómodo al presidente del Gobierno en Cataluña, que se ufana de que a él no le pasa, y se ufana de
que a él no le pasa en el mismo momento en que se agrede a la oposición y se les dice a los ministros europeos que no vengan a Barcelona, que no es segura. Por cierto, la consejera de Interior decía que tenían medios suficientes para garantizar esa
cumbre.
Señora vicepresidenta, para ustedes todo vale, fue así para llegar al poder y sigue siendo su regla para mantenerse. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio, todo diputado tiene derecho a usar pacíficamente la palabra y a que se le escuche, sea quien sea quien hable. (Rumores.) Me han comprendido lo que quiero decir. (Risas.) Agradezco la jovialidad
del momento, porque obviamente me refería a que cualquier diputado de cualquier bancada que esté en el uso de la palabra tiene derecho a que se le respete en el ejercicio de la misma. No había ningún comentario peyorativo, créame usted. Continúe,
señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, concluyo. Ya que veo que no tienen muchas ganas de poner los medios para garantizar el ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades, al menos yo también le voy a hacer, como usted hacía con el secretario
general de mi partido, un ruego: no envíen militantes a que nos peguen. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): La verdad, señor Zaplana, es que el victimismo democrático en usted y en la derecha en este país no es creíble.
(Rumores.) Dicho esto, quiero señalar que, como ayer mismo aprobó el Senado por unanimidad, todos reafirmamos nuestro pleno compromiso en la defensa de la libertad ideológica y el derecho a expresar y difundir libremente las propias ideas, así como
con el conjunto de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución. Y es que, ciertamente -y no lo digo ahora, lo he dicho reiteradamente; vaya usted al 'Diario de Sesiones' o a los medios de comunicación-, resulta indigno
que en un Estado democrático se intente acallar la voz de nadie por la fuerza. Es intolerable que alguien se arrogue el derecho a agredir a quien piensa de una manera diferente. Por eso, hay que condenar sin paliativos actuaciones como las que
sufrieron ustedes el otro día. (Un señor diputado: ¡Pásalo!), y así lo hemos hecho desde el primer momento yo y todos los miembros de este Gobierno. Es una norma elemental que nos vincula a todos, y no tenga ninguna duda de que, a pesar de que
nuestras posiciones políticas están tan alejadas, estamos resueltos -lo hemos estado siempre y vamos a seguir estándolo- a que pueda expresarlas usted siempre, a que pueda hacerlo usted, todos los partidos políticos democráticos y, por supuesto,
todos los ciudadanos.
Faltaría más. Quien no respeta esa libertad, incumple una obligación democrática y cívica elemental que el Gobierno garantiza, ha garantizado y va a seguir garantizando.
Además, quiero dejarle constancia de mi rotunda condena de cualquier acto de violencia y mi indignación, como vicepresidenta, como diputada y como ciudadana, ante la falta de respeto hacia ese principio democrático elemental que es respetar
la opinión de los demás. Esto me gustaría también oírlo, y no solo oírlo, sino ver cómo lo practica su partido, sus militantes, su grupo y todos ustedes, quiero verles en la misma posición.
Estoy segura de que lo van a hacer. (Un señor diputado:
¡Pásalo!) Porque si para alguien vale todo es para usted, señor Zaplana. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo.
-DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENCIA TORRADO REY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ INICIATIVAS HA DESARROLLADO EL GOBIERNO PARA EL CANJE DE DEUDA EXTERNA
POR DESARROLLO? (Número de expediente 180/001546.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la diputada doña Clemencia Torrado.
La señora TORRADO REY: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como usted bien sabe, nos encontramos en la semana de movilización contra la pobreza y es este un buen día para hablar de uno de los objetivos del Milenio, que es especialmente transversal a todos los demás: conseguir que
todos los niños y niñas del mundo puedan terminar el ciclo completo de la educación primaria. En el mundo hay más de 121 millones de niños sin escolarizar, de los cuales 65 millones son niñas. Por ello, la educación, especialmente de las niñas,
encierra beneficios sociales y económicos para toda la sociedad. Los jóvenes que han recibido educación tienen acceso a mejores oportunidades económicas y participan activamente en la actividad pública. La educación sexual y reproductiva dota a
las mujeres de un mayor control sobre su maternidad y les enseña cómo protegerse del sida. Además, la educación sirve para salvar vidas, porque facilita la prevención de enfermedades y su detección temprana y también mejora los hábitos
alimenticios. Sabemos que el acceso universal a la educación contribuye a eliminar barreras sociales como la discriminación de género, clase, raza, religión y cultura, y las sociedades bien formadas son más capaces de exigir a su Gobierno que rinda
cuentas y asegure la transparencia, que son las bases para consolidar la democracia en sus países.
Por último, y no menos importante, cuanto más equitativo es el acceso a la educación, más equitativa es la distribución de ingresos. El presidente, don José Luís Rodríguez Zapatero, ha respaldado en distintos encuentros, como en la XIV
cumbre Iberoamericana, la propuesta del canje de deuda por educación, en la convicción de que el gasto en la educación es la inversión más eficaz e igualitaria que puede hacer un Gobierno para promover el desarrollo y, además, con este mecanismo se
reduce la deuda de manera simultánea. Por todo ello, señor ministro, le realizo la siguiente pregunta: ¿Qué iniciativas ha desarrollado el Gobierno para el canje de deuda externa por desarrollo?
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría, por su pregunta. Como bien ha señalado S.S., el presidente del Gobierno, en su primera cita de la cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica, propuso esta iniciativa de canjear deuda por educación. A partir de ese
anuncio, y dentro de la Alianza contra la Pobreza y el Hambre, se volvió a reformular la propuesta junto con el presidente de Brasil, el presidente Lula, y se inició un grupo de trabajo nacional que tomó las riendas para hacer una propuesta más
elaborada con ocasión de la cumbre de Salamanca. En este sentido, el Gobierno de España ha tomado una serie de medidas para que la educación sea el eje y el objetivo fundamental de este canje de deuda, aunque no se han excluido otras áreas
sociales, de infraestructura, de medio ambiente, para extender los beneficios de dicho canje. ¿Por qué la educación? Porque hay pocas inversiones que puedan proporcionar más que la educación que avance simultáneamente en el crecimiento, en la
equidad, en la incidencia económica y en la cohesión social. Por eso están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional, y se han firmado ya una serie de
acuerdos. Hemos firmado un acuerdo con Ecuador de 50 millones de dólares, otro con Honduras de 138 millones, otro con Nicaragua de 39 millones, otro con Uruguay de 10 millones y otro con El Salvador de 10 millones. En total, 247 millones de
dólares. Pero también hemos ampliado estos beneficios al continente africano y, después de la gira de la vicepresidenta del Gobierno, se ha firmado también el compromiso de llevar un canje de deuda por un monto total de 200 millones de dólares.
Queremos firmar acuerdos de conversión de deuda con países como Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, Senegal, Tanzania, Uganda y Camerún y ver en el futuro otros países que pudiesen verse beneficiados. La iniciativa está en marcha y creemos que
contribuiremos a la lucha contra la pobreza, que es el objetivo fundamental de este Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SOLEDAD HERRERO SAINZ-ROZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL RECIENTE PROCESO
ELECTORAL LEGISLATIVO Y PRESIDENCIAL CELEBRADO EN BOSNIA-HERZEGOVINA? (Número de expediente 180/001547.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Soledad Herrero.
La señora HERRERO SAINZ-ROZAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 1 de octubre se han celebrado en Bosnia-Herzegovina elecciones presidenciales y legislativas de una gran importancia para el futuro de este país amigo. Dicha jornada electoral ha marcado el inicio de una etapa
destinada a avanzar hacia el autogobierno, hacia la verdadera construcción de un Estado bosnio. Han pasado 11 años desde la finalización
de la guerra, de la firma de los acuerdos de paz de Dayton y el pueblo bosnio tiene importantes tareas que realizar para normalizar sus instituciones, curar sus heridas y convivir en paz. Una delegación de parlamentarios españoles hemos
viajado a Bosnia, fruto de una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, para participar en una misión de observación electoral. Durante nuestra estancia hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con los principales actores de la vida
política, entre ellos el Alto Representante Internacional y el presidente de la Presidencia Colegiada de Bosnia-Herzegovina, además de tener contactos con la sociedad civil. Todo ello nos ha posibilitado conocer de primera mano la compleja realidad
de una sociedad que ha dado muestras de una gran responsabilidad y civismo en estos comicios. El programa realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por la embajada de España en Sarajevo nos ha permitido también realizar
una visita a la base militar de Eurofor en Mostar, en la que se encuentra el destacamento español. Los momentos que compartimos con los militares españoles nos permitieron trasladarles nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestra admiración
personal y la de los españoles a los que representamos por su labor humanitaria, trabajo por la paz y respeto a los derechos humanos, cuyo fruto es ya parte de la memoria del pueblo bosnio. Agradecemos sinceramente al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, a la embajada de España en Sarajevo, en especial, al señor embajador, don José María Castroviejo, y todo su equipo, al destacamento de tropas españolas en Mostar, a los ayuntamientos de Mostar, Gorazde y Pale y al pueblo
bosnio por las atenciones que nos han prestado, así como por la excelente organización de un viaje que ha resultado enormemente fructífero.
Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno sobre el reciente proceso electoral legislativo y presidencial celebrado en Bosnia-Herzegovina?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Gracias señoría por su pregunta, señoría. Como S.S. conoce, se cumplen precisamente en estas fechas once años de los acuerdos de Dayton, que se firmaron precisamente para poner punto final a una situación trágica que vivió toda Yugoslavia,
pero en particular el pueblo bosnio. Todavía tenemos en nuestra memoria colectiva esas imágenes dramáticas inaceptables de Srebrenica. Por tanto, es un momento importante ver que las elecciones en Bosnia-Herzegovina se desarrollan con plenas
garantías, con la transparencia y con la voluntad de sacar a ese pueblo, a ese Estado de ese túnel de la historia que le llevó al enfrentamiento interétnico.
En primer lugar, quisiera agradecer a S.S. y a todos los miembros del Congreso de los Diputados que acudieran a esa misión electoral, así como las palabras que ha tenido con la embajada y con los representantes españoles y también,
lógicamente, el reconocimiento que ha hecho a las fuerzas militares españolas que están consolidando la paz en esa parte de Europa. En segundo lugar, quisiera señalarle que es verdad que estas elecciones son las primeras que después del año 1995
suponen un punto de inflexión. Es la primera vez que en esa Presidencia tripartita dos de los elegidos lo son de un partido político no estrictamente étnico, sino que buscan precisamente la coexistencia y la convivencia entre los pueblos,
comunidades y nacionalidades de Bosnia-Herzegovina. En ese sentido, tenemos que trabajar juntos para dar una oportunidad a esta nueva página de la historia de Bosnia y trabajar juntos para consolidar su futuro.
Para ello es importante la reforma
de la Constitución. No va a ser un proceso fácil, pero con apoyo de las Cámaras, con apoyo de la Unión Europea y, desde luego, con el apoyo del Gobierno español, trataremos de ayudar a un pueblo hermano, a un pueblo cercano como es el de
Bosnia-Herzegovina para consolidar un escenario de paz y seguridad en los Balcanes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁNDO VA A EMITIR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL LOS DICTÁMENES PRECEPTIVOS
SOBRE LOS PROYECTOS DE LICENCIAS URBANÍSTICAS REMITIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, CUYO RETRASO ENTORPECE EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO GRANCANARIO? (Número de expediente 180/001543.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento de don Román Rodríguez. Adelante, por favor.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora ministra, el objeto de la pregunta es interesarme por la tramitación de unas licencias que están pendientes del visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil en el municipio de Ingenio, en Gran
Canaria, que, como sabe, alberga una parte sustancial de las instalaciones del aeropuerto de esa isla y que, como usted también conoce, el plan de ordenación está supervisado con informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Fomento. Cada
licencia de obra en relación con ese municipio tiene que ser también a través de un informe vinculante del ministerio.
Yo le pediría, señora ministra, en virtud del impacto que esto tiene sobre el desarrollo de ese municipio, la máxima agilidad, porque en los ocho proyectos que se
han presentado por particulares hay 450 viviendas comprometidas en este trámite y alguna zona industrial muy estratégica para ese municipio. Se trata, por tanto, señora ministra, de pedirle la máxima agilidad en la tramitación de los
expedientes que están en estos momentos en poder de la Dirección General de Aviación Civil.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, le estamos dando la máxima agilidad. En primer lugar, le informo que no son 450 viviendas, sino 115; no son ocho proyectos, sino seis. Hoy ha entrado a las doce de la mañana un séptimo y, por tanto, si es sobre vivienda habrá
podido incrementar esas 115 que le estoy comentando.
Efectivamente, el municipio de la villa de Ingenio, en aplicación de la normativa vigente, por su proximidad geográfica al aeropuerto de Gran Canaria y por su orografía, se encuentra afectado por
la servidumbre aeronáutica del aeropuerto y de su futura ampliación. Como consecuencia de ello, en cada caso y según qué proyectos, el proyecto de licencia tiene que ser autorizado, pero cuando se presenta en el ministerio tiene que ir acompañado
de un informe sobre seguridad aeronáutica que en ningún caso, desde que se aprobó la norma, es presentado por el ayuntamiento en su momento. Ha habido hasta 18 meses de retraso desde que presentan el proyecto hasta que completan la documentación.
Por tanto, de acuerdo con la normativa establecida y con el requerimiento del estudio de seguridad, sí le recomendaría al ayuntamiento que para agilizar los trámites presente la documentación concreta.
Señoría, desde que se aprobó la normativa en 2004 solamente se han presentado en el Ministerio de Fomento, en la Dirección General de Aviación Civil, seis proyectos urbanísticos y hoy otro: uno en 2005, cinco en 2006 y hoy ha entrado el
último. Dos de ellos han sido resueltos y notificados; uno tendrá dictada la resolución en el plazo de un mes; uno está en estudio, porque el informe de seguridad se presentó en agosto de 2006, y dos, señoría, sin contar con el que ha entrado
esta mañana, están pendientes de que el ayuntamiento complete la documentación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, por favor.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora ministra, agradezco su información.
Cuando me he referido al número de viviendas ha sido por la información que me ha facilitado el ayuntamiento, pero contrastaremos los datos. Lo importante es que
usted apunta que va a haber agilidad y respuestas rápidas a este tema y yo le apuntaría otra posibilidad. Es evidente que esta es una instalación estratégica para cualquier territorio, lo es más para un territorio archipielágico, y que la seguridad
aérea es un requisito básico para esta instalación, pero también parece razonable que las administraciones hagamos el máximo esfuerzo para ser ágiles cuando los ciudadanos demandan respuestas por parte de las administraciones y tengo la impresión de
que puede haber algún margen para que la legislación se flexibilice sin cuestionar la seguridad aérea, de manera que cada licencia no sea un expediente administrativo, porque puede ser lesivo o penoso para los ciudadanos y a lo mejor cabría la
posibilidad de flexibilizar la legislación para permitir, sin menoscabo de la seguridad, una respuesta más rápida a los ciudadanos cuando lo demandan en un municipio en el que ya tienen bastantes inconvenientes al albergar en su territorio esta
instalación, porque ocupa una parte sustancial del mismo y porque todas las servidumbres aeronáuticas son una cortapisa a su desarrollo. Por tanto, parece razonable que si se puede se buscara un mecanismo de mayor agilidad, porque sería de
agradecer por parte de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias.
Señoría, no hay ese margen. Hay una obligación, por seguridad aeronáutica y por seguridad de las personas que viven en esa zona, de presentar un informe sobre la seguridad del proyecto concreto que se va a llevar a cabo; así lo establece
la normativa vigente. Sí llamo su atención en que el ayuntamiento en ningún caso lo ha presentado. En el plazo entre dos y tres meses nosotros contestamos la autorización solicitada por el ayuntamiento, y le digo que entre tres meses y medio...
El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido, lo siento.
-DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿PUEDE CONFIRMAR EL GOBIERNO QUE EL APLAZAMIENTO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO, EL PASADO 5 DE OCTUBRE,
PARA FORMALIZAR SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD JAIZKIBIA SERÁ EL ÚLTIMO? (Número de expediente 180/001544.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Begoña Lasagabaster. Adelante, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, quiero hacerle una pregunta sobre una cuestión estratégica y de enorme importancia para Euskadi y singularmente para Guipúzcoa. Le estoy hablando de la
bahía de Pasaia, en la que el Gobierno del Estado ha tenido y tiene importantes responsabilidades en su desarrollo. Para realizar el desarrollo de esta zona, que ha sido muy degradada por muchas razones, se quiere constituir una sociedad
con la participación de diferentes instituciones. El caso es que el Gobierno del Estado, su ministerio, al día de hoy y tras muchísimos retrasos, sigue sin formalizar su participación y sin desembolsar, por tanto, el capital correspondiente.
La
verdad es que no sabemos si el último aplazamiento de 15 días, que ustedes mismos han pedido, que finaliza esta próxima semana, se va a cumplir. Nos gustaría que la respuesta que usted me pueda dar al día de hoy sea afirmativa, porque sería
realmente de gran importancia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Su turno, por favor, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, mi respuesta será afirmativa dependiendo de lo que usted me pregunte. Ya hemos expresado nuestra voluntad de participar en la sociedad y no hemos pedido ningún aplazamiento. Creo que la Diputación Foral de Guipúzcoa, más por el
deseo de constituir la sociedad que por la situación real de la tramitación interna en el Gobierno central, ha convocado una reunión para constituir una sociedad sin que estuvieran terminados todos los trámites. Le puedo decir que hoy han firmado
desde el Ministerio de Economía y Hacienda la autorización para que lo llevemos a cabo y, por tanto, le comunicaremos a la diputación que convoque la reunión para que podamos firmar y constituir la sociedad. Hasta ahora solo ha sido un voluntarismo
por parte de la diputación foral, que ha convocado la firma sin que se hubieran llevado a cabo todos los trámites pertinentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
El voluntarismo de las instituciones vascas se contrapone con la poca voluntad que ustedes están desarrollando en una zona como la de bahía de Pasaia. Señora ministra, esto no es una cuestión de trámites administrativos, es una cuestión de
vital importancia para las personas que allí viven y para la economía que se desarrolla desde ese punto, que es estratégico para la zona de Guipúzcoa. Llevamos años batallando con su Gobierno y con los anteriores para que se tomen en serio y pongan
en marcha la responsabilidad que tienen, porque si no la tuvieran ya lo habríamos hecho nosotros, las instituciones vascas. Hace año y medio decidieron finalmente que iban a ponerse de acuerdo en la constitución de una sociedad. Los únicos que han
ido retrasando su formalización, su participación, su desembolso de capital, absolutamente imprescindible para llevar a término proyectos como el del puerto y proyectos relativos al desarrollo económico y social, han sido el Gobierno del Estado y,
en su caso, el Ministerio de Fomento. No lo tache de voluntarismo cuando lo que hay es una importante necesidad de ponerlo en marcha. No es una cuestión gratuita ni graciosa; son necesidades. Ustedes vienen diciendo que tienen problemas de
tramitación presupuestaria, de cambios de destino de partidas de un ministerio a otro. Eso no puede ser una excusa ni una razón para que dejen en la estacada a una zona que requiere desde hace mucho tiempo una responsabilidad y una voluntad
política, que espero que hoy veamos, pero que hasta ahora no hemos visto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, parece mentira que, cuando le estoy diciendo que vamos a participar, usted lo critique. La voluntad, igual que el movimiento, se demuestra andando, y la voluntad del Gobierno central
en participar en ese proyecto, porque vamos a aportar capital y a participar en la sociedad. Señoría, si el Ministerio de Fomento no quisiera estar y el Gobierno no quisiera estar, no estaríamos. ¿Le cabe a usted la menor duda? Lo que le estoy
diciendo es que la diputación foral estableció una fecha para la firma de la constitución de la sociedad en la que el Ministerio de Fomento no estaba autorizado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Para todos, para nosotros y para cualquier
ciudadano de nuestro país, es aplicable el procedimiento legal, incluso para ustedes. Por tanto, le vuelvo a repetir que no ha habido ningún retraso por parte de este Gobierno ni, por supuesto, voy a aceptar los retrasos de un Gobierno sostenido
por un partido político distinto del mío.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿VA A ACTUAR EL GOBIERNO CONTRA LOS RESPONSABLES DE QUE EN UN RECIENTE
ACONTECIMIENTO DEPORTIVO SE PRODUJERAN MANIFESTACIONES DE EXALTACIÓN DEL TERRORISMO? (Número de expediente 180/001540.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de don Francisco Antonio González Pérez. Adelante, por favor.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿va a actuar el Gobierno contra los responsables de que en un reciente acontecimiento deportivo se produjeran manifestaciones de exaltación al terrorismo?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, usted sabe igual que yo que la exaltación del terrorismo es un delito tipificado en el Código Penal y, por tanto, corresponde a los tribunales de Justicia entender en ello. No obstante, desde el Ministerio de Educación y Ciencia
cualquier acto que perturbe la normalidad de un acontecimiento deportivo es analizado y, en su caso, elevado a propuesta de sanción a través del órgano competente para ello, es decir, la Comisión Nacional Contra la Violencia, donde están
representados el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor González, por favor.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Precisamente por eso, señora ministra, iba dirigida la pregunta al ministro del Interior, y ya vemos que lo que se pretende desde este Gobierno es demostrar que hay banquillo. Usted suple a la vicepresidenta y, en
este caso, suple al ministro del Interior. ¿Por qué? Porque en esta temporada el que preside el organismo al que usted ha hecho referencia es precisamente el Ministerio del Interior. ¿Sabe por qué creo que no van a hacer nada? Porque eso que
vimos en el partido de Euskadi-Cataluña es la España que Zapatero quiere. Por eso no hacen absolutamente nada. Se sienten absolutamente reconfortados en ver cómo el odio y el enfrentamiento de la ciudadanía se produce en un hecho deportivo,
desgraciadamente. Hay elementos de juicio más que suficientes, gráficos, grabados y en vídeo, como para haber tomado medidas en el momento de lo que sucedió. Han pasado diez días y lo que ha habido hasta ahora por parte del Gobierno ha sido un
silencio cómplice, como los silencios que está manteniendo en los últimos tiempos en muchas otras materias, fundamentalmente en las relacionadas con el ámbito del terrorismo. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, que se está a gusto en esta
situación. Se prefiere la cesión, se prefiere el silencio cómplice a tomar medidas. ¿Por qué? Porque parece ser que esas medidas incomodan al señor presidente del Gobierno.
Creo sinceramente que esta España que ustedes están forjando no se la merecen los españoles; no nos la merecemos los españoles, ni los de este lado del hemiciclo ni los de aquel lado del hemiciclo. Ninguno de los españoles se merece esta
España a la que ustedes están contribuyendo con sus inacciones y con sus actitudes de silencio cómplice. Sinceramente espero -y confío en usted, señora ministra- que esa Comisión antiviolencia se reúna con urgencia para analizar todo lo que ha
quedado reflejado en medios de comunicación, tanto escritos como visuales, porque hay materia más que suficiente para acometer las sanciones necesarias, y algunas de ellas incluso sobrepasan con creces las sanciones deportivas; estamos hablando del
Código Penal. Espero de su responsabilidad y de la responsabilidad del Gobierno que esto se lleve a cabo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Ya me ha dicho usted por segunda vez que ocupo un lugar que debería ocupar otro. Me limito a decirle que, como miembro de este Gobierno, me siento solidaria de lo que el Gobierno hace y piensa.
En relación con el tema sobre el que usted me pregunta, tengo que decirle que en algunos encuentros entre selecciones autonómicas celebrados con anterioridad se han producido incidentes que han dado origen a la adopción de las medidas
oportunas. En cuanto a los hechos acaecidos en el partido del día 8 de octubre, durante la competición entre las selecciones de Cataluña y el País Vasco, la Comisión Nacional contra la Violencia recibirá la oportuna información y documentación y
analizará los hechos de acuerdo con la infracción tipificada en la Ley del Deporte.
Tengo que comunicarle que, en el día de hoy, en la reunión de la Comisión Nacional contra la Violencia se ha solicitado información sobre los hechos acaecidos para
delimitar responsabilidades y tomar las resoluciones pertinentes. Por tanto, señor diputado, el Gobierno actúa con los instrumentos legales y de forma rigurosa ante cualquier clase de incidentes en los recintos deportivos, de acuerdo con el marco
normativo, y trabaja -no tenga ninguna duda- para eliminar este tipo de conductas que proceden de sectores minoritarios con la aplicación de este proyecto de ley -por cierto aprobado por unanimidad en el Senado- contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LAS PROPUESTAS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS
EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD? (Número de expediente 180/001548.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mario Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la construcción del espacio europeo de Educación Superior no puede, como usted sabe, limitarse únicamente a una mera reforma de arquitectura o de contenido de los estudios, por importantes que estos sean. Si la finalidad
última del llamado proceso de convergencia es mejorar la calidad de nuestro sistema universitario para ser más competitivos y también para atraer más alumnos y más profesores del resto del mundo, una de las tareas más importantes que tenemos es
reformar el método de enseñanza docente en nuestras aulas universitarias. Nuestra estructura académica parte de un desenfoque inicial que consiste en colocar el centro de gravedad del sistema en el profesor y no en el estudiante. Esto, como usted
sabe también, ha dificultado por ejemplo nuestra adaptación al sistema de créditos FTS, basado en la carga de trabajo del estudiante, frente al cómputo actual de horas lectivas por el profesor. Este mismo desenfoque está en la base de nuestro
sistema tradicional docente, sostenido en el paradigma de la lección magistral.
Como usted conoce, algunas de las conclusiones del proyecto Tuning insisten en la idea de centrar la atención en el sujeto que aprende, lo que dicho en otros términos supone un deslizamiento de una docencia centrada en la enseñanza hacia una
docencia centrada en el aprendizaje.
Sabemos que la renovación de las metodologías universitarias no va a ser tarea fácil, y ello porque implica cambios culturales, porque implica modificación de hábitos ancestrales en algunos casos en nuestra
universidad. No será fácil porque venimos también de una tradición donde se gestiona la permanencia y donde la estabilidad es la regla y el cambio es la excepción. Pero este es el momento de hacerlo, señora ministra, cuando la ratio
profesor-alumno lo hace posible. Hemos pasado de la universidad de la cantidad de los años ochenta a la universidad de la calidad, y así lo han entendido muchas universidades que han iniciado proyectos en este sentido. Por tanto, no es una
cuestión de moda; es una cuestión de absoluta necesidad. Por eso desde mi grupo saludamos la iniciativa que hace un año permitió que se reuniera un grupo de expertos para formalizar un informe que ha sido presentado en el pasado Consejo de
Coordinación Universitaria en Zaragoza y sobre cuyo contenido le pedimos su valoración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Bedera, es cierto que el proceso de construcción del espacio europeo de Educación Superior no puede limitarse a la modificación de las estructuras académicas de las enseñanzas, sino que tiene que llegar a los enfoques metodológicos que
han de acompañar y, por tanto, hacer posible la nueva organización curricular de los estudios, y una nueva concepción de la enseñanza que tiene que basarse fundamentalmente en el proceso de aprendizaje del estudiante haciendo de él el centro y
producir una verdadera renovación pedagógica de las metodologías educativas. El problema, por tanto, no debe centrarse en cómo los profesores imparten sus clases sino en cómo los alumnos deben aprender, y hay que trasladar la cuestión de la
enseñanza al aprendizaje donde el profesor ayuda a aprender y el estudiante se convierte en el auténtico eje del proceso formativo.
Efectivamente, en la reunión del mes de abril de 2005 se constituyó en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria una comisión para la renovación de las metodologías educativas en la universidad, que después de un año de trabajo ha
presentado sus conclusiones en la reunión que hemos celebrado en Zaragoza el pasado 19 de septiembre. Esa comisión ha hecho un diagnóstico de la situación actual; ha apreciado efectivamente las innovaciones que ya se han producido en varias
universidades españolas; ha hecho un estudio comparado sobre tendencias y procesos en el cambio de las metodologías educativas en universidades europeas y ha elaborado un documento que es resultado de un trabajo colectivo y de un proceso muy
dinámico durante el cual se han celebrado tres seminarios monográficos con la participación de más de 400 profesionales, encuestas a rectores de universidad, decanos, profesores, alumnos, etcétera. El Gobierno ha valorado de manera muy positiva
este documento que se presentó, como digo, en la reunión del Consejo de Coordinación Universitaria en Zaragoza y está dispuesto a impulsar, identificándose con los objetivos tanto de naturaleza técnico-pedagógica como organizativa, las propuestas
concretas -hasta treinta propuestas concretas- de los cambios que se consideran oportunos para proceder a esa renovación metodológica. Estoy convencida de que las universidades españolas, además, se van a hacer eco de esas propuestas y vamos a
conseguir hacer frente a esta renovación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON RAIMUNDO BENZAL ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL ES EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA MEMORIA ECONÓMICA QUE ACOMPAÑA A
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/001549.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Raimundo Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación por el actual Gobierno se ha conseguido, entonces y después, una serie de acuerdos educativos con la mayor parte de las comunidades autónomas, también con la comunidad
social, puesto que buena parte de los agentes económicos han estado también presentes en esos acuerdos, y por supuesto con los parlamentarios, y la prueba la tuvimos aquel 6 de abril en el que se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Educación,
excepto por el Grupo Popular. Esos acuerdos han dado un respaldo importante a la estabilidad del sistema educativo y se pueden calificar también con precedentes, puesto que el Partido Socialista siempre en educación ha sido capaz de acordar con
todos, esté en el Gobierno o en la oposición, mientras que también es conocido que el Partido Popular ha sido capaz de desacordar con todos en educación, esté en el Gobierno o en la oposición.
El desarrollo de la LOE ha tenido unos aspectos cualitativos, algunos de los cuales se están llevando a cabo por las comunidades autónomas. De ahí el espacio propio que les deja la Ley Orgánica de Educación y el Ministerio de Educación;
por ejemplo, el acceso a la Función pública docente o el desarrollo curricular. Tenemos ejemplos también en el borrador de anteproyecto de primaria, los apoyos a los más necesitados, la sociedad del conocimiento, el desarrollo de las tecnologías de
la información y la comunicación, en los idiomas, en el plan de convivencia, muy de actualidad y que el ministerio está llevando a cabo, o el desarrollo del calendario de la Ley Orgánica de Educación en el que hay un acuerdo completo con las
comunidades autónomas. Esos aspectos que podíamos llamar cualitativos tienen su correspondiente aspecto cuantitativo coherentemente, que es de financiación. Pasados ya los tiempos en los que el Gobierno imponía y las comunidades autónomas pagaban,
se ha llegado a un momento en el que el Estado legisla y además financia aquellas prescripciones que desde el Estado llegan a esas comunidades autónomas. Así, la Ley Orgánica de Educación va acompañada de una memoria económica, temporalizada y
cuantificada, y pedimos que nos diga el grado de cumplimiento de los compromisos que contiene esa memoria económica de la LOE.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.
Señor Benzal, efectivamente estamos ante un curso especial e importante porque empieza a aplicarse la Ley Orgánica de Educación, una ley en la que este Gobierno ha puesto enorme confianza para la mejora de nuestro sistema educativo. La Ley
Orgánica de Educación. que entró en vigor y se está comenzando a aplicar ya durante este curso en algunos de sus extremos, es la primera ley educativa de este país que ha sido elaborada con una memoria económica. La memoria económica de la ley
consigna para 2007 un gasto de la Administración Central del Estado destinado a educación de 695 millones de euros. Pues bien, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007 consigna, sin embargo, para este concepto más de 714 millones
de euros, es decir, 19 millones de euros más de lo previsto inicialmente. Esa memoria económica es un compromiso de la Administración General del Estado y, por tanto, no recibe financiación exclusivamente por parte del Ministerio de Educación y
Ciencia, sino que también recibe inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desde el Fondo de inmigración, con una cantidad de 92 millones de euros; del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con 95 millones de euros dentro de
red.es, y del Ministerio de Economía y Hacienda, con más de 50 millones de euros para financiar clases pasivas, las jubilaciones, dentro de las medidas de apoyo al profesorado contenidas en la memoria. La financiación de esta ley ha empezado antes
de su plena implantación, lo cual demuestra el interés prioritario que tiene este Gobierno en la educación. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé un crecimiento de este ministerio mayor que el del resto de los ministerios, otra
muestra más de la preocupación y ocupación que tiene la educación para este Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
Conviene recordar -ya lo ha hecho usted- que la memoria económica de la Ley Orgánica de Educación prevé para los años 2006-2010 más de 7.000 millones de euros, en un compromiso corresponsabilizado entre la Administración Central del Estado y
las comunidades autónomas. Esta fue la razón principal del apoyo social y político mayoritario que tuvo la Ley Orgánica de Educación. Estamos cumpliendo con los plazos establecidos y seguiremos cumpliendo con ellos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON DOMINGO MIGUEL TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO EL PLAN DE CATEDRALES? (Número de expediente 180/001550.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Cultura, del diputado don Domingo Miguel Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, los presupuestos de su ministerio han crecido en lo que va de legislatura un 25,23 por ciento. Destaca especialmente el Plan Nacional de Catedrales, que tiene una dotación para 2007 de 9,5 millones de euros, con un
incremento del 47,87 por ciento. El patrimonio
cultural español es rico y variado, de una gran importancia, como resultado del mosaico de culturas y pueblos que han configurado nuestra realidad plural y con una creatividad enraizada en las más diversas aportaciones que han hecho de
nuestro patrimonio un elemento de singularidad a escala mundial. Constituye el legado y el sustento de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad cultural, construida a lo largo de los siglos, y con un significado que nuestras sociedades
entienden como propios y que nos singulariza como grupo. Las catedrales, elementos singulares de nuestro patrimonio, constituyen en sí mismas universos de simbolismos, sincretismos, creencias, simbologías diversas, universos místicos y míticos,
misterios y oración, donde nada es casual y donde todo obedece a un esquema de significación profundo que sigue un orden predeterminado desde la planta, las portadas y las advocaciones hasta los alzados, la orientación y la decoración; desde el
tamaño de la edificación hasta la altura de sus agujas y de sus torres, con esa vocación didáctica en tiempos tan difíciles de dar a los que no saben el conocimiento de lo que precisan. Pero las catedrales son también mundos en lucha, lo real y lo
simbólico, la lux y el lumen, la ciudad espiritual y la ciudad celestial frente a la ciudad terrenal. Son compendios de técnicas artísticas de evoluciones y revoluciones técnicas y estéticas, y la conservación de estas obras de arte singulares para
el disfrute, el conocimiento y la investigación de todos los ciudadanos es una medida encaminada a proteger nuestro pasado cultural y a garantizar su continuidad para el futuro. Por ello, señora ministra, le pregunto: ¿cómo se está desarrollando
el Plan de Catedrales?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tabuyo.
Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, como bien decía, la conservación y el sostenimiento del patrimonio histórico de los españoles es una asunto de capital importancia, especialmente para nuestro país, al que deben concurrir y concurren, de hecho, la responsabilidad de
todas las administraciones públicas, porque somos el segundo país con el mayor número de declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y porque tenemos el conjunto de catedrales seguramente más notable de toda Europa.
Son 79 catedrales,
son monumentos únicos y excepcionales, más allá del valor litúrgico y devocional para los católicos, porque en ellas se concitan a veces el epicentro de una ciudad y toda la trama urbanística y seguramente la superposición de estilos y de la mejor
arquitectura de nuestro país y naturalmente la memoria de la historia de casi todas nuestras ciudades. Esa es la razón por la que en lo que llevamos de legislatura ya hemos invertido solo desde el Ministerio de Cultura 11.400.000 euros en 28
catedrales. Hemos hecho un esfuerzo importante no solamente en los presupuestos del Ministerio de Cultura, que acumulan más de un 25 por ciento de crecimiento en tres ejercicios presupuestarios; también otros ministerios, en aplicación legal del 1
por ciento de la Ley de Patrimonio Histórico, han hecho un esfuerzo notable; me refiero a los ministerios de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente. Este año hemos tomado una decisión capital en coordinación con la Conferencia Episcopal para trabajar
en otras 41 catedrales más, de forma que prácticamente las abarcaremos todas, y es asumir en exclusividad por el Ministerio de Cultura en sus partidas presupuestarias correspondientes el Plan de Catedrales en nuestro país por valor de casi otros 12
millones de euros, como usted decía, lo que supone un 47 por ciento de crecimiento. Lo haremos porque de esta manera seremos más coherentes cuando hablamos de proteger estos monumentos, dado que el proceso del 1 por ciento es mucho más complicado,
a veces también más lento, y porque somos conscientes de que una vez que prácticamente todas nuestras catedrales tienen un plan director, que es el instrumento técnico que de verdad las protege, el compromiso en los Presupuestos Generales del Estado
y por tanto del Gobierno de nación es absoluto y rotundo después de esta decisión que tomamos en los presupuestos para 2007. Con ello acumulamos casi 24 millones de euros. Hemos hecho un ejercicio fehaciente y práctico del compromiso por las
catedrales en este país, que es algo así como el compromiso por la red más importante del patrimonio histórico y por una ayuda notabilísima a lo que denominamos el turismo cultural, la visita cultural a España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN JUANES BARCIELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL PORTAL DE LA DANZA? (Número de expediente 180/001551.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carmen Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, con la intención de avanzar en la promoción de la danza en España el Ministerio de Cultura, a través del Inaem, puso en marcha el pasado 17 de enero un portal dedicado a esta manifestación artística. Es una prueba
fehaciente del interés de su ministerio por dinamizar y favorecer esta actividad artística y creativa de uno de los activos de la cultura española: los profesionales de la danza. Desarrollar procesos de divulgación de este tipo necesita la
intervención del poder público y este portal es un bien público abierto a todos, sin limitación de estilos. Por eso desde mi grupo le damos la
bienvenida a la creación de esta plataforma en Internet, no solo por su finalidad divulgativa, informativa o promocional, sino porque es un servicio para impulsar la danza e incrementar su proyección dentro y fuera de nuestras fronteras.
Todos sabemos que en las últimas décadas España ha dado una prodigiosa generación de coreógrafos y bailarines profesionales que dejan su huella en todo el mundo, y este portal es una herramienta para que estos trabajos se den a conocer aún
más. Con este dominio, que es un lugar de encuentro para artistas y profesionales, se pretende, por un lado, atender a las necesidades de los profesionales españoles que trabajan en este medio para que puedan encontrar información más útil para su
trabajo y tengan la posibilidad de entrar en contacto con otros profesionales para incorporarse a distintos proyectos; por otro lado, pretende también ser un instrumento más útil que facilite toda aquella información que interese a los amantes de
la danza. Por cierto, este portal se ha convertido en poco tiempo en uno de los sitios web más visitados entre los dedicados a la cultura. Por tanto, el balance hasta ahora refleja un éxito que supera con creces las previsiones realizadas antes de
la puesta en marcha de danza.es. De ahí el sentido de mi pregunta, ¿qué valoración hace el Gobierno sobre el portal de la danza?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, el portal de la danza -danza.es- es un servicio público en Internet del Ministerio de Cultura y, por tanto, una notable novedad; una novedad importante en el ámbito de la danza española por las razones que usted apuntaba, porque es
más importante captar más público para la danza, dado el nivel de la danza en todos sus estilos en nuestro país, porque es importante que se programe más y mejor en la red de teatros de nuestro país y porque es importante exportar, en las mejores
condiciones posibles, la información que permita estar en los circuitos internacionales a nuestras compañías de danza.
Hemos hecho un esfuerzo notable con un servicio técnico específico en el Inaem para nutrir de contenidos y de información este portal. Es un portal que en este momento, con diez meses de funcionamiento, tiene 572 profesionales actuando
permanentemente. Hemos hecho un DVD en el que hemos introducido información sobre cuarenta compañías españolas y que hemos lanzado a 1.800 puntos de destino abarcando 54 países, lo que ha significado un mejor conocimiento, una mayor contratación y
una importante publicidad desde el Ministerio de Cultura de las compañías privadas de danza. Estamos en este momento haciendo un balance a mes de febrero y hemos pasado de los 15 Gb a 31 Gb en el funcionamiento del portal danza.es. Eso significa
muchísimo si tenemos en cuenta que el promedio suele estar en unos 4 Gb de cualquier portal que se utilice en Internet en este momento. Trabajaremos en esta dirección porque hemos conseguido un instrumento moderno y ágil en el que las compañías
privadas encuentran información y los profesionales actúan a través del mismo portal para alcanzar acuerdos que después suponen, repito, la captación de más programación y de más y mejor formación del público en la danza de nuestro país. En los
próximos meses -no tardaremos más de dos- haremos otro DVD. Volveremos a lanzarlo con otras cuarenta compañías, con lo cual habremos abarcado ochenta en prácticamente poco más de un año y las habremos colocado nuevamente en otros 1.800 puntos de
destino, abarcando prácticamente todos los países a los que nuestras compañías pueden ir y habremos prestado un gran servicio desde lo público a la iniciativa privada -por cierto, esplendorosa- que la danza española tiene hoy en día. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ MEDIDAS LEGALES HA TOMADO EL GOBIERNO PARA QUE NO VUELVAN A REPETIRSE LOS PRESUNTOS HECHOS
DELICTIVOS EN RELACIÓN CON EL CASO AFINSA Y FÓRUM EN OTRAS EMPRESAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS? (Número de expediente 180/001516.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Sanidad y Consumo.
En primer lugar la de don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora ministra, ¿qué medidas legales ha tomado el Gobierno para que no vuelvan a repetirse hechos tales como los ocurridos en Afinsa y Fórum en otras empresas de características similares?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, el pasado 25 de mayo el Pleno de esta Cámara aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno a diversas actuaciones y, entre ellas, la de complementar el marco legal al que se deben someter las entidades que
actúan en bienes tangibles. En este sentido, los servicios jurídicos y técnicos de los ministerios de Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda están estudiando alternativas en el marco del punto 4 de la moción que habrán de ser aprobadas en una
norma con rango legal y cuyo proyecto tiene intención el Gobierno presentarlo a lo largo de este trimestre. Esta actuación es una más de las que ya se están llevando
a cabo en desarrollo de la moción, como la apertura de la ventanilla única judicial, la colaboración con las comunidades autónomas o la aprobación del Real Decreto 613/2006, de 19 de mayo, mediante el que se asignaron dos millones de euros
para contribuir a la financiación de los gastos de asesoramiento, atención telefónica personalizada, gestión de documentación y apoyo a la representación y defensa de los afectados.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, por favor.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo comprendo que usted está hoy contestando esta pregunta porque el vicepresidente económico, señor Solbes, no ha querido contestarla a pesar de que dice que es el competente por ser una cuestión financiera.
Señora ministra, la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva -primera ley que reguló este sector y que fue hecha por el Partido Popular- fue buena; y no lo digo yo, lo dice el 'Diario de Sesiones' en palabras de los portavoces
socialistas. Esa ley decía que el Gobierno tenía que desarrollarla, después de las elecciones generales ese Gobierno era el del Partido Socialista, y usted, señora ministra, puesto que su ministerio era el competente, en dos años no desarrolló en
absoluto la ley. Por su falta de competencia y su inoperatividad usted ha abandonado y ha arruinado a más de 400.000 familias españolas con pocos recursos económicos. Además, la actuación de la Agencia Tributaria fue una intervención mediática
para evitar el conocimiento y el despliegue en relación con una sentencia de un ex ministro que luego ha toreado a todo el Partido Socialista con cierta candidatura, y ustedes decidieron llevar a cabo la intervención el mismo día que se conocía la
sentencia del caso Bono. Ha sido la primera intervención donde no se ha permitido que se siga con la actividad comercial y la actividad de las empresas. Sea de quien sea la competencia, sea financiera o sea comercial, la falta de control es
responsabilidad del ministro Solbes o suya, señora ministra. Y le auguro -lo dijo la propia inspectora de la Agencia Tributaria- que va a haber responsabilidad patrimonial del Estado, que como mínimo va a ser de 125.000 millones de las antiguas
pesetas, y eso por culpa de su negligencia y su incapacidad para gestionar este asunto. Es más, señora ministra, no es de recibo que ahora diga que están ustedes trabajando en desarrollar una ley por una moción que se vio en el Pleno de esta
Cámara, porque ha tenido más de dos años para llevarlo a cabo. Le exigimos que adopte medidas urgentes para los afectados, porque si no lo hacen ustedes lo hará el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, las competencias de desarrollo de esa ley corresponden a las comunidades autónomas y se refieren únicamente a los aspectos de publicidad o información. En todo caso, el criterio del Gobierno es que las sociedades
que operan en el sector de bienes tangibles no son empresas de servicio e inversión ni instituciones de inversión colectiva. Por tanto, lo que hay que hacer es complementar el marco legal -no se trata de un desarrollo, hace falta una norma con
rango de legal- para aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos con medidas como convertir en obligatorias las garantías -cuyo ofrecimiento a los consumidores es voluntario-, para mejorar los mecanismos de
información y publicidad sobre el sector y sobre la situación de las empresas que operan en él, y también para articular las medidas de control de estas actividades que ustedes no articularon, incluida entre ellas la creación de un registro
obligatorio de estas empresas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE LA ELABORACIÓN DEL REAL DECRETO 1146/2006, DE 6
DE OCTUBRE, PROPUESTO CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, CONTRIBUIRÁ A LA MEJORA DE LA FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS RESIDENTES (MIR)? (Número de expediente 180/001552.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Mercedes Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la formación especializada de los profesionales sanitarios a lo largo de su historia ha estado regulada por diferentes reales decretos y leyes, y la última ha sido la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la cual
ya en el año 2003 establecía que el Gobierno regularizaría mediante real decreto la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud.
No olvidemos la situación especial de estos profesionales, los
cuales previamente han tenido que presentarse a un examen oposición que les va a permitir adquirir en un periodo de tiempo la formación especializada que posteriormente les servirá para su desarrollo profesional y, a su vez, permite a las distintas
comunidades autónomas beneficiarse del grado de excelencia y formación
de los mismos. Además de adquirir conocimiento, y mientras están formándose, están a su vez beneficiando al centro que los sustenta, presentando una doble relación, una que es puramente formativa y la otra laboral. Es en este doble vínculo
donde radica la mayor parte de los problemas, porque por un lado adquieren conocimientos y aptitudes que les permitirán adquirir el título de médico especialista mientras que por otro benefician a los centros sanitarios y a las comunidades autónomas
donde realizan sus funciones formativas y laborales. Se trata pues de trabajadores de la salud que están en periodo de formación y que además tienen la doble relación con el Ministerio de Sanidad y Consumo y con el Ministerio de Educación además de
con los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas, sin dejar por ello de ser trabajadores con plenos derechos. Era necesario analizar en profundidad tanto los aspectos puramente formativos como los laborales para tratar con
justicia social y solidaridad a estos profesionales. Por primera vez ha tenido que ser un Gobierno socialista el que ha tenido el coraje de abordar estas condiciones laborales y económicas, y es en este mismo sentido y por la importancia de los
aspectos formativos que le pregunto: ¿cómo contribuirá el real decreto a mejorar la formación de los profesionales de ciencias de la salud?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente la regulación de las condiciones laborales ha culminado con la aprobación del Real Decreto 1146/2006, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 7 de octubre. Por tanto nuestros esfuerzos se centran ahora en regular los
aspectos formativos, un compromiso adquirido por mi departamento y ratificado por el pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del día 13 de septiembre de 2006. Por eso en junio ya se constituyó un grupo de trabajo
específico en el seno de la comisión de formación especializada, que se ha reunido en varias ocasiones. Gracias a él mi departamento y el Ministerio de Educación y Ciencia van a presentar en plazo muy breve una propuesta a la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud, propuesta que se va a centrar en las cuatro grandes líneas que le indico La primera es la definición de cada título de especialista y de sus características. La segunda es la reforma de los órganos docentes,
personales y colegiados, actualizando el concepto de unidad docente, incorporando criterios de multidisciplinariedad y multiprofesionalidad, regulando la composición de la comisión de docencia, estableciendo líneas de responsabilidad progresiva de
los residentes y creando figuras como los tutores de apoyo o los colaboradores docentes. La tercera va a regular la evaluación del proceso formativo, contemplando comités de evaluación, criterios sobre planes de calidad y la propia evaluación
continuada, la evaluación anual y la evaluación final. Por último, se va a regular el Libro de los residentes como un instrumento necesario para el seguimiento y control del periodo formativo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿PUEDE INFORMARNOS EL GOBIERNO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SESIÓN CONJUNTA DE
MINISTRAS DE SANIDAD QUE RECIENTEMENTE SE HA CELEBRADO EN MOZAMBIQUE? (Número de expediente 180/001553.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Rosario Fátima Aburto Baselga.
La señora ABURTO BASELGA: Ministra, lo siento, quizá no vaya muy de acuerdo con la pregunta, pero quiero felicitarla por los presupuestos, en la parte que le toca, porque son un ejemplo de la coordinación, de la equidad y de la protección
de la salud. Enhorabuena. Quiero también expresar mi satisfacción por comprobar que África está en la agenda política en todos sus aspectos, no solamente en Asuntos Exteriores, porque ha sido siempre la gran olvidada a pesar de ser un continente
vecino que sufre los problemas de la descolonización europea; así como que el Gobierno socialista luche por la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, y en este caso en el de la salud al que usted, ministra, fue a defender en la Conferencia
Extraordinaria de Ministros de Salud en África, concretamente en la Red Mundial de Ministras de Salud que usted copreside y que trató sobre salud sexual y reproductiva.
Es evidente que la desigualdad entre hombres y mujeres es mucho mayor y mucho más acusada en los países menos desarrollados, y dentro de ellos los problemas fundamentales son la desigualdad en educación y salud; en educación, por lo que
supone de pérdida de futuro, propio de la mujer, pero también para la sociedad donde vive; y en salud porque atenta contra su propia vida, como demuestran los hechos de que la mitad de las muertes maternoinfantiles del mundo se producen en África,
y porque entre un 20-30 por ciento de las mujeres embarazadas africanas están infectadas con el virus del sida, una pandemia que está dejando sin generación productiva a ese continente y huérfanos a millones de niños africanosPor tanto, resulta de
evidente interés preguntarle por los resultados obtenidos en la sesión conjunta de ministras de Sanidad que recientemente se ha celebrado en Mozambique, y en la que usted jugó un papel preponderante, junto con otra gran figura, Mary Robinson.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la reunión celebrada en Maputo tenía por objeto el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva integrales en África y se intentaba establecer allí por primera vez un plan de acción para remitirlo a los jefes de
Estado y de Gobierno de los países que integran la Unión Africana. En este marco, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, el Consejo de Mujeres Líderes y la organización Violence and Rights organizaron
una sesión plenaria en la que la señora Mary Robinson y yo misma, como copresidenta de la red de ministras de Salud, presentamos la iniciativa de salud de las mujeres del Consejo Mundial de Mujeres Líderes. Mi intervención se centró en la necesidad
de plantear una alianza mundial que aporte soluciones a los problemas de salud de las mujeres africanas, porque ellas sufren de forma dramática las secuelas de la pobreza, son discriminadas en todos los ámbitos, continúan sufriendo en muchos países
la mutilación genital, son más susceptibles a las enfermedades de transmisión sexual y cada embarazo y cada parto ponen en riesgo sus vidas. Los esfuerzos hechos para paliar esta situación no han sido suficientes y por eso los ministros y ministras
de Salud deben desarrollar medidas orientadas a la salud de las mujeres trabajando con otras instituciones públicas y privadas. El Consejo Mundial ha impulsado por eso una red de ministras de Salud que pretende promover políticas innovadoras y
fortalecer los sistemas sanitarios locales para mejorar la salud maternoinfantil.
Señoría, tengo la satisfacción de decirle que el acuerdo principal de esa Conferencia de ministros y ministras de Salud celebrada en Maputo fue aprobar por primera vez un plan de acción para la puesta en marcha de la estrategia de salud
sexual y reproductiva en África entre los años 2007 y 2010, con compromisos concretos que van a verse favorecidos por aportaciones públicas y privadas entre las que no puedo dejar de mencionar la de la Fundación Bill and Melinda Gates, que intenta
solucionar parte de los problemas que los presupuestos de los países africanos no llegan a solventar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO JUANEDA ZARAGOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CÓMO PIENSA RESOLVER EL PROGRAMA A.G.U.A. EL PROBLEMA HISTÓRICO DE LAS
INUNDACIONES EN ALGUNOS BARRIOS DE CARTAGENA? (Número de expediente 180/001554.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente de la diputada doña María Rosario Juaneda.
Adelante.
La señora JUANEDA ZARAGOZA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la nueva política de agua que desarrolla el Gobierno socialista de España está suponiendo para la región de Murcia la aplicación del programa de inversiones más ambicioso que jamás ha conocido esta región en materia de agua.
Ayer mismo la prensa regional, que nadie podrá decir que controlemos los socialistas, decía que Murcia es la región con mayor inversión por habitante del Ministerio de Medio Ambiente, algo que mi región no había conocido en los ocho años de Gobierno
popular; Gobierno que ni siquiera dejó hechos los planes de sequía previstos para junio de 2003 ni las medidas de actuación, que afortunadamente el Gobierno socialista sí ha acometido. En esta región de Murcia eminentemente seca paradójicamente se
producen cada cierto tiempo lluvias extremadamente violentas que provocan peligrosas inundaciones. El siglo XX se inició y se despidió con graves inundaciones en Cartagena. En el año 1919 la conocida como inundación de San Miguel hizo que el agua
subiera en la ciudad hasta una altura de tres metros, provocando gravísimas pérdidas, y la última, aún muy cercana en el tiempo -octubre de 2000-, se cebó en las ciudades de Lorca y Cartagena. En esta última, la rambla de Benipila, con un caudal de
600 metros cúbicos/segundo, arrolló todo lo que había a su paso y se salió de cauce inundando amplias zonas de barrios y diputaciones cartageneras. Los daños materiales fueron muy cuantiosos y hubo que lamentar víctimas humanas. Por cierto,
señorías, cuando un año después y al no haber recibido ayudas del Gobierno de Aznar preguntamos al Gobierno autonómico del Partido Popular murciano por las ayudas de Madrid, la respuesta fue que se aprobó el Real Decreto-ley de 6 de abril de 2001
por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños de las inundaciones en varias provincias, medidas urgentes seis meses después y de las que un año más tarde aún no sabíamos nada. Hay más, en 2003, dos años largos después de aquel
desastre, esta diputada preguntó aquí, en el Congreso, qué indemnizaciones se concedieron en Cartagena a raíz de aquella inundación, y la respuesta del Gobierno de España del Partido Popular fue que hubo noventa solicitudes de subvención al amparo
de la Orden de 18 de marzo de 1993, y que fueron tramitadas y denegadas por no cumplir los requisitos.
Burocracia, 10; responsabilidad, 0. Las ayudas pasaron de largo, pero el problema quedó; ocho años de Gobierno popular en los que no se
acometió ninguna actuación. Señora ministra, los interceptores de pluviales de Cartagena han sido una asignatura pendiente que nunca aprobó el PP y que su ministerio va a afrontar. Usted, señora ministra, no solo da la cara, sino que pone el
dinero, y eso no lo puede negar
siquiera la parte más reaccionaria del Partido Popular murciano. Por eso le pregunto cómo piensa resolver el programa AGUA...
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, como usted bien señala, el programa AGUA para las cuencas mediterráneas tiene contemplada y adjudicada ya una inversión de 23,4 millones de euros aprobada en el consejo de administración de la sociedad pública Acuamed el pasado 18
de septiembre, una inversión para construir esos interceptores de las aguas pluviales en Cartagena que evitarán daños como a los que usted se refería hace un momento y que van a beneficiar a una población de unas 40.000 personas en los barrios de
Concepción y de Hispanoamérica, a la urbanización del Mediterráneo, a los Dolores, es decir a un conjunto de barriadas importantes de Cartagena. Hay que tener en cuenta que el desarrollo urbano de Cartagena en parte se ha realizado sobre una laguna
desecada interrumpiendo ramblas naturales o transformando de manera significativa su recorrido -es el caso de la rambla de Benipila y alguna otra-, y lógicamente todo ello requiere ese esfuerzo de inversión que este Gobierno está haciendo en el
contexto del programa AGUA para las cuencas mediterráneas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE EL GOBIERNO INFORMARNOS SOBRE LAS INICIATIVAS PARA ALCANZAR UN NIVEL SALUDABLE DE
CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001555.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María del Carmen Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en la actualidad es un hecho constatado la importancia de la calidad del aire en la salud de los ciudadanos. Dicho de otra manera, según la Organización Mundial de la Salud, debido a la contaminación del aire mueren más de
dos millones de personas cada año, y la mitad de las víctimas se produce en los países desarrollados. En nuestro país, según un estudio de la Comisión Europea, se producen al año en torno a 16.000 muertes prematuras, pero la contaminación del aire
en las grandes ciudades es responsable además de la reducción de la esperanza de vida, así como de la aparición de patologías asociadas, como el asma, la bronquitis o las enfermedades pulmonares y cardiovasculares crónicas, además de perjudicar al
desarrollo de la capacidad pulmonar de los niños.
El Ministerio de Medio Ambiente en esta legislatura ha puesto en marcha iniciativas fundamentales con relación al cambio climático, al desarrollo sostenible de las ciudades y a la mejora de la
calidad del aire. Por todo ello, desde el Grupo Socialista queremos que nos informe de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno para alcanzar un nivel saludable de la calidad del aire en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, la iniciativa más importante del Ministerio de Medio Ambiente es la elaboración de un anteproyecto de ley de calidad del aire y protección de la atmósfera que va a sustituir en nuestro país a una ley todavía en vigor, nada menos que
del año 1972. La Ley vigente de Protección de la Atmósfera es, obviamente, una norma obsoleta, preconstitucional, preautonómica y que nada tiene que ver con el ordenamiento jurídico europeo. Por ello hemos planteado ya a la Conferencia sectorial
de Medio Ambiente, tras su informe positivo por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente, este anteproyecto. En la pasada reunión de la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, celebrada el 6 de octubre en Barcelona, tuvo lugar la aprobación del
texto que ahora inicia su recorrido en el Consejo de Estado, cuyo informe es preceptivo por tratarse, entre otras cuestiones, de trasposición de directivas europeas. Esta es una norma que exigirá de las comunidades autónomas mecanismos de
evaluación permanente de la situación de la contaminación atmosférica en nuestro país, de acuerdo con los niveles exigidos a escala europea, conforme a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud. Se trata por tanto de una evaluación
periódica para contrastar la distancia, o la superación en su caso, con los objetivos de calidad del aire, y la norma especifica que eso comportará, una zonificación en el territorio de acuerdo con los niveles de contaminación atmosférica,
zonificación que deberá ser tenida en cuenta entre otras en la ordenación del territorio y el urbanismo. Si se superan los niveles recomendables de calidad del aire, si hay una contaminación superior a la fijada en las normas europeas, se deberán
establecer por las comunidades autónomas, entre otras medidas, planes de movilidad en las ciudades para la adecuada reducción y control del tráfico automovilístico, que es sin ninguna duda uno de los focos más importantes de ese problema de mala
calidad del aire que, como usted muy bien señalaba, incide muy negativamente sobre la salud de los ciudadanos.
Por ello, puedo informar también de que, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha puesto en marcha un estudio sobre
la incidencia de la contaminación atmosférica sobre la salud infantil, que está llevando a cabo el Instituto Carlos III.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON JOSEP ANDREU DOMINGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS REALES POR LOS QUE SE ANULÓ LA CUMBRE EUROPEA DE VIVIENDA? (Número de
expediente 180/001542.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Vivienda de don Josep Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en referencia a la pregunta que antes han formulado al presidente del Gobierno y que trataba sobre esta misma cuestión, cuando los dioses hablan a través de sus oráculos muchas veces los humanos no entendemos sus respuestas.
Esto lo digo, señora ministra, como puede imaginarse, porque no he entendido ni los argumentos ni los alcances del permanente pretendiente a príncipe de Maquiavelo y a otros cargos del Reino de España.
Señora ministra, ¿el día 9 de octubre fue convocado su ministerio a una Junta de Seguridad de Cataluña para tratar de la 17ª reunión de los ministros de Vivienda de la Unión Europea? ¿Fueron los representantes del Ministerio de Vivienda o
los tres cuerpos de seguridad implicados -Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional- quienes informaron y desaconsejaron la celebración de la cumbre? ¿Alguien se refirió a que en los días 16 y 17 de octubre había campaña electoral en
Cataluña y que, por lo tanto, eran estos los motivos reales de suspender la reunión?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted conoce -me consta-, como se manifestó por el ministro competente en materia de seguridad en su día y como esta tarde ha tenido la oportunidad de escuchar en este mismo salón de plenos, las razones no fueron otras que las
de seguridad, adoptadas expresamente y por unanimidad y nunca se ha hablado de una suspensión o de una anulación, sino de un aplazamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, por favor.
El señor ANDREU DOMINGO: Señora ministra, comprendo que a su ministerio el que se suspendiera una reunión, que como mínimo debía llevar un año de preparación, le causara un quebranto. ¿Los motivos reales son los motivos de seguridad? ¿Los
tres cuerpos de seguridad implicados no pueden garantizar el orden de la cumbre? Esta no es la situación real de Cataluña. Además, no entiendo manifestaciones como las del Gobierno de la Generalitat o las del Ayuntamiento de Barcelona que plantean
textualmente cuestiones tan graves... se ha falsificado el acta.
El señor PRESIDENTE: Se ha acabado su tiempo, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Señoría, le reitero que la recomendación expresa y unánime de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de todos los responsables políticos de las administraciones representadas,
fue solicitar por razones de seguridad el aplazamiento de la cumbre. No ha sido una cumbre desconvocada ni anulada, sino solo aplazada. Señoría, es conveniente que sepa que se trata de una reunión informal de los responsables de vivienda,
desgraciadamente no todos ministros todavía en el ámbito de la Unión Europea, por lo que no estamos hablando de un Consejo de Ministros de la Unión Europea, sino de una reunión informal. Bien es cierto que se trata de una reunión que se celebra
semestralmente, un semestre para trabajar sobre políticas urbanas y otro semestre para trabajar sobre políticas de vivienda, con el objeto de incrementar el compromiso de la Unión Europea para un desarrollo urbano sostenible y también para conseguir
nuevas formas de gobernanza para la política de vivienda. La dimensión urbana forma parte de la política de cohesión, principalmente dentro del Objetivo 2, ayuda a la reconversión económica y social de las regiones, del programa Urban, del programa
Equal también en parte, y pretendemos que en los fondos estructurales 2007-2013, como ya se reconoce en el reglamento de estos fondos, se tenga en cuenta la dimensión urbana de las políticas de vivienda. Esta reunión fue decidida en marzo de 2005
en Praga, fue ofrecida al presidente de la Generalitat en diciembre de 2005 y se lleva un año trabajando para la celebración de esta cumbre. Hasta momentos antes de la celebración de la junta de seguridad, a la que fuimos invitados, se estaban
preparando las visitas a los barrios de Barcelona, que iban a ser visitados por las delegaciones correspondientes. Por tanto, tras la celebración de la junta, y aceptando la recomendación expresa de Fuerzas y Cuerpos y de las tres administraciones,
se decidió aplazar, circunstancia que en este momento se está trabajando para...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo siento.
-DEL DIPUTADO DON SANTIAGO LANZUELA MARINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CREE EL GOBIERNO QUE HA EVITADO QUE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS SEAN 'UN ELEMENTO DE
FRACTURA, DE CONFRONTACIÓN, DE DIVISIÓN O ENFRENTAMIENTO', COMO PROCLAMÓ EL SEÑOR RODRÍGUEZ ZAPATERO EN SU DISCURSO DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/001539.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Administraciones Públicas del diputado don Santiago Lanzuela.
El señor LANZUELA MARINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hasta la llegada del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero todos los estatutos de autonomía habían sido aprobados y modificados en su caso con al menos el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales.
En el discurso de
investidura el señor Rodríguez Zapatero, en una de las partes que yo considero claves de aquella intervención, dijo entre otras cosas refiriéndose a las posibles reformas estatutarias que una reforma estatutaria solo tendría sentido si se
incrementaba la cohesión social y nunca si era un elemento de fractura, de confrontación, de división o enfrentamiento en el seno de una comunidad. ¿Cree usted, señor ministro, que el Gobierno ha evitado con este proceso abierto desde la llegada de
su Gobierno, en primer lugar con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aquellas cuestiones en las que el señor Rodríguez Zapatero negaba la posibilidad de una reforma estatutaria?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Sí, claramente sí. El Gobierno ha puesto condiciones a las reformas estatutarias, una de las cuales era que vinieran con un amplio apoyo de los parlamentos de las comunidades autónomas. Eso ha sido así en el caso de las cinco reformas que
se han tramitado o que están en proceso de tramitación en este Parlamento, y lo que hay que hacer es plantearse si ustedes desde que están en la oposición lo han intentado al menos en una de ellas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, por favor.
El señor LANZUELA MARINA: Muchas gracias, señor ministro.
Ya sabe el respeto y la dosis de afecto que le tengo y quería mostrarle hoy una preocupación que no solo es personal, sino que comparto con numerosos miembros de mi grupo y también con miembros del suyo, de que el proceso no va por el camino
adecuado. Si usted me dice que se han evitado las fracturas, las confrontaciones, las divisiones o el enfrentamiento, a las pruebas me remito. En Cataluña las fracturas son evidentes, para empezar con el propio Gobierno. En cualquier caso, le
quiero mostrar mi absoluta preocupación y la de muchos miembros de esta Cámara, no solo de mi grupo, por lo que está pasando con la financiación autonómica, por lo que está pasando con el proceso autonómico. Desde luego en lugar de parar, y
particularmente los dos grandes partidos, a meditar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos seguimos en una carrera que ya no tiene consenso, que ya no tiene acuerdo, y desde luego señor ministro, me gustaría que también -yo que he estado en el
lado de las autonomías- ahora hiciéramos un estatuto para el Estado, para lo que va quedando del Estado y particularmente para la Administración General, en la cual usted tiene una responsabilidad grande y además es muy conocedor como técnico...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lanzuela.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor Lanzuela. Agradezco su tono y crea que comparto la preocupación que manifiesta S.S., porque en democracia tan importante es saber estar en el Gobierno
como saber estar en el oposición y tanta responsabilidad se tiene estando en el Gobierno como estando en la oposición. Hemos pasado por el Pleno de esta Cámara cinco procesos de reformas estatutarias, de los cuales tres -uno de ellos el de Aragón-
han venido con amplio consenso entre los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular; otro, el de Andalucía, mañana lo veremos -parece que en su grupo todavía están discutiendo si son galgos o podencos-, y solo ha habido
problemas en uno, en el que toda la Cámara, menos ustedes, ha estado de acuerdo y era un proyecto que venía con el respaldo de más del 90 por ciento de los diputados del Parlamento catalán. Por tanto, a lo mejor el problema no lo tenemos todos los
demás, sino que lo tienen ustedes, porque han sobreactuado en el Estatuto catalán, porque han amenazado con determinado tipo de catástrofes que ni se han producido ni se van a producir y porque además han aceptado en otras reformas estatutarias
cosas que les han parecido inaceptables para el Estatuto catalán. Se ve que lo que es bueno para los valencianos, los aragoneses o los baleares no lo es, según su grupo, para los catalanes.
Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué se han
obcecado ustedes, como se han obcecado, en hacer inviable una reforma del Estatuto de Cataluña, con un amplio consenso en el Parlamento
catalán y con un amplio consenso en el Parlamento de la nación? Esa es la respuesta que tendrán que darse ustedes, desde luego si quieren volver al Gobierno en algún momento, pero en todo caso para seguir siendo una oposición democrática y
responsable. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA ES UN
TRÁNSFUGA? (Número de expediente 180/001541.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Rafael Antonio Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tránsfuga, según el diccionario de la Academia de la Lengua, es la persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que le presentó como candidato. Usted ha encabezado recientemente, hace tan solo
unos meses, la firma de una segunda adenda al Pacto antitransfuguismo de 1998, firmado por todos los partidos políticos que tiene representación en esta Cámara y que condena aún con más severidad estos hechos y cuyo objetivo, según usted, es el
aislamiento y erradicación definitivos de estos comportamientos. El artículo 1.º de esa adenda define perfectamente, y es diáfano en esto, las características de estos comportamientos y a estas personas y engloba claramente lo que ha sido la
actitud y el comportamiento tanto del presidente de la Diputación de Almería como del alcalde del municipio de El Ejido; por tanto ambos son dos tránsfugas. Sin embargo, el Partido Socialista de Almería ha decidido que no se debe dar por enterado
y, por tanto, lleva dos años apoyando a estos tres tránsfugas en el mantenimiento del poder. También la subdelegación y el subdelegado, que de usted depende, ha realizado actos que violan claramente el artículo 2.º en lo que se refiere a actos de
régimen protocolario. Por eso es por lo que le pregunto a usted si considera que el presidente de la Diputación de Almería es un tránsfuga.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señor presidente, muchas gracias.
Como S.S. sabe o debe saber, entre las tareas, responsabilidades y actividades del Gobierno objeto de control parlamentario no figura la de señalar con el dedo quién es tránsfuga y quién no lo es. Para eso existe -y usted lo ha señalado-
un pacto entre partidos, que se comprometen a actuar en aquellos casos en los que los partidos firmantes del pacto llegan a un consenso respecto a si una situación determinada, en un ayuntamiento determinado, es o no un caso de transfuguismo. Como
ministro de Administraciones Públicas presido la Comisión antitransfuguismo y le aseguro que en estos dos años y medio hemos visto muchos casos; no tantos como a veces se quiere hacer trascender a la opinión pública, pero muchos casos. En algunos
ha habido acuerdo unánime de todos los partidos en que era un claro transfuguismo y se han tomado medidas al respecto, aunque en otros no lo ha habido. Ha habido muchos casos en los cuales no todos los partidos políticos firmantes del pacto han
estado de acuerdo con que eso era un caso de transfuguismo. En esas situaciones no se pueden tomar medidas por parte de los partidos firmantes del pacto, razón por la cual propuse la creación de una especie de comisión de arbitraje, que estamos
ultimando y que firmaremos seguramente en la próxima reunión. El caso de Almería se ha visto dos veces en la Comisión antitransfuguismo y le puedo asegurar -ahí están las actas para demostrarlo y el representante de su partido que asiste a ella-
que no se llegó a un acuerdo al respecto.
Ocurrió en otros casos, en el de León, por ejemplo, en el que todos los partidos creyeron que el Partido Popular se hizo con la alcaldía gracias a un transfuguismo y el Partido Popular no lo veía igual.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor ministro, ya que usted no lo va a hacer, permítame que me sonroje por usted después de haber tenido la intervención que ha tenido. El transfuguismo es una patología y empieza a ser una patología en ustedes
no cumplir los pactos: No cumplen el Pacto por las libertades (Una señora diputada: ¡Ay!), ni el Pacto por la justicia y ahora tampoco el Pacto antitransfuguismo. Esto es una indecencia antidemocrática que se ha producido hace tan solo 15 días y
lo ha protagonizado el subdelegado del Gobierno, que depende de usted y por lo tanto le hace a usted responsable primario de este tipo de actitudes.
(El señor Hernando Fraile muestra la fotografía de la página de un periódico.) Usted no puede
permitir que el subdelegado del Gobierno en Almería trate a estos tránsfugas al máximo nivel protocolario y que encima se haga escoltar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para blanquear lo que es el transfuguismo. Usted tiene que
tomar medidas inmediatamente porque usted preside esa comisión. Por favor, no intente echar balones fuera. Deje usted de lavarse las manos y pídale a su partido que tome medidas, que tenga la decencia política de colocar a los tránsfugas en su
sitio y, por tanto, de aplicar medidas para condenar estos actos para siempre. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señoría, le aseguro que no echo balones fuera, pero no intento romper cristales,
como está haciendo su señoría. Si de verdad sabe lo que es el Pacto antitransfuguismo, si de verdad supiera cuál es el papel institucional que ahí se le reconoce al Gobierno, que es poner la sede y poner la secretaría, no me estaría usted
haciendo esta pregunta. Me parece que S.S. está queriendo traer aquí un problema que ustedes han tenido en su partido en Almería, que no han sido capaces de resolverlo y que, de nuevo, están queriendo arrasar con todo, con tal de salirse con la
suya; cosa que no nos extraña después de ver lo que están queriendo hacer con el 11-M. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SALOM COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿DESDE CUÁNDO CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA INMIGRACIÓN ES UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE DEBE
SER CONSENSUADA CON TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS? (Número de expediente 180/001537.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de doña María Salom. Adelante.
La señora SALOM COLL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿desde cuándo considera el Gobierno que la inmigración es una política de Estado que debe ser consensuada con todas las formaciones políticas?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señora diputada, el Gobierno considera que esta es una materia objeto de diálogo desde siempre, pero no solo con las fuerzas políticas, también con las
organizaciones no gubernamentales, con los interlocutores sociales, con la Iglesia, con todos ellos hemos dialogado y acordado las normas que aplicamos en inmigración, salvo con ustedes que se han excluido como siempre. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Salom, adelante.
La señora SALOM COLL: Señor ministro, los hechos demuestran lo contrario.
Cuando ustedes llegaron al Gobierno ya existía un acuerdo que, precisamente por la regularización masiva, se rompió. Su Gobierno ha ido por libre en política de
inmigración y el proceso de regularización ha sido un fracaso. ¿O no ha sido un fracaso la avalancha de cayucos? ¿O no ha sido un fracaso el asalto a la valla de Melilla o el reguero de inmigrantes que a diario cruzan la frontera de Francia o el
descontrol en los aeropuertos o las más de 3.000 personas que han muerto intentando llegar a las costas españolas? Para los ciudadanos españoles la inmigración ha pasado de no contar a ser el primer problema, señor ministro. España hoy está
desbordada con la inmigración ilegal. Lo que debería ser hoy una oportunidad para muchísimas personas se está convirtiendo en una pesadilla. Vemos cómo ahora el señor Zapatero, que está asustado, que está con el agua al cuello, pide un pacto en
materia de inmigración, cuando ha estado dos años sin querer negociar ni acordar nada con el Partido Popular. El señor Zapatero estaba tan seguro del éxito de su proceso de regularización masiva que no quiso compartir la medalla con nadie y ahora
quieren colocarnos a los demás una mordaza para que no denunciemos el desastre que han provocado. No sean tan soberbios.
Si quieren un pacto, empiecen por reconocer los errores y rectifiquen.
Ustedes llevan dos años y medio rechazando todas las
iniciativas del Partido Popular. Ahora tienen cien medidas encima de la mesa y ¿qué hacen? Pretenden salir del paso creando una comisión de estudio. ¡Una comisión de estudio, señor ministro! En vez de proponer medidas, proponen esperar, ganar
tiempo, y precisamente tiempo es lo que no tienen los ciudadanos españoles. Pónganse las pilas en política de inmigración; tomen medidas: más controles, más presupuestos, señor Caldera. Ustedes dedican mucho menos presupuesto a inmigración que
cualquier comunidad autónoma. Usted, señor Caldera, es la máxima expresión de la ceguera política de este Gobierno y un Gobierno que no ve los problemas nunca podrá solucionarlos, ni siquiera con un pacto. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Como le he dicho, señoría, el Gobierno ha practicado el diálogo y hay un amplísimo consenso alrededor de la política de inmigración que hay que aplicar, que solo les excluye a ustedes, como siempre. (Rumores.) Estamos abiertos al diálogo y
a las ideas sensatas, no a la demagogia ni a la hipocresía, que es lo que ustedes practican. (Rumores.) La señora vicepresidenta la semana pasada ofreció a todos los grupos parlamentarios lo que siempre ha hecho: crear con un documento de base
según la política común de inmigración una subcomisión en este Parlamento. No creo que le parezca mal que el Parlamento trabaje en esta materia. (La señora Roldós Caballero: ¡A buenas horas!) Permítame que me exprese. (El señor Martínez-Pujalte
López: Si no se expresa, le ponen tipex.) Queremos tener una política lo más consensuada posible, no solo a nivel del Estado español sino también en Europa. Cuando ustedes gobernaban entró más gente ilegalmente que nunca en España -es evidente- y
por eso tuvimos que normalizar a los que estaban trabajando irregularmente. Sin embargo, en Europa esto no se vio como un desafío común. Ustedes no consiguieron implicar a la Unión Europea. Cuando estábamos en la oposición -yo era el portavoz del
grupo
parlamentario-, en los años 2000 y 2001 hubo múltiples declaraciones ofreciendo al Gobierno un acuerdo para resolver mediante un gran consenso el desafío futuro de la inmigración. Ustedes lo rechazaron sistemáticamente. Yo me reuní en dos
ocasiones con el señor Rajoy, entonces vicepresidente, y lo rechazaron, no quisieron hacerlo. Por alguna razón sería. Cuando llegamos al Gobierno, en septiembre del año 2004 el señor presidente del Gobierno se lo ofreció de nuevo al señor Rajoy.
Ustedes tampoco estuvieron interesados en ello. No lo hicieron.
Sus razones tendrían. Al menos, no mienta. (La señora Roldós Caballero: Déle con tipex.-Protestas.) Aquí hay un acuerdo para la aplicación del reglamento con todas las fuerzas
políticas de esta Cámara, con todas las ONG, con los interlocutores sociales. Si quieren, podrán trabajar en esta subcomisión del Congreso de los Diputados; si quieren, lo harán, pero me temo que, dada su actitud, se quedarán de nuevo solos en una
estrategia radical que solo busca una cosa: generar daños en la convivencia. Eso es lo que hacen ustedes. (Protestas.-Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA PASTOR JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿ESTÁ DISPUESTO EL GOBIERNO A ASUMIR EL COMPROMISO DE NO REALIZAR MÁS
REGULARIZACIONES MASIVAS DE INMIGRANTES ILEGALES? (Número de expediente 180/001538.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Ana María Pastor.
Adelante.
La señora PASTOR JULIÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿está dispuesto el Gobierno a asumir el compromiso de no realizar más regularizaciones masivas?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señora Pastor, le diré lo que desde luego no va a hacer el Gobierno. El Gobierno jamás hará regularizaciones masivas, como las que hicieron el señor Rajoy y usted, siendo su subsecretaria, sin contrato de trabajo, sin acuerdo social y con
una gestión desastrosa. Ni ahora ni nunca lo haremos. (Protestas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Señor ministro, después de escucharle tengo que preguntarle una cosa: ¿Es usted todavía el ministro de la inmigración? No he visto su cese en el BOE. No sé si usted sigue siendo el responsable de la política de
inmigración de este país. ¿Dónde estaba usted el miércoles 11, cuando la vicepresidenta le sustituía a usted en esta Cámara, o le desautorizaba, para reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios?
Señor Caldera, todos sabemos que a usted no le gusta la inmigración, no le gusta hablar de la inmigración, se le ha notado esta tarde. ¡Qué digo hablar! Actuar, planificar, resolver los problemas. ¿Dónde está el convenio con Senegal, señor
Caldera? Usted llega tarde, llega mal y llega a rastro. Hasta sus preguntas, señor Caldera, son las últimas. ¡Mira que es casualidad! Llega demasiado tarde al lugar de los problemas y deja pasar el tiempo mientras los problemas crecen. ¿Por qué
esperó a octubre para ir a Canarias? ¿Por qué no fue en agosto, señor Caldera? Como no está usted donde debe estar y como cuando va a donde debe estar llega tarde, llego a la conclusión de que el balance es tan malo porque usted no se entera. O
sí, o se entera y lo hace porque pretende que otro le resuelva la política de inmigración. Mire, señor Caldera, después de lo que le he oído esta tarde, usted sigue sin reconocer y admitir que tiene una crisis, la tiene usted personal y la tiene
institucional. (Rumores.) Tiene una crisis migratoria en este país. (Rumores.) Sí, sí. No se engañen ustedes. Yo tengo así de perlas de lo que usted lleva dicho en estos dos años y medio, no en dos años y medio, en seis años y medio.
Usted ha
dicho desde que somos la envidia de Europa hasta que no hay un efecto llamada, sino huida. Ha dicho usted de todo, pero mire, hay más irregulares que nunca, ha habido más muertos que nunca, más llegadas que nunca, más demanda de empleo que nunca.
Se han troceado las competencias, se ha generado un efecto llamada y esa es la normalidad a la que ustedes nos están sometiendo. Fíjese, hoy el convenio que tienen con Senegal es dar dinero a cambio de repatriaciones. El gran avance del Gobierno
es la subcomisión. ¿Para qué, señor Caldera? ¿Para que pase el tiempo? ¿Para que empeore con el tiempo?
El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.
La señora PASTOR JULIÁN: ¿Para que sus encuestas no le digan lo que le están diciendo? ¿Para hacer un diagnóstico? ¿Para qué, señor Caldera? Rectifiquen. Rectifique, señor Caldera. El problema son ustedes.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Preguntaba usted por las regularizaciones. Créame, señora Pastor, le diré algo. Yo nunca he visto una hipocresía y un cinismo moral tan grande como el que tiene su grupo, jamás. (La señora Roldós Caballero: ¿Con
tipex o sin tipex?) Yo admito que ustedes puedan criticar en cualquier esfera -política laboral, política social-, pero que jueguen con aspectos tan serios como los de la convivencia no lo entiendo ni puedo aceptarlo.
Ustedes fueron los
grandes regularizadores. Usted era la subsecretaria del ministro señor Rajoy. Cinco regularizaciones sin contrato de trabajo.
(La señora Pastor Julián: No es verdad.) Sí. ¿Cómo que no? (Rumores.) Para que siguieran trabajando en la ilegalidad.
Usted no habla de ello, ni de las 600.000 personas que nos dejaron trabajando ilegalmente en España y que a petición de empresarios y sindicatos nosotros normalizamos, porque ustedes saben muy bien, aunque lo ocultan, que tenían que estar en España
desde antes del 9 de agosto de 2004, cuando ustedes gobernaban. Ustedes que nos dejaron esa situación se atreven a poner en riesgo y a criticar ese proceso de legalización. Creo de verdad que no es aceptable. Miren, mientras ustedes critican la
inmigración -porque, en el fondo, es lo que están haciendo, criticarla-, el señor Güemes pide 500.000 inmigrantes más para trabajar en Madrid. Su compañera, que también se llama Pastor, que es la consejera de Inmigración de Baleares, utilizó el
proceso de normalización que yo dirigí, y por cierto lo hizo de forma irregular (Rumores.), para contratar (Rumores.) a una jefa de gabinete. (Rumores.) Sí, de modo irregular. Con estos precedentes, ¿cómo se atreven ustedes a buscar esos
enfrentamientos, que es lo que ustedes quieren provocar? (La señora Roldós Caballero: Los precedentes son los tuyos, falsificando documentos.) La tasa de empleo de las personas que fueron normalizadas en el proceso que yo dirigí es incluso
superior a la de los ciudadanos españoles y se mantienen todos ellos en el empleo.
Habla usted de repatriaciones. Pero ¿a quién repatriaron ustedes? A nadie.
¡Ah, sí! A Mali, una vez, y tuvieron que suspenderlo. (La señora Roldós Caballero: A Guinea Bissau.) Aquí se están efectuando repatriaciones en condiciones
humanitarias de la gente que ha llegado irregularmente a España. Lo saben muy bien y eso es lo que les molesta. Están buscando por tanto el conflicto. Como no gobiernan, dicen ustedes: Pues que se dañe la convivencia. Pero ni el Gobierno actual
ni los españoles se lo vamos a consentir, no lo dude. (Aplausos. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A LLEVAR A CABO PARA IMPLEMENTAR Y HACER EFECTIVA LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES Y/O MINORITARIAS EN NAVARRA BAJO LOS TÉRMINOS RECOMENDADOS POR
EL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA.
(Número de expediente 172/000226.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto III del orden del día, referente a las interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, en particular de la señora
Barkos, sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para implementar y hacer efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales y/o Minoritarias en Navarra bajo los términos recomendados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Señorías, como les decía, la diputada interpelante es la señora Barkos que desde este momento tiene por 12 minutos la palabra.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el tema que hoy que nos ocupa, que Nafarroa Bai trae a la Cámara en forma de interpelación urgente, ha sido tratado de una u otra manera en multitud de ocasiones y por diversos grupos a lo largo de esta legislatura. En lo
que respecta a esta diputada quiero recordarle que tomó forma de capítulo fundamental en el pasado debate sobre el estado de la Nación y que finalmente se sustanció en forma de resolución votada el pasado mes de junio por la mayoría de esta Cámara,
una votación positiva a la que se sumó -quiero recordar- el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno del señor ministro. En esta resolución el Congreso de los Diputados insta concretamente -y la leo muy rápidamente porque es breve- a reafirmar
el compromiso de la Administración General del Estado en el marco de sus competencias con la Carta europea de lenguas regionales y/o minoritarias, cumpliendo con las recomendaciones del Consejo Europeo con especial atención al euskera en Navarra.
Asimismo, insta a prestar especial atención a la enseñanza de esta lengua y al apoyo a los medios de comunicación que en la Comunidad Foral de Navarra trabajan en esta lengua y la difunden. En definitiva, buscábamos -y a ello se sumó la Cámara
Baja- una reafirmación del compromiso ya adquirido por el Estado con la Carta europea de las lenguas regionales y/o minoritarias por la vía positiva. Es decir, cuando ya se han conocido las recomendaciones que el Consejo Europeo hace a la luz del
informe de los expertos, un informe -y quiero dibujar el escenario en el que pretendo que trabajemos- que conocimos en septiembre de 2005. En este sentido, el primero de los documentos al que me refería, el informe de los expertos, es contundente,
he de decirlo, no es precisamente optimista ni positivo, con respecto al relato de la situación del euskera en Navarra y al trabajo que la Administración foral ha hecho estos últimos años al respecto. De esto podremos hablar, seguro que hablaremos,
en otro momento porque hoy no es el tema que nos ocupa. Lo que hoy nos atañe y el dato cierto es que el Consejo Europeo da por válidas las conclusiones y las asume a la hora de hacer las recomendaciones consiguientes. Por tanto, y para zanjar
cualquier polémica en torno a las conclusiones del comité de expertos, quiero adelantar
que tienen rango de diagnóstico de las instituciones europeas competentes, desde el momento en que estas las asumen para recomendar a los Estados firmantes acciones directas. Por cierto, que de estas seis recomendaciones en total, cuatro de
ellas están dirigidas de manera general o específica a Navarra, el 66 por ciento de las recomendaciones, señorías. No es cuestión baladí a la luz de la preocupación de las instituciones europeas y del comité científico encargado de la cuestión.
Señor ministro, este es el escenario de trabajo que tenemos. Vamos a desmenuzar ahora si le parece las recomendaciones del Consejo Europeo que afectan directamente a la Comunidad Foral de Navarra. La primera de ellas: que se tomen las
medidas jurídicas y prácticas necesarias para asegurar la aplicación de los compromisos contenidos en el artículo 9 de la Carta, asegurando en particular que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en este ámbito -hablamos del de la
justicia, competencia del Estado- en las comunidades autónomas a las que afecta la aplicación del artículo 9 de la Carta tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes. Justicia.
Segunda recomendación: examinen los programas de contratación de carrera y de formación destinados al personal de las dependencias de la Administración del Estado con miras a asegurar que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en
este ámbito de las comunidades autónomas a las que afecta la aplicación del artículo 10 de la Carta tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes, Administración del Estado y funcionarios que trabajan en la comunidad, en este caso en la
Comunidad Foral de Navarra.
Tercera de las medidas: que adopten un enfoque estructurado con miras a fomentar el uso del vascuence en los medios de comunicación electrónicos privados en el País Vasco y en los programas de radio y televisión, en general, en la Comunidad
Foral de Navarra. Se me ocurren varios casos de actuación por parte del Gobierno central. Hoy le voy a citar solo uno para ir adelantando: licencias para las televisiones locales que emiten íntegramente en euskera.
Cuarta recomendación: que contemplen la posibilidad de aplicar de forma apropiada la protección que brinda la parte tercera a la lengua vasca en la zona mixta, tal y como la define la legislación de Navarra. Bien, en este último punto
entramos en una materia un tanto más peculiar. Me va a alegar usted, señor ministro, que no puede invadir un ordenamiento que compete a la Administración foral. Me adelanto al posible y evidente argumento para afirmar que yo también estoy, por
descontado, absolutamente de acuerdo con usted. Ahora bien, eso no quita para que se busque una salida a un ordenamiento que no se comprende -lo dicen claramente en términos científicos la Carta y las recomendaciones- en términos científicos, que
no responde a lo que las autoridades europeas nos recomiendan y que, sobre todo, por encima de todo, se opone al deseo mayoritario y democráticamente expresado por la población sometida a este ordenamiento.
Le voy a leer un dato que hemos conocido muy recientemente, concretamente el día 10 de este mismo mes. El 71,7 por ciento de los ciudadanos de la comarca de Pamplona que reside en zona no vascófona quiere pasar a zona mixta, a zona
vascófona. Este es un dato que extraigo de un estudio sociolingüístico elaborado por el propio Gobierno de Navarra -uno no entiende muy bien-, a petición del Parlamento, y era presentado, como digo, por el consejero de Educación, don Luis Campoy,
el pasado día 10 de octubre. Usted me dirá otra vez que este cambio corresponde al Gobierno de Navarra y yo le respondo que sí, ¡que faltaba más!; pero también quiero recordarle, señor ministro, que su Gobierno debe ser garante del derecho de este
72 por ciento de ciudadanos, y otros muchos más, al euskera, en los términos en que nos propone la Carta europea de lenguas.
Este es, sin duda, el quehacer más difícil que les corresponde en torno al tema que nos ocupa. Por el contrario, hay otras
actuaciones que no necesitan de diplomacia interna ni de soluciones imaginativas ni de alternativas novedosas, basta, señor ministro, con actuar. Me estoy refiriendo a otras tres recomendaciones relativas a materias exclusivas de su Gobierno. Para
esto, ya conocemos una primera respuesta en forma, diría, por lo que he conocido, más que de alegaciones, de comentarios, que ha hecho el Gobierno central a las recomendaciones del Consejo y que tengo aquí.
Dicen ustedes, en primer lugar, que el Gobierno español estima oportuno recordar que los poderes públicos pueden y deben arbitrar fórmulas para facilitar e impulsar el fomento de las lenguas regionales o minoritarias, pero no se puede obviar
que la efectividad de estas medidas depende de la voluntaria aceptación de sus hablantes. Estoy de acuerdo, no en todo, por cierto, porque la recuperación de una lengua no se basa exclusivamente en la voluntad de sus hablantes, sino también en la
de aquellos ciudadanos que quieren aprenderla y hablarla o que quieren que sus hijos la hablen.
En cualquier caso, estamos de acuerdo en que la voluntad es condición indispensable; pero también es condición indispensable - y eso es lo que nos trae
hoy aquí- que los poderes públicos hagan posible que esa voluntad ciudadana pueda desarrollarse.
Dicen también al Consejo, en un segundo comentario o alegación, que en lo que hace referencia a la provisión de puestos de jueces y magistrados en las comunidades autónomas donde existe lengua cooficial, en cuanto a la valoración como mérito
y preferencia del conocimiento del idioma, el Tribunal Constitucional no lo considera requisito esencial o excluyente.
Por elevación, he de decirle que si hemos de llegar al Constitucional para convenir que las lenguas cooficiales del Estado no
pueden ser elemento excluyente, no hace falta, estamos todos de acuerdo. Pero es que mucho antes de llegar a eso, hace dos años le hice una pregunta al respecto en esta misma sesión de control. ¿Me puede decir hoy
cuánto ha aumentado el número de funcionarios de Justicia en Navarra y en otros ámbitos de la Administración del Estado que sean capaces de atender en euskera? Sin llegar a instancias del Constitucional, para llegar a una conclusión en la
que todos estamos de acuerdo, en competencia exclusiva del Estado.
Hacen una tercera legación o comentario y señalan que en el sistema judicial español prima el acceso a la justicia y promueve su actuación sin discriminación por el conocimiento del idioma, sin que en ningún caso esta circunstancia pueda
suponer la paralización de la actuación de la justicia en cualquier ámbito del territorio nacional. Señor ministro, me gustaría que detallara esta afirmación en su respuesta porque entiendo que es perfectamente garantista con el personal de
Justicia -¡faltaría más!-, pero me pregunto si lo es igualmente con el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en aquella lengua que elijan. Además, en muchos casos la elijen porque es elemento indispensable para su mejor defensa, es decir, que
no hablamos de gestos folclóricos -quiero que esto quede bien claro-, sino del derecho de toda persona a su mejor defensa.
Quiero hacer alusión a otro de los comentarios del Gobierno español a las recomendaciones del Consejo Europeo. Afirma que una extensión al territorio de la zona mixta del nivel de protección del euskera existente en la zona vascófona, como
sugiere el comité de expertos, supondría una modificación del régimen de protección del euskera reconocido en la normativa de la Comunidad Foral de Navarra y, por lo tanto, de los términos de la ratificación efectuada por España. Volvemos al
respeto competencial y aquí no hay ninguna diferencia, pero en este caso me queda la duda de si no se está utilizando este argumento para reducir los compromisos adquiridos en materia de promoción y de ayuda a las lenguas oficiales del Estado. Yo
me pregunto, señor ministro, ¿no cabe una actuación en materia de colaboración con las autoridades navarras o, cuando menos, de comunicación a las autoridades? Este mínimo me parecería muy lógico, entre otras cosas porque así evitaría algunas
interesadísimas polémicas en torno a la naturaleza de estas recomendaciones que sí se han producido en la Comunidad Foral de Navarra.
Termino ya, señora presidenta. Señor ministro, sobre el papel los compromisos del Estado con esta Carta europea son muy claros. Cuando la legislatura enfila ya su segunda mitad creemos que es hora de actuar, siempre en el marco de sus
competencias.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos, muchas gracias.
Continuamos con la contestación del ministro de Administraciones Públicas a la señora interpelante Uxue Barkos.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señoría. En parte ha hecho la interpelación y un poco la respuesta porque muchas de las cuestiones que ha planteado S.S. no son del ámbito competencial del Gobierno central y, es más, nuestra normativa limita la capacidad
del Gobierno central para intervenir en asuntos que son competencia del Gobierno autonómico navarro. Querría empezar enmarcando un poquito el contexto tanto de la evaluación de los expertos como de las propias recomendaciones, por aquello de que
veamos no solo el árbol sino también el bosque.
Le recuerdo -sin duda, lo tiene a mano S.S.-uno de los párrafos del informe en el que se dice que estas recomendaciones que, sin lugar a dudas ponen de relieve una serie de inconvenientes, deben leerse con el objeto de alentar a las
autoridades españolas a mejorar, según proceda, un sistema que ya se considera extraordinario; es decir, la valoración global del informe de los expertos es altamente positiva con lo que este Gobierno está haciendo para favorecer y proteger lo que
en términos internacionales está recogido en esta Carta europea de las lenguas regionales y/o minoritarias.
Permítame que empiece mi intervención diciendo que no estamos ante el típico caso de botella medio llena o medio vacía. Creo que está razonablemente llena y así lo recoge el comité de expertos de la Carta europea. Es evidente que quedan
cosas por hacer. Se lo dije hace año y medio; se lo vuelvo a decir ahora. Algunas cosas hemos hecho, como le detallaré, y aun así nos seguirán quedando cosas por hacer respecto a esa situación que nos parece mejorable, pero que también
consideramos que ha mejorado bastante durante esta legislatura.
Convendrá conmigo S.S. en que al principio de la legislatura el Gobierno adoptó una posición inequívoca de impulso y promoción del uso de las lenguas cooficiales, liderando con sensibilidad y ambición un proceso de ampliación de este
derecho de los ciudadanos a su utilización en diferentes ámbitos. Esta ampliación del derecho ha abarcado los ámbitos de relación con los poderes públicos más relevantes: la Unión Europea, el propio Senado, la Administración General del Estado, y
también la Administración de Justicia. No me consta que en Navarra alguien se haya quedado falto de defensa por un problema lingüístico. No me consta, no digo que no haya habido.
Me va a permitir que de forma breve le cite algunas pinceladas sobre lo que, modestamente entiendo, son avances de gran calado entre las iniciativas que hemos adoptado y que ayudan a enmarcar un poco el contexto de lo que estamos debatiendo,
no con intención de restarle importancia a la interpelación, ni tan siquiera razones para hacerla, pero sí para ver la magnitud del problema que estamos tratando. Sobre las relaciones con la Unión Europea, España ha formalizado acuerdos con el
Consejo Europeo, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social y el Parlamento Europeo y
estamos a punto de cerrar acuerdo con el Defensor del Pueblo Europeo para que los ciudadanos se puedan dirigir a estas instituciones y ser respondidos en sus lenguas y para que sus representantes políticos puedan intervenir oralmente en los
debates en los que España participe en sus lenguas. En el Senado se ha modificado el reglamento para extender el uso de las lenguas cooficiales a todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y para la publicación en dichas
lenguas, además del castellano, de las iniciativas no legislativas que así se presenten. Esto también ha sido valorado de una manera muy positiva por los expertos que analizaban el cumplimiento de la Carta europea de las lenguas. En la
Administración General del Estado también hemos dado pasos importantes como, por ejemplo, la adopción de la confección del DNI y algunos otros permisos y licencias en lenguas cooficiales, además de en castellano.
Desde el Ministerio de
Administraciones Públicas hemos promovido la creación de comisiones mixtas compuestas por responsables de la Administración General del Estado y expertos independientes procedentes del ámbito académico de cada una de las comunidades autónomas con
lengua propia sobre la utilización de las lenguas cooficiales en el ámbito de la propia Administración General del Estado, con la finalidad de examinar y recomendar mejoras adicionales a las que ya nos dicen los expertos europeos para introducir en
este campo. Igualmente somos sensibles a la adecuada incorporación de las lenguas cooficiales a la administración electrónica, y le doy dos ejemplos: uno es la guía para la edición y publicación de las páginas web de la Administración General del
Estado, que prevé expresamente la implantación progresiva de las lenguas cooficiales y otro es la habilitación en la nueva página web común a todas las administraciones de servicios al ciudadano, la red 060, de un sitio específico para incorporar
las versiones en las distintas lenguas cooficiales de los textos normativos adoptados por la Unión Europea mediante el procedimiento de codecisión.
En el ámbito de la Administración de Justicia sabe S.S. que de forma paulatina se están dando los pasos necesarios para el impulso y el fomento de la diversidad lingüística, encaminados a una utilización de las lenguas autonómicas en pie de
igualdad con el castellano dentro de este servicio público esencial. Por ejemplo, el proyecto de ley orgánica por el que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en el que se introduce una reforma encaminada a
que en las actuaciones orales el secretario judicial pueda habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa. También el concurso de traslado de secretarios judiciales, que afecta a 525
plazas, en el que por primera vez en aquellas plazas radicadas en comunidades autónomas con lengua propia cooficial se valora como mérito el conocimiento de dicha lengua. Al igual, en el proyecto de ley de reforma de la Ley 6/1985, en materia de
justicia de proximidad y consejos territoriales de justicia se establece para el ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez de proximidad el hecho de que se tendrá en cuenta como mérito preferente el conocimiento de la lengua y derecho
propio de la comunidad autónoma donde se halle el municipio. Por tanto, son algunos de los ejemplos con los que coinciden las conclusiones del comité de expertos de la Carta europea. Me va a permitir S.S. que lea algunos párrafos porque creo que
son interesantes y que deberían que, sin menoscabo de las mejoras que haya que hacer, llenarnos un poco de orgullo porque algunas cosas hemos hecho y algunas hasta las hemos hecho bien. Dice literalmente el comité de expertos: El sistema español
garantiza el reconocimiento óptimo de las lenguas cooficiales. Sigue diciendo: Debe elogiarse a España por el sólido reconocimiento y el alto grado de protección asegurados a las lenguas regionales o minoritarias. Esta iniciativa sitúa a España
entre los países más firmemente comprometidos con la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias. Otra cita: España ha optado por una serie de compromisos que superan con creces el límite establecido en la Carta; eso unido a
lo que le he leído al principio de en qué contexto deben de leerse estas recomendaciones que tienden a mejorar una situación que los propios expertos definen como extraordinaria. En fin, algunas cosas hemos hecho y, como le decía, algunas cosas
incluso las hemos hecho bien, y creo que es bueno decirlo. Algunas de las cosas que quedarían por hacer, S.S. las ha señalado. Como decía, ha planteado el problema y la solución. La capacidad de actuación que tiene en un Estado autonómico como
el nuestro la Administración General del Estado para entrar en competencias que son del Gobierno de Navarra reconocerá S.S. que es limitada, más allá de lo que yo pueda pensar o el Gobierno pueda pensar respecto a cuál está siendo la actuación del
Gobierno de Navarra al respecto, pero le quiero decir algunas de las actuaciones de la Administración General del Estado que tienen que ver con el programa de formación continua de empleados públicos que venimos realizando desde el INAP en la
enseñanza de lenguas cooficiales a funcionarios de la Administración General del Estado destinados en los territorios de comunidades autónomas con lengua cooficial.
En los años 2004 y 2005 han pasado por estos cursos 6.883 funcionarios.
Para el año 2006 está previsto realizar cursos para más de 4.000 funcionarios, y específicamente para el territorio de la Comunidad Foral de Navarra los datos relativos
a los cursos de euskera son los siguientes: en el año 2005 han pasado 205 funcionarios por estos cursos de formación de euskera que damos en el Instituto Nacional de la Administración Pública y está previsto que al finalizar el año 2006 hayan
pasado 220 funcionarios, que están trabajando, van a trabajar, o aspiran a desempeñar su función en la Comunidad Foral de Navarra y que en algún momento u otro se verán en la necesidad -porque así se lo demanden los ciudadanos que tienen derecho a
ello- de utilizar esas enseñanzas de euskera que les estamos dando desde
la Administración General del Estado. Por tanto hace bien S.S. en interesarse por el asunto. Como he podido demostrar, globalmente estamos mejor que hace tres años; como he podido demostrar, en lo que es competencia directa de la
Administración General del Estado estamos dando los pasos para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos constitucionales, incluido el de expresarse en su lengua propia allá donde esta lengua tenga carácter cooficial. La valoración del
comité de expertos de la Carta europea de lenguas avala las posiciones que le acabo de expresar. Dicho eso, como siempre, habrá mejoras que hacer. Agradeceré propuestas y sugerencias por parte de S.S., teniendo la convicción de que parte del deber
ya está cumplido. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Abrimos el turno de contestaciones, señorías, y comenzamos con el de la diputada interpelante, doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Me propone el señor ministro que miremos al bosque y que no nos quedemos en el árbol, pero es lo que apunta el comité de expertos, lo que recogen las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo es que miremos a un árbol muy determinado,
y esa es la razón, señor ministro, de esta interpelación, que por eso mira especialmente a Navarra, porque, efectivamente, lo que están apuntando las instituciones europeas es que en el conjunto de la Unión, y con respecto a una de sus lenguas,
existe un caso que merece especial atención. Por eso miro al árbol. Y porque legitimado el diagnóstico del consejo de expertos desde el momento en que es recogido por el Consejo Europeo para hacer sus recomendaciones, insisto, de las seis
recomendaciones que realiza, cuatro de ellas se refieren de manera genérica o específica a Navarra. Por eso miro al árbol, porque existe un problema muy serio, señor ministro. Me dice más: Yo no voy a entrar en competencias. ¡Faltaría más! (El
señor Del Burgo Tajadura pronuncia palabras que no se perciben.) Y se lo he planteado para que no fuera ese el debate de esta tarde, sino que trabajáramos de una manera... Señora presidenta, por favor, no puedo hablar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Discúlpeme. Señor Del Burgo, por favor, el hecho de ser diputado por Navarra no le otorga tiempo para hablar cuando no lo tiene usted sino la señora Barkos. Por tanto, le pido que la respete y
que le deje tomar la palabra, y cuando sus diputados interpelen tendrán también su tiempo y el silencio y el respeto de los demás.
Disculpe, señora Barkos; adelante.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señora presidenta.
Me propone usted que tengamos muy en cuenta el sistema competencial. No hace ninguna falta, señor ministro, estamos absolutamente de acuerdo.
Pero le he dicho que hay materia en la que actuar ya: en materia de justicia, en materia de
funcionarios de la Administración del Estado, y le he puesto un ejemplo muy claro en materia de medios de comunicación como son las telelicencias para televisiones locales, que cumplen claramente con los requisitos del espíritu con que su Gobierno,
en su día, desde el Ministerio de Industria, ha querido dotar a las nuevas licencias en esta materia. Pero podríamos hablar de calidad de la educación sin ninguna invasión competencial, ¡faltaría más, señor ministro! Le aseguro que el Gobierno que
usted representa hoy, o el Partido Socialista, no van a encontrar ninguna confrontación conmigo; en lo contrario, sí; en eso, no. Esté usted bien seguro. Como digo, hay materia sobre la que actuar.
Antes hablaba en términos de actuación política, ahora quiero bajar a los ejemplos concretos. La voluntad de los ciudadanos, señor ministro, en Navarra es clamorosamente inequívoca respecto al euskera. Más allá de alguna utilización
partidaria -evidente a todos- que algunos han hecho en contra de nuestra propia lengua, la matriculación en las ikastolas en estos momentos es el mejor termómetro en Navarra. En Pamplona, en su comarca, donde se concentra el grueso de la población
navarra, año tras año no hay plazas para decenas de niños que colapsan las peticiones. En zonas como La Ribera padres y profesores han hecho durante años -me refiero a años de democracia, no a años anteriores- un esfuerzo titánico para superar las
trabas de la Administración. La enseñanza de adultos también arroja datos bien expresivos. Así que, si quiere saber la voluntad de muchos navarros para hablar euskera no tiene más que comprobar estos datos.
Respecto a la promoción del euskera en el ámbito de la justicia, eso es materia de su Gobierno, señor Sevilla, y basta con actuar. Me decía usted que ningún ciudadano se queda sin la posibilidad de defensa en euskera.
Le voy a contar un
caso, por eso decía que voy a bajar a los términos concretos, para que entienda que la situación es tan grave como relata el consejo de expertos. Se producía hace no más de cuatro o cinco años, cuando una persona, finalmente sentenciada por un
crimen pasional que no viene al caso, fue requerida, señorías, a pagar 14.000 euros de factura por la traducción en el juicio. Señor ministro, esto es real, no es de opereta. Tan real y cierto es que la Administración de Justicia vino en ayuda de
este ciudadano que había sido requerido por la Administración foral para pagar esos 14.000 euros de multa por poder hablar en euskera, por poder defenderse en euskera en aquel juicio. Existe sentencia revocando esta factura, pero la factura es
real, llegó. Funcionarios de la Administración del Estado en Navarra para cuya provisión resulta preceptivo el conocimiento del euskera; yo me alegro enormemente de esas clases de euskera a las que los funcionarios acuden, entiendo que
voluntariamente,
para un mejor servicio a la ciudadanía que, finalmente, es de lo que se trata. Entiendo, señora presidenta, que tengo un poco más de tiempo del que marca el reloj en este caso. Al inicio de la legislatura, cuando ustedes llegaron al poder,
le di unos datos -no sé si los recordará- bastante expresivos. De los 1.405 funcionarios de la Administración del Estado que trabajan en Navarra solo a uno le fue requerido el euskera para su trabajo, el 0,07 por ciento, y les voy a contar quién
fue: el traductor adscrito al servicio de Tráfico para traducir las multas y que no quedaran sin cobro. Esta es una situación de no hace más de tres o cuatro años y mi pregunta es, señor ministro: ¿podemos actuar con contundencia para que
circunstancias como esta que yo le estoy describiendo terminen de una vez? Con respecto a las competencias y a la actitud del Gobierno de mi comunidad, no estaría de más, señor ministro, yo le sugiero -lo haré el próximo día en las mociones- que se
acerque al Gobierno de Navarra, hágalo como responsable y titular del Ministerio de Administraciones Públicas para dar a conocer y, por lo tanto, para dar rango cierto y científico de esas recomendaciones a la Administración de mi comunidad foral.
Sería un gesto, no más, claramente diplomático, pero creo sinceramente que enormemente efectivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Barkos.
Finalizamos con la contestación del ministro. Adelante.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que esta última intervención aclara bastante lo que estamos hablando. No digo que no tengamos que hablar del árbol, el problema es en qué jardín está ese árbol y una parte muy importante de las preocupaciones de S.S., vuelvo a
insistir, no solo no son competencia del Gobierno de España sino que no tenemos capacidad para incidir al respecto. Tampoco quiero decir que no haya ningún problema, que no haya ningún caso y que todo sea perfecto, no voy a caer en eso, pero
reconózcame S.S. que si todo lo que puede contarme es un solo caso -que, por cierto, no me ha dicho en qué año ocurrió- y que además la propia justicia revocó, no digo que no haya un problema pero no da la sensación de que el propio mecanismo
institucional puesto en marcha por este Gobierno en la justicia no haya sido capaz de resolver ese único caso que, insisto, tampoco sé cuando ocurrió y que S.S. ha citado. Este Gobierno se siente muy cómodo defendiendo las lenguas minoritarias, en
términos europeos, y se lo dice un diputado que se llama Jordi, que habla habitualmente valenciano y, por tanto, especialmente sensible en este caso, y se lo dice un socialista que pertenece a un partido que algo tuvo que ver con la Ley Foral del
Vascuence en Navarra. Por consiguiente, no nos parece ajena la preocupación por este problema y la necesidad de buscar soluciones. Lo único que le digo a S.S. es que busque aquí las soluciones que son de aquí y que busque allí las que son de allí
y a lo mejor también allí podremos ayudarla. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro; gracias, señora Barkos.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 172/000227.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, a la siguiente interpelación, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que adoptará el Gobierno para reducir la
siniestralidad laboral. Será el señor Campuzano quien tomará la palabra en su nombre para realizar esta interpelación.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, esta tarde Convergència i Unió pretende plantearle una reflexión, un diálogo en relación con la política del Gobierno en el amplio campo de la siniestralidad laboral y pretendemos hacerlo desde una preocupación que
creo que compartimos con usted y con todos los grupos de la Cámara, como es la realidad de las cifras de los accidentes de trabajo en España. El avance que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha realizado hace pocas semanas
afirma que en los últimos 12 meses del año, comparado con el mismo periodo del año anterior, el total de accidentes de trabajo se ha incrementado en un 1,7 por ciento, hasta los 917.000 accidentes; (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa
la Presidencia.) los accidentes graves -es una buena noticia- disminuyen un 14 por ciento y, en cambio, se mantienen los mortales, 972 trabajadores muertos, una cifra que, lógicamente debe continuar preocupándonos. Al mismo tiempo, estos datos de
ese organismo público remarcan la baja de accidentes en el sector agrario y en la industria y el incremento en la construcción y en el sector servicios.
Asimismo, preocupación por la evolución de esta política, de esta situación, para los
trabajadores autónomos, ya que entre enero y junio de este año han perdido la vida 77 empleados del colectivo de autónomos. Los accidentes laborales en este ámbito se han ampliado un 5,4 por ciento.
Preocupación también por la realidad de la
mortalidad laboral de los trabajadores de origen extranjero, que supera en más de un 30 por ciento a la media de la población ocupada en este segmento de ciudadanos. El índice total de accidentes de este colectivo
es superior en un 13 por ciento al total del conjunto del Estado.
También hay preocupación por la realidad de la pequeña y mediana empresa.
La Unión General de Trabajadores presentaba hace poco un estudio sobre la realidad de los accidentes de trabajo en las empresas de menos de 25 trabajadores y afirmaba
que las cifras comparativas entre 1997 y el año 2004 apuntaban un incremento del 77 por ciento en los accidentes en este tipo de empresas, donde es más difícil aplicar la legislación existente y avanzar en las políticas de prevención de riesgos.
Son unas cifras que continúan configurando la realidad de la siniestralidad en el empleo, los accidentes de trabajo, como uno de los principales problemas políticos y sociales que tiene planteados nuestro mercado de trabajo, que afecta a la dignidad
de las personas, al bien más preciado de las personas, que es la vida, pero que también tiene consecuencias, desde el punto de vista del buen funcionamiento de nuestro sistema productivo, para la competitividad y la productividad en nuestras
empresas.
Mi grupo no pretende plantear en esta interpelación un debate sobre las fallas del sistema productivo en general con relación a la realidad de los accidentes de trabajo. Es más, acabamos de tramitar en esta Cámara una proposición de ley que
pretende abordar los problemas de los accidentes de trabajo en el sector de la construcción y específicamente con relación al problema de la subcontratación -ya saben cuál es nuestra posición con relación a esta cuestión-, y al mismo tiempo estamos
tramitando la reforma laboral, la reforma del mercado de trabajo como proyecto de ley, donde también pretendemos incidir sobre aspectos vinculados a la precariedad y a la temporalidad, partiendo de la convicción de que todos los estudios, poco o
mucho, apuntan a esta relación entre precariedad y accidentalidad en nuestro mercado de trabajo.
La interpelación y la moción que queremos formular en las próximas horas pretenden abordar la discusión sobre un marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el funcionamiento de nuestro sistema de información sobre los mismos, el
funcionamiento del sistema institucional de prevención, la formación en prevención en riesgos, el funcionamiento del sistema de aseguramiento que tenemos configurado en España, la vigilancia y el control en el cumplimiento de nuestra normativa, la
coordinación con las comunidades autónomas y el cumplimiento del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña en esta materia. Sobre este paquete de cuestiones, no sobre el estado de nuestro sistema productivo, pretendemos plantear cuestiones sobre
anuncios que ha efectuado el Gobierno, preocupaciones que mi grupo tiene en esta materia y algunas propuestas.
En primer lugar, el Gobierno, en abril del año pasado, aprobó un plan que traza las líneas a seguir en los últimos años en la materia y que ha sido consensuado en la mesa de diálogo social, un plan para reducir la siniestralidad laboral, y
en ese plan que el Gobierno aprobaba se anunciaba la elaboración de una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo. Eso era en abril del año 2005 y en el reciente debate de política general, el presidente del Gobierno, en aquellos
compromisos que asumía en mayo de este mismo año, volvía a hablarnos de la elaboración de esa estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, que se configuraba como la gran apuesta del Gobierno de España en esta legislatura para dar ese
salto adelante en las políticas que teníamos en esa materia, una estrategia 2005/2008. En octubre de 2006 es razonable que la Cámara pregunte al Gobierno sobre el estado de esa estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, cómo se
encuentra, cuándo piensa aprobarla el Gobierno y cuándo va a ser la Cámara partícipe de la misma.
Observábamos que el Gobierno, hace unos cuantos meses, creo recordar que a finales del año pasado, anunciaba un acuerdo con los agentes sociales para reformar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Administración
central tiene un organismo especializado en esta materia en el que existe cierta convicción de que ya toca poner al día ese Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo respecto a sus funciones de mayor sofisticación en la investigación
sobre los problemas de salud y de riesgos laborales y de acomodo respecto a las funciones que en esta materia han ido desarrollando las comunidades autónomas. Se anunciaba ese preacuerdo con los agentes sociales en esta materia y a mi grupo le
gustaría conocer en qué estado se encuentra esa reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en qué dirección van las reformas que se pueden alcanzar en los próximos meses, que se pueden concretar a través de la publicación
de la correspondiente normativa en el BOE.
También en el proyecto de presupuestos que está tramitando esta Cámara se incorpora esa reforma de las tarifas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, una reforma que venía siendo reclamada desde hacía tiempo por todos los
expertos. Es bueno recordar aquí el magnífico informe Durán, que se aprobó en el año 2002 -si la memoria no me falla-, donde ya se apuntaba esa necesidad. Bienvenida esa reforma de las tarifas de los accidentes de trabajo en enfermedades
profesionales, pero también preocupación de mi grupo porque esa reforma a menudo ha ido vinculada a la puesta en marcha de mecanismos que estimulen el cumplimiento de la legislación en materia de riesgos, que premien aquellas empresas que son
capaces de cumplir más allá de las ratios del conjunto de las empresas de su sector y que seguramente también incorporen algún tipo de castigo a aquellas empresas que se sitúen claramente por encima de las ratios de accidentalidad de las empresas de
su propio sector. Es lo que popularmente se conoce como el bonus malus y que en diversas ocasiones en esta Cámara hemos podido debatir. En algunos medios de comunicación se publican noticias señalando que el Gobierno -creo recordar que era una
noticia de
Expansión-, en boca del secretario de Estado de la Seguridad Social, afirmaba que una vez resuelta esa reforma del sistema de tarifas, tocaba avanzar con relación a la introducción del bonus malus en esta materia.
Por tanto, aquí también
formulo una pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno en los próximos meses avanzar hacia la configuración de un sistema que estimule el cumplimiento de la ley por parte de las empresa o que castigue a quienes no la cumplen, también a través de las
cotizaciones empresariales que se cobran en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional?
Señorías, si pretendemos abordar la problemática en cuestión no estrictamente desde la perspectiva del funcionamiento de nuestro sistema productivo, también es necesario preguntarnos si con el nuevo mecanismo de configuración de partes de
los accidentes de trabajo -que creo recordar que se aprobó a mediados del año 2003, en la anterior legislatura-, tres años después ese nuevo sistema de configuración del parte, este da la información necesaria al sistema para que efectivamente
sepamos de qué accidentes estamos hablando y que podamos identificar los riesgos y no estrictamente las consecuencias de los accidentes. Se trata de saber si tenemos un buen sistema de información que nos permita afirmar que las cifras que nos da
la propia Administración corresponden a aquello que está sucediendo en nuestras empresas. También tenemos que preguntarnos si nuestro sistema de aseguramiento, tal y como está configurado, estimula a que se declaren como accidentes de trabajo lo
que no son accidentes de trabajo, en la medida en que esto beneficia tanto a los trabajadores como a los empresarios, y si sobre eso queremos introducir reformas que eviten esa perversión de nuestro sistema de protección social.
También debemos preguntarnos si ese objetivo que pretendía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -y todas las reformas que hemos impulsado en los últimos años en esta materia-, incorporar la prevención en la propia actividad de la
empresa -convencidos de que sin la incorporación de la prevención en el normal funcionamiento de la empresa era difícil que pudiésemos avanzar con éxito en esta materia-, está funcionando o no.
Hay un debate muy sugerente respecto al que a mi grupo
también le gustaría conocer la opinión del Gobierno, y es si efectivamente la puesta en marcha de servicios ajenos a la empresa está configurando de verdad esa incorporación en la actividad empresarial de la prevención y si se está configurando de
manera adecuada. Asimismo, tendríamos que preguntarnos si tenemos una política específica y adecuada respecto a la edad en la microempresa, a la edad de los trabajadores autónomos que, con las cifras que antes le recordaba, configuran un grupo de
riesgo evidente. Otras cuestiones que debemos plantearnos son si pretendemos abordar a fondo la problemática de los denominados accidentes de trabajo in itínere, aquellos que se producen durante el desplazamiento del trabajador de su domicilio a su
empresa, si necesitamos reformular la actuación de la Inspección de Trabajo, no tanto orientándola al cumplimiento de los aspectos formales de esta materia, sino efectivamente a una política orientada a la prevención, así como sobre el papel de las
mutuas de trabajo. En definitiva, señoría, suficientes cuestiones que justifican el interés de esta interpelación de Convergència i Unió y el conocimiento de la voluntad del Gobierno en esta materia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para responder a la interpelación, por el mismo tiempo de 12 minutos, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Campuzano.
Todos compartimos la convicción que usted ha trasladado de que los accidentes de trabajo son un asunto que reviste una considerable gravedad y, como sé que está animado por la mejora de esas ratios, la caída de los mismos, podemos tener un
diálogo fructífero. Esta es una cuestión además doblemente estructural, en un doble sentido del término, primero porque es un fenómeno que viene de largo y, segundo, porque sus causas están estrechamente enlazadas con las estructuras y las culturas
laborales y productivas de nuestro país. Para situar el debate en sus justos términos, permítame que combata la impresión de que la siniestralidad -usted no lo ha dicho, pero por si acaso- evoluciona de forma negativa.
No es cierto. Los índices
de siniestralidad se están reduciendo de forma sostenida en el tiempo. Sigue siendo un asunto muy grave, pero se están reduciendo. Es verdad que hay más accidentes, pero hay más accidentes porque hay más trabajadores; hay mucho más empleo, como
sabe bien su señoría. La siniestralidad se mide por la relación entre accidentes y trabajadores y ese índice, que es el que verdaderamente nos importa, el que se usa internacionalmente, está descendiendo. El número de accidentes registrados por
cada 100.000 trabajadores está bajando, incluso con los datos que usted ha dado, si tenemos en cuenta el número de ocupados, el índice baja, y además lo hace de forma intensa y sostenida y lo está haciendo más en las actividades más peligrosas y más
todavía en los accidentes más graves, en los mortales. Le pondré un ejemplo. Del año 2000 al 2005 ha bajado casi un 20 por ciento y lo ha hecho en todos los sectores, pero sobre todo ha bajado en los accidentes mortales, donde la reducción es
superior al 30 por ciento. Esto es, en seis años hemos conseguido reducir el índice un 30 por ciento. Por supuesto, no es suficiente, hay que hacer todavía muchos más esfuerzos. Y este año también continúa bajando. En los seis primeros meses -el
dato que he dado antes era con respecto a 2005-, la siniestralidad ha bajado otro 3,4 por ciento como consecuencia de que el empleo ha crecido un 5,1 por ciento, tres veces y
media más que el número de accidentes, que han crecido un 1,5 por ciento.
Si crece un 5 por ciento el empleo y los accidentes un 1,5, el índice de medición está descendiendo claramente. Y la siniestralidad también ha bajado este año en
todos los sectores, sobre todo en los graves, un 18 por ciento, y en los mortales, un 5 por ciento. Por tanto, la impresión de que la siniestralidad empeora carece de fundamento; es todo lo contrario.
En segundo lugar, en los datos españoles -usted me lo preguntaba- hay peculiaridades de medición que tenemos que tener en cuenta, y quiero aclarar que no tengo ninguna intención de ocultar la gravedad del problema. Ya lo he reconocido de
antemano, el problema es muy grave, pero debemos tener la máxima solvencia. Hay dos factores, señor Campuzano, que distorsionan la comparación con otros países. En España, el registro es exhaustivo -lo decía usted bien-, porque de su declaración
dependen prestaciones, es decir, tenemos un sistema de seguro y es exhaustivo. Es más, usted antes ha apuntado que es posible que en ocasiones se declaren accidentes que no lo son. Tenemos que poner el foco en esta cuestión, porque desde luego la
declaración es absolutamente exhaustiva. En otros países, donde el sistema no es de seguro, sino simplemente de obligatoriedad de declaración, la declaración no es tan exhaustiva y, por tanto, los datos son menores. En España aparecen más datos
porque se declaran todos y en otros países europeos -de eso me informó el otro día el responsable de la Agencia de seguridad en el trabajo, con sede en Bilbao, de que nuestro sistema es superexhaustivo-, no ocurre así. Y el segundo factor, señor
Campuzano, es que se registran muchos accidentes que en otros países son patologías profesionales. Uno de cada tres accidentes en España tiene por causa los sobreesfuerzos y en muchas ocasiones se trata en realidad de episodios recurrentes de una
dolencia crónica de origen profesional. Con las reformas en el catálogo y la declaración de enfermedades profesionales, estas cosas se irán reduciendo y se registrarán con más rigor y, por tanto, seguramente, disminuirá también la tasa de
incidencia. Estoy convencido de ello. Estos dos puntos son los que tenemos, y no me los he inventado yo. Como le decía, el director de la Agencia europea para la seguridad en el trabajo, señor Takala, me lo resaltaba la semana pasada, como me
resaltaba que las cifras españolas son buenas en un doble sentido: primero, que la relación entre el crecimiento económico y el empleo es muy buena, y que la relación entre el crecimiento del empleo y los accidentes de trabajo decrece, es decir,
que aumenta más la base del empleo que el número de accidentes, luego la ratio va descendiendo. Eso es positivo, aunque seguimos teniendo un grave problema; mientras haya más de 900 fallecidos, como usted indicaba, el problema es muy grave. Y
decrece incluso teniendo en cuenta que una parte mayoritaria del crecimiento se produce en actividades laborales peligrosas. Además, nosotros tenemos esa doble condición, que una parte importante del aumento de nuestro crecimiento económico se
ubica en sectores de actividad con alto riesgo de siniestralidad, por eso también nuestras cifras son más abultadas.
Por otra parte, quiero dejar establecido -usted lo conoce bien- que en la lucha contra los accidentes de trabajo todos tenemos competencias. Sabe usted muy bien que la ejecución concreta de las políticas en este campo es una responsabilidad
de las comunidades autónomas, que las vienen ejerciendo hace muchos años y, por tanto, en los avances y en los retrocesos hay una estrategia conjunta. Son responsabilidad de todos y trabajamos muy bien, como es evidente, con todas las comunidades
autónomas en esta materia. Disponemos de un buen marco normativo -en eso creo que estamos de acuerdo-, equiparable a los más avanzados de Europa, pero siendo hasta una condición necesaria no es suficiente todavía, o se ha demostrado insuficiente.
Los trabajos con los interlocutores sociales que se desarrollan en el marco de la elaboración de una estrategia española en materia de seguridad y salud en el trabajo, reafirman claramente esto que estoy diciendo. En esta etapa estamos poniendo
nuevas bases para lograr esa reducción continuada y progresiva de los accidentes para situarnos por debajo de la media europea. Ese es nuestro objetivo en esta legislatura, no quedarnos en la media, sino estar por debajo de la media europea. Está
en marcha, y muy avanzada, la elaboración compartida de esa primera estrategia global que, una vez aprobada con los interlocutores sociales y debatida con las comunidades, traeré a esta Cámara, como es mi compromiso, y que aun antes de haberla
concluido ya hemos avanzado algunas cosas de la misma. Yo espero que esta estrategia avance mucho de aquí a fin de año y que nos encontremos en los primeros meses del año 2007 con esta nueva estrategia plenamente definida. Como antes le decía, ya
hemos desarrollado actuaciones importantes en el marco laboral general, porque hay una reconocida relación de interdependencia entre estabilidad en el empleo y reducción de accidentes de trabajo, como usted decía. La reforma laboral va dirigida
también, además de a dar seguridad a los trabajadores, a reducir la siniestralidad. Esperamos buenos resultados, porque la reforma se está comportando razonablemente bien, en términos positivos. Crece mucho la contratación indefinida y esperamos
que crezca todavía más en el futuro. Ahí hay medidas que favorecerán la reducción de la siniestralidad. También en materia de subcontratación -usted lo ha dicho- ustedes han hecho un gran trabajo en esta Cámara en el sector de la construcción.
Estoy convencido de que esa ley va a suponer una reducción notable de los índices de siniestralidad en el sector de la construcción. En segundo lugar, en el marco en el que se desarrolla la subcontratación en la construcción, esta Cámara ha
aprobado por primera vez una regulación en la materia, mejorando las condiciones de seguridad de la subcontratación y, por tanto, espero que reduciendo en el futuro los índices de siniestralidad. En tercer lugar, hay actuaciones dirigidas
específicamente al ámbito de la prevención de riesgos laborales. Aquí en dos años y medio hemos hecho bastantes
cosas, reformas normativas que eran necesarias, habilitación de técnicos de comunidades autónomas para el apoyo de las labores inspectoras, segregación de las actividades de prevención de las mutuas de accidentes.
Todavía no ha discurrido
el tiempo suficiente para hacer una evaluación objetiva, pero la tendremos que hacer en el futuro -me lo preguntaba usted-, hace poco tiempo que hemos tomado esta decisión. El nuevo reglamento de los servicios de prevención y la reforma en curso de
las tarifas de accidentes de trabajo que, en mi opinión, va a tener una notable incidencia. Además, sabe usted que en esta materia ha habido acuerdo con los interlocutores sociales, por lo que, en todo lo que respecta a esta actividad, la divisa
del Gobierno es pactarlo con los interlocutores, porque siempre es mucho más eficaz. Ahora hay una reforma importante sobre la mesa, en el futuro seguiremos trabajando, pero tenemos esta reforma que puede dar importantes resultados. Hemos
reforzado los instrumentos básicos de la política preventiva, como la Fundación estatal para la prevención de riesgos laborales, duplicando sus recursos. Hemos reforzado la formación, incrementando más de un 60 por ciento los medios destinados a
mejorar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, que han superado los 200 millones de euros al año, y partíamos de 120 en el año 2004. Estamos realizando un considerable fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en sus efectivos, hemos más que duplicado las convocatorias anuales de inspectores y subinspectores para llegar al final de legislatura a la media europea. Hemos mejorado los medios en el sistema de inspección, los medios materiales para los
inspectores y las inversiones destinadas a los mismos. La Inspección está trabajando en una nueva instrucción, coordinada con la fiscalía, para la actuación en los accidentes de trabajo de especial gravedad. Esto es muy importante: coordinarnos
con la fiscalía para la inspección en los accidentes de especial gravedad y muy pronto tendremos ya la nueva instrucción. Por tanto, estamos poniendo en práctica y aplicando medidas del Plan de acciones prioritarias para la reducción de la
siniestralidad, que acordamos con los interlocutores sociales y con las comunidades el pasado noviembre, y usted lo decía: Ejecución de un programa de control dirigido a las empresas y actividades con altos índices de siniestralidad; campaña de
sensibilización, de ámbito estatal, para desarrollar la cultura preventiva; estudio de accidentes laborales vinculados al tráfico de vehículos; análisis de la siniestralidad mortal para impulsar medidas concretas contra la misma; desarrollo de
acciones específicas dirigidas a colectivos especiales, entre ellos trabajadores inmigrantes. Por tanto, señoría, estamos haciendo bastantes cosas: más seguridad, mejor formación, mejor prevención, atención específica en el campo de la
subcontratación, refuerzo de instituciones básicas del sistema preventivo y refuerzo de formación en prevención de riesgos laborales. Todo esto, señoría, son solo detalles de lo que será la nueva estrategia que espero, como le decía, que se apruebe
de aquí a fin de año. Sin ir más lejos, anuncio que el próximo viernes se reunirá la mesa de diálogo social: sindicatos, patronales y Gobierno, que estamos trabajando en esta estrategia, y esperamos contar con un acuerdo tripartito antes de fin de
año, en un par de meses. En la misma habrá líneas de actuación, políticas concretas y medidas en múltiples órdenes que marcarán el camino a seguir los próximos cinco años, hasta 2010. Este es el trabajo continuo y riguroso que hacemos con
sindicatos, empresarios y comunidades autónomas para la reducción de la siniestralidad. Este es mi compromiso, señoría, y considero que este es el modo de reducirla. Le diré, señoría, que los resultados que estamos viendo sí reducen la
siniestralidad, aunque por supuesto, y como siempre -usted lo sabe bien-, estamos dispuestos a escuchar todas sus sugerencias, a escuchar y a discutir, en la moción consecuente, medidas que seguramente nos ayudarán todavía más a combatir la
siniestralidad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Campuzano, dispone, como sabe, de cinco minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro, por el tono y el contenido de su respuesta.
Coincidimos en que efectivamente es un problema que viene de largo.
Cuando le escuchaba, recordaba el compromiso que el ministro Pimentel asumió en 1998 ó 1999 -no
recuerdo exactamente el año- de movilizar al conjunto de la sociedad española -especialmente a los gobiernos autonómicos- en esta materia, convocando una cumbre de presidentes autonómicos justamente para analizar esta problemática. Por tanto, es un
problema que viene de largo, que se explica por la realidad de nuestro sistema productivo, pero que también se explica por algunas disfunciones de nuestro sistema de prevención, como antes le mencionaba. Le quiero hacer una precisión sobre las
cifras. Los propios sindicatos, cuando hacían balance de las cifras del primer semestre de este año, tenían una aproximación más crítica que la que tiene el propio Gobierno. Incluso algunos expertos nos dicen: Es prematuro ahora abordar este
debate, esperemos al final de este año para tener una evolución efectiva de cómo han ido las cosas. Lo que sí es cierto, aquí coincidimos usted y nosotros, es que la cifra de más de 900 personas muertas es, en sí misma, lo suficientemente
preocupante como para que asumamos la dimensión política del problema. Usted además hablaba de un cambio de cultura. Mi grupo, desde hace tiempo, reivindica que en esta cuestión es necesario un cambio de cultura que afecte a los empresarios, a los
trabajadores y también al conjunto de nuestro aparato administrativo, político e institucional que aborda esa cuestión. Compartimos esa idea de que tenemos una buena legislación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
de 1995 -once años ya de vigencia de esa ley-, pero la ley en sí misma no ha supuesto un cambio en cómo aborda la Administración pública en su conjunto el problema de la seguridad en el trabajo. Continuamos poniendo el acento en el
cumplimiento de los aspectos estrictamente formales de la ley. Si la prevención de riesgos laborales es simplemente rellenar unos papeles, ya sea por el trabajador, ya sea por el empresario, ya sea por la Inspección de Trabajo, es evidente que el
cambio de cultura no lo estamos introduciendo, y sobre esta cuestión necesitamos alguna cosa más que campañas de sensibilización. Necesitamos reformas en el sistema de aseguramiento, reformas en los mecanismo de información, reformas en el abordaje
de la prevención. Ahí, señor ministro, tenemos dos preocupaciones y usted lo decía. La ejecución de estas políticas corresponde a las comunidades autónomas. En relación con esta cuestión hay un tema abierto desde el año 1995, que es la
territorialización de los fondos de la Fundación de prevención de riesgos laborales. Cuando en 1995 se crea esa fundación, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a través de don Rafael Hinojosa, que entonces era el diputado que
llevaba estas cuestiones, defendió ya la necesidad de que esos fondos debían de territorializarse, de ser gestionados por las comunidades autónomas. Fuimos incapaces de alcanzar un acuerdo con el anterior Gobierno en esta materia y hoy continúa
siendo necesario avanzar en esa efectiva territorialización de esos fondos. También nos preocupan algunas prácticas que se han impulsado desde la Administración General del Estado, como el programa Delta, de comunicación de partes de accidente, que
supone una cierta capacidad de intervención del Estado en un ámbito autonómico, pero que al mismo tiempo no va acompañado por la puesta en marcha de aquellos recursos que necesitan las comunidades autónomas para cumplir con sus obligaciones en esta
materia. Por tanto, si son las comunidades autónomas quienes deben ejecutar estas políticas, debemos abordar cuestiones como la territorialización de los fondos de la fundación. Además, hemos de ser capaces de ir más allá de nuestra agenda clásica
en esta materia. Los riesgos psicosociales asociados al trabajo, los problemas relativos a la ergonomía, como los vinculados a enfermedades de la espalda de los trabajadores o problemas vinculados a enfermedades como el cáncer o cardiovasculares,
asociadas a procesos existentes del propio puesto de trabajo, deben de formar parte de esa estrategia que el Gobierno anuncia. Mi grupo espera que en la moción del próximo día en esta materia podamos contribuir desde el Parlamento a configurar una
agenda compartida entre Gobierno y grupos parlamentarios para que, en el marco del diálogo social, demos el salto que el problema de los accidentes de trabajo merece desde hace tantos años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Desde el escaño, si me lo permite.
Señor Campuzano, estoy seguro de que su moción será interesante y sensata.
En estas materias siempre ha planteado una actitud constructiva, por tanto estoy totalmente convencido de que podremos avanzar y de que será de un gran apoyo lo que
decida el Parlamento para la estrategia que el Gobierno está acordando con interlocutores sociales y que luego también acordará con comunidades autónomas. Tiene usted razón, sin ninguna duda el punto nodal está en la sensibilización y, por tanto,
en un enfoque de cultura preventivo distinto, yo diría que desde la más tierna infancia, desde el colegio. Es decir, tenemos que autoconvencernos todos de la importancia que tiene cumplir con las normas, no de modo burocrático, eso es lo de menos,
sino como un elemento de seguridad indispensable para la persona. Antes le daba los datos, y usted tiene razón, mientras tengamos ese número de accidentes la situación es grave. Tenemos una enorme preocupación. El otro día el presidente del
Gobierno incluso dijo que con esta estrategia tenemos que hacer un esfuerzo más intenso todavía para alcanzar al menos la media europea o rebajarla, si es posible. Es un problema grave y de mucho tiempo. Estos son los datos oficiales del
instituto. Lo que estamos comprobando es que desde hace varios años, desde el año 2000 concretamente, se está produciendo una caída sostenida cada año del número de accidentes por cada 100.000 trabajadores. El año 2005 lo acabamos con 6.011
accidentes por cada 100.000 trabajadores y creo que en el año 2006 bajaremos de esa cifra. La media europea está en 4.500, pero nosotros hemos bajado desde 7.500, o por ejemplo, en el sector de la construcción, de 18.769 que se producían en el año
2000 a por debajo de 13.000 en el año 2006. Por tanto, la reducción está siendo verdaderamente notable. En el sector servicios también hay una caída de más de 5.000 a por debajo de 4.000 por cada 100.000 trabajadores. Debido a la dimensión del
problema, tenemos que ir poco a poco, pero esta tendencia nos anima, aunque, como usted decía, hay que tener en cuenta nuestro sistema de medición. Seguramente esa distancia teórica con la media europea sea menor debido a las exigencias de nuestro
sistema y a la valoración de nuestros accidentes in itinere; seguramente será menor, pero en todo caso sigue siendo muy grave. Da igual que sea menor o mayor, mientras fallezca tanta gente tenemos que preocuparnos y mucho. Por tanto, la
estrategia irá dirigida -y espero con mucho interés sus iniciativas- a mejorar todo lo que podamos en políticas activas de prevención, en apostar muy fuerte por el cumplimiento de la normativa con carácter real -hay que hacerlo-, en reforzar la
implicación de los trabajadores -en el sector de la construcción, sabe que lo hemos hecho en subcontratación, con las medidas que hemos adoptado aquí en el Parlamento junto con los empresarios- y en reforzar las instituciones públicas -esto quiere
decir todas,
especialmente las comunidades autónomas, que son quienes ejecutan las mismas-, mejorando la coordinación de las actuaciones de todas ellas.
Estoy seguro de que, si lo hacemos así, podremos seguir en esta línea descendente y esta será una
buena legislatura, dentro de la gravedad del problema, en el descenso de la tasa de incidencia. Por tanto, espero sus propuestas. Estoy seguro de que serán muy interesantes y de que nos ayudarán a combatir con más eficacia los accidentes de
trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Caldera.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO DE GIBRALTAR.
(Número de expediente 172/000228.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Entramos en el último punto del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos de la política del Gobierno en relación con el contencioso
de Gibraltar.
Para explayarla, por un tiempo máximo de 12 minutos, tiene la palabra el señor De Arístegui, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, acudimos a esta Cámara para interpelar al Gobierno sobre una cuestión que nos parece de máxima gravedad. Ya anunciamos el 27 de octubre del año 2004 que aquel comunicado
conjunto que firmaron los gobiernos británico y español traería cola. No nos equivocábamos. Lamentablemente, se dijo que estábamos equivocados, que estábamos exagerando, que aquellas pretensiones de autodeterminación del mal llamado pueblo de
Gibraltar -los habitantes de la colonia- no iban a producirse y que sin duda ninguna era una exageración del Grupo Popular, lamentablemente no fue así. La referencia que se hace y cómo se hace al pueblo de Gibraltar en la versión inglesa de ese
comunicado trajo la cola que nosotros habíamos predicho y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón.
En inglés, la mal llamada Constitución de Gibraltar se llama Gibraltar Act; en el comunicado conjunto, por cierto, se hace referencia a la misma como Constitución del 69, tanto en español como en inglés.
Lamentablemente, tengo que decirles
que una de las cuestiones que se planteó en esa declaración conjunta, posteriormente concretada en la creación del foro tripartito, fue dar voz propia a Gibraltar, quebrando el principio de dos banderas, tres voces, que se había mantenido a lo largo
de muchos años, con un resultado yo creo que razonable, en el que había dos delegaciones, los gibraltareños estaban bajo la delegación británica, con el principio de dos banderas, tres voces, y pasa a formar una delegación en pie de igualdad con
otros dos Estados soberanos. Eso, a nuestro juicio, es un error incalificable. Lamentablemente, hasta ese momento el derecho de veto de las autoridades locales de la colonia, que no autoridades de Gibraltar, estaba reconocido de manera tácita por
las autoridades británicas. A partir de la creación del foro, a partir de esa declaración conjunta, a partir del actual acuerdo, esa capacidad de veto tácita ex post pasa a ser expresa, ex ante y, además, tanto por parte del Gobierno británico como
por parte del Gobierno español y eso, francamente, nos parece especialmente grave. Eso supone que las autoridades locales de la colonia tienen hoy una capacidad razonablemente independiente e interlocución con las partes y además de imposición de
su voluntad. Por ejemplo, podrían vetar cualquier inicio de conversaciones o de negociaciones sobre las cuestiones de fondo y sobre la soberanía si así lo decidieran.
Francamente, nosotros creemos que hoy hay que recordar que tras aquella declaración conjunta del Gobierno británico y del Gobierno español se produjo unos meses más tarde, concretamente en marzo del año 2006, una declaración expresa del
Gobierno británico reconociendo el derecho de autodeterminación de la colonia. Dirán ustedes que no hay ningún problema, puesto que la propia declaración del Gobierno, no así del Parlamento, establece que esa autodeterminación estará supeditada a
la voluntad del Gobierno de España. Sin embargo, nosotros queremos decirles que esta cuestión de la autodeterminación es central, puesto que cuando se aprueba en la Cámara de los Comunes por abrumadora mayoría esa declaración que lleva el ministro
Straw, francamente creemos que hay difícil vuelta atrás desde ahí y que va a ser muy complicado que ustedes puedan reabrir un debate sobre las cuestiones de fondo y las cuestiones de soberanía, una vez que la Cámara de los Comunes ha admitido el
derecho de autodeterminación aunque lo haya supeditado al Gobierno de España.
Esto crea un limbo perfecto, señor ministro, porque a los gibraltareños el Gobierno británico les dice que no pueden tener autodeterminación porque se opone el Gobierno
de España y a España le dicen que no se puede producir la retrocesión de la colonia porque se van a oponer siempre los gibraltareños, con lo cual estamos blindando la situación que, por cierto, la Carta de Naciones Unidas declaró que era ilegal, es
decir, la cesión a perpetuidad de la colonia según el Tratado de Utrech. A nosotros nos pareció especialmente grave que ustedes no hicieran nada ante esa declaración. Y ante esa inacción, nosotros esperamos unos meses y el 19 de junio de 2006
pedimos la comparecencia del ministro, es decir, dándole dos meses y pico largos para que el Gobierno de España reaccionase ante aquella declaración. No lo hizo, salvo aquel cruce de cartas que, a nuestro juicio, era manifiestamente insuficiente.
Usted dice que ahora comparecerá el día 24 uniendo, enterrando si usted quiere, una cuestión tan importante como
esta con otras cuestiones importantes, y por eso nosotros hemos decidido traerlo al Pleno de la Cámara. Señor ministro, yo recibí en aquellos meses, aquellas semanas previas a la declaración de la Cámara de los Comunes, a un importante
miembro de la Cámara de los Lores que, a petición del ministro de Exteriores, vino a explicarle a la oposición en España el contenido real de ese acuerdo previsible que todavía no se había firmado y, sobre todo, del acuerdo del Gobierno británico de
reconocer la autodeterminación de Gibraltar. Le recibí y vi claramente que ahí había más de una trampa y lamento decirles que a ustedes se la colaron pero bien. Ustedes dicen que no han renunciado a ninguna de las pretensiones sobre la soberanía,
es posible que no, pero lamentablemente el hecho es que sí. La negociación se ha complicado extraordinariamente, y para colmo de males el Gobierno británico y las autoridades locales de la colonia han pasado por alto que la legalidad aplicable al
contencioso no admite bajo ningún concepto que el derecho de autodeterminación de los habitantes de la colonia sea una realidad. Como usted sabe muy bien, el artículo 10 del Tratado de Utrech solo establece dos posibilidades, o bien que permanezca
Gibraltar bajo soberanía británica, o bien que se produzca la retrocesión a España, en ningún caso una tercera vía que implique la autodeterminación de la colonia. Lamentablemente, tengo que decirle que al principio de la descolonización por
autodeterminación establecida en la Resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, se logró una excepción, una victoria diplomática de la dictadura, pírrica si quiere usted, pero que fue importante en su momento y que tiene su importancia ahora,
y es que a ese principio general se establecieron dos excepciones, como usted sabe, las Malvinas y España. Se debía proceder a la descolonización por la restitución de la integridad territorial de esos países. Francamente nosotros creemos que con
este acuerdo lo que han hecho ustedes ha sido blindar el carácter de cesión a perpetuidad del Tratado de Utrech, que fue declarado ilegal por la propia Carta de Naciones Unidas y las sucesivas resoluciones.
La autodeterminación de Gibraltar es a todas luces inaceptable, lo será para ustedes como lo es para nosotros; pero sus gestos han hecho que no sea inaceptable, sino que lamentablemente sea hoy una realidad jurídica en el ordenamiento
jurídico británico. Hoy, como decíamos, el Reino Unido se ha blindado frente a Gibraltar y frente a España; ustedes nos han privado de una negociación real y profunda de todos los temas, especialmente en el de la soberanía; hoy Utrech vuelve a
estar blindada y su reconocimiento de la autodeterminación supeditada a España enquista y perpetúa el problema.
En cuanto al acuerdo, nosotros, como dijimos en los medios de comunicación y en otros debates, estamos conformes con el resultado favorable logrado para las pensiones; es evidente que nos hemos reunido en más de una ocasión con los
pensionistas de Gibraltar y francamente la situación en la que se encontraban era trágica. En ese sentido, no cabe más que decir que es un resultado positivo. Ahora bien, hablan ustedes a lo largo de los anexos del acuerdo, por ejemplo, cuando se
habla de facilitar la circulación y el tránsito de personas, vehículos y mercancías: por la verja/frontera. ¿Desde cuándo hemos aceptado nosotros que eso fuera una frontera? Ustedes dicen que es frontera para los británicos y verja para los
españoles. Francamente, para nosotros eso es una cesión en el lenguaje, es una cesión semántica, es una trampa semántica más en la que ustedes han caído.
En cuanto a la utilización conjunta del aeropuerto, que sustituye al acuerdo de 2 de diciembre de 1987, en ese acuerdo se establecía la constitución de dos terminales: una terminal al norte de la verja, por tanto, en territorio claramente
español, que no está disputado, porque evidentemente nosotros no reconocemos que el istmo esté legal ni legítimamente ocupado por el Reino Unido; otra terminal al sur de la pista, y los vuelos con destino y origen en España pasarían por esa
terminal al norte de la verja y los que iban con destino u origen territorio británico pasarían por el sur de la pista. Su diplomacia creativa, eso de montar una nueva terminal cerca de la verja, en la que hay un voladizo que pasa por encima de la
verja, donde se van a situar los policías y guardias civiles españoles, es, como poco, rocambolesca; es francamente, como poco, rocambolesca.
Además, hay ciertos problemas que hay que subrayar respecto de este acuerdo. En primer lugar, no es en realidad un acuerdo sobre doble uso; en segundo lugar, la terminal está del otro lado de la verja; en tercer lugar, la autoridad de
facto, no ya legal para nosotros, en el istmo es el Reino Unido y las autoridades locales de Gibraltar. El permiso para que los pasajeros que tengan como origen y destino España no pasen control lo es en virtud a una exención administrativa y no a
un derecho de nuestro país, y además se reservan el derecho de ejercer el control sobre los pasajeros con origen o destino España que por motivos de seguridad, o cualquier otro de excepción, les permita hacerlo, en vez de haber hecho algún tipo de
acuerdo bilateral diciendo: No, si nosotros pensamos que hay algún tipo de pasajero sospechoso, que el control excepcional lo haga la Policía o la Guardia Civil españolas.
En consecuencia, señor ministro, se trata de un reconocimiento en toda regla de la jurisdicción y control de las autoridades locales de Gibraltar sobre el istmo, lamentablemente. Esto se puede añadir como un hito al de 1810, cuando el
famoso campamento hospital se convierte en permanente; el de 1908, cuando se construye la verja que ahora se llama frontera; el de 1938, cuando se construye el aeropuerto; y ahora será el de 2006, con el reconocimiento de la jurisdicción.
Hay dos cosas que ustedes creían que no tenían importancia ninguna; una de ellas es el tema del prefijo internacional. Dicen ustedes que hay otros territorios dependientes que tienen prefijos distintos: las Malvinas, las Islas Vírgenes
estadounidenses y muchos más, incluso Hong Kong, pero es que Hong Kong ya ha revertido a
China; Gibraltar no, y no parece que vaya a ocurrir. Pero no tiene ninguno la sensibilidad, los problemas y la complejidad política, la simbología política que tiene éste. Por tanto, francamente creemos que es un acto de aquiescencia y de
cesión innecesaria en este terreno. Además, estábamos ofreciendo 100.000 líneas y se les han dado 500.000; es decir, casi 20 por habitante de Gibraltar. Es como si en Madrid hubiese 60 millones de líneas, señor ministro.
En cuanto al Instituto Cervantes, ya sabemos que ustedes han dicho que si se dan clases en el Instituto Cervantes de Alcalá de Henares, por qué no se van a poder dar en Gibraltar. Pero es un reconocimiento innecesario de que Gibraltar es un
territorio extranjero, porque las sedes del Instituto Cervantes están en el extranjero, enseñan el español en el extranjero y tienen una simbología diplomática evidente. ¿Qué estatus va a tener el director del Instituto Cervantes en Gibraltar?
¿Tendrá estatus diplomático en cualquier caso?
Por concluir, señorías, han hecho ustedes verdaderas, graves e innecesarias concesiones. Se la han colado como a los malos porteros, de caño, señor ministro, pero el problema está en que ustedes no tienen verdadera concepción de Estado, es
muy poco clara. (Rumores.) Yo no voy a decir que no tengan sentido de Estado, digo que no tienen concepto de Estado ni concepción de Estado, y se está viendo en tantas otras cosas.
Total, ¿qué más da desmontar el Estado que ceder a 293 años de
reivindicación o a 50 años de posición diplomática? Al fin y al cabo, señor ministro, es una y otra vez lo mismo de siempre: ceder en las cuestiones de fondo para obtener pírricas, míseras, misérrimas victorias coyunturales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor De Arístegui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Gracias, señoría, por su interpelación porque me permite hacer hoy en el Congreso de los Diputados la valoración política del Foro de diálogo sobre Gibraltar y de los resultados de la sesión ministerial que se mantuvo en Córdoba el día 18 de
septiembre y que son fruto, es verdad, de dos años de intenso trabajo y con unos buenos resultados. Ya tuve ocasión de informar el 5 de octubre en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Senado sobre los resultados alcanzados, y
lamento no haber podido hacerlo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso con anterioridad porque su grupo -no sé si S.S.-me pidió el aplazamiento.
Por eso hemos decidido hacerlo el día 24. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero al pedirme
ustedes su aplazamiento -y creo que S.S. también- tuve que retrasar mi intervención.
Como saben, en opinión del Gobierno, los acuerdos de Córdoba son plenamente satisfactorios, tanto desde el punto de vista de nuestra política exterior como de los intereses del Campo de Gibraltar. Además ese fue el sentimiento general
expresado por todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, y nada más y nada menos que representado por el respetable predecesor en mi cargo y buen conocedor de la cuestión de Gibraltar, el senador Piqué. Y es que los sucesivos
gobiernos de España, en el ejercicio de sus responsabilidades en materia exterior, han contado siempre, siempre, hasta ahora, con el respaldo de este Parlamento para la defensa de las posiciones de España sobre Gibraltar, porque es indudable que con
el respaldo de todos los grupos políticos nuestra posición a la hora de negociar es más fuerte, es más capaz y obtiene mejores resultados. Por lo tanto, espero que el mismo respaldo político que obtuvo el Gobierno, que obtuve yo en mi intervención
en el Senado, lo pueda obtener hoy aquí en el Congreso de los Diputados, aunque su intervención me hace dudar de que sea el caso. De todas formas, intentaré convencerle no con datos, sino con políticas, con expresiones de cuál ha sido el logro y
los acuerdos de este nuevo enfoque que ha hecho el Gobierno sobre Gibraltar.
En estos acuerdos nuestra posición tradicional en lo que se refiere a la cuestión de fondo, la cuestión que le preocupa a usted, como nos preocupa al Gobierno y como le preocupa a todos los ciudadanos españoles, la cuestión de la soberanía,
ha salido reforzada. Y los textos -y le pido que los lea bien- dejan claramente establecidas las diferentes cláusulas de salvaguarda que no tienen ninguna repercusión en lo que atañe a la soberanía y a la jurisdicción y que no prejuzgan las
respectivas posiciones al respecto. Al mismo tiempo, y aún más importante, el Gobierno de Gibraltar entiende y acepta de manera explícita por primera vez que las referencias a la soberanía son una cuestión bilateral que compete al Reino Unido y a
España. Con esta firmezao, con estos acuerdos prácticos, hemos abierto el camino para la creación de un clima de diálogo que nos conducirá a más resultados en el futuro, permitiéndonos abordar en el momento oportuno las cuestiones de soberanía.
Además, estos acuerdos serán especialmente beneficiosos para los habitantes del Campo de Gibraltar. Nos brindan una oportunidad de poner fin a situaciones como las de las pensiones; agradecemos sus apoyos y sus conversaciones, pero la realidad es
que las pensiones se han arreglado ahora y de manera satisfactoria para todo el mundo. Por lo tanto, es de justicia agradecer el esfuerzo y el resultado. En mi reciente viaje al Campo de Gibraltar, el pasado 3 de octubre, he tenido la ocasión de
comprobar la acogida entusiasta que a los acuerdos ha dado la población de la zona, los pensionistas y todos los alcaldes de los municipios del Campo de Gibraltar, incluidos los del Partido Popular, con los que me reuní. Los acuerdos suponen
también un magnífico instrumento para impulsar el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar, como han reconocido diversos
agentes económicos tanto a nivel nacional como en la región.
Señorías, quisiera recordar aquí la situación en que nos encontrábamos en 2004 cuando asumimos la responsabilidad de gobierno. Tras comprobar la imposibilidad de continuar las conversaciones de cosoberanía, en las que, como recordó el
ministro Piqué el otro día, el Gobierno siempre contó con el apoyo de la oposición, era evidente que el proceso de Bruselas estaba estancado. No se produjo ni una sola reunión entre el referéndum de Gibraltar de noviembre de 2002 y el año 2004. Mi
predecesora llegó a decir el 18 de julio de 2003 -y cito- que no hay novedades en el proceso de negociación sobre Gibraltar, no hay calendario ni premura. En suma, el Gobierno del Partido Popular no hizo nada en ese periodo por recuperar el diálogo
con el Reino Unido. Por lo tanto, nos encontramos con una situación de dos alternativas: o continuar gestionando la confrontación y el estancamiento, o abrir una vía de diálogo para abordar todas las cuestiones y las soluciones de problemas
concretos. Elegimos la segunda posibilidad y junto con mi colega británico, Jack Straw, decidí crear el 27 de octubre de 2004 -no en noviembre, como dice la interpelación- el Foro de diálogo a tres bandas sobre Gibraltar.
Señorías, me interesa, antes de entrar en la explicación de los acuerdos, aclarar algunas cuestiones relativas al proceso iniciado en 2004 en el Foro de diálogo y que el interpelante ha confundido en su exposición.
Para este Gobierno la
reclamación de la soberanía ha sido siempre prioritaria e irrenunciable. Así lo he reiterado públicamente y como última prueba, en última instancia, en mi intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas del pasado 22 de septiembre. De esta
reivindicación española irrenunciable son conscientes los demás participantes en el Foro de diálogo y sobre esta base se constituyó. El proceso de Bruselas está plenamente vigente y es el ámbito donde el Reino Unido y España discuten bilateralmente
sobre la soberanía de Gibraltar. Su vigencia se demuestra, por un lado, en que el comunicado de constitución del Foro de diálogo lo reconoce como expresamente separado de este último. Lo que se ha hecho, sin renunciar a la soberanía, es crear un
clima de confianza mutua, eso es verdad, y de cooperación en beneficio y para la prosperidad de Gibraltar y de la región en su conjunto y, en particular, del Campo de Gibraltar, lo que confío que sirva para avanzar hacia una solución definitiva del
contencioso, de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas.
En cualquier caso, el tema de la cooperación que encierran los acuerdos de Córdoba no tienen escasa importancia, no son pequeñas victorias pírricas, señor De Arístegui, son cuestiones que
afectan al día a día de todos los ciudadanos que viven en la zona del Campo de Gibraltar y, por lo tanto, a muchos ciudadanos españoles que se verán afectados por la mejora que estos acuerdos han conseguido. El Foro de diálogo no reconoce de facto
a Gibraltar, como usted señala, y no le eleva a rango de Estado.
De hecho, el comunicado de creación del Foro de diálogo, de 16 de diciembre de 2004, establece expresamente lo contrario, y le pido que se lo lea. Cito: Sin perjuicio de su
respectivo estatus constitucional, incluyendo el hecho de que Gibraltar no es un Estado soberano independiente, cada una de las partes tendrá su voz propia. Tanto en el comunicado ministerial de Córdoba del 18 de septiembre como en la declaración
sobre el aeropuerto se reconoce competencia exclusiva en materia de soberanía al Reino Unido y a España. Son motivos puramente prácticos los que han llevado a dar a Gibraltar voz propia y a admitir su participación en la adopción de decisiones en
las materias de su competencia. Pero este no es un elemento novedoso, señor Arístegui, en la negociación sobre Gibraltar, sino que anteriores gobiernos lo intentaron -la pena es que lo intentaron sin éxito-, y para recordárselo le señalaré el
párrafo del comunicado de la reunión del señor Piqué y Straw en Barcelona de 20 de noviembre de 2001, que dice, y cito: Hemos convenido que el Gobierno de Gibraltar tiene una contribución importante que realizar a nuestras discusiones. La voz de
Gibraltar debe ser oída. Hemos reiterado la invitación que le cursamos al ministro principal de Gibraltar cuando nos reunimos en Londres el 26 de julio para que asista a las reuniones ministeriales futuras del proceso de Bruselas. Su papel será
plenamente respetado y tendrá la oportunidad de contribuir plenamente a las discusiones. El proceso se beneficiará ampliamente con las opiniones directas del Gobierno de Gibraltar y, a través de él, de la asamblea parlamentaria y de la opinión
pública de Gibraltar en su conjunto. Cierro la cita. Por tanto, no es algo nuevo, es algo que hemos heredado del espíritu que se hizo crear a base de todo lo que fueron los esfuerzos de los distintos ministros de Asuntos Exteriores para alcanzar
una solución definitiva.
Señorías, con estas aclaraciones, y tras casi 22 meses de funcionamiento del Foro de diálogo sobre Gibraltar, creo poder decir que el resultado de sus trabajos es positivo. No se ha realizado cesión en el contencioso ni se ha debilitado
nuestra posición; por el contrario, se ha posibilitado un clima de diálogo y colaboración que nos ha permitido alcanzar acuerdos beneficiosos que no tienen repercusión alguna en lo que atañe a la soberanía. Además, el Foro de diálogo ha creado las
condiciones para reconducir la reforma constitucional. En suma, no se ha cruzado ninguna línea roja y, como reconocía el senador Piqué el pasado 5 de octubre, se ha encontrado un equilibrio razonable con los acuerdos de Córdoba.
Es muy curioso, señor Arístegui, que aquellos que conocen a fondo el problema dentro del Partido Popular se hayan manifestado a favor o hayan guardado silencio, tal como el ex ministro Piqué, el alcalde de La Línea, el portavoz del Grupo
Popular en la mancomunidad, y usted nos venga con unas posiciones divergentes de todos aquellos que siguen con interés, que conocen el contencioso y saben las dificultades de este asunto.
En cualquier caso, y concluyo, el Gobierno está convencido de este proceso y de la bondad del proceso y espera que la línea de mesura y de apoyo crítico mostrada
por el senador Piqué sea la que se imponga en el Grupo Popular y podamos entre todos crear lo que usted decía, una política de Estado. Siempre estamos dispuestos a crear una política de Estado y, sobre todo, con una cuestión tan importante
como Gibraltar.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.
Para explayar su turno de réplica, por tiempo de cinco minutos, don Gustavo de Arístegui tiene la palabra.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Usted, señor ministro, trata de explotar lo que, a su juicio, es una quiebra en las posiciones del Partido Popular. Pues no. Quiero decirle que yo hablé con el senador y ex ministro Piqué largo y tendido
después de su intervención en el Senado, y me dijo que todas las críticas que nosotros habíamos hecho en los medios de comunicación y las que yo le he manifestado aquí, en esta interpelación, las compartía plenamente y que él además estaba de
acuerdo con los efectos positivos que podía tener el tema de las pensiones y los efectos prácticos derivados de la utilización conjunta del aeropuerto, pero que estaba claramente preocupado por las consecuencias de fondo que podían tener todas las
que yo le he explicado aquí.
Francamente es curioso que venga usted a decirnos ahora que no compareció porque nosotros habíamos aplazado la petición de comparecencia. Le quiero recordar que fue usted quien cambió la fecha y que la cambió a última hora, de una fecha a
otra, y esa fecha ya no le venía bien al Grupo Popular, pero fue usted quien impuso la primera fecha y quiso imponer la segunda, esa es la realidad. También es curioso que usted lo diga teniendo como tiene 27 comparecencias pendientes pedidas por
el Grupo Popular. En cualquier caso le quiero decir, señor ministro, que la posición del Partido Popular es la que le manifiesto yo aquí y ahora, es la posición del presidente del Partido Popular y es la posición del Partido Popular. No venga
usted a decirnos que si el alcalde de La Línea, porque guarda silencio, tiene una posición distinta. La posición del alcalde de La Línea y del portavoz en la mancomunidad de municipios es la que dicta el partido y la fija su presidente y es la que
yo le estoy exponiendo a esta Cámara aquí.
Señor ministro, decía usted varias cosas. El Gobierno de Gibraltar -decía usted- concedía y reconocía el carácter bilateral de las cuestiones de la negociación de la soberanía. Yo no estoy diciendo que ustedes no tuviesen la intención
clara... si no le interesa, lo dejamos para otro momento.
(El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Moratinos Cuyaubé: No, no, le estoy escuchando.) No creo que usted haya querido renunciar voluntariamente a estas cuestiones,
pero el resultado es la renuncia, el resultado es que se ha visto gravemente afectada la reivindicación de fondo. Usted no lo querrá ver, pero lo ven muchos expertos. Señor ministro, hemos mantenido muchas reuniones con otras personas que saben
tanto o más que usted o tanto o más que yo. Porque usted lo que quiere es tratar de fijar aquí su discurso político sin contestar a ninguna de las cuestiones que yo le he planteado desde esta tribuna, su discurso es la desunión supuesta del Partido
Popular de una parte y que quien le habla no tiene ni idea de esta cuestión. Pues ni lo uno ni lo otro, señor ministro, soy diplomático como usted y sabe que esta es una cuestión fundamental para cualquier diplomático. En cualquier caso, señor
ministro, dice usted que la soberanía sobre Gibraltar es irrenunciable. Sin duda ninguna, ustedes lo dicen, pero que las consecuencias de ese carácter irrenunciable sean o no una realidad hoy es bien distinto. La realidad es que el proceso de
Bruselas, que usted dice que sigue plenamente vigente, en muchas declaraciones que han hecho diputados británicos e incluso el Gobierno de Gibraltar, como usted lo llama, las autoridades locales de la colonia, claramente establecen que no creen que
el proceso de Bruselas siga en vigor. No vaya usted a tratar de vender a la opinión pública que solo el Partido Socialista y solo el Gobierno socialista tienen una actitud favorable hacia el Campo de Gibraltar y hacia la población de la colonia.
No es verdad. Usted mismo ha leído nuestra intención de diálogo y de entendimiento con ellos, pero sin renunciar a las cuestiones de fondo. Y usted ha hecho una renuncia.
No querrá reconocerlo, pero es así. Hay unas cuestiones -como le he dicho
en mi primera intervención- que han tenido o van a tener graves consecuencias. Nosotros decíamos que eran pírricas victorias, señor ministro, porque el que pasen con mayor celeridad las personas que cruzan la verja -que no frontera- es una cuestión
de comodidad y sin duda mejora la calidad de vida de las personas. Pero creo yo, señor ministro, que las cuestiones de soberanía y las cuestiones de fondo serán más importantes, con todos mis respetos, al tiempo que puedan pasar esperando a pasar
por la verja que esto último que le digo.
Por último, ustedes han vuelto a tratar de venderle a la opinión pública española humo. Si no tienen claro qué significa la soberanía de España, ¿cómo van a tener claro qué significa la soberanía de Gibraltar? (El señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Moratinos Cuyaubé: ¡Qué barbaridad!- Rumores.) ¿Cómo van a tener ustedes claro cuál es la cuestión de Gibraltar? Es evidente: cuando tienen ustedes un presidente del Gobierno que confunde nación, nacionalidad, que qué
más dará una cosa que otra, pues de esos polvos vienen estos lodos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Arístegui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, voy a empezar por las cuestiones de forma, sobre mis comparecencias, no comparecencias y mis
peticiones de informar al Parlamento. Es verdad que cambié la fecha porque creo que hay un problema con el señor Piqué y con sus compañeros del Senado debido a que en ese mismo día se presentó una interpelación urgente en el Senado. No
puedo estar en el Senado y en Congreso de los Diputados, y por eso tuve que cambiar la fecha. Y luego, cuando dije una fecha, ustedes pidieron el aplazamiento. Y sobre mis ausencias y no respuesta a 27 comparecencias, pues le puedo dar un texto
con todas mis participaciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Creo que me avala en relación con los anteriores gobiernos del PP, con mucha diferencia, el número de comparecencias y presencias en el Congreso de los Diputados y en el
Senado, algo que es de obligado cumplimiento y que yo hago con enorme satisfacción. Pero no hagan demagogia sobre mi ausencia y mi falta de voluntad de informar al Congreso de los Diputados y al Senado.
Sobre el fondo. Usted particularmente o el Partido Popular, si usted representa al Partido Popular, porque no sabemos quién representa al Partido Popular; me imagino que el señor Piqué también representa al Partido Popular, cuando es
portavoz de Exteriores en el Senado creo que está hablando en nombre del Partido Popular; tienen que ponerse ustedes de acuerdo. Pero no voy a entrar en ese juego. Vamos a adoptar su posición: usted es el verdadero responsable de política
exterior del Partido Popular. Bienvenido a la política exterior, señor Arístegui, y bienvenido con su gran bagaje diplomático. Le tengo que decir que usted siempre analiza, señala y manifiesta percepciones. En diplomacia, en política exterior,
las renuncias o las cesiones solo se pueden comprobar en textos o en declaraciones políticas. Esa es la única manera desde la que usted podría criticar que el Gobierno ha renunciado a la soberanía.
Vayamos texto por texto, párrafo por párrafo, y
en ningún texto, tanto de la composición del Foro tripartito como de los acuerdos de Córdoba, encontrará la menor renuncia a la soberanía española sobre Gibraltar.
Usted puede tener la percepción de que nos han metido un gol, pero ¿quién es usted
para decidir, comprobar o asumir la responsabilidad de decir que nos han metido un gol? Es su percepción personal, pero no la percepción de todos los medios políticos -hay muchos expertos, como he dicho-, de la opinión pública española y la opinión
pública internacional que han defendido y aplaudido los acuerdos obtenidos en Córdoba. (Aplausos.)
No he entrado en el detalle de sus respuestas. Dice que en pie de igualdad. No está en pie de igualdad el Gobierno de Gibraltar, no lo está. Le he vuelto a repetir y le he señalado que en cuestiones de soberanía precisamente los textos
dicen claramente que el Reino Unido y España son los únicos competentes en tratar cuestiones de soberanía, y es verdad, en el Foro de diálogo no hemos hablado de soberanía porque el proceso de Bruselas está vigente y queremos hablar de soberanía
entre Reino Unido y España. No tiene derecho de veto, porque el propio Gobierno de Gibraltar ha asumido que el tema de la soberanía es una cuestión exclusiva entre Reino Unido y España. Sobre el aeropuerto, señor Arístegui, es que no se lee usted
los textos. El aeropuerto de 1989 lo único que hacía era buscar esa fórmula de dos aeropuertos que no resolvía el problema. Lo que hemos conseguido con eso que usted llama medidas creativas ha sido resolver los problemas de los ciudadanos,
garantizar lo que es nuestra posición sobre el istmo, porque se han trasladado, letra por letra, coma por coma, las salvaguardas que el Gobierno del señor Fernández Ordóñez estableció en el aeropuerto en 1989. Por lo tanto, no hay ninguna cesión
sobre el istmo en el tema de 1989. Y respecto a lo que usted denominó la libre autodeterminación de las telecomunicaciones, no sé si las telecomunicaciones tienen derecho a la libre autodeterminación (Risas.), pero sí le diré que si le asusta tanto
que se ponga un prefijo, cuando hemos demostrado que hay muchos países y muchas entidades que tienen ese código de telecomunicación, ¿por qué no impidieron que en la definición de Internet se pusiese gi como una identificación a Gibraltar? Fue en
su Gobierno cuando se estableció un sistema de Internet para identificar a Gibraltar. ¿Estábamos dando el derecho de autodeterminación a Gibraltar? ¿Su Gobierno dio el derecho de autodeterminación en materia de comunicación por Internet? Pues no,
señor Arístegui, claro que ustedes no lo dieron, porque en un tema tan sensible y tan importante como el de Gibraltar la oposición tiene que hacer política de Estado como hizo la oposición socialista, y cuando ustedes negociaron la cosoberanía, que
no es defender la soberanía sino compartirla, el Partido Socialista estuvo detrás de ustedes y estuvimos ayudándoles y apoyándoles, y me hubiera gustado que después de una conversación con los lores nos hubiesen informado de los resultados.
Nosotros no ocultamos nada al Partido Popular, pero ustedes sí que nos lo ocultan. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Moratinos. Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho de la noche.