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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 204, de 28/09/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 204
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 188
celebrada el jueves, 28 de septiembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas.
('BOE' núm. 222, de 16 de septiembre de 2006.) (Número de expediente 130/000036.) ... (Página 10204)
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 59-1, de 25 de noviembre de 2005. (Número de expediente 121/000059.) ...
-Proposición de Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 58-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000047.) ...
Convalidación o derogación de Reales Decretos Leyes. (Votación.) ...
(Página 10228)
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 10228)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 85-1,
de 12 de mayo de 2006. (Número de expediente 121/000085.) ... (Página 10228)
-Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 86-1, de 12 de
mayo de 2006. (Número de expediente 121/000086.) ... (Página 10234)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página 10204)
Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas ...
La señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) expone ante la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la adopción del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas. Espera el voto favorable a este real decreto pues la aprobación de esta norma abrirá el tramo final del acuerdo
social y económico que permita cumplir con lo establecido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Medio Ambiente.
En turno de réplica intervienen el señor Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
Enmiendas del Senado ... (Página 10216)
Proyecto de ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas ... (Página 10216)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Villena, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ... (Página 10220)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki
Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación.) ...
(Página 10228)
Sometido a votación el Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas
cuencas hidrográficas, se aprueba por 310 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 139 votos a favor y 171 en contra.
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 10228)
Sometida a votación la enmienda del Senado al proyecto de ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, se aprueba por 309 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la enmienda del Senado al artículo 6.1 de la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se aprueba por 305 votos a favor y 6 abstenciones.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas del Senado a la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se rechazan por 148 votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10228)
Proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas ... (Página 10228)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta el proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de
transparencia financiera de determinadas empresas. Explica que el proyecto de ley supone la expresa trasposición al derecho nacional de las directivas de la Comisión Europea relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre las
administraciones públicas y las empresas públicas, así como la transparencia de otras empresas. El objetivo fundamental de este proyecto de ley es evitar los abusos de posición dominante por parte de estas empresas, además de controlar las
relaciones financieras existentes entre estas empresas públicas y las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. En definitiva se trata de garantizar la transparencia financiera de estas relaciones.
En turno a favor de la enmienda a la totalidad presentada, interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora
Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Interviene el señor Sánchez i Llibre, que retira la enmienda a la totalidad.
Proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. ... (Página 10234)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta el proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en
la normativa de la Unión Europea.
Explica que la reforma se plantea en armonía y coherencia con el marco conceptual de las normas internacionales de contabilidad, apartándose de él en el tratamiento de los gastos de investigación como posibles
activos de la empresa; la reforma permitirá completar el cuerpo normativo del año 1990 en dos temas de gran importancia, como son las operaciones de reestructuración empresarial, las fusiones y escisiones, así como los instrumentos financieros; la
reforma permitirá conseguir mayores cotas de comparabilidad en la información económico-financiera española y permitirá seguir compatibilizando la finalidad específica de elaborar información económico-financiera útil para la toma de decisiones
económicas con otras aplicaciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico para dicha información: mercantiles, fiscales, supervisión financiera e incluso penales. Con esta reforma tendremos un modelo moderno, que colma algunas de las lagunas de
la regulación anterior, con criterios y tratamientos uniformes para las empresas españolas.
En turno a favor de las enmiendas a la totalidad, intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC) y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Interviene el señor Sánchez i Llibre, que retira las dos enmiendas a la totalidad presentadas por su grupo.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, se rechaza por 130 votos a favor y 171 en contra.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
-REAL DECRETO-LEY 9/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN LAS POBLACIONES Y EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE REGADÍO EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
(Número de expediente 130/000036.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Reanudamos la sesión en el punto VI: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Vamos a tratar el Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas. Para la exposición del decreto-ley tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna para solicitar el apoyo de esta Cámara a la convalidación del Real Decreto-ley 9/2006, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos de la sequía tanto en poblaciones como en explotaciones agrarias en determinadas cuencas hidrográficas. Comenzaré
diciendo, señorías, como sin ninguna duda saben, que el año pasado fue en la práctica totalidad de la península Ibérica el año más seco de la historia de España, al menos desde que se tienen registros fiables, y que este año, el año
hidrológico que ahora mismo está culminando, ha sido también un año seco, aunque mucho menos que el año anterior, en media un 16 por ciento por debajo de los valores medios, aunque con una distribución muy desigual en cuanto a las precipitaciones;
lo que hace que para algunas comunidades autónomas, para algunas cuencas hidrográficas, este sea el segundo año de una sequía de extraordinaria intensidad. De hecho, en algunos casos ha sido este segundo año del periodo de sequía el más seco de los
que están registrados, por ejemplo en lo que se refiere a la cabecera del río Tajo, a los embalses de Entrepeñas y Buendía, donde se han registrado este año las menores precipitaciones conocidas de la historia.
El año pasado, señorías, aprobamos tanto un decreto-ley de medidas económicas de apoyo a las explotaciones agrarias más afectadas por la sequía como un decreto-ley por el que se permitían y se regulaban las transacciones de derechos de aguas
entre cuencas hidrográficas diferentes que estuvieran conectadas por alguna infraestructura. En este caso de nuevo tengo que solicitar a la Cámara, en primer lugar, que se adopten medidas económicas de carácter urgente por el efecto que está
teniendo este segundo año de sequía sobre numerosas comunidades de regantes y en algún caso sobre poblaciones servidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que han tenido que recurrir a la adquisición de derechos de agua desde la cuenca
del Tajo a un coste que ha significado sin ninguna duda una incidencia muy negativa para el equilibrio financiero de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. En este decreto-ley, además de la exención de las tarifas y de los cánones relativos a
la utilización del agua, hay la determinación por la cual se prorroga hasta julio del próximo año la entrada en vigor de la normativa que ha hecho desaparecer las tarifas especiales en materia de energía eléctrica para los regadíos, también en este
caso buscando un alivio económico para las comunidades de regantes; en esta misma norma se declaran de interés general del Estado un conjunto de obras de modernización de regadíos en las Comunidades Autónomas de Murcia y de la Comunidad Valenciana,
que suponen una inversión de algo más de 49 millones de euros y que vienen una vez más a acentuar la apuesta que hace el Ejecutivo por acelerar al máximo la mejora en la eficiencia en el uso del agua en nuestra agricultura, que, como saben, es el
uso que consume un mayor volumen de agua en nuestro país, por tanto como medida muy asociada a una gestión de la sequía que no sea, como ha podido ser en muchas ocasiones, una respuesta improvisada o excesivamente puntual, sino una respuesta de
largo plazo. Todo aquello que se refiera a reducir el consumo de agua sin por ello perjudicar la actividad económica es sin duda una respuesta de largo plazo que necesita nuestro país para poder abordar en el futuro las situaciones recurrentes de
sequía con una mejor estructura desde el punto de vista del consumo de agua en nuestro país.
Por lo que se refiere a las ayudas económicas, se trata, como señalaba, de eximir del pago de cánones de regulación y de los pagos correspondientes a la tarifa de conducción en el caso de las comunidades de regantes y de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla, que se abastecen a partir de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura. Todo ello lleva a un conjunto de exenciones que suman algo más de 40 millones de euros y que se refieren, en el caso de las comunidades de regantes,
a comunidades de regantes que han recibido durante el año hidrológico que ahora termina una dotación de agua inferior al 50 por ciento de sus dotaciones habituales, y son comunidades de regantes ubicadas en las cuencas del Segura, del Júcar y del
Guadalquivir. Esto no quiere decir que no existan dificultades para el regadío en otras cuencas hidrográficas de nuestro país, y por ello con este decreto-ley se anuncia la prórroga de los decretos que regularon el año pasado las medidas
excepcionales para la gestión de la sequía no solamente en las cuencas del Guadalquivir, del Júcar y del Segura, sino también en las cuencas del Ebro, del Tajo y del Guadiana, cuencas en las que han existido y existen tensiones puntuales que afectan
de manera evidente a sus agricultores. Ese es uno de los primeros contenidos importantes de este decreto-ley. Significa, como señalaba, que el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, dejará de ingresar algo más de 40 millones de euros durante
el año hidrológico de 2006, pero esto tiene que ver con la necesidad de tener en consideración la reducción de la producción agraria en las zonas contempladas en el decreto-ley. También para estas zonas se ha considerado oportuna, a propuesta del
Ministerio de Industria, que es también partícipe en la elaboración del decreto-ley, la prórroga de la norma del pasado mes de julio por la cual desaparecían las tarifas especiales de riego en materia de consumo de electricidad. Esto va a
significar un ahorro de 35 millones de euros para las comunidades de regantes afectadas por dicha disposición. Se prorroga hasta julio del próximo año la entrada en vigor de dicha determinación. Por lo que se refiere a la modernización de
regadíos, como he señalado, se trata de la declaración de obras de interés general en esta materia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, por un importe total de 49 millones de euros.
Señorías, en este decreto-ley existen también disposiciones relativas al Alto Guadiana. Quiero recordarles que la Ley del Plan Hidrológico Nacional del año 2001 establecía que en el plazo máximo de un año debería de aprobarse un plan
especial para el Alto Guadiana, plan especial que no se aprobó en la anterior legislatura y que en estos momentos está ya muy avanzado en su elaboración y que requiere algunas modificaciones de la vigente legislación de aguas para promover un ajuste
de la situación existente en cuanto a la elevadísima sobreexplotación de determinados acuíferos en el Alto Guadiana.
Eso es lo que aquí se propone, anticipándonos a lo que va a quedar incorporado en la reforma de la Ley de Aguas, en la que en estos momentos trabaja ya el Consejo Nacional del Agua para realizar su informe preceptivo. El Consejo Nacional
del Agua va a dictaminar en breve disposiciones que modifican nuestra legislación en materia de gestión de las aguas subterráneas, igual que lo va a hacer en lo relativo a las transacciones de derechos de agua, que aquí se prorrogan por un año más
en lo que se refiere a las transacciones que se realizan entre cuencas diferentes. Se trata, señorías, de reformas de profundo calado que requieren toda la atención de las distintas instancias, que deben de ser escuchadas. Por eso, señorías, en
contra de lo que hubiera sido el deseo del Ministerio de Medio Ambiente, todavía nos encontramos en esa fase previa de análisis y evacuación de informe por el Consejo Nacional del Agua. Eso es lo que nos obliga a traer a esta Cámara como
decreto-ley algunas medidas de gestión, que van a quedar incorporadas de manera definitiva en la reforma de la Ley de Aguas.
Señorías, por lo que se refiere al Alto Guadiana, en comentario a lo que está establecido en las correspondientes disposiciones de este decreto-ley, nos encontramos ante un número muy elevado de pozos en el Alto Guadiana que no están
registrados como pozos con derechos concesionales; se trata de autorizaciones de aguas de titularidad privada, anteriores a la vigente Ley de Aguas, y que no se han transformado en derechos concesionales. Para poder controlar y gestionar mejor
esas aguas subterráneas este decreto-ley abre la posibilidad de su transformación en derechos concesionales bajo determinados supuestos, y muy en particular -para que puedan entender la importancia de esta disposición- se podrán transformar en
derechos concesionales, pero dentro de los límites, en cuanto a derecho al agua, que sean compatibles con el proceso de recuperación del Alto Guadiana, es decir de acuerdo con la limitación de extracciones que se va fijando periódicamente y que
debería llevarnos a recuperar en un plazo de tiempo no superior al año 2015 la situación de las masas de agua subterráneas en el Alto Guadiana, conforme a lo que nos exige también la directiva marco europea en esta materia.
Quienes tengan, por
tanto, autorizaciones privadas para el uso del agua podrán convertirlas en derechos concesionales con una vigencia hasta el año 2035, pero en derechos concesionales que reconocerán como derecho al agua exclusivamente aquel volumen de agua que sea
compatible en su extracción con el proceso de reducción gradual de sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana. A partir de esa transformación los titulares de esos derechos concesionales podrán recurrir a su vez al denominado Centro de
intercambio de derechos del agua, donde, según lo que se establece en este decreto-ley, esos derechos concesionales podrán transmitirse a otros usuarios, en particular se podrán transmitir a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para que
establezca sobre ellos el destino que considere oportuno, o bien -esta es una novedad absoluta respecto a la legislación en vigor- esos derechos concesionales se podrán recuperar por el organismo público de cuenca para ser mantenidos dentro del agua
subterránea de la cuenca, es decir para no ser utilizados sino para tener una finalidad ambiental, una finalidad de recuperación de las aguas subterráneas del alto Guadiana. La aprobación de esta norma abrirá sin ninguna duda el tramo final del
acuerdo social y económico que nos permita cumplir con lo establecido en la ley del Plan Hidrológico Nacional el año 2001: aprobar un verdadero plan especial de recuperación del Alto Guadiana que será una operación de importantísimo calado desde el
punto de vista económico, social y ambiental en esa zona. Para todo ello, me dirijo a los distintos grupos parlamentarios pidiendo la convalidación de este decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra. ¿Algún grupo quiere ejercer su turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Pasamos a la fijación de posición de los grupos parlamentarios. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Permítame que en el día de hoy hable en nombre de Chunta Aragonesista, cuyo portavoz no puede asistir por tener la baja médica. Quisiera hacerle este favor a un compañero interviniendo en este punto para indicar que este decreto no sirve a
los intereses de Aragón. Desde Chunta Aragonesista se considera injusto el criterio de aplicar los beneficios del mismo solo a aquellas zonas que han tenido en el cómputo total de la campaña de riego menos del 50 por ciento de la dotación normal.
Existen varias razones, pero explicaremos solo una. En zonas como la del canal de Aragón y Cataluña, con cien mil hectáreas de regadío, han podido superar esa cifra, pero la realidad es que les ha faltado el agua en los embalses al final de la cría
de cereales de verano, maíz y forrajes. Han tenido restricciones, pasando de una dotación normal de 0,48 litros-segundo-hectárea a 0,20 litros-segundo, lo cual les ha hecho perder uno o dos riegos en los momentos críticos de final del verano,
originando así pérdidas que podrían suponer más del 30 por ciento de la producción media. En consecuencia, consideramos que debería añadirse a este real decreto-ley que sean objeto de ayudas las zonas regables que han tenido una dotación igual o
inferior al 50 por ciento de la normal en el cómputo total de la campaña o en algún momento de la misma cuando se hayan producido pérdidas significativas en las cosechas. Por todo ello, solicitamos la tramitación como proyecto de ley de este real
decreto para poder mejorar estas carencias mediante las enmiendas parciales pertinentes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. Participamos plenamente de una serie de responsabilidades e inquietudes. Sobre todo en el área peninsular, por las cuencas
hidrográficas afectadas, era necesario garantizar no solo un determinado tipo de explotaciones agrícolas, sino los efectos que se recogen acertadamente en esta legislación respecto a las consecuencias económicas, como puede ser la producción agraria
que se viene abajo si no hay una garantía de que tengan al menos como punto de partida el 50 por ciento de las dotaciones que tuvieron en los años pasados; en segundo lugar, los efectos sociales de tranquilidad en el medio rural; y en tercer
lugar, los efectos medioambientales. No olvidemos que un regadío, una disposición de recursos hidráulicos en el medio rural en España no solamente está contribuyendo a participar como uno de los factores de la producción, el agua como elemento de
la producción agraria, sino también a la estabilización de unas rentas del sector agropecuario y agrofrutícola y al mismo tiempo como un efecto paisajístico y medioambiental. No es lo mismo la imagen, el escenario de una España desértica, árida,
que una España en la que el verde, el vergel está señalando la utilización de unos recursos hidráulicos. Ahora bien, también era preciso adecuar una legislación para las dotaciones y sobre todo no dejar a los usuarios que olviden que el agua
subterránea, las capas subálveas de los recursos hidráulicos, son bienes comunes, que no pueden ser objeto de un acaparamiento, de una monopolización de uso sin ningún control en los permisos de sondeos, de catas, etcétera, en la búsqueda de estos
recursos del subsuelo para las aplicaciones agrícolas.
Creemos que era necesario y urgente evitar esos actos que serían contrarios al bien común, así como reforzar -como bien dice la exposición de motivos de este decreto-ley-, defender y mantener
el carácter público de las aguas subterráneas, y por otra parte reforzar la eficacia de algo muy importante, señorías, que son los centros de intercambio de derechos de aguas, en los que podemos combatir la picaresca que pueda haber en la desviación
de recursos. El Gobierno y el ministerio tienen todo el apoyo de nuestro grupo, porque en Canarias somos buenos conocedores de la problemática que tiene el uso de las aguas fósiles que hay en las galerías naturales de las islas, así como de la
dinámica que siempre nos llevará a impulsar la creación de centros de potabilización de agua de mar para su utilización bien en el abastecimiento público, bien en cualquiera otra de las finalidades que tenga que tener.
En estos momentos la norma nos parece muy necesaria, adecuada e imprescindible para evitar desviaciones atípicas y que se rompa en el sector agrario el principio de solidaridad de la utilización del agua, sobre todo en aquellas partes en las
que los caudales por obtención pluviométrica prácticamente han desaparecido por la sequía que padecemos; sin embargo, hay que evitar la tentación de hacer perforaciones y catas para buscar el agua subálvea, las capas subterráneas que pueden alterar
toda la bondad de una legislación que desde hace mucho tiempo viene tratando de ordenar el problema de las cuencas, mediante una disciplina de las autoridades españolas. Nuestro voto será de apoyo, señor presidente, señora ministra, señorías, a la
convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Mardones.
Señoras y señores diputados, por acuerdo de la mayoría de los grupos haremos la primera votación después del debate de las enmiendas del Senado. Lo digo para su información y para que puedan gestionar su tiempo.
Tiene la palabra, para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, creo que a estas alturas estaremos de acuerdo en que si la renta de los españoles y las españolas hubiera caído el año pasado el 10 por ciento, en este país se hubiera montado una escandalera ciertamente
considerable. Pues bien, la renta agraria cayó en el año 2005 un 10,5 por ciento, y la verdad es que no hemos escuchado mucho ruido.
Los tres primeros meses del año 2005 trajeron las heladas, que hicieron mella especialmente en los cultivos
mediterráneos; la fruta temprana, las hortalizas de invierno, los cítricos fueron los más perjudicados y vieron caer su producción aproximadamente un 25 por ciento, sectores a los que hay que añadir el olivar. La falta de agua en los meses
siguientes provocó que nuestras producciones se resintieran aún más, saldándose con pérdidas importantes en los cereales de secano, olivar y viñedo. En cuanto al aceite de oliva, la cantidad recogida también ha sido inferior respecto a campañas
anteriores y evidentemente se compensará con precios.
Si las heladas y la sequía no eran suficientes para el sector, este año se acrecentó el hundimiento de precios que arrastran la patata, frutas y hortalizas desde hace tiempo. A todo ello hay
que añadir la reforma del sector del azúcar.
No recordaré que nuestro dinero, el de los consumidores, no ha ido a parar a los agricultores, sino que los diferenciales, que han llegado a ser de hasta el 1.000 por ciento, se los han apropiado los distribuidores, lo que revela la
necesidad de una política comercial que evitara el abuso de la posición dominante, por decirlo de una manera fina. En este contexto, señorías, el problema de
la sequía y el regadío no es un problema solo ambiental, es un problema económico y político. Por mucho que se debata siempre sobre lo mismo, la idoneidad o no de trasvases y los usos del agua, lo cierto es que tenemos un serio problema de
viabilidad en la renta agraria española. Es cierto que el año pasado la sequía fue prácticamente agronómica y no tanto hidráulica, por lo que el riego se vio menos resentido que este año, en el que los efectos están siendo muy duros. Izquierda
Unida comparte con casi todo el mundo en el sector agrario que el decreto-ley de ayudas para los regantes que se hayan visto afectados por la sequía es bastante insuficiente. Claro que estamos en una situación que cualquier ayuda se recibe y se
recibe bien, pero no parece que el real-decreto haya contentado a nadie. La primera queja deriva naturalmente del agravio.
Solo los agricultores de las cuencas del Guadalquivir, Segura y Júcar, aquellas cuyas dotaciones son iguales o están por
debajo del 50 por ciento, podrán beneficiarse del contenido de las ayudas aprobadas: la exención de cuota de tarifa de utilización del agua y el canon de regulación. Con esta redacción se incurre en un claro agravio comparativo entre productores
de cultivos regables, ya que en otras zonas de España también se han alterado planes de siembra al optar por producciones con menos necesidades de riego y se han producido pérdidas de rentabilidad de las explotaciones. La segunda queja viene de
considerar inadecuado el establecimiento de las medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias de regadío, con el condicionante de que la dotación de agua sea igual o inferior al 50 por ciento. Hay que recordar que en las ayudas a la
sequía de 2005 se tenía en cuenta un criterio de dotación inferior, en torno al 30 por ciento, para la exención de los cánones. Actualmente hay explotaciones con dotaciones de agua que no cumplen este requisito y cuyos daños por sequía son
cuantiosos. A la escasez en la disponibilidad de agua para riego los agricultores y ganaderos tienen que añadir el esfuerzo financiero que están realizando en la modernización de regadíos, el incremento en los costes de producción por subidas en el
gasóleo o los fertilizantes, a lo que hay que sumar nuevos costes por el cumplimiento de las normativas, cada vez más estrictas y seguramente necesarias, de protección medioambiental, seguridad en el trabajo, gestión de los residuos y por la
instauración de la trazabilidad y la certificación del aseguramiento de la calidad. Izquierda Unida coincide con aquellas organizaciones agrarias que han propuesto a la Administración que para que un mayor número de agricultores puedan beneficiarse
de estas medidas se introduzca un estrato o dos en función del porcentaje de infradotación que sufren estas explotaciones, de forma que aquellas que han tenido reducciones entre un 25 y un 50 por ciento pudieran acogerse a las exenciones aprobadas,
de tal manera que quienes se encuentren en este nivel alcancen un 50 por ciento de las medidas contenidas en el decreto.
Señorías, estamos convencidos de que no se tardará mucho en que vengan a esta Cámara o al ministerio correspondiente nuevas propuestas de ayudas económicas: aplazamientos del pago de amortizaciones e intereses en los planes de modernización
de regadíos, nuevas exenciones de las tarifas y cánones del agua de riego, exención del IBI de naturaleza rústica para las tierras que no se hayan podido regar y se hayan cultivado como de secano, solución para los jóvenes incorporados a la
actividad agraria que no pueden cumplir con el compromiso del mantenimiento en la actividad durante cinco años exigible para la disponibilidad de créditos, etcétera.
Además deberemos reconocer que las medidas para proveer lo que hace falta, esto es
el agua, están caminando también más lentas de lo previsto. Por todo ello, señorías, y señalando estas insuficiencias y también el tratamiento de discriminación que denunciamos, vamos a apoyar la convalidación del decreto, pero evidentemente y como
hacemos siempre señalando que no nos satisface en absoluto y que los debates pendientes siguen estándolo en esta materia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a votar de forma favorable a la convalidación del real decreto-ley por las razones expuestas por la ministra, cuya facundia no estamos en condiciones de emular en este momento. Sus argumentaciones nos parecen pertinentes. Es difícil
decir no a un real decreto-ley que provee de ayudas a las personas afectadas por uno de los grandes problemas que padece el país que es la sequía en determinadas cuencas hídricas. Es un problema in crescendo, por lo tanto voy a acabar mi breve
intervención en este caso, señor presidente, con un recordatorio a la ministra. Nosotros estamos esperando urgentemente a que se presente el proyecto de ley reguladora del uso racional del agua.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Olabarría.
Para fijar su posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, todos ya compartimos el diagnóstico de que la Península se encuentra en un periodo de sequía plurianual. Como decía Raimon, nuestro cantautor... (Pronuncia palabras en catalán.) Efectivamente, en los últimos días
en Cataluña llovió más que en los últimos ocho meses y para catástrofes pregunten a los usuarios de Renfe, aunque parece ser que, aparte de la lluvia, hay otros problemas en Renfe.
El Ministerio de Medio Ambiente ha constatado -y lo ha dicho antes la señora ministra- que 2004 fue el año con menores precipitaciones desde que se registran datos. Además, cabe recordar que las sequías duran bastantes años. Por ejemplo,
en este último siglo se han registrado graves sequías de 1941 a 1945, de 1979 a 1983 y de 1990 a 1995, y a este fenómeno recurrente hay que ponerle el acento del cambio climático.
Recuerdo el informe y las conclusiones de los paneles
intergubernamentales que decían: Las predicciones sobre el cambio climático apuntan a un aumento de la duración e intensidad de las sequías durante el siglo XXI, asociadas con un régimen más irregular de las precipitaciones y con temperaturas más
extremas y, en general, más cálidas. Es decir, nos enfrentamos a un problema constante y de largo recorrido y no me negarán que esto entra en contradicción con la aprobación de medidas temporales y provisionales. Estamos de acuerdo en que no nos
queda otra solución que tomar medidas urgentes, pero las medidas incluidas en el decreto-ley de hoy no dejan de ser medidas que ya tenían fecha de caducidad y ahora las tenemos que volver a encontrar. Las vamos a aprobar por solidaridad, pero lo
deseable sería tomar medidas que orienten ya la política agraria y la política hidrológica hacia un escenario de escasez de agua que se prevé para el siglo XXI. No sé, seguramente, si el Partido Popular va a insistir en el tema de los trasvases de
agua norte a sur, pero les quiero recordar que este verano en Francia tuvieron que parar las centrales nucleares por escasez de agua y por temperatura del agua. En estas condiciones no hay agua accesible de norte a sur. La cuña salina del Ebro
llega a Tortosa y en esas condiciones no hay agua de norte a sur. Lo digo para que no vuelvan a insistir en este tema. Lo hemos ya discutido. Puede ser que dé votos en algunos lugares pero en este foro no es necesario entrar en ello. Hay que
entrar en una política hidrológica para el siglo XXI, para un cambio climático que prevé periodos de escasez de agua y de sequías recurrentes.
Hace más de un año se aprobó el Real Decreto 10/2005 y más tarde el 15/2005. Son dos medidas que entonces ya compartimos como urgentes y provisionales, pero su reiteración nos acentúa más las dudas que tuvimos en su momento. En este caso,
apoyamos al portavoz de la Chunta Aragonesista y también al portavoz de Izquierda Unida. Tenemos dudas si es que parte de los agricultores no se han visto beneficiados por este real decreto-ley, lo que generará desagravios comparativos que habrá
que resolver de alguna forma. Al margen de la necesaria solidaridad con la actividad agrícola hay una cuestión de fondo que nos inquieta y es la forma cómo se compensan las pérdidas. La política europea insta al principio de recuperación de costes
en materia del agua y la propia legislación estatal obliga a recuperar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, en parte a través de los usuarios. Además, el ministerio ha reiterado su interés por la implantación de medidas de fiscalidad
ecológica y justamente vamos en sentido contrario; es decir, si se subvenciona en el tramo variable de la tarifa, cuanto más agua consumas en periodo de escasez más subvenciones recibes en términos absolutos. Si el canon y la tarifa están
asociados a la cantidad consumida, la medida que hoy se aprueba es radicalmente contraria a la fiscalidad ambiental. Nos preguntamos por qué no se ha hecho un esfuerzo en buscar medidas más elaboradas y lógicas. ¿No sería más lógico indemnizar los
daños ocasionados, incluyendo incentivos para que se lleve a cabo una utilización racional del agua y se evite el despilfarro? Se podrían haber considerado valores como la eficiencia, la adaptación de los cultivos, la modernización de la red de
regadíos. Insistimos en que por solidaridad hay que compensar los daños hasta que no se oriente la política agraria e hidrológica en términos generales.
La pregunta que nos hacemos es si se ha hecho de la forma más adecuada.
Según las organizaciones agrarias las pérdidas ocasionadas entre el periodo seco de 1992 a 1995 fueron superiores a los 9.000 millones de euros. Sería conveniente
tomar nota de este desequilibrio económico. En ese sentido vale la pena insistir en la gravedad de la situación que se padece ahora. Se está contemplando en la cuenca del Júcar suministros de regadíos menores que los materializados en el año
hidrológico 1994-1995, la sequía histórica más severa en el sistema del Júcar. Las restricciones y las dificultades de abastecimiento que nos consta existen para los usuarios, tanto agrícolas como municipales e industriales, del Júcar, el sistema
Vinalopó, Albacete, la mancomunidad de canales de Taibilla y la Confederación Hidrológica del Segura son tales que merecen medidas excepcionales, como la de alargar la posibilidad de las transacciones de derechos de aprovechamientos de aguas. Aun
así, nuestra obligación es recordar lo que ya dijimos en su momento: consideramos que nos encontramos ante un real decreto que abre una puerta demasiado grande como para hacerse de nuevo como medida urgente, con escasa regulación y sin debate
parlamentario. Parece que nos encontramos ante lo que es ya un embrión de un banco de aguas y eso es lo que nos hubiera gustado poder discutir hoy en esta Cámara, una regulación detallada sobre el contexto en que deben darse las concesiones de agua
en periodos de escasez.
Estamos de acuerdo en que para dotar de más eficiencia el mercado de agua hay que flexibilizar el régimen concesional; la posibilidad de celebrar contratos de cesión de agua por parte de agricultores de zonas regables de
iniciativa pública serán un claro incentivo para la optimización del agua en sus cultivos. Entendemos que el agua se verá revalorizada y que los agricultores tendrán nuevos costes de oportunidad para su actividad.
El problema es que todas las
dudas surgidas en su momento siguen sin resolverse. Primera, algunos regadíos de iniciativa pública disponen de agua a un céntimo de euro por metro cúbico, mientras que el coste medio de abastecimiento de agua para usos urbanos es de 23 céntimos
por metro cúbico. ¿Cómo se va a regular el mercado para hacer frente a esa disparidad?, ¿cómo se van a evitar ineficiencias, monopolios,
monopsonios, etcétera? Segunda, al tener desabastecimiento de agua, ¿quién decidirá los destinos prioritarios?, ¿se lo vamos a dejar al mercado? Insistimos en que esto debería estar más regulado para poder subsanar la heterogeneidad que
tienen los costes de agua. Tercera, ¿cómo se va a controlar que las nuevas solicitudes no sean por falta de implementación de medidas de ahorro y contención de la demanda?, ¿por qué no se concretan máximos de concesión de agua para situaciones de
barbecho?, ¿qué pasa si determinadas zonas apuestan en masa por limitar su actividad agrícola en virtud de la cesión de agua?, ¿qué impactos socioeconómicos pueden tener decisiones de este tipo sobre los sectores asociados a la agricultura en esos
territorios? Tenemos muchas dudas, señorías, que deben solventarse y se debe planificar a largo plazo. Durante este último año nos consta que solo se han dado dos contratos en este marco: el de la comunidad de regantes de Estremera y los regantes
de Tajo-Segura y el de la comunidad de regantes de la Fuente de Cela, Almería, y Arcos de Almanzora. No sabemos si ha habido más, pero en este caso nos gustaría saber qué seguimiento de estas medidas está haciendo el Gobierno a efectos ambientales
y socioeconómicos. Esperamos que cuando la ministra comparezca sobre este tema en el Congreso nos informe debidamente de ello y del diseño del banco de aguas. No cabe duda de que se comparte la necesidad de acometer con más urgencia obras y
medidas de modernización y mejora de los regadíos existentes y, en ese sentido, nos gustaría saber en qué situación de ejecución están ya los proyectos que se clasificaron como urgentes hace un año y cuándo se prevé que empiece a dar frutos esta
inversión. Estamos de acuerdo con la señora ministra en que hay que abordar la reforma de la Ley de Aguas, el Plan especial de la situación del Alto Guadiana, pero el tema pendiente es reorientar la política agraria y la política urbanística a un
escenario que se prevé de escasez de agua.
Señorías, agua para todos, sí, pero el agua es poca y tenemos que arreglarnos con la que hay.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Bonàs.
Para fijar su posición tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, por descontado que nuestro grupo va a dar el voto favorable a este decreto-ley de medidas excepcionales o urgentes, de resolución de la situación en el Alto Guadiana y en las cuencas del Júcar que también están afectadas.
Nuestro grupo entiende que se ha actuado correctamente por el hecho de que se ha creado la Comisión interministerial y porque ante la necesidad de agua prevalecen los temas de medio ambiente sobre los agrícolas y sobre los de turismo y comercio.
Ha
recordado muy bien que los temas a resolver son, primero, el agua para la población y, después, las explotaciones agrarias. Nuestro grupo se siente también satisfecho de que al menos en el real decreto-ley se contemple la aplicación de medidas para
las zonas donde, por analogía, se produzca una pérdida de agua superior al 50 por ciento y ha recordado que puede ser en sitios puntuales del Ebro, del Tajo y del Guadalquivir. Es un tema que siempre hemos recordado en los anteriores reales
decretos cuando se ha hablado de heladas o de incendios forestales y entendemos que cuando el Gobierno piensa en determinados hechos excepcionales o catástrofes, tiene que aplicar con justicia y con ética estas ayudas a las zonas que tienen los
mismos daños o problemas. También entendemos que la aplicación de la regulación de las tarifas eléctricas para un año más y la reducción de la liberalización son positivas y después también nos felicitamos por el hecho de que de alguna forma ya
quiera plantear este real decreto ley una apertura al nuevo proyecto de ley de aguas que esperemos llegue a esta Cámara.
La sobreexplotación, sobre todo de las aguas subterráneas, necesita una regulación específica y por ello en estas medidas urgentes hay que mandar ya los indicios o los puntos que la guían y, por tanto, preparar ya los caminos que van a
permitir que esta Ley de Aguas, que precisa desde hace tanto tiempo una revisión, sea una realidad.
Por ello, y reiterando estos dos aspectos, el de la analogía, el del hecho de ser una medida de urgencia que tenga esta cobertura y después la posibilidad de inclusión de temas puntuales que por desconocimiento o por la dimensión del punto
problemático no han sido objeto de atención pública para que puedan en su momento reclamar estas ayudas que corresponden, nuestro grupo le dará el voto favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garre, tiene usted la palabra.
El señor GARRE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, dada la grave situación que atraviesa el sector agrario español y cuando la sequía se prolonga en demasía, este real decreto es como si en medicina ante una gravísima enfermedad actuáramos recortando las dosis. No obstante, y como
quiera que con su aplicación podremos mínimamente mantener sus constantes vitales, no lo dejaremos morir. Vamos a apoyar este real decreto. Ahora bien, anuncio igualmente desde este momento que, conforme al artículo 151.4 del Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario Popular desea que este real decreto se tramite como proyecto de ley y que se someta a la decisión de la Cámara esta petición por las
razones que la propia ministra va a entender y que el Grupo Parlamentario Socialista, aún sin haberse pronunciado, no va a poder rebatir. Podrá votar o no la convalidación, podrá rebatir los argumentos de mi grupo porque, en cualquier caso,
los argumentos del grupo son los argumentos del Gobierno y del propio Grupo Parlamentario socialista.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que no puede oponerse a este real decreto porque la situación del sector agrario ante la falta de agua, de programa y de ideas, señora ministra -de ideas también-, cualquier ayuda por parca que sea es
necesaria para mantener vivo un sector, el agrario, que tiene por sudario al Ministerio de Medio Ambiente y por anestesista al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, entenderán SS.SS. conmigo que la planificación idílica de un país en sequía,
tras dos años de Gobierno, no puede llevarse a golpe de decreto, a salto de mata, poniendo parches aquí y allá porque palia, pero no soluciona, los problemas existentes ni es propio de un diligente Gobierno.
Señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Popular este decreto es jurídicamente inadecuado, económicamente un fraude, socialmente insolidario y políticamente perverso. Decíamos que es jurídicamente inadecuado porque con carácter general la
política hidráulica nacional no puede dirigirse a golpe de decreto, más aún cuando hay cuencas estructuralmente deficitarias como las del Segura que alcanzan también a la Vega Baja, a Alicante y a Almería, 2 millones de personas esperando gotas de
agua o a regiones como Aragón, que padecen sistemáticamente sequías bien por falta de recursos, bien por ausencia de regulación que no solucionan ni el denominado programa AGUA ni los reiterados decretos.
No es este decreto el primero y me temo que
no será el último. ¿Hasta cuándo, señora ministra? Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Mire usted, señora ministra, usted puede subir después y decir que las desaladoras, el agua a las poblaciones, que todo eso ha llegado y que
es fruto suyo, pero el resultado después de dos años de Gobierno es otro decreto más, otro decreto más. Por eso le aseguro que, aunque usted siga actuando como Catilina, nosotros no nos vamos a dejar taladrar la lengua como Cicerón.
Le seguiremos recordando que la planificación hidráulica nacional no responde a la aritmética parlamentaria ni a la política de parcheo, sino al desarrollo del artículo 149.1.22.ª de nuestra Constitución, que ustedes en este, como en tantos
otros asuntos, invocan y al tiempo seccionan permanentemente sin ningún tipo de rubor. Decimos que es jurídicamente inadecuado porque, asimismo, lejos de abordar las obras hidráulicas previstas en el artículo 3 del decreto, conforme a las
condiciones ambientales que deben presidir la construcción y explotación de las infraestructuras que menciona, pasa olímpicamente de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional y de la propia Ley General Presupuestaria.
El mismo carácter de jurídicamente inadecuado e impresentable se ha de invocar respecto de la disposición adicional segunda del decreto, sobre medidas urgentes de aplicación al Alto Guadiana, y sobre el que S.S acaba de anunciar aquí, en
este acto, en este mismo debate, que tiene ultimado el plan. Si lo tiene ultimado, ¿por qué trae inmediatamente este decreto? ¿Por qué no termina ya -como ha dicho- el plan y presenta ese proyecto de ley? Abordar un proceso de regulación del Alto
Guadiana donde se ubican los acuíferos 23 y 24 de Castilla-La Mancha, que albergan el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y miles y miles de pozos para extracción de agua subterránea por decreto, es inadecuado. Proceder a su regulación sin el
previo diálogo y necesario consenso con los miles de propietarios que viven de la agricultura en la actual situación de sequía es un atentado a la prudencia. Regular esa gran bolsa de agua capaz de propiciar uno de los mayores humedales del
territorio nacional, sin la previa consulta y subsiguiente colaboración de las asociaciones ecologistas, es un auténtico despropósito. Una y otra cuestión deberían ser planteadas con criterios técnicos, capaces de armonizar todos los usos,
desechando la audacia del afán expropiatorio que deriva de esa disposición para con quienes ostentan y son legítimos titulares de aprovechamientos de agua y, en todo caso, repito, con el consenso obligado que un real decreto, cerrado a enmiendas, no
procura en modo en alguno.
Por eso anunciamos desde ahora que, en caso de que este decreto no se tramite como proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular presentará a esta Cámara una proposición de ley para derogar la referida disposición adicional segunda y
proceder, en el oportuno trámite legal, a regular adecuadamente, sin parches y sin evitar a nadie, tampoco al Consejo Nacional del Agua, las aguas del ámbito territorial del Alto Guadiana.
Decimos también que este real decreto es económicamente un fraude, señora ministra. En primer lugar, porque las medidas adoptadas en el artículo 2.1, sobre exención de sanciones relativas a la disponibilidad de agua, tarifas de utilización,
conducción y utilización de infraestructuras del Tajo-Segura, cuando los volúmenes trasvasados este año, señora ministra, no superan los 38 hectómetros cúbicos, no es como para voltear las campanas. En segundo lugar, porque en lo que queda de año,
si nadie lo remedia -y ustedes, desde luego, son incapaces de remediarlo-, tampoco va a haber trasvase. Además, decimos que este real decreto es socialmente insolidario por varias razones. Primero, porque solo contempla el apoyo, conforme a su
artículo 1, a parte de las explotaciones agrarias de regadío, olvidándose de otras zonas: del secano, de la ganadería y de otros sectores. Segundo, porque su ámbito de aplicación territorial es extremadamente limitado frente al Real Decreto-ley
10/2005, de 20 de junio. Por eso, en su disposición adicional primera contempla la facultad de modificación de la delimitación territorial, oídas las comunidades autónomas y organizaciones sectoriales, lo que, por otra
parte, indica que, pese a la prolongada sequía, no han establecido el razonable diálogo con quienes sin tener que decidir hoy, que son los ciudadanos, sí tienen hoy mucho que decir y, posteriormente, mucho que decidir.
Señora ministra, no me gustan las comparaciones, pero en el 'Diario de Sesiones' número 112, de 29 de junio de 2005, página 5.171 -tome nota la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, figura el debate mantenido en esta Cámara sobre el
Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio. En ese decreto-ley se contenían para paliar los efectos de la sequía medidas fiscales, laborales, de Seguridad Social; otras que podían extenderse a subsectores vinculados a la agricultura, como el de
manipulación y transformación; medidas de ayuda a trabajadores por cuenta propia o autónomos -el RETA- o a titulares de explotaciones inscritas en el régimen especial agrario, el REAS. Aquel decreto recogía líneas preferentes de crédito hasta un
importe inicial de 750 millones de euros que, en situaciones de especial incidencia, abarcaban incluso a los ganaderos y a los agricultores. Pues bien, señoría, con motivo de aquel debate, el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
señor Alonso, dijo en esta Cámara: La sequía ha afectado prácticamente a todas las comunidades autónomas, a todos los cultivos y a la ganadería. Hoy nos preguntamos, señora ministra y señores del Grupo Parlamentario Socialista, ¿acaso la sequía
prolongada un año más ya no afecta al secano ni a la ganadería? Y continuaba el señor Alonso en aquel debate diciendo: Cuando uno hace una valoración de si una cosa es buena o mala, casi siempre hay que hacerla por comparación con algo que se
conoce. Estoy de acuerdo, pero, señorías, más de un año después de aquel discurso la situación de sequía es igual o peor y, si como le gusta al Grupo Parlamentario Socialista, comparamos aquel decreto con este, el Grupo Parlamentario Socialista,
por pura coherencia con su discurso, tendrá que adherirse al nuestro y votar este decreto como proyecto de ley a fin de que amplíe las medidas a los sectores y a los territorios que, tras un año más de sequía, eran contempladas en 2005 y ahora han
desaparecido.
Señores del Grupo Parlamentario Socialista, los discursos son de cada grupo, los pronuncie quien los pronuncie, pero a partir de ese momento se registran en el 'Diario de Sesiones' y se convierten en compromisos públicos, ya no pertenecen a
su autor, sino absolutamente a todos. Los parlamentarios, señorías, no tenemos poder ejecutivo, sino que disponemos únicamente de nuestras palabras y de nuestras decisiones, solo de eso, pero es mucho y de ahí que un parlamentario solo pueda temer
una cosa y es que el 'Diario de Sesiones' se desplome sobre su cabeza. Hay que ver cuánto puede llegar a pesar, señora ministra, señores del Grupo Parlamentario Socialista, un 'Diario de Sesiones'.
Señor portavoz del Grupo Socialista, yo no quiero nada malo para usted, pero desde luego tampoco lo quiero para el sector agrario y por eso le digo que por coherencia y por el campo voten con nosotros el trámite de este decreto como proyecto
de ley. Los restantes grupos, si no por coherencia con sus discursos de entonces, háganlo por coherencia con su decisión de entonces y por sus campos, que ahora ya no aparecen recogidos en el mapa de sequía de este real decreto. Estoy
completamente seguro de que eso beneficiará a todos, nos hará más representantes a todos los que estamos aquí y ni siquiera el presidente de la Cámara, don Manuel Marín, va a poner ninguna pega por lo que a él le toca.
Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado y le agradezco que se haya ajustado a su tiempo.
Por el Grupo Socialista, para fijar su posición, tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, la posición de mi grupo parlamentario, al igual que la de los demás grupos de esta Cámara, es la de apoyar la convalidación de este real decreto-ley y, por otro lado, teniendo en cuenta su contenido, es evidente
que nos vamos a oponer a su tramitación como proyecto de ley. Mi grupo lo hace convencido de que estas medidas son las adecuadas para actuar con urgencia, para paliar los defectos de este segundo año de sequía sobre gran parte de España. Agradezco
además a los otros grupos parlamentarios su apoyo y algunos de sus argumentos, los cuales tengo que reconocer que son muy razonables y pertinentes.
Compruebo, sin embargo, que el Grupo Parlamentario Popular sigue con su discurso de siempre, que no
solo es catastrófico, no solo anuncia desastres, que nunca ocurren por cierto, sino que empieza a rayar en el límite de lo que es aceptable, en el sentido de que la oposición debería criticar, sí, pero con fundamento, con argumentos, como hacen los
otros grupos, y no con frases en latín. Yo confieso que no sé latín, lo siento, pero me ha recordado aquello que dicen los italianos: Piove... porco governo! Esto es lo que me recuerdan.
Señorías, este Gobierno prometió un cambio de rumbo en la política de agua de este país, y lo está cumpliendo; un cambio que es necesario, porque eso de basar la política en la consideración de que el agua es abundante y gratis no solamente
es un despropósito y un error cuando precisamente estamos debatiendo los problemas que nos plantea la sequía, sino que es evidente que no tiene ningún fundamento. Además, quiero señalar que este cambio de rumbo marcado por el Gobierno ha sido
refrendado por esta Cámara, por mayoría abrumadora de casi todos los grupos -podría decir de todos, excepto del Grupo Popular- y hoy también va a ser así, por unanimidad casi total de la Cámara, lo que como Grupo Socialista que apoya la política del
Gobierno nos da una
gran confianza en que el trabajo que estamos realizando está muy bien hecho.
Lo importante de este real decreto que vamos a aprobar hoy no es solamente que continúa haciendo frente a los problemas que nos plantea la sequía, con unas medidas que ha explicado la señora ministra muy bien y que no voy a repetir, sino que
lo hace de una manera que refuerza y consolida esta -yo le llamaría- revolución lenta e imparable que supone la nueva gestión del agua en España. Este Gobierno se ha volcado en toda España, señores del Grupo Popular, y obviamente también lo ha
hecho allí donde los problemas eran más urgentes. Estamos hablando de las cuencas del Júcar y del Segura -y ustedes lo saben, señorías del Grupo Popular- y también en aquellas cuencas donde los problemas eran más urgentes. Este Gobierno lo hace no
con falsas promesas, porque el agua no puede ser nunca gratis -ténganlo por cierto-, pero sí -y esto es muy importante- se puede ayudar a los que pasan por dificultades, como hace este decreto, y se pueden tener en cuenta las condiciones económicas
y sociales, como se establece ya en la propia directiva marco. Por tanto, este Gobierno actúa no con falsas promesas -repito-, sino con obras también de emergencia y de urgencia para paliar la sequía. Déjenme recordarles que llevamos invertidos
casi 600 millones de euros -588 para ser más exactos- y he tenido que oír en esta Cámara, por ejemplo ayer, que las obras de emergencia no sirven para nada. ¿Doscientos cuarenta y cuatro millones solamente en Murcia y tienen el atrevimiento de
decir que no sirven para nada? Señorías, por favor, su problema es que no quieren ver, pero los ciudadanos estoy segura de que sí lo van a ver. Déjenme ponerles otro ejemplo. ¿De qué sirve que la Ley de Aguas hable de bancos de agua o de centros
de intercambio de derechos si no se desarrollan, si no se aplican? Gestión, y de la más eficaz, es poner en marcha estos centros de intercambio de agua, como ha hecho este Gobierno, y hay que hacerlo poco a poco, aprendiendo, sin prisas,
incorporando la experiencia, porque, además, ya han dado resultados. Este año en Murcia se ha regado con agua obtenida de los centros de intercambio. Estoy segura, por lo que han dicho otros portavoces, de que ustedes también son conscientes del
calado de los cambios, de la gran revolución que este nuevo instrumento, que este Gobierno está dispuesto a desarrollar y a sacar adelante, como así se demuestra, va a suponer para España. Además, en el real decreto-ley que debatimos hoy se amplía
el destino de los recursos adquiridos para mejorar el estado de las aguas subterráneas, para reservas puramente ambientales. ¿Se dan cuenta de la gran revolución que esto supone? Yo estoy segura de que sí y precisamente por eso nos van a apoyar.
Señorías, estos y otros cambios se consolidarán en la modificación de la Ley de Aguas, que estoy segura de que llegará muy pronto a este Parlamento, entre otras cosas, porque todos ustedes conocen -no digan que no- el intenso proceso de
participación pública que está llevando a cabo el Gobierno, que es la garantía de que este proyecto de ley cuando llegue a esta Cámara gozará del mayor consenso posible. La respuesta a la sequía, señorías, es una combinación de ayudas a las
explotaciones agrarias más afectadas, de obras de suministro, de ahorro de agua y de mejora en la gestión. Quizá los diputados del Partido Popular, que como siempre no escuchan, echarán en falta que no he mencionado que no aprobaron los planes de
sequía cuando debían hacerlo, que era en 2003; lo estoy haciendo ahora, tomen nota. Me gustaría señalar otro incumplimiento. Por ejemplo, la disposición adicional cuarta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional establecía que en el plazo de un
año, es decir, en julio de 2002 -leo literalmente-, el Gobierno desarrollará un régimen jurídico al que se ajustarán las actuaciones previstas para la reordenación de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana.
Señorías, estamos en septiembre
de 2006 y hoy, más de cuatro años después, empezamos a aprobar las medidas necesarias para hacer frente a este grave problema. Señorías, las medidas en relación con el Alto Guadiana nos van a permitir empezar a salir del impasse creado por una
gestión insostenible, en el sentido literal de la palabra, que arrastramos desde hace más de 30 años. Este Gobierno empieza de la única manera posible en democracia que es dando cabida a todos, escuchando a todas las partes, siendo conscientes de
que hay que ofrecer oportunidades económicas y de desarrollo a los miles de habitantes de esta zona, porque no es solamente en su interés, sino que es en interés de todos los españoles. Todo ello -repito y esto es muy importante- con la legalidad
en la mano, legalidad que hoy vamos a refrendar y además reforzando el carácter público del agua. Solamente así, señorías, se puede llegar a un uso racional y sostenible del agua y mantener a la vez el desarrollo económico y social de la zona.
Señor presidente, termino con esto. Mi grupo está convencido de que la mejor manera de afrontar una situación previsible, por recurrente, como es una sequía, y especialmente en España, es trabajar seriamente, sin actitudes partidarias,
pensando de verdad en los ciudadanos y creo que todos los grupos lo han comprendido hoy así, por ello se lo agradezco de verdad. Además les garantizo la voluntad de mi grupo de continuar por este camino.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero agradecer expresamente a los grupos que han dado su apoyo, con matices, al decreto-ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara. Por tanto, quisiera tranquilizar a quienes han manifestado preocupaciones respecto del contenido
de este decreto-ley que va a ser
objeto de votación para su convalidación. En primer lugar, por lo que se refiere a la insuficiencia de las ayudas que están contenidas aquí en lo relativo al ámbito territorial de referencia de tales ayudas. Quiero señalarles que la
disposición adicional primera establece la facultad de los ministerios proponentes, en particular del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente, para revisar la delimitación territorial de dichas ayudas, oídas las organizaciones
agrarias y las comunidades autónomas. Por tanto, no sería necesario que se elaborara un proyecto de ley después de este decreto-ley para que esa preocupación pueda tener una respuesta por parte del Gobierno. Una respuesta que evidentemente tiene
que partir del análisis que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Agricultura, pueda hacer en relación con la situación de los agricultores en los distintos territorios de nuestro país. Es verdad que el año pasado la extensión de la sequía
fue mucho más generalizada que lo ha sido este año y es verdad que este decreto-ley fija un umbral por debajo del cual se establecen medidas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero la sequía y sus consecuencias no solo son abordadas por el
Gobierno con este decreto-ley que hoy traemos, porque quiero recordar que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente están desarrollando un amplio plan de choque para la modernización de los regadíos en nuestro país. Un plan de
choque que va a permitir reducir el consumo de agua en la agricultura nada menos que en 1.200 hectómetros cúbicos, lo que significa una medida no coyuntural sino estructural para ir avanzando hacia ese uso eficiente que tenemos que conseguir. Por
supuesto, hay algunos otros aspectos que inciden sobre la agricultura y que no tienen cabida en el decreto-ley que hoy traemos.
Señorías, tomen mi intervención como una reiteración de lo que el propio texto permite en el ámbito de sus disposiciones
en lo que se refiere a los ámbitos territoriales de aplicación del mismo.
Por lo que se refiere a la preocupación que otros grupos han manifestado en relación con decisiones que en función de la coyuntura el Gobierno trae a la Cámara bajo la forma de un decreto-ley y que tienen que ver con una reforma en
profundidad de la Ley de Aguas que estamos ya acometiendo, cuando el año pasado se presentó un decreto-ley de contenido similar les pude anunciar que ese trámite iba a comenzar de inmediato y en estos momentos el Consejo Nacional del Agua, que es el
órgano que de manera preceptiva tiene que informar sobre cualquier modificación de la Ley de Aguas, trabaja ya con un paquete muy amplio de modificaciones de nuestra legislación; en particular, en lo se refiere, por ejemplo, a la gestión de las
aguas subterráneas. Espero que el Consejo Nacional del Agua antes de finales de este año pueda dar también su opinión sobre modificaciones relativas al régimen económico-financiero, para que España pueda cumplir con las exigencias de la directiva
marco en relación con el proceso gradual y con todas las condiciones que se consideren oportunas de recuperación de costes en el uso del agua en nuestro país. Por supuesto, esa reforma legal incorporará todas las condiciones y toda la regulación de
los denominados bancos públicos del agua, hacia los que estamos caminando de forma coherente con una articulación más amplia que en estos momentos está sobre la mesa del Consejo Nacional del Agua.
Señorías, por supuesto, a la sequía no se hace frente solo desde decretos-leyes. La portavoz socialista recordaba que en obras de urgencia y de emergencia el Gobierno desde febrero del año pasado ha llevado a cabo una inversión próxima a
los 600 millones de euros. En estos momentos también hay algunas obras de emergencia y de urgencia que están siendo consideradas, y además de ello el Gobierno está recuperando el tiempo perdido en la anterior legislatura, en la que no se llevó a
cabo la determinación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional en su artículo 27, que exigía que en junio del año 2003 estuvieran ya aprobados los planes de gestión de sequía. Ese trabajo se está haciendo ahora y además con la evaluación estratégica
que la normativa europea exige para determinados planes y programas. Mientras tanto, hemos aplicado protocolos de gestión de la sequía para poder tomar medidas no con precipitación, no de manera improvisada, sino desde la concertación con las
organizaciones agrarias y con las distintas instancias en cada una de las cuencas. Por cierto, señorías, quiero recordar que todas las restricciones que ha sufrido el regadío en las cuencas más afectadas han contado con el apoyo de las propias
comunidades de regantes, en un esfuerzo de responsabilidad que merece toda la solidaridad de esta Cámara. Por eso, señorías, culminaría mi intervención diciéndole al Grupo Popular que tuvieron la suerte de gobernar este país sin sequía. Gobernaron
España entre dos periodos de sequía y eso les permitió sin ninguna duda afirmar, por ejemplo, que aumentaba la disponibilidad de agua para la cuenca del Segura solo y exclusivamente porque llovía en la cabecera del Tajo, cosa que ahora no sucede,
señorías. Les invito a que trabajemos de manera conjunta y concertada para que este país se prepare para las sequías que seguirán viniendo de la forma más racional posible, y la forma más racional posible, señorías, es mejorando el control del uso
y de la calidad de nuestras aguas y desarrollando todas las posibilidades que la legislación europea pone en nuestras manos y también todas las nuevas tecnologías que han permitido, por ejemplo, que a pesar de la dureza de la sequía desde el año
pasado ni en Murcia ni en Alicante ni en Almería haya habido ninguna restricción en el consumo de agua en las ciudades, cosa que en cambio ustedes sufrieron, a pesar de que no había sequía en España, el año 2003 en numerosas poblaciones de la
mancomunidad de los canales del Taibilla.
Por tanto, trabajemos para que se pueda hacer frente a la sequía. Saben perfectamente que, si están en un ánimo constructivo, podremos aceptar todas las sugerencias cuando se traiga aquí la reforma de la ley de Aguas que nos ayudará a ese
cambio estructural que España necesita.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias.
Señoras y señores diputados, si tienen interés abro un turno de réplica de tres minutos. Les pido que intervengan desde su escaño. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Garre por tres minutos.
El señor GARRE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Simplemente para matizar algunas de las afirmaciones que ha hecho la señora ministra el día de hoy. Es verdad que durante 1995 y hasta el día de hoy no ha habido una sequía generalizada en España, pero también es verdad que S.S. debería
conocer que en aquellas cuencas estructuralmente deficitarias como la del Segura, que abarca territorios de Andalucía, Albacete, Murcia y Alicante, esa sequía es permanente, y sin embargo no siempre durante su mandato han recibido todas y cada una
de las ayudas que necesitaban. Ha dicho S.S. también que durante los años del Gobierno del Partido Popular no se hizo el plan del Alto Guadiana. Que S.S. pueda criticar al Gobierno del señor Aznar por no haber hecho el plan del Alto Guadiana
contemplado en un Plan Hidrológico Nacional que ustedes yugularon en cuanto asumieron el poder con la derogación del trasvase del Ebro al levante español, me parece una absoluta imprudencia.
Para terminar, señor presidente, me ratifico en todos y cada uno de los argumentos que hemos apuntado para hacer la crítica razonable a este real decreto que abordamos en el día de hoy. Nos ratificamos en que debe ser tramitado como
proyecto de ley para incorporar todas y cada una de las ausencias sectoriales y territoriales de este real decreto y que sí contenía el anterior, nos ratificamos en que es un real decreto jurídicamente inadecuado y en que un proceso de regulación
del Alto Guadiana no puede hacerse a través de un real decreto-ley. Por eso, si finalmente los grupos de la Cámara no apoyaran el trámite de este real decreto como proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular ratificará una vez más la inmediata
presentación en esta Cámara de una proposición de ley para regular esta cuestión.
En cualquier caso, señora ministra -antes se lo matizaba desde la tribuna y ahora se lo ratifico desde el escaño-, un asunto como el que usted pretende regular a través de la disposición adicional segunda de un real decreto merece ser
regulado por ley, tener todos los informes técnicos necesarios, que conozcan de él el Consejo Nacional del Agua, todos y cada uno de los sectores agrarios afectados y todas y cada una de las agrupaciones ecologistas. De lo contrario, puede resultar
un fracaso. En ese ánimo que usted dice de cooperación en materia hídrica, le ofrecemos que actúe con prudencia, que dé los pasos oportunos, que cuente con todos y cada uno de los que tienen mucho que decir y decidir en este asunto, y no lo haga,
como S.S. viene haciendo las cosas, a través de un real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Garre.
Tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias.
Señorías del Grupo Popular, si por algo se han caracterizado ustedes es por poner palos a las ruedas en la política de ahorro de agua de este Gobierno; palos a las ruedas en la política de superar aquellas dificultades que había
precisamente en la cuenca del Segura y del Júcar, que ustedes dicen defender; palos a las ruedas no actuando como debe actuar cualquier Administración pública y no haciendo ningún decreto, allí donde podían, de restricción de agua relativo a la
sequía. Ustedes explican a su gente que si hubiera habido el trasvase del Ebro seguramente ahora tendrían agua. Yo no me voy a andar con circunloquios: esto no es faltar a la verdad; es, pura y simplemente, una mentira. Por suerte el Partido
Popular ya se ha dado cuenta de que no era solución.
Escuchen ustedes a sus compañeros de Aragón. El Partido Popular de Aragón vota contra el trasvase del Ebro por primera vez. Yo tengo la certeza no solo de que ustedes finalmente van a venir a
nuestro terreno, sino de que los ciudadanos ya se están dando cuenta. El problema que tienen ustedes, señorías del Partido Popular, es que saben que no les queda tiempo para seguir intoxicando; los resultados de la política del Gobierno durante
estos dos años van a ser tan claros que ustedes no van a poder seguir engañando a los españoles.
Gracias, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora ministra, ¿quiere usted cerrar el debate?
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Solamente para aclarar al portavoz del Grupo Popular dos cuestiones. En primer lugar, el Gobierno socialista no ha yugulado el Plan Hidrológico Nacional; lo está cumpliendo, salvo la derogación del trasvase del Ebro.
Hay que recordar que
la inversión ejecutada al inicio de la legislatura del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional era de media un 15 por ciento, con un porcentaje incluso inferior en comunidades autónomas como las de Valencia y Murcia. Ese era el grado de
ejecución del Plan Hidrológico Nacional en el anexo de inversiones que este Gobierno no ha derogado. Exclusivamente se derogó el trasvase del Ebro y se sustituyó por un conjunto de actuaciones con un volumen de inversión análoga a la prevista para
el trasvase del Ebro. Además, estamos cumpliendo, señorías, determinaciones de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, como las dos que se han podido recordar en esta sesión: la elaboración de planes de gestión de la sequía, artículo 27 de la Ley
del PHN de 2001, y la elaboración del Plan Especial del Alto Guadiana, disposición adicional cuarta. Señoría, estamos cumpliendo con el Plan Hidrológico Nacional y lo estamos haciendo mejor en cuanto a sus contenidos,
adecuándolo a la directiva europea en materia de aguas y recuperando el tiempo perdido en materia de política de agua en este país.
Por último, señoría, el Plan especial del Alto Guadiana no viene directamente aquí desde la mesa de mi despacho. No, señoría. Esas normas, esas disposiciones que hoy traemos cuentan en el Alto Guadiana con el apoyo de todos los grupos
sociales, salvo una organización agraria próxima al Partido Popular. Cuenta con el apoyo de organizaciones ecologistas, de organizaciones sociales y de organizaciones agrarias, y yo le pido, señoría, que ese consenso sea todavía más amplio e
incorpore también a esa organización agraria que, al parecer, no acaba de estar de acuerdo con esta regulación en materia de aguas subterráneas que, por cierto, también está siendo analizada y es conocida y ha recibido las correspondientes
alegaciones en el trámite que se está llevando a cabo en el Consejo Nacional del Agua. No hay ninguna improvisación, señoría. Hay búsqueda de consenso y yo le invito a que el Plan especial del Alto Guadiana sea un ámbito de cooperación también con
el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
ENMIENDAS DEL SENADO.
-PROYECTO DE LEY SOBRE IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y COOPERATIVAS EUROPEAS. (Número de expediente 121/000059.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.
Para fijar su posición, por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones por diez minutos.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente la enmienda que viene del Senado a este proyecto de ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. Este proyecto de ley era necesario para adecuar la
legislación española a las directivas que la Unión Europea viene elaborando desde hace años a este respecto, sobre todo por la resolución de la Directiva 59/291 del Consejo, aprobada en 1989 -así figura en la justificación de la enmienda que se
somete a votación en este momento-, y sobre todo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea de 12 de enero de 2006. La problemática que trata de resolver la enmienda que llega del Senado es una modificación en el ámbito
de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Es una enmienda amplia, de honda enjundia. Mi grupo la va a apoyar porque entiende que era necesaria una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales para que los trabajadores y personas que estén implicadas en sociedades anónimas y cooperativas europeas de ámbito aplicable al Estado español puedan recibir estos beneficios y tener estos derechos. Mi grupo quiere hacer una observación.
La enmienda hace una salvedad al personal de las administraciones públicas que prestan sus servicios como policía, seguridad, resguardos aduaneros, servicios operativos de protección civil, peritaje forense en los casos de graves riesgos,
catástrofes y calamidad pública, Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Como hay también una aplicación condicionada en la disposición adicional novena bis, de personal militar, que se introduce con esta enmienda, que habla de
que lo previsto en los capítulos 3, 5 y 7 de este proyecto de ley se aplicará de acuerdo con la normativa específica militar, es por lo que, al dar el voto positivo que consideramos necesario para que se aplique este derecho al personal del Reino de
España, mi grupo quiere hacer una llamada a uno de los párrafos de esta enmienda, que dice: No obstante, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan
sus servicios en las indicadas actividades. Se refiere a las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
Pues bien, creemos que si se aprueba esta enmienda, el Gobierno tiene que presentar ante la Cámara un proyecto de ley que, inspirado en esta normativa que aprobamos para el resto del personal civil, sirva para proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores que están prestando sus servicios en estas actividades. Es una reivindicación que en España ha surgido recientemente entre colectivos y asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía o de las
asociaciones de funcionarios que prestan sus servicios en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el resguardo fiscal y sobre todo en el resguardo aduanero, y que tienen que contar con la legislación específica que les permita estas actividades.
Qué decir de las medidas de precaución sanitaria que están tomando no solo los colectivos de la Cruz Roja, sino que lamentablemente estamos viendo en la escenificación televisiva de la llegada de inmigrantes procedentes del continente africano,
donde hay enfermedades tropicales, que Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios correspondientes de las administraciones públicas implicadas salen con guantes de goma y mascarillas para la prevención
de contaminaciones de enfermedades tropicales. Por tanto, la prevención de riesgos laborales tiene que comprender a todos estos colectivos y ello va dirigido nuestro voto favorable a esta enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la enmienda. Los argumentos ya se han dado bien y no consideramos necesario repetirlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias.
Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con el mismo argumentario del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, nuestro grupo va a votar a favor de la enmienda. Era una ausencia llamativa la no alusión a la problemática dimanante de la
prevención de los riesgos laborales, en esa miscelánea de derecho comunitario que se invoca en este proyecto. Desde esa perspectiva, el Senado ha tenido la agilidad de poder corregir esta disfunción, sin dejar de citar una invocación que está
prevista por la propia Constitución española y que paradójicamente no se cita en el preámbulo de este proyecto de ley, que es el mandato consignado en el artículo 129.2, relativo a la necesaria participación de los trabajadores en el seno de las
empresas mediante una legislación que particularmente fomente las sociedades cooperativas. Por tanto, esta mención debería formar parte del contenido de la exposición de motivos, junto a la prolija normativa comunitaria que ahí se cita.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido que otros portavoces, nuestro grupo va a apoyar esa enmienda de corrección que se ha introducido en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Convergència va a apoyar esta enmienda introducida por el Senado. Los argumentos han sido expuestos por los portavoces y no queremos reiterarlos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer una intervención un poco más extensa, porque me parece que la ocasión lo merece, habida cuenta de que en el dictamen aprobado en el Senado se han incorporado once enmiendas que tenía planteadas el Grupo Parlamentario Popular y
que fueron objeto de expreso rechazo en el debate que tuvimos en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de esta Cámara.
Quiero felicitar a mis compañeros senadores por cuanto han hecho la defensa de las enmiendas con argumentos y motivaciones
claras, ya que eso contribuye a enriquecer el texto de la trasposición de una directiva comunitaria que, por cierto, tardó en su génesis y gestación prácticamente treinta años, lo cual significa que no fue pacífica.
Comenzando por el título, que en el Senado ha sido objeto de rechazo por el grupo mayoritario de esta Cámara, nosotros hemos presentado una modificación incorporada al dictamen del título, en la que planteamos que se expongan como derechos
de información, consulta y participación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas. Cuando hace un momento el presidente nos convocaba al inicio del debate y procedía a la lectura de la iniciativa, nos exponía una cuestión tan
farragosa como un proyecto de ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. ¿Qué quiere decir esto de implicación? Obviamente, cualquier trabajador está implicado en el devenir de la empresa en la
que trabaja y, por tanto, de la que obtiene su retribución.
Nos parece que las leyes deben tener un factor pedagógico, y lo que hemos planteado simplemente es una cuestión de sentido común que en su día no se nos admitió. En el artículo 3.1 -y prácticamente no ha sido objeto de debate en ninguna
instancia, lo cual no deja de resultar curioso- extendemos el ámbito de aplicación de la ley a todos los trabajadores de las sociedades europeas que estén domiciliadas en España o cuya sede esté en otro Estado miembro pero tenga centro de trabajo en
España. Nos parecía que esto era una extensión a favor de los trabajadores españoles y una aplicación positiva del proyecto de ley que vamos a aprobar, de la cual prácticamente nada se ha dicho. Además, con ello hemos dado cumplimiento a lo que en
este sentido requería el Consejo General del Poder Judicial, por considerar que se dotaba de una mayor seguridad, claridad y certidumbre jurídica. Por tanto, con esta enmienda el ámbito
de aplicación resulta mucho más amplio para todos los trabajadores.
En el artículo 7.1 incluimos la posibilidad de que formen parte de la comisión negociadora aquellas personas que son trabajadores de la empresa, y no personas ajenas a la misma. Entendemos perfectamente que en Europa no es pacífico, o al
menos que no hay un modelo sindical unificado, y el modelo alemán no es modelo español. Nosotros nos atenemos más a lo que es coherente con nuestro ordenamiento jurídico y nuestra tradición sindical, y lo natural -o al menos lo que hasta ahora nos
ha parecido lo natural- es que el representante que puede estar sentado en la mesa de la comisión negociadora tenga la condición de ser personal trabajador de dicha empresa. Otra cuestión son los asesores. Estoy hablando de la persona legitimada
para la negociación. En el artículo 29 hemos propuesto -y se ha incorporado al dictamen- que los miembros de la comisión negociadora sean trabajadores y nunca personas ajenas. En el artículo 22 hemos hecho una matización importante en relación con
la confidencialidad y reserva, muy matizada, muy limitada, y por lo tanto hemos puesto unos límites a aquella información que se da con carácter confidencial, que es sensible y que puede producir un perjuicio para la empresa cuando es conocida
indebidamente por terceras personas, salvo cuando dicha materia afecta a algo muy propio del trabajo y de los derechos laborales, como es el volumen del empleo. Esto es imprescindible en un mundo en el que el secreto industrial -piénsese en
empresas tecnológicas, en empresas financieras, en empresas energéticas, en empresas industriales de vanguardia- tiene una enorme importancia. Por último, aparte de otras enmiendas de carácter más técnico de las once que se incorporaron en Comisión
al dictamen y que también fueron aprobadas en el Pleno del Senado, nos queda una disposición adicional tercera por la cual planteamos que la regulación de la sociedad anónima europea tenga un acogimiento a los parámetros legales de la legislación de
sociedades anónimas españolas y que, por lo tanto, se adecue a este marco jurídico y no lo dejemos en la indefinición o lo remitamos a marcos ajenos a nuestra legislación.
Quiero decir claramente que si ahora todos los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra han mostrado su inequívoco apoyo a la enmienda número 26 del Grupo Socialista, consistente en una nueva disposición final, a la
que se ha referido in extenso el señor Mardones, que es consecuencia ni más ni menos que de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006, por la que se condena a España por el incumplimiento de la
Directiva 89/391 por no incorporar plenamente a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 2, apartados 1 y 2, de esta en lo que se refiere al personal no civil de las Administraciones Públicas, al cual usted se ha referido y ha pedido -con razón- el
futuro desarrollo legislativo de las previsiones de modificación que por esta enmienda se introducen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -obviamente, el Grupo Socialista, disconforme con las enmiendas introducidas en el dictamen en Comisión
y aprobadas en el Pleno, hizo una reserva de voto-, en Comisión la enmienda del Grupo Socialista no prosperó por cuanto tuvo ocho votos a favor, trece en contra y una abstención. Y deliberadamente -libre y voluntariamente- el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado propició lo que en otra circunstancia no se hubiera producido, que es la incorporación de la enmienda número 26 que SS.SS. tendrán hoy ocasión de votar y aprobar y que contará también, lógicamente, con el voto a favor del Grupo
Parlamentario Popular. Y le voy a decir, señor presidente, por qué hemos hecho esto. Hemos hecho esto, señorías, porque nosotros no estamos en el Tinell, y hemos hecho esto porque el Grupo Parlamentario Popular tampoco está en fotos excluyentes de
legítimas iniciativas parlamentarias. Hemos hecho esto porque nosotros no somos excluyentes y estamos a favor de abrir puertas incluso a iniciativas del Gobierno que por sí mismo era incapaz de sacar adelante, en la medida en que entendemos que era
nuestra responsabilidad, que no queremos que España vuelva a ser condenada y que nos parece que por encima de los intereses particulares y partidistas, por muy legítimos que puedan ser, está el interés general, está el derecho de los ciudadanos y,
por lo tanto, está la conveniencia de aceptar una enmienda oportuna que, desde el Partido Popular y gracias al Partido Popular, señor presidente, hoy se va a poder aprobar aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Para fijar su posición tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor López Villena.
El señor LÓPEZ VILLENA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar, lógicamente, a favor del texto enmendado en el Senado del proyecto de ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. El Senado ha
debatido y aprobado una enmienda al texto del proyecto de ley que en su día se le remitió desde el Congreso de los Diputados. La enmienda del Senado consiste en la modificación del ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, como ya han comentado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y de acuerdo con la directiva 59/291, de la Comunidad Económica Europea, del Consejo de 12 de junio de 1989, y la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 12 de enero de 2006. Esta modificación se realiza mediante la inclusión de una nueva disposición final, la segunda, modificándose por tanto las numeraciones de la actual segunda y sucesivas, que
pasan, lógicamente, a tercera, cuarta, quinta y sexta. Esta disposición final segunda nueva modifica la citada Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y también reforma aquellos aspectos que afectan a las relaciones laborales reguladas en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como las de carácter administrativo o estatutario del personal
al servicio de las administraciones públicas e igualmente aplicable a las sociedades cooperativas con arreglo a las particularidades que imponga la legislación que les sea de aplicación. En síntesis, los apartados 1 y 2 del artículo 3 quedan
redactados de tal modo que el proyecto de ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como en el de las relaciones de
carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, con las particularidades que en este caso se contemplan en el presente proyecto de ley y/o en las normas que la desarrollen. Igualmente serán
aplicables a las sociedades cooperativas constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, lógicamente con las peculiaridades derivadas de
su normativa específica. Igualmente, mientras no haya otra concepción y otros cambios normativos específicos, la presente ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de la Función pública. Como
bien ha indicado el señor Mardones, estos colectivos son los de policía, seguridad, resguardo aduanero, servicio operativo de Protección Civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, Fuerzas Armadas y
actividades militares de la Guardia Civil. A pesar de ello, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan su servicio en las indicadas actividades. Se
añade también una disposición adicional numerada como novena bis con la siguiente redacción: Disposición adicional novena bis, personal militar. Lo previsto en los capítulos 3, 5 y 7 de esta ley se aplicará de acuerdo con la normativa específica
militar.
En definitiva, la enmienda que proviene del Senado perfecciona y forma parte del conjunto de medidas objeto de este proyecto de ley que suponen la trasposición de directivas europeas. Como tuvimos oportunidad de debatir en su momento aquí
en el Congreso de los Diputados, se comenzó con la definición de las sociedades anónimas europeas y a continuación se elaboró un conjunto de normas sobre la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas y las cooperativas;
implicación que viene definida en el texto del proyecto de ley. No sé por qué la palabra implicación supone determinadas incógnitas. Aunque hemos refundido en uno la representación de las cooperativas y de las sociedades anónimas europeas en este
proyecto de ley, los fundamentos de la normativa que contiene vienen discutiéndose en el marco de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales desde hace muchos años, e indudablemente tiene como objetivo fundamental delimitar qué cualidades son las que
se tienen que configurar en las sociedades anónimas en la Unión Europea, que van ampliándose cada día y en las que van incorporándose a sus derechos y a sus fórmulas de actuación social organizaciones empresariales, sindicales y empresas que tienen
distintas formas de enfocar la negociación colectiva. Lo que vemos es que con esta serie de actuaciones se buscan, con el respeto lógico a la idiosincrasia de las distintas legislaciones de cada uno de los países, elementos comunes que garanticen
la representación y la negociación democrática de los trabajadores y las empresas. Definimos qué es una sociedad anónima europea, se establecen las fórmulas de participación, se concreta la información y la participación en los órganos de gestión,
y de esa manera se configura un marco que es válido para los países que ya tienen una tradición en este ámbito, como ha sido el caso de los países de la Europa occidental y como a buen seguro será para los nuevos países que se han incorporado
recientemente y los que se incorporen en el futuro a la Comunidad Europea. Por tanto, damos forma jurídica, en el nuevo marco europeo, a derechos fundamentales en el ámbito social que son fruto de la negociación de las partes implicadas en el
aparato productivo. Esta directiva no surge de una forma unilateral, es fruto de la negociación con la Confederación Europea de Sindicatos, CES, de la negociación con la patronal europea y posteriormente, en cada uno de los países, de la
negociación y la concertación en el ámbito correspondiente, ya que se dan orientaciones pero no se establecen exigencias que perturben la normativa laboral en cada uno de los países que se acogen a la misma, como tuvimos ocasión de debatir en el
seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en el inicio del trámite parlamentario de este proyecto de ley.
En este sentido, aunque el Poder Legislativo que aquí representamos no menoscaba su facultad recogiendo la autonomía de las partes a
la hora de buscar acuerdos en la fórmula de negociación, ya que esta norma jurídica está dirigida a estos actores, aquí, en esta ley, reglamentaremos los derechos mínimos para que negocien las partes, pero las fórmulas de negociación y los acuerdos
al final afectan directa y fundamentalmente a la parte sindical, a la parte patronal y a sus representados. Desde el Grupo Socialista entendemos que durante el trámite parlamentario este proyecto de ley ha quedado configurado como una norma
suficientemente flexible, por un lado, y, por otro, a la vez que garante de los derechos y deberes sociales, cumple con el objetivo primordial de adaptar nuestra legislación al nuevo entorno europeo y a la óptima dimensión de los mercados europeos.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor López Villena.
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (Número de expediente 122/000047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos ahora a la enmienda del Senado a la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Para fijar posición tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Las cinco enmiendas que nos remite la Cámara Alta a este proyecto de ley de subcontratación en el sector de la construcción ya habían motivado los debates que tuvimos ocasión de realizar aquí en el Congreso de los Diputados por el interés de
mi grupo, junto con el de otros, de entrar en una regulación legislativa -y ese fue el motivo de esta proposición de ley en los grupos parlamentarios proponentes- para atacar el tema de la subcontratación en el sector de la construcción, sobre todo
por la implicación de los riesgos laborales, de la inseguridad, de los accidentes, de esa alta casuística. Era necesario borrar estas cifras negras o reducirlas a su mínima expresión en la lucha contra uno de los males que más vienen incidiendo a
veces en la siniestralidad laboral. Por tanto, cualquier situación de inseguridad profesional que hubiera en los procesos de subcontratación en el sector de la construcción, que era donde más se daba esta casuística de riesgo y de accidentes
laborales, tenía que ser atajada. Estas cinco enmiendas que vienen del Senado tratan de aspectos a veces colaterales, más de tipo de seguridad jurídica, de presunción de alternancia en cuanto a discriminaciones negativas o positivas sobre los
trabajadores autónomos, y nosotros vamos a votar negativamente las enmiendas que se dirigen a esta cuestión de la discriminación negativa de los autónomos y vamos a votar solamente a favor la enmienda que viene con el número 4 de la Cámara Alta, que
se refiere a la modificación del apartado 1 del artículo 6 y que propone sustituir en el texto que había salido de aquí lo relativo al domicilio social por una expresión que entendemos que es más concreta, más legalista con los principios
estatutarios que tienen las comunidades autónomas. Se hace referencia a la sustitución de la expresión 'al domicilio social' por la de 'al territorio de la comunidad autónoma donde radique el domicilio social'. Se dice en la motivación que trae el
Senado: con el fin de aclarar que la autoridad competente es la correspondiente a la comunidad autónoma, porque, efectivamente, y esto para el caso de Canarias como puede ser también para el caso de Baleares es muy significativo, podría
interpretarse como domicilio social donde estuviera una autoridad radicada, y resulta que la autoridad sería el alcalde del término municipal donde estuviera ubicada ya que en España la representación administrativa básica es el ayuntamiento, y de
ahí para arriba están, como en el caso de la Comunidad Canaria, los cabildos insulares, la comunidad autónoma y la Administración o Estado central o Administración General del Estado. Para el archipiélago canario es muy importante esta enmienda
porque viene a decir que no es el domicilio social, que puede estar en una de las siete islas Canarias y entenderse o bien con una especie de inseguridad jurídica si una competencia administrativa en una isla es del ayuntamiento donde está la sede
de esta entidad o es el cabildo insular de la isla, que tiene estatutaria, reglamentaria y constitucionalmente unas competencias administrativas del orden sobre el que estamos debatiendo aquí. Esto viene a aclarar el caso de una comunidad autónoma
de terreno discontinuo como es la Comunidad Autónoma de Canarias y también la de Baleares, con sus consejos insulares respectivos, y por tanto suprimimos una zona de inseguridad jurídica administrativa al saber cuál es el órgano competente en estas
cuestiones referentes al domicilio social. Por tanto, entendido esto -la referencia al territorio de la comunidad autónoma donde radique el domicilio social-, para nosotros en Canarias es positiva esta enmienda porque no viene a ubicar la
competencia en una isla sino en el territorio de las siete islas Canarias, que es el territorio administrativo político y de gestión en la comunidad autónoma de nuestro archipiélago. Por esta razón, señor presidente, esta será la única enmienda
procedente del Senado que mi grupo votará favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos habrán escuchado en repetidas ocasiones denunciar la dramática situación que se vive en las obras de la construcción por el incumplimiento generalizado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En el año 2005 murieron 308
trabajadores en las obras de construcción.
Hablamos de aproximadamente el 13 por ciento de la población ocupada y que representa el 31 por ciento de los accidentes mortales en el total de los sectores. En el año 2004 ese dato era el 26,6 por
ciento.
Ciertamente, los accidentes mortales en el sector de la construcción descendieron un 12,7 por ciento en el primer semestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005, veinte muertes menos, pero no nos sentimos satisfechos porque aún seguimos
hablando de 139 fallecidos. Pero además el número de accidentes con baja en la construcción, 126.664, aumentó un 5,9 por ciento hasta junio respecto al pasado año. Los trabajadores de la construcción volvieron a ser los que más accidentes mortales
en puestos de trabajo sufrieron proporcionalmente: en el último trimestre, en comparación con el
resto de los sectores, 13,18 siniestros por cada 100.000 trabajadores, casi 7 puntos por encima de la media. En los diez años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, solo en el sector de la construcción se han producido
más de 1.900.000 accidentes leves, en torno a 28.000 con consecuencias graves y se han cobrado la vida de más de 2.700 trabajadores. No hablamos pues de tendencias, hablamos de realidades, en lo que respecta a los siniestros laborales, para un
sector como el de la construcción en el que sus rasgos más característicos son el incumplimiento generalizado de la ley, la altísima rotación de trabajadores, consecuencia de un uso abusivo de la contratación temporal y la subcontratación en cadena,
donde se diluyen responsabilidades y posibilidades de coordinación en esta materia.
El análisis de estos datos, los datos de la realidad, nos ha demostrado que mientras en algunos sectores se ha conseguido parar el aumento de siniestralidad o incluso bajarla, la estructura propia de la construcción, basada en la
subcontratación en cadena y la altísima rotación, hacen muy difícil el control en la implantación de las medidas de prevención necesarias. Con esa perspectiva hemos insistido durante años en la propuesta de ley reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción, e insistimos en que lo que aquí se apruebe responda a los objetivos marcados para reducir los niveles de subcontratación y posibilite a los trabajadores unas garantías de empleo estable y de calidad, ambas necesarias
para poder atajar las causas que provocan los accidentes laborales. En este momento, y como diputado por Madrid, déjenme denunciar que las prisas por acabar obras públicas y salir en los medios de comunicación cortando cintas han provocado no solo
la ausencia de las más elementales medidas de seguridad, sino también cadenas de subcontratación que llegan al sexto nivel. Este es el panorama actual de la construcción madrileña. Por otra parte, me satisface decir que Izquierda Unida recogió la
voz de los sindicatos para traer a esta Cámara este debate. Quiero reconocer aquí la iniciativa de los sindicatos, y particularmente de Fecoma -Federación estatal de construcción, madera y afines de Comisiones Obreras-, que ha trabajado más de ocho
años, desde 1998, con la presentación de la iniciativa legislativa popular, elaborada por el mismo sindicato, y la recogida de las 600.000 firmas que la avalaron. Es momento de saludar a un sindicato que se enfrentó a la acusación de insensatez por
parte de algunos que nunca creyeron que esta propuesta sindical en defensa de un empleo estable, de calidad y con derechos pudiese prosperar. Sabemos que aquella propuesta ha sufrido las modificaciones del debate, pero el texto que podemos aprobar
será un avance. Debe ser un instrumento que facilite una mejor situación contractual y de las condiciones de trabajo en el sector de la construcción.
Las enmiendas que proceden del Senado suponen en ocasiones eliminar elementos fundamentales del texto, y por eso nosotros proponemos recuperar el texto íntegro de la ley con el fin de que pueda convertirse en instrumento eficaz para combatir
la siniestralidad en este sector.
Entre las enmiendas destacan las que suprimen el artículo en el que se establece que un trabajador autónomo no pueda subcontratar los trabajos que tenga encomendados ni a otras empresas ni a otros trabajadores
autónomos; y no hablamos de pequeños empresarios, hablamos de trabajadores autónomos. También ha querido la derecha eliminar el porcentaje de contratos indefinidos que con carácter obligatorio se pretende exigir a las empresas para la realización
de trabajos en obra.
El texto que entró en el Senado obligaba a las empresas del sector a emplear un porcentaje mínimo de personal fijo que partiría del 10 por ciento del total en el primer año de vigencia de la norma y que iría aumentando hasta el
30 por ciento en el tercer año, porcentajes nada disparatados. Tras el debate en esta Cámara, tuvimos oportunidad de señalar que este texto, que hoy se pretende en cierto modo vaciar, ni siquiera era el mejor de los posibles ya que dejó ciertos
espacios de inconcreción. A pesar de ello, esta norma está pensada para reducir significativamente la siniestralidad y para evitar el abuso demostrado por las empresas a costa de la calidad del trabajo y de poner en peligro muchas vidas. Es cierto
que no sería el único instrumento; la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la acción sindical, la corresponsabilidad de trabajadores y empresarios deben ser también instrumentos en esa misma vía. Hoy queremos restituir el texto
aprobado en esta Cámara y restablecer el compromiso político de esta con los sindicatos y con los trabajadores. Nuestra aprobación supondría un notable esfuerzo de racionalización del sector, que el Senado pretende vaciar con sus enmiendas en
aspectos muy importantes. Por eso les proponemos que lancemos un mensaje contra la jungla y la falta de respeto a los trabajadores, un mensaje contra la muerte injustificable e injustificada de trabajadores en las obras y contra la impunidad. Les
pedimos un voto por los trabajadores de la construcción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Pérez.
Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando se aprobó, allá por el mes de mayo pasado, concretamente el 9 de dicho mes, en la Comisión correspondiente la proposición de ley que hoy volvemos a debatir con cinco enmiendas que a su paso por el Senado se han introducido
en el texto remitido desde este Congreso, mi grupo -quiero recordarlo ahora- votó en contra de dicho texto y lo hizo sobre la base de una doble consideración. Entendíamos que, tal y como se reflejaba en la trayectoria de dicha proposición desde su
entrada y primer debate en el Congreso, se trataba de
un proyecto que venía a ser algo así como un caminar desde algún lado mayormente no deseado hacia algún sitio que tampoco nadie sabía exactamente cuál iba a ser finalmente. Habíamos partido de un texto que, dicho resumidamente, proponía
resolver un sinnúmero de problemas que entendía que se derivaban de la subcontratación proponiendo otro sinnúmero de medidas, acciones y propuestas en el campo de la subcontratación que se suponía que iban a resolver los problemas. Mi grupo pensaba
y sigue pensando que si de lo que se trata mayormente, intentando resolver la cuestión de la siniestralidad laboral, es de que estamos ante un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que procede es cumplir la ley y no hacer
otra que corre el mismo riesgo de incumplimiento en su caso. Por otra parte, muchos entendíamos que la subcontratación en general, y dentro de ella la subcontratación de la construcción, no merecía una consideración tan lamentable como la que
subyacía en aquella primera proposición de ley, y sobre todo entendíamos que de nada servía hacer de ella el chivo expiatorio de todos los males que la proposición citaba y decía querer resolver. Afortunadamente, este tipo de consideraciones fue
ganando terreno en el seno de la Comisión -por cierto, bien se encargaron de ello también determinadas fuerzas sociales-, de forma que finalmente apareció sobre la mesa para el debate otro texto que muy poco tenía que ver con el original y que, con
mucha mayor modestia y contención, proponía, como no podía ser de otra forma, tomar algún tipo de medida con el buen propósito y la buena intencionalidad de aportar soluciones a algunos problemas que, efectivamente, son graves, sobre todo el de la
siniestralidad laboral.
Así, caminando con buena voluntad pero con no menos dosis de incertidumbre, y para buscar una salida a una situación que se había creado en torno a la propia proposición de ley, terminó aprobándose un texto, más porque había
que aprobar alguno -entiende mi grupo- que porque el texto convenciera definitivamente y, sobre todo, afrontara, en los términos en que deben afrontarse, los problemas, que sí se deben afrontar y que al menos en las intenciones dieron origen a esta
proposición de ley. Esta fue la primera consideración que entonces hicimos, que hoy repetimos y que dejaré en estos términos.
La segunda consideración por la que sobre todo mi grupo votó en contra fue la siguiente. Puestos a hacer algo y a hacerlo con el mundo empresarial y sindical, como se nos repitió machaconamente aquellos días, se cometió la torpeza, además
de la injusticia política, de una vez más obviar que la realidad económico-empresarial y sindical, así como la política administrativa de este Estado son diferentes según de qué comunidades se trate, y que esa diversidad debe ser considerada en todo
momento si de verdad lo que se pretende es hacer leyes que sean efectivas, porque hay que contar con los sindicatos, con todos los que existen. El compromiso de este Congreso no puede reducirse a que los compromisos únicamente haya que contraerlos
con UGT y Comisiones Obreras, salvo que alguien entienda que el resto de los sindicatos no son suyos, que son no sé si de otro Estado o de dónde. Puestos a legislar, cuando se intenta legislar en un campo en el que la acción de los empresarios, de
los trabajadores, de los sindicatos y de las administraciones próximas es sustancial para que lo que se quiere legislar sea efectivo y eficiente, hay que contar con ellos, salvo que se quiera salir del paso de la mejor forma posible y uno se olvide
de qué problemas quería resolver y de qué resultados va a producir la ley. La ley ha hecho su camino de ida y vuelta por el Senado, sin modificaciones sustanciales en los planteamiento básicos que acabo de enunciar, de forma que -repito-, si los
trámites procesales de esta ley nos situaran ante una nueva votación de conjunto de la misma, mi grupo volvería a votar en contra, pero no es el caso. Es cierto que en el Senado hubo una oportunidad de mejorar algunos puntos del texto legal y, de
hecho -no me duelen prendas reconocerlo- se mejoró el texto remitido por el Congreso. Se hizo, en concreto, sobre la base de cinco enmiendas que se introdujeron y que mi grupo apoyará. Paso a explicitarlo.
La supresión de la letra g), del artículo 3, así como la supresión del apartado 4, del artículo 4, y también la supresión de la letra e), del apartado 2, del artículo 5 van en la dirección de mi primera objeción a esta proposición de ley.
Si para salir de un embrollo nos hemos puesto a hacer una ley, no lo hagamos de espaldas y contra una realidad de tanto peso, importancia y complejidad en nuestra economía como es la de los autónomos. Para hacer algo no generemos más inseguridad,
más confusión y más complicación en este sector tan importante. Eso se hace con esas tres enmiendas, de forma que nosotros votaremos a favor de las mismas. La modificación del apartado 1, del artículo 6, que es la cuarta enmienda y que ha sido
consensuada, afortunadamente, por todos los grupos políticos en el Senado, apuntaba en la dirección de la segunda consideración que yo hacía previamente, y es la de hacer la ley atendiendo, como es nuestra obligación, al reparto competencial y a la
realidad económico empresarial y sindical específica de cada territorio. Algo se ha mejorado con la introducción de esta enmienda, por lo que vamos a votarla a favor.
Finalmente, hay una disposición adicional nueva, la cuarta, que mandata al
Gobierno para establecer incentivos fiscales y subvenciones para empresas innovadoras y centros de innovación y difusión tecnológica en materia de seguridad en el trabajo. Quiero hacer una serie de consideraciones sobre esta enmienda. En primer
lugar, que va en la buena dirección, en la dirección en la que debería haber ido toda la ley, que es la de incentivar actuaciones para que todo el mundo se comprometa en que, efectivamente, haya mayor seguridad en la construcción en general.
Ahora
bien, tratándose de incentivos fiscales y de subvenciones, quisiera hacer estas reflexiones. En primer lugar, siempre hemos pensado -y seguimos pensando- que el tema de los incentivos fiscales no se puede tratar de forma troceada como si no
fuera algo que debe contemplarse en todo momento desde una visión de conjunto. La fiscalidad en su conjunto debe contar para que veamos en qué campos sí, en qué campos no y en qué momento. En segundo lugar, hay que incentivar todo lo que
necesite ser incentivado, ahora bien, la incentivación va por la investigación, el desarrollo y la innovación, y mi grupo cree que no hay ningún campo cerrado ni a la investigación ni al desarrollo ni a la innovación y que, puestos a incentivar, en
todos los campos se puede incentivar. Pero que se puede incentivar no quiere decir que se deba incentivar todo ni que todo se deba incentivar a la vez. Hay que optar porque, si se incentivara todo y a la vez, estaríamos incentivando el simple
cumplimiento de unas realidades que cada empresa tiene que cumplir, que es la de ir innovando, estaríamos simplemente incentivando todo en todo momento, incluso haciendo las obligaciones básicas que toda empresa debe cumplir. De forma que nosotros
creemos que no es aconsejable que este tipo de medidas se incorporen sin más a las leyes, porque requieren unos estudios económicos, como siempre que se trata el tema fiscal. Desde esa consideración de ir en la buena dirección, pero al mismo tiempo
de requerir algún tipo de mayores análisis y de tener una visión de conjunto, mi grupo se va a abstener en este punto.
Termino. Estamos abordando una problemática real, compleja y difícil, pero esta ley lo hace en términos que -repito- más parecen hechos para salir del embrollo que para resolver eficaz y eficientemente dichos problemas.
Como viene
ocurriendo en estos campos, pero de forma especial en el campo que se denomina campo social, lo hace además a espaldas de la estructura autonómica del Estado, contra el reparto competencial establecido y, lo que en algún sentido es peor, contra la
concreta y real estructura empresarial y sindical, por ejemplo, de Euskadi. En estas condiciones no puede esperar uno que esta proposición de ley vaya a tener precisamente éxito.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Beloki.
Tiene la palabra para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
De las enmiendas que vienen del Senado, mi grupo va a votar en contra de todas ellas menos de una. Vamos a votar en contra de la enmienda introducida a la letra g) del artículo 3 y por extensión a la introducida a la letra e) del apartado 2
del artículo 5, puesto que ambas, bajo la justificación de evitar una discriminación negativa de los autónomos, los deja al margen del ámbito objetivo de aplicación de la ley, por lo que entendemos que un amplio colectivo de trabajadores, en este
caso autónomos, que trabajan en la obra como subcontratados quedarían al margen de su aplicación. Tampoco votaremos favorablemente la supresión del apartado 4 del artículo 4 de la proposición de ley, que se suprime bajo el pretexto de la seguridad
jurídica. No compartimos esta apreciación y entendemos que las empresas que operan habitualmente en la construcción como empresas subcontratadas deben tener un mínimo de trabajadores fijos en plantilla, porque con ello conseguimos trabajadores
preparados con conocimiento de las labores de la construcción y evitamos los riesgos de siniestralidad por inexperiencia o desconocimiento de las técnicas y peligros de la construcción. Vamos a votar favorablemente, como no podía ser de otra
manera, la enmienda al apartado 1 del artículo 6, atendiendo a las competencias que tienen algunas comunidades autónomas, como Cataluña, en materia laboral. No vamos a apoyar la enmienda por la que se introduce una disposición adicional que prevé
incentivos fiscales para aquellas empresas innovadoras y para los centros de innovación y difusión. Entendemos que no es este proyecto de ley donde hay que introducirlos, las ayudas de I+D están reguladas y si hay que mejorarlas hay que hacerlo en
el contexto adecuado, como puede ser por ejemplo en la tramitación de los presupuestos. Finalmente, nos congratulamos por la aprobación de este texto que tiene por objeto regular la subcontratación en el sector de la construcción; un sector en el
que tradicionalmente se ha dado un uso y un abuso de esa figura y que muchos señalan como una de las principales causas de siniestralidad laboral. Esperemos que con la andadura de la ley se reduzca de forma considerable la siniestralidad en el
mundo laboral.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Puig.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, finaliza el trámite parlamentario de esta proposición de ley, propuesta en su día por Izquierda Unida y que ha tenido un proceso largo, complejo, difícil y contradictorio. De nuevo mi grupo debe reiterar que comparte buena parte
de la intervención del señor Beloki que, con lucidez y precisión, ha puesto en evidencia las contradicciones de fondo que expresa esta ley. La Cámara coincide en que hay una cuestión de fondo, porque existe un grave problema de siniestralidad en el
mundo de la construcción. Mañana mismo en Cataluña los sindicatos van a convocar una huelga. Existe el drama de los trabajadores que mueren en las obras; existe coincidencia sobre ese elemento dramático y de fondo, pero existen discrepancias de
fondo también en por qué sucede esa realidad. La filosofía de fondo de la proposición de ley que estamos tramitando pretende ubicar los problemas, el drama de la muerte y los accidentes en la construcción en la subcontratación y el alto índice de
temporalidad en este sector. Según entendemos otros
grupos, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió al menos, situamos el problema en la falta de cumplimiento de la ley y en la falta de diligencia de las administraciones en el cumplimiento de la ley.
Adoptamos una posición muy
latina, muy propia de nuestra sociedad: Frente a una ley que no se cumple, frente a una ley que las administraciones son incapaces de hacer cumplir, nos inventamos otro nuevo texto legal cargado de buenas intenciones pero que difícilmente va a
responder a alguna de las cuestiones de fondo que estamos planteando y que previsiblemente va a ser un problema para los pequeños y medianos empresarios del sector de la construcción, porque parte de la idea de que cualquier pequeño y mediano
empresario del sector de la construcción es un potencial incumplidor de la legislación, un potencial defraudador. Desde esa lógica no vamos a hacer frente a los problemas en el sector de la construcción. Estamos convencidos de que es necesario una
actuación contundente y decisiva de la Inspección de Trabajo. Estamos seguros de que es necesario exigir responsabilidades y transparencia en la cadena de la subcontratación, que es necesario introducir estímulos a la innovación tecnológica en el
sector de la construcción. Poníamos encima de la mesa en uno de los debates en Comisión las iniciativas que el Gobierno británico, los sindicatos y la patronal británica han impulsado en Gran Bretaña para convertirlo en uno de los principales
sectores de creación de riqueza y empleo, no en un sector basado en la utilización de mano de obra intensiva y barata, sino en un sector que sea capaz de generar empleos de calidad por el uso inteligente también que se hace de la tecnología. Por
otro lado, creemos en la idea de la corresponsabilidad entre trabajadores y empresarios. La proposición de ley no responde a ninguno de estos requerimientos, se instala en esa desconfianza y en ese intervencionismo de la Administración frente a una
realidad económica. Hemos de decir, eso sí, señorías, que el texto que nos llega con las cinco modificaciones del Senado resuelve algunas de las cuestiones que a mi grupo, al Partido Nacionalista Vasco y también al Partido Popular le preocupaban.
Las cinco modificaciones, sin corregir el planteamiento de fondo equivocado de esta proposición de ley, podrían evitar algunas consecuencias graves. Las enmiendas del Senado pretenden impedir que por el solo hecho de cotizar en un régimen concreto
de la Seguridad Social a un trabajador se le prohíba subcontratar su actividad. No entendemos que por el hecho de cotizar por el régimen de trabajadores autónomos alguien no pueda subcontratar; esa misma persona constituye una sociedad limitada y
podría, en cambio, subcontratar. Nos parece jurídicamente pésimo el planteamiento que expresa esa idea de desconfianza hacia el trabajo autónomo -ayer se lo poníamos de manifiesto al señor Caldera- y que responde también a una visión
intervencionista de la Administración, que parte de la idea de que a un trabajador autónomo, que puede tener la capacidad de delegar en otros compañeros su actividad, se le prohíbe por el solo hecho de tener ese régimen especial de protección a la
Seguridad Social. Es absolutamente equivocado mantener la discriminación a los trabajadores autónomos en materia de subcontratación. En segundo lugar, el Senado elimina ese absurdo de pedir a las empresas de un sector concreto un tanto por ciento
de trabajadores fijos, además con un cierto nivel de hipocresía, porque todo el mundo sabe que las grandes empresas del sector de la construcción simplemente con el personal de oficinas ya van a cubrir ese tanto por ciento de trabajadores fijos y,
en cambio, a las pequeñas y medianas empresas les va a generar problemas. Y desde un planteamiento filosófico, ¿por qué en el sector de la construcción hay un tanto por ciento de trabajadores fijos y no en el sector de la seguridad privada, de la
restauración o del comercio al por menor? Nos parece que en términos del funcionamiento de una economía moderna, que pretende introducir relaciones laborales más flexibles y más seguras, una exigencia de estas características va en contra de la
lógica de los tiempos.
Termino, señorías. Tenemos dos enmiendas más, una de las cuales pretende -y creo que es la única que va a prosperar esta mañana- clarificar el marco competencial existente en el Estado español y que, por tanto, la autoridad laboral
competente sea la autonómica. Es una de las dudas que Convergència i Unió había tenido a lo largo de todo el debate que creemos que va a quedar corregida. Hay una última enmienda que, compartiendo las consideraciones que formulaba el señor Beloki,
pretendía introducir un cambio de filosofía en nuestra aproximación a este problema. El sector de la construcción es, ha sido y será aún el principal sector de creación de riqueza y prosperidad en nuestra economía y uno de los principales sectores
de creación de empleo, con repercusiones en el conjunto de la economía, y la aproximación del legislador debe ser con la convicción de que necesitamos acompañar a la transformación de este sector para que sea capaz de impulsar la creación de empleo,
riqueza y prosperidad en un contexto diferente, donde el cambio tecnológico, la innovación tecnológica y la investigación tecnológica sean posibles. Eso exige una política pública de acompañamiento de ese sector, no una ley que presuma la idea de
que todo pequeño y mediano empresario o todo trabajador autónomo es un defraudador y un incumplidor de la ley. Señorías, ante un tema grave e importante que afecta a la vida de las personas, a su salud, a la dignidad de los trabajadores, mi grupo
hubiese esperado del grupo mayoritario de la Cámara un tratamiento mucho más riguroso, serio y responsable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley cuyo trámite se ultima hoy ha tenido una tramitación peculiar: había tenido rechazos en anteriores legislaturas, un compromiso de oportunidad del partido mayoritario en esta Cámara hizo que se admitiera a
trámite y luego se pasó un año en hibernación por voluntad del mismo grupo. Al Grupo Parlamentario Popular nos parecía -y nos sigue pareciendo- que la subcontratación no tenía que regularse solamente en el sector de la construcción, ya que en otros
sectores existe incluso en mayor proporción, acompañada también de siniestralidad, desgraciadamente, y habíamos observado que el grupo mayoritario pensaba igual. Ciertamente, solo se deshibernó por razones distintas a las que se admitió y ante la
presión por una accidente grave en una obra pública, de la cual, por cierto, todavía no hemos recibido ni una sola explicación.
Una vez admitida a trámite, mi grupo presentó una enmienda de totalidad con texto alternativo, defendida en aquella
ocasión por nuestro compañero, el señor Azpiroz, que no solo demostró un gran conocimiento de la materia, sino que realizó una magnífica labor, no solo en aquel trámite sino en todo el posterior hasta el texto que hoy vamos a votar.
Curiosamente,
el texto que hoy estamos votando y valorando se parece más a nuestro texto alternativo que a la proposición de ley que se admitió a trámite; algo habrá tenido que ver el Grupo Parlamentario Popular en la redacción final de esta ley. Señorías, el
Grupo Parlamentario Popular ha sido coherente desde el principio en los planteamientos de la enmienda a la totalidad, coherente en el debate en la Comisión de Trabajo y coherente en el debate en el Senado; coherencia que ha tenido un tratamiento
distinto en el Senado, logrando introducir las enmiendas que hoy debatimos aquí. Por tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar esas enmiendas.
Señorías, hemos mantenido los principios básicos sobre la auténtica finalidad de la ley: disminuir la siniestralidad; no los hemos utilizado para otros menesteres más ideológicos, buena prueba de ello es alguna variante de esa utilización
que ya hemos podido oír aquí esta mañana. El verdadero quid de la cuestión está en la formación. La siniestralidad no se supera solo por regular la temporalidad o la rotación; se palia fundamentalmente por la formación. Defendemos esta postura
con convicción y con firmeza porque, además, existe la paradoja de que el contrato que más se da en este sector es el contrato fijo de obra que, a pesar de su denominación, es un contrato temporal. Por eso, la formación se regula expresamente en la
proposición de ley y, además, se establecen garantías para que si se quiere aplicar la ley -esa es otra cuestión-, tengamos una buena regulación. La conjugación de la formación con el control y la regulación de la subcontratación en la cadena que
se ha establecido es el adecuado y el que debe cumplir con las finalidades de la ley. En el Senado se han introducido cinco enmiendas -ya se han referido por otros grupos parlamentarios- que no desvirtúan en ningún caso la proposición de ley con el
espíritu que salió del Congreso ni los acuerdos sociales que también dieron lugar a la redacción de determinados artículos; al contrario, la mejoran.
Hay tres cuestiones en las que debemos hacer especial énfasis. En primer lugar, la regulación de los autónomos, que afecta a las enmiendas del artículo 3 g) y 5.2 e). El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y algunos otros pretenden
cambiar el concepto de autónomo y tratan de justificar el todo con la parte, lo cual no es serio; es un auténtico despropósito. ¿Cuántos de los 500.000 autónomos que hay en España hacen un mal uso del sistema del trabajador autónomo? Justificar
-insisto- el todo con la parte nos parece un auténtico despropósito, supone una discriminación para los trabajadores y para los empresarios y un atentado a su libertad de organización y, en definitiva, señorías, es anacrónico en unos momentos en los
que estamos regulando el estatuto del autónomo.
Hay una desconfianza, hay una falta de fiabilidad a los autónomos y llegamos a una regulación contradictoria. El autónomo puede ser promotor y contratista, pero no puede ser subcontratista. Cuando
los autónomos tienen a su cargo trabajadores y tienen toda su documentación en regla, no podemos pretender, a través de esta ley, cambiarle su concepto y su espacio de actuación empresarial, económica y social. Porque ustedes están hablando de un
falso autónomo en su relación con el subcontratista, es decir en su relación hacia arriba, pero también están perjudicando la regulación del buen autónomo en su relación hacia abajo, es decir, en su relación con el subcontratado. Por tanto, es un
despropósito, no se ajusta a nuestra realidad social. El autónomo tiene que tener el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otro empresario. Señor Membrado, le invito a reparar esta afrenta, esta discriminación que les hacen a los
autónomos. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Son 500.000 en el sector de la construcción. En cuanto al artículo 4.4, porcentaje de fijos, se han utilizado suficientes argumentos en este debate y nos parece que es innecesario, no solo porque
atenta a la libertad y no garantiza la mejora de la siniestralidad, sino porque discrimina a las pymes. Y no nos equivoquemos, ya lo hemos dicho anteriormente, en un sector en el que el contrato fijo de obra es temporal, a pesar de que pueda durar
más de tres años, no tiene sentido establecer un porcentaje de trabajadores indefinidos porque, además, estamos perjudicando a la pequeña y mediana empresa. La enmienda transaccional que da lugar a la nueva redacción del artículo 6 debemos de
apoyarla porque es obvia, de la misma manera que la nueva disposición adicional, la cuarta, ya que tiene la finalidad que hemos pretendido siempre todos los grupos que debía de justificar esta proposición de ley. Por tanto, algunas de las
reticencias que se han manifestado aquí, mi grupo no termina de entenderlas.
Una vez que hemos analizado cuál es el texto que viene del Senado, tenemos que ver qué es lo que pasa
con la postura de los distintos grupos parlamentarios. Lo cierto es que el grupo mayoritario en la Cámara solo votó en contra de la nueva disposición adicional. Es decir, que si aquí se produce una votación distinta de la que se produjo en
el Senado, veremos que el Grupo Socialista cambia de opinión de lo que ha mantenido hace una semana en la Cámara Alta. Porque cuando el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor del dictamen, estaba votando a favor de la supresión del artículo
3.g), del artículo 4.4, del artículo 5.2.e); y la votación que hizo en contra de la enmienda 24 ya no tenía sentido porque el dictamen que votaron a favor ya no contenía el artículo 4.4. Por tanto, señor Membrado, tendrán que explicar aquí por qué
en el Senado votaron una cosa, si es que aquí van a votar la contraria. Para terminar me va a permitir que le parafrasee, señor Membrado. Usted dijo en la Comisión de Trabajo que no partíamos de cero, que partíamos del apoyo sindical y patronal
para esta ley. Lo seguimos teniendo, pero ahora, además, también tenemos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Pues es su turno, señor Membrado.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala. Grupo Parlamentario Socialista, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar esta intervención dando las gracias a quienes han participado activamente en construir un consenso social sobre el cual hemos trabajado para elaborar esta futura ley. Tanto las organizaciones patronales de la
construcción como los sindicatos de este sector de UGT y Comisiones Obreras han sido un ejemplo de responsabilidad y compromiso durante los casi 24 meses de tramitación de todo este proceso. Espero y deseo que los esfuerzos hayan valido la pena y
esta ley cuente con su aprobación.
La ley, señorías, tiene una intencionalidad, la de mejorar el sector de la construcción, y es en lo que hemos trabajado desde que Izquierda Unida presentó este proyecto y el Grupo Socialista lo apoyó, a pesar de no estar de acuerdo con el
texto, pero sí con los objetivos que perseguía de ir regulando un sector cada día más grande y con un alto grado de accidentes laborales, con una elevada temporalidad y con unas condiciones de trabajo muy duras. Hemos trabajado conjuntamente con
las organizaciones sindicales y la patronal y también con distintas fuerzas políticas, y hoy, señorías, tenemos un instrumento pactado, ajustado y positivo como punto de partida.
Señor Campuzano, quiero dedicarle unas palabras en la primera parte de mi intervención y decirle que usted es un clásico: analiza en clave positiva y busca soluciones conservadoras. Esa es su constante: no regular, no legislar, solo
estimular y buscar otras alternativas, pero cuando se trata de buscar subvenciones y apoyos a las empresas se apunta el primero. Y eso no es intervencionismo, eso no es en estos momentos menoscabo de la libertad del mercado de trabajo, eso no;
para usted eso no, lo anterior sí. Eso es lo que usted está trasladando permanentemente al sector de la construcción, que es un sector que en estos momentos tiene más de dos millones de trabajadores, que tienen 500.000 autónomos y que, sin ninguna
duda, es un sector con una diáspora desde el punto de vista empresarial absolutamente impresentable. Hay 450.000 empresas en el sector de la construcción, señorías, de las cuales que tengan más de 500 trabajadores en nómina solo hay cuarenta y
cinco. La mayoría de los trabajadores del sector de la construcción está en empresas de menos de diez trabajadores, y la mayoría de los accidentes de este país, una tercera parte de los mismos, se producen en ese sector. Por tanto, es un sector
con muchas dificultades. Algo habrá que hacer ante esta caótica situación empresarial y ante esta situación de accidentabilidad. Esto, señorías, no lo resuelve por sí solo el mercado; no lo resuelve. Yo me atrevería a decir que ha empeorado.
Porque, ¿qué ha hecho el crecimiento de actividad? Ha disparado la proliferación de empresas sin obra, sin estructura, que basan sus beneficios en la sobreexplotación de la mano de obra, tanto autóctona como extranjera; y esto no solo perjudica a
los trabajadores, sino también a los empresarios que tienen estructura y tradición y que deben competir desde la legalidad en inferioridad de condiciones.
Si a este sector no se le introducen elementos básicos de regulación, elementos mínimos de regulación, señor Campuzano ¿a cuál vamos a introducir elementos de regulación? Sin duda, las causas de tales índices de siniestralidad son variadas,
pero ustedes reconocerán que alguna relación tiene que haber entre la excesiva subcontratación y el incremento paulatino de la accidentabilidad. Les daré solamente un ejemplo significativo: en la obra de construcción del hospital de Majadahonda,
en Madrid, se calcula que prestan sus servicios unos 400 trabajadores de la construcción; pues bien, en ella han intervenido alrededor de 60 empresas. ¿Cuántas eran intermediarias? ¿Cuántas carecían de la más mínima estructura preventiva? La ley
que hoy debatimos vendrá a poner fin a esta terrible situación de desconocimiento, de falta de información solamente en ese ámbito. Por tanto, nosotros partimos -mi grupo está convencido de ello- de que la subcontratación no es negativa en sí
misma. No tenemos una posición rígida en este tema. Lo que es negativo es el uso abusivo de la misma; lo que es negativo en estos momentos es el encadenamiento injustificado del sistema de subcontrataciones, un sistema que, además, limita la
capacidad de maniobra de las empresas y la calidad de los servicios proporcionados de forma progresiva. Es un sistema que llega hasta el punto de que en los últimos eslabones el valor añadido que se ha generado con la actividad se lo quedan los
intermediarios en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que regular, que hay que introducir elementos, mecanismos que permitan cambiar
eso. Por eso la ley tiene cuatro elementos fundamentales. Uno, limitar la cadena de subcontratación porque, ¿cuántas subcontratas hay en una obra? Nadie lo puede decir, no hay obligación de conocerlas. De ahí que vayamos a recoger en la
ley la existencia en las obras de un libro de empresas subcontratadas, así como una limitación a tres niveles de subcontratación: por exigencias de especialización de trabajos, por complicaciones técnicas de producción o por circunstancias de
fuerza mayor. Más claro, el agua. Y solamente se permite un nivel de subcontratación a aquellas empresas que tienen una estructura básica basada en la prestación de mano de obra. Otro elemento que define la ley: para actuar en el sector como
contratista se deberá acreditar que se tiene una estructura propia. ¡Qué cosa tan fundamental, tener que demostrar que se tiene una empresa! Pues sí, pero una empresa no es solamente un teléfono y un camión o un teléfono y un coche; una empresa es
tener estructura cuando se está trabajando en el sector de la construcción y que esa empresa tenga como mínimo el 30 por ciento de trabajadores fijos. Señorías, en estos momentos en el conjunto del sector de la construcción se está pasando de un 42
por ciento de trabajadores fijos, por lo tanto, no estamos pidiendo peras al olmo. Y estamos exigiendo también requisitos de calidad y solvencia a las empresas en relación con la formación en prevención, como decía anteriormente el señor Ayala.
Este es uno de los elementos fundamentales, pero hay que vincularlo a otros. No exclusivamente con la formación vamos a resolver el problema de la accidentalidad. Asimismo, hay que introducir mecanismos de transparencia mediante sistemas de
documentación y refuerzo de la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Esto es pedir simple y llanamente conocer quién actúa en las empresas, cuántos son, quiénes son y a qué se dedican. No estamos diciendo
ninguna otra cosa más.
Por eso, señorías, nosotros vamos a plantear algunas objeciones a las enmiendas que se han introducido a la propuesta que nosotros mandamos al Senado. En cuanto a la modificación del apartado 1 del artículo 6, referido a que el registro de
empresas acreditadas dependerá de la autoridad laboral competente, nosotros estamos de acuerdo con lo que ha venido enmendado del Senado. Eso estaba perfectamente imbricado en el texto anterior, pero no hay ninguna dificultad por aclararlo.
Respecto a la nueva disposición adicional cuarta, que faculta al Gobierno para establecer incentivos fiscales y subvenciones para empresas innovadoras y centros de innovación y difusión tecnológica en materia de seguridad en el trabajo, no estamos
de acuerdo. Me parece estupendo que se quiera hacer un brindis al sol, pero consideramos que en estos momentos no se ha discutido ni tiene contenido. Las subvenciones y apoyos para esto no se dan solo para el sector de la construcción sino que son
generales, y esto es una ley para hablar de la construcción y sobre todo de la subcontratación. Creo que al señor Campuzano se le fue la mano aquí, porque él sabe muy bien que su propuesta lleva consigo los beneficios fiscales y las subvenciones.
Las subvenciones están prohibidas incluso por la Unión Europea, señor Campuzano. Esto no tiene ninguna posibilidad de engarzar ahí. Y hay dos elementos que me gustaría destacar, las enmiendas relacionadas con la figura del trabajador autónomo,
cuyo papel en la ley tengo especial interés en aclarar. La primera, suprimir la definición que de este trabajador hace el artículo 3.g y la segunda, suprimir el artículo 5, que define el régimen de la subcontratación en el apartado 2.e. Señorías,
alguien está utilizando de manera no sé si intencionada, pero sí equivocada, a los trabajadores autónomos. Alguien -como el señor Campuzano ha dicho- ha planteado que en esta ley se penaliza a los trabajadores autónomos y se les intenta presentar
como defraudadores. Es radicalmente falso. Si alguien está trabajando con los autónomos, si alguien está dispuesto a sacar un estatuto del trabajador autónomo, si alguien se está preocupando por los autónomos, también en este caso es el Gobierno
del señor José Luis Rodríguez Zapatero, no ustedes. En los ocho años que estuvieron apoyando al Gobierno del señor Aznar los autónomos consiguieron escasísimas metas. (Aplausos.) Partiendo de este hecho nosotros rechazamos las modificaciones que
en ese ámbito se plantean y lo hacemos sabiendo que los autónomos no tienen en estos momentos limitaciones, la única que tienen es respecto a aquellos autónomos que no tienen estructura y que no tienen por tanto más que una persona, pero en
horizontal las empresas contratantes pueden tener un número ilimitado de contratas. A nosotros nos parece que limitar a los autónomos ahí supone mantenerles un alto grado de posibilidades de competir en el propio sector. Estamos defendiendo al
verdadero autónomo frente al intermediario y con ello conseguiremos que pueda trabajar con mejores precios y más seguridad y, como he señalado anteriormente, pronto se darán más pasos en la protección de los derechos de este colectivo, ahí es donde
creemos que hay que actuar.
Por último, señorías, debo hacer un canto a la necesidad de aumentar la estabilidad en el sector. Me estoy refiriendo al porcentaje del 30 por ciento de trabajadores fijos. Como recordarán, este es un porcentaje mínimo que se va a aplicar
a lo largo de los próximos 37 meses, que no entraña en este momento dificultades para la mayoría de las empresas. Es muy lamentable que el 30 por ciento de trabajadores indefinidos pueda parecer demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta que el
plazo es muy largo y que el sector tiene un 43 por ciento ya de trabajadores indefinidos. Por eso, consideramos que este proyecto de ley es un proyecto de ley que, con las rectificaciones a las enmiendas provenientes del Senado, podremos
modificarlo sustancialmente y dará una respuesta positiva a los problemas que en estos momentos tiene el sector.
Muchas gracias. (Aplausos.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES. (VOTACIÓN.)
-REAL DECRETO-LEY 9/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN LAS POBLACIONES Y EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE REGADÍO EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
(Número de expediente 130/000036.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, votación de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones
agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
El Grupo Popular ha solicitado que el real decreto-ley convalidado se tramite como proyecto de ley. Procedemos a la votación de este punto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 139; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
-PROYECTO DE LEY SOBRE IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y COOPERATIVAS EUROPEAS. (Número de expediente 121/000059.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda del Senado al proyecto de ley sobre la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. Votamos la única enmienda que permanece.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (Número de expediente 122/000047.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Votamos, en primer lugar, la enmienda al artículo 6.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 305; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 148; en contra, 160; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE TRANSPARENCIA FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS. (Número de expediente 121/000085.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día, debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas,
y de transparencia financiera de determinadas empresas. ¿El Gobierno desea presentar el proyecto? (Pausa.) Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno para la presentación del proyecto. (Rumores.)
Señorías, por favor, quienes hayan decidido ausentarse que lo hagan rápidamente. Hagan su intercambio de opiniones en los pasillos porque si no se retrasa mucho el inicio del debate. (Continúan los rumores.) Hay mucho murmullo. Silencio,
por favor.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Directiva 80/723, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros...
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor vicepresidente.
Señorías, así no se puede trabajar, el murmullo impide que se escuchen las palabras del señor vicepresidente. Les ruego que se ausenten rápidamente, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señorías, la Directiva 80/723, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas fue modificada por la Directiva 2000/52, de 26 de julio de 2000, y posteriormente por la Directiva
2005/81, de 28 de noviembre de 2005. Las citadas directivas, como normas comunitarias, establecen la obligatoriedad de que los Estados miembros adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto en ellas. La Comisión Europea, en la verificación de la correcta trasposición de su contenido, consideró que la normativa española no contempla todos los aspectos básicos que conforman el contenido de las citadas directivas por lo que
se ha estimado la necesidad de elaborar una norma específica que desarrolle las obligaciones contenidas en las mismas.
El proyecto de ley que ahora les presento supone la expresa trasposición al derecho nacional de las citadas directivas relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas,
así como a la transparencia de otras empresas. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) El objetivo fundamental de esta ley es evitar los abusos de posición dominante por parte de estas empresas, además de controlar las
relaciones financieras existentes entre estas empresas públicas y las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local.
Se trata, en definitiva, de garantizar la transparencia financiera de estas relaciones.
Me referiré muy rápidamente al contenido de cada uno de los cuatro capítulos. El capítulo I regula el objeto de la ley, que consiste en garantizar la transparencia a la que he hecho referencia, estableciendo la información que las empresas
deben suministrar sobre la disposición de fondos que directa o indirectamente les hayan facilitado las respectivas administraciones públicas. También pretende garantizar la transparencia en la gestión de un servicio de interés económico general o
la realización de actividades en virtud de la concesión, por parte de las administraciones públicas, de derechos especiales o exclusivos a cualquier empresa, siempre que esta realice otras actividades distintas de las anteriores y reciba cualquier
tipo de compensación por el servicio público. Para ello se impone la obligación de llevar cuentas separadas.
En el capítulo II se regulan las obligaciones que para alcanzar el objeto de la ley se imponen a las empresas públicas, considerando como tal cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer directa o indirectamente una
influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen. Con el fin de evitar la dispersión de datos, las empresas públicas estarán obligadas a remitir a la Intervención General de la
Administración del Estado, bien directamente, cuando se trate de empresa públicas estatales, o bien por conducto del órgano competente de la comunidad autónoma o de la entidad local, cuando se trate de empresas públicas autonómicas o locales, un
anexo que contendrá la información sobre la disposición de fondos públicos, la utilización de los mismos y los objetivos perseguidos en su otorgamiento. La responsabilidad de la elaboración y remisión del citado anexo recaerá en el órgano de
administración de cada empresa pública. La Intervención General de la Administración del Estado mantendrá a disposición de la Comisión Europea esta información durante cinco años.
Asimismo, este capítulo contiene una relación no exhaustiva de las
finalidades para las que se puede llevar a cabo esa disposición de fondos por parte de las administraciones públicas.
El capítulo III establece que una empresa estará obligada a elaborar cuentas separadas cuando las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico o local, le hayan concedido derechos especiales o exclusivos o le hayan confiado la
gestión de un servicio de interés económico general, reciba cualquier tipo de compensación por gestionar ese servicio y lleve a cabo otras actividades. A estos efectos, el proyecto de ley recoge de forma exhaustiva y en sintonía con las
definiciones de la directiva qué debe entenderse por derecho exclusivo y derecho especial. Estas empresas confeccionarán un anexo que contenga información sobre los riesgos y costes correspondientes a cada una de las actividades realizadas, además
de información detallada sobre los métodos de asignación e imputación empleados. Este anexo igualmente habrá de ser remitido a la Intervención General de la Administración del Estado, directamente o a través del órgano competente, según proceda,
quedando a disposición de la Comisión Europea durante cinco años a partir del final del ejercicio anual al que se refiera la información. La responsabilidad en la elaboración y remisión de este anexo también recaerá en el órgano de administración
de cada empresa. Tanto en el caso de las empresas públicas como en el de las empresas que deban llevar cuentas separadas, este proyecto de ley señala los tipos de empresa que no están obligados a presentar dicha información.
El capítulo IV determina que las empresas públicas manufactureras, aquellas que realizan su actividad principal en este sector, tendrán también obligación de remitir a la Intervención General del Estado, directamente o por conducto del
órgano competente, según proceda, para su posterior envío a la Comisión Europea,
además de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y, en su caso, consolidados, un anexo que contenga información detallada sobre cierto tipo de transacciones e intervenciones públicas. La obligación en la elaboración y
remisión de esta información corresponde al órgano de administración de estas empresas.
En relación con las funciones que se le reconocen a la Intervención General de la Administración del Estado, de remisión y centralización de la información, no tienen como finalidad -lo quiero dejar muy claro-proceder a fiscalizar o
controlar los datos recibidos, sino evitar la dispersión de interlocutores y ofrecer a la Comisión Europea una información agregada del conjunto de las empresas receptoras, en cualquiera de sus formas, de fondos públicos. La competencia del Estado
para canalizar la información hacia las instituciones comunitarias ha sido expresamente reconocida en distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en especial la sentencia 172/1992, de 29 de octubre.
En resumen, para finalizar, quiero destacar que el proyecto de ley contiene la expresa trasposición de todos los artículos contenidos en las directivas ya mencionadas, trasposición no solo conveniente, sino necesaria y urgente dado el
dictamen motivado que al efecto ha remitido la Comisión Europea, apremiando al Reino de España a subsanar su incumplimiento. Por todo ello solicito su apoyo al proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las
administraciones públicas y las empresas públicas y de transparencia financiera de determinadas empresas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor vicepresidente. (Aplausos.)
Para ejercer el turno a favor de la enmienda, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre por 15 minutos.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de transparencia de las relaciones
financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y la transparencia también de las relaciones financieras de determinadas compañías. ¿Por qué hemos presentado esta enmienda a la totalidad? En primer lugar, porque la
trasposición al ordenamiento interno no contempla correctamente las competencias autonómicas que en materia financiera y de fiscalización ostentan los órganos competentes de las diferentes administraciones públicas. Señorías, lamentablemente el
Gobierno, siguiendo la visión adoptada en otros proyectos de ley, como el de dependencia, universidades, etcétera, asume una visión evidentemente centralizadora que obvia las competencias autonómicas. Me explicaré. Concretamente, en la exposición
de motivos y en los artículos 3, 4, 9, 10 y 15 se prevé únicamente la participación de la Intervención General de la Administración del Estado en el cometido de mantener a disposición de la Comisión Europea la información prevista, disponiendo la
mención a los órganos autonómicos competentes como simples transmisores. Nosotros entendemos que lamina y deja sin contenido las funciones de carácter financiero y de fiscalización de los entes locales y del sector público autonómico y local que
ostentan los órganos autonómicos competentes.
Les pondré otro ejemplo, señorías. El proyecto contiene la obligación para determinadas empresas públicas, ya sea estatales, autonómicas o locales, de remitir a la Intervención General de la Administración del Estado un anexo de información
sobre la puesta a disposición de fondos por las administraciones públicas a estas empresas, que puede realizarse bien directamente cuando se trate de empresas públicas estatales o bien por conducto del órgano competente de la comunidad autónoma o
del ente local cuando se trate de empresas públicas autonómicas o locales. Las directivas que se trasponen mediante el proyecto de ley que debatimos en ningún caso realizan mención alguna de los organismos que deben realizar la labor de
recopilación y la puesta en disposición de la Comisión Europea, simplemente se refieren a los Estados miembros que adoptarán las medidas necesarias sin prever qué órganos, por lo que claramente deja en manos de los Estados su especificación. Es
decir, no es la normativa europea la que lamina las competencias de las comunidades autónomas, sino la trasposición que realiza el Estado. Esta especificación en el ordenamiento interno español debe corresponder respecto de las empresas públicas
estatales a la Intervención General de la Administración del Estado y a los organismos autonómicos competentes con relación a todas aquellas empresas públicas autonómicas y locales al mismo tiempo.
Otro ejemplo, señorías. El artículo 4 del proyecto parece basar la unicidad en el órgano de la Intervención General de la Administración del Estado para evitar la dispersión de datos y facilitar la información agregada, como previene el
artículo, pero en ningún caso y de acuerdo con el marco competencial vigente otorgar a los órganos autonómicos la recopilación de la documentación prevista en el proyecto de las empresas públicas autonómicas y locales debe significar per se
dispersión de ningún tipo ni distorsión del fin de las directivas; al contrario, señorías, nos parece adecuado que sean los órganos autonómicos como órganos más cercanos los que deban realizar dicha labor fiscalizadora.
Siguiendo esta línea, el
proyecto de ley debería reconocer la capacidad de las comunidades autónomas en su desarrollo reglamentario.
En resumen, señorías, señor vicepresidente y ministro de Economía, desde nuestra visión política la redacción
actual del proyecto de ley, aprobada por el Consejo de Ministros, no respeta el marco competencial vigente, no previene el cometido de los organismos autonómicos y competentes en dicha materia y tampoco reconoce la capacidad reglamentaria de
las comunidades autónomas para el desarrollo de la ley en el respectivo territorio. Esta es la cuestión básica y fundamental por la que mi grupo parlamentario ha presentado esta enmienda a la totalidad. Hemos mantenido conversaciones políticas
sobre la negociación de esta ley con la diputada del Grupo Socialista señora Malaret, y se comprometía a aplicar en el trámite parlamentario, con las enmiendas pertinentes, la solución que nosotros planteamos en esta enmienda a la totalidad, para
que no se laminaran las competencias autonómicas que están previstas en la legislación vigente y que lógicamente están previstas en el nuevo Estatuto vigente desde hace aproximadamente un mes. Nos gustaría que el compromiso político, no solo de la
diputada Malaret, para poder resolver esta situación de la competencia autonómica se haga efectivo con las enmiendas, que por cierto coinciden en cierta medida con las que ha presentado el Grupo Vasco, para poder retirar en este instante la enmienda
a la totalidad. Si existe el compromiso del Gobierno, en este caso del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, de aceptar en la tramitación parlamentaria estas enmiendas que son puramente autonómicas, pero que para
nuestro grupo tienen una importancia fundamental, no tendríamos inconveniente en poder retirarla y evitar su votación.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Algún grupo tiene interés en ejercer el turno de réplica? (Pausa.) Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones? (Pausa.) ¿Izquierda Unida? (Pausa.) Señor Azpiazu,
por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente. Nuestro grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, aunque comparte básicamente los argumentos que desde esa tribuna ha defendido Convergència i Unió. No lo hace, porque en gran
medida las cuestiones competenciales que se ven afectadas por este proyecto son solventables por una serie de enmiendas que ya hemos presentado en esta Cámara. Son nueve enmiendas que deben ser objeto de transacción, de negociación y de acuerdo,
tal como nos lo ha planteado la parlamentaria del Grupo Socialista. Estamos en contra de la enmienda a la totalidad, porque sinceramente pensamos que se puede arreglar; esperamos que esto sea cierto.
A nuestro juicio, las directivas cuya trasposición se contienen en este proyecto no concretan los órganos encargados de cumplimentar y poner a disposición de las instituciones europeas la información que se requiere de aquéllos; información
que no consta en las cuentas anuales de las empresas públicas y que no es objeto de publicación. Sin embargo, el proyecto opta por un modelo centralizador para llevar a cabo tales tareas, sin que entendamos justificada tal opción. Al contrario,
nos parece más adecuado con el modelo autonómico que sean los órganos competentes de cada Administración pública los que recopilen la información y la pongan a disposición de la Comisión, sin que ello produzca ninguna distorsión de la finalidad de
las directivas. En este sentido, nos planteamos que sean los órganos interventores de las correspondientes administraciones públicas los que sean receptores de tal información, quedando a disposición de la Comisión Europea, que podrá recabarla. En
consecuencia, si bien el contenido normativo del proyecto se adecua a las directivas, la elección del órgano que va a disponer de la información es una elección centralizadora que no respeta la autonomía del resto de las administraciones, por lo que
es necesario desde el punto de vista autonómico modificar el órgano responsable de la información, dando entrada a los órganos interventores de las administraciones autonómicas y locales. Este es el sentido de las enmiendas que hemos planteado.
Estas cuestiones son las que pretenden corregir las enmiendas, y en especial queremos hacer referencia a la disposición adicional primera nueva, relativa al régimen foral del País Vasco, porque en virtud del régimen foral la aplicación a la
comunidad autónoma de lo previsto en esta ley tendrá que entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico. De esta manera también se respetaría la esencia del concierto que desde nuestro punto de vista es muy importante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Popular tiene la palabra para fijar su posición el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señorías, nosotros no alcanzamos a entender -y desde luego no compartimos sus motivos- esta enmienda de totalidad. La interlocución única en la Unión Europea, en los términos en que se ha expresado
el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, no solamente es lo razonable, sino que es absolutamente imprescindible; sobre todo en temas tan delicados como la información relativa a la transparencia en el uso de fondos
públicos que garantizan la libre competencia de los mercados tiene que haber una interlocución única, que por otro lado es la que siempre ha correspondido al Reino de España en los organismos comunitarios. Por esa razón, nosotros compartimos el
objetivo y la redacción del texto actual del proyecto de ley.
Hemos propuesto tres enmiendas parciales, de las que tendremos ocasión de hablar y valoraremos en Comisión, que vienen precisamente a reforzar el carácter de gestión de la información a través de la Intervención General de la Administración
del Estado relativa a las subvenciones, préstamos fuera de mercado y cualquier otra relación financiera entre todas las administraciones públicas -estatales, autonómicas y locales- con empresas públicas o con empresas que prestan o gestionan
servicios de interés general. En nuestras tres enmiendas lo que pretendemos es fortalecer el carácter de esa unidad de interlocución ante la Unión Europea al tiempo que delimitar claramente lo que son deberes de información, que corresponden a las
empresas que han de generar esa información y a quienes recaban y transmiten a la Intervención General de la Administración del Estado la información, como también determinar -porque en el proyecto de ley no está incluido- las responsabilidades
financieras que se pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información ante la Unión Europea, trasladándoselos a la agencia -a la empresa- que haya incumplido precisamente sus obligaciones de información. Por tanto, tendremos
ocasión de debatirlo en Comisión.
En este momento no sé si la enmienda de totalidad se ha retirado o no. El presidente quizá podría aclarármelo porque yo no he entendido si está retirada o no. En caso de que estuviera retirada los argumentos que he expuesto siguen siendo
válidos, y si no lo estuviera votaremos en contra de la enmienda de totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene ahora la palabra la señora Malaret por el Grupo Socialista.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista expondré las razones y los argumentos que fundamentan nuestra posición de rechazo a una enmienda de totalidad y de devolución al Gobierno del proyecto de ley de transparencia de las relaciones
financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y otro determinado tipo de empresas, en concreto las que prestan servicios públicos por encomienda de las administraciones y reciben fondos públicos.
Señorías, la enmienda de totalidad que nos presenta hoy el Grupo de Convergència i Unió está dirigida a un precepto muy concreto y muy preciso del proyecto de ley y por conexión al artículo siguiente. No cuestiona en ningún momento el
contenido y el alcance de la ley sino un epígrafe, un apartado muy puntual. Sinceramente, la munición utilizada es especialmente desproporcionada con lo que se pretende; la discusión acerca de la redacción de un precepto de una ley puede
dilucidarse en trámite parlamentario ordinario de discusión de enmiendas, y precisamente tiempo habrá después para aclarar y para precisar este apartado concreto que ha suscitado la controversia, una controversia que creo sinceramente que es más
aparente que real. Las dudas que suscita a Convergència i Unió la redacción del artículo 3 -es, pues, una enmienda de totalidad al artículo 3- son más fruto de una lectura rápida, poco reposada y poco pausada del texto, una lectura apresurada que
conduce a una inteligencia del mismo que no se corresponde con el orden constitucional y estatutario de articulación de las competencias entre los distintos niveles de Gobierno; es más un prejuicio que un juicio basado en razones y en una
interpretación coherente y sistemática; es un prejuicio basado en pensar que alguien pueda interpretar de una determinada manera. Insisto, la interpretación del precepto nos pone de relieve que es un texto muy prudente, muy pausado y muy
respetuoso con el orden constitucional y estatutario de las competencias.
Para que se entienda mejor lo que acabo de afirmar explicaré brevemente el contenido del proyecto, su razón de ser, de qué trae causa, su fundamento o el título competencial que justifica que hoy las Cortes Generales estemos examinando este
proyecto. El proyecto de ley impone a determinadas empresas públicas y privadas una obligación de llevar cuentas separadas, un contenido, pues, muy limitado y muy preciso, que solo se entiende por su conexión inmediata con la directiva que está en
su origen y sobre todo con el fundamento, significado y alcance de la propia directiva. El Tratado de la Unión Europea establece un conjunto de normas relativas a la competencia y, como garantía del respeto a estas normas, otorga a la Comisión el
poder de controlar la actividad de los Estados miembros y el poder de dictar normas dirigidas a los Estados miembros que le permitan instrumentar los medios para hacer efectivo este control. Pues bien, según estos poderes en 1980 se dictó una
directiva que obligó a hacer transparentes las relaciones económicas entre el Estado y las empresas públicas; permitía establecer la distinción cuando se producía una puesta a disposición de fondos públicos entre el papel del Estado regulador y el
papel del Estado propietario. Posteriormente el proceso de privatización material y formal de determinadas empresas, pero sobre todo la ampliación progresiva del ámbito de la competencia, supuso la necesidad de densificar esta obligación y
garantizar mejor la efectividad del respeto a las normas del Tratado. Así, en el año 2000 se estableció la obligación de llevar cuentas separadas para aquellas empresas que recibieran fondos públicos y realizaran otras actividades.
Se trataba de
evitar financiación cruzada. Posteriormente la sentencia del Tribunal de Justicia obliga a matizar todavía más esta obligación, y es la que explica la modificación que se produce en 2005, diferenciando, cuando los fondos públicos se otorgan para
compensar la prestación de servicio público, que no son ayudas públicas y por tanto no están sometidas al
régimen del Tratado, pero ello no evita que haya una obligación de transparencia.
Pues bien, señorías, estas son las directivas que el proyecto de ley pretende trasponer, y lo hace con un escrupuloso respeto al orden constitucional y estatutario de competencias. Por tanto, la enmienda que ahora única y exclusivamente
cuestiona la obligación de remitir la información por parte de los órganos competentes de las comunidades autónomas y los gobiernos locales a la Intervención General del Estado no parece demasiado justificada ni fundamentada. Nótese el escrupuloso
respeto del proyecto de ley a las competencias autonómicas cuando en ningún momento señala cuál es el órgano competente autonómico ni qué hará. Son, por tanto, las normas autonómicas las que deberán establecer la tipología de órganos y sus
cometidos. Es, pues, una ley que no establece una relación directa entre las empresas de ámbito autonómico o local y el Estado, sino que lo hace siempre mediante los órganos que establezca la correspondiente comunidad autónoma. Para evitar
suspicacias, para evitar determinadas interpretaciones futuras que extralimitasen el cometido de la Intervención General del Estado, es por lo que el Consejo de Estado sugirió y el Gobierno atendió que se precisara claramente la finalidad de la
tarea de mera recolección de información que tiene la Intervención General de la Administración del Estado. Así, el artículo 4 establece taxativa y precisamente, con todo rigor, que esta intervención de la IGAE es solo para evitar la dispersión de
datos y facilitar una información agregada, así como para conservar y mantener a disposición de la Comisión esta información durante cinco años. No existe, pues, ningún poder de control o fiscalización de la IGAE sobre las entidades públicas
locales o autonómicas; no hay un plus de competencias que se atribuya al hilo de esta atribución del poder de recoger la información. Es un precepto respetuoso con las competencias autonómicas; es un precepto que respeta de manera muy clara y muy
concisa el título competencial en que se ampara el proyecto: el 149.1.13.ª Podemos afirmar claramente que es la primera vez que el Estado utiliza este precepto de manera tan limitada y comedida. Es el supuesto de utilización del 149.1.13.ª más
limitado. No hay ninguna invasión de competencias autonómicas. Es una prueba evidente, una muestra más del firme compromiso del Gobierno con el Estado de las autonomías, del firme compromiso del Gobierno con el nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que tan decididamente impulsó el presidente Zapatero. Estoy convencida de que este es un proyecto de ley respetuoso con el nuevo orden competencial que diseña el Estatuto y con los proyectos, con los estatutos ya aprobados. Para evitar
suspicacias, para evitar herir sensibilidades y, sobre todo, para evitar futuras interpretaciones extralimitadoras de las competencias del Estado e invasoras de competencias autonómicas, podemos encontrar una redacción que resuelva estas dudas y
hacerlo perfectamente en fase de enmiendas. Estoy convencida de que el texto no va más allá de lo que pude ir; no entra en las competencias autonómicas. Podemos encontrar una redacción que tranquilice a todo el mundo y que evite incluso que otros
gobiernos hagan otras interpretaciones, por eso pido al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que retire esta enmienda a la totalidad y que nos permita encontrar una redacción, un punto de encuentro entre el texto que ahora se propone y
las dudas o prejuicios que pueda tener en este momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Malaret.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Únicamente quisiera confirmar lo que se acaba de decir. Como decía anteriormente, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 1992, se refería a un caso parecido y dice algo que es evidente. Decía que el contenido de la información
requerida por las directivas comunitarias corresponden a la Generalitat de Cataluña, mientras que la transmisión de esta información a la Comisión de la Comunidad Europea corresponde al Estado. Eso sigue siendo válido. Evidentemente, no es esta la
norma que debe regular internamente en Cataluña cómo se recoge esa información. En todo caso, como se acaba de decir, estamos dispuestos a respetar al máximo las competencias autonómicas en este punto y, por supuesto, a corregir el texto por
aquello de malos entendidos o problemas que se pudieran plantear, que no son desde luego el objetivo que planteo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Sánchez i Llibre, ¿quiere usted manifestar algo respecto a este planteamiento del señor vicepresidente?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la sensibilidad del vicepresidente segundo del Gobierno y de la diputada Malaret respecto a nuestras pretensiones. Vamos a confiar en que en el debate parlamentario en la Comisión podamos resolver estas
cuestiones y estas dudas que a nuestro grupo parlamentario nos había planteado este proyecto de ley. Por este motivo vamos a retirar, señor presidente, la enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Sánchez y Llibre.
-PROYECTO DE LEY DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EN MATERIA CONTABLE PARA SU ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL CON BASE EN LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: Emiendas a la totalidad al proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Tiene la palabra el señor vicepresidente y ministro de Economía, señor Solbes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno ha presentado el proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para armonizar nuestra normativa interna con los criterios contables internacionales adoptados por la Unión
Europea. El Reglamento 1606/2002, del Parlamento y del Consejo, de 19 julio de dicho año, relativo a la aplicación de las famosas NIC, de las Normas Internacionales de Contabilidad, ha supuesto que los grupos de sociedades españoles cotizados han
de elaborar obligatoriamente sus cuentas anuales consolidadas aplicando los reglamentos comunitarios, mientras que para cuentas anuales individuales de las empresas, cotizadas o no, los Estados miembros pueden decidir si mantienen sus propias normas
contables o aplican las NIC. En España la decisión tomada en la Ley 62/2003 ha sido mantener la norma contable española. Por tanto, desde el 1 de enero del año 2005 tenemos un sistema contable dual, uno para grupos y otro para cuentas
individuales, lo que lleva a la necesidad de armonizar ambos sistemas para reflejar e informar sobre las mismas operaciones con iguales criterios contables. De esta forma se garantiza la uniformidad de la información económico-financiera de las
empresas españolas, de especial importancia al tratarse de una referencia para el derecho mercantil y el ámbito fiscal. Esta necesidad de armonización está contenida en el Libro Blanco de la contabilidad que en el año 2002 elaboró un grupo de
expertos en la materia.
El proyecto de ley que hoy presentamos materializa esta recomendación. En el momento actual, respecto de las cuentas individuales solo hay tres posibilidades de actuación: Mantener el modelo contable incorporado en nuestro país en 1990,
aplicar los reglamentos europeos íntegramente a todas las empresas o modificar el modelo contable de 1990 incorporando, en la medida de lo posible, los reglamentos de la Unión Europea. De estas alternativas, el Gobierno, en línea con la
recomendación de los expertos, propone seguir la tercera de ellas, porque no cabe duda que la decisión de armonizar es la que ofrece mayores ventajas al mundo económico. Sin embargo, antes de exponerlas creo necesario explicar por qué se ha optado
por no elegir las dos primeras posibilidades.
El mantenimiento del modelo actual no parece ser una buena alternativa, porque perpetuaría los inconvenientes que ocasiona la existencia de un modelo dual y tendríamos una normativa desfasada respecto al contexto internacional, en el que se
han conseguido alcanzar mayores cotas de armonización en los criterios contables aplicados y aceptados internacionalmente. Aplicar directamente los reglamentos comunitarios -la otra opción- para todas las empresas y grupos españoles, sería mucho
más costoso para la mayoría de nuestros sujetos contables, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, dada la extensión y complejidad de las normas internacionales adoptadas en Europa. La estrategia de tener una norma española actualizada
tendrá la ventaja de mantener lo esencial del Plan General de Contabilidad al que nuestras empresas están acostumbradas, junto a una memoria abreviada para las empresas pequeñas con mejores exigencias informativas.
La opción tomada por el presente proyecto de ley propone, por tanto, aprobar una reforma que se desarrollará en el futuro Plan General de Contabilidad estableciendo para las empresas españolas un modelo contable con las siguientes ventajas.
En primer lugar, la reforma se plantea en armonía y coherencia con el marco conceptual de las NIC, apartándose de él en un aspecto puntual, que es el tratamiento de los gastos de investigación como posibles activos de la empresa, por considerar que
este tratamiento incentiva esta actividad, dentro de un respeto escrupuloso al contenido que la IV Directiva de derechos de sociedad establece en la misma para esta materia. En segundo lugar, la reforma terminará de completar el cuerpo normativo
del año 1990 en dos temas de gran importancia: las operaciones de reestructuración empresarial, las fusiones, escisiones, etcétera, y los instrumentos financieros, dadas las lagunas existentes en el vigente Plan General de Contabilidad respecto a
estas materias.
En tercer lugar, la reforma permitirá conseguir mayores cotas de comparabilidad en la información económico-financiera española que las que se alcanzarían con la aplicación directa de las cuentas individuales de los reglamentos de la Unión
Europea, ya que se limitará el uso de opciones en el tratamiento contable de las operaciones, que sí prevén los reglamentos de la Unión Europea. Además, la reforma hace uso de la potestad normativa que en este punto nos brinda el Reglamento
1606/2002, de manera que las normas se aprueban por estas Cortes; cuestión no de menor importancia desde la perspectiva de la necesaria seguridad jurídica que debe otorgarse a un modelo contable y especialmente a su interpretación. Este aspecto
tiene una importancia crucial en el contexto de un marco de información abierto y en continua evolución, como es el que
han elegido las instituciones comunitarias para alcanzar el objetivo de la armonización contable internacional.
Por último, la reforma permitirá seguir compatibilizando la finalidad específica de elaborar información económico-financiera útil para la toma de decisiones económicas con otras aplicaciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico para
dicha información: mercantiles, fiscales, supervisión financiera e incluso penales. En resumen, con esta reforma tendremos un modelo moderno, que colma algunas de las lagunas de la regulación anterior, con criterios y tratamientos uniformes para
las empresas españolas.
El órgano internacional emisor de normas sigue dictando nuevas disposiciones, modificando otras y está trabajando en la actualidad en un proyecto que denomina para pequeñas y medianas empresas, entendiendo por las mismas un concepto
diferente al utilizado en nuestra norma mercantil actual. Podría pensarse, por tanto, que dada la sensibilidad que las pequeñas y medianas empresas tienen hacia este proyecto se debería paralizar la reforma y esperar a que el nuevo proyecto
estuviera en marcha. Sin embargo, nosotros creemos que no tiene sentido, por dos razones. En primer lugar, porque desconocemos la fecha en la que este órgano culminará el proceso, con un resultado que debe ser, además, posteriormente debatido en
la Unión Europea, lo que dilatará el proceso de armonización de nuestras normas. En segundo lugar, porque la aprobación de la reforma no supondrá sustraernos a las modificaciones que se originen en su momento en el panorama internacional, sin
entrar en que el concepto de pequeña y mediana empresa de esta definición no es el mismo que el nuestro. Como siempre, nuestro modelo contable estará abierto y será sensible a las modificaciones que se produzcan, como no puede ser de otra forma, y
debemos estar alerta ante los continuos cambios en los sistemas económicos y financieros y los mayores niveles de armonización de esta información.
Sé que el tema de los cambios propuestos para las pequeñas y medianas empresas es especialmente sensible. Sé que el impacto para las mismas puede suponer una mayor complejidad, dado que el contenido de los reglamentos de la Unión Europea,
que inevitablemente han de servir de inspiración a los trabajos del futuro Plan General de Contabilidad, puede motivar un recelo inicial. Sin embargo, el tratamiento contable de las operaciones principales que realizan estas empresas, como son la
adquisición de inmovilizado y las operaciones de tráfico, no varían sustancialmente. Asimismo -y era un tema muy importante-, la presente reforma propone elevar sustancialmente -aproximadamente un 30 por ciento- los umbrales existentes en la
actualidad para calificar a las empresas como pequeñas y medianas, posibilitándose de esta forma la utilización de los modelos abreviados de las cuentas anuales; umbrales, por cierto, que no se han modificado desde el año 1997. En todo caso, y
para tranquilizar a SS.SS., lo que sí puedo decir es que el Gobierno está dispuesto a trabajar con todos los grupos políticos para que en el debate del contenido del proyecto se continúen analizando las especialidades de las pequeñas empresas;
aspecto al que, evidentemente, estamos abiertos en aras de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones contables y que sean compatibles lógicamente con el sistema general que se diseñe.
Por todo ello, señorías, creo que las enmiendas a la totalidad presentadas no se encuentran justificadas y, consiguientemente, el proyecto de ley que les acabo de presentar debería continuar su tramitación parlamentaria.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Para ejercer su turno a favor de la enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa europea. Seguramente, señor Solbes -y en la intervención que acaba de realizar ante esta Cámara así ha parecido-, podríamos convenir en que en
algunos aspectos que para nuestro grupo son muy relevantes este proyecto de ley es precipitado -y por eso hemos presentado la enmienda a la totalidad- porque hace inviable su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2007, ya que nos hace falta
tiempo material para poder informar a todo el tejido empresarial e industrial español y a toda la sociedad para que pueda entrar en vigor en esa fecha. Ha existido un acuerdo parlamentario entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
y el Grupo Parlamentario Socialista que da apoyo a su Gobierno para alargar el proceso de entrada en vigor de esta ley. Este es uno de los principales motivos de acuerdo entre nuestros grupos parlamentarios. También podríamos convenir, señor
vicepresidente, en que es un proyecto que genera muchísima confusión a todo el tejido industrial español por su complejidad, básicamente a las pequeñas y medianas empresas y también a las microempresas. En este proyecto de ley desparece el modelo
simplificado, lo que también va a ser motivo de acuerdo entre los dos grupos parlamentarios, ya que deseamos que se vuelva a incorporar un proceso simplificado para las microempresas.
Este proyecto de ley ha provocado y provoca un rechazo frontal entre todos los colectivos económicos y empresariales del país. Este proyecto de ley, de entrada, ha conseguido que todas las organizaciones empresariales, todas las
organizaciones económicas, así como el
Instituto de Censores de Cuentas de España, lo hayan atacado frontalmente porque lo creían precipitado y confuso. También ha sido un proyecto de ley que está provocando pánico -lo digo sinceramente: pánico, y espero que a partir de que
demos unas pautas de acuerdo se pueda generar más confianza en el futuro- en todas las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo en las que más lo ha provocado ha sido en las microempresas pues aunque es posible que sean poquísimas, solo algunas o
no muchísimas, las que se han acogido al régimen simplificado, el que desaparezca de hoy para mañana este régimen con la incorporación de las normas contables ha provocado a todos los afectados un pánico fiscal que entendemos que no está justificado
y por este motivo hemos presentado esta enmienda a la totalidad.
Finalmente, señor vicepresidente, podríamos convenir -al menos así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- en que este proyecto y todo cambio que implique normativas contables en España han de venir
acompañados de modificaciones en normativas fiscales.
Si pudiéramos entender que inicialmente su entrada en vigor tendría que ser a partir del 1 de enero del año 2007, no tendría demasiado sentido incorporar cambios fiscales en el impuesto de
sociedades -probablemente ustedes lo van a plantear ante esta Cámara durante el próximo año- sin que se pudieran solapar las dos iniciativas legislativa, en el sentido de que a partir de que se pongan en marcha las normas contables armonizadas de
acuerdo con la legislación europea también se pudieran incorporar en las normas fiscales todos aquellos cambios que se pudieran producir a lo largo de la reforma del impuesto sobre sociedades por lo que a la normativa fiscal se refiere. Por tanto
entendíamos como normal, positivo y objetivo que las dos reformas fueran al unísono y se pudieran empezar a aplicar lo más tarde posible, siendo quizás una fecha adecuada el año 2008 o el año 2009, tal como nosotros hemos aplicado a algunos
planteamientos.
En cualquier caso, señor vicepresidente del Gobierno, los contactos y las conversaciones que han tenido lugar entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) han dado sus frutos. Creemos
sinceramente que se han impuesto la sensatez y el sentido común y después de varias negociaciones mantenidas entre nuestro grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario Socialista hemos llegado a un principio de acuerdo que lógicamente tendremos que
profundizar y materializar a lo largo de la tramitación parlamentaria para poder modificar algunos aspectos sustanciales que nuestro grupo parlamentario considera muy relevantes. En algunos de ellos, por ejemplo en la aplicación de la normativa, ya
nos hemos puesto de acuerdo los dos grupos parlamentarios y espero que cuente también con el soporte del resto de fuerzas parlamentarias ya que este no es un proyecto político sino que entendemos que es un proyecto técnico y valdría la pena
conseguir el máximo consenso de todas las formaciones políticas porque esto va a ser de aplicación en todo el tejido industrial y empresarial español sin tener en cuenta ni las ideologías ni las simpatías de los diferentes partidos políticos. Por
tanto entendemos que sería muy bueno que este acuerdo pudiera extrapolarse al resto de formaciones políticas para poder conseguir el máximo consenso. Repito, hay un principio de acuerdo importante entre los dos grupos parlamentarios hasta la fecha
en el sentido de alargar como mínimo un año el proceso de adaptación y de entrada en vigor de esta ley, que sería para el 1 de enero del año 2008, con lo cual daríamos un balón de oxígeno a todo este tejido empresarial que estaba ansioso, preocupado
por su aplicación inmediata ya que no había prácticamente tiempo y también hemos llegado a un acuerdo, que para Convergència i Unió es potente, solvente y pienso que muy favorable para el tejido industrial español, en el sentido de que se pueda
incorporar otra vez a este proyecto, durante su tramitación parlamentaria, un régimen simplificado, abreviado, para las microempresas y asimismo se intente dotar al régimen de las pequeñas y medianas empresas de las máximas novedades posibles, de la
máxima simplificación posible para que su aplicación sea muchísimo más amplia. De entrada existe acuerdo en estos dos aspectos tan relevantes a los que nosotros damos muchísima importancia. Pienso que este es uno de los motivos por los que nuestro
grupo, después de la defensa de esta enmienda a la totalidad y dado que este acuerdo ya es vigente en este momento, va a retirarla.
Hay otros aspectos de los que hemos hablado en los que no nos hemos puesto de acuerdo todavía pero entendemos que existe una voluntad explícita de su grupo parlamentario para alcanzarlo. Son determinados aspectos contables que tienen un
gran calado, una gran importancia. Esperamos que durante el trámite parlamentario de los próximos meses podamos llegar a un acuerdo. Tenemos serias dudas respecto a las divergencias de los contenidos que existen ante este proyecto de ley. Por
ejemplo, se mantiene el concepto de diferenciar resultados ordinarios y extraordinarios cuando los criterios internacionales abogan por el sentido contrario. Este es uno de los aspectos que durante el trámite parlamentario intentaremos negociar.
El proyecto de ley no contempla las rectificaciones o correcciones de las cuentas anuales del ejercicio anterior, cuya inclusión Convergència i Unió entiende que es necesaria.
Es necesario adecuar la normativa, con el fin de facilitar la
presentación de cambios en los criterios contables o en la propia estructura de la actividad empresarial. También este proyecto de ley es confuso en el concepto de patrimonio neto como elemento diferenciado de los fondos propios. Existe una gran
preocupación en nuestro grupo parlamentario -pensamos que también será extensible para el resto de las fuerzas políticas de esta Cámara- por la definición que en este proyecto de ley se hace del grupo de sociedades, de acuerdo con el artículo 42.
Señor vicepresidente, esta definición que está contemplada en el proyecto genera una gran complejidad y una gran controversia ya que puede llegar a entenderse que
una misma sociedad se vea obligada a formular juegos diferentes de cuentas anuales consolidadas, un consolidado horizontal y otro consolidado vertical, con lo cual esto va a generar una complejidad tan tremenda que, sinceramente, todas las
formaciones políticas tendremos que ser capaces de buscar una solución ágil, diáfana y objetiva para no complicar la vida de nuestro tejido empresarial. En este aspecto, señor vicepresidente, este proyecto de ley en cuanto a la definición de grupo
de sociedades en el artículo 42 se aleja de la normativa internacional; el proyecto de ley adopta una normativa híbrida y difícil de comprender por parte no solo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sino también por la mayoría de
grupos, analistas e inversores de todo el territorio español. También hay otro aspecto que nos preocupa y para el que vamos a conseguir un consenso, vamos a acercar posiciones entre el Grupo Parlamentario Socialista y nuestro grupo, referente a
incorporar información a sociedades en las que se posea directa o indirectamente un porcentaje no inferior al 5 por ciento de su capital. En la actual redacción de la Ley de Sociedades Anónimas este porcentaje es del 3 por ciento en el caso de
sociedades cotizadas y del 20 por ciento cuando se trata de sociedades no cotizadas. Por lo tanto, también aquí existen grandes diferencias en los porcentajes, aunque, sinceramente, pienso que va a ser posible llegar a un consenso.
Finalmente, hay otra cuestión que preocupa a este grupo parlamentario y también a los agentes económicos, a los analistas, a los profesionales de la auditoría, en definitiva, preocupa a toda la sociedad ligada a la contabilidad, al mundo de
la auditoría y al mundo financiero, que es el planteamiento que hacen en este proyecto de ley de la obligatoriedad de constituir una reserva indisponible por el importe del valor neto contable del fondo de comercio en el activo. Esta es una novedad
importante y sorprendente y que, desde nuestra visión política, no tiene precedentes en la Unión Europea. En la actualidad, los activos materiales y los activos de las sociedades constituyen uno de los principales componentes en el valor de una
empresa por lo que al obligar, desde nuestro punto de vista, a constituir estas reservas por importe del valor neto del activo se penaliza a las empresas españolas y se les va a impedir la libre distribución de los beneficios y, al mismo tiempo, se
les va a impedir no poder disminuir estas reservas en cuanto a la tributación del impuesto sobre los beneficios. En este mismo sentido, también consideramos, señor vicepresidente, que el fondo de comercio, adquirido de forma onerosa desde nuestro
punto de vista -y en este aspecto vamos a intentar llegar al máximo consenso con el Grupo Parlamentario Socialista y con el resto de formaciones políticas-, debe continuar siendo deducible fiscalmente. Hay formulaciones, hay mecanismos, hay
posibilidades fiscales europeas e internacionales que podrían permitir, a través de soluciones ágiles y objetivas, que el fondo de comercio, adquirido siempre de forma onerosa, pudiera continuar siendo deducible fiscalmente.
Repito, señorías, hay un principio de acuerdo en dos aspectos fundamentales: la entrada en vigor y lo que hace referencia a poder plantear una vez más un modelo abreviado y simplificado para las microempresas; poder plantear un modelo
ágil, inteligente y efectivo para las pequeñas y medianas empresas -aquí hemos llegado a un acuerdo- y hay otro principio de acuerdo para seguir profundizando en todas estas cuestiones que hacen referencia al fondo de comercio en cuanto a su
amortización, en cuanto a la información, en cuanto a la definición del grupo de sociedades. Pensamos que a lo largo de los próximos meses hemos de ser capaces, finalmente, de poder dar esta tranquilidad y sosiego a los agentes económicos para que
puedan implementar dichas normativas a lo largo de los próximos años.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para ejercer su turno a favor por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, nos trae aquí la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de una enmienda de totalidad de devolución a la adaptación de la legislación mercantil y contable y armonización con la legislación comunitaria. El señor
ministro nos ha intentado convencer de la oportunidad de tramitar la ley y de aprobarla lo más pronto posible. Yo tengo que discrepar, señor ministro, porque desde el Grupo Parlamentario Popular se considera que es una ley inoportuna o, por lo
menos, extemporánea. En estos momentos el IASB, el International Accounting Standards Board, está elaborando una normativa para la pequeña y mediana empresa, normativa que está confeccionada, que existe ya físicamente -yo ya la he visto- y, por
tanto, creo que esta ley que intentamos aprobar nosotros, que intentamos tramitar de forma más o menos inminente, no es oportuna en el tiempo, aunque puede ser oportuna en el lugar. También tengo que discrepar, señor ministro, de la perentoriedad
que usted intenta justificar. El ICAC había publicado un libro blanco -aunque sus pastas son negras- para la armonización contable. Sin embargo, ustedes se han olvidado fundamentalmente de un aspecto que aquí se recoge en varias páginas y que es
el referente precisamente al pequeño empresario individual y a la pequeña y mediana empresa en general. Tanto en un caso como en otro defendían los sabios de este comité la permanencia -en aquel momento ni siquiera existía el sistema simplificado
de contabilidad- de un sistema simplificado de contabilidad y que, aparte, lógicamente, habría que dotar a la pequeña y mediana empresa de un plan general mucho más sencillo y que fuese perfectamente aplicable. Usted sabe, señor ministro, que la
pasada semana, creo, el ICAC ha tenido una reunión para dar ya el visto bueno definitivo
a este Plan General de Contabilidad que se pretende aplicar el 1 de enero de 2007. Eso también es una incongruencia porque posiblemente se pueda topar en gran parte de los temas con la normativa que pueda venir del IASB. Usted decía que es
importante esta ley -yo considero que puede ser importante en algunos aspectos-, pero si analizamos con detalle los contenidos de la misma, tampoco es tan importante ni tan perentoria su aplicación de forma inmediata. Vemos que modifica
sustancialmente artículos del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades Anónimas. Yo tengo mi criterio personal, que a lo mejor no es concordante con el suyo, porque hay modificaciones en el Código de Comercio que son demasiado explícitas y van
demasiado al detalle. Es decir, las de los artículos 42 a 48 -da la impresión de que la ley está hecha exclusivamente para el artículo 42 e incluyo hasta el 48, que se refiere a la consolidación de balances- van demasiado al detalle. Sería
partidario de limar muchísimo esos artículos y dejarlos para un posterior desarrollo, con otra iniciativa parlamentaria que pueda ser una ley. Debería ser así porque vamos a poner hojas y hojas entre los artículos 42 y 48 y va a ser bastante
farragoso.
Decía usted que la Ley 62/2003 había modificado en parte la legislación mercantil, fundamentalmente su artículo 42. El artículo 42 definía perfectamente la empresa dominante y dominada, y cuándo había que consolidar y cuándo no había que
consolidar. Es decir, había que consolidar cuando había una dominante o una dominada, o bien en porcentajes sobre capital o en porcentaje de votos, y dejaba en entredicho cuál podía ser la unidad de gestión única, que era también cuando había
obligatoriamente que consolidar. Ahora da la impresión de que esa gestión única que va a dar lugar sin tener participación directa en una empresa, se está definiendo de tal manera que va a existir un sinnúmero de consolidaciones, incluso en
pequeñas y medianas empresas.
¿Qué va a suponer eso? Va a suponer un coste mayor para las pequeñas y medianas empresas porque usted bien sabe, señor ministro, que el grupo que tiene que consolidar está obligado a auditar y que, por tanto, vamos a
obligar a auditar a unas empresas que en este momento no tendrían esa obligación. Por tanto, mayor coste.
También tenemos, repito, unas definiciones que personalmente no me gustan.
No sé por qué se intenta cambiar la denominación de activo circulante y pasivo circulante. Llevamos muchos años con esa materia. Esta definición siempre sirvió.
¿Por qué se pretende cambiar por activo corriente y pasivo corriente? Es mucho más correcto desde el punto de vista terminológico hablar de circulante, tanto activo como pasivo. Usted bien sabe, señor ministro, que cuando estudiábamos el periodo
medio de maduración era el tiempo que transcurría desde que una peseta se invertía en materias primas hasta que volvía a recuperarse, dando vueltas a todo el circuito. Es que circulaba, no corría. Por tanto, hay definiciones en la ley que a mí no
me gustan, que son demasiado estrictas y que sin duda van a dar lugar, con la evolución del tiempo, a la modificación nada más y nada menos que de un Código de Comercio o de una Ley de Sociedades Anónimas, que deben ser leyes básicas e inamovibles.
¿Por qué se diferencian fondos propios de patrimonio neto? Siempre han sido iguales.
El patrimonio neto y los fondos propios eran técnicamente iguales, idénticos, era activo real menos pasivo exigible. Defina usted, si quiere, lo que es el activo
real y el pasivo exigible, pero no me dé dos denominaciones distintas. A partir de ahora el patrimonio neto va a ser o puede ser distinto de los fondos propios. Cuando el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas hable de patrimonio, ¿a qué se
va a referir, al patrimonio neto o a los fondos propios para obligar a disolver o a solicitar concurso? Vuelvo a repetir que no sé por qué tienen que meterse en esos berenjenales cuando hace muchísimos años que esa terminología existe y existirá
siempre, y es de todos conocida y por todos manejable.
Por eso vuelvo a repetirle que no lo entiendo muy bien.
Otro tema: el fair value. Tuvimos que estudiar de arriba abajo las NIC y las NIIF, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, y el fair value, el valor razonable, andaba por todos los
lados. Resulta que ahora el valor razonable solamente se va a aplicar a determinados elementos de activos financieros, es decir, a los activos financieros figurativos, tan solo a esos. Pues tampoco es tan perentoria la aplicación de la ley. Señor
ministro, cuando hablamos de la aplicación del fair value, que es optativo para otros elementos determinados, está clara una cosa y es que vaya a la cuenta de resultados el incremento del valor necesario o vaya al neto patrimonial, en ambos casos va
a formar parte de la base imponible del impuesto de sociedades. Y yo me pregunto: ¿Va a pagarse, señor ministro? ¿Va a tener un coste fiscal? Porque no se dice en ningún sitio que no lo tenga. Le recuerdo, señor ministro, que en la década de
los sesenta, en el año 1964, hubo una Ley de Regulación de Balances; en la década de los setenta, hubo dos regulaciones de balances, la de los años 1973 y 1977; en la década de los ochenta hubo dos regulaciones de balances, la de 1981 y la de
1983, y en la década de los noventa hubo una regulación de balances, la de 1996, aunque se pagó un pequeño peaje del 3 por ciento del importe de la cuenta. ¿Por qué, de una vez por todas, no aprueban ustedes también una nueva regulación de
balances? Hace diez años que no tenemos ninguna. Eso sería importante, posiblemente sería más importante que aplicar el valor razonable solamente a un aspecto de los elementos patrimoniales. Señor ministro, le dejo ahí el envite, piense usted en
la necesidad perentoria que tienen las empresas españolas de tener un balance que refleje la imagen fiel. Cuando nosotros tenemos que auditar un balance y tenemos que decir que refleja la imagen fiel, en principio, estamos mintiendo, porque tenemos
que basarnos en los principios de contabilidad generalmente aceptados, y uno de ellos forma parte de los criterios de valoración. El coste de adquisición es el valor que hay
que aplicarle a los bienes de inmovilizado, inmovilizado que en diez años, con la evolución que han tenido las viviendas y las naves industriales en esos últimos diez años, no se parece en nada a la realidad y, sin embargo, hay que decir que
ese valor es la imagen fiel, cuando no es cierto. Por tanto, vuelvo a repetírselo, los empresarios españoles precisan de una nueva ley de regulación de balances, gratuita, porque vuelvo a recordarle que en la del año 1996 hubo que pagar el 3 por
ciento.
También le achaco a esta ley que, aunque han pedido colaboración, no la han atendido. El anteproyecto, después de haber sido consultado con todos los organismos y con todos los colegios profesionales habidos y por haber, no se ha modificado
prácticamente en nada respecto al proyecto sobre el que estamos discutiendo su evolución en estos momentos. Solo se ha modificado en algunos aspectos puntuales, por ejemplo, en lugar de poner 1 en números arábigos, se pone uno con todas sus letras.
A eso se reduce prácticamente, señor ministro. Estoy totalmente convencido de que el ICAC tiene colaboradores, de que tiene unos equipos muy buenos -por ejemplo, la elaboración de este libro ha contado con esos colaboradores-, pero también los
colegios profesionales y los organismos económicos y sociales tienen buena gente. ¿Por qué no se atendió en absoluto a lo que dijo esa gente? Ahora, ustedes intentan aprobar esta ley de forma urgente. Y yo le digo, señor ministro, que obviamente
la ley tiene que adaptarse, pero en estos momentos no es oportuna. En estos momentos no es oportuno, ni muchísimo menos, aprobar un plan general de contabilidad.
También el señor Sánchez i Llibre ha dejado entrever que no tiene demasiada prisa y,
por tanto, podemos disponer del tiempo necesario para debatir la ley en el período pertinente, siempre y cuando no se apruebe en estos momentos la enmienda a la totalidad, enmienda que si de momento mantenemos, repito, lo hacemos porque no
consideramos que sea válida y oportuna esta ley.
Además, existe falta de armonización. Si aprobamos esta ley, nos podemos encontrar con que la normativa que apruebe el IASB puede dar lugar a distintas interpretaciones de la valoración o del concepto de los distintos elementos
patrimoniales que forman el patrimonio de la empresa.
¿Qué ocurre con ese artículo 42, cuando estamos diciendo que vamos a tener que consolidar muchas más empresas que las que se consolidaban antes? Como todos sabemos, para poder consolidar hay
que homogeneizar los balances. ¿Y cómo vamos a homogeneizar los balances si posiblemente habrá empresas que tendrán una contabilización distinta a otras? Eso sería prácticamente imposible, habría que hacer dos balances, uno con una normativa y
otro con otra, con el coste que ello supondría.
Hay otros aspectos a los que también el señor Sánchez i Llibre se ha referido, por ejemplo, al famoso Fondo de Comercio. Respecto al famoso Fondo de Comercio, en este libro blanco -o negro- también se decía que habría criterios en los que
se mantendría la amortización que tenemos ahora, con un máximo de 10 años y, sin embargo, en otros dicen que no se debe amortizar. La Unión Europea es partidaria de no amortizar; yo también soy partidario de que no debe amortizarse el Fondo de
Comercio.
Sin embargo, la ley obliga a dotar una reserva de indisponibilidad, luego no se puede disponer de esa reserva. ¿Contra qué? Contra los resultados.
Si es contra los resultados, dotar una reserva que no sea disponible, como decía el
señor Sánchez i Llibre, reduce beneficios y no se pueden distribuir. ¿Esa dotación va a tener repercusión fiscal? ¿Va a poder ser deducible? Porque es absurdo que nosotros tengamos que dotar una reserva y que no pueda ser deducible fiscalmente.
Por eso digo una vez más que hay grandes fallos y que hay que intentar corregirlos. El Fondo de Comercio, tal y como se recoge en el artículo 42, puede tener una causa válida, y es que se pueda aplicar a cada uno de los elementos adquiridos la
parte que les corresponda y la parte que no pueda ser adjudicada a ninguno de los elementos, esa parte pequeña que pueda quedar, que se pueda depreciar -si se demuestra que esa depreciación ha sido real- contra la cuenta de resultados y,
lógicamente, esa cuenta tiene que ser fiscalmente deducible.
Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular le dice, como le ha dicho a su portavoz, que esta ley -también lo ha dicho el señor Sánchez i Llibre- no es política, sino eminentemente técnica, una ley que debe ser válida durante mucho tiempo
para nuestros empresarios, grandes y pequeños, y a los pequeños hay que darles las ventajas necesarias. Decían que no se han creado demasiadas nuevas empresas y es cierto, puesto que todavía no se conocen muy bien sus ventajas. Hay que recordar
-termino, señor presidente- que la Ley 7/2003 fue la que creó la nueva empresa y por tanto todavía no es conocida. De ahí que las empresas que tienen el método simplificado de momento sean pocas, pero dicho método es una ayuda, y siempre y cuando
se cumplan las normativas del Código de Comercio puede ser perfectamente válido.
Señor ministro, vuelvo a repetir que el Grupo Popular estará a su total disposición para intentar consensuar y llevar a cabo una ley que, insisto, es necesaria para todas las empresas españolas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mantilla.
Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Mardones, del Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha seguido con mucha atención este debate, habiendo analizado previamente el texto de este proyecto de ley que nos ha remitido el Gobierno. Tal como ha expresado desde la tribuna el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes, aquí presente, hay varias alternativas: Seguir como estamos o pasarnos al otro extremo e ir a una aplicación radical de las directivas
comunitarias. El Gobierno ha optado por una postura más pragmática, más racional: La simplificación de determinados aspectos y la clarificación de otros que hacen referencia fundamentalmente a preceptos muy antiguos, a preceptos que están
fosilizados en el Código de Comercio y que contravienen como una cuestión previa a su aplicación la normativa de las directivas europeas. Y por otro lado habría que hacer una adecuación de la Ley de Sociedades Anónimas. Desde que se aprueba esta
ley en España, desde el año 1986, se abre una dinámica de convalidación de la normativa europea. Si tenemos que ir a principios de armonización de las normas contables, esto hay que hacerlo en el escenario en el que la Unión Europea está tratando
de aplicar algo y qué duda cabe que hay raíces, mucha historia. El Código de Comercio español a veces ha sido una copia del Código de Comercio francés o del de los países que han tenido figuras jurídicas similares y hay diferencias con los códigos
de Comercio equivalentes o con la legislación mercantil de la República Federal de Alemania, de Italia, del Reino Unido o de los Países Bajos, una normativa que se trata históricamente de respetar, en la medida en que sea respetable su confrontación
con las directivas europeas, pero el sentido común nos indica que precisamente hay que ir a la armonización con las directivas europeas. En el proyecto de ley que trae el Gobierno es muy significativa la parte de interpretación doctrinal que se
hace en la exposición de motivos o preámbulo, fijándonos fundamentalmente en aquellas racionalidades que hay que actualizar, por un lado, en el Código de Comercio y, por otro lado, en la Ley de Sociedades Anónimas. Mi grupo se inclina por esta
postura pragmática e intermedia que trae el Gobierno y que ha defendido don Pedro Solbes en la tribuna. Se ha dicho que no es una ley política, pero lo es en la medida en que hay una política de armonización con las directivas europeas. Estamos
ante un escenario en el que cualquier empresa comercial, cualquier empresa de intermediación de servicios puede entrar en la información de Internet del concepto comercial y mercantil de la Unión Europea y no se puede estar encontrando con figuras
de interpretación jurídica de derecho mercantil abismalmente diferentes en una contabilidad de pequeñas empresas. Fijémonos, por ejemplo, en lo que hoy día son marcas comerciales de servidumbre, que están extendidas por todo el mundo en un mercado
de libertad económica y, concretamente, en la Unión Europea, como es el caso de las franquicias.
No puede ser que una franquicia en Francia o en el Reino Unido, que tiene el mismo eslogan y el mismo título jurídico, tenga unas normas de
contabilidad absolutamente diferentes o contrarias en el sistema que estamos tratando de legislar.
En España nos hemos ido incorporando paulatinamente a las directivas, como se hizo en su día con la Ley 19/1989, que fue una de las grandes aperturas a este proceso de convalidación de las directivas de la Unión Europea en cuanto a aspectos
mercantiles. Esta lógica nos debe llevar a que esta armonización hoy día es imprescindible y necesaria. Por ejemplo, todo lo referido a las cuentas anuales consolidadas. Qué necesidad habría de tener una disparidad que no llevaría a una
racionalidad cuando estamos hablando de las cuentas anuales consolidadas. Este proyecto de ley, afortunadamente, exonera a unas determinadas empresas de la presentación de cuentas anuales consolidadas. No se trata de crear un problema a ese 90 por
ciento de pequeñas y medianas empresas, que configuran el magma de las pymes. Van a quedar algunas exoneradas de la presentación de una cuenta consolidada de resultados, teniendo en cuenta que se tiene que hacer. También es oportuno, porque muchas
veces hemos visto los dictámenes y las propuestas que el Tribunal de Cuentas nos ha traído a la Comisión mixta Congreso-Senado con respecto a la consolidación del sector público. Qué duda cabe que dentro del sector público hay una serie de
empresas, cuya necesidad de transparencia, de normalidad y de clasificación tiene que hacerse así. Esto ha de hacerse mediante una ley que mi grupo califica, aparte de política, como instrumental.
En este sentido, coincidimos con lo que han dicho los dos defensores de las enmiendas a la totalidad y es que, cuando se abra la oportunidad para que el Gobierno, como se compromete aquí en la disposición final primera, por vía de real
decreto, presente el Plan General de Contabilidad se recojan aspectos sustanciales de este proyecto de ley, que yo considero instrumental. Si es un proyecto de ley instrumental, tiene que tener su pedagogía y conocimiento de la estructura de las
pequeñas y medianas empresas, y tendrían que ser los institutos que actúan con la pequeña y mediana empresa también los pedagogos y los que ayuden al pequeño y modesto empresario a canalizar las exigencias de este proyecto de ley, que mi grupo
considera en este momento verdaderamente necesario, porque todo paso hacia una racionalización y hacia una armonización de la normativa europea está implícito en nuestra pertenencia a la Unión Europea. No podemos estar exigiendo solamente que los
calibres de la munición del Ministerio de Defensa sean los mismos en toda la Unión Europea y cuando llegamos a normas de comercio mercantil tengamos unos criterios de disparidad, muy respetables, pero que hoy día no encajan con la armonización que
se sigue en la Unión Europea. Por tanto, con esta ley instrumental podemos definir el contenido, lo que obliga al Gobierno a traer un decreto, comentarlo y defenderlo en la Cámara en su momento, aunque sea potestad del Consejo de Ministros aprobar
un decreto y no de las Cortes Generales, y puede permitir que un proyecto de decreto traiga una ley general, un Plan General de Contabilidad que sea adecuado a las necesidades de este momento, porque el conocimiento tanto de unas cuentas anuales
consolidadas como de un plan de contabilidad empresarial no es una información puramente fiscal o del registro mercantil, sino que tiene que ser una información para todos los analistas de los mercados y para todas las personas especializadas, por
ejemplo, en derecho mercantil, porque el acceso a una base de datos, hoy en día, no está restringido
en ninguna comunidad autónoma ni en el Estado español, sino que está dentro de un escenario en el que incluso la Unión Europea se nos queda corta. Hay que ir a ese escenario en el que cualquier experto en análisis de resultados de
contabilidad de empresas, como he planteado con la franquicia, si no sabe el dato que ofrece el departamento de comercio norteamericano es que no está conociendo la realidad de todo el proceso.
De ahí, señor presidente, que mi grupo va a votar en
contra de estas enmiendas a la totalidad y apoyaremos las enmiendas pertinentes que se introduzcan en los trámites parlamentarios de ponencia y de Comisión, tratándose de una ley instrumental, para regular aquellos aspectos que permitan respetar el
principio de adecuación a la Unión Europea y permitan al sector empresarial español tener las cuentas claras y transparentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra para fijar posición el señor Azpiazu, del Grupo Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente desde el Grupo Vasco para manifestar nuestra posición. Vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, porque entendiendo que son ciertas muchas de las cuestiones que preocupan a los grupos parlamentarios
en esta Cámara, tal y como el Grupo Socialista nos ha planteado, a lo largo de los próximos meses tendremos la oportunidad de debatir las enmiendas y de ir corrigiendo este proyecto en un sentido que nos parezca satisfactorio. Vamos a darle un
margen de confianza en este sentido al Grupo Socialista y, por tanto, vamos a votar en contra de las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Inicio mi intervención fijando la posición en torno a las dos enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable. Avanzo que nuestro grupo parlamentario va a votar
negativamente las dos enmiendas presentadas por no compartir los argumentos que se esgrimen para sustentarlas. Argumentos que bien valdrían para presentar alguna enmienda parcial al proyecto, como ha hecho nuestro grupo, pero que en ningún caso
justifican esas enmiendas a la totalidad. En ese sentido, no deja de sorprenderme siempre el portavoz de Convergència i Unió, mi amigo Sánchez i Llibre, que con tanta enmienda a la totalidad presentada y retirada, al final, un día de estos, cuando
presente una enmienda a la totalidad no le va a hacer caso nadie, porque nadie se la va a creer. Es lo mismo que lo del lobo, que tanto amenazar, al final sus enmiendas van a parecer que no sirven para nada. Bienvenido sea, portavoz de
Convergència i Unió, a las tesis de Esquerra Republicana por elegir la vía de presentar enmiendas para corregir este proyecto de ley y no presentar esa enmienda a la totalidad, que al final no la voy a poder votar en contra, porque la ha terminado
retirando, esta y la anterior.
Con respecto al proyecto de ley, la finalidad no es otra que la de cumplir un mandato de la Unión Europea como es el de la adecuación de la contabilidad de las empresas del Estado a las nuevas normas internacionales de contabilidad. Para
conseguir este objetivo es necesario adecuar y reformar la legislación mercantil en materia de contabilidad, y en especial el Código de Comercio, y por extensión realizar ligeras modificaciones de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y
de la Ley de Sociedades Anónimas. A nuestro entender la reforma es positiva, además obedece a un mandato de la Unión Europea. La ley ofrece modificaciones de calado como la aparición de nuevos estados contables, que mejoran la calidad de la
información, y en general se aplican principios más racionales como el concepto novedoso de valor razonable, que permite que ciertos activos de la empresa puedan ser valorados a precios de mercado en lugar del precio que tenían cuando fueron
adquiridos. Ahora bien, el proyecto de ley tiene algunas deficiencias, no tanto de contenido, sino en cuanto a su aplicación y en ello me parece que coincidimos diferentes grupos parlamentarios. Todo cambio en la contabilidad de las empresas
comporta para las mismas la exigencia de un cierto tiempo para poder conocer la reforma y adaptar su contabilidad a la misma. El proyecto de ley -aquí compartimos la parte de crítica de la enmienda a la totalidad que entendemos que se podía
solucionar vía enmienda- prevé que la misma entre en vigor a partir del 1 de enero de 2007. Es evidente que en estos momentos se puede afirmar que ese objetivo es materialmente imposible, pues justo el proyecto de ley empieza su andadura
parlamentaria y ya estamos iniciando el mes de octubre. Además, no solo existe la reforma de la ley, sino que la misma para poder ser operativa lleva aparejada la modificación del Plan General Contable, sin el que su aplicación será totalmente
imposible. Nos consta que el Ministerio de Economía está realizando ya la modificación, pero seguramente debe de estar a la espera del resultado del trámite parlamentario. Es evidente que hay mucho que reformar y poco tiempo para ello, y querer
que para el próximo ejercicio contable, a iniciar el 1 de enero de 2007, las empresas utilicen el nuevo sistema contable parece más bien difícil. Por lo tanto, entendemos lógico aplazar y modificar el proyecto de ley, y en ese sentido nuestro grupo
ha presentado dichas enmiendas. Repito: Vamos a votar en contra de la única enmienda viva y no, lamentablemente, de las enmiendas que Convergència ha retirado y que me hubiese gustado poder rechazarlas.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Puig.
Tiene la palabra por el Grupo Socialista el diputado señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, señorías, los argumentos que hemos escuchado justificando la devolución del proyecto son básicamente cuatro: La falta de oportunidad, la ausencia de colaboración, la no armonización con las
normas internacionales de contabilidad y la repercusión en las pymes. También hemos escuchado numerosos argumentos que son más objeto de debate cuando discutamos el articulado. Ya tenemos las enmiendas del articulado y podríamos entrar a
discutirlas, pero no es el momento oportuno.
Sinceramente, he visto una preocupación planeando por todas las intervenciones, sobre todo por las de Convergència i Unió y el Grupo Popular, sobre qué pasa con la base imponible en el impuesto sobre sociedades. Estamos claramente ante una
reforma contable. La determinación del resultado contable, como SS.SS. saben, se realiza de acuerdo con las normas y criterios de contabilidad, y después se realizan los ajustes oportunos a este resultado contable para llegar a la base imponible
del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, será objeto de una ley posterior, como el vicepresidente ya ha anunciado. No podemos entremezclar aquí las preocupaciones fiscales con las necesarias reformas de la contabilidad. Además, ustedes tienen
ya un compromiso general de este Gobierno en cuanto a los criterios de fiscalidad, de presión fiscal, etcétera, que van a llevarse a cabo a lo largo de la legislatura. No entiendo, por tanto, sus temores ni tampoco el intento de mezclar las
cuestiones fiscales con la reforma que estamos estudiando.
Volviendo a las grandes cuestiones que se han planteado para pedir el rechazo de este proyecto, comenzaría hablando de la oportunidad, puesto que la reforma española se adelanta a la que en la actualidad prepara el órgano emisor de normas
internacionales, el IASB. No se ha precisado realmente si esta inoportunidad es cuestión de tiempo o de filosofía; más bien, se ha hablado de que se trata de ambas cuestiones, es decir, si el Gobierno debería haber esperado a tener las
conclusiones de este organismo internacional para iniciar sus trabajos de adaptación de la norma española, o bien si lo que se está proponiendo en estos momentos es una cesión de soberanía contable en el marco de las facultades atribuidas a los
Estados miembros. Si lo que se propone es retrasar la reforma, estaremos perdiendo un valioso tiempo para adaptarnos a lo que a buen seguro será la contabilidad del futuro, perjudicando a la generalidad de las empresas españolas. No se puede
demorar este tránsito inevitable hacia un cuerpo normativo inspirado en criterios internacionales. Como señalaba, no sabemos si, por el contrario, la alternativa que propone el Grupo Popular consiste en que se aplique en España directamente el
citado proyecto del IASB, una vez superado, en su caso, el trámite de adopción por las instituciones comunitarias.
Siguiendo las recomendaciones incluidas en el libro blanco/negro de contabilidad que citaba el señor Mantilla, el anterior Ejecutivo ya inició el camino trazado por las instituciones comunitarias para la adaptación y armonización contable
internacional. La principal recomendación de este libro blanco, es decir, de los expertos, fue la de considerar conveniente que la normativa contable que las empresas españolas deban aplicar en la elaboración de las cuentas anuales individuales
tenga en cuenta los principios y criterios recogidos en la normativa nacional, si bien se entiende que para lograr la adecuada homogeneidad de la información contable suministrada por los distintos sujetos nuestra normativa debe estar en sintonía
con lo regulado en las normas internacionales de contabilidad adoptadas mediante reglamentos comunitarios. Me ha parecido que ha planteado el parlamentario popular, señor Mantilla, una posición distinta. En cualquier caso, tengan en cuenta SS.SS.
que la decisión requerirá primero un debate en el ámbito europeo acerca de la conveniencia de incorporar a la esfera jurídica de las cuentas anuales individuales unas normas que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de las consolidadas,
tendrán repercusiones en el conjunto del ordenamiento jurídico, entre otros en el mercantil -se han citado aquí: distribución de dividendos, supuestos de reducción de capital y disolución por pérdidas- y fiscal -determinación de la base imponible
en el impuesto sobre sociedades-. ¿Aceptarán los Estados miembros de la Unión Europea que estas normas se incorporen sin filtro alguno, a diferencia de lo que propone el Gobierno con este proyecto, a su derecho interno? La propuesta del Gobierno
es que las empresas españolas se adelanten a ese debate que, a diferencia del caso de las restantes NIC adoptadas, en las que la Comisión sí tiene un papel protagonista, deberá dilucidarse por el Consejo y el Parlamento, en la medida en que
supondría una revisión del margen de actuación otorgado a los Estados miembros. Se espera difícil y no sabemos cuándo ni cómo concluirá. Argumentaba el señor Mantilla, y también el señor Sánchez i Llibre, que la proximidad de la publicación de
esta norma GIS -ya se ve por parte de este organismo respecto a las pymes- podría aconsejar esperar a tener esas conclusiones para que se incorporaran. Pero este es un proceso que no es directo, SS.SS. saben que pasa por que la Comisión trabaje
con los Estados miembros y lo acepte cada uno de los Estados miembros. Por tanto, es un proceso lento, y quiero recordar que en las anteriores normas duró entre diez y doce años el periodo de traslación a la normativa comunitaria de estas normas
internacionales de contabilidad para las cuestiones que acabamos de ver. Por lo tanto, podríamos estar incurriendo en una situación en la que, por esa prudencia que se pide, quedaríamos a la cola de Europa a la hora de aplicar esta adaptación a las
NIC. Por consiguiente, si cedemos la competencia en el ámbito de las cuentas individuales, se
debilitará la autoridad de los órganos del Estado en el ejercicio de las competencias relacionadas con la interpretación de las normas contables que tengan atribuidas por ley. Quiero ponerle un ejemplo, que es la competencia en materia de
supervisión de que goza el Ministerio de Economía y Hacienda a través de las actuaciones desarrolladas por el ICAC sobre el trabajo de los auditores de cuentas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, el parlamentario popular ha hablado de ausencia de cooperación en la elaboración de este proyecto. No nos consta así.
Podemos reproducir lo que dice el Consejo de Estado respecto a la tramitación del expediente, y es que
se han seguido todas las exigencias de índole procedimental. Se citan los informes de las secretarías generales técnicas de Economía y Hacienda, Justicia, Administraciones Públicas, de la sección segunda de derecho mercantil, de la Comisión General
de Codificación, y las actas del Consejo de Contabilidad. Además, en el trámite de información pública han participado numerosas personas y entidades: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registro de Economistas Auditores, Confederación
Española de Cajas de Ahorro, etcétera. Todo esto consta en el expediente. Si lo que S.S. quiere decir es que no todas las sugerencias que se han hecho al ICAC se han aceptado, lo podría admitir, pero decir que porque no se han aceptado no ha
habido un trámite de discusión pública me parece exagerado. En todo caso, yo puedo asegurarle la predisposición del Gobierno de sentarse con los grupos parlamentarios para estudiar las sugerencias que se han ido desgranando en esta tribuna, sin
romper la finalidad del proyecto, que, como usted sabe, no solamente es de armonizar sino también de trasladar la información económico-financiera. Por tanto, no es cierto lo afirmado y no se perjudica en absoluto la comparabilidad.
Por último, me parece muy importante señalar la cuestión de las pymes.
Esta derogación, de la que se ha hablado, del régimen simplificado, como ustedes saben, apenas va a tener repercusión. El proyecto no complica el núcleo de las
operaciones principales que realizan estas empresas. Esta continuidad de una norma contable propia permitirá, a través del futuro desarrollo reglamentario, mantener la utilidad del Plan General de Contabilidad y la adaptación de esta norma tan
conocida por nuestras pymes. Por lo tanto, este régimen simplificado podrá ser sustituido por una adaptación teniendo en cuenta las necesidades de la pyme. En este caso diré al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha sido el que
ha insistido, que para facilitar en todo lo posible a las pequeñas y medianas empresas el cumplimiento de sus obligaciones contables pueden preverse medidas que pongan al servicio de estas empresas normas contables más reducidas, adaptadas a las
operaciones que realizan y que cumplan con los mismos objetivos de la información económico-financiera que deben presentar el resto de las empresas.
Entiendo que esto es suficiente para abrir un periodo de confianza con vistas a debatir todas las
enmiendas en el texto del articulado, lo que me parece importante.
Finalmente, quisiera señalar que el Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado que la entrada en vigor del mencionado proyecto sea el 1 de enero de 2008, con lo cual gran parte de esta preocupación que tenían los grupos parlamentarios se
verá satisfecha y tendremos tiempo por delante para trabajar y mejorar este proyecto tan importante para las empresas y la economía españolas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
Señor vicepresidente, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
De forma muy breve quisiera decirle al señor Sánchez i Llibre que, como he señalado en mi intervención inicial, el problema de las pequeñas y medianas empresas es también nuestra preocupación y que el trámite posterior será el momento para
debatir este y los otros temas referidos a este punto.
Al señor Mantilla quiero agradecerle su intervención, que ha sido excelente desde el punto de vista técnico. Estamos en desacuerdo en cuanto a la oportunidad del proyecto, pero agradezco su disposición y su conocimiento de los temas y estoy
seguro de que su colaboración nos ayudará a mejorar el proyecto en el trámite posterior.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entiendo, señor Sánchez i Llibre, que lo que quiere significar es que las dos enmiendas de CiU han sido retiradas. (Asentimiento.) Gracias. Si es así, vamos a votar la única enmienda viva que queda, que corresponde a la presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. Enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 130; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Que tengan un buen fin de semana.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.