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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 187, de 22/06/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 187
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 176
celebrada el jueves, 22 de junio de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 44-1, de 26 de agosto de
2005. (Número de expediente 121/000044.) ... (Página 9387)
-Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 45-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000045.) ... (Página 9390)
-Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 63-1, de 2 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000063.) ... (Página 9394)
-Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 221-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 122/000180.) ...
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Denuncia del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 255, de 28 de abril de 2006.
(Número de expediente 110/000147.) ... (Página 9404)
-Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, hecho en París el 3 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 256, de 28 de abril de 2006. (Número de expediente 110/000148.) ...
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 76-1, de 27 de enero de 2006. (Número de
expediente 121/000076.) ... (Página 9405)
-Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
A, número 80-1, de 17 de marzo de 2006. (Número de expediente 121/000080.) ... (Página 9419)
-Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 33-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente 122/000019.) ... (Página 9430)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 84-1, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 121/000084.) Decae el punto
47 del orden del día al haber sido retirada la enmienda a la totalidad ... (Página 9444)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 9387)
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril ... (Página 9387)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban
Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados ...
(Página 9390)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig
Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Castillejo Hernández, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. ...
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica ... (Página 9397)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para
el sector del transporte por carretera.
Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 9404)
Denuncia del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976 ... (Página 9404)
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, hecho en París el 3 de noviembre de 2003 ... (Página 9404)
Se someten a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que son aprobados por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 9405)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores ...
(Página 9405)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; las señoras Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Polonio Contreras, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Interviene el señor ministro de Justicia (López Aguilar.)
Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio ... (Página
9419)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias;
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Utrera Mora
y Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor Mardones Sevilla retira sus enmiendas.
Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. ...
(Página 9430)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor Campuzano i Canadés para manifestar su aceptación a la enmienda transaccional del Grupo Popular.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como el texto del dictamen.
Votación de conjunto ... (Página 9441)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 187 votos a favor, 133 en contra y cuatro abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes y de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, así
como el texto del dictamen.
Se someten a votación las enmiendas a la proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa, así como el texto del dictamen.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 9444)
Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ... (Página 9444)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). Califica el proyecto de ambicioso y señala que supone la construcción de nuevos derechos sociales y, por ello, un importante avance de
nuestro Estado social. Todos los grupos de la Cámara comparten la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que no pueden valerse por sí mismas, y esas personas son las que nos piden que hagamos una ley
de consenso. Esta es la voluntad del Gobierno. Por ello, presenta un proyecto de consenso.
Finaliza pidiendo un esfuerzo para construir la mejor ley, porque todos los españoles lo agradecerán.
En turno a favor de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lasagabaster Olabázal, del Grupo Parlamentario Mixto y Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno en contra interviene la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Replican el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y duplica la
señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); y las señoras Salom Coll, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Para una cuestión de orden interviene la señora Lasagabaster Olazábal.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se rechazan por 17 votos a favor, 161 en contra y 111
abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se rechaza por 16 votos a favor, 164 en contra y 108
abstenciones.
Se levanta la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL. (Número de expediente 121/000044.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a dar inicio a la sesión plenaria del día de hoy, y lo haremos con el punto IX del orden del día, el referido, en primer lugar, al proyecto de ley por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Comenzaremos con las fijaciones de posición por parte de los distintos grupos parlamentarios, como saben, en orden de menor a
mayor.
Empezaremos, si así lo desea, por el Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) Si no es así, iniciaremos con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y será en su nombre el señor don Luis Mardones quien tomará la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Con respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado a este proyecto de ley modificando lo que ya se había realizado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de Propiedad Intelectual, mi grupo, salvo unas observaciones que hará llegar a los
servicios de la Cámara de tres enmiendas en las que pedirá votación separada, en las demás está de acuerdo y las votará favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del señor don Gaspar Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente también. Nuestro grupo parlamentario ha colaborado con el resto de los grupos parlamentarios en un acuerdo amplio en relación a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual o, mejor dicho, a la trasposición de la Directiva
2001/29 a nuestro país.
Lo que viene del Senado prácticamente mantiene las líneas generales del acuerdo que obtuvimos en el Congreso de los Diputados, si bien hay algunas enmiendas a las que quiero hacer referencia. Nosotros no votaremos la enmienda 74 del Grupo
Socialista; creemos que introduce un elemento de indeterminación que oscurece más
que clarifica la ley; no votaremos tampoco la enmienda 28 del Grupo Parlamentario Popular; asimismo nos opondremos a la enmienda 30 del Grupo Parlamentario Popular, que en nuestra opinión excede la previsión acordada en esta Cámara. Sin
embargo, sí aceptamos la modificación incorporada en el Senado redefiniendo el artículo 31.2, que ha vuelto a situar este límite del derecho de los autores de forma coherente con la propia directiva. Algunas de ellas merecen especial mención, como
la nueva letra h) del artículo 25.6, regla 4, para incorporar como criterio para fijar el canon la necesidad de fomentar el acceso y la difusión de la cultura y la información, o la nueva disposición adicional tercera sobre el fomento de difusión de
obras digitales.
En suma, hacemos una valoración positiva de la ley, si bien algunos aspectos que vienen del Senado no son de nuestro agrado y no los votaremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y tomará la palabra en su nombre el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente para señalar que en el Senado se han producido algunos cambios positivos, pero también ha habido otros, en algunos puntos concretos, que no consideramos pertinentes ni adecuados. En ese sentido, mi grupo va a
votar a favor de volver al texto que en un principio salió de esta Cámara, por ejemplo, en el artículo 90.4, y también en la disposición adicional primera, porque nos parece que la exigencia de envío para la revisión de regulación de límite de copia
privada, en atención a la posible evolución tecnológica, a través de un proyecto de ley hace el procedimiento demasiado largo, demasiado complicado y, por tanto, preferimos un modelo más ágil, como estaba planteado en el texto inicial.
Por otra parte, y como ya señalé en mi intervención en la discusión de este texto en la Cámara, nuestra posición global en cuanto al texto será de abstención, porque algunas de las reivindicaciones que habíamos hecho sobre el desarrollo de
la directiva, a pesar de que esta las permitía y se ha reconocido por parte de más de uno y de más dos grupos que tenían su lógica, se ha preferido posponerlas a otro momento y no entendemos que esto sea ni adecuado ni conveniente, en absoluto, por
que en alguno de los puntos no se ha primado un equilibrio de intereses; además, somos un tanto críticos con la postura de los consumidores en algunos aspectos de esta ley.
Por último, también tengo que reseñar que no estamos de acuerdo con que no se aplique la distribución competencial en materia de propiedad intelectual. De hecho, la exposición de motivos del texto lo reconoce explícitamente, pero apoyándose
en que es la trasposición de una directiva lo remite a un momento posterior. Entendemos que podía haber sido el momento de haber aprobado alguna de las enmiendas de contenido autonómico que habíamos presentado y, en consecuencia, nuestra posición
respecto al conjunto de la ley, repito, será de abstención.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Continuaremos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para ello tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, una vez retornado el texto al Congreso de los Diputados, tengo que decir que en líneas generales reconocemos que se ha introducido alguna mejora en la Cámara Alta respecto al derecho de cita, pero,
a nuestro entender, continúan sin solucionarse algunos problemas que nuestro grupo parlamentario ya señaló en esta Cámara y que hizo que nos abstuviéramos.
Lamentamos que la Ley no haya sabido encontrar la vía justa para equilibrar el derecho de los autores con el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura. Sentimos que no se hayan encontrado métodos más justos de control de los derechos
de autor y de la distribución y finalidad del canon o que no se hayan reconocido las competencias autonómicas en este sentido. También lamentamos la legislación restrictiva y represiva, generalizada, que va más allá de la adaptación de la directiva
europea y que tiene, a nuestro entender, poca voluntad pedagógica. Sobre todo, sentimos la poca voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos para aprobar buena parte de nuestras enmiendas que creemos, honestamente, que aportaban soluciones -no
mágicas, ciertamente- quizá más atrevidas. A nuestro juicio, son soluciones necesarias, porque la presente ley tiene grandes retos que conseguir y pensamos que no ha sabido hacerlo, ya que se mantienen dudas que generan inseguridad jurídica, que se
deberán ir resolviendo en un futuro mediante la práctica, la justicia o una nueva reforma legislativa, que creemos que no debería esperar demasiado. Sentimos que se haya perdido la oportunidad de hacer una buena ley por los motivos que ya
explicitamos en el debate del articulado en el Pleno y que no es necesario reiterar.
Por todo ello, volveremos a abstenernos en la votación. Respecto a algunas modificaciones introducidas en el Senado, que merecen ser visualizadas en esta Cámara en el día de hoy, pediremos su votación separada a fin de que quede claro
cuáles son las posiciones de los distintos grupos parlamentarios ante algunas presiones que, a nuestro entender, van más allá de lo políticamente correcto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Tardà.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Será el señor Vilajoana quien tome la palabra.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual respondía y responde a la necesidad de incorporar al derecho español una de las últimas directivas aprobadas en materia de propiedad intelectual, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en esta nueva sociedad de la información. El proceso de tramitación de esta ley no ha sido fácil; estamos debatiendo, estamos a punto de
aprobar la refundición de un texto de una ley compleja porque afecta a muchos sectores diversificados y muchas veces las decisiones que se toman favorecen a un sector o a otro de una forma muy clara y contundente. En cualquier caso, me gustaría
dejar constancia de dos hechos: en primer lugar, se ha dialogado y se ha escuchado a todos los sectores afectados con una absoluta claridad y, en segundo lugar, en el desarrollo de esta ley se ha buscado el máximo consenso posible y el máximo
acuerdo de todos los grupos políticos. Esto se ha conseguido en una buena parte de los temas tratados. En alguno ha habido diferencias que incluso en la votación de hoy se mantendrán porque son cuestiones en las que es difícil acercarnos, pero
quiero valorar positivamente el esfuerzo que se ha hecho en este doble sentido, el diálogo con todos los sectores afectados: con la industria y con los creadores. También hemos escuchado a los ciudadanos y hemos intentado buscar un equilibrio.
Esta ley intentaba básicamente, y creemos que lo consigue en una buena parte, establecer un marco equilibrado en beneficio de todos los agentes afectados: titulares de derechos de propiedad intelectual, distribuidores de equipos, aparatos y
soportes materiales sujetos al pago de las compensaciones por copia privada y adecuado también a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que nos ofrece la sociedad de la información.
Este era el objetivo que nos habíamos marcado. Creemos que se consigue en buena parte y por ese motivo nuestro grupo votará a favor esta ley. En cuanto a las enmiendas, apoyamos un conjunto de enmiendas que se han mejorado en el Senado.
Tendremos una posición negativa respecto a otras enmiendas porque consideramos el texto que salió del Congreso era la forma adecuada de tratar ciertos puntos concretos.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vilajoana.
Muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y será la señora Rodríguez-Salmones quien tome la palabra.
Adelante.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Intentaré también ser muy breve. En primer lugar, lo que ha presidido la labor de nuestro grupo y creo que la de todos ha sido la protección de la propiedad intelectual. Es decir, así es cómo se enfoca esta ley, es de propiedad
intelectual, y aunque hemos intentado mantener el equilibrio indispensable en toda la cadena del sector cultural que va de los productores hasta los ciudadanos -que son los verdaderos destinatarios de nuestra actividad política y de la actividad
legislativa de esta Cámara-, siempre lo hemos hecho dando prioridad a la defensa y al apoyo a esta propiedad todavía muy difícil de entender -sobre todo en nuestro país- y sujeta a mucha demagogia, que creo que entre todos hemos comprendido y hemos
intentado solventar. En este sentido, la ley sale muy mejorada del trámite parlamentario. Quiero recordar, por ejemplo, que se reconocen los derechos de puesta a disposición de Internet para todos los autores, artistas e intérpretes. A nuestro
juicio, esta cuestión salió bien redactada del Congreso. Se ha variado en el Senado, pero cualquiera de las dos fórmulas es buena. Quiero recordar también cómo se ha mejorado el tratamiento de lo que el proyecto recogía como disco duro de
ordenador sin más especificidades. Asimismo, quiero señalar respecto al artículo 160 cómo la protección que recogía el proyecto tampoco era suficiente y este aspecto también se ha mejorado. Me uno a los demás portavoces para decir que si bien no
hemos llegado a un consenso y mantenemos diferencias, hay un acuerdo básico que es muy valioso a la hora de que todos los sectores se hayan sentido escuchados, representados y, por tanto, esta ley vaya a ser un instrumento de entendimiento, y se
puede decir que en este sentido el texto es equilibrado. Nos parecía que este era un momento crítico para la propiedad intelectual, precisamente porque su gran aliado, conformado por las nuevas tecnologías, estaba sin regular, pero a partir de este
momento todas las industrias de la comunicación, todos los sistemas de comunicación, en definitiva todas estas deslumbrantes nuevas tecnologías, van a servir de apoyo a la cultura aunque el momento de adaptación sea difícil. En este contexto,
también me gustaría señalar, ya que no se lo he escuchado a los otros portavoces, que esta ley tiene en sí misma la obligación de renovarse, de actualizarse permanentemente, por tanto, no solo la posibilidad, sino la obligación, porque hay que tener
muy en cuenta que lo que quisiéramos regular hoy en el mes de julio posiblemente en el mes de septiembre quede obsoleto. En consecuencia, haber introducido, por ejemplo -y me alegro de ello-, la comisión de propiedad intelectual, es una cuestión
importante para la adaptación permanente de esta ley. Supongo que unos y otros sectores no han visto del todo reconocidos sus más que legítimos intereses, pero el texto resultante es equilibrado y espero que colabore a superar enfrentamientos que
se han producido y sin duda se van a seguir produciendo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Rodríguez-Salmones.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra el señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ciertamente el 22 de julio del año pasado el Gobierno acordó enviar al Congreso de los Diputados este proyecto de ley, proyecto por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en vigor. Hoy
llegamos al final de su tramitación parlamentaria y a su aprobación definitiva. El objetivo de este proyecto era y es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Comunitaria de 22 de mayo del año 2001. Se trata de armonizar derechos
de autor y derechos afines en la sociedad de la información. El Grupo Parlamentario Socialista quiere expresar su satisfacción por el resultado de la tramitación parlamentaria, por las aportaciones de los distintos grupos y por el esfuerzo, el
diálogo y la voluntad de entendimiento, así como por los acuerdos alcanzados finalmente. Señorías, el texto resultante da satisfacción plena al mandato de la directiva comunitaria.
También aborda algunas cuestiones que inicialmente no son objeto
de su tratamiento, pero que dan respuesta a las necesidades urgentes en relación con los agentes y las entidades culturales. Señoras y señores diputados, esta ley es un instrumento central para el desarrollo de nuestro ecosistema cultural. Con
esta ley vamos a tener más derechos y más reconocimiento para los autores, para los creadores y para los productores culturales. Vamos a tener, en definitiva, más reconocimiento para nuestro espacio cultural. Quiero recordar que es necesario
abandonar un falso debate que debemos superar. Se trata de la supuesta confrontación entre los derechos de autor y el desarrollo de la sociedad de la información. Nada más lejos. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura multiplican
las oportunidades para creadores y para productores culturales, pero también hay que decir que la sociedad de la información precisa de contenidos que no es posible sin los creadores y sin los productores culturales. En definitiva, no es posible
tener contenidos para la sociedad de la información si no hay autores que creen y desarrollen productos culturales. Señorías, la aprobación de esta ley supone reconocer más derechos a los creadores y a los autores y establecer compensaciones a los
titulares de esos derechos. Fija límites y excepciones en función de los intereses generales, busca el equilibrio entre sectores, establece más seguridad jurídica, más garantías jurídicas, y consolida a todas luces un ámbito de negociación. Y por
último -quiero afianzarlo- desplaza ese falso debate, señorías, entre opciones supuestamente excluyentes, entre lo que asume la sociedad de la información y la capacidad de crear. Sin duda, esta ley es una apuesta por la cultura y por sus
principales protagonistas, por los creadores.
En cuanto a las enmiendas que vienen del Senado, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que todas ellas profundizan en el trabajo desarrollado en el Congreso, por lo que anunciamos nuestro apoyo prácticamente total a las mismas, aunque
pediremos alguna votación por separado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Louro.
-PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS. (Número de expediente 121/000045.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos al debate del siguiente proyecto de ley, el referido al proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados. Comenzaremos de nuevo con la fijación de posición de los
grupos parlamentarios, de menor a mayor, empezando otra vez con el turno del señor Mardones en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canaria.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con respecto al proyecto de ley que viene de la Cámara Alta, mi grupo hace una valoración positiva, dado que este proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados es un complejo entramado, pues la legislación actual española
sobre mediación de seguros y reaseguros privados se está modificando. Digo que tiene una gran complejidad porque en este mundo, en el que entran cuestiones actuariales de los derechos y garantías que todo seguro debe tener como garantía de
seguridad jurídica, tanto el que lo ofrece como el que lo recibe, debe tener las matizaciones pertinentes en esta línea de principio de seguridad jurídica. La mayoría de las enmiendas que ha introducido la Cámara Alta merecen nuestra valoración
positiva, pues tratan de garantizar este principio de seguridad jurídica que digo.
Mi grupo quiere hacer una observación muy especial, señora presidenta.
Pide a la Cámara votación separada de la enmienda que viene del Senado, considerada como disposición adicional duodécima nueva, pues la va a votar en contra. Quiero
dejar claros los criterios, dado que este planteamiento, que nace de una enmienda presentada en el Senado por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), no se vio en los debates celebrados en el Congreso de los Diputados, tanto en ponencia como en
Comisión. Se trata de una materia referida a seguros médicos autónomos que mi grupo en los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, ha venido reiterando para que se elabore una normativa que permita a cualquier
profesión colegiada, en este caso a los médicos que es donde ha surgido el problema, en confrontaciones entre mutuas que existen en
determinadas comunidades autónomas y otras asociaciones de seguridad que tienen los colegios profesionales, en este caso el de los médicos, en el resto del territorio español. No es que estemos en contra del fondo de esta enmienda del
Senado, sino que lo que decimos es que sea igual para todos en todo el territorio del Estado, que no haya nadie con excepciones. En el fondo, nos podemos encontrar con que los médicos autónomos o cualquier otro profesional -en este caso se ha
planteado por una mutua determinada- en toda España puedan cotizar a una mutua catalana en vez de a la Seguridad Social.
Si surge una mutua en otra comunidad autónoma, nos podemos encontrar que, por una aplicación de ley similar, el resto de médicos en el Estado español en vez de cotizar a la Seguridad Social lo hagan a dicha mutua.
No sé cuál va a ser la
posición del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, pero en esto tendrá que haberse pronunciado -supongo yo- en el informe correspondiente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque le va a afectar de una manera muy fuerte. Si se va
a permitir que se pueda cotizar a cualquier mutua y salirse de la Seguridad Social, el tema es de una gran envergadura y de una gran responsabilidad. Vamos a meditar este asunto. Por eso, mi grupo se va a oponer por un principio de solidaridad y
de corresponsabilidad. En primer lugar, de responsabilidad con la Seguridad Social. Yo, como parlamentario y diputado, tengo que estar antes a favor -así lo entiendo yo en conciencia y en doctrina laboral y de seguridad- de una institución del
Estado que es solidaria con todos los cotizantes en España, como es la Seguridad Social, que de una mutua determinada, con todos los respetos a las mutuas y con todos los respetos a las sociedades de protección, independientes y libres, a la que
cualquier profesional puede suscribirse. Pero, desde luego, no me parece de recibo ir en menoscabo de la caja general de la Seguridad Social, cuando siempre lo hemos defendido, y romper esta vía por una cuestión de privilegio. El derecho español
da libertad para constituir mutuas, como tantas hay, de funcionarios, de profesionales, de trabajadores, de cualquier sector profesional que entienda que tiene que reforzar, pero ir en contra de la Seguridad Social no me parece de recibo. Quiero
dejar constancia de que, si esta enmienda viene así, de esta forma, para ser votada, mi grupo la votará en contra, en primer lugar, por un principio de solidaridad; en segundo lugar, por un principio de prioridad de la Seguridad Social, y, en
tercer lugar, por que no se excluya a ninguna mutua en ninguna parte del territorio español, pero parecería también muy extraño que un profesional, en este caso de la medicina, de Extremadura, Canarias, Andalucía, Galicia, etcétera, pudiera cotizar
a una mutua de otra comunidad autónoma y encima saliéndose del Régimen General de la Seguridad Social.
Por estas razones, señora presidenta, vamos a pedir votación separada de esta enmienda, a la que vamos a oponernos con nuestro voto en contra, considerando los refuerzos que tenemos que hacer todos sobre la Seguridad Social, que es un
organismo del Estado que nos permite su control, porque el secretario de Estado de la Seguridad Social tiene la obligación de venir a esta Cámara para el control gubernamental, quien no tiene ninguna obligación es el presidente de una mutua
independiente y libre.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del señor Llamazares en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Nosotros tenemos la misma preocupación que el grupo parlamentario canario en relación con esta enmienda. Estas materias, que están muy interconectadas, que son muy delicadas y que tienen que ver con nuestro sistema de Seguridad Social, en
nuestra opinión, deberían haber sido tratadas en el marco del Pacto de Toledo o en el marco plural de los grupos parlamentarios porque sus efectos son en estos momentos impredecibles. En todo caso, nosotros queremos manifestar nuestra preocupación
por esta iniciativa. Desde el punto de vista parlamentario, a esta enmienda del Senado podríamos denominarla una puñalada de pícaro y, por supuesto, no estamos contentos con las puñaladas de pícaro. En relación con sus contenidos, nosotros no
podemos más que expresar nuestra preocupación por que complementariamente a la Seguridad Social se pueda establecer otra fórmula, como puede ser la fórmula de las mutuas. En nuestra opinión, en la Ley de Seguridad Social esta estaba establecida
como una mutua de carácter residual; de hecho, estaba localizada en una parte del Estado, en este caso de los profesionales sanitarios, de los médicos. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta enmienda porque
creemos que no es método traerlo a esta Cámara a través de una enmienda en el Senado y porque, además, tiene implicaciones muy importantes que deberían ser reflexionadas y consensuadas en un marco plural que tuviera en cuenta el futuro de la
Seguridad Social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares, muchas gracias. (Rumores.)
Señorías, por favor, les pediría silencio si fuera posible. ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) Entonces continuamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y será el señor Puig quien tome la palabra. Adelante.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
A su paso por el Senado la ley ha sufrido algunas variaciones, algunas meramente técnicas, a las que vamos a dar apoyo, y otras de alguna trascendencia, como han expresado anteriores grupos parlamentarios.
Nuestro grupo se va a oponer,
muestra su disconformidad con la adición realizada al artículo 29 de la ley, por lo que vamos a pedir votación separada y va a apoyar la enmienda adicional duodécima porque entendemos que no produce nada de lo que se está diciendo en esta Cámara.
Nuestro grupo va a dar apoyo a esta enmienda, como lo hizo en su momento en el trámite de Comisión en el Congreso de los Diputados. Aquí se habla de salvedades; otras veces se han hecho salvedades, sin pasar por las comisiones, con efectos
posiblemente mucho más negativos. Por tanto, nuestro grupo apoyará esta enmienda duodécima, que ha sido introducida en el Senado, para dar esa alternativa al RETA que son los colegios profesionales. Aquí no se rompe nada, como se ha planteado, lo
que se hace es dar posibilidades. Entendemos que esta enmienda es necesaria, por lo que nuestro grupo parlamentario, igual que hizo en el trámite en Comisión en el Congreso de los Diputados, por coherencia, va a apoyar esta enmienda introducida en
el Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Puig.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Adelante, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario, como hizo en la tramitación en el Senado, quiere hacer mención a dos enmiendas de las que fuimos inductores principales. Una de ellas hace referencia a las corredurías de seguros, concretamente al artículo 29.2,
párrafo 6. En la Comisión de Economía y Hacienda conseguimos un consenso importante de todas las fuerzas parlamentarias, a instancias de Convergència i Unió, en relación con el sistema de retribución de los corredores de seguros. Finalmente, no
sabemos por qué motivos ni a instancias de quién, en el Senado se ha producido una total contradicción con los planteamientos aprobados en el Congreso de los Diputados. Por tanto, vamos a votar en contra de este artículo 29.2, por lo que vamos a
pedir votación separada y volver a la redacción inicial del Congreso de los Diputados, en la que nosotros entendíamos que estaba regulada de forma clara, concisa y transparente la retribución de todos los corredores y mediadores de seguros.
Vamos a pedir también votación separada de la disposición adicional duodécima nueva. Esta es una enmienda que ya introdujo en el Congreso, sin éxito, Convergència i Unió, y hace referencia a la facultad alternativa de la obligación de la
integración en la Seguridad Social de colegiados en los colegios profesionales. En el Senado volvimos a plantear esta enmienda, que entendemos que hace justicia en el sector de las mutualidades. No se alarmen, señorías, que no va a quebrar la caja
de la Seguridad Social por una enmienda que es perfectamente objetiva, sustanciable. Si se pone en práctica, seguramente vamos a dar una agilidad, una modernidad y una instrumentación que precisan determinadas mutuas que están actuando en
diferentes territorios del Estado español.
En ningún momento va a quebrar la caja de la Seguridad Social por este motivo; no se preocupen, señorías, que los pensionistas podrán continuar cobrando sus pensiones puntualmente. Por tanto, vamos a
votar a favor de la disposición adicional duodécima nueva que incorporó nuestro grupo parlamentario en el Senado, que contó con los votos de diferentes grupos parlamentarios, del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo, de los
señores de la Entesa, donde están Esquerra Republicana y el Partido Socialista Catalán. Espero que en este trámite parlamentario podamos hacer justicia ante determinadas mutualidades que están haciendo una gran labor social, una labor moderna y que
son la admiración de muchísimos colegios profesionales que están funcionando hoy en toda España.
Muchísimas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.
Continuamos con el turno del señor Martínez-Pujalte en nombre del Grupo Popular. Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy vamos a culminar el trámite de la ley de mediación de seguros. Es un trámite en el que ya llevamos mucho tiempo. Es un proyecto que procede de una directiva comunitaria; estamos hablando de la trasposición de una directiva
comunitaria, que se va a hacer con más de dos años de retraso.
Esta ley, que tuvo un consenso mayoritario en el Congreso y también en el Senado, pretendía impulsar al sector asegurador dándole más transparencia, mayor difusión y más claridad
respecto a los canales de comercialización. En opinión del Grupo Parlamentario Popular, hemos culminado un proyecto que en el 99 por ciento está muy bien. Habría que haber clarificado mejor cuáles son los canales de comercialización, porque
confundir los agentes con banca-seguros no es un camino correcto.
Son dos canales distintos, que deberían tener tratamiento distinto, y en la ley se superponen, de tal manera que hay una figura, la del agente vinculado, cuyo artículo 20 ha
modificado el Senado y que, en nuestra opinión, se podría haber hecho mejor. No obstante, nosotros votaremos lo que ha dicho el Senado. Creemos que la transparencia para el cliente debe ser para todos los canales y por eso nosotros no vamos a
votar la incorporación del Senado al artículo 29.2, sino que vamos a volver a la redacción del Congreso, que procede de un consenso entre el Grupo Socialista y Convergència i Unió y al que nosotros nos
adherimos. ¿Sería mejorable ese texto? Sí. ¿Era un texto que se podría haber mejorado en el Senado? Sí, pero la mejora no tendría que venir de un instrumento que lo que hace es exigir transparencia a unos y no a otros, y como ahora mismo
no podemos mejorarlo sino decir sí o no, entre lo del Congreso y lo del Senado mi grupo se queda con lo del Congreso.
Por último, señorías, mi grupo va a votar que Mutual Médica, una mutualidad de médicos, pueda ser alternativa al RETA. Quiero decir muy claro aquí, en el Congreso, que nos parecería bien que Previsión Sanitaria Nacional también fuera
alternativa al RETA. No es así porque el Grupo Socialista del Senado no admitió que se tramitara esa enmienda en el Pleno, pero nosotros entendemos que es dar un paso para que una mutualidad que no está inscrita en la Dirección General de Seguros
de la Generalitat de Cataluña sino en la de Madrid, que procede de Cataluña pero da un servicio a toda España, dé una opción a los médicos diciendo: ¿usted quiere ser del RETA o de la mutualidad? Es opcional. Va a permitir que un médico en
Cataluña, ahora mismo, pueda elegir entre el RETA y Mutual Médica. Sin embargo, un médico en Valencia tiene que ir al RETA.
Lo que hacemos aquí no es obligar a nadie, sino abrir la posibilidad de que un médico elija. Mi grupo está por la libre
elección y, por tanto, entendemos que es bueno. Esa libre elección no va suponer un agujero a la Seguridad Social, descuiden, como no lo va a producir que los abogados u otros colectivos puedan tener una mutualidad alternativa al RETA.
Simplemente
se trata de que un colectivo, el de médicos, que tiene una alternativa al RETA en Cataluña, Baleares y Cantabria, hoy lo pueda hacer extensible al conjunto de España, siendo, como es, una mutualidad inscrita en la Dirección General de Seguros de la
Administración del Estado en Madrid. Nos parece que es un buen camino. También nos parecería bien que Previsión Sanitaria Nacional pudiera ofrecer la alternativa al RETA, porque así sería mejor. No ha sido posible en el Senado, porque el Grupo
Socialista bloqueó esa enmienda. Bueno, lo intentaremos nuevamente, pero esto ya es dar un paso y decir a los médicos de toda España: ustedes pueden tener una alternativa al RETA, como la tienen otros colectivos de profesionales como pueden ser
los abogados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Finalizamos con el turno de la señora Castillejo, que tomará la palabra en nombre del Grupo Socialista. Adelante.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en este acto vamos a finalizar el camino del proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros que se inició en esta Cámara y que ha sido modificado en el Senado a través de una serie de enmiendas, varias de ellas de carácter
técnico y algunas otras, como hemos visto en el debate, de gran importancia.
Nos encontramos con una ley que traspone una directiva del año 2002, sobre mediación de seguros, cuyo objeto principal es la armonización de la actividad de seguros en toda la Unión Europea. Además, este proyecto de ley tiene como objetivos
regular las condiciones en que deben ordenarse y desarrollarse las actividades de mediación de seguros y reaseguros privados y establecer las normas sobre el acceso y el ejercicio de estas actividades, sin olvidar la importante protección a los
consumidores, para lo cual se implementan nuevos mecanismos de información y de transparencia.
El texto original que nos presentó el Gobierno, basándose en estos pilares, fue trabajado y consensuado con muchas asociaciones y organizaciones representativas de mediadores, corredores o agentes de banca y seguros. En el debate que se
produjo en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, el Grupo Socialista, al cual represento, también realizó un gran esfuerzo de consenso presentando múltiples transacciones a enmiendas redactadas por los grupos, muchas de ellas también
basadas en las demandas de colectivos pertenecientes al sector, buscando soluciones de futuro a un sector con un amplio recorrido por delante. También en el Senado se lograron múltiples puntos de encuentro, salvando diversos escollos y apuntando
soluciones al futuro, que, como digo, tiene un amplio recorrido. En ese sentido, nuestro grupo apoyará la gran mayoría de enmiendas del Senado, muchas de ellas de carácter técnico. Sin embargo, nos preocupa de forma importante la aprobación de la
enmienda referente a la disposición adicional duodécima, relativa a las mutualidades de previsión social establecidas por colegios profesionales.
Señorías, todos sabemos de qué estamos hablando y cuáles son las consecuencias de la enmienda que
plantea la modificación de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados del año 1995. La aprobación de una enmienda de estas características merece una reflexión más profunda, y a ello apelo en este acto a SS.SS. Esta iniciativa
aprobada por el Senado propone crear un mecanismo de protección alternativo al de la Seguridad Social, consistente en que los médicos que trabajan por cuenta propia puedan asociarse a mutuas y compañías vinculadas a los seguros en lugar de al
régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. Esta enmienda supone por tanto la salida del sistema público y obligatorio de un importantísimo colectivo de profesionales, al tiempo que establece un precedente para que otros
colectivos demanden una aplicación similar, de mecanismo alternativo, a su incorporación a la Seguridad Social. Con la redacción que recoge esta enmienda se genera, en primer lugar, un problema respecto a las cotizaciones que realizan los
facultativos médicos que compatibilizan su trabajo en el sistema público con el trabajo en una consulta privada por cuenta propia. Dado que en su actividad por cuenta ajena cotizan en general por la base máxima, se deduce que las cotizaciones en
el RETA apenas tienen efectos en orden a su protección, por lo que les parecería más conveniente cotizar a una mutualidad de previsión social alternativa. Las consecuencias son clarísimas. Este cambio permite a estos médicos privados esa
alternativa de no cotizar en el RETA, lo cual supone una importante merma en el actual sistema, restando una elevada cifra en cuanto a aportaciones al sistema, un impacto negativo que puede estimarse en unos 25 millones de euros anuales. En segundo
lugar y sobre todo, esta enmienda implica la quiebra de los principios básicos en los que se asienta el sistema de la Seguridad Social, particularmente el principio de solidaridad. Nuestro sistema de Seguridad Social es un sistema de reparto, que
implica, entre otros elementos, la existencia de unos importantísimos márgenes de solidaridad. En nuestro sistema algunas personas cotizan más, según su capacidad, permitiendo al sistema ejercer esa finalidad solidaria y de reparto con aquellos
ciudadanos que se encuentran en una situación más desfavorable. No nos parece extraño que algunos grupos planteen esta medida, porque ya lo han hecho en el pasado.
Pero sí nos parece alarmante que el Partido Popular, con los mismos argumentos que
yo he empleado, haya rechazado en el pasado un planteamiento que no se sabe muy bien por qué motivos hoy apoya y aplaude. Señores del Grupo Parlamentario Popular, quiero apelar a su sensatez y al sentido de Estado, porque creo que en algún momento
lo tuvieron. El Grupo Parlamentario Socialista les emplaza a rechazar esta enmienda, con la que están poniendo en cuestión los principios básicos del sistema de la Seguridad Social. Este es nuestro criterio y en este sentido irá dirigido nuestro
voto.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Castillejo.
(La señora Fernández Davila pide la palabra.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Martínez-Pujalte, por favor, un poco de respeto a la Cámara.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora vicepresidenta, discúlpeme. Solicito, si es posible, un pequeño turno de intervención, porque dada la rapidez con que se ha dado el debate no ha permitido que estuviera en el inicio, cuando me
correspondía. Necesitaría un par de minutos nada más.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Si nadie se opone, puede utilizar su turno de fijación de posiciones, en cuyo caso tiene diez minutos en este momento. (El señor Martínez-Pujalte López: Que se respete el orden.)
Señor Martínez-Pujalte, Si como grupo parlamentario usted tiene algún inconveniente, por supuesto, la señora Fernández no tomaría la palabra en turno de fijación de posiciones en este momento. Esto sucede bastantes veces y nadie se suele
oponer. Le rogaría que reflexionara, pero si usted me dice que se opone, por supuesto, no tomará la palabra. ¿Mantiene usted su oposición a que la señora Fernández tome la palabra en este momento para fijar posición?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora vicepresidenta, la señora Fernández tenía un turno y va a tener ahora otro para otra ley que es similar al anterior. Lo lógico sería que una los dos turnos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, muy amable, señor Martínez-Pujalte. Discúlpeme, señora Fernández; en cualquier caso intervendrá sin ningún problema en la siguiente ley.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS REORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DEL SISTEMA PORTUARIO, Y SE APRUEBAN MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA FINANCIACIÓN SANITARIA Y PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA. (Número
de expediente 121/000063.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto 39 del orden del día: proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias
para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.
De nuevo la fijación de posiciones será en el mismo orden que en el resto de leyes, interviniendo de menor a mayor y, por tanto, comenzaremos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Fernández, ¿desea usted intervenir en este punto?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señora vicepresidenta, pero para hablar del anterior.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Fernández, tiene usted un turno de diez minutos. Fije usted posición sobre este proyecto de ley y utilice el turno con el contenido que desee. Tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora vicepresidenta.
Vamos a fijar posición respecto a las enmiendas presentadas en el Senado a este proyecto de ley, la mayoría de las cuales no vamos a apoyar, pero también queremos aprovechar esta intervención para manifestar nuestra posición respecto a la
ley anterior, ya que no pudimos hacerlo por una cuestión relacionada con la dinámica
con que se están produciendo los debates. Respecto al proyecto de ley de mediación de seguros, nuestra posición va a ser favorable a las enmiendas presentadas a los primeros artículos de la ley, pues sí modifican y, sin embargo, no vamos a
apoyar el resto de las enmiendas. En concreto, respecto a la última, relativa a la adicional duodécima, con la filosofía de la sanidad pública y de la Seguridad Social que defiende el Bloque Nacionalista Galego esta enmienda nos parece una
contradicción total y absoluta. A nuestro juicio, medidas como esta van en detrimento incluso de la calidad del sistema, además de otras cuestiones como las que ya se han dicho por parte de otros portavoces. Queremos llamar la atención -sabemos
que existe voluntad al respecto- sobre la enmienda que se ha aprobado en el Senado al artículo 29. En el Congreso se llegó a un consenso en el proceso negociador de las enmiendas que presentábamos los grupos, y concretamente esa es una enmienda del
Bloque Nacionalista Galego, que fue transaccionada y que consiguió la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Comisión. Efectivamente, el Senado tiene su independencia, tanto en las iniciativas como en las decisiones que toma con
respecto a esta Cámara, pero cuando menos el grupo mayoritario, el Grupo Socialista, que consensuó esta cuestión con nosotros y también con el resto de los grupos, debe tener en consideración aquel acuerdo o compromiso, para que hoy podamos retomar
una decisión que es un clamor, por decirlo de alguna manera, del sector; estamos convencidos de que todos los grupos parlamentarios conocen la posición del mismo respecto de este tema. Por otro lado, sería la forma de recuperar la garantía del
trato de igualdad que recomiendan las normas europeas en esta cuestión.
Por lo tanto, esperamos que se pueda recuperar el consenso que se dio en Comisión cuando y reincidimos en nuestra posición respecto a la adicional duodécima, porque desde luego
no podemos asumir que se deteriore el sistema sanitario público y con esta modificación, que afectaría gravemente a la Seguridad Social, así sería.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Continuamos con el señor Mardones en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos encontramos con estas enmiendas del Senado a un proyecto de ley muy heterogéneo, casi parece una pieza desglosada, como cuando, antes, en los Presupuestos Generales del Estado venía la ley de acompañamiento, la Ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Démonos cuenta de que incluso una de las enmiendas que llegan del Senado, la nueva a la disposición final segunda, trata de modificar precisamente aspectos que estaban contenidos en la Ley 55/1999, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, es decir, la ley de acompañamiento para el año 2000. Eso nos lleva a esta heterogeneidad de enmiendas que llegan, de las que algunas afectan a reorganizaciones empresariales y otras al sistema
portuario, a medidas tributarias de financiación sanitaria o al transporte por carretera. Nosotros haremos llegar a los servicios de la Cámara unas enmiendas para las que pediremos votación separada. Quiero significar, por ejemplo, las dirigidas a
las cotizaciones a la Seguridad Social, como la disposición adicional tercera nueva, que merece una reconsideración, así como la disposición adicional cuarta nueva, que se ha introducido en el Senado y que hace referencia a una nueva disposición
sobre el Plan estratégico para el sector del transporte de mercancías por carretera, el denominado plan Petra, que tiene algunas peculiaridades en relación con el hecho insular canario, como puede ocurrir también con el balear, y que quisiéramos que
se amoldara a la realidad territorial del transporte por carretera. Allí no hay grandes distancias como en el territorio continental europeo o en el peninsular. Lo mismo diríamos en relación con la enmienda al artículo 4 del proyecto, sobre la
regulación de las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía, que queda suprimido. Tenemos nuestras observaciones al respecto y por
esto pediremos la votación separada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.
¿Señor Llamazares? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, ¿señor Aspiazu? (Pausa.) Pues continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y de nuevo el señor Puig tomará la palabra en su nombre.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a apoyar la mayoría de enmiendas introducidas en el Senado. Lo que no vamos a apoyar, y ya hemos pedido votación separada, es la supresión del artículo 4, que permitía a las comunidades autónomas aumentar, si así lo
deseaban, el porcentaje a aplicar en los impuestos especiales. Esta potestad esté prevista en el proyecto y me parece que es sensato. No puedo entender que algunos grupos que hablan de soberanía pretendan suprimir esta potestad que las comunidades
autónomas tienen.
En cuanto a las demás, teniendo en cuenta que el proyecto a veces sirve para incluir temas que no tienen nada que ver inicialmente con lo que tendría que ser este proyecto, vamos a votar favorablemente la mayoría de enmiendas introducidas en
el Senado.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.
Señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene usted la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha incorporado en el trámite del Senado una serie de enmiendas que van orientadas a intentar modernizar y plantear bonificaciones fiscales en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la adquisición de
vehículos industriales o comerciales en contraste por los incrementos que han existido últimamente en el precio de los gasóleos y de los carburantes. También hemos planteado en el artículo 6 una ampliación en la bonificación del impuesto sobre
actividades económicas, así como también en la disposición adicional cuarta un nuevo plan estratégico para el sector de transportes de mercaderías por carreteras.
Finalmente, también hemos propuesto una serie de medidas desde nuestra perspectiva potentes para incrementar el refuerzo al sector de transporte de mercancías por carretera en todos los diferentes estadios radiales que existen en España.
Por tanto, señorías, estas son las cinco o seis enmiendas que nuestro grupo va a votar favorablemente y que fueron impulsadas por Convergencia i Unió en el trámite del Senado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Utrera, en nombre del Grupo Popular adelante.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señora presidenta.
Cuando a principios de año, concretamente en el pasado mes de febrero, iniciábamos el trámite de este proyecto de ley nosotros mantuvimos una posición clara, y me alegra coincidir con alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso de
la palabra, en cuanto al hecho de que esta ley es un refrito de medidas inconexas que alejan el principio de transparencia que se pretendía al suprimir la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado y que además introduce dudas
razonables dentro de lo que es la gestión del sistema tributario en relación con medidas que se incorporan en leyes con títulos tan complejos como el de este proyecto de ley al que hoy daremos votación final.
Al mismo tiempo manteníamos que en realidad lo que se perdía era una nueva ocasión de hacer auténtica política económica y unos meses después defendemos esa misma posición, aunque hay un hecho añadido sobre el que quiero llamar la atención
de sus señorías. Si se fijan en el enunciado de este proyecto de ley, régimen fiscal de reorganizaciones empresariales, es cierto que lo que se pretende es dar un tratamiento, una trasposición de la directiva comunitaria relativa al régimen
especial de fusiones empresariales e intraeuropeas y concretamente en el impuesto sobre sociedades establecer modificaciones relativas a fusiones, escisiones y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros. A esta
cuestión, que era la que entendíamos principal dentro del proyecto de ley, nosotros no presentamos enmienda, la aceptamos en todos sus términos y, como digo, unos meses después nos encontramos con que las cosas siguen igual, no se ha tocado este
apartado, pero sí se han aprobado unos decretos que facultan al Gobierno, y concretamente al regulador eléctrico, a frenar una operación intraeuropea de adquisición empresarial de acciones bajo el pretexto de esa teoría del señor Zapatero sobre los
campeones nacionales, esa trasnochada teoría de hace ya más de 30 años que quedó ya en desuso. Por tanto, el propio espíritu de lo que la ley enunciaba hace seis meses que se pretendía alcanzar ha sido quebrantado por decretos-leyes que han sido
aprobados por esta Cámara precisamente para frenar las operaciones empresariales que deberían dar capacidad de internacionalización a nuestras empresas en el ámbito europeo. Por tanto, quiero llamar la atención de que la primera quiebra a esta ley
todavía no nacida, es decir, a este proyecto de ley se ha producido ya en la realidad de la acción del Gobierno.
Por lo demás, el Senado ha modificado y mejorado sustancialmente el proyecto de ley en sus distintos apartados, tanto en la financiación sanitaria como en el transporte por carretera, incorporando algunas medidas que consideramos valiosas.
Muy valiosa también es la reforma con carácter inmediato del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades al 30 por ciento para todas las empresas en general y que en el actual debate -que hoy también tendremos- del impuesto sobre la renta y sobre
sociedades podremos afinar todavía más. Por lo tanto, nuestro apoyo a casi todas las enmiendas incorporadas por el Senado y exclusivamente la disposición final segunda y el preámbulo en la materia relacionada con esa disposición final segunda
merecerán nuestro voto negativo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Utrera.
Finalmente, el señor Turiel en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante.
El señor TURIEL SANDÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
El proyecto de ley que hoy culmina su tramitación en las Cortes Generales tiene unos objetivos muy específicos y un punto de conexión evidente con el resto ya que todos tratan materias fiscales. Es verdad que el paso por el Senado -durante
el cual han tenido éxito algunas enmiendas que no lo tuvieron en el Congreso- ha introducido determinadas disposiciones adicionales que nada tienen que ver con lo que era esta ley, nada tienen que ver con el sistema fiscal o, en algún caso, lo que
pretenden
es adelantar la reforma fiscal. Lo cierto es que la ley en sí misma es un conjunto de diversos temas pero que tienen un punto de conexión muy claro, como es que se trata de medidas fiscales.
El Senado ha introducido 12 enmiendas. De ellas cinco son de nuevo cuño y las vamos a votar favorablemente. Una es para corregir un error que se había producido en una transaccional en el Congreso, otra para introducir una disposición
adicional sobre cotizaciones al régimen especial de la Seguridad Social agraria de empresas canarias con trabajadores por cuenta ajena como consecuencia de los daños sufridos por el paso de la tormenta tropical Delta y otras hacen referencia a las
liquidaciones portuarias y a las tasas de la Jefatura Central de Tráfico. Hay otras siete enmiendas que vamos a votar negativamente que son simple reproducción de enmiendas que fueron derrotadas en el Congreso, tanto en la Comisión como en el Pleno
del Congreso. De estas siete enmiendas una evidentemente es absolutamente extemporánea, no tiene sentido que se pretenda modificar el texto refundido del impuesto sobre sociedades cuando más adelante vamos a debatir sobre la reforma fiscal. Hay
algunas disposiciones que, efectivamente, no tienen ningún contenido fiscal y que, de alguna manera, lo que hacen es intentar modificar acuerdos que el Gobierno ha tenido con el sector del transporte. Hay grupos parlamentarios que han introducido
unas enmiendas en el Senado tras fracasar en su intento de introducirlas en el Congreso y cuya finalidad es incluir unas enmiendas que han sido sugeridas por una asociación minoritaria del transporte cuando todo el sector del transporte se sentó con
el Gobierno y llegaron a acuerdos para todos ellos. Después, esta asociación minoritaria entendió que el paso por las Cortes Generales era una segunda vuelta que le permitía mejorar posiciones. Lógicamente entendemos que cuando ha habido acuerdos
con el Gobierno nadie que haya estado sentado en esa mesa debería intentar utilizar un trámite posterior para modificar lo que se ha acordado con carácter previo. Por eso nos vamos a oponer.
Quiero llamar la atención sobre una enmienda que aparentemente es muy ecológica que pretende subir la deducción de los llamados vehículos ecológicos -entre comillas- del 12 al 18 por ciento. Recuerdo que esto tiene la calificación de
medidas de ayuda de Estado y que como tales están sometidas a la legislación comunitaria. El 12 por ciento no es un porcentaje caprichoso. Se llegó a ese acuerdo entre el sector del transporte y el Gobierno porque se entendía que así no iban a
plantearse problemas ante las autoridades comunitarias. La pretensión de subir del 12 al 18 va a generar un problema importante, va a ser considerado como una ayuda de Estado y tiene grandes posibilidades de que las autoridades comunitarias inicien
un proceso contra el Reino de España que finalmente ganen y que aquellos a quienes ahora queremos o quieren favorecer determinados grupos, a lo mejor, por darle un 6 por ciento más terminan perdiendo el 18 completo y eso creo que no tiene sentido.
Cuando al Gobierno, que ha llegado a acuerdos, que maneja la legislación comunitaria y tiene expertos que le explican cuál es la legislación comunitaria, le dicen que se puede llegar hasta el 12 por ciento, tiene escaso sentido que en este trámite
se pretenda subir al 18 con el riesgo que entraña para el sector, porque si mañana hubiera una sentencia comunitaria en contra van a tener que devolver toda la deducción, no solamente la diferencia entre el 12 y el 18 sino van a tener que devolver
el 18 completo con lo cual se les habrá originado un serio perjuicio.
Pediría que se reflexionara sobre este tema porque de alguna manera parece que es introducir un juego de azar: vamos a ver si cuela el 18, pero resulta que si no cuela, perdemos
también el 12.
Por ello vamos a votar en contra de las siete enmiendas que han introducido en el Senado como reproducción de las del Congreso.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Turiel, muchísimas gracias.
-PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA DECLARACIÓN DEL AÑO 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del punto 40, el referente a la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica.
De nuevo fijaremos posiciones, señorías, de menor a mayor, y comenzaremos con el Grupo Mixto. ¿Desea intervenir? (Denegaciones.)
Continuaremos con el señor Llamazares. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene usted la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario quiere expresar su satisfacción de que finalmente la proposición de ley del Año de la Memoria Histórica, aunque sea al cabo de unos meses, haya sido aprobada con el trámite de hoy y, por
tanto, este año, en el 75º aniversario de la II República, pueda ser declarado oficial y dignamente Año de la Memoria.
Un año de la memoria que fue proscrita a lo largo de 40 años frente a la memoria oficial. La memoria fue la memoria de los
vencedores y se olvidó o se reprimió la memoria de las víctimas. Más tarde, a lo largo de la transición democrática, se produjo la necesaria reconciliación, pero la reconciliación del presente y no la reconciliación también con respecto al pasado,
la reconciliación con memoria, bien porque se confundió reconciliación con olvido o se confundió también reconciliación con modernidad. En todo caso, no pudo producirse una reconciliación completa, porque la reconciliación con amnesia o con olvido
no es reconciliación completa.
Tenemos la oportunidad en el 75º aniversario de la II República de recuperar nuestra memoria democrática, la memoria republicana, la memoria antifranquista y es lo que hacemos en el día de hoy. Es un acto este de memoria, un acto que
intenta recuperar en buena medida un relato compartido de la sociedad española. Hasta ahora teníamos un relato parcial. Ahora podemos tener un relato global y compartido de nuestra memoria histórica. Es también un acto de justicia, un acto de
justicia con los demócratas, un acto de justicia con los antifranquistas para que no vuelva a ocurrir que un ciudadano de este país acuse de asesino a otro ciudadano sin que se haya producido un juicio justo, como ha ocurrido con el caso de Grimau
recientemente, y es un acto también de restitución y de respeto con las víctimas. En definitiva, es el reconocimiento de nuestros padres fundadores en los padres de la transición democrática, pero también en los padres de otras transiciones
democráticas como intentaron ser la I o la II República. En definitiva, búsqueda de un relato compartido, no búsqueda de ninguna venganza, completar nuestra reconciliación del presente con la del pasado y estímulo al Gobierno para que presente la
Ley de la Memoria. Ese sentido es el que tiene esta iniciativa y nuestra satisfacción es muy alta con respecto a como viene del Senado, mejorada, más equilibrada, y por eso instamos a todos los grupos parlamentarios a que se identifiquen con esta
propuesta que no va contra nadie sino a favor de un relato compartido basado en la memoria de todos.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Señor Esteban, en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Es evidente que nuestro grupo ha apoyado todo este tipo de iniciativas porque son absolutamente adecuadas y toda aquella gente que sufrió persecución en defensa de la legalidad establecida y de los derechos democráticos son merecedores de
homenajes y reparaciones.
Ciertamente en la discusión inicial en el Congreso ya se planteó por parte del Grupo Socialista un cambio en la exposición de motivos. En aquel momento no se llevó a cabo ante la oposición de algunos grupos porque ni siquiera estaba
redactado. Yo tengo que manifestarme crítico con la nueva exposición de motivos, no nos llena completamente, creemos que la inicial era más rotunda, se centraba en lo que era la República y aquí se ha querido hacer una pequeña mixtura no solo con
la República sino con una laudatio a la Constitución española de 1978 y a la transición. A nosotros nos parecía que el proyecto debía centrarse en lo que debe centrarse, no en otras cosas. Por otra parte, se recogen a modo de laudatoria una serie
de medidas ciertamente modestas, evidentemente modestísimas, que se han elaborado desde el Gobierno, e incluso aparece como si fuera algo hecho un proyecto de ley de memoria histórica que se reconoce que ya fue solicitado por el Congreso de los
Diputados el 8 de junio de 2004; lo que no se dice es que se han incumplido absolutamente todos los plazos.
Todavía esperamos que la última promesa del presidente del Gobierno, que fue que antes de acabar este período de sesiones lo tendríamos
aquí, y desde luego a falta de una semana para que esto suceda dudamos mucho que se pueda cumplir. Por tanto, nuevo incumplimiento, y no nos parece de sentido que además se vuelva a mencionar aquí en la exposición de motivos.
Sinceramente, desde nuestro grupo vemos el conjunto de la exposición de motivos de manera crítica y creemos que quizá se debería haber centrado, focalizado, en la República, que es a lo que se refiere la declaración como Año de la Memoria
Histórica y el inicio de la propuesta de Izquierda Unida es este texto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será el señor Tardà quien en su nombre tomará desde la tribuna la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados y señoras diputadas, en el trámite de aprobación en esta Cámara de la presente proposición de ley nuestro grupo votó favorablemente a su toma en consideración de manera entusiasta, pero acabó absteniéndose con decepción en
la aprobación definitiva. Ello se debió a que considerábamos que la ley era muy, muy insuficiente. A pesar de que nuestro grupo ha impulsado o ha apoyado todas las iniciativas de recuperación de la memoria histórica que se han debatido en esta
Cámara, lamentamos que esta iniciativa no fuera más atrevida y que quedara limitada a una simple declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica, pero vacía de contenido.
Nuestras más de 20 enmiendas iban encaminadas a dotar de contenido a esta ley, estaban dirigidas sobre todo a concretar actos y homenajes a las personas que lucharon por las libertades y a aquellas que sufrieron la represión, y a la
realización de actividades de pedagogía, como series televisivas y documentales sobre la II República y la represión fascista.
No obstante, la mayoría parlamentaria decidió rechazarlas y dejar que fueran las otras administraciones las que
concretaran las actividades de homenaje y pedagogía, como si el Parlamento español como tal no debiera realizar y protagonizar estas actividades, aun cuando fuera a manera de instar.
Lamentamos, pues, que no haya una mayor implicación activa de este Parlamento en la recuperación de la memoria histórica, porque si se aprueba una ley de declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica pero no se llevan a cabo las
medidas que efectivamente recuperen esta memoria histórica, ¿de qué
sirve esta ley? El pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad de lo acontecido en el pasado y el Estado tiene el deber de recordar, según establece la ONU en unos principios que me permitirán que vuelva a leer textualmente:
Derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que
llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. Y, por supuesto,
el deber de recordar: El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y por ello se debe conservar, adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los
archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones.
En consecuencia, en virtud de esos principios claros establecidos por la ONU, el Estado debe tomar todas aquellas medidas encaminadas a la recuperación de la verdad. Eso es lo que pretendían las enmiendas de Esquerra Republicana que no
fueron aceptadas, porque consideramos que la máxima expresión de este Estado, del Parlamento español, donde según su Constitución reside la voluntad de la soberanía, no puede inhibirse de esta responsabilidad. Creemos que esta ley era oportuna para
realizar esta labor de pedagogía y homenaje, mientras que correspondía a la Ley de la Memoria Histórica, que debe presentar el Gobierno español, establecer las medidas de reparación histórica de la democracia republicana y del pueblo que la
sustentaba, así como económica y moral de las víctimas del alzamiento fascista.
Esperamos, pues, que las enmiendas que no han sido aprobadas para la presente ley estén recogidas en el proyecto de ley de memoria histórica, que se ha comprometido a traer el Gobierno pasado el verano, porque si no ya anunciamos que vamos a
volver a debatir estas enmiendas de homenaje y pedagogía conjuntamente con aquellas de reparación que consideremos oportunas. En este sentido quiero reiterar, una vez más, la reclamación de que sin más dilación se presente en esta Cámara el
proyecto de ley de memoria histórica. Era compromiso de este Gobierno haberlo presentado ya y se han incumplido reiteradamente los plazos. En el último debate de política general se aprobó una resolución, no la que presentó Esquerra Republicana
que instaba a presentar la ley antes de finalizar este periodo de sesiones, tal como había comprometido el diputado señor Jáuregui desde esta misma tribuna, sino que lo que se aprobó fue que el proyecto de ley se presentaría pasado el verano. Pues
bien, vamos a esperar, ansiosos de saber si esta vez el Gobierno socialista va a cumplir su compromiso.
Esperamos, eso sí, que sean valientes en la redacción del proyecto de ley, porque si no es así ya les anunciamos que no van a contar con el apoyo de nuestro grupo. Como les decía al principio de la intervención, nuestro grupo ha sido el que
más iniciativas ha presentado sobre recuperación de memoria histórica; hemos apoyado, además, todas las que se han presentado en este sentido por parte del resto de grupos parlamentarios, pero no vamos a aceptar que nos den gato por liebre, no
vamos a votar un proyecto de ley en el que no se reconozca la condición de víctima para todas las personas físicas y jurídicas represaliadas por el fascismo y, evidentemente, no vamos a aprobar un proyecto de ley que no repare los honores y los
patrimonios de todas las personas, repito, físicas o jurídicas que fueron víctimas de la dictadura.
Queremos aprobar una verdadera ley de recuperación de la memoria histórica y no nos contentaremos con una que sea simplemente una declaración de intenciones, que en parte es lo que ocurrirá con la aprobación que hoy llega a esta Cámara,
retornada desde el Senado y, por supuesto, repetimos que no vamos a poyarla sino que nos abstendremos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardà.
Continuamos con el turno del señor Xuclà en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante este texto aprobado por el Senado y retornado para su discusión y votación final en el Congreso de los Diputados.
Señorías, este texto es
un ejemplo de la buena labor que puede hacer y que a veces hace el Senado durante el trámite legislativo. Es evidente que este es un texto que ha mejorado en su paso por el Senado.
Señorías, estamos a finales del mes de junio y con la aprobación de esta proposición de ley, que tiene pretensiones muy concretas -y, si me permiten, muy loables, pero a la vez muy modestas-, tendremos el año 2006 como el Año de la Memoria
Histórica, pero sin la Ley de la Memoria Histórica tan anunciada por el Gobierno. Por cierto, este grupo parlamentario también presentó su proposición de ley sobre este asunto, y arrancó un compromiso del Grupo Socialista y del diputado Ramón
Jáuregui sobre que se presentara ante el Congreso de los Diputados antes de finalizar el mes de junio del año 2006. Señorías, estamos a 22 de junio; lo último que se tiene que perder es la fe en el grupo de la mayoría, pero veo francamente difícil
que se pueda cumplir este plazo.
En cuanto al redactado del articulado, algunos portavoces han hecho ciertas reflexiones sobre el mismo. Yo me permitiré utilizar una parte del tiempo de que dispongo para leerles el artículo 1 de lo que vamos a aprobar: Con motivo del 75º
aniversario de la proclamación de la II República en España, se declara el año 2006
como Año de la Memoria Histórica, en homenaje y reconocimiento de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil o posteriormente de la represión de la dictadura franquista por su defensa de los principios y valores
democráticos, así como de quienes con su esfuerzo a favor de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución del
año 1978. Señorías, este artículo único, en su apartado 1, reconoce, por una parte, a las víctimas de la guerra civil, todas las víctimas de la guerra civil; por otra, reconoce a las víctimas de la represión franquista, hace un ejercicio ajustado
a la realidad y a la verdad histórica y hace un reconocimiento a los luchadores por la democracia y por el restablecimiento de la misma. Pues bien, señorías, nos parece que este es un redactado más ajustado a la realidad, incluso más ajustado al
redactado inicial planteado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, cuando señalaba en este artículo único, punto 1: La Constitución española como continuadora de la II República. Señor Llamazares, creo que
esto tiene algo más de voluntarista que de ajustado a la realidad, visto lo visto: vistos los 40 años de franquismo y vista la ruptura clara con una tradición democrática.
También el punto 2 de este artículo único sale de la casuística concreta
para hacer un mandato más genérico a los poderes públicos.
Finalmente, señorías, ya que la exposición de motivos también ha sido objeto de discusión me referiré a ella. Es una exposición de motivos que recoge las iniciativas llevadas a cabo por parte de las comunidades autónomas que en este momento
son más y más intensas que las efectuadas por el propio Gobierno, que reconoce que durante esta legislatura el Congreso de los Diputados ha hecho una reparación de carácter moral, pero también de carácter histórico y político, a Lluís Companys, a
Manuel Carrasco i Formiguera y a Alexandro Bóveda y que recoge toda la tradición y todo el recorrido de esta legislatura a favor de la recuperación de la memoria histórica.
Señorías, si aprobamos esta proposición de ley tendremos el año 2006 como el Año de la Memoria Histórica, pero desgraciadamente aún no habremos entrado a discutir el proyecto de ley de la memoria histórica. Por eso invito al grupo de la
mayoría a que no continúe incumpliendo los plazos y los compromisos adquiridos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Xuclà.
Continuamos con el turno del señor Atencia en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señora presidenta.
Hoy asistimos al último trámite parlamentario de esta iniciativa y nuestro grupo, que no tiene más historia que la democracia y la Constitución de 1978, desde un primer momento ha fijado su posición sobre la iniciativa que llegó a esta
Cámara en cada uno de sus trámites tanto en el Congreso como en el Senado. Nos hemos esforzado por llevar al ánimo de los distintos grupos parlamentarios que la iniciativa que hoy se va a aprobar definitivamente nos parece un error. También hemos
defendido en esta Cámara y en el Senado, incluso fue estimado en el dictamen de la Comisión Constitucional, que, puestos a conmemorar algo este año 2006 en el que se cumplen 75 años de la proclamación de la II República y 70 años de la terrible y
trágica guerra civil, nos parecía más adecuado declarar el año 2006 como año de la concordia. Entendíamos que sería bueno como homenaje y reconocimiento a la Constitución de 1978, a los que la hicieron posible, sobre todo porque la Constitución de
1978 era superadora de viejos conflictos latentes en la historia de España, que desgraciadamente estaban presentes en esos acontecimientos históricos teóricamente cercanos aunque afortunadamente superados, que representaron épocas de sufrimiento y
división entre los españoles. Nos ha parecido en todo momento que el espíritu de la transición democrática, el espíritu que ha animado a los que hicieron posible la recuperación de las libertades, la llegada de la democracia y la Constitución de
1978, significaba en última instancia dejar la historia para los historiadores y no usarla jamás como arma política arrojadiza entre unos y otros. Esto se ve de forma palmaria recién recuperadas las libertades, todavía en la transición, en la
legislatura constituyente, con ocasión del debate de la Ley de Amnistía del año 1977. Es muy relevante ver entonces lo que miembros de distintos grupos políticos, muchos de ellos procedentes de la oposición democrática, manifestaron. Hay dos
intervenciones que me parecen relevantes y que, sin consumir mucho tiempo, quiero volver a traer hoy aquí. Una de ellas es la de don Santiago Carrillo, quien ya desde el año 1956 hablaba de un pacto por la libertad y de la reconciliación nacional.
Dijo literalmente en aquel debate: ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borramos ese pasado de una vez y para siempre?. Asimismo, Txiki Benegas, todavía miembro de esta Cámara, que entonces
intervenía en nombre del Grupo Socialista, decía: La sola idea de poder conquistar de nuevo la libertad para nuestro pueblo acalla y hace olvidar los sufrimientos soportados por nuestra organización y nuestros militantes. El enfoque de ese debate
fue compartido por todos durante toda la transición política y salvo ínfimas minorías de la extrema derecha o de la extrema izquierda, que rechazaban la reconciliación y la concordia en aras de un continuismo o revanchismo, la inmensa mayoría de los
españoles entonces y hoy apostó por la solución pactada en un ejercicio de patriotismo que sin duda alguna implicó enormes sacrificios y renuncias, a la par que afrontaba la incomprensión de los radicales de uno y otro cuño.
Señorías, la recuperación de las libertades y la democracia se hizo sobre la base de una reconciliación que no implicaba un pacto de olvido, sino un sensato acuerdo
para dar a la nueva democracia los fundamentos que necesitaba. Nadie se vio obligado a olvidar nada; nadie se vio obligado a reprimir sus recuerdos, solo nos obligamos a dejar en paz la historia y no usarla como arma arrojadiza.
Sinceramente, eso es lo contrario a lo que se pretende con esta iniciativa. Las pretensiones de revisionismo histórico y la utilización de la historia para dividir a los españoles a la par que para tratar de obtener réditos políticos, están en las
antípodas de lo que entre todos se hizo en la transición. Por cierto, tampoco tienen nada que ver con el espíritu de la transición los intentos de animar la división, el enfrentamiento y el rencor con la campaña más sucia e impresentable -me duele
decirlo- que un partido político ha hecho jamás. Y tampoco tienen nada que ver con el espíritu de la transición los ataques a las sedes del PP, la violencia, las agresiones a los discrepantes, la intimidación y los atentados a la libertad
individual que se han producido recientemente -uno no tan recientemente-, teniendo en cuenta que desgraciadamente en algunos casos han sido justificados y no condenados. Eso no tiene nada que ver con el espíritu de la transición.
Señorías, además de lo que acabo de decir relativo al espíritu de la transición, a mayor abundamiento, como hemos tenido oportunidad de decir en reiteradas ocasiones en esta Cámara, conviene recordar que en el mes de noviembre del año 2002
acordamos que el debate sobre la República, la guerra y la dictadura de Franco quedara fuera del debate político. Hubo un acuerdo político y de caballeros que significaba dejar esto definitivamente para que los historiadores lo analizaran, pero no
debía ser elemento de confrontación o división entre las fuerzas políticas y tampoco se haría uso de ello. Mi grupo, en coherencia con aquello, como ha mantenido en todo momento, presentó las enmiendas a que he hecho referencia, pues le parecía que
la clave no estaba tanto en la memoria, que no estaba ahí, sino en la concordia. Concordia era la palabra clave del espíritu de la transición. Nos parecía que no estaba de más, que era oportuno hablar de la Constitución de 1978 como superadora de
etapas de enfrentamiento, de división y de discusión entre españoles.
Ustedes pueden decir que hemos tratado de edulcorar la iniciativa.
Efectivamente, la enmienda del Grupo Socialista edulcora la iniciativa.
¿Cuál es el fondo del debate que afrontamos? Es muy fácil encontrarlo. En su momento leí unas
declaraciones del presidente del Foro de la Memoria, que sin duda alguna ha sido uno de los inspiradores de la iniciativa y lo que está en el debate de muchas de sus intervenciones otros lo acallarán.
Dijo literalmente: La memoria histórica es un
instrumento para establecer una nueva legitimidad política. Pues bien, a partir de esta premisa, que está en la génesis de la propuesta que hoy se debate y de otras iniciativas que parece que van a venir a esta Cámara, nuestro acuerdo es imposible.
Para nosotros no hay más legitimidad que la Constitución de 1978. Siempre hemos apostado -parecía que era el consenso generalizado de la Cámara- por dejar definitivamente atrás un largo periodo en el que cada hito histórico desgraciadamente traía
un desagradable aroma de ajuste de cuentas, de revanchismo, donde cada nuevo texto constitucional era un trágala para los que no se sumaban a esa mayoría imperante. Así no fue la Constitución de 1978, donde afortunadamente el consenso prevaleció.
Ese es el espíritu que hay que preservar. Hay que apostar por la concordia y por el consenso e iniciativas como las que hoy se plantean no apuestan ni por una cosa ni por la otra, adolecen de lo uno y de lo otro. No se pueden proponer iniciativas
como la que aquí se trae, que no son coherentes con el espíritu constitucional, cuando se rompe el consenso, se apoya el proceso revisionista y se alude a memorias parciales y revanchistas. Por eso, señorías, mi grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, igual que hizo en el Senado, hoy no puede apoyar las enmiendas y el texto que aprobó el Pleno del Senado, porque, como saben sobradamente, esta iniciativa es tan innecesaria como inoportuna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Atencia.
Finalizamos este debate con el turno del Grupo Parlamentario Socialista.
Será el señor Ramón Jáuregui quien tome en su nombre la palabra.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, aunque subo a la tribuna, voy a ser muy breve, pues este debate, como ustedes saben, lo hemos mantenido ya largamente en varias ocasiones y recientemente con motivo de esta proposición de ley, que hoy vemos de nuevo en función de
una reforma de totalidad que se ha producido en el Senado. Les anuncio que mi grupo va a apoyar el texto que el Senado aprobó, texto que enmienda casi totalmente el que aprobó en su día el Congreso de los Diputados. En primer lugar, querría
señalar como elemento de referencia que el texto que ahora vamos a aprobar recoge una nueva exposición de motivos. Ya dijimos en su día que el conjunto argumental que explicaba esta proposición de ley requería otros fundamentos y un nuevo
articulado. No acabo de comprender cómo el Partido Popular mantiene un no tajante. El texto no está edulcorado, señor Atencia, sino que es un texto nuevo; un texto que, por cierto, ustedes no permitieron que se tramitara en esta Cámara cuando se
tramitó la ley por el procedimiento de urgencia porque impusieron un veto a una enmienda transaccional que todos los grupos habíamos aprobado y que hemos tenido que tramitar después en el Senado. Es un texto nuevo por algo que me parece
fundamental, porque el fundamento de esta efeméride que, como todo el mundo sabe, recuerda el 75º aniversario de la República y el 70º aniversario de la guerra, se sustenta en un acuerdo, señor Atencia, que aprobamos todos por unanimidad en esta
Cámara, en el Congreso de los Diputados, el 20 de
noviembre de 2002. Eso está justamente en el primer párrafo de la nueva exposición de motivos, como fundamento de una aspiración de consenso en el recuerdo y en la rememoración de esos aniversarios. Aquel acuerdo que en su día alcanzamos
todos los grupos políticos de la Cámara hace solo tres años debería permitir una mirada común a este aniversario, a la conmemoración de estos dos acontecimientos. En segundo lugar, el texto nuevo rinde justicia y honra a las víctimas, a todas las
víctimas de la tragedia, a todas las víctimas de la guerra, señor Atencia, pero sobre todo asienta nuestro futuro de manera expresa desde la convicción de que el pasado no puede dividir a los españoles. Es una afirmación que se recoge de nuevo en
este texto e incluso en el articulado se añade al texto original de la efeméride. Usted recuerda que literalmente se ha incluido en el único artículo de esta ley una expresión que dice: A quienes con su esfuerzo a favor de los derechos
fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978. Expresamente lo hemos incorporado. Esto que en su día recogía ya el
espíritu de nuestro grupo para que la conmemoración no fuera motivo de división, sino de asentar nuestro futuro de convivencia en la convicción del gran acuerdo de consenso de la transición, está en el título y en el articulado de la ley. Ustedes
no han querido cambiar su posición porque están un poco amarrados a este tren del no en el que se han situado en la política española.
Con motivo de este debate algunos han reabierto la polémica sobre nuestra historia reciente, acusando a quienes aprobamos esta resolución de reabrir heridas de nuestros conflictos históricos. Yo quiero decir tajantemente aquí que solo desde
la ignorancia y desde la mala fe pueden sostenerse semejantes aberraciones. No hay, como acabo de demostrar, una sola línea de este texto que permita interpretar beligerancia o enfrentamiento entre españoles. No ha habido ninguna iniciativa en
este año de la efeméride que ofenda a la justicia y a la verdad. No ha habido ningún acto sectario, ningún afán vengativo. Simple y llanamente, queremos mirar a nuestro pasado con la libertad que proporciona la verdad, con la valentía de quienes
asumimos también la autocrítica de lo que se hizo mal, de los errores de unos y otros, pero recordando nuestro pasado con el único fin de hacerle justicia y honrar a tantos españoles -no importa de qué lado- que sufrieron tanto la tragedia de la
guerra; eso y el pacto constituyente como base de una convivencia futura común.
Señorías, es muy injusto que, por hacer este acto de justicia con las víctimas y con nuestra historia, la izquierda española sea tratada con los viejos epítetos que tanto daño produjeron entonces. Quiero recordar, señor Atencia, que fue la
izquierda española la que hizo el pacto con la derecha española de la transición democrática. Por supuesto, lo hicimos con el centro democrático. Hicimos ese pacto decidiendo perdonar el pasado, todo el pasado. Por cierto, no nos arrepentimos de
eso. Antes al contrario, la transición democrática y la Constitución de 1978 son dos de los grandes momentos de la historia del Partido Socialista que reivindicamos en nuestra trayectoria. Como usted bien ha dicho, el perdón no equivalía al
olvido, sino a una reconstrucción común de nuestro pasado, sin afanes vengativos y sin abrir heridas. Eso es lo que hacemos ahora, simplemente eso. Por ello no podemos permitir que ofendan nuestra trayectoria de servicio a los españoles,
acusándonos justamente de lo que más ofende a nuestra trayectoria en aquel pacto constituyente y en el pacto de la transición. No somos nosotros quienes ahondamos en las diferencias históricas entre los españoles o despertamos viejos demonios de
nuestro pasado. Para eso hay otros que ya lo hacen, desgraciadamente; ya lo creo. Nosotros solo queremos mirar a nuestro siglo XX con la mirada fresca, pero honrada, de las nuevas generaciones que asientan su convivencia sobre aquel pacto
espléndido y generoso de 1978 que, repito, hemos incorporado al texto que hoy aprobamos. En el texto del articulado, en el único artículo de la ley, se ha incorporado esa idea, por lo cual no puede usted sustentar su no en esa argumentación.
Queremos hacerlo rindiendo el tributo a los que sufrieron aquella tragedia, recordando y honrando, como dice el texto, a los que con su esfuerzo -a todos- en favor de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la
reconciliación entre los españoles, hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución. En ese acuerdo estamos todos. Este texto es impecable, señorías, y el texto que ha aprobado el Senado devuelve a su justos términos la
propuesta de esta conmemoración y de esta efeméride. Repito, recordando a los que sufrieron, a los que fueron víctimas de aquella tragedia, pero también honrando a los que con su esfuerzo hicieron posible la democracia. Nada más, señorías, pero
tampoco nada menos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señor Jáuregui.
Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Antes voy a hacer dos avisos. En primer lugar, en el siguiente punto del orden día existe una votación de ley orgánica. Calculamos que el voto no se va a producir, en
cualquier caso, antes de las 13:30. En segundo lugar, tal y como va, el orden del día nos aconseja no parar para comer y, en consecuencia, el Pleno continuará sus trabajos. (Aplausos.)
Procedemos a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por real decreto legislativo. En primer lugar, votamos las enmiendas al apartado
II del preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 22; en contra, 296; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 25.1, de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo único. Cuatro del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 315; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 25.2, de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo único. Cuatro del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 142; en contra, 163; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 25.6.4ª, letra g) (nueva) de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo único. Cuatro del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 149; en contra, 172; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 25.6.4ª, letra h) (nueva) de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo único.Cuatro del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 173; en contra, 142; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo único. Siete del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 90.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo único.Nueve del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 169; en contra, 149; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 132; en contra, 184; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Finalmente, votamos en conjunto el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 315; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados.
Votación de las enmiendas al preámbulo, apartado séptimo, párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 140; en contra, 174; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 29.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, uno; en contra, 320.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la disposición adicional duodécima nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 160; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la disposición transitoria sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 323; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 322; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector
del transporte por carretera. Votación de las enmiendas al preámbulo y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 184; en contra, 136; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo quinto, disposición adicional tercera nueva y disposición final tercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo primero nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 136; en contra, 170; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 144; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 143; en contra, 173; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 135; en contra, 180; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Se vota en bloque todas las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 174; en contra, 135; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
-DENUNCIA DEL CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 1976, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. (Número de expediente 110/000147.)
-CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, HECHO EN PARÍS EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000148.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden día. Les propongo, por votación conjunta y por asentimiento de la Cámara, la aprobación de la globalidad de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los convenios internacionales tal
como figuran incorporados en el punto X del orden del día. Si les parece la fórmula, pregunto a la Cámara: ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.) Gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.
(Número de expediente 121/000076.)
El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día. Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Algún diputado de la Comisión quiere hacer la presentación del dictamen? (Pausa.) Pasaríamos pues al turno a favor de las enmiendas presentadas por cada uno de los grupos parlamentarios, por
orden de presentación, y comenzaremos con el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar la señora Lasagabaster y, a continuación, el señor Rodríguez Sánchez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora vicepresidenta.
En este trámite que finaliza la primera parte de la tramitación de este proyecto de ley, queremos hacer un pequeño resumen de la posición de Eusko Alkartasuna, para señalar al final de nuestra intervención cuál va a ser nuestro voto a este
proyecto de ley en el momento actual. Cuando se inició la tramitación con la presentación de este proyecto de ley, presentamos una enmienda de totalidad, que procedimos a retirar en su momento, porque entendíamos que el proyecto de ley que se nos
presentaba era una reforma que adulteraba completamente los principios sobre los que se construía la ley original, la Ley 5/2000, y porque con toda la serie de reformas sucesivas que también habían tenido lugar previamente -las leyes 7/2000 y
15/2003- y con la que se nos presentaba ahora estaba claro que no se concebía en este proyecto de ley el interés del menor como preeminente y no se renunciaba ni a la proporcionalidad ni a todo aquello que perjudicara al menor y, por tanto, no
respondía a la filosofía de lo que debía ser una ley de responsabilidad del menor. La razón por la que entendimos que la enmienda de totalidad podía ser retirada era porque había una voluntad por parte del Gobierno en proceder a negociar algunas de
las cuestiones que inspiraban la filosofía de la enmienda de totalidad, ya que el proyecto de ley suponía un ataque realmente grave a lo que debiera ser el interés del menor en cualquier elemento y, por tanto, también en lo que se refería a aquellos
menores que hubieran podido realizar cualquier actuación contraria al ordenamiento jurídico, que no tenían que tener, y que no deben tener, la misma consideración en esa responsabilidad penal ni el mismo tipo de actuación y de educación que en el
caso de las personas ya mayores.
A lo largo de la tramitación, hemos ido negociando y es verdad que algunas cuestiones se nos han admitido. Eso lo decimos así de claro y queremos que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', pero es cierto también que esta no es tanto
una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. ¿Se puede decir en este momento que las cuestiones que planteaba Eusko Alkartsuna y que considerábamos infracciones graves al espíritu que debe tener la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los
menores han quedado solventadas? No. Hay una serie de elementos que podemos resumir en nueve consideraciones que, para nosotros, todavía quedan pendientes, aun entendiendo que hay un cambio entre lo que llegó y lo que hoy vamos a votar. Por
tanto, quiero señalar nueve cuestiones que queremos matizar, dada la importancia de las mismas, y que nos hacen totalmente imposible poder votar afirmativamente este proyecto de ley.
No voy a señalar las nueve cuestiones, pero sí las más importantes, que podríamos resumir en cuatro o cinco. En primer lugar -voy a ser muy breve-, entendemos que el artículo 9.1 requiere una modificación. Hablar de libertad vigilada y de
tareas socio-educativas de hasta seis meses para una simple falta, es una exageración, máxime cuando el incumplimiento de ello podría llevar a un internamiento. Otra cuestión que también nos parece sustancial hace referencia al artículo 14.2, donde
una redacción más restrictiva podría impedir la posibilidad del paso a prisión a los 18 años. Hay una cierta imprecisión que puede dar lugar a una inseguridad jurídica y arbitraria, aunque realmente hay un cambio. El artículo 14.3 también podría
ser objeto de una mejor redacción para evitar esa imprecisión, y situar la edad de paso de forma automática a la edad de 23 años, como por cierto se nos había ofrecido, y que no ha quedado así. En el artículo 28.3, también está el tema del
innecesario alargamiento del internamiento cautelar hasta los seis meses, ampliable hasta tres meses más.
Esto sería el top de las cuestiones junto con otra más, que ha sido cuestión central en la filosofía y a la que nos hemos opuesto desde hace tiempo, durante toda la modificación de la Ley 5/2000, y que hace referencia a la excepcionalidad en
lo que se refiere a la competencia de la Audiencia Nacional para determinados casos, el artículo 2.4 y su correlativo. Nosotros entendemos, y lo volvemos a hacer saber, como lo hemos hecho siempre, que no es razonable la atribución de competencia
al Juzgado Central de Menores, dependiente de la Audiencia Nacional, para enjuiciar la responsabilidad
de los menores de 14 a 18 años en delitos terroristas. No responde para nada a lo que debe ser la responsabilidad penal de menores. No afecta mas que a dar una buena educación a determinados menores que hayan realizado actuaciones
delictivas pero que no por ello tienen que ser excepcionados a la Audiencia Nacional. Además, supone para nosotros una falta de respeto a los jueces del País Vasco decir que no van a poder enjuiciar con la normalidad suficiente, cosa que no es
verdad, ni lo ha sido en el pasado, ni lo es ahora, y tampoco podemos olvidarnos de que no se están respetando las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Podría hablar mucho más, pero no quiero dejar sin tiempo a mi compañero.
Por todas estas razones no podemos dar nuestro voto positivo. Tendríamos que votar en contra, pero como queremos ser aperturistas, dejamos abierta la posibilidad de
que alguna de estas cuestiones pudieran mejorarse en el Senado. Por tanto, nos abstendremos en la creencia de que en el Senado se reformarán estas cuestiones y si no, allí votaremos que no.
Muchas gracias, señora presidente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster. Gracias.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señora presidenta.
Efectivamente el Bloque Nacionalista Galego considera que en el proceso de debate parlamentario la ley ha ganado sustancialmente y ha tenido mejoras de calado, especialmente por la aceptación de algunas enmiendas, en particular las del Grupo
Catalán. Por tanto, nuestra posición en este momento es más favorable a la ley. Sin embargo, pensamos que aún sigue habiendo alguna alteración de los principios que dieron vida a la Ley 5/2000, en concreto, una ley que se interesaba ante todo por
la defensa del menor desde un punto de vista de socialización, de integracicón educativa y no desde el punto de vista estrictamente penal. Nosotros pensamos que entre 14 y 18 años se deben de mantener, incluso desde el punto de vista de la
punitividad, actitudes que conduzcan a la integración social a través de procesos de carácter educativo y con las debidas garantías procesales. Por esto mantuvimos tres enmiendas destinadas en concreto a que no se alterase el principio de
educación, superándolo en nombre de la eficacia. Creo que en el caso de esta ley muchas veces se actuó alterados, porque se consideraba que la delincuencia por parte de los menores era excesiva. Pero si observamos la evolución de los últimos años
veremos que la tendencia no es al alza precisamente y creo que uno no debe guiarse en política por los criterios de carácter coyuntural. En este aspecto una de nuestras enmiendas intenta dar un trato educativo y de no alteración de este principio,
tanto a la edad de 14 y 15 años como a la de 16 y 17 años.
En segundo lugar, pensamos que el criterio de proporcionalidad se debe de mantener siempre, en todos los casos de delitos y, además, que no se debe dejar al arbitrio de la víctima ningún proceso de sobreseimiento o de archivar las causas.
Pensamos que hay una responsabilidad del Estado y de la Administración de Justicia que debe de prevalecer por encima de todo.
En todo caso, señorías, vamos a escuchar las intervenciones de todos los grupos parlamentarios para definir nuestro voto,
pero quiero resaltar que hoy está mucho más cerca de la aceptación de lo que estaba cuando empezó el debate de la ley.
Nada más muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y será la señora García Suárez quien tome la palabra en su nombre.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario, que también presentó una enmienda a la totalidad en el Pleno, mantendrá ahora todas las enmiendas presentadas y defendidas en la Comisión, y anunciamos que nuestro voto no va a ser favorable sino
negativo a este proyecto de ley.
Quiero hacer una pequeña explicación muy rápida, porque no creo que lo más interesante sea resaltar qué enmiendas han sido recogidas o no, pero he de decir que han sido recogidas algunas. En concreto se han aceptado tres enmiendas en
ponencia: la 103, para dejar la entrevista del letrado con el menor en los términos actuales, acorde con el interés del menor y el criterio de la fiscalía; y las enmiendas 135 y 136, para que cuando se impongan sucesivas medidas de ejecución se
lleven por un mismo órgano judicial. Se han transaccionado otras dos enmiendas en Comisión, la 87, que es la de mayor calado, que supone la supresión de la redacción dada en el artículo 1 y, por tanto, volvemos a la redacción original; y la
enmienda 105, para adaptar la disposición transitoria a este cambio.
En general, las enmiendas incorporadas en ponencia y las aprobadas en Comisión, para nuestro grupo parlamentario, no suponen ni muchísimo menos un avance significativo, ni aportan elementos para que nuestro voto sea diferente. Queremos
resaltar sobre todo una transacción, la que suprime el artículo 1, para mantener la redacción actual que establece la posibilidad de aplicar la ley a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21. De todas formas, siendo importante, es aquello que
a veces ya hemos comentado, que es dar un paso adelante después de que habíamos retrocedido dos.
Con estos antecedentes nuestro grupo parlamentario no puede dar el apoyo a esta ley, porque desde nuestro punto de vista vulnera totalmente lo que consideramos que son los intereses del menor y por lo que realmente fue aprobada esta ley en
el año 2000. Creemos que el Gobierno podía haber analizado y evaluado el impacto de la ley actual, la seguridad ciudadana y la respuesta
penal y punitiva del Estado, para de esta manera definir un modelo de política criminal y, a partir del mismo, abordar las reformas de manera integral. Podía haber hecho esto o podía haber hecho lo que ha hecho, que ha sido legislar en
caliente, a golpe de titular o en función de una cierta alarma social, siguiendo un poco la línea, y lo lamentamos, pero es así, de los anteriores gobiernos, en definitiva del PP, en materia criminal. El Gobierno ha optado por esta segunda forma de
legislar y lamentablemente todo apunta a que en otras cuestiones va a continuar haciendo lo mismo. En el debate a la totalidad el Gobierno justificó su decisión en base a un informe de evaluación que la propia ley del año 2000 decía que se
presentaría antes de hacer otras modificaciones.
Nosotros ya dijimos en aquel debate que no se había cumplido y que no había llegado este informe. De hecho no había llegado, lo que dije en aquel momento se ha comprobado con posterioridad, porque
ha sido dos meses después del debate a la totalidad cuando ha llegado este informe.
En aquel momento podía haber parecido que nuestra intervención estaba basada en imaginaciones o en especulaciones. Cuando llega este informe dos meses después de
aquel debate nosotros nos lo leemos, y quiero dedicar el tiempo que me queda a demostrar que no hay razones objetivas ni verdaderamente importantes ni políticas que demuestren la necesidad de esta reforma.
Esta memoria del año 2005 que nos han hecho llegar desde la Fiscalía General del Estado dice textualmente en la página 51: Los datos estadísticos sobre los que se construye la valoración no van referidos propiamente a delitos cometidos,
sino a procedimientos judiciales incoados, seguidos o tramitados, por lo que las afirmaciones y conclusiones están relacionadas con la evolución de la actividad judicial, en la que se incluye la del Ministerio Fiscal, más que con la real evolución
de la delincuencia.
Esto lo dice el propio informe. Más adelante el informe dice que las cifras presentadas son aproximadas, puesto que como la propia memoria también comenta, la existencia de duplicidades en cuanto a la tramitación de denuncias penales es un
hecho notorio y conocido. Señorías, nos parece imperdonable, aún más desde un Gobierno de izquierdas, que esta memoria no recoja en ningún momento la fuente de información que ofrece unos datos más exactos sobre la actividad delincuencial de los
menores de edad. ¿Qué fuente es esta? La de los datos policiales, que, sin duda, es la aproximación más fiel a la realidad. ¿Qué nos dicen realmente los datos policiales? Francamente, señorías, tendrían que hacernos reflexionar mucho, porque son
datos proporcionados por el Ministerio del Interior y van desde el año 1996 hasta el año 2005. En ellos se ve que la evolución del número de menores detenidos entre esos años es escandalosa, señorías, y quiero que quede constancia de ello. Este
informe dice que en el año 1996 hubo 21.949 menores detenidos. Siguiendo con el resto de años vemos que en 1999 había 25.856; en el año 2000, 27.117; en el año 2001 empieza a bajar a 26.000 y ha ido bajando todos los años hasta llegar en el año
2005 a 22.573 menores detenidos; es decir, que la evolución desde el año 1996 hasta el año 2005 es que ha ido bajando permanentemente el número de menores detenidos y, sin embargo, el Gobierno progresista de este país nos dice que tiene que hacer
una reforma legislativa porque hay una situación espantosa de delincuencia o de conflictividad, que se debe reflejar en una ley que, en definitiva, lo que hace es vulnerar los derechos del menor. Por tanto, con estos datos nos parece que queda
demostrado que esta memoria no justifica para nada esta modificación y que los datos policiales -que son los datos del ministerio, por favor- nos dicen que esta modificación no es necesaria.
Si examinamos otras cuestiones, como el análisis de la estructura de la delincuencia, también nos llevamos una sorpresa increíble. ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría de los delitos y faltas que se cometen por menores son contra la
propiedad, evidentemente, exactamente igual que en el caso de los adultos, exactamente lo mismo: el 85 por ciento de delitos de los adultos son infracciones contra la propiedad privada. Los datos revelan otra cosa importante relacionada con los
delitos contra la libertad sexual. Si bien es cierto que han aumentado en los años 2003 y 2004, resulta que en el año 2005 volvieron a descender de manera muy notable, pero han descendido tanto en el año 2005 que se han colocado en los datos de
1999. En estos momentos hay unas cifras inferiores a las de años anteriores, hasta llegar a equiparse con las de 1999, y se está justificando esta reforma precisamente aduciendo que se han incrementado.
¿Puede llamarse a esto un incremento
significativo? Podría seguir dando muchos más datos, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer sería: ¿por qué hay tanta discrepancia entre las fuentes judiciales y las policiales en el movimiento de la delincuencia? También nos preguntamos
si los datos judiciales no nos están dando una visión sesgada e incompleta de la realidad delictiva de los menores de edad.
Por último, la opción de un Gobierno progresista -no pararemos de repetirlo- no debe ser tan solo la de incrementar penas para contentar la presión puntual por hechos lamentables; la obligación de un Gobierno progresista, y más en una ley
como esta, que nació precisamente con este fin, sería la de conocer con exactitud cuál es la realidad delictiva, cuáles son las medidas que se imponen, cuáles son las respuestas de los menores a esas medidas, cuál es la reinserción real de estos
menores, en qué condiciones están los centros de nuestro país -lamentables en todos los sentidos- y cuáles son los recursos que realmente se necesitan para modificar esta situación. Esta es la obligación de un Gobierno progresista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Será la señora Uría quien, en su nombre, defenderá sus enmiendas a este proyecto.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debo comenzar haciendo el reconocimiento de que legislamos mal.
Está previsto en la Constitución -antes ha sido objeto de enormes elogios al hablar de la recuperación de la memoria histórica y de las celebraciones de los fastos
que a este año corresponden- que la edad penal de los menores irá a los 18 años y ello supuso en su día un avance, pero hasta el año 2000, señorías, no tuvimos elaborada una ley penal; una ley -repito e insisto en ello una y otra vez- ceñida a los
principios favorables a la reinserción del menor y a su integración social -el texto de la exposición de motivos todavía recoge estos grandes valores-, pero esta ley nunca estuvo en vigor en sus términos. Fue objeto de muy prontas reformas por las
leyes 7/2000, 9/2000 y 15/2003, en esa enloquecedora carrera de regresión en derechos y garantías y mayor represión, con aumento de los tiempos de internamiento, a la que nos tuvo acostumbrados el Gobierno del Partido Popular, singularmente durante
sus mayorías absolutas. Se eliminó también la esperanza de un sistema distinto de reinserción para los jóvenes en el tramo comprendido entre 18 y 21 años, y respecto de esto ya hago mención a que, por la modificación que ha sufrido el texto del
proyecto, retiraré las enmiendas números 7 y 39 que mi grupo mantenía vivas.
En estas circunstancias llega el proyecto presentado por el Gobierno actual, enganchado en la disposición adicional sexta, porque, se dice, han pasado cinco años desde que la ley está en vigor y hay que ver si lo que esta disposición
adicional prevé, curiosamente solo para el agravamiento -hay que ver si es necesaria más dureza-, tiene que ponerse en práctica. Desde nuestra perspectiva, no han transcurrido cinco años con los medios a disposición ni han transcurrido cinco años
con vigencia de la ley tal como era en su versión inicial. Ello nos llevó a presentar una enmienda a la totalidad. No se ha acreditado además, creemos, en modo alguno la necesidad de mayor represión en esta materia; a pesar de que consideramos
que es populista la petición de mayores penas, puesto que reconocemos que sí ha habido casos especialmente crueles que causan lógica conmoción social, no debe ser el norte del legislador al referirse a una materia como la de menores. Nunca
entendimos el proyecto de un Gobierno socialista, defensor hasta ese momento de ciertos valores en esta materia, y me parece justo citar a la diputada señora Del Campo, que fue ponente del proyecto de la ley que debió entrar en vigor, la Ley 5/2000.
Defendimos la enmienda a la totalidad, creemos, con suficiencia de argumentos, pero no la sometimos a votación ante la disposición que se nos había manifestado por el propio Gobierno y por el Grupo Socialista de modular el texto en aquello que fuera
posible, y así ha sido en parte. La presencia letrada constante o el mayor protagonismo que se concede a las entidades públicas de tutela fueron ya objeto de reconocimiento al intervenir en el momento de aprobarse el texto en Comisión. Otras
enmiendas más técnicas fueron objeto de aprobación, como las relativas a qué pasa cuando hay acumulación de expedientes, quién ha de ejecutarlos o a evitar la aplicación retroactiva de la ley en determinados casos, y singularmente importante nos
parece la posibilidad de aplicación del tramo de 18 a 21 años, al que me he referido con anterioridad.
También quedan discrepancias muy importantes para mi grupo. El agravamiento de las penas nos parece un grave error que tiene un sesgo populista, en el que van a contar sin duda con el apoyo del grupo mayoritario de la oposición, el Grupo
Popular. Votar que no a la ley por este motivo nos conduciría a la melancolía, puesto que en esta materia, sí, en lo que es mayor represión, van a encontrar ustedes adhesiones.
Sobre la existencia o no de la Audiencia Nacional, conocido es que mi
grupo ha sostenido numerosas veces que era un grave quebranto del principio de proximidad y control de las medidas, que en materia de menores es más exigible que en materia de delincuencia adulta, y nos hemos opuesto constantemente a su existencia,
pero, señorías, si votáramos que no al texto del proyecto, no desaparecían los juzgados centrales de la Audiencia Nacional para menores, sino que volveríamos a la situación vigente, con lo cual el gesto tendría mucho de testimonial, pero quizá poco
de real, puesto que la no votación favorable de este proyecto de ley no va a hacer que los juzgados centrales desaparezcan. Es además más nominal que real lo que pedimos, puesto que ha sido casi nula su incidencia en el enjuiciamiento de conductas
de este estilo -muy pocos son los casos, se ha hecho referencia a ello durante la tramitación de la norma-, y además el cumplimiento de las medidas -señorías, es justo reconocerlo- se ha hecho casi siempre en el lugar de residencia. Les creo -puedo
hacer incluso un acto de fe y fíjense que he hecho muchos a favor de este Gobierno sin que casi ninguno se me haya cumplido hasta ahora- incluso cuando nos dicen que es posible que en un futuro cercano desaparezca no la Audiencia Nacional -por
supuesto, a tanto no aspiro; tan ilusa no soy-, pero quizá sí estos juzgados centrales dedicados al enjuiciamiento de los menores.
Mantenemos todavía discrepancias con el texto en lo que hace referencia a la acusación particular, que por lo visto son irreconciliables, y es aspecto irrenunciable para ustedes y también, lo reconozco, para otras formaciones políticas, con
lo que votar no por este motivo también nos conduciría a que sin nosotros iba a ser objeto de aprobación la norma.
Pensamos que esto solo debe existir en delitos de extrema gravedad con cumplimiento estricto además de las directrices del estatuto
de la víctima en el proceso penal aprobado por decisión del Consejo de Europa el 15 de marzo del año 2001 y que no tiene traslación todavía -ignoramos por qué, han transcurrido cinco años- al derecho español. Lo intentaremos en el Senado,
volveremos no a pedir que desaparezca de manera radical, sino a que se haga una regulación más acorde con las pretensiones que hemos establecido.
Señorías, cuando desde el grupo mayoritario y desde el propio Gobierno se nos solicitaba qué le parecería a
nuestro grupo motivo suficiente para poder enderezar su postura -que inicialmente fue de presentación de enmienda a la totalidad y de abstención en el paso del proyecto por la Comisión- para poder votar favorablemente, hicimos especial
hincapié en el contenido del artículo 28. ¿Por qué, me dirán ustedes, precisamente el artículo 28? Porque es el relativo a las reglas generales de las medidas cautelares, medidas, señorías, que se adoptan, como todos ustedes bien saben, cuando
todavía no se ha producido el juicio de la persona concreta con todas las garantías. Se adoptan para mantener la situación y poder llegar a que la sentencia sea realmente efectiva, pero son prejuzgar. Una medida cautelar siempre supone un
prejuicio, puesto que todavía no ha tenido lugar un procedimiento con todas las garantías, y en el caso de un procedimiento penal -lo indiqué en Comisión y es así de cierto- no solamente está en juego la presunción de inocencia y el derecho a un
proceso con todas las garantías, sino que también está en juego el derecho a la libertad. Esto nos tiene que llevar a ser especialmente cuidadosos a la hora de establecer medidas cautelares penales, y más si estamos hablando de personas que no solo
son presuntamente inocentes, sino que además son menores. Por eso a nosotros nos parecía más adecuado que las medidas cautelares puedan adoptarse cuando lo solicite el ministerio fiscal y eliminábamos a quien haya ejercido la acción penal, aunque
nos tranquiliza que en el texto de la norma no se diga que obligatoriamente deberán adoptarse cuando se soliciten, sino que el juez podrá. Como digo, esto nos tranquiliza. En el segundo apartado, referido no a medidas cautelares en general, sino a
la medida cautelar más grave que puede acordarse, que es la del internamiento, nos parecía que lo interesante no es limpiar la calle, como parece deducirse de las posturas sostenidas por algunas formaciones políticas, sino que la privación de
libertad había de acordarse en aquellos casos de reiteración delictiva que tengan el carácter de especialmente grave. Es necesario separar los ámbitos propios de la protección de los menores con los de la reforma. En los casos de reiteración
delictiva de índole menor son los órganos de protección los que deben entrar en juego -son políticas sociales y no penales las que deben actuar- y no la mera privación de libertad. Se nos ofrecía a este respecto una transacción por parte del Grupo
Socialista, que agradecemos enormemente, pero desde ahora sabemos que no va a poder realizarse su tramitación porque ello requeriría unanimidad y uno de los grupos de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, se opone a dicha tramitación.
Señorías, estamos perdiendo -y hago hincapié en ello- hasta las buenas maneras parlamentarias. Antes, para aceptar una transacción en Pleno no se requería la conformidad con sus contenidos, sino que simplemente se tenía el buen uso o las buenas
maneras de posibilitar que se tramitase y pudiese ser objeto de votación. Nunca la firma dada a una posibilidad de transacción ha significado voto favorable a la misma sino otras cosas.
Estamos en tiempos en que la pelea existente entre dos
formaciones políticas, la que sostiene al Gobierno y la del Partido Popular, introduce algunos elementos extraños en la tramitación de las normas y enlazo con lo que he comenzado diciendo, realizamos mal las leyes porque no estamos buscando el
contenido sensato, sino simplemente: me lo pide el Partido Socialista, me lo pide el Partido Nacionalista Vasco, voy a decir que no, que ni siquiera se tramite.
Nos parece singularmente grave -y en este sentido sabemos que hay más formaciones políticas en la Cámara que están de acuerdo con el texto del proyecto- que pueda prorrogarse el internamiento de tres a seis meses, como ahora se prevé.
Estamos hablando de un problema casi de intendencia, de gestión, señor ministro. Si hay pocos juzgados de Menores y son muy lentos en las tramitaciones, dense medios económicos para que haya más, pero nunca la privación de libertad de un todavía
presunto inocente debe traducirse en la existencia de una medida tan grave como es la prórroga del internamiento. Sabemos que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha pedido reiteradamente esta prórroga, sabemos también que gusta al Grupo Popular,
pero a nosotros nos parece un exceso. De la misma manera, nos gustaría que se introdujese el inciso, el apartado 5º de nuestra enmienda, en este artículo 28 para desterrar lo que es práctica habitual en los juzgados de Menores, los cuales solo
abonan como tiempo cumplido las medidas de internamiento, no así las medidas de libertad vigilada.
Los menores deben ser tratados igual que los mayores y lo que hayan cumplido como preventivo, sea en libertad o privados de ella, debe ser objeto de
cómputo cuando se trate del cómputo total de las medidas que definitivamente se les impongan una vez transcurrido el proceso.
Hay otras cuestiones, señorías, que no tengo tiempo de manifestar, pero que son objeto de mantenimiento de enmiendas por nuestra parte. Debo referirme a lo que como disposición final primera se ha tramitado tanto en el proyecto de ley como
en el dictamen de Comisión que hoy viene a este Pleno, que hace referencia a las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal necesarias para que haya una protección adecuada de los menores cuando son testigos en el procedimiento penal.
Señorías, a nosotros nos parece bien el texto que se defendía, no tanto el que se aportaba con enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que ahora quiere hacerse desaparecer mediante un voto particular del Grupo Socialista, sino el que como
texto transaccional ha quedado acordado entre distintas formaciones políticas de la Cámara, que deseamos pueda ser objeto de votación, en este caso dándole nuestro voto favorable y manifestando una cierta envidia. No entendemos por qué sí es
posible dar el voto favorable para que una transacción se tramite y no se puede dar esa firma para que se tramiten las que son a propuesta de otros grupos.
Nos parece importante que desaparezca la previsión inicial del proyecto del Gobierno, que
solo se protegiese a los menores respecto de su testimonio en determinados delitos y solo si eran víctimas. Un menor puede ser siempre testigo y debe merecer igual tratamiento, igual
consideración durante la tramitación del proceso. Queremos reiterar una y otra vez -en eso hemos sido muy escrupulosos- que para nosotros es fundamental que se respete la intervención judicial, comoquiera que esta se efectúe, con mampara,
vestido de otra forma para que no impresione, pero intervención judicial y la posibilidad de contradicción debe haber, porque de otro modo sería ir en contra de la presunción de inocencia que le corresponde a todo acusado de un delito, aunque la
acusación principal sea ejercida o radique en una persona menor.
Señorías, concluyo manifestando el sentido de nuestro voto. Con un cierto sabor agridulce, puesto que el proyecto de ley ha mejorado notablemente durante su tramitación, vamos a votar favorablemente el texto del dictamen, excepción hecha
del artículo 28, en el que se establecen las medidas cautelares, en relación con las cuales consideramos que hay importantes defectos. Quizá hubiésemos podido votarlo de aceptarse el texto que desde el Gobierno se nos proponía. Ello, no obstante,
no nos va a llevar a dar un voto negativo a la condición de ley orgánica del texto de la norma, puesto que una vez más hacemos acto de fe, entendiendo que quizás en el trámite en el Senado puedan cumplir la palabra que nos ha sido dada por parte del
grupo mayoritario y se introduzcan algunas de las consideraciones que nosotros hacemos, no sin reiterar y hacer un llamamiento a que las circunstancias de excepción, que fueron introducidas con posterioridad a la tramitación del tronco inicial de la
Ley 5/2000, puedan ser objeto de especial reconsideración y en un tiempo no muy lejano veamos que desaparecen estos juzgados centrales referidos a los menores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Cerdà para defender sus enmiendas.
El señor CERDÀ ARGENT: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya dijimos en el debate de las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto de ley, la Ley del Menor vigente es de hecho una buena ley. Es una buena ley que llevó muchos años de trabajo parlamentario, una ley
que a nuestro criterio ha estado sometida a demasiadas reformas en demasiado poco tiempo. Desde Esquerra Republicana ya nos opusimos a las diferentes reformas, como la Ley 7/2000, que desfiguró, desde nuestro punto de vista, el primer modelo de Ley
del Menor. Ahora volvemos a manifestar nuestra oposición a muchos aspectos de una reforma que, lamentablemente, no se ha aprovechado para revisar cuestiones tan punzantes como la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional ni para revisar las
penas para los menores acusados de terrorismo, tal y como recomendaba el Comité de los Derechos del Niño en el año 2002. Esquerra, por otra parte, no presentó ninguna enmienda a la totalidad, aunque es cierto que compartimos, y así lo hicimos
saber, los argumentos que expusieron los cuatro grupos parlamentarios que las presentaban. Considerábamos que podían rehacer los agravios incorporados en la anterior legislatura y tememos que parcialmente ha sido así. No nos engañemos. La
propuesta del Gobierno no manifestaba ninguna intención resocializadora, al contrario, la misma exposición de motivos deja bien claro el objeto de la reforma: una presión social fuerte; una presión social mayoritariamente de los medios de
comunicación que, a partir de un desgraciado y condenable caso, exigía un endurecimiento de las penas.
Efectivamente, el Gobierno Socialista con esta reforma de la Ley del Menor continúa la tendencia, aunque bien es cierto que atenuada, del
anterior Gobierno del Partido Popular. Es más, tampoco está dispuesto a rectificar ni a seguir estrictamente las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño.
Dicho esto, es cierto que son muchas las enmiendas que se han transaccionado e incorporado al dictamen de la Ley del Menor, que se agrupan principalmente en tres temas. Esquerra ha incorporado tres temas que valoramos positivamente. Se ha
incorporado al dictamen una fórmula que no coincide en la forma pero sí en el contenido de la propuesta de Esquerra relativa a la necesaria financiación a las comunidades autónomas. La protección y amparo de los menores, así como la justicia
juvenil, dependen de algunas comunidades autónomas. El Gobierno español debe evaluar, conjuntamente y en colaboración con estas, las medidas legislativas en materia de menores; deben consensuarse reformas como la que se pretende con las
comunidades autónomas con competencia en esta materia. Por supuesto, tampoco había una previsión económica, no se había previsto la financiación de los gastos que supone el despliegue y el desarrollo estricto de esta ley. Son los gobiernos de
Cataluña, de Valencia, de Baleares, de todas las comunidades autónomas los que al final asumirán el gasto, el colapso en su caso, que implica el desarrollo de la Ley del Menor. Esquerra presentó una enmienda muy importante en la que se autorizaba
al Gobierno español a adaptar los Presupuestos Generales del Estado a las previsiones contenidas en la Ley del Menor y a hacer las referencias necesarias a las comunidades autónomas. Sin recursos no hay reinserción, sin recursos no hay educación,
sin recursos no hay seguridad pública, sin recursos no hay centros reeducativos de menores ni terapias, sin recursos no se cumple el objetivo principal de esta ley. Se ha transaccionado una enmienda que comparte esta filosofía y este objetivo, pero
se ha enmarcado una vez más dentro del principio de lealtad institucional y de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, conocida como Lofca. Valoramos positivamente que se haya llegado a este acuerdo, porque en principio no
había ni la más mínima aspiración a llegar a un acuerdo de financiación de lo que va a suponer la aplicación estricta de la ley para estas comunidades autónomas que tienen competencia directa en materia de
justicia. Pues bien, en primer lugar, valoramos positivamente la incorporación como mínimo de la necesidad de la lealtad institucional hacia las comunidades autónomas y la revisión de la Lofca para una buena financiación del despliegue en
medios materiales y personales en interés del menor. En segundo lugar, se han incorporado las enmiendas, coincidentes con las de otros grupos parlamentarios, en las que se incrementa la presencia del letrado del menor. El letrado del menor deberá
ser oído en diferentes fases del proceso, sobre todo en aquellas que suponen mayor indefensión para el menor. Por último, también consideramos muy positiva la incorporación de las enmiendas de Esquerra Republicana operada en los artículos 12 y 14
de la ley para otorgar al primer juez sentenciador, en el caso de pluralidad de medidas, la competencia para ejecutar todas las medidas de manera que se garantice la estabilidad en el seguimiento de la evaluación del menor. No obstante, observamos
algunas faltas de congruencia con estos artículos que sería necesario corregir. Así se lo apuntamos en algún momento al grupo mayoritario y no tengo ninguna duda de que en el trámite en el Senado se introducirán estas mejoras de carácter técnico,
no para gloria, sino para la mejora del texto final de la ley.
Tras hacer un balance objetivo entre las valoraciones positivas y negativas, el Grupo Parlamentario de Esquerra votará favorablemente todas las enmiendas de los grupos Mixto, Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió) y
hemos decidido mantener vivas el resto de enmiendas por considerarlas de gran relevancia política. Lamentamos que no se haya aprovechado la reforma para acabar con la jurisdicción especial -así lo hicimos saber- de la Audiencia Nacional en temas
relacionados con el terrorismo. En su día consideramos dudosas las razones esgrimidas para la creación de los juzgados centrales de Menores de la Audiencia Nacional. Se mantienen los juzgados centrales de la Audiencia Nacional bajo el absurdo de
ser únicamente trece los casos de menores condenados en los últimos cinco años, uno de ellos, como es muy conocido en Cataluña, el chaval Eric, por colaboración con el Ejército del Fénix, de Harry Potter. Por otra parte, los jueces y magistrados de
Euskal Herria, por respeto a su profesionalidad, son los que deben ejercer, en el ámbito en el que se ha aplicado con más contundencia esta ley, su competencia, como en el resto de los casos relativos a menores.
Cuestionamos la eficacia del régimen
excepcional de la Audiencia Nacional en todo caso, más si cabe en defensa del interés de los menores que se ven sometidos a un castigo especial y superior, tanto para ellos como para sus familiares, y hacen que mostremos nuestra profunda
preocupación, lo que justifica sobradamente la supresión de los juzgados centrales de Menores de la Audiencia Nacional. Abogamos por la legislación general en materia de menores, por la redacción original de la Ley 5/2000. Quede claro que no
compartimos el mantenimiento de una legislación antiterrorista para el menor dentro de la Ley del Menor, unas medidas especiales vinculadas a la situación de conflicto en el País Vasco, que, como todos, esperamos que tenga un proceso de paz rápido y
seguro; conflicto que pretende resolverse sin tan solo dar un paso, empezando por los menores. Esta es nuestra humilde opinión. Nos lamentamos igualmente del endurecimiento de las medidas de internamiento en régimen cerrado creando una nueva
clasificación de infracciones graves y extremadamente graves. El internamiento debe ser una medida de último recurso. Para nosotros el internamiento únicamente debe imponerse por el tiempo más breve que proceda.
Es una ley que responde a las críticas sociales, o al menos de poderosos grupos mediáticos, para determinados hechos que han sido noticia en la prensa y, por ello, endurecen la acción sobre los menores. De alguna manera se ha legislado a
golpe de titular alejándose bastante de los principios inspiradores en materia de menores. Pero la finalidad de la medida de la jurisdicción de menores no es retributiva, sino que debe de ser efectivamente educativa. Alguien puede sostener que si
con ocho años no cabe educar, ¿resulta posible hacerlo con diez? Esas son algunas de las sombras que para nosotros tiene esta ley. Con estas luces y con estas sombras, este proyecto de ley no es el que nosotros hubiéramos hecho, ni nos satisface
plenamente, pero aun con todo, votaremos favorablemente esta ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Continuamos con el turno del señor Jané, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señor ministro de Justicia, señoras y señores diputados, hoy votamos en el Pleno del Congreso una modificación importante, la modificación de la Ley del Menor tras el dictamen de la Comisión de
Justicia sobre la misma. Adelanto que mi grupo votará a favor del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley del Menor. Es una posición, señor ministro, señorías, coherente con la no presentación inicial por parte de nuestro grupo de
enmienda a la totalidad a esta ley, con la voluntad que manifestamos durante el debate de totalidad de aprovechar la ponencia y la Comisión para mejorar el texto que presentaba el Gobierno, y lo hemos hecho. Hay que decir hoy ante el Pleno de la
Cámara que se ha hecho un trabajo para incrementar el consenso inicial que tenía este proyecto de ley. En el trámite de hoy en el Pleno el Gobierno puede estar satisfecho por el nivel de consenso que obtendrá, porque ha sido capaz de buscar
consensos y acuerdos con el conjunto de grupos parlamentarios. Por tanto, mi grupo va a votar a favor. El portavoz de Esquerra Republicana decía que hay luces y sombras, evidentemente. Nunca un grupo en una situación parlamentaria consigue el
cien por cien de sus enmiendas, el cien por cien de sus objetivos, pero globalmente hoy esta ley es más del Parlamento de lo que lo era cuando se presentó. Por tanto, Convergència i Unió votará
a favor, sabiendo que hay luces y sombras. Señor ministro, hay luces y sombras también en la sociedad y no podemos dar una visión hipócrita -lo afirmó este portavoz en el debate de totalidad y lo repito hoy- sobre la legislación del menor
porque sabemos que existe una demanda social -es cierto que, a veces, a golpe de titular- y, por tanto, hay que buscar algún tipo de modificación que dé respuesta a esa demanda social. El señor ministro y SS.SS. saben que mi grupo hubiese
preferido unos criterios distintos en cuanto a las edades, en cuanto a la aplicación y en cuanto a la duración de las medidas, por eso sigue habiendo enmiendas vivas de Convergència i Unió, pero podemos entender las razones que han llevado al
Gobierno a presentar este proyecto de ley. Por ese motivo no hemos presentado enmienda a la totalidad y votaremos hoy a favor del dictamen de la Comisión de Justicia. Votaremos a favor del dictamen de la Comisión de Justicia por varias razones
objetivas de enmiendas introducidas en este caso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La primera es a la que mi grupo quiere dar un valor de máxima importancia. A través de una enmienda de Convergència i Unió -acepté la
transacción en el trámite de Comisión- se introduce una nueva disposición adicional. Y ahora que está aquí el ministro de Justicia siento que no esté a su lado el ministro de Economía, que estará en el debate posterior de la Ley del impuesto sobre
la renta, porque le va a afectar esta nueva disposición adicional. Esta nueva disposición adicional pide que se dé cumplimiento al principio de lealtad institucional, que está establecido en la Lofca y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera
pase a evaluar las obligaciones de gasto que para las comunidades autónomas puedan derivarse de la aplicación de las disposiciones de la presente ley orgánica. Esto era necesario. Señor ministro, le pedimos desde Convergència i Unió lealtad
institucional con las comunidades autónomas que deben desarrollar la Ley Orgánica del Menor. Esa lealtad institucional se la pediremos también al ministro de Economía cuando se realice esa evaluación del gasto, que evidentemente va a comportar una
financiación para las comunidades autónomas que deben aplicar la Ley Orgánica del Menor. Esa sí que es una grave laguna de la normativa actual. Se legisló y, en cambio, la aplicación de la ley no ha tenido en ocasiones los frutos deseados, porque
los centros dedicados a la reinserción, las políticas que deben realizar las comunidades autónomas en ese ámbito de la reinserción, que debe ser la finalidad fundamental y más cuando tratamos de menores, no se puede llevar a cabo sin recursos
económicos suficientes. Hace falta esa financiación, esa lealtad con las comunidades autónomas. Desde Convergència i Unió pediremos esa lealtad implícita en la disposición adicional nueva única, que hemos introducido a través de una enmienda. Por
tanto, damos un voto de confianza al Gobierno en este proyecto de ley, pero pedimos también que ese voto de confianza se traduzca en una lealtad con las comunidades autónomas que tienen asumidas unas obligaciones y que el legislador estatal, cuando
puede tener efectos sobre las haciendas autónomas, compense a esas comunidades autónomas, como se dice en la Lofca. Aprovecho que están doña Ana Torme y doña María Salom, que son portavoces del Grupo Popular, para pedirles que no obstaculicen con
su firma la transacción que proponía el Grupo Vasco. No lo puedo entender. Puedo entender que no compartan el contenido y voten en contra, pero es una rigidez impedir transacciones como la del Grupo Vasco, que ha podido llegar a la fase de Pleno,
porque al final todos podemos tener hipotecas de futuro. Yo les pediría que la votaran a favor, no que la votaran a favor -pueden discrepar de su contenido-, sino que no impidieran que esa transacción se pueda votar hoy. Si el Grupo Popular quiere
votar en contra, tiene plena legitimidad como grupo, pero no sentemos el precedente de impedir que se tramiten transacciones ante el Pleno, porque al final todos seremos deudores de esa táctica, y no es una táctica que vaya bien para forzar mayorías
parlamentarias en el Pleno, sino que nos resta flexibilidad y empobrece la actividad parlamentaria. En cambio, debo agradecer a todos los grupos parlamentarios y, concretamente, a la diputada de mi grupo, doña Mercè Pigem, la transacción final que
hemos logrado en un tema importante: la modificación del artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Era un tema tan importante que ya provocó una proposición de ley de nuestro grupo, que fue tomada en consideración. Tanto en el Congreso
como en el Senado hemos sido pioneros en ese aspecto de garantía para el menor en los procesos penales. Era una buena enmienda, que se aprobó a pesar de tener el voto en contra del Grupo Socialista. Hoy, el Grupo Socialista pretendía volver al
texto inicial con un voto particular, pero ¿cuál es la mejor solución? Encontrar por consenso, con una transacción, una medida que persiga el objetivo que ya pretendía mi grupo parlamentario cuando presentó la proposición de ley inicialmente. Hoy
nos consideraremos satisfechos si se aprueba esta transacción. El Grupo Popular ha aceptado tramitarla, pero le pedimos que acepte también tramitar la transacción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Hay otras enmiendas importantísimas. Quiero hacer especial mención a una enmienda que algunas comunidades autónomas pueden ver incluso con recelo.
Se trata de que esta ley pueda aplicarse a los mayores de dieciocho años y menores de
veintiuno, siempre que se den las condiciones que la propia ley prevé, es decir, que el imputado hubiera cometido una falta o un delito menos grave al que no pueda ser aplicable medida de internamiento en régimen cerrado. Esto ya estaba en la ley
antes de ser modificada. Si se hubiera aprobado el proyecto de ley tal y como se presentaba, hubiéramos dado un paso atrás. Hoy, con esta enmienda que se ha aprobado de Convergència i Unió, la enmienda número 70, damos otra vez un paso adelante.
Por tanto, bienvenida sea esta enmienda. Pero no nos engañemos, señor ministro, esta enmienda obliga a esa mayor financiación para las comunidades autónomas. Ya que vamos a aplicar la ley en esa franja de dieciocho a veintiún años, demos a las
comunidades autónomas los recursos necesarios. Nosotros nos basamos en la confianza de que sabremos aplicar la ley en sus justos términos y con lealtad a las comunidades autónomas.
Termino ya, señora presidenta, señorías. También se han aceptado enmiendas importantes de Convergència i Unió para garantizar la asistencia letrada al menor en todo caso. Van en la buena línea. Han mejorado el proyecto y creo que hoy
todos nos podemos congratular de ello. Asimismo, se han aceptado enmiendas que dan un mayor protagonismo a las entidades de las comunidades autónomas que deben aplicar esta ley. Por tanto, entiendo que son mejoras no meramente técnicas, sino que
van en la línea que propugnaba Convergència i Unió desde que se presentó este proyecto de ley. Señor ministro, esperamos que la ley tenga una buena aplicación.
Convergència i Unió le da su voto afirmativo y agradece a todos los grupos
parlamentarios el esfuerzo realizado en ponencia y Comisión. Sin embargo, ¿qué espera la sociedad de este Parlamento? La sociedad espera que la Ley Orgánica del Menor dé la respuesta adecuada desde el ordenamiento penal a una preocupación social.
¿Qué deben garantizar el legislador y los que tienen el contacto más directo con el derecho constitucional? Que el objetivo sea la reinserción, y más cuando hablamos de menores. No olvidemos ese norte, ese faro final que no debe ser únicamente la
sanción, sino la recuperación de la persona, la búsqueda de su reinserción. Ese debe ser el norte que guíe al final la aplicación de esta ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Será la señora Matador la que, en su nombre, tomará la palabra para defender sus enmiendas a este proyecto de ley. Adelante.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando las cosas empiezan mal y se hacen mal desde el primer momento luego no pueden salir bien. Lo que no puede ser es venir a este Parlamento teniendo ya decidido si va a votar sí o va a votar no en función de unos apoyos
políticos determinados y querer culpar de todo al Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular ha sido coherente desde el principio hasta el final. Cuando digo que las cosas se han hecho mal y se ha empezado mal es que al final se
va a aprobar una ley mala porque las cosas, como digo, empezaron mal desde el primer momento.
Hoy es el último debate en esta Cámara antes de su envío al Senado y esta importante reforma no va a solucionar todas esas disfunciones, que se han puesto de manifiesto aquí de forma sobrada, de la Ley 5/2000. La necesidad de reformar esta
ley ya se puso de manifiesto en la legislatura pasada -en la que gobernó el Partido Popular- y ahí sí hubo consenso y acuerdo de verdad. Había un mandato legal recogido en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de junio, por
el que se añadía esa disposición adicional sexta a la Ley 5/2000. Ahí se señalaba que una vez evaluada la aplicación de la ley, oído el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio fiscal, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios,
el Gobierno procedería a impulsar medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos especialmente graves cometidos por menores. ¿Por qué digo que hemos empezado mal? Este proyecto se presentó antes de hacer una
evaluación de la ley, por lo menos que tuviéramos conocimiento los diputados; posteriormente, y ya avanzada la tramitación, se nos ha hecho llegar una especie de memoria o resumen elaborado por el Ministerio de Justicia que nos entregó el
presidente de la Comisión a todos los ponentes de la misma, información que, sinceramente, tengo que decirle que hubiera sido más efectiva antes de haber presentado este proyecto de ley a la Cámara.
Me consta también que con los demás grupos
parlamentarios no se había negociado previamente ni se había sentado el Gobierno y, prueba de ello, fue que se presentaron cuatro enmiendas de totalidad que después se han retirado. Nosotros no presentamos enmiendas de totalidad precisamente por
ese mandato legal, por ese compromiso que habíamos adquirido en la legislatura pasada de que era necesaria la reforma de esta ley.
Esperábamos un diálogo de otra manera. Las comunidades autónomas -protagonistas indispensables en la aplicación de
esta ley- tampoco fueron consultadas ni escuchadas en el primer momento de la elaboración de este texto. Posteriormente sí se ha hablado con ellas pero no cuando había que haberlo hecho. Una vez más lo que motivó al Gobierno, dada la alarma social
que había, fue la propaganda debida a que después de llevar dos años gobernando y después de tener este mandato legal, se trae un texto que, a juicio de todos los grupos, era mejorable, unos a través de enmiendas de totalidad y otros a través de
enmiendas parciales al articulado. Esperábamos que se pudieran corregir todas esas disfunciones que se han puesto de manifiesto a lo largo de toda la tramitación. Ahora llega el momento de votar el dictamen de la Comisión en el Pleno y se está
viendo que grupos que presentaron enmiendas de totalidad, aunque se están aprobando artículos que no tienen nada que ver con lo que ellos pedían, van a votar a favor o en contra. En eso no me voy a meter. Lo que no quiero es que se impute al Grupo
Parlamentario Popular la causa de que unos se vean obligados a votar una cosa o a votar otra. Nosotros hemos aceptado la enmienda transaccional de Convergència i Unió al voto particular del Grupo Parlamentario Socialista porque si no, no saldría el
texto que se aprobó en el dictamen de la Comisión. El texto quedaría como estaba antes porque, repito, varios grupos parlamentarios votarían a favor de ese voto particular. Eso es lo que nos ha motivado a que, excepcionalmente, aceptáramos esa
enmienda transaccional a ese voto particular porque consideramos que es mejor, responde mucho mejor a lo que pedíamos en nuestra enmienda y a lo que se aprobó en el dictamen de la Comisión. Lo que pasa es que, aunque el Grupo Parlamentario
Socialista dice que tanto ha negociado y hablado, esto se podría haber solucionado tanto en el trámite de ponencia como en el trámite de Comisión porque prácticamente la totalidad de los grupos estábamos de acuerdo.
Quiero decirle también a la portavoz del PNV que no nos acuse de buenas o malas formas parlamentarias porque creo que hemos sido coherentes en todo momento. Si le hemos obligado a votar una cosa o a votar otra en un determinado momento, eso
no nos compete.
Nuestras enmiendas, que no se han incorporado al dictamen y son las que hoy voy a seguir defendiendo aquí, sinceramente respondían muchísimo mejor a ese compromiso inicial de reforzar el derecho de las víctimas, de ofrecer una respuesta más
efectiva en todos esos casos de delincuencia violenta y frente a todos esos delitos graves que despiertan ese rechazo social a la vista de la importancia de los bienes y valores que resultan conculcados como es la seguridad, y siempre, como ha dicho
esta portavoz, manteniendo en todo momento y respetando los principios que impidan la justicia juvenil desde esa óptica del interés superior del menor.
Una cuestión sobre la que mi grupo no presentó enmienda -ahí sí estábamos de acuerdo, en principio, con lo que el Gobierno trajo- fue la relativa a la derogación definitiva de la disposición referida a la aplicación de la ley a los jóvenes
entre 18 y 21 años. Vemos que se ha incorporado al dictamen, porque se aprobó en la pasada sesión de la Comisión, al aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios, que se pueda aplicar la ley a los menores en este tramo de edad. Todo esto,
señorías, se debe otra vez a ese complejo progresista que le ha entrado al grupo de la mayoría para sacar la ley adelante, y como veían que podía peligrar el texto se han visto forzados a aprobar esas enmiendas, a sabiendas y contradiciendo lo que
se nos dice en ese informe que, como he dicho anteriormente, nos presentó el Ministerio de Justicia una vez iniciados todos los trabajos de la ponencia y de la Comisión. Ahí se decía que era desaconsejable aumentar la presión sobre las comunidades
autónomas con un incremento de asuntos, a los que difícilmente podrían hacer frente con los recursos vigentes. Por otra parte, decía el ministerio, uno de los fallos detectados en esta ley es la creencia ampliamente extendida en la ciudadanía de
que se trata de una ley muy lenitiva; nada contribuiría a reforzar más el rechazo a la misma que la constatación de que a un joven mayor de edad se le aplique una medida de escasa entidad o se le interne en un centro junto a menores de 14 ó 15
años. Eso lo decía el ministerio y también el informe del ministerio fiscal.
Aquí también ha habido un debate con las cifras, de si ha aumentado o no la delincuencia. Quiero creer -ya lo dije en la Comisión- que somos serios. Se han utilizado datos presentados por la minoría del Consejo General del Poder Judicial.
Quiero creer en los datos que nos presentó el ministro el día que intervino en la presentación del proyecto, en los datos que se nos han entregado en esa documentación en un momento posterior, y no hay duda de que la delincuencia de los menores de
edad ha aumentado en los delitos contra la vida, contra la salud pública, de lesiones y de robo con violencia e intimidación. Todos esos datos están ahí y eso ha generado una alarma social que es innegable, y de ahí -vuelvo a decírselo a grupos que
siguen negando que no ha aumentado la delincuencia juvenil- el compromiso que ya se adquirió en la legislatura pasada y ese mandato legal que ya obligaba a modificar esta ley.
Vamos a seguir manteniendo enmiendas como la número 173, de la que ciertos grupos parlamentarios han dicho que era una barbaridad. Señorías, no consideramos que sea una barbaridad porque no solo el informe del Consejo Fiscal lo dice sino
también más fiscales, incluso el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid: No adoptar una medida concreta con los menores de 14 años, pero sí hay que adoptar una solución o dar una respuesta a este tipo de delincuencia cada vez mayor, a todas
esas conductas de los menores de 14 años que en estos momentos quedan impunes, sobre todo conductas especialmente graves, y todo, como dije en su día, dentro del principio de oportunidad, como así lo recalcaba el informe del ministerio fiscal. Por
tanto, no lo dice el Grupo Parlamentario Popular solamente.
Nosotros nos hemos limitado a manifestar lo recogido en el informe del ministerio fiscal, que al fin y al cabo es el que está destinado a aplicar esta ley.
Vamos a mantener nuestra enmienda 158, relativa a las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, así como la enmienda relativa a la duración de las medidas, que garantiza mucho mejor los fines que se perseguían con esta ley
elevando a 3 años el tiempo máximo de duración de las medidas en general. Quiero, porque el tiempo se me acaba, pararme en una enmienda que para nosotros -lo dijimos en un primer momento- es básica y crucial, la financiación. En el dictamen de la
Comisión se aprobó una enmienda transaccional por todos los grupos y sabemos que ese es el texto que ha salido. No se aprobó la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y con esa enmienda no se da solución al problema que se plantea. Quiero que el
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el grupo que apoya al Gobierno, sea coherente con lo que decía cuando estaba en la oposición, cuando era portavoz el hoy ministro de Justicia. Señor ministro de Justicia, usted lo decía, son leyes que
nacen muertas, que nacen heridas de muerte y en este caso esta ley, la Ley Penal del Menor, es una ley que va a nacer muerta. Todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista me han dicho en todas las intervenciones que he realizado que
nosotros aprobamos una ley sin financiación. Quiero recordarle que, cuando se aprobó la ley por parte del Gobierno Popular, la ley del Grupo Socialista había sido declarada inconstitucional. Se hicieron esfuerzos tanto por parte del ministerio
como por parte de las comunidades autónomas y hemos reconocido que ha sido una de las causas por las que esta ley no ha funcionado y creemos que es necesaria la financiación.
En cuanto a la enmienda que se ha aprobado, sí se adquiere un compromiso de que se estudiará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, etcétera, pero no hay un compromiso. Y tanto usted, cuando era portavoz de la oposición, se lo
vuelvo a recordar, como el presidente del
Gobierno en su discurso de investidura, dijeron que habría que aprobar las leyes con una financiación, y esta va a ser una de las cuestiones principales por las que vamos a votar no al dictamen de la Comisión, unido a que creemos que todas
las medidas que nosotros incorporamos en nuestras enmiendas garantizaban muchísimo mejor todo lo que se perseguía con la ley. Ya dije al principio que sí vamos a votar favorablemente a esa enmienda transaccional del voto particular porque dentro de
ella se recoge lo que pedíamos nosotros a través de nuestra enmienda. Creíamos que es mucho más amplio, también la enmienda que salió en la Comisión del Grupo de Convergència i Unió, y el hecho de que hayamos aceptado que se tramite hoy de forma
excepcional en este debate en Pleno ha sido porque si no hubiera quedado el texto que pretendía el Gobierno en un primer momento.
Por todo ello, señorías, vuelvo a reiterar nuestro voto en contra del dictamen y esperemos que en el Senado, aunque dudamos después de cómo está transcurriendo toda la tramitación de la ley en el Congreso, pueda mejorarse la ley para
alcanzar todos esos fines y todos esos objetivos que en un principio, todos compartíamos en la legislatura pasada, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular de modificar esta Ley penal de
menores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Matador.
El último grupo con enmiendas presentadas es el Grupo Socialista y será la señora Polonio quien tome la palabra en su nombre.
La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, una reforma que obedece a diversas razones. Por un lado, la previsión contenida en la ley vigente de impulsar una reforma para sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por menores y que revisten especial
gravedad. Por otro lado, quiero recordar que la reforma también responde al compromiso que el Partido Socialista plasmó en su programa electoral. Aunque el balance de la ley tras cinco años de vigencia es positivo, en su aplicación se han
producido algunas disfunciones que era conveniente corregir. Así, es necesario potenciar la protección de la víctima, dar respuesta a nuevos fenómenos de delincuencia juvenil como la integración de menores en bandas y grupos organizados para
delinquir, dar igualmente una más ponderada respuesta en los casos de delincuencia violenta y frente a todo delito grave y, por último, habría que introducir algunas mejoras técnicas.
Señorías, como puso de manifiesto el ministro de Justicia en el debate a la totalidad y también detalló adecuadamente mi compañera en la ponencia, la diputada Pilar López en la Comisión, la reforma apuesta por la reeducación y la
resocialización como inspiración de todas las medidas que puede imponer el derecho penal y, por ello, respalda plenamente la línea general que orienta la justicia penal de menores en nuestro país, es decir, una naturaleza formalmente penal, pero
materialmente sancionadora educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los menores, un reconocimiento expreso de todas las garantías derivadas del respeto a los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del
menor.
La naturaleza penal de esta jurisdicción no impide reconocer la especialidad que necesariamente debe acompañar a este procedimiento. A diferencia del proceso penal de los adultos, el principio de oportunidad tiene un amplio protagonismo en
este ámbito, la orientación de las medidas es esencialmente educadora. Existe una gran flexibilidad en lo que es la elección, sustitución o suspensión de las medidas impuestas al menor infractor que junto, como novedad, a la ampliación de las
medidas a disposición del juez en el caso de las faltas y el catálogo diverso de las medidas de distinta naturaleza, entre las que quiero destacar como novedad la inclusión de las medidas de alejamiento en comunicación, permiten una respuesta
individualizada y adecuada frente a la mayoría de los menores que delinquen sin tener que recurrir a la privación de libertad. Asimismo, el ministerio fiscal y el juez cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para valorar adecuadamente la
intervención penal sobre el menor.
Señorías, el sistema penal de los menores no es homologable al de los adultos, pero es aconsejable, incluso desde la perspectiva de la eficacia educadora, que en la determinación de la respuesta penal frente al infractor esté presente el
criterio de proporcionalidad en relación a la gravedad del hecho cometido. En este sentido, dichos criterios están ya implícitos en diversas disposiciones de la ley, y precisamente son los que avalan la reforma propuesta para ofrecer al juez la
posibilidad de extender el internamiento de los menores más allá de los límites actuales en ciertos delitos. Nuevamente, señorías, prevalece el interés superior del menor, porque el sistema sigue dejando en manos del juez la valoración y
ponderación de ambos principios de modo flexible y en favor de la óptima individualización de la respuesta. En esta línea, cabe apuntar que el proyecto sigue confiando en el criterio judicial para imponer o no un tiempo más prolongado de
internamiento en los casos de delitos muy graves. No se ha estimado oportuno establecer en la ley un incremento global del tiempo de duración de la medida de internamiento cerrado, ni aun en los casos de delitos más graves o violentos, que resulte
de imperativa aplicación por parte del juez de menores. Lo que se ha hecho es ofrecer una ampliación del marco temporal de las medidas en ciertos delitos para permitir al juez que module la intensidad de la respuesta conforme a las circunstancias
del caso concreto. En definitiva, se ha ampliado la horquilla penal para reforzar la individualización
de la respuesta judicial en cada caso. Con ello se responde más adecuadamente al necesario balance entre el criterio de proporcionalidad de la respuesta con relación a la gravedad del hecho cometido, el interés superior del menor y el valor
de la seguridad.
Por lo que se refiere a la atención de la víctima en su dimensión de víctima directa del delito, pese a que ya se había dado entrada a la acusación particular en el proceso con la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, esta reforma
realiza una revisión de la norma y ha incluido donde resulta pertinente la necesaria referencia al acusador particular. Esto significa, por un lado, que no se deja el proceso en manos del acusador particular, pero, por otro, introduce la
posibilidad de que los perjudicados sean convenientemente informados, aunque no se hayan personado. Por otra parte, señorías, con la reforma, la responsabilidad civil se va a tramitar y resolver simultáneamente con el proceso principal y con efecto
de cosa juzgada, lo que supone, por un lado, un refuerzo de la seguridad jurídica para el responsable civil y, sobre todo, la garantía de que se van a satisfacer las pretensiones indemnizatorias de la víctima sin que tenga que abrirse un nuevo
procedimiento civil.
Respecto a la protección del menor que ha sido víctima de delitos, cuando preste declaración como testigo en el procedimiento penal, nuestro grupo presentó un voto particular a la disposición final primera, porque entendíamos que de la
redacción surgida del dictamen de la Comisión se planteaban problemas, incluso técnicos. En este momento, tenemos que decir que se ha aceptado una transaccional que resuelve estos problemas y que recoge la voluntad de todos los grupos en orden a
resolver estos problemas y a dar una regulación adecuada a este tema que preocupaba a todos los grupos, con lo cual anunciamos que vamos a retirar nuestro voto particular y que votaremos a favor de esa transaccional. En este mismo sentido y en este
mismo tema, queremos formular una corrección técnica, en concreto, al último párrafo del preámbulo, en relación con los artículos 448 y 707, donde se sustituiría la expresión: 'se añade un nuevo párrafo', por la siguiente expresión, 'se sustituye
el último párrafo'.
No quiero terminar mi intervención sin hacer mención a las mejoras introducidas en el proyecto de ley en esta fase de su tramitación. Unas mejoras que han sido fruto, por una parte, de las aportaciones realizadas por los diferentes grupos
mediante sus enmiendas y, por otra, del clima de entendimiento que en determinados temas han propiciado un acercamiento de las posturas de todos los grupos, incluido el Partido Popular, al que se le han aceptado diversas enmiendas, bien literalmente
o bien mediante transacciones, y cuyo voto en contra de este proyecto nos causa cierta perplejidad.
Señoría, portavoz del Partido Popular, le quiero decir que no se puede subir a la tribuna a decir cosas que no son ciertas. El Ministerio ha negociado con todos los grupos este tema en una reunión de trabajo mantenida en Canarias y
especialmente con el portavoz de su grupo. Otra cosa es que usted no lo sepa porque su portavoz no le haya informado convenientemente de esta reunión y de esta negociación. La postura del Partido Popular, repito, nos causa perplejidad porque su
postura en contra de este proyecto demuestra que nunca creyeron en esta ley porque era demasiado avanzada y ello se evidencia en el número de veces que la reformaron. Sus enmiendas a este proyecto daban un gran salto hacia una mayor represión y por
eso no han encontrado el apoyo del resto de los grupos. No encontramos otra explicación a su voto en contra de esta reforma, salvo su oposición sistemática a toda iniciativa que venga de este Gobierno socialista, y también en este proyecto en
concreto, máxime cuando se trata de una reforma que pretende mejorar técnicamente la ley del año 2000, ley que se aprobó durante el Gobierno del Partido Popular, y adaptarla a la realidad actual de la delincuencia juvenil.
Como decía al principio, de la incorporación de las aportaciones de los grupos se han derivado los siguientes aspectos que quiero destacar. La Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor previó la posibilidad de aplicar en
ciertos casos sus disposiciones a la franja de jóvenes infractores comprendidos entre los 18 y 21 años. Esta previsión, como saben, estaba suspendida. Aunque la reforma presentada por el Gobierno en esta Cámara pretendía suprimir definitivamente
esta posibilidad de aplicar la ley a los jóvenes comprendidos entre 18 y 21 años, finalmente, atendiendo a la voluntad de todos los grupos, y especialmente a las enmiendas presentada por Convergència i Unió, PNV, Esquerra Republicana e Izquierda
Unida relativas a que esta previsión pretendida en sus enmiendas se mantuviera en la ley, se ha vuelto al consenso del año 2000, con la precisión de que la aplicación de la ley en este tramo de edad será algo más prudente que la previsión contenida
en la Ley 5/2000, con el fin de no sobrecargar los costes de las comunidades autónomas encargadas de la ejecución de estas medidas
Quiero enlazar este tema con el de la financiación, porque la Ley Orgánica 5/2000 nació con una total carencia de recursos, al no venir acompañada de las correspondientes dotaciones presupuestarias que su implantación exigía,
fundamentalmente a cargo de las comunidades autónomas, y quiero recordárselo especialmente a la portavoz del Partido Popular. Frente a ello, este Gobierno, el Gobierno socialista, por un lado, está incrementando con el correspondiente soporte
presupuestario la planta judicial que debe atender desarrollos futuros de especialización en diferentes órdenes jurisdiccionales y, por otro lado, ha atendido la demanda del resto de los grupos mediante la presentación de una enmienda transaccional
por la que se introducía una disposición adicional nueva.
Es curioso que el Partido Popular, que en la anterior ley, su ley, olvidó, como en casi todas las que se aprobaron durante su Gobierno, la necesaria memoria económica, no acepte esta
transaccional, le ponga pegas, la critique y se abstenga en la Comisión. Esto nos causa mucha perplejidad,
señorías. Somos conscientes de que el asunto de la financiación debe ser canalizado a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera para encontrar el equilibrio entre el gasto del Estado y el de las comunidades autónomas y conseguir
los objetivos propuestos en la ley.
Voy terminando, señorías. Con respecto a la duración de las medidas cautelares, que la ley fija actualmente en tres meses prorrogables por otros tres, la misma resulta a veces insuficiente y, por ello, la reforma prevé como periodo inicial
ordinario el de seis meses prorrogables excepcionalmente por otros tres. Por ello no hemos aceptado la enmienda al artículo 28, que pretende modificar ese periodo, pero sí, como ya se ha comentado anteriormente por la portavoz del PNV, hemos
presentado una enmienda transaccional a la enmienda 23 del PNV con la pretensión de no recurrir sistemáticamente a la medida cautelar de internamiento, especialmente en los casos en que el menor hubiere cometido con anterioridad hechos menos graves.
Nos vuelve a causar perplejidad la actuación del Partido Popular, y así lo han comentado también otros portavoces. Esperamos que recapacite de aquí a la votación y no se oponga a que se tramite esta transaccional, como se ha hecho con la enmienda
transaccional referente a nuestro voto particular y a la disposición final primera, porque está fuera de toda lógica y hay que dar una oportunidad a este acuerdo entre los grupos. Igualmente hace referencia a que, gracias a las enmiendas de
diferentes grupos, se ha introducido en el proyecto una mayor presencia de letrado con la inclusión de la audiencia previa de este en diferentes momentos del proceso.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señora Polonio, debe terminar, por favor.
La señora POLONIO CONTRERAS: Voy terminando, señora presidenta.
Otra de las aportaciones más relevantes deviene de la aceptación de enmiendas de Ezquerra Republicana y de Izquierda Unida relativas a la necesidad de que la ejecución de las medidas, en el caso de que se impongan sucesivamente, se lleve a
cabo por un mismo órgano judicial, en concreto, el primer juez sentenciador que esté conociendo de una medida, a fin de que se garantice la estabilidad en el seguimiento de la evolución del menor.
En definitiva, señorías, y ya termino, una serie de aportaciones que agradecemos y que han contribuido a mejorar sensiblemente el proyecto de ley que el Gobierno presentó a esta Cámara, un proyecto que, como he dicho al comienzo de mi
intervención, tiene como fundamento mejorar el sistema judicial de menores, manteniendo el principio de que en ningún caso el menor puede recibir peor trato que el adulto y el compromiso del respeto más absoluto a las garantías constitucionales
relativas a los derechos de las personas en este caso más vulnerables, como son los menores, y también a los principios que inspiran el derecho penal de menores.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Polonio.
Defendidas las enmiendas, señorías, acabamos con el turno de fijación de posición del único grupo parlamentario que no las ha presentado, que ha sido el de Coalición Canaria-Nueva Canarias, y tomará la palabra para fijar posición sobre este
proyecto el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Justicia, cuando a lo largo del año 1999 debatimos aquí el entonces proyecto de ley de responsabilidad penal del menor, y después ya la Ley 5/2000, hubo algo con lo que nos encontramos que fue importante definir.
Hasta entonces había habido un binomio -para eso estaba el Código Penal-: el delincuente y la pena correspondiente.
Pero con el menor nos encontramos con la duda de cuál era el interés y el bien jurídico a proteger. Aquí nos encontramos con la
repetición del fenómeno de cuál es el bien jurídico a proteger. El nuevo texto y proyecto, que nosotros vamos a apoyar, viene a armonizar la protección del bien jurídico del menor, sea o no objeto de una sanción o penalización por su conducta en la
infracción correspondiente. Después está el bien jurídico a proteger de las víctimas, el resultado de esta delincuencia de menores. Y, en términos generales, está también el bien jurídico a proteger del orden social, de la paz social, de evitar la
alarma social.
Este proyecto, transcurridos los cinco años de imperativo que señala la Ley 5/2000, de protección penal del menor, viene a poner cosas en su sitio. Yo quiero glosar lo siguiente, porque el voto de Coalición Canaria va a ser de apoyo a lo
que considero un buen proyecto de ley, en este momento muy necesario para ordenar las ideas y no estar en elucubraciones que no conducen nada más que a una desafección de la opinión pública y de la sociedad frente a lo que tiene que ser el papel del
legislador. En primer lugar, se mantiene el interés del bien jurídico del menor, pero al mismo tiempo se dice que es necesaria una respuesta sancionadora proporcional a la gravedad del hecho cometido, lo cual sitúa en el ámbito de la decisión del
juez de menores el armonizar estos dos principios de bienes jurídicos a proteger. Las disfunciones, como se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley, algunas son bastante graves y ha habido que corregirlas. En primer lugar, por
ejemplo, la cuestión relativa al segundo tramo de edad, de los 18 a los 21 años. Esto afortunadamente se salva con este nuevo proyecto. No podíamos decirle a la sociedad española que el joven que tiene entre 18 y 21 es un menor; ningún análisis
en ninguna de las instituciones, sean fuerzas militares, oposiciones a cuerpos del Estado, etcétera, soporta que se defina a una persona entre 18 y 21 años como menor. Además, por la estadística policial y judicial sabemos cuáles son los segmentos,
los principios de edad máximos y mínimos en que la delincuencia de menores está actuando.
Otra cuestión que trae este proyecto de ley es que se amplían los supuestos en los que se pueden imponer
medidas de internamiento en régimen cerrado a los menores, de acuerdo con la comisión del delito, cuando no se hace individualmente, sino formando parte de grupos o bandas juveniles, que son los que están en este momento concentrando la
mayor agresividad sobre las personas y la sociedad. Por tanto, consideramos que suprimir la posibilidad de aplicar la ley a los comprendidos entre los 18 y los 21 años, señor ministro, es un avance sensato.
¿Con qué nos encontrábamos? Con que los que estaban en régimen de internamiento, que habían sido puestos bajo esa custodia con menos de 18 años cumplían esa edad. Nos parece sensato y correcto que el menor que estuviese cumpliendo una
medida de internamiento en régimen cerrado y alcanzase la edad de 18 años pueda pasar a un centro penitenciario cuando su conducta, a juicio de la autoridad judicial, así lo contemple. También era muy necesario, dentro del capítulo de bien jurídico
a proteger, que los daños que fueran contra bienes jurídicos de la víctima estuvieran reconocidos. Creo que esto es un avance, que da una seguridad jurídica en todo el proceso. También se va a hacer un reconocimiento de los derechos de las
víctimas y de los perjudicados, porque no se les podía dejar al margen de una legislación cuando se establece un enjuiciamiento conjunto de las pretensiones civiles y penales. También creemos que es un avance dar un orden interno a todo el
procedimiento del proceso judicial que se entable, reflejando la importancia de la figura del secretario judicial, tal como hemos hecho con la modificación de la Ley Orgánica 19 de 2003.
Esto es entrar en una legislación realista. No demos paso a
una demagogia facilona que traslade el bien jurídico a proteger a un lado o a otro, busquemos la armonía y la equidistancia del bien jurídico a proteger y que de ello resulte un bien general para la sociedad, de protección de esta sociedad, de los
valores de la justicia y de todo el proceso de enjuiciamiento.
También creemos que es un avance que se haya hecho una modificación de los artículos 448 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a proteger a ese menor que tenga que declarar en un juicio y que no haya una confrontación visual con
quien ha hecho la agresión, ni con quien no la haya hecho. En ese caso vamos a proteger el bien jurídico de un menor que no es el delincuente, sino que es víctima de unos delincuentes. Este planteamiento había sido olvidado, como lo había sido el
planteamiento económico, y Coalición Canaria se siente satisfecha de haber hecho una reivindicación constante -y la demostración está en el 'Diario de Sesiones'-, porque una vez que entró en funcionamiento la Ley 5/2000, de protección penal del
menor, tuvimos que pedir dos veces, en la Comisión de Justicia y en el Pleno, la prórroga de la Ley para que no entrase en vigor el tramo de edad de los 18 a los 21 años, porque iba a producir un gran escándalo social, una convulsión, y el
legislador y el grupo político no pueden hacer oídos sordos a una reivindicación social, por otro lado, digamos, perfectamente legítima. Pero al mismo tiempo advertimos que se cargaba sobre las comunidades autónomas una carga, una exigencia
financiera que no están previstas adecuadamente en sus correspondientes presupuestos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en la aplicación del Código Penal para adultos desde hace siglos está garantizado todo el procedimiento porque el Estado
se dotó de unos centros penitenciarios, las prisiones, se dotó de unos cuerpos especiales de funcionarios, los Cuerpos de Prisiones o de Instituciones Penitenciarias, con todas las especialidades subsecuentes que hay ahí en el campo de la medicina,
de la atención, de la psicología, de los forenses, etcétera, pero fundamentalmente quienes eran guardianes y custodios de los penados era un cuerpo especializado. Igualmente, las comunidades autónomas se encontraron con que tenían que hacer el
centro de internamiento permanente, buscar unos funcionarios y unos cuidadores de estos menores, tema nada fácil, y realizar el mantenimiento diario de estas instalaciones y del personal que hay ahí. Afortunadamente, creemos que es un avance
positivo, y esto permite a mi grupo dar un voto favorable a la aprobación de este proyecto de ley, que vuelvo a considerar realista, que se haya introducido en el trámite anterior, en la Comisión, está disposición adicional única nueva, por la que,
a través de la información que den la comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera procederá a evaluar la responsabilidad financiera, la imputación que por esta vía se va a realizar a los presupuestos de cada comunidad autónoma
que tenga estos centros, estas instalaciones y este personal, y que el gasto esté ecuánimemente repartido en un principio de solidaridad interregional.
Por todas estas razones, señora presidenta, mi grupo considera que estamos ante un buen proyecto de ley, que estamos ante un proyecto de ley que equilibra, a través de la responsabilidad profesional del juez de menores, de todo el sistema y
de la fiscalía, con esta especialidad importante que tenemos en el área de la delincuencia juvenil, que es árbitro y juez de la armonización de los otros bienes jurídicos que hay que proteger: el menor, pero con todas las consecuencias de
penalización; la víctima de las actuaciones de este menor presunto delincuente y cuando lo es, delincuente; y al mismo tiempo la protección de la sociedad.
Nos alegramos, con toda comodidad de conciencia, de que se haya hecho un avance positivo; cinco años después de la Ley 5/2000, nos vemos obligados, como legisladores, a dar una respuesta democrática a la sociedad española.
Muchas gracias, señora presidenta. (El señor ministro de Justicia, López Aguilar, pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el señor ministro me pide la palabra. Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Intervino el Gobierno en el acto de presentación del proyecto de ley orgánica que ha dado origen a este procedimiento parlamentario y, por supuesto, en su defensa frente a las enmiendas a la totalidad, pero este es el momento de hacerlo de
nuevo, sin reabrir el debate, con la intención de expresar agradecimiento y reconocimiento al trabajo parlamentario, han cumplido con su tarea y con su deber para con la sociedad española, preservando, como se ha dicho en las distintas
intervenciones, el interés supremo del menor como principio inspirador de la legislación a este respecto, pero, al mismo tiempo, siendo sensible con la realidad, con la experiencia, con los problemas que la realidad y la experiencia plantean y
haciéndolo en un sentido congruente con la potenciación de la oportunidad, la flexibilidad, la elasticidad y, en definitiva, la proporcionalidad de individualización de la medida judicialmente impuesta con todas las garantías cuando se trata de
menores para que en ningún caso el menor tenga peor tratamiento que el adulto. El procedimiento parlamentario ha hecho un buen trabajo y quiero reconocer de forma especial que el trámite de enmiendas haya permitido flexibilizar esa respuesta
judicial en el tramo de edad entre los 18 y 21 años, de modo que puedan distinguirse aquellos supuestos que, por su violencia o comisión en bandas organizadas, aconsejen que el cumplimiento de la medida de privación de libertad en el tramo entre 18
y 21 años pueda efectuarse de acuerdo con el sistema penitenciario y con el régimen ordinario, pero preservando al mismo tiempo la posibilidad de que ese tratamiento privativo de libertad pueda prolongarse en centros especializados de menores,
incluso en ese tramo de edad. Del mismo modo, se flexibiliza la entrada en vigor relativa a la edad superior a los 21 años cuando todo aconseje que el cumplimiento continúe efectuándose en centros especializados en la reforma de los menores; pero
sobre todo, se potencian las garantías procesales y, en particular, la asistencia letrada a lo largo de todo el procedimiento especial e incluso en la fase de ejecución. Merece especial señalamiento en este ámbito la garantía de que será un mismo
juez quien entienda de todos los procesos que conciernan a un mismo menor, y por tanto de la posible acumulación de condenas para garantizar así el mejor seguimiento del funcionamiento de las medidas correccionales, y también la protección especial
que se presta a la víctima menor de delitos violentos con esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que preservará sus derechos en el acto de enjuiciamiento oral.
Finalmente, se ha hecho un esfuerzo por integrar el punto de vista de las comunidades autónomas, que son una parte sustancial de la aplicación y de la ejecución del régimen correccional del menor. Eso se pone de manifiesto no solamente en
la potenciación de las comunidades autónomas en el sistema de centros de internamiento, sino también y sobre todo en la incorporación de los puntos de vista de las comunidades autónomas a esta aplicación específica del principio de lealtad
institucional que queda consagrado en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y que mandatará al Consejo de Política Fiscal y Financiera a tomar razón del impacto, de las consecuencias que en términos de obligaciones de gasto
irrogue la práctica aplicativa de la Ley del Menor en los presupuestos de las comunidades autónomas. Quedamos convocados así a continuar trabajando juntos. Desde luego, está por delante el trámite del Senado y será esa ocasión, además del
agradecimiento que ahora expreso a los grupos parlamentarios de Convèrgencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Vasco, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna y
restantes miembros del Grupo Mixto que concurren con su voto al impulso de esta modificación legislativa, de que el Grupo Popular se incorpore a este amplio consenso haciendo un ejercicio de sentido común y puesta en hora de una legislación que,
congruente con los principios que la inspiraron en origen, necesita esta actualización para continuar sirviendo mejor a la sociedad española y a sus necesidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.
-PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO. (Número de expediente 121/000080.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con los debates de los dictámenes. El siguiente es el referente al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las
leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. Comenzamos con los turnos a favor de las enmiendas, para lo que tiene la palabra en primer lugar el señor Labordeta, en nombre del Grupo Mixto, y
seguidamente la señora Fernández Davila. Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, realizo esta intervención para defender y pedir el voto favorable de la Cámara a las enmiendas parciales de Chunta Aragonesista a este proyecto de ley. Decíamos en el debate a la totalidad de este proyecto del Gobierno que aquel
impuesto que por excelencia atiende a criterios de solidaridad, progresividad y proporcionalidad debería ser el IRPF, siempre y cuando su concepto no se desvirtúe, y con esta reforma del Gobierno lamentablemente se desvirtúa, por lo que nos gustaría
que se fuese más a posiciones progresistas. La orientación de las enmiendas parciales planteadas abogan en este sentido,
ya que en el texto que sometemos hoy a votación, de aprobarse sin ninguna modificación a su paso por este trámite, se suprimen tramos -lo cual a su vez disminuye la progresividad del impuesto-, se rebajan los tramos máximos -en sucesivas
rebajas hemos pasado del 52 al 43 por ciento actual, lo cual supone una disminución de la solidaridad y reparto de la riqueza- o se priman otros tipos de impuestos no proporcionales -tasas- sobre la proporcionalidad que supone el IRPF. Las
enmiendas que defendemos están basadas en seis aspectos referentes a dicha ley: reducciones por ascendientes, número de tramos y tramo máximo, tratamiento de los planes de pensiones, ganancias y pérdidas patrimoniales generadas por inmuebles
destinados a vivienda, tratamiento de los dividendos y discriminación positiva en apoyo a la vida de los pueblos. Quisiéramos destacar, por su especial relevancia en Aragón, que en Chunta Aragonesista apostamos decididamente por potenciar nuestros
pueblos. En los últimos años constatamos con preocupación la sucesión continuada de propuestas, acuerdos, decisiones, resoluciones o acciones concretas adoptadas o puestas en marcha por las distintas administraciones públicas que atacan, agreden,
dificultan o directamente desmantelan la posibilidad de una vida digna en nuestros pueblos y comarcas. Creemos que es el momento de dejar las buenas intenciones o las buenas palabras, como tuvimos ocasión de ver ayer mismo en la sesión del Pleno
del Congreso, para pasar a la acción y apostar decididamente por una discriminación positiva en favor de aquellas personas que viven día a día la realidad del sobrecoste que implica la vida en un pueblo frente a la vida en una ciudad, sobrecoste
real que suponen los continuos desplazamientos a otras localidades más grandes para tener acceso a diferentes servicios públicos básicos por carecer de ellos en la localidad donde habitan. Para compensar este sobrecoste proponemos una reducción de
la base en 2.000 euros, importe que puede ser la media anual real de gastos en desplazamientos y tiempo para poder acceder a estos servicios, que, sin embargo, sí tienen los residentes en estas localidades mayores. Por todo lo expuesto, de no ser
aceptadas estas enmiendas parciales que modificarían sustancialmente el texto propuesto, Chunta Aragonesista no podrá votar a favor del presente texto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta. Continuamos con la señora Fernández. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Respecto de nuestras enmiendas, quiero decir en primer lugar que, como ya manifestamos cuando defendimos nuestra enmienda de devolución de este proyecto de ley, en nuestra opinión, en estos momentos la reforma del IRPF se sitúa ante el
dilema que supone, por un lado, la excesiva carga del IRPF para los asalariados por cuenta ajena frente a las rentas empresariales y profesionales, y, por otro lado, su necesidad como elemento redistributivo de la renta debido a sus características
de progresividad y equidad. Así, desde nuestro punto de vista, una reforma que bajase la carga fiscal del IRPF manteniendo la equidad y la progresividad, así como la pérdida de ingresos si esta se viese compensada con un incremento de imposición en
las rentas del capital o mediante imposiciones medioambientales, sería una fórmula aceptable, pero si la pérdida en la recaudación del IRPF se trata de compensar, como se hace en esta ley, mediante el incremento de los impuestos indirectos, vuelvo a
decir que desde nuestro punto de vista no es aceptable, en el sentido de que el carácter regresivo de los impuestos indirectos que se aumentan en el proyecto de ley no responde al sentido de la equidad. De acuerdo con esto, nos preocupaba que
bajase la recaudación por las consecuencias de esta reforma del IRPF en un momento en que el Estado necesita afrontar políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y concretamente las políticas relacionadas con la Ley de la Dependencia.
Esta es la filosofía con la que el Bloque Nacionalista Galego presentó sus enmiendas. No voy a hablar de todas ellas, pues fueron debidamente defendidas en Comisión, pero sí voy a mencionar algunas, puesto que nos parece importante que se tengan en
cuenta.
Con nuestra enmienda pretendemos la modificación del artículo 74. Con la modificación que se plantea en la escala autonómica del impuesto, el tipo máximo queda, como sucedía hasta ahora, en un 45 por ciento. Precisamente en los tramos de
renta más altos era el único que veía reducido su tipo aplicable. Pues bien, con nuestra enmienda se corrige esa situación y se mejora la equidad y la progresividad del impuesto, aparte de mejorar la escala autonómica en la cuestión de la
financiación. Por otro lado, nos interesa mencionar nuestra enmienda 249, ya que añade una nueva modalidad de unidad familiar. En relación con el artículo 82.1 y lo que planteamos en la enmienda 250, de modificación, tengo que decir que no
entendemos que, después de que el tiempo ha institucionalizado, por así decirlo, nuevos modelos de unidad familiar, como las integradas por personas que conviven de forma estable en una relación de afectividad análoga al matrimonio, no sean tenidas
en cuenta desde el punto de vista fiscal. Con esta enmienda se pretende dar cobertura legal a la igualdad de derechos fiscales de las personas que constituyan unidades familiares distintas del matrimonio, al mismo tiempo que con la modificación que
se propone se pretende igualar la condición de las uniones de hecho y del matrimonio.
Las enmiendas 241, 243 y 244, que modifican el artículo 58, deducción mínima por descendientes, y el artículo 59, deducción mínima por ascendientes, las
presentamos porque, desde una perspectiva fiscal, la exigencia de que el descendiente tenga que ser soltero no tiene nada que ver con la dependencia económica de esa persona, igual que el límite de los 25 años nos parece muy escaso en la
actualidad, en que prácticamente todas las políticas dirigidas a la juventud marcan el tope de los 30 años cuando no los 35, que, efectivamente, nos parece excesivo. Del mismo modo, existe una gran rigidez a la hora de determinar cuándo una
persona constituye una carga familiar. Es evidente que existen numerosas cargas familiares que no se contemplan en la ley y con la enmienda que presentamos se podría mejorar.
La enmienda número 231 la mencionamos porque realmente nos parece interesante, ya que, desde nuestro punto de vista, no se debería establecer ninguna limitación temporal a las personas físicas de nacionalidad española que pasan a residir en
un paraíso fiscal en lo que a contribuyentes del IRPF se refiere. Entendemos que estas son siempre contribuyentes por el IRPF en el Estado español. A nuestro entender, sería necesario establecer medidas que eviten la fuga de responsabilidades
fiscales a través de la domiciliación en estos paraísos fiscales.
Por último, queremos hacer mención especial a dos enmiendas, las números 235 y 254, que están relacionadas con los rendimientos de los montes en mano común. Estas enmiendas tienen por objeto que se elabore una fiscalidad más adecuada
respecto a los rendimientos de esta figura de propiedad. Hay que tener en cuenta que en el Congreso fue aprobada una moción que instaba al Gobierno al diálogo con las organizaciones de montes en mano común de Galicia al objeto de buscar una
solución a las demandas planteadas por las mismas respecto a su fiscalidad, teniendo en cuenta la excepcionalidad de esta figura. También debemos destacar el compromiso de la Dirección General de Tributos ante representantes de estas comunidades de
montes en el sentido de que serían consultadas antes de la aprobación de este proyecto. Sin embargo, el Gobierno no dio cumplimiento a ninguno de estos compromisos.
Remato ya, señor presidente. La enmienda número 254 tiene por objeto que los montes vecinales en mano común dejen de ser sujeto pasivo en el impuesto sobre sociedades y se elabore una fiscalidad más adecuada a esta figura de propiedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mantenemos cinco enmiendas para este trámite de Pleno, las números 18, 19, 27, 28 y 37, que paso seguidamente a defender. La enmienda número 18 pretende eximir de una tributación cuando haya rendimientos íntegros del trabajo que se destinen
a prestaciones que constituyan un seguro de rentas vitalicias o temporales. No se trataría, por tanto, de una prestación puramente de indemnización por vencimiento de contrato de trabajo, sino que esa prestación se destinaría a un seguro de rentas
vitalicias o temporales. La enmienda número 19 está dirigida al artículo 25, de los rendimientos íntegros del capital mobiliario. Nosotros pretendemos que no se entenderá obtenido el rendimiento de capital mobiliario alguno en el momento de
acaecimiento de la contingencia o de vencimiento del contrato que dé lugar a la prestación del seguro de vida o invalidez en forma de capital, siempre que dicha prestación se destine a la constitución de un seguro de rentas vitalicias o temporales.
Si no va a haber un uso inmediato de la prestación, si, como en el caso anterior, el beneficiario o el destinatario constituye un seguro de rentas vitalicias o temporales, esa cantidad no será tributable como rendimiento íntegro del capital
mobiliario.
Las enmiendas 27 y 28 las quiero singularizar por otra materia. Respecto a la enmienda número 37, dirigida a una disposición transitoria decimocuarta nueva, nosotros pretendemos que los contratos de seguros de vida suscritos con
anterioridad a la entrada en vigor -cuando lo haga este proyecto de ley- distintos de los que tuvieran la naturaleza de planes de previsión asegurados o de seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones, puedan transformarse en planes
individuales de ahorro sistemático. Por tanto, esta transformación de seguros de vida en planes individuales de ahorro sistemático creemos que será una buena práctica y que una política fiscal debe protegerla por ser una medida prudente y que
consideramos de inteligencia financiera provisional y protectora de los ciudadanos.
Las enmiendas números 27 y 28 tratan, señor presidente, de atender un problema que se está suscitando en España recientemente, con motivo de la declaración de muchos cascos urbanos de diversas ciudades españolas como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. ¿Qué proponemos fiscalmente? Fijar un límite del 30 por ciento de la base liquidable del contribuyente, independiente del 10 por ciento de donativo, para fomentar estas actuaciones. ¿Cuáles son las actuaciones? El
problema es que estas casas o bienes inmuebles situadas en cascos urbanos, por el hecho de haber sido declarados Patrimonio de la Humanidad forman parte de la historia de estas ciudades. Nos encontramos con edificios e instalaciones singulares que
con el paso del tiempo, prácticamente son obras seculares con un siglo de historia en sus fachadas y en sus interiores, tienen un grado de deterioro y al tratarse de entidades y viviendas particulares no se puede hacer frente a su conservación, si
no hay un estímulo financiero para preservar este patrimonio. Desde luego, no hay organización pública ni ayuntamiento, porque esto descansa fundamentalmente sobre los ayuntamientos, ni Ministerio de Cultura ni Dirección General de Bellas Artes,
que tenga capacidad patrimonial para hacer estas reparaciones.
Fijémonos en la legislación británica, por ejemplo, que da un tratamiento fiscal a todas esas instalaciones históricas que son mantenidas y conservadas por sus propietarios y tienen una
exoneración fiscal. Este límite del 30 por
ciento lo fijamos como necesario. Al mismo tiempo proponemos elevar del 15 al 30 por ciento el porcentaje de deducción por inversiones y gastos en este tipo de bienes, así como conseguir que nuestro patrimonio histórico y cultural en estas
edificaciones, de las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad, no se sigan deteriorando con el paso del tiempo y entren en la calificación de ruinas ni estimulemos a una picaresca que quiera que se declare ruina algún inmueble, porque el valor
especulativo del suelo urbano supera cualquier otro beneficio de tipo cultural y que el propietario interesado lo traslade a beneficio crematístico. Nosotros queremos ser flexibles en esta presentación y esperamos a las observaciones del Grupo
Parlamentario Socialista para proceder en consecuencia, si hay transaccionales o cualquier otra medida, porque entiendo que el problema no es sencillo, ya que requiere muchos contrastes y, posiblemente, opiniones del Ministerio de Cultura, de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a través de la Fecam, para que se pueda llevar adelante con sensatez. Esta es la postura racional que ofrece mi grupo al Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
La sensación de mi grupo ante este dictamen sobre la reforma fiscal es la de haber retrocedido en el tiempo a la época del Gobierno del Partido Popular, porque los mismos argumentos que voy a utilizar hoy contra la reforma, mejor dicho,
contra la contrarreforma fiscal que nos presenta el Gobierno del Partido Socialista, son los mismos que di en su momento, con el acompañamiento del señor Fernández Marugán, contra las reformas fiscales del Partido Popular. Es una oportunidad
perdida y un retroceso que seguramente traerá consecuencias que en nuestra opinión serán muy negativas.
El modelo fiscal conservador, el modelo fiscal de la derecha, se basa por una parte en un sistema de distribución injusto en el cual son los impuestos indirectos y los impuestos de los asalariados los que conforman buena parte de la Hacienda
pública. Ese modelo de impuestos tiene como elemento fundamental que la forma de competitividad de nuestras empresas no es tanto el diseño o la organización o la investigación y el desarrollo como un determinado modelo laboral y fiscal de
competitividad internacional. En nuestra opinión no estamos tan solo ante una contrarreforma fiscal, sino que también estamos ante la renuncia del Gobierno a objetivos sociales y económicos de legislatura. Me explicaré.
Nuestro sistema fiscal es
un sistema fiscal injusto e insuficiente: injusto, porque hace recaer buena parte de los impuestos sobre los asalariados, de tal manera que el resto de los ciudadanos contribuyen o defraudan, e insuficiente, porque no permite cumplir las
aspiraciones sociales de los ciudadanos de mejora de nuestro tejido económico o de bienestar social. En definitiva, es un sistema fiscal insuficiente en un sistema de medioestar, porque no podemos decir que tengamos un sistema de bienestar.
La propuesta del Gobierno viene a acentuar todos estos aspectos negativos de nuestro sistema fiscal y de la mano de Convergència i Unió la propuesta del dictamen es, si cabe, aún más regresiva. Por un lado, volvemos la dualización de
nuestros impuestos. Aquellos que obtienen un salario pagarán mucho más que los que tienen rendimientos del capital.
Así, como se dice. Pagarán más los asalariados que los que tienen otros beneficios, otras remuneraciones. En segundo lugar,
pagarán igual los asalariados con una baja renta que los que tienen una alta renta, porque en buena medida una parte importante del sistema impositivo se hará sobre la base de impuestos indirectos, que no diferencian a aquellos que tienen más renta
de los que tienen menos renta. Además de esa insolidaridad horizontal y de esa insolidaridad vertical que supone esta propuesta fiscal, se elude una cuestión esencial, que es mejorar nuestro sistema del bienestar. Dejamos de ingresar con esta
propuesta fiscal en torno a 5.000 millones de euros anuales, que necesitaríamos para mejorar nuestro sistema social y para converger con la media de gasto social de la Unión Europea. Dejamos de ingresar como si fuéramos ricos como país cuando desde
el punto de vista social no lo somos y tenemos todavía un gasto social muy inferior al de la media de la Unión Europea. Desde el punto de vista del impuesto de sociedades y desde el punto de vista de los beneficios fiscales, de los fondos de
pensiones o de la política de vivienda, eludimos el cambio necesario de estas políticas obsoletas, de unas políticas ineficaces como las que estamos viviendo en estos momentos en relación con nuestro tejido empresarial, con la política de vivienda
y, por tanto, con la construcción o en relación con los fondos de pensiones. Es decir, con estas medidas regresivas continuamos en un modelo económico y en un modelo fiscal que no solamente son injustos sino que además no nos permiten cambios
importantes en el tejido económico y social de nuestro país.
Por esas razones, nuestro grupo parlamentario ha presentado unas enmiendas que están en las antípodas de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es decir, que están en las
antípodas del modelo fiscal conservador que hoy discutimos en esta Cámara. Nuestras enmiendas, nuestra propuesta fiscal va en sentido totalmente contrario. Creemos que era buena la iniciativa que aparecía en el programa del Partido Socialista y
que era buena también la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la oposición, que ahora mismo no cumple, que es la de mejorar, por una parte, la progresividad de nuestro sistema fiscal manteniendo tipos que en estos momentos se reducen, y,
por otra, la de sintetizar el conjunto de lo que podríamos llamar los ingresos del sistema fiscal, de tal manera que el mismo tipo de gravamen
que hay sobre los salarios fuera que el recayera sobre los beneficios del capital. En definitiva, es una medida de justicia y de igualdad. Esos planteamientos siguen siendo los nuestros. De la misma manera, nuestras enmiendas van en el
sentido de revisar beneficios fiscales, que no creemos que favorezcan a la economía española, porque una fuente de inequidad como es el beneficio fiscal que se produce en los fondos de pensiones no creemos que beneficie a la economía española. El
Gobierno sabe que no beneficia a la economía española ni a la sociedad española.
Por eso pretendía reducirlos, pero con el acuerdo con Convergència i Unió no solo los va a mantener sino que va a aumentar los beneficios fiscales de los fondos de
pensiones, poniendo con ello en cuestión no solamente la equidad del sistema sino también nuestro sistema público de Seguridad Social.
Otra medida que toma el Gobierno, en nuestra opinión equivocada y que tampoco forma parte del programa del cambio, es la de mantener los beneficios fiscales a la política de vivienda. Los actuales beneficios fiscales a la política de
vivienda, aunque aparentemente favorecen a los compradores, realmente son para el promotor. Lo que estamos haciendo es promocionar el dinero negro en el ámbito de la vivienda en nuestro país.
Nosotros creemos que ese beneficio al promotor debe
transformarse en inversión pública, fundamentalmente en política de vivienda de alquiler, que es donde tenemos el principal problema, en la política de vivienda de alquiler y, particularmente, entre los jóvenes. Por eso creemos que se pierde una
oportunidad preciosa para llevar a cabo este tipo de reformas, con lo que podríamos llamar un derechazo fiscal, que no es solamente el derechazo fiscal del señor Solbes, es el derechazo fiscal que significa un punto de inflexión en la legislatura.
Yo no solo veo esta iniciativa con la visión del túnel del tiempo -me parece estar asistiendo a un debate parlamentario durante el Gobierno del Partido Popular y lo veo con tristeza-, sino que además intuyo las dificultades que van a significar
estas medidas para los compromisos sociales, para los compromisos económicos de cambio del Gobierno y de la mayor parte de la sociedad española. Por eso nosotros hemos presentado un modelo progresista, un modelo fiscal de izquierdas. No creemos
que la izquierda deba abandonar su modelo fiscal. Pensamos que tiene un modelo fiscal claramente diferenciado de la derecha, que debe poner en valor y que debe presentar como una fórmula no solamente más justa y más solidaria, sino también con
capacidad suficiente para llevar a cabo las medidas sociales, económicas y de todo tipo que debe tomar un Estado moderno. Esas son nuestras ideas y por eso hemos presentado una serie de enmiendas que, en definitiva, significan un sistema fiscal
progresista, un sistema fiscal alternativo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la reforma fiscal era una oportunidad de consolidar un giro en la política económica emprendida por el Gobierno del Partido Popular, una reforma que llega en un momento importante de la legislatura, una
buena ocasión pues para poder visualizar claramente si este Gobierno toma el atajo fácil del conservadurismo de la herencia popular o si se mantiene en la senda del cambio. Estamos completamente de acuerdo con una de las consideraciones que nos
hizo el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación: los impuestos no son una finalidad, sino un instrumento. Muy cierto, pero me atrevería a decir que son el instrumento más importante.
En un contexto en el que los
politólogos tendenciosos dicen que ya no se puede distinguir entre las izquierdas y las derechas, en el que las corrientes más simplonas del neoliberalismo económico pretenden ser los únicos referentes, la configuración del sistema impositivo de un
Estado dice mucho acerca del programa social y económico de un Gobierno; nos dice mucho acerca de cuál es el modelo de crecimiento que este impulsa o de qué segmentos sociales reciben un trato preferencial.
No se equivoquen, no analizamos esta reforma desde unas posiciones izquierdistas superficiales, aunque a veces quizá resulte lo más fácil.
No criminalizamos cualquier rebaja fiscal por el hecho de reducir los ingresos públicos. No
consideramos, como sí hacen otros partidos, que cualquier rebaja en el impuesto de sociedades perjudique los intereses de los trabajadores. La sociedad es un poco más compleja que esto y una política fiscal progresista debe ir acorde con ello.
Garantizar un potente tejido de emprendedores capaces de regenerar continuamente el tejido productivo es garantizar una sociedad más justa. Nuestro análisis crítico va un poco más allá. No se mueve por razones estéticas, sino de asegurar que
nuestros principales impuestos, más de la mitad de los ingresos tributarios del Estado, se definan por principios de eficacia y equidad; que las rebajas de estos impuestos o la incidencia del gasto fiscal no dejen de ser gasto de recursos públicos,
fomenten preferentemente nuestra economía productiva o beneficien a quien más lo necesita.
En esto podríamos estar de acuerdo en el conjunto de esta Cámara ya que forma parte del lenguaje o la filosofía políticamente correcta, pero lo bueno de una reforma fiscal es lo que podríamos llamar la prueba del algodón, si se queda todo o
no en una declaración de buenas intenciones sin apenas cambios sustanciales. Y constatamos, con cierta preocupación, que esta reforma legislativa no supera, a nuestro entender, esta prueba.
Quizás era la forma más cómoda de aprobarla, no lo
dudamos, pero ya nos decían nuestros padres que el camino más fácil no acostumbra a ser el mejor. Preocupación, por ejemplo, por la reforma del impuesto sobre la renta, el impuesto que determina en gran medida la progresividad de nuestro sistema
tributario; una progresividad que ya se ve mermada por la reducción de tramos, de cinco a cuatro, aunque en parte podríamos justificarla por una voluntad de simplificación del impuesto; sin embargo,
la disminución del tipo máximo del impuesto del 45 al 43 por ciento reduce la progresividad del impuesto y sitúa a España con un tipo máximo menor que el de los países de nuestro entorno. Es cierto que hay también una rebaja de los tipos
marginales mínimos pero con la diferencia de que esta rebaja beneficia al conjunto de los contribuyentes. El resultado es una reforma del principal instrumento de redistribución del Gobierno en el que el 30 por ciento del coste de la reforma se
dirige a menos del 5 por ciento de los contribuyentes, es decir, a las rentas más elevadas.
¿Es esto una obsesión de la izquierda más trasnochada o debería preocupar a cualquier Gobierno que se considere progresista? En política fiscal de la vivienda tenemos quizás el ejemplo más ilustrativo de la superficialidad de este nuevo
talante. ¿Cómo un Gobierno progresista puede presentar una reforma fiscal en la que se mantiene la discriminación en el trato del alquiler respecto al trato de la compra? ¿Cómo un Gobierno con sensibilidad social que ha reinstaurado el Ministerio
de la Vivienda puede centrifugar los incentivos fiscales al alquiler a las comunidades autónomas? Nos alegramos que en el debate sobre el estado de la Nación se hayan dado cuenta de ese descuido y hayan introducido incentivos a los propietarios
para alquilar viviendas a menores de 35 años. Un incentivo que consideramos insuficiente porque deja en situación de desigualdad a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que no pueden permitirse ni con una hipoteca a más de 30 años comprarse una
vivienda. Tenemos la impresión -una impresión personal seguramente, pero no menos fundamentada- de que este tipo de descuidos no hubiesen sucedido al inicio de la legislatura. Es cierto que no hay recetas mágicas para garantizar el derecho
constitucional al acceso a la vivienda, nada más lejos de nuestra intención que hacer demagogia con un tema tan sensible pero sí hay evidencias de que hay políticas que no han funcionado. La escalada de precios en el mercado inmobiliario ha
demostrado sobradamente cómo las deducciones por adquisición de vivienda implantadas por el Partido Popular no han facilitado precisamente el acceso a la vivienda para el conjunto de los ciudadanos, sino más bien recalentado la famosa burbuja
inmobiliaria. Es sabido que el PIB de la construcción crece a un ritmo superior al 5 por ciento anual y que es el gran sustento de nuestro crecimiento, pero también es sabido que el precio de la vivienda está sobrevalorado entre un 20 y un 50 por
ciento, según estimaciones del propio Banco de España o de otros expertos. No hace falta ser ningún profeta para advertir que no es un modelo sostenible, hay múltiples ejemplos de pinchazo de burbujas y caída de los precios -Estados Unidos y Reino
Unido-, casos a veces realmente dramáticos que produce el pinchazo de esta burbuja; dramáticos desde nuestro punto de vista macroeconómico pero también pueden serlo para muchas familias. Las tasas de endeudamiento familiar en el Estado desde 1996
han crecido cerca de 50 puntos porcentuales. ¿No hubiesen sido deseables políticas más valientes en ese sentido? No pedíamos cambios drásticos ni ningún cambio que pudiera, de alguna manera, perjudicar a las clases medias pero sí reducción del
gasto fiscal que incentivara la compra más allá de rebajar el porcentaje de deducción de los dos primeros años. No considerábamos descabellado limitar la deducción a la compra de la primera vivienda o reducir el porcentaje de deducción para las
rentas más altas. Estamos seguros de que con voluntad política se hubiesen encontrado técnicas más adecuadas. Consideramos que esta falta de voluntad política se transmite también en ausencia de incentivos fiscales a los inquilinos que es quizá el
hecho más destacado. Una ausencia que se puso de relieve en el dictamen que emitió el Consejo Económico y Social.
Tenemos un mercado del alquiler claramente subdesarrollado respecto a otros países de la Unión Europea. Un hecho que dificulta
enormemente el acceso a la primera vivienda y la correcta integración de personas en riesgo de exclusión; una deficiencia poco recomendable también desde el punto de vista económico ya que entorpece la movilidad laboral de un mercado de trabajo ya
de por sí bastante enquistado.
Hay otros elementos más genéricos de la reforma fiscal del Gobierno que también nos preocupan. Las rentas del ahorro tienen un tratamiento muy favorable con respecto a las del trabajo y las derivadas de las actividades económicas que
claramente son penalizadas por la legislación fiscal. Somos conscientes de que la movilidad de capital entre los distintos países impide el gravamen de las rentas de capital a tipos mucho más altos que los de los países de nuestro entorno. En todo
caso, el Gobierno debería comprometerse a impulsar de forma más decidida algún tipo de armonización fiscal en el seno de la Unión Europea para que se reduzca la competencia fiscal entre los países, que en última instancia puede acabar reduciendo o
casi eliminando el gravamen de las rentas de capital, haciendo descansar en las rentas del trabajo la totalidad del esfuerzo en materia de IRPF. Si bien esta reducción de competencia fiscal desborda esta reforma legislativa, la extensión del tipo
único -18 por ciento- a todos los rendimientos procedentes del ahorro no presenta diferencias en cuanto a anteriores proyectos legislativos de ningún tipo de desincentivo a las inversiones especulativas a corto plazo. Un desincentivo necesario si
existe una voluntad de fomento del ahorro y de las inversiones productivas a medio y largo plazo, más aún en el contexto de un mercado inflacionario, y es que tampoco esperábamos una reforma fiscal que favoreciese tan escasamente nuestras
deficiencias más notables en el área de la economía productiva.
Se prevé eliminar de forma progresiva la mayor parte de las deducciones del impuesto sobre sociedades. Es cierto que las pequeñas empresas se benefician relativamente poco y para estas supone una ventaja competitiva la simplificación del
impuesto, pero ¿era necesario para ello eliminar los incentivos en materias tan estratégicas como la internacionalización y el I+D? Nuestro déficit comercial no para de crecer -de los más altos de la OCDE- y nuestro gap tecnológico deja mucho que
desear -por debajo del de la Unión Europea-. ¿Me puede explicar qué clase de cambio de modelo de crecimiento impulsa al Gobierno si deja de primar ese tipo de actividades empresariales? ¿No hubiese sido más adecuado reformar la aplicación
de estas deducciones para que se adaptasen mejor a las necesidades de las pymes? Celebramos que se encargue un estudio sobre la eficacia de las diferentes ayudas e incentivos a las actividades de investigación, desarrollo e innovación durante los
años 2007 a 2011, pero creíamos que dicho estudio ya estaba hecho antes de tomar una determinación.
En Cataluña se concentra alrededor del 35 por ciento de las empresas exportadoras regulares del Estado, y las empresas intensivas en tecnología, como electrónica o farmacéutica, tienen un peso específico en el conjunto del Estado. Quizás
por eso nos cuesta un poco más de entender. Por un lado, nos cuesta entender que desaparezcan, aunque sea progresivamente, esas deducciones. Desde Esquerra siempre hemos sido sensibles también a las políticas de apoyo al emprendedor, ya que son
nuestra cantera de futuras empresas y lo que nos garantiza la renovación de la oferta, la competencia, son unas políticas de apoyo que sinceramente tampoco vemos reflejadas en este proyecto.
Se trata, en definitiva, de una reforma fiscal ya de principio conservadora que ha sido pactada, como no podía ser de otra forma, con fuerzas conservadoras. Resultado: enmiendas de gran impacto mediático con pocos cambios de fondo y lo que
más nos sorprende: constatar lo satisfechos que están nuestros colegas del Grupo de Convergència i Unió con el nuevo sistema de financiación pactado en el Estatut, pues han sido capaces de dar apoyo a esta reforma sin asegurarse de las pérdidas de
la recaudación que para las comunidades autónomas supone esta rebaja del IRPF. Lo han dicho y ha salido publicado por expertos. Estas deducciones representan una pérdida de 700 millones de euros para las comunidades autónomas, y la más afectada,
señor Sánchez i Llibre, es Cataluña y usted bien que lo sabe. Como comprenderán, desde Esquerra Republicana no nos queda otro remedio que votar en contra de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta reforma fiscal, producto de un pacto entre el Partido Socialista y Convergència i Unió, en contra de lo manifestado por los diferentes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, va a tener como
resultado una rebaja de la factura fiscal para todas las familias españolas, de modo que todos los españoles, todas las empresas, todos los autónomos y todos los emprendedores sin excepción paguen menos impuestos a partir del 1 de enero del año
2007. Entendemos que ha sido una reforma fiscal prudente y moderada. Teniendo en cuenta que las arcas del Estado están incrementando cuatrimestre tras cuatrimestre los ingresos y las previsiones presupuestarias para el año 2006, no hay motivo
suficiente para no hacer una reforma fiscal en profundidad para que este exceso de recaudación, de masa monetaria que está en el Estado pase a las familias, aumente la actividad económica y consecuentemente revierta en un incremento de la generación
de empleo.
Seguimos pensando que esta reforma fiscal, producto de este pacto entre Convergència i Unió y el Grupo Socialista, va a ser positiva para los españoles porque saldrán beneficiadas todas las familias españolas. Las personas con rentas
medias y bajas serán las grandes beneficiarias de esta rebaja de la factura fiscal.
Entrando directamente en aquellas enmiendas que consideramos relevantes, me gustaría destacar algunas de gran trascendencia social. Aquí he oído hablar muchísimo de reforma progresista, de reforma muy de derechas, pero no hay nada más
alejado de la realidad que lo que voy a explicar, señorías. Gracias a una enmienda presentada por Convergència i Unió y atendida con gran sensibilidad por el Grupo Socialista, hemos conseguido para todas aquellas familias de El Carmel y del barrio
Turol de la Peira que tuvieron que abandonar sus casas por el hundimiento de las mismas que las ayudas públicas recibidas por la reparación de sus viviendas estén exentas de tributación. Hemos ido más lejos en la Comisión -lo vamos también a votar
hoy en el dictamen de la Comisión- y es que, aparte de los daños ocasionados en sus viviendas habituales, estén exentas también las ayudas públicas que recibieron las familias que sufrieron este trágico suceso por alojamientos y hoteles mientras se
reconstruía su vivienda habitual. Asimismo van a estar exentas de tributación las ayudas públicas que recibieron los diferentes comerciantes que ejercían su actividad económica en los barrios de El Carmel y del Turó de la Peira.
Convergència i
Unió valora muy satisfactoriamente la aprobación de esta enmienda y la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso porque gracias a ella las familias que recibieron ayudas públicas por el hundimiento de su vivienda habitual y por
los gastos de alojamiento en diferentes hoteles mientras aquélla era reparada, así como las ayudas a los comerciantes que vieron finalizada su actividad económica gozarán de exención en la tributación.
Por otra parte, Convergència i Unió mantiene vigente la enmienda número 441, que hace referencia a la asignación tributaria a fines religiosos de interés social. Me ha extrañado muchísimo que ningún grupo político que me ha precedido en el
uso de la palabra no haya hablado de una cuestión muy importante para Convergència i Unió como es el incrementar la asignación tributaria a fines religiosos de interés social del 0,5 al 0,7 por ciento. Al mismo tiempo pedimos la territorialización
de dichas ayudas. Está hoy presente en esta Cámara el diputado Campuzano que ha sido uno de los diputados valedores que desde hace muchas legislaturas ha pedido la territorialización de estas ayudas asignadas con fines sociales.
Aprovechando la reforma fiscal, con el Gobierno socialista que ha tenido mucha sensibilidad en algunos aspectos que hemos suscitado, aprovechando la tramitación en el Congreso o en el Senado, no más allá de esta legislatura, es el momento
oportuno para incrementar dicha asignación y para que este tercer sector social, muy importante en Cataluña, pueda recibir a través de la territorialización, directamente de la Generalitat de Cataluña, los fondo consignados a tal efecto. En este
caso esperamos la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista en esta cuestión para dar satisfacción a este sector social que realiza una gran actuación en muchísimos campos. Es también de justicia una vez aprobado el nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña, ya que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en este caso de la Generalitat de Cataluña, para que pueda repartir directamente dichas asignaciones tributarias.
Espero una contestación favorable del Grupo
Parlamentario Socialista a las cuestiones que hacen referencia al fomento de la contratación de las personas discapacitadas. En esta cuestión se han eliminado todas las deducciones, pero hay un compromiso del grupo parlamentario que da soporte al
Gobierno de que no desaparezcan del mercado económico y social dichas deducciones y que se puedan materializar o compensar desde la perspectiva del gasto fiscal.
Señorías, tal y como he comentado al inicio de mi intervención, quiero señalar que estamos ante una reforma fiscal en la que los grandes beneficiados van a ser las familias con hijos, las personas discapacitadas, pero también va a haber un
gran segmento, desde la óptica de la economía productiva, que va a resultar beneficiado porque a partir del 1 de enero del año 2007 va a existir una rebaja sustancial para las pequeñas y medianas empresas, reduciéndose el impuesto actualmente
vigente del 30 al 25 por ciento. Se trata de una reivindicación que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha realizado durante muchas legislaturas. Finalmente el tejido empresarial e industrial español va a poder gozar de estos
beneficios fiscales, ya que se rebaja cinco puntos la tributación en el impuesto sobre sociedades. Para las grandes compañías hemos alcanzado un acuerdo que es del agrado de nuestro parlamentario para que la rebaja del 35 al 30 por ciento se pueda
materializar en un año o año y medio en vez de en los cinco años previstos. Queremos manifestar nuestra satisfacción porque van a continuar vigentes los recursos económicos orientados a la investigación, desarrollo e innovación. Hemos conseguido
un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para revisar la eficacia de dichas ayudas en 2011, para que, si han sido de utilidad para nuestra economía productiva, se produzca una ampliación. Todos sabemos que hay problemas entre la Unión
Europea y los Estados miembros que han autorizado ayudas a la exportación por cuanto aquélla las ha considerado ayudas del Estado a compañías que se han internacionalizado. En este aspecto queremos destacar un compromiso firme entre convergencia i
Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, para trasladar las ayudas, desgravaciones o incentivos fiscales a la exportación por la vía del gasto, al efecto de que nuestro tejido industrial no pierda competitividad en unos
momentos de gran globalización de nuestra economía, porque no podemos permitirnos el lujo de dar un paso atrás en esta cuestión.
Esta es la opinión y la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante esta reforma fiscal que, repito, va a ser muy positiva para todos los ciudadanos españoles, para todo el tejido productivo español, que hará posible
aquel eslogan de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de que la nueva reforma fiscal ha de tener como resultado pagar menos impuestos para todos, para las familias y para el tejido productivo.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, muchas gracias.
Compartiré mi tiempo de intervención con mi compañero del Grupo Parlamentario Popular, don Baudilio Tomé, para exponer no cada una de las numerosas enmiendas que mantenemos a este proyecto de ley, sino las cuestiones, los aspectos que
resultan más negativos.
El Grupo Parlamentario Popular presentó, como todas SS.SS. saben, una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de impuesto sobre la renta de las personas físicas con un texto alternativo que constituía una verdadera rebaja de impuestos,
cosa que echamos en falta en este proyecto; una mejora de la situación fiscal, sobre todo para las rentas medias y para las familias y un tratamiento equilibrado del ahorro y con incentivos específicos de promoción del ahorro a largo plazo. En
definitiva, nada sorprendente sino continuar en la tendencia de las reformas fiscales que ya se venían operando en los últimos años, que hicieron del sistema tributario español uno de los más activos, modernos y, desde el punto de vista económico,
uno de los más eficientes a la hora de impulsar la actividad empresarial y económica en España. Frente a ello el Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, y ahora nos acabamos de enterar que también Convergència i Unió en palabras de su
portavoz, han traído a esta Cámara y han pactado una reforma fiscal cuyo primer calificativo es el de una reforma fiscal como sea; una reforma fiscal que en algún momento se consideró que era conveniente para la mera comunicación de la actividad
del Gobierno; una reforma fiscal cuyos contenidos son manifiestamente incoherentes, incluso incompatibles entre sí. Eso no ha reducido la intensidad del deseo de traer una reforma fiscal que, eso sí, se ha presentado como prudente, yo diría que
insignificante; como moderada, yo diría que irrelevante; como equitativa.
Una reforma fiscal que, nada más y nada menos, retrotrae nuestro sistema fiscal casi dos siglos para gravar de forma separada a las rentas de acuerdo con sus fuentes de
procedencia;
es decir, se excluyen las rentas de capital -lo que ahora se llama eufemísticamente las rentas del ahorro, pero, no, son las rentas del capital, el antiguo impuesto sobre las rentas del capital- para someterlas a tributación diferenciada y
muy reducida en relación con la tributación que ha de soportar el resto de rentas, notablemente las rentas del trabajo.
Las propuestas del Grupo Parlamentario Popular en lo que se refiere específicamente al impuesto sobre la renta de las personas físicas -mi compañero hablará posteriormente de patrimonio y de sociedades- pueden sintetizarse en seis apartados
principales. El primero, el concepto de la materia del objeto sobre el que se va a establecer el impuesto. En un alarde de originalidad, muy propio de un como sea de la reforma fiscal que estamos analizando, se hace una especie de paso adelante
paso atrás, se deduce pero no se termina de deducir del todo una serie de gastos, una imputación de renta mínima para las personas y las familias que debe quedar exenta de tributación. Se hace algo que permite justificar o por lo menos publicitar
que el proyecto es más equitativo que el que teníamos anteriormente. El conocimiento técnico, incluso la decencia intelectual del resto de portavoces de esta Cámara supongo que, al menos, nos ahorrarán discursos inútiles sobre una cuestión que está
suficientemente conocida en relación con el tratamiento de los mínimos familiares y personales. Es la renta disponible lo que pretendemos que sea la materia sometida a impuesto y no otra cosa mal definida, como se hace en este proyecto de ley.
En segundo lugar, entendemos que el impuesto sobre la renta ha de ser un impuesto integral, un impuesto único que grave los rendimientos obtenidos por las personas físicas en España. No me quiero remontar a la revolución liberal de mediados
del siglo XIX, al ideario de todos los partidos democráticos que han inspirado los sucesivos movimientos políticos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX; ni tampoco hacer una reflexión de derecho político fiscal en materia de tributación. Sí
he de decir que lo más progresista en materia tributaria ha sido siempre concebir que el impuesto sobre la renta de las personas físicas debía de tratar a los contribuyentes de forma diferenciada de acuerdo con sus rentas: los que más tienen
tendrían que tributar con un tipo diferente, pero habría que tratar de forma igual a los que obtienen las mismas rentas, es decir, a los que están en igual situación. Pues bien, con esta reforma que estamos tratando se rompe estrictamente ese
principio, es decir, los iguales no van a ser gravados igual. Permítanme un ejemplo: unas rentas del trabajo obtenidas por dos cónyuges en el seno de una unidad familiar que conjuntamente asciendan a 6 ó 7, permítanme que todavía me refiera a
millones de pesetas, tendrán una tributación, de acuerdo con una tarifa, haciendo los cálculos, como mínimo en torno al 30 ó 32 por ciento, pero si se trata de un contribuyente o de una pareja de contribuyentes que lo que obtuviera fueran puras
rentas financieras o plusvalías incluso a corto plazo operando, por ejemplo, en mercados bursátiles, entonces la tributación sería exclusivamente del 18 por ciento. Eso es lo que nos trae este proyecto de ley, es decir, un tratamiento diferente
para los iguales en términos de renta, y un tratamiento peor para las familias.
En tercer lugar, no hay una auténtica reducción impositiva. Creo que es una quimera lo que antes ha señalado el portavoz del Grupo de Convergència i Unió y lo que ha manifestado el Ministerio de Economía y Hacienda. Las cuentas
sencillamente están mal hechas. Únicamente considerando la inflación de los dos pasados ejercicios -recuérdese que la inflación en este momento se encuentra en torno al 4 por ciento-, esta reforma fiscal ni siquiera compensa la pérdida recaudatoria
que para los contribuyentes ha generado la inflación acumulada en los dos años pasados, sin incluir este año ni el año próximo en que empezará a aplicarse el impuesto. No es verdad. Las rentas medias con esta reforma resultan penalizadas y, eso
sí, habrá un grupo de contribuyentes amplísimamente satisfecho, que son los perceptores de rentas del capital y los que operan en mercados financieros obteniendo plusvalías a corto plazo; a esos sí que se les ha hecho una reforma fiscal a la
medida. A la mayor parte de los contribuyentes, y sobre todo a quienes viven de una nómina, incluidos en las rentas medias y con circunstancias familiares que justifican unos gastos, que también se les niegan, a estos no se les ha favorecido en
absoluto.
En cuanto al tratamiento del ahorro a largo plazo, lógicamente al sacar la renta del ahorro y tributar de forma distinta a la renta en general, tenemos una falta de estímulo al ahorro a largo plazo. Todos los mecanismos de previsión social,
notablemente planes y fondos de pensión, quedan en cuestión como consecuencia de esta reforma del impuesto sobre la renta. Permítanme que no me extienda en este argumento, pero hay una contradicción evidente en el tratamiento de las prestaciones de
los sistemas de previsión social, distinguiendo entre las aportaciones y la rentabilidad de los propios sistemas.
Dentro de la tributación familiar, en uno de los hechos más relevantes que para una familia supone su vida en común como es la adquisición de vivienda, tenemos también fiel reflejo del dirigismo fiscal al que desde el Gobierno y con esta
reforma se pretende inducir a los españoles. Se reforma mal la tributación por adquisición de vivienda, eliminando parte de los estímulos existentes y creando otro absolutamente ficticio que lo único que hará será distorsionar el mercado de
alquiler de la vivienda sin introducir mejora alguna para los jóvenes, a los que presuntamente va dirigido, dentro de ese mercado inmobiliario. En definitiva, una mala reforma, una penosa reforma si hemos de atender a sus efectos tanto económicos
como sociales y desde luego en materia de técnica tributaria, un auténtico retroceso secular.
Permítame, señor presidente, que dé la palabra a mi compañero el diputado Tomé.
El señor PRESIDENTE: El tiempo está agotado.
El señor UTRERA MORA: Tenga presente, señor presidente, que mantenemos ochenta enmiendas vivas.
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a decir que cada grupo parlamentario no puede organizarse la planificación de los debates en función de...
El señor UTRERA MORA: Apelo a la benevolencia de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Lo siento en el alma, el tiempo está concluido. Todo el mundo está respetando el tiempo. Este no es un problema de benevolencia sino de ordenación de los debates. Lo lamento.
Aun así, señor Tomé, tiene la palabra, aunque le ruego que lo haga con la máxima brevedad.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo sobre la reforma del impuesto sobre sociedades que se contiene en el proyecto que estudiamos. Consideramos que el Gobierno ha perdido la oportunidad de hacer la gran reforma
estructural que en este momento hacía falta en la economía española; una reforma que viene a completar la reforma del IRPF que habían impulsado los gobiernos del Partido Popular, que transformase la actual coyuntura de la economía española, de
altos tipos de interés, que están creciendo, que seguirán crecimiento, de alta inflación, de crecimiento del déficit exterior y de pérdida de competitividad, en otra que favoreciese el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad de la
economía española.
Hay aspectos de la reforma que consideramos particularmente desacertados.
Creemos que la eliminación de la deducción por doble imposición de dividendos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas distorsiona las decisiones de
financiación de las empresas y favorece la descapitalización de las mismas al someter a doble gravamen la renta que se aporta en forma de capital, frente a la financiación ajena, frente a los intereses que se pagan y que no contribuyen tanto a
fortalecer a las empresas. También creemos que no se ha llegado todo lo lejos que se debería en la reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades, por más que se haya mejorado en el trámite de Comisión. Hay que tener en cuenta que el
tipo de gravamen medio en la Unión Europea es del 25 por ciento, que en todos los países de la OCDE, de la Unión Europea, están haciendo reformas y que países como Irlanda ha reducido su tipo de gravamen del 24 al 12,5 por ciento en los últimos
años; en Suecia, al 28 por ciento; en Finlandia, al 26 por ciento y en Austria, al 25 por ciento. No son solo los nuevos miembros los que introducen tipos más bajos. El impuesto sobre sociedades debe ser un elemento que contribuya a atraer
inversiones a nuestro país, nacionales y también extranjeras, en unos momentos en los que el acelerado cambio tecnológico favorece decisiones de reubicación de plantas productivas con las que competimos en los países asiáticos y en los nuevos
Estados miembros.
Asimismo estimamos que se ha precipitado la eliminación de las decisiones. En resumen, y para terminar, es una reforma que se hace confusa, insuficiente y retrasada en el tiempo. No es, en nuestra opinión, lo que nuestro país
necesitaba para favorecer el ahorro y la inversión, la competitividad y la productividad. Se corresponde, más bien, con una política económica sin rumbo que ha renunciado a impulsar reformas que nuestro país necesita.
Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalmente, para fijar posición, señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, señorías, voy a fijar la posición del Grupo Socialista sobre la reforma del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre el patrimonio.
El Grupo Popular ha
necesitado quince minutos no para fijar posición, como hemos visto, sino para hacer un inventario de adjetivos peyorativos.
Con dos o tres adjetivos todos habríamos entendido cuál ha sido su posición en esta reforma. Voy a intentar poner en valor
los grandes trazos de esta reforma.
La reforma cumple los objetivos de política económica del Gobierno. Pueden gustar o no, pero en el fondo trata de que se mantenga nuestro crecimiento económico de manera sostenible, equilibrada, y de reformar aquellas cuestiones que inciden
en la productividad. No les ha gustado el adjetivo de prudente. Lo lamento; es prudente porque necesitamos mantener la suficiencia financiera. Es evidente que el Partido Popular, en su alternativa, plantea una reforma con un coste de unos 13.000
millones de euros. Es legítima, pero lo que no es legítimo es hablar solo de disminución de ingresos sin hablar de qué gastos, fundamentalmente sociales, quieren recortar, porque la disminución de ingresos no cuadra con sus posiciones respectivas
en los Presupuestos Generales del Estado, donde cada vez más están demandando inversiones en infraestructuras y en determinadas cuestiones que, sin esta reforma prudente que tanto ha sido denostada, no serían posibles. ¿Quién es el incoherente?
¿El Gobierno que propone una reforma mejorando aquellas cuestiones sustanciales o el Partido Popular, que solamente habla de eliminar ingresos y no de cómo compensarlos por la vía de gastos? Creo que la pregunta se contesta por sí misma. Además,
estamos en un momento del ciclo en el que todavía la demanda interna está tirando de nuestra economía. No parece prudente en este momento añadir más combustible a la caldera. Más bien parece que esta reforma, que es moderada, sea la que necesite
nuestra economía.
Respecto al cuestionamiento de la equidad, discrepamos notablemente de las afirmaciones que se han vertido en esta Cámara. Los asalariados son quienes se benefician del 85 por ciento de esta reforma impositiva. Es clara la mejora de las
circunstancias familiares y personales. Más allá del desahogo que ha tenido el portavoz del Grupo Popular insinuando que, por no mantener su postura, seremos indecentes intelectualmente -creo que se lo debe mirar-, la postura del Grupo Socialista
es que
con este procedimiento de unos nuevos mínimos personales y familiares que operan a tipo cero lo que se consigue es recuperar la equidad en el tratamiento de las circunstancias personales y familiares. Dicho en términos vulgares, no es
posible que porque un señor tenga un elevado nivel de renta la deducción que perciba por su hijo sea hasta tres veces la de un trabajador sin ese nivel de renta. No es equitativo y lo hemos corregido. La decencia se tiene que ver en términos de
equidad y no de una construcción intelectual como la que nos acaban de hacer. En definitiva, dos terceras partes de los contribuyentes verán simplificado su IRPF, tributarán a un tipo único y además, insisto, el 85 por ciento de los beneficiados
por la reforma lo son por rentas salariales.
Respecto al impuesto sobre sociedades, quiero hacer algunos comentarios porque da la impresión de que hay algunas confusiones o al menos yo las he escuchado en esta Cámara. El Gobierno ha tratado de adaptar el impuesto sobre sociedades a la
situación legislativa que teníamos en cuanto a numerosas directivas comunitarias, respecto de las cuales teníamos expedientes abiertos por varias deducciones fiscales que podrían llevar incluso a la situación desgraciada de que las empresas tuvieran
que devolver estos incentivos, y lo que se ha hecho es acomodar esta nueva legislación a las posibilidades que tenía la normativa comunitaria.
Por tanto, cuando hablamos de que el Gobierno ha eliminado la deducción por internacionalización estamos
diciendo que ha hecho caso a una instrucción de la Unión Europea que así se lo pedía -insisto- bajo amenaza de considerarla como ayuda de Estado. En consecuencia, díganme una alternativa, porque no he oído ni una sola a esta deducción.
En cuanto a la I+D+i, hemos forzado al máximo durante cinco años el mantenimiento de la deducción, aparte de darle también una alternativa, y en este punto el estudio no se hace ex ante, se hace ex post; creo que esta es otra pequeña
confusión que se ha manifestado en esta Cámara. Por tanto, hemos mantenido aquellas deducciones que eran positivas para las empresas, fundamentalmente la exención por reinversión, respecto de la que hemos considerado que tiene que ser siempre en
actividades productivas y nunca en actividades especulativas, como ocurrió con la reforma del Partido Popular, en la que una reinversión se podía realizar en actividades inmobiliarias o de mera tenencia. Hemos corregido esta especie de café para
todos -incluso para aquellos que no estaban en la actividad empresarial- y lo hemos reconducido a una reinversión en actividad productiva. Asimismo, el Gobierno ha anunciado que, con la adaptación a las normas internacionales de contabilidad y de
nuestra legislación mercantil, se continuará profundizando en la reforma, lo cual no quiere decir que esta reforma no haya sido importante. Es la primera vez en la historia que el tipo general del impuesto sobre sociedades se reduce en 5 puntos, y
es la primera vez que en una ley de renta incorporamos la deflactación de la tarifa, que tanto parece preocupar al Partido Popular aunque en sus años de Gobierno jamás contemplase esta posibilidad.
Por último, quiero referirme a un comentario general que se ha producido sobre las rentas del ahorro y de ese tratamiento que no tiene la progresividad que un partido de izquierdas debería tener. Señorías, la realidad de la tributación
según los datos del año 2003 dice claramente que todos los contribuyentes que tienen rentas altas no tributan por rendimientos del ahorro, sino por ganancias patrimoniales, ya que tienen sus ahorros en un tipo de productos financieros y, por tanto,
nunca van a tarifa general, sino a tarifa lineal. En consecuencia, lo que hemos hecho es que estos contribuyentes de rentas altas ahora tengan que tributar 3 puntos más. Sin embargo casi todos los contribuyentes que tienen rendimientos, es decir,
libretas de ahorro o imposiciones a plazo, que tributaban al tipo marginal, ahora tributen también a tarifa lineal, al 18 por ciento. Por tanto, el coste de la reforma en los contribuyentes de rentas altas va a permitir disminuir la tributación de
los contribuyentes de rentas bajas. Esto es progresividad, a pesar del análisis un tanto simplista que se ha hecho sobre cómo hemos tratado el ahorro.
Objetivamente es así, igual que objetivamente -y en este punto quiero referirme también a
algunos comentarios que se han hecho- hemos modificado las aportaciones a los planes de pensiones. La aportación media era de 1.900 euros, mientras que las rentas altas tenían la posibilidad de aportar hasta 48.000 euros. Hemos reducido el límite
máximo a 12.500 euros. Hemos limitado por arriba a los contribuyentes pudientes que realmente lo utilizaban simplemente para rebajar su factura fiscal y hemos hecho una reforma pensando en el envejecimiento y en la dependencia. Esto es progresismo
y no el otro progresismo de salón, que al final perjudica las rentas bajas cuando vas a ver exactamente cómo tributan.
Por último, para acabar con cuestiones importantes de tramitación, quisiera decir que en el texto del dictamen hay un error en la disposición final segunda, apartado 11. Se ha reproducido erróneamente el párrafo tres, que no debe figurar en
virtud de las enmiendas transaccionales aprobadas en la Comisión. Se ha colado un párrafo que no estaba y lo anuncio desde esta tribuna para que así conste.
Por otra parte, quiero decir a Coalición Canaria que estamos de acuerdo con su enmienda número 19 -intentaremos que en el Senado vaya adelante- en cuanto a la transformación de capitales en rentas que no tengan consecuencias tributarias.
Vamos a aceptar esa enmienda, así como vamos a ser especialmente sensibles con las enmiendas 27 y 28, que hacen referencia al patrimonio histórico español, aunque la enmienda que ha presentado Coalición Canaria es muy amplia y tendremos que
ajustarla para que solo los verdaderamente protegidos, que son las ciudades históricas, se puedan beneficiar. Le emplazo para una negociación en una fase posterior.
Para acabar, hay una enmienda viva de Convergencia i Unió que hace referencia a la asignación tributaria. Como ya anunció el vicepresidente, en este momento no estamos en condiciones de negociarla, pues primero tiene que finalizar el
proceso de negociación con la Iglesia
católica, y necesariamente tenemos que esperar a ese momento para poder abordar no solamente un aumento de la asignación, sino esa territorialización que se solicita. Por tanto, también le emplazo a una negociación cuando finalice este
proceso con la Iglesia católica.
En principio, nada más. Tan solo quiero dar las gracias a los grupos, que realmente han mejorado este proyecto. Se trata de un proyecto del Grupo Socialista al que se han incorporado aportaciones de Convergencia i Unió, del PNV y de
Coalición Canaria que lo han mejorado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
¿Le he olvidado?
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, mi grupo retira estas enmiendas para poder negociarlas en el trámite del Senado y no cargar a la Cámara con una votación más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señor Mardones. Gracias.
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA DEUDA EXTERNA. (Número de expedien-te 122/000019.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Se han presentado dos enmiendas, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comenzamos con el turno a favor de las enmiendas.
Tiene la palabra el señor Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds, por un tiempo de 10 minutos.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
He de empezar diciendo que esta es una ley en la que se han pulido elementos, pero mi grupo parlamentario dice hoy que esta ley no le convence y no le convence porque los esfuerzos de casi todos, incluidos los nuestros y los del Grupo
Socialista, han hecho que a la misma no se incorporen elementos que suponían pasos atrás o hacia delante que planteaba la ley original. Lo cierto es que elementos fundamentales que nosotros planteábamos e insistimos en plantear en esta ley mediante
nuestras enmiendas aún no se han incorporado. Ante esta situación, estamos en el momento de decidir si hay que dar palmadas en la espalda a una ley que es manifiestamente mejorable o exigir que recorra todo el camino para conseguir una ley
ambiciosa en una sociedad que exige ambición en materia de deuda. Lo cierto es que hoy, debido a la negociación, a la insistencia de algunos, a la buena predisposición -hay que decirlo también- del portavoz del Grupo Socialista, hemos incorporado
elementos que no se incorporaban hace apenas unas semanas. Por ejemplo, en la remisión de las cuentas se menciona el objeto del contrato. Ese es un elemento positivo que nosotros planteamos en su día en ponencia y que se incorporó en Comisión a
partir de nuestra insistencia y del buen hacer también del portavoz Socialista. Se ha incorporado que se regulen los créditos FAD. Pero, ¿cuál es el problema? Que ese compromiso no va sumado a la regulación de los Cesce que, como ustedes saben,
ocupan el 48 por ciento de la generación de deuda. Se ha conseguido que se suprimiese del articulado una redacción que era especialmente desafortunada, que era la referida a que estos recursos podrán no ser ligados a la compra de bienes y
servicios. En aquel momento en ponencia todo el mundo decía que esta era una excelente redacción y tan solo unos pocos, tan solo un grupo, decían precisamente que esta era una redacción pésima, como así lo dijo después el conjunto de organizaciones
sociales. Nosotros entendíamos que no podíamos considerar la predisposición a que la condonación de deuda fuese ligada, porque esto va en contra de los criterios de Naciones Unidas, del Banco Mundial y de todos los organismos multilaterales. Es
más, se ha incorporado algo que nosotros planteábamos y es que se fomente, en primer lugar, la participación con los actores sociales; no es un mandato absoluto, pero sí es una orientación. Es más, en la supresión del artículo 1.d) se ha sumando
este artículo 5.2 que ahora les mencionaba. Todo esto se ha introducido precisamente porque ha habido insistencia y porque ha habido predisposición, pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy a 22 de junio de 2006 es si esta ley obedece a todos
los anhelos, los objetivos y las esperanzas que estaban depositadas en una nueva ley de deuda. Nosotros creemos que no, que esta ley tiene campo para recorrer, y lo que no se pueda mejorar hoy con la aceptación de algunas enmiendas que nuestro
grupo aún mantiene, se podrá incorporar en el Senado. Por eso decimos que no es el momento de dar palmadas en la espalda, es el momento de exigir, en definitiva, que una mayoría de izquierdas ejerza de mayoría de izquierdas y apruebe la ley más
ambiciosa posible. Y creemos que esta no lo es.
A estas alturas la pregunta obligada es si las mejoras introducidas por la insistencia de algunos y el buen trabajo del portavoz Socialista hacen de esta una buena ley. Nosotros entendemos que no y no solo lo entendemos nosotros, sino
también la Alianza Española contra la Pobreza, que agrupa a la Federación Coordinadora de ONG, a las principales organizaciones sindicales del país, al Consejo de la Juventud, al Observatorio de la Deuda y a muchas entidades más. La Alianza
Española contra la Pobreza hace apenas unos días emitió un comunicado que decía que no era suficiente, y esta Cámara se tiene que preguntar si es o no es suficiente la ley. Nosotros entendemos que no.
Por eso, nosotros vamos a plantear una serie de medidas en el trámite del Senado que nos permita explorar un recorrido que haga esta ley decididamente ambiciosa. ¿Cómo? En primer lugar, introduciendo el
principio de corresponsabilidad, con la introducción explícita del término y con consecuencias en la política de gestión de la deuda. ¿O acaso nos podemos permitir, como explica hoy en una carta al director don Daniel Gómez, que no haya
instrumentos para anular deudas que fueron contraídas para vender armas españolas a dictadores corruptos? Lo que tenemos que lograr, sobre todo, es un compromiso de futuro: conseguir que, a partir de hoy, haya una evaluación de la deuda que
contraigan terceros países con España.
Segundo elemento. Debe haber una definición acerca del sobreendeudamiento que vaya más allá de lo que hemos aprobado en Comisión, porque hoy el término sobreendeudamiento, tal y como está aprobado en la ley, está muy asociado a términos
financieros. El término sobreendeudamiento tiene que ir asociado precisamente al desarrollo humano, a que los países puedan cumplir con los Objetivos del Milenio y con la Declaración de Monterrey.
Para nosotros ese es un elemento troncal,
fundamental, para que esta sea una ley ambiciosa y para que, en definitiva, esta ley no se entienda que afecta solo a los países sobreendeudados desde una lógica exclusivamente financiera. Este es un elemento que no hemos incorporado con fuerza en
la ley y existe una mayoría de izquierdas para que esto sea posible.
Tercer elemento, la ley no tiene que predeterminar que sea un ministerio u otro el que gestione la deuda. Podemos discutir sobre si tiene que continuar el Ministerio de Economía deliberándolo, pero la ley predetermina en el redactado que
sea el ministerio. (El señor Madina Muñoz hace signos negativos.) No digan que no, porque es así, no es que lo diga yo, lo dice también la Alianza Española contra la Pobreza, y si dicen que no, para mayores garantías, apoyen nuestra enmienda que
hace que no haya predeterminación en la gestión de la deuda.
En información hay avances, como el objeto, pero nosotros planteamos que toda organización social pueda tener toda la información en torno a un proyecto si así lo requiere. En materia medioambiental, a partir de la transposición del
convenio de Arus, no una organización social, sino un ciudadano, puede tener toda la información que afecta al medio ambiente.
Nosotros pedimos que en esta materia, que es una materia fuente de polémica, una organización social pueda tener toda la
información, por ejemplo, sobre los proyectos que afectan a papeleras en Uruguay. No es descabellado, porque existe en el derecho comparado y en materia medioambiental.
Avanzamos claramente en el carácter desligado, le he puesto el ejemplo, pero ¿no podríamos incorporar que la adicionalidad de la deuda no se incorpore o que, como mínimo, cuando lleguemos al 0,7 por ciento la condonación de deuda no sea
computada como AOD? No lo decimos para hoy, pero lo decimos para que cuando estemos como en Noruega hagamos lo que hoy ya plantea hacerse en Noruega, que es simplemente que esta condonación no se compute como AOD. ¿Podemos hacer que esta ley tenga
un gesto en condonación de deuda? Sí, y lo positivo es que se va a hacer.
Según tengo entendido vamos a aprobar uno de los elementos importantes que es que haya una condonación de la deuda, eso sí de los países Hipic, contraída antes del 31 de
diciembre de 2003.
A estos elementos de ambición le tenemos que sumar elementos que nos permitan que, a partir de ahora, la ambición que podamos tener hoy en esta Cámara, por una correlación de fuerzas determinadas y por una sensibilidad mayor, se convierta
precisamente en instrumentos para la sociedad civil y para los parlamentarios para que la política de deuda no vuelva a ser la que ha sido. Eso significa introducir elementos de corresponsabilidad y definición de sobreendeudamiento que no se han
introducido. Aquí el debate se centra en un elemento fundamental: la política en materia de deuda exige coherencia y coherencia requiere precisamente un mayor compromiso en materia de FAD y en materia del Cesce. Les recuerdo que el Cesce ocupa un
48 por ciento de la generación de deuda que se produce en España.
La ley supone para nosotros una decepción en torno a esta materia. De todas maneras, queremos acabar con un voto positivo, pero hoy el voto positivo no se puede producir porque elementos fundamentales, en los que nosotros venimos
insistiendo desde el primer día y que harían de esta una buena ley, no se han incorporado. Un elemento clave es la oportunidad que tenía esta ley para regular los créditos FAD y el Cesce. Podríamos haberlo introducido en esta ley, pero no ha sido
así. Finalmente se ha incorporado que se regulará por ley, y aquí nosotros pensamos que hay dos problemas: primer elemento fundamental, un problema de tiempos, que requiere precisamente que esta ley entre antes del 31 de diciembre de este año,
porque si la ley sobre FAD y Cesce no entra antes del 31 de diciembre de este año no va a haber ley de FAD y de Cesce, porque los trámites parlamentarios no lo van a permitir; y segundo elemento fundamental: el acuerdo en torno a los contenidos de
esta ley. ¿Cuál tiene que ser el acuerdo? ¿Cuál tiene que ser la base del acuerdo en torno a los contenidos de esta ley? Está muy claro. Nosotros creemos que los contenidos deben basarse precisamente en la proposición de ley que nuestro grupo
parlamentario ha presentado, que supone un cambio filosófico y real en torno a la generación de deuda. No se puede hablar de condonación de deuda sin un acuerdo en torno a la gestión de la misma.
Por eso, nosotros vamos a esperar y a emplazar al
Grupo Socialista a que este acuerdo en torno a la gestión de la deuda se materialice en tiempos y en contenidos: en tiempos, antes del 31 de diciembre, y en contenidos, precisamente para garantizar una ley que sea ambiciosa y que, sobre todo, haga
que la política de FAD y la política de Cesce tengan como principio rector la cooperación y la solidaridad y no la política comercial.
Señor presidente, para acabar, nosotros creemos que hoy, a 22 de junio, esta no es la ley que podría aprobar esta Cámara. Esta Cámara podría aprobar una ley mejor, una ley ambiciosa, y no solo ambiciosa con el pasado, no solo que diga que
condonamos la deuda anterior al 31 de
diciembre a los países Hipic, sino que nos dé instrumentos para que la política de deuda sea coherente con criterios de solidaridad y con el principio de cooperación, que introduzca corresponsabilidad y otros elementos que hoy no se
incorporan. Ustedes tienen la palabra, y nosotros les decimos que la oportunidad la van a tener en el Senado otra vez con nuestras enmiendas, con nuestra insistencia; nuestra insistencia y la buena voluntad -también lo digo- del portavoz del Grupo
Socialista, que han hecho que elementos negativos de la ley finalmente no lo fuesen, pero hoy esta ley no tiene la ambición que requiere. Esta ley tiene mucho más recorrido y esperamos es que se haga por quienes lo pueden hacer, que son las fuerzas
políticas de izquierdas de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 8 de marzo del año pasado el Pleno tomó en consideración una proposición de ley de Convergència i Unió de tratamiento de la deuda externa. Hoy esa proposición de ley presentada por nuestro grupo culmina casi su recorrido
parlamentario, al menos en esta Cámara. Ha sido más de un año de trabajo de diversos grupos parlamentarios y de diversos portavoces -el señor Robles, el señor Madina, el señor Herrera, el señor Ramón, el señor Esteban- en el que nos hemos esforzado
en construir por primera vez en el Estado español un marco legislativo que orientase y condicionase nuestra política de gestión de la deuda externa. El esfuerzo que hemos hecho entre todos nos permite construir una buena ley de gestión de la deuda
externa y la segunda ley de gestión de la deuda externa de la Unión Europea, recogiendo principios avanzados y orientando la gestión de dicha política a la erradicación de la pobreza. Mi grupo se siente plenamente satisfecho del trabajo
parlamentario realizado, que además ha ido acompañado de un intenso diálogo con los sectores de la sociedad civil que están implicados en la lucha contra la pobreza. La participación en diversos seminarios y encuentros impulsados por estas
organizaciones y las reuniones bilaterales de todos y cada uno de estos grupos parlamentarios nos han ido permitiendo construir esa proposición de ley, que no es solo de los grupos parlamentarios, sino que también es el resultado de las aportaciones
de estos sectores de la sociedad, que pueden ver reflejadas sus opiniones y criterios en artículos concretos de esta futura ley de la deuda externa. Es una ley que va a permitir una mejor política de gestión de la deuda externa, que va a situar la
gestión de la deuda externa con un mandato legal y, por tanto, con un mandato que va a condicionar las políticas del Gobierno en el futuro, y que enlaza con las reflexiones que en la comunidad internacional se vienen impulsando desde finales de los
años noventa, que sitúan la deuda externa como un obstáculo al desarrollo de los países pobres en situación de endeudamiento. Sitúa justamente en el centro de la reflexión política en España la cuestión de la deuda externa en relación con el
desarrollo y la erradicación de la pobreza. Hoy, la Cámara, dando luz verde a este proyecto de ley, asume que para determinados países africanos, para determinados países de Centroamérica y para determinados países de la América Andina la deuda es
un obstáculo para su desarrollo.
En este sentido, mi grupo se siente satisfecho y quiere valorar las aportaciones que ha hecho el señor Madina, al que le ha tocado, como le toca siempre al diputado de la mayoría, jugar un papel difícil, como es el de acercar posiciones
entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores y los grupos enmendantes; el señor Robles, que ha demostrado un talante que le honra, buscando y facilitando el acuerdo del conjunto de los grupos; el señor Esteban, a quien
Convergència i Unió debe muchas cosas y que en este trámite parlamentario también ha ayudado a que las cuestiones avanzasen; el señor Ramón, que ha defendido sus enmiendas, y el señor Herrera que, a pesar de que hoy no va a poder votar esta ley, es
consciente de que algunas de las cuestiones en las que se avanza son resultado de enmiendas que el mismo planteó, que Convergència i Unió defendió en la pasada Comisión y que se acabaron incorporando.
Desde este punto de vista, creo que todos nos
podemos sentir satisfechos.
Señorías, esta proposición de ley que la Comisión ha enviado para su debate y votación a este Pleno vincula de manera inequívoca la gestión de la deuda externa a la política de cooperación al desarrollo y la enlaza con los instrumentos de
planificación de la política de desarrollo de España, que son el Plan director y el Plan anual. Esos instrumentos van a incorporar la propia definición de la política de gestión de la deuda externa.
En el artículo segundo dejamos abierto qué ministerio va a dirigir la política de deuda externa. Ha sido una batalla difícil, pero hemos mejorado incluso las previsiones de la Ley de cooperación internacional al desarrollo del año 1998, en
la que la batalla entre los ministerios de Economía y Exteriores se saldó con un triunfo claro del primero. En los principios rectores de la política española de gestión de la deuda externa, apostamos por esa vinculación, por esa preferencia por
los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento, y apostamos clarísimamente por que España adoptase respecto a los países más empobrecidos el tratamiento más generoso y más ventajoso que se dé en la escena
internacional y en el ámbito multilateral. Señorías, en esta proposición de ley existe también un mandato al Gobierno español para que en la escena internacional apueste por las posiciones más avanzadas que se produzcan en el Club de París, en el
Club de Londres, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional.
Asumimos además, señorías, un concepto de condicionalidad que, desde una óptica progresista, es indiscutible. Afirmamos que se prestará especial atención a que los países beneficiarios de tratamientos de deuda se comprometan
de forma expresa y verificable a reducir el nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país, a progresar significativamente en el respeto de los derechos humanos, a perseguir el crecimiento económico sostenible, el bienestar y el
pleno desarrollo social y humano de esos pueblos y la conservación del medio ambiente. La condicionalidad que introduce esta proposición de ley a la gestión de la deuda externa, en términos progresistas, es indiscutible.
Entre los instrumentos de gestión de la deuda externa, apostamos específicamente por el instrumento de conversión de la deuda por inversión. Ahí, después de un debate intenso y apasionado, hemos incorporado el mandato de que en la política
de conversión de deuda se fomentará en primer lugar la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local, al objeto de que las operaciones de conversión de deuda maximicen el impacto de desarrollo en los
países beneficiarios. Apostamos por la desvinculación de las políticas de conversión de los intereses exclusivos del Estado español.
Finalmente, señorías, la ley, en términos de transparencia y control de la política de gestión del Gobierno, es impecable. Cada año, en esta Cámara va a tener lugar un debate, con información previa del Gobierno, sobre la política de
gestión de la deuda externa, con un nivel de transparencia que no es demasiado habitual en las políticas públicas en España. Ahí también hemos ido construyendo una obligación de información del Gobierno realmente avanzada, pero no será tan solo el
Gobierno quien comparecerá en esta Cámara, también va a comparecer la sociedad civil. El texto de la ley abre la vía a que en ese debate sobre la información que transmita el Gobierno, los actores sociales y los expertos puedan comparecer y aportar
su visión en esta materia. Y el control no va a ser solo por parte del Parlamento, también va a ser por parte de los actores de la sociedad civil vinculados a la lucha contra la pobreza, porque el Consejo de Cooperación se constituye también en un
elemento de seguimiento de esa política. La misma información, el mismo debate que se va a trasladar al Congreso de los Diputados, se va a trasladar al Consejo de Cooperación para que pueda estar presente en el seguimiento de esta política.
Finalmente y después de mucha discusión, creo que hemos alcanzado un elemento importante, una disposición transitoria única, aprobada en la Comisión con una enmienda de Convergència i Unió transaccionada con el Grupo Parlamentario
Socialista, que insta al Gobierno a presentar a las Cortes Generales para su tramitación y, en su caso, aprobación en la presente legislatura un proyecto de ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo -el FAD-, que genera, como conocen sus
señorías, más del 50 por ciento de la deuda externa de España. Con esta proposición de ley ponemos en pista la reforma del principal instrumento de la cooperación española, que es criticable desde el punto de vista de su utilidad en términos de
erradicación de la pobreza y de su capacidad de generar esa deuda. Señorías, insisto, es una buena proposición de ley que hoy justifica un voto favorable sin ningún tipo de complejos.
A Convergència i Unió le resta viva tan solo una enmienda, que reclama que junto con esta proposición de ley el Gobierno adopte una medida concreta de condonación de la deuda externa en los márgenes que nos establecen los acuerdos
internacionales, las decisiones tomadas en el marco del G-8. En este sentido, reclamamos que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley el Gobierno tomará las medidas necesarias para cancelar, en las condiciones, modalidad y
términos que se acuerden con los países deudores, la deuda soberana con origen en los seguros de crédito a la exportación, conocidos por Cesce, de los denominados países HIPC, así como la deuda FAD contraída con anterioridad al 31 de diciembre de
2003 a los denominados países menos adelantados. Nos parece necesario que esta nueva ley incorpore una condonación concreta en ese margen que tenemos de la deuda contraída antes del 31 de diciembre de 2003 en el marco de los acuerdos del Club
París, tanto en deuda comercial como en deuda FAD, entre otras cosas, señorías, porque nuestra política de condonación de la deuda externa es lenta. Entre los anuncios del Gobierno y la condonación real pasan años. Es bueno recordar que en el
supuesto de Senegal -país que nos interesa por otras razones y el señor Robles incorporó una enmienda muy interesante sobre el factor migratorio en la gestión de la deuda externa- desde junio de 2004 el Gobierno ha tenido la posibilidad de cancelar
la deuda y los primeros 12 millones de euros se cancelan al cabo de dos años. Queremos que esta ley no suponga tan solo un marco de principios y orientaciones que sitúe y vincule la política en la lucha contra la pobreza, sino que implique un nuevo
paso en una condonación concreta a los países más pobres, más endeudados, a los países HIPC. Estamos hablando de países africanos, centroamericanos y de Bolivia.
Señor presidente, creo que hoy damos un paso hacia delante en la construcción de una política de cooperación comprometida, justa y que responda a las demandas de nuestra sociedad y creo que de ello debemos felicitarnos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Fijación de posición de los grupos parlamentarios, también en un turno de diez minutos. Grupo Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo simplemente para fijar la posición en una tramitación que realmente creemos que ha sido muy trabajada. Es verdad que desde Eusko Alkartasuna no llegamos a todo, voy a ser sincera. Hemos seguido esa tramitación con todo nuestro
cariño y trabajo, pero no hemos podido acceder a las ponencias y demás porque nos han ido coincidiendo con las de otros proyectos de
ley. Hemos seguido el tema porque nos parece muy interesante y creo que deberíamos hacer dos reflexiones muy claras. La primera es que donde no había nada o al menos había que empezar a hacer una gestión de la regulación de la deuda
externa con una voluntad política importante creo que sí ha habido un sensible avance y un elemento muy trabajado por parte de todos los grupos para intentar llegar a las mejores soluciones. Desde esta perspectiva y por una cuestión casi de
honestidad, en la medida en que ha habido un sensible avance, no podríamos decir que o todo o nada.
Por eso es bueno señalar que no vamos a votar que no, ni mucho menos.
Vamos a votar todas las enmiendas de los grupos que todavía están vivas,
porque supone regular de manera más detallada y mejor todo este tema. En el voto final, en este momento, como tampoco se termina aquí el proceso, nos quedaremos en una abstención constructiva y positiva valorando total y absolutamente un esfuerzo
ímprobo, en el que reconocemos la valía de los ponentes y que de donde no había nada o incluso era algo negativo hemos pasado en la balanza a algo positivo. Por tanto, será un voto de abstención simplemente con espíritu constructivo en el sentido
de que quizás en el Senado pueda haber otras cuestiones importantes que se puedan incorporar al texto de la proposición de ley. La valoración, si tuviera que resumirla en una frase, diría que ha sido muy positiva, porque se ha hecho un buen trabajo
y un gran esfuerzo. Es un mérito que reconozco a los ponentes. Nos hubiera gustado haber participado más en la tramitación, pero a todo no se llega.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy es un día para felicitarnos por la tramitación y el pase posterior al Senado de esta proposición de ley, porque verdaderamente, si les soy sincero, el día en que el grupo del señor Campuzano, Convergència i Unió, presentó el texto
inicial yo no tenía muchas esperanzas, por las dificultades que todos conocemos y por las reticencias y las dinámicas de los gobiernos, de que pudiera llegar a buen término y, al final, entrara en vigor el tratamiento de la deuda externa. Además,
se trata de una ley en cierto modo en nuestro ámbito novedosa, ya que sería la segunda en Europa, y por lo tanto es un paso muy importante, porque de la nada vamos a pasar no solo a tener una ley de gestión sino una ley de gestión razonablemente
buena en muchos aspectos. En ese sentido, felicito a todos, pero especialmente al señor Campuzano por su presentación, y también al portavoz del grupo mayoritario, porque uno sabe también lo que es bregar con el Gobierno propio a veces cuando los
intereses de unos ministerios y otros se entrecruzan y son lógicamente, como no puede ser de otra manera, contradictorios, y se ha hecho un esfuerzo importante por parte del señor Madina y del Grupo Socialista. Era de justicia decirlo.
Nos parece importante que se haga mención expresa en la exposición de motivos a la Declaración del Milenio, porque una de sus metas es encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e
internacionales a fin de hacerla sostenible a largo plazo. Aprobar esta ley supone dar un paso más en el cumplimiento de esos objetivos de costosa realización, pero en los que la comunidad internacional está empeñada. Es muy importante también que
en el objeto de la ley se señale claramente que la gestión de la deuda externa española está vinculada con la política de cooperación española. Hay muchos factores e intereses relacionados con la deuda externa, pero queda subrayado que la
vinculación principal es con la política de cooperación como instrumento para fomentarla. Es cierto que no ha quedado definido el ministerio al que corresponde la coordinación, pero sí se produce una modificación en el sentido de que se deja
abierto a la estructura de los decretos de futuros gobiernos que puedan señalarlo. Por lo tanto, está abierto a que fuera el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso la misma Secretaría de Estado de Cooperación, los que pudieran dirigir
o ser la parte principal de todo el proceso de gestión de deuda.
Nos agrada que también se señale que la política de gestión de deuda sea consistente con la multilateralidad y sobre todo que expresamente se recoja por primera vez en un texto la obligación de que ante la Comisión de Cooperación se
manifieste por parte de los representantes gubernamentales la posición que vayan a mantener o que hayan mantenido en los organismos multilaterales con competencias en materia de deuda externa. Es importante porque algo que hasta ahora no se ha
producido, que los representantes del Parlamento puedan impulsar las posiciones que el Ejecutivo vaya a adoptar en estos organismos multilaterales, no es ya solo una voluntad manifestada verbalmente, sino que aparece en el texto de la ley.
Por otra parte, valoramos que se señale que en los planes directores de cooperación española el tratamiento de la deuda externa se considere como una de las actuaciones prioritarias de la cooperación y también que se refuerce evidentemente
la información a los representantes políticos en el Parlamento, pero no solo a ellos, sino también en su caso -si así lo desean, y estoy seguro de que van a manifestar una voluntad favorable- a la sociedad civil, a los actores civiles y a las ONG a
través del Consejo de Cooperación. Es muy importante que se establezca la obligación de que en los primeros treinta días hábiles de cada ejercicio presupuestario se deban exponer en la Comisión de Cooperación Internacional las líneas estratégicas
principales de la gestión de esa deuda externa y además que se detallen los datos y se señalan expresamente en la ley muchos de estos aspectos. Deben recogerse en detalle los recursos públicos utilizados, objetos de contrato, fechas y razones de
impagos, importes pagados y pendientes, deuda reestructurada y no reestructurada, deuda por países y áreas geográficas, desglose de la deuda en sus distintas categorías, número de acuerdos firmados por España en el Club de París, etcétera. Por fin
vamos a tener una información proporcionada por el Ejecutivo de manera estructurada y no que haya que ir recopilando en boletines oficiales un
dato aquí y otro allá y que las ONG y los partidos políticos tengan que ir haciendo su propia composición de lugar de cómo está el estado de gestión de la deuda, sino que de manera detallada y por obligación de la ley el Ejecutivo deberá
presentar este ejercicio y someterse, por supuesto, a la Comisión de Cooperación Internacional de este Parlamento, y esta información también puede ser solicitada por el Consejo de Cooperación si así lo estima oportuno.
Nos parece fundamental que por fin haya un compromiso de presentación de un proyecto de ley que regule uno de los caballos de batalla de la materia de cooperación que son los créditos FAD. Habrá que estar a ello.
Hubiera sido ideal que
hubiéramos podido hincarle el diente incluso ya directamente en este texto, pero ya se ha dado un gran paso con el compromiso de que dentro de este periodo de sesiones se presente este proyecto y esa será, desde luego, otra batalla a discutir, pero
es un gran logro el texto.
También nos parece importante que por fin se hable de la desvinculación entre condonación de deuda y política de cooperación y utilización de bienes y servicios españoles. Es fundamental el párrafo logrado en el artículo quinto.2, que se
funda en el principio de la soberanía local del proceso de desarrollo, afirmando que para ello se fomentará en primer lugar la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local, y que se dé primacía a esta
participación de los actores locales, a este apoyo al tejido productivo significa que siempre que se pueda y siempre que eso vaya a generar más desarrollo endógeno local, la desvinculación deberá darse por entendida.
Por último, me gustaría hacer una mención a la enmienda transaccional que hemos presentado a la que mantenía el Grupo Catalán (Convergència i Unió) porque era un objetivo, más que simbólico, muy práctico a la hora de su trascendencia
económica, en el sentido de que, aparte de los instrumentos legales y técnicos de la ley, hubiera un gesto concreto en materia de condonación de deuda. Lo que pretendíamos con nuestra enmienda transaccional a la de Convergencia i Unió era lograr
quizás una vía de mayor encuentro entre todos los grupos en el sentido de que si ya habido una condonación de la deuda FAD hasta 31 de diciembre de 1999, debemos empezar también a hablar -va a ser más costoso y más dificultoso- de todo lo que
suponga la deuda Cesce. En ese sentido, proponíamos que se produjera, al menos para los países HIPC, una condonación de esa deuda Cesce a la misma fecha que a la que se hecho hasta ahora con el FAD, a 31 de diciembre de 1999.
Hay otra enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, sobre la que después el señor Robles hablará, que parece que va a ser por la que opte el grupo autor de la enmienda original, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
a la hora de transaccionar y con la que nosotros también estamos de acuerdo, porque nos parece un interesante ejercicio de búsqueda de terreno común entre todos los grupos y por eso la vamos a apoyar.
Por último, quiero señalar que vamos a apoyar la ley en su conjunto, sin ninguna duda; nos parece un paso importantísimo, sobre todo en algunos puntos. Si hace dos años nos hubieran dicho que iba a haber una ley de gestión de la deuda
externa y, sobre todo, que algunos de los contenidos iban a ser los que ahora existen, ninguno lo hubiéramos creído, ni los representantes de los grupos políticos que estamos aquí ni tampoco los actores civiles. Por ese motivo creemos que votar que
no o abstenernos ante esta ley es quedarnos en la situación en la que estamos, esto es, que no haya ley de gestión de la deuda externa y, por tanto, que el Gobierno siga teniendo las manos libres como las ha tenido hasta ahora en este tema. Por
tanto, un voto responsable, un voto consciente y un gran paso adelante es votar positivamente, como lo vamos a hacer por parte de nuestro grupo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Esquerra, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, permítanme saludar a los representantes -activistas, diría yo- de ONG y movimientos sociales que hoy nos acompañan en las tribunas y sobre todo agradecerles el papel protagonista y principal que
han tenido en toda la tramitación de esta proposición de ley y la ayuda que han prestado a los grupos parlamentarios, a lo que también ha hecho referencia antes algún otro portavoz. Han tenido un papel protagonista por la organización de una
campaña que reclamaba a los poderes públicos la modificación de la proposición de ley para que esta fuera una ley reguladora de la deuda externa justa con los pueblos empobrecidos y que permitiera la transparencia y la participación de la sociedad
civil en su gestión; una campaña que, por cierto, ha contado con la opinión favorable de prácticamente la unanimidad del mundo de la cooperación, campaña que tenía unas reivindicaciones que, me gustaría señalarlo, estaban incorporadas por unas
enmiendas que presentamos conjuntamente el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana después de un diálogo extenso y muy agradable que mantuvimos con el Observatorio del
Deute, que sobre todo nos ayudó al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a Esquerra Republicana y también a Convergencia i Unió a presentar las enmiendas que entendíamos tan necesarias para mejorar esta ley.
Las enmiendas presentadas recogían el control de las coberturas del Cesce, la presentación de una ley de reforma de los créditos FAD, la gestión de la deuda por una comisión paritaria Gobierno-sociedad civil -en este caso con miembros
elegidos por la coordinadora de ONG-, la inmediata cancelación de la deuda ilegítima y la total transparencia de la información estableciendo el envío de todos los datos y la realización de las comparecencias oportunas en esta Cámara para determinar
y
analizar la deuda, su control y gestión, incluyendo, entre otros, el nombre de los proyectos financiados o asegurados, las empresas beneficiarias o las condiciones de financiación y análisis del impacto del proyecto. A juicio del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, muy poco de esto se recoge en esta ley. No hay una regulación de la participación de la sociedad civil -luego me referiré a ello más ampliamente-, no está regulada en el articulado de esta ley, cosa que
hubiera sido del agrado de nuestro grupo; no hay una transformación de los principales mecanismos de generación de deuda, solo hay un compromiso finalista sobre la regulación de los créditos FAD. Nuestro grupo había anunciado en el debate de la
ponencia y también en el de la Comisión que en una ley que hablaba de la deuda externa había que empezar a regular todo lo que podía llevar a contraer esta deuda y que, por tanto, era necesaria una regulación clara de los créditos FAD. Ahora se nos
ofrece el compromiso de que antes de finales de año se pueda traer una ley a esta Cámara para la regulación de estos créditos FAD. Nosotros estamos de acuerdo porque siempre hemos denunciado en este Cámara que hay que cambiar de una vez por todas
su regulación, pero también entendemos, y así lo hemos denunciado en los diferentes debates, que en una ley sobre deuda externa se tenía que hablar claramente de cómo gestionábamos los créditos FAD.
Tampoco hay la transparencia que nuestro grupo hubiera deseado. No se establece la obligatoriedad de información y en ningún caso se habla de auditorías, que era una de las condiciones que poníamos en nuestras enmiendas. No llegamos a
conseguir la corresponsabilidad que entendíamos que tenía que reflejar esta ley; corresponsabilidad que hubiera conllevado la cancelación de la deuda ilegítima. Tampoco tenemos un verdadero compromiso de cooperación por encima de los intereses
económicos que llevaría a establecer que el Ministerio de Asuntos Exteriores fuera el auténtico responsable y tampoco hemos conseguido que no se contabilice la deuda externa o la condonación de deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo. En conclusión,
hay muy poca concreción de lo que se reivindicaba en nuestras enmiendas y de todo aquello que reivindicaba la campaña llevada a cabo por la sociedad civil para que esta ley fuera mucho más justa en torno a la regulación de la deuda externa. No
vamos a reiterar hoy aquí el discurso de justicia social e internacional que hicimos en la toma en consideración, que legitima las enmiendas que hemos presentado, aunque entendemos que nos otorga una cierta legitimidad en cuanto a la reclamación
ciudadana y sobre todo a las campañas que se han ido llevando paralelamente a la tramitación de esta ley. Ustedes lo conocen suficientemente porque varios grupos han hablado de esta justicia social en sus discursos, pero creemos que de una vez por
todas teníamos que pasar de las buenas palabras y de los buenos discursos a plasmarlos en una ley que no tuviera modificaciones importantes ni ambigüedades como las que nosotros creemos que hay en esta. Ciertamente hay avances. La propia voluntad
de regular la deuda externa es un avance en sí mismo.
Entendemos que es positivo que la ley intente regular la deuda, pero esto no es suficiente para apoyarla.
La sociedad civil es tan inconformista que reclama como necesario regularlo de manera adecuada y justa con los pueblos afectados, con transparencia para determinar eso y con una participación de la sociedad civil para consensuar la línea a
seguir en la cooperación y condonación de la deuda. En la presente ley esto no se ha conseguido, porque a pesar de los avances parciales y tímidos en algunos puntos de gestión de la deuda externa, estos son claramente insuficientes en aspectos
fundamentales, como ocurre con la transparencia en la información, o no van más allá de las declaraciones de intenciones como pasa con la vinculación de la gestión de la deuda con la política de cooperación, la desvinculación de la deuda de los
bienes y servicios españoles o con la participación de la sociedad civil.
Respecto a esta participación de la sociedad civil quiero señalar que no solo establecíamos en nuestras enmiendas que la citada comisión paritaria de seguimiento de deuda externa era la encargada de realizar un informe anual con posibilidad
de votos particulares, sino que era importante la designación de cuantos expertos y representantes de la sociedad civil se consideraran oportunos para el eficaz desarrollo de su labor o la posibilidad de comparecer ante el Congreso de los Diputados
para explicar ante los parlamentarios y los medios de comunicación desde esta tribuna pública la perspectiva de la sociedad civil en todo lo que se refiere al tema de la deuda. Ni siquiera esta reclamación ha podido ser transaccionada con el grupo
mayoritario de la Cámara en busca de unas vías que permitieran una participación mayor de la sociedad civil. Así, ha quedado en la presente ley como una declaración de intenciones establecida en el preámbulo, que cita la pretensión de crear un
subcomité, sin determinar ni la composición ni las competencias ni la información de que dispondrá el mismo, es decir, nada más que esta declaración de intenciones. Esta no era una cuestión económica, aquí no nos valían los argumentos de que el
Ministerio de Economía no podía, sino que se trataba de la buena intención de que pudiéramos interferir para que esa participación fuera mucho más allá. Esta participación tenía que ir un poco más allá y hubiera sido bueno llegar a un acuerdo para
que la misma se mantuviera en un organismo donde la sociedad civil se integrara como agente asesor consultivo, pero no ha podido ser así. Lo que puede preocupar es la transparencia de la información, que las ONG tengan demasiada información o que
tengan el contenido que sea necesario, pero no entendemos que no hayamos podido llegar a consensuar una participación mucho mayor o al menos que se hubiera regulado en el articulado y no en el preámbulo como se ha hecho.
En definitiva y para acabar, señoras y señores diputados, en el debate parlamentario los portavoces del grupo mayoritario de la Cámara, los portavoces socialistas ya nos advertían de la dificultad de que las enmiendas que
presentaba nuestro grupo conjuntamente con otros grupos pudieran llegar a buen fin. Nosotros hemos intentado negociar al máximo. Han esgrimido que ni el Ministerio de Economía ni el de Industria, Turismo y Comercio han ayudado a que este
consenso pudiera ser más grande, pero también tenemos que decir a estos portavoces socialistas que hoy el Grupo de Esquerra Republicana no puede apoyar esta ley. No hemos alcanzado los acuerdos necesarios para hacerlo. Si hoy apoyáramos esta ley,
haríamos un flaco favor a toda esa gente que se expresó claramente en la consulta popular que hubo el 12 de marzo de 2000 en el Estado, pero concretamente en Cataluña, donde hubo una participación mucho mayor y donde lo que pedían claramente era la
condonación de la deuda ilegítima vinculada con el desarrollo. Creemos que apoyar esta ley hoy es hacer un flaco favor a toda esa gente que apoyó esa consulta popular y, por consiguiente, nosotros no vamos a apoyarla.
Me gustaría, como han hecho otros grupos parlamentarios, y creo que es de justicia, agradecer el papel que ha tenido el portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Madina, porque en todo momento ha intentado negociar y consensuar con nosotros.
Quisiera creer que hay la posibilidad de que en el Senado podamos incorporar algunas de las demandas que nuestro grupo ha intentado introducir en la ponencia de la ley. Esperemos que ese trámite del Senado la pueda mejorar y que allí nuestro grupo
pueda cambiar el voto y apoyarla. Agradezco muy sinceramente el papel del señor Madina en la Comisión, pero, como les decía, hoy nuestro grupo no puede apoyar esta ley.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos hoy analizando el informe de la ponencia, de la tramitación que se inició el día 8 de marzo en esta Cámara, cuando todos los grupos decidimos aceptar la tramitación de la iniciativa que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) nos planteaba. Todos lo vimos en ese momento como una oportunidad, como la oportunidad de lo que hoy estamos culminando, que es ver la luz de la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa, que permite regular y crear los
mecanismos, los trámites, las formas y las maneras en que el Estado español va a gestionar uno de los instrumentos más importantes en la financiación de los objetivos del Milenio, en la financiación del desarrollo. Aunque el día 8 de marzo de 2005,
cuando empezábamos la tramitación, todos advertimos que no era la ley que cada uno de nosotros hubiéramos presentado, sí lo vimos como esa oportunidad que efectivamente se ha materializado como lo que se preveía: la oportunidad de acercar
posiciones, la oportunidad de analizar la trascendencia de este fenómeno.
Hoy se trae a esta Cámara una ley, una buena ley, que va a permitir por primera vez en el Estado español tener criterios a la hora de poder gestionarla. Como es una ley que
viene consensuada, es evidente, como ya he dicho, que no es la ley de cada uno de nosotros, pero puede ser la ley de todos nosotros.
El hecho de que sea una ley que va a contar aproximadamente con el 95 por ciento del apoyo de esta Cámara dice del esfuerzo, del trabajo y del acercamiento de posiciones que hemos llevado a cabo entre todos. El señor Campuzano ha tenido la
amabilidad de citarnos uno a uno a todos los portavoces que hemos participado en este debate. Si hubiera la tradición -que no la hay en nuestro Parlamento- de poner nombre a las leyes, como pasa en otros sitios, esta ley tendría un nombre; ya que
ha sido tan amable el señor Campuzano, como digo, de citarnos, esta ley tiene no solo el impulso y la iniciativa, sino el coraje y el conocimiento -hay que reconocérselo-, y debería tener ese nombre. También quiero mencionar el esfuerzo que se ha
hecho por parte de todos. El señor Madina ha desempeñado el papel importante de buscar posiciones y es de justicia mencionarlo.
Entro en las cuestiones que nos ocupan y, al margen de los reconocimientos mutuos de todos, que es lo menos importante, lo que hay que destacar es que tenemos una ley que responde a los compromisos que todos los Estados y todos los gobiernos
adquirimos en dos de los momentos fundamentales en la lucha contra la pobreza, en el cumplimiento de esos objetivos que hemos llamado objetivos del Milenio, que fueron la cumbre de Nueva York, en el año 2000, y la cumbre de Monterrey, en el año
2002. Tanto en la cumbre de Nueva York como en la cumbre de Monterrey se habló precisamente del papel fundamental, del papel tan importante, que juega la deuda externa, siendo un lastre en el desarrollo de los países más empobrecidos. Se habló
sobre la cancelación de la deuda, sobre la negociación de la deuda, sobre los instrumentos de la deuda, precisamente como uno de los objetivos para financiar el desarrollo de muchos de estos países. Ya desde los años 2000-2002 se planteó como un
reto en todos los países, en todos los Estados, encontrar mecanismos que conviertan la deuda de los países, en vez de que sea un lastre, en una oportunidad para gestionar adecuadamente la financiación del desarrollo. Así lo entendió entonces el
Gobierno del Partido Popular, que firmó en los años 2000-2002 esos compromisos; no solamente los firmó, sino que intentó hacerlos viables y creíbles.
Me voy a permitir una licencia de barrer hacia casa otorgándoles los datos, fríos y serios, de lo que ha sido la historia de los diferentes gobiernos democráticos en nuestro país y qué es lo que ha hecho cada uno de ellos. El balance de
todo esto es que, hasta el año 2004, cada uno de los diferentes gobiernos democráticos de este país que han cancelado deuda ha cancelado una cantidad determinada. La deuda que canceló el Gobierno del Partido Popular significa el 74 por ciento de
toda la deuda que se ha cancelado en el Estado español. Es la única manera de poder demostrar que los hechos avalan que
creemos en el instrumento de cancelación de la deuda como un alivio importantísimo a ese lastre que significa para el desarrollo de los países más empobrecidos. Además, este dato ha sido dado por el actual Gobierno, por el secretario de
Estado de Economía; por lo tanto, es un dato digamos que con toda la credibilidad del Gobierno actual y no del Gobierno del Partido Popular.
Creímos y creemos en esta ley que hoy ve la luz y por eso hemos trabajado activamente con el espíritu de buscar un consenso. Es una ley a la que el Partido Popular presentó una batería de enmiendas, que intentaban mejorarla, enriquecerla y
fijar criterios objetivos. Y tengo que decir que las enmiendas que hemos presentado se han incorporado a la ley. Marca unos criterios que para nosotros eran fundamentales. En primer lugar, el criterio de la responsabilidad compartida, la
corresponsabilidad entre los países deudores y acreedores, que permite trabajar en temas de inversión en la lucha contra la pobreza, en temas de salud, de desarrollo social o de educación, pero que permite también trabajar en temas tan importantes
como es el fortalecimiento de los países, de los Estados, la lucha contra la corrupción, buscar instrumentos de transparencia en la gestión de las inversiones y, en definitiva, fortalecer a los Estados más empobrecidos para hacer que el impacto de
la cancelación de deuda sea lo más importante.
Además de la corresponsabilidad, otro principio a tener en cuenta es el de la multilateralidad. Se trata de que nuestros esfuerzos en la cancelación de deuda sean acompañados en los criterios de los organismos internacionales, que el
impacto que pueda tener lo que hace el Estado español se multiplique con el esfuerzo de los demás países occidentales que hacen lo mismo y que se multiplique con el esfuerzo de los organismos multilaterales de financiación, permitiendo que el
impacto se multiplique y que no se beneficien terceros países. Marca también un principio de justicia, que realmente se ayude a los más necesitados, los países que más esfuerzo hacen, los países que más atrasados se encuentran, los países que más
trabajan en la transparencia, en el buen gobierno. Y no podemos olvidar un principio fundamental para nosotros, que es el compromiso de muchos Estados en la lucha por los derechos humanos, en la lucha por la democracia y en la lucha contra la
corrupción y el mal gobierno.
Otro principio fundamental es no dar mensajes equivocados. Se trata, como he dicho, de premiar y de esforzarnos en ayudar a los que cumplen bien sus trabajos y sus papeles, y no, por el contrario, de dar el mensaje equivocado de que a
cualquiera se le trata por igual y que se premia a aquellos que no cumplen sus compromisos; dar ese mensaje equivocado sería un gravísimo error. Hay que dar un mensaje de corresponsabilidad, para que realmente repercuta en fortalecer el tejido
social, productivo, económico, de los países más empobrecidos. Hemos decidido optar de forma prioritaria por apoyar precisamente el tejido productivo y social de los países a los que cancelamos la deuda, evidentemente sin excluir la participación
de los actores españoles. Son los países a los que ayudamos, a los que cancelamos la deuda, los que tienen que decidir su propio futuro, los que tienen que trabajar de forma corresponsable con el país que cancela la deuda, para saber realmente
cuáles son los intereses inmediatos en políticas sociales, en políticas económicas, en políticas educativas o en políticas de tejido industrial. Por lo tanto, es necesaria la participación activa del país receptor de la ayuda. Y transparencia. La
transparencia es fundamental para que se hagan las cosas con un criterio objetivo y en esa transparencia es muy importante el papel que va a jugar el Parlamento, la sociedad civil, el Consejo de Cooperación, en definitiva los actores españoles.
Por último, porque se me acaba el tiempo, quiero pronunciarme sobre las enmiendas que quedan vivas, que son las de Izquierda Unida y las de CiU.
Con el Grupo de Izquierda Unida se ha hecho un gran esfuerzo de trabajo durante estos meses y
se ha llegado al máximo de acuerdo posible, lo que no impide que el Senado siga siendo una Cámara donde podamos seguir haciendo ese esfuerzo, pero va a ser difícil que por parte de nuestro grupo podamos avanzar más de lo que hemos avanzado.
Sinceramente, creo que esta es una buena ley, que recoge los criterios mayoritarios de los grupos de esta Cámara y que es un paso muy importante para tener criterios objetivos en el futuro. Respecto a la enmienda que queda viva de Convergència i
Unió, en este afán de intentar seguir acercando posiciones, entendiendo que aun siendo una ley que lo que marca son criterios -sería bueno dar un impulso al Gobierno para comprometerle a presentar un plan de viabilidad en un plazo breve- y
comprendiendo también las dificultades del Gobierno, para no atarle y no crear dificultades, puesto que hay que distinguir entre lo que es el papel del Gobierno y lo que es el papel del Ejecutivo, nos hemos permitido plantear una enmienda
transaccional a esa enmienda de Convergència i Unió, para intentar acercar posiciones. Conocen ustedes su texto, no es necesario leerla, y me gustaría que se entendiera como un último esfuerzo para eso, para acercar posiciones y que la ley nazca
con el máximo acuerdo posible entre los grupos de esta Cámara, con ese 95 por ciento de apoyo, facilitando así la labor tanto de los grupos parlamentarios como del propio Gobierno. Espero que encontremos así un punto de acuerdo.
Termino diciendo que el Grupo Popular va a apoyar esta ley, porque creemos en la cancelación de deuda, porque es un instrumento de ayuda al desarrollo, porque se ha hecho un esfuerzo importante de acercamiento entre los grupos y porque sitúa
a España como un país no solamente activo, que ya lo hemos sido en el pasado, cancelando deuda, sino pionero, a la hora de tener un instrumento legal organizado que permita tener criterios de transparencia y de objetividad para gestionar esta ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Robles.
Grupo Socialista, señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera comenzar señalando que mi grupo celebra que estemos debatiendo ya hoy en esta Cámara y en esta sesión esta propuesta de ley reguladora del tratamiento de la deuda externa. Sin duda -y todos los grupos lo han señalado- ha
sido una tramitación larga, pero precisamente también por eso con un amplísimo debate, profundo, cargado de argumentos, y llena de inspiraciones de muchos grupos de la sociedad civil y de muchos grupos políticos que han participado en esta
tramitación. Mis primeras palabras quiero que sean para ellos, para agradecerles el trabajo realizado, las propuestas transmitidas y el interés mostrado por hacer de esta ley la mejor posible en materia de deuda. Asimismo quiero felicitar, como
decía, a los grupos políticos por su capacidad para el debate y el acuerdo en una materia no fácil de gestionar ni de legislar, que han permitido que hoy esta Cámara vaya a poner sobre el mapa de la cooperación internacional y el desarrollo de
España una nueva línea de avance alcanzada sobre el interés compartido por todos de hacer de nuestra acción de solidaridad internacional una política mejor, más moderna, más avanzada y más regulada.
Hemos vinculado la política de deuda a la política de cooperación; hemos avanzado en la desvinculación de los créditos liberados, primando el tejido asociativo y productivo local del país en el que operamos; hemos dejado abierto el
ministerio competente que gestionará la deuda en el futuro; hemos incorporado mecanismos de control inimaginables e inimaginados hasta la fecha en esta ley para dos comisiones de esta Cámara y para el Consejo de Cooperación. La ley prevé evitar
dinámicas de sobreendeudamiento en los países donde España opera con deuda.
Incorporaremos una transitoria para presentar aquí hoy un plan de condonación en un año para CESCE y FAD de los países HPIC con anterioridad al 31 de diciembre de 2003, y
hemos mandatado al Gobierno en esta ley, señor Herrera, para que reforme el Fondo de Ayuda al Desarrollo. Me va a decir que esto es liberal y de derechas. Son grandes batallas de la izquierda, y es una pena que hoy en esta ley que se va a aprobar
no esté ni usted, con su voto, ni Esquerra Republicana de Catalunya. En cualquier caso, es cierto, señorías, que esta ley llega justo a tiempo y en la legislatura más oportuna. Un momento caracterizado, en todo lo relativo a la política de deuda,
por la defensa de un modelo de condonación de créditos por desarrollo practicado en España y defendido en cumbres multilaterales de forma evidente. Se desprende de las políticas desarrolladas un modelo permanentemente defendido: canjear créditos
pendientes con España por terceros países por inversiones en desarrollo en esos mismos países.
Esta ley no es ninguna ley para condonar ni para cancelar créditos. Esta ley que hoy debatimos y votamos es un marco regulador de operaciones de deuda, que no es lo mismo; un mandato legislativo que establece una forma de operar con deuda;
un mecanismo regulador que imprime mecanismos avanzados de control parlamentario y social que apunta a los objetivos de las políticas de deuda y que establece las prioridades de las mismas, que en su fondo vincula políticas de desarrollo con
liberación de créditos pendientes, inversiones de desarrollo sobre las prioridades que en cada región establece el propio plan director de la cooperación internacional al desarrollo de España. Es una ley por tanto que se sitúa sin ambages en el
contexto del Objetivo 8 de la Declaración del Milenio, como expresión del compromiso de los países desarrollados con las políticas de reducción de pobreza, en el marco de ese pacto de asociación con los países que lo necesitan.
En esta proposición de ley mi grupo considera que destaca el principio de condicionalidad, esto es, el compromiso del país deudor de utilizar los recursos liberados en inversiones para su propio desarrollo a través de estrategias de
reducción de pobreza. Destaca también el claro avance que se contempla en esta ley en el objetivo de la progresiva desvinculación de la ayuda y en la primacía de la iniciativa local como mecanismo generador de capacidades productivas en la
utilización de dichos recursos liberados. En tercer lugar, el principio de armonización. Nuestro país armoniza su política de gestión de deuda en torno a instrumentos y políticas de carácter multilateral. En cuarto lugar, España hoy queda ya
alineada con aquellos países que orientan sus políticas hacia la prevención de nuevos sobreendeudamientos, quedando explícitamente recogido en esta ley; mi grupo celebra que así sea y no puede comprender que ni Esquerra Republicana de Catalunya ni
Iniciativa per Catalunya puedan verlo.
Consideramos que, en su conjunto, esta ley es un avance porque establece mecanismos e instrumentos para su aplicación y desarrollo, además de los mecanismos de seguimiento adecuados. Estos se han establecido a través de la nivelación de
tres elementos bien distintos: la Comisión de Economía de esta Cámara, la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo de esta Cámara y el Consejo de Cooperación, allí donde la participación de la sociedad civil en el control de las
operaciones de deuda en todo lo relativo a cada una de estas, dentro de lo que la Ley de Cooperación prevé, es ya una realidad con la que esta ley hoy marca un punto de salida. Son sin duda especialmente reseñables estas disposiciones, que definen
los mecanismos de control sobre las operaciones de deuda, disposiciones adicionales primera y tercera que quedan incorporadas al texto y que obligan a unos niveles de transparencia no conocidos hasta ahora para todas las operaciones de nueva
concesión de créditos o para la liberación de los mismos. Eso se llama control democrático, transparencia y claridad de gestión. No sé si es de derechas o es de izquierdas, pero es realidad hoy y es una pena que ni usted ni Esquerra Republicana
vayan a estar en ese claro avance.
Además, la ley que vamos a aprobar llevará en su interior un mandato al Gobierno para que envíe, para su debate en esta Cámara, un proyecto que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo, uno de los principales instrumentos
generadores de deuda y cuya revisión hará del mismo un instrumento más acorde con las nuevas políticas de solidaridad internacional que estamos desarrollando en este país, algo plenamente defendido por toda la sociedad civil -no hay nadie
que se oponga a esto-, algo defendido de una forma clara por la enorme mayoría de los grupos políticos en esta Cámara.
Y es una pena que haya un par de grupos que no quieran estar en el sí. En cualquier caso, creo que, con todo, este Parlamento
puede hoy decir que son pocos los parlamentos de la Unión Europea que han debatido y tramitado proyectos de ley tan avanzados en materia de deuda y en un sentido tan amplio.
Quizá convendría recordar que España es el segundo país más activo del mundo en lo que se refiere a conversión de deuda, solo por detrás de Francia, entendiendo además que este es un acreedor bastante mayor que nosotros. En total, España ha
convertido deuda por un total de 629 millones de euros; con el actual Gobierno, 300 millones de dólares se han operado en América Latina y 200 millones de dólares se han operado en conversiones de deuda en África subsahariana. Esa es la
demostración de la voluntad del actual Gobierno en materia de operaciones de deuda. Como antes señalaba, esta ley llega en un momento muy oportuno, un momento en el que la cooperación al desarrollo española se encuentra, en primer lugar, en máximos
históricos de ayuda oficial al desarrollo; en segundo lugar, en momentos de intensa actividad de reforma para su modernización y para su profesionalización, momentos en los que los avances se hacen sobre la solidez del consenso entre los actores,
las comunidades autónomas y los ayuntamientos, además del Consejo de Cooperación y en gran medida los grupos políticos de esta Cámara, momentos en los que una política de condonación por desarrollo valiente es la característica iniciada ya por el
Gobierno hace dos años. Por todo ello hoy estamos ante un ejercicio de ajuste de la agenda del Parlamento a la agenda política del Gobierno y, con esta ley, la deuda será en el futuro un elemento más, sujeto al control del Parlamento y más adecuada
a la nueva política de cooperación que España está desarrollando.
Quiero terminar mi intervención como he empezado, dando las gracias...
(Varios señores invitados de la tribuna exhiben una pancarta en la que se lee 'Ley de deuda externa: perpetúa la pobreza' y lanzan octavillas al hemiciclo, al mismo
tiempo que profieren gritos.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, esto no está permitido.
Con firmeza, pero sin violencia, invítenles a salir. Con firmeza, por favor. Que los inspectores hagan su trabajo. Háganlo, sin violencia pero con firmeza. No duden en invitarles a salir, con firmeza pero sin violencia. (Rumores.) Por
favor, utilicen la firmeza pero no la violencia. No duden en invitarles a salir. (Los invitados de la tribuna son desalojados por los servicios de la Cámara.) Gracias.
Señor Madina, adelante.
El señor MADINA MUÑOZ: Me pregunto si sería este tipo de activismo el que aplaudía don Jordi Ramón.
Quiero terminar mi intervención como he empezado, dando las gracias a todos los grupos, políticos y sociales, que, en vez de protestar y buscar la foto, han estado dando buenas aportaciones para hacer de esta ley una gran ley de deuda
externa (Aplausos.), a los que su minuto de gloria lo tienen en aportaciones políticas y no en minutos de televisión y a los que están más en el sí que en el no en una cita histórica con los que más lo necesitan, los países empobrecidos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las sucesivas votaciones. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
Dígame, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, intervengo a efectos de aceptar la oferta de transacción que ha formulado el señor Robles.
Agradecemos la oferta que nos hacía el señor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pero
nos parece que la transacción del portavoz del Grupo Popular puede permitir alcanzar un mayor consenso en esta sesión de hoy. Por tanto, aceptaríamos su propuesta de transacción sobre nuestra enmienda. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, si he entendido bien, usted acepta la enmienda transaccional del Grupo Popular con preferencia a la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Así se planteará la votación. Gracias.
Votamos el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster Olazábal. Votación en
bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 31; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 30; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 294; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 30; en contra, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 27; en contra, 294; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votamos en bloque sus enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 25; en contra, 297; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de sus enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 133; en contra, 190; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Votación de la enmienda transaccional al voto particular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 322; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el dictamen. Votación del artículo 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 183; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Procedemos a votar el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 188; en contra, 135; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Al tener carácter orgánico, realizamos ahora la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 187; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio.
Grupo Parlamentario Mixto. Señor Labordeta Subías. Votación de la enmienda número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 16; en contra, 301; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, cinco; en contra, 304; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, siete; en contra, 305; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 305; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas de la señora Fernández Davila.
Votación de las enmiendas números 230 y 231.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 14; en contra, 295; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 232.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 12; en contra, 293; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 238 y 241 a 243.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 293; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 244.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, siete; en contra, 294; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 249 y 250.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 10; en contra, 292; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 251, 252 y 254 a 256.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 14; en contra, 291; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 258.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 13; en contra, 294; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 253 y 257.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, siete; en contra, 293; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos el resto de las enmiendas de la señora Fernández Davila.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, cuatro; en contra, 294; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación de las enmiendas números 49 a 51, 57, 60, 67 a 73, 86, 89, 100 a 102, 104, 105, 110, 113, 114, 116, 117 y 121.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 11; en contra, 301; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 103.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 22; en contra, 290; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 106 a 109, 111 y 112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, cuatro; en contra, 301; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, siete; en contra, 305; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de las enmiendas números 262, 263, 267, 268, 269, 272, 276 y 281.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 12; en contra, 294; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 282.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 19; en contra, 292; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 295; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda número 441.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 20; en contra, 296; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación de las enmiendas números 128, 140, 142 a 144, 146, 155, 156, 163, 168, 187, 198 a 200 y 202 a 204.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 132; en contra, 177; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 175 a 177.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 134; en contra, 174; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 132; en contra, 183; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del dictamen con las correcciones que han sido distribuidas y enunciadas en el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 182; en contra, 139; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. En primer lugar, votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 14; en contra, 310.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 321; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 310; en contra 9; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 121/000084.)
El señor PRESIDENTE: Punto XII del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
En primer lugar, este debate de totalidad comporta la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno. Señor Caldera, por favor. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Si desean ausentarse, como de costumbre les rogaría que lo hicieran con celeridad y en silencio de forma que el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales pueda tomar la palabra.
Como saben, presentará el ministro en primer lugar el proyecto y, a continuación, los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas a la totalidad ejercerán sus turnos a favor, en primer lugar las de devolución y finalmente las de
texto alternativo. De nuevo, señorías, vamos a intentarlo. Les ruego por segunda vez que si van a abandonar el hemiciclo lo hagan con celeridad y en silencio.
Señor ministro, lo intentamos. Adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidenta.
Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores presentes en la Cámara, subo a la tribuna para presentarles lo que sin duda constituye un ambicioso proyecto de política social, el proyecto de ley de promoción de la autonomía
personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Es un proyecto que supone la construcción de nuevos derechos sociales, por ello un importante avance de nuestro Estado social.
Además, señorías, estoy convencido de que este es un proyecto común, ya que con esta intención todos los grupos de la Cámara compartimos los principios básicos, porque tenemos la necesidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas
que no puedan valerse por sí mismas, las personas en situación de dependencia. Ellas nos están contemplando hoy pidiéndonos que hagamos una ley de consenso. Esa es, señorías, la voluntad del Gobierno. Les presento un texto para el consenso, y me
gustaría que así fuera; un consenso ya alcanzado en el ámbito del diálogo social. Como saben ustedes, este proyecto de ley es fruto del acuerdo social, de nuestro acuerdo con los legítimos representantes de los trabajadores y de los empresarios
españoles. También este proyecto de ley tiene ya, antes de su entrada en esta Cámara, un acuerdo previo, amplio, de los grupos de izquierda, de los grupos progresistas de la misma. Nos gustaría que a lo largo de su tramitación este consenso
pudiera ampliarse. Pensemos en las personas, señorías; pensemos en las españolas y en los españoles que ya no pueden valerse por sí mismos y necesitan servicios a su disposición para ser atendidos. La necesidad de garantizarles a todos ellos y a
todas ellas que puedan ejercer sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad es el objeto fundamental de esta ley. Señorías, el Gobierno de la nación, espero que con el apoyo de todos ustedes, quiere garantizar ese principio de igualdad a
todos los españoles. La atención a las personas en situación de dependencia es, además de una política para la igualdad, un acto de solidaridad y de justicia social, pero también una pieza esencial del país en el que queremos vivir. Por ello,
aunque el proyecto -lo repito de nuevo- haya sido impulsado por el Gobierno, debe ser, señorías, un logro de toda la sociedad española y para toda la sociedad española, razón esta que me anima a invitarles desde el principio, señorías, a que sumemos
esfuerzos, a que trabajemos conjuntamente para poner en pie un sistema que dé cobertura a las personas en situación de dependencia y a sus familias.
Se trata de un objetivo social de tal envergadura, es tan ambicioso socialmente -no me cansaré de repetirlo, señorías-, que precisa, que necesita el concurso de todos. Difícilmente se entendería por los ciudadanos españoles que, ante un
reto social de este alcance, de esta naturaleza, se pudieran anteponer otros intereses al de los ciudadanos.
Estoy convencido de que no va a ser así y de que todos ustedes participarán en la construcción de este nuevo proyecto. Por eso, justamente
por eso, lo que se trata con este proyecto de ley es de reconocer y garantizar un nuevo derecho de ciudadanía. Hago hincapié en ello: estamos ante un nuevo derecho de ciudadanía, que hoy no existe en nuestro país; un nuevo derecho que además
-quiere la ley, y estoy seguro de que querrán las Cámaras- sea universal y, como tal, de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, nadie quedará, señorías, sin protección frente a la
situación de dependencia, absolutamente nadie. Un derecho además, señoras y señores diputados, subjetivo y perfecto, ya que, como dice el proyecto de ley, será exigible en vía judicial y en vía administrativa y además un derecho con anclaje
constitucional. Está anclado este derecho, señoras y señores diputados, en los artículos 49 y 50 de nuestra Constitución.
Estamos construyendo -espero que nadie piense que mis palabras suenan a pretenciosas, porque no lo son, porque, repito, estoy
pidiendo el concurso de todos- el cuarto pilar de nuestro Estado social, que vendrá a sumarse al pilar de la educación garantizada, de la salud y de las pensiones. Todos ellos por fortuna para nuestro país derechos universales de ciudadanía, como
lo será el derecho de las personas a ser atendidas en situación de dependencia. Es por ello que nos encontramos en el umbral de un cambio histórico. La atención a las personas dependientes, a las personas que no pueden valerse por sí mismas va a
dejar de ser algo privativo de las familias españolas para pasar a formar parte de los derechos de prestación de las administraciones públicas, de los poderes públicos. Vamos a convertir en prestaciones públicas, en un derecho de las personas a
recibirlas algo que antes estaba en la esfera privada o muy ligeramente atendido por los poderes públicos. Ello es desde luego -estarán conmigo- un hito histórico en la construcción de los derechos sociales en nuestro país.
Me referiré a continuación brevemente a los elementos más importantes, sustanciales, nucleares de este proyecto de ley. ¿Quiénes son los titulares del derecho? ¿Cómo se configurará el Sistema Nacional de Dependencia y las modalidades de
prestaciones que se recogen en él? Los titulares, señorías, de los derechos establecidos en este proyecto de ley son todos los españoles residentes en España. Permítanme a efectos de valorar la incidencia que tendrá esta ley en su día recurrir a
la realidad. En este momento las personas en situación de gran dependencia son casi 200.000 en España, en situación de dependencia severa casi 400.000 y en situación de dependencia moderada otras 560.000, lo que hace un total de más de 1.100.000
personas; pero en el año 2015, cuando el sistema esté por completo implantado, las personas en situación de gran dependencia serán ya 250.000, con dependencia severa casi 500.000 y con dependencia moderada aproximadamente 700.000, es decir casi
1.400.000 personas. En relación con ello, con los titulares de los derechos que dispone el proyecto de ley, quiero realizar algunas precisiones. También los niños menores de tres años -lo digo porque alguna enmienda de totalidad, quizá por error,
no recoge este aspectos- tendrán derecho a algunas prestaciones. Es verdad que podríamos presumir la condición de dependiente de todo menor de tres años, pero lo es también que a día de hoy ya se contemplan medidas de atención temprana para el
cuidado de estos menores en supuestos especiales, aun así el proyecto prevé que también tengan derecho a recibir ayuda a domicilio o, en su caso, prestaciones económicas para su cuidado en el entorno familiar cuando estos niños presenten graves
discapacidades.
Por otra parte, y en relación con los españoles no residentes en España, debe subrayarse que este proyecto de ley se incardina en otro principio que recoge el proyecto de ley del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, y es que
contempla la previsión de reconocer medidas específicas dirigidas a las personas mayores dependientes no residentes en España. En lo que se refiere, en segundo lugar, a la configuración del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, las ideas
matrices a subrayar son las siguientes: aunque la asistencia social sin duda alguna es competencia exclusiva de las comunidades, el Estado también tiene título competencial suficiente para intervenir legislativamente en esta materia; cuestión por
cierto que ha sido plenamente confirmada por el Consejo de Estado. De acuerdo con el artículo 149.1 de nuestra Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales. De ahí que el proyecto de ley establezca las condiciones básicas y el contenido común de los derechos de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. Ahora bien, dadas las competencias de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, este proyecto también establece un régimen de colaboración y participación de todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias, régimen este que se traslada igualmente a la financiación de las prestaciones del sistema. El proyecto de ley se basa, señorías, en el principio de lealtad institucional. Este principio es muy importante y pretende hacer
compatible los derechos constitucionales de igualdad y de autonomía. De alguna manera se instaura en nuestro país una nueva manera de comprender el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, una manera en que, dentro del
respeto a las competencias que tienen uno y otras, se favorece la colaboración y cooperación mutua para dar satisfacción a los derechos de los ciudadanos.
Pues bien, de acuerdo con estos principios el proyecto de ley establece tres niveles de protección. Permítanme que antes de definir cuáles son, deje claro que es trascendental para la puesta en marcha del mismo algo básico, esto es, que la
financiación del sistema será, como dice el propio proyecto de ley, suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las administraciones públicas competentes. Los tres niveles son los siguientes: un nivel de
protección mínimo que el Gobierno determinará reglamentariamente oído el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, y que garantizará a todos los beneficiarios del sistema una parte del coste de los servicios y de las prestaciones
contemplados en el proyecto de ley; la Administración del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de este primer nivel. Segundo nivel, será acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las comunidades
autónomas; tiene que ser así por imperativo constitucional. Este nivel de protección necesariamente ha de ser mayor que el anterior y será financiado también en una parte por la Administración General del Estado y por cada una de las
comunidades autónomas mediante la suscripción de los correspondientes convenios, que son simples medios instrumentales para garantizar esa financiación, en los que se establecerán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la
financiación de los servicios y prestaciones del sistema. Las comunidades autónomas tendrán que hacer una aportación económica al menos igual a la que realice la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo y del nivel
acordado. Y habrá un tercer nivel, respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, de protección adicional a los anteriores que podrá establecer cada comunidad autónoma con cargo a sus propios presupuestos.
Como puede verse, señorías, este proyecto deja absolutamente claro cuáles son los niveles de protección y cuáles las responsabilidades del Estado y de las comunidades autónomas en cada uno de ellos. Mediante el haz de prestaciones comunes
aseguramos el principio de igualdad, pero ello no significa en modo alguno que las comunidades autónomas no tengan su propio recorrido o espacio político de acuerdo con sus opciones en esta materia. No significa que hayamos optado por un sistema
que imponga la uniformidad en la protección de la situación de dependencia, bien al contrario, establecido el estándar básico de igualdad para todos los españoles que nos exige la Constitución que garanticemos el Gobierno central, cada comunidad
autónoma tendrá competencia para gestionar los servicios sociales que haya en la misma de acuerdo con su propia política en esta materia. El mínimo es igual para todos, cómo no, si estamos hablando, señoras y señores diputados, de un nuevo derecho
de ciudadanía.
¿Cómo no va a estar asistido ese nuevo derecho de la ciudadanía por unos mínimos garantizados por el Estado por igual en todo el territorio? ¿Cómo eludir esta responsabilidad? No podemos hacerlo y estoy seguro de que todos ustedes
contemplan y comparten este criterio. Cada comunidad después podrá ejercer su propia política en esta materia, el mínimo es igual para todos, pero a partir de ahí comienzan las opciones políticas de cada comunidad autónoma, y una vez definida la
configuración del sistema nacional de dependencia el proyecto contempla tres tipos de prestaciones, todas ellas dirigidas a promover la autonomía personal y a garantizar la atención y la protección de las personas en situación de dependencia.
Primera modalidad, prestación de servicios -modalidad dominante además-, según un catálogo que incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y centros de noche y centros residenciales.
Quiero insistir en ello, este es el modelo
dominante, el de prestación de servicios. Segunda modalidad, prestación económica que se facilitará cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención a la dependencia y cuya cuantía se determinará en función del grado
de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.
Tercera moralidad, de carácter excepcional, ayuda económica para cuidados en el entorno familiar siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la
vivienda. Pues bien, señorías, en relación con estas tres modalidades quiero destacar brevemente algunos aspectos. Primero, que la prestación de servicios -teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, centros residenciales- tiene,
como dije antes, carácter prioritario sobre la prestación económica y sobre la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar. Esta preferencia por la prestación de servicios frente a prestaciones o ayudas económicas es la fórmula más
coherente con el modo de entender los derechos sociales como unos derechos de prestación por parte de los poderes públicos y ha sido siempre, además, una seña de identidad del Estado social. Ahora bien, en los primeros años de implantación del
sistema, en los que debemos crear las infraestructuras suficientes, es probable que sean más frecuentes las prestaciones y ayudas económicas que los servicios; eso es lógico, pero con el tiempo y una vez creadas las infraestructuras necesarias,
tenemos la intención y el compromiso político de que esta relación se invierta y las prestaciones y ayudas económicas pasen a ser verdaderamente una excepción. Señorías, estarán conmigo en que la igualdad de los ciudadanos demanda que las
prestaciones a que tienen derecho vengan establecidas de manera objetiva, que haya un sistema que determine cuál es la modalidad de protección que mejor se adapta a sus necesidades, lo que no significa, como es obvio, que no tengan participación
alguna en la definición de las mismas. En el proyecto de ley se establece ese sistema objetivo, que es el programa individual de atención de cada persona en situación de dependencia, en el que tienen participación, mediante consulta y opinión, el
beneficiario y su familia. De este modo, conjugamos, pues, la igualdad en el acceso a las prestaciones del sistema con la libertad del beneficiario y su familia para definir cuáles son las que le corresponden.
Para acabar, hay tres aspectos del proyecto de ley que merecen ser subrayados. El primero es que este proyecto, además de crear un nuevo derecho social, además de suponer una verdadera política de familia, es un proyecto de ley para la
igualdad, porque tendrá un impacto positivo e intenso sobre cientos de miles de mujeres, puesto que el cuidado de las personas dependientes va a pasar a ser un derecho de prestación por parte de las administraciones públicas. Muchas mujeres que
hasta ahora asumían la carga de atender a sus familiares dependientes -el 83 por ciento de los cuidadores familiares son, en efecto, mujeres- podrán ahora incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de igualdad o conciliar su vida personal,
familiar y laboral, y aquellas otras que, por la razón que fuere, tengan dificultades para acceder al empleo, recibirán formación y la debida protección social. Hacemos, pues, profesional y socialmente visible
un trabajo que antes ni siquiera tenía la consideración de tal. El segundo aspecto es la inversión que acompañará en su día a la ley. Esta es una ley que regula un nuevo derecho social, que supone una correcta política de familia, que
trabaja a favor de la igualdad y que estimula además el crecimiento económico y la generación de empleo. Según todas las estimaciones, el coste total del sistema en el año 2015 será de casi 10.000 millones de euros, 9.355 millones de euros. Ello
supondrá un esfuerzo financiero muy elevado; de 2007 a 2015, el periodo calculado para implantar de forma gradual el sistema, la Administración General del Estado aportará casi 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas una cantidad
similar. Se trata, sin duda alguna, de la iniciativa de mayor esfuerzo inversor de todas las administraciones públicas en esta legislatura y su relevancia solo es comparable con el esfuerzo que hicimos para el desarrollo del sistema educativo, del
sistema sanitario y del sistema de pensiones en los años ochenta. Además, el proyecto de ley prevé la financiación por parte de los ciudadanos, aunque ésta nunca superará en media el 30 por ciento del coste del servicio -en media, no quiere decir
que cada usuario tenga que aportar un 30 por ciento del coste del servicio, dependerá de su capacidad económica y la media será modesta, hemos calculado aproximadamente un 30 por ciento de aportación de todos los usuarios al coste total de los
servicios- y, en consecuencia, el 70 por ciento restante será financiado por las administraciones públicas. Quiero insistir en el dato de que una persona que carezca de recursos, como establece y recoge la ley, si necesita una plaza de residencia u
otro tipo de prestación, ésta será financiada íntegramente por el sistema si carece de recursos. Nadie quedará fuera del sistema por ausencia o carencia de recursos. Nadie quedará sin protección por esa ausencia de recursos. Ahora bien, si una
persona tiene renta suficiente podrá aportar -como ocurre hoy, que lo hace prácticamente al cien por cien- solo una parte del coste del servicio como se hace en todos los países avanzados. Sin embargo, todo este esfuerzo económico se verá
recompensado, primero, porque miles de ciudadanos en situación de dependencia -más de un millón como hemos visto-, más de un millón ahora, pero tomados en su conjunto a lo largo de los años muchos millones de españoles serán atendidos por este
sistema de atención a la dependencia. Por tanto, en primer lugar, merece la pena el esfuerzo por ellos, por la protección que se les va dispensar y, en segundo lugar, porque la implantación de este sistema nacional de atención a la dependencia
tendrá efectos beneficiosos sobre la actividad económica de nuestro país. Los estudios que acompañan la elaboración del libro blanco para poner en marcha esta ley indican -todos los estudios- que podrán crearse alrededor de 300.000 empleos
directos, a los que habría que sumar otros varios cientos de miles de carácter indirecto. El producto interior bruto de nuestra economía será en el año 2010 un 1,56 por ciento superior que si no se hubiera implantado este sistema de atención a la
dependencia. Según todas las estimaciones, el retorno fiscal global, es decir, los ingresos que ello producirá al conjunto de las administraciones por impuestos generales, por cotizaciones, podrá llegar a cubrir entre un tercio y dos tercios de la
inversión que haya de realizarse. Señorías, ello me permite afirmar con claridad que estamos ante un gasto productivo, ante una inversión generadora de empleo y de actividad económica, además de creadora de un nuevo modelo de protección social.
Señorías, termino ya, no sin antes agradecer su atención y emplazarles nuevamente a que sumemos todos los esfuerzos para que las personas en situación de dependencia tengan en nuestro país la atención que se merecen. Todo proyecto es
mejorable, por supuesto, y como tal en la tramitación parlamentaria del que les estoy presentando podemos, señorías, trabajar todos juntos, para que la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
sea un marco de convivencia en el que todos nos sintamos cómodos. Los ciudadanos de nuestro país tienen unas expectativas que no podemos defraudar. Es exigible el mayor de los esfuerzos. Yo les pido y les ofrezco, junto a mi mano tendida, por
favor que hagan ustedes el esfuerzo de construir la mejor ley, hacerlo por consenso, porque todos los españoles lo agradecerán.
Muchas gracias.(Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.-El señor Cuesta Martínez: Es un hombre de Estado.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.
Señorías, iniciamos los turnos a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas, comenzando por las de devolución al Gobierno y, en particular, por la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Por tanto, para su defensa tiene la palabra
el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, veo que sus compañeros le han calificado como hombre de Estado. Me va a permitir que relativice esta expresión porque ha comenzado mal el debate. Esa disección que ha hecho entre el bloque progresista -no ha
calificado el resto, me imagino que por exclusión será el bloque conservador- no es la mejor disección que se puede hacer en esta Cámara para recabar los consensos necesarios que un proyecto de ley al que usted le proporciona tanta dimensión, tanta
relevancia, nada menos que la creación del cuarto pilar del Estado del bienestar, requiere.
Entre otras cosas, además eso acredita un cierto déficit de lectura, no sé como calificarlo. Se ve que usted no ha leído demasiado a los filósofos de la
escuela de Frankfurt, a Habermas, Adorno y compañía, que teóricamente son los filósofos que de alguna forma configuran la ideología de su fenotipo que usted tanto invoca, su fenotipo progresista, cuando hablan de que invocar conceptos como el de
progresismo, izquierdas y derechas, no deja de constituir intelectualmente en los tiempos que corren una verdadera frivolidad. Además, piense desde una perspectiva pragmática,
señor ministro, que igual este bloque progresista que teóricamente convalida en este momento este proyecto de ley que usted presenta no es el bloque que va a necesitar para aprobar otros proyectos de ley, porque esto es muy fluctuante, esta
legislatura es muy compleja y pueden pasar muchas cosas, igual tiene que recurrir a bloques progresistas de otra naturaleza o constituidos por otros partidos, dada la futilidad de los conceptos que usted ha utilizado en el frontispicio de su
intervención.
Yo espero que abandone estas identificaciones simplificadoras y, sobre todo, que nos remueva las reservas mentales que mi grupo parlamentario le va a explicitar con la sinceridad, con la honestidad, pero también con la claridad que
solemos practicar en esta tribuna. Si es progresista presentar un proyecto de ley que es manifiestamente inconstitucional, yo no sé si esto de la constitucionalidad y el progresismo tienen algún elemento o nexo de causalidad o de conexión. Podría
ser que ser progresistas vulnerara los preceptos constitucionales, pero es que nos presenta un proyecto de ley, señor ministro, manifiestamente inconstitucional, por seis razones, en un análisis superficial; seguramente, si escudriñamos más todavía
el informe del Consejo de Estado, que le sirve de legitimación, encontraríamos más, pero por lo menos hay seis razones de inconstitucionalidad.
Yo solo le he oído decir una verdad, señor ministro -no le estoy llamando mentiroso, no utilice el sensu contrario a estos efectos, dialécticamente-, que hay que crear un derecho ex novo, un derecho al que proveen documentos y tratados
internacionales importantes, como la cumbre de Niza del año 2000 y su Carta de Derechos Fundamentales, donde efectivamente se consagra el derecho o el deber de los Estados a proteger la dependencia, pero considerándolo como un derecho vinculado al
sistema de pensiones, al sistema público de Seguridad Social, cosa que usted no ha tenido el coraje de hacer, y me gustaría una explicación atinente a por qué no ha tenido el coraje de ubicar en el sistema público de Seguridad Social, como proclama
no solo la cumbre de Niza. Y esto sí que es progresismo en el derecho al sistema de pensiones y en el sistema público de Seguridad Social, la protección de la dependencia, que al fin y al cabo no es más que un correlato del requerimiento del
artículo 41 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos, a través de un sistema público de Seguridad Social, a proteger cualquier situación de necesidad, cualquiera, no solo las contingencias protegidas por el sistema de
pensiones, las contingencias protegidas por el Real Decreto-ley 1/1994, sino todas las situaciones de necesidad. Usted no ha tenido el coraje, yo sé por qué no lo ha tenido y espero que usted tenga la valentía de explicar por qué no ha tenido el
coraje de ubicar este derecho subjetivo nuevo que usted pretende crear, de naturaleza enigmática, fantasmagórica o paranormal, y huérfano constitucionalmente, en virtud de las referencias constitucionales que le legitimarían para crearlo, que son
las previstas en los artículos 41 y 50 de la Constitución, es decir, los que configuran el sistema público de la Seguridad Social. Las invocaciones que mi grupo va a hacer, o particularmente, hacen referencia a problemas de naturaleza competencial,
señor ministro, como usted sabe. Siendo verdad que la Carta de Derechos Fundamentales de la cumbre celebrada en Niza el año 2000 consagra este derecho, siendo verdad que el Tratado de Amsterdam lo configura como derecho fundamental, cosa que no
hace la Constitución española -esto obligaría quizás a una reforma constitucional-, obliga a la atención a la dependencia, ubicándolo también en el sistema público de Seguridad Social, y también lo hace el Tratado constitucional del año 2004 -al que
de forma tan apologética se refirió ayer el presidente del Gobierno-, que en dos preceptos, en el 230.3 y en el 90.2, se refiere a la protección de la dependencia, ubicándolo también como derecho subjetivo de Seguridad Social, estos derechos se
tienen que incorporar seguramente a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro ordenamiento constitucional. Pero es que usted lo hace mal y, sobre todo, usted no está legitimado por estos requerimientos dimanantes de tratados constitucionales para
desestructurar absolutamente el bloque de constitucionalidad. Ni usted ni nadie, ni el legislador estatal está legitimado para desestructurar y destrozar las reglas del juego que el legislador constituyente configuró y constitucionalizó para
distribuir el poder político de un Estado que se pretendía construir como Estado compuesto y no como Estado unitario. Y esto es lo que usted ha hecho con este proyecto de ley. Por tanto, yo voy a hacer una invocación específica a todos los
diputados catalanes de todos los partidos presentes en esta Cámara. A mí me resulta particularmente difícil entender que diputados que han configurado su identidad política y su trayectoria política en esta Cámara vinculándola, de forma muy
específica, de forma muy enfática, a la defensa del autogobierno, puedan convalidar un proyecto de estas características, que utiliza, para atribuir competencias al Gobierno del Estado español, un título competencial impropio, el previsto, como
usted ha comentado, en el artículo 149.1.1ª de la Constitución. Esto no es un título competencial, señor ministro, a pesar de estar ubicado en el título VIII de la Constitución. Usted lo sabe, porque se lo ha dicho el Consejo de Estado.
Usted ha
invocado las dos sentencias que utiliza el Consejo de Estado para determinar, no sin dudas conceptuales -incluso sin algún voto particular de los miembros del Consejo de Estado-, algún elemento de legitimación al legislador estatal, no a la
Administración, en materia de protección de la dependencia mediante la invocación del 149.1.1.ª Si lee detenidamente -quiero creer que lo habrá hecho ya- los siete fundamentos jurídicos de la segunda de las sentencias, la 128/2004, verá que a lo que
le legitima el Consejo de Estado y toda la anterior jurisprudencia constitucional es solo a determinar lo que se denomina por el Consejo de Estado y esta sentencia del Tribunal Constitucional núcleo esencial del derecho a la protección de la
dependencia. Usted no determina o no regula solo el núcleo esencial o el contenido normativo esencial de este nuevo derecho subjetivo que dice crear,
usted lo regula todo, vaciando de contenido competencias que son exclusivas puras en este momento de la mayoría de las comunidades autónomas. Son de las pocas competencias exclusivas, señor ministro, que no están afectas ni por la
legislación básica del Estado ni por la legislación marco del Estado ni por la ordenación general de la economía ni por los otros títulos que han sido utilizados frecuentemente por uno y otro Gobierno para erosionar las competencias autonómicas
previstas en el bloque de constitucionalidad. Es un título competencial puro y por arte de birlibirloque, por una especie de malabarismo jurídico que usted no ha sido capaz de explicitar en cuanto a sus fundamentos de legitimidad en su primera
intervención, esas competencias exclusivas autonómicas se convierten en competencias compartidas, en unos casos con relación a la segunda franja de protección a la que usted se refería entre el Estado y las comunidades autónomas, y en competencias
exclusivas del Estado mediante una traslación o inversión del título competencial en relación a la primera franja de protección. ¿Quién le legitima para hacer esto? ¿Los tratados o la primacía del derecho comunitario? ¿En qué invocación o qué
precepto de la Constitución le legitima a usted para hacer esta transformación y desfiguración del bloque de constitucionalidad con absoluta claridad y mediante una determinación muy sedimentada por la jurisprudencia constitucional ya creada? ¿Cómo
se puede expoliar y expropiar de forma tan fraudulenta competencias que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas mediante la invocación de un título competencial absolutamente impropio que solo le legitima para corregir ex post -es
decir, después, en castellano- posibles vulneraciones del principio de igualdad cuando estas han sido constitucionadas, verificadas constitucionalmente, y la propia verificación constitucional legitimaría eventualmente al Estado ex post, después, a
realizar los elementos de corrección bien sea en el ámbito normativo o de la actuación administrativa? Lejos de esto, ¿usted qué ha hecho? Ha regulado todo lo que se puede regular, todo lo que pueden regular las comunidades autónomas, que son las
competentes en exclusiva para regular en esta materia, para aprobar las leyes reguladoras de esta materia. Ha regulado el baremo prestacional, la prioridad en cuanto al sistema prestacional del baremo, el catálogo de prestaciones, la naturaleza del
derecho subjetivo no porque es imposible -es un derecho subjetivo fantasmagórico, su contenido esencial es de imposible determinación y por eso la ley no lo hace-, pero sí los requisitos de acceso al derecho subjetivo; ha regulado el sistema de
infracciones y de sanciones, incluso la evaluación de la calidad de los servicios prestados por usted, la Administración central del Estado, y las administraciones autonómicas o forales competentes; ha regulado el sistema de creación de centros de
atención primaria y el sistema de atención personalizado. No ha dejado un mínimo resquicio de regulación para las comunidades autónomas, que poseen las competencias exclusivas absolutas para regularlo todo, señor ministro.
Quien tiene la capacidad
de regular todo se queda sin nada que regular, sin capacidad para regular nada, y quien no tiene capacidad para regular nada lo regula todo, salvo que se invoque desmesurada e impropiamente un título competencial que no hace más que incorporar un
valor superior del ordenamiento jurídico, el principio de igualdad ante la ley, pero que no es un título atributivo de competencias, y así lo dice la jurisprudencia constitucional en reiteradas sentencias. Esto es, señor ministro, ubicarnos en una
posición preconstitucional, porque nadie nos puede garantizar a partir de este momento que usted no utilice este título competencial impropio u otros que estén en el ordenamiento jurídico para afectar o regular materias, aunque corresponden a las
competencias autónomas, que mediante la aplicación de estos títulos competenciales les posibilitan a ustedes vaciar de contenido absolutamente toda la regulación o las capacidades de actuación autonómicas existentes en cualquier título competencial.
Es decir, por decirlo más claramente, si usted discrecional y arbitrariamente ha vaciado de competencia la materia de asistencia social, ¿quién nos garantiza que el Gobierno del Estado no lo va a hacer con cualquier otro título competencial de los
previstos en cualquier estatuto de autonomía, que esto no le legitima para utilizar de forma arbitraria y discrecional títulos competenciales impropios para derogar en bloque los estatutos de autonomía? ¿Quién nos puede garantizar qué seguridades
jurídicas tenemos a partir de ahora para saber que esto no va a ocurrir? Ninguna, estaríamos en una tesitura en la que, cuando ustedes consideren conveniente, aplicando títulos competenciales que no son más que la incorporación al ordenamiento
jurídico de valores superiores, no títulos atributivos de competencia, puedan ustedes derogar incluso la totalidad de los contenidos de los estatutos de autonomía, pero además con una invocación de estos títulos, sin ningún tipo de legitimidad y con
la connivencia de lo que usted ha denominado sorpresivamente adhesión de los partidos progresistas de esta Cámara, cosa que no nos deja de llamar la atención.
Por otra parte, usted dice que se crea un derecho de ciudadanía y un derecho subjetivo nuevo, pero ¿cómo se puede decir esto, señor ministro? ¿Cuál es el contenido esencial de este derecho subjetivo? Me imagino que usted conoce una
sentencia del Tribunal Constitucional que viene del año 1981 y que ha tenido su continuación en otras, que habla de que todo derecho subjetivo tiene que ser determinable mediante la identificación de su contenido esencial. ¿Qué es el contenido
esencial de un derecho subjetivo? ¿Cuál debería ser el contenido esencial de este derecho subjetivo? Lo que dice la sentencia 41 del año 1981: aquellas facultades o posibilidades de actuación que hacen reconocible ese derecho subjetivo como
pertinente al tipo abstracto descrito en la Constitución. Pero es que usted no puede describir esto, ¿por qué? Porque le falta todo, porque le faltan las facultades de actuación, que no las puede describir porque el derecho carece de referencia
constitucional, es huérfano constitucionalmente, porque no se ha atrevido
a vincularlo en los artículos 41 y 50, y por tanto tampoco puede desagregar las facultades y posibilidades de actuación dimanantes de este derecho, y si no puede desagregar las facultades y posibilidades de actuación dimanantes de este
derecho, tampoco puede encontrar la referencia constitucional, que no existe, salvo que la única que usted pretenda que le legitime para algo tan profundo y tan solemne como la creación del cuarto pilar del Estado del bienestar sea lo que prescribe
el artículo 41 de la Constitución, que es la protección de los discapacitados, pero esta ley no solo protege, señor ministro, como usted mismo ha dicho, las situaciones de discapacidad, protege otras situaciones de dependencia.
Por continuar con reflexiones de naturaleza filosófica respecto al proyecto de ley, me choca que califique como progresista un proyecto de ley que, en primer lugar, no es universal, como usted mismo ha reconocido, porque no protege todas las
situaciones de dependencia. Le voy a decir cuáles protege: las que consigna el propio proyecto de ley, es decir, las situaciones de discapacidad de un grado superior al 75 por ciento o aquellas que requieren una atención personal que sea inferior
al 15 por ciento del baremo en relación a la atención personal. ¿A cuántas personas dependientes deja esta determinación del ámbito subjetivo de protección de la ley? A dos millones de personas dependientes. ¿En estas condiciones a esta ley se la
puede calificar de protección universal a la dependencia? De la gratuidad de la prestación de los servicios permítame que no hable, porque esto suena a cachondeo. Cuando se habla de gratuidad en la prestación de los servicios y se institucionaliza
-voy acabando ya, señor presidente- el copago, pero no solo eso, sino que ya hemos visto en los periodos económicos que en este momento las entidades de crédito están ofertando nada menos que once instrumentos financieros diferentes para que los
dependientes se puedan pagar un sistema de protección que debería ser gratuito, usted no me puede hablar, desde una vocación progresista que le debe caracterizar en principio -según autoproclamación personalísima suya-, de un sistema de protección
gratuita. Pero si encima nos desbarata la red de asistencia social que está ya constituida en Euskadi mediante la implementación de una ley que entra en vigor en 2007 pero que no ve culminados sus efectos totales hasta 2015, perdiendo, mediante el
mero hecho de aplicación de la ley, un nivel de protección cada año en Euskadi del 16 por ciento de lo que ya se está protegiendo a los dependientes, ¿de qué progresismo me está hablando?
Por último -y esta sería la sexta cuestión de inconstitucionalidad-, y con esto acabo, es una promesa formal, señor presidente, hay un problema de constitucionalidad que nos afecta a los vascos con carácter general, que es la desatención,
que raya en la grosería, de los requerimientos de financiación de cualquier competencia de las previstas o que deben estar acogidas a los requerimientos de concierto o convenio económico para la Comunidad Foral Navarra. Usted utiliza una locución
absolutamente insegura: Se considerará lo previsto en la Ley del concierto o del convenio económico para la Comunidad Foral Navarra. ¿Pero qué es eso de que se considerará? Señor ministro, querrá decir: Se aplicarán los requerimientos y la
bilateralidad financiera de este peculiar sistema de financiación de nuestras competencias.
Con esto efectivamente acabo, señora presidenta; veo que hay cierta fluctuación en la mesa de atrás. (Risas.) Señor ministro, le voy a hacer una petición. El debate de las enmiendas presentadas en Comisión y en Pleno no es regenerable,
material y ontológicamente no es regenerable.
Como digo, le voy a hacer una petición. Usted está creando grandes expectativas a la población sobre las bondades de este proyecto de ley.
Estas expectativas es posible que se frustren. No veo que
este proyecto de ley pueda prosperar ni que esté en condiciones de superar un control de constitucionalidad. Le voy a pedir un favor sinceramente: retire este proyecto de ley y redáctelo de nuevo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olavaria, muchas gracias.
Continuamos con la siguiente enmienda de totalidad de devolución al Gobierno, presentada en nombre del Grupo Mixto por la señora Lasagabaster. A efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones', se repartirá el tiempo para que después otro
representante del Grupo Mixto fije su posición. Por tanto, la señora Lasagabaster tendrá diez minutos.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, intervengo para explicar las razones por las cuales Eusko Alkartasuna ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto. Las razones son al proyecto y me temo que a lo que el ministro explica del proyecto,
porque son dos cosas distintas. Lo que usted dice que dice el proyecto, desde luego no lo dice; y lo que usted señala, tampoco podemos compartirlo. Me explico. La exposición de motivos del proyecto dice claramente cuál es el objetivo, y es
tratar de conseguir que aquellas personas con especial vulnerabilidad tengan los apoyos suficientes para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía; es decir, el derecho de
ciudadanía de cualquier persona, no uno diferente. La realidad nos está diciendo que hay personas que por su especial vulnerabilidad no pueden realizar materialmente su derecho de ciudadanía. Pero no es un derecho de ciudadanía distinto, señor
ministro, es un derecho de ciudadanía que para ejercitarlo no tienen las condiciones básicas. Por tanto, aquí no hay un derecho de ciudadanía diferente.
Estamos total y absolutamente de acuerdo con el reto que inspira este proyecto de ley, y no solo porque lo inspire un proyecto de ley ajeno a cualquier otra discusión o a cualquier otro debate que se haya realizado por los poderes públicos
sino, muy al contrario, esta es una regulación que viene inspirada por los debates que ha habido no solo en el Estado español sino también en la Unión
Europea en relación con la necesidad de abordar esta problemática para que todas las personas, independientemente de la situación en la que se encuentren, puedan ejercitar sus derechos de ciudadanía. Pero no hay otro derecho de ciudadanía.
Estamos totalmente de acuerdo con ello, como estamos totalmente de acuerdo con que al modelo de Estado de bienestar se añada otra serie de elementos que hace veinte o treinta años no estaban incorporados, como no lo estaban quizá en algunos Estados
miembros de la Unión Europea y en otros estaban mucho más avanzados que nosotros. El hecho de la protección sanitaria, el de la Seguridad Social, el desarrollo social, incluido este tema y la educación, es evidente que para nosotros son elementos
que siempre vamos a apoyar. Por tanto, compartimos la filosofía. Ahora bien, ¿es necesario que compartiendo la filosofía tengamos que decir sí a esta regulación jurídica determinada? No, señor ministro. Hay modelos mejores, más eficaces y
potencialmente respetuosos no solo con el bloque de constitucionalidad, nos solo con las competencias sino también con los ciudadanos, que nos permitirían llegar a cumplir ese reto de mejor manera para el futuro.
Yo me hago una pregunta, señor ministro. Si usted considera que aquí hay un derecho de ciudadanía nuevo, me tendrá que explicar por qué solo tendrá aplicación hasta 2015. Usted se saca de la manga un nuevo derecho de ciudadanía, pero solo
le da financiación hasta 2015 y, además, la financiación que le da es transitoria y ni tan siquiera desde el primer momento. Es como si usted me dijera que crea un derecho de educación nuevo, que es importantísimo, pero que solo lo va a financiar
hasta 2015.
¿Y el año 2016, señor ministro, ya no le interesa ese derecho de ciudadanía, ya no existe ese derecho de ciudadanía nuevo, ya no nos gusta ese derecho de ciudadanía o qué? Esto es lo que usted está diciendo y eso es lo que no se
corresponde con la realidad del proyecto que interrumpe ese supuesto derecho -que para nosotros no existe- en 2015. Es un concepto de progresismo que yo no comparto. Si es una buena situación e incluso, yendo a su teoría, un nuevo derecho, ya me
explicará por qué solo entiende que es un buen derecho durante ocho años. ¿Y el resto qué? Es algo que tendrá que explicar. Nosotros entendemos que aquí, como decía antes, no hay un nuevo derecho de ciudadanía, pero eso no significa que no sea
necesario garantizar las condiciones básicas de toda persona, por supuesto en este caso las de especial vulnerabilidad, para que puedan ejercer el derecho de ciudadanía que sí tienen, al igual que las demás personas. Por tanto, claro que queremos
compartir ese reto con ustedes; claro que queremos buscar una solución, y claro que queremos hacer un modelo que sea razonable, eficaz y lo mejor posible para cumplir el objetivo.
Este proyecto de ley no es el mejor proyecto de ley, ni el mejor modelo, ni el mejor régimen jurídico, ni la financiación suficiente, ni la adecuada regulación para este reto. Primera cuestión, que se determine -y luego entraré en la parte
competencial- el nivel mínimo que usted señala como el núcleo central de la igualdad en la garantía de todos los ciudadanos del Estado español por reglamento no parece muy garantista. No es garantista si es el núcleo central de un nuevo derecho
que, como dicen ustedes, aparece por aquí. Esto no se podría entender. Segunda cuestión, si ustedes consideran que ese nivel mínimo es tan fundamental, lo lógico y normal es que estuviera amparado por la protección pública financiera suficiente
para que en el futuro no hubiera ninguna posibilidad de dejarlo sin contenido financiero, con lo cual sin existencia de derecho.
¿Por qué? Tendrían que haberlo cubierto en la parte de protección pública de Seguridad Social, pero tampoco lo hacen,
con lo cual, desde el punto de vista de eficacia y de garantía -sin entrar ya en la parte competencial- en ninguno de los casos ni por la regulación ni por la financiación se asegura la mejor eficacia de defensa de las garantías básicas de los
ciudadanos que tienen especial vulnerabilidad; los dos grandes elementos de cualquier derecho. Señor ministro, me parece que va mal explicando cosas que no se corresponden con la realidad del proyecto.
En estos tres minutos que me quedan señalaré por qué entendemos que no es el mejor proyecto en la medida en que no respeta lo que hoy existe. Por cierto, no sé si ocurre así en todos los lugares, pero en algunas de las zonas que yo más
conozco -la Comunidad Autónoma del País Vasco-, con todas las mejoras que haya que hacer, por supuesto, no parece que haya ido tan mal con una ley del año 1982 y con unos sistemas de servicios sociales que aunque podrán mejorarse no van tan mal.
Creemos dos cuestiones. Primero, ni por razones jurídicas ni por la vía del artículo 149.1.1, que ustedes están utilizando torticeramente y cada vez más para cualquier consideración como título transversal y aplicándolo a temas para los que no
estaba establecido, creemos que no respeta las competencias de las comunidades autónomas ni permite la mejor eficacia del modelo suficiente para garantizar lo que pretende el reto que supone este tema. ¿Por qué? Una cosa es que usted dijera qué
queremos, cuál es el objetivo final que todos los poderes públicos y administraciones tienen que tener en relación con este tema; por ejemplo, promover la autonomía de esas personas, la dignidad suficiente para que puedan hacer una vida razonable
sin necesidad de otra serie de consideraciones. ¿Puede ser que una comunidad autónoma tenga un modelo y que otra comunidad autónoma tenga otro diferente porque responden, por ejemplo, a envejecimiento de la población diferenciado, a lugares
distintos, a tipos de transporte, a una ubicación completamente diferente, en especial el nivel de envejecimiento de población, que es el grueso de todas estas personas? Evidentemente, los modelos no podrán ser los mismos en comunidades autónomas
donde hay una población tremendamente envejecida, hablando en términos cuantitativos, que en otra donde la población tiene un nivel de envejecimiento menor. Por tanto, ustedes no están planteando una igualdad, sino una uniformidad que puede ir en
contra de la eficacia del reto que todos queremos.
Desde el punto de vista jurídico, leyendo la jurisprudencia -no voy a mencionar la que ya ha citado el
diputado del PNV señor Olabarría-, leyendo incluso el dictamen del Consejo de Estado, que llega a hacer una serie de advertencias en relación con qué cuestiones pueden y no pueden sobrepasar en ese límite, es razonable decir lo siguiente.
Primero, que son competencia de las comunidades autónomas los servicios sociales. Segundo, que en este sentido el Gobierno del Estado no puede invadir esas competencias. Tercero, que ustedes podrán determinar una serie de condiciones básicas pero
no modelos y regímenes jurídicos determinados hasta el último detalle de sanciones, de infracciones, de prestaciones, etcétera. Eso va en contra de las competencias de las comunidades autónomas. Señor ministro -termino, señora presidenta, aunque
me encantaría hablar más, pero lo haremos en Comisión-, compartimos el reto, la filosofía también, derecho nuevo no existe y, si existe, fináncielo suficientemente en el tiempo y en la materia. Y en cuarto lugar, los poderes públicos no son solo el
Estado. Usted está tratando de decir que solo el Gobierno del Estado tiene la garantía para hacer esto. ¿Qué me está diciendo, que no estima usted suficientemente a las comunidades autónomas como para que puedan llevar a cabo este reto? Porque de
la letra de este proyecto de ley, tal y como está, es lo que se deduce, algo que no podemos ni debemos compartir.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster. Muchas gracias.
Finalizamos estos turnos con la otra enmienda a la totalidad presentada, esta vez de texto alternativo, por Convergencia i Unió. Tomará en su nombre la palabra el señor Campuzano para ejercer su turno a favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, el debate de estas enmiendas a la totalidad está evidenciando que el rey está desnudo, o sea que la ley está desnuda. Algunas de las afirmaciones que con mucha contundencia ha hecho el señor ministro
desde esta tribuna y desde diversos foros a lo largo de las últimas semanas están evidenciando -también las dos intervenciones que me han precedido- cuáles son las debilidades de fondo de este proyecto de ley que debatimos. De cara a este trámite
parlamentario, Convergència i Unió tiene la convicción de que en el marco del Estado es necesario abordar el reto de la dependencia, de que en el marco del Estado es necesaria la existencia de una ley de dependencia, pero también de que es necesaria
otra ley de dependencia. De ahí que hayamos presentado una enmienda con texto alternativo al proyecto del Gobierno.
Señorías, en el discurso del señor ministro de esta tarde y en el contenido del texto articulado del proyecto de ley subyace una idea que Convergència i Unió no puede aceptar: que la única Administración, el único poder que puede garantizar
la igualdad real de los ciudadanos es el Estado central, estas Cortes Generales, el Gobierno de España, y que las comunidades autónomas, sus parlamentos y sus gobiernos son incapaces de garantizar la igualdad real de los ciudadanos. Esa es la idea
perversa y jacobina que subyace en ese proyecto de ley y que se traslada en su articulado, en la fórmula de financiación, en la configuración de un consejo territorial, y es una idea que quienes tenemos una visión del Estado avanzada y que asumimos
la complejidad de vivir en un Estado compuesto de ninguna de las maneras podemos aceptar. Señorías, ¿por qué en el año 2006 el Gobierno de España, estas Cortes Generales van a discutir una ley de dependencia cuando prácticamente desde el inicio del
proceso autonómico las competencias exclusivas en materia de servicios sociales son autonómicas? ¿Por qué en el año 2006 nos planteamos este debate? ¿Por qué ha existido una irresponsabilidad por parte de los gobiernos autonómicos, una dejadez en
sus funciones de responder a las necesidades de las personas dependientes? ¿O será porque en ningún momento el Estado, en su financiación a las comunidades autónomas, ha asumido la integración en el sistema de financiación de la variable servicios
sociales, de la variable envejecimiento, de la variable dependencia? En ningún momento. Quizás es responsabilidad de todos nosotros, seguramente sí, pero hoy los servicios sociales son insuficientes para garantizar un acceso equitativo y universal
a los ciudadanos porque nunca en nuestro sistema de financiación general autonómico hemos integrado la variable dependencia. En el año 2006 aterriza el Estado y nos dice que somos unos irresponsables porque no lo hemos hecho y yo, Estado, voy a
garantizar esa igualdad, esa protección social ante esta situación, y establezco una ley que -como se han expresado mis dos colegas que han intervenido anteriormente- deja vacía de contenido la competencia exclusiva y de manera perversa introduzco
un sistema de financiación ad hoc, vía convenios, que responde a una vieja idea, aquella de que si pago mando. A través de los convenios para financiar lo que el proyecto de ley define como el nivel segundo, el Estado pretende imponer el régimen
concreto de protección que otorga esta ley. Según el proyecto de ley va a ser el Estado quien va a determinar las horas de atención a domicilio de un dependiente severo de grado segundo en la ciudad de Manresa, pagando el Estado y pagando la
comunidad autónoma, con un real decreto que formula el Estado. Eso deja sin contenido real la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.
Los argumentos que expone Convergència i Unió, que parten de la convicción de que el artículo 149.1.1ª permite una intervención del Estado, recogen lo que han sido hasta ahora todas las sentencias del Tribunal Constitucional y toda la
doctrina sobre esta materia, todos los informes que ha hecho el Gobierno de la Generalitat -un Gobierno de una mayoría diferente a la que yo represento esta tarde en esta tribuna-, en los que se afirma que existiendo título competencial el Estado no
tiene capacidad de actuar basándose en el 149.1.1ª como si fuese legislación de bases ni legislación básica. De hecho, la configuración legal de este proyecto de ley se asemejaría a una especie de ley de bases de servicios sociales destinados a las
personas
en situación de dependencia. Y el artículo 149.1. no permite hacer ni una ley básica ni una ley de bases; permite configurar un marco legal que garantice el ejercicio en términos de igualdad de los derechos. Puede hacer ese marco pero no
puede configurar un sistema. Lo dicen, insisto, las sentencias del Tribunal Constitucional -que son amplísimas-, la doctrina que existe -que es muchísima- y los informes del Gobierno de la Generalitat, por no decir los informes del Gobierno vasco,
que son los primeros que tuve el gusto de leer y que así lo afirmaban. Señorías, todo ello nos lleva a discutir y a cuestionar esta ley y a expresar otra convicción. Si no somos capaces de resolver bien en el trámite parlamentario que se inicia
ahora la cuestión del encaje competencial de esta ley, esta ley va a terminar en el Tribunal Constitucional. Sería un gravísimo error que esta ley terminase en el Tribunal Constitucional, que esta ley que responde a las expectativas de los
ciudadanos, de las familias, de los profesionales y del conjunto de la sociedad terminase en el Tribunal Constitucional porque quien tiene la potestad de gobernar se ha instalado en esa visión jacobina del Estado; sería un tremendo error.
Señorías, nuestra propuesta alternativa se fundamenta en la existencia de cuatro prestaciones básicas que el Estado garantiza, una incorporación de la financiación de los servicios sociosanitarios por parte del Estado y la integración de la
variable dependencia en el sistema de financiación autonómica para dar a las comunidades autónomas aquellos recursos que necesitan para poder desarrollar las políticas que son competentes, respondiendo además al principio establecido en la Lofca y
también en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de lealtad institucional. Si el Estado genera nuevas obligaciones para los gobiernos autonómicos, el Estado debe contemplar la financiación de estas nuevas obligaciones legales. No hacerlo es
hacernos trampa, señorías. El mecanismo de convenio que establece la ley es terriblemente perverso porque -creo que lo recordaba la señora Lasagabaster- nos deja absolutamente en la incertidumbre de qué va a pasar a partir del año 2015. Como
mínimo hubiese sido de sentido común que la ley dijese que hasta el año 2015 financiamos a través de esta fórmula extraña, pero en el 2015 integramos la variable dependencia en el sistema de financiación general autonómica e incorporamos, con todas
las consecuencias, lo que supone la afirmación de que las competencias exclusivas son de las comunidades autónomas. No se trata de ir repitiendo diversas veces que esta ley respeta las competencias exclusivas. Se trata de que en el diseño legal de
la ley y en el sistema de financiación respetemos las competencias exclusivas, y eso no lo hacemos. Es interesante también leer la argumentación del Institut d'Etudis Autonòmics justamente en materia de convenios.
Señorías, desde la perspectiva de Convergència i Unió, hay otros motivos para llevar a la presentación de una enmienda a la totalidad que responden a la cuestión del enfoque filosófico de la propia ley. Esta es una ley más propia de las
políticas sociales de los años ochenta que de la Europa del siglo XXI; una ley que responde a una idea para nosotros ya muy caduca y que los países más avanzados de Europa habían superado; una ley que se enfoca en la visión de que la política debe
responder a las necesidades de los funcionarios de la Administración, no a la capacidad y al poder de decidir de la gente. Es una ley paternalista que se basa en la idea de que quienes saben la respuesta que necesitan las personas son las
administraciones y no los ciudadanos; es una ley que dice que si mis padres quieren optar por quedarse en casa me lo va a decir la Administración, no van a ser ellos; excepcionalmente la opción para el cuidado familiar. Si quiero ir a una
residencia o quedarme en casa pero que me cuide un asistente a domicilio no voy a ser quien lo decida, sino un funcionario de la Administración. No da poder a la gente esta ley y así lo han denunciado en sus informes tanto el Foro de Vida
Independiente y Ceoma como Fatec. Hoy las políticas sociales avanzadas en Europa dan a la gente la capacidad de elección, dan poder a la gente para decidir cómo deben gestionar su vida y los servicios que necesitan en situación de dependencia.
Existe una cuestión de filosofía en la que entendemos que quien defiende posiciones conservadoras son aquellos que dan el poder a la Administración y no a los ciudadanos. Insisto, observen las reformas que en el Estado de bienestar en los últimos
años se han producido en Europa.
Segundo elemento para formular esta enmienda a la totalidad: el sistema de copago. Mi grupo asume que para la sostenibilidad del sistema los ciudadanos tienen que asumir también su participación en la financiación del mismo. Asumimos como
ustedes lo antipático que puede suponer eso pero afirmamos que este proyecto de ley, en los términos en que está redactado, no garantiza que las clases medias puedan acceder a los servicios y prestaciones que dice esta ley; no los garantiza en los
términos que establece el proyecto de ley. Además, señorías, reconociendo y agradeciendo a los portavoces económicos del PSOE y al ministro Solbes los avances interesantes que ha habido en la reforma de la renta que acabamos de aprobar en materia
de dependencia, con instrumentos que facilitan ese ahorro privado, en esta ley podemos avanzar más, porque si asumimos que los ciudadanos deben pagar con parte de su riqueza estos servicios debemos facilitar que puedan ahorrar para hacer frente a
esas necesidades. La reforma fiscal tiene elementos interesantes. En nuestra enmienda alternativa y en las enmiendas parciales proponemos avances justamente para garantizar que aquellos ciudadanos que ahorran puedan beneficiarse también de los
servicios públicos que esta ley va a establecer.
Tercer elemento de carácter alternativo. Mi grupo está convencido, sin complejos también, de que en la Europa del siglo XXI, en la España del siglo XXI la familia va a continuar siendo un elemento de provisión de bienestar y debe ser
acompañada en ese proceso sin ningún tipo de complejo. Las conversaciones que hemos mantenido con buena parte de las asociaciones que agrupan a personas con discapacidad ponen el énfasis en la capacidad de las familias para dar respuesta a los
retos que nos
genera la dependencia. En esto también el proyecto de ley responde a una visión más propia de los años ochenta que de las políticas sociales del siglo XXI. Señorías, habría otros aspectos concretos, pero tendremos ocasión de exponerlos en
el debate de las enmiendas parciales.
El señor ministro en su intervención ha apelado al consenso y mi grupo le toma la palabra. En primer lugar, apelar al consenso pasa por reconocer que la política de atención a la dependencia no es patrimonio ni de la izquierda ni de la
derecha ni del centro. La política de atención a la dependencia es patrimonio del conjunto de la sociedad, es patrimonio del conjunto de esta Cámara que aprobó por unanimidad en la pasada legislatura una recomendación que instaba al Gobierno a
hacerlo. No es patrimonio de una supuesta izquierda progresista, es patrimonio de toda la sociedad. Poco invita al consenso el señor ministro cuando en su momento ha presentado esta ley como de izquierdas al referirse a los tres grupos que han
participado en su configuración legítimamente. Lo aceptamos, faltaría más que no aceptáramos que Esquerra Republicana y que Iniciativa per Catalunya apostaran por esta ley, están en su legítimo derecho a hacerlo y a reivindicar su papel en la
configuración de esta ley. Convergència i Unió no va a discutir esta cuestión, pero esta ley no la podemos considerar como de unos cuantos grupos parlamentarios. Al ministro le ha faltado el sentido de Estado que le recordaba el señor Olabarría.
En segundo lugar, en un Estado complejo y plural difícilmente podemos pensar que esta ley responde al modelo de Estado si el Partido Nacionalista Vasco, si Eusko Alkartasuna y Convergència i Unió y amplios sectores de los ámbitos autonómicos
-es muy interesante leer las comparecencias de las consejeras del Partido Popular- afirman que esta ley vulnera el reparto de competencias. El consenso pasa por que en esta Cámara ustedes sean capaces de convencer al señor Olabarría, a la señora
Lasagabaster, a los consejeros del Partido Popular que tienen responsabilidades y a un servidor de que esta ley responde a ese mandato.
Finalmente, ese consenso pasa también -Iniciativa, el Partido Socialista, Esquerra Republicana, el PP, el PNV, EA y el BNG lo conocen- por que esas demandas que hoy los sectores sociales nos han expresado se recojan en la ley. De la lectura
de los comentarios que nos hace llegar la sociedad se deduce que es bastante evidente que el rey está desnudo, que la ley está desnuda en materia de discapacidad, en materia de protección de menores de tres años y en materia de apoyo a las familias.
El consenso pasa por que seamos capaces de integrar en este proyecto de ley esas demandas que legítimamente nos ha formulado la sociedad. Convergència i Unió va a trabajar en esa voluntad, pero desde la defensa de un proyecto alternativo diferente
al que ustedes plantean tan legítimo como el proyecto de ley que ahora estamos discutiendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano, muchísimas gracias.
Finalizado este turno, ¿alguien desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Será la señora García Suárez quien en este turno tomará la palabra.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quisiera agradecer al diputado Joan Tardà, de Esquerra Republicana, su generosidad porque también quería utilizar el turno en contra y perteneciendo a un grupo más numeroso que el mío tenía todo su derecho a
utilizarlo. Por tanto, que quede constancia de mi agradecimiento. Seguramente muchas de las cuestiones que expondré en los cinco minutos de que dispongo Esquerra Republicana también las considerará oportunas.
En primer lugar, quisiera dirigirme al PNV y a Eusko Alkartasuna para decirles que espero que entiendan -aunque también dedicaré algunos minutos a su enmienda a la totalidad- que necesito expresar que este turno en contra, señor Olabarría,
va dirigido a la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En el caso del PNV y Eusko Alkartasuna, sabemos positivamente que los aspectos -y así han quedado muy bien reflejados- que ustedes
están planteando tienen muchos más que ver con los aspectos constitucionales o competenciales, y ya le adelanto que algunos interrogantes -no en la dimensión que ustedes planteaban- también hemos tenido a lo largo de todo este proceso. Debo decirle
también que, en el caso del País Vasco, quien está gobernando las competencias que corresponden a servicios sociales está también interesadísimo en que esta ley no vulnere las competencias autonómicas. Por tanto, le transmito a usted, como
representante del Gobierno del País Vasco, que vamos a trabajar y a velar en el proceso parlamentario para que todos estos interrogantes queden completamente aclarados. También debo comentar en este caso, porque se ha utilizado, que, además de los
informes del Consejo de Estado, hay otros informes -el señor ministro también los conoce- como, por ejemplo, el del gabinete jurídico de la Generalitat, que realizó informes del anteproyecto y del proyecto de ley, informes que, en principio, no
tienen demasiado que ver con el anteproyecto y el proyecto. Al final, voy a referirme a cuáles son las dos conclusiones que en este informe del proyecto señala el gabinete jurídico de la Generalitat, un informe que es del mes de mayo, por tanto,
muy reciente.
Dicho esto, me dirijo ya al señor Campuzano, con todo mi respeto. Sé que usted va a entender que me dirija a usted, porque representa al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Estas cuestiones de las que estamos hablando aquí
son planteamientos políticos, y no estamos en ningún caso intentando cuestionar las actuaciones personales. Me va a permitir que sea clara y diáfana para decirle lo que pienso de su enmienda a la totalidad. Voy a decírselo con el máximo respeto,
aunque con algo de ironía en algún momento, que usted me va a
permitir, porque sé que, si usted decide contestarme, lo hará en el mismo sentido. Esto se lo voy a explicar de una forma un poco divertida, porque es como lo hemos visto en mi grupo y también en otros grupos. Ustedes lo que han tenido
realmente es un pactus interruptus, se lo tengo que decir.
Ustedes llevaban negociando con el Gobierno unos días, mantenían unas conversaciones que realmente prometían una vía de acuerdo y que han dado como resultado un documento, señor Campuzano,
que no tengo inconveniente en enseñar, si alguien tiene interés en conocer hasta dónde había llegado ese acuerdo veinticuatro horas antes de que ustedes presentaran la enmienda a la totalidad. Hubo un problema a última hora. ¿Cuál fue el problema?
Que, de nuevo, desde nuestro punto de vista, señor Campuzano, Convergència i Unió ha dado más importancia a la imagen y al protagonismo exclusivo que a los intereses colectivos de los ciudadanos. Ustedes no han estado dispuestos a compartir este
documento, aun sabiendo que el contenido de este documento se estaba negociando paralelamente -lo sabían, nadie les estaba engañando- con Esquerra Republicana y con mi grupo parlamentario. En el momento más dulce de la relación, ustedes comprenden
que no es una relación en exclusiva, que hay más actores en juego -lo cual ya conocían- y que además es un trío; esto les provoca ese pactus interruptus. ¿Y cómo no habíamos caído antes, señor Campuzano, nosotros sobre este tema? No lo entiendo,
porque es cierto que ustedes no hubieran podido aceptar una cosa como esta. Son una fuerza política de fuertes principios y fidelidades y no pueden aceptar fotos en grupo y menos aún en tríos. Y se negaron al acuerdo, no por su contenido, no
porque pretendan defender las competencias de las comunidades autónomas, no por Cataluña, por supuesto, y mucho menos por las personas y colectivos a quien va dirigida esta ley que, dicho sea de paso, va dirigida a todos nosotros. ¿Y esto por qué?
No por un tema de acuerdos, sino porque no les gustó que eso fuera compartido. Y esta es la realidad que ustedes ahora van a negar y usted, señor Campuzano, con toda la experiencia parlamentaria que tiene, está intentando llevar las aguas a su
terreno, pero en todo caso hay bastantes actores que estábamos en este tema.
Pero hay más, señorías. He leído detenidamente su enmienda a la totalidad y sus enmiendas parciales. Usted hablaba de trampas antes. Yo también pensaba justo en esta palabra: hay trampas, señor Campuzano. Si me lo permite, su propuesta
no es un cambio de modelo en cuanto a competencias.
No, no es solamente esto, porque esto es relativo, como era relativo que ustedes lo estuvieran cuestionando excesivamente, porque ustedes son inteligentes, son listos y saben perfectamente que en
el trámite parlamentario todo esto se va a solventar. Ustedes lo que proponen, según hemos entendido en mi grupo parlamentario, es un cambio de modelo del sistema de atención a la dependencia. Esto es lo que están proponiendo ustedes. Ustedes no
plantean un derecho ciudadano -es cierto, usted lo ha dicho-, un nuevo derecho personal, individual. No. Ustedes lo amplían a las familias pero de una manera extrañísima. Ustedes proponen un concepto de equidad que, me perdonará, pero no es
equidad, es solamente igualdad.
Ustedes plantean: todos iguales, que es la manera de que quienes tienen unas peores condiciones sean más desiguales. Ustedes nos plantean la libertad, por ejemplo, de elección y de provisión de los recursos para el
beneficiario y las familias. ¿Esto sabe lo que significaría? Lo sabe muy bien, llevar a cabo el modelo que ustedes querían aplicar en Cataluña: el cheque servicio. Señor Campuzano, si nos vamos entendiendo. En definitiva, lo que significa esto
es: yo le doy el dinero y usted se va al mercado privado, porque hoy en día no hay una estructura de servicios públicos suficiente, y usted se compra lo que pueda. Quien tenga una buena renta comprará un buen servicio y quien tenga una renta
inferior se conformará con lo que encuentre en el mercado. Esta es la equidad que ustedes pretenden plantearnos en su propuesta. No me lo invento, lo dice su enmienda pero no la voy a leer porque creo que es más interesante ir a otros temas. Pero
sí le voy a decir que, si usted va a la fuente de lo que significa equidad, encontrará rápidamente que equidad significa precisamente justicia natural, en contraposición a justicia legal.
Precisamente es adaptar la norma jurídica a las
particularidades de cada caso concreto para evitar una interpretación rígida de los preceptos legales. Por tanto, su equidad no la compartimos para nada. Lo que usted no va a decir es que plantea esa equidad porque tiene una gran preocupación por
las clases medias, aquellas que hoy están fuera de la provisión de estos recursos, y por eso plantean esa igualdad como ustedes la mencionan. Señor Campuzano, ustedes pretenden estar, como se dice popularmente, en misa y repicando y además creen
mucho en los milagros, y en alguna otra ocasión ya se lo había dicho a su grupo. Es decir, pactan con el Gobierno una reforma fiscal que va a suponer una merma de ingresos al Estado y a todas las comunidades autónomas que somos Estado de 4.000 a
6.000 millones de euros, una reforma que solo beneficia otra vez a quienes tienen las rentas más altas. Lo van a oír en esta Cámara bastantes veces por parte nuestra. El 30 por ciento del coste de su reforma afectará solo al 5 por ciento de los
contribuyentes, a los que tienen evidentemente rentas más altas. Ustedes no están defendiendo a las clases medias, señor Campuzano, y esto se lo tenemos que empezar a decir y explicar a esas clases medias a quienes yo creo que ustedes les están
haciendo un poco de trampa.
Esta reforma nos aleja, una vez más, de la posibilidad de invertir más en bienestar social, y es una reforma que gracias a ustedes va a hacer que esta ley, que podría no necesitar ocho años para su implantación, los necesite porque el
argumento va a ser que no hay suficiente financiación para ella. Este es el gran pacto que ustedes han hecho con este Gobierno.
Están también muy satisfechos, lo acaba usted de mencionar, de sus propuestas fiscales de fomento a los planes privados
de pensiones. Elevan a diez mil euros el límite máximo con derecho a deducción en el IRPF.
¿Quién puede permitirse aportar diez mil
euros al año a un plan privado, 1.660.00 pesetas? ¿Ustedes están defendiendo a las clases medias, señor Campuzano? No, ustedes no están defendiendo a las clases medias.
Voy deprisa porque me interesa dejar claro un aspecto de su modelo que yo creo que es el importante. En la parte del capítulo que configura el sistema, en el que se recoge la finalidad, los niveles de protección, los órganos e instrumentos
de cooperación entre las administraciones públicas, los niveles de competencia, ustedes nos hacen una propuesta y nos dicen que se incorpore al tercer sector y, como de pasada, al lado del tercer sector nos dicen: y a la iniciativa privada
mercantil.
Perfecto, al mismo nivel que las administraciones públicas. Este es su modelo, señor Campuzano; es decir, aquella iniciativa, no la del tercer sector, no engañemos, la iniciativa privada mercantil es la iniciativa privada pura y dura,
la iniciativa privada con todo su derecho de existir pero que, en todo caso, no es aquí donde le corresponde estar en estos momentos y muchísimo menos en este capítulo, señor Campuzano. Usted lo que está planteando aquí, en definitiva, es que el
Estado ha de garantizar toda la financiación del nivel mínimo de protección y además también ha de financiar, y propone que sea gratuita, la dependencia del grado tres o gran dependencia; es decir, que las personas que hayan de estar en
residencias, porque todas estas personas son las que habrán de estarlo, sea cual sea su nivel de renta, según su criterio de equidad tendrán que tener la financiación al cien por cien en estas residencias privadas, porque ahora tenemos un marco de
residencias públicas muy reducido. Perfecto, señor Campuzano, usted nos está ofreciendo un modelo muy claro, y creo sinceramente que es aquí donde está el problema fundamentalmente de esta ley, no en lo que usted nos estaba ofreciendo antes.
Por último, yo admiro el esfuerzo que hacen ustedes, Convergència i Unió, para despistar sobre un hecho fundamental de Cataluña. Ahora Cataluña tendrá unas competencias en servicios sociales más definidas, pero Cataluña durante muchísimos
años ha tenido competencia plena en servicios sociales. Señor Campuzano, ¿sabe donde nos ha colocado en veintitrés años el Gobierno de Convergència i Unió en servicios sociales en Cataluña? He hecho un cuadro resumen, solamente he cogido
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, podía haber cogido muchas más. ¿Sabe dónde nos ha colocado? Por debajo en todo de Castilla-La Mancha, de Castilla y león, de Extremadura y de Madrid, comunidades autónomas de todo tipo,
por cierto, y me olvido de otras comunidades autónomas. Nos han dejado por debajo en la cobertura de servicios sociales, en ayuda a domicilio y en número de horas de cobertura y de intensidad, en la teleasistencia, por supuesto en las plazas
residenciales, en los centros de día, absolutamente en todo, señor Campuzano. ¿Por qué ustedes no aprovecharon esos veintitrés años, con las competencias plenas en servicios sociales, para presentar una ley estupenda de servicios sociales, con toda
la protección, con todo esto que ustedes nos están planteando hoy aquí? ¿Cómo es posible que nos haga este discurso? Con todo mi respeto, no puede ser que olviden y que tengan amnesia de esta manera. Cataluña no se merece el sitio donde ustedes
nos dejaron después de sus veintitrés años de Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Réplica o rectificación, en su caso, tengo claro que por parte de Convergència i Unió. Mi pregunta es si la van a utilizar también los demás. Comenzaremos de nuevo con el señor Olavaria, que tiene la palabra por escasamente cinco minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. Van a ser menos porque, pretendidamente, el turno era contra los tres enmendantes de totalidad, pero no he podido percibir ninguna alusión a mi propia enmienda, no sé si la señora
Lasagabaster ha tenido más capacidad acústica que yo. Esto se ha convertido en una especie de debate, que podríamos calificar de política doméstica catalana, mediante invectivas.
Yo no sé qué punto de razonabilidad tiene, lo reconozco, señor
Campuzano, dudo mucho de la veracidad y de la fundamentación de muchas de ellas y lamento que un debate que tiene las pretensiones y la solemnidad que debería tener éste, en una ley en la que se pretende -incorrectamente, como antes hemos explicado-
configurar nuevos derechos subjetivos, un nuevo derecho subjetivo que dimana de tratados internacionales como el de la cumbre de Niza, el Tratado de Ámsterdam o el Tratado de Constitución europea, donde estamos buscando la fórmula mejor entre todos,
seguramente, para atender a los dependientes, al final se convierta, de forma un tanto aberrante en nuestra opinión, en una confrontación dialéctica relativa a cuestiones que hacen referencia a los problemas domésticos que enfrentan a los partidos
políticos en Cataluña. Esto nos parece una distorsión de tal naturaleza, señora presidenta, que yo me voy a negar a seguir interviniendo en este momento en relación con este debate y este impropio -como el título competencial usado para regular
esta ley- turno en contra usado por la señora García. Dicho lo cual, me complace escuchar que comparte los argumentos de naturaleza competencial o las reservas de naturaleza competencial que yo he invocado. Señora García, si tiene la amabilidad de
escucharme, le digo que si comparte las reservas de naturaleza competencial que yo he invocado, no parecería incoherente que apoye también la enmienda que nosotros hemos presentado porque gravita en buena medida sobre estos problemas de naturaleza
competencial que son problemas de constitucionalidad y que le dan una impronta de inconstitucionalidad a la ley. Le agradezco la invocación al señor Madrazo, pero sabe que el Gobierno vasco es un Gobierno tripartito que se manifiesta colegiadamente
y que se ha manifestado explícitamente en contra de este proyecto de ley. Además, el señor Madrazo carece de competencias en esta materia porque estas son competencias
de profunda y honda raíz foral que son ejercidas exclusivamente por las diputaciones forales vascas.
Dicho lo cual, señora presidenta, y dada la naturaleza del debate que, en mi opinión, ha pervertido un proyecto que debe ser debatido con rigor y con seriedad -lo digo honestamente y con todo el respeto a la señora García-, no tengo nada más
que decir y espero que podamos reconducir las difíciles y lejanas posibilidades de consenso que mi grupo avizora en este momento en relación con este proyecto de ley. Señor ministro, usted debería estar tan preocupado como yo en relación con esta
cuestión.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Señora Lasagabaster, adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que respeto profundamente la libertad de cada uno para expresar lo que quiera decir a favor o en contra, pero como es cierto que parece que aquí ha habido más que nada un debate del Parlament de Cataluña -con todos los respetos,
no tengo yo que señalar a los demás lo que tienen que decir-, y como usted también se ha referido al ámbito interno en la Comunidad Autónoma vasca, en ese caso me permitirá que le pueda decir algo, más que nada porque creo que lo conozco un poquito
mejor. Es cierto que además de haber un Gobierno tripartito hay una Ley de Territorios Históricos que nos podrá gustar más o menos (en este sentido Eusko Alkartasuna, históricamente, y con todo el respeto lo digo, tiene una posición diferente de la
del PNV, se lo digo por si usted no lo sabía tampoco), pero lo cierto es que, a día de hoy, tiene establecida una configuración en materia de servicios sociales bastante compleja, aunque nos va bien y, por tanto, la competencia no es exactamente
como usted ha dicho. No estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que habría que haber matizado un poco más. Si vamos a entrar en elementos más propios de cada una de las comunidades autónomas, simplemente lo especifico porque quedaría como no
acertado ni ajustado a la realidad jurídica que tenemos, con toda la libertad que cada uno tiene para expresar lo que quiera. Si esto es lo que hay del Parlament de Cataluña y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, simplemente le digo lo que yo
sé que es la Ley de Territorios Históricos y, en ese sentido, hay una configuración jurídica un pelín más matizada de lo que usted ha señalado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Campuzano, tiene la palabra también por cinco minutos y en turno de réplica a la intervención de turno en contra de las enmiendas a la totalidad a este proyecto de ley.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señora García, por respeto a nuestro país, Cataluña, por respeto a nuestro Parlamento y por respeto a los ciudadanos que nos han votado, como puede usted comprender, no voy a reproducir en esta Cámara un debate que es estrictamente catalán y
doméstico. Por respeto a la gente que nos ha votado, en el Parlamento de Cataluña sobre aquello que usted dice podemos debatir todo lo que quiera, o si quiere organizamos en Barcelona un debate sobre esas cuestiones. Ahí no voy a entrar de ninguna
de las maneras. Ni tampoco voy a entrar a hablar de sexo, ni de ménage a trois, ni de ménage a quatre. No voy a entrar en eso. Podemos hablar de hechos y los hechos son los que son. Los hechos son que se han presentado tres enmiendas a la
totalidad a este proyecto de ley y que hay un acuerdo político entre su grupo, Esquerra y el Gobierno sobre el contenido de este proyecto de ley, que me parece legítimo y razonable. Tan legítimo o razonable como que mi grupo considere que en ese
acuerdo al que ustedes llegaron obviaron los informes del Gobierno de Cataluña, que en un 80 por ciento de los artículos de la ley entendían que eran inconstitucionales.
Eso son los hechos. Quizás haya un tercer informe, pero dicho informe al que
usted se ha referido continúa criticando fuertemente ese proyecto de ley.
Vayamos a lo importante, señora García. Lo importante es que usted tiene razón en una cuestión. No tan solo planteamos enmiendas a la totalidad por la cuestión competencial ni por el modelo de financiación -que sobre todo-, sino también
porque tenemos un modelo alternativo y diferente de enfoque de esta política. Justamente queremos garantizar que esta ley del Estado nos permita en Cataluña construir el modelo de atención a la dependencia que Convergència i Unió quiere, que es el
que vamos a ofrecer a los ciudadanos este mes de octubre y que esperamos tener la confianza de los ciudadanos. Sí, señora García, tenemos un modelo diferente al suyo. Un modelo que se basa en el carácter público de las prestaciones del sistema.
Supongo que la señora García habrá tenido trabajo y no se habrá leído la enmienda a la totalidad. El artículo 3 dice: El carácter público de las prestaciones del sistema de promoción a la autonomía personal y de atención a las personas en
situación de dependencia. Señora García, le recomiendo que lea a Joan Subirats, que no es exactamente de Convergencia i Unió, catedrático de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona, que desde hace bastantes años -y algunas
compañeras suyas catalanas lo conocen- ha distinguido que una cuestión es el carácter público de un servicio y otra quién lo provisione. La propuesta de Convergència i Unió parte del carácter público de esa prestación y abre la vía de la provisión
al sector privado; sector privado sin ánimo de lucro y con iniciativa mercantil, que también está contemplado en el proyecto de ley del Gobierno. ¿Por qué será que el grupo de asociaciones amparadas en Edad & Vida -que no es exactamente una
organización no gubernamental-, que agrupa a las principales aseguradoras del país, a las principales provisoras mercantiles de estos servicios, están a favor
de las consideraciones y van a poder proveer servicios? El señor ministro estaba hace unos cuantos días en Barcelona invitado por Edad & Vida presentando justamente a ese sector y defendiendo las virtudes que tenía para el sector mercantil
el proyecto de ley que el Gobierno defiende.
Señoría, en términos de equidad estamos convencidos de la viabilidad de un sistema de copago, que diga clarísimamente que las comunidades autónomas pueden establecer máximos de aportación de los ciudadanos, mínimos que quedan exentos, la
vivienda fuera de la consideración de la riqueza de la persona y la consideración de la gran dependencia como gratuita.
Efectivamente, señora García. ¿O pretendemos que de aquello que es más caro el ciudadano llegue a pagar el 30 o el 40 por
ciento? Eso no sería equitativo. Tenemos modelos diferentes y Convergència i Unió entiende que su modelo -muy modestamente- es el modelo donde hoy se sitúan las sociedades más avanzadas del conjunto de la Unión Europea. También estamos
convencidos de otra cosa: que existe una responsabilidad de las diputadas y los diputados catalanes de esta Cámara. Este domingo el pueblo de Cataluña refrendó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en esta ley nos jugamos que el concepto de
competencia blindada que establece el nuevo Estatuto realmente exista. Señora García, o ponemos el listón bien alto, o el Estatuto de Autonomía de Cataluña no habrá servido para nada, y esa es también su responsabilidad que apoyó con nosotros el
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Espero que en el trámite parlamentario que ahora vamos a comenzar Iniciativa esté a la altura de las circunstancias. Hasta ahora, en esta materia, lamentablemente no lo han estado, han claudicado en la defensa
del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (Rumores.) Lo lamento, señora García.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Señora García, su último turno de dúplica.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera manifestar mi sorpresa, señor Olabarría, porque yo entiendo -si no es así, la señora presidenta me corregirá- que en ningún momento hay una limitación de cómo, de qué forma o qué temática es la que un diputado
cuando sube a esta tribuna tiene que expresar para defender de la mejor manera que considere su posicionamiento. Desde el inicio de mi intervención he dejado muy claro por qué iba a referirme de manera más clara a la enmienda a la totalidad con
texto alternativo, en este caso, de Convergència i Unió, pero en ningún caso he querido menospreciar las otras dos enmiendas alternativas; he explicado que entendía que estaban mucho más centradas en los aspectos competenciales y constitucionales y
he dicho que nuestro grupo parlamentario también se había planteado algunos interrogantes; además, he señalado -y en algún otro debate en Comisión en el que hemos coincidido también lo hemos expresado-, que incluso podíamos estar de acuerdo en
algunos aspectos, y acto seguido he dicho que en el trámite parlamentario que empezamos realmente hoy con este debate, al que seguirán los de ponencia, Comisión y de nuevo en el Pleno, se vería si estas incógnitas y estos interrogantes quedaban o no
resueltos. Por tanto, lo lamento, no entiendo el porqué de esta sorpresa. Ustedes no tenían un texto alternativo y, en este caso, Convergència i Unió sí. Además, en las intervenciones, sobre todo la del señor Olabarría, yo he entendido que se
cuestionaba cómo era posible que grupos parlamentarios cercanos a determinadas comunidades autónomas pudiéramos apoyar este proyecto de ley. Yo creo que aquí todo el mundo es libre de argumentar y de situar un debate como lo considere oportuno. Yo
estoy en mi derecho de centrar mi intervención en los minutos que el debate me permite y, en este caso, he priorizado la enmienda de Convergència i Unió.
Voy a dedicar los dos minutos que quedan a explicar una cuestión. Si mi grupo parlamentario -seguramente así lo va a explicar también Esquerra Republicana- ha podido dar una respuesta más contundente en este sentido, señor Carles Campuzano,
ha sido por una noticia aparecida en los medios de comunicación. Naturalmente, yo no puedo asegurar quién ha dado esta información ni decir quién me lo ha dicho, no puedo utilizarlo. Pero se ha llegado a decir en la prensa, la semana pasada, que
tanto Esquerra Republicana como nosotros habíamos apoyado esta ley aun sabiendo que había informes negativos del gabinete jurídico de la Generalitat. Esto se ha dicho, está escrito, está en la prensa. Esto es falso y, por tanto, teníamos que
aclararlo. Los informes a los que se refería la prensa eran precisamente del anteproyecto de ley. Sí, sí, señor Carles Campuzano, este es el único informe del proyecto de ley, del 12 de mayo, que tiene bastantes páginas de valoración y dos únicos
puntos de conclusiones.
¿Quiere que los lea, señor Carles Campuzano? Tengo poco tiempo, pero puedo leerlos, al menos uno de ellos. Un punto dice: Si el objeto de la ley es regular las condiciones básicas -lo estoy traduciendo- que garanticen la
promoción de la autonomía personal y la atención de las personas con dependencia, haría falta que el contenido de este derecho quedara más precisado en la ley. Y el otro punto, señor Carles Campuzano -no hay más-, dice: La determinación mediante
un órgano de composición multilateral de gran parte del contenido del nivel intermedio -el nivel básico sí se reconoce- de protección que ya no tiene carácter de mínimo, y por tanto no se corresponde con un título competencial del Estado, podría ser
una vulneración de las competencias autonómicas. Esto es lo único que dicen, señor Carles Campuzano. Usted sabe perfectamente que esto, que es lo único que plantea el gabinete de estudios jurídicos sobre el proyecto de ley, quedará solventado con
las enmiendas -por cierto, nosotros hemos presentado 50 y ustedes han presentado 70, no sé dónde están todas estas diferencias- en el trámite parlamentario. Señor Carles Campuzano, lo sabe y por eso
usted estaba dispuesto a firmar un acuerdo con el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Pasamos, señorías, a los turnos de fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios que no hayan intervenido. Por escasamente cinco minutos, debido a la intervención de la señora Lasagabaster, en nombre del Grupo Mixto tiene la
palabra la señora Fernández para fijar posición sobre este proyecto de ley.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, aprovechamos la oportunidad que nos da este debate de totalidad de la ley, que usted nos acaba de presentar y que es posible gracias a las enmiendas de devolución que se han defendido, para exponer nuestro punto de
vista sobre este proyecto, independientemente de que a través de otros canales ya lo habíamos hecho.
Señor ministro, desprendemos de su elocuente defensa de la ley el entusiasmo que la misma le provoca y que además entendemos que sea así, porque todas aquellas leyes que tengan relación con las políticas sociales provocan entusiasmo e
ilusión a quien está trabajando en ellas, y también me refiero a las personas del Grupo Socialista, que la valoran con el peso que realmente tiene. Pero déjeme decirle que el entusiasmo que ustedes expresan respecto del proyecto de esta ley parece
que obvió o dejó de lado que en el Estado español, independientemente de que sea a nivel de Estado, de Gobierno central, de Parlamento o de Cortes Generales, no se diera el debate de los servicios sociales con la debida profundidad que a lo mejor
hubiera sido necesario dar, pero que sí se dio en las comunidades autónomas. Por tanto, hay personas que cuando nos ponemos a estudiar este proyecto de ley no podemos sentir el mismo entusiasmo que ustedes, porque, cuando menos en mi caso, tenemos
una ley de servicios sociales en Galicia desde el año 1993, cuyo problema no es el contenido, sino que tuvimos durante más de 15 años un Gobierno que no fue capaz ni quiso ni tuvo voluntad de desarrollarla. Hay aspectos de las leyes de servicios
sociales de distintas comunidades autónomas que ustedes tocan en la ley que hoy estamos debatiendo. ¿Cuál era la ilusión que teníamos la mayoría de los ciudadanos que estábamos esperando una ley de estas características? Que la ley nos garantizara
la financiación de esos derechos de universalidad de los servicios, de los que teóricamente se habla también en la ley, pero de los que después empezamos a tener dudas cuando analizamos la falta de garantías sobre la financiación y cuando se dice
que las comunidades autónomas tienen que poner una parte igual para desarrollar la ley de financiación.
Señor ministro, hay argumentos que se dieron en la cuestión competencial y que desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos plenamente.
Entendemos que, en el entusiasmo de elaborar este proyecto de ley, ustedes no se dieron cuenta -y
espero que sea así, que no hubiera ninguna otra intención política- de que al redactar el proyecto estaban -vulnerando, decía algún diputado que habló anteriormente- yo diría que usurpando competencias de las comunidades autónomas en tanto que las
políticas de dependencia o de autonomía personal deben hacerse a través de los servicios sociales, porque son competencia de las comunidades autónomas. El gran problema para el desarrollo de los servicios sociales en el Estado español fue la falta
de implicación del Estado en la financiación de los mismos, porque tenemos un modelo de financiación que es el que es y, por tanto, tenía que ser el Estado quien se esforzara en resolver este problema.
Compartiendo las opiniones manifestadas por los grupos que hoy nos presentan estas enmiendas de devolución, respecto de la financiación, la cuestión competencial y algunos asuntos relacionados con los servicios, tenemos que decir que
nosotros no vamos a apoyar estas enmiendas de devolución por una cuestión, y es la confianza en los acuerdos. No voy a hablar de los pactos de cocina que anteriormente también se comentaron aquí, pero sí hubo acuerdos y compromisos entre el
Gobierno central y el Gobierno gallego en el sentido de que por ambas partes se reconoce la competencia de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, que las políticas de dependencia tienen que desarrollarse a través de estos
servicios sociales, así como cuestiones financieras.
Esperamos, señor ministro, señores y señoras del Grupo Socialista, que en el trámite parlamentario de esta ley podamos llegar a ese consenso -por nuestra parte existe total voluntad- y plasmar esos acuerdos de reconocimiento de competencias
de las comunidades autónomas en la ley, así como el reconocimiento de la cuestión financiera. Si es así, del mismo modo que hoy tenemos el compromiso de no votar a favor de estas enmiendas de devolución, tenemos el compromiso de aprobar una ley que
nosotros estamos convencidos que es fundamental en nuestra sociedad. Por eso y porque la sociedad lo está esperando desde hace muchísimos años entendemos -y ahí compartimos una frase del señor ministro- que es necesario construir la mejor ley entre
todos, y espero que esa ilusión y esas ganas las tengamos en este trámite parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señora Fernández, muchas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y en su nombre tomará la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, discutiendo las resoluciones producto del debate de política general, nuestro grupo parlamentario lamentó la incongruencia del Grupo Socialista de optar
por alianzas con la derecha catalana que comprometerán el despliegue de políticas progresistas. Hacíamos referencia incluso a la misma reforma fiscal pactada entre el Gobierno y Convergència i Unió, que comportará un sustancial recorte en
los ingresos públicos del Estado, lo cual también, inevitablemente, tendrá repercusión en los programas sociales. A nuestro entender, no superar esta contradicción dará alas a la derecha y ralentizará los avances sociales.
Nuestro grupo parlamentario, desde el inicio de la legislatura y en los dos presupuestos generales pactados, impulsó la creación de fondos extraordinarios para financiar las comunidades autónomas en sus políticas de dependencia, de la misma
manera que al conocer el anteproyecto de ley nos pronunciamos de manera crítica. Por ello, Esquerra convocó al conjunto de las entidades catalanas relacionadas con el sector para comunicarles nuestra opinión sobre el texto: que el texto no
reconocía suficientemente la universalidad del derecho, que no superaba el asistencialismo, que confundía dependencia y discapacidad, que creaba una estructura que interfería las prestaciones de servicios sociales, que excluía a las personas
disminuidas psíquicas o con enfermedades mentales y a las personas de cero a tres años, que consolidaba el copago como una fórmula perenne, que no garantizaba la sostenibilidad financiera del sistema y finalmente que ponía en cuestión las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materias de servicios sociales. Sin embargo, les comunicamos que nuestra actitud, a pesar de todo, era la de trabajar conjuntamente con el Grupo Socialista y con el Gobierno para sacar
adelante la ley, porque éramos y somos conscientes de lo que tenemos entre manos y porque conocemos hasta qué punto sufren las personas afectadas y sus familias.
Señor Campuzano, compañero y amigo Campuzano, no soy yo quien tiene que invitarle a compartir conmigo la vergüenza que provocan las miserables prestaciones por discapacidad actuales o la indignidad que supone para nuestra sociedad tener
condenadas a miles y miles de mujeres a ejercer un trabajo clandestino familiar de atención y custodia de las personas mayores o discapacitadas con el coste personal que todo ello comporta.
Por todo ello, ya manifestamos públicamente a las
entidades reunidas nuestra voluntad de hacer realidad una ley social que tenía que conseguir llevar el sello de la izquierda para asegurar que todas las personas en situación de dependencia o discapacidad tuviesen garantizada una mejor calidad de
vida, la igualdad de oportunidades y su plena integración social. ¿Sabe cuál fue la respuesta de las entidades? Esto es lo que esperamos de vosotros. Manifestaron claramente, rotundamente, la irresponsabilidad en la que incurriríamos si no
aprovecháramos la ocasión, el momento y la coyuntura para legislar a favor de la superación de un déficit que como sociedad arrastramos desde hace ya demasiados años. Hoy, en esta Cámara, ante una de las leyes más importantes de la legislatura para
las clases populares, va a visualizarse cómo la derecha, catalana, ciertamente, pero la derecha, se presenta sin ambages, envolviéndose una vez más con la bandera de una hipotética invasión competencial que al final del trámite no existirá, pero que
no tiene ningún reparo en guardar en el armario cuando se trata de defender intereses empresariales; y si no, recuerden lo que han votado hoy a favor de los lobbies televisivos en la Ley de propiedad intelectual. ¿Por qué razón no existieron
compromisos legislativos ni presupuestarios en legislaturas anteriores españolas cuando ustedes eran determinantes para conformar mayorías parlamentarias? ¿Por qué tuvimos que heredar -esta herencia nos condiciona ahora-, después de más de dos
decenios de Gobierno conservador, una Cataluña en donde detrás de una imagen virtual de catalanidad, de modernidad y de bienestar se ocultaba un estado deplorable de los servicios y prestaciones sociales?
Ustedes, señorías del Partido Socialista, pretendían una ley que fundamentara el cuarto pilar del Estado del bienestar. Pues bien, estamos en este escenario, inicio de un trayecto que debería situarnos en pocos años en la punta de lanza en
los sistemas de protección europeos; y tenemos que conseguirlo. Pero deseamos que quede fijada para los próximos años la siguiente aseveración: de la misma manera que todo ello no hubiera sido posible sin un Gobierno socialista en el Estado, la
ley no hubiera tenido el carácter progresista que acabará teniendo sin la apuesta clara, decidida, categórica e incluso valiente de los compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Cataluña. No es casual,
pues, que incluso hayamos querido visualizar esta apuesta presentando ambos grupos las mismas enmiendas, 55 en concreto, todas ellas susceptibles de acuerdo final con el Gobierno.
En más de una ocasión hemos recordado la universalización de la sanidad en la década de los años ochenta. Esta legislatura debería recordarse como la que hizo posible la universalización del derecho a las prestaciones y servicios de la
ciudadanía en cuanto a la dependencia y la necesaria autonomía personal, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión u orientación sexual. Este es nuestro reto. La izquierda ha convertido este
derecho universal de la ciudadanía en su objetivo y de ello nos sentimos muy orgullosos; muy orgullosos de hacer posible un texto legislativo que fijará la universalidad, que imposibilitará que nadie pueda quedar excluido y amparará legalmente a
las personas para que puedan acudir a los tribunales en caso de cualquier vulneración de sus derechos por parte de la Administración. Universalidad, cierto, pero también equidad; equidad entendida tal como la entendemos nosotros, es decir, como la
función que debe permitir la igualdad real.
Nuestro grupo parlamentario reconoce el papel del Estado en cuanto a su capacidad para garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, de los que estamos -entre comillas- españoles, y eso dicho por un independentista, por un
estricto principio republicano confeso, al cual no solamente no nos oponemos sino que
veneramos. Ciertamente, ustedes, en contrapartida, no pueden en ningún caso poner en riesgo la realidad competencial exclusiva de las comunidades autónomas en cuanto a los servicios sociales. Es más, ya era hora de que el Estado
garantizase la financiación de las comunidades autónomas, el desarrollo de los niveles mínimos de protección; ya era hora de que se superaran de una vez por todas las deslealtades de los gobiernos centrales al olvidar su responsabilidad en la
financiación de los servicios sociales.
Debo decir que me sorprende en gran manera que ustedes presenten esta enmienda a la totalidad, máxime cuando conozco el documento borrador que llegó a nuestras manos sobre los acuerdos alcanzados entre ustedes y el Gobierno. Deben saber que
nosotros no nos opusimos -al contrario- a que Convergència i Unió se sumara al acuerdo. Es más, todo aquello que contiene el acuerdo o el preacuerdo entre Convergència i Unió y el Gobierno está contemplado en nuestros acuerdos previos. Nosotros
hemos participado y asistido a todos los actos en los que se hacían patentes las nuevas incorporaciones de nuevas fuerzas políticas, como fue el caso de la Chunta Aragonesista, o cuando estuvo presente el señor Quintana, dirigente del Bloque
Nacionalista Galego, como representante también del Gobierno gallego. Nunca entenderemos la razón por la cual pocas horas antes estaban a punto de pactar los puntos contenidos en este documento, al que hemos tenido acceso, y no entendemos por qué
razón... No puede ser que el señor Duran se negara a reconocer que Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds también estaban interesadas en el progreso. No puede ser que la política sea tan absolutamente miserable.
Lamentamos este comportamiento.
Por nuestra parte, más allá de manifestar nuestra decepción en ese sentido, no habrá ningún tipo de resquemor, aun cuando reconocemos que no tiene ningún sentido que en estos momentos se utilice la bandera de una hipotética invasión
competencial para hacer posible una ley que rezuma privatizaciones. Las 55 enmiendas que hemos presentado son susceptibles de pacto. Veremos qué ocurre durante el trámite parlamentario y si finalmente darán lugar a una ley que, a nuestro entender,
será absolutamente progresista, que consagrará un derecho y que será recordada como una de las leyes icono de un Parlamento donde había una correlación de fuerzas mayoritaria favorable a la izquierda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà. Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Será la señora Salom quien, en su nombre, tome la palabra en la tribuna.
La señora SALOM COLL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Popular decimos que sí a una ley de dependencia porque queremos que se cree el sistema nacional de la dependencia, pero el texto que ha
presentado el Gobierno socialista es una mala ley, es inconcreta, señor Caldera. Se ha planteado en esta Cámara con muchísimo retraso. Se ha presentado de forma unilateral. No responde al necesario consenso que debe amparar una ley de esta
transcendencia. No hay ni un solo consejero de comunidad autónoma que haya apoyado explícitamente su texto. Se ha hecho sin contar con nadie: ni con las asociaciones representativas del sector ni con la mayoría de los grupos parlamentarios de
esta Cámara. Se ha equivocado con las formas, señor Caldera. Ha querido hacer de esta ley una ley de izquierdas, excluyendo de la participación a la mayoría de los grupos y traicionando así el espíritu del Pacto de Toledo. Es una ley en cuya
exposición de motivos se dice una cosa y después en el articulado del texto se dice otra que no tiene absolutamente nada que ver con ella. La exposición de motivos tiene un objeto encomiable que comparte el Partido Popular, pero el texto tiene
gravísimos problemas tanto en su planteamiento como en su desarrollo. Mencionaré algunas palabras que han dicho aquí los portavoces de determinados grupos, como que es un derecho fantasmagórico, que es un texto preconstitucional, que es un texto
paranormal, y lindezas como que esta ley acabará en el Tribunal Constitucional. Le falta anclaje legal, le falta anclaje constitucional a su iniciativa. De todas formas, he de decir que esta ley es necesaria.
Estamos hablando de casi tres millones de personas que tienen problemas concretos a los que tienen que dar respuesta cada día con su esfuerzo y su dedicación a sus familiares. Es uno de los problemas sociales más importantes a los que es
necesario dar respuesta. La situación de estas personas dependientes se constituye en un desafío de primer orden para nuestro sistema de protección social, igual que sucede en otros países de nuestro entorno, pero la forma de abordar este
planteamiento no es ni mucho menos un tema menor, ya que equivocarse, dar falsas expectativas, anunciar cosas que no son puede frustrar las expectativas de muchísimas personas. Este proyecto ha recibido severísimas críticas del Consejo Económico y
Social, del Consejo de Estado, de numerosos sectores. Mucho anuncio, mucha publicidad y ni una sola respuesta. Y hoy llegamos a este Pleno, señorías, y usted se ha hecho acreedor de tres enmiendas a la totalidad. Además, un texto como este, que
ni tan siquiera tiene 50 artículos... Señor Caldera, esto es lo que hay, un texto que no llega a 50 artículos y 622 enmiendas a su iniciativa legislativa. ¿Este es el consenso? ¿Este es el talante? ¿Este es el diálogo que usted ha mantenido con
los distintos grupos parlamentarios para aprobar una ley de estas características, tan importante para las personas dependientes en nuestro país? ¿Y por qué todo ello? ¿Por qué todas estas enmiendas? Porque ustedes no garantizan un verdadero
derecho subjetivo y universal; porque el sistema nacional de dependencia no tiene una financiación sostenible y suficiente, sin sobresaltos anuales en función de los avatares políticos de cada comunidad; porque no se garantiza ni la igualdad de
los ciudadanos
ni la equidad ni la solidaridad interterritorial; porque no expresa un compromiso claro con las personas dependientes, ni con los menores de tres años ni con los chavales menores de seis años ni con los españoles que residen en el
extranjero; porque no sabemos a qué prestaciones ni a qué servicios podrán acceder las personas en situación de dependencia; porque su proyecto no dice absolutamente nada de la atención sociosanitaria y eso es fundamental; porque su texto, su
ley, no establece la adecuada participación ni cooperación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que llevan años trabajando en esta materia y aportando sus recursos; porque las comunidades autónomas están en franca minoría en el
Consejo Territorial, que es el que toma las decisiones respecto a la gestión del nuevo modelo; porque este proyecto otorga un papel irrelevante a las corporaciones locales -en el comité consultivo no están representadas las asociaciones
representativas de personas mayores, de discapacidad o de dependientes-; porque existen ambigüedades y una gran inconcreción en temas fundamentales, como niveles de protección, intensidad de las prestaciones, los baremos, los órganos de evaluación,
el copago.
Señor ministro, lo más llamativo de su ley de izquierdas es que es una ley que se queda corta. Frente a ello, el Grupo Popular quiere aprovechar esta oportunidad, quiere avanzar, quiere ir mucho más allá que una ley de izquierdas para que
sea una ley de todos y para todos, que es lo que piden las personas dependientes. Por tanto, el planteamiento que hace el Grupo Popular es constructivo y positivo y por ello, frente a una ley del señor Zapatero que no reconoce el derecho subjetivo,
el Grupo Popular quiere que la ley garantice un derecho subjetivo y universal para todos los españoles como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Frente a una ley con planteamientos excesivamente restrictivos respecto a
los titulares de los servicios, nosotros proponemos ampliar al máximo la cobertura de los derechos, incluyendo a los menores de tres años y a los españoles residentes en el extranjero.
La ley no reconoce la especial situación de los menores de seis años en situación de discapacidad, y frente a ello nosotros reconocemos a estos niños para que de forma automática sean considerados dependientes severos. Su iniciativa no
prevé la gratuidad de ningún servicio, señor ministro, y frente a ello el Grupo Popular propone que las personas con gran dependencia sean atendidas gratis por la Administración General del Estado. Su propuesta no concreta la financiación que
aportará el Estado y frente a ello el Grupo Popular propone una cartera básica de prestaciones y servicios iguales para todo el territorio español, y financiada íntegramente por el Estado. Frente a su proyecto, que no tiene ninguna previsión sobre
la promoción de la autonomía personal -excepto en el título, que ahí sí figura-, nuestro grupo garantiza los servicios de promoción a la autonomía personal. Ante una ley que no hace ninguna previsión sobre la atención sociosanitaria nuestro grupo
sí lo hace, y además de forma transversal. Proponemos una financiación, como es normal, suficiente, sostenible, con criterios objetivos preestablecidos en la ley. Frente a la escasa participación que da a las comunidades autónomas, a las
diputaciones, a los consejos insulares y a las corporaciones locales, nosotros proponemos que todas las instancias participen de forma equilibrada y que, al mismo tiempo, la cohesión y la equidad sean principios fundamentales. Es una ley, señor
ministro, que olvida al movimiento asociativo, y frente a eso el Grupo Popular propone incorporar a las asociaciones representativas, de mayores, de discapacidad y de voluntariado en el comité consultivo. Estas son las propuestas que hacemos desde
el Grupo Parlamentario Popular.
Por todo ello no les debe sorprender al Gobierno y al Grupo Socialista la valoración crítica que acabamos de formular. Pero quiero dejar constancia de que en vez de presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, hemos optado
por no hacerlo pensando en la posibilidad de llegar a un acuerdo, con un único y último fin: intentar prestar un buen servicio a todas aquellas personas que lo necesitan. Por tanto, el Gobierno y usted deberían reflexionar sobre lo que está
pasando hoy en esta sala, aunque solo sea por respeto y sensibilidad hacia las personas dependientes y sus familiares. La disposición del Grupo Parlamentario Popular, tal y como recoge nuestro programa electoral, es favorable a que se ponga en
funcionamiento un sistema nacional de dependencia. Apostamos por una ley que sirva para dar respuesta a los problemas que tienen casi tres millones de ciudadanos en nuestro país. Eso sí, una buena ley, no una mala ley. Usted hoy aquí nos hablaba
en esta tribuna de pacto. ¿Ley del consenso, señor Caldera? Pero si usted ha roto el Pacto de Toledo, el consenso que había ahí. Usted, hasta el día de hoy, no ha aceptado el pacto de Estado que proponíamos desde el Partido Popular. Ustedes han
querido y publicitado que se trataba de una ley de izquierdas, exclusiva y erróneamente, y por eso hoy tiene usted aquí tres enmiendas a la totalidad y más de 600 enmiendas parciales. Usted hoy dice aquí consenso y mano tendida, y lo dice después
de un susto, diría yo, de muerte que se ha llevado ante todas las críticas de los grupos planteadas en sus enmiendas. Usted se equivocó en las formas y en el fondo, pero usted sabe cuál es la opinión del Partido Popular -la sabe-, sabe cuál es
nuestro planteamiento. Nuestro presidente, el señor Rajoy, desde el año 2005 le viene ofreciendo un pacto de Estado para la ley de dependencia. Suba hoy aquí y díganos qué compromiso está dispuesto a asumir con el Partido Popular, qué va a aceptar
de los planteamientos que hemos hecho en este hemiciclo. Usted tiene las enmiendas, su secretaria de Estado le habrá informado de cuál es nuestro planteamiento. Díganos hoy qué es lo que va a aceptar del planteamiento del Partido Popular.
Nosotros queremos llegar a acuerdos si ustedes asumen los planteamientos y aquellos temas que consideramos fundamentales para que sea una buena ley para aquellas personas que lo necesitan. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Salom.
Finalizamos con el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez para fijar posición en nombre de su grupo parlamentario.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor ministro, quisiera reconocer y apoyar la iniciativa del Gobierno. Con este proyecto de ley se mejorará, sin duda, la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos de este país. Por primera vez, y tiempo ha
habido, un Gobierno se ocupa de la atención de las personas dependientes y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cumple uno de sus compromisos más importantes en esta legislatura. Esta ley establecerá en España un nuevo derecho
de ciudadanía que garantizará atención, cuidados y, por tanto, autonomía a las personas en situación de dependencia. Se trata, sin duda -y ese hubiera sido el digno debate que merecía hoy esta Cámara-, del mayor avance en la protección social tras
la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones, que nos situará entre los países más avanzados de Europa. Es una ley fundamental en el desarrollo de la igualdad de todos los ciudadanos españoles en situación de dependencia que
tendrán garantizado por este sistema el acceso igualitario al mismo, con independencia de su condición social y económica, y en cualquier parte del territorio nacional. Por ello nos resulta de difícil comprensión la presentación de varias enmiendas
de totalidad al mismo y lamento que el debate de esta ley tan importante para la ciudadanía se centre en el tema competencial. Es a todo lo que acabo de mencionar a lo que los grupos enmendantes están diciendo no presentando sus enmiendas de
totalidad, y por un motivo legítimo, sí, pero a nuestro modo de entender equivocado, que es el tema de la constitucionalidad o la invasión competencial.
Señora Lasagabaster, en primer lugar, muchas gracias por su tono y por compartir la necesidad, como han hecho otros grupos, que inspira esta ley. Su enmienda, como la del Grupo Parlamentario Vasco, se centra en la pretendida invasión
competencial y en la quiebra del principio de constitucionalidad. Sinceramente, mi grupo cree que esto no es así, muy al contrario, este proyecto no compromete ni limita en absoluto las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en
materia de asistencia social, como trataré de explicar en respuesta a su enmienda y a la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el mismo sentido, sino que garantiza la igualdad para todos los ciudadanos españoles. No obstante, superado este
debate, espero que con el rechazo de la toma en consideración de las distintas enmiendas nos podamos encontrar todos en el trámite parlamentario, de tal modo que aseguremos y mejoremos la participación de todos los grupos y el respeto a las
competencias de las distintas administraciones concernidas.
Señor Olabarría, ustedes justifican la devolución del texto en la inadecuación del artículo 149.1.1ª, pues, según ustedes, esta ley no permite a las comunidades autónomas con competencia exclusiva, y en este caso a las diputaciones forales
también, otorgar a los ciudadanos más ayudas, más servicios y más prestaciones de los recogidos en esta ley. Le niego la mayor. El artículo 149.1.1ª no conlleva la prohibición de divergencia resultante del ejercicio de sus competencias por las
comunidades autónomas, ni tampoco confunde condiciones básicas con uniformidad, tal y como señala el informe del Consejo de Estado. ¿Prohíbe acaso, señor Olabarría, el artículo 7, una vez fijadas las condiciones básicas de acceso en igualdad para
todos los ciudadanos españoles, que su comunidad autónoma establezca a más a más -como les gusta decir a mis compañeros catalanes- aumentar el catálogo, distintos niveles de prestación, mejorar las cuantías, etcétera? Ciertamente no.
Tampoco es cierto que este proyecto se presente, como dicen ustedes en su exposición, para evitar una amalgama de soluciones dispares. Como usted bien sabe, el Gobierno y los grupos que apoyamos esta ley pretendemos, al menos me reconozca
con la sana intención, garantizar un derecho efectivo superando la realidad actual en la que los derechos sociales de atención a la dependencia que, por cierto, desde hace 26 años tiene en exclusiva su comunidad autónoma, dejen de ser un derecho
debilitado de naturaleza asistencial y se conviertan en un derecho real.
Ustedes se permiten, además en un tono cuanto menos singular, advertirnos de que su propuesta de aplicación del artículo 141.1.17ª, que es el que usted nos sugiere, le va a salir más caro a todos los españoles, es decir, a la Administración
General del Estado, pero ni se hagan trampa, ni nos la hagan. El proyecto de ley, como bien ha explicado el ministro, prevé tres niveles de protección. El primero lo paga íntegramente la Administración General del Estado; el segundo, fíjese si es
generosa, la Administración General del Estado está dispuesta a gastar lo mismo que gaste su comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia y hay un tercer nivel en el que usted puede diseñar, ejecutar, ampliar y además gastar hasta el
infinito. A lo mejor lo que les preocupa es que a ustedes sí les va a costar más llevar hacia delante un derecho efectivo que hoy es asistencial.
Déjeme que después de haberle escuchado con atención y leído con detenimiento el texto de la enmienda que usted presentaba, me dedique a parafrasearle diciendo que lamentablemente todo lo que usted señala en su enmienda lleva a mi grupo a
patentizar, es decir, señor Olabarría, a dejar bien claro que el verdadero hueso duro de roer, en términos que usted utiliza, no es tanto la naturaleza del derecho y los fundamentos y criterios competenciales, que según usted se quiebra, sino su
fundamento financiero, la competencia es suya, pero pretende que la paguemos todos, los trabajadores con cotizaciones, los empresarios y la Administración General del Estado. Usted prefiere un sistema en el que los beneficiarios obtengan una
prestación por la Seguridad Social por
cotización laboral. ¿Y los que no hayan cotizado, qué, señor Olabarría? ¡Ya veremos!
Le recuerdo que la dependencia no es una contingencia que devenga del hecho de trabajar o de no trabajar, es más, probablemente, como usted sabe, don Emilio, muchas de las personas en situación de dependencia no han tenido ni tendrán nunca
la oportunidad de trabajar y de cotizar por ello. Bien, ese es su modelo, el nuestro es el de un derecho universal de ciudadanía igual para todos. No compartimos tampoco su visión catastrofista de excesos y desproporciones, pero estoy segura de
que el proyecto no es perfecto y de que entre todos en el trámite parlamentario lo podremos mejorar. Ese no es solo el deseo expresado por el señor ministro y por el Gobierno en esta Cámara, sino también el que quiere transmitir a todos ustedes mi
grupo parlamentario.
Con respecto a la enmienda de totalidad del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) déjeme, señor Campuzano, expresarle mi decepción. El lunes de la semana pasada con usted y con su grupo parlamentario, después de muchas horas de trabajo
compartidas, llegamos a un acuerdo para mejorar el proyecto, acuerdo que, pese a su negativa a firmarlo, estando plenamente conforme con su contenido, el Gobierno mantuvo su compromiso de hacer efectivo en el trámite parlamentario; con el acuerdo,
como usted bien sabe, de otros grupos parlamentarios y con el conocimiento de todos de que estábamos trabajando con el resto de los grupos también: con el Grupo Parlamentario Popular llevamos trabajando durante varias semanas, igual que con usted,
con el Bloque Nacionalista Galego y con todos los demás.
¿Cuál es entonces la razón de su enmienda? Inequívocamente, tras la lectura del texto alternativo, no creo que sea un problema competencial, pues sigue usted manteniendo el fundamento
constitucional del proyecto en la utilización del artículo 149.1.1ª, al contrario de lo que hace la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco y sí clarísimamente un cambio de modelo.
Estamos ante un proyecto de ley para la autonomía personal y la atención a la dependencia. No se trata de la ley de servicios sociales, eso sí es competencia de las comunidades autónomas y a lo largo de todo el texto confunden con clara
intencionalidad dependencia y discapacidad; me sorprende. Su modelo reduce el sistema a prestaciones económicas y se olvida de los servicios que es la clave fundamental del proyecto del Gobierno. ¿Dónde dejan ustedes los servicios que tanto
reclaman y necesitan los ciudadanos? En fin, esto que me sorprende a mí imagino que no ha de extrañar a los ciudadanos que residen en Cataluña, puesto que después de los 23 años en que ha tenido su grupo la responsabilidad de Gobierno y la
competencia exclusiva, son evidentes los déficits que en servicios sociales hay en su comunidad. Han tenido la oportunidad, la competencia, el presupuesto y los instrumentos fiscales para paliar estos déficits y no lo han hecho. Entrar a desbrozar
su texto alternativo, que parece un corta y pega, me exigiría más tiempo del que dispongo, pero sí puedo afirmar que se respira en él no un aroma jacobino, como a usted le gusta decir, sino un cierto no sé si fragancia o tufillo bastante liberal
que, aunque pretenda convertirlo en más derechos para los ciudadanos, no lo consigue, señor Campuzano. Usted se carga el derecho subjetivo perfecto y reclamable recogido en el proyecto del Gobierno, ¿y sabe por qué? Porque usted afirma en su texto
alternativo que solo podrán reclamar este derecho quienes respondan a los perfiles de necesidad definidos en las respectivas carteras autonómicas, en la suya. Me tendrá que explicar qué perfil de necesidad y quién lo decide. ¿Está usted hablando
de caridad, está hablando de un derecho universal, está hablando de todos o solo de los necesitados? Esto se lo tendrá que explicar usted también al Ceoma, al Cermi y a todos esos colectivos de los que usted ha hablado en esta tribuna. Eliminan
ustedes el catálogo de servicios, con lo cual ya me dirá usted quién sabe a qué va a tener derecho, ¿a un cheque que le dará quién y por cuánto? ¿Y dónde queda la libertad de elección, de elegir qué, señor Campuzano? Sin embargo, nos hace un
extenso catálogo para el desarrollo de todos los mecanismos fiscales. Para colmo hace usted desaparecer del Consejo Consultivo a los sindicatos y eleva la participación de los representantes empresariales de ocho a doce. Escuche lo que dice el
señor Montalvo Correa, ex presidente del CES: Los sindicatos no son únicamente asociaciones privadas representativas de sus afiliados, son entes de relevancia constitucional que pueden y deben contribuir a la defensa, promoción y tutela de
intereses constitucionales relevantes, y estos lo son.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe usted terminar, señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: No hay sociedad civil fuerte, esa que ustedes pretenden defender en su texto, sin un poder público fuerte. No es el Estado una asociación más que concurre con los empresarios y las organizaciones no
gubernamentales en términos paritarios para la toma de decisiones colectivas. El Estado debe garantizar que todos los actores relevantes para la solución de un problema sean escuchados en condiciones de igualdad, y debe encontrar un entorno donde
cada una de las pretensiones de estos actores puedan encontrar espacios comunes de información y deliberación. Eso es lo que hace el proyecto de ley del Gobierno, y eso es lo que ha hecho el Gobierno con la ley más participativa que recuerda esta
Cámara.
Ahora es el momento del Parlamento, no defraudemos a los ciudadanos. No lo hagamos ni dilatemos por más tiempo la aprobación de esta ley. Queremos sumar, ni restar ni dividir. Por ello, permítanme acabar parafraseando al presidente del
Gobierno al finalizar su intervención en la sesión de su debate de investidura, y hago a todos ustedes un llamamiento: Trabajemos juntos por un proyecto de meollo y de sustancia, por una sociedad y por unas instituciones que acompañen a los
ciudadanos en sus problemas y en sus sueños, porque algunas utopías,
señorías, merecen ser soñadas, y algunas además hacerse realidad, y esta es una de ellas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Pérez Domínguez. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Caldera Sánchez-Capitán, pide la palabra.)
Me solicita la palabra el señor ministro. (Rumores.) Ruego silencio.
Adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, la importancia de este debate y sus requerimientos me exigen pronunciar unas breves palabras, créanme que sin ánimo alguno de reabrir el debate. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Primero, para agradecerles a todos
ustedes sus intervenciones -todas- y para reconocer la legitimidad que anima sus puntos de vista -espero que también reconozcan la legitimidad que anima el proyecto presentado por el Gobierno- y para indicarles que he hecho una oferta de consenso.
He dicho que este texto ya reunía el apoyo de algunos grupos parlamentarios, no lo he calificado. He dicho que a lo largo de su tramitación esperaba que pudiéramos alcanzar un acuerdo. Mi mano, repito, está tendida. Quiero expresarles solo dos
principios: Primero, me han preguntado ustedes acerca del alcance del derecho. Señorías, su artículo 3 declara el carácter público de las prestaciones del sistema y la universalidad en el acceso a la misma. Esto, si lo combinamos con lo
establecido en el artículo 4, que el ciudadano tiene derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho, lo convierte en un derecho subjetivo perfecto, invocable ante los tribunales. ¿Por qué no se ha
elegido su incardinación en el Sistema de Seguridad Social? Lo he explicado abundantemente, señorías. Podría haberse hecho. Entiendo sus planteamientos. No lo hemos hecho por dos razones fundamentales, primera, porque habría que optar entre un
modelo relacionado con el trabajo y la cotización o un modelo universal y hemos preferido un modelo universal. Segundo, porque la acción protectora del Sistema de Seguridad Social es de carácter económico, no es de carácter asistencial de
prestación de servicios y queremos que la ley tenga una prioridad en la prestación de servicios. Además, porque, de acuerdo con la normativa comunitaria, y les ruego a ustedes que estudien este extremo, si se pretendiera que las prestaciones por
dependencia se incardinaran en el nivel contributivo se excluiría de antemano la universalidad en el acceso a las prestaciones y someteríamos a una prueba de recursos a las personas a quienes hubiera que incorporar en el nivel no contributivo. Esto
significaría que estas prestaciones serían exportables, de acuerdo con los principios de la jurisprudencia comunitaria. Hemos preferido un modelo universal, establecido, garantizado y financiado con recursos públicos.
Con respeto al ámbito competencial, el Gobierno entiende, y se lo he explicado en la presentación en Comisión, que no rebasamos la capacidad del Estado, que no rebasamos el artículo 149.1.1ª, que los anclajes constitucionales son los
artículos 49 y 50, señor Olabarría, y que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, con el informe del Consejo de Estado, estamos sencillamente ante el establecimiento de un marco de igualdad a través de la regulación de unas condiciones
básicas -no de una ley básica, señor Campuzano, de unas condiciones básicas- que lo garanticen. Por cierto, facultad que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, no es residual del Estado, es principal, pero no queremos, en modo alguno, que ello
suponga invasión de competencias de nadie. No queremos en modo alguno que esto se interprete así. Por tanto, les he dicho desde el principio que respetamos plenamente la competencia exclusiva en materia de acción social de las comunidades
autónomas.
Tendría que apuntar otros extremos, pero me permitirán ustedes que me remita de nuevo a mis declaraciones en Comisión.
Por último, me ha preguntado la representante del Grupo Parlamentario Popular cuál era nuestra disposición. Señorías, se lo he dicho: la de llegar a un acuerdo con todos los grupos de la Cámara. Este es un texto complejo, ambicioso,
ustedes lo saben bien, y seguramente no pudieron elaborar un proyecto de ley de esta naturaleza durante su período de mandato por su complejidad, por su alcance. Hoy queremos que este se convierta en una ley de todos. Hemos tardado dos años en
enviarlo al Parlamento. No me parece demasiado tiempo para una ley con este contenido. Por cierto, con un amplio apoyo por parte de los interlocutores sociales, con apoyo también del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado. Algunos de
los planteamientos que han hecho ustedes me parecen posibles, aceptables, otros no, pero creo que lo mejor es discutirlo a lo largo de la tramitación del texto, con una vocación amplia, integradora de consenso. Se lo dije en mi primera intervención
y con esto acabo: queremos una ley para todos. Una ley que sea de todos, que recoja las necesidades de la sociedad española y esperamos que ustedes, los grupos parlamentarios a quienes ahora el Gobierno entrega este proyecto de ley sean capaces de
alcanzar ese consenso. La sociedad española, créame, lo demanda y es perfectamente posible. El Gobierno cooperará en todo lo que esté en su mano para conseguirlo.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Lasa-gabaster Olazábal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, ¿de qué se trata? (Rumores.)
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Esténse tranquilos, por favor. Solamente una cuestión de orden. El Gobierno puede intervenir cuando considere oportuno, pero ¿puede hacerlo cuando termina el debate contestando a los argumentos de las
enmiendas de devolución, sin reabrirlo? (Rumores.) No lo voy a utilizar, esténse tranquilos, no lo voy a utilizar.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, el criterio que está siguiendo la Presidencia, comprendo las horas que son, es el de que el Gobierno siempre cierra el debate, pero no es el Gobierno quien decide cuándo el debate se cierra. Esta
frase no es mía, ya lo he explicado, es de don Landelino Lavilla, que me parece que es la mejor interpretación que se ha hecho del Reglamento. Este presidente, lo digo con franqueza, no ha observado ningún término de contradicción, por así decirlo,
fundamental en la intervención del señor ministro. Se lo digo con toda franqueza. Él ha abierto un debate, creo entender, a lo que va a venir en Comisión y a la posibilidad de encontrar un acuerdo general. En consecuencia, yo no he observado un
principio de contradicción fundamental. Lo lamento.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo interpreto que se puede cerrar el debate y tiempo habrá de discutir esto en Comisión.
Votación del debate de totalidad. En primer lugar, enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en la situación de dependencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 17; en contra, 161; abstenciones, 111.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votación de enmienda de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 16; en contra, 164; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.