CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 177

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ

Sesión plenaria núm. 166

celebrada el miércoles 17 de mayo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página 8841)


Interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea en la próxima cumbre euro-africana a celebrar el próximo mes de julio en Marruecos.
(Número de expediente 172/000185.) ... (Página 8866)


— Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la deslocalización industrial y las medidas previstas para hacerle frente, con especial atención a la Comunidad Foral de Na-varra. (Número de expediente 172/000187.) ... href='#(Página8871)'>(Página 8871)


— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la adopción de medidas en defensa de los afectados por las investigaciones a las entidades Fórum Filatélico y Afinsa. (Número de expediente 172/000191.) ... href='#(Página8877)'>(Página 8877)

Página 8838


— Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre la política del Gobierno en materia de energía nuclear y el futuro de la central de Santa María de Garoña. (Número de expediente 172/000192.) ... (Página
8882)


— Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la intervención de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico. (Número de expediente 172/000193.) ... (Página 8887)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.



Preguntas ... (Página 8841)


Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el acceso a una
vivienda digna? (Número de expediente 180/001345.) ... (Página 8841)


Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Pre-sidente del Gobierno: ¿Cree que la reforma laboral recientemente suscrita viene avalada por los consensos sociales y políticos
necesarios? (Número de expediente 180/001322.) ...
(Página 8842)


Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Comparte el Presidente del Gobierno la actuación que el entonces Ministro del Interior protagonizó con motivo
de la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular? (Número de expediente 180/001325.) ... (Página 8844)


Del Diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo valora el Gobierno los datos sobre la evolución del
empleo en nuestro país? (Número de expediente 180/001308.) ... (Página 8845)


De la Diputada doña Carolina Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Podría explicar el Gobierno las iniciativas
adoptadas en el marco de la reforma fiscal, en relación con la política de I+D+i? (Número de expediente 180/001309.) ...
(Página 8846)


Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Se considera el Ministro de Defensa en condiciones de proteger las libertades democráticas de los
ciudadanos, a la vista de las responsabilidades tan importantes que tiene atribuidas, como la del Centro Nacional de Inteligencia? (Número de expediente 180/001326.) ...
(Página 8846)


Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Podría explicar el Ministro de Defensa


Página 8839


Página


sus declaraciones en las que interpreta que la sentencia en relación con las detenciones ilegales de dos militantes del Partido Popular confirma que «el Gobierno ha dicho siempre la verdad»? (Número de expediente 180/001327.) ... href='#(Página8847)'>(Página 8847)


De la Diputada doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Piensa el Ministro de Defensa asumir responsabilidades políticas por la detención ilegal de dos
militantes del Partido Popular? (Número de expediente 180/001329.) ... (Página 8848)


De la Diputada doña María Esther Couto Rivas, del Grupo Parlamentario Socialis-ta del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué iniciativas tiene previstas el Gobierno para dar cobertura al compromiso de regulación de la
jurisdicción voluntaria? (Número de expediente 180/001335.) ... (Página 8850)


Del Diputado don Sebastián Fuentes Guzmán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Piensa el Gobierno que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial va a causar algún impacto sobre
la unidad del Poder Judicial? (Número de expediente 180/001336.) ... (Página 8851)


Del Diputado don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Sigue manteniendo el Ministro de Defensa que en la manifestación convocada por la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, el 22 de enero de 2005, «se agredió al Sr. Bono»? (Número de expediente 180/001328.) ... (Página 8852)


De la Diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Por qué el Ministro de Defensa faltó a la verdad en el Parlamento al afirmar que «es falso que hubiera habido
tres instructores de las diligencias» abiertas en relación con la inexistente agresión al anterior Ministro de Defensa? (Número de expediente 180/001330.) ... (Página 8853)


De la Diputada doña María Isabel Fuentes González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo va a llevarse a cabo la asignación de las licencias de pesca
contempladas en el Acuerdo Unión Europea-Marruecos, cuya aprobación definitiva está prevista para los próximos días? (Número de expediente 180/001337.) ... (Página 8854)


De la Diputada doña María Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué actuaciones de colaboración va a desarrollar el Gobierno con
la Federación Española de Municipios y Provincias a favor del desarrollo del medio rural? (Número de expediente 180/001338.) ... (Página 8854)


Del Diputado don Ernest Benito Serra, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Mi-nis-tra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas contempla el Plan estratégico de innovación tecnológica en la pesca
marítima? (Número de expediente 180/001339.) ...
(Página 8855)


Del Diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Medio Ambiente para


Página 8840


que los instrumentos de planificación del Puerto de Arinaga cuenten con los análisis medioambientales pertinentes? (Número de expediente 180/001320.) ... (Página 8856)


De la Diputada don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en orden a la regeneración y recuperación
medioambiental de los espacios de la playa de Pals (Girona) después de la demolición de las antenas de Radio Liberty? (Número de expediente 180/001324.) ... (Página 8857)


De la Diputada doña Rosa María Bonàs i Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Tiene conocimiento la Ministra del grave impacto ambiental y económico que supondrá la
implantación del parque eólico, que acaba de ser admitido a trámite en el Ministerio de Medio Ambiente, frente a la costa del municipio de Atmella de Mar? (Número de expediente 180/001346.) ... (Página 8858)


De la Diputada doña Yolanda Casaus Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede informar el Gobierno sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Clima,
celebrado en Madrid, el 16 de febrero de 2006? (Número de expediente 180/001343.) ... (Página 8859)


De la Diputada doña Antonia García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones se han realizado desde el Ministerio de Medio Ambiente, en relación al proyecto
de regulación para recarga de los excedentes invernales del Río Belcaire, en la provincia de Castellón? (Número de expediente 180/001344.) ... (Página 8860)


Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Garantiza el Gobierno que los españoles van a poder seguir de forma gratuita
los partidos de la selección española del próximo Campeonato del Mundo de Fútbol? (Número de expediente 180/001331) ...
(Página 8861)


Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál es, a fecha de hoy, la cobertura de la señal de los nuevos canales
analógicos de televisión? (Número de expediente 180/001332.) ... (Página 8862)


Del Diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuál es la valoración del Gobierno de los datos aportados por el último Barómetro Sanitario,
referido al año 2005? (Número de expediente 180/001340.) ... (Página 8863)


De la Diputada doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué iniciativas va a impulsar el Gobierno tras el informe sobre la
discriminación que sufren las personas con VIH en España? (Número de expediente 180/001341.) ... (Página 8864)


De la Diputada doña María Isabel Salazar Bello, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Minis-tra de Sanidad y Consumo: ¿Qué valoración hace el Gobierno del acuerdo alcanzado con los Sindicatos sobre el Real
Decreto que establece la relación laboral especial de residencia (MIR)? (Número de expediente 180/001342.) ...
(Página 8865)


Página 8841


Interpelaciones urgentes. ... (Página 8866)


Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea en la próxima cumbre euro-africana a celebrar el próximo mes de julio en Marruecos ...
(Página 8866)


Presenta la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé), en nombre del Gobierno.



Replica el señor Campuzano i Canadès y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la deslocalización indus-trial y las medidas previstas para ha-cerle frente, con especial atención a la Comunidad Foral de Navarra ... (Página 8871)


Presenta la interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.



Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), en nombre del Gobierno.



Replica la señora Barkos Berruezo y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), relativa a la adopción de medidas en defensa de los afectados por las investigaciones a las entidades Fórum Filatélico y Afinsa ... (Página 8877)


Presenta la interpelación urgente el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Contesta la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.



Replica el señor Sánchez i Llibre y duplica la señora ministra de Sanidad.



Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. La--sa-gabaster), sobre la política del Gobierno en materia de energía nuclear y el futuro de la central de Santa María de Garoña ... (Página 8882)


Presenta la interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.



Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), en nombre del Gobierno.



Replica la señora Lasagabaster Olazábal y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la intervención de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico ... (Página 8887)


Presenta la interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Contesta la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.



Replica el señor Martínez-Pujalte López y duplica la señora ministra de Sanidad y Consumo.



Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.



PREGUNTAS:


— DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA
VIVIENDA DIGNA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/001345.)


Página 8842


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Punto cuarto del orden del día, control al Gobierno. Preguntas. En primer lugar, pregunta al señor presidente del Gobierno del diputado don Gaspar Llamazares Trigo.



Señor Llamazares, por favor.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.



Señor presidente del Gobierno, este reciente fin de semana los jóvenes españoles han roto de nuevo el tópico del botellón; han salido a la calle para defender un derecho reconocido en la Constitución española en su artículo 47, el derecho a
una vivienda digna, y también el derecho a que no se especule con el territorio y con la vivienda. Señor presidente, ¿qué medidas adicionales piensa tomar el Gobierno para dar respuesta a esta movilización de los jóvenes españoles?


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno, su turno, por favor.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Llamazares, comparto con usted que el acceso a la vivienda es una de las demandas más sentidas de la ciudadanía española y especialmente de los más jóvenes. En cumplimiento del compromiso electoral y del compromiso de mi investidura
el Gobierno ha tomado distintas medidas y piensa adoptar alguna otra nueva. Concretamente, aprobamos en los primeros cien días un plan de choque para elevar el número de viviendas con ayudas públicas a 183.562 familias. Como sabe, en junio pasado
aprobamos el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 con una inversión de 6.822 millones de euros, el doble del presupuesto del plan anterior, que beneficiará a 720.000 viviendas. Este es el primer plan de vivienda que ha contado para su elaboración con
muchas instancias y organizaciones juveniles, el 80 por ciento de los beneficiarios del plan de vivienda son jóvenes menores de 35 años. Además, el Gobierno ha hecho el mayor proceso de liberación de suelo público estatal de toda la democracia.
Han sido diez millones de metros cuadrados en beneficio de comunidades autónomas y ayuntamientos para promover la construcción de viviendas protegidas, y el resultado de esta apuesta empieza a ser visible. Quiero darle un dato: El año 2005 ha sido
el año en que más hemos aumentado el número de viviendas protegidas nuevas iniciadas desde hace 14 años, un total de 79.191 viviendas. Como usted sabe, se ha constituido la Sociedad Pública de Alquiler que está concertando convenios con muchos
ayuntamientos, el último el pasado 10 de mayo con un número muy elevado de ayuntamientos del sur de Madrid, que afectan a un millón de habitantes. Además, dentro de muy poco presentaremos en esta Cámara una reforma de la Ley del Suelo para promover
la mayor disponibilidad del suelo en favor de la vivienda protegida y así cortar la especulación que se produce en tantos sitios en nuestro país. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.



Es verdad que la precaria situación de la vivienda pública y de alquiler en España es una herencia también de gobiernos anteriores. (Protestas.) Déjenme hablar, señorías, de gobiernos anteriores del Partido Popular y del Partido Socialista.
Tranquilos, no se exciten. (Varios señores diputados: ¡Ah!) Señorías, es una herencia de gobiernos anteriores, pero las medidas tomadas hasta ahora, en nuestra opinión, son insuficientes.
La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente y la
vivienda joven es una asignatura con una nota muy deficiente. Del 80 por ciento de los jóvenes que quieren salir de casa y emanciparse, solo el 11 por ciento lo logra en nuestro país, debido al déficit de vivienda de alquiler. Los jóvenes deben
dedicar más del 50 por ciento de su salario —en Madrid, el 70 por ciento de su salario— al alquiler o a la compra de la vivienda, es decir, para ellos la vivienda es inaccesible. Por eso, señor presidente, hay que tomar medidas no solamente
estructurales como la nueva Ley del Suelo, que nosotros apoyamos, sino medidas de choque. Una de ellas debe ser modificar los convenios de vivienda con las comunidades autónomas, porque no van destinados a la vivienda de alquiler ni a la vivienda
joven; en segundo lugar, bonificar el alquiler al menos para rebajar la presión sobre los salarios de los alquileres de los jóvenes —no debe ser más del 30 por ciento del salario—, y en tercer lugar, movilizar la vivienda vacía —lo que no se ha
hecho en nuestro país— mediante medidas legislativas y administrativas. Esas medidas nos parecen las más importantes.



Señor presidente, la Constitución no se degrada con la reforma de los estatutos, la Constitución se degrada cuando estos derechos no se cumplen.



El señor PRESIDENTE: Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Llamazares, estoy de acuerdo con usted en que queda mucho por hacer y le puedo asegurar que el Gobierno tiene el compromiso y la voluntad de seguir tomando medidas para favorecer el acceso a la vivienda.
(Aplausos.)


— DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE QUE LA REFORMA LABORAL RECIENTEMENTE SUSCRITA VIENE AVALADA POR LOS CONSENSOS SOCIALES Y POLÍTICOS
NECESARIOS? (Número de expediente 180/001322.)


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josu Iñaki Erkoreka. Por favor.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.



Señor presidente del Gobierno, la semana pasada el Gobierno que usted preside firmaba con la CEOE, Cepyme y con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras un acuerdo para la reforma del mercado laboral. El acuerdo se nos ha vendido como
histórico y su presentación pública en La Moncloa tuvo lugar con todo tipo de boato, a pesar de que no parece dar satisfacción plena a nadie. Pero hoy no quiero preguntarle por su contenido, sino por su legitimidad de origen, por los consensos que
ha sido capaz de concitar para su formalización. Por eso le hago la pregunta que figura en el orden del día.



El señor PRESIDENTE: Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco al señor Erkoreka la pregunta.



Es evidente que uno de los problemas sociales y económicos que tiene nuestro mercado laboral es un exceso de contratación temporal y la necesidad de elevar la contratación indefinida. Para ello, la historia ha demostrado —y es un gran valor
del sistema económico y laboral de nuestro país— que el mejor camino es un acuerdo empresarios-sindicatos, y si tiene el respaldo y el compromiso del Gobierno, aún mucho mejor. Este acuerdo, permítame que le diga, goza de un gran consenso
—trabajadores, representación ampliamente mayoritaria en el Estado de trabajadores, y empresarios—; espero que goce de un amplio respaldo parlamentario, y sí va a beneficiar a mucha gente. Le puedo asegurar que va a beneficiar a decenas de miles
de trabajadores, especialmente jóvenes, que van a ver cómo su contrato temporal se convierte en un contrato indefinido, y sé que esta es una aspiración mayoritaria de esta Cámara y de la sociedad española. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Señor Erkoreka, su turno, por favor.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.



Usted nos ha dicho aquí, en la Cámara, en numerosas ocasiones que es un militante activo y comprometido de la España plural y que, en consecuencia, no solo reconoce sino asume la pluralidad del Estado en lo político, en lo cultural, en lo
lingüístico, y ya me cabe la duda de si también en lo nacional. Sin embargo, yo quisiera hacer una apostilla, señor presidente: además de en todos esos ámbitos, también el Estado es plural en lo sindical, es un Estado plurisindical, y la
fotografía que usted sacó en La Moncloa para formalizar el acuerdo es una fotografía en la que faltaban sindicatos. Yo tengo la impresión además —no sé si me equivoco, usted me corregirᗠde que la exclusión de algunos sindicatos era consciente y
deliberada. Eso trae consecuencias, señor presidente; eso supone un déficit de legitimidad. Cuando usted ha querido recabar el apoyo de la Cámara en relación con cualquier tema importante del Gobierno, ha invitado a La Moncloa a los
representantes de todos los grupos parlamentarios del hemiciclo. Sin embargo, en este caso solo ha convocado a dos sindicatos, que son muy importantes a nivel del Estado, pero que en Euskadi representan claramente una minoría. Voy a darle un dato
objetivo que pone de manifiesto hasta qué punto esto puede resultar problemático. Si atendemos a los convenios de sector registrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con esos sindicatos con los que usted ha firmado la reforma solo un 30 por
ciento de los empresarios vascos pueden suscribir convenios colectivos de apoyo mayoritario; el 70 por ciento restante no pueden hacerlo. Esto lo digo para que vea que efectivamente estos déficit de legitimidad plantean problemas objetivos, no
solamente de representación sindical, sino también problemas objetivos a los empresarios que quieren plantear sus convenios colectivos. La reforma nace así con un claro déficit de legitimidad, señor presidente, porque adolece de los consensos
necesarios para ser formalizada. El respeto al pluralismo, señor presidente, no solo hay que predicarlo, hay que practicarlo…


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Erkoreka.



Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



En ningún momento se ha discutido la pluralidad sindical de este país, y en ningún momento creo que nadie pueda discutir que Comisiones Obreras y UGT tienen una representación estatal abrumadoramente mayoritaria para hacer un acuerdo estatal
en una materia que constitucionalmente es de naturaleza estatal, que es la legislación laboral, como garantía de la igualdad de los derechos de los trabajadores en todo el territorio; principio constitucional que es compatible, lógico y coherente
con la España plural. Dicho esto, he de decirle que ese acuerdo de base lógicamente permite el desarrollo y la adaptación a los ámbitos autonómicos territoriales en cuanto a la actuación de sindicatos y empresarios, por ejemplo, en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, pero lo que son derechos y libertades de los trabajadores, el principio de igualdad, que transformaremos en la reforma laboral del Estatuto de los Trabajadores y en la normativa de desarrollo, es un principio esencial que,
por supuesto, vamos a defender. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.



Página 8844


— DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA ACTUACIÓN QUE EL ENTONCES MINISTRO DEL INTERIOR PROTAGONIZÓ CON
MOTIVO DE LA DETENCIÓN ILEGAL DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/001325.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.



Señor presidente, usted sabe muy bien de qué le hablo. Un juez dictó un auto diciendo que no hubo agresiones al señor Bono (Rumores.); otros jueces una sentencia condenando a tres policías por detención ilegal y otros delitos. Los jueces
dicen que el Gobierno mintió, que no hubo agresión y sí detenciones ilegales. (Rumores.) Es la primera vez que esto ocurre en España desde 1977. Ustedes cesaron, obligaron a dimitir, al delegado del Gobierno. Es un evidente reconocimiento de
culpa. Pero las cosas no se pueden quedar ahí, señor presidente. Hemos pedido una comisión de investigación para saber quiénes son los responsables políticos, quiénes han tomado decisiones tan graves en un sistema democrático y hemos pedido la
dimisión del anterior ministro del Interior, que no puede continuar en el Consejo de Ministros (Una señora diputada: ¡Hala!), porque dirigía un ministerio que ha sido condenado por atentar a derechos fundamentales de las personas, por detener
ilegalmente a dos personas por la sola circunstancia de ser militantes de un partido político. Este es un problema de calidad de la democracia, señor presidente. Me gustaría que nos diera su opinión sobre la permanencia del señor Alonso en el
Gobierno y sobre la creación de una comisión de investigación. Repito, es un problema de respeto a las reglas lógicas y básicas de un sistema democrático avanzado, como se supone debe ser el nuestro.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Rajoy, mientras no se demuestre lo contrario, en el Consejo de Ministros se sientan las personas que estima conveniente el presidente del Gobierno. (Varios señores diputados: ¡Bien!—Aplausos.) Tengo que decirle que el hoy ministro de
Defensa y anterior ministro del Interior va a continuar en su puesto, y añadiré que además hizo una muy buena gestión al frente del Ministerio del Interior (Protestas.—Aplausos.) en defensa de la seguridad, de la libertad y de los derechos de los
ciudadanos (Protestas.), con discreción y rigor cada uno de los días durante todo el tiempo que estuvo al frente del Ministerio del Interior.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Señor Rajoy, adelante, por favor.



El señor RAJOY BREY: Usted lo ha dicho, señor presidente, no quieren asumir responsabilidades políticas. Al final, los funcionarios que cumplieron sus órdenes pagan sus decisiones políticas. Yo le voy a decir por qué tiene que dimitir el
señor ministro de Defensa. Porque la sentencia considera probado que los policías condenados actuaron a instancias de órdenes superiores (Rumores.—Varios señores diputados: No, no.—La señora Cunillera i Mestre: Hay que leer.); porque reconoció
públicamente antes de que se practicaran las detenciones que había dado órdenes para que se iniciaran las actuaciones pertinentes y porque en esta Cámara negó que las detenciones fueran ilegales, apoyó al delegado del Gobierno destituido, a los
policías condenados y acusó al Partido Popular de mentir en todo aquello que luego los jueces dijeron que era la verdad.



Señor presidente del Gobierno, usted es el primer presidente desde 1977 cuya administración es condenada por practicar detenciones políticas.
(Protestas.—Aplausos.) Actúe al menos como un demócrata, cese al anterior ministro del Interior,
porque es un problema de democracia en el que aquí estamos envueltos, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Le diré, en primer lugar, que el Gobierno respeta todas las decisiones judiciales.
(Rumores.—Varios señores diputados: ¡Ah!) No cuestionamos ni la instrucción ni las pruebas ni lo
que hacen los jueces, lo respetamos en todas sus fases que, como usted sabe, son distintas en lo que son las decisiones judiciales. Segundo, este Gobierno no ha escurrido el bulto.
Sin tener responsabilidad, el delegado del Gobierno, como dice la
sentencia, se ha hecho cargo de los efectos de la misma a tres policías por las consecuencias que ha producido, en apoyo y solidaridad con la policía. (Un señor diputado: Pobrecillo.) En tercer lugar le diré, señor Rajoy, que este es un país con
una democracia sólida. En España se disfruta plenamente de la libertad. Aquí los derechos y libertades de los ciudadanos están asegurados como nunca, y nunca para más españoles.
(Protestas.) Y le diré que determinadas provocaciones
parlamentarias, bufonadas como exhibir esposas en un parlamento producen estupor y vergüenza ajena. (Aplausos.) Estupor y vergüenza ajena. Pero le añadiré algo más. No nos van a encontrar en la respuesta a sus actitudes por respeto a esta
institución democrática que tanto costó conseguir y por respeto a los ciudadanos españoles que se merecen otras actitudes que las que ustedes tienen habitualmente.



Muchas gracias. (Aplausos.—Protestas.)


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



— DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL
EMPLEO EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/001308.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo, del diputado don Jesús Membrado.



Adelante, por favor.



El señor MEMBRADO GINER: Gracias, señor presidente.



Señor vicepresidente económico del Gobierno, hace apenas dos años el discurso permanente del primer partido de la oposición se basaba en criticar las medidas económicas del Gobierno y en asegurar una caída del empleo de forma inmediata. El
señor Rajoy afirmaba en la sesión de control del día 6 de octubre de 2004 que el Gobierno ni actuaba ni lideraba ni hacía esfuerzos para crear empleo, y menos para reducir el paro femenino. Ante la explicación del Gobierno de las políticas
económicas a desarrollar, las caricaturizaba diciendo que confundíamos el optimismo con las ensoñaciones, en referencia a la creación de empleo. Es más, según él el frenazo económico estaba servido y, por tanto, la quiebra del bienestar y del
empleo.



Aquellos augurios no se han cumplido y hoy todos podemos afirmar que se equivocaron, que confundieron el deseo con la realidad, porque seguimos siendo el país con mayor crecimiento económico de la Unión Europea. En solo dos años España ha
crecido el doble que la media de Europa y se ha situado a la cabeza en creación de empleo, a un ritmo cuatro veces superior a la media. (Un señor diputado: Eso fue hace ocho años.) La tasa de paro actual es la más baja desde 1979, menos del 10 por
ciento, dato que no teníamos desde hace 25 años. En estos dos años la caída del paro registrado ha sido del 20 por ciento, es decir, se ha reducido en una quinta parte. De aquella imagen del desastre, la desorientación y el caos que desde el PP se
transmitía no queda nada. Los agentes económicos y sociales han confiado en este Gobierno, han acordado y concertado, han invertido y generado puestos de trabajo y han demostrado que la creación de empleo y de riqueza no es patrimonio de nadie.
Uno de los retos que tiene nuestro mercado de trabajo es reducir la temporalidad, es algo que no es un problema de modificación legislativa solamente, sino de cambios culturales a los que sin duda beneficiará el acuerdo sobre la reforma laboral
recientemente firmada.



Señor vicepresidente, este Gobierno está haciendo los deberes para crear empleo y mejorar la calidad del mismo. ¿Cómo valora el Gobierno los datos sobre la creación de empleo en nuestro país? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Señor vicepresidente segundo, adelante.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Membrado. Muchas gracias a todos por los aplausos de reconocimiento de las cifras que el
señor Membrado ha leído. (Aplausos.—Risas.)


Señorías, los últimos datos sobre la evolución del empleo en el conjunto de nuestra economía muestran que la realidad tiene poco que ver con ciertas afirmaciones y muestran un fuerte ritmo de crecimiento del empleo. La última EPA, la del
primer trimestre de 2006, sitúa a los ocupados en la cifra histórica de 19.400.000 personas y en los 12 últimos meses se crean más de 900.000 empleos, el 54 por ciento de empleo femenino. La tasa de actividad, y es un concepto fundamental cuántos
españoles trabajan, se sitúa ya en el 58 por ciento. Lo siento, pero también es la cifra máxima en términos históricos, consecuencia de la favorable evolución de la economía y de la confianza de los agentes económicos.



Es cierto que la última EPA tuvo una tasa que sirvió para algunos titulares diciendo que la tasa de paro había aumentado, es cierto, lo que sucede es que quienes escribieron los titulares no leyeron toda la EPA.
Es verdad que subió un 19
por ciento, pero ello es consecuencia de algunos datos bastante evidentes para los que se dedican a la economía.
Por una parte, factores estacionales, la evolución de la Semana Santa, y por otra parte, la progresiva aceleración de la población
activa. Por tanto, ha subido el número total de ciudadanos en disposición de trabajar y, aunque aumenta el empleo, también puede aumentar el paro. Eso fue lo que sucedió porque la población activa aumentó ni más ni menos que el 3,6 por ciento,
dando exactamente la posición contraria de la que algunos defendían. No fue una mala EPA, sino que fue una excelente EPA que permitió alcanzar los 21.335.000 en población activa, con una incorporación de casi 750.000 personas, de las cuales el 60
por ciento son mujeres. Mejora el trabajo en la industria, mejora el trabajo en los servicios y mejora el trabajo en la construcción. Y si ya leemos los últimos datos de asalariados del primer trimestre, veremos que han aumentado los de contrato
indefinido y se reduce la temporalidad en más de cuatro décimas. En cuanto al paro registrado, del último dato del INEM también tendríamos que decir que es una cifra histórica, como lo es el número de afiliados a la Seguridad Social con 18.559.000
personas y un aumento de casi 200.000, el más elevado de la serie histórica.



Podríamos seguir dando datos, pero es innecesario. Esos datos son suficientes. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó, lo siento.



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— DE LA DIPUTADA DOÑA CAROLINA CASTILLEJO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PODRÍA EXPLICAR EL GOBIERNO LAS INICIATIVAS
ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA REFORMA FISCAL, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE I+D+i? (Número de expediente 180/001309.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carolina Castillejo.
(Una señora diputada: Otra, otra.)


La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.



Señor vicepresidente, las actividades de investigación, desarrollo e innovación son un elemento estructural básico para el impulso a la competitividad de nuestras empresas y para el crecimiento a medio y largo plazo de nuestra economía.
Esas actividades están siendo objeto de atención preferente por parte del Gobierno, destacando la importante apuesta por los conceptos de I+D+i realizado en los sucesivos presupuestos generales del Estado que el Ejecutivo ha trasladado a estas
Cortes o las actuaciones contenidas en el Programa Ingenio 2010. El apoyo a la investigación, desarrollo e innovación en nuestro país cuenta en la actualidad con unos incentivos fiscales superiores a los de los países de nuestro entorno, aunque,
como demuestran las estadísticas, su utilización es más bien escasa. Esta situación debería llevarnos a plantear nuevas iniciativas que den respuesta a la necesidad creciente de una mayor eficacia para fomentar este tipo de actuaciones.



Considerando las experiencias de otros países de la Unión Europea, observamos cómo existen alternativas para fomentar estas actividades a través de incentivos basados en ayudas directas o destinadas a instituciones dedicadas con exclusividad
al I+D+i. Las políticas de gasto público a través de ayudas directas se erigen como instrumentos más eficaces para contrarrestar los fallos de mercado, permiten un mayor control presupuestario, una mejor selección del destinatario de la ayuda y un
análisis previo de la posible eficiencia de los distintos proyectos.
Es en ese marco en el que se ha planteado la reforma del impuesto de sociedades, que incluye, entre otros aspectos, una reducción progresiva de la deducción por I+D+i, un modelo
que ha generado debate social. Por ese motivo quiero preguntarle, señor vicepresidente, ¿cuáles son las iniciativas adoptadas en el marco de la reforma fiscal en relación con la política de I+D+i?


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.



Señorías, la prioridad absoluta del Gobierno en política económica es reorientar el modelo de crecimiento para mejorar los índices de productividad y competitividad de nuestra economía. Por eso apostamos por primera vez en la reducción del
tipo impositivo del impuesto de sociedades, pero también vamos a modificar algunos de los elementos que se refieren al I+D+i. Hoy existen importantes incentivos fiscales para esta actividad, sin embargo, no han tenido todo el éxito que hubiera sido
deseable. Los datos muestran que las deducciones que practican las empresas españolas, alrededor de 250 millones de euros, son reducidas en comparación con lo que sucede en otros países, 1.000 millones, por ejemplo, en Francia ó 700 millones de
libras en el Reino Unido. Ello nos lleva a la conclusión de que tal vez el gasto en I+D+i en el sector privado está representando un porcentaje excesivamente reducido sobre el valor añadido de este sector. Por ello lo que pretendemos con la
reforma fiscal que hemos remitido a esta Cámara es buscar unos incentivos diferentes que han dado mejores resultados en algunos países de la Unión Europea, especialmente en Holanda y algunos países nórdicos. Se trata de una bonificación del 40 por
ciento en la cuota de la Seguridad Social para el personal investigador contratado por las empresas. Esta medida tiene importantes ventajas en comparación con las ayudas actuales.
Primero, porque se puede aplicar directamente por las empresas sin
que esté condicionada a la existencia de beneficios, por lo que su efecto es más directo e inmediato que cualquier incentivo fiscal y, en segundo lugar, porque afecta al capital humano investigador empleado por las empresas, lo que asegura de forma
indirecta que la actividad se va a desarrollar en territorio español. Además, esta medida va a favorecer la contratación de investigadores en nuestro país. Por otra parte, y para que los planes de inversión en I+D que actualmente están en marcha
no se vean afectados por la reforma, el proyecto de ley suaviza la reducción de ese incentivo fiscal durante los próximos cinco años hasta el año 2012 en que se suprimiría.



Por último, señoría, debe recordarse que el Gobierno está también llevando a cabo una actividad de incremento del gasto público, que fue del 27 por ciento, del 32 por ciento en el año 2006 y que esperemos que se siga manteniendo en cifras
parecidas en el presupuesto del año próximo.



Muchas gracias. (Aplausos.)


— DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿SE CONSIDERA EL MINISTRO DE DEFENSA EN CONDICIONES DE PROTEGER LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE LOS
CIUDADANOS, A LA VISTA DE LAS RESPONSABILIDADES TAN IMPORTANTES QUE TIENE ATRIBUIDAS, COMO LA DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA? (Número de expediente 180/001326.)


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El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa, del diputado don Ángel Jesús Acebes.



Adelante, por favor.



El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.



¿Se considera el ministro en condiciones de proteger las libertades democráticas de los ciudadanos en sus nuevas responsabilidades?


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.



Por supuesto que sí, señor Acebes. Me considero, ahora y antes, y también en el futuro. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, por favor.



El señor ACEBES PANIAGUA: Señor ministro, su intervención en el caso de las detenciones ilegales ha sido del todo lamentable. Usted confirmó que hubo agresión y la sentencia ha probado que no hubo agresión. (El señor Villarrubia
Mediavilla: No es verdad.) Usted afirmó que no hubo detenciones ilegales y la sentencia ha probado no solo que las hubo, sino que se falsificaron documentos oficiales para imputar a dos inocentes.
(Un señor diputado: ¡Sí, señor!) Usted exculpó al
delegado del Gobierno y la sentencia establece que este delegado que ha dimitido anunció detenciones cuando no existía la más mínima prueba de indicio delictivo en el atestado policial. Usted dijo al día siguiente de la manifestación: Ya se han
dado órdenes para que la policía investigue y trate de localizar a los autores de esta inadmisible agresión. Quiero saber, señor ministro, quién dio esas órdenes a los policías para practicar las detenciones, cuándo informó usted al presidente del
Gobierno de la detención de los dos militantes del Partido Popular y quién es la equis de este atropello delictivo y antidemocrático. (Rumores.)


Señor ministro, no se esconda tras los policías, dé la cara y asuma su grave responsabilidad dimitiendo por esta intolerable agresión a la democracia. En la España de Zapatero, si miras a un ministro te detienen (Rumores.) y si hablas con
dos diputados socialistas te graban y se utilizan los medios del Estado para perseguir a la oposición (Aplausos.), pero estamos curados de espanto. Por menos de nada aparece inmediatamente un año después un testigo que dice que sí que ha visto las
agresiones (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡En televisión!) y por menos de nada es un conocido militante del Partido Socialista. Cosas veremos. Más valdría que Moncloa dedicase sus energías a perseguir a las mafias subsaharianas o a defender
los intereses españoles ante Evo Morales que a institucionalizar la caza del Partido Popular. Pero esto no se va a quedar así. Vamos a hacer que todo el mundo se entere del verdadero rostro antidemocrático de Zapatero y de ustedes cuando
gobiernan. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Señor ministro, su turno, por favor.



El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.



Verá, señor Acebes, este Gobierno en este asunto, como en todos, ha tenido un comportamiento intachable. (Risas.) Lo primero que hizo este Gobierno, ante las atrocidades que nada más ocurrir la famosa manifestación estaban diciendo ustedes,
fue comparecer en sede parlamentaria y allí les expliqué y les demostré que no había habido ni la más mínima interferencia política. Esa es la verdad (Rumores.), a pesar de que ya entonces ustedes estaban diciendo que había órdenes políticas y lo
siguen diciendo mentirosamente hasta el día hoy. (Rumores.—El señor Ayala Sánchez: ¡Claro!) Además, les expliqué y demostré, se lo explico y se lo demostraré siempre, que los policías actuaron dentro del marco constitucional y legal de sus
competencias exclusivas (Rumores.) de una manera profesional y autónoma. Por cierto, hablando de la comparecencia, que está en todo su discurso al respecto, le tengo que decir que la ratifico punto por punto y coma por coma, así que si quiere se la
lee y tendrá claro qué es lo que dije y qué es lo que mantengo.



Por otra parte, dice usted que no se agredió al señor Bono. El señor Bono —y yo le creo— lo ha dicho por activa y por pasiva. (Rumores.) Así lo han declarado los tribunales y además lo vio todo el mundo. (Rumores.) Por lo tanto, señor
Acebes, nada de mentiras; las únicas son las suyas y las únicas manipulaciones institucionales son las que ustedes han realizado desde que empezaron este penoso asunto (El señor Albendea Pabón: No.), que se ha llevado por delante a tres policías
que en cualquier caso actuaron dentro del marco constitucional y legal que establecen las leyes y el Estado de derecho. (Rumores.)


Finalmente, en cuanto a mis declaraciones, también se lo expliqué en esa famosa comparecencia y lo ratifico ahora. Lo que dije la única vez que hablé de este tema fue que la policía profesional, señor Acebes —usted debía saberlo porque fue
ministro del Interior— (Rumores.), iba a realizar una seria labor de investigación (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!), la policía profesional, exactamente lo que ocurrió. Por lo tanto, ya basta de mentiras y de manipulaciones.



En cuanto a la España de Zapatero, déjeme decirle una cosa: es la España de las libertades. ¿Sabe por qué? (Rumores.) Entre otras cosas, porque los ciudadanos lo percibieron en su día y seguirán percibiéndolo en el futuro.
(Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Fuera!)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



— DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿PODRÍA EXPLICAR EL MINISTRO DE DEFENSA SUS DECLARACIONES EN LAS QUE INTERPRETA QUE LA SENTENCIA EN
RELACIÓN CON LAS DETENCIONES ILEGALES DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR CONFIRMA QUE «EL GOBIERNO HA DICHO SIEMPRE LA VERDAD»? (Número de expediente 180/001327.)


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana. Por favor.
(Varios señores diputados: ¡Oh!)


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.



Vamos a ver, señor ministro, su opinión y su valoración sobre un comportamiento democrático a la hora de asumir responsabilidades ha quedado ya claro durante todos estos días. Hoy hemos conocido también, hace un momento, en la respuesta que
le daba a mi compañero don Ángel Acebes, la opinión que usted tiene sobre la justicia —usted que es juez precisamente— y sobre las resoluciones judiciales. Pero se ha atrevido a dar un paso más, a decir que usted no mintió en la Comisión cuando
compareció —y recuerde perfectamente que hubo un debate entre usted y yo— y yo le voy a intentar hacer un ejercicio de memoria. Mire a ver quién dijo la verdad, si usted o yo, en aquella comparecencia, porque le voy a recordar, si me dejan, que
usted dijo que no había detenciones ilegales, cuando yo le dije que se había detenido a dos ciudadanos por el mero hecho de participar en una manifestación y ser del Partido Popular. Pero usted dijo también —y cito literal— que el señor Bono había
sido sujeto pasivo de agresiones, de empujones, de patadas —dijo usted—, y yo dije que ningún informe o atestado judicial reconocía la existencia de esas agresiones. (Un señor diputado: ¡Yo tampoco!) Usted dijo que era falso que hubiera habido
tres inspectores de las diligencias, cuando se ha demostrado justo lo contrario, y usted esta tarde ha llegado a negar lo que publicó un medio de comunicación, el diario El Mundo, el 24 de enero.
(Risas.) Puede que sea mentira, pero yo confío en
que lo diga ahora dentro de un momento el señor ministro. Usted reconoció haber dado órdenes a la policía para tratar de localizar a quienes intentaron agredir al ministro de Defensa —entonces el señor Bono—, a pesar de que usted como ministro
tenía ya el atestado de dos días antes en el que se aseguraba que no existía ningún tipo de agresión. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡No es verdad!) Señor ministro, usted puede darle a esto las vueltas que quiera, puede forzar al presidente del
Gobierno a que tenga que respaldarle esta tarde, pero es usted el responsable político de los policías, que por complacencia política y mirando al tendido, como establece la sentencia, detuvieron a dos personas inocentes. Es usted el responsable
además, como ha quedado acreditado, de mentir al Parlamento.
Su situación, señor ministro, le dé las vueltas que quiera, se hace insostenible y no le queda más remedio que marcharse cuanto antes.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Señor ministro, su turno.



El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Verá, señor Zaplana, como le decía a su compañero el señor Acebes, el comportamiento del Ministerio del Interior fue intachable, intachable. (Rumores.) En la comparecencia, que suscribo punto
por punto, le expliqué todo a lo que usted se está refiriendo en estos momentos y, es más, se lo demostré; así que le digo lo mismo que a su compañero: se lee la comparecencia, que ratifico punto por punto y coma por coma en el momento en el que
se produjo. Sé que nos distingue una cosa: nosotros no vamos a mezclar ni a instrumentalizar la justicia con finalidades políticas. (Varios señores diputados: ¡Ah!) La justicia es la justicia y la política es la política. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Al señor Bono se le agredió, era ministro de Defensa del Gobierno de España y merecía y merece toda la credibilidad, máxime cuando lo reiteró de una manera sistemática y cuando todo el mundo pudo
ver que efectivamente fue sujeto pasivo de una agresión (Rumores.) y, por tanto, que existían los indicios de delito que, según la Constitución y las leyes, obligan a la policía no a mirar para otro lado, que parece que es lo que querían ustedes,
sino a investigar los hechos de una manera puramente profesional, de una manera autónoma y con sujeción a la ley y al Estado de derecho, sin ninguna, ni la más mínima, interferencia política, como por cierto dice claramente esa sentencia a la que
tanto se agarran ustedes. Por lo tanto, señor Zaplana, tenga muy claro que mi comportamiento fue intachable, lo es en estos momentos y lo seguirá siendo en el futuro con toda la firmeza y con toda determinación, porque la nuestra sí que es la
España de los derechos y de las libertades. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡El fiscal!)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



— DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿PIENSA EL MINISTRO DE DEFENSA ASUMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR LA DETENCIÓN ILEGAL DE DOS
MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/001329.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Alicia Sánchez-Camacho.
Adelante, por favor.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señor ministro de Defensa, ¿piensa usted asumir responsabilidades políticas por las detenciones ilegales de dos militantes del Partido Popular?


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.



El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Ya ha oído al presidente del Gobierno. Va a ser que no, señora diputada. (Rumores.—Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Silencio.



Doña Alicia.



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La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor ministro, la arrogancia desde luego es una de sus virtudes. Su respuesta y su actitud previa van a acreditar que pase usted a la historia de este país como el ministro de las detenciones ilegales, el
ministro de la falsificación de documentos policiales. (Aplausos.) Eso es lo que van a mostrar de usted. Señor ministro, usted ha mentido a los ciudadanos españoles en esta Cámara, nos ha mentido a los representantes del Partido Popular y me ha
mentido a mí como representante del Partido Popular. Más le vale que se lea sus propias comparecencias, porque parece que hoy está recreando un mundo que nada tiene que ver con lo que usted dijo.



Señor ministro, usted mintió cuando dijo que hubo agresión al señor Bono.
Usted mintió cuando dijo que los militantes del Partido Popular declararon voluntariamente. Usted mintió cuando dijo que el expediente policial no había sido
falsificado. Eso es lo que consta en sus comparecencias en el Congreso del día 3 de febrero, 22 de junio, 29 de junio y 14 de diciembre. No las reescriba, constan en el «Diario de Sesiones» y dicen lo que esta diputada les está diciendo. Además,
dos autos de los juzgados número 14 y número 42 y la sentencia de la Audiencia Provincial han demostrado que usted miente, que usted ha mentido y, lo que es peor, usted hoy aquí continúa mintiendo.



Señor Alonso, usted es el responsable de las detenciones ilegales de dos ciudadanos libres de este país. Usted ha vulnerado los derechos fundamentales de dos ciudadanos libres de este país, que —qué casualidad, señor ministro— son dos
militantes del Partido Popular. Además, usted es el responsable de la falsificación de ese expediente policial. Le digo más, señor ministro, usted es responsable de la pésima actuación con relación a la Policía Nacional, porque usted ha dejado a
los pies de los caballos a los policías; porque usted ha represaliado a aquellos policías que han actuado conforme al Estado de derecho y los ha rebajado de su cargo.



Señor ministro, hágase usted un favor y háganoslo a todos. La democracia española no se merece un ministro como usted. Señor ministro, váyase.
Váyase por el bien de los ciudadanos, por el bien de los españoles.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Señor ministro, su turno, por favor.



El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.



Señora diputada, yo no tengo ninguna vocación de pasar a la historia, qué quiere que le diga. (Risas.) En todo caso, con toda la modestia, sí tengo que reivindicar que la gestión de Interior cuando yo dirigí ese ministerio fue una buena
gestión, seguramente, más que a mí, gracias a un excelente equipo humano y a unas excelentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ustedes no dejan de cuestionar, por cierto. (Un señor diputado: ¡Muy bien! — Aplausos.) Esa gestión dio
buenos resultados en la lucha contra el terrorismo —y sigue dándolos—, en la lucha contra el crimen organizado y en la lucha por una mayor y mejor seguridad ciudadana, que es para lo que yo estaba allí, y a los datos me remito, como le recordaba el
hoy ministro del Interior en la comparecencia que acaba de tener hace unos minutos. (Un señor diputado: ¡Al grano!)


En cuanto a la comparecencia, le digo lo mismo que a sus compañeros. En la comparecencia expliqué punto por punto la vértebra y el esquema político de la atrocidad que estaban diciendo ustedes, y se lo demostré. Ni la más mínima
interferencia política. Actuación puramente profesional de la policía en el marco constitucional y legal de sus competencias. Por lo demás, señora diputada, tengo que decirle que esa ha sido la tesis que han mantenido ustedes a lo largo de los
últimos quince meses y desde el primer momento, tesis que se ha demostrado falsa de toda falsedad (El señor González Pérez: ¡No!) porque aquí nadie dio ni la más mínima orden.
A eso se le llama mentir (Fuertes rumores.), con alevosía, con
reiteración y, en este caso no puedo decirlo, con nocturnidad.



Finalmente, déjenme que les diga una cosa muy clara, señora diputada, a usted y a los diputados... (Continúan los rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento. Silencio, por favor.



Al final de la intervención, como he dicho siempre, eventualmente, que se haga todo lo que se tenga que hacer, pero que se respete el uso de la palabra.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.



Déjeme que le diga finalmente una cosa, señora diputada. Yo ya la conozco porque he tenido el honor de compartir con usted sesiones de la Comisión de Interior, y está usted cometiendo una atrocidad mayor. Ustedes están diciendo que en este
país hay una policía política (Varios señores diputados: ¡No!) y eso es una atrocidad que pone en cuestión el funcionamiento de una institución capital para el Estado de derecho. La policía aquí actúa siempre, siempre, también cuando estaban
ustedes, con la Constitución y la ley en la mano y no se merece las diatribas y las atrocidades que ustedes le dirigen. (Fuertes rumores.—El señor Albendea Pabón: ¡No tergiverses!—Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro… (La señora Sánchez-Camacho Pérez pide la palabra.)


¿Discúlpeme?


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor presidente, me restaban diecinueve segundos en la respuesta. Si usted me permite, querría ejercerlos.
(Varios señores diputados: No, no.) Sí, sí. (Varios señores diputados: Sí, sí.—El señor
Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)


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El señor PRESIDENTE: Usted ha intervenido dos veces. (Varios señores diputados: ¡No! ¡No!—Un señor diputado: Va a ser que no.—La señora Sánchez Díaz: Son dos turnos.—Otro señor diputado: Diecinueve segundos.—La señora Sánchez Díaz:
Qué mal perder tiene.)


Lo lamento, doña Alicia, pero usted ha intervenido dos veces. (Rumores.)


— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ESTHER COUTO RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ INICIATIVAS TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA DAR COBERTURA AL COMPROMISO DE REGULACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA? (Número de expediente 180/001335.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de la diputada doña María Esther Couto Rivas.



Adelante, por favor.



La señora COUTO RIVAS: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 dejó vigentes justamente los artículos de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 relativos a la jurisdicción voluntaria, pero estableciendo en la disposición final decimoctava
un plazo al Gobierno para remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre dicha jurisdicción. Esta ley de 1881 era bastante deficiente en la regulación de la jurisdicción voluntaria, faltaba en ella un criterio uniforme. Estableció las
especialidades de esta jurisdicción, pero no contenía un procedimiento que rigiera para estos expedientes con carácter general, y luego se limitaba a regular algunos expedientes especiales, sin que en su regulación se recogieran estos expedientes ni
otros regulados en otras leyes.



En el ámbito jurídico es tan necesaria la jurisdicción voluntaria como la jurisdicción contenciosa, cada una de ellas tiene su respectivo campo de aplicación y no son intercambiables. No hay que menospreciar el campo de aplicación de la
jurisdicción voluntaria, si atendemos a que este campo cubre una parcela imprescindible de la realidad social. Ello no impide que estemos ante una jurisdicción que en la práctica, salvo valiosas excepciones, ha suscitado escaso interés en la
doctrina científica y en el desarrollo argumental de la doctrina jurisprudencial. Es hora, pues, de enunciar problemas, suscitar dudas y esbozar soluciones y de hacerlo con vocación de permanencia y en estrecha conexión con la realidad social. No
hay ningún obstáculo para racionalizar el sistema, redistribuir entre jueces y secretarios las competencias asignadas al órgano jurisdiccional y desjudicializar aquellos supuestos que por su propia naturaleza jurídica corresponden a otros
profesionales.
Necesitamos por tanto una ley que responda a las demandas de la sociedad española actual y por ello le preguntamos, señor ministro: ¿qué iniciativas tiene previstas el Gobierno para dar cobertura al compromiso de regulación de la
jurisdicción voluntaria?


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.



Señora diputada, efectivamente la jurisdicción voluntaria consiste en la atribución por ley a funcionarios judiciales y de la Administración de Justicia de cuestiones no resolutivas de un objeto litigioso, en el que no se confrontan por
tanto partes reconocidas con fundamento en derecho.
Tiene su acomodo en la previsión constitucional de que se pueden atribuir a juzgados y tribunales funciones no jurisdiccionales en garantía de cualquier derecho —artículo 117.4 de la Constitución—
y efectivamente está regulada en estos momentos por el libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nada menos que de 1881, que la actualización completa de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se llevó a cabo en el año 2000 no derogó. Continúa por
tanto en vigor, pero una disposición final de esa ley estableció el mandato al legislador de que en el plazo de un año subviniera a la actualización de ese libro III. Pasaron cuatro años bajo Gobierno del Partido Popular sin que ese mandato su
cumpliera. Lo vamos a cumplir. Hemos elaborado una nueva regulación de la jurisdicción voluntaria que vamos a traer a esta Cámara como iniciativa legislativa en el curso de este año 2006 con la intención clara de, en primer lugar, concentrar la
amplia panoplia de procedimientos de jurisdicción voluntaria actualmente contemplados hasta 135 y reducir y simplificar por tanto extraordinariamente el número; en segundo lugar, simplificar el procedimiento, darle mayor concentración, oralidad y
agilidad precisamente para acentuar el principio dispositivo y para modular el principio de impulso de oficio; y, en tercer lugar, para desjudicializar, es decir, para sustraer, en aras del rendimiento y de la capacidad de respuesta del sistema
judicial, todas las funciones que no tengan una naturaleza estrictamente jurisdiccional y encomendársela así a funcionarios cualificados, como es el cuerpo de secretarios judiciales, o en su caso incluso a notarios y registradores. Con ello
estaremos mejorando la calidad de la respuesta en la garantía de derechos que no requieran de una función estrictamente jurisdiccional, pero estaremos sobre todo descongestionando la justicia, desjudicializando y ayudando en definitiva al sistema
judicial, a la Administración de Justicia a concentrar sus recursos y energías en lo que realmente importa, que es en la satisfacción de una respuesta de calidad y segura a las cuestiones litigiosas con fundamento en derecho. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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— DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN FUENTES GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL VA A CAUSAR ALGÚN IMPACTO
SOBRE LA UNIDAD DEL PODER JUDICIAL? (Número de expediente 180/001336.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Sebastián Fuentes.
Adelante, por favor.



El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, usted mismo ha dicho que la Administración de Justicia es un servicio público aquejado de un síndrome de fallo múltiple, un complejo entramado de problemas que resulta agotador a los muchos ciudadanos que lo padecen. Este
Gobierno y usted, señor ministro, han decidido afrontar con valentía el reto de mejorar la justicia española y de hacerlo con un conjunto de medidas legislativas que van a converger en una mejora del sistema judicial español para hacerlo más rápido,
para hacerlo más eficaz, tutelando de manera efectiva los derechos que se invocan ante los tribunales y, por tanto, haciendo segura la función constitucional que tienen asignados los órganos encargados de administrar justicia.



La pasada semana se debatió en esta Cámara el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que instaura la justicia de proximidad y crea los consejos autonómicos de justicia. Señor ministro, respecto a estos últimos
quiero preguntarle hoy, porque según el Partido Popular, uno de los jinetes del Apocalipsis que acabará con la unidad de España —uno de ellos, de los muchos que alega— es la supuesta ruptura de la unidad del Poder Judicial que traería esta ley.
Usted me responderá ahora, señor ministro, pero a mi grupo le parece que hay una dinámica inexorable que se da cada vez que se quiere operar un cambio en un sistema fuertemente corporativo como es el judicial en España. La resistencia al cambio
viene enmascarada con la invocación de peligros, como la inconstitucionalidad de las leyes y de los procedimientos y los ataques a la independencia del Poder Judicial. Por eso es lógico suponer que haya algunos que están más interesados en mantener
un statu quo que les favorece que en mejorar un servicio público para los ciudadanos.
Nosotros —me refiero a los progresistas de este país— tenemos claro lo que queremos en esta materia: hacer que la justicia sea un servicio en el que puedan
confiar los ciudadanos por su eficacia, por su rapidez, por su ecuanimidad y por su independencia. Señor ministro, dígame si está en peligro la unidad del Poder Judicial.



Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.



Señor diputado, por supuesto que no está en peligro la unidad del Poder Judicial. Nuestras iniciativas de reforma de la justicia, del Poder Judicial y de la Administración de Justicia quieren causar impacto, pero sobre el rendimiento, la
respuesta y la calidad segura de la justicia que se presta, no sobre la unidad del Poder Judicial, que no está en cuestión, como tampoco está en cuestión la unidad de España, y ayer se puso aquí de manifiesto en un debate que no debió nunca haber
tenido lugar. Estamos cumpliendo punto por punto no solamente con nuestro programa comprometido ante este Congreso de los Diputados, sino también con los diagnósticos que convergen en señalar los males de la justicia y cuáles son las medidas
necesarias para ponerles remedio. Muchos de ellos están por cierto contenidos en el Pacto para la reforma de la justicia que se suscribió en la legislatura anterior. Desde luego, lo está la justicia de proximidad y el refuerzo de los tribunales
superiores de Justicia; lo está también la desjudicialización de mucha materia que puede ser sustanciada a través de algún otro recurso, y lo está la desconcentración de la función de gobierno que en estos momentos titulan el Consejo General del
Poder Judicial y las salas de gobierno, dando así espacio para la colaboración con las comunidades autónomas que ejercen competencias en materia de justicia. No pone en cuestión la unidad del Poder Judicial el refuerzo de los tribunales superiores
de Justicia, ayuda a la justicia a funcionar mejor, y desde luego los tribunales superiores de Justicia no son cuña de ninguna otra madera que no sea el Poder Judicial del Estado. No son órganos de ninguna justicia extranjera.
No pone en cuestión
la unidad del Poder Judicial el reconocimiento del derecho lingüístico a poder actuar ante la Administración de Justicia en modo que la lengua cooficial tenga un cauce de realización ante la misma sin que eso suponga —no lo dice así ninguna norma—
su exigencia como requisito. No pone en cuestión la unidad del Poder Judicial la participación de las comunidades autónomas en la implementación del nuevo modelo de oficina judicial y, desde luego, no altera en absoluto la caracterización jurídica
como cuerpos nacionales de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Finalmente, no pone en cuestión la unidad del Poder Judicial una medida destinada a descongestionar el primer grado de jurisdicción, el de primera
instancia e instrucción, descargando la materia menor al confiársela a los jueces de proximidad, que en todo caso integrarán la carrera judicial y serán seleccionados por mérito y capacidad por el Consejo General del Poder Judicial. En definitiva,
entenderemos que estamos obrando nuestro trabajo, sirviendo a la ciudadanía y a la calidad de la justicia si renunciamos a enredar, confundir y crispar y si concentramos nuestras energías aquí en el Parlamento en sacar adelante las reformas que la
justicia necesita. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, su tiempo ha terminado.



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— DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿SIGUE MANTENIENDO EL MINISTRO DE DEFENSA QUE EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, EL 22 DE ENERO DE 2005, «SE AGREDIÓ AL SEÑOR BONO»? (Número de expediente 180/001328.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior del diputado don Javier Fernández-Lasquetty. Adelante, por favor.



El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: Gracias, señor presidente.



Pensé que el señor ministro de Defensa antes de marcharse nos dejaría dicho por qué le deja a usted con este embrollo, pero se ve que tenía algo de prisa y ha tenido que marcharse. Lo cierto es que, al parecer, no solo no quiere responder
de sus responsabilidades políticas, sino que ni siquiera quiere responder de sus propias palabras, y eso tiene un nombre, eso se llama falta de valentía, falta de coraje y falta de sentido democrático. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) En fin, ya
que le ha dejado a usted con este asunto, señor Rubalcaba, respóndame por qué cree que el señor ministro de Defensa sigue manteniendo que se agredió al señor Bono.



Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.



Responderé al tenor literal de la pregunta del señor Fernández-Lasquetty sobre si creo que hubo agresión. Sí, creo que hubo agresión. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



Su turno, señor Fernández-Lasquetty.



El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: Gracias, señor presidente.



Pues resulta que cree usted lo contrario que el capítulo llamado hechos probados de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y que el auto de sobreseimiento del juicio que se siguió contra don Isidoro Barrios y doña María Antonia
de la Cruz. Ustedes sabían desde el primer momento, a pesar de la infinidad de veces que el señor Alonso lo ha dicho aquí, que todo era mentira, que no hubo agresión. Lo sabía el señor Alonso, lo sabía —no le digo cómo— el señor Bono, lo sabía el
señor Zapatero y lo sabe usted mismo. Señor ministro, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, capítulo hechos probados —probados, no imaginados—, página 5: Se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente.
Página 19: Incluso los vídeos evidenciaban que ni él ni su escolta hubieran sufrido lesión alguna. Y así, señor ministro, decenas de veces. Todo eso son, repito, hechos probados, basados en los informes policiales verdaderos (Los señores López
Garrido y Villarrubia Mediavilla: No.), no en los que se fabricaron a posteriori, que el juez ha sentenciado que constituyen una pura y simple falsedad documental. Lo que están ustedes haciendo, lo que ha hecho esta tarde el ministro de Defensa es
el equivalente a negar la luz del sol a estas horas. Señor ministro, están negando lo que es, lo que un juzgado ha dicho que está probado. Y eso, señores del Gobierno, tiene varios nombres: violación de libertades, quebrantamiento del Estado de
derecho y mentiras, mentiras para taparlo todo. Lo menos que pueden hacer, señor ministro, es cesar al señor Alonso, pedir perdón de una vez a Isidoro Barrios y a Antonia de la Cruz, a los dos militantes del PP en cuya cabeza se quiso hacer un
escarmiento (Aplausos.), y reconocer ya de una vez la mentira.



Señor Rubalcaba, si no me equivoco, creo que es la primera pregunta oral que responde como ministro del Interior. Me he tomado la molestia, que puede tomarse cualquiera, de mirar los antecedentes parlamentarios, algo muy lógico, y —fíjese
qué curioso— no exactamente la última pero sí las penúltimas preguntas que respondió desde el banco azul hace once años, ¿sabe de qué trataban? De Roldán, de los fondos reservados y de Lasa y Zabala. (Aplausos.) Diciembre de 1995. Seguimos igual,
decíamos ayer… (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor diputado.



Señor ministro, por favor, su turno.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Fernández-Lasquetty, sí, sostengo que hubo agresión, lo sostengo. Y no lo dice solo el Gobierno, lo dicen algunos manifestantes que lo vivieron (Risas.), lo dice el auto de cierre temporal del Juzgado de Instrucción número 42, lo dice
el señor Bono. Hubo agresión, yo lo vi.
Cuando le escuchaba, recordaba una fase de mi vida escolar, cuando me enseñaban en clase de literatura las llamadas figuras literarias, la sinécdoque, la metonimia, el retruécano y una que se llamaba
exactamente el pleonasmo. Y había una frase para decir qué es un pleonasmo que decía: Yo lo vi con mis propios ojos. Recuerdo que cuando leía esa frase siempre pensaba: Hombre, no va a ser con los del otro, ¿no? Pues así, lo vi con mis propios
ojos. ¿Y sabe lo peor para ustedes? Que lo vieron millones de españoles con sus propios ojos. La agresión, señor Fernández-Lasquetty, eso es lo que vieron. (Aplausos.—Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



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— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SALOM COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿POR QUÉ EL MINISTRO DE DEFENSA FALTÓ A LA VERDAD EN EL PARLAMENTO AL AFIRMAR QUE «ES FALSO QUE HUBIERA
HABIDO TRES INSTRUCTORES DE LAS DILIGENCIAS» ABIERTAS EN RELACIÓN CON LA INEXISTENTE AGRESIÓN AL ANTERIOR MINISTRO DE DEFENSA? (Número de expediente 180/001330.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Salom.



Adelante, por favor.



La señora SALOM COLL: Gracias, presidente.



¿Por qué el ministro de Defensa faltó a la verdad en el Parlamento al afirmar que es falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias en el caso Bono-Alonso? (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.



Como dice la lógica aristotélica, niego la mayor. El señor ministro de Defensa no faltó a la verdad. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Doña María Salom, por favor, su turno.



La señora SALOM COLL: Lamento, señor ministro, que no esté aquí el ministro de Defensa, que se esconda y que se parapete detrás de usted para eludir sus gravísimas responsabilidades políticas. En toda esta historia, en todo este montaje,
menos mal que no estaba todavía el señor Moraleda en la Secretaría de Estado de Comunicación. Si hubiera estado allí, seguro que a través de los teléfonos manda un mensaje diciendo: En 30 minutos detención de dos militantes del Partido Popular por
agresiones al señor Bono. Páselo. (Rumores.)


En el primer Pleno de la democracia, en esta Cámara se discutió sobre la detención ilegal de un diputado y el señor Guerra aquí, en el hemiciclo, decía: Hay una responsabilidad directa de las fuerzas de orden público, que pueden cometer una
falta, pero esta es la responsabilidad menor, la mayor es la delegada, la que pertenece a las autoridades gubernativas, en este caso al gobernador civil y al ministro del Interior. La responsabilidad hoy aquí es del señor Alonso (Rumores.), y les
digo que el 3 de febrero del año 2005 el ministro faltó a la verdad en la Cámara, como mínimo, en diez ocasiones. En una dijo textualmente: Es falso que el comisario jefe expulsara de las dependencias policiales a un funcionario e igualmente es
falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias. Hechos probados, el comisario jefe le dice al funcionario: Abandone el despacho inmediatamente. Hechos probados, hubo tres instructores, primero, segundo y tercero, y cada uno de
ellos figura en la sentencia con su número de funcionario. El señor Alonso ha faltado a la verdad, lo dice la sentencia (Un señor diputado: ¡No, no!), y ha faltado a la verdad para encubrir, y un ministro que miente en sede parlamentaria solo
tiene una salida que es dimitir. (Rumores.) Dígaselo usted, señor Rubalcaba, que dimita su compañero.



Por cierto, qué casualidad, señor Rubalcaba, ¿se acuerda de quién estaba al frente de la Comisaria de Vallecas en el 11-M? (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Espere, señora Salom.



Sin gritar. Silencio. (Continúan los rumores.—Un señor diputado: ¡Dígalo tres veces, que se callen!) Continúe.



La señora SALOM COLL: ¿Se acuerda, señor Pérez Rubalcaba, de quién estaba al frente de la Comisaría de Vallecas cuando apareció aquella mochila el 11-M? El comisario Rodolfo Ruiz. Es el mismo que en la sentencia del caso Bono-Alonso se le
condena por detención ilegal, coacciones y falsedad en documento público. ¿Puede seguir ocupando este cargo este señor? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.



No le voy a decir nada al ministro Alonso porque ustedes llevan ocho días no diciéndoselo, gritándoselo (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Y lo que queda!) Peor para ustedes. Como dice la canción de Rosana, peor para vos.



Usted ha hecho una cosa aquí que no voy a calificar porque no quiero que pataleen. (Rumores.) Usted no ha dicho todo lo que dijo el ministro Alonso. En su comparecencia el ministro Alonso, en respuesta al señor Zaplana, dijo que él había
leído un informe policial (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Eso era!) y, por tanto, que las cosas que estaba diciendo figuraban en el informe que le había pasado la policía, que por cierto coincide con la versión que los policías dan en el juzgado
posteriormente. Un informe de la policía. Mírelo bien. Por tanto, usted ha quitado una cosita. (La señora Salom Coll muestra un «Diario de Sesiones».—El señor Estrella Pedrola: ¡Miente) No me provoquéis. El ministro Alonso dijo lo que le había
dicho la policía, por eso le he dicho que el ministro Alonso no mintió, como dice usted; no. Usted sí, usted ha imputado cositas. (Rumores.) Le voy a decir algo más. El ministro Alonso no hizo más que aplicar lo que llamaríamos la doctrina
Rajoy. (Un señor diputado: ¡Que le empapelen!) Le voy a explicar. Con ocasión de una manifestación en Barcelona que causó incidentes posteriores, el ministro del Interior Rajoy compareció en el Parlamento y dijo literalmente: Yo de lo que me fío
es de los informes de la policía.
Pues eso, el ministro Alonso también. (La señora


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Sánchez Díaz: ¡Muy bien, muy bien!— Aplausos.—El señor Martínez-Pujalte López: Y lo que ha hecho usted es leer un papel que le han pasado.)


— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL FUENTES GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CÓMO VA A LLEVARSE A CABO LA ASIGNACIÓN DE LAS LICENCIAS DE PESCA
CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO UNIÓN EUROPEA-MARRUECOS, CUYA APROBACIÓN DEFINITIVA ESTÁ PREVISTA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS? (Número de expediente 180/001337.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de la diputada doña María Isabel Fuentes.



La señora FUENTES GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, sabemos lo laborioso que ha sido el proceso de elaboración del nuevo convenio con el reino de Marruecos, sobre todo teniendo en cuenta la situación a la que nos enfrentábamos. Por un lado, la dificultad de negociar a tres
bandas, el Reino de Marruecos, la Unión Europea y el sector pesquero, y, por otro lado, la difícil situación a la que se ha enfrentado durante siete largos años el sector pesquero español; siete años de sequía en los que de las 397 embarcaciones
que pudieron llegar a faenar en las aguas de Marruecos cuando teníamos el anterior convenio 244 han tenido que ser reubicadas o, desgraciadamente, en su mayoría han ido al desguace. No es nada fácil, señora ministra, encauzar la situación tan
desastrosa que el anterior Gobierno del Partido Popular nos dejó, pero a pesar de las dificultades de la situación son increíbles los resultados obtenidos, ya que tengo entendido, señora ministra, que España ha conseguido casi el cien por cien de
las licencias otorgadas para la Unión Europea. Si a esto sumamos que la entrada en vigor del convenio es prácticamente inminente y que podrá ser revisable con la posibilidad de aumentar las toneladas en posteriores conversaciones con Marruecos, qué
duda cabe, señora ministra, de que este convenio es el mejor resultado de un muy buen trabajo. Ahora solo queda una pregunta. Ya tenemos las licencias para España y el sector pesquero se pregunta, señora ministra, bajo qué criterios se va a hacer
el reparto de las licencias de pesca en nuestro litoral.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.



La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.



Señoría, precisando un poco más los datos que usted daba, quiero señalarle que hay 119 licencias disponibles en la negociación entre la Comisión Europea y el Reino de Marruecos. Inicialmente se adjudicaron a España 95, y quiero subrayar que
gracias a las negociaciones que hemos llevado a cabo estas licencias se han visto aumentadas hasta 100. Posteriormente, una vez realizado el reparto dentro de la Unión, España ayer mismo adjudicó provisionalmente estas licencias entre los
pescadores españoles siguiendo el principio de derechos históricos de pertenencia a la pesquería.



Antes de pasar a detallar cuál ha sido la asignación de licencias de pesca, quiero recordar una vez más que los criterios de selección de buques están establecidos por la normativa vigente, respondiendo estos a la historicidad de las
embarcaciones en el caladero marroquí y a la idoneidad para desarrollar la actividad pesquera en el mismo. Por tanto, señoría, es importante que quede claro que en ningún caso la asignación de licencias atiende a criterios de territorialidad.
Aclarado esto, la flota con base en Andalucía ha recibido 42 licencias, la de Canarias 37, la gallega 17 mientras que las del País Vasco y Cantabria tendrán dos licencias cada una. A mayores, la flota gallega ha recibido una cuota adicional de 400
toneladas de pesca industrial de pelágicos, anchoa, sardina y caballa. De este modo, señora Fuentes, se puede afirmar que el reparto de licencias ha sido equilibrado y además ha coincido con las previsiones del sector pesquero afectado. Por otra
parte, ahora se va a abrir una fase de alegaciones con el fin de realizar las comprobaciones definitivas. Cuando se solicite el pago de la licencia de pesca será cuando se pueda confirmar definitivamente la lista elaborada ayer.



Finalmente quiero recordar que ayer, 16 de mayo, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el dictamen relativo al Acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos, que como usted sabe es preceptivo aunque no vinculante, y el 22 de mayo está previsto
que sea aprobado definitivamente el Acuerdo con Marruecos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. No me queda más que mostrar la satisfacción del Gobierno por haber logrado que tras siete años sin poder faenar en aquellas aguas hoy podamos
celebrar que un centenar… (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, su tiempo terminó.



— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANTONIA DE ARMENGOL CRIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ ACTUACIONES DE COLABORACIÓN VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO
CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS A FAVOR DEL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL? (Número de expediente 180/001338.)


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El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Antonia de Armengol. Adelante.



La señora DE ARMENGOL CRIADO: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, en los últimos cuarenta años la población de los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes ha pasado de ser del 60 por ciento a tan solo un 23 por ciento, en los municipios de menos de 20.000 habitantes a un 35 por
ciento y la superficie de las zonas rurales abarca casi el 90 por ciento del territorio. Nuestra problemática rural —común con otros países europeos— se aborda mediante políticas de desarrollo rural y el referente inmediato de estas políticas tiene
su origen en noviembre de 1996, cuando expertos de los distintos países europeos aprobaron la Declaración de Cork tras analizar en detalle los cambios en las relaciones comerciales internacionales, en la liberalización de los mercados agrarios, en
la mayor exigencia de los consumidores en materia de calidad y el efecto que producen estos hechos sobre las zonas rurales. Allí se extrajeron conclusiones para mantener la riqueza cultural y natural de la Europa rural y para asignarle un nuevo
papel en la sociedad de este siglo.



Hoy por hoy, la política de desarrollo rural es aceptada como segundo pilar de la PAC porque de lo que se trata es de que las zonas rurales sean un lugar más atractivo donde vivir y trabajar, un escenario donde pueden encontrar una vida
mejor gente cada vez más diversa y de todas las edades. Las herramientas de la política de desarrollo rural se basan fundamentalmente en la aplicación de la normativa comunitaria, en la voluntad política de cada uno de los países miembros y en la
utilización de los diferentes fondos de financiación comunitaria. El nuevo reglamento reconoce la existencia de un conjunto de medidas, algunas de ellas destinadas a la diversificación de la economía rural y a la mejora de las condiciones de vida
en el medio rural. Dentro de este marco su ministerio, que desde luego ha apostado claramente por el apoyo a las zonas rurales, ha firmado un convenio con la Federación de Municipios y Provincias. Por tanto, señora ministra, nos gustaría que nos
detallase el contenido de este convenio con la Federación de Municipios y Provincias.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.



La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.



Señora Armengol, ha hecho usted una descripción correcta de la situación del medio rural en España. Por ello, un gobierno que pretenda gobernar para todos, especialmente para la gente y para los territorios que más lo precisan, está
obligado a incluir entre sus prioridades al medio rural, y ha de hacerlo conjuntamente con todos los agentes sociales, económicos y políticos. En estos dos ámbitos, en el de la apuesta por un mundo rural que tenga garantizado el futuro y en el de
la potenciación de la colaboración interinstitucional, hemos de situar el convenio que hemos firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Coincidirá usted conmigo en que no se puede gobernar al margen de las necesidades y de las
inquietudes concretas de los territorios y de las gentes que los pueblan. Nadie como los alcaldes de los 7.000 municipios de menos de 20.000 habitantes que hay hoy en España son conocedores y cercanos a las realidades del mundo rural. Era
imprescindible por este motivo establecer un marco que nos permitiese trabajar juntos y optimizar los recursos.
Para ello hemos tenido en cuenta que en la Federación Española de Municipios y Provincias existe una comisión de desarrollo rural con la
que queremos contar.



El convenio firmado recoge actuaciones relativas a la promoción del empleo, al establecimiento de pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de dotaciones sociales e infraestructuras básicas. También se prevé la colaboración en la
realización de actividades que refuercen la capacidad de respuesta de las entidades locales a la problemática de despoblamiento y a reducir el diferencial de rentas respecto a otros sectores. El Ministerio de Agricultura y la Federación de
Municipios estableceremos, además, mecanismos de actuación en materia de estudios, trabajos y acciones de tipo cultural, de investigación o de tipo docente.
Con este convenio marco va a ser posible, por otra parte, reforzar otras actuaciones de
cooperación que ya se venían impulsando, como el desarrollo de la red de telecentros o de Internet rural. En resumen, la firma de este convenio supone dar cumplimiento a uno de los compromisos que los socialistas adquirimos con la España rural
surgido de la Declaración de Oviedo, a la que usted ha hecho referencia. Nos comprometimos a desarrollar una política rural de Estado con la participación y la cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y la Administración
local, y lo estamos cumpliendo.



Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



— DEL DIPUTADO DON ERNEST BENITO SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS CONTEMPLA EL PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PESCA
MARÍTIMA? (Número de expediente 180/001339.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ernest Benito Serra.



El señor BENITO SERRA: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, al inicio del siglo xxi, el nuevo contexto económico que se plantea hace que las ideas, los conocimientos y la tecnología sean las claves para la


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creación de riqueza y el crecimiento del empleo. Si eso es verdad para todos los sectores de la economía, es además una necesidad en el sector pesquero ante la situación de agotamiento de los recursos, que hace imprescindible el desarrollo
tecnológico para mejorar la eficiencia de las capturas, la reducción de los descartes y también los costes de explotación; una explotación que debe tener en cuenta la repoblación marina y buscar en nuevos procedimientos como la acuicultura el
mantenimiento de estos recursos escasos. Esta necesidad solo puede ser subsanada con el aporte de una mayor investigación, desarrollo e innovación. Para ello, después de ocho años de sequía en investigación y desarrollo del sector pesquero
producida por los gobiernos del Partido Popular, desde el ministerio que ahora preside se está elaborando un plan estratégico de innovación tecnológica en el sector pesquero con el objetivo de tratar los déficits tecnológicos, de detectar los
obstáculos a la innovación del sector y de desarrollar proyectos que fomenten la competitividad de la industria pesquera y acuícola. Conocemos que este plan incluye todos los aspectos relacionados con el mundo de la pesca: el extractivo, la
acuicultura, los procesos de transformación y los de comercialización. Sabemos también que es un plan con un ámbito de actuación en todos los territorios del Estado y que va dirigido a todas las personas, empresas, entidades e instituciones
relacionadas con el sector en colaboración con las aportaciones del trabajo de los expertos.
En definitiva, un plan para todos y hecho por todos. Por todo ello y en función del interés que ha provocado el desarrollo del mismo le formulo la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las medidas que contempla el Plan estratégico de innovación tecnológica en la pesca marítima? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.



La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.



Señoría, comparto con usted que para que el sector pesquero pueda crecer con fortaleza es imprescindible que se invierta en investigación, desarrollo e innovación. En estos dos años de Gobierno socialista hemos avanzado mucho en este
sentido, desarrollando e impulsando planes y proyectos que permitirán que el sector de la pesca pueda enfrentarse con optimismo a las nuevas oportunidades y retos de un mundo cada vez más complejo, global y exigente. Prueba de esta apuesta del
Gobierno es el Plan estratégico de innovación tecnológica, que contempla un amplio número de medidas que voy a detallarle a continuación para responder a su pregunta.



En primer lugar, la orden de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola, que beneficiará tanto a empresas como a agrupaciones, asociaciones y ONG. Estas ayudas se establecen para realizar proyectos orientados a estudios de
viabilidad, investigación industrial y desarrollo tecnológico. En segundo lugar, los acuerdos con entidades financiera de proyectos a través de los cuales se pone a disposición de las pymes un sistema de avales y mecanismos financieros para la
inversión que favorecerá la modernización, el fortalecimiento y la innovación del sector pesquero y acuícola. En tercer lugar, he de destacar la plataforma tecnológica del sector pesquero, que se concibe como lugar de encuentro de todos los agentes
relacionados con la innovación tecnológica en el sector pesquero. Además, debo informarle de que esta plataforma muy probablemente actuará como plataforma nacional en la que ha sido creada por la Comisión Europea, cuya misión es la definición de un
programa estratégico común que afronte los principales retos económicos, medioambientales, tecnológicos y sociales a los que se enfrenta el sector. En cuarto lugar, está prevista la creación del centro de investigación cooperativa, cuyo objetivo
será generar y gestionar la tecnología precisa que garantice la sostenibilidad del sector. Su importancia viene dada porque permitirá aunar esfuerzos, colaboración y conocimientos entre instituciones y organismos científicos, por un parte, y entre
estos y las empresas por otra, contribuyendo así a configurar un sector internacionalmente competitivo. En definitiva, señor Serra, estamos creando todos aquellos instrumentos que permitan que el sector pesquero español siga manteniendo sus
posiciones de liderazgo a nivel mundial.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



— DEL DIPUTADO DON ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE LOS INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN DEL PUERTO DE ARINAGA CUENTEN CON LOS ANÁLISIS MEDIOAMBIENTALES PERTINENTES? (Número de expediente 180/001320.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente del diputado don Román Rodríguez Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, señorías, en la isla de Gran Canaria hay una comarca que encabezan tres ayuntamientos que han hecho una apuesta, desde hace muchos años, por el desarrollo sostenible. Es poco frecuente encontrar ciudadanos e instituciones
que de forma organizada apuesten de verdad por este concepto de futuro que es la sostenibilidad. En concreto, la Autoridad Portuaria de Las Palmas viene trabajando en la modificación del Plan de utilización de espacios portuarios porque pretende
modificaciones en la red de puertos de Las Palmas, entre ellos el de Arinaga. Tenemos serios indicios de que aprovechando los cambios legislativos se intenta eludir los


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controles medioambientales de las obras que allí se están proyectando. Por ese motivo, señora ministra, queremos preguntarle con claridad: ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Medio Ambiente para garantizar que los instrumentos de
planificación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en relación con Arinaga cumplan con los requisitos legales de los controles medioambientales, de los informes y de las evaluaciones pertinentes?


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.



Señoría, como bien sabe, en estos momentos hay un proyecto de ampliación del puerto de Arinaga sometido al trámite de declaración de impacto ambiental, justificado en gran medida por la probable ubicación de una planta regasificadora. El
Ministerio de Medio Ambiente, antes de llevar a cabo esta declaración de impacto ambiental, ha exigido a la Autoridad Portuaria que cumpla con las exigencias que se habían establecido el año 1997 dentro de la declaración de impacto ambiental que se
hizo sobre la construcción del puerto. Esas exigencias tenían que ver, por ejemplo, con la restauración de humedales, con la construcción de un nuevo emisario submarino y con un plan de emergencia. No se ha avanzado en la declaración de impacto
ambiental de la ampliación en tanto que el ministerio no ha verificado el cumplimiento de esas exigencias. Puedo decirle que en el trámite en el que ahora se encuentra la nueva propuesta de ampliación lógicamente estamos intentando que la
tramitación incorpore todos aquellos elementos que permitan evitar efectos ambientales negativos, por ejemplo, lo referido a la dinámica del litoral, y que en esa declaración de impacto ambiental habrá nuevas exigencias que se impondrán para la
ampliación del puerto de Arinaga. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, su turno por favor.



El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor ministra, me consta su preocupación y su inquietud, no en vano es usted la ministra de Medio Ambiente, y supongo que no lo tendrá fácil para imponer la lógica medioambiental en los proyectos de desarrollo
de los diversos ministerios y de las distintas administraciones, pero tenemos serias dudas sobre la voluntad de la Autoridad Portuaria de cumplir estos requisitos, y no lo decimos gratuitamente. Usted sabe que se está tramitando en este Congreso de
los Diputados una modificación de la Ley de puertos de interés general que elimina el Plan director de infraestructuras de puertos como instrumento de planificación y que se remite al Plan de utilización de espacios portuarios. Por tanto, se puede
eludir el informe de impacto ambiental; al menos eso es lo que se pretende. Pero hay una legislación nueva y muy relevante, que usted debe conocer a la perfección, que es la legislación europea que se ha incorporado al ordenamiento jurídico
español en una Ley del pasado 28 de abril, en que no solamente se exigen los informes de impacto ambiental sino, afortunadamente, también los informes de evaluación ambiental estratégica, es decir, sobre planes y programas. Lo que le pregunto es si
a esta actuación del Plan de utilización de usos portuarios en Las Palmas va a exigírsele la nueva legislación ya incorporada al ordenamiento jurídico, al que he hecho referencia, en esta Ley 9/2006, de 28 de abril.



El señor PRESIDENTE: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Puedo aclararle que esa legislación se tiene que aplicar en todo proceso de planificación que sea posterior a la entrada en vigor de la norma y que al menos por lo que se refiere a lo que
hasta ahora el Ministerio está valorando, que es lo relativo a la ampliación del puerto de Arinaga, lo que está en marcha es la tramitación de esa declaración de impacto ambiental. Le puedo asegurar que el Ministerio de Medio Ambiente no va a
permitir que se eludan determinadas exigencias que, como usted mismo está señalando, pertenecen al ámbito de las normas europeas. Por ello, seremos extremadamente exigentes en todo lo que tiene que ver con la transformación de las infraestructuras
de interés general, y en este caso de los puertos.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



— DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A LA REGENERACIÓN Y RECUPERACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DE LA PLAYA DE PALS (GIRONA) DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN DE LAS ANTENAS DE RADIO LIBERTY? (Número de expediente 180/001324.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jordi Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, el día 25 de mayo del año 2001 dejaron de emitir las instalaciones de Radio Liberty, después de una larga presencia de esta estación de radiodifusión, desde el año 1957. La próxima semana se cumplirán cinco años del fin de
estas emisiones. Ya ha pasado demasiado tiempo hasta su desmantelamiento, que se produjo a través de un discutible método de dinamitación, el pasado 22 de marzo. Con ello, señora ministra, quedan 300 metros cuadrados vírgenes en primera línea de
mar, que tienen un gran valor medioambiental desde el punto de vista de recuperación del sistema dunar y de algunas plantas singulares que se


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encuentran situadas en esta playa. Este grupo parlamentario, este diputado está interesado en conocer las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la regeneración de esta zona marítimo-terrestre.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.



Señoría, además de la demolición, que ya se ha llevado a cabo —y le puedo asegurar que entre las distintas opciones que había creo que esta era la que minimizaba efectos de los que usted se quejaba—, está previsto que el ministerio invierta
algo más de 1,4 millones de euros en la retirada, que ya está empezando a llevarse a cabo, de todos los restos de esa demolición, en la adecuación o demolición de otros edificios que están en ese ámbito, además de las antenas ya demolidas, y en la
recuperación ambiental del espacio dunar y de la playa. Para ello está prevista, por ejemplo, la construcción de un sendero peatonal y de distintos accesos que eviten que se destruyan las dunas por el paso de las personas que visiten la playa.
Todo ello, además, queremos hacerlo en estrecha colaboración con la Generalitat de Catalunya, con quien tenemos prevista la firma de un convenio para que este valioso espacio pueda incorporarse a la futura ampliación del Parque Natural de las Islas
Medas. Será precisamente en ese instrumento de colaboración donde las dos administraciones podremos analizar alguna otra actuación, más allá de las que en estos momentos tenemos previstas de restauración de las zonas dañadas por la presencia
durante tiempo de estas instalaciones.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, no tenemos tiempo ahora para discutir si la dinamitación fue el mejor sistema, simplemente le quiero reiterar y presentar otra vez mis reservas sobre este sistema. En todo caso, en este momento se está produciendo la
retirada de esas 20 torres, algunas de hasta 164 metros de altura, y desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista medioambiental, pero también desde un punto de vista incluso turístico y de promoción de una importante zona como es esta de
la Costa Brava, este grupo parlamentario está preocupado por la lentitud en el calendario y en las previsiones entre el desmantelamiento y el inicio de la regeneración dunar de la zona. Este grupo parlamentario está preocupado especialmente por dos
aspectos. Primero, por el sistema dunar a regenerar, y le voy a poner el ejemplo de algunas iniciativas del ministerio que también podrían ser perfectamente trasladadas a la playa de Pals, por ejemplo, la intervención en la zona de Ses Illetes, en
Formentera, o las intervenciones en la costa de Huelva.



Finalmente, como muy bien sabe la señora ministra, hay tres plantas únicas en la península Ibérica que se encuentran en la playa de Pals, la crucianella marítima, la estaquis marítima, y la ammophila arenaria. Pues bien, en aras de la
preservación de este ecosistema, le quiero pedir una rápida intervención en la playa de Pals.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Adelante, señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.



El ministerio ha llevado a cabo la demolición con la máxima rapidez posible. Como usted señalaba bien, desde el año 2001 eso se hubiera podido dar, no se hizo en la anterior legislatura, se ha hecho con este Gobierno y este Gobierno lo ha
hecho a partir de un acuerdo con el ayuntamiento de Pals y con la propia Generalitat porque usted seguramente sabe que había distintas opciones y distintas posibilidades en cuanto a aprovechar o no algunas de esas antenas para otras finalidades.



Finalmente lo que se decidió de una forma conjunta, y eso lleva su tiempo, fue esta demolición y, como muy bien señala, un proceso de recuperación o de restauración del espacio dunar y de todas esas especies valiosas que señalaba en su
intervención, y no tenga la menor duda de que lo haremos con la máxima celeridad y teniendo muy en cuenta, como debe ser, la competencia ambiental de la Generalitat, sobre todo en la medida, como he señalado, que va a formar parte de un espacio
protegido, de un parque natural.



Muchas gracias. (Aplausos.)


— DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA BONÀS I PAHISA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE CONOCIMIENTO LA MINISTRA DEL GRAVE IMPACTO AMBIENTAL Y ECONÓMICO QUE SUPONDRÁ
LA IMPLANTACIÓN DEL PARQUE EÓLICO, QUE ACABA DE SER ADMITIDO A TRÁMITE EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, FRENTE A LA COSTA DEL MUNICIPIO DE LA ATMELLA DE MAR? (Número de expediente 180/001346.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosa María Bonàs.
Adelante.



La señora BONÀS I PAHISA: Me remito a la pregunta escrita.



El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias.



Señora diputada, me pregunta por el impacto ambiental de una planta eólica marina cuya tramitación no se está llevando a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente porque todos los parques eólicos marinos no tienen en


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este momento en tramitación efectiva ningún proyecto. No habrá ninguna tramitación hasta que el Ministerio de Industria no apruebe un decreto que regulará en España la construcción de parques eólicos marinos.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora Bonàs.



La señora BONÀS I PAHISA: Usted sabe, señora ministra, que la admisión a trámite por el Ministerio de Medio Ambiente de una solicitud de una determinada empresa para la instalación de un parque eólico marino frente a la costa de la Atmella
de Mar ha generado un gran debate. Este gran debate tiene relación con la protección del paisaje, con la gestión de determinados recursos costeros, con la definición de modelo turístico, con energías en régimen especial y modelo de distribución
energética con consenso y participación ciudadana. Este debate debe producirse en Cataluña y no debe producirse aquí en Madrid porque es un debate que afecta principalmente a las personas que viven allí.



Es interesante recalcar que aunque el parque se instalará en zonas de dominio público, creemos que las competencias deberían residir —y lo hemos pedido en diferentes ocasiones— en la comunidad autónoma. Nos consta que el Gobierno está
preparando un real decreto que regulará la utilización de instalaciones de generación eólica marina. Por ello hemos reclamado recientemente que este real decreto otorgue competencias a las administraciones competentes en la implantación de esta
energía. En estas competencias deberíamos destacar la definición de criterios de compatibilidad con el territorio o la intervención en los procesos administrativos de las solicitudes, es decir, declaración de impacto ambiental o procedimientos de
licitación y adjudicación.



Su ministerio se muestra favorable a ratificar el Convenio Europeo del Paisaje. Este convenio entiende que la calidad paisajística debe dar respuesta a las aspiraciones de sus poblaciones e incluye importantes compromisos, como son el
reconocimiento jurídico de los paisajes y la participación del público en su identificación y gestión. La Generalitat de Catalunya, como usted sabe, ya ha aprobado una ley sobre protección y gestión del paisaje. Con una intervención unilateral del
ministerio en estos expedientes se podría obviar esta ley y se podría incumplir incluso el Convenio Europeo del Paisaje. Por tanto, esperamos que en el nuevo real decreto se tenga en cuenta que en los casos especiales de los parques eólicos las
competencias deberían corresponder a las comunidades autónomas. Esperamos que el ministro de Industria, aquí presente, lo tenga también en cuenta.



También deberíamos considerar qué nuevo modelo energético vamos a fomentar, si el de grandes centrales creadoras de energía o el de pequeñas centrales cerca del consumidor. Es un debate importante que nos ayudaría a cumplir con el Protocolo
de Kioto, porque, como usted sabe muy bien, parte de la energía se pierde en la distribución…


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Bonàs. El tiempo ha concluido.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.



Señoría, como le señalaba en mi anterior respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente tiene parados todos los expedientes que han llegado durante los últimos años relativos a parques eólicos marinos. En ninguno de ellos se ha llevado a cabo
hasta la fecha ninguna declaración de impacto ambiental. Y al margen de las consideraciones que usted hacía sobre el contenido que pueda tener el real decreto previsto por el Ministerio de Industria, le diré que en toda declaración de impacto
ambiental el debate que acompaña a su tramitación se realiza sobre todo en el territorio y, desde luego, el Ministerio de Medio Ambiente está dando cabida plena a la participación de los habitantes de cualquier territorio para cualquier actuación
que se someta a declaración de impacto ambiental, porque de eso se trata precisamente, más allá de quien tenga formalmente las competencias. En ese sentido, enriquece el debate que la Comunidad Autónoma de Cataluña tenga leyes de protección del
paisaje y tenga también sus propias competencias en relación con la conservación del medio natural en activo y ello, evidentemente, cualquier Gobierno, y desde luego el Ministerio de Medio Ambiente, lo tendrá en cuenta en este procedimiento o en
cualquier otro, señoría.



Respecto a la energía eólica marina, tenemos que esperar a que exista un marco a partir del cual cada uno asumiremos la función que nos corresponda.



Muchas gracias. (Aplausos.)


— DE LA DIPUTADA DOÑA YOLANDA CASAUS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SOBRE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN EL CONSEJO NACIONAL DEL CLIMA,
CELEBRADO EN MADRID, EL 16 DE FEBRERO DE 2006? (Número de expediente 180/001343.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Yolanda Casaus.



La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, la necesidad de promover la investigación sobre el cambio climático, de analizar las implicaciones tanto sociales como económicas del efecto invernadero, así como una gran sensibilidad social acerca del Protocolo de Kioto,
ha sido y seguirá siendo uno de los retos ambientales de este Gobierno, y más concretamente del Ministerio de Medio Ambiente, porque además es una propuesta del programa electoral del Partido Socialista que sí está cumpliendo.



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No se nos puede olvidar tampoco que España se adhirió al Protocolo de Kioto en el año 1997, lo que suponía que debíamos reducir las emisiones de CO2 al 50 por ciento. Pero el Gobierno de aquel entonces, el Gobierno del Partido Popular, no
asumió su responsabilidad y no cumplió sus compromisos, verdaderamente creo yo porque no respaldaba dicho protocolo, por lo cual se pasó de un promedio del 16 por ciento de emisiones al 44 por ciento; en lugar de disminuir, aumentamos.



La pauta de este ministerio es trabajar con coherencia, con responsabilidad y en coordinación con el resto de agentes implicados, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y
Provincias, representantes del ámbito de la investigación, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales. Así es como se están llevando a cabo medidas e impulsando propuestas para paliar el porcentaje de emisiones de gases de efecto
invernadero.



Entre las medidas que se están llevando a cabo, hay una verdaderamente democrática e importante que se está haciendo a través del Consejo Nacional del Clima, donde se elaboran las estrategias de lucha frente al cambio climático, se
desarrollan y evalúan esas estrategias y además se elaboran propuestas y recomendaciones con la finalidad de dotar de mayor dinamismo a la propia Administración y a la Oficina Española de Cambio Climático. Es en el Consejo Nacional del Clima donde
se está trabajando en el borrador del Plan nacional de adaptación, que permite adaptar el cambio climático en la nueva planificación sectorial de España, puesto que debemos hacer frente a los actuales escenarios climáticos provocados por los
sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos de nuestro país.
Ya se ha presentado un primer programa de trabajo para desarrollar ese Plan nacional de adaptación y se ha abierto un periodo de consultas al respecto. Por tanto, señora ministra,
¿puede informar el Gobierno sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Clima, celebrado en Madrid el 16 de febrero de 2006?


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.



Como la propia señora diputada señalaba, uno de los puntos más importantes de la agenda de trabajo del Consejo Nacional del Clima en su última reunión fue la aprobación de ese borrador del Plan nacional de adaptación al cambio climático y de
su programa de trabajo. Durante un mes hemos recibido a través de la página web de la Oficina de Cambio Climático numerosas aportaciones, ha sido también analizado en conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas y estamos en
condiciones de elaborar muy pronto un texto definitivo sobre ese Plan nacional de adaptación al cambio climático. Además de ello, quiero decirle que en la reunión del Consejo Nacional del Clima que tuvo lugar en febrero se informó a todos del
estado de elaboración del cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocido por sus siglas IPCC, cuarto informe que se va a presentar el próximo año.
Puedo anunciar en esta Cámara que Naciones Unidas ha
acordado que la presentación se realice en España y el Ministerio de Medio Ambiente, tras consultar con las administraciones correspondientes, ha decidido que la celebración de esa reunión del IPCC se lleve a cabo en la ciudad de Valencia. Por
tanto, a finales del año 2007 tendremos la reunión más importante de Naciones Unidas en cuanto al seguimiento, la evaluación y los pronósticos sobre el cambio climático a escala internacional. Por último, señoría, en esa reunión del Consejo
Nacional del Clima también se adelantó a todos sus miembros la articulación de lo que será la nueva estrategia de cambio climático para España a partir de los documentos que ya existen, a partir de la propuesta que aprobó la Comisión Europea sobre
el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, donde quedan explícitos los compromisos de España hasta el año 2012 para cumplir con el Protocolo de Kioto. Por tanto, a lo largo de este año tendremos ese marco de trabajo general, una
estrategia de cambio climático en el ámbito más amplio de la estrategia de desarrollo sostenible, que también debe adaptarse a la revisión que está teniendo lugar por parte de la Comisión Europea de la estrategia de Gotemburgo. Hubo en la Comisión
Nacional del Clima, como en otras ocasiones, un debate extremadamente rico y con aportaciones que el ministerio tiene en cuenta, así como las que recibimos de instancias que no están presentes en dicho Consejo Nacional del Clima.



Muchas gracias. (Aplausos.)


— DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA GARCÍA VALLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ ACTUACIONES SE HAN REALIZADO DESDE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, EN RELACIÓN AL
PROYECTO DE REGULACIÓN PARA RECARGA DE LOS EXCEDENTES INVERNALES DEL RÍO BELCAIRE, EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN? (Número de expediente 180/001344.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Antonia García Valls.



La señora GARCÍA VALLS: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, en la Comunidad Valenciana venimos sufriendo la demagogia que sigue practicando el PP con el tema del agua, intoxicando y crispando a la ciudadanía con declaraciones contra el Gobierno, contra su presidente y, cómo no,
contra su propia persona, señora ministra, reivindicando el proyecto del trasvase del Ebro como único argumento, porque actuaciones para solucionar el déficit hídrico de la Comunidad Valenciana, ninguna. No hicieron nada cuando gobernaron e incluso
el señor Camps, más que soluciones para los regantes,


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destina subvenciones millonarias a fundaciones cuya única misión es atacar al Gobierno socialista, es decir, como siempre, venden mucho humo, pero de agua ni una gota.



Afortunadamente, el cambio de Gobierno también supuso una cambio en las expectativas de la ciudadanía, porque su ministerio se puso a trabajar con firmeza para ofrecer soluciones reales, visibles y evidentes para el déficit hídrico. Entre
estas soluciones se encuentra la importante obra de regulación para la recarga de acuíferos mediante los excedentes invernales del río Belcaire que, junto con el desarrollo de programas para la captación de aguas subterráneas para el abastecimiento
y regadíos y la adecuación del embalse de Arenós, constituyen las tres actuaciones más importantes, aunque no las únicas, dirigidas al incremento de la disponibilidad de recursos hídricos en la provincia de Castellón. Es una actuación contemplada
en la Ley 11/2005 y declarada como actuación prioritaria y urgente, encomendada por su ministerio a Acuamed, que permitirá el aprovechamiento, en torno a dos hectómetros cúbicos anuales, mediante la derivación y regulación de caudales del río
Belcaire y su recarga en los acuíferos de la zona de Vall d’Uixó, Moncófar y Almenara en la provincia de Castellón. Obra que ha tenido que esperar demasiado tiempo. Un proyecto redactado a expensas de los mismos regantes que, desde el año 1998, se
queda guardado en algún cajón, probablemente para justificar el trasvase. Ha tenido que ser su Gobierno, el Gobierno socialista, el que retome este importantísimo proyecto. Por eso le pregunto, señora ministra: ¿Qué actuaciones se han realizado
desde el Ministerio de Medio Ambiente, en relación con el proyecto de regulación para recarga de los excedentes invernales del río Belcaire, en la provincia de Castellón?


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.



Señora diputada, en primer lugar, hemos actualizado ese proyecto que, como muy bien señala usted, era nada menos que del año 1998. Ese proyecto ya ha sido licitado por Acuamed. La apertura de las propuestas se va a llevar a cabo el próximo
lunes 22 de mayo, y el consejo de administración de Acuamed, el día 7 de junio, va a adjudicar estas obras. Por tanto, con un plazo de ejecución estimado en 18 meses, las obras correspondientes a la recarga de acuíferos, a partir de la regulación
del Belcaire, serán una realidad a finales del año 2007 o inicios del año 2008. Hay un presupuesto autorizado para esta actuación de 25,6 millones de euros en lo que es el conjunto de actuaciones que tiene Acuamed, dentro del programa AGUA, para
las cuencas mediterráneas y que, como muy bien señala usted, en la provincia de Castellón incorporan también otras actuaciones relativas a aguas subterráneas y además algunas plantas desalinizadoras que, por supuesto, se llevarán a cabo siempre de
acuerdo con los ayuntamientos que estén interesados en ellas y que, en algunos casos, parecen haber entendido que lo que quiere el Gobierno de la nación es exclusivamente garantizar agua a todos, desde luego garantizar agua en la provincia de
Castellón y en el conjunto de la Comunidad Valenciana, que va a recibir, dentro de ese programa AGUA para las cuencas mediterráneas que sustituye al derogado y nunca financiado por la Unión Europea trasvase del Ebro, más de 1.200 millones de euros.
El proyecto comprende la construcción de un azud, una tubería de toma, un canal de derivación, una balsa de regulación y una obra para la recarga, así como también un conjunto de actuaciones de restauración ambiental acordes con la declaración de
impacto ambiental que en su momento ha recibido esta actuación. Por tanto, señorías, se hará frente a uno de los grandes problemas que tiene la provincia, que es la sobreexplotación de sus acuíferos, lo que en los últimos tiempos ha significado
ciertamente efectos perversos para los usuarios y, en particular, para los regantes.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.



— DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿GARANTIZA EL GOBIERNO QUE LOS ESPAÑOLES VAN A PODER SEGUIR DE FORMA
GRATUITA LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DEL PRÓXIMO CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL? (Número de expediente 180/001331.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Industria, Comercio y Turismo, del diputado don Francisco Antonio González. Adelante.



El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, faltan 24 días para el comienzo del Mundial de Fútbol de 2006 y la pregunta es muy clara: ¿Nos puede usted garantizar aquí, en nombre del Gobierno, que todos los españoles que quieran ver este mundial lo van a poder hacer a
través de una señal analógica, sin costes adicionales para su bolsillo y en abierto, tanto el comienzo del mundial como la clausura, o cualquier partido de la Selección española?


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.



Señoría, el Gobierno garantizará el cumplimiento de la ley, como no podía ser de otra manera, respecto del tema que usted plantea.



Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Señor González.



El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.



¿En condicional, señor ministro? ¿Garantizará? ¿No puede garantizarlo ahora? ¿No puede usted comprometerse a decir que los españoles tendrán la oportunidad de hacerlo de forma gratuita y libre, como marca la ley? Lo tendremos en cuenta.
De todas formas, señor ministro, si el día 9, cuando comienza el mundial, hubiera un solo español —no es una frase mía, es una frase de uno de sus diputados en la anterior legislatura— que no pudiera llegar a ver este mundial de forma libre y sin
coste adicional para su bolsillo, estarían pasando en ese momento tres cosas: primero, no se habría cumplido la ley; segundo, el Gobierno habría fracasado en su obligación de preservar y hacer preservar la ley; tercero, no tendría solución, señor
ministro. Ustedes han dejado patente en infinidad de ocasiones que la opinión de los ciudadanos solo les interesa cuando están en la oposición y cuando ustedes les convocan para que respalden sus postulados. Sin embargo, desprecian a los españoles
cuando opinan diferente a ustedes. Le garantizo, señor ministro, que hay preocupación en la calle. Hay una preocupación lógica y normal por ver a la Selección española a través de un canal de televisión de forma libre y gratuita, como la ley
permite a los españoles hacerlo.



Decía un compañero suyo, señor ministro, que cuando nosotros estábamos en el Gobierno favorecíamos a los amigos, impedíamos la libre expresión de los medios que les perseguían y abusábamos de poder. ¿Le suena, señor ministro? Pues nosotros
vamos a abrir un canal a través de nuestra página web para que los españoles que en distintos lugares de España no puedan ver la señal de la televisión que tiene los derechos para la retransmisión puedan explicarnos qué es lo que pasa, y se lo
trasladaremos a usted para que de esta forma tenga la garantía de que quienes lo dicen son aquellos que tienen derecho a tener la ley de su lado y no la van a tener.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.



Señoría, ya le he dicho que el Gobierno garantizará el cumplimiento de la ley, que dice que las competiciones y acontecimientos deportivos de interés general deben retransmitirse en directo, en emisión abierta y para todo el territorio del
Estado. Como el Gobierno ha incluido la participación de la Selección española en el Mundial de Fútbol de Alemania en el catálogo de acontecimientos de interés general para esta temporada, los partidos de la Selección española podrán ser vistos por
el conjunto de la población de manera gratuita, exactamente igual que ocurrió en el mundial del 2002, porque se aplicará la misma legislación.
No ha cambiado la legislación al respecto y supongo que, ahora como entonces, ustedes estarán de acuerdo
con la legislación vigente —la aprobaron ustedes—. Por tanto, ¿qué persiguen ustedes sembrando dudas sin sustento alguno sobre si podrán o no podrán verse los partidos de la Selección española en el mundial? Señoría, a ustedes no les preocupa si
los ciudadanos puedan o no ver el Mundial de Fútbol, lo que les interesa es hacer creer que algo positivo para la ciudadanía, como es tener más canales de televisión, más pluralidad y más opciones, puede ser negativo.
Ese es el verdadero problema.
A ustedes no les preocupa la opinión de los ciudadanos en este caso, sino todo lo contrario.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



— DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GURPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁL ES A FECHA DE HOY LA COBERTURA DE LA SEÑAL DE LOS NUEVOS CANALES
ANALÓGICOS DE TELEVISIÓN? (Número de expediente 180/001332.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Fernando Vicente Castelló.



El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, ¿cuál es a fecha de hoy la cobertura de la señal de los nuevos canales analógicos de televisión?


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.



Señoría, únicamente hay un nuevo canal analógico de televisión en España de ámbito estatal —usted debería saberlo— y el grado de cobertura de este canal es algo que, por el momento, hoy, con la legislación vigente, únicamente atañe a la
empresa gestora y no al Gobierno.



Muchas gracias. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Toma ya!)


El señor PRESIDENTE: Adelante.



El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.



Señor Montilla, estábamos preocupados, pero con las contestaciones que usted acaba de darnos a mi compañero Francisco González y a mí, aún estamos mucho más preocupados de lo que estábamos hace unos días. Estas preguntas de hoy son
consecuencia de esa preocupación y de uno de los despropósitos de su Gobierno, concretamente de su ministerio, uno más de los que ya llevamos, porque todo hace presumir —y las respuestas que ha dado hoy aquí así lo avalan— que lamentablemente
estamos


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ante otro posible culebrón, que tiene las mismas connotaciones gubernamentales que la OPA de Gas Natural sobre Endesa, pero esta vez en versión audiovisual, señor Montilla, connotaciones que se resumen en que el Ministerio de Industria
facilita a grupos empresariales cercanos y amigos el negocio, aunque eso suponga poner en riesgo el interés general y la posible conculcación de derechos legalmente reconocidos a todos los ciudadanos españoles. Señor Montilla, en su día ya
criticamos el proceso de concesión de las últimas licencias de televisión, y con el devenir de los acontecimientos provocados por la retransmisión del próximo Mundial de Fútbol, estamos observando que los beneficiados pueden ser dos grupos de
comunicación amigos del Gobierno, entre ellos el Grupo Prisa, como no podía ser de otra manera, y una empresa del Grupo de La Caixa. ¡Qué casualidad, señor Montilla! Señorías, con el Gobierno socialista siempre ganan los mismos y siempre pierden
los mismos; siempre ganan los amigos del Gobierno y siempre pierde la mayoría de los ciudadanos españoles.



Señor Montilla, usted sabe, y es su deber, que en estos momentos no hay equipos de antenización ni capacidad de instalación suficientes para llegar a tiempo al día 9 y que se cumpla la ley que obliga a que los acontecimientos de los que
estamos hablando, y específicamente los partidos de la Selección nacional española, se retransmitan en directo y en abierto para todo el territorio del Estado. Usted tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley, cosa que de momento
no ha hecho en absoluto. Debe contestar claramente si puede garantizar lo que la ley dice de los derechos que tienen todos los españoles para poder ver…


El señor PRESIDENTE: El tiempo ha concluido. Lo lamento.



Señor ministro, adelante.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señoría.



Mi obligación es cumplir la ley, y la de usted, señor diputado, como mínimo, es conocerla, y no la conoce. Por cierto, ya me dirá qué empresa de La Caixa tiene una televisión, porque es una gran sorpresa; me he quedado, como se suele
decir, pasmado. Seguramente usted no solo no conoce la ley, sino muchas otras cosas.



Respecto a su pregunta, señoría, ninguna televisión privada informa al Gobierno sobre su grado de cobertura, no lo debe hacer, pues se entiende que por su propio interés tratará de alcanzar el máximo que posibilita el espectro. El real
decreto por el que se aprueba la incorporación de un nuevo canal analógico —de uno, no de dos, señoría— de televisión en el Plan técnico nacional de la televisión privada prevé —no exige, prevé, léaselo— que este nuevo canal alcance una cobertura
del 70 por ciento, sin fijar un plazo determinado. Sin embargo, en la convocatoria del concurso público para la adjudicación de este nuevo canal se exige que se alcance el 40 por ciento de este 70 por ciento antes del 25 de noviembre del año 2006.
Eso es lo que dice. Esta sí que es una exigencia que el Gobierno puede reclamar. Sin embargo, parece que no será necesario llegar a ese extremo, ya que según nos ha informado la empresa concesionaria del nuevo canal analógico, con esta tecnología
tiene previsto alcanzar el 1 de junio la cobertura total establecida en el real decreto al que he hecho referencia. Por tanto, señoría, deje de enredar, hable con un poco más de rigor y dígame qué televisión he dado a La Caixa, porque no me he
enterado, señoría.



— DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LOS DATOS APORTADOS POR EL ÚLTIMO BARÓMETRO SANITARIO,
REFERIDO AL AÑO 2005? (Número de expediente 180/001340.)


El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Sanidad y Consumo.



Tiene la palabra don Alberto Fidalgo.



El señor FIDALGO FRANCISCO: Gracias, señor presidente.



(Comienza su intervención en gallego.) Durante estos días celebramos los veinte años de la Ley General de Sanidad, y mis primeras palabras en este Pleno son de recuerdo y agradecimiento compartido al ministro que la hizo posible en un tiempo
en el que no solo se estaba iniciando la modernización de los servicios públicos, sino que era aún más necesario un esfuerzo ímprobo y un compromiso decidido a favor de la consolidación de los derechos ciudadanos y de las libertades individuales.
Ernest Lluch y otros muchos se dejaron la vida en ello. (Aplausos.) Sus esfuerzos y su ejemplo nos permiten hoy ser ciudadanos plenamente libres y con nuestros derechos individuales y colectivos amparados por las leyes y el sistema judicial, sin
necesidad de esperpentos histéricos y cínicos plebiscitos.
Veinte años en los que se ha consolidado el Sistema Nacional de Salud creado por aquella ley y definido como el conjunto de servicio de salud de las comunidades autónomas y que ha permitido
acercar las prestaciones sanitarias a las necesidades y demandas bajo los principios de solidaridad, universalidad, financiación pública, equidad, coordinación y cohesión. Este proceso con el impulso político adecuado, con el esfuerzo organizativo
de los profesionales y la contribución de todos los ciudadanos, por ejemplo incrementando del 4,3 por ciento al 5,7 por ciento el porcentaje del PIB dedicado a la financiación de la sanidad pública, arroja unos resultados excelentes en concreción
del mandato constitucional del artículo 43; resultados probablemente impensables en los albores de nuestra democracia y que sitúan a nuestro país en los primeros lugares del mundo en calidad y cantidad de prestaciones, como así se destaca en los
múltiples informes que estos días se publican y que globalmente


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permiten concluir que el estado de salud de los españoles sigue mejorando y que es mejor que el de los países de nuestro entorno, con una esperanza de vida solo superada en Italia y Suecia y ni allí siquiera para las mujeres. Sin embargo,
puesto que comparamos, señora ministra, sería injusto en términos de humanidad ignorar el reciente informe de la OMS sobre la salud en el mundo. En él contrastan nuestros avances con los reveses sin precedentes de los países más pobres, donde la
esperanza de vida ha caído a la mitad de la nuestra. En todo caso, para orgullo de los que estamos y como una explicación de la esperanza de los que vienen: ¿Cuál es la valoración del Gobierno de los datos aportados por el último barómetro
sanitario referido al año 2005? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Fidalgo, el barómetro sanitario es un instrumento valioso, ya que nos permite tomar el pulso a los ciudadanos, saber qué piensan del Sistema Nacional de Salud y saber también dónde debemos mejorar. Por los datos del último barómetro
sabemos que el 69 por ciento de los ciudadanos consideran que nuestro sistema funciona bien. La satisfacción general se sitúa en un 6,2 por ciento, por cierto algo mejor que en años anteriores, y esa satisfacción de los ciudadanos con el sistema
está además en relación con su uso y aumenta para aquellos que más utilizan los servicios. En atención primaria el 84,2 por ciento considera que ha recibido una atención buena o muy buena, valora extraordinariamente la cercanía de los centros, la
confianza y seguridad que ofrece el trato con el médico, el trato general de todos los profesionales y la información recibida. En atención especializada ese porcentaje sube hasta el 86,5 por ciento que valora especialmente los medios tecnológicos
y la atención de la enfermería. El 76 por ciento de los encuestados — creo que este dato es muy relevante— opina que la actual forma de financiación a través de los impuestos es la manera más adecuada y más justa de financiar nuestro sistema y de
un 60 a un 70 por ciento opina que nuestro sistema es equitativo en lo que se refiere a niveles de renta y salud. También los ciudadanos nos dicen dónde debemos mejorar. Los tiempos excesivos para acceder a consulta es una de las cuestiones sobre
las que los ciudadanos más se quejan, y aunque un porcentaje importante cree que las autoridades sanitarias están haciendo esfuerzos para mejorar estos tiempos de atención, sin embargo, la mitad de los encuestados no perciben todavía mejora
significativas. El 82 por ciento señala además que las comunidades autónomas deben todas ellas ofrecer los mismos servicios a los ciudadanos. Señoría, finalizo con esta lectura rápida señalando que nuestros ciudadanos dan mayoritariamente su
respaldo a nuestro Sistema Nacional de Salud, aunque nos piden que sigamos trabajando para facilitar el acceso a los servicios y que lo hagamos de manera coordinada para mejorar la cohesión del sistema.



Muchas gracias, señor presidente.



— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿QUÉ INICIATIVAS VA A IMPULSAR EL GOBIERNO TRAS EL INFORME SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
QUE SUFREN LAS PERSONAS CON VIH EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001341.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Mercedes Coello.
Adelante, señora diputada.



La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como sida, desde hace ya muchos años se ha convertido en una enfermedad que representa en la ciudadanía lo que en otros momentos de la historia representaron otras
enfermedades como la lepra, la sífilis e incluso la tuberculosis. Todas ellas representaron para las sociedades en las que en su momento les tocó interactuar el miedo a lo desconocido, ese tipo de miedo que se esconde más allá del conocimiento
científico y que tiene más que ver con el comportamiento humano ante algo que se escapa de su control, produciendo todo tipo de reacciones en las sociedades sin tener nada que ver con el nivel sociocultural ni científico de las poblaciones
receptora; provocaron discriminación, llegando incluso a apartar de la sociedad a quienes lo padecieron. En pleno siglo xxi nos encontramos con que a pesar de la evolución de la ciencia, pero también de la sociedad, se siguen produciendo actitudes
de este tipo. Estas actitudes van desde el silencio y la negación hasta la hostilidad, llegando en algunos casos directamente a la violencia. El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente hace que muchas personas prefieran no someterse a
pruebas de detección del virus o a que eviten el tratamiento en el caso de personas que tienen el VIH. Si hay algún tipo de discriminación por encima de cualquiera de ellas que me parece especialmente despreciable es sin duda la ejercida en el
ámbito sanitario, ya que no deja de ser incongruente que aquellas personas cuya vocación sería dar cuidado sean los agentes productores de la propia discriminación. En nuestro país se ha realizado recientemente un estudio denominado:
Discriminación VIH/sida 2005, donde se ha observado que las mujeres son las que más sufren discriminación en su vida diaria, sobre todo en el ámbito sanitario y laboral. La consecuencia más grave de la discriminación de los afectados de sida es que
viola la dignidad de este colectivo, vulnera sus derechos humanos y empobrece a las sociedades que la padecen. Es por ello que le formulo la siguiente pregunta: Tras el informe sobre la discriminación que sufren las personas con VIH en España,
¿piensa el Ministerio de Sanidad y Consumo liderar alguna iniciativa al respecto?


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.



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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, efectivamente tiene usted razón. El estigma y la discriminación es una carga añadida a la que deben enfrentarse las personas que viven en nuestro país con VIH/sida, y así queda demostrado en ese estudio realizado por la Fundación
Fipse, presidida por el subsecretario de Sanidad y Consumo. Dicho estudio pone en evidencia la discriminación que existe e identifica aquellas actividades profesionales o las situaciones del ámbito privado en las que se produce esta discriminación
y también plantea actuaciones concretas para erradicarla. Por otra parte, este es un estudio que coincide en sus resultados con encuestas, datos parciales que ya tenía el ministerio procedentes de encuestas anteriores, en los que por ejemplo se
afirmaba que un tercio de nuestra población manifiesta que no trabajaría o compartiría aula con una persona afectada de VIH/sida. Por eso, dentro del programa de actuación del Plan Nacional sobre el Sida hemos dado carácter prioritario a estas
acciones, y en concreto hemos incluido entre las prioridades para esa convocatoria anual de subvenciones a las ONG que se realicen programas con actividades destinadas a reducir el estigma y la discriminación. Colaboramos también en la financiación
del Observatorio de derechos humanos VIH/sida, que ofrece apoyo legal a las personas afectadas por VIH informándoles de sus derechos en seminarios de formación. En el año 2006 y a instancias de mi departamento la inserción laboral de las personas
afectadas por VIH/sida se ha convertido en una prioridad financiada con subvenciones específicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vamos a participar en un seminario de VIH y discriminación que reunirá a expertos nacionales e
internacionales, miembros de las ONG y de Onusida con objeto de debatir acciones que puedan hacer frente a este problema. Finalmente, quiero destacarle que España es uno de los dos países de la Unión Europea que forman parte del grupo de trabajo
que ha establecido la Comisión para la elaboración del primer informe europeo sobre VIH/sida y derechos humanos.
Absolutamente todos debemos defender los derechos de las personas afectadas y erradicar la discriminación y el estigma, y para hacerlo
tenemos que contar con la colaboración de todos los agentes… (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora ministra, su tiempo concluyó.



— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL SALAZAR BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO ALCANZADO CON LOS SINDICATOS SOBRE EL REAL DECRETO
QUE ESTABLECE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE RESIDENCIA (MIR)? (Número de expediente 180/001342.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Isabel Salazar.



La señora SALAZAR BELLO: Gracias, señor presidente.



Señora ministra de Sanidad, es conocido por todos los profesionales sanitarios que desde el inicio de la formación especializada de estos nunca existió un marco jurídico laboral para todos aquellos que se encuentran y se encontraban en
periodo de formación dentro de lo que se conocía con la denominación de MIR. Desde hace unos meses se vienen reuniendo los responsables de recursos humanos de todas las administraciones, tanto nacionales como autonómicas, para aportar sus
experiencias, dificultades y demandas de los profesionales en el ámbito no solamente laboral, sino también de formación. Aunque la denominación de MIR fue otorgada exclusivamente a la formación especializada de los médicos residentes, en este
momento abarca a muchísimos especialistas, como son los farmacéuticos, los psicólogos, etcétera, que se presentaran anualmente dentro del concurso y selección de todo el territorio español.



Este real decreto se está desarrollando, se está negociando en este momento y redactando por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales, las administraciones autonómicas y las asociaciones profesionales.
Vuelvo a insistir en que desde los años setenta nunca antes se había tomado una decisión por ningún Gobierno.
También fue un Gobierno socialista el que desarrolló la primera ley sobre la formación, y una vez más un Gobierno socialista retoma los
grandes retos para desarrollar de manera más justa y solidaria, y con cohesión territorial, el Sistema Nacional de Salud en materia de recursos humanos, tratando de desarrollar ese real decreto MIR de la relación laboral de residencia o formación de
los profesionales. Dentro de esa negociación se recogen los aspectos retributivos para poder equiparar por primera vez al personal estatutario, con grandes aportaciones desde los sindicatos, así como los complementos y las pagas extraordinarias.
Igualmente se está negociando la jornada laboral, el número de horas semanales que se puede trabajar, sobre todo para adaptarse a la normativa europea y al Estatuto de los Trabajadores. Esta diputada que le está hablando realizó durante un mes 15
guardias y, por supuesto, al día siguiente no se libraba después de 24 horas de trabajo. También se reconocen en este proyecto de real decreto los derechos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, como son el derecho a
la huelga y el derecho a reunión. Somos muchos los que recordamos que en los primeros periodos del MIR ni tan siquiera cotizaba la empresa por los residentes.



Por todo ello, señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos saber qué valoración hace el Gobierno del acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre el real decreto que establece la relación laboral especial… (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Señora diputada, el tiempo. Lo lamento.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señora diputada, el proyecto de real decreto de relación laboral especial de residencia es para nosotros de enorme trascendencia, ha recogido acuerdos y ha supuesto un gran esfuerzo para todos los que hemos colaborado. Por lo tanto, no
puedo sino valorar positivamente esos acuerdos que, quiero recordar, se han producido a pesar de las reticencias de algunos, más interesados en la confrontación partidista que en la solución de los problemas. Por primera vez se dota a los
residentes de un marco jurídico estable que regula sus derechos laborales, y eso no hubiera sido posible sin la colaboración de las comunidades autónomas y de las organizaciones sindicales, y por supuesto sin la colaboración tanto de mi departamento
como del de Trabajo y Asuntos Sociales. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)


Hay dos fechas clave que quisiera recordar: El 21 de noviembre del año 2005, en que la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud aprobó un marco retributivo común para los residentes, y el 9 de febrero de 2006, cuando se
alcanzó un acuerdo global con las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación previsto por la normativa. El proyecto recoge incrementos retributivos medios del 18 por ciento, la fijación de un complemento de grado de formación y
otro de atención continuada y pagas extras. En jornada laboral se establece una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas semanales y se establecen garantías en cuanto a las guardias, ajustándose estas a las que conviene, de acuerdo con el programa
formativo. Se determinan también los derechos y deberes de los residentes, añadiendo a los reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores otros ligados a las políticas de este Gobierno en materia social: conciliación de la
vida laboral y personal, garantías de igualdad de las personas discapacitadas y la inclusión de medidas para asegurar la protección integral contra la violencia de género. Se han iniciado ya los trámites para regular los aspectos formativos que por
su naturaleza no podían ser incluidos en el proyecto de real decreto y se ha constituido un grupo de trabajo para ello. Sin duda, esta regulación de esta relación laboral especial de residencia nos va a servir para seguir avanzando en la necesaria
cohesión del sistema en materia de recursos humanos. Por eso, es un objetivo de mi departamento, y estamos satisfechos de estar en vías de consecución.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.



INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA POSICIÓN QUE PIENSA DEFENDER EL GOBIERNO SOBRE EMIGRACIÓN Y POLÍTICA MEDITERRÁNEA EN LA PRÓXIMA CUMBRE EURO-AFRICANA A CELEBRAR EL PRÓXIMO MES DE JULIO EN MARRUECOS.
(Número de expediente 172/000185.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto siguiente del orden del día de hoy, el referente a las interpelaciones urgentes.



Comenzamos con el punto 33, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea en la próxima cumbre euro-africana a
celebrar el próximo mes de julio en Marruecos. Tomará la palabra para formular esta interpelación el diputado don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.



Señorías, hoy finalmente vamos a poder efectuar esta interpelación al señor Moratinos, que es una iniciativa que Convergència i Unió había planteado hace ya unas cuantas semanas, pero por la complicada agenda del señor ministro tuvimos que
aplazarla hasta el Pleno de hoy y, por desgracia, señor ministro, señorías, coincidiremos en que la cuestión de fondo que planteamos con esta iniciativa es de plena actualidad. En octubre-noviembre de 2005, a finales del año pasado, en plena crisis
de las vallas en Ceuta y Melilla —creo recordar—, el señor ministro anunció la voluntad política del Gobierno de promover una cumbre euro-africana para abordar conjuntamente la Unión Europea y los países africanos el reto de la inmigración. En esa
propuesta que formulaba el señor Moratinos latía una idea de fondo, la convicción de que tan solo con políticas a medio y largo plazo que vinculen inmigración y desarrollo vamos a estar en condiciones de contener la presión migratoria hacia la Unión
Europea y muy específicamente hacia las islas Canarias. Supongo que esa era la convicción de fondo que expresaba el señor ministro de Asuntos Exteriores en su propuesta inicial. Además, señor ministro, desde el sentido común todos podemos
compartir en esa cuestión de fondo algunas ideas.



En primer lugar, en esta materia no podemos caer en el alarmismo porque, a pesar de que las cifras, las imágenes y el drama humano que se esconden detrás de estos movimientos de personas son contundentes, es bueno y necesario recordar que
nuestro principal problema de inmigración irregular no está en las islas Canarias, sino que se produce en los aeropuertos, especialmente en el de Barajas, y en las propias fronteras terrestres de España. En segundo lugar, somos conscientes de que
la mejora del control de las fronteras del Estrecho de Gibraltar y de


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las fronteras de Ceuta y Melilla y que el mayor compromiso de Marruecos en controlar la inmigración que salía desde el Sáhara Occidental ha provocado la aparición de nuevos focos de origen de esa inmigración irregular: Mauritania y Senegal.
Estamos convencidos, en tercer lugar, señor ministro, de que en este contexto hay una cuestión que no corresponde estrictamente a su ámbito de actuación, pero que está ahí también, que es el problema de los inmigrantes inexpulsables, aquellos
extranjeros con orden de expulsión que no son reconocidos por sus países de origen o por los países de tránsito. Un problema grave que volvemos a ver estas semanas en Cataluña. También partimos de la convicción de la alarma social que hoy
continúan generando los movimientos migratorios en una opinión pública que sigue instalada en la convicción de que el Gobierno es incapaz de controlar esos flujos. Finalmente —perdone esa sensación, pero las encuestas del CIS lo expresan de manera
muy clara y evidente— está el drama humano, expresado por esas cerca de 1.000-1.500 personas que han muerto en el Atlántico intentando llegar a las islas Canarias, como recordaba recientemente la Agencia de control de fronteras de la Unión Europea.
Son puntos de coincidencia del conjunto de los grupos de la Cámara.



Señor ministro, permítame un punto de no coincidencia, la crítica que Convergència i Unió le quiere formular. Tenemos la sensación de que el Gobierno en esta materia durante estos meses ha ido a remolque de los acontecimientos. Desde las
crisis de las vallas de finales del año pasado hasta esta nueva crisis no hemos tenido la sensación de que aquellas medidas que se anunciaban tuviesen efectiva capacidad de implementarse.
Hoy leíamos que la primera patrullera destinada a reforzar
la cooperación con Mauritania salía a estas horas desde Galicia hacia las costas africanas, y en todo caso tanto la capacidad de las mafias de encontrar nuevos puntos de salida como la propia inventiva de los africanos para llegar a Europa van más
rápido que las respuestas que desde el Gobierno se es capaz de impulsar. Por lo tanto, en este sentido nuestra posición es de crítica.



Señor ministro, le expreso en nombre de Convergència i Unió el pleno apoyo a cualquier medida que impulse el Gobierno destinada a contener la presión migratoria que sobre las islas Canarias se está produciendo: el despliegue de más medios
marítimos y aéreos, la puesta en marcha del control vía satélite, la colaboración policial que podamos establecer con los países de origen y tránsito, el reforzamiento de los operativos humanitarios de acogida a las personas que llegan a las playas
de las islas Canarias, el pleno respeto a los derechos humanos de estas personas, la puesta en marcha de una política creíble de devolución de inmigrantes en situación irregular, es decir, todo este conjunto de medidas que en las últimas horas ha
anunciado el Gobierno va a contar con nuestro apoyo. Estamos convencidos —y también lo está usted— que esas medidas no van al fondo de la cuestión, que necesitamos políticas a medio y largo plazo que sean capaces razonablemente de crear las
condiciones para evitar que desaparezcan las causas que generan las migraciones. De ahí el interés, que nuestro grupo tuvo en su día en la iniciativa que usted anunció, de que en la reunión del mes de julio en Rabat Unión Europea-África para
abordar el reto de la emigración seamos capaces de expresar el compromiso de España y el de la Unión Europea en el desarrollo de África. Para la política exterior y la política de inmigración de España y de la Unión Europea África debe constituir
una nueva prioridad.



Señor ministro, necesitamos avanzar con esfuerzo —que no es fácil, porque es más plausible expresarlo en el discurso y mucho más difícil construirlo en la política pública— en la vinculación de nuestra agenda de emigración y nuestra agenda
de desarrollo. Hasta ahora estas agendas han sido paralelas; las políticas de cooperación al desarrollo no han tenido vinculación con nuestras políticas de inmigración. Hoy en el contexto de la Unión Europea y de la comisión global que Kofi Annan
ha impulsado en el marco de Naciones Unidas sobre esta materia y en un reciente libro del ex diputado socialista francés Sami Naïr se clama por la necesidad de vincular las políticas de inmigración con las políticas de desarrollo en una visión
estratégica orientada, por un lado, a contener los flujos migratorios y, por otro lado, a aprovechar la capacidad de los propios movimientos migratorios de constituirse en un factor de desarrollo de los países de origen de esas migraciones.



Mi grupo, con esta interpelación que le plantea esta tarde, pone encima de la mesa dos cuestiones de fondo. En primer lugar, ¿qué política va a plantear, qué propuestas va a efectuar el Gobierno en la cumbre de Rabat del próximo mes de
julio? Por lo tanto, en el contexto de las propuestas que se habrán formulado en el seno de la Unión Europea en los últimos días —recuerdo que el señor ministro ha tenido reuniones en este sentido en Bruselas—, queremos conocer la posición de fondo
que se va a mantener en Rabat. Al mismo tiempo, señor ministro, le solicito su complicidad para activar un proceso parlamentario bloqueado. Esta misma mañana lo hablábamos en la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo. Hace cerca de un año el Pleno del Congreso tomó en consideración una proposición de ley de Convergència i Unió para incorporar a nuestra política de cooperación al desarrollo ese vínculo con la política de inmigración.
Tuvimos un periodo de escucha, señor ministro, en el seno de la Comisión de desarrollo; tenemos puntos de vista diferentes sobre cómo debemos de abordar esa vinculación, pero para Convergència i Unió esta nueva crisis que se está produciendo en las
islas Canarias nos obliga a desbloquear el proceso parlamentario de esa proposición de ley y a ser capaces de articular una vinculación efectiva de las políticas de inmigración con las políticas de desarrollo en la Ley de Cooperación al De-sarrollo.
Nos gustaría también, señor ministro, que esta iniciativa supusiese un avance en esa línea, entre otras cuestiones porque, si me permiten, necesitamos incorporar en nuestra relación con los países emisores de inmigración algunas consideraciones más
amplias de las que hasta ahora hemos incorporado. Por ejemplo, a los


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países africanos les estamos exigiendo convenios de readmisión para sus nacionales que acceden a nuestras costas de manera irregular; estamos exigiendo a aquellos países que incumplen los convenios de readmisión que tienen firmados, como
Marruecos respecto a nacionales de terceros países y a mauritanos, que los cumplan, pero al mismo tiempo no somos capaces de poner sobre la mesa ninguna propuesta para organizar en positivo la movilidad de las personas que provengan de países
africanos. Este es un debate que hemos de ser capaces de plantear. Al mismo tiempo, y a pesar de que el Gobierno ha asumido un compromiso en el marco de la alianza contra el hambre y a pesar de que la señora Torrado ha presentado una proposición
de ley interesante sobre remesas, continuamos con una política en materia de remesas orientada a facilitar su estímulo y a que sean capaces de generar empleo y riqueza en África. Son cuestiones, señor ministro, que mi grupo entiende necesario
plantear en esa vinculación entre inmigración y desarrollo, en la perspectiva del medio plazo de la contención, de la regulación, de la canalización de los flujos migratorios.



Hoy no queremos hacer esta interpelación tan solo al hilo de lo que está sucediendo en Canarias, sino con la voluntad de impulsar una política a medio y largo plazo que sea útil al objetivo que queremos compartir, y es que la inmigración
deje de ser una desgracia para los ciudadanos africanos que se ven obligados a optar por ella como única solución vital.



Gracias, señor ministro.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.



Continuamos con la contestación a esta interpelación. Tiene la palabra para llevarla a cabo el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.



En primer lugar quiero agradecerle a S.S. y a su grupo que haya aceptado el retraso en esta interpelación que, como bien ha señalado, se debía a la agenda siempre compleja de un ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Quiero
agradecerle que hoy abordemos esta interpelación y que tratemos de manera seria y muy comprometida, como ha dicho S.S., la cuestión de los flujos migratorios de origen africano en la perspectiva, como bien señala la interpelación, de esa Conferencia
ministerial euro-africana sobre el binomio migración y desarrollo que tendrá lugar en Rabat los próximos días 10 y 11 de julio.



Es verdad que hoy abordamos este problema bajo el impacto de las imágenes del sufrimiento, de la tragedia que están viviendo en las islas Canarias y que llevan a nuestro sentimiento la llegada de todos estos cayucos y de todos inmigrantes
subsaharianos a las costas canarias. Por tanto, el que haya pasión hoy también nos permite reflexionar y agradecer a su grupo —como también al Gobierno— que no solamente hoy abordemos este tema puesto que ya llevamos una serie de meses
reflexionando y actuando con ese compromiso político que ha señalado su señoría. De ahí que inmediatamente le pueda señalar en estos momentos que, dada la situación grave que está viviendo Canarias, el Gobierno, como ya anunció la vicepresidenta,
en esa reunión que mantuvo con distintos ministerios, tanto con el Ministerio del Interior como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como con el Ministerio de Trabajo, tomó una serie de medidas que ha mencionado su señoría
—control aéreo, control marítimo, empleo de un satélite, envío de patrulleras a Mauritania y traslado de personal diplomático a la región— para mitigar y buscar soluciones inmediatas a la actual crisis. En definitiva, se trata de medidas que dan
continuidad y que refuerzan las que ya decidió el Gobierno en un marco más amplio, que prevé, como señalaré más adelante, acciones tendentes —como bien indicaba S.S.—al desarrollo de los países de origen, cuyos resultados espero que puedan verse a
medio y largo plazo.



Ayer mismo me reuní en París con los presidentes de Senegal, Malí y Guinea Bissau, y con el primer ministro de Níger, les hice entrega de una carta del presidente del Gobierno sobre la situación dramática —antes mencionada— que viven las
islas Canarias, y puedo señalarle que la respuesta fue positiva y que van a tratar de corresponsabilizarse para gestionar juntos —es la única manera de hacer frente a este problema— esta situación trágica que todos vivimos. Todos ellos también me
confirmaron la voluntad de estar presentes en la cumbre Unión Europea-África, que es el objeto de esta interpelación.



Permítanme que antes de entrar en el fondo de la interpelación haga unas breves reflexiones de carácter general que ayudarán a esta Cámara a fijar mejor el contexto en que se sitúa la conferencia de Rabat. Las migraciones no son un fenómeno
nuevo en el ámbito euro-africano; lo que sí es nuevo es la variedad, la intensidad del fenómeno, y sobre todo la previsible aceleración de la propensión a emigrar desde el continente africano, dada la persistencia de factores estructurales, como
los desequilibrios demográficos y las desiguales expectativas de bienestar entre las sociedades africanas y europeas. Ello convierte a la emigración en uno de los principales retos para las sociedades y los Estados europeos y africanos, y en una
cuestión de máxima prioridad en la agenda de trabajo entre África y Europa.



Este es un desafío que, lógicamente, afecta de manera muy directa a nuestro país, en su doble condición de ser frontera sur de la Unión Europea y destino preferente de la inmigración que se dirige al espacio europeo. En una evolución casi
sin precedentes por su rapidez, España ha pasado de ser un país de emigrantes a convertirse en un país de inmigración. Cuando aún reside fuera de España cerca de millón y medio de antiguos emigrantes e hijos de emigrantes españoles, la población
extranjera censada en nuestro país ha alcanzado la cifra de 3.700.000, lo que iguala la tasa de los países europeos de más larga tradición migratoria. Para hacer frente a esta cuestión, el


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Gobierno español ha puesto en marcha una política integral de emigración que parte del principio de que los flujos migratorios son positivos siempre y cuando estén bien regulados, pero son perjudiciales para todos los afectados si se
producen en un contexto de clandestinidad. Asimismo, esta política trata de atender de manera equilibrada las tres dimensiones del hecho migratorio: la satisfacción ordenada de la demanda de mano de obra extranjera en el mercado laboral español,
la integración social de la población inmigrante y la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas.



La inmigración de origen subsahariano, en particular, plantea un problema de especial dificultad. En efecto, lo que caracteriza a los flujos migratorios subsaharianos, como bien ha señalado S.S, no es el volumen, relativamente reducido en
el contexto global de la inmigración en España —115.000 inmigrantes subsaharianos frente a un total de 2.800.000 extranjeros con tarjeta de residencia—, sino las circunstancias, muchas veces trágicas, que rodean los intentos de entrada en territorio
europeo, como ha sido el caso de los incidentes de Ceuta y Melilla o las recientes oleadas de inmigrantes en las islas Canarias.



En este contexto encuentra todo su sentido la convocatoria de esta Conferencia ministerial euro-africana sobre migración y desarrollo. En efecto, la conferencia surge por iniciativa de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
Marruecos y España. Cuando visité Rabat después de la crisis que se vivió en Ceuta y Melilla, esta fue una de las iniciativas que pactamos el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España para hacer frente a este desafío conjunto, que no lo es solo
de Marruecos y España, sino de toda la Unión Europea, así como de los distintos países de origen, de tránsito y de destino.



La conferencia, a la que están invitados todos los países europeos, los países del Magreb y los principales países de África occidental y central, parte de la constatación de que los flujos migratorios irregulares desde África occidental y
central están caracterizados por su motivación económica y social, por el uso de rutas terrestres, marítimas y aéreas, estructuradas y controladas en todo o en parte por redes de delincuencia organizada y por el tránsito por distintos países en
condiciones precarias que muchas veces conducen a la pérdida de vidas humanas. Se trata, sin duda, de un fenómeno multidimensional en el que se mezclan factores estructurales y coyunturales que exige, por tanto, un enfoque que sea al mismo tiempo
urgente, pragmático e integral, y ello solo puede conseguirse desde la corresponsabilidad de todos los países de origen, de tránsito y de destino a lo largo de las rutas migratorias y desde la constatación de que existe una estrecha
complementariedad, como bien ha señalado S.S., entre migración y desarrollo. Volveré sobre ello.



Partiendo de esta base, la Conferencia euroafricana se propone crear un modelo regional de diálogo enfocado hacia dos grandes objetivos, que se concretarán en un plan de acción de medidas a corto y medio plazo. El primero, la gestión
ordenada de los flujos migratorios entre el África subsahariana y la Unión Europea y, el segundo, el fomento de las sinergias positivas entre migración y desarrollo. El primer objetivo de la conferencia, como señalo, es, por tanto, conseguir que
los países implicados en las rutas migratorias aborden de manera concertada las distintas secuencias del proceso migratorio, es decir, la emigración, la inmigración, la integración y el retorno, con el fin de maximizar los beneficios y disminuir los
riesgos de la migración para todos los implicados, y en particular para los propios inmigrantes. A estos efectos, el Plan de acción de la conferencia propone, entre otras medidas, las siguientes. En primer lugar, el refuerzo de las capacidades
logísticas, materiales y humanas de los países africanos. En segundo lugar, el desarrollo de la cooperación judicial, policial y operativa entre todos los países implicados para luchar contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. En
tercer lugar, el fomento de la cooperación para el retorno a sus países de origen de las personas en situación irregular, mediante la conclusión de acuerdos de readmisión y la aplicación del artículo 13 de Cotonou. En cuarto lugar, la adopción de
medidas para facilitar la emigración legal de trabajadores, con una atención especial a la emigración de carácter circular y temporal. En quinto lugar, reforzar en los países de destino la política de lucha contra las estructuras que favorecen el
empleo irregular de inmigrantes.



El segundo gran objetivo de la conferencia es profundizar los lazos entre migración y desarrollo y parte de la constatación de que la diferencia entre las expectativas de bienestar entre las distintas sociedades es el principal motor de la
inmigración. Este planteamiento se concretaría en una serie de acciones y medidas que irían en las direcciones siguientes: refuerzo de las capacidades administrativas y judiciales y buena gobernanza de los países africanos; promoción del
desarrollo sostenido de los países africanos; identificación y realización de proyectos de cooperación generadores de empleo en la zona de fuerte emigración; fomento de la integración económica regional africana; promoción de la cooperación
tripartita entre países africanos, países del Magreb y de la Unión Europea; abaratamiento del envío de remesas, creación de fondos de microcréditos, apoyo financiero y técnico a los emigrantes que deseen retornar voluntariamente y desarrollar un
proyecto empresarial; facilitar el acceso de los países africanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Medidas, en definitiva, todas ellas, para evitar la fuga de cerebros y promover el retorno voluntario de los
estudiantes africanos desde Europa.



Permítanme concluir subrayando que la Conferencia euroafricana de Rabat no es una iniciativa aislada en el contexto del diálogo entre Europa y África, sino que se integra en el marco más amplio del enfoque global sobre migraciones, adoptado
por el Consejo Europeo de diciembre y centrado en la inmigración de origen africano. El enfoque, elaborado a raíz de las propuestas españolas y francesas de Hampton Court, constituye la expresión más completa hasta la fecha de la política
migratoria de la Unión. En definitiva, el desarrollo de


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África es para España una acción estratégica que va más allá del control de la inmigración, pero no cabe duda de que el desarrollo de África puede contribuir a reducir la propensión a emigrar, al mismo tiempo que la emigración legal y el
retorno de los emigrantes pueden actuar, a su vez, como potentes factores de desarrollo en los países de origen. La creación de este círculo virtuoso es, en último término, la gran ambición con la que España acude a la conferencia de Rabat.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.



Pasamos a los turnos de réplica. Comenzamos por el señor Campuzano.
Adelante, cuando quiera.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, gracias, señor ministro.



Haré algunas consideraciones en una primera intervención en la que tenemos coincidencias de fondo muy significativas. También su intervención me tranquiliza en un aspecto. Habían aparecido informaciones en los medios de comunicación, y me
gustaría que en nuestra segunda intervención me pudiese aclarar eso de manera definitiva, de incertidumbres sobre la celebración de esta reunión por la posición que Argelia mantenía respecto a la misma y sobre la posible actuación diplomática de
Argelia convenciendo a otros países africanos, países con emigración de origen, para que no asistiesen a la conferencia de julio. Me ha parecido leer en los medios de comunicación que en sus reuniones de París ayer confirmó esa presencia de esos
países africanos y hoy lo confirmaba desde la tribuna. Nos gustaría tranquilizarnos sobre que efectivamente esta reunión de Rabat va a permitir que el conjunto de los países africanos asista a la misma para garantizar su plena efectividad. Sobre
esta cuestión, como siempre, planean las incertidumbres de que las malas relaciones entre Argelia y Marruecos terminan afectando a la capacidad de Marruecos y de Argelia de jugar el papel que deben jugar en la regulación y en el control de los
flujos migratorios. En este sentido la idea de la corresponsabilidad de Europa y de África para abordar conjuntamente los retos de la emigración es una idea que compartimos plenamente.



En segundo lugar, señor ministro, si me dice que la conferencia va a tener en su título y en su contenido esa vinculación entre emigración y desarrollo, mi grupo lo aplaude y redunda más en esa necesidad que le expresaba de dar salida
parlamentaria y de dar salida legislativa en el próximo periodo de sesiones a la necesidad de modificar la Ley de cooperación internacional para el desarrollo con el fin de incorporar la dimensión de la emigración. En 1998, cuando esta Cámara
aprobó la Ley de cooperación internacional para el desarrollo, España empezaba a ser una sociedad que percibía la emigración como un reto y, en la medida que empezábamos, los legisladores de aquella legislatura —entre los que me encuentro— no fuimos
capaces de ver que esa vinculación era necesaria. Si hoy esta Cámara legislase otra ley de cooperación al desarrollo incorporaría en sus previsiones la dimensión del fenómeno migratorio. Me parece que la filosofía que el señor ministro ha
expresado en su intervención, y que es la que intuyo se va a reflejar en la reunión de Marruecos, debe también recogerse en nuestra legislación de cooperación.



En tercer lugar, señor ministro, ante la pobreza y el desastre de África con una economía que no crece, con unos índices de fecundidad en África de 5,4 hijos por mujer en edad fértil —el índice de fertilidad más alto de todo el mundo—, con
cerca de más de 1.200.000 personas que mueren al año de malaria, más de 3 millones de personas que mueren al año de sida, más de 3 millones de personas que mueren de hambre en África, con importantísimos retos ecológicos, con corrupción asociada al
descubrimiento del petróleo, con guerras distribuidas a lo largo del continente, en esa realidad hemos anunciado la Unión Europea, el Gobierno español y Naciones Unidas multitud de planes, actuaciones e iniciativas que no han sido capaces de
resolver esa realidad.



Hoy en El País Jeffrey D. Sachs hace una defensa de que la cooperación sirve, que la ayuda al desarrollo sirve y yo coincido con esa afirmación, pero, señor ministro, África necesita algo más que nuestros discursos, incluido el mío de esta
tarde. Necesita que seamos capaces de articular políticas eficaces en el campo del comercio, en el campo de la deuda externa, en el campo de la lucha contra la corrupción, en el campo de la Ayuda Oficial al Desarrollo que hasta ahora no hemos
impulsado. Felipe González en unas declaraciones hace un tiempo venía a decir que si él tuviese 20 años y viviese en África lo que haría sería cruzar en una patera para llegar a Andalucía o a las islas Canarias y que, si le devolviesen, lo volvería
a intentar. En el fondo esa idea que expresaba el ex presidente del Gobierno la compartimos y es la que nos debe obligar a que nuestros discursos —el suyo, el mío y el de todos nosotros— vayan más allá de la retórica y que, efectivamente, esos
buenos propósitos que anunciamos los pongamos en práctica.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano, muchas gracias.



Turno de la dúplica del señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta, gracias, señoría.



Iniciaré la dúplica compartiendo con S.S. el análisis de fondo, el compromiso político. Esta Cámara, todas las fuerzas políticas tenemos que estar comprometidos políticamente en sacar adelante esa relación nueva con el continente africano
y, por tanto, ser capaces de regular o facilitar esta crisis de flujos migratorios de ilegales hacia Europa, pero el problema es serio, grave y no va a tener una solución inmediata.



El segundo elemento que todos debemos compartir es que es un problema de corresponsabilidad, pero de corresponsabilidad de toda esta Cámara, de todas las


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fuerzas políticas, de la sociedad española, de toda Europa y de todos los países de origen, de tránsito y de todo el continente africano. No nos engañemos: o toda la comunidad internacional se involucra de manera decidida con ideas claras
como las que se han expresado esta tarde al relacionar emigración y desarrollo o difícilmente podremos sacar adelante al continente africano. Por tanto, compromiso político, movilización de todos y tener la convicción de que no es un problema que
se pueda resolver en 48 horas. Necesita tiempo, necesita persistencia y necesita una trayectoria y una política bien diseñadas.



Quisiera volver a tranquilizarle en relación con la Conferencia euroafricana de Rabat. Tendrá lugar, habrá una gran participación de países africanos, participará toda la Unión Europea, desde el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia,
que tiene interés en defender y mostrar esa solidaridad hacia el sur, hasta todos los países esenciales que han sido invitados. Yo espero todavía que Argelia también participe. Hay un problema de relaciones y de sensibilidades que lleva a Argelia
a defender una conferencia global Unión Africana-Unión Europea, pero no es una alternativa, es algo complementario. Hemos dicho a nuestros amigos argelinos que participen en la conferencia regional y que luego tendremos, posteriormente, una
conferencia global sobre inmigración del continente africano con la Unión Europea. Estoy convencido de que al final participará Argelia. Si no participa es su derecho, son libres de no participar, pero los flujos y los países implicados en la ruta
—lo que nos preocupa a España y preocupa a Europa— estarán presentes. Habrá una reunión preparatoria en Rabat a finales de este mes y le puedo señalar que se está trabajando en un comité de pilotaje para organizar y desarrollar esa conferencia. Mi
intención es que incluso haya una representación parlamentaria española que pudiese estar como observadora y participara en los trabajos de la conferencia.



Tercer elemento que ha mencionado. No basta una política de ordenación de los flujos migratorios, hace falta dedicarse plenamente a África. Yo sé que hubo muchas críticas a un viaje que hice a África. Fui el primer ministro de Asuntos
Exteriores que decidió ir al África profunda, estuve en el país más pobre de África y recibí muchísimas críticas preguntando qué hace el ministro de Asuntos Exteriores en África. Hoy todo el mundo reclama una mayor involucración y un mayor
compromiso con el continente africano. Quizá llegué demasiado tarde. Tendría que haber ido antes a África y también otros gobiernos, pero ahora no es momento de extraer conclusiones, sino de aprovechar la ocasión sabiendo que en España existe una
sensibilización favorable a ayudar al continente africano, porque el continente africano, como decía Federico Mayor Zaragoza, no es un continente pobre, sino empobrecido, no es un continente viejo, sino joven, con oportunidades y esperanza, no es un
continente desesperado, sino un continente que mira hacia el norte porque quiere vivir y compartir sus recursos. Con la proposición no de ley podremos avanzar conjuntamente para que esta Cámara y todas las fuerzas políticas españolas tomen en serio
esta política de Estado, una política para controlar los flujos migratorios, pero con una visión mucho más ambiciosa y generosa que ayude al continente africano a salir de la situación dramática que vive. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.



— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL Y LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA HACERLE FRENTE, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 172/000187.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, en particular de la señora Barkos, sobre la deslocalización industrial y las medidas previstas para hacerle
frente, con especial atención a la Comunidad Foral de Navarra. Para formular esta interpelación, como no podía ser de otra manera, tiene la palabra precisamente la señora Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro de Industria, empezaré por asegurarle que, si mis intervenciones son habitualmente concretas y muy muy concisas, hoy lo van a ser con especial intención dado lo apretado del Pleno y por ninguna otra razón. En cualquier caso,
lo apasionante, lo importante, lo urgente del objeto que trae a la Cámara esta interpelación me obliga a detenerme especialmente en algunos datos de última hora.



Nafarroa-Bai trae hoy al Pleno de la Cámara un debate que no es nuevo en absoluto, que se ha planteado a lo largo de esta y de otras legislaturas, pero me centro en la actual, de manera reiterada, en forma de numerosas iniciativas además y
que siempre cuenta —esto es verdad— con el consenso declarado de todas las partes. Lo cierto es que en el ecuador de la legislatura seguimos analizando la cuestión sin haber dado con un escenario de trabajo y herramientas que a día de hoy hayan
echado a andar o sin que al menos de una manera efectiva, y esto es objeto también de esta interpelación, hagamos un balance en el ecuador. Es verdad que la iniciativa parlamentaria —quería recordarla esta tarde aquí— ha acometido un escenario
teórico importante, ambicioso, en el seno de la Comisión de Industria, como es la creación de una subcomisión referida al caso, a la deslocalización. Es cierto que han sido meses intensos de comparecencias de expertos, cuyas impresiones sin duda
van a servir de base para plantear por parte de la Cámara Baja iniciativas al Gobierno, pero entendemos que es el Ejecutivo, y muy en concreto, no solo pero muy en concreto, el ministerio que usted dirige, señor Montilla, el principal responsable de
establecer medidas de choque. Pues bien, como decía


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antes, en el ecuador de esta legislatura nos encontramos con que la acción del Gobierno en este terreno no se está haciendo notar o al menos no con la contundencia necesaria para hacer frente a este problema, porque en muchos casos no es un
problema previsible, sino real. Los ejemplos de esto que estoy diciendo, señorías, se nos pueden venir fácilmente a la mente de todos los presentes en esta Cámara, referidos a todos los puntos de cierta actividad industrial en el Estado,
fundamentalmente en el sector de la automoción, en el de la industria tecnológica y en el del textil.



Con respecto al primero de estos sectores, el de la automoción, en el mismo arranque de la legislatura usted recordaba su importancia no solo por su papel fundamental, lógicamente, en la balanza de pagos, sino porque la automoción garantiza
actualmente miles de puestos de trabajo en el conjunto del Estado español, además de su contribución evidente y fundamental a la empresa auxiliar. Entonces —estoy hablando de una intervención suya en Sevilla en julio de 2004, si no recuerdo mal—
usted insistía en la necesidad de no hacer un balance triunfalista —como digo, señor Montilla, son palabras suyas, si mi documentación es correcta, que entiendo que sí—, sino simplemente decir que problemas a corto plazo no tenemos —se refería usted
al terreno de la deslocalización—, pero los podemos tener a medio y largo plazo si no hacemos los deberes. Como digo, son declaraciones de julio de 2004. A día de hoy, dos años después, señor ministro, surgen dos preguntas. Primero: ¿Mantiene
hoy, en mayo de 2006, que no tenemos problemas de deslocalización a corto plazo? Segundo: ¿Se han hecho los deberes, se han tomado las medidas oportunas, señor ministro, para seguir afirmando hoy que la deslocalización no es un peligro que nos
afecta a corto plazo? Esta es una de las preguntas que dejo para este primer balance. Sé que esta es una tarea que afecta e implica a muchas partes: Administración central y administraciones autónomicas —¡faltaría más!—, agentes sociales y
también —lo reivindicamos desde aquí— a la iniciativa privada. pero es en la Administración, en este caso me dirijo a la Administración central, en la que recae la tarea principal de dibujar —decía antes— el escenario de juego para fabricar
herramientas efectivas y herramientas —en esto quiero insistir mucho— no solo contra la deslocalización, sino para encarar el problema de la deslocalización, para hacerle frente y para encontrar alternativas. Este aspecto nos parece fundamental en
el espíritu, a la hora de batallar contra la deslocalización, para hacerle frente. Si bien es cierto que el empleo industrial se reduce inexorablemente en las sociedades avanzadas —la nuestra lo es en términos comparativos—, también es verdad que
esa reducción no puede ser a costa del empobrecimiento resignado de aquellos segmentos de la población cuyas rentas provienen exclusivamente del sector industrial. Esto sería enormemente injusto.
Esto sería creador de serias desigualdades en
nuestra sociedad. En definitiva, no se trata solo de trabajar en medidas de contención a la hora de hacer frente a la deslocalización, sino que en Nafarroa-Bai entendemos que se trata de trabajar en alternativas y —añado yo— en alternativas
tecnológicas principalmente. Este es un punto de encuentro obvio, pero al que le corresponde ya un primer balance que espero que podamos escuchar hoy aquí, señor ministro. Hablo de balance, porque las medidas ya las anunció su ministerio hace algo
menos de un año: una inversión de 375 millones de euros, 200 millones anuales a través de un fondo de capital riesgo para 130 empresas tecnológicas y otros 175 millones de euros para 2.900 firmas españolas; todo esto hasta 2007. Un camino
emprendido, como digo, hace poco menos de un año, que su departamento ha acompañado con acciones de otro tipo cuando la urgencia así lo requería.



Señor Montilla, quería llegar al capítulo de urgencias, porque en lo que a urgencias de tiempo se refiere en Navarra —la circunscripción a la que represento y entiendo que así debe ser en el trabajo de un diputado— conocemos bien los efectos
recientes de la deslocalización en un caso bien concreto, el de la factoría Sanyo en Tudela. Un caso que también conocen en Cataluña en primera persona; lo sé. El cierre de Sanyo, para que tengan un dato con el que entender el ejemplo, afecta a
177 trabajadores directos sobre una población que está en torno a los 30.000 habitantes en la capital de la Ribera navarra, en Tudela. Quiero que quede bien claro que estos datos se refieren exactamente a los puestos de trabajo directos, porque la
incidencia en la industria auxiliar lógicamente aumenta esta tremenda cifra. ¿Existen previsiones, señor ministro, de medidas para casos como este? Porque más allá de las competencias autonómicas, en este caso de las competencias forales, a mí me
interesa interpelar al señor ministro sobre si existe voluntad ministerial por sumar esfuerzos a la hora de apoyar casos como Sanyo.
Hasta donde sabe esta diputada —y le aseguro, señor Montilla, que me alegrará que me corrija esta tarde—, la
respuesta ministerial no ha existido en esta ocasión, en el caso de Sanyo. Entendemos que la respuesta debería estar preparada, porque casos de deslocalización como este no se producen, ni mucho menos, de la noche a la mañana.



Este es otro de los aspectos que me interesa destacar especialmente hoy.
Ni en este caso, como digo, ni en ningún otro, la deslocalización es un fenómeno inesperado, todo lo contrario, es un proceso perfectamente previsible. Esta es una
herramienta que debe jugar a nuestro favor a la hora de hacerle frente. En este caso no vale escudarse en peligros de falsas alarmas, de los alarmismos innecesarios. Estoy de acuerdo que en lo innecesario no debemos ahondar, pero por eso no
debemos evitar una herramienta que juega a nuestro favor y es que los procesos de deslocalización son siempre procesos previsibles. Por tanto es fundamental la detección de los núcleos de riesgo como información esencial para establecer medidas de
choque y para dar respuesta a los trabajadores afectados. Es cierto que esto ya se hace de alguna manera y en el sector más afectado, en el sector de la automoción. Quiero ponerle un ejemplo. Usted mismo, señor ministro, viajaba a Alemania el
pasado mes de enero para entrevistarse con la dirección de la


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empresa Volkswagen en su sede central. Por cierto —y permítame un apunte al margen—, este viaje oficial lo hizo usted acompañado por el conseller de Trabajo e Industria de la Generalitat, señor Rañé. Me gustaría saber si existe alguna
razón por la que el consejero navarro de Industria no fue invitado o si decidió no acudir a este viaje a Alemania que le interesaba —lo sabemos todos— igual que al señor Rañé e igual que al ministro de Industria por cuanto que no solo se iba a
hablar de Seat, sino también de Volkswagen. En cualquier caso, de aquel viaje de hace cuatro meses usted concluyó que el futuro de la planta de Volkswagen en Landaben y la de SEAT pasa por la mejora de la productividad y por la reducción de los
costes. Eso sí, dijo una cosa más: Iría bien un accionista español en Volkswagen. Señor ministro, ¿hay alguna gestión en este sentido? ¿Ha iniciado su departamento algún tipo de gestión en la búsqueda de ese accionista español que iría bien para
Volkswagen en Navarra? La otra receta, la de dejar todo a la reducción de costes, en el momento europeo actual supone agravar con una carga inasumible para quien tiene en sus manos una sola herramienta, la de la reducción de los costes salariales,
una carga inasumible, en definitiva, para los trabajadores.
Es una respuesta —creo que coincidiremos— inasumible por parte de la Administración hacia los trabajadores y hacia sus representantes sindicales. Señor ministro, en estos momentos se está
produciendo, como bien sabe, la negociación de un convenio colectivo que está resultando francamente bronca y dolorosa en Volkswagen-Navarra. Hoy señalaba el secretario general de Comisiones Obreras que Volkswagen-Navarra es la única fábrica del
sector en el conjunto del Estado español donde se han reducido los salarios un 10 por ciento para salvar la situación del mercado. Mi pregunta es: ¿La reducción de los costes salariales es la única receta para poder hacer frente a la
deslocalización? Porque si es así, digámoslo. Yo entiendo que no, que hay otras posibilidades. Lo cierto es que las cosas han quedado así y hoy nos encontramos con que el futuro de Volkswagen, que en enero no le preocupaba tanto al ministro
Montilla, según sus declaraciones, hoy sí le preocupa. Hace dos semanas señalaba concretamente, son palabras textuales suyas: Es la única planta del grupo que me preocupa. Entiendo que son palabras correctas. Pocos días después el mensaje se
agravó por la insistencia cuando dijo usted, señor ministro, que hay nubarrones e incógnitas para la industria española de la automoción. En el caso concreto de Volkswagen pide usted negociación, pues en caso contrario pueden perderse
oportunidades. Señor ministro, negociar se está negociando. Yo supongo que cuando dice usted negociar lo que pide son posiciones concretas o a la dirección de la empresa o al comité de empresa. Me gustaría que nos lo aclarara. También me
gustaría muy especialmente que nos aclarara hoy a qué se refiere con que pueden perderse oportunidades. Le pido claridad meridiana, señor ministro, porque en torno a este asunto las relaciones de las partes, sobre todo de las partes políticas y las
relativas a las administraciones concernidas, se están complicando por momentos, eso sí, siempre en contra de los intereses de los ciudadanos.



Señor ministro, quiero decir esta tarde en la Cámara que no comparto en absoluto —se lo aseguro— las afirmaciones que hacía hace una semana el presidente de mi comunidad, en las que dijo que cuanto menos intervenga usted —el ministro
Montilla— en el caso Volkswagen, mejor. Pero el señor Sanz dijo bastante más, y yo quiero que usted nos responda esta tarde. El presidente Sanz afirmaba en una comparecencia en Madrid que hay quien piensa que pueden llevarse parte de la producción
de Volkswagen a Sudáfrica e incluso algunos dicen que podrían llevarse parte de la producción a Cataluña, porque la plataforma donde se hace el Ibiza es muy similar a aquella en la que se construye el Polo. Por eso —seguía diciendo en sus
declaraciones—, cuanto menos intervenga en esto el ministro Montilla, mejor. Señor ministro, afirmaciones de estas características requieren respuesta ya, y yo la espero esta tarde.



Muchas gracias, señor ministro, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos, muchísimas gracias.



Continuamos, señorías, con la respuesta a esta interpelación de la señora Barkos por parte del señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora presidenta, señoría, la deslocalización, como usted sabe, es el resultado del imparable fenómeno de la globalización económica que viene provocada por el aumento
de los intercambios de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales. En los últimos años este proceso de globalización se ha acelerado con la incorporación de nuevos países al escenario del comercio internacional y con el
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información que permiten conectar todos los mercados en tiempo real. La ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004, la pujanza de las economías asiáticas, fundamentalmente de China y la India, y el
anuncio de diversos procesos de desinversión de empresas multinacionales en Europa y en Estados Unidos han provocado una creciente preocupación sobre la deslocalización tanto en España como en otros países desarrollados. La prueba es la atención
que le han prestado algunas reuniones del G-8, como usted muy bien conoce. Por tanto, nos enfrentamos al reto de adaptar nuestras economías a esta nueva división internacional del trabajo. Como usted sabe, a las empresas no se las puede retener
por decreto sino creando condiciones para que no se marchen, para que inviertan y para que sigan generando riqueza y empleo, en este caso, en nuestro país. A lo largo de las décadas ha habido y habrá empresas que cierren aquí y en otros países, así
ha sido, y también habrá empresas nuevas que se instalen, algunas provenientes de fuera y otras gracias a la iniciativa emprendedora de ciudadanos españoles capaces de crear empleo, de crear riqueza y, sobre todo, de crear productos con más valor
añadido, partiendo de la base de


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que en este mundo globalizado cada vez es más difícil, por no decir imposible, competir con las economías de determinados países en costes laborales. El Gobierno está trabajando en esa línea, obviamente, con las limitaciones que usted sabe
que tenemos los Estados europeos en materia de política industrial. Los regímenes de ayudas están muy condicionados por la legislación comunitaria y los instrumentos de los que disponen los Estados nacionales para hacerlo son también muy limitados
a este respecto. Estamos trabajando, y prueba de ello son el Plan de dinamización de la economía; el programa nacional de reformas aprobado en el mes de octubre; el Plan Ingenio 2010; el Plan Consolider; el Plan Cenit, al que usted ha hecho
alusión; los grandes proyectos de cooperación del sector público y del sector privado en investigación, agrupando pymes, grandes empresas y centros públicos de investigación, en definitiva, aunando esfuerzos; el Plan Avanza; el Plan Neotec,
firmado hace muy pocos meses, y también en esa línea va el Plan para la mejora del crecimiento y el empleo, firmado hace unos días por los agentes sociales, las organizaciones patronales y el Gobierno. También es fundamental la apuesta de este
Gobierno por el incremento de la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación. Todo ello no persigue sino adaptar nuestra estructura económica a esta situación global, sin entrar en algunos otros temas que serán objeto de
discusión en esta Cámara, concretamente mañana. Me estoy refiriendo a la reforma fiscal. Aligerar la carga fiscal de las empresas es también un instrumento que ayuda a generar empleo, a mantener la riqueza y a luchar contra la deslocalización.



En lo que atañe a la inversión directa que no solo hemos de tratar de mantener sino de atraer de otros países, la actuación más relevante ha sido la creación de la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones, que está
operativa justamente desde hace un par de meses y que pretende promocionar la imagen de España como destino de inversión directa asociada a un país que ya no es el de los años setenta, con pocas infraestructuras, mano de obra poco cualificada y, por
tanto, barata, sino un país competitivo, moderno, innovador, crecientemente internacionalizado, dotado de recursos humanos y tecnológicos y adecuado a este proceso de globalización de los mercados y de las economías. Es una sociedad que tiene, por
supuesto, el objetivo de captar inversiones exteriores y prestar servicios de valor añadido a los inversores extranjeros ya establecidos para mantener la inversión y fomentar la reinversión. Para ello, esta sociedad, en estos escasos meses, ha
aprobado un plan de desarrollo y reinversión que resulta de especial interés para tratar de evitar esas posibles deslocalizaciones. También tiene entre sus objetivos establecer líneas de colaboración con las instituciones en el ámbito estatal,
autonómico y local. Están manteniendo reuniones en estos momentos con todos los responsables de las comunidades autónomas, especialmente con aquellos instrumentos de las comunidades autónomas que se dedican a la promoción y a la atracción de
inversiones que permiten establecer —y yo creo que han de posibilitar— una red de efecto multiplicador para la consecución de estos objetivos que antes citaba y para consolidar además a la sociedad como un punto de referencia para las fuentes de
inversión más activas en el ámbito mundial. Por último, la sociedad pretende determinar las medidas a adoptar por las diversas autoridades españolas competentes en orden a hacer las propuestas necesarias para establecer un clima de negocios que sea
favorable y atractivo a la inversión exterior. Se va a elaborar un plan estratégico que estará disponible a lo largo de los próximos meses y que marcará el camino a seguir por la sociedad durante los próximos tres años. Espero que el trabajo de
esta sociedad sea fructífero y que podamos percibir objetivos concretos en el corto y medio plazo.



Señora Barkos, dicho esto voy a referirme al caso que le preocupa en este momento y que preocupa por supuesto al Gobierno. Me refiero a la situación por la que atraviesa su comunidad. Usted ha hablado de algún caso concreto de
deslocalización de alguna multinacional japonesa.
Ciertamente en este sector de los bienes de consumo, en la electrónica de consumo, ha habido procesos de deslocalización en otras comunidades autónomas, también las ha habido en otros países
europeos. Usted lo conoce y sabrá que es un proceso francamente poco reversible.



También ha hecho referencia evidentemente a la situación por la que atraviesa la factoría navarra de Volkswagen. Quisiera comenzar manifestando el apoyo del Gobierno a la continuidad, faltaría más, de la fábrica de Landaben. Un apoyo que,
dicho sea de paso, se ha evidenciado desde el inicio de la legislatura y más concretamente desde que se iniciaron las negociaciones entre los trabajadores y la dirección de la empresa ahora ya hace muchos meses. Tanto el secretario de Industria en
varias ocasiones como yo mismo, por supuesto, hemos trabajado en varias ocasiones en este sentido. Igual estamos en condiciones de que se puedan ver algunos resultados positivos a lo largo de las próximas semanas. Yo creo que trabajando en
silencio y con discreción seguramente esto sea posible. Ahora bien, es preciso señalar que el problema que hay en estos momentos sobre la mesa se encuentra en el marco de una negociación laboral, no lo olvidemos, en la que todos deben poner de su
parte y debe resolverse en el ámbito autonómico porque, como usted sabe, es la comunidad foral quien tiene la competencia en esta materia y quien puede si acaso dictar un laudo si lo creyera pertinente, etcétera. Eso sí, el Gobierno de España está
dispuesto a ayudar a las partes a encontrar soluciones y en esa línea nos hemos movido, en la de ofrecer nuestra colaboración a aquellos que nos la han pedido. Peticiones de colaboración que, por cierto, no hemos recibido del Gobierno foral, sí que
la recibimos en su momento de la Generalitat de Catalunya y eso explica un poco por qué me acompañó el consejero, porque me lo pidió, no porque yo se lo planteara. Por supuesto, estamos abiertos —faltaría más, es nuestra obligación— a esa
colaboración.



En cualquier caso, el Gobierno foral muestra cierta contradicción cuando a pesar de esto reclama que no


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haya intervención estatal. Usted ha hecho alusión a unas declaraciones de su presidente. Sin embargo, quisiera aprovechar esta ocasión para trasladar al Gobierno de Navarra que estamos dispuestos a colaborar si él nos lo solicita, del
mismo modo que lo haremos si los agentes sociales u otras formaciones solicitan la colaboración del Gobierno. Sin ánimo de entrar en la polémica, quisiera señalar que es poco comprensible que en las acciones concretas que se han realizado, como
antes decía, la visita en este caso a Alemania o una visita a la fábrica que hizo el secretario general de Industria en junio de 2004, el Gobierno navarro haya manifestado esas injerencias por parte del Estado, máxime si tenemos en cuenta otras
comunidades y no solo Cataluña. Podría poner también el caso modélico de la colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para facilitar que el nuevo Meriva se siga fabricando en este caso en dicha comunidad, compitiendo como competía dentro del
mismo grupo con una factoría ubicada en Polonia con costes laborales más bajos. Ciertamente Polonia ofrecía unos costes laborales más bajos, pero en la competición al final ganó Aragón. En este caso, trabajamos muy decididamente y muy de la mano
con los agentes, los sindicatos y el Gobierno de Aragón. En cualquier caso, a pesar de las diversas declaraciones que se han realizado, repito que el Gobierno está absolutamente predispuesto a contribuir en aquello que se le pida para tratar de
encontrar una solución satisfactoria para las partes.



Para finalizar, señora Barkos, y en resumen, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para tratar de paliar en lo posible los efectos de la emergencia en uno de los países con costes producción más bajos y, por supuesto, los efectos que ello
pueda tener sobre las inversiones extranjeras en España. Estas medidas están orientadas a la captación y el mantenimiento de aquellas inversiones que cuentan sobre todo con más valor añadido, que requieren mayor tecnología, mayor cualificación
profesional, porque ese es el segmento en el que podemos competir. No podemos obligar a los sindicatos a que negocien salarios de Bangladesh, lo cual sería, por nuestra parte, absolutamente iluso. Ante amenazas puntuales de deslocalización
industrial el Gobierno ha prestado todo su apoyo tanto a las instituciones como a los agentes sociales, independientemente, repito, de su color político, y así lo seguiremos haciendo. En este caso no he hecho referencia a los temas salariales, sino
a que lo que en estos momentos necesitan las empresas del sector es sobre todo flexibilidad, lo cual hay que tener presente. Asimismo, hay que tener presente que el grupo Volkswagen está inmerso en una reducción global de plantilla que afecta a
centros de la propia Alemania —no se puede negociar sin tener en cuenta esta situación—, y, por supuesto, ese contexto global es lo que he tratado de trasladar en algunas declaraciones a las que usted ha hecho alusión. En cualquiera de los casos,
confío en que finalmente pueda haber un acuerdo y que dicho acuerdo garantice el futuro y, cómo no, la viabilidad de la planta de Landaben.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.



Señorías, continuamos con la réplica de la señora Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, empezaré por donde usted finalizaba, expresando también el deseo de que esta cuestión a la que nos referíamos —la de Volkswagen en Navarra— tenga la mejor de las resoluciones. Por cierto, también haré mía una de sus
afirmaciones a lo largo de esta interpelación. Decía usted que a las empresas no se les puede retener por decreto, sino creando condiciones efectivas, pues bien, precisamente este era el objeto del debate. Entendemos que la falta de medidas
efectivas concierne a todas las administraciones implicadas, pero insisto en que hoy me toca dirigirme a la Administración central. Como digo, la falta de esas medidas efectivas, eficaces frente a la deslocalización, nos lleva a casos como este que
nos sirve de ejemplo para hablar de ello, ejemplo que sin duda es el más palpable de lo urgente del asunto. Una falta total de apoyo por la vía de las medidas efectivas lleva inexorablemente a reducir al capítulo salarial la única herramienta para
hacer frente a la deslocalización. Habida cuenta del nuevo mapa de la Unión Europea, me temo muy mucho que las cosas se nos van a poner no ya difíciles, sino imposibles a muy corto plazo de tiempo. Esto que dibujo es algo tan evidente como real en
estos momentos en Navarra, por lo que, dado el dibujo que nos ha hecho usted de las relaciones con los diferentes agentes y administraciones concernidas, le pido una actuación de comunicación urgente con los representantes sindicales y quedo a la
espera de esas buenas noticias que el ministro nos dice que pueden producirse en las próximas semanas, trabajando siempre en el silencio.
Por tanto, si esto es así —y así debe ser — no le pediré más.



Asimismo, quiero saber —porque no solo quería referirme hoy a Navarra al hablar de esa especial situación de urgencia— si también existen expectativas de encontrar ese inversor español que usted citó el pasado mes de enero tras su visita a
Alemania. En cualquier caso, vuelvo a decir que este no es sino un ejemplo más de lo que el fenómeno de la deslocalización nos está trayendo al conjunto de la sociedad y del Estado. En el sector de la automoción —pero también en el tecnológico y
en el textil— se impone la necesidad de trabajar con el reto europeo como telón de fondo, pero no en términos de comparación salarial, que parece que es a lo que estamos remitidos irrevocablemente, sino en términos de competitividad, que entiendo
que es una visión positiva y capaz de hacer frente y de encarar este asunto. Señor ministro, en primer lugar —y le adelanto que esta será una de las propuestas del próximo martes—, necesitamos un diagnóstico claro en el terreno de la
deslocalización, y esto nos compete a todos, porque normalmente trabajamos excesivamente el asunto de la deslocalización mediante la política del avestruz.
Necesitamos un mapa de zonas


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ya castigadas —recientemente castigadas— y un mapa de zonas en riesgo.
Necesitamos una política activa de habilitación de suelo industrial, pero más todavía, entendemos, acometer una política generalizada y ambiciosa de parques
tecnológicos, primero, como deriva natural de los polígonos industriales —podríamos hablar incluso de reconversión de polígonos industriales en tecnológicos— y, segundo, necesitamos un plan efectivo de creación de parques tecnológicos habilitados
con perspectiva laboral y productiva de futuro. Necesitamos un plan estratégico de apoyo a la industrial auxiliar. Sé que hay planes en estos momentos que trabajan en ello, pero quizá con una mayor ambición, con una mayor fuerza. El conjunto del
Estado español cuenta con una red potente de empresas auxiliares que pueden enfrentarse con una enorme capacidad al mercado mundial, y muy especialmente al mercado europeo. Pero para ello necesitamos también una mayor conexión, un mayor
conocimiento —pero esto casi a pie de calle, ministro— de las herramientas que la propia Unión Europea pone, a día de hoy, a disposición de sus socios y de los ciudadanos de sus Estados miembros. Pongan a disposición de las empresas auxiliares —de
las más pequeñas en muchos casos, pero también de las más efectivas y de las que tienen una mayor capacidad de flexibilidad y de movilidad— un mapa claro de las herramientas y de las posibilidades que Europa supone como mercado y como plataforma de
mercado mundial. Además, seguimos necesitando también una mayor coordinación en políticas industriales —usted nos ha relatado hoy aquí cuál ha sido algún ejemplo de claro éxito en los últimos tiempos en la creación de clusters, que funcionan— y,
por supuesto, necesitamos un esfuerzo especial en infraestructuras en aquellas zonas que presentan especial riesgo de deslocalización. Me podrá decir ahora el señor ministro que este ya no es su terreno, el de las infraestructuras, y yo le voy a
decir que sí, señor Montilla; si no el económico en lo que respecta a las partidas —estamos de acuerdo—, sí el político, ese esfuerzo sí compete al ministro de Industria y yo le pediría un especial esfuerzo.



Hoy hemos conocido que el Gobierno —voy finalizando— ha sacado a información pública la declaración de impacto ambiental de la A-15 entre Soria y Tudela. Este es un capítulo fundamental para Navarra, la única vía de alta capacidad que no
tenemos en estos momentos y que debemos tener, un proyecto que lleva casi 20 años dormido en un cajón de un gobierno tras otro, de un partido tras otro. Y hoy sí me remito al Gobierno central en este capítulo concreto porque hemos conocido una
noticia alentadora. Insisto, fue un proyecto dormido largamente, una interpelación de Nafarroa Bai que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara —y termino, señora presidenta—, y tengo que reconocer que el Gobierno central, el Gobierno al que
pertenece el señor Montilla, está cumpliendo en este terreno. Yo quiero una especial implicación del ministro de Industria en materia de infraestructuras en aquellas zonas que sufren un especial peligro, como última medida de las anunciadas esta
tarde.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos, muchas gracias.



Terminamos con la dúplica del señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Adelante.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.



Señoría, me alegra que usted coincida conmigo en que a las empresas no se las retiene por decreto, sino creando las condiciones para que se mantengan, reinviertan y sigan generando empleo y riqueza en nuestro país —esa es la verdad—, y lo
hemos de hacer con aquellos instrumentos que tenemos. Aparte de voluntad, que la voluntad se presupone, en nuestro caso no solo se presupone, no tenga ninguna duda, existe y, como no podemos competir en bajos salarios, lo estamos haciendo para
tratar de mejorar la productividad para competir mejor. Eso quiere decir invertir en I+D+i y lo estamos haciendo, más de un 25 por ciento en los dos presupuestos que se han aprobado a lo largo de esta legislatura, y también en el que el Gobierno
traerá a esta Cámara en los próximos meses.
El sector del automóvil se ha beneficiado precisamente de esta política de investigación, desarrollo e innovación, se lo puedo asegurar, es uno de los receptores de ayudas; además, es uno de los que
utiliza los beneficios fiscales que prevé nuestra legislación en materia de I+D+i. Es una de nuestras ventajas competitivas respecto a otros países, en este caso de la Unión Europea. También hemos dado apoyo, por supuesto, a los parques
tecnológicos a los que usted se refiere, en algunos casos incentivando su creación y, en otros, articulando mecanismos de colaboración con el sector privado, que ha de estar de manera muy presente en este tipo de parques con las comunidades
autónomas y, en algunos casos, con las universidades. Una parte importante de los recursos de la Administración General del Estado también va a proyectos que tienen su origen precisamente en estos parques tecnológicos, que son iniciativas de estos
parques. Con el sector del automóvil, además, estamos trabajando desde hace un tiempo de manera coordinada a través de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Anfac, y por supuesto de las organizaciones sindicales. Están en
funcionamiento dos observatorios, uno de fabricantes de coches y otro de lo que sería el sector de componentes, que tiene su singularidad, su problemática específica y que es fundamental porque hay importantes grupos con presencia internacional y de
capital español —un hecho no menor— que desarrollan la mayor parte de sus actividades con más valor añadido precisamente en nuestro país y que luego tienen factorías a lo largo y ancho de la geografía mundial como colaboradores indispensables de los
fabricantes. Como se ha puesto de manifiesto en algún ejemplo, se ha hecho alusión al cluster de un determinado territorio que es referente y que ha conseguido que la factoría de esa marca sea la más competitiva del grupo no solo en España sino en
otros países, y ese es un tema no menor.
El sector como sector por supuesto que tiene problemas y nubarrones en el


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medio plazo. Landaben tiene una problemática específica, fruto de esta negociación colectiva con la que hemos de ser respetuosos. Podemos intervenir si se nos pide, pero no si no se nos pide. Estaríamos invadiendo unas competencias
autonómicas, no lo olvidemos, y suplantando una actividad que han de desarrollar los agentes sociales y las patronales. Seguramente el sector del automóvil va a tener problemas en el medio plazo en toda Europa; salvo ese, el resto de las factorías
españolas, de los fabricantes españoles, tienen un poco solventado su corto plazo con la asignación de nuevos modelos que garantizan su viabilidad. Ciertamente, dije a un periodista que me preguntó cómo vería la presencia de un inversor español en
Volkswagen que me parecería muy bien, pero fue, repito, a una pregunta de un periodista, no porque el Gobierno español tenga intención de ser accionista de Volkswagen ni porque yo sepa que en estos momentos en el sector del automóvil, que tiene una
rentabilidad también discutible, haya inversores españoles dispuestos a invertir. Ojalá hubiera más inversores españoles con predisposición a invertir en el sector industrial y no tanto en ladrillo.
Estaríamos asegurando de esta manera nuestro
futuro mucho más.



Las infraestructuras también son mi problema, no solo las autovías, también el ferrocarril. Una parte fundamental de los coches que fabricamos van al mercado europeo y tienen problemas. Esperemos que con la liberalización de sector y la
entrada de nuevos operadores esto se facilite, así como el impulso a las autovías llamadas del mar. También lo hago mío. Con la ministra de Fomento hemos tratado algunos de los problemas relativos a las infraestructuras que han planteado los
fabricantes de vehículos de nuestro país.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.



— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN DEFENSA DE LOS AFECTADOS POR LAS INVESTIGACIONES A LAS ENTIDADES FÓRUM FILATÉLICO Y AFINSA. (Número de expediente 172/000191.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente interpelación de hoy, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, relativa a la adopción de medidas en defensa de los
afectados por las investigaciones a las entidades Fórum Filatélico y Afinsa. Para formular esta interpelación tiene la palabra el diputado don Josep Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.



Señora ministra, señoras y señores diputados, el día 9 de mayo se desarrolló una importante operación judicial y policial dirigida por la Audiencia Nacional, tras una investigación de la Agencia Tributaria, contra dos sociedades relacionadas
con la inversión en filatelia, concretamente Fórum Filatélico y Afinsa; empresas que captan ahorro de personas físicas y de personas jurídicas para ser invertido en sellos.
Ambas entidades tienen como clientes a varios cientos de miles de
ciudadanos, principalmente pequeños y medianos ahorradores, que ahora ven amenazados sus ahorros. Por este motivo el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha presentado esta interpelación urgente en la que se insta al Gobierno a
adoptar medidas en defensa de los afectados por las investigaciones en las entidades Fórum Filatélico y Afinsa.



¿Por qué la hemos presentado, señorías? En primer lugar, porque esta presunta estafa relacionada con las sociedades de inversión filatélica, como son Fórum Filatélico y Afinsa, afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas españoles,
concretamente alrededor de 400.000 personas, y al mismo tiempo, esta operación judicial y esta intervención de la Audiencia Nacional ha generado una gran alarma social por la que se han puesto en peligro los ahorros de estas familias —muchas de
ellas modestas— que ascienden a alrededor de los 5.000 millones de euros. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió califica esta situación como grave, delicada y que afecta económicamente a muchísimas familias
españolas. Nuestro grupo entiende que el Parlamento español no puede quedar impasible ante unos acontecimientos de este calibre y por ello ha presentado esta interpelación urgente.



¿Cuáles son los objetivos fundamentales que persigue esta iniciativa política? En primer lugar, hay un objetivo fundamental y principal: Instar al Gobierno para que adopte medidas urgentes para posibilitar, dentro del abanico de máximas
posibilidades que puedan existir en la legislación, la recuperación de los ahorros por parte de los afectados.
Queremos discutir en el Congreso de los Diputados todas aquellas posibles soluciones que podamos aportar los diferentes grupos
parlamentarios para que los afectados tengan al menos el conocimiento de la sensibilidad de las diferentes formaciones políticas en las que existe —creo yo— una voluntad global de resolver esta papeleta. Por lo tanto, en primer lugar, instar al
Gobierno para que se puedan adoptar todas aquellas medidas urgentes para posibilitar la recuperación de los ahorros. En segundo lugar, y es otro aspecto importante, hemos presentado esta interpelación urgente para regular este sector, para poner
orden en este sector, de acuerdo con el contexto económico y financiero real en el cual se están desarrollando las actividades mercantiles y societarias de dichas compañías, tanto las que se dedican a la comercialización de productos tangibles como
pueden ser los sellos, como las que se dedican a otros productos que también se están comercializando en todo el territorio español. Lo que pretendemos también con esta iniciativa, desde una perspectiva de futuro, es que no se vuelvan a producir
casos como los que hemos experimentado en estos últimos días. Nos gustaría muchísimo que a través de esta iniciativa parlamentaria pudiéramos cambiar la


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legislación para que no se volvieran a producir casos de este calibre, ya que entendemos desde nuestro grupo parlamentario, señorías, que la comercialización de bienes tangibles para la captación de ahorro ha de ser una actividad considerada
como financiera y, si la consideramos actividad financiera, tendría que estar supervisada por los organismos reguladores correspondientes como pueden ser el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tal como está regulado en la
Ley de instituciones de inversión colectiva para las sociedades que se dedican a la captación de ahorros, consideradas como instituciones financieras.



Por otra parte, nuestro grupo parlamentario no va a aceptar de ninguna manera que sea una responsabilidad que corresponda a las comunidades autónomas. He escuchado con atención algunas manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, de
las que uno puede llegar a entender que la responsabilidad de que se hayan producido estas supuestas estafas corresponde a las comunidades autónomas, basándose en que tienen competencias exclusivas en consumo. Saben perfectamente, señorías, que
esto no es así. Es cierto que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en consumo, pero no es menos cierto que las comunidades autónomas no tienen la capacidad legislativa ni la capacidad de supervisión para poder garantizar que los
mecanismos de control de las compañías que se dedican a la comercialización de este tipo de productos no puedan desembocar en un fiasco como el que ha tenido lugar.



Me gustaría solamente hacer una apreciación a SS.SS. y es que en la legislatura del año 2003, en el debate sobre la Ley de instituciones de inversión colectiva, se aprobó en el Senado una enmienda, presentada por el Grupo Popular y también
aprobada por el Partido Socialista, a través de la cual todos los grupos parlamentarios del Senado posibilitaban que las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, pudieran llevar a cabo un control administrativo más profundo sobre las
actividades a las que se refiere dicha disposición; o sea, se otorgaba a todas las comunidades autónomas no la capacidad de supervisión por organismos reguladores, tal como he dicho anteriormente, sino la posibilidad de que pudieran tener una
capacidad administrativa más importante sobre el control de dichas actividades. La gran sorpresa fue cuando dicha enmienda vino al Congreso de los Diputados, donde tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votaron en contra cuando habían
votado favorablemente en el Senado. Solamente algunas formaciones parlamentarias como Convergència i Unió votamos favorablemente esta enmienda.



Al mismo tiempo queremos decir que desde nuestro grupo parlamentario se ha planteado esta iniciativa parlamentaria desde un punto de vista positivo.
No queremos plantear ni exigir responsabilidades ni al Gobierno anterior del Partido
Popular ni al Gobierno actual del Partido Socialista, lo que queremos es ayudar a resolver la papeleta o la problemática que tienen los afectados en este momento y que dichas situaciones no se puedan volver a repetir. Por lo tanto, presentamos esta
iniciativa no con ánimo de crítica a situaciones anteriores, sino con una visión positiva, con una visión de futuro, que podamos dar la sensación de que en esta Cámara, como representantes de la soberanía nacional, somos capaces de resolver
situaciones, para que no se vuelvan a repetir, y de ofrecer alternativas, de ofrecer soluciones a los afectados dentro de nuestras posibilidades.
Es evidente que se ha llegado a esta situación porque han fallado algunos mecanismos. Quizás la
legislación que estaba orientada a regular dichas sociedades comercializadoras de productos que no eran consideradas financieras no era la correcta, quizás los organismos reguladores no han intervenido a tiempo, quizás no se han tomado las
decisiones oportunas en su momento, pero, señorías, desde Convergència i Unió entendemos que esto ya es historia, que forma parte de la historia y que lo que hemos de mirar es el futuro y dar soluciones modernas, ágiles que puedan llegar a resolver
esta papeleta.



También quisiéramos manifestar que, desde el punto de vista mediático, esta ha sido una noticia que ha dado la vuelta al mundo y hasta ha sido objeto de editoriales de revistas económicas de gran importancia financiera como el Financial
Times. Lógicamente, estas informaciones mediáticas no dejan de perjudicar también a la solvencia y al prestigio del sistema financiero y económico del Estado español. Pensando en el futuro y sobre todo intentando pensar en los afectados, nuestro
objetivo es intentar llegar a un consenso, tanto con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno como con el principal partido de la oposición, para encontrar soluciones que devuelvan el prestigio financiero a nuestro sistema económico y, al
mismo tiempo, para poder plantear soluciones objetivas que puedan resolver algunas de las difíciles situaciones que se van a plantear o se están planteando en muchísimas economías españolas.



En la moción subsiguiente que vamos a plantear la próxima semana, uno de los puntos más relevantes que propondremos será analizar y estudiar la creación de un fondo, no digo de garantía, porque seguramente estaría sugiriendo algo
inconstitucional, sino de asistencia, que permitiera complementar la recuperación de los ahorros de los afectados, y que esta pudiera ser selectiva en función de los niveles de renta, de las características familiares, de la antigüedad de los fondos
o de las cantidades ahorradas. Pretendemos, si es posible, gestionar la posibilidad de estudiar la aplicación de este fondo asistencial y que fuera selectivo en algunos casos y rentas que realmente han salido muy perjudicados.



Muchas gracias, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.



Continuamos con la contestación de la señora ministra de Sanidad y Consumo a esta interpelación del señor Sánchez i Llibre.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



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Señorías, señor Sánchez i Llibre, es conveniente hacer un relato de lo sucedido. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción y tras las actuaciones que llevó a cabo la Agencia Tributaria, se presentaron dos querellas ante la Audiencia
Nacional. A consecuencia de ellas, el 8 de mayo la Audiencia Nacional inició una operación de intervención temporal de las empresas Afinsa y Fórum Filátélico por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales,
administración desleal y delitos contra la Hacienda pública. Estas sociedades recibían de sus clientes mandatos de compra de bienes tangibles, cuyo importe entregaban los clientes a la sociedad. Una vez comprados los referidos valores, a veces
incluso no comprados, los adquirentes solían depositarlos en la propia sociedad y, simultáneamente, encargaban a esta que los vendiera a terceras personas en fecha posterior y por precio determinado. La rentabilidad de la operación para los
clientes estaba constituida por la diferencia entre el precio pagado a la sociedad por la adquisición de los valores y el precio determinado por el que la sociedad se comprometía a venderlos a terceros. En defecto de esa oferta de terceros
adquirentes en el mercado en la fecha y en la cantidad convenida, la sociedad se obligaba formalmente en cualquier caso a entregar el importe pactado en la fecha correspondiente. En consecuencia, la revalorización estaba constituida por el precio
de venta predeterminado y garantizado por este compromiso de adquisición por la propia empresa, en caso de no encontrar adquirentes externos. Esta revalorización es la que se ofrecía al público, la que servía para captar clientes, y no la venta de
los bienes tangibles, sellos en este caso.



Estas empresas están sometidas a la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, sobre instituciones de inversión colectiva, que establece un sistema de protección de la clientela en relación con la comercialización de
determinados bienes y, hay que señalarlo, en todo lo no establecido por esta norma, se rigen con carácter general por el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios.



Estas sociedades no son entidades financieras y, por tanto, no están sometidas a la normativa que regula las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión o las instituciones de inversión colectiva. Los bienes o el efectivo
entregado por los clientes no están amparados por fondos de garantía de depósitos o de garantía de inversiones. En definitiva, estas entidades no gozan, por normativa legal, ni de las garantías ni de la supervisión que tienen las entidades
financieras.



La Ley 35/2003, aprobada, por cierto, a instancias del Gobierno del Partido Popular, impone determinadas exigencias y condicionantes a los contratos y sanciona el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones impuestas a estas
sociedades. Así, por lo que se refiere a los contratos, establece que deberán formalizarse por escrito y deberán reflejarse de forma explícita y con claridad los compromisos adquiridos y los derechos y obligaciones de las partes en cada operación y
que deberán incluirse los elementos necesarios que determinen las condiciones del contrato. Este contrato deberá entregarse debidamente fechado y firmado al cliente y, antes de celebrarlo, se deberá informar al cliente de forma clara y precisa
sobre la legislación aplicable, sobre las disposiciones relativas a reclamaciones, sobre los sistemas de valoración de los bienes que se comercialicen, sobre el valor nominal de los productos comercializados, sobre el valor mínimo garantizado en el
mercado, así como, en su caso, deberá también informarse a los clientes de las garantías externas a la entidad que desarrolla la actividad regulada que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones. Y durante el período de vigencia de esa relación
contractual el cliente deberá ser informado sobre las modificaciones de la información inicialmente suministrada y asimismo sobre su situación contractual.



La Ley establece también algunas limitaciones a la actividad que pueden realizar estas sociedades, y así dice que no podrán realizar las actividades reservadas a las entidades de crédito, empresas de servicios, de inversión, instituciones de
inversión colectiva, entidades aseguradoras o cualquier otra entidad inscrita en los registros del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. No podrán incluir,
asimismo, en su denominación ni en la publicidad el adjetivo financiero o colectivo ni ningún otro que induzca a confusión con las actividades que se reseñan con anterioridad. Deberán someter —dice también la ley— sus documentos contables a
auditoría de cuentas realizada por un profesional inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y deberán remitir copia del informe de auditoría a las autoridades competentes en materia de consumo.



Ante la situación creada por la intervención temporal de estas dos empresas, Afinsa y Forum Filatélico, el Ministerio de Sanidad y Consumo convocó el 11 de mayo la Comisión de Cooperación de Consumo, órgano de la Conferencia Sectorial, en la
que participan los responsables de consumo de las comunidades autónomas, para conocer el estado de la situación y para coordinar las actuaciones a seguir. No hay que olvidar —y así ha sido reconocido por el diputado Sánchez i Llibre— que las
competencias en materia de consumo corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas.
En esta reunión, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas acordaron que las reclamaciones de los afectados por la presunta estafa de
Afinsa y Forum Filatélico, así como la defensa colectiva de sus intereses, deberían —y esa es la recomendación— canalizarse a través de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Tanto el ministerio como las comunidades autónomas convinieron en
ofrecer a las asociaciones todo el apoyo que precisen y garantizaron que se mantendrá una coordinación constante entre las administraciones para proporcionar a los ciudadanos información actualizada, clara y transparente de los hechos que se vayan
conociendo tras las investigaciones judiciales. Ese mismo día 11 de mayo se convocó de manera urgente el Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano de representación institucional de las


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asociaciones de consumidores, al que el subsecretario trasladó los acuerdos adoptados en la Comisión de Cooperación de Consumo, que fueron acogidos favorablemente por los representantes de las asociaciones. Todas ellas se mostraron
dispuestas a actuar como cauce de canalización de reclamaciones y solicitudes de los perjudicados y se han comprometido a coordinar las actuaciones de manera conjunta para paliar la confusión que existe en la actualidad entre los afectados. El
Consejo de Consumidores y Usuarios también reclama de las autoridades judiciales el inmediato y público ofrecimiento de acciones a los afectados y propone la creación de una ventanilla única judicial en la Audiencia Nacional. Igualmente ese Consejo
demanda las modificaciones legales y oportunas y la máxima transparencia en la difusión de la información.



En este sentido hoy mismo ha sido hecho público un comunicado conjunto de los juzgados centrales de instrucción números 1 y 5 en el que se realiza un ofrecimiento de acciones a todos los perjudicados que puedan mostrarse como parte en la
causa, recomendando que se agrupen. Se recuerda a los perjudicados que no se personen que no por ello renuncian a sus derechos, bastando que presenten la correspondiente denuncia. Igualmente se informa por parte de las autoridades judiciales que
se ha solicitado la dotación de una oficina de apoyo para atención a los afectados y también se informa de la suspensión de las obligaciones de los afectados para con las empresas intervenidas, recomendaciones todas ellas que coinciden con las que
venían realizando las administraciones competentes y también el Consejo de Consumidores y Usuarios.



El Ministerio de Sanidad y Consumo por su parte publicó el pasado 12 de mayo en los principales diarios del país y en la página web del departamento un anuncio para informar a los ciudadanos de estas decisiones y para facilitarles el
contacto con las asociaciones de consumidores y usuarios integrantes del Consejo, que son las más representativas a nivel nacional. Todos, ministerio, comunidades autónomas y asociaciones de consumidores y usuarios —celebro que también el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)— han coincidido en la necesidad de complementar el marco legal que regula los bienes tangibles para aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos que invierten en esos
productos. No obstante, todas las administraciones intervinientes somos conscientes de que esas reformas normativas solo podrían regular situaciones futuras y difícilmente podrían dar respuesta a los problemas de los actuales afectados. Las
administraciones debemos transmitir un mensaje de confianza en la labor que está desarrollando la justicia, así como un llamamiento de tranquilidad por parte de los afectados, ya que, como ha quedado claro en el comunicado de la autoridad judicial
al que he hecho referencia, dispondrán de tiempo suficiente para presentar sus reclamaciones.



Tal como ha confirmado la Audiencia Nacional, los jueces que instruyen la investigación harán pública en los próximos días una convocatoria para que todos los perjudicados sean informados de sus derechos y de los pasos que deben seguir
judicialmente, y para ello se ha recomendado a los afectados —y en esa recomendación coincidimos también las administraciones— que recopilen toda la información sobre sus inversiones que pueda ser aportada en el momento en que la Audiencia Nacional
lo solicite. En este momento lo que corresponde es que la Audiencia Nacional determine el alcance de los presuntos delitos y de la presunta estafa, así como la capacidad de solvencia de las empresas que va a ser determinante para los intereses de
los ahorradores. En todo caso, el Ministerio de Sanidad y Consumo, las comunidades autónomas y el Consejo de Consumidores y Usuarios ofrecen su máxima colaboración para la mejor defensa de los intereses de los ciudadanos. Y tal como ha dicho el
diputado señor Sánchez i Llibre, este es el momento de actuaciones coordinadas entre todos; eso es lo que los afectados esperan de las autoridades y eso es lo que las autoridades, tanto de la Administración central como de las comunidades
autónomas, estamos dispuestos a ofrecer, con la colaboración del Consejo de Consumidores y Usuarios.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.



Continuamos con la réplica del señor Sánchez i Llibre a la contestación de la señora ministra de Sanidad y Consumo. Adelante.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.



Señora ministra, señoras y señores diputados, de la intervención de la señora ministra nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, deduce, en primer lugar, que el Gobierno, en este caso su ministerio, estaría de acuerdo en plantear de
cara al futuro un cambio de la legislación respecto a estas compañías que comercializan productos tangibles de ahorro que no están considerados productos financieros. Este era uno de los objetivos fundamentales de esta interpelación: cambiar la
legislación para poner orden en este sector y evitar que se vuelvan a producir situaciones de esta magnitud. Esperamos que en la moción de la próxima semana exista consenso y se pueda modificar la legislación para que estas compañías que
comercializan productos tangibles orientados al ahorro puedan volver a estar bajo la supervisión de organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.



Es relevante también el informe de la fiscalía sobre la base de los autos de la Audiencia Nacional, que deja entrever que, efectivamente, las sociedades de comercialización de productos tangibles orientados al ahorro no dejan de ser meros
instrumentos de ahorro, que son susceptibles de ser regulados a través de la legislación de las sociedades de inversión colectiva.



Hay un segundo aspecto importante que nosotros también queremos plantear y es la posibilidad de estudiar


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y analizar la creación de un fondo de asistencia. Sabemos que la creación de este fondo de asistencia pudiera parecer insolidario al resto de ciudadanos del Estado español, porque uno se puede plantear lo siguiente: Si yo invierto en un
producto financiero, en una acción o en un título, si la acción baja o si la compañía equis que está supervisada no da los resultados apetecidos ¿me ha de pagar el diferencial que he perdido? o ¿me han de pagar el capital que he perdido el resto de
ciudadanos españoles? Esto es cierto. Nosotros también estamos en esta posición y no vamos a dejar de ser objetivos, pero no es menos cierto que los ahorradores que han depositado sus ahorros a través de la comercialización de productos tangibles
orientados al ahorro no tienen ninguna culpa de que las administraciones correspondientes —y no miro absolutamente a nadie— no hayan tenido la previsión de que dichas sociedades estuvieran supervisadas por un organismo regulador de la categoría del
Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.



Como hay que mirar al futuro, hay que olvidar el pasado y hay que dar soluciones objetivas y relevantes, si se crea este fondo de asistencia, que yo ya he definido en mi intervención que sería para determinados casos, habría que analizar
todas las posibilidades financieras para que determinados ciudadanos con rentas muy modestas pudieran recuperar el capital —es posible que lo puedan recuperar si existe una liquidación de las compañías a través de la enajenación de sus activos
financieros y sus activos materiales e inmateriales— y las pérdidas que resultasen de esta mala operación pudieran ser compensadas a través de créditos, a través de ayudas económicas, en función de todas aquellas propuestas que a Convergència i Unió
le gustaría que fueran consensuadas por el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, por el grupo de la oposición y por el resto de fuerzas parlamentarias.



Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre, muchas gracias.



Terminamos esta interpelación, señorías, con la dúplica de la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Gracias, señora presidenta.



Señorías, señor Sánchez i Llibre, como señalé en mi primera intervención, comparto con el portavoz del Grupo de Convergència i Unió la necesidad de complementar el marco legal vigente para aumentar la transparencia de estas empresas y la
seguridad de los ciudadanos, pero no quisiera, señor Sánchez i Llibre, que me malinterpretara —seguro que no lo ha hecho—. Yo no he dicho en ningún momento que el Gobierno piense que estas inversiones deban considerarse productos financieros y
usted tampoco lo incluye en su proposición no de ley, sino que es una mención que se ha hecho hoy con motivo de esta interpelación. Lo que hay que hacer es complementar el marco legal vigente para aumentar la transparencia y dotar a estas
inversiones de mayores garantías en cuanto a la seguridad y solvencia de las empresas, pero en absoluto estaríamos de acuerdo en considerarlos productos financieros, por tanto sometidos a la supervisión del Banco de España y del resto de
instituciones que usted ha mencionado.
Sin embargo, tengo que agradecer el sentido y el tono de su intervención y estoy segura que podremos alcanzar acuerdos en relación con este caso en concreto.



Lo primero que quiero destacar es la coherencia de los planteamientos por parte de Convergència i Unió. Estamos ante unas competencias que corresponden a las comunidades autónomas, pero el Gobierno está dispuesto a colaborar con las
administraciones de las mismas en las actuaciones que deban llevarse a cabo. Esto es así porque ante problemas de la magnitud del que nos enfrentamos, fundamentalmente por el número de ciudadanos afectados, debemos cooperar y ayudar a las
administraciones competentes.



Respecto a la regulación de las actividades de captación de ahorros para ser invertidos en bienes tangibles, esa mayor profundización normativa podría basarse probablemente —me estoy anticipando— en convertir en obligatorias esas garantías
cuyo ofrecimiento a los consumidores es ahora voluntario, por supuesto en la mejora de los mecanismos de información y publicidad y también en las medidas de control de estas actividades, porque aun siendo cierto que corresponde a las comunidades
autónomas, no es menos cierto que seguramente no cuentan con los instrumentos para hacer que este control sea una realidad.



Por lo que se refiere a la promoción de las agrupaciones de afectados para la defensa de sus intereses, como hemos dicho, esta medida debería articularse a través de las asociaciones de consumidores, por una razón fundamental y es que no
solo creemos que están capacitadas para esta función, sino que además van a contribuir a evitar abusos que han comenzado a producirse y que desde luego van a contar con la oposición de todas las administraciones.



Finalmente, sobre ese fondo que usted menciona, reconozco que su propuesta está muy condicionada y llena de cautelas. Ya no habla de un fondo de garantía, como se menciona en la proposición no de ley, sino de un fondo de asistencia, pero en
cualquier caso sigue orientándose a la recuperación del ahorro afectado. Deberíamos evitar hablar de este tema con carácter general, pues los fondos, tal como los entendemos, se nutren normalmente de las aportaciones de las empresas el sector.
¿Qué empresas harían en este caso las aportaciones? Por supuesto, coincido con usted en que en todo caso sería imposible dotar a ese fondo de un carácter retroactivo. Bastará otro argumento que usted también ha mencionado.
Convendrán conmigo en
que en sociedades de mercado como la nuestra, en la que está consagrada la libertad de elección y de contratación, es difícil defender y aceptar que exista un derecho universal a ser resarcido por el Estado por operaciones voluntariamente elegidas,
con una gran expectativa de beneficio y precisamente


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por ello con un riesgo libremente aceptado. Cuestión distinta —en eso estamos de acuerdo— es que articulemos las medidas que ustedes proponen, que apoyemos a los afectados, incluso que estudiemos medidas para poder adelantar la recuperación
de las cantidades que se determinen por los órganos de justicia a aquellos afectados de menores rentas o que estén en una situación económica más precaria. Por eso, como estamos de acuerdo con varios de sus planteamientos y como su grupo
parlamentario tiene una actitud constructiva, creo que entre todos podremos colaborar y abordar este problema heredado mejorando la atención a los afectados y la disponibilidad de información por parte de los ciudadanos.



Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.



— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR Y EL FUTURO DE LA CENTRAL DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. (Número de expediente 172/000192.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, en particular de la señora Lasagabaster, sobre la política del Gobierno en materia de energía nuclear y el futuro de la
central de Santa María de Garoña. Para formular esta interpelación, señorías, tiene por ende la palabra doña Begoña Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, señorías, son bastantes interpelaciones en un día de trabajo largo y me consta que probablemente estarán ustedes, sobre todo el señor ministro, mirando el reloj con cierta tensión para ver si terminamos a tiempo. Seguro que
lo vamos a hacer, pero antes de ir a ese otro acontecimiento, previamente es el trabajo. Esto es así y punto. En todo caso, me gustaría reseñar que la cuestión que debatimos es francamente relevante. A nadie se le oculta que la situación del
futuro de la energía no es un tema que afecte única y exclusivamente al Estado español, ni mucho menos; es una cuestión que afecta a la Unión Europea, a todos los países y, en definitiva, a todo el mundo, por una razón u otra.
En este caso
contesta el ministro de Industria, pero no es menos cierto que la propia ministra de Sanidad también tendría algo que decir en todas estas materias, así como la ministra de Medio Ambiente; en fin, que no es una cuestión exclusivamente de cómo
suministrar energía, sino de un desarrollo sostenible para todo el planeta con relación a los tipos de energía y a su dependencia, a los problemas que supone este tipo de energía para el planeta y en definitiva para los ciudadanos que habitamos
aquí. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)


A la hora de hablar de este tema soy consciente que acaba de terminar hace muy poco tiempo la mesa que debate el futuro de la energía nuclear, que el Ministerio de Industria ha presentado unas conclusiones con el resumen de lo que ha sido el
debate durante estos seis meses y que realmente no ha habido grandes conclusiones, salvo en el tema definitorio, muy relevante y sensible, por lo que realmente no hay que andarse con demagogias ni tampoco con elementos que puedan provocar confusión
en la ciudadanía. Hay que distinguir dos cuestiones. La primera es qué hacemos en el futuro con la energía nuclear. Aquí hay dos temas clave que no hay que confundir. Lo explicaba muy bien el director general de la Agencia de la Energía Nuclear
de la OCDE, señor Echávarri en este foro. Hay que determinar qué hacemos con la energía nuclear en el futuro y qué hacemos con las centrales nucleares existentes en el Estado español. Estos son dos planos que claramente no debemos confundir. Solo
voy a hacer un par de reflexiones, porque es necesario que hablemos y vamos a hablar mucho de la energía nuclear. Es evidente que los expertos —yo no lo soy, pero he seguido el debate por razones obvias de trabajo y de interés personal— manifiestan
que es necesario que no se confundan estos términos. A lo largo de estos últimos tiempos hemos observado que resurge la idea de que las centrales o la energía nuclear son tan malas, pero se confunden términos que no tienen nada que ver. Se dice
que hay un problema con la emisión de CO2, que afecta al cambio climático, pero que la energía nuclear no crea estos problemas, y por tanto, podría sustituir a otros combustibles, como si esta sustitución fuera una cosa clarísima, lo que no es tan
evidente, porque razonablemente la energía nuclear no significa la sustitución del petróleo, y todos sabemos que lo que genera mucha más emisión de CO2 es, en un 70 u 80 por ciento, el transporte, y lo va ser mucho más dentro de unos años. La
energía nuclear puede producir energía eléctrica, que a su vez puede ser fuente suministradora, pero tampoco está claro que en dos o tres lustros la energía eléctrica sea la clave o no hay pruebas evidentes para hacer tan claro ese trasvase al
transporte.
Por tanto, primera reflexión, tengamos claros los conceptos y no confundamos a la opinión pública.



La segunda cuestión se refiere a la dependencia exterior. Se ha venido a decir que dependemos de los combustibles fósiles y que en energía nuclear no dependemos de nadie. Tampoco es cierto. Dependemos al cien por cien del uranio, que se
enriquece fuera, con tecnología externa. No es del Estado español. No se pueden confundir estos dos temas. Lo que es real —lo dice todo el mundo— es que siguen sin resolverse los dos problemas de la energía nuclear: la seguridad y los residuos.
No se ha encontrado una solución satisfactoria a estos dos graves problemas que vienen arrastrándose desde siempre. Están ahí. Lo pongo de manifiesto para que no confundamos no a los expertos, que ellos no se confunden, sino a la opinión pública y
a los medios de


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comunicación. Hoy todavía no hay soluciones razonables para los problemas de seguridad ni para los residuos. Dejémoslo ahí.



El segundo tema que excita mi interpelación es qué hacemos con las centrales nucleares. Existían tres centrales nucleares de primera generación, que eran Vandellòs, Zorita y Garoña. Vandellòs se cerró y Zorita se ha cerrado el 30 de abril.
Una de las razones más claras del cierre de Zorita según la explicación del voto mayoritario de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear era —voy a leerlo para no confundirme— que la central no recibiría hoy el permiso de construcción de
acuerdo con la normativa actual del diseño, que afecta a una amplio conjunto del sistema de seguridad. Esta es la razón por la cual se cierra Zorita. Es evidente que esto se puede hacer este año, pero es lo mismo que ocurre con Garoña. Garoña
probablemente hoy no cumpliría los requisitos exigidos a una central nuclear de conformidad con la normativa de diseño ni los posteriores en otra serie de temas. La realidad es que Garoña ha tenido —no sé si la palabra es problema— unas situaciones
más o menos preocupantes a lo largo de los tiempos. Ya sabe que el nivel de seguridad depende de dónde queramos ponerlo: podemos poner una seguridad al cien por cien, inadmisible, que no haya nada más, o podemos rebajarla en función de lo que se
necesite y también de lo que se va descubriendo y conociendo a medida que pasa el tiempo. A los diez años de la entrada en funcionamiento de la central nuclear se observó claramente que había un serio agrietamiento por corrosión que afectaba y
afecta a componentes internos de la vasija del reactor, lugar donde se deposita el combustible de uranio. El conocimiento de este problema aparece en 1982, diez años después de su entrada en funcionamiento, y además se establece que las barras de
control se deslizan con una precisión milimétrica y sirven de freno a las reacciones de fisión nuclear del reactor. Es un problema que existe, y así se confirma por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comisión en este Congreso el año 2003. Diez
años después de su entrada en funcionamiento hay un problema de grietas importante. Esto no acaba así, sino que hay dos elementos más. Por una parte —voy a terminar porque luego incidiré en ello—, después de la parada que se hizo en 2004, se
produce otra parada forzosa en 2005 para tratar de localizar una fuga de agua al pozo seco del reactor, que venía produciéndose desde el 14 de mayo. Este problema se produce mes y medio después de la parada de revisión y recarga de la central.
Este es un tema importantísimo porque afecta al sistema de inyección de refrigerante, que es fundamental para evitar graves accidentes. Pero no acaban las cosas ahí y en noviembre de 2005 hay otro problema serio que ya no afecta solo a las grietas
o a la fuga de agua, sino que afecta a varios elementos, incluido un factor adicional que se denomina en la jerga nuclear —ya saben ustedes que no soy experta pero sí lo he leído— cultura de seguridad. Es decir se dieron cuenta en noviembre que
durante siete meses los sistemas que debían alertar al detectar los indicadores algún problema no habían funcionado, lo que no hubiera supuesto un problema serio al no funcionar los indicadores en el caso de un grave accidente. Esto no me lo
invento yo, como ustedes comprenderán, es que tengo el informe entero del Consejo de Seguridad Nuclear y todos los informes que Nuclenor tuvo que entregar. Al final, en la escala de clasificación de problemas nucleares, el problema se clasificó
como de nivel 1 —simplemente quiero señalarles que Chernobil fue clasificado como nivel 7—. Les recuerdo: noviembre de 2005, además de grietas, penetraciones y fugas, problema de falta de cultura de seguridad. En definitiva, pasaron siete meses
sin que se supiera que podía haber habido un accidente y sin que existieran suficientes indicadores en este tema. Es un problema muy serio.



La central de Garoña está amortizada, esta es una cuestión objetiva y clara. Ahora hay que tomar una decisión. La licencia de funcionamiento, que no es un contrato como tal, termina en 2009. La parada siguiente es en 2007. Por tanto,
habría que decidir si se va a ampliar esa licencia, para lo cual se requieren aproximadamente tres años, por lo cual la propia empresa tendría que presentar los papeles ahora. Sabemos que tiene los papeles para solicitar la ampliación de la
licencia de una central que tiene estos problemas y que está amortizada. Creemos que las circunstancias de seguridad y que hoy no cumpla la normativa son motivos suficientes para que no sea posible, desde el punto de vista de la seguridad, ampliar
esa licencia. Les proponemos no esperar al año 2009, porque no creemos que sea responsable —entre comillas— permitir que estos problemas que hemos visto siete meses después de la parada se vuelvan a producir. Nuestra iniciativa es que se vaya al
cese de toda la actividad antes de la recarga del combustible, en marzo de 2007, y, por supuesto, que no se produzca la ampliación de la licencia en 2009. Creemos que este es un problema de seguridad. Ya hablaremos luego del cierre de las
restantes centrales nucleares, pero no parece razonable que de las tres centrales de primera generación que tienen que clausurarse porque hoy no cumplirían las normativas, la única que quedaba por cerrar, cuya licencia termina en 2009, siga
funcionando con estos graves problemas de seguridad.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Lasagabaster.



Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.



Señoría, como es de sobra conocido, la política del Gobierno en materia energética es ir avanzando hasta donde sea posible en la utilización de fuentes renovables y en el desarrollo de todas las posibilidades tecnológicas que contribuyan a
optimizar la eficiencia energética en nuestro país, teniendo siempre en cuenta que la garantía del suministro, un suministro de calidad, la competitividad


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y la sostenibilidad ambiental también son elementos fundamentales de la política energética.



En cuanto al papel que la energía nuclear pueda jugar en nuestro suministro energético en el futuro, he de recordarles que, en respuesta a una petición de la Cámara y a un compromiso del presidente del Gobierno, el pasado mes de noviembre el
Gobierno puso en marcha una mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear en España, a la que S.S. ha hecho alusión en su intervención. Durante los seis meses de trabajo de esta mesa, se ha tratado de intercambiar puntos de vista desde
distintas sensibilidades sobre las múltiples cuestiones vinculadas al futuro de la energía nuclear en nuestro país. Por ello, en su composición se trató de contar con la participación de representantes de los diferentes ámbitos políticos, sociales,
medioambientales, industriales y científicos que pudieran contribuir con sus aportaciones a la consecución de este objetivo, participación que es justo agradecer en este momento, ya que hoy se ha celebrado la sesión de clausura de la mesa.



Las cuestiones que han sido objeto de análisis se han agrupado en cuatro grandes áreas temáticas, entre las que se encuentra la cobertura de la demanda energética en España y la energía nuclear. Las conclusiones que la mesa eleve al
Gobierno serán una contribución de gran interés de cara a la realización de un debate en torno al futuro de la política energética en materia nuclear en nuestro país. En todo caso, permítame que le subraye que, con independencia de cuál sea o cuál
pueda ser el papel que la energía nuclear pueda desarrollar en el suministro energético de nuestro país en tiempos venideros, el Gobierno únicamente concibe el funcionamiento de cualquier instalación nuclear en el caso de que esta se lleve a cabo en
las máximas condiciones de seguridad, que son supervisadas, como usted bien sabe, por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Este es un organismo cuyas características de competencia técnica —usted no es experta y yo tampoco— e independencia son
homologables con las que se establecen en los convenios internacionales relativos a este ámbito, con los que España, al igual que otros países más desarrollados, se ha comprometido.



En cuanto a la central de Santa María de Garoña, como usted sabe, funciona desde 1971. En los últimos años la central lo hace de acuerdo con una autorización de explotación concedida por el Gobierno en el año 1999, en la que se establece
que su periodo de validez será por diez años y que en caso de ser necesaria una nueva el titular podrá solicitarlo por un periodo no superior a diez años, con un mínimo de tres años de antelación a su expiración. Por tanto, si el titular desea
continuar operando esta central, deberá presentar su solicitud en el plazo previsto, lo que hasta ahora no se ha producido, al margen de las informaciones que usted ha manifestado tener. Si este fuera el caso y de acuerdo con la normativa vigente
en esta materia, es decir, la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear y el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas del año 1999, dicha solicitud debería ser objeto del correspondiente informe preceptivo y vinculante por parte
del Consejo de Seguridad Nuclear. El funcionamiento de esta central, al igual que en el resto de las centrales nucleares españolas, está sometido al cumplimiento de la normativa española en materia de energía nuclear, cuyos principios fundamentales
se basan además en los establecidos por los organismos internacionales existentes en este ámbito, de los que nuestro país por supuesto forma parte, particularmente la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Organismo Internacional de
la Energía Atómica (OIEA). En aplicación de dicha normativa el Consejo de Seguridad Nuclear establece en sus informes preceptivos previos a cualquier autorización, que además son vinculantes cuando tienen carácter negativo, los límites y
condiciones a los que ha de ajustarse el funcionamiento de cualquier instalación nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene además la función de llevar a cabo la inspección y el control de las instalaciones nucleares y radiactivas durante su
funcionamiento y hasta su clausura, al objeto de asegurar el cumplimiento de todas las normas y condicionamientos establecidos tanto de tipo general como los particulares de cada instalación, con el fin de que el funcionamiento de las mismas no
suponga riesgos indebidos ni para las personas ni para el medio ambiente. Asimismo el Consejo tiene autoridad para suspender el funcionamiento de las instalaciones o actividades que se realicen por razones de seguridad. En cumplimiento de estas
funciones el Consejo realiza las auditorías e inspecciones periódicas que considera oportunas y cuenta además, como seguramente usted sabe, con dos inspectores del cuerpo técnico destacados permanentemente en el emplazamiento.
Igualmente, las
centrales nucleares españolas están sometidas a un proceso de revisión continúa de la seguridad que se traduce en el establecimiento de programas concretos de mejora en diversos aspectos.
Adicionalmente cada diez años se realiza una revisión
periódica de la seguridad. La última revisión en esta central se terminó en el año 1999 y como resultado de la misma se han llevado a cabo una serie de trabajos específicos del programa de mejora de seguridad que el consejo aprobó. En estas
revisiones periódicas, adicionales a las prácticas también de análisis, control y vigilancia que se llevan a cabo de manera más continuada en las centrales, se realiza una valoración global también de la seguridad de cada central y de las posibles
mejoras a introducir teniendo en cuenta su estado actual. Además, las centrales nucleares españolas tienen definido un programa de gestión de vida útil, con el fin también de vigilar y controlar el envejecimiento de los componentes importantes para
garantizar el funcionamiento en condiciones de seguridad.



En el caso concreto de la central nuclear de Santa María de Garoña, una cuestión que cabe reseñar y a la que se hace referencia en la exposición de motivos de esta interpelación es la relativa al agrietamiento de las penetraciones de los
mecanismos de accionamiento de las barras de control, sobre la cual en diciembre del año 2004 la Comisión de Industria, Turismo y Comercio aprobó una resolución en la que se pedía al Consejo de Seguridad Nuclear que le remitiera un informe con los
resultados de las inspecciones de las penetraciones y de


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otros componentes de la vasija llevadas a cabo durante la recarga del año 2005 y las acciones adoptadas como consecuencia de las mismas. Este informe fue enviado por el citado organismo el pasado mes de septiembre, y en él se hace una
exposición de esta problemática, así como de las medidas adoptadas para hacer frente a la misma y llevar a cabo el seguimiento de su evolución.



Por lo que se refiere al impacto en la salud de la población del entorno de esta central nuclear, hay que decir que al igual que en relación con el resto de las centrales que operan en nuestro país, el control reglamentario de la protección
radiológica de la población se pone en práctica mediante los programas de limitación, vigilancia y control de vertidos de las centrales y mediante los programas de vigilancia radiológica ambiental en la zona de influencia de estas. Cada central
dispone de un programa de vigilancia radiológica ambiental de su entorno, establecido siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nuclear, mediante el que se realizan las mediciones de los líquidos y gases liberados, así como la toma de
muestras de aire, radiación directa, agua potable de lluvia, agua superficial y subterránea, suelo, sedimentos, cultivos, etcétera. Adicionalmente, el Consejo de Seguridad Nuclear realiza una campaña anual de muestreo y análisis en el entorno de
cada central que permite contrastar el programa del titular y sus resultados, de los que además dicho organismo informa anualmente al Parlamento español y también a la Comisión Europea. Según el tercer informe nacional relativo a la Convención
sobre seguridad nuclear, presentado por España al Organismo Internacional de Energía Atómica en septiembre del año 2004, el impacto radiológico de las centrales nucleares españolas en el entorno continúa muy por debajo de los límites establecidos y
la calidad medioambiental alrededor de las instalaciones se mantiene en condiciones aceptables desde el punto de vista radiológico, sin que exista riesgo para las personas como consecuencia de su operación.



Señorías, en todo caso, es indudable que el conocimiento por parte de la población en general y particularmente por aquella que reside en las proximidades de una central nuclear de la influencia que pueda tener en su salud la existencia de
dicha instalación es una cuestión de gran interés. De hecho, tanto esta Cámara como la asociación AMAC, que agrupa a los municipios próximos a las centrales nucleares, y las asociaciones ecologistas han reclamado al Gobierno la elaboración de un
estudio epidemiológico, que, como usted sabrá, está haciéndose en virtud del convenio que el pasado 26 de abril firmaron el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Sanidad y Consumo a través del Instituto de Salud Carlos III. El estudio
incluirá más de 500 municipios, también los que se encuentran en el entorno de 30 kilómetros alrededor de las plantas nucleares. Por otra parte, se constituirá un comité consultivo, en el que, junto a las instituciones promotoras participarán
representantes de las comunidades autónomas, expertos independientes, entidades ecologistas y otras entidades con intereses legítimos relacionados con la presencia de estas instalaciones.



Esto es cuanto le puedo decir respecto a la política del Gobierno en materia de energía nuclear, en un momento en el que, como usted sabe muy bien, después del debate de estos seis meses en la mesa, sin lugar a dudas tendremos muchos más
elementos, sobre todo para hablar de algunos de los problemas que usted ha mencionado. En cualquiera de los casos, repito, la legislación establece unas determinadas previsiones, asigna unas determinadas funciones a las instituciones y a eso nos
debemos atener. Pensamos que no es conveniente actuar en función de futuribles posicionamientos o de peticiones que de momento no han existido y evidentemente cuando ni tan siquiera se ha procedido —en el caso de que existiera o cuando exista— a
algo que está reglado: que el Consejo de Seguridad Nuclear es el que ha de emitir en primer lugar un informe. Si este informe fuera negativo, el Gobierno bien poco tendría que decir, porque, como usted sabe, es vinculante; si fuera positivo, el
Gobierno sí tendría que decidir al respecto.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.



Para su turno de réplica tiene la palabra la señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.



En definitiva, señor ministro, que no sabe, no contesta. Primera cuestión, el Consejo de Seguridad Nuclear. Yo no voy a entrar en esta materia, que esta Cámara ha debatido por activa y por pasiva. Esto también será cuestión de una gran
reconversión porque sabe usted que se pueden mejorar sustancialmente la información, el control y tantas y tantas cosas respecto al funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear.



Segunda cuestión, la salud. Es evidente que la salud es importante y, según los datos que yo tengo, ya hay un estudio realizado por el Instituto Carlos III en el que se detecta una tasa más alta de cáncer de estómago en el entorno de
Garoña. Por tanto, no hay que esperar. Habrá que hacer más estudios, pero ya hay uno.



Tercera cuestión, qué vamos a hacer. Yo podría alegar que ustedes ya lo dijeron claramente en su programa electoral, con lo cual cuando se habla de energía nuclear es una cuestión de voluntad política. Suecia, Alemania, Reino Unido y
Francia tienen determinados los elementos clave de seguridad y de técnica basados en lo que les digan los expertos, pero al final es la voluntad política la que determina si el equilibrio entre la productividad, en sentido amplio y estricto, y la
seguridad y la salud es conveniente. Ustedes ya dijeron que iban a cerrar Garoña y que iban a hacer un calendario de cierre de las nucleares existentes. Por tanto, en pura teoría tendría que decir: No me hable usted de lo que el Consejo de
Seguridad Nuclear va a hacer en junio de 2009, dígame usted lo que el Gobierno quiere hacer.



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Cuarta cuestión. Señor ministro, me gustaría saber qué valoración hacen usted, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, en general, de todos los informes que hay emitidos por el
Consejo de Seguridad Nuclear en relación con todo lo que ha ocurrido en Santa María de Garoña desde el año 2004. Usted no me ha dicho nada. Me gustaría saber si le parecen correctos los planes de mejora que ha habido que hacer para corregir las
debilidades de diseño que ha tenido y que tiene Garoña; si le parece compatible la ampliación de una licencia de explotación con el incremento de las medidas de seguridad que, para cumplir los estándares que usted ha mencionado, se ha exigido a la
empresa Nuclenor, de Garoña, y si todo eso tiene una valoración por parte del Gobierno en relación con lo que va a ocurrir de forma inmediata. No le estoy pidiendo que me diga qué le parece técnicamente porque ya tenemos los informes, los hemos
leído todos. Con esos mismos informes sobre la necesidad de fortalecer el diseño y la seguridad, en Zorita se llegó a la conclusión de que, por el cómputo de electricidad que generaba —lo mismo que ocurre con Garoña, por cierto; todos sabemos que
no tiene ningún sentido porque no es la gran energía ni la afectación de la energía—, no merecía la pena, que había que cerrarla.
Usted tiene que tener una valoración política, porque esto es lo mismo que se está produciendo en Garoña. Existen los
informes de mayo y de noviembre de 2005, respecto a los que usted no me ha dicho nada y que esta Cámara no ha conocido parlamentariamente hablando, y existen los planes de mejora de diseño y de cultura de seguridad que se exigen a la empresa. Con
todo eso, hoy, al ministerio y al ministro, ¿qué le parece que hay que realizar? No apelo al cumplimiento de promesas, quiero saber qué es lo que hay que hacer. Hay problemas de seguridad y hay problemas de salud, la central está amortizada y,
según lo que dicen los expertos del Consejo de Seguridad Nuclear, aplicando el modelo de Zorita, no conviene seguir con ello. Usted tiene la palabra para que me diga exactamente su posición política, evidentemente después de leer y analizar, como
lo habrá hecho, los informes del Consejo de Seguridad Nuclear.



Muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Lasagabaster.



Finalmente, para cerrar el debate, tiene la palabra el señor ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.



Señoría, ha hecho alusión a los compromisos electorales del Partido Socialista. Le leeré textualmente lo que dice el programa: «Mantendremos nuestro compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más
limpias y menos costosas, que se llevará a cabo de forma ordenada en el tiempo, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social.» Eso es lo que dice nuestro programa, no es exactamente lo que usted ha dicho. (Rumores.)
Así también lo expresó el presidente en el debate de investidura cuando aseguró que la opción del Gobierno sería fomentar el recurso de las energías alternativas que permitan reducir emisiones de gases de efecto invernadero de manera progresiva.
Por ello hemos aprobado un plan de actuación, de eficiencia y de ahorro energético y un nuevo plan de energías renovables, precisamente para garantizar una mayor aportación de este tipo de energías limpias a nuestro mix energético. Esto es
precisamente, repito, lo que estamos haciendo, priorizando otras fuentes de energía frente a la nuclear, de forma que la participación de esta última se vaya reduciendo paulatinamente.



De hecho, señoría, en la revisión de la planificación de los sectores de la electricidad y del gas, que hemos aprobado recientemente, se observa cómo la generación eléctrica con energía nuclear ha disminuido su participación en el mix
energético desde el 27,6 por ciento en el año 2000 al 19,7 por ciento en el año 2005 —y eso que ha sido un año seco—, donde otras aportaciones han sido muy insignificantes, y esta planificación prevé que en el año 2011, que es el horizonte de la
misma, solo sea del 17,3; es decir, del 27,6 al 17,3. Al mismo tiempo se prevé un fuerte incremento de las energías renovables, que alcanzarían el 30,9 por ciento de la generación bruta total en ese mismo año, en 2011. Por tanto, señorías, el
Gobierno no tiene prevista hoy la apertura de ninguna central nuclear ni tampoco hay, aparte de un cierto ruido y de opinadores al respecto, solicitudes en este sentido. Sería largo de discutir también, si acaso.



Sobre el cierre de las existentes, como he dicho anteriormente, las centrales nucleares operan con unos permisos de explotación con validez de diez años, cuya renovación depende en primera instancia de una solicitud de la empresa. Hasta
ahora no hay solicitud. Usted tiene información de que efectivamente la están preparando. Si es así, si hubiera tal solicitud del Consejo de Seguridad Nuclear y de protección radiológica, este sería el único organismo competente en materia de
seguridad nuclear. Usted ha alegado razones fundamentalmente de seguridad para el cierre, aunque supongo que también debe de haber otras. Este consejo elaboraría un informe preceptivo y vinculante desde el punto de vista de la seguridad, de forma
que si resultara negativo no se concedería la prórroga de la autorización, y usted debería estar más segura de que será así en función de los argumentos que ha utilizado.
Solo en el caso de que el informe resultara favorable, el Gobierno debería
tomar una decisión sobre la solicitud, y no dude que lo hará atendiendo precisamente a nuestros compromisos electorales y a lo que recoge nuestro programa, no exactamente el que usted ha citado sino el que textualmente yo sí he citado.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.



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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA INTERVENCIÓN DE LAS EMPRESAS AFINSA Y FÓRUM FILATÉLICO. (Número de expediente 172/000193.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate de la interpelación, pasamos al punto 37 del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la intervención de las empresas
Afinsa y Fórum Filatélico. Para la defensa de la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señora ministra, yo hubiera preferido no hacer una interpelación. Mi grupo hubiera preferido una comparecencia solicitada por usted en la Comisión de Sanidad y Consumo en la que hubieran
podido opinar todos los grupos y no hacerla venir obligatoriamente a una interpelación. Hubiera sido un debate más rico, hubiera sido mejor y hubiéramos transmitido una mejor opinión a los ciudadanos; por tanto, esa comparecencia se debería haber
producido en la Comisión. Nosotros hemos presentado esta interpelación porque esa comparecencia no se producía, y lo mismo le ha pasado al Grupo de Convergència i Unió.



En primer lugar, existe un problema serio y que afecta a ahorradores, a familias y a trabajadores —son miles los trabajadores afectados por este problema que no tenían ninguna responsabilidad—, luego hoy hay miles de familias afectadas por
el caso Afinsa-Fórum. En mi opinión, deberíamos ser capaces entre todos de que este Parlamento se situara cerca de los que tienen los problemas, que fuéramos capaces de cuantificar la magnitud del problema en el Parlamento, que fuéramos capaces de
dilucidar en sede parlamentaria cuál es el número de afectados, las cantidades y los problemas para poder abordarlos, y eso lo deberíamos hacer entre todos los grupos parlamentarios porque no veo que en ese debate tenga que haber ninguna disputa
partidista. Cuando mi grupo presenta esta interpelación —como lo habríamos hecho en la Comisión de Sanidad y Consumo, donde pedimos su comparecencia—, quiere dar la respuesta a los afectados de estar cerca de ellos. Usted como ministra, su grupo
parlamentario y el mío han tenido multitud de reuniones y acercamientos con los afectados —afectados no solo ahorradores sino también trabajadores— y así es como hay que trabajar, cerca de ellos. Esa era la voluntad cuando planteamos esta
interpelación.



Nos ha dado cierta impresión, señora ministra, de que desde el primer día el Gobierno intentaba centrifugar la responsabilidad: las comunidades autónomas, el Partido Popular, el anterior Gobierno. Mi grupo parlamentario opina que cuando
hay un caso de estos los culpables son los que lo cometen. No vamos a echarle la culpa al Gobierno de lo que hace el capitán de un barco o de lo que hace cualquier otra persona; la culpa la tiene quien comete los actos ilícitos. No vamos a hacer
lo que se hizo en otras legislaturas. Desde luego, si desde el Gobierno quieren buscar responsabilidades lo que tienen que hacer es aplicarse el cuento porque llevan dos años gobernando y no buscar la responsabilidad en los Reyes Católicos o en los
suevos. Es decir que la responsabilidad es de quien tiene el Gobierno ahora. En estos dos años ustedes han afrontado multitud de reformas: han derogado el Plan Hidrológico Nacional, han modificado sustancialmente la Ley Orgánica de Educación, la
Ley del Consejo General del Poder Judicial, que son leyes orgánicas, leyes sustantivas, y han aprobado el Estatuto de Cataluña. Ahora esta ley es responsabilidad de los anteriores. Vamos a tomarnos las cosas en serio si queremos llegar a acuerdos.
Me preocupó ver el argumentario del PSOE, grupo federal, señora ministra —a veces también se filtran los argumentarios del PSOE—, que dice —fecha 10 de mayo—: El Partido Popular es el responsable. Es para que lo digan. Esto es lo que manda el
señor Blanco a todas las organizaciones territoriales. Me parece poco serio que la Comisión Ejecutiva Federal mande este argumentario que dice que el Partido Popular es el responsable. Señora ministra, eso no es serio. (Rumores.)


En noviembre del año 2003 se aprobó la Ley 35/2003.



El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Pujalte.



Señorías, vamos muy bien. Yo creo que no vale la pena a estas alturas cruzar comentarios desde los escaños. Se lo agradecería a todos. Muchas gracias.



Continúe.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No se preocupen, todo llegará.



En noviembre del año 2003 se aprueba la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en el Senado se presenta una enmienda larga, la disposición adicional cuarta. Yo aseguro que ni maté a Manolete ni presenté esa enmienda. No he
sido senador nunca aunque diga algún medio de comunicación que el señor Martínez-Pujalte fue el que la presentó. No, no, nunca he sido senador. Se presentó en el Senado y se votó: asistentes, 183; votos a favor, 181; votos en contra, dos. El
Grupo Socialista la apoyó y yo la defendí en el Congreso, efectivamente, como dice muy bien el señor Torres, lo sé perfectísimamente. Yo dije que esto era una buena disposición adicional porque daba garantías. Se titula: disposición adicional
cuarta —como ha dicho muy bien antes la ministra— de protección de la clientela en relación a la comercialización de determinados bienes. Y tengo aquí la disposición adicional. Entró en vigor en febrero de 2004. Poco tiempo tuvimos nosotros para
desarrollar esta legislación después de febrero de 2004. En esta disposición adicional hay mecanismos suficientes que, bien desarrollados, algo podía haber hecho el Gobierno: haber pedido cuentas, haber pedido informes, haber puesto, como el
ministerio en su decreto de organización, lo que tiene que hacer Consumo, el desarrollo normativo; se podía haber hecho.
Usted ha dicho en unas declaraciones


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que todas las competencias de Consumo están transferidas. Entonces lo que deberíamos hacer es coger los 3.000 millones de euros que usted tiene anualmente y transferirlos a las comunidades autónomas, porque si usted no tiene ninguna
competencia, ¿para qué son los 3.000 millones de euros, todo el personal y el edificio que tiene en la calle Príncipe de Vergara? Algo tendrá que hacer, ¿no?Si usted quiere que lleguemos a acuerdos en defensa de los consumidores, llegaremos a
acuerdos, y si lo que quiere es un pimpampum, también lo aceptaremos. Podríamos crear en el Congreso, si el resto de los grupos lo entiende conveniente, una subcomisión de seguimiento del tema para estar cerca de los clientes, para estar cerca de
los trabajadores, no una comisión de investigación, una comisión de seguimiento, de análisis, que permita que el Parlamento esté cerca de los afectados; si ustedes quieren lo hacemos así.



Antes de acabar quiero hacerle unas preguntas, señora ministra. ¿Desde cuándo conoce usted que hay algo irregular en Afinsa y en Fórum Filatélico? Una fecha. Es una pregunta sencilla. ¿Desde cuándo conoce el señor Fernández Ordóñez, el
que está preconizado para ser gobernador del Banco de España, que hay algún problema? Desde que lo conoce hasta hoy, ¿cuántos nuevos clientes han entrado en Afinsa y en Fórum Filatélico? ¿Por qué cuando se desarrolla la Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva en el decreto de noviembre de 2005 no se desarrolla la disposición adicional cuarta? ¿Por qué no se desarrollan los puntos 3 al 8 que hablan de infracciones? Usted ha dicho en la tribuna: No son productos financieros. Me
parece muy bien. Esto también lo ha dicho ayer el señor Solbes. ¿Está usted de acuerdo con esta descripción de la querella del fiscal que los define como productos financieros o no? Eso es capital; toda la querella se basa en que estos son
productos financieros. ¿Ustedes están o no están por la labor de crear un fondo que apoye a los afectados? Porque oí a la vicepresidenta decir que iban a estar cerca de los afectados; después el señor López Garrido dijo que sí al fondo; por la
tarde el señor López Garrido dijo que no había dicho lo que había dicho; después han dicho que se puede estudiar. ¿Están o no están de acuerdo en que creemos un mecanismo que dé cobertura a los afectados? ¿Están ustedes de acuerdo o no en que
trabajemos conjuntamente para dar solución a los trabajadores de las dos empresas, para dar un mensaje de esperanza a los trabajadores de ambas empresas? ¿Desde cuándo hay alguna denuncia en alguna oficina de consumo? Porque resulta que nunca se
había tratado esto en las reuniones de coordinación y consumo con los directores generales de Consumo de las comunidades autónomas.
¿Había denuncias? Nosotros no lo sabemos. Me gustaría añadir otra pregunta que no le he formulado antes cuando le
he preguntado desde cuándo sabían las fechas, y es la siguiente: ¿Desde cuándo sabe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que hay problemas en Fórum Filatélico y Afinsa? Respondiendo a estas preguntas y trabajando conjuntamente,
entre todos podríamos dar un mensaje positivo a clientes y a trabajadores. Quiero que no se olviden nunca, por supuesto, de los clientes, pero tampoco de los miles de trabajadores de esas empresas que no tienen ninguna responsabilidad.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Pujalte.



Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Pujalte, he recibido el inicio de su intervención con la esperanza de que efectivamente fuera una intervención constructiva, una intervención destinada —como usted ha dicho— a llegar a acuerdos entre todos los grupos parlamentarios
para tratar de ayudar a los afectados.
Enseguida he tenido que cambiar esa impresión inicial, en primer lugar, porque usted pretende que se cree una subcomisión que sustituya a las instancias judiciales, una comisión parlamentario que determine —y
repito sus palabras— cuál es la cuantía del problema, cuál es el número de afectados, que son exactamente las actuaciones que está desarrollando en este momento la autoridad judicial. Después su intervención ha continuado, y con cierta ironía,
cambiando ese sentido de las palabras iniciales, a cambio de decir que no debíamos acusar al Gobierno anterior usted intenta transmitir la idea de que la culpabilidad es del Gobierno actual. En definitiva, con esa afirmación lo único que hace es
confirmar las primeras declaraciones del Partido Popular, que intentó hacer una utilización partidista de este tema y, en paralelo, ensalzar la gestión sobre la base de que ustedes habían establecido una normativa modélica que tan solo adolecía de
un desarrollo reglamentario cuya responsabilidad, claro está, era del Gobierno actual, por lo que, en definitiva, el Gobierno actual es, según ustedes, el responsable de la situación en la que se encuentran las decenas de miles de afectados.

Afortunadamente hoy dice usted, como nosotros, que la responsabilidad es de las empresas que presuntamente han cometido estos delitos, si ello se prueba. Ese enfoque de los primeros días ha continuado en el día de hoy con las preguntas que usted me
ha hecho. Le voy a contestar a algunas de ellas, y a algunas otras tendré oportunidad de contestarle más adelante.



¿Desde cuándo conozco yo personalmente que existe o puede existir alguna actuación irregular en Afinsa y en Fórum Filatélico? Por lo menos dos años después de que lo conozca el Partido Popular; por lo menos dos años después.(Aplausos.)
Quiero recordarle lo que llevó al Partido Popular a incluir a toda prisa en el proyecto de ley de instituciones de inversión colectiva, por vía de enmienda en el Senado —se lo recuerdo—, con los informes desfavorables del Ministerio de Sanidad y
Consumo y del Instituto Nacional de Consumo, en los que se ponía de relieve en ese momento —leo textualmente— la falta de mecanismos de supervisión y control en las


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comunidades autónomas para vigilar las exigencias de solvencia y cobertura de riesgos de este tipo de actividad. Así consta en el informe que desde la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo se envió al Ministerio de
Economía y Hacienda cuando se tuvo conocimiento de que se deseaba incluir esta enmienda. En todo caso, parece que podría deducirse que eran ustedes los que sí sabían en ese momento que existía alguna actuación irregular de estas empresas. Además,
quisiera recordarle aquí que las querellas que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción se basan en hechos ocurridos entre los años 1998 y 2002. La actuación de la Agencia Tributaria, repito, se inicia en febrero del año 2003 y se refiere a
actividades de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico en los ejercicios 1998 a 2001, y posteriormente se amplió esa investigación al ejercicio 2002. En julio del año 2005, en cumplimiento de la normativa de inspección de los tributos, la Agencia
Tributaria suspendió los procedimientos administrativos de comprobación y remitió los expedientes al ministerio fiscal. Quiero decirle, señor Pujalte —y lo mismo ha comentado el ministro de Economía, el señor Solbes—, que ni en la transmisión de
poderes entre ministros de Economía ni, por supuesto, en la transmisión de poderes entre ministros de Sanidad y Consumo se hizo ninguna referencia a este problema; ninguna referencia consta a la existencia de este problema, a la existencia de estos
indicios de actuación irregular.



También quisiera decirle que es en el año 2002 cuando la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros —una asociación de consumidores— dirigió varias cartas al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al
Ministerio de Economía, en las que denunciaba la inseguridad y falta de control del sector de los llamados bienes tangibles, el riesgo que ello implicaba para sus clientes y reclamaba la adopción de medidas. Y hemos conocido ahora que en los años
2001 y 2003 el Servicio ejecutivo para la prevención del blanqueo de capitales, adscrito al Banco de España, investigó a Fórum Filatélico por operaciones sospechosas de blanqueo. Así es que, señor Pujalte, parece que ustedes sí que tenían mucha
información sobre todos estos temas, y por eso es difícil entender que el Gobierno del Partido Popular no adoptara ninguna medida, salvo esa actuación, deprisa y corriendo, en una ley cuyo objeto era regular lo que precisamente no son ni pueden ser,
según la propia ley del Partido Popular, las empresas de comercialización de bienes tangibles. Sus portavoces en el debate de esa disposición adicional expresaron la convicción —en sus propias palabras— de que a través del control de las
autoridades de Consumo de las comunidades autónomas se ofrecían garantías suficientes a los inversores en sellos y obras de arte. Sí, señor Pujalte, porque, en la medida en que ustedes dicen que esta es una competencia de las autoridades de
consumo, espero que usted respete la distribución competencial y, por tanto, sabrá que esa responsabilidad es, a partir del momento en el que así se determina, una responsabilidad de las comunidades autónomas.



En la tramitación del proyecto de ley sobre instituciones de inversión colectiva se concluía que las sociedades de este tipo no podían ser consideradas como entidades de inversión. Eso llevó al Gobierno del Partido Popular a dejarlas fuera
del control de los organismos supervisores de las entidades financieras y es únicamente, a respuesta de una observación concreta del Ministerio de Sanidad y Consumo en ese momento, en el año 2003, cuando se añade la obligación de que estas entidades
deban presentar una auditoría anual ante las autoridades de consumo. Esa es la respuesta que se da desde el Ministerio de Economía a las observaciones planteadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo.



Usted ha dicho algo que no corresponde a la realidad; usted ha dicho que ninguna conferencia sectorial. Se ha hecho alusión a estos temas y quiero decirle que en la conferencia celebrada el pasado 12 de diciembre del año 2005 —y así consta
en acta— la directora del Instituto Nacional de Consumo solicitó a los consejeros información del grado de cumplimiento que se estaba dando en las comunidades autónomas de la obligación de depósito de las auditorías de cuentas y hasta la fecha no se
ha recibido respuesta alguna porque, como SS.SS. saben, la obligación de someter a auditoría de cuentas entró en vigor el mismo día que la ley, es decir, el 4 de febrero de 2004. Al cierre del ejercicio de 2004 deberían haberse auditado las
cuentas y durante el año 2005 debería haberse cumplido con la obligación de depósito en las comunidades autónomas correspondientes, pero es que además los medios de comunicación se hacían eco ayer de que Fórum Filatélico aseguraba haber enviado la
memoria de auditoría del ejercicio 2004 a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, si bien fuentes de la consejería aseguraban no tener constancia de haber recibido esta documentación y evidentemente debemos concederles el
beneficio de la duda. Pero tampoco nos consta que esta comunidad haya reclamado la auditoría o en su caso sancionado a los incumplidores. Si ha recibido la auditoría desconocemos si ha encontrado en ella alguna irregularidad y, si es así, por qué
no ha optado en consecuencia.



Pues bien, yo quisiera decirle que el consejero de la Comunidad de Madrid, responsable de los servicios de consumo donde debían haberse depositado y examinado esas auditorías, ha pedido explicaciones al Ministerio de Sanidad y Consumo y
achaca este tema a una actuación mediática del Gobierno. Nos dice que siendo como era, en el momento en que se introdujo esa enmienda, director del gabinete del vicepresidente y ministro de Economía y, por tanto, debía razonablemente conocer… (El
señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, cuando se preparó la enmienda. Por días, pero le aseguro que hemos comprobado las fechas. Muy pocos días después, en noviembre de 2003, fue nombrado consejero de la
Comunidad de Madrid, muy pocos días después, pero cuando se aprobó la enmienda era todavía director del gabinete del vicepresidente y ministro de Economía y, por tanto, debía conocer esta


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correspondencia entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Economía y Hacienda.



En conclusión, quisiera decirle que, con independencia de sus manifestaciones de acuerdo, las actuaciones que ha llevado a cabo hasta ahora el Partido Popular han sido lanzar acusaciones y, al mismo tiempo, pedir explicaciones, no vaya a ser
que alguien se las pida a ustedes.
Esto es lo que han hecho hasta ahora, pero yo desde luego sí le quiero anticipar, como haré a continuación, nuestra voluntad de aceptar su ofrecimiento para buscar entre todos la mejor solución en beneficio de los
afectados.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora ministra.



Para ejercer su turno de réplica tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, menos mal que al final ha dicho la palabra afectados, porque toda su intervención ha sido el PP y las comunidades autónomas. No existen los afectados y no existen los trabajadores. Me parece tremendo, señora ministra, que,
ante un tema que afecta a 350.000 familias, que afecta al ahorro de muchísimas familias y que está llevando el drama a miles de trabajadores, que son más de 5.000, usted suba a la tribuna y esté diez minutos metiéndose con el PP y con las
comunidades autónomas y no diga nada, absolutamente nada, de los afectados —clientes y trabajadores—. Me parece fatal. Señora ministra, se lo debo decir porque, si no, me parece que no cumpliría con mi deber.



Su grupo parlamentario puede decir lo que quiera, pero seguro que han recibido muchísimas noticias de afectados y de trabajadores y seguro que están preocupados como está preocupado mi grupo parlamentario por los clientes, por los
ahorradores, por las familias con muy pocos recursos económicos que habían ahorrado en esas empresas y por los trabajadores.
Ahí es donde tenemos que centrar la atención. Pero yo ya sabía que a usted eso no le importaba, porque ni a usted ni al
Gobierno le importan los afectados ni los trabajadores. Lo que les interesa es centrifugar responsabilidades. Vamos a ver si centrifugamos responsabilidades. Dice: Yo me enteré dos años después. Me imagino que usted quiere decir que se enteró
al principio de su responsabilidad de Gobierno. (Rumores.—La señora ministra de Sanidad y Consumo hace gestos negativos.) Si no es así, dígame una fecha. (Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, la interpelación la sustancia el diputado interpelante y el miembro del Gobierno. Vuelvo a repetir, vamos a terminar la sesión en paz. Muchas gracias.



Continúe, señor Martínez-Pujalte.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Dígame una fecha. ¿Desde cuándo lo sabe usted? No diga dos años después, siete años después o dieciocho años… ¿Desde cuándo lo sabe usted? ¿Quién se lo dijo? El señor Fernández Ordóñez, ¿desde cuándo lo
sabe? Porque la inspección, como usted muy bien sabe, empieza en febrero de 2003, pero la Oficina Nacional de Inspección lo pasa a la fiscalía en 2005. ¿Se enteró entonces el señor Fernández Ordóñez? ¿Se lo dijo a usted? ¿Se lo dijeron en ese
momento a las comunidades autónomas? Ese dato es muy importante, porque desde entonces ha aumentado el número de clientes exponencialmente. Hay mucha gente que ha entrado en esos momentos. Yo he recibido e-mail, y seguro que los diputados de su
grupo también, diciéndome: Oiga, ¿qué esto se sabe desde el año 2005 y a mí no me han dicho nada, me han dejado invertir en noviembre de 2005 —este es el último que he recibido— y no me han avisado cuando ya había una denuncia en la fiscalía?


No basta decir: Hay que pedir las auditorías. Si ustedes sabían que había algo raro, lo que tenían que haber dicho es: vamos a tomarnos en serio una situación que la Agencia Tributaria ha investigado, que se lo ha pasado a la fiscalía y
que habrá que tomárselo en serio, pero no vale decir yo reuní a la conferencia y dije: ¿Cómo va esto de las auditorías? ¿Han pedido las auditorías? Este es un tema muy serio; hay familias y trabajadores. No estamos hablando de una broma.
Señora ministra, ¿desde cuándo lo sabía usted, el señor Fernández Ordóñez y el ICAC? (Un señor diputado: ¿Y Ana Pastor?) Ustedes nos pueden echar la culpa de lo que quieran, pero los ciudadanos lo saben. Después de dos años de Gobierno, han
cambiado la Ley de Educación, el Estatuto de Cataluña, han cambiado las relaciones internacionales y ahora dicen que esto es culpa de los Reyes Católicos. Usted tiene un presupuesto en el Ministerio de Sanidad y Consumo para esa competencia
concreta: Consumo, en concreto, 3.000 millones de pesetas anuales. ¿Qué está haciendo? Porque usted dice que competencia suya es la preparación de acciones judiciales en defensa de los intereses generales de los consumidores. Algo tendrá que
hacer respecto a eso, ¿no? La propuesta de ordenación en materia de consumo, eso lo dice usted. ¿Ha hecho usted algo para desarrollar la disposición adicional cuarta? Dicho esto, señora ministra, si quieren que hablemos de responsabilidad,
hablamos de responsabilidad. Había un vacío legal, se llenó con la Ley de 2003, se ha desarrollado en el Reglamento de 2005 y ustedes no han desarrollado esto, pero si quieren hablamos de ello; se crea una subcomisión, lo seguimos, que comparezcan
los ciudadanos, y entonces serán ustedes transparentes. Y si no, señora ministra, le doy un consejo. Mi ofrecimiento es sincero. Si quiere que trabajemos en favor de los clientes y de los trabajadores de la empresa, encontrarán a este grupo
parlamentario y, si usted quiere dirimir responsabilidades, las encontraremos también, porque llevan dos años de Gobierno.



Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.



Tiene la palabra para cerrar el debate en nombre del Gobierno la señora ministra. De paso recordaré a la Cámara que hay un tiempo tasado y a continuación un minuto de cortesía y que el presidente no instrumenta los avisos, sino que son
automáticos. Es un avance tecnológico que garantiza en todo caso la imparcialidad de la Presidencia. Muchas gracias.
Disculpe, señora ministra, y cuando guste.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Pujalte, termina usted como empezó, con una cierta demagogia, si me lo permite, y por supuesto con esos ofrecimientos posteriores a toda una serie de cuestiones, a algunas de las cuales quisiera contestar. En primer lugar, quiero
decirle que ya me gustaría tener 3.000 millones de presupuesto. Espero que por parte de su grupo se haga todo lo posible para que en el próximo presupuesto así sea. Desgraciadamente, mi presupuesto es mucho más modesto, es como la quinta parte de
todo eso.
(El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) En fin, ya le digo que estaré encantada de tener ese presupuesto. (El señor Martínez-Pujalte López muestra un documento.) Ese es el presupuesto de Sanidad…


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón. Señor Pujalte, ya he recordado antes, amparando a S.S., que era la interpelación entre el diputado y el miembro del Gobierno y ahora tengo que decir exactamente lo mismo en amparo de la señora
ministra.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Estaré encantada de tener 3.000 millones y espero que por parte de su grupo se haga todo lo posible para que así sea. En cualquier caso, la vicepresidenta del Gobierno ya hizo un
ofrecimiento a los afectados y se ha hecho también desde el Consejo de Consumidores, desde el ministerio, desde las comunidades autónomas y desde el Ministerio de Economía y Hacienda, así que no utilice usted la demagogia para decir que este
Gobierno no se ocupa de los afectados.



Ustedes han seguido un manual de campaña que comienza por unas manifestaciones sorprendentes del señor Rajoy, en las que dice que cuando una empresa desarrolla su actividad en más de una comunidad autónoma las competencias son de la
Administración General del Estado. Y me sorprende después que los ponentes y defensores de esa famosa disposición adicional cuarta, entre los que se encuentra usted, desconozcan los títulos competenciales constitucionales en virtud de los cuales se
aprueban los distintos contenidos de la ley y en consecuencia a quién corresponde efectuar los desarrollos reglamentarios, porque, señorías, en primer lugar, la disposición adicional cuarta solo hace una mención al desarrollo reglamentario en el
apartado que se refiere a la información precontractual a suministrar a los clientes, cuyo desarrollo corresponde, en caso de que lo estimen conveniente, a las comunidades autónomas. No hay ninguna otra mención a desarrollo reglamentario. Y por
otra parte es un desarrollo reglamentario que para el resto de los preceptos en absoluto resulta necesario. Las sanciones están tipificadas y las actuaciones que deben desarrollar las comunidades autónomas también. Si quisieran, las comunidades
autónomas podrían haber desarrollado este apartado concreto que se refiere a la información precontractual. No hay, en todo el marco de nuestra disposición, ninguna otra referencia al desarrollo reglamentario. Señor Pujalte, la ley es respetuosa
con el marco constitucional y su desarrollo reglamentario también debería de serlo. Su imprevisión normativa, si es que así cabe interpretarlo, no puede ser sustituida por un reglamento estatal que no cabe en el ámbito competencial ni en las
disposiciones de la ley.



Respecto de cuál es la administración competente, le diré que el senador del Partido Popular, don Javier Sánchez-Simón manifestaba, en la defensa de esa disposición adicional cuarta, (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no
se perciben.) que se trataba…


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Señor Pujalte, le ruego que sea tan amable de atenerse al procedimiento (Un señor diputado: ¡Es incapaz!) y lo mismo ruego a los señores que han hecho determinado comentario. A estas horas conviene
que demos un ejemplo. Perdóneme, señora ministra.



Muchas gracias.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): … de una nueva regulación integral, más allá de la normativa fraccionada, actualmente vigente, que delegaba la competencia de control y supervisión en las comunidades autónomas. Las
competencias de consumo son competencias transferidas en su totalidad a las comunidades autónomas. Estas son las únicas que pueden intervenir en este caso. Eso no quiere decir que el ministerio no vaya a colaborar con las administraciones
implicadas y que no vaya a adoptar las medidas de coordinación que considere necesarias.
Ese ha sido nuestro ofrecimiento y ese sigue siendo.



También quisiera mencionar su insistencia en la creación de un fondo. En mi anterior contestación al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió he señalado algunos motivos por los que no lo vemos viable, pero apuntaré otro más. Cerca del
40 por ciento de las familias españolas tienen dificultades para llegar a fin de mes, no pueden ahorrar y, en consecuencia, mucho menos invertir, pero pagan religiosamente sus impuestos. Por tanto, deberíamos pensar con detenimiento, antes de
afirmarlo, que los impuestos de estas personas deben destinarse a sufragar un ahorro y unas inversiones que ellos no se pueden permitir.
(Aplausos.)


Señorías, lo que corresponder ahora al Gobierno —y es lo que se está llevando a cabo— es coordinar el cauce por el que se deben dirigir las reclamaciones de los afectados


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y hacerles llegar la información disponible. El Gobierno también es consciente —quiero decirlo aquí— de la necesidad de revisar el marco legal que regula los bienes tangibles, aumentando la transparencia de estas empresas y la seguridad de
los ciudadanos que invierten en esos productos. Por eso, próximamente presentaremos una iniciativa en ese sentido para complementar la ley con otra ley, no con un reglamento que no cabe por parte de la autoridad estatal. Señorías, la Agencia
Tributaria ha actuado, la fiscalía ha actuado, las Fuerzas de Seguridad también, la justicia está en marcha y el Gobierno ha ofrecido su ayuda a los afectados y deseo que, en esta ayuda a los afectados, el Gobierno pueda contar con la colaboración
de todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo, como usted ha ofrecido. Están ustedes a tiempo de rectificar ese mal comienzo que han tenido en este tema. Les invito a ello y espero poder contar con su colaboración.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora ministra.



Finalizado el orden del día correspondiente a la tarde de hoy, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.



Eran las nueve y veinte minutos de la noche.