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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 176, de 16/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 176
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 165
celebrada el martes, 16 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la incorporación a los pasaportes de las lenguas oficiales en el Estado español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 21-1, de 23 de abril de 2004. (Número de
expediente 122/000007.) ... (Página 8796)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español, a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 102-1, de 26 de julio de 2004. (Número de expediente 122/000086.) ... (Página 8804)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la convocatoria de un referéndum. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 380, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 162/000474.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el tráfico de mujeres en el marco del Mundial de la FIFA. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 380, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 162/000475.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la Unión Europea. (Número de expediente 173/000134.) ... (Página 8824)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de medidas de intervención para evitar la discriminación de las personas transexuales. (Número de expediente 173/000135.) ... (Página
8829)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 8796)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la incorporación a los pasaportes de las lenguas oficiales en el Estado español ... (Página 8796)
El señor Xuclà i Costa presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), esta proposición de ley para la incorporación a los pasaportes de las lenguas oficiales en el Estado español. Señala que la iniciativa no
tiene otro objetivo que no sea dar un paso más en la línea de la acomodación de la adecuación de nuestro Estado, que es un Estado compuesto, con distintas realidades lingüísticas y culturales y también con distintas realidades de carácter nacional.
Manifiesta que le parece razonable que en un documento habitual como es el pasaporte se incorporen las distintas lenguas españolas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); las señoras Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores ...
El señor Herrera Torres presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la proposición de ley de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los permisos y licencias de
conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Manifiesta que este es un debate recurrente que se ha producido en multitud de ocasiones en esta legislatura, pero también en legislaturas anteriores. Pretende que con esta iniciativa todas las
autorizaciones administrativas para la obtención de permisos y licencias de conducir en los territorios de las comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del castellano se redacten íntegramente en la lengua oficial del Estado y
luego en lengua castellana.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC); Janè i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la incorporación a los pasaportes de las lenguas oficiales en el Estado español, se aprueba por 173 votos a
favor y 139 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los permisos y licencias de
conducir vehículos a motor y ciclomotores, se aprueba por 172 votos a favor y 141 en contra.
Proposiciones no de Ley. ... (Página 8811)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la convocatoria de un referéndum ... (Página 8811)
Defiende la proposición no de ley el señor Rajoy Brey, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que su partido, con el aval de más de cuatro millones de españoles, solicita al Gobierno la convocatoria de un
referéndum. Demanda que los españoles puedan decir si desean o no conservar su nación, su soberanía y su unidad en las mismas condiciones que estaban cuando el señor Rodríguez Zapatero accedió al poder, sin equívocos, sin ambigüedades y sin juegos
de palabras.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban
Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el tráfico de mujeres en el marco del Mundial de la FIFA ... (Página 8818)
Defiende la proposición no de ley el señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Recuerda que a lo largo del próximo Mundial de fútbol 12 ciudades alemanas acogerán a tres millones de personas.
Alemania ha legalizado y regularizado la prostitución y en virtud de esas circunstancias se ha construido en las proximidades del Estadio Olímpico de Berlín un complejo sexual, llamado Eros Center, así como en Colonia y diversas ciudades alemanas.
Con esta iniciativa quiere elevar su voz, junto a la de millones de hombres y mujeres de Europa contra la ecuación, que le parece indeseable, que relaciona el fútbol con la prostitución y para denunciar que ante los ojos del mundo entero se está
produciendo una intolerable y masiva trata de mujeres para hacerla posible.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sainz García,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jáuregui Atondo.
Sometida a votación en sus términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la convocatoria de un referéndum, se rechaza por 140 votos a favor y 173 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el tráfico de mujeres en el marco del mundial de la FIFA, con la incorporación de una enmienda transaccional, las del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y una de adición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, incorporando un nuevo punto, se aprueba por 312 votos a favor y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8824)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la Unión Europea ... (Página 8824)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor De Arístegui y San Román, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que todos los acontecimientos que han ocurrido en estos seis días transcurridos desde la presentación de la interpelación origen de la presente moción, y que han llenado las
páginas de los periódicos, han dado la razón a su grupo. Critica la política exterior del Gobierno repaso los aspectos de la misma.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor De Arístegui y San Román.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de medidas de intervención para evitar la discriminación de las personas transexuales ... (Página 8829)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Bonàs Pahisa, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Manifiesta que toda persona tiene el derecho fundamental de ser y mostrarse públicamente
diferente y de pertenecer y organizarse en una minoría. Ese derecho es una manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona, reconocidos en el artículo 10.1 de la Constitución española.
En defensa de la enmienda presentada, interviene la señora Montón Giménez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Pigem i
Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Seller Roca de Togores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene la señora Bonàs Pahisa.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la Unión Europea, se rechaza por 134 votos a favor y 172 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de medidas de intervención para evitar la discriminación de las personas transexuales, en los
términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso aceptada, se aprueba por 170 votos a favor y 135 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) PARA LA INCORPORACIÓN A LOS PASAPORTES DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 122/000007.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión de Pleno correspondiente al martes 16 de mayo de 2006. Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), para la incorporación a los pasaportes de las lenguas oficiales en el Estado español.
Por el grupo autor de la proposición de ley tiene la palabra, para su defensa, el Señor Xuclà por quince minutos.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la presentación de esta proposición de ley para la incorporación a los pasaportes de las lenguas oficiales en el Estado español, con el convencimiento
de que una amplia mayoría de esta Cámara, y deseando que fuera la unanimidad, al final, trasladarán a través de su voto la toma en consideración
de esta proposición de ley, proposición que no tiene otro objetivo que dar un paso más en la línea de la acomodación, de la adecuación de nuestro Estado, que, como bien saben SS.SS. y compartimos muchos miembros y grupos parlamentarios de
esta Cámara, es un Estado compuesto, con distintas realidades lingüísticas y culturales y también con distintas realidades de carácter nacional. En el ámbito estrictamente lingüístico esta es una propuesta para, de acuerdo con el principio
informador y con la letra estricta del artículo 3 de la Constitución española, adecuar un documento importante, como es el pasaporte, al carácter plurilingüístico del Estado español. Esto va en línea con los compromisos adquiridos por parte del
Estado español en ámbitos y tratados internacionales y también como miembro firmante de la Carta Europea de lenguas minoritarias o minorizadas. En este sentido nos parece razonable que en un documento habitual, como es el pasaporte (documento muy
utilizado que nos acredita, que nos identifica y que desde que España forma parte de la Unión Europea, de acuerdo con las últimas acomodaciones, incorpora las distintas lenguas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea), se incorporen
las distintas lenguas que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución española, son lenguas españolas y merecen una especial protección y respeto por parte de los poderes públicos y, por tanto, de las Cortes Generales y del Gobierno.
Señorías, estamos planteando la posibilidad de que los pasaportes de los ciudadanos miembros de comunidades autónomas con más de una lengua oficial, con cooficialidad de lenguas, los pasaportes emitidos en estos territorios, lo sean en las
dos lenguas oficiales. Exactamente este es el objeto del artículo número 1º de esta proposición de ley, que a su vez supone una modificación del artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.
Por otra parte, al criterio de territorialidad le incorporamos otro mandato temporal a través de esta proposición de ley: que en un plazo de seis meses los distintos organismos responsables de emitir pasaportes acomoden a la nueva normativa
la modificación de la Ley Orgánica 1/1992.
Señorías, soy muy consciente de que estamos en un debate de toma en consideración; de que estamos discutiendo el sí o el no a grandes rasgos y que distintos grupos parlamentarios pueden plantear alguna enmienda de mejora del redactado, pero
aquí hay un planteamiento y un posicionamiento de voluntad política de fondo: a favor o en contra del reconocimiento del carácter plurilingüístico del Estado español y a favor o en contra de que el Estado español, las Cortes Generales, el Gobierno,
asuman como riqueza propia este carácter plurilingüístico. Señorías, pedimos el voto de los distintos grupos parlamentarios a favor de esta iniciativa y pedimos especialmente, como no puede ser de otra forma, el voto del grupo de la mayoría, voto
que nos ayudará -espero y tengo esa confianza- a tirar para delante, a impulsar esta iniciativa. Así lo esperamos de un Gobierno que -no me resulta incómodo reconocerlo desde esta tribuna- durante esta legislatura ha tenido una sensibilidad
destacable, una sensibilidad que conviene subrayar en materia lingüística, una sensibilidad como para expresar este carácter plurilingüístico del Estado español fuera de sus fronteras; un Gobierno que ha permitido, a través de diversas gestiones,
que en estos momentos en diferentes ámbitos de la Unión Europea, en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea, se puedan utilizar las distintas lenguas españolas, de acuerdo con el artículo 3; un Gobierno cuyo ministro de Asuntos Exteriores, hace
unas pocas horas, ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores, pedía que el Parlamento Europeo redoblara sus esfuerzos para intentar que las distintas lenguas españolas también se pudieran
utilizar en el mismo, a pesar de algunos impedimentos por parte de ciertos eurodiputados y -lamento decirlo- algunos de ellos españoles. Pues bien, este Gobierno, que ha manifestado esta sensibilidad de España hacia fuera, evidentemente debería ser
sensible -y espero que lo sea- también a la acomodación de este pasaporte al carácter plurilingüístico del Estado español.
Puede ser que se nos plantee alguna dificultad de carácter técnico, de carácter jurídico, ya que la Unión Europea requiere que los pasaportes estén en las distintas lenguas oficiales, pero si previamente este Estado ha reconocido todas estas
lenguas oficiales como lenguas propias no debe haber ningún problema. La interpretación de mi grupo parlamentario es que esto ya está suficientemente reconocido a través del artículo 3 de la Constitución española. También es cierto en los que esto
está reconocido de forma más explícita, como por ejemplo en Bélgica. Bélgica, Estado con más de dos comunidades lingüísticas claramente definidas, también ha hecho la comunicación oportuna a la Unión Europea para hacer posible que los pasaportes
tengan este carácter plurilingüístico.
Señorías, debemos hacernos una pregunta muy sencilla. Aquello que es posible en otro Estado de la Unión Europea, también plurilingüístico, ¿por qué no debería ser posible, por qué no ha de ser posible en el Estado español? Por esto, más
allá de algunos obstáculos de carácter técnico que deberemos remover, más que en la comunicación del Gobierno español en la del Ministerio del Interior con las instancias europeas, el debate de hoy es razonable dentro de los marcos de la
Constitución, básicamente es un debate de voluntad política. Confiamos en que, después de más de un cuarto de siglo de desarrollo de esta pluralidad, de esta España que al Gobierno español le gusta definir como la España plural y que en todo caso
se va reconociendo como tal en su pluralidad lingüística, cultural y también en sus realidades nacionales, el voto de SS.SS. sea favorable para entender que las distintas lenguas, el gallego, el vasco, el catalán, el catalán que se habla en el
Principat, el valencià que se habla en Valencia, que es el català que
se habla en Valencia y también en las illes, el castellano, son lenguas españolas, que como tales son proyectadas al exterior y que se pueden proyectar de muchas formas, pero también a través de la normalización y de la adecuación de este
documento a la realidad plural del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posiciones.
En primer lugar, por un tiempo de diez minutos, en representación del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Como no podía ser menos, el Bloque Nacionalista Galego comparte totalmente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y lo hacemos porque pensamos que el criterio de oficialidad de una lengua, si es
real, debe abarcar todos los ámbitos administrativos, incluidos aquellos que, en el caso del Estado español, son competencia de lo que normalmente se conoce como Administración Central del Estado. El hecho de que la iniciativa pretenda situar en un
lugar preferente, desde el punto de vista simbólico, al idioma del propio territorio es una consecuencia lógica de una cooficialidad que debe partir del criterio de primero lo propio, lo original y después lo administrativo, lo oficial y lo estatal.
Por otra parte, consideramos que el hecho de que los pasaportes no estén redactados aún con un criterio bilingüe se debe, sin duda, a la falta de asunción de que la documentación personal debe ser homogeneizada en todos los casos. Si en el
documento nacional de identidad ya figura así, lo lógico es que el pasaporte tenga las mismas características, aunque su uso prioritario sea fuera de nuestras fronteras. Estamos seguros de que los problemas de carácter administrativo o paralegal
que se puedan plantear son de muy fácil solución. En todo caso, con esta iniciativa -igual que con la que después se va a debatir- se está dando un paso real para la adaptación del Estado a la realidad plurilingüe y para que podamos hablar de
oficialidad real del gallego, del catalán y del vasco.
Señorías, sintomáticamente y no precisamente de forma estudiada, esta iniciativa y la que se discutirá después, de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se van a debatir un día antes de la celebración del Día
de las Letras Gallegas; un día -mañana- en el que se va a hacer una gran movilización popular a favor de otro estatus de oficialidad para el idioma gallego, para acabar con las discriminaciones que sufre. Me da pena tener que ausentarme del
Congreso de los Diputados antes de que se debata la siguiente iniciativa, precisamente por un deber en mi circunscripción electoral relacionado con la movilización de mañana, pero tengan presenten que estaremos acompañándolos a todos ustedes en
espíritu y con entusiasmo en la votación de estas dos iniciativas. Solamente quiero comentar un pequeño detalle más. Me he enterado por una iniciativa referida a la transexualidad de que hay un intento de convertir el día 17 de mayo en el día
contra la transfobia y la homofobia. Es sintomático porque nuestra figura más representativa, Rosalía de Castro, escribió novelas sobre el problema del travestismo, por ejemplo, El primer loco, y es una denodada defensora de los comportamientos
sexuales libres en hombres y mujeres.
Seguro que todas estas coincidencias, aunque casuales, indican mucho sobre la marcha de la historia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa que nos trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la misma línea que hemos seguido siempre de hacer lo normal, natural y acoplado a los principios
constitucionales para aquellas comunidades autónomas con otra lengua oficial aparte del castellano, casos que se refieren fundamentalmente a las comunidades autónomas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Sencillamente se pretende una
modificación del artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1992, de Seguridad Ciudadana y, a la hora de expedir los pasaportes, nosotros estamos de acuerdo con el fondo.
Si se toma en consideración la iniciativa, posiblemente habrá que hacer las
adaptaciones pertinentes en lo que en este momento las autoridades españolas -concretamente las del Ministerio del Interior, que son las que tienen la capacidad legal de emitir pasaportes- establecen para los pasaportes, ya que estos están sometidos
a una directiva de la Unión Europea y en los pasaportes de los Estados miembros, aparte de figurar la lengua oficial del Estado emisor, hay un reconocimiento trilingüe porque tradicionalmente incorporan el francés y el inglés. Dado que hoy en día
la normativa internacional va por la vía de los pasaportes digitales, la incorporación de estas lenguas de las comunidades autónomas que lo emitan en su ámbito territorial, haciendo las adaptaciones pertinentes, puede cumplir perfectamente tanto con
la legislación española, la Ley Orgánica 1/1992, como con las directivas de la Unión Europea y que se permita la identificación de los ciudadanos en los controles de frontera. Además, la legislación nacional considera los pasaportes como documento
de identidad supletorio del documento nacional de identidad a todos los efectos -comerciales, políticos, judiciales- de los ciudadanos. Por lo tanto,
para nosotros es una normalización constitucional y por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Como se ha manifestado, es el artículo 3 de la Constitución española el que, además de recoger el carácter oficial en las respectivas comunidades autónomas de las demás lenguas españolas, obliga a su oficial respeto y protección, otorgando
por tanto un valor relevante a nuestra diversidad lingüística, algo lógico y razonable dado que las lenguas distintas del castellano se hablan en un territorio donde vive más del 40 por ciento de la población española. Sin embargo, a pesar de ambas
realidades -la realidad legislativa, la Constitución, y la realidad innegable de nuestra sociedad plurilingüe-, cada paso que se ha dado ha sido una lucha y si prosperaba un gran éxito. Batalla tras batalla es como se logra que nuestra realidad
plurilingüe se traslade a las instituciones públicas, a las relaciones entre la Administración y el ciudadano, y en el caso que hoy nos ocupa se trata precisamente de un documento personal, como es el pasaporte, luego tiene más relevancia todavía
que nuestra lengua materna se vea reflejada en el mismo, la lengua de cada uno, que además tiene carácter oficial. Así ocurre en los demás países que disfrutan de realidades plurilingües, como es el caso de Bélgica, Finlandia, Canadá y Suiza. De
este modo, tomando hoy en consideración la proposición de ley de Convergència i Unió, en nuestra documentación personal se verá reflejado el pluralismo lingüístico de la sociedad y la ciudadanía se reconocerá en sus documentos, en un documento tan
relevante como es el pasaporte, que además se traslada hacia fuera.
Señorías, el carácter oficial de las distintas lenguas en las respectivas comunidades autónomas no puede ser meramente declarativo, como se pretende en muchas ocasiones por parte del Grupo Parlamentario Popular.
El primer lugar donde ha de
ser una realidad es en las administraciones públicas porque son la Administración de todos los ciudadanos, hablen la lengua que hablen, sea catalán, sea gallego, sea euskera, se le llame valenciano o se le llame catalán, una misma lengua con dos
denominaciones y ciertamente es una la reconocida con carácter internacional, como así debe ser.
Señorías, hay un mandato constitucional, hay una obligación social, hay una obligación de cambiar nuestra realidad para que no ocurran cosas como en el País Valenciano, donde se persigue o no se atiende a aquellos que utilizan el valenciano
cuando se dirigen a las administraciones públicas.
Necesitamos ese respeto que hoy por hoy no tenemos y para eso tenemos que avanzar en todas estas modificaciones legales, que son necesarias para cambiar la realidad que algunos se niegan a ver, la
que hay en la sociedad: la realidad social, la plurilingüe del Estado español que hay que proteger y disfrutar. Por eso, tenemos que tomar en consideración esta proposición de ley, al igual que la que viene a continuación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Navarro.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
El asunto que nos propone el Grupo de Convergència i Unió nos parece totalmente pertinente. Hemos defendido en numerosas ocasiones en esta Cámara la necesidad de que se vea reflejada en los diversos ámbitos en los que pueda intervenir la
administración del Estado la realidad pluricultural y plurinacional de este y, en consecuencia, apoyamos sin ninguna duda la propuesta que se nos ha presentado. Los motivos están ampliamente debatidos y muy repetidos en muchas iniciativas por lo
que no me voy a reiterar.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, la semana pasada ya les anunciábamos, a propósito de la normalización de los topónimos vascos, que las iniciativas lingüísticas podrían ser eternas hasta que no se normalicen en sus territorios las
lenguas propias de las naciones que conforman el Estado español, y este reconozca a la vez, por fin, su plurilingüísmo en la práctica, y un plurilingüísmo equitativo que otorgue igual rango jurídico a todas las lenguas del Estado, es decir, que la
lengua catalana, la vasca y la gallega tengan exactamente el mismo valor y el mismo tratamiento que la española. Aquellos que clamando por la unidad de la patria española reclaman la igualdad de todos los territorios del Estado, ¿por qué nunca
reclaman la igualdad de todas las lenguas del Estado, que es una de las mayores expresiones de esos mismos territorios que pretenden iguales? ¿Por qué existe la supremacía de una lengua sobre las otras? ¿Y por qué esta se produce no solo con el
silencio sino con la complicidad activa de los que reclaman la igualdad de todos los territorios?
Conocemos muy bien, la hemos escuchado hasta la saciedad, la máxima de que en España se habla español, dicho así, enfáticamente, de lo cual se desprende la supremacía de una lengua sobre las otras. ¿Por qué es la lengua castellana la común,
la que están obligados a conocer todos los ciudadanos y ciudadanas sean de dónde sean? Aquí nos encontramos con dos respuestas: una, porque siempre ha sido así, es lo que responden los más castizos, los más españoles, los de derechas de toda
la vida; dos, porque lo dice la Constitución, que fue votada por todos, expresión a la que se apuntan y difunden con orgullo los españoles, incluso los españoles de izquierdas. Ante la primera, hemos de preguntarnos quién decidió
históricamente que fuera el castellano la lengua del Estado español. ¿Lo decidieron los catalanes, los gallegos, los vascos o, contrariamente, fue una opción impuesta desde Castilla?
Respecto a los constitucionalistas, los que presumen de modernidad, afirman que, independientemente de lo que ocurriera en otras épocas, la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles
tienen el deber de conocerla, y recuerdan que eso lo votaron también los catalanes. Pues claro que lo votaron, aunque no todos. Tenían la opción de votar en bloque una Constitución que otorgaba unas ciertas libertades individuales y colectivas, o
votar en contra de la consecución de estas libertades y arriesgarse a la incertidumbre de volver a la caverna franquista, de la que parecía que íbamos a salir sin estropicios, es decir, garantizando bienes y honores a los servidores de la dictadura,
por ejemplo, el señor Fraga Iribarne.
Pero díganme, si la población hubiera tenido la posibilidad de votar los artículos por separado y en libertad, ¿creen sinceramente que hubieran votado el artículo 3? ¿Qué creen que hubieran votado los
catalanes respecto a que el castellano sea la lengua común de todos los españoles mientras que el catalán sea solo una lengua de segunda categoría?
Los demócratas de última hora, hoy amantes de los referendos para continuar manteniendo la xenofobia anticatalana, ¿por qué no recogen firmas para hacer un referéndum sobre el artículo 3 de la Constitución española? (Un señor diputado:
Porque no nos da la gana.) Entonces veremos si verdaderamente los catalanes y catalanas aceptan y apoyan la supremacía de la lengua castellana sobre las otras, o si ello es fruto solo de una coyuntura histórica desfavorable a los intereses de
Cataluña y de una lengua catalana prohibida durante tres siglos por unos gobernantes que a su vez nos imponían la lengua castellana. A pesar de todo esto, nuestra intención no es lanzar el pasado como arma arrojadiza; nuestra intención es que
mediante el diálogo y el espíritu de justicia que debe regir a los buenos gobernantes podamos revertir la herencia de una imposición en justicia histórica. Y no solo por ello, sino porque, si no es así, se está violando el derecho de determinadas
personas a vivir plenamente en su tierra, en su lengua y a ver reconocidos sus derechos en un Estado, el español, del que somos contribuyentes -no se olviden de ello-, y algunos más que otros, como es el caso de los catalanes.
Los catalanes no podemos dirigirnos a una administración que físicamente está en Madrid; se nos exige que lo hagamos en castellano. ¿Debo recordarles la vergüenza que representa para una institución municipal o para un ciudadano que se
dirija a esta institución, el Congreso de los Diputados, en catalán y que se le rechace el texto? ¿Cómo se puede seguir manteniendo esta ignominia? ¿Cómo puede ser que todavía hoy día las páginas web de la Administración estén únicamente en
castellano? La del mismo Congreso de los Diputados todavía hoy ignora las lenguas cooficiales. ¿De qué se trata? Se lo diré, se trata de catalanofobia. (Un señor diputado: ¡Hala!) Les duele aceptar la diversidad plurilingüe, y eso que muchos se
creen modernos, viajados e incluso, como el mismo presidente de la Cámara, han ocupado cargos en las instituciones europeas. E igual ocurre con las iniciativas que hoy discutimos. ¿No les parece extraño que se traten más de un cuarto de siglo
después de la muerte del dictador? ¿No es anómalo este hecho? En esta legislatura se han presentado un gran número de proposiciones de ley y no de ley, todas ellas relacionadas con el plurilingüismo, lo cual, repito, ya de por sí nos debería
llevar a una reflexión sobre la invisibilidad del problema durante dos largos decenios, o al menos sobre su invisibilidad en esta Cámara. Por ello, nuestro grupo parlamentario presentó una batería de iniciativas que reclamaban la incorporación de
las lenguas cooficiales diferentes de la castellana en los siguiente ámbitos. Unión Europea: a pesar de las buenas intenciones, ello no se ha cumplido. Programación en Radiotelevisión Española: a pesar de aprobarse, el resultado ha sido un
recorte en la programación en catalán. Páginas web de los ministerios: nada de nada, a pesar de los ministros Solbes, Montilla y Sevilla, que de ellos teóricamente podía esperarse un poco más de autoestima lingüística, nada de nada. Justicia,
embajadas y pasaportes, motivo de otra proposición no de ley que fue aprobada, y hoy lo relacionado con el pasaporte nos llega en forma de proposición de ley. Y fíjense a lo que llegamos en esta cuestión. En Mallorca, un funcionario del Ministerio
de Justicia rechazó un texto que provenía de Cataluña porque estaba redactado en catalán. (Rumores.) Esto fue denunciado en la prensa catalana la semana pasada. Escuelas militares y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para respetar los derechos
lingüísticos de la ciudadanía en los cuarteles y comisarías. En este ámbito, a pesar de que también se aprobó una iniciativa, existe una feroz resistencia de quien debe aplicarla, sin que la ley actúe en defensa de los derechos lingüísticos; ni
cursos de formación ni mayor sensibilidad, sino al revés, crecen y crecen las denuncias de los ciudadanos por la falta de respeto lingüístico en las comisarías de la policía española y de la Guardia Civil, tanto en Cataluña como en el País Valencià
y en las Illes Balears.
Equipamientos culturales: se aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a rotular en las cuatros lenguas del Estado los museos de titularidad pública, empezando de forma emblemática por el Museo del Prado. Al
cabo de un año y medio no se ha hecho nada en absoluto. Como pueden comprobar, buenas intenciones, aprobación de proposiciones no de ley, pero que han tenido una nula o casi nula traducción en la práctica.
Si no hay voluntad política del Gobierno
español no se avanza, y se argumenta a menudo que existe un problema económico. Somos conscientes de ello y siempre hemos dicho que se tenía que empezar a andar, que había que aplicar aquello que
se aprueba de forma progresiva, aun cuando lo que denunciamos desde esta tribuna es que el 90 por ciento de lo aprobado ha caído en saco roto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Popular, señora Sánchez Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Después de este alegato del diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, debo recodarle al señor Tardá, como contribuyente mayor que parece que soy, dado que también contribuyo en Cataluña, y como catalana, que el nombre de
Cataluña no solo se representa y se defiende por una única opción política, la suya, sino que se representa por todos los que somos catalanes y que sentimos a Cataluña como nuestra tierra, como nuestro país y también como España. Con lo cual, señor
Tardá, quiero decirle que esa catalanofobia de la que usted ha acusado, parece, a muchos la verdad es que solo la oímos de su grupo parlamentario, y es muy lamentable que tengamos que oírla con la carencia del rigor necesario en las iniciativas que
se presentan en este Congreso de los Diputados.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Señorías, subo a la tribuna para fijar nuestra posición sobre la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo de Convergència i Unió relativa a la incorporación de las lenguas cooficiales en el documento del pasaporte. Debo
decirle, señor Xuclà, que comparto con usted la valoración inicial realizada, entendiendo que España tiene una realidad plural extraordinariamente rica que nos beneficia a todos con una riqueza cultural, lingüística e histórica. Además, partimos de
que el reconocimiento plurilingüístico representa una riqueza extraordinaria para todos, para catalanes, gallegos, vascos, andaluces, etcétera. Usted ha hecho muy bien la ubicación normativa y constitucional del tema que nos ocupa en esta
proposición de ley, la relativa al artículo 3. Como todas SS.SS. conocen, el artículo 3.1 establece el castellano como la lengua oficial del Estado, así como el deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero el artículo 3.2 establece también que
el resto de las lenguas españolas serán cooficiales en las respectivas comunidades autónomas. Seguro, señor Xuclà, que no desconoce usted la doctrina constitucional al respecto y que la múltiple jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
destacando sentencias tan importantes como la 82/1986, de 22 de junio, o la 123/1988, ha generado una doctrina constitucional que establece que la cooficialidad de las lenguas lo es respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio
autonómico, incluidos los representativos de la Administración General del Estado, dependientes del Estado, de órganos estatales. Pero también de esa doctrina, señor Xuclà, señoras y señores diputados, se deduce que esa cooficialidad lingüística
tiene un alcance limitado, el respectivo al territorio de la comunidad autónoma -me satisface que usted esté de acuerdo con nosotros porque por ahí justificaremos algunas de las cuestiones de nuestro voto en relación con esta iniciativa-. En
consecuencia, en las comunidades autónomas con lengua propia el uso de la misma debe ser incorporado a aquellos documentos que sirven como medio de relación entre el ciudadano y los poderes públicos situados en el territorio en el que dicha lengua
tiene carácter cooficial. Eso dicen las sentencias. Por eso, señorías, nos extraña que algunos grupos suban a esta tribuna -especialmente tengo que volver a referirme al Grupo de Esquerra Republicana- haciendo esos alegatos, incluso situándose en
periodos franquistas o no sé qué periodos, sin recordar las iniciativas legislativas y de modificación reglamentaria que ha realizado en este caso el Gobierno del Partido Popular. Quisiera recordarle al señor Tardá que si su DNI, el que se expide
en Barcelona, aunque usted no lo reconozca como documento acreditativo porque seguro que querría un documento de acreditación catalán o de los països catalans -ya veríamos qué hacer con Valencia o con Baleares, porque ahí tendrían ustedes un serio
problema-, se realiza y se expide en las dos lenguas cooficiales de su comunidad autónoma y de mi comunidad autónoma. Y eso se ha podido realizar gracias a una proposición de ley del Gobierno del Partido Popular del año 2001, que parece que usted
ha olvidado y no ha recordado en su intervención. Pues bien, de esta jurisprudencia que nosotros mencionábamos se desprenden dos motivos por los cuales entiende nuestro grupo parlamentario que no puede procederse al voto favorable de esta
iniciativa.
En primer lugar, señor Xuclà, como usted conoce muy bien, este es un documento de identificación en frontera, lo conoce usted sobradamente.
Por su propia naturaleza es un documento que supera el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Además, en el ámbito de la Unión Europea, aunque ya utilizamos el documento nacional de identidad en el territorio Schengen, sigue siendo un elemento identificativo en aquellos países no integrados en el ámbito de la Unión Europea. Por ello, señor
Xuclà, clarísimamente, desde un análisis jurídico riguroso este no es un documento más en el avance del reconocimiento plurilingüístico que ya desde el Gobierno del Partido Popular se ha venido realizando, como le decíamos, con el DNI, con los
permisos de circulación de vehículos a motor, con los ciclomotores, con vehículos de carácter histórico, con muchísimos otros documentos y autorizaciones que desde el año 2001 se expiden de manera bilingüe, de manera cooficial en toda España y en el
ámbito de las comunidades autónomas. Es un documento que no es similar a los que hemos mencionado. Es un documento identificativo y de seguridad que excede de esa comunidad autónoma y, por tanto, excede de la doctrina constitucional que ustedes
establecen de cooficialidad.
En segundo lugar, otro argumento muy sólido en este posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular es que la regulación del pasaporte, además de tener que estar sometida a la normativa legal de carácter interno, debe
estar sometida al ordenamiento jurídico internacional, al Acuerdo europeo sobre régimen de circulación de personas entre países miembros del Consejo de Europa, ratificado en 1982, o a la resolución de los representantes de los Estados
miembros de la entonces Comunidad Europea, del año 1981. Esta resolución, señorías, especialmente señor Xuclà, exige que las menciones se redacten en las lenguas oficiales del Estado que expide el pasaporte. Nuestro grupo interpreta, como lo hacen
el resto de países de la Unión Europea, que la lengua oficial del Estado es la que establece la Constitución española en el apartado 3.1, es decir, la lengua castellana. Usted ha puesto un ejemplo que nos va muy bien para explicarles a lo que nos
estamos refiriendo. Se ha referido a Bélgica y a la expedición del pasaporte en las dos lenguas oficiales, pero ha omitido decir, señor Xuclà, que esas dos lenguas oficiales son cooficiales en todo el territorio belga, como también lo son en todo
el territorio de Finlandia, como también lo son en todo el territorio de Luxemburgo, mientras que las lenguas cooficiales que se establecen en el artículo 3 son cooficiales en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma en las cuales está
reconocida esa cooficialidad. Es decir, no estamos hablando de supuestos similares, señor Xuclà, señores de Convergència i Unió, señorías, estamos hablando de dos supuestos totalmente diversos, de que estos países sí cumplen la resolución de 1981
referida al reconocimiento de la lengua oficial del Estado, de la integridad del Estado, mientras que en el caso de las lenguas cooficiales españolas no es así, puesto que son cooficiales en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas a las
cuales se reconoce esa cooficialidad.
Por lo anteriormente expuesto, señorías, nuestro grupo parlamentario votará en contra de la toma consideración de esta proposición de ley.
Además quiero hacer una última mención, y es que parece sorprendente, señores de Convergència i Unió
y también del grupo que presenta la proposición de ley que viene después, que ustedes antepongan el derecho de libertad de los ciudadanos en el uso de las lenguas; que ustedes preceptúen en la parte dispositiva que en primer lugar se utilizará en
el documento la lengua del territorio y después, por este orden, la lengua castellana vulnera clarísimamente el principio de libertad de los ciudadanos españoles, catalanes, baleares, vascos y gallegos o cualquier otro ciudadano, porque nosotros
entendemos que la libertad del ciudadano es aquella que radica en que la riqueza de la lengua está en la libertad que le permite usarla y elegirla. Por eso las proposiciones no de ley y todas las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular, y en
este caso el Gobierno del Partido Popular, llevó a cabo para mantener la realidad bilingüe de nuestro país establecieron que se respetaría la libre voluntad del interesado: el que quisiera en primer lugar el catalán, el catalán, después el
castellano y así en cada una de las lenguas. Ustedes, hasta cuando no se dan cuenta, vulneran los principios de libertad y establecen el principio del intervencionismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.
Grupo Socialista. Señora Batet, por favor.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.
Podemos empezar la exposición de fijación de posición sobre esta iniciativa que en nombre del Grupo Socialista voy a hacer citando el artículo 3.1 de la Constitución, pero también, tal como hace la proposición de ley que nos presenta
Convergència i Unió, el 3.2, que reconoce el carácter oficial de las demás lenguas de España distintas del castellano que se recojan en los estatutos de autonomía de las respectivas comunidades autónomas. Así, en las comunidades autónomas que
tienen lenguas propias el uso de las mismas es oficial y se tiene el derecho a utilizarlas en cualquier relación con las autoridades administrativas, entendiendo, como no puede ser de otra manera, que es con todas las autoridades administrativas,
también, evidentemente, la Administración General del Estado. Seguramente este ha sido uno de los artículos más citados a lo largo de esta legislatura y, por tanto, reiteradamente glosado, aunque no por ello interiorizado por todos.
Convergència i Unió propone con esta iniciativa modificar la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la seguridad ciudadana, para introducir que los pasaportes expedidos en comunidades autónomas con otra lengua oficial
conste esta también en el documento. En este sentido, querría dejar constancia de que la ley mencionada establece simplemente que los ciudadanos que quieran salir de España habrán de estar provistos de pasaporte o documento reglamentariamente
establecido, de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por España, por lo que en puridad lo que habría que modificar, porque ese es su ámbito natural de regulación, es el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, que este sí determina
las características y contenido del pasaporte. Concretamente, el artículo 10 viene a establecer que todas las menciones de nombre, apellido, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, etcétera, se redactarán en castellano, inglés y francés,
por lo que lo más adecuado sería introducir un cambio en este precepto de manera que las lenguas propias de las comunidades autónomas también constaran.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque en la parte sustantiva de la propuesta hay acuerdo y
entendimiento. El cuidado de las lenguas cooficiales, su respeto y reconocimiento y avanzar en la España autonómica, plural y rica que tenemos siempre estará en nuestro horizonte. Por otro lado, votaremos a favor porque así lo hemos hecho con
todas las propuestas que al respecto se han presentado en esta Cámara y en el Senado, que por cierto no son pocas. Por ejemplo, hubo una moción en el Senado, vista el 24 de junio de 1997, que se aprobó, curiosamente, por
unanimidad, de manera que en este punto vemos cómo, lamentablemente, el Partido Popular ha involucionado en su posicionamiento. También se presentó una proposición de ley orgánica de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de
identidad de las lenguas oficiales en el Estado, también aprobada por unanimidad el 13 de abril de 1999, aunque luego se dejó caducar en trámite de ponencia. Y se presentó una proposición no de ley en la Comisión de Administraciones Públicas,
debatida ya en esta legislatura, el 20 de octubre de 2004, en la que se votó que en el pasaporte expedido en una comunidad autónoma con otra lengua oficial esta también se incorporará en el documento. Pues bien, de nuevo se nos plantea el tema en
relación con el pasaporte. Es verdad que para el DNI y el permiso de conducir -otras demandas recurrentes- ya se ha regulado, por lo que en realidad el pasaporte sería el último documento que quedaría por abordar.
Varios son los argumentos esgrimidos para no cambiar esta regulación. El primero de ellos es que la cooficialidad de las lenguas propias en las respectivas comunidades autónomas es un derecho que tiene un contenido territorial, y a ello ha
hecho referencia la portavoz del Grupo Popular.
Yo también quiero citar la sentencia del Tribunal Constitucional 123/88, en la que se establece que en los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística el uso por los particulares
de cualquier lengua oficial tiene, efectivamente, plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en
la Constitución y en el respectivo estatuto de autonomía. A nuestro entender, este argumento refuerza precisamente la idea de que tiene sentido que un documento expedido en una comunidad autónoma con lengua cooficial sea expedido en las dos lenguas
oficiales de esa comunidad autónoma, también, por tanto, el pasaporte. Otro argumento recurrente es que el pasaporte tiene efectos fuera de la comunidad autónoma. Pensamos que ese no es un argumento para negar a los ciudadanos de esa comunidad
autónoma el derecho a tener el pasaporte en las dos lenguas oficiales de esa comunidad autónoma, además de las extranjeras que así se determinen, como pasa ahora con el inglés y el francés, ya que hay muchos otros documentos que tienen efectos
supraautonómicos o incluso supranacionales y no por ello dejan de ser bilingües. Muestra tenemos con el documento nacional de identidad y el permiso de conducir, que no solo tienen validez en todo el territorio español sino también en el ámbito de
la Unión Europea. Por tanto, el contenido territorial del que nos habla la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay que entenderlo acotando la expedición bilingüe dentro del territorio de las comunidades autónomas que tengan otra lengua
oficial reconocida. Si yo expido, por ejemplo, mi pasaporte en Madrid, a pesar de ser catalana, no constará mi lengua materna, no constará el catalán, evidentemente, de la misma manera que me pasa con el documento nacional de identidad, pero la
territorialidad en ningún caso se puede entender que solo opera en documentos que no vayan a salir de la comunidad autónoma, ya que esto dejaría sin efectos y sin contenido el artículo 3.2 de la Constitución, es decir, nos parece simplemente que
sería una lectura inconstitucional del mismo. Ahora bien, la propia naturaleza del pasaporte nos indica que su existencia tiene como finalidad tener efectos externos al país, por lo que, más allá de la normativa interna, habrá que tener en cuenta
también la normativa internacional y comunitaria que exista.
Para ir terminando, creo que es obligado volver sobre el núcleo del problema, lo que explicaría seguramente por qué se ha alcanzado el acuerdo de introducir lenguas cooficiales de las comunidades autónomas en otros documentos expedidos por
la Administración General del Estado y no en cambio en el que nos ocupa en estos momentos. Y es que, más allá de la Constitución, debemos tener en cuenta aquí las normas internacionales. En el caso del pasaporte, no podemos, señora
Sánchez-Camacho, utilizar el argumento de que tiene efectos suprautonómicos o supranacionales. No es ese el argumento. El argumento que marca la diferencia respecto a otros documentos, por ejemplo el DNI o el permiso de conducir, como decía, es
que tiene efectos supracomunitarios. Esa es la diferencia. Habría que acabar de hacer una búsqueda exhaustiva de todas aquellas normas o convenios internacionales que hacen referencia al tema, aunque por el momento ya podríamos citar algunos. Hay
un acuerdo europeo sobre régimen de circulación de personas, del año 1957; la resolución de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, actual Unión Europea, de 23 de junio de 1981, sobre el pasaporte
uniforme, y una resolución del Consejo Europeo, de 10 de julio de 1995, de modificación de la anterior resolución. La resolución de 1981, que es la que realmente nos interesa y que aborda de forma directa el tema que nos ocupa, establece con toda
claridad en el anexo I, letras b) y d), que las lenguas que se deben utilizar tanto en la cubierta como en la parte interior del documento son las lenguas oficiales del Estado que expida el pasaporte, utilizando, efectivamente, el plural de lenguas
oficiales para aquellos Estados que tengan distintas lenguas oficiales en todo el territorio. Esa es la diferencia que se produce, por ejemplo, entre Bélgica y nosotros. Es verdad que en el caso de Bélgica sus lenguas oficiales lo son en todo el
territorio; en cambio, en el caso de España solo tenemos cooficialidad en determinadas comunidades autónomas. A esta regulación respondía precisamente la pregunta escrita que el europarlamentario Carles Gasòliba planteó al Consejo en el año 2003
pidiendo la modificación de esta resolución, introduciendo así en el pasaporte las lenguas oficiales que pudieran existir en parte del territorio de algún Estado miembro. Evidentemente, él pensaba en el caso español. En definitiva, pues, el trato
a los pasaportes ha sido hasta ahora necesariamente distinto en tanto que no solo opera la normativa
interna del Estado sino que también hay que incorporar el derecho internacional, por lo que el estudio de detalle y técnico-jurídico que requiere es de mayor calado que en los otros casos de los que ya disfrutamos. Con esta finalidad
votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque pensamos que no todo es inamovible y veremos en el trámite de enmiendas cómo encajamos una redacción adecuada que se inserte sin problema en el ordenamiento jurídico
vigente, muy especialmente de acuerdo con la resolución europea de 23 de junio de 1981.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Batet.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE INCORPORACIÓN DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL A LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES.
(Número de expediente
122/000086.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el segundo punto: Proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los permisos y licencias de
conducir vehículos a motor y ciclomotores. Turno a favor, por quince minutos, para el grupo parlamentario autor de la iniciativa. Señor Herrera, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Este no es un debate nuevo, como quienes me han precedido en el uso de la palabra han dicho, sino que es un debate que se ha producido en multitud de ocasiones en esta legislatura, pero también en legislaturas anteriores. De hecho, existen
precedentes como el de la VI Legislatura, cuando el Partido Popular votó a favor de una iniciativa parecida a la que hoy presentamos; eran aquellos tiempos de los pactos del Majestic, en los que para el Partido Popular el plurilingüismo era un
valor. Hay precedentes como el de la VII Legislatura, cuando la aritmética parlamentaria hacía que el Partido Popular se pudiese descarar y votar en contra de una proposición de ley, casi calcada, que venía del Parlament de Catalunya -no sé si la
señora Sánchez Camacho la llegó a votar- y que planteaba que en el carné de conducir apareciesen las diferentes lenguas de acuerdo con la realidad de cada una de las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, al inicio de esta legislatura nuestro
grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa Verds, presentó una proposición no de ley que planteaba multitud de aspectos, y entre los que se aprobaron figuraba que todos los documentos personales que emitiese el Estado con carácter oficial, DNI,
pasaporte, libro de familia, carné de conducir, tarjeta de residencia y permiso de trabajo, correspondientes a personas residentes en comunidades autónomas que tienen lenguas oficiales diferentes del castellano, fuesen emitidos también en dicha
lengua. Por tanto, los precedentes han existido. Es más, el cumplimiento de esa proposición no de ley hizo que en esta materia, en la que hoy nos ocupa del carné de conducir, se aprobase una disposición legal en julio del año pasado y se hiciese
realidad lo que planteábamos en la misma. Ahora bien, a estas alturas del debate, sabiendo que esa proposición de ley se registró anteriormente a que se aprobase esa disposición legal, nos debemos preguntar si lo que pretendíamos con la proposición
no de ley que se discutió al inicio de esta legislatura está siendo realidad. Y la realidad es que el carácter plurilingüe del carné de conducir se produce de una forma muy parcial. Si miramos el reverso del carné de conducir veremos que a los
apellidos les sigue, en el caso catalán, cognoms, al nombre le sigue nom y así de forma correlativa. Pero lo cierto es que si miramos la primera carátula veremos que en el carné de conducir, en este caso de doña Marta Otero, no se ha habla del
permís de conduir ni del Regne d'Espanya, se habla del permiso de conducción y del Reino de España. Por tanto, aquello que habíamos planteado en su día, que discutimos en esta misma Cámara al inicio de la legislatura, se produce y se cumple pero de
forma parcial. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esta proposición de ley? Que se produzca y se cumpla de forma efectiva.
De hecho, en nuestra proposición de ley planteamos que todas las autorizaciones administrativas para la obtención de
permisos y licencias de conducir de vehículos a motor y ciclomotores entregados en el territorio de las comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del castellano deben redactarse íntegramente -reitero, íntegramente- en la lengua
oficial del territorio y en la lengua castellana, por este orden, y no tal y como pasa ahora. Por tanto, y refiriéndome a los argumentos de la portavoz del Partido Popular, tiene todo el sentido no solo que discutamos hoy la proposición de ley sino
también que votemos a favor de su toma en consideración para que se tramite. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el carácter plurilingüe del Estado no se ha reconocido aún. Es más, no es que no se haya reconocido en el conjunto del Estado -se dice
que la cooficialidad tan solo existe en cada una de las respectivas comunidades autónomas-, es que tampoco se ha conseguido en cada una de esas comunidades autónomas. De hecho, en el último informe de la Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias se mencionaba la multitud de incumplimientos que existían aún hoy día por parte del Estado español a la hora de recoger esta legislación.
Aquí hay dos debates, uno sobre la realidad en las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales y otro en el conjunto del Estado. En el segundo estamos a años luz del reconocimiento de la realidad más plurilingüe de toda Europa. No
nos podemos escudar en el artículo 3 de la Constitución. Hoy, aquellas personas que
son castellanoparlantes deberían ver reconocido en los signos del Estado el carácter plurilingüe del conjunto del mismo, pero digamos que este es otro debate, un debate que el Partido Popular se niega a abordar a cal y canto y en el que al
Partido Socialista, a nuestro entender, le falta decisión. Pero es que el debate del que hoy hablamos es aún más simple y más sencillo: se trata del simple reconocimiento del carácter cooficial de todos los documentos que acreditan a una persona.
Hay documentos en los que hay que dar pasos de forma definitiva, como es el pasaporte, tal como explicaba el señor Xuclà, y hay otros documentos en los que estamos a medio camino, como por ejemplo el DNI o el carné de conducir. Dicho esto, tenemos
un problema añadido, y es que hoy aún no podemos acceder a la información en las distintas lenguas oficiales en las páginas web en las que deberíamos poder hacerlo. Yo tuve la curiosidad de ver si en la Dirección General de Tráfico se podía acceder
a los diferentes formularios para obtener el carné de conducir en los distintos idiomas, y ayer mismo -supongo que la cosa no habrá cambiado mucho de ayer a hoy-, en la Dirección General de Tráfico no pude acceder a un formulario en catalán, ni en
euskera ni en gallego, pero sí en castellano. Por tanto, es evidente que aún hoy hay elementos que no se han producido, pese a que la proposición no de ley que les citaba se aprobó al inicio de la legislatura, en el primer periodo de sesiones. En
el impreso de carné, en el que se pudo incorporar la versión castellana y la catalana formalmente, no se ha incorporado la versión en catalán de forma efectiva, para permitir que los ciudadanos puedan acceder al formulario en su lengua habitual, su
lengua materna. La oficialidad efectiva y real de las diferentes lenguas en todas las instituciones y documentos debería ser para nosotros la muestra del reconocimiento y del respeto del Estado hacia la personalidad lingüística y cultural de la
ciudadanía y de las comunidades lingüísticas que se conforman. Pero esto no es aún realidad.
No pedimos nada que no se produzca en otros Estados parecidos al nuestro.
La señora Sánchez- Camacho seguramente reiterará el hecho de que en España la
realidad constitucional no nos asemeja ni a Bélgica, ni a Suiza, ni a Finlandia, ni a Canadá. Pero lo cierto es que el Estado español es el más plurilingüe de toda Europa, que en el ámbito de las comunidades autónomas aún hay mucho campo que
recorrer y que en el ámbito del conjunto del Estado deberíamos reconocer los signos del Estado como plurilingües, precisamente para que la ciudadanía entendiese mejor la realidad del Estado. Seguramente con este simple hecho todos estaríamos más
cómodos, también la señora Sánchez-Camacho; quizá no el señor Rajoy en campañas como la de los 4 millones de firmas de la que después podremos hablar. Eso, incorporado al carné de conducir, al DNI, al pasaporte, a los sellos, a los símbolos del
conjunto del Estado, nos permitiría reconocernos como lo que somos, el Estado más plurilingüe de toda Europa.
Señor presidente, la intención de nuestro grupo no era presentar esta proposición de ley, porque entendemos que existen proposiciones de ley mucho más actuales. Este es un terreno en el que se está avanzando. Lo que pretendemos con la
tramitación de la ley es que se avance de forma más rápida y más eficaz. Si no pudo ser fue precisamente porque el Grupo Popular no quiso, porque el Grupo Popular se opuso a que este grupo parlamentario, lo que es una práctica habitual en esta
Cámara, cambiase la proposición de ley que estaba en registro por la que entendíamos que era más actual, que era una sobre la eutanasia. Por tanto, y adelantándome a los argumentos del Grupo Popular, cuando el Grupo Popular critique que este no es
un elemento lo suficientemente relevante, nosotros le diremos que sí, que lo es, y que lo es porque el Gobierno no avanza tan rápidamente como quisiéramos, pero a renglón seguido tendrá que recordar que si hoy discutimos esto y no lo que nuestro
grupo parlamentario quería traer, que era un debate sobre la eutanasia, un debate en este caso de mayor actualidad y mayor relevancia, fue precisamente porque hoy en la dirección del Grupo del Partido Popular se practica el obstruccionismo
parlamentario, el filibusterismo parlamentario, que no permite que podamos discutir lo que cada grupo parlamentario pretende priorizar.
Por todo ello, les reitero que nuestro grupo va a mantener esta proposición de ley y espera que avancemos, como se está haciendo pero de forma más decidida, en el reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado y para que el mismo se
reconozca en este caso en el carné de conducir, cuando demos la vuelta al carné de conducir, pero también cuando lo saquemos y en su frontal nos diga carnet de conduir, Regne de Espanya; carné de conducir, Reino de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posición. En primer lugar, Coalición Canaria.
Por diez minutos, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Con los mismos argumentos que hemos empleado, en concordancia y coherencia con la fijación de posición de la iniciativa anterior del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre los pasaportes, vamos a votar favorablemente la toma en
consideración. Queremos hacer también una advertencia. No sé en qué medida se puede reconducir este tema fuera de lo que ya está aprobado por las autoridades de tráfico y que recientemente se hemos puesto en viabilidad de aplicación legislativa.
Señor presidente, he mirado la fecha de presentación de esta iniciativa y es de julio del año 2004. Las cosas llegan aquí muy añejas y a veces discordantes con disposiciones posteriores ya aprobadas. Estamos funcionando
con este ritmo de lentitud, pero esto no quita para que si se pueden hacer las adecuaciones pertinentes en trámites de ponencia y Comisión de lo que ya está aprobado, nosotros ni entramos ni salimos; tampoco queremos quedarnos en un limbo
de abstenernos en la votación, sino sencillamente su toma en consideración y que corra la suerte, porque nosotros lo vemos consecuentemente aplicable con el principio anterior y no complicar más la existencia a los ciudadanos, ya que va a haber que
aumentar el tamaño del documento para que quepan todos las lenguas que se pueden meter dentro del mismo, lo cual sería estar hablando del absurdo y del esperpento administrativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Vasco. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Tomo la palabra brevísimamente para manifestar nuestra posición favorable a esta iniciativa que creemos que contribuye a perfeccionar otros pasos que ya se habían dado previamente en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo de Esquerra. Señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, en primer lugar quiero manifestar que vamos a votar afirmativamente, pero también deberíamos dejar algunas cuestiones claras.
Entendemos que si existiera una verdadera voluntad política no haría falta que una semana presentáramos una proposición de ley para normalizar los topónimos, otra semana otra proposición de ley para normalizar lingüísticamente los carnés de
conducir, otra los pasaportes, etcétera. A pesar de que estamos obligados a presentar una y otra vez proposiciones no de ley y proposiciones de ley, más por su apatía que no porque la realidad no imponga las necesidades, nuestro grupo considera
absurdo y surrealista que en el siglo XXI nos obliguen a presentar iniciativa por iniciativa hasta llegar algún día, quizá, en que se puedan normalizar lingüísticamente todos los ámbitos que requieren ser normalizados. Por ello hace tan solo dos
meses que presentamos una proposición de ley sobre la normalización de las lenguas diferentes de la castellana en la Administración del Estado. Considerábamos que era correcto presentar un proyecto de ley para que, de una vez por todas, se
regularan todos los ámbitos. En esta ley reclamábamos que todos los órganos y organismos del Estado, al igual que todos los documentos oficiales, se expresaran en lengua catalana, vasca y gallega, al igual que ocurre con la lengua castellana.
Presentamos esta proposición de ley con la esperanza de que fuera aprobada su tramitación, pero nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos cómo el Grupo Popular y el Socialista coincidían en negarnos la luz verde a esta tramitación para que en esta
legislatura se pudiera normalizar lingüísticamente todo el aparato logístico del Estado.
En la votación de la proposición de ley comprobamos con tristeza cómo los diputados del Partido Socialista Obrero Español, y en su grupo están incluidos los compañeros catalanes del Partido Socialista de Cataluña, coincidían con el Partido
Popular y ciertamente nos resistimos a creer que fuera por los mismos motivos. No puede ser. Quizá pudiéramos argumentar que no coincidían en los tiempos; es decir, para el Grupo Popular no era necesaria esta proposición de ley ni el momento
adecuado.
Nosotros queremos pensar que respecto al Partido Socialista solamente nos separaba el tiempo, la idoneidad del momento. Esta es todavía nuestra única esperanza: pensar que todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Es más,
pensando en ello, hoy mismo hemos vuelto a registrar la misma proposición de ley, es decir, que quizá en este mismo periodo de sesiones o a partir del mes de septiembre, podamos volver a discutir la posibilidad de dar luz verde a la tramitación de
una ley, de una proposición de ley, para hablar con criterio correcto, para que al final de esta legislatura tengamos una ley que sitúe al Estado español, al menos, a la cabeza de los Estados plurilingües en donde tienen reconocidos por ley los
derechos todos y cada uno de los ciudadanos.
En el pasado Debate sobre el estado de la Nación, de política general se aprobó una resolución que instaba a avanzar en el plurilingüismo de todos y cada unos de los órganos constitucionales. Ya sabíamos que era una resolución ambiciosa.
Es más, casi nos creíamos que con la mitad podíamos sentirnos más que satisfechos. Lo que nos parece francamente frustrante es que hoy, al cabo de un año, cuando estamos a las puertas del nuevo debate de política general, tengamos que decir que no
se ha hecho absolutamente nada.
Algunos compañeros de esta Cámara que han participado en la Comisión de Reglamento pueden dar fe y testimonio de que la Comisión trabajó de forma ardua para que esta institución pudiera dotarse de un Reglamento que la modernizara, que la
situara entre los parlamentos europeos con mayor capacidad funcional, con una oficina de control presupuestario, dando a los grupos parlamentarios una mayor capacidad de control del Gobierno, etcétera. Es más, todos los miembros de la Comisión de
Reglamento estábamos satisfechos de los trabajos llevados a cabo y todo esto no ha sido posible, todo ha fracaso porque resulta que ni el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Popular aceptan el plurilingüismo en la Cámara. Es decir, son
capaces de sacrificar un objetivo que era prioritario; es más, se quería presumir de tener un Parlamento moderno y resulta que finalmente todo acaba clandestinizándose porque no piensan aceptar los derechos lingüísticos de los diputados y las
diputadas. Esto me parece muy cutre -perdonen la expresión popular-, esta institución demuestra que de moderna tiene muy poco, que los horizontes son
muy provincianos y que a pesar de tanto desarrollo económico y tanto europeísmo parecen más bien anclados en el casticismo. Ustedes sabrán a lo que juegan. Si nos abocan a la insumisión lingüística, actuaremos en consecuencia. Nadie podrá
achacarnos que no hayamos sido trabajadores, colaboradores y hayamos optado por trabajar conjuntamente con todos los demócratas de este Parlamento a fin y efecto de que se reconozcan unos derechos que para nosotros son fundamentales; de hecho
deberían ser fundamentales para todos y cada uno de los diputados y diputadas presentes en esta Cámara, es decir, reconocer los derechos lingüísticos.
Si nos abocan a la insumisión lingüística tengan claro que nosotros no tendremos ningún reparo y
ustedes pasarán la vergüenza de tener que echarnos de este Parlamento, su Parlamento moderno, democrático y europeo. (Un señor diputado del Grupo Popular: Eso ya lo estás.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Convergència i Unió. Señor Janè, por favor.
El señor JANÈ I GUASCH: Señor presidente, señorías, hoy no deberíamos estar debatiendo esta proposición de ley. El hecho de que se debata, de que se presente por parte de grupos parlamentarios y de que mi grupo vaya a votar a favor de su
toma en consideración, no deja de ser más que la constatación de un fracaso, el fracaso de una apuesta por la normalización lingüística en los documentos oficiales -y el permiso o licencia de conducción lo es- y el fracaso de no saber aún desde los
gobiernos ejecutar lo que son los mandatos de este Parlamento. Señorías, existe una larga distancia entre lo que aprobamos aquí, desde el Legislativo, y lo que después el Gobierno interpreta que se ha aprobado para llevarlo a la práctica.
Señor presidente, los martes debatimos proposiciones no de ley, por tanto, debatimos normas con vocación de legislar un aspecto material concreto.
Hoy se nos propone legislar sobre la normalización lingüística en los permisos de conducir,
cuando en la Ley de Seguridad Vial, la aprobada en esta Cámara el pasado mes de junio de 2005, al aprobar el permiso de conducir por puntos, y como consecuencia de la presentación de una enmienda de Convergència i Unió a ese proyecto de ley, se
aprobó una disposición adicional decimoquinta, que reza de la siguiente manera: Permisos y licencias de conducción en las comunidades autónomas con lengua cooficial. Esto está en el BOE y es ley. No es un reglamento ni una orden; es una ley, y
en ella se dice expresamente: en aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua cooficial, los permisos y licencias de conducción se redactarán, además de en castellano, en dicha lengua. Si ya está en la ley; si es una obligación. No dice
que se podrán redactar, dice que se redactarán. Pero, ¿qué ocurre? Uno hace las leyes, este Parlamento; otros las interpretan, en este caso la DGT y el Ministerio del Interior y quien haya tenido la ocurrencia final de emitir un formato de
permiso o licencia de conducir que claramente está redactado en lengua castellana viva o no en el territorio de una comunidad autónoma con una lengua oficial propia distinta del castellano: en el caso de Cataluña, el catalán; en el caso del País
Vasco, el euskera. Señor Herrera, quizá quien emitió la fórmula final estuvo perdiendo una tarde para ver cómo podía cumplir la ley a su manera, pero sin que se notara, sin que se identificara al final lo que debe ser un permiso de conducir
plurilingüe. El permiso dice: Permiso de conducción.
Reino de España. Si también debe redactarse en la lengua oficial propia de una comunidad autónoma, debería figurar con el mismo tamaño, sin jerarquización y sin degradación de la lengua lo
siguiente: Permís de conduir, Regne de Espanya. Pero no, esto no figura. Parece ser que el título no entra dentro de lo que la ley entiende como, se redactarán. Se supone que el título no redacta nada. Como es el título lo ponen grande, con
mayúsculas y únicamente en lengua castellana. Después viene el ingenio de: 1. Apellidos; 2. Nombre; 3. Fecha de nacimiento. Ponen 1, 2, 3... y hay que ir a una nota a pie de página que está en el reverso del documento para ver de forma muy
diminuta: apellido, cognom; nombre, nom.
Y se dice: si se ha respetado. No, se ha burlado a este Parlamento porque aprobamos que los permisos de conducir se redactarían en todas las lenguas que tuvieran carácter oficial en una comunidad
autónoma. Y no estamos para burlas, señor presidente. Por eso hoy nos vemos obligados a tomar en consideración una nueva proposición de ley cuando esto ya está en el BOE, ya es imperativo y lo que deberíamos hacer es pedirle al Gobierno que lo
cumpla, pero sin burlarse de la soberanía de estas Cortes cuando aprobaron la Ley del permiso por puntos.
Además, la normativa comunitaria -el presidente la conoce bien por sus propias responsabilidades en el ámbito de la Unión Europea- es flexible y abierta en este tema. La propia Directiva 96/47 establece un modelo homogéneo de permiso de
circulación en la Unión Europea, pero prevé de manera expresa que pueda ser bilingüe en aquellos Estados que tengan más de una lengua oficial en un determinado territorio. Por tanto, no incumplimos la directiva europea; no conculcamos ningún
precepto constitucional y además cumpliríamos la ley ya aprobada en estas Cortes Generales, pero no se cumple. No se cumple y se busca la manera de encontrar un atajo para introducir la lengua oficial propia pero sin que se note y, por tanto,
nosotros no podemos estar de acuerdo con este planteamiento. Ya lo denunciamos el pasado mes de enero, cuando este diputado que les habla realizó una batería de preguntas al Gobierno en el sentido de que considerábamos que el modelo vigente no
respeta esa pluralidad. A quienes les gusta el diseño del nuevo permiso de conducir les diré que introduce el título en todas las lenguas oficiales europeas, como si fuera el fondo del permiso -uno casi debería leerlo con lupa- y lo va
reproduciendo en portugués, en alemán, pero en ninguna de las leguas oficiales propias de las comunidades
autónomas. Por tanto, estamos a favor de esta proposición de ley.
Entendemos que podría ser redundante porque ya está en el Boletín Oficial del Estado, pero no se cumple y como no se cumple este debate es bueno para recordárselo al
Gobierno y a esta Cámara; para recordar que aquellos que tuvimos confianza en la negociación parlamentaria para garantizar ese respeto a la pluralidad lingüística en los permisos de circulación nos sentimos engañados, que aquella enmienda que
pactamos y cuyo cumplimiento se aprobó en ningún caso refleja el espíritu de la enmienda cuando quisimos poner de manera oficial el reconocimiento de la pluralidad lingüística. Por consiguiente, nos queda mucho camino por recorrer.
Debemos
trabajar con el máximo consenso para dar imagen de esa necesaria pluralidad en todos los documentos oficiales y por eso, en coherencia con lo que hemos defendido siempre y pidiendo al Gobierno que cumpla con la ley aprobada, Convergència i Unió no
va a hacer más que sumarse a la aprobación de la proposición de ley que hoy se ha defendido en el Congreso de los Diputados.
Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Janè.
Grupo Popular. Señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, cuando esta diputada preparaba la intervención de la toma en consideración de esta proposición de ley y de la anterior en algún momento valoré sustanciarlas conjuntamente, dado que muchos de los argumentos iban a
tener una unidad argumental y de exposición. Pero el debate, empezando por el señor Herrera, ha sido lo suficientemente entretenido, ayudado por el señor Tardá -que siempre contribuye a ello-. Por eso, permítanme realizar unas consideraciones
antes de entrar a analizar esta proposición de ley.
Señor Tardà, a usted que ha reconocido a este Parlamento tan moderno le recuerdo -y también al resto de las señorías- que también es parlamentario español de este Parlamento y la legitimidad con la que usted sube a esta tribuna es esa, la de
parlamentario español de este Parlamento moderno al que usted tantas veces critica. (Aplausos.) En segundo lugar, señor Tardá, quería recordarle también, permítame pero lo pone casi como diría la expresión coloquial que voy a omitir, que usted se
escandalizaba por el voto común en algunas propuestas anteriores relativas a plurilingüismo en esta Cámara con el Partido Socialista Obrero Español. Y le pregunto, ¿de qué se escandaliza usted? Si hasta coincide con el Partido Popular en solicitar
el no al referéndum en Cataluña, aunque nosotros lo llevamos diciendo desde hace mucho más tiempo, han venido ustedes a nuestra casa y no nosotros a la suya.
(Aplausos.) Además, señor Tardá, cuando usted se escandaliza considerando a ese Partido
Popular tan obstruccionista, tan inmovilista, tan anticatalanista y con esa catalanofobia con la que nos caracteriza siempre, se olvida que el Partido Socialista Obrero Español en 14 años de Gobierno no incorporó ese plurilingüismo a los documentos
que ahora están utilizando usted y el resto de señorías, es decir, al DNI, al permiso de conducir, al permiso para ciclomotores, sino que tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular que aplicando el Estado de derecho y el rigor estableció esa
cooficialidad que le permite a usted y a todos los ciudadanos de comunidades autónomas tener esos documentos de manera bilingüe. No fue un Gobierno del Partido Socialista, sino un Gobierno del Partido Popular con lo cual agradézcale también eso al
Partido Popular.
(Aplausos.)
Señor Saura, perdón señor Herrera -estaba pensando en el señor Saura (Rumores.), escuchándole hoy parecía recordar la intervención del señor Saura hace pocos días en una entrevista en un medio de comunicación, a raíz de las crisis
permanentes que tenemos en nuestro país con respecto al tripartito, al bipartito que están sucediendo en Cataluña. Decía el señor Saura -legítimamente tiene todo el derecho y, además, podemos compartir o no su opinión- que consideraba que España
tenía un modelo territorial federalizado, que era federal. Le digo que algunos podríamos estar o no de acuerdo, pero le vuelvo a repetir que España es el Estado de las autonomías y si ustedes o cualquier otro grupo quieren cambiarlo, lo que deben
cambiar es la Constitución. Lo que no deben es atribuirse competencias de Estado federal, aplicándolo a un modelo de las autonomías diferente del que tenemos actualmente en la Constitución española. Por eso, el Partido Popular y el presidente del
Partido Popular les reitera que si ustedes y el Partido Socialista quieren realizar modificaciones a través de diferentes estatutos de autonomía, como están haciendo con el catalán, que lo hagan pero sin engañar a los ciudadanos españoles,
modificando la Constitución española, estableciendo el modelo de Estado que ustedes quieren ofrecer a los ciudadanos y, entonces, en consecuencia, aplique usted las normas. Ahora, la exposición que ha hecho usted aquí no se corresponde con un
Estado federal porque la normativa de la cooficialidad, señor Herrera, no se establece a todo el territorio español, porque los andaluces no tienen ninguna obligación ni el deber de conocer el catalán o el eusquera, sino que la cooficialidad, según
la Constitución y el Estado de derecho al que usted está sometido -y yo también- está recogida en el modelo que actualmente tenemos, no en el que ustedes querrían que fuera y, si no, propongan cambiarlo pero como se debe de hacer, con las reglas del
juego.
Segunda cuestión, señor Herrera. Usted ha deslegitimado y ha criticado la intervención del Grupo Parlamentario Popular en Junta de Portavoces.
Usted interpreta que es obstruccionismo, pero lo habrá hecho en función de las competencias
parlamentarias que este grupo parlamentario
tiene, y le recuerdo que este grupo parlamentario representa a más de 10 millones de personas.
Tercera cuestión, señor Herrera, que además me ha parecido que ha estado fuera de lugar, cuando usted ha hecho alusión a la deseada cooficialidad de las lenguas en determinados documentos. Esta diputada, catalana y el resto de mis
compañeros -diputados andaluces, gallegos, pero todos españoles- estamos muy orgullosos de que haya sido el Partido Popular quien haya incorporado esa cooficialidad en esos documentos y le puedo decir que todos coincidimos con don Mariano Rajoy en
que esos 4 millones de firmas que usted parece que ha descalificado, con todo la legitimidad y todo el respeto hacia su grupo parlamentario, son muchos más votos de los que su grupo parlamentario puede tener. (Aplausos.)
Señor Herrera, entrando en el contenido de la proposición de ley, quienes le conocemos creemos que usted lo ha hecho con toda la buena intención y, además, entendemos que lo ha hecho para mejorar el documento y para plasmar esa riqueza
lingüística, pero debo recordarle lo que he dicho con anterioridad, que usted ha presentado una iniciativa que este grupo considera no idónea, no necesaria, porque en la intervención previa de esta diputada ya hemos dicho y hemos afirmado que en una
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de marzo, se estableció la cooficialidad y el bilingüísmo en los permisos de circulación de vehículos de motor y de ciclomotores y, además, al DNI. Es más, señoría, se estableció a las siguientes
autorizaciones: a los permisos de vehículos especiales, a las matrículas turísticas, a los permisos temporales, a los permisos de circulación de vehículos históricos.
¿Ustedes le llaman a eso obstruccionismo político, a eso le llaman
catalonofobia, a eso le llaman no aplicar la cooficialidad de las lenguas? Además, señor diputado, usted ha hecho referencia a unos formularios de la Dirección General de Tráfico. El señor Acebes, en una de sus últimas intervenciones como ministro
del Interior, respondiendo a una interpelación del señor Janè, por cierto, en el año 2003, recogía incluso la cooficialidad y el carácter bilingüe de los permisos de residencia de los extranjeros, que se iba a iniciar, además de los tests, de los
exámenes de los permisos de conducir que podían estar en cada una de las lenguas cooficiales de nuestro país. Parece ser que usted lo ha olvidado cuando ha realizado la intervención previa. Además, señor diputado, ha hecho una referencia
específica que no sé si le quiero precisar o interpretar. Se refiere -no lo ha dicho evidentemente, no ha reconocido que ha sido un Gobierno del Partido Popular el que aceptó esa cooficialidad en el documento- a que en la parte relativa al Reino de
España y permiso de conducir no pone Reino de España y permiso de conducir en gallego o en cualquiera de las otras lenguas cooficiales. El Partido Popular siempre procura que el rigor jurídico se aplique a cada una de sus decisiones aunque sean
reglamentarias. A lo mejor usted no la conoce, pero la Directiva comunitaria 91439 junto con la directiva del año 1996 -que me extraña, señor Janè, que haya realizado la interpretación que le hemos escuchado en esta tribuna con el rigor jurídico
que le caracteriza- dice lo siguiente, señor Herrera: se permitirá ese bilingüismo que ha de afectar a los datos personales y a las condiciones técnicas -cosa que realmente se está llevando a cabo y ejecutando gracias a la proposición no de ley del
año 2001-, pero no a aquellos epígrafes que acreditan la titularidad del documento y su ajuste en cuanto a formato y modelo a las normas comunitarias, porque en ésas se tiene que recoger la lengua oficial del Estado, y la lengua oficial del Estado
español es, según el artículo 3.1, la lengua castellana, y así se reconoce, así se dice y así se hace. Con lo cual, la normativa se está aplicando correctamente, señor Herrera, se están aplicando la normativa y las directivas comunitarias de los
años 1991 y 1996. Nos extraña que usted no la haya mencionado, nos extraña que usted la desconozca y también nos ha extrañado que no lo haya expuesto en esta tribuna. Es por esto, señor Herrera, que nuestro grupo parlamentario no podrá dar apoyo a
esa toma en consideración.
Además, debo decirle otra cuestión añadida, señor Herrera. Al Grupo Parlamentario Popular le sorprende mucho que cuando otros grupos hablan de la libertad, del no intervencionismo y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, ustedes
vuelvan a recoger en la iniciativa que el orden de las lenguas debe ser, primero, la lengua del territorio y, después, la lengua castellana. ¿Por qué, señor Herrera? ¿No tengo derecho como ciudadana española y catalana a escoger y a ejercer el
derecho de elección de la lengua en la que quiero tener mi permiso de conducir, mi DNI o cualquier otro documento, señor Herrera? Tengo todo el derecho y lo tenemos todos los ciudadanos españoles. Por eso, señorías, la diferencia entre ustedes y
nosotros es que nosotros aplicamos el Estado de derecho (Rumores.), sí señor; nosotros regulamos y establecemos la cooficialidad de las lenguas en lo que nos permite el Estado de derecho en la normativa comunitaria. Ustedes, señorías, hablan
mucho, hacen poco, critican demasiado y, además, intervienen en la libertad de los ciudadanos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para expresar la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la
incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores. Nos encontramos
una vez más ante esta cuestión, y digo una vez más porque no es la primera vez que se debate en esta tribuna. De hecho, en diferentes legislaturas se han ido presentando distintas iniciativas que se referían al derecho que asiste a las
ciudadanas y a los ciudadanos de los diferentes territorios donde existe más de una lengua oficial, es decir, donde existen dos lenguas cooficiales, a tener, en su relación con las diferentes administraciones, los documentos en ambas lenguas.
En primer lugar, permítame que realice una matización técnica con relación a la proposición, señor Herrera. Vista la proposición presentada y el texto legislativo a que se refiere, se observa que en realidad la intención exacta de la
propuesta no es modificar el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 339/1990, que consta de un solo artículo, sino el artículo 59 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, anterior a la Ley
17/2005, de 19 de julio, que ha modificado el texto articulado de la ley anteriormente mencionada.
No voy a hacer un exhaustivo repaso histórico, pero sí me voy a retrotraer a las dos anteriores legislaturas en las que iniciativas que podríamos llamar idénticas se presentaron con desigual resultado pero con la misma ineficacia. Quiero
manifestar en este momento estos antecedentes parlamentarios para reivindicar la coherencia de mi grupo en esta cuestión que planteamos. En la VI Legislatura, el Partido Popular apoyó la iniciativa presentada por el Parlament de Catalunya el 11 de
mayo de 1999, pero después caducó en trámite de ponencia al finalizar la VI Legislatura. Cuando esta misma iniciativa fue presentada en la VII Legislatura -digo esta misma, porque reproducía la caducada en la legislatura anterior-, la posición del
Partido Popular fue diferente, quizás porque en ese momento no necesitaba los votos nacionalistas para gobernar. Votó en contra excusándose en que las modificaciones podían ser de naturaleza reglamentaria, y no a través de reformas legislativas;
excusas que no plantearon en la VI Legislatura.
Señorías, el voto del Grupo Socialista siempre ha sido el mismo y esto responde a que desde mi grupo siempre hemos defendido la pluralidad lingüística y el reconocimiento absoluto de la cooficialidad de las lenguas en aquellas comunidades
autónomas donde ésta existe, así como la promoción de las mismas, dando cumplimiento tanto a la Constitución como a los diferentes estatutos de autonomía, porque son la Constitución española de 1978 y los estatutos de autonomía las normas que
establecen el marco jurídico del régimen lingüístico en las comunidades autónomas que cuentan con una lengua cooficial. Así, el artículo 3.2 de la Constitución española mencionado a lo largo de la tarde establece, tras reconocer el carácter oficial
del castellano en todo el territorio nacional y, en consecuencia, el deber de conocerlo y el derecho a usarlo de todos los españoles, que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con
sus estatutos. Y el artículo 3.3 impone la obligación de respeto y protección a las distintas modalidades lingüísticas de España. El carácter oficial de la lengua implica, en una interpretación lógica del artículo 3 de la Constitución española, el
deber de conocerla y el derecho a usarla en el territorio correspondiente, todo el territorio nacional en el caso del castellano y el territorio de la comunidad autónoma respectiva en los demás casos donde convivan dos lenguas cooficiales. Como ha
reiterado el Tribunal Constitucional es un derecho del ciudadano optar por una u otra lengua oficial, de tal modo que todas las administraciones deben asegurar este derecho en función del tipo de servicio que presten al ciudadano, y los documentos
en cualquiera de las lenguas oficiales tendrán, ante todos los poderes públicos, plena validez jurídica; argumentos legislativos que apoyan claramente la iniciativa presentada.
En este punto hay que hacer un inciso importante y es que, siendo coherente con sus posiciones, el Gobierno, como he manifestado al inicio de mi intervención, ya ha recogido una medida como la que propone la iniciativa que nos ocupa en la
Ley 17/2005, de 19 de julio, que reforma la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Si bien el objeto principal de la modificación era introducir el permiso de conducir por puntos, lo cierto es que incorpora además
algunas variaciones de otro tipo, entre ellas las de la disposición adicional manifestada anteriormente por el señor Jané: En aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua cooficial, los permisos y licencias de conducción se redactarán,
además de en castellano, en dicha lengua. Se demuestra una vez más la sensibilidad, la voluntad política y la acción del Gobierno socialista no solo en el reconocimiento sino también en la promoción de las lenguas cooficiales que conviven en
nuestro Estado.
Desde el Gobierno se toman decisiones que suponen un avance innegable en la normalización de todas las lenguas oficiales de la Administración periférica del Estado, decisiones políticas y legales para garantizar el respeto efectivo
de la realidad plurilingüe del Estado. Vuelvo a reivindicar la coherencia de mi grupo, señorías, porque nuestra posición es la misma cuando estamos en la oposición que cuando estamos en el Gobierno.
Parece ser que con esta disposición legislativa el objetivo fundamental perseguido por la iniciativa de los proponentes se habría conseguido y, por otra parte, en la práctica, como antes se ha mostrado ya, se está produciendo la edición
bilingüe de los permisos de conducir, y como ejemplo puedo mostrar mi propio carné de conducir. No tiene mucho sentido que se proponga esta iniciativa en la misma Cámara que hace meses adoptó la decisión de introducir en la ley correspondiente el
precepto reproducido anteriormente. En aras de la eficacia parlamentaria, lo sensato no era realizar el debate que hoy nos ocupa, pero la toma en consideración de esta proposición, señorías, podrá ser considerada de forma positiva por mi grupo,
porque compartimos el fondo de la misma, como hemos comentado, y quizá podría perseguir, además del carné de conducir, como se
ha mencionado, la referencia a todas las autorizaciones administrativas, es decir, la extensión de la medida más allá de los permisos y licencias de conducción y también la mención de que esta medida afecte de una forma íntegra a todos los
elementos de las mencionadas autorizaciones administrativas. Ello no obstante y debido a las dificultades de inserción en todo el entramado legislativo que nos hemos dado, sobre todo en lo que se refiere a normativa europea, las cuestiones
formales, donde radicarían las dificultades que podría suponer el texto completo de la proposición presentada, serían objeto de una ulterior negociación, con posibilidad de enmendarse en la tramitación legislativa posterior.
Muchas gracias, señorías, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Son dos votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la incorporación a los pasaportes de las
lenguas oficiales en el Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 173; en contra, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los permisos y licencias de
conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 172; en contra, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM. (Número de expediente 162/000474.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la convocatoria de un referéndum. Les recuerdo que
se trata de un debate tasado y para la defensa de la proposición no de ley presentada por el grupo proponente interviene, en primer lugar, el señor Rajoy. El turno de defensa es de siete minutos. (Rumores.) Silencio, por favor.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como es sabido, el Partido Popular, con el aval de más de 4 millones de españoles, solicita al Gobierno la convocatoria de un referéndum. ¿De qué se trata? Dicho en pocas palabras, solicitamos que los españoles puedan decir si
desean o no conservar su nación, su soberanía y su unidad en las mismas condiciones en que estaban cuando el señor Rodríguez Zapatero accedió al poder. Es así de sencillo. Y esto, naturalmente, sin equívocos, sin ambigüedades, sin juegos de
palabras, es decir, llamando a las cosas de la misma manera que se les ha llamado desde 1978. Parece muy razonable. Nada justifica que la nación, la soberanía, la unidad o la igualdad de los españoles sufra cambios porque cambie el Gobierno, y si
ha de haber cambios en la nación, la soberanía, la unidad o la igualdad de los españoles, nadie entendería que no estuvieran refrendados por todos los españoles. Es razonable, pues, querer conocer la opinión de quienes son los propietarios
legítimos de todo el país, señorías, no de esta o de aquella parcela, comunidad, señorío, condado o cortijo; propietarios legítimos de todo el país, desde La Gomera hasta la Seu d'Urgell.
La gente, al parecer, se inquieta porque percibe que en España, además de un cambio de Gobierno, se están produciendo modificaciones que afectan a la nación, a la soberanía, a la unidad y a la igualdad de los españoles; se inquieta porque
sobre esas modificaciones nadie ha solicitado la opinión de los ciudadanos ni estos han delegado su autoridad soberana en nadie. ¿Qué diremos, señorías? ¿Que estos temores son fantasías de la gente o que responden a lo que ven y a lo que oyen
todos los días? No parece que sean fantasías. Los españoles ven que se ha derribado alegremente el consenso constitucional, que han desaparecido todos los equilibrios de la transición, que se busca la satisfacción preferente de los nacionalistas,
que no se escucha al Consejo de Estado ni se consulta al Tribunal Constitucional, que se menosprecia la opinión de la mitad de los ciudadanos, que por primera vez se imponen reformas que afectan a la convivencia de hoy y al futuro de todos sin más
respaldo que una mayoría simple. ¿Puede sorprendernos que se inquieten?
Señorías, los españoles perciben cambios que reducen su soberanía o la parcelan o simplemente la vacían de contenido real, cambios que adelgazan el poder del Estado, reducen su eficacia y anulan su capacidad para intervenir en la vida
nacional. Los españoles ven que proliferan presuntas naciones y realidades nacionales de nueva planta, que aparecen poderes paraestatales con vocación de cosoberanía, que ahora son los estatutos de autonomía los que señalan las competencias del
Estado, las del Consejo General del Poder Judicial y las del Tribunal Supremo, que son las comunidades autónomas
las que pretenden dictaminar las prioridades inversoras y -a lo que íbamos-, como consecuencia de todo ello, surgen vetos a la solidaridad y se extingue la igualdad de los ciudadanos.
¿Hay o no motivos para la inquietud? Los hay, porque a este proceso en marcha se le podrá llamar como se quiera, y no entraré yo en el juego de los nombres, pero en sustancia, las reformas que patrocina y sustenta este Gobierno significan
la voladura del consenso constitucional de 1978 a espaldas de los ciudadanos. Por eso muchos españoles piensan que estamos ante un escamoteo fraudulento de la soberanía, ¿y saben SS.SS.
qué es lo que más les inquieta? Lo que todavía puede
ocurrir, porque existe una convicción extendida de que estas reformas, estas aventuras, estos experimentos no los reclama nadie que sea numéricamente significativo, no los demanda ninguna razón quebrantada y no los exige ninguna injusticia antigua.
Nada de eso, son puros antojos de gobernante desorientado que, para dar gusto a sus socios y sin medir las consecuencias de sus actos, piensa que puede cambiar las estructuras del Estado como quien cambia los muebles de La Moncloa.
En resumen, señorías, más de 4 millones de personas apoyan la petición de un referéndum que tranquilice a los españoles sobre su propio futuro, un futuro que les asegure la supervivencia de la nación española tal y como la hemos concebido
desde 1978 hasta hoy, un futuro en el que todos los españoles sean iguales, permanezcan unidos y conserven intacta la soberanía nacional que legítimamente les corresponde. Esto es lo que desea una mayoría ingente de españoles, una mayoría inmensa.
¿Quién puede negarse a ello y con qué argumentos? Comprendo que se nieguen quienes consideran que sus intereses son incompatibles con el interés general, comprendo que se nieguen quienes esperan beneficiarse de esta situación que perjudica a la
mayoría, pero ¿y el Gobierno?, ¿y el Partido Socialista? ¿Qué se proponen? ¿Hacerse los sordos, negar la evidencia, rechazar la demanda o escuchar a los ciudadanos? ¿Nos van a decir que hay pocas firmas, como dijo la vicepresidenta? ¿Cuál sería
la cifra que los socialistas consideran adecuada y digna de ser tenida en cuenta, 5, 10 ó 40 millones? ¿Cuál sería la cifra máxima? ¿Cuántas firmas hay que reunir para que el Gobierno se dé por enterado?
Señorías, es evidente que no van a poder hacerse los sordos, al menos gratis, y tampoco pueden negar la evidencia, ni siquiera disimularla.
Cuando los ciudadanos piden un referéndum, porque quieren opinar, la respuesta no puede ser:
tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. ¿Qué broma es esta? No estamos, al menos todavía, en un régimen populista. Si lo que quieren decir es: No les hago caso porque no tienen razón, dígase de frente y por derecho: no les hago caso porque no
tienen razón. Quizá no se atreven a decirlo porque saben que esto tampoco sería gratis.
Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un Gobierno democrático se oponga y la rechace. No solo porque le costaría mucho encontrar razones para explicar tal
rechazo, sino porque derribaría por los suelos todas sus proclamas sobre el diálogo y el deseo de escuchar la voz de los ciudadanos. Esta es la voz de los ciudadanos, señorías. Es muy fácil escucharla y conviene hacerlo. Al fin y al cabo son
ellos quienes encarnan la soberanía nacional, es decir, son ellos los que mandan.
Creo que interpreto el sentir de la mayoría. Pienso, como los españoles, que todo aquello que tenga que ver con la nación española debemos decidirlo entre todos y por eso solicito formalmente la celebración de un referéndum. Confío en que
el Gobierno sepa estar a la altura de sus responsabilidades. Sabe, porque cuenta con sondeos, que digo la verdad.
Sabe que los ciudadanos quieren opinar, y sabe más, sabe también que si se les plantea la pregunta de este referéndum contestarán que
sí, que desean que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas, y que lo sean de verdad, con todas las consecuencias. Ustedes tienen
la palabra.
Muchas gracias, señorías. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por un tiempo de cinco minutos cada uno, tiene la palabra en primer lugar Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En Coalición Canaria-Nueva Canarias hemos meditado largamente sobre cuál sería la transcendencia de un referéndum como el que se plantea en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. No está en nuestro ánimo en este momento una
desvertebración de lo que entenderíamos que tiene que presidir una armonía de los principios del Estado y también de los principios de la nación. Nuestra Constitución, precisamente en el artículo 92.1, viene a señalar la competencia de un
referéndum para aquellos asuntos de transcendencia política fundamental. Nosotros entendemos que para llegar a un planteamiento de referéndum, este debe basarse en cuestiones de derecho positivo, de entender positivamente qué quiere significar la
Constitución cuando da a la iniciativa del Gobierno el máximo instrumento de decisión a nivel del pueblo, del ciudadano, del elector, a través de la fórmula del referéndum. Entenderíamos un referéndum positivo, un referéndum para apoyar una
decisión positiva, pero un referéndum planteado en sentido negativo, para ir en contra, es algo de mucha transcendencia y responsabilidad. En Coalición Canaria-Nueva Canarias no nos sentimos motivados para ir en una línea en la que, a nuestro
modesto entender y con un respeto a lo que ha sido el tratamiento de la Constitución española desde su aprobación hasta nuestros días, jamás se había planteado, como es una demanda de
referéndum no para aprobar una norma determinada, un estatuto de autonomía o una reforma constitucional, sino para ir en contra de algo. Esto nos preocupa y nos alarma. Desearíamos que hubiera un principio de reflexión y de sosiego, un
principio constitucional de armonía en lo que es el Estado español, en lo que es la nación española y en lo que es la vertebración de todas sus comunidades autónomas en esta Constitución, un espíritu de armonía en la utilización del referéndum no
por motivos puramente transcendentales, como señala nuestra Constitución, sino por motivos positivos, de ir a favor de algo, para que después la ciudadanía se manifieste con el voto que quiera dentro de esa llamada racional y sensata al referéndum.
La utilización de este instrumento no nos aconseja votar a favor de esta iniciativa. Creemos que se debe meditar. Respetamos los argumentos que aquí se han empleado para su presentación, pero por esta vía se produciría un proceso de
desvertebración, de no armonización con grandes voluntades del electorado español que tendría unos efectos perversos y perniciosos para la unidad constitucional que señala esta norma. No queremos ahondar en procedimientos de tipo académico, de
interpretación del uso del referéndum para dividir a la sociedad española entre los que están a favor de una idea y los que están en contra de ella. En los momentos actuales, señor presidente, esto tendría a nuestro juicio unos efectos perniciosos
para la convivencia nacional, que es la primera exigencia que inspiró el texto constitucional cuando, en el consenso de las fuerzas políticas de entonces, buscó un marco de convivencia. Romper ese espíritu de convivencia es más grave que romper el
espíritu de consenso. De aquí que nuestro voto será negativo a la toma en consideración de esta iniciativa porque si hubiera motivo suficiente a juicio de una fuerza política, no se utilice la vía de la proposición no de ley sino una proposición de
ley, si se estima razonable, después de un diálogo político entre las fuerzas que deciden con armonía parlamentaria entre los aquí representados. Trasladar esta responsabilidad al ciudadano español no nos parece sensato ni político en este momento.
De ahí que nuestro grupo parlamentario votará en contra de la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Hoy la actitud de todos los grupos parlamentarios va a ser la del rechazo.
De hecho, las estrategias para rechazarlo van a ser variadas. Unos han querido quitarle importancia a una proposición no de ley que más que una proposición no de
ley es un exabrupto. (Protestas.) Otros le hemos querido dar importancia, desenmascar las mentiras que se han vertido, y todos hemos buscado una sola cosa: desautorizarla de la mejor manera en este hemiciclo, en este Congreso. Nosotros entendemos
que la mejor desautorización (Rumores.) -escuchen bien: la mejor desautorización- de sus argumentos, el mejor revés a sus mentiras, a su menosprecio, es el sí de la ciudadanía de Cataluña a sus planteamientos. A nadie se le escapa que la única
manera que el señor Rajoy tendría una oportunidad de salirse con la suya es un voto negativo al Estatut. Ustedes lo fiaron todo a una sola carta, al fracaso del Estatut, con recursos previos de constitucionalidad que todo el mundo sabía que no
valían, forzando el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, del presidente del Tribunal Supremo, pero al final el Tribunal Constitucional les desautorizó y el Estatut ha salido, se ha reconocido a Cataluña como lo que es, se va abrir
una etapa en todas las comunidades autónomas, incluso en las gobernadas por el Partido Popular y se va a apostar por una nueva reforma del Estado de las autonomías.
La proposición no de ley de hoy es la expresión de esa infinita desfachatez. Se han ido a recoger firmas por toda España con infinidad de mentiras. Han dicho que el castellano estaba perseguido en Cataluña como lo estaba el catalán en lo
tiempos de Franco. Han hablado de que el Estatut favorecía la poligamia. Empezaron recogiendo firmas por una iniciativa legislativa popular y luego resultó que no podían hacerlo, que era manifiestamente ilegal, que era manifiestamente
inconstitucional.
Todo ha valido. Ustedes querían recuperar el poder y por eso han utilizado todo lo que estaba en sus manos. ¿Cuál es el problema, señor Rajoy? Que a estas alturas de la película son ustedes los responsables de haber sembrado
tanto odio en España. (Rumores.-Protestas.) Escuchen bien, ¿dónde está aquella máxima según la cual ustedes recogían firmas pidiendo que fuesen contra Cataluña? Lo han dicho. Dijeron que iban a hacer una ley y después acabó siendo una proposición
no de ley. Se han atrevido a ir lo más lejos que han podido. Han dicho que eran adalides de la Constitución, cuando saben perfectamente que esa propuesta es manifiestamente inconstitucional y que el único referéndum que vale es el del 18 de junio
en el que los catalanes y las catalanas van a votar el Estatuto de Cataluña. No lo digo yo, lo dice Victoria Prego. (Rumores.) Victoria Prego se preguntaba cómo administraría Rajoy un supuesto referéndum con un porcentaje elevado a favor en toda
España y con ese mismo porcentaje en contra en Cataluña. La misma señora Prego decía que la estrategia pro referéndum estaba destinada a no sustanciarse en nada que no fuese la simple no tramitación. ¿Sabe lo que pasaría, señor Rajoy? Si se
sustanciase el referéndum, los casales independentistas en Cataluña le pondrían a usted una estatua en cada plaza del pueblo. Esa es la realidad y esa es la inconsistencia -y ustedes lo saben- de su propuesta.
Ustedes han hecho de la catalanofobia
una bandera electoral. Han utilizado los argumentos contra Cataluña precisamente para sacar réditos electorales. Eso no puede dar réditos y la mejor forma de responder a
ello es con un sí acaparador en el único referéndum que toca es el del 18 de junio. Ustedes han tenido un único compañero de viaje, una voz para algunos autorizada, pero para nosotros nada autorizada, que se manifestaba claramente a favor
del referéndum. ¿Saben quién es? ¿Lo saben? Antonio Tejero. No está mal, no está mal como compañero de viaje.
(Rumores.)
Acabo diciéndoles que su problema no es la nación, no son las competencias ni un Estatuto intervencionista -que no lo es, pues simplemente reconoce derechos-; su problema es que está a punto de pasarles una ola por encima. (Rumores.) Esa
ola no es solo el referéndum de Cataluña o el Estatuto de Cataluña, esa ola van a ser los estatutos que vendrán después. El señor Acebes se ríe, pero no se reirá tanto cuando venga el Estatuto balear, un estatuto que el señor Matas... (Continúan
los rumores.)
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Espere.
Señorías, me limitaré a leer el artículo 70.3 del Reglamento: 'Nadie podrá ser interrumpido cuando hable'. Se trata simplemente de aplicar la misma lógica a todos los oradores. Ha habido preopinantes a los cuales no se les ha molestado en
absoluto durante su intervención. (Rumores.) Se trata de aplicar la misma regla para todos. En consecuencia, dejen a todos los intervinientes hablar con la tranquilidad con que hablan todos y cada uno de los distintos representantes de los grupos
parlamentarios. (Un señor diputado: Se acabó el tiempo.)
Vaya concluyendo, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Entiendo el nerviosismo, porque el señor Matas... (Varios señores diputados: ¡Oh!-Un señor diputado: ¡El reloj!), en el borrador que ha pactado con el Partido Socialista y Unión Mallorquina, dice gran parte de lo que dice el Estatut:
agencia tributaria propia, competencias como las del Estatut, etcétera. Yo lo entiendo. Cuando todos los barones del Partido Popular empiecen a pedir lo que ha pedido Cataluña, una ola les pasará por encima. Solo espero una cosa, que usted no
patrimonialice ningún no en Cataluña, ni siquiera el no del señor Tardá, y que los síes sirvan para ratificar esa ola que está a punto de pasarles por encima.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
No se puede negar que esta ha sido una iniciativa muy movidita. Primero se anuncia una iniciativa legislativa popular; luego, advertido el error, se anuncia una proposición no de ley, que por cierto no puede tener, como luego veremos,
efectos directos; una recogida de firmas en las que hay concejales del Partido Popular de Girona que se niegan a participar; ilustres -entre comillas- ex coroneles, como Tejero, que se manifiestan a favor; y una increíble parafernalia de
furgonetas, muchas furgonetas -según algunos- para las firmas que estaban anunciadas, a no ser que el papel fuera de mucho gramaje; y una presentación adornada con la iniciación de la recogida de firmas en Cádiz, poniendo como ejemplo de igualdad
entre los españoles la Constitución de 1812, una Constitución que mantenía la esclavitud, que tenía una elección en tres fases a través de lectores, que distinguía entre españoles libres y ciudadanos españoles, que hablaba de españoles de ambos
hemisferios, muchos de los cuales también han dejado de serlo. Se decía en algunas manifestaciones de representantes del Partido Popular: Me parece inaudito que haya alguien que se oponga a que los españoles opinen. Ciertamente es inaudito que
alguien que pretende esto por encima de la legislación establecida y del ordenamiento jurídico se oponga a que los navarros opinen en base a las disposiciones de la propia Constitución, como es la disposición transitoria cuarta. (Rumores.) Digo que
están transgrediendo normas de la Constitución y que no están siguiendo sus propias reglas. Ha sido un desastre de procedimiento. Acudir al artículo 92 a través de una proposición no de ley, es tener en cuenta el artículo 6 de la Ley Orgánica de
las distintas modalidades de referéndum. De manera que no sería suficiente con que se aprobara aquí y ahora esta iniciativa, sino que después tendría que ser el Gobierno quien la volviera a presentar y de nuevo las Cortes tendrían que aprobarla
para hacer un referéndum consultivo. Es chocante que se presente cuando está en trámite una iniciativa con la que parece que se quiere ir en contra, sobre todo teniendo en cuenta que para la iniciativa legislativa popular ese caso específico está
prohibido: recoger firmas cuando está en desarrollo una tramitación. Si esto esta prohibido para la iniciativa legislativa popular, no creo que haya mucha lealtad constitucional en hacerlo a través de una proposición no de ley.
Seguro que ha habido una gran confusión entre los firmantes de ese texto.
Decía una de esas firmantes en León: 'He firmado porque estoy a favor de la unidad de España, no quiero que Cataluña se separe; el referéndum es como una amenaza'.
Una amenaza; una bonita y democrática forma de convencer al resto de los ciudadanos del Estado. Es cierto que todo el mundo interpreta esto, porque así se ha hecho saber por el Partido Popular, como una amenaza contra Cataluña. No formula la
pregunta en esos términos porque no puede, porque ahora es a los catalanes, según la Constitución, según el ordenamiento jurídico, a quienes toca definirse.
En su exposición de motivos hablan de un modelo territorial como si éste fuera cerrado y,
ni mucho menos, el modelo territorial de la Constitución española es un modelo abierto. Se ha llegado a decir: Lo que es España no lo pueden decidir diecisiete estatutos de autonomía diferentes. Me
temo que le están enmendando la plana al Tribunal Constitucional, porque el citado tribunal habla una y otra vez del bloque de constitucionalidad, que está constituido por el texto de la Constitución y por los diferentes estatutos de
autonomía, los cuales pueden ser distintos y mantener diferentes relaciones con el Estado. No se infringe el texto constitucional con el Estatuto de Cataluña. Lo que tenían que decir los ciudadanos españoles y el Partido Popular se ha dicho en
estas Cortes, porque en la reforma del Estatuto de Cataluña han participado todos los ciudadanos del Estado que han sido representados a través de los diputados y senadores en Cortes. (Rumores.) Como se ha afirmado, no solo van a definir el bloque
de constitucionalidad los de cuatro provincias.
No; aquí ha habido diputados de Cuenca, de Almería o de Málaga que han opinado y negociado el texto, las Cortes han dado su visto bueno y no han encontrado motivos para considerarlo reforma
constitucional.
Por último, una serie de consideraciones. Es una falacia, en nuestra opinión, mezclar, como se hace en la pregunta, la supuesta necesidad de una única nación con la igualdad en derechos, obligaciones y prestaciones públicas. Que eso tenga
que ser equivalente es rotunda y absolutamente incierto; es falso. En Estados donde los ciudadanos tienen los mismos derechos, se reconoce, sin embargo, la existencia de diferentes naciones.
Dicen: Siendo la soberanía una e indivisible tan solo
cabe una nación posible. ¿En qué mundo viven? ¿En el siglo XIX? Sí. ¿No ha cedido España soberanía a Europa? ¡Si ni siquiera podemos cambiar el IVA de los libros! ¿No se ha cedido también soberanía en competencias exclusivas de las comunidades
autónomas? ¿Se puede decir en estos días que un Estado es absoluta y únicamente soberano? ¿Se puede hablar de soberanía única e indivisible? Y por fin dicen: Todos decidimos -en el momento de aprobar la Constitución, se entiende- que España es
una nación unida plural y solidaria. No. No todos lo decidieron. Les quiero recordar que en Euskadi únicamente el 30,2 por ciento del censo votó a favor de esa Constitución y que es todavía un asunto pendiente, como lo es el título VIII en
Euskadi.
El señor PRESIDENTE: Señor, Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Acabo ya.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, pero es un debate.
El señor ESTEBAN BRAVO: Si sale adelante esta propuesta, la observaremos con interés.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Porque se darán cuenta de que en Euskadi y en Cataluña hay muchos ciudadanos que no piensan que hay una única nación.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Cerdà.
Discúlpenme, pero les recuerdo que las proposiciones no de ley tienen un debate tasado por unanimidad en Junta de Portavoces y que el presidente tiene que aplicar las reglas que ustedes me dan, así que háganme la vida un poco más fácil.
Gracias.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, me va a permitir que entre en las declaraciones de la intervención anterior de la señora Sánchez- Camacho.
Es cierto que ustedes llegaron antes al no y, de hecho, no se han movido.
Han cambiado muchas
cosas, tanto que es irreconocible el Estatuto, pero ustedes siguen en el no. Es aquello de: impasible el ademán, y no pasa nada. En todo caso, nosotros sí que hemos evolucionado, o involucionado, no sé. Pero nos hemos movido. (Rumores.) Es
cierto que ustedes, como nosotros, estamos en el no. Ustedes lo dicen porque entienden que se pasa y nosotros porque entendemos que no llega. Con el más profundo cariño y respeto, pero desde la más profunda discrepancia, estamos en el no.
Vamos a entrar en materia, señor Rajoy. No hay base -lo han repetido diversos oradores- ni en el ordenamiento jurídico ni en el bloque de constitucionalidad, que prohíbe expresamente una iniciativa legislativa popular para reformar la
Constitución y las leyes orgánicas. No me parece que ese sea el motivo. Y mucho menos inducir al presidente del Gobierno español a acometer una ilegalidad con esta iniciativa parlamentaria. Me parece que no, el motivo es otro. Esto forma parte
de su campaña particular que tiene una expresión clara: Vamos a hacer la guerra en Cataluña para sacar votos en España. Al final, sacrificará una parte. No sé si esa es la finalidad última, si ese es el objetivo. Ustedes hablan de integrar, pero
lo que están consiguiendo -se lo digo en serio- es desintegrar. Ciñéndome a su exposición de motivos, ustedes dicen que la Constitución de 1978 es un gran éxito que no se debe tocar. Nosotros decimos que sí, que superó un régimen autocrático. Ha
ido consolidando un régimen social y de derecho, ha permitido convivir más o menos pacíficamente a todos los ciudadanos en el Reino de España, pero tiene déficits que hemos apuntado de manera muy constructiva, como el no reconocimiento de las
colectividades, de las identidades que provocaron en su momento el Estado de las autonomías, que no ha tenido su actualización y que ustedes no quieren de ninguna manera actualizar. La Constitución española no ha reconocido los derechos colectivos,
entre ellos, a la existencia, a sus derechos y libertades, ni mucho menos al derecho de autodeterminación. Dicen ustedes que España es una nación indivisible.
A mí me gusta recordar que la historia avanza y que hay cambios. También decía eso la Constitución de 1812, cuando hablaba de la indivisibilidad de España; pero en aquel momento, por ejemplo, Nuevo Méjico y Florida formaban parte de esa
indivisibilidad, y se han dividido por dos, por tres y hasta por veinticuatro. Las cosas cambian y lo que hay que ir buscando es un encaje. Me parece que tampoco han visto la última redacción del Estatuto. Parece que pusieron en marcha una
locomotora que no han podido parar, porque si lo hubieran leído en estos momentos estarían en el sí y no en el no. Respecto a que es una reforma encubierta de la Constitución, esperemos a que dictamine el Tribunal Constitución y a partir de ahí, si
es así, lo cambiaremos. Siguen sin leer el Estatuto cuando dicen que es una ruptura de derechos y de deberes, que la lengua introduce un factor de discriminación y que hay un modelo de financiación bilateral; en el Estatuto de Autonomía la
financiación sigue estando -en contra de nuestro criterio- remitida a la Lofca, Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Quiero contestarles con argumentos políticos porque se trata de un debate político, porque la vía jurídica no
es por donde van a intervenir. Desde una concepción socialdemócrata, como es la de Esquerra, claro que hay que intervenir para corregir los desmanes del liberalismo, para que esa preeminencia individual no sea, como ha sido muchas veces, la ley del
más fuerte. Hay que corregir protegiendo, cosa que ustedes no han hecho cuando han intervenido. Cuando ustedes han intervenido sobre el mercado, sobre al libertad, sobre la iniciativa, siempre ha sido para favorecer a empresas o a amigos.
Finalmente, piden un referéndum para todos los súbditos del Reino de España, para decidir una legislación que solo afectará a Cataluña. Vamos a pedir que voten todos los europeos, así hubieran podido recoger no cuatro sino cuarenta millones
de firmas. Eso sí, hay pocas que se hayan recogido en Cataluña. No hay que confundir, señor Rajoy, una mayoría demográfica con una mayoría democrática. Mire -y termino, señor presidente-, este pasquín (mostrando un documento a la Cámara) es del
año 1932. Dice: 'Español, guerra al Estatuto catalán'. Entre otras cosas, añade: 'Comerciantes, hasta no saber a qué ateneros, no compréis productos catalanes'. La ciudadanía del Estado español merece una derecha que sea capaz de ganar unas
elecciones con argumentos más cabales.
(Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ i COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Rajoy subió hace unas semanas a esta tribuna y afirmó: Creo en pocas cosas en la vida, pero en las que creo, creo con convicción. Afirmación que es casi una forma de entender la vida que podemos compartir. Pero
precisamente en esta visión rigurosa que sabe separar el grano de la paja, señor Rajoy, yo me instalo en otra convicción: no puede ser que usted, fino jurista, se crea lo que ha subido a afirmar en esta tribuna, y usted lo sabe. Usted conoce la
Constitución, conoce los distintos mecanismos de reforma de los estatutos de autonomía, también del catalán que ahora defiendo; usted conoce la Ley del Referéndum y conoce la naturaleza pactada de los estatutos de autonomía entre los parlamentos
autonómicos y las Cortes Generales.
Señorías, es inaudito y desborda los límites de lo visto hasta hoy en el Parlamento que un grupo parlamentario importante plantee una propuesta radicalmente opuesta a la ley de leyes. Hemos realizado todos una impecable tramitación
parlamentaria en el Congreso y en el Senado.
Ustedes han presentado sus enmiendas, las hemos discutido y hemos votado democracia. Y ahora, lo que les corresponde es respetar la decisión de las Cortes Generales, lo que les corresponde es respetarse
a sí mismo, parte de las Cortes Generales. Cualquier otra posición es de dudosa credibilidad democrática. No es la hora de afirmar que este es un Estatuto inconstitucional porque usted, señor Rajoy -fino jurista-, sabe perfectamente que ni usted
ni yo ni ningún miembro de esta Cámara somos el Tribunal Constitucional para formular tan atrevida y poco respetuosa afirmación con los ciudadanos de Cataluña, con el Parlament de Catalunya y con el Parlamento español, del que usted es miembro, en
el que representamos al conjunto de los ciudadanos españoles y en el que hemos aprobado este Estatuto. Aunque sea tarde, abandonen este camino equivocado. Han creado una herida grande entre una gran parte del pueblo de Cataluña y una parte no
negligente del conjunto de España. Han roto puentes, han conducido a error a gente de buena fe, han lesionado relaciones y, sea dicho de paso, se han autolesionado. Abandonen esta estrategia suicida para ustedes y para la convivencia de España.
Les daré un único y humilde consejo. Su reloj de la historia siempre les hace llegar tarde en el debate territorial. Siempre. La etapa Rajoy podría haber servido para ponerse en hora en este asunto, pero parece claro que no. En la España
de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que ustedes siempre recuerdan ustedes mantuvieron en su programa electoral hasta el año 1987 la reforma del título VIII de la Constitución para hacer una revisión a la baja; nueve años después de
la aprobación de la Constitución española. Siempre llegan tarde, pero, señorías, llegaron, y también llegaron al Estatuto catalán. Ahora hacen bandera del Estatuto de Cataluña del año 1979. Pues bien, 'Diario de Sesiones' del debate final en el
Pleno del Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía del año 1979, intervención de don Manuel Fraga, presidente de honor del Partido Popular para anunciar la abstención de la inmensa mayoría de Alianza Popular en aquel Estatuto. Aquel
Estatuto que ustedes no votaron afirmativamente se ha convertido ahora en la bandera de su defensa. Es más,
don Manuel Fraga afirmaba desde esta tribuna: Es indudable el tinte nacionalista de este Estatuto. Pues bien, el Estatuto que en el año 1979 era nacionalista ahora es su bandera.
Termino, señor presidente. Votaremos que no; votaremos que sí a favor de Cataluña y de una España que se reconoce en su pluralidad. Además, señor Rajoy, trabajaremos intensamente para que vuelvan a votar que no contundentemente a su
propuesta en el próximo referéndum del día del 18 de junio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Socialista, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, tenía yo algunas dificultades para encontrar un calificativo para esta iniciativa y confieso que usted, señor Rajoy, me ha dado el mejor: Esta es, sin duda, una propuesta que es el antojo
de una oposición desorientada.
(Risas.-Aplausos.) Así podríamos calificar su iniciativa. En un ejercicio de absoluta banalización de la institución del referendo -respetable institución-, se insta al Gobierno a preguntar a los españoles que digan
una obviedad y es que España es una nación. Cabría preguntarnos por qué, con los evanescentes fundamentos de su intervención, señor Rajoy -tan débiles y con una viabilidad jurídica y política igual a cero-, presenta usted, sin embargo, esta
iniciativa. La respuesta a estas alturas es bastante evidente. Desde que ganó las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero y usted las perdió, el Partido Popular ha puesto toda su energía política no en plantear alternativas constructivas a las del
Gobierno, no en pensar en el interés de los ciudadanos; ha puesto todas sus energías en combatir por tierra, mar y aire al Gobierno y utilizando cualquier cosa, incluso atizando, como en este caso, el enfrentamiento entre los ciudadanos, entre los
territorios, entre España y Cataluña, en vez de promover la convivencia, la tolerancia y el respeto al pluralismo.
(Aplausos.)
En ese designio del Partido Popular se inscribe esta iniciativa; tortuosa es su vida. Como señalaba el señor Esteban, empezaron con una iniciativa legislativa popular que era tan burdamente inconstitucional que lo que usted dijo por la
mañana lo cambió por la tarde; luego intentaron que no se admitiese a trámite para que no se debatiera en esta Cámara el Estatuto de Autonomía de Cataluña -lógicamente la Mesa la admitió a trámite-; luego acudieron al Tribunal Constitucional y
este les dio un varapalo absoluto, les dijo que esto no es una reforma encubierta de la Constitución. (Rumores.) Pero para usted esto era beneficio de inventario. Ustedes, como el que no quiere oír, como el que oye llover, siguieron con su campaña
de firmas, diciendo a la gente algo falso: que era posible un referéndum de los españoles para impedir un referéndum de los catalanes. Algo absolutamente falso que ustedes dijeron a aquellos que fueron a firmar.
Por último, nos traen una proposición no de ley sin un mínimo rigor para un debate parlamentario ni en la forma ni en el fondo; las formas ya sabemos que no son su fuerte -el jueves pasado lo vimos en esta Cámara-, pero el fondo tampoco.
Para empezar, no sé si ustedes son conscientes del todo de lo que nos están proponiendo, que el pueblo español diga que España tiene que seguir siendo una nación, un Estado -algo ya resuelto por los constituyentes y expresado en el artículo 2-, que
se someta a votación si tiene que seguir vigente el artículo 2 de la Constitución. Si lo que ustedes quieren, como parece, es la unidad de España, ¿por qué la ponen en cuestión en un referéndum? (Aplausos.) ¿Por qué, señor Rajoy? Si ustedes
quieren la unidad de España, ¿por qué quieren someter a debate público esa unidad? ¿Para cuestionarla, para debilitarla? (Un señor diputado: Somos españoles.) ¿Pueden los españoles entender -españoles que no están nada inquietos, señor Rajoy; el
inquieto es usted, no los españoles- (Aplausos.) que el principal grupo de la oposición, la alternativa del Gobierno, ponga en duda en un referéndum la unidad de España, que es el principio vertebrador de nuestra democracia y de nuestra convivencia?
(Un señor diputado: Os la habéis cargado.) Todo eso para realizar un ejercicio de catalanofobia y remontar en las encuestas.
¿Cómo cabe calificar una estrategia así? Lo que sucede es que ustedes, que tienen voz y voto, han perdido, están solos.
Han estado solos en el Parlamento de Cataluña y en estas Cortes se van a quedar una vez más absolutamente solos esta tarde. (Un señor diputado: Es el camarote de los hermanos Marx.) Lo que les sucede es que no quieren seguir las reglas del juego.
Lo más grave, han pedido a los ciudadanos que se enfrenten a Cataluña. ¿Esto es patriotismo, señor Rajoy? A pesar de todo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña se va a someter a referéndum. Nosotros confiamos en el pueblo de Cataluña, usted no,
señor Rajoy. Esa es la diferencia.
Nosotros confiamos en el pueblo de Cataluña.
En suma, señor presidente, señoras y señores diputados, el PP presenta una proposición no de ley, uno, para cuestionar en un referéndum la unidad del Estado; dos, a través de un procedimiento al margen de la legalidad; tres, para amordazar
y obstaculizar la decisión libre del pueblo español y del pueblo de Cataluña. Eso es lo que hace que nosotros rechacemos esta proposición no de ley, que nunca se debería haber presentado. Pero ustedes lo han hecho siguiendo un lastimoso camino que
solo pretende llevarnos a la confrontación entre grupos, entre territorios, entre ciudadanos, sobre una materia tan delicada como la convivencia en libertad. Ningún grupo de esta Cámara, tampoco el Grupo Socialista, les vamos a seguir en semejante
disparate.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL TRÁFICO DE MUJERES EN EL MARCO DEL MUNDIAL DE LA FIFA. (Número de expediente 162/000475.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la segunda proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el tráfico de mujeres en el marco del Mundial de la FIFA.
Para la defensa de la proposición no de ley interviene por parte del Grupo Socialista el señor Jáuregui, en un turno de siete minutos.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente.
Como ustedes saben, señorías, 12 ciudades alemanas acogerán a 3 millones de personas a lo largo del próximo Mundial de Fútbol. También saben ustedes, señorías, que Alemania ha legalizado y ha regularizado la prostitución y en virtud de esas
circunstancias se han abierto numerosos locales, auténticos hípers del sexo en las principales ciudades deportivas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Un complejo sexual de 3.000 metros cuadrados, llamado Eros
Center, ha sido ya construido en las proximidades del Estadio Olímpico de Berlín. Lo mismo ha ocurrido en Colonia, en Dortmund, en varias ciudades alemanas.
Señorías, no he subido a esta tribuna para hablar del Mundial de Fútbol, como es obvio, tampoco para hablar a favor o en contra de la prostitución, ese viejo y poliédrico tema. Estoy aquí, señorías, para denunciar la conexión entre el
fútbol y la prostitución, estoy aquí para elevar mi voz junto a millones de hombres y mujeres de Europa contra una ecuación que me parece indeseable, la que relaciona el fútbol con la prostitución, y para denunciar que, ante los ojos del mundo
entero, se está produciendo una intolerable y masiva trata de mujeres para hacerla posible. Efectivamente son dos los planos en los que quiero basar mi denuncia: de una parte nos repugna la invasión masiva de la prostitución por un mercado
indecente que mezcla el proselitismo y la explotación humana, que ofrece sexo al por mayor junto al estadio. Cientos de cabinas funcionales e higiénicas y cientos de mujeres a elegir, como en las estanterías de un supermercado, grandes hípers del
sexo para que todos, jóvenes o mayores, españoles o australianos, encuentren en una oferta ilimitada el producto -en este caso la mujer- adecuado a cada una de las ofertas. Es como una nueva industria, es como una gran fábrica del sexo, son los
megaburdeles en el corazón de Europa, mostrando el espectacular triunfo del mercado, que penetra los más íntimos deseos del consumo personal y al que no le importa nada comerciar con personas o con niñas.
No, señorías, no pretendemos resolver en
esta ocasión el viejo debate sobre si la prostitución es un mal necesario o un insoportable atentado a la dignidad humana. Simplemente queremos gritar, como muchos europeos, que comprar sexo no es un deporte y que el deporte debería reaccionar
contra esta ecuación indecente. Por otra parte nos aterra el gigantesco delito que contemplamos cada día con cínica frialdad: miles de mujeres son objeto de un tráfico mercantil en el que se prostituye a la fuerza.
La prostitución, señorías, no se elige, se soporta para salir de la pobreza, para poder emigrar o para poder vivir quienes tienen la desgracia de nacer en países sin futuro. Cerca de 50.000 mujeres, señorías -repito, cerca de 50.000
mujeres-, han sido ya contratadas en los países pobres del este de Europa. Muchas creen que serán camareras o limpiadoras de habitación de hotel, pero acabarán en Artemis, en el Eros Center de Berlín o en cualquier tugurio de luces rojas. Hace un
par de siglos los negreros recorrían la costa africana llevándose esclavos a América; hoy, los emisarios de los proxenetas recorren los pueblos de Moldavia, de Rumania o de Bielorrusia, buscando jóvenes mujeres. Yo les pregunto, señorías: ¿Hay
tanta diferencia? El tráfico con mujeres es un delito tan execrable como masivo. Y yo les pregunto, señorías: ¿Creen ustedes que sería posible ese tráfico masivo si se tratara de armas, por ejemplo, y no de mujeres? No. Lo que ocurre es que lo
aceptamos porque lo utilizamos, lo que ocurre es que no nos escandaliza porque somos nosotros quienes demandamos esa oferta que nos facilitan las mafias del sexo. Es intolerable que en el corazón de Europa se organice un mercado de esclavos y es
todavía más grave que eso se produzca en la mayor fiesta deportiva del planeta, la Copa del Mundo, ha dicho Ségolène Royal, dirigente socialista francesa, poniendo voz a millones de mujeres europeas. Más gráfica y alarmista ha sido Fadela Amara,
presidenta de la Federación Nacional de Maisons des Potes y del movimiento: Ni putas ni sumisas. Ha dicho: Esto no es la Copa del Mundo, esto es la copa del sexo. ¿Podemos hacer algo, señorías? Podemos y debemos. Por eso hemos presentado esta
proposición no de ley, en la que quienes la firmamos instamos al Gobierno de España a que ratifique el convenio del Consejo de Europa de 3 de mayo. Hemos exigido un informe al Gobierno de España sobre sus actuaciones en esta materia y hemos pedido
compromiso a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes.
Termino, señorías. El debate ya no es entre legalización de los servicios sexuales y su prohibición pura y simple. El problema de hoy es que la dicotomía autorización-prohibición está atravesada por un problema dramático, la trata de
mujeres para su prostitución. Este es el problema que ha saltado las alarmas y que reclama una acción urgente de los gobiernos dignos, porque a la postre, señorías, no se equivoquen, tenemos un dilema social moral y una ética personal a la que
responder para decidir si una sociedad digna debe admitir o no una práctica que genera el viejo y odioso delito de la esclavitud humana. El dilema es también personal, señorías.
Nosotros pedimos que los líderes de opinión deportiva se dirijan a los aficionados del fútbol y les pidan que no colaboren en este gigantesco mercado de prostitución asociado al fútbol. Sería bueno que todos colaboráramos en este objetivo y
que los programas deportivos, por ejemplo, hablasen de este tema. Quiero acabar mi intervención pidiendo a nuestros dirigentes del fútbol y a los más insignes representantes del fútbol español -que es de lo que hablaremos en los próximos 50 días
hasta no hablar de otra cosa-, seleccionador nacional, capitán de la selección española, que digan bien alto y bien fuerte que comprar sexo no es un deporte; que fútbol, sí, pero prostitución, no.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jáuregui.
Tres grupos parlamentarios han presentado enmiendas. Comenzamos con la intervención de la señora García Suárez en nombre del primer grupo enmendante, que ha sido el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el tráfico de mujeres en el marco del Mundial de la FIFA, enmiendas que en estos momentos no
sé si han sido recogidas o no. Al margen de eso haré mi exposición.
Nuestras enmiendas van en la línea de determinar de manera clara nuestro posicionamiento sobre lo que creemos que es o que tendría que ser el aspecto realmente relevante de esta proposición no de ley, que es el acto delictivo que comporta la
actividad de la trata de personas, de seres humanos, fundamentalmente, ya que son la mayoría, de mujeres, niños y niñas. Esta iniciativa tiene para nosotros -lo vamos a decir claramente- un aspecto positivo y otro negativo. Por eso, entre otras
cosas, hemos realizado enmiendas. El aspecto positivo es el siguiente: nunca serán suficiente las propuestas, las iniciativas y las denuncias que se realicen en aras de sensibilizar a toda la ciudadanía sobre la trata con fines de explotación
sexual y, si me lo permiten -supongo que estaremos todos de acuerdo-, con cualquier fin; en definitiva, la trata de personas, ya que si se realizara para otro fin supongo que también estaríamos todos absolutamente en contra -también se están
realizando, pero en todo caso no es el tema de hoy-. Es sobre la trata de personas sobre lo que creo que deberíamos poner verdaderamente el acento.
Nos parece bien que hagamos propuestas y debates en los que pongamos encima de la mesa los desequilibrios de nuestro planeta y las condiciones de desigualdad en las que viven millones de personas, algunas de países muy lejanos y otras de al
lado de nuestras casas. El aspecto negativo, si me lo permiten -y ahora voy a entrar en el contenido de su proposición no de ley-, es el motivo que se ha utilizado para poner de manifiesto la realidad de la trata de personas. Voy a ser
completamente clara, señor Jáuregui, y creo que se trata de eso, de subir a esta tribuna a decir y a intentar transmitir las ideas y el pensamiento político que cada grupo profesa. Creemos que ha habido en dos años muchas ocasiones para presentar
una proposición no de ley de este tipo. Al final realmente acaba proponiendo tres cosas; una de ellas es firmar y ratificar el convenio del Consejo de Europa del 3 de mayo de 2005. Sinceramente, incluso para esto no hubiera hecho falta una
iniciativa, porque podía haberse ratificado.
La parte negativa pueden entender que sea la sorpresa de que hace más de un año que el Gobierno podía haberlo ratificado y no lo ha hecho. Debo, eso sí, felicitar fundamentalmente a las mujeres del Grupo Socialista, también lógicamente al
señor Jáuregui, por haber impulsado esta iniciativa, pero lamento que el Gobierno no lo haya hecho, no haya tomado la iniciativa de haberla firmado -por supuesto, si no la ha firmado, no la podría haber ratificado-, como tampoco por tanto ha podido
liderar y sensibilizar a los Estados miembros que sí la han firmado, entre los que se encuentra Alemania, por ejemplo, que no la ha ratificado como el resto de países; en todo caso, Alemania la tiene firmada y España no la tiene firmada. Es
preocupante, muy preocupante, que 26 de los 46 países miembros lo hayan firmado y que ni tan solo ocho países, necesarios para que el convenio entre en vigor, lo hayan ratificado; es muy preocupante.
Nuestras propuestas, señorías, van en una dirección. Por un lado, conectamos y coincidimos con la condena absoluta de la actividad penal e ilícita que conlleva la trata de personas, pero no compartimos que esta actividad se relacione
exclusivamente con los eventos deportivos y por eso nos hubiera gustado que esta iniciativa se hubiera llevado en otro marco. Se nos antoja también que se está induciendo a pensar -y además lo ha dicho el señor Jáuregui- que Alemania tiene una
legislación que regula la prostitución y parece que esto automáticamente conlleve a trata de personas o de mujeres. Me parece una opinión respetable pero que no comparto en todo caso. Sabemos que hoy en la sociedad y en esta Cámara también -al
menos uno de los grupos y a lo mejor más- podemos tener opiniones diferentes en cuanto a cuál es la estrategia mejor para abordar, en definitiva, la trata de personas y el tráfico y sobre todo cuál es la mejor estrategia para asegurar los intereses
y los derechos humanos de las personas que ejerzan la prostitución. Entiendo que es una proposición que tiene una doble finalidad. Una de ellas, repito, la compartimos -si se aceptan nuestras enmiendas, incluso votaremos a favor-, pero otra de
ellas no solamente no la compartimos, sino que nos parece que se está haciendo un uso en este caso de la iniciativa que tampoco compartimos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez.
El siguiente grupo enmendante es el de Convergència i Unió y en su nombre, señorías, tomará la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, señorías, si resulta ya deplorable que en los acontecimientos en los que es previsible la concurrencia masiva de hombres -estoy hablando no solo del Mundial de Fútbol, sino también de otros-
exista esta asociación con la necesidad de prostitución, es radicalmente intolerable la situación de que, tal como ha expresado la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, pueda haber un aumento de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual en Alemania durante el periodo del Mundial de Fútbol y asociada a este concreto acontecimiento.
Se ha alertado, como todos conocemos ya, de que en Alemania, donde conviene recordar que está regulada la prostitución, existe algo más que la posibilidad de que entre 30.000 y 60.000 mujeres y niñas sean objeto de trata con fines de
explotación sexual durante el Mundial de Fútbol y que esto pueda ocurrir ante la impasible mirada de los europeos. Por ello, desde Convergència i Unió no solo felicitamos las palabras literales de la intervención del señor Jáuregui, que podríamos
suscribir prácticamente desde la primera hasta la última, sino que aplaudimos la oportunidad de la iniciativa que hoy nos trae a debate el Grupo Socialista, que por supuesto vamos a apoyar, para sumarnos de esta manera al mandato que saldrá de la
Cámara al Gobierno español para que realice e impulse todas las actuaciones posibles para que el próximo campeonato del mundo de fútbol sea el primero de los acontecimientos de asistencia masiva en el que no haya mujeres ni niñas objeto de trata con
fines de explotación sexual, algo que, como todos sabemos, es una grave violación de los derechos humanos, incluidos los derechos a la dignidad humana, a la integridad física y mental, a la libertad de circulación, a no ser sometido a tortura y, en
algunos casos, una violación incluso del propio derecho a la vida.
Apoyaremos, como digo, la iniciativa a la que hemos presentado tres enmiendas que muy brevemente paso a defender. La primera de ellas es una enmienda puramente técnica. Dice la parte dispositiva de la iniciativa en su punto primero que se
insta al Gobierno a afirmar y a ratificar el convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos en el plazo más breve posible; completamente de acuerdo. Nuestra enmienda sustituye ratificar por iniciar los trámites
pertinentes para la ratificación, pues, si no tengo mal entendido, son las Cortes las que han de autorizar la ratificación. Aplaudimos que sea en el plazo más breve posible, puesto que el convenio no entrará en vigor hasta que lo hayan ratificado
ocho países signatarios y hasta el momento ninguno lo ha hecho. En segundo lugar, una enmienda que quiere visualizar dos cuestiones. Una primera es la de que, a nuestro entender, no resulta del todo justo asociar esta situación únicamente a los
acontecimientos deportivos; es quizá, si se me permite, una demonización excesiva, porque todos conocemos que lo mismo ocurre en otro tipo de eventos, como ferias, congresos y encuentros internacionales. También visualiza una segunda cuestión, que
es, como ya he dicho, que estamos de acuerdo con cuanto aquí se solicita relacionado con la actuación del Estado en el exterior, pero no podemos obviar en modo alguno la actuación del Estado en el interior. Por ello celebramos el punto segundo de
la parte dispositiva de la iniciativa, que se presente un informe con las actuaciones que está realizando el Gobierno en materia de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, y añadimos, y esta es nuestra enmienda, que se intensifiquen -y
decimos que se intensifiquen porque nos consta que se está haciendo ya- las actuaciones del Gobierno en esta materia en todos los acontecimientos que se celebren en España y en los que haya también el aviso, el peligro o la noticia, de que se pueda
estar con mujeres y niñas traficadas.
Finalmente quiero apuntar que, a nuestro juicio, es necesaria una coordinación policial muy buena en el ámbito de la Unión Europea, con el fin de aunar e intensificar las actuaciones en esta materia y tratar de impedir este tráfico de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual o incluso el engaño al que puedan ser sometidas, ya desde el origen, desde las primeras actuaciones. A ello obedece nuestra tercera enmienda en la que se insta al Gobierno en este sentido. Son
enmiendas todas ellas de adición, sin ningún otro interés que tratar de mejorar un texto, que, como decimos, nos gusta y que en cualquier caso vamos a apoyar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem, muchísimas gracias.
El tercer y último grupo enmendante ha sido el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será la señora Sainz quien tomará en su nombre la palabra.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, abordamos en esta proposición no de ley el grave problema del tráfico de personas, que siempre ha preocupado a nuestro grupo y que va unido a la prostitución. No olvidemos que la prostitución es ejercida en más de un 80 por ciento
por mujeres traficadas e inmigrantes y que ello es incompatible con una sociedad libre, justa y solidaria. Es una de las manifestaciones más crueles de la discriminación y de la violencia contra la mujer. Supone una violación de los derechos
humanos y una ofensa a su dignidad e integridad. Es un problema, sin duda, que va en aumento y que exige de los Estados que se tomen medidas claras. Y es que estamos hablando, señorías, de personas que son esclavizadas. Es la nueva forma de la
esclavitud del siglo XXI.
Hoy el Grupo Socialista nos trae una proposición no de ley que en su primer apartado insta al Gobierno a que firme y ratifique el convenio del Consejo de Europa de mayo de 2005 -hace exactamente un año que se aprobó-, sobre la trata de seres
humanos. Señorías, claro que vamos a apoyarlo, pero ¿no creen que resulta bochornoso que tenga que ser el Grupo Socialista el que inste al Gobierno a que lo firme y a que lo ratifique? ¿Es que no es prioritario este tema para el Gobierno, un tema
tan degradante para la mujer?
Nuestro grupo también ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Cooperación instando al Gobierno a lo mismo, pero que sea el grupo que apoya al Gobierno el que tenga que recurrir a ello solo se entiende porque, a pesar de ser
un tema -repito- de una enorme gravedad -hablamos de compra-venta de seres humanos-, al Grupo Socialista no le ha preocupado firmar este convenio, algo que, por otro lado, se evidencia claramente cuando en el apartado 2 simplemente piden al Gobierno
que presente un informe sobre su actuación en materia de tráfico de mujeres, cuando, señores socialistas, lo que tienen que hacer es presentar aquí el plan integral de lucha contra el tráfico, algo que en nuestra enmienda pedimos, algo a lo que el
Gobierno está obligado por mandato de las Cortes desde septiembre de 2003, mandato que fue ratificado de nuevo mediante la aprobación unánime de una proposición no de ley del Grupo Popular en noviembre de 2004. No aprobar el plan es actuar de forma
irresponsable, porque el problema en España, sin campeonatos de nada, está adquiriendo unas dimensiones terribles. Es un fenómeno creciente y dicen los expertos -no lo digo yo- que tiene que ver con aquel disparate que ustedes hicieron cuando en el
año 1995 el Gobierno Socialista, en nombre de una supuesta libertad de elección de las víctimas, despenalizó en el Código Penal el proxenetismo, convirtiendo nuestro país en un paraíso de comercio de tráfico de mujeres, algo que afortunadamente
rectificó, subsanó o corrigió el Grupo Popular, el Gobierno del Partido Popular, en el año 2003, por unanimidad también de todos los grupos.
Los apartados 3 y 4 de la proposición no de ley hacen referencia a un hecho lamentable que se suele dar en torno a los grandes eventos internacionales. Se ha hablado del incremento del tráfico de mujeres para explotación sexual durante la
Copa Mundial de Fútbol, de la alarma que esto levanta, como es lógico, de las resoluciones de organismos internacionales, de la resolución del Parlamento Europeo que solicita precisamente lo que aquí se recoge en términos de España en los dos
últimos apartados de la proposición no de ley. Se recoge, nos parece oportuno y lo apoyamos, porque a la vez sabemos que el deporte es una actividad sana, una actividad tolerante y digna que nada tiene que ver con la imposición y con la violencia y
por lo tanto con el problema que denunciamos. El 9 de junio, señorías, empieza la Copa Mundial de Fútbol.
Como acertadamente se viene diciendo, no sabemos quién será el posible ganador -digo yo que ojalá sea España-, pero las perdedoras serán
muchas mujeres, muchas niñas, que serán objeto del tráfico de personas, que serán engañadas y explotadas en la industria del sexo, mujeres y niñas que serán compradas por placer sexual, y esto, además de indignante, es una desgracia para la
sociedad.
La proposición no de ley recoge algunos de los puntos de la resolución europea y vamos a apoyarla. Ahora bien, como el Grupo Popular quiere ir más allá, presentó una enmienda, que adelantábamos, en la que exigía al Gobierno que en el plazo
de tres meses presentara el plan de lucha contra el tráfico de mujeres. Dilatar su aprobación es reflejo de una falta de voluntad. El Grupo Socialista nos acaba de hacer, señora presidenta -con ello termino y adelanto mi posición-, la propuesta de
firmar una enmienda conjunta para que el plazo de tres meses se extienda a seis para la aprobación del plan. Nuestro grupo lo acepta, pues así al menos tendremos un marco temporal que obligue al Gobierno y para nosotros esto es una prioridad
política.
Termino como iniciaba mi intervención hablando de que el tráfico de personas unido a la prostitución es una violación de derechos humanos.
Las mujeres no pueden ser un bien con el que comerciar y las competiciones deportivas, como ningún
evento, no pueden convertirse en cebo para la prostitución y el tráfico de personas. Todas son vulnerables, todas están expuestas a enfermedades y no debemos engañarnos, señorías, señora presidenta, el tráfico de seres humanos va unido a la
prostitución. Es algo incompatible con la sociedad en la que queremos vivir, con una sociedad civilizada, libre, digna, democrática y de relaciones igualitarias en todos los ámbitos y aspectos de la vida de todas las personas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Sainz.
Dos grupos parlamentarios fijarán posición, señorías. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Vasco y será el señor Olabarría quien fijará posición respecto de esta proposición no de ley en su nombre.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Jáuregui, su intervención ha sido vibrante y nos ha conmovido, sinceramente se lo digo. Vamos a votar favorablemente al pedimento, a la parte dispositiva de la proposición no de
ley; sin embargo, se nos antoja modesta por dos razones que ya han sido esgrimidas por las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, estamos hablando de la firma y ratificación -reitero las locuciones, firma primero
y ratificación después- de un convenio del Consejo de Europa de 3 de mayo de 2005. Podía haberlo instado previamente el Gobierno que ustedes ostentan o su grupo parlamentario anteriormente en una fecha más precoz, igualmente vinculado a este
acontecimiento o evento deportivo que tiene estas consecuencias aberrantes que estamos comentado y que a todos nos repugnan, pero
podían haber tenido una diligencia quizá mayor a la hora de cumplir lo que además se articula en forma de proposición de un grupo parlamentario, que ni siquiera viene a instancias del Gobierno, que lo podía haber hecho también con la misma
legitimidad que lo hacen ustedes. En todo caso, nos parece razonable que se ataje el problema cuando estamos ante un acontecimiento de las características que estamos comentando.
El segundo punto de la proposición no de ley que nos presenta el señor Jáuregui propone elaborar un estudio periódico sobre las medidas correctoras de esta fenomenología, que es una fenomenología criminal, de explotación de la mujer, de
supremacía de género, que tiene todos los epítetos perversos con los que se la puede calificar. Pero dicho punto al fin y al cabo no propugna más que la elaboración de estudios, y aquí se puede parafrasear sin ninguna dificultad a Clemenceau cuando
aludía a que para privar de entidad a una actuación política había dos fórmulas: la primera era crear una comisión y la segunda era encargar informes o estudios periódicos sobre determinada cuestión.
Les aconsejaría una mayor beligerancia sobre una cuestión de la que me preocupan dos cosas que le voy a comentar de forma muy sucinta, porque voy a ser muy breve en el uso de la palabra, señora presidenta. En primer lugar, el hecho de que
coincidiendo con el evento deportivo ante el que estamos que se va a celebrar en la República Federal de Alemania y que va a empezar el próximo 9 de junio se vayan a incorporar a los prostíbulos de Alemania entre 30.000 y 60.000 nuevas prostitutas
es un fenómeno perverso que sin embargo por parte de un programa de culto de la Televisión Española como Informe semanal, que cumple o debería cumplir las características o los requerimientos de un servicio público especial, ha merecido una
reflexión anecdótica -privándole de connotaciones peyorativas de ningún tipo- e incluso apologética, vinculada a las entrevistas a algún dueño de algún prostíbulo alemán sobre el incremento de negocio que desde esta perspectiva se iba a producir en
este país.
Quizá desde las actuaciones que deben ser exigibles a la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española, esta circunstancia merecería alguna reflexión. En segundo lugar, evidentemente estamos ante una cuestión
verdaderamente aberrrante. No sé hasta qué punto podemos hacer una reflexión de naturaleza más estructural o más filosófica, pero en las agendas internacionales, que van desde las de reuniones sobre los problemas que afectan al Mediterráneo o de
foros como el de Davos, a las de los foros que se enfrentan con los problemas novedosos que están incorporándose a nuestra sociedad, como es el reparto de los recursos energéticos, la distribución de la riqueza, los problemas de la pobreza, todavía
no se tiene en cuenta el problema de la mujer en general. El problema de la mujer en general es que dos tercios de ellas en el mundo están subordinadas al hombre mediante una institucionalización o bien de naturaleza normativa, de naturaleza
religiosa o de naturaleza metacultural. En ese contexto de subordinación de la mujer al varón que afecta a un porcentaje equivalente a las dos terceras partes de las mujeres de todo el mundo, fenómenos de esta naturaleza tan apabullantes, tan
perversos y tan aberrantes quizá requieran una reflexión que vaya más allá de esta proposición que hace referencia a un acontecimiento deportivo, ya que dicho fenómeno tiene una dimensión verdaderamente aberrante.
La relatora del Consejo Europeo, doña Ruth-Gaby Vermot, ha comentado que en Alemania se va a incrementar el negocio de la prostitución en un 30 por ciento coincidiendo con este Mundial. Desde luego, la ratificación de documentos
internacionales como este, que evidentemente inquiere, no solo a los poderes públicos sino también a instituciones privadas como la FIFA, a reprimir el tráfico de seres humanos y sobre todo el tráfico de mujeres para ser destinadas estas a la
prostitución, es relevante, pero este es un problema de mucha más profundidad. Este es un problema que requiere un análisis serio sobre los problemas de género que nos acucian y afectan como ciudadanos y este es un problema, en definitiva, señor
Jáuregui, que a mí personalmente y a mi grupo nos avergüenza -a mí como ciudadano y también como aficionado al fútbol- y que desde una perspectiva de los requerimientos del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y de este tratado que debe ser
incorporado al ordenamiento jurídico español, se debería intentar erradicar.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchísimas gracias.
Finalizamos, señorías, con la intervención de doña Rosa Bonàs en nombre del último grupo que fijará posición en esta proposición no de ley, que es el de Esquerra Republicana. Adelante, señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Esquerra Republicana naturalmente apoyará sin reservas esta proposición contra el tráfico de personas. En este caso la proposición se refiere solo al tráfico de mujeres para su explotación con el trabajo sexual, pero el tráfico de
personas en Europa, señorías, no solo se produce con el trabajo sexual, sino que se produce también con hombres, con niños y en otro tipo de actividades. No solo mujeres sino también hombres, principalmente de países del este de Europa, son
contratados para realizar trabajos que en Europa tienen poca demanda porque están mal pagados. El empleador los introduce ilegalmente en la Unión Europea, sufraga los gastos del viaje, que suele ser en la parte trasera de un camión, y una vez en el
destino final se ven obligados a trabajar para sufragar los gastos del viaje al coste que determina el empleador o explotador. Esto supone un negocio redondo porque se obtienen beneficios no solamente por la mano de obra barata sino también por la
introducción ilegal en Europa, obviamente sin costes
sociales. En muchos casos la explotación continúa cuando el mismo explotador les arrienda el alojamiento, la mayoría de las veces en condiciones infrahumanas. Todos ustedes recordarán noticias aparecidas en la prensa acerca del
descubrimiento de talleres ilegales de confección para marcas y empresas muy conocidas, que la mayoría de ustedes han utilizado en alguna ocasión, donde las trabajadoras duermen en el mismo taller después de trabajar catorce horas seguidas. Esto
ocurre hoy en Madrid, en Barcelona, son los nuevos esclavos de la nueva economía. Es un fenómeno creciente que socava los cimientos de las democracias europeas.
Por tanto, felicitamos al señor Jáuregui por esta proposición del Grupo Socialista,
porque eliminar el tráfico de personas es requisito de una sociedad que se quiere democrática.
Si hubiéramos presentado alguna enmienda, quizá lo hubiéramos hecho al punto 2, en cuanto a que la solicitud del informe al Congreso sobre explotación no se restringiera al tráfico de mujeres ni al trabajo sexual, sino que incluyera las
cifras detectadas del tráfico de obreros en general, ya sean del sexo, de la confección, de la construcción o de trabajos agrícolas. Otra alegación posible, señorías, es que la relación no es deporte y prostitución - ya se ha dicho aquí-. El
fenómeno ocurre cuando hay una gran asistencia de hombres a un determinado evento. Este mismo fenómeno se ha detectado en las grandes ferias comerciales y en las grandes convenciones de profesionales de todo tipo, congresos médicos, congresos de
arquitectos, etcétera. Cuando hay un desplazamiento masivo de hombres sin familia crece la demanda de servicios sexuales, independientemente del tipo de evento. Por tanto, es injusto querer relacionar deporte con prostitución, aunque es bueno que
sea aprovechado este evento para que Europa se dé cuenta de lo que está pasando en nuestras calles.
Señorías, el negocio sexual, al ser ilegal, es uno de los que generan mayores beneficios. La indefensión de las mujeres explotadas favorece el interés de las mafias por este negocio, que no paga impuestos, que no tiene costes sociales y que
pide discreción, por lo que es más fácil de esconder. Es hora de que los gobiernos tomen cartas en el asunto. Todos sabemos del valor de estas proposiciones no de ley. Queríamos dar más valor a que Europa firme un convenio contra el tráfico de
seres humanos, y a estas alturas sabemos que una proposición no de ley y una declaración de buenas intenciones no es suficiente. Nos ha sorprendido que el equipo que da soporte al Gobierno a dos años de legislatura, de repente, se despierte en este
tema con una proposición no de ley, cuando el mismo Gobierno podía haber tomado una iniciativa a este respecto. Señorías, si en serio queremos acabar con la explotación y la esclavitud, deben eliminarse las condiciones que incentivan el tráfico y
la explotación. La libre circulación de personas en la Unión Europea es un paso positivo, ya que desactiva un eslabón de la explotación. El siguiente paso en el caso de la prostitución será reconocerla como actividad legal, sin que se contemple la
posibilidad de ejercerla a cuenta de otros, como sucede en Alemania, para evitar la explotación y que las trabajadoras sexuales cuenten con la protección de las fuerzas de seguridad como cualquier otra actividad para evitar la figura del proxeneta.
Las causas de la explotación están en el proxenetismo, en la ilegalidad y en la explotación a cuenta de otro. Hay experiencias en Bélgica y en otros países de pequeñas cooperativas donde se elimina la figura del proxeneta y deberíamos reflexionar
sobre esto. Este es el debate, señorías, no con proposiciones no de ley con brindis al sol. Queremos ver acciones y reflexiones serias de este Gobierno. Entonces creeremos que realmente es un Gobierno que se preocupa por sus ciudadanos y
ciudadanas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonàs.
Señorías, llamamos a votación. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.) Disculpe, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Intervengo a los solos efectos de aclarar nuestra posición sobre las enmiendas presentadas y de que la Mesa sepa exactamente qué es lo que vamos a votar. En primer lugar, hemos incorporado las tres enmiendas que
ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, una como corrección y dos como adición. Hemos presentado una transaccional a las enmiendas del Grupo Popular cuya tramitación espero que acepten todos los grupos. El Grupo de Izquierda Unida ha
presentado cuatro enmiendas. Dos de ellas son a la exposición de motivos, y como esta no se vota, queremos manifestar nuestra conformidad con lo que expresan, porque no van a ser objeto de votación. En cuanto a las otras dos enmiendas, no
aceptamos la número 3 y sí aceptamos la número 4, como un punto nuevo que se incorporaría al texto de la proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo, señor Jáuregui.
La Mesa ha tomado nota de las enmiendas aceptadas a Convergència i Unió, de la transaccional propuesta al Grupo Popular y de la última enmienda aceptada al Grupo de
Izquierda Unida. A esos efectos se realizará la pertinente votación de esta proposición no de ley del Grupo Socialista.
Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos proposiciones no de ley. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a la
convocatoria de un referéndum. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 140; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre el tráfico de mujeres en el marco del Mundial de la FIFA. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario
se opone a su tramitación? (Pausa.) Aparte de la enmienda transaccional, se han incorporado las enmiendas de Convergència i Unió y, por último, una enmienda nueva de adición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que propone añadir un
nuevo punto que sería el séptimo. En estas condiciones votamos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 312; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/000134.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la política del Gobierno en relación con la Unión Europea. Para la
defensa de la moción, en un turno de siete minutos, señor De Arístegui. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa y he de insistir una vez más en que todos los oradores tienen derecho al silencio y a la atención en su intervención.
Les ruego, pues, que permitan la continuación del debate.
Adelante.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada presentábamos una interpelación urgente ante esta Cámara para requerir del Gobierno la información necesaria e instarle a que cambiase su política exterior respecto de algunos temas.
Muchas de las sospechas que
traíamos a esta Cámara entonces se han confirmado lamentablemente. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor De Arístegui, lo siento. No se preocupe que va a recuperar íntegramente el tiempo.
Por favor, señorías, silencio; si no, no hay forma humana de permitir que el orador se exprese con tranquilidad. Silencio, por favor.
Empezamos de nuevo, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Apenas seis días han transcurrido desde que mi grupo parlamentario presentara esa interpelación urgente ante esta Cámara y los acontecimientos que han llenado las páginas de los periódicos en estos seis
días lamentablemente nos han dado la razón.
Hemos visto como en el seno de la Unión Europea, concretamente en la cumbre de América Latina-Unión Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su ausencia y queremos dejar muy claro,
señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de política exterior.
Este Gobierno ha dejado de tener posición propia en Europa. Este Gobierno ha dejado de tener interlocución fluida, viable, seria y equilibrada con los Estados Unidos
de América. Este Gobierno ha dejado de influir en América Latina. Este Gobierno se ha convertido en una liability, como dicen en inglés, en un riesgo para los intereses de España. En la cumbre de América Latina-Europa hemos podido ver como
lamentablemente aquello que no era prioridad se convirtió a última hora y de mala manera en una prioridad. Apenas horas antes el presidente del Gobierno le había dicho a España entera que reunirse con el presidente de la República de Bolivia no era
prioridad de la política exterior de este Gobierno, para unas horas más tarde, y después de la interpelación de mi grupo en esta Cámara, decidir que sí lo era, por la presión mediática y por la presión de la oposición. Eso no es serio, señorías.
No se puede tener una política reactiva o, si quieren ustedes, reaccionaria. Lo que se tiene que hacer es tener plan y proyecto, idea de algo. Decíamos en la interpelación el otro día que este Gobierno carece de un concepto real de lo que es este
país. Lo ha puesto de manifiesto hoy mismo en el debate de las proposiciones no de ley y se ha podido ver otra vez con toda claridad que el Gobierno y el Partido Socialista no tienen concepto real de la territorialidad de este país, de lo que
supone, supuso y debería suponer en el futuro el pacto constitucional.
Ateniéndonos a la cuestión nos gustaría decir que todos los acontecimientos que en tan solo seis días han llenado las páginas de los periódicos nos han dado triste y lamentablemente la razón. Estamos viendo los bandazos del Gobierno, las
críticas de la Comisión Europea y de otras instancias a la actuación de este Gobierno respecto de la opa de Gas Natural sobre Endesa y de E.ON sobre Endesa. Estamos viendo una manifiesta intencionalidad del Gobierno que podríamos calificar de
radical, de errática, pero que tiene un claro objetivo. Ese objetivo es, a través de la política exterior de este Gobierno y de su política europea, mantener la
fidelidad de un puñado de votos que les dieron la victoria en el año 2004 y que pretenden ustedes que vuelvan a dársela en 2008, si es que entonces hay elecciones.
Hablábamos el otro día del error que suponía no volver a hablar de algo tan importante como la arquitectura institucional de la Unión. Mi partido y mi grupo parlamentario, que no estaban de acuerdo con el cien por cien del proyecto de
Constitución europea, apoyaron el sí en el referéndum y lo hicieron ha merecido sin ambages, sabiendo como sabíamos que el sistema de representación en el Consejo no convenía a España, como no convenía a muchos países de tamaño medio. El actual
sistema comete dos dislates: uno, y muy grave, el de confundir el principio demográfico de representación de la ciudadanía en el Parlamento con el principio que debe regir en el órgano de representación del Consejo. No podemos administrar la
actual Unión Europea de 25 Estados miembros, y en un futuro no muy lejano de 27, con la actual arquitectura institucional. Hay iniciativas en el horizonte que no convienen a Europa ni a España y no tenemos voz, o al menos no se ha manifestado de
forma pública esa voz, en cuanto a qué es lo que tiene que hacer España y qué posición tiene que mantener respecto de la creación de una arquitectura institucional que permita gestionar eficaz y eficientemente la Unión.
El otro día criticamos también la nefasta negociación del Gobierno en materia de perspectivas financieras. Todas las cifras están dadas -el señor ministro, no sé por qué razón, llegaba a la conclusión de que eran cifras confusas- y son
precisas: 43.000 millones de euros de pérdida de saldo neto. España paga el 25 por ciento de la ampliación, lo que significa tres veces y media más que Alemania, tres veces más que Francia y bastante más de diez veces que Holanda o el Reino Unido.
Nosotros instamos también al Gobierno a proseguir en el proceso de Lisboa y queremos, además, que ese proceso de Lisboa se integre entre los requisitos que ya en su día debieron haberse impuesto a los Estados candidatos, que se regían exclusivamente
por los principios, por los criterios de Copenhague, establecidos en el Consejo Europeo del año 1993.
Queremos que esa reforma indispensable de cinco mercados fundamentales, transportes, energía, laboral, mercado financiero y educación, sea una de
las claves para que la Unión Europea avance en competitividad, siga creando empleo, siga creciendo y siga generando la prosperidad que nos convierte en un actor principalísimo en el ámbito económico, comercial y político.
Señorías, les pedimos que además de todo esto hagamos mayores esfuerzos y no solo declaraciones de buena intención en torno a las políticas comunes de inmigración. Les quiero recordar que las políticas de asilo e inmigración se
comunitarizaron -espantoso verbo, pero así se dice- nada menos que en el año 1997. Nosotros denunciamos ya entonces que se hacía de manera precipitada y que se hacía sin un marco jurídico adecuado y sin los medios materiales y humanos necesarios.
Pero a todo esto, lo que hay que hacer desde las instancias requeridas es instar a la Comisión Europea y al resto de los Estados miembros para que se dote a la Unión de los medios necesarios para poder llevar a cabo esas políticas de inmigración.
Está de rabiosa actualidad, lamentablemente. Esto -es la única cosa con la que estoy de acuerdo de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno- no solo es un problema español, pero lamentablemente ustedes no han hecho ningún
esfuerzo para que deje de ser un problema español.
Termino, señorías, con una nota, a nuestro juicio también triste. Acabamos de desayunarnos con la noticia de un nuevo asalto a la seguridad jurídica y a la previsibilidad por parte del Gobierno de Bolivia y de su presidente. El señor
presidente del Gobierno se había reunido 48 horas antes con el presidente de Bolivia. Cada vez que habla con el presidente de Bolivia tenemos una sorpresa desagradable 48 horas más tarde. Por tanto, nosotros nos permitimos instarles, rogarles que
no vuelvan a tratar de arreglar las cosas porque cada vez que lo intentan las dejan peor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arístegui.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, en un turno de cinco minutos, tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Rodríguez.
Adelante.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha presentado cuatro enmiendas de supresión y tres enmiendas de sustitución a la moción presentada por el Grupo Popular.
Señor De Arístegui, dada la seriedad y la solvencia que caracterizan sus intervenciones, estoy absolutamente convencida de que usted no es el autor de esta moción; más que de un autor intelectual, ha debido ser fruto de una lluvia de ideas,
dada la desconexión de los párrafos y los considerandos que realiza. Me gustaría preguntarle qué influencia ha perdido este Gobierno en el ámbito de la Unión Europea, qué influencia teníamos. ¿Teníamos la influencia de la foto de las Azores?
¿Teníamos la influencia de haber sido un sujeto activo, de haber intentado dividir la Europa nueva de la vieja Europa? Esa es la actitud activa en la que estuvo trabajando, y muy meritoriamente, el Gobierno del Partido Popular representado por el
señor Aznar.
Las enmiendas que el Grupo Socialista presenta hacen referencia a tres aspectos que sí deberían ser objeto de la preocupación de su grupo. Por una parte, la necesidad de que España y este Gobierno sigan realizando un esfuerzo para que el
proceso de reflexión abierto en torno al Tratado que instituye una Constitución para Europa -quiero recordar aquí que aprobado
ya por 15 países y solo rechazado por dos países de la Unión Europea- pueda ser una realidad y pueda ser puesto en aplicación dentro de la Unión Europea, precisamente porque -en esto sí estoy de acuerdo con usted- necesitamos una estructura
institucional y un texto constitucional como el que fue ratificado por la mayoría de los españoles para que podamos gestionar de forma más eficaz, de forma más eficiente la Unión Europea ampliada ya prácticamente a 27 países. Y este papel activo
del Gobierno -que ya lo está desempeñando- tiene que hacerse a través de campañas como Hablemos de Europa, y con la cooperación de los ciudadanos porque, si no, fracasaremos en el objetivo de conseguir que la voluntad de los ciudadanos sobre esta
Constitución -aprobada y ratificada por referendo- no se vea coartada.
Por otra parte, quiero recordarle algo en relación con la política de inmigración. Ha sido precisamente la actitud activa de este Gobierno la que ha colocado la política de inmigración como una política común de la Unión Europea cuando en
la negociación de las perspectivas financieras conseguimos un fondo presupuestario específico para políticas migratorias. Como usted muy bien sabe, es en la dimensión internacional del fenómeno de la inmigración donde el Gobierno está trabajando de
forma más intensa, estrechando la colaboración con los países de origen, tránsito y destino y participando activamente en el ámbito de la Unión Europea para que se tengan en cuenta los intereses de nuestro país como frontera exterior marítima muy
próxima. También estamos trabajando de forma muy activa en la otra cara de la política de la inmigración, el tratamiento y la integración de los inmigrantes en la Unión Europea.
El otro tema importante -y en esto también estoy de acuerdo con usted- es la necesidad de seguir trabajando en la senda abierta en la estrategia de Lisboa: potenciar y reforzar la capacidad de investigación en el seno de la Unión Europea,
la innovación como elemento fundamental de mejora de la competitividad de la economía europea es la mejor garantía de conseguir al final del periodo el objetivo del mantenimiento de un nivel de empleo adecuado y de una alta protección social. En
este sentido le pido que asuma las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista porque así quedará una moción mucho más coherente y, desde luego, más digna de ser presentada por esta Cámara que los puntos inconexos que ustedes han incluido en la
moción propuesta hoy a consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de fijación de posición. En primer lugar, señor Llamazares por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario no va a votar a favor de esta iniciativa. No oculto que en algún momento me gustaría votar a favor de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular pero esta no puedo apoyarla. En este Pleno vamos de la novela
gótica a la novela de caballerías. En la iniciativa sobre el referéndum aparentemente lo que se traía a la Cámara era la convocatoria de un referéndum sobre la Constitución y la nación española, pero en realidad es tan gótico lo de enterrar el
referéndum con un arzobispo -que es lo que hemos visto en el día de hoy- que a pesar de ese esfuerzo el Grupo Parlamentario Popular no ha podido evitar lo deslucido del entierro. Lo que hemos visto hoy en la iniciativa anterior ha sido el entierro
del referéndum, un entierro solemne pero deslucido porque la materia no daba para más. Ahora pasamos a la novela de caballerías, un relato tenebroso sobre la política exterior española -que nosotros no compartimos en su totalidad- y que no se
ajusta en absoluto a la realidad; en todo caso, tiene que ver con esa idea oscura, de tinieblas que tiene el Partido Popular. Frente a ese relato tenebroso, el caballero andante, lanza en ristre, nos propone como solución la vieja política del
Partido Popular. A mí no me gusta la terapia House, que es la que ha propuesto algún dirigente socialista con respecto a la crisis de la Unión Europea: lo importante no es el enfermo sino la enfermedad y por lo tanto diagnostiquemos y seamos
agresivos en el tratamiento. Como médico no lo comparto, pero mucho menos me gusta la terapia de Los Serrano, que es lo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy, es decir, una terapia bastante cutre para la política exterior
española.
Para nosotros, volver a la subordinación a los Estados Unidos, volver a ser la voz de las empresas españolas a escala internacional y volver a la política europea del Gobierno Aznar no nos sugiere nada bueno. No nos gusta la política
exterior actual, creemos que se queda a medio camino de lo que debería ser, pero mucho menos nos gusta la política exterior que intentan ustedes que resuelva todos nuestros males.
A mi grupo parlamentario también le preocupa que en los últimos tiempos se esté generalizando una visión que tiene mucho de prepotente respecto a América Latina. En mi opinión, deberíamos entender un poco mejor lo que hoy pasa en América
Latina, con sus luces -que para nosotros son muchas- y también con sus sombras. Nos equivocaríamos haciendo la política exterior norteamericana porque hoy esa política no cuenta siquiera con el consenso de los hispanoamericanos que viven en los
Estados Unidos, ni siquiera los Estados Unidos convencen a sus propios ciudadanos hispanoamericanos. No cometamos ese error; que la política española para América Latina no sea la política exterior norteamericana ni la política de nuestras
empresas, sino que responda a los intereses generales del país y a los intereses de los ciudadanos, que a veces no coinciden con los intereses de Repsol, y que esté basada en el respeto a las decisiones soberanas de los países de América Latina y,
al mismo tiempo, tenga la voluntad
del diálogo, la negociación y el acuerdo. Solo así tendremos perspectivas de futuro en América Latina; si queremos durar poco tiempo en América Latina, sigamos con esta actitud prepotente que no entienden los ciudadanos ni los nuevos
gobiernos de América Latina. Por eso, no coincido en absoluto con esta actitud histérica en relación con las últimas decisiones del Gobierno de Bolivia.
En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiero decir que lo mejor en relación con Europa no es la terapia de Los Serrano, la terapia de aplicar viejas políticas, pero tampoco la terapia House, que
podría ser una reedición moderna del despotismo ilustrado, sino analizar qué pasa hoy en Europa y proponerse un nuevo proceso constituyente con el alma de Europa, que, en nuestra opinión, es el alma social que ha conquistado Europa a lo largo de las
últimas décadas. Por lo tanto, no vamos a votar a favor de esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Vasco (EAJ-PNV). Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señores del Partido Popular, señor Arístegui, la exposición de motivos de la proposición que usted plantea hoy aquí poco parece que tiene que ver con lo que después dicen ustedes que quieren que haga el Gobierno. Como usted comprenderá, el
primero de los puntos -derogar el Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero- no es aceptable por nuestro grupo parlamentario puesto que nosotros votamos favorablemente la aprobación de ese real decreto. El resto de los puntos, si no se interpreta
como una estrategia conjunta de política europea, sino como un sumatorio de cuestiones a tener en cuenta, podríamos incluso votarlo favorablemente, estamos de acuerdo en la defensa del proyecto común europeo, nos parece bien que haya que hacer
esfuerzos políticos para crear una arquitectura institucional de una Unión ampliada, creemos también que es necesario impulsar el proceso de Lisboa, agilizar la trasposición de las directivas, acabar con el unilateralismo en la política de
inmigración o crear un fondo tecnológico que se reparta con criterios objetivos. En estos puntos incluso podemos estar de acuerdo con el Partido Popular, por lo tanto, nosotros podríamos plantearle que en el caso de que retire el primero de los
puntos, que, insisto, hace referencia a la derogación del Real Decreto-ley 4/2006, votaríamos favorablemente porque son declaraciones de principios que tampoco nos suenan excesivamente mal.
Pero, dado que el primer punto es importante para
nosotros, en el caso de que no lo retiren, no podríamos votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por Esquerra Republicana, señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Arístegui, no he podido estar presente durante su intervención relativa a la interpelación, pero he leído atentamente en el 'Diario de Sesiones' del Congreso su intervención. Es usted un experto en política internacional y
no voy a rebatir sus argumentos, pero permítame decirle que el espíritu de la intervención no es precisamente pro europeísta. Fomentar el victimismo y el agravio comparativo de quién recibe más y quién recibe menos no le hace ningún bien al
proyecto europeo, y más ahora, cuando sabemos que la ampliación tuvo efectos muy positivos para todos los miembros de la Unión, que vieron extenderse el marco de acción de sus empresas, ganaron en competitividad, constataron la deslocalización de
sus empresas, pero el balance final fue positivo para sus economías. En realidad, sus aportaciones a la Unión fueron una buena inversión. En efecto, nadie discutirá que entrar en la Unión también fue para España un gran impulso, el gran salto
hacia delante para un país que estaba más cerca de Madrid que de la Unión Europea, pero también supuso ventajas para Francia. Los franceses pudieron instalar sus empresas en España con mano de obra barata y con creciente poder adquisitivo, lo que
abrió sin parangón el mercado para sus productos y sus redes de comercialización. Hoy, la entrada de determinados países del este de Europa se presenta como una amenaza para el bienestar de los viejos europeos cuando será lo contrario. Es más, es
la única opción de futuro para una Europa envejecida que tendrá que competir con las potentes economías crecientes de Asia. Este es el mensaje, señorías, que tenemos que dar a los ciudadanos: Europa es una gran oportunidad si la sabemos
aprovechar, si las administraciones públicas facilitamos a los empresarios la introducción en los nuevos mercados, si ayudamos a los agricultores a competir en un mercado mucho más amplio y especializado.
Sería el momento de analizar si el
contingente de millones de euros que durante estos años ha recibido la agricultura del Estado ha servido para estos fines, para modernizar la agricultura, para asentar a los agricultores en el campo, o ha servido para enriquecer a unos pocos
empresarios herederos de grandes latifundios, léase la duquesa de Alba.
El creciente abandono del campo nos hace sospechar que las cosas no se han hecho como se esperaba. ¿En qué ha invertido la duquesa de Alba los miles de millones que ha
recibido de la Unión Europea? ¿Alguien puede responder a esta pregunta? Esto es lo que deberíamos responder a los ciudadanos.
Usted, señor De Arístegui, habló de la OPA de Gas Natural. Quizás deberían ir con cuidado, señores del Partido Popular; ustedes han mezclado la política de partido con intereses empresariales, una mezcla explosiva que ya veremos adónde les
conduce. Habla de ejes, de alianzas. Sus ejes y alianzas, señor De Arístegui, han llevado a la muerte a miles de personas y a la destrucción de un país, sin esperanzas de solución para un futuro próximo.
Sí, vamos a hablar de una Europa unida, de una Europa con una política exterior común. Usted ha hablado de política de seguridad, señor Arístegui. Sí, hay una amenaza para el mundo civilizado, pero -escuche- para el mundo civilizado, no
para el mundo occidental. La amenaza es para todos los hombres y mujeres que desean vivir en paz y en prosperidad, vivan en Oriente o en Occidente. Si hablamos de seguridad, la mejor seguridad para Europa es precisamente el ingreso de Turquía en
la Unión Europea, un ingreso que naturalmente deberá respetar los acuerdos de Copenhagen y adecuar el ritmo a la capacidad de absorción de los países miembros, pero, sin duda, el acceso de Turquía respetando lo previsto será la garantía de futuro de
la Unión Europea. Este, a mi humilde entender, debería ser el mensaje a dar a los ciudadanos.
También podríamos votar a favor del punto número 5. Las directivas europeas deben ir trasponiéndose. Quizás podríamos decir algo del procedimiento; en nuestra humilde apreciación, es el Congreso quien debe emitir un informe y enviarlo a
los parlamentos autonómicos antes de que el Gobierno inicie la trasposición. Podríamos votar a favor del punto número 6, porque estamos plenamente de acuerdo. Deben acabarse las políticas unilaterales y debe emprenderse una política de inmigración
y de gestión de fronteras común. Respecto al punto número 7, debería tenerse en cuenta que el fondo tecnológico es para proyectos, y no para campanarios. En los próximos años no caben más dilaciones; nos jugamos el futuro de las próximas
generaciones. De nuestras correctas decisiones dependerá que nos convirtamos en un país con una economía expansiva o en un país con una economía de servicios. También podríamos votar a favor del punto número 2, pero cuando ustedes mencionan los
intereses de España, permítame que los ciudadanos que vivimos en Cataluña nos pongamos a temblar. Por tanto, señor De Arístegui, a pesar de que algunos puntos son positivos, la exposición de motivos es infumable. Por ese motivo, votaremos en
contra de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta moción que trae causa en la interpelación formulada la semana pasada por el señor De Arístegui. Señor De Arístegui, por los
años que llevamos en la Comisión de Asuntos Exteriores usted conoce mi respeto por muchos de sus planteamientos y por el rigor con que realiza sus intervenciones en Comisión y en Pleno. Hoy usted ha hecho un repaso de gran angular a la política,
pero lo que tenemos que discutir y votar es un texto concreto referido a la política de la Unión Europea, que poco tiene que ver incluso con su intervención de hoy presentando esta moción consecuencia de interpelación. Por tanto, si me lo permite,
voy a atender estrictamente a los planteamientos del texto.
Como han hecho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero hacer una distinción entre el redactado de la exposición de motivos, que parece un cóctel elaborado expresamente para el rechazo frontal de los distintos
grupos parlamentarios, un mosaico temático que da para una moción consecuencia de interpelación sobre relaciones entre Estados miembros de la Unión Europea; da para otra moción consecuencia de interpelación sobre negociación de los fondos europeos,
que usted da por fracasados, pero que, como sabe muy bien, están en proceso de negociación; da para otra moción consecuencia de interpelación, muy interesante por cierto, para analizar el grado de cumplimiento de los compromisos españoles en orden
a la trasposición de las directivas europeas del acervo comunitario a la legislación española; da para otra moción sobre la política exterior respecto al régimen totalitario de Fidel Castro, y da para otra moción, consecuencia de interpelación o
no, sobre la política energética. Como usted puede comprender, este cóctel que es la redacción de la exposición de motivos casi es una invitación premeditada al rechazo por parte de los otros grupos.
Después entramos propiamente en la parte del petitum y, señor De Arístegui, creo que no le voy a desvelar ningún secreto si le digo que tenemos un planteamiento frontal y meridianamente contrario al suyo respecto al punto primero, donde
usted insta al Gobierno a derogar el Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, real decreto convalidado por estas Cortes Generales y votado afirmativamente por mi grupo parlamentario. Respecto a los otros puntos, algo parecido a lo que han dicho
los otros portavoces: depende del planteamiento y de si su grupo parlamentario está dispuesto a retirar el punto número uno de esta moción consecuencia de interpelación.
En todo caso, la política europea ha sido una política ampliamente parlamentada y debatida en esta Cámara; lo ha sido con el compromiso de las comparecencias previas y posteriores, que casi siempre se han cumplido, del anterior y del actual
presidente del Gobierno antes y después de las cumbres europeas y creo que hemos construido buenos consensos en estos debates parlamentarios; creo que hemos construido y estamos construyendo buenos consensos en el debate en la Comisión Mixta de la
Unión Europea y en los trabajos que estamos realizando en la misma y creo que algunos de los puntos que usted plantea en este texto, que trae causa de la interpelación de la semana pasada, simplemente son aspectos que no se pueden resolver con una
votación en el Pleno de esta Cámara. Por ejemplo, si tenemos que hablar de liderazgo europeo, esto nos traería un amplio debate que, desgraciadamente, un mandato de este Parlamento no puede resolver.
En definitiva, señor presidente, para terminar, la posición de mi grupo parlamentario queda condicionada al elemento que le he expuesto anteriormente, nuestro rechazo frontal al punto número uno de la moción consecuencia de interpelación.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Señor De Arístegui, ¿me indica las enmiendas? Imagino que las va a rechazar, pero formalmente hay que solicitar de los grupos su conformidad sobre las enmiendas.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Mi grupo no va a aceptar ninguna de ellas.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA NECESIDAD DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES. (Número de expediente 173/000135.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos. Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la necesidad de medidas de intervención para evitar la discriminación de las personas transexuales.
Para la defensa de la moción, por el grupo proponente, señora Bonàs. El turno es de siete minutos.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, toda persona tiene el derecho fundamental de ser y mostrarse públicamente diferente y de pertenecer y organizarse en una minoría. Ese derecho es una manifestación o concreción del derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad y a la dignidad de la persona, reconocidos en el artículo 10.1 de la Constitución española. Una sociedad demócrata no es compatible con la discriminación de cualquier minoría, porque la aceptación por activa o por pasiva de cualquier
tipo de discriminación socava los mismos cimientos de la democracia. Por ello, el Grupo de Esquerra Republicana somete hoy a aprobación de la Cámara esta moción, con una serie de puntos que suponen una hoja de ruta para la erradicación de la
discriminación existente en nuestra sociedad contra las personas transexuales. En el punto uno pedimos que la Cámara se posicione también a favor de la presentación por el Ministerio de Justicia de un anteproyecto de ley sobre identidad de género,
tal como anunció el mismo ministro el día de la interpelación y que será antes del día 30 de junio; proyecto de ley que permitirá el cambio de nombre y sexo en el documento nacional de identidad por procedimiento administrativo rápido y eficaz que
facilite a las personas vivir con un sexo legal y acorde con el que se identifican y que les permita la realización de derechos tan elementales como acceder a un puesto de trabajo, a una vivienda o pagar con la tarjeta de crédito. En el punto 2, de
la misma forma que el Gobierno presentó un proyecto de ley integral para luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres que fue alabado internacionalmente, la situación de extrema vulnerabilidad de los hombres y mujeres transexuales
justifica la presentación de un proyecto de ley para facilitar su integración social y laboral. Para ello pedimos que la Cámara apruebe que se pida al Gobierno la presentación de este proyecto de ley antes de finalizar el presente año, un proyecto
de ley de medidas integrales para la integración social y laboral de las personas transexuales. Creemos que es imprescindible que sean escuchadas las distintas asociaciones de este colectivo; su realidad es muy especial y muy desconocida, y si el
ministro quiere legislar correctamente actuaría sabiamente si les escuchara.
Respecto al complejo proceso de reasignación de sexo, pedimos a la Cámara que sea solidaria con estos ciudadanos y ciudadanas y que insten al Consejo Interterritorial del Ministerio de Salud a incluir en su agenda la atención integral a las
personas en procesos de reasignación de sexos, que no se limita solamente a la intervención quirúrgica. La intervención puede ser aconsejada, puede ser desaconsejada por motivos de salud y puede ser no deseada. El proceso de reasignación de sexos
es largo, se desarrolla durante años, y la operación quirúrgica es solo el final. Por tanto, no podemos centrarnos solamente en este punto cuando hablamos de la atención integral de las personas en proceso de reasignación de sexos.
Es posible
incluso que no sea necesario que cada comunidad autónoma tenga una unidad especializada en cirugía. Es posible que sea más factible incluso conceder créditos blandos para viajar al extranjero para ese tipo de intervenciones. Lo que pedimos es un
compromiso de que el ministerio va a velar para que todas las personas sean iguales, ya que en la práctica, por el hecho de ser transexuales, muchos de estos ciudadanos se ven privados de prestaciones a las que los demás ciudadanos tenemos derechos,
ya que se las tipifica como reasignación de sexo. Para ello pedimos al ministerio que lidere y que vele para que se creen unidades de atención especializada en cada comunidad autónoma, unidades especializadas en la detección temprana, en la
atención continuada y en un soporte muy importante también a los familiares. Estas decisiones deben acordarse dentro del Consejo Interterritorial de Salud, ya que son competencias autonómicas, pero ello no es excusa para permitir que se perpetúe
una situación injusta y de clara discriminación.
Las mayores causas de la discriminación son la ignorancia y el desconocimiento. Las autoridades competentes deben hacer un esfuerzo de pedagogía y de investigación. Se sabe muy poco, casi nada, de la transexualidad. Por ello proponemos la
creación de una cátedra universitaria para la investigación científica sobre transexualidad. En la lucha contra la marginación es básico explicar a la ciudadanía de qué se trata para
romper ideas preconcebidas que relacionan la transexualidad con homosexualidad, con travestismo y con prostitución. Por ello pedimos a SS.SS. que insten al Gobierno a que, de acuerdo con las comunidades autónomas, se realice una campaña
institucional de sensibilización y de formación en todos los niveles educativos. En el proyecto de ley de memoria histórica pendiente pedimos también reconocer especialmente la dura discriminación y represión legal que ha sufrido este colectivo
durante el periodo franquista. Finalmente pedimos también extender esta solidaridad más allá de las fronteras del Estado. En algunos países la transexualidad se penaliza con pena de muerte y con prisión. Nosotros podemos hacer muy poco por los
transexuales de esos países, pero algo podemos hacer, que es conceder el derecho de asilo e impulsar en los organismos de la Unión Europea y de Naciones Unidas la lucha contra la transexualidad.
Señorías, estoy convencida de que la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos del Estado, de todo el arco político, es solidaria y desea vivir en una sociedad plenamente democrática, una sociedad que no permita la existencia de colectivos
discriminados. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que se centra principalmente en la ley de identidad que tiene que llegar al Congreso antes del 30 de junio, pero que diluye bastante las medidas de concienciación y de
inserción social. El Partido Socialista sabe que nos tiene a su lado. Sabe que a pesar de su deslealtad, casi de su traición, cuando es para avanzar en temas sociales tendrá siempre la izquierda a su lado; sabe que tiene la mayoría. ¿Por qué
esperar? ¿Por qué diluir tanto en el tiempo? Porque, al fin y al cabo, su propuesta de sustitución es en parte un brindis al sol; aparte de la ley de identidad de género, que sí se va a hacer realidad, sobre lo demás dejan otra vez que pase el
tiempo, dicen que estudiarán y mirarán las proposiciones. No les quepa duda de que esta diputada y los diputados de Esquerra vamos a insistir en estas propuestas para que se estudien y se consideren y vamos a seguir detrás de ellas, porque estamos
hartos de que en este país haya minorías discriminadas. Ya basta. Espero que ustedes -y me dirijo a usted, señora Montón, que es muy sensible a este respecto- tiren para adelante. No tengan miedo, nos tienen a su lado, saben que no les
traicionaremos, que hemos sido siempre leales con ustedes cuando se trata de estos temas. Hay una parte que no les va a seguir, pero nosotros sí. De todas formas, tenemos que celebrar que se dé un pequeño paso adelante, y es que la ley de
identidad de género va a salir antes de finales de año, las personas transexuales podrán disponer de un DNI con su sexo legal, y vamos a seguir luchando para que las medidas que proponemos, que se quedan un poco diluidas, no sean solo un brindis al
sol. Espero, señora Montón, que juntas podamos hacer que el Ministerio de Sanidad considere las prestaciones sanitarias a este colectivo, que tienen derecho a ellas, y todas las comunidades autónomas tienen que intervenir dentro de su ámbito para
que en el consejo interterritorial se discuta este tema. No es un tema económico, porque hablamos de muy poco dinero, sino de marginación, porque si cada comunidad autónoma calcula lo que le puede suponer atender a esas personas verá que es
insignificante. Lo que pasa es que hay barreras mentales que hay que romper. Para ello pedimos pedagogía, concienciación...
El señor PRESIDENTE: Señora Bonàs, el minuto de cortesía ha terminado. Lo lamento.
La señora BONÀS PAHISA: Tengo que decir que, a pesar de todo, admitiremos la enmienda...
El señor PRESIDENTE: Ya le preguntaré al final por las enmiendas. Lo lamento, pero en los debates tasados es mejor que seamos exigentes con los tiempos.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Montón. Adelante.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, la Constitución española establece en su artículo 14 la no discriminación por razón de sexo. ¿Qué mayor discriminación hay que la que no permite a una persona vivir con el sexo que
siente? No es el momento del dramatismo ni de la desconfianza, sino que es la hora del optimismo y la confianza en el compromiso del Gobierno y en la palabra dada. Ya llegó la hora de corregir la injusticia. Para mi grupo esta es una cuestión de
justicia, dignidad y derechos humanos, que es donde se encuadra el derecho a la identidad de género para cientos de ciudadanos y ciudadanas que actualmente no pueden desarrollarse como personas con plenos derechos.
No es la primera vez que el Grupo Socialista defiende en esta Cámara los derechos de las personas transexuales. Sin ir más lejos, recordemos la legislatura pasada, en la que los socialistas presentamos un proyecto de ley de identidad de
género. Se registró y calificó en diciembre de 2000 y caducó en enero de 2004 por disolución de las Cortes Generales al terminar la legislatura, por la obstrucción del PP. Ahora está muy bien y celebramos que ERC así como otros grupos que ahora o
antes apoyaron también esta iniciativa por los derechos de las personas transexuales se sumen a este interés, porque eso es lo que queremos, eso es lo que pedimos, que todos los grupos de la Cámara se sumen a esta iniciativa del Gobierno. Señorías,
el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta moción, y aunque entiendo que la voluntad de ERC es la misma que la del Partido Socialista, la del reconocimiento y defensa de los derechos de los hombres y mujeres transexuales, no podemos votar
junto a ellos en los términos de su moción porque algunos de los puntos ya se están realizando y otros ya están comprometidos con este colectivo. Además, tenemos la profunda convicción de que nuestra enmienda recoge una de las mayores y más
básicas reivindicaciones de los colectivos transexuales. Habla de la reforma del Registro Civil, enmarcada en un proyecto de ley exclusivo e independiente, para que se adecue el sexo y el nombre de acuerdo al sexo psicosocial, sin el
requisito imprescindible de cirugía de reasignación de sexo y mediante un procedimiento administrativo, todo ello, como muy bien anunció el Gobierno, antes del 30 de junio, además sin olvidar la necesidad de los tratamientos integrales de
reasignación de sexo ni de todas aquellas iniciativas, como algunas que hoy en día está llevando a cabo este Gobierno, necesarias y encaminadas a eliminar la transfobia, la discriminación laboral y la exclusión para el reconocimiento y la
integración de las personas transexuales.
Nuestro compromiso electoral con la ciudadanía respecto a la futura ley de género es conocido y claro, se materializará en breve, y mi grupo siempre apoyará a un Gobierno valiente que ante todo apuesta por los derechos y la igualdad de las
personas por encima de todo. De todos modos, no es lo mismo predicar que repartir trigo. Este Gobierno ya está realizando acciones múltiples en favor de las personas transexuales. En ninguna legislatura de la historia de la democracia española
como en la presente ha habido tantos avances en derechos para las mujeres y hombres transexuales. El tiempo de que dispongo no me permite enumerarlos todos ni mucho menos explicarlos, pero creo que es justo reconocer la labor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con ayudas centro del colectivo de familia e infancia, del colectivo de jóvenes y de educación en valores, con programas encaminados a favorecer la incorporación al mundo laboral dirigidos especialmente a las mujeres
transexuales, además con la inclusión como grupo prioritario en el próximo plan nacional de acción para la inclusión social de las personas transexuales; la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que recogerá en la futura ley de
asilo a perseguidos en terceros países por razón de orientación sexual y de género; la labor del Ministerio del Interior, donde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha elaborado una circular para que se priorice el sexo psicosocial
sobre el morfológico a la hora de acceder al penitenciario; la labor del Ministerio de Defensa, la del de Educación y la del de Sanidad, donde las competencias están transferidas, teniendo las comunidades autónomas socialistas, Andalucía y
Extremadura, la prestación sanitaria completa del proceso transexualizador y contando con el compromiso firme de Aragón, Asturias y Cataluña, todas socialistas. Ojalá que esto no sea una cuestión de signo político, sino algo asumido por la derecha,
pues en definitiva se trata de salud.
Termino, señor presidente. Si en España hubo un primer tiempo de democracia que fue un cambio cuantitativo, ahora nos encontramos ante un cambio cualitativo, con nuevos derechos para una sociedad nueva en la que prime la lucha contra la
injusticia y la pasión por la igualdad de los seres humanos, labor que ha sido posible también en los colectivos de gays, lesbianas y transexuales gracias a muchos activistas que han estado luchando y apoyando esta labor y a los que desde la tribuna
les mando un saludo y el reconocimiento de mi grupo; labor en la que trabajaremos juntos y con la que este Gobierno está firmemente comprometido, pues está comprometido con los derechos humanos y civiles; en definitiva, está comprometido con la
ciudadanía.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Comenzamos por la señora Navarro, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds .
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Con entrevistas, negociaciones, expectativas, los colectivos organizados en defensa de los derechos de los transexuales han hecho un gran trabajo porque han conseguido arrancar el consabido compromiso del Ministerio de Justicia para
materializar seguramente una de sus más relevantes reivindicaciones, un sueño de justicia e igualdad que estaba más cerca pero que no llegaba. Esa es la realidad, que no llegaba, una promesa sin materializar que llevó a algunos representantes de
colectivos transexuales a anunciar una huelga de hambre. Todos lo vimos. Lo cierto es que tenían razón en una cosa, y es que aquí ya hemos debatido demasiadas veces sin que se hayan materializado los derechos de los colectivos transexuales,
demasiadas veces. También en el Senado se ha aprobado una proposición no de ley de Izquierda Unida, ya presentada en el año 1989, que fue debatida en el año 1999; se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular, y también
hay una serie de iniciativas presentadas, por cierto la del Grupo Socialista se presentó en el año 2000 y caducó en 2004, y si no se llegó a debatir no fue por obstrucción del Partido Popular sino porque ustedes no la pusieron en el orden del día
para que se debatiera. En cualquier caso, hay un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, órgano de asesoramiento del Ministerio de Sanidad, con un dictamen favorable a la inclusión del
tratamiento clínico integral de reasignación de sexo en el catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. No hay que estudiar más, ya está estudiado. Lo que hay que hacer es hacerlo, decidirlo, tomar las decisiones. Este
Gobierno tiene que tomar esas decisiones. En cualquier caso, hay un compromiso encima de la mesa, hay una fecha para un cambio fundamental en la vida de miles de personas, y eso lo tenemos que aplaudir y celebrar. Satisfacción y enhorabuena, desde
luego que sí, pero, como todos ustedes saben, señorías, es mucho más lo que tenemos la obligación de hacer, mucho más, queda mucho trabajo por delante. El Ministerio de Justicia hace su parte, pero ¿qué ocurre con el Ministerio de Trabajo y con el
Ministerio de Sanidad? Por lo que se refiere al
Ministerio de Sanidad, hablo de la reasignación de sexo gratuita, pero por supuesto también del tratamiento hormonal y del seguimiento de ese tratamiento, y en cuanto al Ministerio de Trabajo, hay un 80 ó 90 por ciento de desocupación, lo
que conduce a estas personas hacia la prostitución. Desde luego, si se están haciendo cosas por parte del Ministerio de Trabajo poco éxito están teniendo, porque la realidad a la que se enfrenta este colectivo en el día a día es realmente dura y lo
que tenemos que hacer desde aquí es transformarla e instar al Gobierno a que la transforme. Para eso se han de aprobar iniciativas y se han de cumplir. Porque, como decía, se aprueban, se debaten, estamos todos de acuerdo, pero después los hechos
son otros porque no se ejecutan esas iniciativas. Son muchas las medidas que tenemos que adoptar para que demos cumplimiento a nuestras obligaciones en un Estado de bienestar como el que disfrutamos; un Estado de bienestar del que debemos
disfrutar todos, sin exclusiones, para que todos seamos ciudadanos plenos. El objetivo es pasar de las palabras a los hechos, pasar de hablar de construir una sociedad más justa a construirla realmente. El colectivo transexual espera sencillamente
que le representemos, nos exigen que cumplamos con nuestro trabajo, nos exigen que se cumplan los compromisos.
Eso significa trabajar para erradicar la discriminación, significa gratuidad de todo el tratamiento hasta donde cada uno quiera llegar y
medidas sociales de educación e integración, porque todos nosotros sabemos que el desconocimiento y la ignorancia son los mayores aliados de la transfobia. Por ello hemos de erradicar la ignorancia sobre esta realidad. Esto requiere el trabajo de
todos nosotros, de todos los poderes públicos, no solo del Ministerio de Justicia, para transformar esa realidad y así trabajar por la libertad. De nuevo, juntos, como ya hicimos cuando aprobamos el matrimonio gay, hemos de caminar hacia esa
sociedad más justa donde nos sintamos todos más cómodos en libertad y que el resto de países nos miren como espejo de libertad. En definitiva, sí a la identidad, para lo que la modificación del registro es imprescindible y fundamental, pero podemos
y debemos hacer mucho más y es un trabajo que está pendiente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco. Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo con brevedad desde el escaño por una razón de estilo y de requerimiento reglamentario, pero sobre todo por la sensación subjetiva que nos afecta a algunos diputados de que sus planteamientos a la hora de
ordenar los debates son rigurosos en relación con los grupos que nos atenemos a los requerimientos de la cortesía parlamentaria y reglamentaria y son más latos en relación con otro grupo parlamentario en concreto, por lo que voy a ser
particularmente breve, señor presidente.
En primer lugar, nos solidarizamos con el dolor de las personas que se pueden definir como transexuales, mediante una alocución convencionalmente aceptada, pero no nos gustaría hacer un discurso de carácter retórico, sino que nos gustaría
analizar pormenorizadamente el contenido dispositivo de la moción que nos presenta el Grupo de Esquerra.
Hay algunas cuestiones que nos cuesta mucho entender conceptualmente. Me referiré, en primer lugar, al punto 4, donde se pide la creación de
un tipo delictivo nuevo, imagino que cualificado, dentro del Código Penal, que es el delito de transfobia. La portavoz de Esquerra Republicana no ha tenido la delicadeza de explicar en qué se desagrega este injusto penal nuevo que pretende y cuáles
son las características que posibilitan la identificación de un tipo penal nuevo llamado transfobia, sobre todo cuando ya hay un tipo genérico que no necesita, en principio, cualificación específica alguna porque se está aplicando bien por los
tribunales, que es el de la discriminación por razones sexuales, que afecta a todos, a los transexuales, a los homosexuales e incluso a los heterosexuales. Esto ya serviría, desde una perspectiva de técnica jurídica, para tener severas reservas
mentales respecto a la moción en su tenor literal original. El punto 7 también nos genera alguna preocupación, porque se pretende inocular, introducir o incardinar en la enseñanza, imagino que desde una perspectiva curricular, la sensibilización en
relación con la pedagogía -dice- y sensibilización sobre la transexualidad. No se dice -la LOE no dice nada ni tampoco la moción- desde qué momento: si a los niños en primaria o en secundaria, en la ESO o en el bachiller. Me va a permitir el
presidente la reflexión, el desahogo personal de decir que ya hay bastante confusión en materia de educación sexual en relación con nuestros niños y niñas como para incorporar elementos nuevos que puedan contribuir a problemas no de identificación,
que sería mucho decir, pero sí de comprensión de fenómenos que están en la naturaleza pero que requieren seguramente una reflexión más ponderada y más larga en el tiempo que la que dimana de una moción que tiene unos componentes de improvisación -
se lo digo con todos los respetos a mi compañera de Esquerra Republicana- que no nos terminan de tranquilizar.
En cuanto a medidas de acción positiva, todo lo atinente a las modificaciones en el Código Civil, en el derecho registral para la identificación sexual en los ámbitos que permitan la igualdad registral, la igualdad identitaria de
identificación jurídica de las personas por razón de sexo nos parece razonable. Por tanto, vamos a apoyar el contenido de la moción y sobre todo, porque nos parece más depurada, más sofisticada y mejor ajustada a los requerimientos del ordenamiento
jurídico, la enmienda del Partido Socialista. Nosotros respetamos que en el ámbito de los requerimientos del derecho de identificación de las personas, fundamentalmente el Código Civil y el Registro Civil, no haya ningún tipo de discriminación
normativa que pueda servir para que sea preterido objetivamente un colectivo por razones de
tendencia sexual o por ser transexual. En cuanto a las medias de acción positiva, nos hubiese gustado alguna pormenorización más concreta en cuanto a en qué consisten las medidas de acción positiva respecto a un colectivo para el que en
este momento estamos intentando algo que es previo a las medias de acción positiva, como es la igualación de derechos a las personas que tienen en este momento reconocidas la plenitud de sus derechos por razones de su identidad sexual. Si
hubiésemos conocido o nos hubiese dado saber, usando las locuciones que utiliza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en qué consisten estas medidas de acción positiva que pretende Esquerra, seguramente podríamos haberlas identificado.
Pero en tanto en cuanto las medidas de acción positiva deberían corresponder, si se logra la igualdad primigenia, que es la jurídica, a cualquier ciudadano, nos gusta más la alternativa que nos presenta el Partido Socialista a lo presentado
originariamente por Esquerra Republicana. En todo caso, todo esto es una mistificación, señor presidente, porque, como sabemos que ya han transaccionado el Partido Socialista y Esquerra Republicana, son unas reflexiones de naturaleza especulativa
que hacemos sabiendo que de la transacción va a derivar algo que nosotros podemos apoyar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señora Pigem, por favor.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
La portavoz de Esquerra Republicana nos ha anunciado en su intervención que iba a aceptar la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, y nosotros anunciamos desde Convergència i Unió que vamos a apoyar esta
moción finalmente en el texto en que quedará redactada, y vamos a hacerlo desde una triple consideración. En primer lugar, por una clara razón de justicia. La necesidad de superar la percepción distorsionada de la transexualidad, que ha condenado
a la población transexual a una grave situación de inseguridad jurídica, porque han sido y son todavía ignorados por el derecho, lo que les ha abocado a situaciones de discriminación, desamparo y exclusión social, hace imperativo que el Gobierno,
tal y como se le insta en el texto de la moción que estamos viendo, impulse las actuaciones necesarias para corregir esta situación y garantizar el respeto al derecho a la propia identidad y al libre ejercicio de la sexualidad, un derecho que no es
más pero tampoco menos que una de las manifestaciones del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona reconocido en el artículo 10 de nuestra Constitución. Así se ha venido reclamando larga e
insistentemente, especialmente por las organizaciones transexuales, gays y lésbicas, a las que desde esta tribuna Convergència i Unió quiere reconocer, porque es de justicia hacerlo, su trabajo y su esfuerzo, que han sido esenciales para el
compromiso de materialización de las actuaciones políticas y las reformas jurídicas que ya han sido anunciadas la pasada semana por el ministro de Justicia y que esperamos que cuanto antes sean una realidad. Son unas reformas que en este caso no se
puede decir que sean pioneras en nuestro entorno, puesto que son ya muchos los países europeos que han legislado siguiendo las recomendaciones que al respecto se han ido formulando desde el ya relativamente lejano año 1989 tanto por el Consejo de
Europa como en resoluciones del Parlamento Europeo, y también por el camino que tan acertadamente han ido señalando las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la muy reciente del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Esta misma Cámara,
en dos ocasiones, una en cada una de las dos últimas legislaturas, ha intentado legislar, tramitándose sendas proposiciones de ley, sobre el derecho a la identidad sexual, iniciativas que si bien en los dos casos fueron tomadas en consideración por
unanimidad de todos los grupos de la Cámara, no consiguieron ver la luz y finalizaron las legislaturas sin superar definitivamente su tramitación.
Esperamos que esta vez no sea así.
Una segunda consideración nos lleva a insistir en que cualquier reconocimiento conlleva necesariamente y en primer lugar la necesidad de una ley que regule los aspectos jurídicos de la transexualidad -la que estamos llamando ya ley de
identidad de género, que se ha anunciado como una reforma de la Ley del Registro Civil-, para que tras la verificación de unos requisitos predeterminados se pueda, a través de un procedimiento administrativo, proceder a modificar el nombre y el sexo
para conformarlo con la identidad sentida. Tiene que ser una ley que resuelva el actual vacío legal existente, porque hoy el reconocimiento de estos derechos pasa por una decisión discrecional de cada juez y no hay sentencia ni informe del
ministerio fiscal que no eche de menos la existencia de una ley que evite dudas y sobre todo resoluciones contradictorias, pues unas sentencias conceden derechos y otras no, unas cambian el sexo y otras no.
El propio Tribunal Supremo, en sentencia
de 2 de julio de 1987, reconoce el derecho a la transexualidad y lamenta la inexistencia de una ley civil que aborde el tema. Finalmente, coincidimos con las manifestaciones que realizó la señora Bonàs la pasada semana cuando sustanció la
interpelación y que se han traducido en parte en la moción que estamos viendo. Coincidimos en que la remoción de discriminaciones que desde tan antiguo viene padeciendo el colectivo transexual requiere no solo de leyes sino también de políticas,
especialmente las tendentes a la inserción social y laboral de este colectivo, así como políticas que aborden las prestaciones sanitarias. Por eso nos congratulan los apartados 4, 5 y 6 de la enmienda de sustitución que finalmente se votará y
estamos de acuerdo con la señora Bonàs en que hay que hacer un seguimiento para que estas políticas se lleven realmente a cabo.
Por último, respecto al punto 3 de la enmienda de sustitución, que dice dar apoyo y respaldo por parte del Congreso de los Diputados al futuro proyecto de ley de identidad de género, vamos a votarlo favorablemente, pero esto no implica un
cheque en blanco que nos lleve a votar literalmente cualquier proyecto que presente el Gobierno, sino que significa que aceptamos que el Gobierno envíe un proyecto, pero que una vez entrado en esta Cámara la ley va a ser de la Cámara y por tanto no
podemos renunciar ni renunciamos a introducir todas aquellas enmiendas que creamos que pueden ser necesarias para atender los fines que nos estamos proponiendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante nuestro respeto a las asociaciones transexuales aquí presentes de cuyas demandas participamos desde mi grupo, aunque una vez que han sido plasmadas en este documento entendemos que han sido efectuadas con cierta
improvisación y, por tanto, tienen un contenido bastante ambiguo. Acometer las acciones necesarias para combatir toda discriminación es tarea que corresponde a los poderes públicos, pues son ellos quienes han de remover obstáculos para alcanzar la
igualdad real.
La elaboración de una ley sobre el derecho a la identidad de género nos remite al debate suscitado entre los dos principios esenciales: uno de carácter estático, el de seguridad jurídica y, otro de carácter dinámico, el de
solidaridad. Es justamente esa dicotomía de conservación-progreso social donde se centra la atención. Cierto es que la seguridad jurídica no es un principio absoluto, pero su restricción, aun generando inseguridad e incertidumbre, puede soportarse
en la medida en que no quiebre la paz social, fundamento de todo derecho, y que da lugar a la seguridad. En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en el año 1992. La seguridad jurídica se garantiza en la Constitución y, por tanto,
significa que todos, tanto poderes públicos como ciudadanos, sepan a qué atenerse.
La pregunta es: ¿Respeta esta propuesta el principio de seguridad jurídica? A mi grupo le parece que no, y entendemos que no lo respeta porque desvincula el sexo de la inscripción en el Registro Civil de las características morfológicas de
una persona o, lo que es lo mismo, deja a la voluntad individual prescindiendo de cualquier elemento material la elección de uno u otro sexo. Las consecuencias, señorías, pueden ser serias y, aunque imperceptibles de modo inmediato, a largo plazo
se desconocen las consecuencias sociales que pueden tener, más cuando puedan darse situaciones en las que la elección de sexo sea producto de un acto de voluntariedad, entre otras cuestiones naturalmente, hasta las más simples podemos decir, como
ganar unas oposiciones o acceder a una competición deportiva. Por tanto, opinamos que el Parlamento está siendo utilizado para un falso debate, pues aquí se está ofreciendo un derecho de consecuencias inciertas, un espejismo, si se quiere llamar,
quizá para cumplir con la promesa de legislatura de derechos civiles.
Señorías, no se engañen, este derecho ya existe, existe desde el primer momento en que nuestra jurisprudencia nacional e internacional reconoce cambios en asiento registral en la persona transexual tras el cumplimiento de unos requisitos
exigidos por la ley, que aquí no repetiré, y un procedimiento que garantice la certeza de estos esgrimidos y así poder cambiar su sexo en el Registro Civil sin que ello pueda afectar de esta forma a la seguridad jurídica. Quien censura al Partido
Popular por referirnos a requisitos ignora que estos vienen establecidos por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, no pueden ser calificados de barreras sino de requisitos necesarios o limitaciones con fundamento, si se
prefiere, a fin de poder casar las legítimas pretensiones transexuales con los principios que inspiran el ordenamiento jurídico.
Por este motivo vemos coherente que desde la Unión Europea y la ONU se impulsen los estudios de transfobia a nivel internacional y la adopción de medidas para combatirla. Ello sería sin duda de gran utilidad. Sin embargo, habría también
que decir que efectivamente existen países donde no está reconocida como realidad incuestionable la disforia de sexo, y lo es, y en este caso lo que no podemos consentir es que en función del país que se trate se condene o se reconozca esta
realidad. No hay que olvidar que también hay países que consideran legal el cambio de sexo pero que persiguen hasta su ejecución y asesinato a quienes no transforman su cuerpo siendo transexuales. A nuestro grupo le hubiera gustado mucho ver cómo
quienes se autodenominan liberales o progresistas hubieran denunciado estos casos que suceden, por ejemplo, en Irán. Tampoco hemos visto respuesta de ningún tipo a las declaraciones de Ollanta Humala, en Perú, quien anuncia una propuesta de ley
tipificando el delito como homosexualidad.
Por otra parte, no somos insensibles al sufrimiento ajeno, provocado por la ausencia de equilibrio entre género y sexo en la persona, un sufrimiento que naturalmente hace que los transexuales crezcan y se desarrollen como seres muy
vulnerables ante la incomprensión e incluso censura ajena que provoca humillación y dolor. Respeto es lo que merecen desde mi Grupo. Pero, señorías, estos principios de los que se ha hablado, todo lo que son promesas electorales, tienen que
llevarse a término, ya que la palabra dada tiene que cumplirse. Esperemos que este asunto pueda correr una mejor suerte que la creación de la Secretaría de Estado de Política Familiar, o que la paga de cien euros para las madres, o que la reforma
fiscal y del IRPF, por no hablar de discapacitados y otras situaciones análogas. Aunque esto es un refrito hay puntos con los que podíamos estar de acuerdo. Entendemos que hay otros que son completamente insalvables,
como los referentes a la seguridad jurídica y como el procedimiento empleado no permite votación separada, votaremos en consecuencia.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Seller.
Señora Bonàs, su posición frente a las enmiendas, por favor.
La señora BONÀS PAHISA: Voy a aceptar la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, vamos a votar. Realizaremos dos votaciones. Primera votación, moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la Unión Europea. Se vota en
sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 134; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación, moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de medidas de intervención para evitar la discriminación de las personas transexuales. Se vota en los términos
de la enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 170; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las 16 horas.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 175, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, 11 de mayo de 2006, por error de imprenta se han omitido al final del Diario las tres últimas líneas, que dicen:
'El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda concedida la autorización solicitada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.'