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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 170, de 25/04/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 170
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 159
celebrada el martes, 25 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la negociación colectiva. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 238-1, de 24 de marzo de 2006.
(Número de expediente 122/000191.) ... (Página 8510)
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 509, 520 Bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 158-1, de 25
de febrero de 2005. (Número de expediente 122/000138.) ... (Página 8519)
Avocación por el Pleno:
-De la Proposición de Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa.
(Número de expediente 122/00019.) ... (Página 8530)
Exclusión del orden del día ... (Página 8531)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ...
(Página 8531)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para desarrollar el Plan Nacional de Medio Ambiente y Salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 351, de 10 de marzo de 2006. (Número de expediente 162/000446.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo a los militares fallecidos en Afganistán el día 16 de agosto de 2005 a bordo del helicóptero del Ejército de Tierra ET-657.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 367, de 7 de abril de 2006. (Número de expediente 162/000459.) ... (Página 8539)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la comarcal del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 373, de 21 de abril de 2006. (Número de expediente 173/000129.) ... (Página 8545)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 373, de 21 de abril de 2006. (Número de
expediente 173/000130.) ... (Página 8549)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la
corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 373, de 21 de abril de 2006. (Número de expediente 173/000131.) ... (Página 8553)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley. ... (Página 8510)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la negociación colectiva. ... (Página 8510)
El señor Tardá i Coma presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), esta proposición de ley de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la negociación colectiva. La iniciativa
señala la necesidad de aumentar, a través de propuestas positivas e incluyentes, la capacidad de movilización del conjunto del sindicalismo, tanto la de los sindicatos mayoritarios como la de los minoritarios. Trata de contribuir a la inclusión y
la fertilización del diálogo social, rechazando lo excluyente, todo lo que actúe en contra de la pluralidad en el diálogo. En su opinión el Estatuto de los Trabajadores consagra a los sindicatos más representativos como los únicos con capacidad
legal para establecer la negociación colectiva en el conjunto del Estado y les otorga preeminencia sobre otros de ámbito distinto. Los profundos cambios sociales y culturales experimentados en los últimos veinte años requieren modificaciones y,
para que la flexibilidad pueda responder a su verdadera naturaleza, debe permitirse una lógica actividad de desconcentración de la negociación colectiva.
Finaliza resaltando que todas las organizaciones sindicales deben poder promover elecciones en
igualdad de condiciones si gozan de un diez por ciento de representación en el ámbito de la comunidad autónoma.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica). ... (Página 8519)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta esta proposición de ley señalando que es la tercera vez que lo hace en las últimas legislaturas. El objetivo de la misma es producir una derogación de los artículos
referidos a la detención de personas como presuntos partícipes de un delito de integración o relación con banda armada, a las cuales se aplica la incomunicación. A partir del año 2003 añadieron la solicitud de derogación del artículo 509, por el
cual, a la persona que estaba siendo imputada en un determinado delito de terrorismo, se producía la posibilidad de aplicarle una medida de prisión provisional en régimen de incomunicación hasta un máximo de doce o trece días. Se ha retrocedido.
Opina que la incomunicación no tiene justificación, que se puede conseguir evitar el mal desarrollo o una afectación al desenvolvimiento del proceso de instrucción sin necesidad de la incomunicación. Finaliza pidiendo algún acuerdo en esta materia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la
señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santaella Porras, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Avocación por el Pleno. ... (Página 8530)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley reguladora del tratamiento de la deuda externa, lo que
se aprueba por asentimiento.
Exclusión del orden del día. ... (Página 8531)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea en la próxima cumbre euro-africana, a celebrar el próximo mes de julio en Marruecos, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ...
(Página 8531)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la negociación colectiva, se rechaza por
28 votos a favor y 286 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(Orgánica), se rechaza por 34 votos a favor y 280 en contra.
Proposiciones no de ley. ... (Página 8531)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para desarrollar el Plan Nacional de Medio Ambiente y Salud ... (Página 8531)
Defiende la proposición no de ley la señora Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que está motivada por la compleja relación que existe entre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. El nivel de
salud de una colectividad depende de varias causas, como son las económicas, las sociales, las higiénicas y el entorno medioambiental. Los ciudadanos están preocupados por el aire que respiran, por los alimentos que ingieren, por la calidad del
agua, por la contaminación acústica y se preguntan qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. El objetivo que persigue la iniciativa no es otro que aumentar la coordinación y las actividades conjuntas en materia de medio ambiente y salud,
potenciando las actividades de investigación y los mecanismos que permitan mejorar la evaluación del riesgo, identificando y desarrollando un conjunto de indicadores de salud medioambiental. Finaliza solicitando el voto favorable para la
proposición no de ley y así poder contribuir a conseguir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones venideras.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Xuclà i Costa.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Coello Fernández-Trujillo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo a los militares fallecidos en Afganistán el día 16 de agosto de 2005 a bordo del helicóptero del Ejército de Tierra ET-657.
... (Página 8539)
Defiende la proposición no de ley el señor Esteve Ferrer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Su grupo pretende que la Cámara inste al Gobierno a conceder a título póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
a los militares fallecidos. Además, ha propuesto una enmienda de adición para instar al Gobierno a que solicite a la Cámara de forma urgente la autorización para incrementar el número de militares españoles desplegados en Afganistán para hacer
frente al recrudecimiento de violencia que se está produciendo en la zona de despliegue español. Hace un repaso de la situación de nuestras tropas en Afganistán. Finaliza señalando que los militares fallecidos se merecen tener la calificación de
valor reconocido en su hoja de servicio.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para desarrollar el Plan Nacional de Medio Ambiente y Salud, se aprueba por 167 votos a favor, cuatro en contra y 136 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo a los militares fallecidos en Afganistán el día 16 de agosto de 2005 a bordo
del helicóptero de Tierra ET-657, a la que se añade la enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, autor de la iniciativa, se rechaza por 130 votos a favor, 166 en contra y 12 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 8545)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la comarca del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce.
... (Página 8545)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Tardá i Coma. Reitera el estado de abandono ambiental que sufren los márgenes fluviales del río Llobregat entre Martorell y El Prat, que desde hace años han padecido una
progresiva construcción de infraestructuras viarias y ferroviarias que no han tenido las compensaciones ambientales que merecían. Dado que existe la necesidad de firmar un convenio entre el Estado y la Generalitat de Catalunya para poder iniciar
las inversiones de restauración del cauce, plantea que la firma se lleve a cabo en tres meses. Finaliza manifestando la satisfacción por la aprobación de la moción gracias a la aceptación de la enmienda que va a presentar el Grupo Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Tardá i Coma.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales.
... (Página 8549)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Recuerda que hace dos semanas hizo la presentación de la interpelación que ha dado
origen a la presente moción, que aborda el problema más grave que tiene nuestra cultura en este momento, que es la forma en que está siendo pirateada, la forma en que se está hurtando a los autores y a los intérpretes lo que es suyo, su propiedad
intelectual.
Por ello en la moción han solicitado que el Gobierno se ponga a trabajar y ponga en marcha la fiscalía, sin la cual no vale de nada la actuación de la policía. Hay que dotar de medios a los juzgados, a los jueces y a la policía.
Finaliza manifestando que va a votar la enmienda socialista con una pequeña transacción para hacer que la Comisión de Cultura también se involucre y haga un seguimiento.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la
corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. ... (Página 8553)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Del título de la moción queda claro el objetivo que persigue. Su
grupo entiende que es necesario promover un pacto anticorrupción urbanística de todas las fuerzas políticas, un pacto que articule un plan de actuación frente a la corrupción urbanística donde estén implicados todos los ministerios, con el objetivo
de desterrar estos hábitos de las administraciones públicas y del sector urbanístico inmobiliario, que está tomando una fuerza que preocupa seriamente. Otro de los objetivos está en que se aborde la concreción de medidas eficaces en la detección y
rapidez en la investigación y depuración de responsabilidades de cada caso denunciado. Finaliza anunciando la presentación de una enmienda transaccional en la que su grupo ha intentado integrar todas las enmiendas que se han presentado a la moción,
que espera reciba el voto favorable de todas las fuerzas políticas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Interviene para una aclaración la señora Navarro Casillas.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la comarca del Baix Llobregat y la gestión de
la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce, con la enmienda socialista, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales, con la enmienda del Grupo
Socialista, se aprueba por 294 votos a favor.
Interviene el señor Llamazares Trigo.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible,
un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa, más la enmienda de sustitución que incorpora el Grupo Socialista, se aprueba por 170 votos a favor,
122 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN LO RELATIVO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 122/000191.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión correspondiente al martes 25 de abril de 2006. Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC), de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la negociación colectiva. Para turno a favor, tiene la palabra por un tiempo de quince minutos el señor Tardá, en representación del grupo parlamentario
autor de la proposición de ley.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a pocos días del 1 de mayo Esquerra Republicana de Catalunya presenta una proposición de ley que consideramos capital. Se trata de modificar el Estatuto de los Trabajadores en aquello relacionado con la negociación colectiva.
Permítanme que inicie la intervención poniendo sobre la mesa algunas consideraciones que nuestro grupo parlamentario desea dejar claras y evidenciadas. En primer lugar, queremos manifestar que nos cuesta entender que esta iniciativa parlamentaria
levante ampollas e incomprensiones en aquellas fuerzas políticas presentes en esta Cámara que también se sienten representadas sindicalmente, como nosotros, por aquellos sindicatos de clase de ámbito estatal, como Comisiones Obreras y UGT. En
segundo lugar, lamentamos aún más, y además consideramos profundamente injusto para el republicanismo catalán, que los sindicatos mencionados se lo tomen a la ligera. Repito, lo consideramos profundamente injusto. En esta misma Cámara, y tan solo
refiriéndome a los últimos meses, nuestro grupo parlamentario ha dado apoyo a la devolución del patrimonio sindical incautado a la UGT por la dictadura franquista; ha contribuido, como el resto de las fuerzas políticas de la izquierda presentes en
la Cámara, a articular estrategias y actuaciones políticas a remolque de los posicionamientos de los agentes sociales sindicales en la mesa del diálogo social; se ha adherido a modular posicionamientos parlamentarios acogiendo sugerencias y
aportaciones de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT.
Véase, si no, la actual discusión de la ley que debe regular la subcontratación en el sector de la construcción. Así pues, no caigan en lo fácil y valoren el contenido de
nuestra proposición de ley. Es más, los republicanos catalanes estamos orgullosos de acoger en nuestro partido las distintas tradiciones sindicales presentes en nuestro país, tanto las representadas por las centrales sindicales de ámbito estatal
como las de ámbito estrictamente nacional catalán. Ello precisamente nos legitima para abrir el debate que hoy presentamos, mediante esta proposición de ley, sobre la necesidad de aumentar con propuestas positivas e incluyentes la capacidad de
movilización del conjunto del sindicalismo, tanto la de los sindicatos mayoritarios como la de los reconocidos como minoritarios, porque de eso se trata. Se trata de contribuir a la inclusión y a la fertilización del diálogo social, rechazando todo
aquello excluyente, todo aquello que actúe en contra de la pluralidad en el diálogo.
Nuestra iniciativa no es una medida excluyente ni limitadora de los derechos de nadie, porque en la actualidad el Estatuto de los Trabajadores, texto legislativo producto de las características y de algunas renuncias de la transición,
consagra a los sindicatos más representativos como los únicos con capacidad legal para establecer la negociación colectiva en el conjunto del Estado y les otorga un estatus de preeminencia sobre aquellos otros de ámbito distinto. Hoy día la
sociedad poco tiene que ver con la que protagonizó la transición entre el Estado totalitario y la democracia. En la actualidad, a raíz de los profundos cambios sociales y culturales de los últimos veinte años, el modelo forjado entonces requiere
cambios y modificaciones de calado. Ya en el año 1994 la reforma del Estatuto de los Trabajadores así como sus sucesivas reformas posteriores permitieron dotar a la negociación colectiva de mayor flexibilidad. Es más, posiblemente en un futuro se
articularán más elementos de flexibilización de la regulación para las empresas, indispensable para el desarrollo de nuestra economía; eso sí, en paralelo por supuesto al establecimiento de un marco de garantías para los trabajadores en un mercado
laboral en el que se opere más por la calidad, por la formación y por el valor añadido del capital humano que por el bajo coste salarial o el bajo coste en derechos. Por todo ello, se deben adecuar las relaciones a las diferentes realidades
existentes en los diferentes sectores de actividad y también a los diversos territorios del Estado español.
En consecuencia, para que la flexibilidad pueda responder a su verdadera naturaleza, debe permitirse una lógica actividad de desconcentración de la negociación colectiva, puesto que de no ser así se lapidaría la adecuación de las condiciones
de trabajo a cada sector, territorio, empresa, centro de trabajo, etcétera. La flexibilidad que ha de garantizar en el futuro el marco laboral del Estado español debe permitir la negociación desconcentrada en todos sus extremos y alcances. De
hecho, la aceptación de los llamados acuerdos o pactos de empresa por los interlocutores sociales ya ha impuesto la desconcentración de la negociación colectiva en el ámbito de la empresa.
Anteriormente hemos hecho referencia a la reforma laboral del año 1994, que permitió negociar convenios colectivos posteriores en el tiempo, pero de ámbito inferior y superior al de empresa; sin embargo, esta figura se encuentra encorsetada
en su capacidad de alcance, puesto que se reservan para el ámbito anterior y superior materias de suficiente trascendencia, con lo cual la flexibilidad en dichas unidades de negociación es menor.
Parece, pues, razonable una reforma de algunos
aspectos de la negociación colectiva que posibiliten una adaptación de las relaciones laborales a las necesidades reales de cada sector, pero también de cada territorio.
La negociación desconcentrada por la que se apuesta beneficia no solo a los
sindicatos con implantación territorial, sino a todos los sindicatos en general, puesto que todos parten de su implantación en el territorio para definir sus estructuras. Todo ello refuerza lo que la izquierda nacional catalana viene postulando
desde hace años sobre la necesidad de consolidar los marcos nacionales de relaciones laborales; en el caso catalán, el marco catalán de relaciones laborales, es decir la materialización en ciertos aspectos de la idea de adecuación de las relaciones
laborales a las necesidades y realidades del territorio. La mayoría de sindicatos en su momento asintieron a la propuesta que incluía, además de las ideas relativas a la negociación desconcentrada, elementos de mayor incidencia en la regulación
laboral y de Seguridad Social, vedados tradicionalmente por el marco de legislación estatal básica. Parece lógico, pues, que el marco, en este caso catalán, de relaciones laborales carezca de sentido sin una ampliación desconcentrada de la
negociación colectiva. La pluralidad de la representación sindical está directamente relacionada con la idea de democracia. Es por ello que se apuesta, además de por una participación más efectiva de los sindicatos, por una idea más plural.
Estamos, pues, ante un discurso incluyente que intenta dotar de mejores herramientas a los sindicatos existentes, además de añadir a algunos que tradicionalmente han podido quedar excluidos del mismo, sin que ello pueda significar exclusión,
limitación o alienación de derechos preexistentes para el resto de sindicatos.
Las medidas propuestas en esta línea han sido las de modificar el contenido del Estatuto de los Trabajadores en los siguientes términos: en primer lugar, legitimación para la promoción de elecciones a las organizaciones sindicales con
representanción territorial cualificada, entendiéndose estas como aquellas que cuenten con un representanción igual o superior al 10 por ciento de la representación territorial en el ámbito de una comunidad autónoma; en segundo lugar, designación
de árbitros para los conflictos en procesos electorales por acuerdo, en el que participen también sindicatos con representación territorial. Se propone también la modificación del punto 2 del artículo 83 y la supresión del párrafo tercero del
artículo 84; en el primer caso, para eliminar la mención que en aquel se hace en la fijación de las normas de concurrencia de convenios de las materias que no pueden ser objeto de negociación en ámbitos inferiores; en el segundo caso, en la misma
línea de actuación, se suprime la mención relativa a las materias no negociables en ámbitos inferiores. Estas medidas apuntan directamente a favorecer la negociación colectiva desconcentrada; a su vez se propone la sustitución del apartado b) del
punto 2 del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores de legitimar para la negociación colectiva a los sindicatos con representación territorial, aunque el convenio pudiera superar su ámbito territorial de implantación. Criterios tan modernos e
inherentes a la sociedad posindustrial como son la misma viabilidad de la subsidiariedad, la autoorganización y el funcionalismo, potenciados por las nuevas tecnologías y el incremento cultural de las clases populares, posibilitan mayores
capacidades de participación de la ciudadanía para modificar su medio laboral. En definitiva, hablamos de priorizar la adaptación de los sindicatos a las nuevas realidades y adecuar la negociación colectiva a la sociedad posindustrial.
Es más, vivimos instalados en la segunda transición. En la primera se abrió la sociedad a la pluralidad política horizontal y transversal tanto ideológica como identitaria. Se crearon las autonomías y se dio opción a los representantes
políticos del territorio a intervenir en los asuntos públicos. En esta segunda, iniciada de forma balbuceante en esta legislatura, a pesar de que hasta el momento lleva camino de convertirse en algo quizás un poco frustrante, se debería alcanzar la
pluralidad en su máxima expresión en el mundo del diálogo social. Desde el territorio construimos el Estado social, adaptando la flexibilidad de las normas básicas a aquello que se necesita. El debate político de la plurinacionalidad tenderá en un
futuro a incrementarse y a agudizarse.
Esto también pone en cuestión el modelo que en la práctica excluye a los sindicatos nacionales. Buscamos, pues, una adecuación legislativa en el caso de los países catalanes, pero extensible ciertamente a las
necesidades de otras naciones del Estado español, de una mayor rentabilidad de los sindicatos de clase, en pro de la capacidad de representar mejor a los trabajadores y en favor de ofrecer una respuesta a las peculiaridades socioeconómicas y
nacionales, en este caso a las nuestras, a las de nuestra comunidad nacional catalana. Debe entenderse que hoy planteamos un debate político de fondo, de fertilización del diálogo social con la participación del territorio, y la
característica de este debate es estrictamente política, en tanto en cuanto los agentes sociales son instrumentos de cohesión, pero corresponde al poder político regular su actividad. En definitiva, señores diputados socialistas de la
mayoría básicamente, nosotros intentamos blindar y mejorar aquello que ustedes iniciaron el año 1994.
Proponemos dar un paso hacia delante, un avance efectivo en aquello que ustedes mismos habían iniciado en la década de los 90. No lo duden, el
debate político sobre la pluralidad nacional del Estado español tenderá a incrementarse, a agudizarse, y hay que dar respuestas también desde el mundo del trabajo.
En resumen, todas las organizaciones sindicales deben poder promover elecciones en igualdad de condiciones si gozan de un 10 por ciento de representación en el ámbito de la comunidad autónoma, debe permitirse que los sindicatos estrictamente
nacionales participen en la negociación de los convenios que trascienden de su territorio, que tengan voz en la fijación de las normas para resolver conflictos de concurrencia entre convenios colectivos de distinto ámbito, que la negociación
colectiva sectorial o territorial se equipare en capacidades a las de ámbito superior, es decir a la estatal. Hablamos, pues, de radicalidad democrática, de ampliación, de intensificación de derechos; repito, hablamos de radicalidad democrática y
de intensificación de los derechos, derechos que en el mundo laboral actual, cambiante a velocidad de vértigo, deben ser conquistados por la clase obrera, por los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, hay que conquistar este mundo cambiante
que pende sobre el mundo del trabajo. En definitiva, queremos poner la clase obrera y sus instrumentos al servicio de la modernidad y beneficiarnos de este mundo moderno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardá.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos, pues, a fijación de posiciones por tiempo de diez minutos. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente. Señorías, es de sobra conocido que nuestro grupo político, el Bloque Nacionalista Galego, defendió siempre y sigue defendiendo por supuesto el marco gallego de relaciones laborales
como el más adecuado para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, no solamente en el sentido del derecho de los trabajadores de una nación como Galicia a defenderse desde su propio marco y sus propias instituciones u
organizaciones sindicales, incluida la organización de la patronal, sino también porque ese acercamiento a los problemas de los trabajadores y trabajadoras significa que van a tener un mejor reconocimiento de los derechos, por tanto, unas
consecuencias más adecuadas para las realidades de los trabajadores en las distintas comunidades autónomas. Cuando digo esto no estamos diciendo, aunque parezca que es así, una cosa en abstracto; en Galicia tenemos un buen ejemplo, como es el
convenio de la conserva, que fue siempre un convenio estatal, pero, a pesar de ello, los trabajadores del sector de la conserva de Galicia eran totalmente excluidos de las mejores condiciones sociales, laborales y salariales que el convenio de
ámbito estatal reconocía a otros trabajadores del mismo sector en otras zonas del Estado. Quiere esto decir que hay convenios que, siendo de ámbito estatal, no recogen la igualdad de derechos a todos los trabajadores. En este caso, y concretamente
en el aspecto salarial, se hacían tablas salariales completamente distintas para las diferentes comunidades autónomas o zonas donde el sector de la conserva tenía una gran importancia para ejercer presión en el sector y en la negociación colectiva.
Afortunadamente cuando desde el ámbito sindical gallego se empezó a defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras de este sector a tener las mismas condiciones salariales, por tanto defendiendo sus reivindicaciones de manera que fueran
reconocidas, fue cuando se pudo cambiar esa realidad discriminatoria que representaba el convenio de la conserva. Esto está ya superado, pero con esto no queremos decir que los trabajadores de este sector no padezcan distintas condiciones laborales
precarias. Pongo esto como ejemplo de una realidad a la que, desde un Parlamento como este, pero sobre todo desde aquellos grupos políticos que la conocemos más directamente en nuestros países o comunidades autónomas, hay que defender, sobre todo
en una ocasión como la que nos presenta Esquerra Republicana en este momento a propósito de esta propuesta de modificación del Estatuto de los Trabajadores, para que el marco de relaciones laborales esté lo más cercano posible a la realidad laboral
y social de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos defendiendo que el marco más adecuado para los trabajadores y trabajadoras de Galicia -se puede hacer una consideración semejante para las otras zonas territoriales del Estado- es el de
relaciones laborales gallego.
A propósito de la oportunidad que nos ofrece Esquerra Republicana con la propuesta de modificación de ciertos puntos del Estatuto de los Trabajadores, quiero manifestar nuestro apoyo a su iniciativa como consideración de trámite que nos
permite debatir la modificación de los artículos mencionados de este Estatuto de los Trabajadores. Al margen de la necesidad de que las relaciones laborales se enmarquen en los ámbitos autonómicos, dado el marco actual es conveniente una
flexibilización; coincidimos con el señor Tardá en que esa flexibilización hace un reconocimiento más expreso, más adecuado de la pluralidad sindical existente en el Estado español, rebajando los porcentajes actuales o los que se marcan en el
Estatuto de los Trabajadores. La representatividad de las centrales sindicales o de los sindicatos nos parece adecuada y conveniente porque en muchas ocasiones en ese marco de negociación colectiva, que aún se da en el Estado español, centrales
sindicales suficientemente
representativas del sector en cuestión en sus países o comunidades autónomas son excluidas por no tener el 15 por ciento. Eso sucede cuando su actividad sindical en los centros de trabajo de donde son originarios los trabajadores que van a
verse afectados por el convenio en cuestión no solamente está vigente sino que en algunas ocasiones es la más representativa en ese centro. Por tanto, vamos a apoyar esta propuesta porque, aun no compartiendo todo lo que en ella se dice y
considerando matizar algunos aspectos, nos permitirá también hacer nuestras aportaciones a través de las enmmiendas. Podremos abordar más ampliamente las necesidades de modificación del Estatuto de los Trabajadores en cuestiones relativas a la
representatividad de las centrales sindicales de ámbito autonómico que, al margen de lo que es la negociación colectiva o el arbitraje, también sería conveniente tratar en este estatuto. Me imagino que no tardaremos mucho tiempo en volver a
discutir en esta Cámara la formación ocupacional, la formación continua, etcétera, y los acuerdos que en este momento el Gobierno acaba de firmar con las centrales sindicales de ámbito estatal, excluyendo a otras centrales sindicales representativas
y que tienen además una importantísima participación en la formación ocupacional o continua, porque no se considera conveniente su participación en acuerdos como estos. La falta de acuerdo no es consecuencia de que la propuesta del Gobierno
acordada con las centrales sindicales de ámbito estatal se pueda compartir o no, sino que ni siquiera se permite que estas centrales sindicales puedan negociar. En ese sentido repetimos nuestro apoyo a esta iniciativa y, en todo caso, agradecemos a
Esquerra Republicana que nos haya permitido tener este debate.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa de la proposición de ley que nos trae Esquerra Republicana de Cataluña para tratar de modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1994 tiene una trascendencia y enjundia que mi grupo quiere resaltar, y vamos a
oponernos a ella por las razones que paso seguidamente a exponer. En primer lugar, esto tiene que ser objeto de una previa negociación entre las propias centrales sindicales españolas reconocidas tanto de ámbito estatal como autonómico, donde
también tiene que llamarse a la parte empresarial, sea la CEOE o cualquier otra organización empresarial afectada por convenios de negociación colectiva, y también tiene que ser objeto de unos pactos. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras,
ocupa la presidencia.) Mi grupo lo que no quiere es que se produzca una desvertebración de todo el concepto de estructura de funcionamiento sindical. La iniciativa que nos ha presentado Esquerra Republicana de Cataluña a nuestro juicio plantea una
serie de principios de contradicción. Se trata de hacer una modificación teórica de la flexibilidad que ya existía en el Estatuto de los Trabajadores de 1994.
Quiero hacer una llamada a la memoria histórica parlamentaria y de negociación sindical
y laboral en España de cómo se llegó al estatuto de 1994. Fueron largas sesiones de negociación, en las que hubo tanto un reconocimiento de los grandes sindicatos de ámbito estatal y sectorial como de aquellos con una concurrencia puramente de
comunidad autónoma. En Canarias tenemos estructuras de este tipo como la tienen otras comunidades autónomas con un porcentaje de representación para las que la ley de 1994 no ha supuesto ninguna dificultad en la negociación colectiva. Nos
parecería muy preocupante que, por ejemplo, como plantea el primer punto de la proposición de ley, vayan a gozar de legitimidad para la promoción de elecciones las organizaciones sindicales que cuentan con una representación territorial cualificada,
y habla aquí de igual o superior al 10 por ciento. Esto requeriría una concreción, porque podemos entrar en una dinámica de comunidades autónomas con organizaciones con el 10 por ciento de representación que verdaderamente dislocaran todo lo que
sería un funcionamiento orgánico. Venir a mezclar aquí ahora una flexibilidad horizontal, como viene a consagrar la Ley de 1994, con las reservas de flexibilidad, que no niega la propia Ley de 1994, y hablar ahora de la admisión de una negociación
colectiva vertical o de una flexibilidad vertical, como se plantea en este caso en la propia exposición de motivos, permitir esta negociación desconcentrada en una estructura económica de la unidad de mercado, como señala la propia Constitución
española y señalan también las propias normas europeas, es un contrasentido que puede desvertebrar una vez más todo un tejido que viene funcionando en unos diálogos entre los interlocutores sociales, sindicatos, organizaciones empresariales, el
arbitraje, mediación o intermediación del Ministerio de Trabajo, es decir, de los poderes gubernamentales, y las competencias que tienen el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, las Cortes Generales, para organizar este tipo de actividad.
Si además estamos hablando del marco de una economía globalizada, en este caso dentro de la estructura del Estado, cómo vamos a poder armonizar que un convenio colectivo en el sector del turismo -uno de los temas que más afectan a la sensibilidad
laboral, por ejemplo, en Canarias y a la Comunidad Autónoma de Baleares y a otras-, en servicios de hostelería tenga una estructura con un buen andar pacificado, eludiendo huelgas inoportunas, generadas por factores minoritarios, esto que se llama
la flexibilización. Yo me pregunto, ¿flexibilización para qué? En este momento una flexibilización puede ser interpretada como un intento para convocar elecciones o desconvocar y convocar huelgas en un sector, lo que produciría, digamos, un
agravio comparativo en cuanto a la responsabilidad sindical con la que tenemos enfocado este tema en España desde que nos dimos una Constitución democrática, un reconocimiento de las organizaciones laborales,
y prueba de ello es lo que se plasmó en el Estatuto de los Trabajadores de 1994. Si esto viene dentro de otro escenario de negociación, de acuerdo, lo recibiremos en la Cámara cuando existan estos consensos hechos previamente en otros
escenarios; pero entrar en frío directamente en el Congreso de los Diputados para poner en marcha la toma en consideración de una proposición de ley de estas repercusiones, no nos parece adecuado.
Mi grupo no quiere contribuir a esa situación.
Por tanto, nos vamos a oponer a su toma en consideración.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verdes.
Tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario ha repetido en diversas ocasiones que la política y este Parlamento no pueden paralizarse por razón exclusiva de un diálogo social interminable. Sin desdecirnos de esta afirmación, tenemos que decir hoy que si hay un
tema sobre el que nos parece que este Parlamento no debiera presionar es precisamente este que hoy nos propone el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Para nosotros no es asumible que este Congreso intervenga en estas cuestiones
al margen del diálogo social. Lo que se nos propone es modificar las condiciones de representatividad de sindicatos y empresarios de forma que, a nuestro juicio, se podría favorecer una mayor segmentación del mercado de trabajo a efectos de
negociación y de representatividad. Se nos propone una visión legítima desde la óptica nacionalista que nosotros no compartimos en absoluto. Y no es cuestión, desde luego, de sentirnos más o menos representados por los sindicatos de clase, no es
una cuestión de hermanamiento con los sindicatos, sino de responsabilidad ante el conjunto de los trabajadores. Nosotros defendemos acuerdos en ámbitos lo más amplios posible en lo que afecta a los elementos centrales de la negociación. Esto no
niega, ni mucho menos, la acción sindical o la negociación concreta sobre reivindicaciones específicas, sectoriales o territoriales que tienen su ámbito y sus interlocutores. Pero nosotros tenemos perfectamente claro que la negociación colectiva es
un factor de cohesión social, de articulación y vertebración y de solidaridad frente a tendencias microcorporativas o de fragmentación de los sectores productivos que hoy realmente existen en nuestro país. No entraremos, por tanto, en los
contenidos concretos de la proposición. Sencillamente, nos oponemos a que este sea el marco y el momento para tratar esta cuestión y nos oponemos a los presupuestos políticos básicos que inspiran la proposición, porque entrañan una concepción de la
negociación colectiva que, en nuestra opinión, no favorece los intereses generales de los trabajadores. Por tanto, no votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Será el señor Olabarría quien en su nombre tome la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que vemos con agrado la proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pero no dejamos de observar determinadas deficiencias técnico-jurídicas que podían haber sido objeto de mejor
consideración por el grupo proponente. Nos da la impresión de que la norma de referencia utilizada por el señor Tardá, el Estatuto de los Trabajadores y los preceptos relativos a la concurrencia de convenios, no es la más relevante. La norma de
referencia debería haber sido la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 1985 y los criterios de identificación de los sindicatos y de las organizaciones empresariales que ostentan la noción o la condición de mayor representatividad sindical, que
son las que poseen facultades de actuación, que son las que el señor Tardá reclamaba en su Parlamento, no sin legitimidad y fundamento. En todo caso, también hay otro problema de técnica jurídica, que es un problema político porque no son
disociables -aquí cuando se habla de técnica jurídica parece que se está hablando de algo ajeno a la política, cuando son conceptos absolutamente idénticos-, que es que esta proposición de ley, en el mejor de sus escenarios finales -es decir en el
caso de que se apruebe en sus propios términos y se convierta en una ley aplicable-, no puede, por una razón de rango normativo, modificar criterios que están consagrados por una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical en materia
de identificación de los sindicatos y organizaciones empresariales que ostentan la noción o la condición jurídica de mayor representatividad.
Sin perjuicio de estas reservas de naturaleza técnico-jurídica, señora presidenta, nosotros entendemos que
el pedimento o la instancia que hace el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana es muy pertinente.
Nosotros somos un grupo que nos hemos opuesto reiteradamente en esta Cámara a la estructura de la negociación colectiva, tal y como está
configurada por el ordenamiento jurídico, pero también por la voluntad de los interlocutores sociales más representativos en esta negociación, lo que vulgarmente se denomina negociación en cascada. Hay acuerdos interprofesionales que condicionan lo
que se va a negociar después en el ámbito del Estado, a través de las organizaciones más representativas exclusivamente de ámbito estatal, de las que a su vez dimanan convenios colectivos también de ámbito estatal que van condicionando lo que luego
se puede regular o negociar en ámbitos inferiores al del Estado. Si a esta circunstancia de centralización a través de la normativa denominada convencional -la
dimanante de los convenios colectivos-, le añadimos la circunstancia política que emana de la propia Constitución española de que la legislación estatal es competencia exclusiva del Estado, toda la normativa estatal laboral, todas las
manifestaciones de lo que se denomina conflicto industrial en el ámbito de la normativa convencional, queda reducido a ámbitos de negociación estatales, centralizados y sin consideración, como bien decía el señor Tardá, de las singularidades y
especialidades no ya de un Estado plurinacional, como es el Estado en el que convivimos, sino incluso de un Estado meramente autonómico. Desde una perspectiva puramente de respeto a las comunidades autónomas y al diseño constitucional de
comunidades autónomas del Estado, se debería también considerar que en materia de concurrencia, en materia de mayor representatividad resulta manifiestamente injusto -aunque el Tribunal Constitucional haya dicho lo contrario- que para ser más
representativo en el ámbito sindical baste con obtener en las elecciones sindicales el 10 por ciento del total de los representantes sindicales electos pero, sin embargo, si el sindicato que concurre a unas elecciones sindicales no es de ámbito
estatal, sino de ámbito inferior, es decir de ámbito de nacionalidad, tenga que obtener el 15 por ciento más 1.500 representantes electos, lo cual supone una absoluta discriminación no objetiva ni razonable, a pesar de que el Tribunal Constitucional
haya convalidado esa disfunción. Desde esta perspectiva nos negamos a esta estructura de negociación en cascada donde las relaciones laborales, el derecho del trabajo, porque los convenios colectivos constituyen una fuente completiva del derecho
del trabajo, incorporan su contenido normativo al ordenamiento jurídico laboral más la legislación estatal, que es competencia exclusiva del Estado, queden tan centralizadas que las singularidades de naturaleza social, de naturaleza económica, de
naturaleza industrial, de naturaleza conflictual, de naturaleza vinculada a la identidad de los interlocutores sociales de ámbitos diferentes al del Estado, queden absolutamente difuminadas en esas estructuras centralizadas previamente en forma de
acuerdos interconfederales o interprofesionales, que siempre los suscriben los mismos -Comisiones Obreras, UGT y la CEOE- en forma de convenios colectivos que dimanan de estos y que predeterminan las condiciones normativas de todos los demás
convenios colectivos que en ámbitos territoriales diferentes se puedan negociar. Como esto es manifiestamente injusto y no se corresponde con la estructura de un Estado pretendidamente compuesto como es el español, al margen de las disfunciones o
de las reservas que tenemos respecto a la técnica jurídica empleada por el grupo proponente, como el pedimento es razonable, justo y legítimo, vamos a apoyar y a votar favorablemente esta proposición de ley. Ojalá se pueda presentar otra mejor
redactada desde una perspectiva de la técnica jurídica. Señora presidenta, antes o después lo vamos a hacer, porque no tiene sentido que la legislación laboral, la que regula las condiciones de trabajo de todos, las relaciones laborales y todas las
manifestaciones de lo que se denomina conflicto industrial sea estatal y que además lo que se complementa convencionalmente también sea estatal. ¿Qué queda para las autonomías? Como muy bien decía el señor Tardá, nada, y desde esa perspectiva esto
no se corresponde con un Estado pretendidamente compuesto como este. Para no repetirme, señora presidenta, acabaré diciendo que la iniciativa es oportuna, tiene un fondo de requerimiento de justicia material que nosotros aceptamos como correcto y
tiene algunas disfunciones de naturaleza técnico-jurídica que pueden ser corregidas, por lo que no sería mala la toma en consideración para buscar otra forma de articular las relaciones laborales apreciando singularidades que son manifiestas y
fácilmente identificables en ámbitos diferentes al del Estado español en su conjunto. De todos los grupos parlamentarios aquí presentes muchos podrán apreciar y serán sensibles a las manifestaciones que está haciendo mi grupo parlamentario y el
grupo proponente. Esto se puede arreglar, pero hace falta voluntad política y no para mantener enquistada una situación con tres interlocutores, siempre los mismos, que no tienen más legitimidad que otros interlocutores de ámbito territorial que
tienen la desgracia de ser de ámbito territorial diferente al del Estado y que se ven en una situación de no poder introducir sus legítimas pretensiones, tan legítimas como las de los tres interlocutores. Por cierto, el representante de Izquierda
Unida, señor Pérez, ha dicho una cosa muy interesante. Estos interlocutores podrían ser un poco más diligentes a la hora de acordar sus resoluciones, porque este diálogo social ininterrumpido, esotérico, infinito con el que estamos conviviendo
impide a esta institución, que es la legitimada para acordar las relaciones laborales en este país, poder acordar nada, porque todo nos lo van a entregar predeterminado. Luego esto no parece razonable desde la perspectiva de defensa de la soberanía
legislativa que pertenece a esta institución, y esta disfunción también se podría arreglar mediante una estructuración de la negociación colectiva más acorde con la que propone el grupo proponente y menos acorde con lo que van a decidir quienes
tienen intereses comprometidos por razones sindicales o empresariales con otros interlocutores de ámbito estatal.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Continuamos con el turno del señor Campuzano en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente Esquerra Republicana nos plantea para su toma en consideración una proposición de ley que pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores en todo lo relativo a la negociación colectiva. En relación con esta
iniciativa mi grupo querría plantear de entrada cuatro consideraciones. En primer lugar, constatamos
la sorpresa con la que esta iniciativa se ha recibido por el conjunto de los agentes sociales en Cataluña. La Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Foment del Treball, Cecot y la Unión Sindical Obrera de Cataluña han puesto de
manifiesto a través de los medios de comunicación, en primer lugar, su sorpresa por esta iniciativa y, en segundo lugar, su conocimiento por la misma, y han reflejado la idea de que una iniciativa de estas características, al menos desde el punto de
vista nacional catalán, hubiese sido interesante que también hubiera sido fruto del diálogo con quienes hoy en Cataluña representan a la inmensa mayoría de los trabajadores y de los empresarios.
En segundo lugar -y el señor Olabarría lo ha expresado con mucha más convicción y conocimiento de causa de lo que lo puedo hacer yo-, es evidente que esta iniciativa que nos plantea Esquerra Republicana, al menos por lo que hace referencia a
su primer artículo -el que establece esa modificación sobre el sindicato más representativo- parte de un supuesto equivocado. Aquello que hay que modificar no corresponde al Estatuto de los Trabajadores en esta materia, sino a la Ley de Libertad
Sindical. Además, el señor Tardá sabe, en relación con esta última cuestión, que en el caso de que hoy prosperase su iniciativa, no cambiaría un ápice la realidad de quienes son más representativos en nuestro país, porque no hay ningún sindicato
hoy en Cataluña, con excepción de Comisiones Obreras y de UGT, que tenga ese 10 por ciento.
Hablo del país del señor Tardá, conozco mucho menos la realidad sindical del País Valencià de su colega. En el caso de Cataluña, señor Tardá, estaremos de
acuerdo en que, efectivamente, no hay ningún otro sindicato que pudiese ostentar esa representación.
Por último, creo que estamos ante una iniciativa que caracteriza buena parte de su acción política, como es la política de las intenciones y no la política de los resultados. Ustedes saben que hoy no va a prosperar esta iniciativa, con
independencia de que Convergència i Unió vaya a votarla favorablemente -cosa que haremos-, entre otras cosas porque el Grupo Popular y el Grupo Socialista se la van a rechazar. Como digo, política de las intenciones y no política de los resultados.
Si de verdad quisiésemos modificar estas normativas, con la garantía de que avanzase en esta Cámara, señor Tardá, se me ocurren dos formas: en primer lugar, y en la línea de lo que planteaba el señor Mardones, ser capaces de discutir con los
agentes sociales a nivel del Estado, pero ahí estaríamos de acuerdo usted y yo en que eso sería difícil que se produjese, o en segundo lugar, llegar a un consenso en el marco del Parlamento de Cataluña, donde existe una mayoría parlamentaria
dispuesta a avanzar en esa línea, y esa mayoría parlamentaria, la que conformarían Esquerra Republicana y Convergència i Unió, de común acuerdo con esos agentes sociales que en Cataluña representan a la mayoría de los empresarios y trabajadores,
plantear una iniciativa de estas característica. Quizá nos comportaría más eficacia, no lo sé, por lo que hace referencia a los resultados. Ustedes han preferido simplemente la política de las intenciones. Señor Tardá, hoy no puedo evitar decirle
que nos gustaría que esa misma diligencia que en el marco de relaciones laborales muestran con esa iniciativa, la tuviesen con relación al debate de las próximas semanas sobre el proyecto de Ley de autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, donde usted y yo sabemos -entre otras cosas porque lo dice L'Institut d' Estudis Autonmics- que se van a vulnerar las competencias exclusivas del nuevo Estatuto de Autonomía en materia de servicios sociales. Nos gustaría
que tuviesen ustedes la misma diligencia en el próximo debate sobre la Ley de Dependencia. Ahora bien, hechas estas consideraciones y partiendo de la idea de que en Cataluña las tres principales organizaciones de trabajadores de nuestro país
-Comisiones Obreras de Cataluña, la Unión General de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera de Cataluña- se definen en términos nacionales como catalanas, y estoy seguro que el señor Tardá coincidirá conmigo en eso, y que además nuestras
organizaciones del mundo empresarial -Foment del Treball, Pimec, Cecot- están inequívocamente comprometidas en términos nacionales con nuestro país, hechas estas consideraciones que son fundamentales y que distinguen también nuestra realidad
nacional de la realidad nacional del País Vasco o de Galicia, donde efectivamente su propia sociedad ha generado desde el punto de vista sindical organizaciones nacionales exclusivamente de ámbito vasco o de ámbito gallego, partiendo de esos
elementos, es evidente que mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de su iniciativa en la medida en que supone reforzar las posibilidades de la negociación colectiva en el ámbito de Cataluña. Y en ese objetivo, que en esta
Cámara hemos tenido ocasiones de defender y que hemos procurado impulsar desde nuestra actuación en el Gobierno de Cataluña cuando hemos gobernado, es evidente que vamos a continuar. Entendemos que sería bueno permitir que la negociación colectiva
de ámbito catalán pudiese actuar sin reservas respecto a la negociación colectiva de ámbito estatal, yendo incluso más allá de aquello que compete a la negociación colectiva de ámbito estatal.
Todo aquello que signifique reforzar el ámbito nacional
de relaciones laborales en nuestro país siempre va a contar con nuestro apoyo, siendo también conscientes, señor Tardá -y hace poco lo comentaba con un sindicalista importante de nuestro país-, que a menudo esas oportunidades, que la reforma del año
1994 conllevó respecto a una mayor participación desde el ámbito autonómico en la negociación colectiva, no se han visto aprovechadas no tanto porque la norma no lo permita, sino porque las partes en Cataluña no lo han creído conveniente. Quizás
allí, y más ustedes que nosotros, ya que hoy gobiernan, tienen responsabilidades en fortalecer desde la acción política esa capacidad de que la negociación colectiva en Cataluña tenga mayor empuje, mayor fuerza, mayor consistencia, mayor musculatura
que la que tiene hasta ahora. Todo ello, señorías, señora vicepresidenta, señor Tardá, nos lleva a votar favorablemente esta proposición de ley, invitándoles a que en esta cuestión, y también en el trámite de la Ley de Dependencia, pasemos
de la política de las intenciones a la política de los resultados. En todo caso, Convergència i Unió va a estar en esa línea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora vicepresidenta.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a esta proposición de ley de Esquerra Republicana y anticipar, como ya ha hecho algún portavoz anteriormente, el voto negativo por parte del Grupo
Parlamentario Popular. La iniciativa que se nos plantea pretende una triple modificación del Estatuto de los Trabajadores. En primer lugar, una de ellas es la relativa al artículo 67.1 del Estatuto de los Trabajadores, planteándose que exista
legitimación para convocar elecciones por parte de los sindicatos que territorialmente tengan una representación del 10 por ciento, no dentro de la empresa, sino territorialmente. Asimismo, otra es la relativa al artículo 76.3, en cuanto a la
designación de árbitros que puedan dirimir conflictos de carácter electoral. Ante todo esto hemos de decir que se está planteado la expresa territorialidad y no la representación empresarial, pero sobre todo lo que se está haciendo es dotar del
carácter de más representativo a aquel sindicato o asociación sindical que cuente con un 10 por ciento de representación, y no con un 15 por ciento como ahora existe. Algún otro interviniente ha hecho mención -que yo comparto- a que esto en
realidad afecta a lo que dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de 2 de agosto de 1985 y, por tanto, por la vía indirecta se está planteando una modificación que tiene trascendencia orgánica, con lo que esto significa a la
hora de las mayorías y minorías cualificadas que nuestro Reglamento de la Cámara implica.
Hay un segundo bloque de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores relativas al artículo 83.2 y a la supresión del párrafo tercero del artículo 84. Se suprime en él lo que podríamos llamar la concurrencia de convenios, la referencia
expresa que figura en el actual texto del Estatuto de los Trabajadores, de manera que en los convenios colectivos de ámbito inferior pueda el convenio de ámbito superior señalar una serie de materias que no son disponibles por este. Nosotros
entendemos que lo que se nos plantea podría conllevar una atomización de los convenios colectivos, y que además podría afectar también a un elemento que nosotros valoramos positivamente no solo en términos políticos, que también, sino en términos de
eficiencia económica, como es la unidad del mercado español.
Hay un tercer aspecto en su quinto punto, que es la modificación del artículo 87.2.b) del Estatuto de los Trabajadores. Aquí se establece una legitimidad -y me van a perdonar que diga con claridad nuestro criterio- inasumible de que se
puedan establecer convenios colectivos de ámbito transcomunitario, es decir, que afecten a la realidad socioeconómica de comunidades autónomas diferentes a aquel lugar donde una determinada asociación sindical tenga representación, con un 10 por
ciento como ustedes establecían, y que por tanto afecte, como digo, territorialmente más allá de esa comunidad y el derecho y el interés de terceros. De esta forma entenderán, por tanto, que nos opongamos por estas razones y que nos opongamos
también porque consideramos que una reforma como la que se plantea puede afectar a la eficiencia del mercado, a la creación de empleo y a la debida unidad mínima de nuestro mercado, lo cual no es incompatible, como alguien ha dicho, con la realidad
palmaria existente de convenios de ámbito inferior, de convenios provinciales o de comunidad autónoma que desarrollan una serie de cuestiones atinentes a las relaciones laborales y que pueden afectar al salario, a la jornada o a elementos nucleares
de lo que constituye también la negociación colectiva, pero sin perjuicio del marco general que engarza y da estabilidad al sistema y a nuestro mercado. Por tanto, tenemos aquí una clara discrepancia, sin perjuicio de que reconozcamos que ha
llegado el momento de ir planteando una necesaria modernización del tratamiento de la negociación colectiva, es decir, del proceso por el cual los representantes de las empresas y de los trabajadores acuerden el fondo de las relaciones laborales por
las que se han de regir, es decir, los derechos y obligaciones mutuas. Añadiré como tercer factor de oposición que en la declaración para el diálogo social de julio de 2004 se ha reservado al diálogo entre los interlocutores sociales la
actualización, insisto, necesaria de la negociación colectiva. Pero aun cuando esto no hubiera sido así, nos parece una verdad de perogrullo, porque qué menos se puede pedir que aquellos que son los encargados de defender los legítimos intereses,
de una parte trabajadores y de otra empresarios, puedan establecer los cauces de diálogo, los procesos y los elementos de negociación para llegar o no a acuerdos en relación con las materias que constituyen el debate y el interés mutuo. Sin
embargo, aquí he de reconocer, como alguien ha hecho también, que al final estamos hablando de diálogo social y lamentablemente no estamos viendo una respuesta adecuada en esta materia, más aún, se nos anuncia que en breve va a existir un acuerdo
sobre diálogo social. Me permitirán que diga, aprovechando este turno, que nos parece que más bien va a haber una gran foto mediática y un pequeño acuerdo; un pequeño acuerdo en el cual probablemente, por lo que se dice, nosotros coincidamos, pero
un pequeño acuerdo que significa que es escaso, y en la medida en que es escaso es insuficiente para los retos que hoy demandan nuestra sociedad y nuestro mercado laboral. En este sentido, me parece que hay carencias que se están
ya denunciando en torno a ese eventual acuerdo. Hoy mismo el ministro de Trabajo reconocía que va a ser preciso hacer posteriores reformas que afecten al mercado de trabajo, que afecten a lo que significa el resultado que debe producirse en
el diálogo social. El diálogo social que se nos anuncia, la foto mediática grande del acuerdo, el que en España no es como en Francia con Villepin, está dando a luz un acuerdo que no afecta al núcleo esencial del mercado de trabajo ni a la
estructura del mismo. Es un acuerdo, insisto, no malo en cuanto a lo que tiene pero, por escaso, insuficiente. No afecta a la temporalidad -y lo ha reconocido así el señor Fidalgo-, no va a resolver un gran problema de nuestro mercado de trabajo
que afecta a muchos trabajadores y, señaladamente, a muchos jóvenes que van padeciendo un incremento en la temporalidad en relación con la que heredó el actual Gobierno socialista. No regula la negociación colectiva y nos hubiera gustado y
demandamos que lo aborde, porque como decía el representante de Izquierda Unida, si hay alguna materia que debe tener la opinión y, más que la opinión, la implicación directa de los interlocutores sociales, es justamente la negociación colectiva.
No plantea medidas que resuelvan la penosa situación creciente en mortalidad en la siniestralidad laboral. Por no plantear el diálogo social no ha planteado ni los temas de la subcontratación en la construcción, cuyo informe ha quedado hoy mismo
aprobado en ponencia, pero en esta Cámara, no en el diálogo social. No aborda la reforma de lo que deben ser los contratos, las formas contractuales. No se ha acordado la ley de oportunidades que va a traerse a esta Cámara, la ley de igualdad
entre hombre y mujer, y me perdonarán si digo que tal vez lo tengamos que enmendar porque, a la vista de las iniciativas que hoy plantea el Grupo Socialista en esta Cámara, tenemos que decir que igualdad de oportunidades entre hombre, mujer y
simios, porque parece que ustedes quieren dotar a los simios del carácter de persona y de los derechos que se derivan de tal condición. A lo mejor tenemos que enmendar ahí. Pero ni tan siquiera en este tema ha habido anuencia porque los
empresarios no han prestado su conformidad a esta cuestión. No hay, en mi opinión, prácticamente nada en lo que se nos anuncia relativo a un aspecto tan importante y tan demandado de atención como es el tema de las pensiones y de la Seguridad
Social. Nos parece que estas son cuestiones fundamentales que el acuerdo elude.
Sobre aquellas cuestiones que a través de los medios de información se nos va filtrando que sí va a abordar, diré que algunas han sido rechazadas en la Cámara, por ejemplo, la reducción del tipo de cotización del Fondo de Garantía Salarial y
la ampliación de cobertura a las empresas que hoy no tenían esta protección del Fogasa como son las que tienen entre 25 y 50 trabajadores. Este será uno de los elementos -deben de quedar 15 pequeñas medidas- que se incorporen a este acuerdo dentro
del diálogo social cuando nosotros lo planteamos en el debate presupuestario con enmiendas que fueron rechazadas por la mayoría. Por tanto, me parece que es un acuerdo menor, que puede haber una gran foto mediática, pero que no se da respuesta a
los problemas. Confío en que lo que sea resultado del acuerdo social sea objeto de un proyecto de ley para que en esta Cámara representativa de la soberanía popular lo podamos enriquecer y podamos sustituir las lagunas que no ha cubierto ese
diálogo pequeño, ese diálogo en el cual a nosotros nos gustaría que hubiera habido una respuesta positiva a la solución y modernización de la negociación colectiva. No obstante, las razones que expuse en la primera parte de mi intervención
dispensan de reiterar que, pese a esto, nosotros nos opondremos a la iniciativa de Esquerra Republicana porque entendemos que, aunque no lo hayan hecho los interlocutores sociales, en esta materia sí deben hablar, y deben hablar pronto y claro.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Azpiroz.
Finalizamos este debate, señorías, con la intervención del señor Membrado, en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la proposición de ley que hoy presenta Esquerra Republicana pretende cambiar el actual modelo sólido y eficaz de negociación colectiva que tenemos en nuestro país; un modelo eficaz,
acompañado de una representación sindical que hoy se está poniendo en cuestión con la proposición de ley que pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores y que, desde nuestro punto de vista, es insuficiente para los objetivos que pretende, es
incoherente en el contenido y es difícilmente justificable ante el conjunto de la sociedad.
Ustedes quieren modificar los criterios de representación establecidos para promover elecciones sindicales, así como para designar árbitros de reclamaciones
en materia electoral y para ello rebajan la representación necesaria de las organizaciones sindicales en las comunidades autónomas correspondientes del límite actual mínimo del 15 por ciento que marca el Estatuto de los Trabajadores y la Ley
Orgánica de Libertad Sindical al 10 por ciento. Además, ustedes están planteando, desde nuestro punto de vista, una modificación de los temas relacionados con la negociación colectiva que, en el fondo, lo que consigue es dinamitar el actual marco
de negociación colectiva. Ustedes están planteando eliminar, dentro de los elementos de concurrencia de la negociación de convenio, elementos que son esenciales en la actividad del trabajo. Pretenden que no se tenga en cuenta como materias no
negociables en ámbitos inferiores -así lo plantean ustedes a través de la modificación de los artículos 83 y 84- el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la configuración de los grupos profesionales, el régimen disciplinario, las
normas mínimas de seguridad e higiene en el trabajo, así como la movilidad geográfica.
Ustedes plantean que no los regulen convenios de ámbito superior y se quede en las empresas, localidades o territorios inferiores al ámbito de negociación
estatal. Nos preguntamos
para qué. Estas materias, que son iguales para todos los trabajadores y trabajadoras afectados por convenios en el mismo sector y en el mismo territorio, que son, por tanto, elementos comunes y no diferentes, ¿por qué quieren que salgan del
marco de negociación estatal?
La negociación de estos temas, desde nuestro punto de vista, siempre se ha buscado hacerla con la mayor capacidad de presión, porque son temas complicados que afectan a la calidad de vida de los trabajadores y siempre se ha hecho buscando
elementos de presión suficiente, sumando y no restando o dividiendo a la hora de trocear la negociación colectiva en los ámbitos sectoriales y en los ámbitos territoriales. Además, mientras ustedes están planteando esto, al mismo tiempo, piden
rebajar el porcentaje para la consideración de sindicatos más representativos en las comunidades autónomas y plantean su legitimidad para negociar convenios colectivos, aunque su ámbito territorial transcienda de aquel territorio donde han
legitimado esa representación. Eso es una incongruencia, señor Tardá. Usted lo que está planteando es menor representación y más posibilidades de negociar. ¿Esto quiere decir que sindicatos de implantación exclusivamente autonómica podrán
negociar convenios colectivos vinculantes para toda España? ¿Eso es la radicalidad democrática? No, eso es otra cosa. Eso es confundir en estos momentos un problema territorial con un problema de derechos de los trabajadores.
Señorías, las funciones y facultades de los sindicatos, tanto en materia de participación institucional como en materia de acción sindical, han de guardar correspondencia con su representación en el territorio y en las empresas. Su
legitimidad viene marcada por esa representación y elección democrática sistemática por los trabajadores y las trabajadoras.
Alterarlo, además de ser poco democrático, va en contra de la representación y de la concepción sindical en toda la
historia del sindicalismo democrático. De ahí que sea muy poco coherente el contenido de esta proposición de ley. Además, la parte que hace referencia a la modificación de los porcentajes de representación es competencia de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical y no del Estatuto de los Trabajadores, como ustedes están planteando aquí. Por tanto, deberían de llevarlo a otro ámbito de discusión. Asimismo, señorías, en el contexto de nuestra transición democrática, y una vez consolidado el
marco constitucional, fue necesario establecer reglas de juego claras para construir una nueva etapa de relaciones laborales, basada en promover la existencia de sindicatos fuertes, democráticos y con capacidad de asumir responsabilidades.
La Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 o el Estatuto de los Trabajadores de 1980 marcan modelos de representación y, al mismo tiempo, los procesos de las elecciones sindicales y las funciones de los sindicatos. De acuerdo con estas
dos leyes, cada organización sindical debe acreditar resultados constantemente y fruto de este proceso -querámoslo o no- hay dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que representan al 85 por ciento de los trabajadores españoles, en un marco de más
de 3.000 siglas sindicales que existen actualmente, que negocian 5.400 convenios y que afectan a 10 millones de asalariados. Díganme si esto no es una participación democrática, si esto no es estar ajustados al territorio y si esto no es anteponer
los intereses de los trabajadores en las empresas y en los sectores al lugar de donde proceden o al lugar donde trabajan. Porque por ese mismo procedimiento yo podría decir: señores de Esquerra Republicana de Catalunya, ustedes han hecho una
proposición hoy aquí que ha tenido la contestación de todas las organizaciones sindicales de su territorio, más Fomento; los únicos que no les han protestado tan airadamente en los medios de comunicación han sido las pequeñas patronales. ¿Por qué?
No lo sé; seguramente ustedes, sí.
Señorías, además de estas consideraciones, de estas razones para no apoyar su proposición de ley, hay otras que desde el punto de vista procedimental resultan para nosotros incomprensibles, porque siempre hemos considerado que cualquier
modificación del marco jurídico laboral y de negociación colectiva -y creo que ustedes también, por lo menos hasta ahora- precisa del consenso de los agentes económicos y sociales. Con esta proposición de ley no solo plantean estos cambios a sus
espaldas, sino que lo hacen también al margen del diálogo social. Señorías, la Declaración para el diálogo social, de 8 de junio de 2004, establece que la negociación colectiva será abordada en este marco de forma bipartita y con el propósito de
buscar las fórmulas más convenientes para propiciar la capacidad de adaptación de la negociación colectiva a las necesidades de las empresas y de los sectores productivos, así como para mejorar la productividad. ¿Acaso es esta definición tan
contraria o tan contradictoria a su proposición de ley? No lo entiendo; no entiendo que de la manera unilateral que ustedes han adoptado hagan esta proposición en frío y sin atenerse a ninguna otra responsabilidad. Señorías, podemos hablar de
reformar la negociación colectiva; claro que sí, pero estas no son formas. Primero, respeten el marco del diálogo social, y después planteen propuestas serias y coherentes. Es más, compartimos el afán por reforzar e impulsar la negociación
colectiva, pero me sorprende que el debate territorial se extienda hasta el ámbito de la negociación colectiva. Señores de Esquerra Republicana, recuérdenlo, aquí, en este ámbito de debate político, las reinvindicaciones y los esfuerzos deben
dirigirse a velar por los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, no de los territorios, que no son incompatibles, pero no viene al caso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Membrado.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. LASAGABASTER), POR LA QUE SE SOLICITA LA SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 509, 520 BIS Y 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000138.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a debatir la siguiente proposición de ley del orden del día de hoy: Del Grupo Parlamentario Mixto, (señora Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 509, 520
bis y 527 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica).
Señorías, abrimos este turno de debate dando la palabra a la proponente, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, presento en esta tribuna una proposición de ley que en absoluto es novedosa; lo digo porque es la tercera vez que la presentamos en las últimas legislaturas, al menos esta diputada, y así lo han hecho también algunos otros
diputados de Eusko Alkartasuna. En las tres últimas legislaturas hemos presentado la misma iniciativa con el objetivo de producir una derogación de los artículos referentes a las detenciones de personas como presuntos partícipes de un delito de
integración o relación con banda armada, a las cuales se aplica la coloquialmente denominada incomunicación. Además, desgraciadamente, a raíz del año 2003 tuvimos que añadir la solicitud de derogación de una serie de artículos, en concreto del
artículo 509, por el cual a la persona que estaba siendo imputada de un determinado delito de los también comúnmente llamados de terrorismo se producía la posibilidad de aplicarle una medida de prisión provisional en régimen de incomunicación hasta
un máximo de doce o trece días. Es decir, que en vez de haber avanzado, hemos retrocedido en relación con esta cuestión. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Lasagabaster.
Por favor, señorías, silencio.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: ¿Qué significa el régimen de incomunicación? Probablemente, todos ustedes lo sepan, señorías, pero quizá conviene recordarlo porque es un elemento muy grave -o importante, si me apuran- en relación con la
afectación de los derechos de las personas que se encuentran o bien detenidas o bien, en la instrucción de un procedimiento, cumpliendo una medida de naturaleza cautelar. Significa que no ha habido sentencia firme, y lo único que pretenden las
medidas cautelares es producir un desenvolvimiento correcto del proceso, donde no haya ocultación de pruebas y que, por tanto, tampoco haya posibilidad de que se vea afectado por algún tipo de cuestión relativa a una comunicación. Pero esta
consideración de incomunicación lleva consigo los siguientes efectos: Primero, que a esas personas no se les informa de los motivos por los que se les detiene; segundo, que tienen absoluta imposibilidad de contactar con familiares y allegados;
tercero, que se les deniega el derecho a ser asistidos por un abogado de libre elección, sin posibilidad de entrevista policial después de la declaración; y cuarto, en la detención, se les deniega el derecho a ser examinados por un médico de su
confianza. Todas estas cuestiones son elementos de tremenda sensibilidad en la medida en que afectan a derechos clave; a la integridad, en el sentido de la persona que se ve imposibilitada -en el plano de la detención hasta cinco días- de tener en
su entorno a nadie de su propia confianza, y si lo añadimos a la prisión provisional, ya como medida dentro del desarrollo del procedimiento una vez que ha pasado la detención, imagínense ustedes la posibilidad de llegar a los trece días de
incomunicación.
El régimen de incomunicación ha sido objeto de múltiples debates, no solo en esta Cámara sino también en foros internacionales, siendo uno de los elementos que más ha preocupado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales
como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, o a los organismos internacionales que tienen que velar por los derechos humanos. En el texto de la iniciativa que ustedes tienen se recoge un resumen de algunas de las más importantes declaraciones
de todas estas organizaciones internacionales o de las prestigiosas asociaciones que antes citaba. En todos los informes del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, del Comité Antitortura de Naciones Unidas, del Relator
Especial contra la tortura de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, en todos ellos, de manera casi calcada, se dice que el régimen de incomunicación puede propiciar -y atiendan bien a mis palabras- la posibilidad de espacios y tiempos de
opacidad en los cuales no es fácil controlar cómo se ve afectada la integridad física o psicológica de una persona que está en régimen de detención o afectada por una medida de naturaleza cautelar como la prisión provisional.
En su momento, cuando se estableció la ley, el Tribunal Constitucional señalaba que este tipo de medidas que afectan y que pueden ir en contra de los derechos fundamentales de una persona, que porque esté detenida o en prisión provisional no
deja de tener los mismos derechos, tienen que aplicarse en un régimen de garantía total y absoluta. ¿Y qué es lo que establecía como régimen de garantía total y absoluta? En primer lugar, que fuera una medida excepcional, que fuera proporcional,
que fuera la última posibilidad, la última ratio para adoptar esa medida y que si hubiere alguna otra medida más favorable, con menos afecciones a los derechos de una persona, no había que tomarla. En definitiva, que la concesión de tal medida por
parte del juez de instrucción tenía que estar siempre justificada y motivada. Pero a lo largo de todos estos ya casi veinte años -y en este caso hago mías las palabras de los informes de Amnistía Internacional-, lo cierto es que solicitar esa
medida y proceder a su concesión se ha convertido en un automatismo total y absoluto, sin ninguna motivación. El mero hecho de llevar un formulario y poner partícipe en un delito de banda armada o de terrorismo supone inmediatamente que se pida y
se conceda sin justificación, y así sucesivamente. ¿Dónde está el control que exigía el Tribunal Constitucional para que una afección
tan sensible a los derechos fundamentales no haya sido en la práctica recogida de manera clara y concreta? Esta es la gran pregunta. Esto es la práctica.
Señorías, la verdad es que a lo largo de los tiempos hemos intentado que esto cambiara, y además lo decimos por una cuestión muy clara. No estamos diciendo que haya tortura sistemática, pero sí lo que dicen todos los informes: que ha
habido casos aislados y que el espacio de opacidad en tiempo y en dependencias que no permiten la comunicación de la persona con sus familiares o su abogado supone que también puede prevenir la tortura. Nosotros proponemos la derogación de estos
artículos.
A estas alturas creemos realmente que la incomunicación no tiene justificación, que se puede conseguir evitar el mal desarrollo o una afectación al desenvolvimiento del proceso de instrucción sin necesidad de la incomunicación. Quizá haya
otros grupos que entiendan que tiene que haber algún régimen de incomunicación, pero evidentemente ni de tanta dimensión ni tan poco controlado ni en una praxis que no se remite a lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho en sus sentencias
de 1987.
Les recuerdo que es una toma en consideración y que en el periodo de tramitación parlamentaria cada uno de los grupos podrá plantear cuál es el régimen que más suscita su interés, es decir, puede ser un determinado régimen de
incomunicación con unas garantías equis o con un determinado papel sustancial mayor que el que tiene ahora el juez de instrucción; o puede ser, como suscitan también otras recomendaciones de organismos internacionales, que se produzca la grabación
en vídeo de los interrogatorios y de todo el tiempo de esa persona que se considere presunto participante en un delito de esta naturaleza, o que haya una rotación de médicos forenses o un médico de su elección. Hay muchas maneras. Lo cierto y
verdad es que, por ejemplo, el Gobierno vasco, tanto desde el departamento de Justicia como de Interior, ha tratado de corregir la incomunicación a través de estas medidas, que las ha presentado en el Consejo de Europa y les han dado el visto bueno
como una de las grandes medidas para que nunca pueda haber opacidad en lo que se refiere a una persona detenida o en prisión provisional en régimen de incomunicación. Por tanto, no se dice esta no me gusta y ya está. Si no les gusta lo que
proponemos -el resultado final-, que es lo que nos gusta a nosotros, planteen otras proposiciones, pero decir que no me gusta esta y tampoco ninguna significa no ser constructivos en un tema en el que todos sabemos -y en privado sabemos muy bien-
que hay un elemento necesario de regulación. Si en el caso de Roquetas de Mar el ministro del Interior -y yo creo que estuvo muy bien y lo alabo- no hubiera tenido un vídeo para saber si esa persona había sido objeto de una actuación
desproporcionada, afectando a su propia integridad, no habría sabido lo que había pasado. Por tanto, no es solamente una cuestión que afecte a las personas que estén en un régimen de esta naturaleza, sino que también es bueno para el resto de
ciudadanos que, no sabemos por qué, en un momento determinado como medida cautelar podemos entrar en una determinada afectación en un régimen de incomunicación y luego resulta que el magistrado que resuelve en sentencia dice que no teníamos nada que
ver. También es bueno para las personas que ejercen el papel de fuerzas y cuerpos de seguridad de todo tipo, porque de esa manera podrían probar que ellos no han tenido ninguna participación en ningún tipo de denuncia que pudiera ser falsa, y es
bueno para los responsables políticos, porque pueden saber exactamente qué está pasando en todas y cada una de las dependencias policiales, instituciones o centros penitenciarios.
Nosotros creemos que la mejor medida es que no haya régimen de incomunicación, ustedes creen que tiene que estar más controlado; pongámonos de acuerdo y entremos a trabajar. Esta tramitación, el sí a esta iniciativa, no supondría más que
empezar a trabajar y a lo mejor no sería al final lo que está aquí, pero sí indicaría una voluntad política clara de que queremos resolver un problema que lleva ya demasiado tiempo.
No hemos presentado esta iniciativa en el primer momento de esta legislatura, no ha sido una cuestión inmediata y urgente, porque entendíamos que la filosofía del propio Grupo Socialista y del Gobierno iba a ser suficiente, por lo que
habíamos oído en el anterior debate de 2003, para que pudieran realizar la reforma. De hecho, esta diputada preguntó al ministro de Justicia en el año 2004 si realmente entendían que era necesario hacer esta reforma y si estaban en voluntad de
hacerlo y la respuesta fue: sí. No coincidían con nosotros en el tipo de régimen jurídico, creían que tenía que haber algún tipo de régimen de incomunicación más garantizado, pero sí entendían que era necesario regularla de manera diferente, con
más garantías. Pasó el año 2004 y esta diputada volvió a preguntar en el año 2005, hace casi un año, y el ministro López Aguilar volvió a decirme lo mismo, que no me preocupara, que estaban en ello, que querían reformar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y que esa reforma iría acompañada de la parte relativa a medidas cautelares y al tema de detención policial en materia de incomunicación.
Pero es que hemos llegado a 2006 y, si a mí no me salen mal las cuentas, la legislatura, por mucho
que se quiera extender, tiene cuatro años. Si la voluntad del Gobierno es hacer una regulación de toda una Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos, señorías, señoras y señores diputados, saben que menos de un año no tarda, no nos vamos a engañar;
una ley bien hecha, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tarda menos de un año si quieren hacerlo en el paquete entero porque lo consideran así más coherente, si no quieren hacerlo con tres artículos, como yo les propongo, de una manera rápida,
eficaz e inmediata.
¿De qué estamos hablando? Si no se empieza en enero, no tenemos legislatura. O nos están diciendo cosas que no se van a cumplir porque no quieren cumplirlas o, si realmente tienen esa voluntad, que yo no tengo por qué poner en duda, ¿a qué
estamos esperando? Esta es la cuestión. Yo estaría muy satisfecha, señoras y señores del Grupo Socialista, si ustedes me dijeran: hoy no
podemos aprobar esta iniciativa porque tenemos unos estudios que vamos a presentar inmediatamente a la Cámara, pero no se preocupe que lo voy a hacer. Vale, pero es que el no se preocupe, ya lo voy a hacer, fue en 2004 y en 2005, y yo
quiero seguir manteniendo una cierta ingenuidad en política, pero hasta tanto, no. Si ustedes me dicen: el próximo periodo de sesiones vamos a traerlo a esta Cámara, nos comprometemos a ello y hacemos una redacción -si lo mejor es que salga, no
importa si sale a partir de una iniciativa del Gobierno, de un grupo parlamentario o de quien sea, lo importante es que esto se cambie-, yo estaría realmente satisfecha. Pero me temo que no va a ser así. El señor Rascón, que va a intervenir, y que
es un hombre que me merece toda la confianza en su trayectoria profesional y política y al que creo que preocupa tanto como a mí este tema, no creo que pueda hablar de problemas técnicos, porque problemas técnicos podrán tener todos. A ustedes no
les gusta la derogación completa, a nosotros sí, pongámonos de acuerdo en algo, pero el todo o el nada en una materia de tanta sensibilidad no suele ser lo mejor.
Termino, señora presidenta. Tercera vez. Si no sale en esta legislatura, quien esté, en nombre de Eusko Alkartasuna, lo volverá a presentar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Lasagabaster, muchas gracias.
¿Algún grupo pretende ejercer turno en contra? (Pausa.)
Para comenzar el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo no va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa por las razones de tipo formal que voy a exhibir aquí, dado que en las conversaciones que meses atrás hemos venido manteniendo con el señor ministro de Justicia habíamos
quedado en impulsar una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, muy vetusta en muchos aspectos, pero vetusta o no ahí sigue como Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando tuvimos ocasión de debatir en el año 2003 el entonces
proyecto y después Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional ya tocamos consideraciones de este tipo. Prueba de ello, y ahí está el 'Diario de Sesiones', los debates que tuvimos con motivo de
esta Ley Orgánica 13/2003 que venía a sentar unos principios en materia de prisión provisional que mi grupo, y creo que la mayoría de la Cámara, interpretó como medidas que venían en un aspecto a perfeccionar y dar garantías de lo que es
fundamentalmente una medida cautelar al servicio de la justicia. Cuando esto se quiere llevar al terreno de la incomunicación y suprimir de la actual y vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal los aspectos de medidas cautelares, mi grupo quiere
mantener el sentido positivo de esta medida. El juez o magistrado competente determina como medida cautelar la incomunicación de los detenidos para evitar la preparación o el amaño de pruebas, que se quiten de en medio pruebas que en la carga del
juicio tendrían que ser significativas o la destrucción de pruebas. La medida cautelar de que dispone el juez sobre el sospechoso detenido es precisamente ordenar la incomunicación. Ahora bien, hacer una lectura de que a lo que lleva la
incomunicación es a lo que decía este escrito al que se refería la señora Lasagabaster y que viene en la exposición de motivos como una comunicación de Amnistía Internacional de que el régimen de incomunicación propicia la tortura, mi grupo no lo
quiere suscribir en este momento. Libre es Amnistía Internacional de interpretar lo que quiera, pero interpretar directamente que la incomunicación es una fórmula para propiciar la tortura, nosotros no lo hemos visto así y nos mantenemos en el
criterio de que la incomunicación debe seguir siendo un instrumento a disposición del juez competente como medida cautelar en los sentidos positivos, pero con todas las garantías.
Yo estoy de acuerdo en este principio de lucha contra la tortura que ha señalado la señora Lasagabaster. Ahí lo suscribimos. No sé en qué momento del calendario, como bien ha señalado también su desconfianza, pero me fío de lo que ha dicho
el señor ministro de Justicia de que trabajaban para traer cuanto antes el proyecto de actualización en todo su conjunto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no seguirlo dilatando. No es una ley que en todos sus artículos sea armonizable, pero
llevarla por partes no nos parece en este momento adecuado. Estas son las razones formales, no de fondo, de las que participamos plenamente en todo lo que signifique una lucha contra la tortura, pero no podemos suprimir la medida cautelar de la
incomunicación solamente porque se le dé una lectura desde ese punto de vista. Nosotros vemos la necesidad de que este instrumento se mantenga como medida cautelar para evitar la desaparición de pruebas o cualquier otra medida que contribuya a que
no se pueda administrar justicia con la debida carga de la prueba.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
El turno siguiente es el del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y tomará la palabra en su nombre don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a votar favorablemente esta iniciativa no porque pensemos que la solución a los problemas referidos por
portavoces anteriores se consigue con la supresión, sin más, de los artículos, sino porque pensamos que es necesario abordar una reflexión y terminarla con una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a tenor de las investigaciones que han
realizado organismos independientes
encargados de la preservación de los derechos humanos. Nos parece que es una necesidad concreta. Sin embargo, en el contexto general de la lucha frente al terrorismo se están produciendo retrocesos muy importantes en los mecanismos de
garantías del Estado de derecho, a tal punto que hay gente que ya no habla de Estado de derecho, que habla de Estado penal, incluso de Estado penal del enemigo. En ese sentido es adecuado también en términos generales plantearse esta reflexión y
las medidas adecuadas para modificar la mencionada ley.
Señorías, es posible conciliar el interés general de la lucha frente al terror, y no solamente hay terrorismo de unas características sino que hay un terrorismo muy diverso, con los derechos fundamentales o, dicho de otra manera, que en
cualquier lucha antiterrorista es preciso preservar los derechos fundamentales y, al parecer de los estudios y de las evaluaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, no se deduce que nuestra lucha antiterrorista
preserve de forma generalizada los derechos fundamentales. Es verdad que no se dice que nuestra lucha antiterrorista vulnere los derechos fundamentales, sino que supone alguna pista de aterrizaje para vulneraciones, en este caso podemos decir
particulares o esporádicas, de los derechos fundamentales.
Como somos un Estado de derecho no nos podemos permitir ni siquiera una vulneración esporádica o particular de los derechos fundamentales, tenemos que establecer mecanismos legales que de
forma preventiva, y luego también mediante el castigo, eviten cualquier tipo de vulneración de los derechos fundamentales manteniendo al mismo tiempo los procedimientos judiciales, la investigación policial y la eficacia en materia antiterrorista.
De eso se trata con esta iniciativa. Estamos convencidos de que hay un desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene muy poco que ver con las sentencias del Tribunal Constitucional. Nos da la impresión de que lo que era en las
sentencias del Tribunal Constitucional totalmente excepcional y con las máximas garantías se ha convertido prácticamente en habitual y con menores garantías. Por tanto, también desde el punto de vista de la depuración de nuestro derecho interno
deberíamos acometer esta modificación legal. No deberíamos esperar demasiado tiempo en esta materia y por eso nosotros vamos a respaldar la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, y de Eusko Alkartasuna, porque además creemos que es perfectamente
posible adecuar uno y otro valor, uno y otro interés: derechos fundamentales y eficacia de la lucha antiterrorista. Caben posiciones que intenten conjugar los valores con la responsabilidad, de eso se trata en política, y en este sentido cabe la
posibilidad de adecuar un tiempo de incomunicación, no anular toda incomunicación, puede haber una situación intermedia de una incomunicación que pueda ser asumible. Lo que está demostrado es que a partir de cinco días la incomunicación no es
eficaz en la lucha contra el terrorismo e implica un riesgo excesivo de vulneración de los derechos humanos. Nuestra legislación interna, y también las de otros países europeos, alarma a las organizaciones internacionales porque son capaces de
incomunicar incluso 12, 13 días. Eso es inaceptable en términos democráticos y, por tanto, se puede plantear en esta Cámara un debate sobre la necesaria modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De la misma manera tenemos que reforzar los controles que tengan que ver, por una parte, con la asistencia letrada y también con la posibilidad de que en este caso el encarcelado o el que está sujeto a prisión provisional elija a su defensor
y, por otra que sea posible mejorar la vigilancia con respecto a la asistencia sanitaria o médica. Hay que tener en cuenta, decía antes, con respecto a la longitud del período de incomunicación que todos conocemos, por una parte, lo que significa
la presión psicológica, ya que a partir de cuatro o cinco días se convierte en una presión que va más allá de lo que podemos denominar un trato humano, y los que tenemos conocimientos médicos sabemos cómo se pueden camuflar tratos inhumanos después
de cuatro o cinco días, sobre todo teniendo en cuenta los medios electrónicos que existen hoy en nuestro país y en cualquier país desarrollado. En ese sentido nos parece necesario acotar el tiempo y mejorar los controles en esta materia para que
podamos avanzar en esa compatibilidad entre, primero, derechos humanos y, luego, eficacia en la lucha antiterrorista.
Dicho esto, lo más preocupante de todo esto no es que hoy no se vaya a aprobar esta iniciativa -nosotros estaríamos dispuestos a que se viera esta iniciativa con posterioridad-; lo más preocupante es el tabú que todavía existe en este país
en relación con la tortura. Existe un tabú, que probablemente viene de la época predemocrática, con respecto a la tortura. Hay un axioma y es que en nuestro país no se tortura, y a partir de ahí no se investiga, no hay conclusiones sobre la
eficacia o no de este período de detención incomunicada. Pues, señorías, aunque sea de forma particular, podemos incluir excepcionalmente que los organismos internacionales dicen que sí, que en nuestro país todavía se mantienen tratos degradantes y
torturas. Por otra parte, los organismos internacionales dicen que tenemos mecanismos laxos de evaluación y de inspección. Pongamos en marcha esos mecanismos de evaluación y de inspección para que nos demuestren a los diputados de esta Cámara que
estamos equivocados o para que demuestren a los organismos internacionales que también están equivocados, que a pesar de ese largo período de detención incomunicada no se produce ninguna afectación de derechos fundamentales.
Por eso, aparte de esta votación, que resulta de la mayor importancia para mi grupo parlamentario, vamos a apoyar esta iniciativa, porque creemos que no menoscaba la lucha antiterrorista sino que fundamentalmente va en el sentido de dar
legitimidad a esa lucha en la preservación de los derechos humanos, aparte de eso, repito, le gustaría que de alguna forma se superase en nuestro país el tabú de la investigación de los hechos de tortura o tratos degradantes, que las
administraciones tuviesen de oficio la vocación y la voluntad de investigar este tipo de hechos y que en estos procedimientos concretos
hubiera una inspección o una participación por parte de las administraciones y por parte de organismos no gubernamentales, para que aquellos que podamos estar equivocados nos convenzamos de la bondad de estas medidas. Yo dudo de ellas; en
todo caso, quiero que me convenzan también de lo contrario.
Esta iniciativa es oportuna desde el punto de vista de su texto, pero también desde el punto de vista del contexto y por lo que plantea a los organismos y a las instituciones públicas, que no es otra cosa que preservar los derechos humanos
ante todo y mantener la eficacia en la lucha frente al delito, en este caso en la lucha frente al terrorismo.
Por eso nosotros respaldaremos esta iniciativa y por eso seguiremos emplazando al Gobierno y al ministerio para que, por una parte, se
evalúe este tipo de prisión preventiva o prisión provisional y el régimen de incomunicación y para que, por otra, se adopten ya medidas que preserven, que garanticen los derechos humanos en un contexto, es verdad, de lucha frente al terrorismo o de
lucha frente al delito organizado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra, para defender y fijar su posición, la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo va a votar que sí a la tramitación de esta proposición de ley que hoy se presenta, porque coincide con la filosofía de la misma, aunque técnicamente la encuentre, por una parte, escasa y, por otra, quizá no
excesivamente rigurosa en alguna de las cuestiones que se sostiene.
El apartado segundo de la exposición de motivos manifiesta que la iniciativa se presenta en relación con los supuestos específicos referidos a personas detenidas como presuntos partícipes de un delito de integración o relación con bandas
armadas o individuos terroristas o rebeldes. Lo que se pretende modificar son los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no se refieren exclusivamente a estas personas. La previsión del artículo 509 sobre la
posibilidad de incomunicación es más amplia. Nosotros también queremos que desaparezca respecto a otros supuestos delictivos, pero solo el apartado segundo hace referencia a quienes han cometido este tipo de acciones delictivas. No nos gustaría
que desapareciera el apartado primero del punto 1 del artículo 520 bis, puesto que se dice en él que toda persona detenida como presunto partícipe en alguno de los delitos de los que se habla en la exposición de motivos tendrá que ser puesto a
disposición del juez competente en 72 horas, que es exactamente la previsión constitucional. Nos puede sobrar el resto del precepto, pero no esta parte concreta. De la misma manera que tampoco nos sobraría el apartado tercero que se pretende
derogar cuando se dice que el juez podrá en todo momento requerir información y conocer personalmente o mediante delegación cuál es la circunstancia concreta o entrevistarse con el detenido. Insistimos en que no nos parece que este sea un precepto
íntegramente llamado a desaparecer. Sí ocurre así con el 527, puesto que contiene una situación de excepción no solo para quienes sean imputados por hechos terroristas sino para todo detenido incomunicado. Como tal excepción nos parece importante
que desaparezca del ordenamiento jurídico.
Por supuesto, el grupo al que pertenezco suscribe lo que se plantea en la exposición de motivos como causas importantes para la motivación de la norma que hacen referencia a acuerdos internacionales suscritos por España o a resoluciones que
aluden a organismos internacionales extraordinariamente prestigiosos, de la misma manera que nos hacemos eco de que el Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes ha hecho en fechas recientes
valoraciones muy poco halagüeñas respecto del sistema español. El relator especial de la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, mientras estuvo en tal cargo, manifestó una y otra vez que había incumplimientos importantes por parte del
Estado español y ahora, como ex relator, manifestaba, estando en febrero en nuestro país, que en España se sigue torturando igual que en el año 2003. Nos parece que son recomendaciones que no hay que echar en saco roto y que deberían ser una
llamada de atención a la hora de modificar el régimen de la prisión provisional que nosotros pretendemos realizar con distinto sesgo y con mayor profundidad, o mayor extensión por lo menos, de lo que se pretende en esta iniciativa que apoyaríamos y
enmendaríamos parcialmente.
La referencia que se hace en el punto final de la exposición de motivos a las recomendaciones hechas por el Ararteko merecerá especial consideración por nuestra parte, en la medida en que desde el Parlamento vasco y desde el Gobierno vasco
se han tomado iniciativas importantes que merecen ser conocidas por la Cámara en este momento. Me parece justo reconocer en esta misma Cámara que con fecha 27 de abril -hace ahora un año- se presentó por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya una interpelación sobre la política general del Gobierno en relación con las torturas y los malos tratos, defendida por quien hoy también entiendo que intervendrá en nombre de su grupo, el diputado señor Cerdà, en términos
muy parecidos a la exposición que hoy se articula y que finalmente, para conseguir el acuerdo de todas las formaciones políticas -fue votada por unanimidad- tuvo un cierto sesgo, desde nuestra perspectiva escaso, puesto que en la intervención que
hice tuve a gala manifestar que no bastaba solo con las buenas intenciones y el llamamiento que se hacía a las buenas prácticas policiales sino que era absolutamente necesaria la modificación normativa respecto del régimen general de la prisión
provisional. El 17 de mayo del año 2005 se adoptó esta iniciativa por unanimidad y desconocemos que el Gobierno haya hecho nada a este respecto. Sin embargo, en el ámbito vasco sí se han
llevado a cabo algunas actuaciones. En distintas ocasiones el Parlamento vasco ha tomado en consideración proposiciones no de ley referidas a la derogación de estos tipos delictivos, pero no le corresponde derogar lo contenido en leyes
estatales de proceso. Mientras tanto, el Gobierno vasco sí ha hecho sus deberes y ha atemperado los rigores de la incomunicación mediante importantísimas actuaciones que deben ser conocidas. Supongo que el Ministerio de Interior, dada su buena
relación con el departamento de Interior del Gobierno vasco, conocerá de sobra cuáles son estas iniciativas, pero me parece justo manifestárselas a esta Cámara.
En comparecencia efectuada por el consejero de Interior en marzo de este año manifestaba cómo, además de ser partidario de la derogación normativa, había puesto en marcha tres protocolos que tenían el aval del Gobierno vasco, es decir de los
tres grupos que lo apoyan, aunque también era promovido desde un departamento que está en manos del Partido Nacionalista Vasco, como todos ustedes conocen. Estos tres protocolos, que, insisto, deberían ser trasladados al ámbito del Estado, hacen
referencia a cuestiones importantes y vinculadas a lo humanitario en el ámbito de las detenciones incomunicadas que nosotros desearíamos que dejaran de existir, pero sobre las que debe actuarse mientras existan. El primer protocolo hace referencia
a la coordinación de la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación, actuaciones tras la detención de estas personas vinculadas a su asistencia sanitaria en el momento en el que son detenidas pero también durante el periodo de la
detención e incluso finalizada la detención. Señorías, supongo que ustedes tienen la posibilidad de acceder a este protocolo, ya que no tengo tiempo de hacer un relato pormenorizado en cuanto a qué garantías se dan a la persona detenida vinculadas
a su asistencia sanitaria en este periodo. Además existe un segundo protocolo sobre el servicio de atención a los familiares de los detenidos, cuyo objeto es que tenga cumplida información sobre la situación de cuantas personas hayan sido detenidas
por la Ertzaintza, única sobre la que el Gobierno vasco puede legislar, y que se encuentren en el régimen de incomunicación decretada por autoridad judicial; atención telefónica y servicio permanente de 24 horas para que las familias sepan en todo
momento qué es lo que está pasando. Tienen derecho a que se les suministre información sobre el motivo y lugar donde se ha practicado la detención, estado de salud del detenido y, si así lo solicitan, sobre el régimen de entrega de medicamentos,
además de otras cuestiones relativas a objetos personales que el detenido incomunicado pudiera necesitar. Igualmente hay un tercer protocolo referido a los lugares de entrega de los medicamentos y efectos personales que como derecho ostentan tanto
el detenido como sus familiares. Me parece importante y novedoso el anexo tercero que hace referencia al sistema de videograbación de las personas detenidas. No solo se hace en la detención, sino también en la totalidad de los interrogatorios que
con ellos se efectúen.
Nosotros tenemos presentada una proposición no de ley en esta Cámara referida a esta cuestión que tiene un alcance mayor que la que hoy se trae. Nos parece que no solo debería revisarse el régimen referido a las personas incomunicadas, sino
todo el régimen general de la detención y la prisión provisional, porque verán ustedes cuál es la situación. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de febrero del año 2000 por la que el Tribunal Constitucional en Pleno -fue un
amparo avocado a Pleno- decidió que quizás fuesen inconstitucionales el tenor de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a las circunstancias, motivos y casos en los que es posible acordar la prisión provisional. Sin
embargo, mientras este autoamparo promovido por el propio Tribunal Constitucional se está viendo en el alto tribunal, se produce la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, ley que
entre otros modifica los artículos 503, 504 y también el 509, que son objeto hoy de iniciativa en esta proposición de ley. Ello da motivo a que el Tribunal Constitucional decida que, puesto que lo que ellos iban a examinar era el tenor de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal vigente en el año 2000 pero modificada por la ley de 2003, ya no tiene objeto esa autocuestión y la archivan sin más; postura comodísima de una mayoría conservadora entonces del Tribunal Constitucional, puesto que la
modificación de la Ley Orgánica 13/2003 es mucho más dura, más restrictiva y menos garantista que la que estaba en el tenor de los artículos 503 y 504 y nos hemos quedado sin saber el alcance de constitucionalidad o no de estos preceptos. El
Tribunal Constitucional debería haber hecho el esfuerzo de emitir un pronunciamiento sobre el tenor de estos artículos.
La garantía de la plena libertad y disfrute de los derechos del sometido a un precepto penal debe ser el régimen general en un Estado de derecho. Si las medidas cautelares han de ser muy rigurosas en todo tipo de procesos, con más motivo
deben serlo en un procedimiento penal donde además de lo aleatoria que pueda ser una sentencia condenatoria o absolutoria, está en juego, mientras el proceso dura, el derecho a la presunción de inocencia que tiene la persona en un proceso penal y
también el derecho a la libertad de esta misma persona. Junto a las cuestiones que hoy se debaten en la proposición de ley traída por la representante de Eusko Alkartasuna, esta cuestión de la prisión provisional está necesitada de una regulación
urgente y absolutamente precisa del título VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que pueda esperar o no a esa tan anunciada reforma conjunta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es otra cuestión. Nos parece importante que cuanto antes
iniciemos la modificación de esta materia tan vinculada a la tutela cautelar que, como he dicho, no solo hace referencia al buen fin de unas sentencias en un proceso determinado, sino que tiene mucho que ver con derechos fundamentales contenidos en
la parte más noble de los derechos fundamentales de la Constitución, como es el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser mantenido en condiciones de libertad. Nos gustaría que esta iniciativa se tramite. A través de las enmiendas
parciales procuraremos puntualizar los aspectos concretos que contempla y ensanchar su campo para que sea objeto de modificación la totalidad del título VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchísimas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno de don Agustí Cerdà en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, nuestro grupo quisiera manifestar su apoyo y su solidaridad con todas las víctimas de la tortura; en segundo lugar denunciar públicamente que en el Estado español la
tortura continúa perpetuándose, y lo decimos sin ningún regodeo, con bastante tristeza. Sé que nos da repugnancia física e intelectual pensar en esta Cámara y ante tan eminente público que eso pueda pasar todavía en nuestro sistema, pero el hecho
es que existe; podrá no ser frecuente, pero existe, y nos haremos un magnífico favor a nosotros mismos, a nuestra dignidad y a la de las futuras generaciones erradicando y tomando las medidas oportunas para que estas prácticas dejen de ocurrir en
el ámbito del Estado español; lo digo con toda la repugnancia que me provoca saber que estas prácticas efectivamente se producen y así fue informado, tal y como recoge la exposición de motivos de la proposición de ley, por el Comité contra la
Tortura, por el Comité europeo para la prevención contra la tortura, por el relator especial de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por el Comisario para los Derechos Humanos, don Alvaro Gil-Robles, en su informe sobre la
visita al Estado español en marzo de 2005. La Asociación de la Memoria contra la Tortura está formada por el colectivo de independentistas demandados por las detenciones del año 1992, a los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la
razón. Desde 1977, en los países catalanes se han practicado más de 250 detenciones en aplicación de la Ley antiterrorista, todas las denuncias por torturas han sido archivadas, incluso estas, que fueron efectivamente ratificadas después por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo justamente lo contrario, que se hubieran tenido que investigar, y respecto a las cuales, efectivamente, este alto tribunal acabó diciendo que se habían producido torturas.
En tercer lugar queremos que sirvan de memoria colectiva todas las personas que han sido torturadas en el Estado español desde la muerte del dictador. Uno de nuestros principales objetivos es modificar la legislación -lo compartimos
efectivamente con otros grupos, con Eusko Alkartasuna- en la que puedan ampararse los torturadores y las torturadoras y entendemos esta prevención como un principio básico. Es necesario abarcar sin complejos las reformas legislativas necesarias
para erradicar la tortura, y una de las más necesarias es efectivamente la derogación de los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto no es ninguna novedad, muchos grupos, y especialmente Eusko Alkartasuna, lo han
venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. También, efectivamente, en esta misma línea, lo ha venido recomendando la ONU al Estado español para evitar casos de torturas que hoy en día aún se perpetúan. Ni más ni menos se trata de seguir las
recomendaciones de la ONU en esta materia.Tenemos además una proposición no de ley pendiente de debate en la que orientamos justamente a cumplir las recomendaciones de la ONU en este sentido.
El Gobierno español hace poco, y estuvimos también presentes, ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y así les instamos unánimemente desde esta
Cámara a hacerlo en una moción presentada por Esquerra Republicana hace un año como bien ha recordado la señora Lasagabaster. Además también aprobamos mediante transaccional que el Gobierno español debía desarrollar una política integral -y leo
literalmente- que tienda real y efectivamente a prevenir cualquier posible opción de trato cruel, inhumano o degradante en los centros de detención y custodia, entre otros puntos, y estas nos parecen que, en efecto, desarrollan políticas integrales
que tienden efectivamente a prevenir una acción de trato cruel o degradante.
La proposición de ley contribuye de manera importante a prevenir la tortura, se trata de aceptar la propuesta de Eusko Alkartasuna y también las que venían anteriormente de Esquerra. En definitiva, se trata de aceptar las medidas que nos
han recomendado los organismos y asociaciones internacionales. Ya recoge detalladamente así en este sentido la exposición de motivos el contenido de los informes, las recomendaciones y las denuncias al Estado español. Se trata, vuelvo a decirlo,
de derogar el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite la incomunicación de personas detenidas. Señor Llamazares, la incomunicación de cinco, de tres o de trece no es efectivamente lo mismo, pero sí es manifiestamente
inútil para cualquier cosa que no sea la creación de un espacio de impunidad para los agentes. Derogar también el artículo 527 que restringe los derechos de algunas personas detenidas, como el derecho a designar un letrado de libre elección que le
asista en las declaraciones policiales y judiciales o el derecho a ser reconocido por un médico de libre elección. Desde nuestro punto de vista, es necesario efectuar la grabación de los interrogatorios -como recordaba la señora Uría- y las
diligencias practicadas durante la detención. En definitiva, se trata de efectuar una persecución efectiva y ejemplar de la tortura por parte del Estado. Se trata de modificar la legislación que puede ampararla. En estos momentos tenemos la
oportunidad de hacerlo mediante la propuesta de reforma relativa a la incomunicación que, como no podía ser de otra manera, vamos a votar favorablemente.
Debemos constatar un tímido cambio de actitud en el Ministerio del Interior, al menos con el anterior titular, aunque estamos convencidos de que también será así con el presente. Nunca se había aceptado por parte de anteriores titulares la
existencia de torturas en el Estado español y, en un año, el último ministro del Interior, señor Alonso, reconoció la existencia de torturas en el Estado español. Se ha ratificado el protocolo, pero no se avanza; no hay ningún cambio sustancial.
No hemos podido consensuar ninguna iniciativa en la que se acometan cambios estructurales, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que estos cambios en esta materia van a ser posibles en breve; queremos pensar que es así. Y aunque a nosotros
también nos toca aquella parte alícuota de ingenuidad en la creencia de que algunas cosas pueden cambiar, una vez más vamos a creer que algunas cosas pueden cambiar. Le aseguro que nosotros trabajaremos con la máxima actitud colaboradora y
dialogante para que esas cosas cambien.
De todas formas, demasiadas son las denuncias que nos llegan, y estas denuncias contribuyen -lo sabemos todos- a deslegitimar nuestro Estado de derecho y a poner en duda también la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. El primer mundo en el que vivimos no ha renunciado a métodos que permiten obtener información de una manera rápida y efectiva a costa de vulnerar los principios más fundamentales. Las denominadas cloacas del Estado en muchos
casos continúan vigentes. Sé que compartimos este principio, pero no se puede defender el Estado de derecho conculcando el mismo Estado de derecho. Eso es hacer trampa, es manifestar una debilidad muy fuerte por parte del Estado de derecho.
Entendemos que el Estado de derecho, el Estado garantista, el Estado democrático es suficientemente fuerte como para no tener que recurrir a su propia vulneración para defender su hegemonía.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan en
el marco de la legislación antiterrorista aprobada en su momento por la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias. Es una legislación que parece estar concebida para que la tortura sea posible e incluso para favorecerla.
Este parece ser el
objetivo principal de la incomunicación de las personas detenidas durante más de cinco días.
El Congreso, las Cortes Generales, es el ámbito en el que podemos trabajar para cambiar esta situación, y así lo estamos haciendo. Por nuestra parte, preguntas, mociones, proposiciones no de ley, control al Gobierno y orientación política.
Esa es nuestra función, ese es uno de nuestros principales objetivos, y por ello suscribimos las recomendaciones del ex-relator contra la tortura de la ONU, señor Theo van Boven, que dice literalmente: En tanto que la detención incomunicada crea
condiciones que facilitan la práctica de la tortura puede en sí mismo constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, e incluso de tortura. El régimen de incomunicación debería suprimirse.
Démosle las vueltas que quieran, pero más claro, agua. Lo hacemos o no lo hacemos, pero permitir la incomunicación de alguna manera es ser corresponsable de que existan estas prácticas. Está en nuestras manos empezar a cambiarlo. En
efecto, la incomunicación en sí misma ya constituye una forma de trato cruel, inhumano o degradante. Y, a pesar de los tímidos avances, casos como los de Egunkaria, el archivo de las investigaciones de torturas denunciadas por jóvenes detenidos en
Torà, cuya causa fue archivada ayer mismo por la Audiencia Nacional, el indulto del Consejo de Ministros a tres guardias civiles que fueron condenados por torturas infringidas a Kepa Urra y decenas de denuncias que son archivadas sistemáticamente
sin que prácticamente sean investigadas, hacen pensar que el sistema facilita la impunidad de los torturadores.
Para derogar la legislación que la ampara solo es necesario tener valentía y voluntad política. No podemos dejar en el cajón el derecho
de garantizar la dignidad de las personas detenidas. No podemos mirar hacia otra parte. Tenemos la oportunidad de dar un paso más, un paso adelante; tenemos la oportunidad de reformar, de hacer posible que la tortura sea, en este Estado, una
cuestión del pasado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
Continuamos, señorías, con el turno del señor Jané, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, Convergència i Unió entiende las razones que llevan hoy al Pleno de la Cámara a conocer la toma o no en consideración de la proposición de ley que, en definitiva, propone suprimir de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal los actuales artículos 509, 520 bis y 527. Esos artículos pueden dar lugar a prácticas abusivas si son aplicados por parte de personas que quieran conculcar las más elementales libertades públicas y derechos
fundamentales que la propia Constitución reconoce. Por tanto, es oportuno reabrir hoy en esta Cámara un debate como el que se nos propone. En este caso nuestro grupo ya adelanta, señora presidenta, que votará a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley pero, votando a favor, también queremos abrir en este momento unas reflexiones críticas sobre la misma.
Entendemos que, de prosperar la toma en consideración, sería bueno, oportuno, a través de una ponencia conjunta, buscar un amplio consenso en este ámbito material, y entendemos también que siempre sería preferible en un tema como el que
plantean estos artículos que fuera el propio Gobierno quien presentara ante la Cámara un proyecto de ley, y más en el momento que estamos viviendo, en el que hay esperanzas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. En este momento sería
oportuno no mezclar ambos debates y, por tanto, que fuera el propio Gobierno quien presentara el proyecto de ley.
También adelanto que mi grupo no estaría de acuerdo con la clara supresión de todos los apartados de los tres artículos que plantea hoy el Grupo Parlamentario Mixto a través de la diputada Begoña Lasagabaster, en nombre de Eusko Alkartasuna,
pero tomarla en consideración permitiría abrir el debate y, cuando haya informes de que las torturas todavía son posibles en nuestro país, avanzar en la línea de atajar una de las vías que puede posibilitarlas. Pero no nos engañemos, tampoco seamos
hipócritas y no avancemos un planteamiento que no es realista. Decía el señor Cerdà: Como queremos erradicar la tortura, la forma de erradicarla es aprobar esta proposición de ley. No necesariamente, se puede atajar una de las vías que la
posibilitan pero, no nos engañemos, incluso en los supuestos en los que no se aplican estos tres artículos se dan y se pueden dar torturas que, cuando se conozcan, deben ser denunciadas, investigadas y el Estado de derecho tiene claramente la
obligación de dar una respuesta contundente internamente y de cara a la comunidad internacional.
Por tanto, sí a su toma en consideración. Quizás, señora Lasagabaster, el momento no sea el más oportuno para debatir un tema como el que hoy nos plantea, pero tampoco quisiéramos, desde un voto distinto al afirmativo, dar a entender que no
estamos en la línea de querer aplicar en todo caso ese principio que la señora presidenta, que es una buena jurista, conoce muy bien, el principio favor libertatis, el principio pro libertate, el principio de que cualquier derecho fundamental debe
interpretarse siempre en el sentido más favorable a su desarrollo y un principio que, sensu contrario, nos lleva siempre a la obligación de acotar mejor los límites a la privación de libertad, porque un límite como el de la incomunicación, cuando se
permite prolongarla en el tiempo, es un límite gravísimo. Por tanto, una vía sería la supresión que se nos propone y otra vía posible sería, a partir de la toma en consideración, constituir esa ponencia conjunta para analizar una posible vía de
consenso en este apartado.
Nada más, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Jané.
Continuamos con el turno del señor Santaella en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, cuando quiera.
El señor SANTAELLA PORRAS: Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna para posicionar al Grupo Parlamentario Popular en esta proposición de ley que el Grupo Mixto trae a debate a la Cámara, esta vez presentada por la señora
Lasagabaster. Pretende la derogación inmediata de los preceptos que se han aludido por los portavoces que me han precedido, los contenidos de los artículos 509, 520 bis y 527. Estos preceptos, señorías, se encuentran en las normas del Título VI de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativo a la detención y a la prisión provisional. Son medidas cautelares, como se ha dicho, medidas personales y medidas excepcionales, pero son medidas que tienen unos objetivos muy claros. Por una parte,
asegurar la presencia del imputado en el proceso penal; por otra parte, garantizar la investigación de los hechos en debida forma por los órganos de persecución penal y, por último, asegurar la ejecución penal.
En un Estado moderno de derecho, al que se ha hecho referencia, como entiendo que es el nuestro, la introducción y la adopción de estas medidas tiene que estar en consonancia con los preceptos constitucionales, y el artículo 55.2.2 de
nuestra Constitución da unas cautelas a los detenidos y a los que están privados de libertad para incluso exigir responsabilidades penales si hubiera un exceso en las funciones y en las cautelas, ya que las normas que están contenidas en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal garantizan los derechos fundamentales del detenido en prisión provisional. En concreto, habría que analizar los artículos 509, 520 bis y 527, puesto que se hallan estrechamente vinculados, y hacer un análisis común de los
mismos porque, en lo fundamental, se centran en la imposición de ciertas medidas cautelares consistentes en la detención y en la prisión provisional. El artículo 509 hace referencia a la prisión provisional incomunicada; el 520 bis regula lo
atinente a la detención del presunto partícipe en delitos de especial gravedad a que se refiere el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por último, el artículo 527 ordena lo relacionado con los derechos que asisten al detenido o
preso que se halle incomunicado. En los tres hay un común denominador, señorías, que es que las tres normas tienen el carácter excepcional, el carácter proporcional y el carácter provisional, así como la necesidad en un Estado de derecho de adoptar
soluciones severas necesarias para luchar con éxito contra las formas criminales más graves, no solo el terrorismo, sino formas organizadas de bandas armadas. Señorías, estas son las circunstancias que han hecho utilizar el artículo 55 de la
Constitución para modificar, no solo por gobiernos del Partido Popular, sino también del Partido Socialista, estas medidas cautelares precisamente porque la única arma que existe en un Estado moderno de derecho es la ley. Con la ley es con la que
se tienen que combatir las circunstancias que han provocado que se utilicen estas medidas cautelares y estas medidas excepcionales, porque, si no hubiera terrorismo, si no hubiera bandas armadas y si no hubiera delitos confabulados que atenten
contra la democracia y contra la seguridad de un Estado, de nada de esto tendríamos que estar hablando.
La señora Lasagabaster ha reconocido, no solo en su exposición de motivos sino también desde esta tribuna, que esta proposición de ley no es original. No lo es no solo por la multitud de iniciativas que ha traído a la Cámara en forma de
preguntas u otras, sino porque simplemente hay que ver los medios de comunicación para constatar la cantidad de veces que la señora Lasagabaster se refiere al tema, haciéndose eco, lógicamente, de lo que en Internet todos vemos, que son algunos
foros
internautas de ciertos ámbitos concretos que solicitan precisamente la supresión de esos tres artículos. Yo le diría más, señora Lasagabaster.
No solo su iniciativa no es original, sino que a mí me parece -otra cosa será lo que el Grupo
Socialista, mayoritario en la Cámara, diga- que no es oportuna. No lo es porque cuando la presentó estaba claro que las circunstancias eran otras que las que, desde hace un mes, nos encontramos, y su intención era otra: era seguir menoscabando y
diciendo indirectamente que en este Estado hay tortura, cosa que se ha argumentado también por algunos portavoces. De aceptar esta proposición, estaríamos todos aceptando que en este Estado hay torturas. Yo soy de las personas que considera que
desde que tenemos Constitución en este Estado no hay torturas y que se defienden los derechos fundamentales del individuo, incluso los del detenido o los del incomunicado. En este Estado y por medio de la ley se defienden derechos fundamentales que
están por encima de estas medidas cautelares, como son la libertad y la vida, y se lucha y se defiende un Estado en el que exista una paz ciudadana.
Señorías, mi grupo tanto cuando ha tenido responsabilidades de Gobierno como ahora, que no las tiene, ha estado, está y estará, por una parte, con el reiterado compromiso de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de las
personas detenidas y privadas de libertad y, por otra -lo he dicho y lo reitero-, de defender los derechos a la vida, a la libertad y a la convivencia en paz, utilizando la fuerza del derecho, que es lo único que tenemos, porque no utilizamos las
armas. Utilizamos la fuerza del derecho para defendernos precisamente de bandas armadas y de terrorismo. Por eso, señoría, mi grupo no va a apoyar esta proposición de ley que trae a la Cámara.
No me gustaría terminar sin hacer referencia a las tres causas que se han expuesto desde esta tribuna y a lo que dicen los llamados organismos independientes en el sentido de que habría que modificar en parte estos tres artículos. Por una
parte, se habla de los detenidos a los que no se les notifica ni se les informa de los motivos ni de las circunstancias de la detención. Sobre esto habría que recordar que las restricciones contenidas en el artículo 527 están amparadas por el
artículo 55 de la Constitución y admitidas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que ha mantenido que por motivos razonables pueda retrasarse con carácter excepcional el ejercicio de los derechos
por parte del detenido, siempre que responda a estricta exigencia de la situación concreta. Además, hay que tener en cuenta que la incomunicación no se aplica a determinadas categorías de personas, sino a distintas categorías de delitos, como son
los comprendidos en la previsión del artículo 384 bis de la ley. Por último, también quiero decirle que la incomunicación prevista en la legislación española no implica el aislamiento absoluto del detenido ni su abandono en manos de la fuerza
policial, ya que cuenta con la asistencia de abogado y de médico forense con supervisión del juez. Señoría, no me queda tiempo, pero me gustaría seguir hablándole de la asistencia del abogado, que creemos que está garantizada con el abogado de
oficio, así como de la asistencia médica a cargo del médico forense. Señora Lasagabaster, para terminar, quiero decirle que mi grupo entiende que estos artículos gozan aún de buena salud, tanta que han posibilitado y posibilitan acabar
definitivamente con el terrorismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Santaella.
Señorías, finalizamos el debate de esta proposición de ley con el turno del Grupo Parlamentario Socialista a cargo de quien será su portavoz, el señor Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quizás merezca la pena aclarar lo que debatimos en el día de hoy, porque tras la exposición realizada por la proponente, señora Lasagabaster, se esconden otras razones que a lo mejor hay que sacar a la luz. Hay que explicar, por
tanto, qué se pretende con la derogación de tres preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que facultan excepcionalmente la suspensión individual de derechos fundamentales como las condiciones de la detención preventiva, el secreto de las
comunicaciones y la inviolabilidad domiciliaria. Es inevitable remontarse al año 1978, año en que los españoles nos dimos por primera vez una constitución democrática desde el más amplio de los consensos. Allí, en el artículo 55.2, dijimos que
excepcionalmente cabría esa posibilidad de suspender los derechos si así lo quería el legislador orgánico, es decir, si lográbamos un amplio consenso, y sobre la base de unas condiciones imprescindibles: control parlamentario y garantías judiciales
a toda costa. Eso está constitucionalmente legitimado, porque precisamente con esa excepción se trata, si así lo quiere el legislador orgánico, nada más y nada menos, que de defender los derechos fundamentales de la inmensa mayoría de los españoles
frente al fenómeno del terrorismo. Esa es la clave que hay que tener en cuenta cuando se valora una iniciativa, que, señora Lasagabaster, me va a permitir que califique no solo de inoportuna, que lo es, y algún portavoz se ha pronunciado al
respecto, sino sobre todo en absoluto constructiva.
Voy a intentar justificarle, señoría, por qué no es constructiva y por qué late algo de incoherencia en la misma. A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la exposición de motivos es impecablemente constitucional, porque se trata de la
defensa a ultranza de los derechos fundamentales, y ahí estamos todos. Efectivamente, los derechos humanos son el esqueleto ético de cualquier Estado de derecho, por tanto, de cualquier sociedad democrática, pero inmediatamente después de esa
exposición anuda una consecuencia que no tiene nada que ver con la exposición. Se pide que deroguemos determinados preceptos legales que, en situación de excepción, contribuyen a la defensa de los derechos
fundamentales de la inmensa mayoría de los españoles. Esto no tiene sentido, es sencillamente incoherente. Se acogen al dicho popular de muerto el perro, se acabó la rabia, pero no es así. El perro es un buen animal, el mejor amigo del
hombre, y lo que hay que hacer es vacunarlo contra la rabia, cuidarlo, mimarlo, y si tenemos la desgracia de que sufre de rabia, combatirla a toda costa, pero no matarlo. Si lo matamos, nos quedamos sin el mejor amigo del hombre, lo cual
sencillamente no es de recibo. En el fondo, lo que se está poniendo sobre la mesa es el uso indebido que se pueda hacer de esas facultades excepcionales -excepcionales- de suspender los derechos fundamentales, estamos poniendo en tela de juicio el
funcionamiento institucional de este país, estamos diciendo que confiamos solo un poco -partimos de la sospecha, por tanto- en lo que hagan policías y jueces, que son los que tienen que aplicar estas facultades excepcionales. Yo le digo justamente
lo contrario. Parto de la confianza total en las instituciones que aplican esa excepción en la suspensión de los derechos fundamentales y -eso sí- reacciono contundentemente contra cualquier institución cuando se evidencia que el sistema no ha
funcionado y que pudiera darse el caso, excepcional, de tortura. Porque ¿sabe usted quién dice en este país si hay o no tortura? Esas mismas instituciones. Esas son las reglas del juego democrático, de eso se trata, y si ese sistema de controles
que se establecen en la suspensión de los derechos fundamentales no funciona racional y razonablemente, hagamos todo lo posible, desde aquí y desde fuera de aquí, para que funcione. Pero eso es otra cosa, eso no requiere la derogación de esos
preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué es entonces lo que queremos? Más prevención, más reacción. Ahí estamos completamente de acuerdo, ahí van a encontrar siempre al Grupo Parlamentario Socialista y lo estamos demostrando a través
de distintas iniciativas. Hicimos posible que una determinada moción, que tenía visos de fracasar, prosperara y se aprobara en mayo del año pasado por unanimidad, y estamos trabajando, de acuerdo con el contenido de esa moción, para que
determinadas proposiciones no de ley vayan en ese sentido. Claro que existe tortura en este Estado, como en cualquier otro Estado democrático, pero lo dicen los tribunales de este país. Esas son, sin ningún género de duda, las reglas del juego.
Por tanto, corrijamos todos los desajustes, todas las disfunciones que se puedan generar en la aplicación del Estado de derecho, pero no quitemos a ese Estado de derecho determinados instrumentos que pueden ser útiles para situaciones excepcionales.
Se hablaba también de la inoportunidad. Claro que sí, porque nos quedamos a medio camino. Tratando de defender los derechos fundamentales, más que defendibles, de los imputados por terrorismo, queremos restar protagonismo a los derechos
fundamentales de la inmensa mayoría de la sociedad. Y no se trata de eso, porque la eficacia en la lucha antiterrorista es perfectamente conciliable con las reglas de juego del Estado democrático y, por supuesto, con los derechos fundamentales.
¿Sabe cómo? No como ha referido el señor Llamazares, no tratando de conciliar, sino tratando de luchar contra el fenómeno del terrorismo desde el respeto pulcro a los derechos fundamentales, es decir, blandiendo los mismos derechos fundamentales.
Y eso es posible, no solo es posible, sino que es necesario en el Estado de derecho.
Señora Lasagabaster, comprendemos la propuesta que se hace, creemos que hay un trasfondo de legitimidad en la lucha por los derechos humanos, pero ni es el momento para hacerlo ni creemos que la vía de la iniciativa sea la adecuada porque se
queda a medio camino y no perfecciona -que es de lo que se trata- el Estado de derecho en la lucha antiterrorista ni tampoco en la defensa a ultranza de los derechos fundamentales. Una de las señas que está caracterizando al Partido Socialista en
esta legislatura es el compromiso de la palabra dada. Ha reiterado que el señor ministro de Justicia le ha dicho en varias ocasiones que se va a hacer. Yo le garantizo que se va a hacer -claro que se va a hacer-, pero esa reforma que va a permitir
un debate intenso y profundo, primero, sobre si existen y, después, hasta dónde llegan esas facultades excepcionales que prevé el artículo 55.2 de nuestra Constitución, se tiene que hacer en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado?
Cuando se haga una valoración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, porque habrá que reconocer sin ningún género de duda que el instrumento procesal que tenemos hoy día ya no es del siglo XX, sino que es del siglo XIX. Se nos ha quedado
obsoleto -y lo reconozco- también para proteger adecuadamente los derechos fundamentales de cualquier persona, sea imputado por cualquier tipo de terrorismo o sea imputado por cualquier otra causa penal. Este es el sentido del voto socialista y
esta es la esperanza que se abre para mejorar y perfeccionar el Estado de derecho, que es lo que a toda costa desde aquí, desde esta bancada, se va a pretender siempre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señor Rascón.
Señorías, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DEL TRATAMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA.
(Número de expediente 122/000019.)
El señor PRESIDENTE: Dos avisos a la Cámara. Avocación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento. Se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley
reguladora del tratamiento de la deuda externa. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia queda aprobada la propuesta de avocación.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA POSICIÓN QUE PIENSA DEFENDER EL GOBIERNO SOBRE EMIGRACIÓN Y POLÍTICA MEDITERRÁNEA EN LA PRÓXIMA CUMBRE EURO-AFRICANA A CELEBRAR EL PRÓXIMO MES DE JULIO EN MARRUECOS.
(Número de expediente 172/000185.)
El señor PRESIDENTE: Segundo, exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión
del punto 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea en la próxima cumbre euroafricana a
celebrar el próximo mes de julio en Marruecos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN LO RELATIVO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 122/000191.) (Votación.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones. Dos: de la toma en consideración de proposiciones de ley de grupos parlamentarios; primera, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en
lo relativo a la negociación colectiva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 28; en contra, 286.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), POR LA QUE SE SOLICITA LA SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 509, 520 BIS Y 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000138.) (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Segunda votación, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (orgánica).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 34; en contra, 280.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA DESARROLLAR EL PLAN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD. (Número de expediente 162/000446.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para desarrollar el Plan nacional de medio ambiente y salud. (La señora
vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, les agradecería que abandonaran el hemiciclo, si así lo desean, de forma rápida y en silencio, por cuanto una de sus compañeras diputadas está en la tribuna tratando de
hacer uso de la palabra. (Continúan los rumores.) Por favor, a las señorías que están en el pasillo impidiendo que el resto de diputados puedan abandonar el hemiciclo, les agradecería que tuvieran consideración con su compañera diputada.
La señora Coello tomará en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la palabra para defender su proposición no de ley para desarrollar el Plan nacional de medio ambiente y salud. Si le parece, señora Coello, lo intentamos.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna con el objeto de defender la postura del Grupo Socialista sobre el desarrollo del Plan nacional de medio ambiente y salud. Señorías, no es para ninguno de nosotros un enigma en este siglo que vivimos la compleja relación
que existe entre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Por otra parte, el nivel de
salud de una colectividad depende de varias causas como son las económicas, las sociales, las higiénicas y el entorno medioambiental. La salud pública y en especial las medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad,
entendiendo la definición de enfermedad como un todo generalizado, es decir, el Estado de bienestar físico, psíquico, social y no solo la ausencia de enfermedad, tienen un componente multisectorial. En esta línea las políticas medioambientales
tienen una clara influencia en las definiciones de las condiciones de seguridad para la salud humana. Se trata, por otro lado, de una noticia que continuamente está teniendo un eco indiscutible en todos los medios de comunicación. Los ciudadanos,
cada vez más, están preocupados por el aire que respiran, por los alimentos que ingieren, por la calidad del agua, por la contaminación acústica, tienen la sospecha de que pueden afectar a su salud y se plantean la incógnita del mundo que les
estamos dejando en herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El objetivo que se persigue con el desarrollo de este Plan nacional es aumentar la coordinación y las actividades conjuntas en materia de medio ambiente y salud,
potenciando las actividades de investigación y los mecanismos que permitan mejorar la evaluación del riesgo, identificando y desarrollando un conjunto de indicadores de salud medioambiental. Los habitantes de casi todas las grandes ciudades y sus
áreas metropolitanas viven en una atmósfera altamente contaminada, que supera con creces los límites legales, esto se traduce en innumerables casos de asma, problemas circulatorios y alergias. Por otro lado, según un estudio realizado por la
Comisión Europea, en nuestro país existen aproximadamente 16.000 muertes prematuras por cáncer y problemas respiratorios. Un dato significativo es que en la actualidad se sabe que una de cada tres muertes en el grupo de edad entre cero y diecinueve
años es atribuible a exposiciones ambientales (contaminación del aire, agua y saneamiento, sustancias y preparados químicos) y a las reacciones producidas por accidente.
El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, está llevando a cabo actividades encaminadas a la elaboración de un plan nacional de salud infantil y medio ambiente, que recoge los compromisos
adquiridos en la IV Conferencia ministerial sobre medio ambiente y salud de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud, así como la estrategia europea sobre medio ambiente y salud y su Plan de acción 2004-2010. La
elaboración de un plan nacional de salud infantil y medio ambiente se incardina en dos proyectos anteriores: los planes nacionales de actuación en medio ambiente y salud, cuya implantación se acordó en la Conferencia ministerial de Londres de 1999,
de acuerdo con los criterios elaborados en la Conferencia de Helsinki de 1994; y el Plan nacional de salud infantil y medio ambiente para Europa, aprobado por los países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud en Budapest.
La Conferencia de Budapest, que tuvo lugar en el año 2004, bajo el lema: El futuro de nuestros hijos, supuso un nuevo impulso en las políticas de sanidad ambiental en el marco de la protección de la salud pública, actuando frente a los
factores contaminantes del medio ambiente. El contenido de la declaración de la IV Conferencia contiene temas muy variados, como son: el cambio climático; las temperaturas extremas y la salud, con especial interés en la ola de calor del verano de
2003; la investigación en salud ambiental; las evaluaciones de impacto ambiental sobre la salud; los sistemas de información en salud ambiental y el Plan de acción para Europa de salud y medio ambiente de la infancia, medidas en la mayoría de los
casos extensivas a los adultos. Muchos de estos objetivos se han plasmado ya en actuaciones que están siendo realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, como es la realización de un estudio epidemiológico sobre el efecto de la contaminación
atmosférica en la población infantil. Sin embargo, la aplicación efectiva de la declaración de Budapest y del Plan de acción para Europa de salud y medio ambiente de la infancia va a depender de la capacidad para conseguir el apoyo de todos los
países miembros, de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud y de la coordinación con todos los planes de acción de la Unión Europea.
Uno de los elementos clave en las políticas de sanidad ambiental, que fue ampliamente tratado en Budapest, es el establecimiento de un sistema de información sobre salud ambiental, en el que está colaborando la Agencia Europea para el Medio
Ambiente, numerosos países europeos, entre ellos España, y la misma Organización Mundial de la Salud. En este sentido nuestro país ha venido desarrollando una valiosa experiencia con la creación y desarrollo de la red nacional de vigilancia,
inspección y control de los productos químicos, el sistema de intercambio rápido de la información sobre productos químicos y el subsistema de tóxicovigilancia.
Asimismo, el Plan nacional de prevención de los efectos de las temperaturas extremas
implantado por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el verano de 2004, que tuvo continuidad en el verano de 2005, ha sido una iniciativa apropiada para anticiparse, mediante la información predictiva y preventiva, a los efectos del calor
excesivo.
Como principal objetivo, la Conferencia de Budapest instaba a los países miembros, entre los que figuraba España, a desarrollar y a aplicar los planes nacionales de salud y medio ambiente. No cabe duda de que es necesario dedicar más
recursos a la investigación de la compleja relación entre salud y medio ambiente. La cuantificación y evaluación de los riesgos permitirá conocer mejor las enfermedades atribuibles a la contaminación. Hay que partir de la premisa de que solo a
través de la evidencia científica se pueden gestionar correctamente las políticas medioambientales. También es muy importante mejorar y actualizar las líneas de actuación en la percepción y comunicación del riesgo
sobre la relación entre la salud humana y el medio ambiente. La colaboración con todos los sectores implicados es esencial para conseguir la reducción de la contaminación. Las distintas políticas en materia de agricultura, energía,
industria, transporte, consumo, etcétera, están íntimamente asociadas a la sanidad ambiental. Las autoridades sanitarias y ambientales tienen la responsabilidad de liderar esta coordinación que haga realidad un desarrollo saludable para el ser
humano y sostenible para futuras generaciones.
Como conclusión quiero decirles que la sociedad está formada por gente que necesita y reclama de sus representantes que se preocupen por las mismas cosas que a ellos les preocupan, que les impriman confianza y esperanza en un mañana, en un
planeta cada vez mejor que mire hacia delante con cordialidad, en definitiva, en un país que mire al futuro, que se prepare para los retos que están por venir cuidando de su medio ambiente, en la medida en que el propio medio ambiente puede
permitirnos vivir con más calidad de vida. Es por ello por lo que les pido el voto positivo para esta proposición no de ley, con la confianza de que entre todos podamos contribuir a conseguir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones
venideras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Coello.
Señorías, han sido tres las enmiendas que se han presentado a esta proposición no de ley. Comenzaremos con el turno de la señora Fernández para defender la suya, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subimos a esta tribuna para defender la enmienda que presentamos a esta proposición no de ley, porque la misma está inscrita en una cuestión que a nosotros nos parece fundamental en el tema que estamos tratando, que son las
competencias que en este momento tienen las comunidades autónomas, tanto en materia de sanidad y, por tanto, de salud pública, como en materia de medio ambiente. Compartimos el fondo y la preocupación que acaba de expresar en este momento la
diputada que defiende la proposición no de ley, porque evidentemente el problema medioambiental y su relación con la salud es indiscutible en estos momentos; no en vano, y además de las cosas que ya se dijeron aquí, garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente es uno de los objetivos de la ONU para este milenio y una de las metas a conseguir para el año 2015. Cuando hablamos de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente no nos referimos solamente a aquellos aspectos que afectan a lo
que se entiende por Tercer Mundo, que efectivamente nos preocupa y pensamos que es necesario actuar, sino a que esto también es un problema de nuestra sociedad, sobre todo porque muchos de los problemas relacionados con el medio ambiente y sus
efectos negativos en la salud están al mismo tiempo vinculados a eso que llamamos progreso. Por tanto, compartimos la idea y la razón que se expone en esta proposición no de ley, pero entendemos que cualquier cosa que se haga desde el Estado tiene
que estar perfectamente coordinada con las comunidades autónomas, en tanto que son aquellas que tienen que gestionar tanto el medio ambiente como la salud, como decía anteriormente, es decir, aquellas cuestiones que tengan que ponerse en práctica.
Desde nuestro punto de vista esto es fundamental, porque en materia de medidas relacionadas con el medio ambiente hay que reconocer incluso las diferencias existentes en las distintas zonas del Estado español. No es lo mismo, o por lo menos
no son necesarias las mismas actuaciones en aquellas zonas de mar, en aquellas zonas de interior, en zonas más castigadas, medioambientalmente hablando, por la industrialización, que en aquellas otras más relacionadas con la agricultura y al mismo
tiempo también con los efectos negativos que productos utilizados como los herbicidas pueden generar en el medio ambiente. Por lo tanto, un plan en el ámbito de Estado nos parece adecuado en tanto que es necesaria la investigación y en ese sentido
hay una centralización, pero es también necesario que todas las medidas que contenga ese plan, sobre todo aquellas que son para ejecutar, estén perfectamente coordinadas con las comunidades autónomas. En ese sentido va nuestra enmienda y, por lo
tanto, estaríamos de acuerdo y votaríamos a favor de alguna enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista que conocemos y que recogería el espíritu de nuestra enmienda, así como el de otros grupos parlamentarios, porque entendemos que,
tal y como queda redactada, esa transacción cumpliría tanto el objetivo de redactar este plan como el objetivo de hacer efectivos aquellos acuerdos o aquellas políticas de prevención de riesgos medioambientales sobre la salud que en ese plan se
incluyan. Si queremos que ese plan sea útil para nuestra sociedad, todo lo que se acuerde también tiene que tener relación con otras cuestiones que están dentro de la competencia de la salud pública o salud comunitaria; otra cuestión a gestionar
por las comunidades autónomas ya que tienen asumida la competencia de la sanidad pública. No son solamente aquellos aspectos relacionados con las medidas preventivas medioambientales más estrictamente consideradas, sino también aspectos
medioambientales que tienen que ver con los hábitos de vida, de consumo o de convivencia de nuestras sociedades. Por lo tanto, repito, cualquier cosa que se haga tiene que tener en cuenta esto y, sobre todo, esa coordinación y esa necesidad de
llegar a acuerdos y consensos con las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchísimas gracias.
La siguiente enmienda presentada es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El señor Garre tiene la palabra en su nombre.
El señor GARRE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, evito reproducir el contenido de la IV Conferencia de Budapest, de junio del año 2004, porque ya lo ha hecho la señora Coello con todo detalle. Señora diputada, creo que el objeto de su discurso no es tanto
defender su postura, como ha dicho al inicio de su intervención, sino defender la iniciativa de impulso, que es suya. Quiero que se tenga en cuenta que esta moción deviene de esa IV Conferencia ministerial sobre medio ambiente y salud que se
celebró en junio de 2004 y que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es reciente, de 1 de marzo de 2006. El Grupo Parlamentario Popular no puede oponerse; tiene la voluntad de apoyar esta iniciativa por el contenido que ha expuesto S.S.
con todo lujo de detalles. Es un objetivo absolutamente razonado por el contenido, por el interés que se desprende de la iniciativa y también porque pone de manifiesto no solo esa virtud del contenido sino también el vicio del Gobierno, de la
dejadez y de la apatía que se ha puesto de manifiesto con las dos fechas que acabo de mencionar: casi dos años sin hacer absolutamente nada. Después de dos años se nos presenta una moción en la que no se pone plazo a la ejecución de ese plan de
desarrollo por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Por eso, señora presidenta, hemos presentado nuestra enmienda, para que ese Plan nacional de medio ambiente y salud se haga en el transcurso del presente año 2006.
No es ningún
capricho porque en la comunicación que tienen de la Comisión del consejo que se hace al Parlamento Europeo en su última página, para que tengamos todos conciencia de lo que estamos votando, pone exactamente: En el año 2007 la Comisión realizará una
revisión a medio plazo de la aplicación del plan de acción. Por tanto, a partir del 1 de enero de 2007 se puede exigir el cumplimiento de ese plan. Ustedes no deberían apoyar una iniciativa que no llevase la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Popular fijando ese plazo del transcurso de 2006 para que ese plan pudiese estar desarrollado.
Estamos de acuerdo con la iniciativa de impulso. Para eso estamos en esta Cámara, para impulsar y para controlar al Gobierno. Pero su iniciativa no solo impulsa la dejadez del Gobierno sino que controla la acción del Gobierno con la
dejadez que durante dos años ha mantenido. De esa manera, tanto el grupo que impulsa la iniciativa como el grupo de la oposición somos leales; leales con la institución al presentar la iniciativa y leales también con la sociedad a la que
representamos haciendo público ese vicio de la dejadez del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero con respecto a este asunto. En nuestra enmienda pedimos la colaboración del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Medio Ambiente, y debe existir la
colaboración y el consenso necesario con las comunidades autónomas porque conforme al artículo 148 tienen asumidas las competencias, pero ¡ojo! con 15 comunidades autónomas, una nueva nación y una futura realidad nacional, y no va a ser fácil que en
lo que queda de año 2006 puedan ustedes ponerse de acuerdo en este asunto. Por tanto, más celeridad del Gobierno como exigimos nosotros en nuestra enmienda, que me temo muy mucho que no va a prosperar porque el Gobierno, que lleva dos años sin
hacer nada, no va a consentir que se le ponga plazo y se le va a pasar el plazo.
Señora Coello, las iniciativas son muy importantes, los propósitos de su iniciativa son más importantes aún y su discurso en el contenido de que lo que quería trasladar a la Cámara ha estado muy bien expuesto, pero mucho más importante que
las iniciativas y mucho más importante que los discursos es lo que precede y lo que sigue a los discursos. Y lo que precede a este discurso y a su iniciativa son dos años de dejadez y de apatía por parte del Gobierno, y lo que puede seguir a ese
magnífico discurso que S.S. ha presentado puede ser la melancolía de que ese plan no se realice.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Garre, muchas gracias.
Finalizamos el debate de las enmiendas presentadas con el turno de la señora Bonás en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora BONÁS PAHISA: Señorías, no deja de ser refrescante que el grupo que da soporte al Gobierno lo critique, pero aquí hemos oído hablar de dos años de dejadez del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Señores del Partido Popular, ustedes
también son responsables de esta dejadez (Varios señores diputados: ¡No, no!) porque estuvieron en el gobierno. Sí, señores.
La Carta Europea sobre Medio Ambiente y Salud de Frankfurt, de 1989, adoptada por los ministros de Medio Ambiente y de Sanidad de los Once en la región europea, marcó el comienzo del proceso que llevó a las declaraciones de Helsinki y
Londres, de 1999, que determinaban los siguientes pasos a dar. En ese sentido nos consta que en el primer encuentro de la Comisión Europea de Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, llevado a cabo en París el pasado enero de 2005, ya
se instaba a España a que debería emprender un plan nacional de salud medioambiental. En primer lugar constatamos el retraso y, en segundo lugar, que la resolución de la presente proposición no de ley puede resultar redundante a efectos de lo que
ya está comprometido. Por otra parte está la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud, que se conoce con el nombre de la iniciativa Scale, siglas inglesas que responden a sus principales características, cuyo fundamento científico se centra en
la infancia, su objetivo es la concienciación de la población, que utiliza instrumentos jurídicos y se basa en una evaluación continuada. En su documento fundacional se dice que la interacción entre medio ambiente y salud está cobrando cada vez más
la atención de los Estados miembros y que algunos Estados ya han empezado sus planes nacionales de acción para el medio ambiente y la salud. España no
lo ha hecho todavía. Probablemente, más que una proposición no de ley sería necesaria una comparecencia para pedir explicaciones, después de lo comentado, sobre por qué no se ha llevado a cabo el citado plan.
La breve exposición de motivos de la proposición claramente aboga por el interés de identificar nuevas amenazas para comprender mejor la relación causa-efecto y por otros motivos igualmente compartibles. Pero, señorías, con lo que ya
sabemos nos basta para haber emprendido diversas medidas más contundentes para frenar los problemas de salud asociados a diversos focos de contaminación; por ejemplo, la contaminación atmosférica. El informe de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico de 2004 constata que en España, a pesar de algunos avances, aún persisten retos acuciantes en materia de calidad de aire, especialmente las concentraciones de ozono troposférico y de partículas en suspensión, recordando que
supone una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. Los datos demuestran que existen importantes concentraciones elevadas de partículas en suspensión con respecto a los valores límites de muchos emplazamientos. Tengo aquí el informe de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y leo textualmente: España no ha cumplido sus objetivos de reducción de NOx y COV establecidos a escala internacional. Las emisiones de SOx, NOx, etcétera -algunas de las cuales registran
una tendencia ascendente-, exceden considerablemente los techos nacionales de emisión establecidos para el año 2010. Son necesarios una mejor planificación y cumplimiento y gestión de la calidad del aire a escala nacional y local, sobre todo para
tratar los impactos sobre la calidad del aire relacionados con el transporte. Si sabemos que el transporte es un problema para la salud en el Estado español, ¿qué propone el PEIT al respecto? Aparte de reconocer que ciertamente hay que hacer
alguna cosa, no vemos ninguna acción concreta. Ante las graves amenazas de salud que suponen el ozono y las partículas en suspensión, España debería otorgar una alta prioridad a afrontar una mayor reducción de las emisiones del sector del
transporte. En este sentido cabe destacar que reconocidos científicos de la Universidad Politécnica de Barcelona ya han demostrado con bastante rigor la asociación entre problemas de contaminación debida a compuestos generales del transporte y la
salud.
Por otra parte, tenemos problemas estructurales relacionados con el sector energético. Pues bien, seguimos viendo cómo aumentan los proyectos de centrales térmicas como las de Huelva, Ribarroja y la Plana del Vent.
Sabemos que los impactos
de esas centrales sobre los indicadores que acabamos de comentar son evidentes. En el agua llevamos un importante retraso a pesar de los avances de los últimos años. España va a recibir sanciones de la Unión Europea en aguas continentales.
Respecto a contaminación por electromagnetismo y telefonía móvil hay mucho por hacer.
Señorías, leyendo la proposición no de ley del Grupo Socialista hemos visto que una vez más el grupo olvida que estamos en un Estado con competencias transferidas a las autonomías en sanidad y en medio ambiente, y una vez más vuelven a
considerar que es el Estado central el responsable de establecer un plan. En nuestra enmienda proponemos que a partir de las comunidades autónomas el Estado coordine los distintos planes entre las mismas, que son ellas las que los deben establecer.
Para eso son necesarios recursos. En la enmienda hemos propuesto que el Estado disponga de recursos que deben transmitirse a las comunidades autónomas.
No se ha aceptado esta parte de la enmienda porque se ha considerado que cuando se debatan los
Presupuestos Generales del Estado será el momento de introducir enmiendas al respecto. Por otra parte, habiendo aceptado la propuesta de cambiar la filosofía de que los planes deberán salir de las comunidades autónomas, vamos a votar a favor de la
transaccional, si la acepta el Grupo Socialista. Vemos que también se han introducido los dos aspectos que creemos que son esenciales para la salud de los ciudadanos del Estado español, incidir en las políticas de transportes y de producción
energética, que en estos momentos son las principales causas de contaminación atmosférica y, por tanto, de perjudicar la salud de los españoles y las españolas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Bonás.
Pasamos ahora, señorías, al turno de fijación de posiciones. El señor Mardones, que como siempre está muy ocupado en el Pleno esta tarde, tiene de nuevo la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: No le cuento nada, señora vicepresidenta, porque para eso está el 'Diario de Sesiones'. Muchas gracias por su cordialidad; es usted muy amable.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Socialista y que su diputada y mi paisana doña Mercedes Coello ha presentado. He escuchado todas las intervenciones de los grupos enmendantes y
en el fondo hay acuerdo. Hay discrepancias puramente formales sobre la entrada en vigor, si es a final de año, en seis meses o en el tiempo más breve posible. Estas son cuestiones puramente circunstanciales. Lo importante para mi grupo y para
este diputado es la cuestión de fondo, en la que estamos identificados, porque mantener hoy una sensibilidad no solo personal sino colegiada y colectiva y que se refleje en disposiciones normativas para la relación entre salud y medio ambiente es
fundamental. No estamos hablando solo de un proceso puramente médico y que tradicionalmente ha tenido lugar, como por ejemplo las enfermedades estacionales relacionadas con las alergias al polen que llegan en primavera y que, por tanto, estamos en
una fecha en que los institutos médicos se están pronunciando a este respecto. No se trata de eso sino de todo lo que se ha anunciado por la señora Coello y está en las directivas europeas, que es la contaminación innatural
forzada por actividades industriales o agrarias, debido a que los plaguicidas que se emplean en la agricultura terminan en las aguas de abastecimiento público. También se da lugar a la contaminación del medio hídrico en las costas,
situación muy sensible para comunidades autónomas como Canarias o Baleares, que al tener en el turismo de sol y playa uno de los mayores elementos generadores de su producto interior bruto tienen que tener un cuidado específico para mantener una
determinada calidad. En este sentido tenemos reflejadas las normas de la Unión Europea en las banderas azules de las playas, que no se tienen solo por una cuestión de peligrosidad ambiental pura sino por la contaminación de las aguas de baño,
respecto a las que hay que tener una sensibilidad.
El problema no es fácil de resolver si se intentan combinar todos los requisitos. Esto ocurre en España pero también en Europa, porque así sucede en cualquier país que aborda los planteamientos de una relación entre salud y medio ambiente.
La Administración correspondiente de medio ambiente, en este caso el ministerio español respectivo, tiene sus criterios de programas y el Ministerio de Sanidad tiene los suyos.
Conseguir ensamblar esto a nivel del Estado requiere un esfuerzo que no
tiene comparación si hay que armonizar a quince comunidades autónomas y a dos ciudades autónomas, donde el problema ya es de mucha mayor complejidad. Por tanto, que las comunidades autónomas tengan que estar en estas mesas de concertación es
obligatorio. Este es un tema que no se ha planteado a nivel europeo, solo en los Estados federales de Alemania, pero sí se les ha planteado y también se nos planteará en España la correspondiente responsabilidad que tiene la Administración local,
porque para la apertura de una serie de actividades empresariales, económicas o industriales la licencia municipal es fundamental y preceptiva.
Recordemos que tienen tradición en España los reglamentos municipales reguladores de las actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, por las que una industria, desde una simple freiduría de un bar a otra actividad puramente industrial o empresarial, requiere que se tengan las licencias municipales de apertura al amparo de las normas de
policía municipal y buen gobierno que se reflejan en las normas de actividades molestas, nocivas y peligrosas. Además, tenemos que responder de manera positiva desde España a esa especie de acusación estadística que nos están haciendo sobre el
incumplimiento de los acuerdos de Kioto, sobre todo respecto a la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente. Me consta la predisposición para realizar el esfuerzo que hay que hacer, ya que este diputado ha defendido los
planteamientos que trajo aquí la señora Narbona, ministra de Medio Ambiente, que hacía la advertencia al señor Montilla, ministro de Industria, Turismo y Comercio, de que su ministerio es el que fundamentalmente tenía que velar por todo esto porque
es el que tiene en sus manos los condicionamientos técnicos para evitar las contaminaciones medioambientales debidas al efecto invernadero, señaladas en el Protocolo de Kioto, y que tenía que colaborar estrechamente con el Ministerio de Medio
Ambiente para que todo eso pueda llevarse a efecto.
Por tanto, sumamos nuestro voto de apoyo en la forma que se determine en la enmienda transaccional que se nos ha hecho llegar por los servicios de la Cámara. Estamos de acuerdo con ese fondo y esperamos que se pueda disponer de un sistema
de trabajo que evite al menos que una serie de enfermedades proliferen y prosperen, porque están soportadas por un medio ambiente agresivo y nocivo contra la salud. Esperamos conseguir esta mejora del medio ambiente, un aire más respirable, un agua
potable más bebible y una serie de alimentos y de factores concomitantes. El primer valor a defender es la salud humana y ello requiere tener un medio ambiental perfectamente sano. Termino, señora vicepresidenta, señalando una vez más nuestro voto
positivo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias de nuevo, señor Mardones.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y será el señor Herrera quien tome la palabra en su nombre.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley y también la enmienda o la transacción planteada, entre otras cosas, porque si algo le falta precisamente a esta proposición no de ley es el respeto a las competencias. En
primer lugar diré que sí, que llegamos tarde a la Conferencia de Budapest de junio de 2004, pero llegamos tarde también, como decía la señora Bonás, respecto a la Carta Europea de Medio Ambiente y Salud del año 1989. ¿Y por qué llegamos tan tarde?
Por una sencilla razón, porque en materia medioambiental el Estado español acepta a regañadientes, como norma general, lo que le viene de la Unión Europea.
Lo cierto es que unos gobiernos y otros lo que hacen es trasponer directivas de la Unión
Europea -y en este caso decisiones de la Conferencia de Budapest- a posteriori, nunca yendo por delante y nunca liderando. Por tanto, pese a que el Gobierno llega tarde, pese a que el Gobierno del Partido Popular también estuvo mucho tiempo sin
hacer nada, creo que es positivo en este caso que la diputada Coello nos traiga esta proposición no de ley porque, como mínimo, ponemos de manifiesto que se llega tarde y, como mínimo también, lo que hacemos es visualizar que en este caso el Estado
español no cumple con algo muy básico. Pero a este elemento de agradecimiento por la proposición no de ley nosotros queremos sumarle otro elemento, el de las políticas coherentes en multitud de materias.
Hoy tenemos datos -no estadísticos, señor Mardones, datos reales- de que España es el país de la Unión Europea que incumple más con el Protocolo de Kioto, el país cuya intensidad energética es peor, aunque este año ha mejorado algo. Tenemos
datos de la semana
pasada de Comisiones Obreras y de World Watch que dicen que estamos en el 52 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero. No hay parangón alguno, no hay parangón, y tiene repercusión sobre la salud porque la calidad del aire en
las ciudades, y no solo en las ciudades sino en muchas áreas del Estado español, es pésima. ¿Cuál es el problema? Que no hemos asociado costes ambientales a la salud. Les pongo un ejemplo, el PEIT. El Plan estatal de infraestructuras y
transporte no camina en la buena dirección, sino en la mala dirección: 6.000 nuevos kilómetros de autovías; gestión de movilidad, poquísima. ¿Qué suponen 6.000 kilómetros nuevos de autovías? Cultura del cemento y cultura desarrollista, ser los
líderes mundiales en kilómetros de autovías por habitante -ni europeos ni de la región, sino a nivel mundial, se dice pronto- y significa una repercusión sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas porque tiene consecuencias sobre los
mismos. Les pongo otro ejemplo. Coherencia significa una actitud más exigente, por ejemplo, en torno a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo en lo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
preparados químicos, lo que se entiende por Reach. La señora Coello sabe que La Palma es una de las zonas -ella lo reitera- donde hay más afectación de la salud por los componentes químicos que se utilizan; en Cataluña una de las comarcas más
afectadas es el Penedés, con un elevado índice de cáncer, porque la agricultura española es la que utiliza más sustancias químicas. ¿Qué significa para nosotros esta proposición no de ley? Coherencia en Reach y coherencia también del Grupo
Socialista y de los diputados socialistas, del señor Montilla y de los representantes del ministerio o de los diferentes ministerios cuando tenían que pedir un Reach exigente y cuando mayoritariamente se avaló un Reach complaciente con la industria,
creo yo. Y no lo decimos nosotros, lo han denunciado todas y cada una de las organizaciones ecologistas y muchas agrupaciones agrarias. Este es un ejemplo. Se hablaba de que el Reach costaría de 2.000 a 5.000 millones de euros en el plazo de 11 a
15 años y los beneficios serían de 50.000 millones, porque nos gastamos 54.000 millones en España en este periodo en las alergias, muchas de ellas derivadas de ser el Estado de la Unión Europea que más componentes químicos utiliza en su agricultura.
Ya acabando, señora presidenta, quiero aprovechar la oportunidad para, como decía al principio, felicitar a la señora Coello porque pone de manifiesto que ni éste ni anteriores gobiernos, por supuesto que no, cumplieron a la hora de asociar
medio ambiente y salud y para decir que tenemos el reto del desarrollo de la proposición no de ley pero también muchos otros. Nuestro grupo parlamentario planteó, y finalmente se aprobó, una enmienda para que se constituyese la agencia española de
sustancias químicas. Ahora hemos presentado una enmienda a la Ley de Agencias en este sentido. Para nosotros esto significa coherencia en todo. Lo hicimos con una proposición no de ley -ustedes se acordarán- sobre los estudios epidemiológicos en
torno a la influencia de las centrales nucleares, estudios que no se han hecho hasta el momento y que tienen que suponer un avance. Pero para nosotros esta proposición no de ley lo que tiene que significar es un cambio de cultura y de filosofía que
lo que supone, en definitiva, es una reorientación de muchas políticas para que consigamos de una vez por todas que España en materia medioambiental no esté siempre a la cola de lo que dice, aconseja y marca Europa.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Continuamos con el turno de la señora Uría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, adelanto ya que nuestro grupo va a votar a favor de la proposición no de ley que corresponde al ámbito de aquellas que parece que tienen como contenido que hay que hacer el bien y evitar el mal, puesto que una espera que quien está
en el Gobierno va a cumplir las obligaciones que le incumben tanto en el ámbito del Estado como en las internacionales y en las contenidas en el ámbito de la Unión Europea. Por ello debo felicitar a la diputada señora Coello, puesto que es su
inquietud la que ha hecho traer hoy al Grupo Socialista esta iniciativa.
Cierto es que estamos hablando del Plan de acción 2004-2010, que constituye la principal contribución de la Comisión a la IV Conferencia ministerial sobre el medio ambiente y
la salud organizada por la Organización Mundial de la Salud que se celebró en Budapest los días 22 y 25 de junio. He señalado las fechas porque son cabales en este tiempo para indicar la preocupación del ministerio en la materia. La primera
comparecencia de la señora ministra en esta Cámara se produce el 31 de mayo, cuando ya ha pasado la presentación del Plan de acción por la Comisión Europea. Cierto que es antes de la Conferencia de Budapest, los días 22 y 25, pero en su primera
comparecencia no hay ninguna referencia a que hubiese una preocupación especial sobre la incidencia que para los problemas referidos a la salud tenían la degradación medioambiental.
Tampoco en ninguna de sus otras comparecencias hemos visto
referencia alguna a esta cuestión y por eso indico la preocupación de la señora diputada, que nos parece importante puesto que es un problema vital, porque es una realidad constatada la necesidad de un conocimiento más profundo sobre la conexión que
existe entre la salud y las emisiones medioambientales, sobre todo las fuentes de contaminación. Los resultados de la acción aportarán un esquema más detallado sobre los riesgos que conlleva el medio ambiente para la salud y sobre todo sobre el
progreso realizado a la hora de tratarlos.
Señorías, mi crítica va para todos, puesto que el Plan de acción al que me estoy refiriendo trae causa de la
estrategia del año 2003 y tampoco recuerdo que la ministra que precedía en el cargo a la anterior, apoyada por una mayoría absoluta del Grupo Popular, trajese nunca esta inquietud referida a salud y medio ambiente a esta Cámara. La
estrategia fue bien acogida por el Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo y contiene una serie de acciones previstas con tres grandes objetivos: mejorar la cadena de información, completar la falta de conocimiento
reforzando la investigación sobre los problemas emergentes en el medio ambiente y la salud, y reforzar la capacidad de la Unión Europea en la creación de nuevas políticas en este ámbito, pero incluye también obligaciones respecto de los Estados.
Son los Estados miembros los que han de encargarse de la puesta en marcha del control y de la medida de gestión de riesgo. Además, deben incidir en las partes interesadas como la industria y la sociedad civil, que juegan un importante papel a la
hora de la transformación de la información recogida sobre ciertos peligros en acciones preventivas y en medidas innovadoras. Además, la Comisión habla también de activar el diálogo con los principales actores para que junto con los comités
científicos y los grupos de trabajo competentes pueda avanzarse en esta materia.
Dos han sido los aspectos que han preocupado a los grupos enmendantes. La primera, la participación de las comunidades autónomas en la materia, que por supuesto nos parece interesante puesto que estamos hablando de dos materias, medio
ambiente y sanidad o salud, que están ya repartidas y que tienen los correspondientes títulos competenciales tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía como competencias asumidas. Y la segunda, la referida a los plazos, nos parece
bien tal y como parece que ha sido acordada con alguna de las formaciones proponentes de enmiendas, puesto que la Comisión habla de que los resultados provenientes de las evaluaciones anteriores deberán ser revisados a la luz de su eficacia y a la
actualización de las políticas, y se habla de un informe intermedio para el año 2007 y otro para el 2010 que informarán de cuál es el grado de progreso en el ámbito europeo. Nos parece que es justo exigir en este momento a España, al Gobierno, que
acompase sus ritmos a los que deben ser adecuados al cumplimiento de las iniciativas europeas en esta materia.
Concluimos manifestando que nuestro grupo va a votar a favor de la iniciativa, pero sobre todo se felicita de que esta sea la primera vez que por lo menos en el ámbito referido a la sanidad se haya traído el Plan de acción 2004-2010 referido
a medio ambiente y salud.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Uría.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición respecto a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Anuncio ya de entrada nuestro voto favorable, que lo es
aún más después de las enmiendas transaccionales que creo que han sido aceptadas por el grupo de la mayoría. No son enmiendas secundarias, sino que son importantes en tanto en cuanto todas las comunidades autónomas tienen competencias en materia de
sanidad, en materia de salud y también en materia de medio ambiente.
En este sentido he de señalar que la redacción -y no voy a hacer ninguna propuesta de enmienda in voce- que hace referencia a las comunidades autónomas con competencias en la
materia en puridad se refiere a todas las comunidades autónomas porque todas tienen competencias compartidas en las materias y, por tanto, este plan se debe elaborar de forma coordinada entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas.
Dicho esto, me referiré a algunas consideraciones para avalar el voto favorable de este grupo parlamentario. Celebramos que el Gobierno quiera impulsar esta política integral, esta política coordinada desde la perspectiva de la salud, desde
las competencias del Ministerio de Sanidad y también desde las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, y desde la visión real integral y la interconexión que muchas veces existe entre la problemática sanitaria y la medioambiental. Nos
permitimos recomendar al Gobierno que en la redacción de su plan no se quede solamente con la estrategia europea, que tenga un poquito más de ambición y que vaya un poquito más lejos, porque hoy por hoy, señorías, como muy bien saben, las
estrategias europeas en esta materia y en tantas otras están un poquito en stand by, están un poquito paradas y en una fase más de inercia que de gran impulso. Les podría poner muchos ejemplos. Podría recurrir a la casuística de crisis de salud
alimentaria y les podría poner el ejemplo de la coordinación suficiente o insuficiente -seguramente insuficiente- en relación con la posible y eventual pandemia de la gripe aviar. En todo caso, nos permitimos recomendar al grupo de la mayoría y al
Gobierno unas políticas más ambiciosas y un cumplimiento estricto -el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds ha hecho referencia a él- como mínimo de los compromisos de la Unión Europea. Este parlamentario que les habla
formulaba una pregunta escrita al Gobierno a finales del año pasado sobre el número de directivas comunitarias en las cuales el Gobierno de España estaba fuera de plazo en cuanto a su incorporación a la legislación española. Según respuesta del
Gobierno, a finales del año pasado había más de 40 directivas comunitarias que no estaban incorporadas en plazo a la legislación española, con lo cual respecto a este plan integral, a esta estrategia europea, lo primero que debe hacer el Gobierno es
el cumplimiento estricto de los mandatos europeos. A partir
de aquí vemos con simpatía pero también con una cierta preocupación que una estrategia que engloba el periodo 2004-2010 sea traída a debate en el Parlamento al final del primer cuatrimestre del año 2006 y en el mejor de los casos este plan
sea elaborado durante el año 2006. Esto quiere decir que seguramente vamos un poquito mal de tiempo. Finalmente, es muy importante que incorporemos muchos puntos de vista y muchos aspectos. En el redactado final hay una referencia expresa a la
política de transportes y a la producción energética. Por cierto, tampoco en esta materia hay una posición común de la Unión Europea sobre política energética, porque no es lo mismo lo que dicen algunos países miembros que lo que dicen algunos
comisarios; no es lo mismo lo que dicen algunos grupos parlamentarios de esta Cámara que lo que dice, por ejemplo, el comisario europeo Joaquín Almunia. En definitiva, hay que estar en línea con la estrategia, pero más allá de ella y con una
amplia ambición de integración de las políticas sanitarias y de las políticas medioambientales. Es en este sentido en el que este grupo parlamentario votará favorablemente esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà.
Señora Coello, deduzco por el debate que será la enmienda transaccional que ha hecho llegar a los servicios de la Cámara la que se someterá a votación.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Si se va a someter a debate la enmienda que hemos transaccionado, quiero decir que me hubiera gustado poder aceptar la propuesta del Grupo Popular para que fuera una idea conjunta y unánime. A pesar de
que existe el compromiso del Ministerio de Sanidad de que a finales de año este plan pueda estar funcionando, tampoco se le puede pedir cumplimientos estrictos de planes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, queda claro para la Cámara que a no ser que alguien se opusiera a la tramitación y aceptación de la enmienda transaccional, sería esta la que se sometería a votación.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA CONCESIÓN DE LA CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO ROJO A LOS MILITARES FALLECIDOS EN AFGANISTÁN EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2005 A BORDO DEL HELICÓPTERO DEL EJÉRCITO DE TIERRA ET-657.
(Número de expediente 162/000459.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la siguiente y última proposición no de ley del día de hoy, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, referida a la concesión de la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo a los militares fallecidos en Afganistán el día 16 de agosto de 2005 a bordo del helicóptero del Ejército de Tierra ET-657. Será el señor Esteve quien, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, defienda esta proposición no de ley.
El señor ESTEVE FERRER: Señora presidenta, señorías, el día 16 de agosto del año pasado diecisiete militares del Ejército de Tierra que con valor estaban realizando acciones en el transcurso de unas operaciones militares que implicaban o
podían implicar el uso de fuerza armada perdieron la vida, por lo que a tenor del artículo 36 del Real Decreto 1040/2003, por el que se aprobó el Reglamento General de Recompensas Militares, creemos que son acreedores de la Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone que el Congreso de los Diputados inste el Gobierno a conceder esta recompensa militar a título póstumo a cada uno de los diecisiete militares fallecidos en Afganistán. Además
este grupo parlamentario ha propuesto una enmienda de adición para instar al Gobierno a que solicite a esta Cámara de forma urgente la autorización para incrementar el número de militares españoles desplegados en Afganistán para hacer frente al
recrudecimiento de violencia que se está produciendo en la zona de despliegue español.
Empezando por esto último, no ha sido clara la posición del Gobierno en esta materia en los dos últimos meses. A principios de marzo desde el Ministerio de Defensa se filtró a la prensa la necesidad de aumentar al número de efectivos en
Afganistán ante el deterioro de la seguridad; sin embargo, como tal filtración no encontró una favorable acogida en la Presidencia del Gobierno, el ministro Bono se vio obligado a matizar ese titular informativo afirmando que el jefe del Estado
Mayor no le había realizado propuesta alguna. El propio ministro primero y el Jemad después tuvieron que decir que el nivel de seguridad era alto y que solo se producían determinados incidentes -curiosa forma de definir, por ejemplo, el hecho de
que el 20 de febrero un cohete cayera a cincuenta metros de la tienda donde estaban veinticinco legionarios-, y que en Qala-i-Naw existía la posibilidad, que no la probabilidad, de la necesidad de un mayor número de soldados, juego de palabras que
no entendemos. Sin embargo, teníamos la promesa del ministro Bono de que si se incrementaba el riesgo el Gobierno incrementaría los miembros para hacer frente a ese riesgo, siempre que así lo entendiera el jefe del Estado Mayor. Pues bien, el
riesgo se ha incrementado.
Según una nota de prensa del 28 de marzo el Ministerio de Defensa, un equipo español de desactivación de explosivos desactiva un depósito de armas encontrado al norte de Herat. Nota de prensa del 30 de marzo: Al menos 44 muertos en choques
armados al sur de Afganistán. Nota del 9 de abril: Los soldados españoles salen ilesos de un atentado mortal contra un cuartel de Herat. Nota del 18 de abril: La Legión repele a tiros el primer ataque contra tropas españolas en Afganistán. Nota
del
sábado pasado: Los talibanes afganos matan a cuatro soldados canadienses.
Estos son los hechos, entre otros, contra los que no valen razones, como le gustaba decir al señor Bono, como también lo son las amenazas de los talibanes. A
mediados de marzo fue el mulá Omar; el domingo pasado con tono desafiante un comandante talibán amenazaba a los militares españoles. Por eso la OTAN acordó a finales de marzo ampliar en 6.000 hombres el número de efectivos en Afganistán y la ISAF
quiere pasar de 9.000 a 29.000 efectivos antes de final de año. ¿Es claro o no, por tanto, el aumento de riesgo? ¿Por qué iba a multiplicar por tres la ISAF el aumento de efectivos si no hay problemas de seguridad? Así lo debió entender el jefe
del Estado Mayor cuando el 9 de abril propuso un incremento en el número de efectivos, en 140 ó 250 miembros más. Sin embargo, a pesar de la posición tanto de la cúpula militar como del ministro Bono, el pasado día 18 el presidente del Gobierno, en
una emisora de radio, aunque reconoció una elevación en el riesgo, se resistía a aumentar el número de efectivos, obviando la solicitud del Jemad. Ese mismo día 18 se hizo pública una encuesta que concluía que Afganistán era la misión exterior
menos valorada por los españoles. Por ello, ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno estuviera mediatizado por las encuestas nuevamente y ante la gravedad del problema de inseguridad existente en la zona, este grupo parlamentario el
mismo día 18 solicitó la comparecencia urgente del ministro ante la Comisión de Defensa, quien dos días después -según hemos sabido hoy- solicitó comparecer a petición propia. Hace escasas horas, el ministro Alonso ha dicho desde Afganistán que, de
acuerdo con lo que proponemos en nuestra enmienda de adición, solicitará al Parlamento autorización para incrementar el número de militares desplegados. Es obvia, pues, la relación causa-efecto entre las iniciativas de este grupo parlamentario y la
decisión adoptada por el Gobierno finalmente, de la que nos congratulamos.
Dicho lo anterior y evidenciada cuál es la situación de nuestras tropas en Afganistán, podemos definir la misión que están desarrollando nuestros militares como una operación militar que implica o puede implicar el uso de la fuerza armada.
Definición esta que, recogida en el artículo 36 del Reglamento General de Recompensa de Militares, fundamenta nuestra solicitud de concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo a los militares fallecidos en Afganistán. Tal vez hoy
algún grupo parlamentario critique una falta de conexión entre el texto original de la proposición no de ley y la enmienda de adición que acabo de defender; sin embargo, el ministro de Defensa, junto con nosotros, cree que era una propuesta urgente
y además creemos que era el mejor preámbulo, la mejor exposición de motivos para hacer ver y entender cuáles son los riesgos que nuestros militares asumen en Afganistán.
¿Qué ocurre y qué ocurría allí? Porque el debate jurídico sobre si corresponde un distintivo u otro en la recompensa militar que proponemos se centra exactamente ahí. Hoy está ya superada la clasificación de recompensas militares de guerra
y de paz. Ya no hay declaraciones de guerra con carácter general; sin embargo, sigue habiendo la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas se vean implicadas en determinadas operaciones que supongan el uso de las armas sin que exista esa
declaración de guerra. Las recompensas clasificadas como de guerra se definen hoy como aquellas que se concedan por hechos y circunstancias que impliquen o puedan implicar el uso de fuerza armada o que se desarrollen durante conflictos armados. La
relación de incidentes a los que he hecho mención anteriormente leyendo determinados recortes de prensa evidencian que la situación en la zona implica o puede implicar el uso de fuerza armada; en uno de ellos incluso se hace mención a un parte de
guerra, pero no es mi intención entrar en un debate sobre si en Afganistán hay o no un conflicto armado. Nos basta para defender nuestra proposición el hecho de que murieron en circunstancias que podían implicar el uso de la fuerza armada, y eso
según el Reglamento General de Recompensas Militares es suficiente para que SS.SS. aprueben nuestra proposición no de ley.
Solo por esa razón se puede explicar que el helicóptero en el que viajaban los fallecidos estuviera ejecutando un vuelo
táctico, como el ministro Bono explicó en la Comisión de Defensa el día 24 de agosto de 2005 diciendo que volaban tan bajo por la posibilidad de ser atacados por misiles portátiles guiados por infrarrojos y lanzagranadas. Desconocemos a día de hoy
todavía cuáles fueron las causas del accidente, descartadas algunas posibilidades, pero conocemos cuál es la causa mediata, y esta era el vuelo táctico motivado por el riesgo a ser atacado. El propio ministro al hablar de hipótesis del accidente
como causa de que se estrellara el helicóptero dijo que, según los expertos, el tipo de vuelo era de un riesgo elevado, y, aunque las unidades aéreas operativas reciben entrenamiento, la posibilidad real de un ataque hace que las reacciones humanas
no sean las mismas que en una situación simulada.
Nuestro grupo, por tanto, no se conforma con que se conceda, como se ha hecho, la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo por haber fallecido en acto de servicio o con ocasión de este, como
si hubiera fallecido en un accidente de tráfico in itínere yendo al trabajo. Tampoco nos vale que nos digan que ya en su día se adoptó este acuerdo y por qué reabrir el debate. Se han dado otros casos en los que, aunque inicialmente se les
concedió otra recompensa militar, después se cambió por entender más justa la que finalmente recibieron, como entendería nuestro grupo parlamentario más justo que recibieran no la del distintivo amarillo sino la del distintivo rojo que proponemos.
Quienes se opongan a esta proposición no de ley basándose en interpretaciones jurídicas podrán argumentar que no fue en el marco de un conflicto armado ni en un atentado ni en una acción hostil, que no implicó el uso de fuerza armada, pero
no podrán negar nunca que el vuelo táctico se ejecutó ante la posibilidad de que la operación militar podía implicar el uso de esa fuerza. En
cualquier caso, quien alegue que no se dan los requisitos para la concesión no podrá negar la posibilidad de que se remuevan los obstáculos que a su entender existan a través de la habilitación que el Real Decreto 1040/2003 recoge en la
disposición final primera, al facultar al ministro de Defensa para adoptar cuantas disposiciones y medidas sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en tal real decreto. Otras veces se ha hecho, y aunque creíamos que no se reunían
los requisitos se han modificado las leyes o se han dictado disposiciones para permitir lo que inicialmente podía dar la sensación de que no estaba reglamentado o legalmente permitido. Tampoco nos valen argumentos o excusas de rechazo basadas en
cuestiones de procedimiento, como ya hizo el ministro Bono hasta en dos comisiones distintas. No vale que se escude en quién tiene que iniciar el procedimiento o quién lo debe concluir. Nosotros creemos que falta voluntad política. El ministro de
Defensa es al que le corresponde ordenar la incoación del procedimiento y conceder las cruces del mérito militar. Los militares fallecidos se merecen, aunque sea a título póstumo, tener la calificación de valor reconocido en su hoja de servicio.
El día 24 de agosto -y termino- el ministro Bono dijo: Diecisiete militares han entregado sus vidas cumpliendo una misión. El dolor que se acumula por su pérdida no tiene medida, tampoco el orgullo que sentimos por ellos. Descansen en paz, pero
no en el olvido.
Demuestren SS.SS. que no los olvidamos y demostremos el orgullo que sentimos por ellos solicitando que se les conceda a cada uno de ellos la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posición. Comenzaremos con el Grupo Mixto, y tendrá, en primer lugar, la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego respeta la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y comprende también las razones seguramente ideológicas, de táctica política o incluso de consideración social que le llevan a plantear esta alternativa, la
misma comprensión que tenemos con nuestra posición. En lo que afecta a los militares fallecidos este es un debate que, una vez que se ha sustanciado con la fórmula de las condecoraciones que el Gobierno ha considerado oportunas a través del
Ministerio de Defensa, para nosotros está cerrado. En todo caso, siempre nuestra preocupación en estos accidentes o en estas muertes o fallecimientos en lugares distantes de nuestra geografía, sin duda lugares muy peligrosos, es optar por que las
familias de los fallecidos queden en las condiciones económicas más ventajosas. Las condecoraciones, siendo importantes desde el punto de vista del espíritu militar, no creo que vayan a satisfacer a las familias por la ausencia de los hoy
fallecidos ni que vayan a mejorar su sustrato económico o social. La vida humana en este aspecto no tiene compensación posible.
Hay una parte de la proposición no de ley que nos preocupa, y es el intento de acompañarla del planteamiento de que debemos enviar más soldados a Afganistán, objetivo que el Bloque Nacionalista Galego no comparte. Por tanto, nuestro voto va
a ser negativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
Continuamos con el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo se va a pronunciar aquí sobre lo que entendía que era la iniciativa de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, referida a la concesión de la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo a los diecisiete militares
españoles que lamentablemente fallecieron el año pasado en el denominado accidente del helicóptero. Soy de los escépticos, dado que hasta ahora no se ha dado ninguna explicación concreta al respecto, y me inclino más, en la duda, estando a favor
del merecimiento de esta condecoración con el distintivo rojo -es una acción normal en todo proceso bélico, donde hay unos contrincantes que disparan-, a entender que el helicóptero fue derribado. Derribado o caído por las circunstancias que
fueran, lo cierto es que diecisiete militares españoles con uniforme de campaña, con los distintivos de milicia armada, de ejército regular, para el cumplimiento de unas órdenes, perecen en ese siniestro; y vamos a definirlo como siniestro con
todas sus connotaciones negativas, pero también de satisfacción y orgullo para las Fuerzas Armadas, que pagan un tributo en el cumplimiento de órdenes porque estaban en acto de servicio. Hubo iniciativas en las comparecencias del anterior ministro
de Defensa, señor Bono, para solicitar esta distinción, sin que ello fuera a prejuzgar ni a presumir que se les daba porque habían sido derribados en una agresión de talibanes o de elementos armados u hostiles en Afganistán y habían muerto. No, no;
era como reconocimiento a una actividad militar nueva y en un acto de servicio.
He estado leyendo desde el día de ayer el preámbulo del real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 7, que se firmó por Su Majestad el Rey el día 11 y que se acaba de publicar el pasado sábado día 22 de abril. Pues bien,
el preámbulo viene a decir que las Fuerzas Armadas no están ya en unas actuaciones puramente de guerra clásica, con frentes abiertos, con ejércitos regulares, contrincantes o enemigos, sino que son otras circunstancias distintas. Por tanto, habría
que acoplar también los reglamentos de concesión de condecoraciones y distinciones, y todas estas al mérito militar con los cuatro colores clásicos -rojo, azul, amarillo y blanco- vienen reconociendo, como la medalla militar individual o la Cruz
Laureada de San Fernando, actuaciones en un escenario clásico de confrontación bélica
que ya ha sido superado. Nuestras Fuerzas Armadas, así como las de ningún país de la OTAN, no actúan ya como ejércitos regulares enfrentados a otros ejércitos regulares contrincantes o enemigos. Por tanto, había que adecuarlo. Yo creo
que, si hicimos un esfuerzo de reconocimiento económico aprobando la Ley de Tropa y Marinería, dentro del esquema que traía la Ley de la Defensa Nacional, también aprobada en esta legislatura, era lógico que, si se quiere ser generoso aprobando como
incentivo para la profesionalización de las Fuerzas Armadas una remuneración económica justa, digna y adecuada, también en los méritos militares, que ellos tienen muy representados en las medallas -cosa que no ocurre tanto en los cuerpos civiles de
la Administración del Estado-, se les diera este reconocimiento con generosidad y nunca con cicatería.
Me quiero limitar a esto, porque he visto que la enmienda que ha presentado el propio Grupo Popular añade una disposición segunda que yo no estoy de acuerdo en que se trate conjuntamente. Entiendo que no tiene que ser en este momento una
iniciativa de un grupo la que suplante un derecho del Gobierno. Será el señor ministro de Defensa el que, visto lo que le hayan informado sus mandos militares en Afganistán, entienda que tiene que venir a pedir un aumento del contingente español y
nos diga en qué medida, porque no se trata de aprobar el contingente por el contingente. El señor ministro vendrá con razones objetivas que le inclinen a informar a la Cámara y después a solicitar su autorización para aumentar el contingente. No
es lo mismo aumentarlo en 25, en 50, en 100, en 200 o en 300 efectivos humanos y hacerlo en condiciones de objetividad y diciendo por qué, para qué, dónde, cuándo y en qué momento.
Esta es una iniciativa que debemos respetar al Gobierno. Para
pronunciarme sobre eso necesito saber estas condiciones técnicas. Los mandos militares dirán cuánto va a ser el contingente español, si va a ser de 100 ó 200 efectivos humanos, por cuánto tiempo van a estar, si van a estar destinados a funciones de
protección de los PTR o no o van a actuar en otras cuestiones.
Por tanto, si el Grupo Popular mantiene esta segunda parte de la enmienda, mi grupo se va a abstener, señora presidenta, en esta votación. Nos reafirmamos en los principios de congruencia de la condecoración, pero sin mezclarlo con ninguna
otra cuestión. Si estamos discutiendo un reconocimiento por la vida que han perdido diecisiete militares, circunscríbanse a eso, en vez de hablar de otras cuestiones que el señor ministro de Defensa nos planteará en la Cámara.
Muchas gracias señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y será el señor Gaspar Llamazares el que tome en su nombre la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario no va a respaldar esta iniciativa. Hemos sido el único grupo de esta Cámara que ha estado en desacuerdo, junto con miembros del Grupo Mixto, el BNG, con el envío de tropas a Afganistán.
Hoy no estamos de
acuerdo con los términos de una iniciativa que pretende sustituir el procedimiento previsto en la Ley de Defensa Nacional, que es un procedimiento pautado, de información a la Cámara y de votación de la misma según esa información, para incrementar
las tropas en Afganistán.
Al mismo tiempo el Grupo Parlamentario Popular nos propone un debate que sinceramente creo que nunca debería haber llegado a esta Cámara. No es el problema del reconocimiento a los militares fallecidos, que lo hacen sin
lugar a dudas todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que reconocen su esfuerzo y su sacrificio; ni siquiera es el problema de la recompensa o del reconocimiento también a sus familias. Este tema se introduce en el debate parlamentario
para, de alguna forma retrospectivamente, legitimar la intervención de nuestras tropas en Irak.
Señorías, nosotros no vamos a hacer eso ni con relación a los militares que hoy están en Afganistán ni mucho menos con relación a los militares
fallecidos en Afganistán. Existe un procedimiento aprobado -creo que es la Orden 3594/2003, firmada por el señor Trillo-Figueroa- que dice cómo y por qué procedimiento se realizan las condecoraciones a los militares en nuestro país. Claramente es
establecen una serie de diferencias en función del acto militar en que se produce ese fallecimiento. El Grupo Popular no puede pretender aquí que las condecoraciones digan lo contrario de lo que han dicho los investigadores en torno al accidente,
porque hoy por hoy pensemos lo que pensemos, elucubremos lo que elucubremos cada uno de nosotros, que es legítimo, lo que han dicho las pruebas y la investigación es que se trata de una accidente. Si se trata de un accidente, según la orden que se
aprobó en la época del Partido Popular, hay determinada condecoración y procedimiento que viene desde los propios militares; ellos lo proponen al Gobierno y el Gobierno y el ministro lo aprueban. Ese es el procedimiento que existe en estos
momentos.
¿Qué ocurriría en el caso de que nosotros tomásemos otra decisión aquí distinta de la que han propuesto sus mandos militares y de la que ha ejecutado el ministro de Defensa? Se podría deducir que hoy en esta Cámara, a través de la
condecoración con el distintivo rojo, se concluye que no hubo accidente sino ataque en el caso de la muerte de los diecisiete militares españoles en Afganistán, y sería un mal procedimiento. Si el Grupo Popular u otro grupo parlamentario tienen
dudas de la investigación realizada, que se plantee una nueva investigación, que esta se revise, y en función de la revisión
y de las conclusiones de esa investigación, si resulta que en vez de un accidente es un ataque, habrá que hacer otro procedimiento para las condecoraciones y reconocer la condecoración con el distintivo rojo. Mi grupo parlamentario piensa
que eso es así.
Yendo más allá incluso en la argumentación, a mi grupo parlamentario le da la impresión de que llevamos un tiempo debatiendo sobre Afganistán únicamente con la mirada puesta en Irak pero, a pesar de que nuestro grupo parlamentario sería el
primer interesado en hacer esa asimilación mecánica, eso no es así. En el caso de Irak no hay resolución de Naciones Unidas y no hay decisión parlamentaria que lo legitime; en el caso de Afganistán sí, aunque a nosotros no nos guste. No nos gusta
ni la resolución de Naciones Unidas ni el acto parlamentario que decidió enviar tropas a Afganistán e incluso modificar la presencia de tropas allí. Por eso queremos deslindar claramente esta iniciativa de lo que tiene que ver con el envío
adicional de tropas. Cuando eso lo plantee el Gobierno nosotros fijaremos posición. Se prevé, es de esperar, que la posición sea contraria; nosotros no estamos de acuerdo con desplegar tropas en Afganistán sino con replegar tropas de Afganistán y
que vuelvan los soldados a España, pero ese es otro debate. Con relación al debate que nos plantea el Grupo Popular y que ya hemos tenido en la Comisión de Defensa nos parece desgraciado que ese debate venga aquí y lo haga por estos procedimientos.
Hubiéramos deseado que si había dudas sobre la investigación se planteasen en la Comisión y como conclusión se propusiese otra condecoración distinta de la que tienen hoy los militares del Cougar, pero desgraciadamente no ha sido así.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Continuamos con la intervención del señor Txueka, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me voy a ceñir a la iniciativa, que es el punto del orden del día que estamos debatiendo. Comenzaré diciendo que una cuestión de méritos, y sobre todo de méritos en circunstancias como las actuales del tema que se debate, es un
tema delicado, por tanto se hace espinoso debatir sobre una propuesta como la del Grupo Parlamentario Popular en la que solicita la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo a los diecisiete militares fallecidos en Afganistán en un
accidente de helicóptero.
Había preparado una serie de reflexiones para exponer nuestra posición, pero entre tanto he tenido la oportunidad de leer una entrevista que se realiza al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, en un medio de comunicación.
Como en dicha entrevista cuando le preguntan sobre esta cuestión se expresa con una claridad total -además yo creo que con criterio y razón- me van a permitir que lo cite textualmente, porque es una reseña muy cortita. Ante la pregunta responde:
Si por mí fuera les daría la más alta condecoración que existe en España, civil o militar.
Fueron soldados que como héroes murieron y compañeros a los que queremos, y a quienes quieres intentas darles lo mejor. Pero también es mi obligación ver lo
registrado en materia de condecoraciones. Estas tienen que concederse en estricta justicia porque, de lo contrario, pueden restar valor a otras concedidas por motivos que la ley recoge estrictamente, como es una acción de combate. Las
condecoraciones las concede la ley y no el corazón. En mi grupo suscribimos estas palabras y, por tanto, no vamos a apoyar la propuesta que ha planteado el Grupo Popular.
Finalizo diciendo, tal como lo ha planteado también el portavoz del Grupo Mixto, del BNG: apóyese a los familiares afectados psicológica y materialmente y permítase a los muertos descansar en paz.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Txueka.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y tiene la palabra el señor Maldonado en su nombre.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, he de empezar diciendo que el Grupo Popular cada vez me limita más la capacidad de asombro; llega un momento en que no sé dónde encontraré más capacidad de sorpresa en iniciativas parlamentarias. Hoy nos encontramos con un
filibusterismo parlamentario en el que se habla de condecoraciones militares y acabamos pidiendo más tropas en Afganistán.
Se ha dicho por algún portavoz de otro grupo que esto no es serio, que es una falta de respeto parlamentario, pero nosotros
no entraremos en ese debate. Esto se hace basándose en una ley que hemos aprobado aquí y que dice que es el Gobierno el que dará explicaciones y se votará. Porque el ministro hoy haya dicho no sé qué en Afganistán no hay que autoenmendarse, hacer
una enmienda de adición y entrar en un debate para decir: el gol lo meto yo y lo de los méritos militares es una excusa.
Filibusterismo parlamentario y, por tanto, capacidad de asombro ilimitada en este grupo parlamentario. Avanzo diciendo que
nosotros nos abstendremos. También se ha dicho: hay una base humana, que es un reconocimiento a diecisiete personas, hombres y mujeres, que han muerto.
De salida, esto es lo que te preocupa poder votar que no. Como se decía antes, aquí la cabeza
y el corazón se contradicen. El corazón te dice abstención y la cabeza te diría vota no, porque vemos que es politizar el tema de unas personas que han muerto en acto de servicio. Las concesiones de las cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo y amarillo están reguladas desde hace años y son los mismos militares los que nos lo dicen. ¿Por qué introducimos este debate hoy aquí? ¿Por qué un acto de servicio lo queremos convertir en una misión de guerra?
¿Por qué queremos convertir a unos fallecidos en acto de servicio en héroes de una guerra? Lo ha dicho el señor Llamazares -por tanto no me voy a extender-, porque en este filibusterismo parlamentario se intentan aprovechar unas
condecoraciones que se han dado con distintivo amarillo, con unos reconocimientos de indemnizaciones a unas familias. No hay ni una familia que haya protestado, no hay ningún problema social, no hay ninguna reivindicación a ningún nivel, pero hoy
hablamos de más distintivos, de más alto nivel y de nuevas categorías en la Cruz del Mérito Militar. ¿Por qué? Porque en catalán decimos: embolica que fa fort o tótum revolútum, como ustedes quieran. Hablamos de distintitivo rojo porque si cuela
podemos decir que se castigó al Partido Popular por la guerra de Irak y ahora el Partido Socialista está también en guerra; por tanto, vamos a ver si cuela lo de los méritos y las concesiones militares con distintivo rojo o amarillo, eso no tiene
importancia, lo que importa es ver hacia dónde llevamos el debate. Es un debate político que se saca de un contexto militar y no tiene sentido. Han muerto diecisiete personas que merecen un respeto; el Ministerio de Defensa actuó en tiempo y
forma, lo hicimos todos, nadie protestó y hoy estamos derivando el debate hacia la política. Nuestro grupo pide que de alguna forma no se entre en este debate. Lo decíamos con el Yakolev y criticábamos al Partido Socialista; hoy lo decimos en
este debate por las muertes de diecisiete militares y se lo decimos al Partido Popular. No tiene sentido intentar poner en vereda a un Gobierno que está llevando a cabo una misión de paz, que no está en guerra, que no está en un sitio al que haya
ido por libre, en contra de la opinión del pueblo español, como se fue a Irak. A Afganistán se ha ido bajo el paraguas, la supervisión y la dirección de las Naciones Unidas; se va con 37 países que están coordinados y dirigidos por Naciones
Unidas; no es lo mismo. Pero el color rojo o el color amarillo nos permitía politizar una situación de hecho. Nuestro grupo no votará a favor. Nuestro grupo debería votar en contra, pero por respeto a la memoria de diecisiete hombres y mujeres
fallecidos en acto de servicio que no en combate de guerra, nos abstendremos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Maldonado.
Señorías, finalizamos este debate con el turno del señor Cuadrado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular sigue con el retrovisor puesto, siguen ustedes mirando hacia atrás; no salen ustedes de Irak y sería bueno para todos que pudieran salir de allí, pero hoy han vuelto a dar una demostración de hasta qué punto
tienen una gravísima dificultad para salir de Irak. ¿Por qué? Porque lo que se propone hoy aquí -y mi grupo tiene la obligación de responder a esta propuesta desde la reflexión y con la cabeza, señor Maldonado- es lo siguiente, y lo ha expuesto
correctamente el señor Txueka, con lo que me ahorra insistir en ello. Ustedes proponen que el jefe del Estado Mayor de la Defensa -el militar más antiguo, la máxima autoridad dentro de los militares- cambie de opinión con respecto a la
condecoración que en su día se dio a título particular a cada una de las diecisiete víctimas del accidente del Cougar; ustedes quieren que el jefe del Estado Mayor de la Defensa cambie su criterio de haber establecido, de acuerdo con la ley, una
propuesta de condecoración, aunque el corazón nos pidiera a todos -y a él más que a otros posiblemente, porque era compañero de los que murieron allí- la máxima condecoración, la máxima respuesta. Tienen ustedes un problema, señorías. ¿Quién pide
que se cambie la condecoración con distintivo amarillo por una condecoración con distinto rojo? ¿Lo piden los familiares? No; nadie lo ha pedido. ¿Lo piden los militares, sus compañeros? No, evidentemente. Lo pide el Partido Popular. (Un
señor diputado: ¡Diez millones de votantes!- Un señor diputado: ¡Menos!) ¿Y por qué lo pide el Partido Popular? Tienen ustedes razón, solo hay una explicación: la guerra de Irak. Es la única explicación. Señorías, se equivocan al hacer este
juego que el señor Maldonado ha llamado filibusterismo parlamentario y que, desde luego, es algo absolutamente fuera de lugar. Nadie había recordado esta cuestión, nadie había planteado esta cuestión desde ningún ámbito y, por tanto, tiene poco
sentido. Señorías, el día 24 de agosto, a los siete días del accidente, el ministro de Defensa, el señor Bono, se comprometió ante esta Cámara a actuar con proximidad a las familias, con transparencia y con rigor y las tres cuestiones se han
cumplido. ¿Se actuó con proximidad a las familias? Señorías del Partido Popular, pregúntenle a las familias, pregúntenles ustedes, que parece que son los que ponen en duda esa forma de actuar. ¿Se actuó con transparencia? Todos hemos debatido en
la Cámara, desde el día 24 de agosto hasta el día 7 de febrero, cada uno de los detalles de ese accidente. ¿Se actuó con rigor? Señorías, no vuelvan sobre lo mismo. De manera indubitable al cien por cien, no fue un ataque.
Es un hecho
demostrado. No fue un choque entre helicópteros; no fue una explosión; no fue un fallo del helicóptero; no era de noche sino de día, las once de la mañana; no se produjo ninguna situación como sobre las que hemos visto especular con mejor o con
peor intención. Por tanto, señorías, abandonen esta cuestión.
En segundo lugar, aprovechan esa propuesta que se refiere a la condecoración debida a diecisiete militares muertos para traer aquí una autoenmienda que dice lo siguiente: El Parlamento insta al Gobierno a que le pida al Parlamento que
autorice una ampliación de fuerzas. ¿Esto qué es? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de hacer esta autoenmienda? Señorías, se equivocan. No hubo un ataque. Un vuelo táctico no es, como se ha pretendido establecer hoy aquí en esta tribuna,
un vuelo de guerra; es un vuelo con dificultades, que va próximo
a tierra, que no lleva altímetro, que tiene dificultades con la meteorología, como se describió en el Briefing del capitán Guitar. Es un hecho que ya está absolutamente demostrado y no tiene sentido volver sobre ese asunto. Señorías, no
van a arreglar ustedes con iniciativas como esta el haber cometido el gravísimo error de aquella -recuerdan-: Tú maldita guerra, José Mari. No van a arreglar ustedes por este camino esa situación. Señorías, no del distintivo amarillo al
distintivo rojo; nos lo ha explicado el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Esperen ustedes a que la ley que, ahora sí, le da al Parlamento la capacidad de decisión sobre nuestras misiones en el exterior, se produzca, y ya ha pedido el ministro
de Defensa dar información en el Parlamento el próximo día 9.
Esperen ustedes a que de esa información debatan los grupos parlamentarios si hay que ampliar o no. Esperen a que se pronuncie libremente el Parlamento con la coherencia con la que lo
ha hecho el señor Llamazares o cada grupo. Por tanto, señorías del Grupo Popular, no enreden. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cuadrado.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
Hay dos votaciones. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para desarrollar el Plan Nacional de Medio Ambiente y Salud en los términos de la enmienda transaccional.
¿Algún grupo
parlamentario se opone? (Pausa.) Se opone el Grupo Parlamentario Popular. En consecuencia, se vota en sus términos iniciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 167; en contra, cuatro; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo a los militares fallecidos en Afganistán el día 16 de agosto de 2005 a bordo del
helicóptero del Ejército de Tierra ET-657, a la que se añade la enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular, autor de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 130; en contra, 166; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DEL RÍO LLOBREGAT A SU PASO POR LA COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT Y LA GESTIÓN DE LA LAGUNA LITORAL SURGIDA EN EL ÚLTIMO TRAMO DE SU ANTIGUO CAUCE.
(Número de expediente 173/000129.)
El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la
comarcal del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce.
El señor Tardá tiene la palabra. (Rumores.-El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Señorías, tengan la bondad de abandonar el hemiciclo quienes tengan el propósito de hacerlo y respeten la intención del uso de la palabra por parte del señor Tardá. Le ruego, señor Tardá, que
dispense a sus compañeros y que tenga un poco de paciencia.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, la pasada semana le recordábamos a la señora ministra el pésimo estado de abandono ambiental que sufren los márgenes fluviales del río Llobregat entre Martorell y El Prat, espacios que desde hace
años han padecido una progresiva construcción de infraestructuras viarias y ferroviarias y que todavía no han tenido las compensaciones ambientales que merecerían. Le recordábamos a la señora ministra que estos últimos años ha habido disposición
presupuestaria, gracias a determinadas enmiendas de nuestro grupo parlamentario, para llevar a cabo inversiones de restauración por valor de 7 millones de euros. No obstante, la verdad es que todavía no se ha hecho nada, lo cual merece acciones
urgentes que desencallen la situación actual. Este es uno de los motivos fundamentales de nuestra moción. Dado que nos consta la necesidad de firmar un convenio entre el Estado y la Generalitat de Cataluña para poder iniciar las inversiones de
restauración del cauce, en primer lugar planteamos que la firma se lleve a cabo en el plazo de tres meses. Casualmente, el mismo día de la interpelación la ministra anunció que había recibido días antes un borrador de convenio y lo mostró en esta
Cámara. En este sentido, no querríamos conformarnos con que el convenio se resuma en el establecimiento de una fórmula de seguimiento, sino que deseamos comprometerlo en ciertos aspectos. Por ejemplo, que se garantice que a lo largo de los años
2006, 2007 y 2008 la cantidad que se
destinará a los márgenes fluviales a lo largo del Baix Llobregat no será inferior a 12 millones de euros. También planteamos que se garantice la compatibilidad y cooperación entre los proyectos de responsabilidad del ADIF en los tramos del
río afectados por el TGV y el proyecto contemplado en el convenio al que hacíamos referencia. Aprovechamos la ocasión para recordar la urgente necesidad de llevar a cabo el estudio comprometido por el Ministerio de Medio Ambiente de restauración
ambiental de las rieras del Baix Llobregat, y para que el estudio sea concebido en el marco de restauración fluvial mencionado se propone que la Generalitat pueda llevar a cabo su seguimiento y coordinación. En este sentido, se plantea que el
estudio esté licitado en el plazo de un mes. En cuanto al interés de conservar parte de la nueva laguna surgida en el antiguo cauce del Llobregat, originalmente habíamos previsto -y de hecho planteamos- el mantenimiento de una parte relevante, que
se llegue a una solución de consenso entre las administraciones para adecuar el proyecto a la demanda. Aún así, estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, porque nos permitiría disponer en el plazo de dos semanas del estudio
informativo de los accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona, de modo que las administraciones y entidades implicadas puedan conocer y acordar los espacios susceptibles de protección en el ámbito del antiguo cauce del río Llobregat.
Nuestro objetivo es permitir la protección de una parte significativa del antiguo cauce y ya les avanzamos que creemos que una parte debería ser humedal que, como ustedes saben, es un ecosistema que por sí solo obtiene unos niveles de biodiversidad
y de riqueza ambiental muy significativos. Así, viendo los estudios informativos y permitiendo lo que se apunta en la última enmienda del Grupo Socialista, entendemos que la aceptación de las enmiendas posibilitará el debate para que las
administraciones y entidades afectadas, entre las que estará por descontado nuestro grupo parlamentario, valoremos qué zonas pueden todavía conservarse y qué número global de hectáreas puede ser considerado para su protección. Por último, valga
mencionar que apuntamos a que el ministerio facilite los recursos presupuestarios complementarios necesarios para llevar a cabo la solución de consenso que se acuerde. En ese sentido, creemos que sí hay opciones de conservación que requieren una
modificación de los proyectos vigentes y que en su caso pueden suponer un incremento presupuestario para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda asumir el sobrecoste.
Me gustaría hacer dos apuntes finales. En primer lugar, quisiera agradecer públicamente desde la tribuna a la diputada del Partido Socialista de Cataluña, Montserrat Colldeforns, el buen entendimiento con el que hemos trabajado. En segundo
lugar, en cuanto a la enmienda de Iniciativa per Catalunya Verds, no es de recibo en tanto que lo que reclamamos en esta moción es la financiación y la participación consensuada de las administraciones sin querer en ningún momento, por supuesto,
menospreciar el valor de la enmienda, de la idea. Ya habrá ocasión, a nuestro entender, de que cada municipio haga las propuestas que considere pertinentes. Esta es la moción que presentamos y queremos manifestar, repito, la satisfacción de ver
cómo puede ser aprobada gracias también a la aceptación de la enmienda que nos va a presentar el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Tardá.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera por un tiempo de cinco minutos.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Quiero decirle, señor Tardá, que nosotros hemos presentado esta enmienda porque precisamente esta enmienda que también presentamos en los Presupuestos Generales del Estado, no fue incluida. En cambio, en los últimos presupuestos sí
conseguimos solventar determinadas cosas. Decimos que esta enmienda es fundamental porque usted sabe que Hospitalet de Llobregat es un municipio importantísimo de la comarca del Barcelonés pero que le afecta y mucho el acceso al río Llobregat, y lo
que planteamos en esta enmienda es lo que no solventamos nosotros -tampoco ustedes- en los Presupuestos Generales del Estado. Sobre el resto, señor Tardá, usted sabe precisamente que esta discusión no es nueva, que desde el principio de la
legislatura venimos trabajando en ella, que este debate lo hemos planteado en multitud de ocasiones y que en el debate de los Presupuestos Generales de 2005, por tanto en la discusión que tuvimos en 2004, planteamos enmiendas para que el Ministerio
de Medio Ambiente se comprometiese a hacer lo que ustedes hoy plantean. ¿Qué sucedía entonces? Que el Ministerio de Medio Ambiente era el que estaba comprometido y como precisamente no era la administración más cercana a la ejecución de la obra,
lo que sucedió en los presupuestos de 2005 es que finalmente aquella partida no se ejecutó. ¿Y qué es lo que pensamos algunos en la última tramitación de presupuestos? Que en los presupuestos de 2006 tendríamos que hacer las cosas distintas, que
no tenía sentido alguno ir poniendo banderitas de un tramo del Llobregat diciendo que esta enmienda la he conseguido yo y esta otra la ha conseguido el otro, porque lo que suponía eso es que precisamente las obras de mejora del cauce del río
Llobregat no se producían y entendimos todos que la línea de trabajo era establecer un marco plurianual que comprometiesen los Presupuestos Generales del Estado de este año y de los que vendrán y que comprometiesen dos líneas de actuación. Usted
hacía mención a la línea de Martorella hasta aproximadamente El Prat y otra línea de actuación que es la zona de El Prat y los acuíferos. Comprometimos en total 27 millones de euros, 15 para la actuación
del delta y 12 para la actuación que ustedes hoy plantean. Por tanto, ¿qué decimos con esta enmienda que ustedes deciden no incorporar? Que estamos tratando un tema resuelto. Sabemos que usted ha sido muy prolífico en multitud de
localidades del Baix Llobregat sobre este tema, pero, fíjense ustedes, el punto 1 es una propuesta generosa porque cuando ustedes plantean los trasvases resulta que desde la consellería teníamos ya el convenio a punto. Por tanto, a nosotros nos
hubiese gustado una propuesta que fuese un poco más allá porque estos tres meses son generosos.
Nosotros diremos que sí, pero entendemos que en vez de apretar lo que hacen es dar margen.
El punto 2 dice que en el marco de este convenio el Ministerio de Medio Ambiente se comprometerá a garantizar esos 12 millones a lo largo de este trienio. Lo valoramos positivamente, pero nosotros entendemos que, en definitiva, es aquello
que teníamos. Hace falta que desde Madrid se haga una transferencia previa a la ejecución de los trabajos por parte de la Generalitat porque no sería operativo la realización de las obras y solicitar después el dinero. Por tanto, nosotros lo que
entendíamos y entendemos es que se necesita esta transferencia previa. En el punto 2.2 y en el punto 2.3 lo que interesa es firmar el convenio, firmarlo ya, antes de estos tres meses que ustedes plantean, el convenio entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la consellería, sabiendo que quien tiene que gestionar estos recursos, porque está en el capítulo VII, es la consellería y la Agencia Catalana del Agua, y estableciendo las condiciones para recuperar, precisamente a cargo del ADIF, lo que
este tiene que aportar en aquellos tramos que van dirigidos a recuperar el trazado entre Moià, Rubí y Sant Joan Despí en la C-31.
El punto 3 está a punto de publicarse en el BOE, señor Tardá. Respecto a los puntos 4, 5 y 6 nos parece buena la transacción a la que han llegado porque precisamente lo que da es una salida, una salida en la que tendremos que combinar la
protección del medio ambiente en todos y cada uno de los aspectos; la protección de los acuíferos existentes en este caso en la zona que ustedes plantean, sabiendo que tenemos otro problema ambiental gravísimo que son las emisiones de gases de
efecto invernadero y la repercusión que tiene precisamente con una pérdida gravísima de la calidad del aire en el área de Barcelona y concretamente en el área de la zona franca, debido a que no hay hoy salida al transporte de mercancías del puerto
de Barcelona. Teniendo en cuenta esas dos realidades que afectan al medio ambiente, se deberá adoptar una solución.
Nosotros vamos a votar a favor, pero, señor Tardá, usted ha dado muchas ruedas de prensa en el Baix Llobregat durante estos días -todas no las he seguido, pero algunas sí-, y simplemente quiero decirle que esto está bien, pero es lo que
aprobamos en los Presupuestos Generales del Estado.
Dicho de otra manera, para este viaje no sé si hacían falta estas alforjas. En todo caso, estamos contentos de que coincida con lo que comúnmente acordamos en los Presupuestos Generales del
Estado, y es que teníamos que hacer esto, que es lo que se estaba haciendo, que es lo que está haciendo el ministerio y que es lo que está haciendo la Consellería de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Herrera.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.
Esta moción de seis puntos se refiere en realidad solamente a dos temas.
Empezaré por el segundo, que es el que corresponde a los puntos 4 y 5, que son a los que mi grupo ha presentado enmienda. Los antecedentes que dan lugar a esta moción
son conocidos, acaban de ser explicados, pero me gustaría precisar algún aspecto porque es el que fundamenta nuestra enmienda. El antecedente inmediato es la desviación del río Llobregat en su tramo final. Esta obra financiada por el Gobierno
central responde a la necesidad de ampliar la zona de actividad del puerto de Barcelona, permitir la accesibilidad viaria y sobre todo ferroviaria, tal como ha señalado el diputado Herrera. Ha sido un proyecto largamente pensado y planeado.
Existen estudios del año 1972 e incluso de antes, y nuestro grupo lo considera vital para mantener el empuje y la competitividad del puerto de Barcelona, que, como ustedes saben, es una de las piezas clave de la actividad económica no solo catalana
y española, sino también del Mediterráneo. El desvío se ha llevado a cabo aplicando todas y cada una de las medidas que la declaración de impacto ambiental del año 1998 pedía. Voy a citar una frase de la declaración de impacto ambiental para
tranquilidad de las señorías que me escuchan que dice que una serie de expertos afirman -estoy citando el texto- que las medidas correctoras planeadas compensan con creces la afección real e incluso aumentan de forma significativa los valores de la
ZEPA -zona de especial protección para las aves-. La declaración de impacto ambiental se ha cumplido con creces, y todos los grupos ecologistas lo reconocen. Por tanto, solo me queda remarcar que el Gobierno socialista, tanto el Gobierno central,
el Ministerio de Medio Ambiente que financia las obras y vigila y controla entre otras las cuestiones de cumplimiento, como el Gobierno de la Generalitat actual, que es quien las ha ejecutado, han actuado no solo conforme a la ley, sino también
conforme a la voluntad de protección y conservación del medio ambiente.
Ha ocurrido -y lo saben SS.SS.-que, una vez desviado el río y antes de proceder al llenado y terraplenado del antiguo cauce, que es la segunda parte de la obra, las aguas del antiguo río han generado una laguna temporal, a la que han acudido
las aves que son propias de la zona. Ello, a mi modesto entender, no hace más que confirmar
que el estado de salud de las aguas del delta -puesto que todo delta es por definición casi un acuífero muy cercano a la superficie- es buena, y de eso nos alegramos. La enmienda que hemos presentado pide al Gobierno, que nos consta que
tiene los estudios muy avanzados, un esfuerzo y le decimos que en el plazo de 15 días nos presente un estudio informativo que nos permita conocer qué parte del antiguo cauce del río se puede conservar, así como el estudio de impacto ambiental que le
debe acompañar, y, a su vez, proponemos que se inicie cuanto antes la nueva declaración de impacto ambiental de las actividades que se van a realizar allí, que por prescripción legal tienen que ir acompañadas de la declaración de impacto. Es en
este marco, procedimentado y además corregido hace poco por las leyes que hemos aprobado en este Congreso y en el Senado, en el que deben analizarse las medidas de compensación. Les adelanto que nuestra postura es que el delta es un espacio
precioso, tanto más precioso por cuanto se halla en una zona densamente poblada, con gran actividad económica, y, por tanto, apoyamos todos los esfuerzos necesarios para que, como decía el diputado Joan Tardá en su interpelación, podamos plantear
soluciones sostenibles que él calificaba como modernas e imaginativas, cosa que por lo menos en la parte de modernas suscribo plenamente. Asimismo, defenderé muy rápidamente nuestro apoyo al resto de los puntos de la moción, diciendo que la
enmienda de la que hemos hablado es una enmienda que presentamos tres grupos parlamentarios, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y el Grupo Socialista, con la finalidad clara y expresa de reparar los impactos negativos que a lo largo de
los años ha ido recibiendo la parte baja del río Llobregat por ser lugar de paso de numerosas infraesctructuras y por la mayoría de competencias del Gobierno central que fueron realizadas sin prestar demasiada atención al impacto ambiental de las
mismas. Por ello, mi grupo defiende la necesidad de reparar estos impactos, la necesidad evidente de coordinar las actuaciones que en este momento se están llevando a cabo, como son las de la alta velocidad, y, en definitiva, apoyamos la idea de
que como mínimo se dediquen 12 millones de euros a este tema puesto que es tan importante recuperar los usos sociales y el entorno de los márgenes del río como lo ya hecho en cuanto a la calidad del agua. Por tanto, también daremos nuestro voto
favorable a los puntos 1, 2, 3 y 6 de la moción, tal y como han quedado presentados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señora Colldeforns.
Entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió ante la moción del Grupo de Esquerra Republicana, relativa a las cuestiones ambientales de la comarca del Baix
Llobregat. Quien conozca ese territorio no puede dudar de la doble condición de tierra de aluvión -y no solo por los sedimentos que el río Llobregat ha depositado en esa zona durante siglos- y de conurbación periférica de gran ciudad de Barcelona
que marcan y condicionan ese espacio. Como bien se dijo en la interpelación, la zona más litoral de esa comarca septentrional de Barcelona, como sucede con la situada a tramontana, conforma un corredor inevitable de concentración de
infraestructuras que ha castigado y deteriorado durante muchos años ese territorio, especialmente en sus aspectos medioambientales, sin entrar en otras consideraciones también relevantes que caracterizan ese ámbito por el crecimiento urbanístico
-antaño desmesurado y desordenado-, los equipamientos colectivos supracomarcales, las zonas industriales, la inmigración, etcétera.
A nuestro juicio, las administraciones de nivel autonómico y local -lo decía hace un momento la señora Colldeforns- han sido conscientes desde tiempo atrás de la necesidad de diseñar políticas específicas para ese territorio, intentando
buscar un equilibrio entre las inevitables infraestructuras que deben pasar por esa zona, donde coinciden un gran número de ellas, tanto viarias -grandes vías-, como ferroviarias y aeroportuarias, con sus aspectos medioambientales y agrícolas,
combinando todo ello con las importantes y crecientes implantaciones industriales, con toda la carga demográfica que ese desarrollo implica. No es nada fácil que en esa amalgama de elementos que plantea su proposición pueda desarrollarse una
política ambiental coherente. No obstante, en esa actuación -aunque difícil- de los poderes públicos se ha echado en falta la actuación proactiva y dinámica de la Administración del Estado, competente especialmente por la titularidad de esas
grandes infraestructuras aéreas, ferroviarias -ahora el tren de alta velocidad- y de grandes vías. La buena voluntad del Gobierno central, en este caso del ministerio correspondiente, se puso de manifiesto en la intervención de respuesta a la
interpelación, pero nuestro grupo coincide en que es preciso, vía moción, comprometer al Gobierno para acelerar los trámites y las actuaciones previstas de restauración ambiental en ese territorio, por un lado, y seguir estudiando posibles
actuaciones futuras para perseguir ese complicado encaje de grandes infraestructuras, equipamientos, crecimiento urbanístico e industrial y, especialmente, respeto medioambiental.
El contenido de la moción pretende comprometer más estrechamente al Gobierno con los acuerdos ya establecidos, vía convenio, con ese margen pequeño para que sea firmado, fijando un calendario máximo para los mismos en algunos casos o
acelerando actuaciones ya comprometidas, incluidos estudios, y sobre todo activando y asegurando previsiones presupuestarias para más de un año -lo cual creo que podemos apoyar perfectamente-, ejerciendo una mayor presión para el abordaje con
contundencia de esa problemática. Por otro lado, nuestro grupo no estaba de acuerdo con lo que se proponía en el punto 4 de la moción, pues fijaba de
antemano el destino para el antiguo cauce del Llobregat, cosa que puede ser cuestionable y discutible y que nuestro grupo defendería de entrada, en cuanto a esa utilización futura, bajo el criterio de la mínima intervención o intervención
cero. Pero vista la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a este punto -que parece que va a ser aceptada por el grupo proponente- en el sentido de que se estudien previamente las posibles alternativas, nuestro grupo va a apoyar la moción si
se acepta esa enmienda al punto número 5.
Una consideración final en relación con una infraestructura que no se menciona específicamente en la moción como es el aeropuerto de El Prat, sin querer entrar en polémica en este momento ni respecto a la cuarta pista ganando terreno al mar
ni en relación con los efectos y molestias a vecinos, sino simplemente para apuntar una reflexión sobre la cuestión medioambiental. Si la opción colectiva es mantener y aumentar el tráfico aéreo del aeropuerto de El Prat como apuesta de futuro en
materia de infraestructura aeroportuaria, si la opción es contar con ese macroaeropuerto y, como parece, se descarta potenciar otros aeropuertos desconcentrados como Girona y Reus, hay que aceptar, por realismo, que habría que hacer consideraciones
a ciertos planteamientos medioambientales, especialmente por lo que se refiere a las zonas húmedas y a las aves que ahí habitan y que son un riesgo cierto para las turbinas de los aviones. La seguridad aérea es básica, como nos recuerdan hoy mismo
los pilotos. O más aeropuerto y menos Ricarda -así se llaman esos humedales-, o se respetan los humedales y sus aves y se restringe el crecimiento del aeropuerto y se buscan otras alternativas. Los dos objetivos no son fácilmente compatibles.
Nuestro voto va a ser favorable a la moción, con las enmiendas que el grupo proponente acepte en la línea de lo que hemos comentado. Confiamos que el Gobierno actúe en consecuencia puesto que está vigilante y pendiente de ello una buena
parte de la comunidad del Baix Llobregat, que se merece un trato compensador en su territorio, que tanto ha aportado al bienestar de Cataluña soportando tantas infraestructuras de interés general.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Guinart.
La posición del Grupo Popular será fijada por la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará afirmativamente la moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, relativa a la regeneración ambiental del Llobregat y al mantenimiento de la laguna litoral, de modo que se conserven
sus valores naturales.
Nos alegra conocer, por la intervención de la ministra en la pasada interpelación, que todos los puntos que se solicitan en la moción están ya encaminados y que existen las partidas presupuestarias pertinentes, pero conviene, no obstante,
que resaltemos algunos aspectos que aquí parece que han pasado por alto. En primer lugar, que la ampliación del puerto de Barcelona no es un capricho sino una necesidad para mantener su competitividad, la de Barcelona y la de toda Cataluña, y ello
solo puede hacerse hacia el sur, lo que supone afectar el curso del Llobregat; en segundo lugar, conviene recordar que se salvará un 95 por ciento de los 30.000 peces que vivían hasta ahora en la antigua desembocadura; en tercer lugar, que estamos
hablando de una laguna que se queda en el año 2004 cuando se produjo el desvío, laguna que se ha formado por el retraso en las obras, provocado por las actuaciones judiciales promovidas por determinados grupos ecologistas que denunciaban que el
recubrimiento de una zona húmeda era delito ecológico -por cierto, la Fiscalía de Medio Ambiente ha archivado la denuncia-; y en cuarto lugar, creemos que aquí se ha pretendido ignorar que, para compensar la cobertura del cauce, el puerto mantendrá
siete hectáreas de bosques de ribera.
Hechas estas declaraciones, señorías, y después de manifestar de nuevo que votaremos afirmativamente la moción presentada, quiero mostrar la extrañeza del Grupo Popular por el hecho de que Esquerra Republicana de Catalunya, miembro de un
gobierno -el tripartito catalán- que ha acordado todas las actuaciones a las que nos estamos refiriendo en esta moción, venga al Congreso de los Diputados a cuestionar lo que hace el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Parece, señorías, que se
trata de una particular batalla interna entre algunos socios del tripartito catalán que no han podido dirimir sus diferencias. Con todo el respeto, señores de Esquerra Republicana, creemos inconsecuente ir por la vida de independentistas y luego
venir a Madrid a dirimir lo que ustedes no han conseguido dirimir en la Generalidad de Cataluña.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora De Lara.
Señor Tardá, desde el propio escaño para formalizar la manifestación de su voluntad en torno a la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, admitimos las enmiendas del Grupo Socialista y no admitimos la enmienda de Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Tardá.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE PARA AFRONTAR LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA DE BIENES CULTURALES.
(Número de expediente 173/000130.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): La siguiente moción es consecuencia de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales.
Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace dos semanas presentábamos una interpelación sobre lo que a nuestro juicio es el problema más grave que tiene nuestra cultura en este momento, que es la forma en la que está siendo pirateada, es decir, la forma en que la que se está
hurtando a los autores y a los intérpretes lo que es suyo, su propiedad intelectual. Nos parece que este es el problema más grave que ha tenido la cultura en muchísimos años. Después de la interpelación confirmamos nuestra preocupación porque
encontramos en la ministra lo que ya sospechábamos, es decir, la confirmación de que no se habían tomado medidas, de que se habían perdido dos años, de que el plan era una enumeración de objetivos, pero en ningún caso unas medidas puestas a punto.
Encontramos también en ella la ambigüedad que la caracteriza y que definíamos entonces como miedo. Le daba miedo enfrentarse con la impopularidad que puede pensar que conlleva hacer frente a la piratería. Incluso encontramos, no voy a decir quizá
injustamente que una justificación, pero sí una comprensión, escudándose en determinadas cosas, como el precio, que para nosotros es intolerable utilizarlo como excusa. Por tanto, nuestra preocupación fue mayor, y en la moción que hemos presentado
sencillamente se pide al Gobierno que se ponga ya a trabajar, que ponga en práctica las medidas que enumera casi como simples objetivos en su plan. Es la medida de la fiscalía, que es importantísima y sin la cual no vale de nada la actuación de la
policía, y aunque nos ha anunciado que era inminente sigue sin estar la fiscalía uniformando los criterios; es dotar de medios a los juzgados, a los jueces y a la policía. Días después de nuestra intervención, la policía -y le felicitamos por
ello- detuvo a aquellos a los que la ministra ni siquiera había calificado de comportamientos ilícitos, pero la policía está actuando sin medios. Por tanto, decimos: fiscalía, justicia, policía, acuerdo entre operadores, entre industrias y autores
e intérpretes y coordinación, porque con once ministerios no hay manera de poder llevar una actuación eficaz, nos valen cuatro ministerios -Cultura, Industria, Justicia e Interior-, y creemos que ahí la ministra demuestra una vez más que no tiene el
peso político suficiente.
El Grupo Socialista presenta una enmienda de sustitución que nosotros vamos a aceptar, con una transacción que creemos que van a aceptar puesto que hemos hablado con su portavoz. Por tanto, pedimos al resto de los grupos de la Cámara su
voto afirmativo para los términos que acordamos entre los dos grupos. Lo hacemos porque, aunque creemos que la enmienda socialista suaviza -como es lógico- los mandatos que le pone al Gobierno, es un hecho que le recuerda sus obligaciones, las
obligaciones pendientes en las que todavía no se ha puesto a trabajar. A nosotros nos parece más importante que esta Cámara se involucre y asuma esta lucha contra la piratería de los bienes culturales que mantener nuestros propios términos, que
creemos que son más ajustados y rigurosos, pero insisto en que la importancia que damos a que este Congreso se involucre en esta lucha contra la piratería es superior a la de mantener nuestros propios términos. Por tanto, vamos a votar la enmienda
socialista con una pequeña transacción que le hemos ofrecido para hacer que la Comisión de Cultura también se involucre especialmente y haga un seguimiento. Esperamos con esto contribuir y alentar a los que están sufriendo en sus propias carnes una
piratería que -y vuelvo a usar los términos empleados por la ministra- puede ser trágica e irreversible si no la atajamos. Son palabras suyas, no son palabras mías, y creemos que la pasividad del Gobierno está siendo muy peligrosa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Esta moción ha sido enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de su enmienda, por parte de dicho grupo, tiene la palabra el señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.
Señorías, hago uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular como consecuencia de la interpelación que este mismo grupo presentó el pasado
Pleno en relación con la piratería cultural, con la piratería de bienes y productos culturales.
Señorías, la piratería de bienes y productos culturales es un problema serio para las culturas españolas, también lo es con mayor o menor intensidad para el conjunto de las culturas europeas y para el conjunto de las culturas
hispanoamericanas, un problema que atenta contra los intereses y derechos de los creadores y de los productores culturales.
Cierto es también que los volúmenes de fraude alcanzan cantidades multimillonarias que debían revitalizar la cultura.
Corresponde a los poderes públicos poner en marcha actuaciones que corrijan y sancionen prácticas que vulneran la ley y con ello no respetan a nuestros artistas y a nuestros creadores de cultura.
Debo decirles señoras y señores diputados, señora portavoz del Grupo Popular que compartimos en gran medida el espíritu y el contenido propositivo de la moción que usted nos presenta. No podemos compartir, sin embargo, los motivos y los
fundamentos en los que se sustentan. Son una serie de afirmaciones y de apreciaciones que no responden a la realidad. Señorías, no se puede decir en la exposición de motivos de la moción que la ejecución del plan haya sido lenta o inexistente. Yo
sinceramente creo que no es cierto, ni es justo. Para empezar la aprobación del Plan supone un antes y un
después en la consideración de la piratería cultural como problema de interés general. Es el único plan presentado por Gobierno alguno en esta Cámara y es el primer plan que se pone en marcha. En ocho años de gobiernos del Partido Popular
no se tomó una sola decisión en esta materia, no se observó el problema. El Partido Popular estuvo ausente en materia de iniciativas y de decisiones desde el Gobierno y desde las distintas administraciones para combatir la piratería cultural.
Es sabido por todos que el Gobierno socialista aprobó el pasado 8 de abril el Plan de lucha contra la piratería, que contempla múltiples actuaciones, y tras la aprobación del Plan se iniciaron las tareas en relación con el mismo desde
distintas instancias gubernamentales. Sin ánimo de ser exhaustivo podemos decir que se han iniciado múltiples actuaciones. Ahí está el convenio entre el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias que tiene como
objeto defender los derechos de propiedad intelectual. Hay que recordar también que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria han creado un grupo de trabajo conjunto con entidades de gestiones de derechos, con asociaciones
representativas de la industria, de las tecnologías de la comunicación y de la información. Se ha creado además una comisión intersectorial que reúne a las tres administraciones, a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y
también a las industrias de comunicación y de la información, junto con las asociaciones de consumidores y usuarios. Por tanto, se está trabajando y obteniendo los primeros resultados. También es oportuno recordar aquí y ahora que fue nuevamente
un Gobierno socialista el que ha presentado en el Parlamento el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
Entendemos que la interpelación y la moción del Grupo Popular sean críticas y exigentes en resultados, pero es bueno saber y compartir que esto requiere tiempo, acciones bien orientadas y recursos múltiples para obtener resultados positivos
y es buena también la unidad de todos. En este sentido hemos presentado una enmienda que recoge la voluntad y las preocupaciones del Grupo Popular al tiempo que complementa la moción con algunos aspectos propositivos. Esperamos desde el Grupo
Parlamentario Socialista que se acepte la enmienda que nosotros presentamos. Para ello pedimos el apoyo del Grupo Popular y el de todos los grupos en el sentido de que esto será bueno para los creadores y para los artistas y también lo será, sin
lugar a dudas , para el mundo de la cultura.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Louro.
Iniciamos, señorías, el turno de fijación de posiciones de los grupos. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Únicamente vamos a respaldar la moción resultante, que parece ser que no es la inicialmente presentada sino la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista con alguna modificación. En ese sentido saludamos el hecho de que podamos llegar a
una propuesta conjunta.
Nosotros teníamos algunas dudas con respecto a la propuesta inicial del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en una materia que quiero destacar, y es que se proponga una fiscalía para la lucha contra la piratería mientras todavía en este
país no hay una fiscalía para luchar contra la accidentabilidad laboral. Esto es un contrasentido. Sabemos que tiene que modificarse la ley para que exista esa fiscalía, en estos momentos solamente existe la Fiscalía Anticorrupción, pero nos
parece que hay prioridades, creemos que primero está la prioridad de la accidentabilidad laboral, con su mortalidad y morbilidad consiguiente. La lucha contra la piratería es un elemento importante pero nos parece que tiene otras mediaciones de
carácter orgánico, de legislación y demás antes de la última ratio de la penalización e incluso de la fiscalía específica para luchar contra la piratería.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevísimamente para manifestar que la moción del Grupo Popular nos parece oportuna y tiene un objetivo loable que compartimos todos los grupos de esta Cámara.
Es verdad que el Gobierno ha realizado una serie de actuaciones en esta materia, pero también hay una cierta sensación de que la comunicación con este Parlamento no ha sido lo suficientemente fluida para comunicar qué cosas se han estado
haciendo, qué se ha conseguido, qué se ha ido realizando. Por tanto, ha quedado la sensación de esfuerzos puntuales que significaban una especie de islotes pero que no estaban imbuidos de una relación entre ellos y de un trabajo con una dirección
clara a futuro. En ese sentido nos parece oportuno que una vez reformada la ley se puedan impulsar desde este Parlamento, dirigidas al Gobierno, medidas concretas.
Eso es siempre positivo.
Nos parece positivo igualmente, porque yo creo que en esta materia todos los grupos estamos de acuerdo, que se haya llegado a un consenso gracias a la enmienda socialista, y además pensamos que el texto mejora en algunos aspectos el inicial
presentado en la moción. Son medidas concretas que forman un abanico y que si todas ellas se implementaran podrían ser muy efectivas. Estimamos, por ejemplo, que en esta redacción que previsiblemente, por lo señalado por la portavoz del Grupo
Popular, se va a votar se ha de tener en cuenta que ese
trabajo de lucha contra la piratería no solo corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado sino que ahora también en el nuevo texto debe figurar la coordinación y colaboración entre los diferentes cuerpos policiales que existen en el
Estado español.
Nuestro voto será favorable a este texto que previsiblemente votaremos unánimemente en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Tardá tiene la palabra.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, muy brevemente. De hecho, no veíamos demasiada razón para la presentación de esta moción en cuanto que buena parte de las medidas que se proponen coinciden básicamente con el Plan antipiratería que
el Gobierno aprobó hace un año; luego no ha lugar.
También debo decir que había un punto que nos parecía muy interesante; justamente es el punto número 6 de la enmienda del Grupo Popular. De hecho, es el punto que a nuestro entender realmente daba valor a la moción. Hablaba de la
necesidad de realizar una campaña para sensibilizar a la población de forma inequívoca sobre la piratería en todos los ámbitos, especialmente en Internet, y creo que esto es muy importante.
Recordarán las campañas tendenciosas llevadas a cabo por
organismos oficiales que, a nuestro entender, lo que hacían era asociar subliminalmente delincuencia con el uso y el consumo de música a través de la red. No es cierto que todo el uso en Internet para el ocio musical sea delito. Ustedes recordarán
aquel párrafo que decía: No robarías un coche, no robarías un bolso, no robarías un televisor, no robarías una película. El robo en Internet queda registrado; el robo es ilegal; la piratería es un delito. Ahora la ley actúa. Y se acordarán de
que la imagen era la de un joven que iba por la calle asaltando a ciudadanos pacíficos y que luego cuando regresaba a su casa se sentaba delante de la pantalla del ordenador y empezaba a bajar música para su disfrute, con lo cual había una perversa
asociación subliminal entre el uso de Internet y actividades fraudulentas. Esto no es siempre así, como ha quedado registrado legalmente, puesto que ya pagamos un canon.
Nos sorprende que justamente en la enmienda del Grupo Socialista se diga que presupuestariamente cada año se destinarán aquellas partidas necesarias para defender y difundir la suficiente pedagogía ante la ciudadanía de modo que no arraigue
la creencia falsa y perversa de que la propiedad intelectual no existe; aun cuando esto es verdad, dada la especificidad de Internet y la gran trascendencia social, que afecta en grado sumo, por supuesto, a la propiedad intelectual -esto no lo
negamos-, creemos que sería interesante que hubiera habido una campaña específica. Dado que en este punto número 1 se contempla esa voluntad -tal como me ha comunicado el mismo diputado socialista- al incluir este criterio abierto y progresista,
vamos a votar favorablemente, aun cuando, repito, no hay que criminalizar y hay que corregir algunos errores cometidos años atrás, no demasiados, siguiendo algunas pautas de algunas sociedades de autores que, francamente, tampoco se distinguen por
ser demasiado abiertas ni progresistas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el vicepresidente, señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero manifestar, brevemente, que la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a ser la de apoyar la propuesta del Grupo Socialista y que ha sido aceptada por el Grupo Popular -cosa que nos satisface-, lo que permitirá
aprobar esta propuesta con una mayoría amplia.
También quiero manifestar nuestra satisfacción por que la moción del Grupo Popular haya permitido que este debate se celebre, ya que nosotros compartimos cosas que se han dicho por parte del portavoz socialista y también por parte de la
portavoz del Grupo Popular. Estamos ante un tema de gran importancia, que afecta de una forma clara a todas las culturas y en el Estado español, con su carácter pluricultural, afecta, por supuesto, a una gran cultura, como es la española, pero
todavía afecta más a culturas con menos dimensión, como podrían ser la catalana, la vasca o la gallega, donde la piratería se produce igualmente y todavía las perjudica más porque su dimensión les obliga a necesitar esta defensa especial de su
propiedad intelectual.
Entendemos que no se trata ahora de buscar culpables, pero es cierto que ninguno debemos hacer las cosas suficientemente bien. ¿Por qué? La piratería es un problema global, pero también es cierto que especialmente los países latinos o los
países mediterráneos, y concretamente España, tienen una especial incidencia en esta actitud. Repito que en este sentido nosotros, apoyando el conjunto de puntos que propone el Grupo Socialista en esta enmienda transaccional, estamos de acuerdo y
valoramos especialmente la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos en que la propiedad intelectual es tan propiedad como otras y que, de alguna forma, atentar contra la propiedad intelectual es un factor que no debe ser aceptado -entre comillas-
por el conjunto de la sociedad. En nuestro país tenemos la experiencia de cómo no hace demasiados años la evasión fiscal o no pagar el cien por cien de los impuestos era algo que tenía un cierto prestigio; casi era un acto de inteligencia. En muy
poco tiempo hemos conseguido dejar muy claro que evadir fiscalmente es un acto absolutamente rechazado por la sociedad porque en el fondo se nos está robando a todos. También cuando hablamos
de piratería de la propiedad intelectual no solamente buscamos proteger a los creadores, a los intérpretes y a los distribuidores -que es muy importante-, sino que también estamos protegiendo al ciudadano en dos sentidos. Si no conseguimos
que la industria cultural sea capaz de resarcirse económicamente de su esfuerzo de creación acabaremos sin productos y, sobre todo, cuanta menos capacidad de globalización tengan las culturas más dificultades tendremos y menos productos culturales
propios tendremos a nuestra disposición. Es grave por esta razón, pero también por otra. Este tipo de robo, esta piratería también afecta a elementos de carácter fiscal que, de alguna forma, también se evaden, con lo que seguimos perjudicando al
conjunto de la sociedad.
Consideramos que era importante debatir este tema. Nos parece bien el conjunto de iniciativas que se plantea en esta enmienda. Como comentaba el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, nosotros no estábamos muy de acuerdo con la propuesta
del Grupo Popular -que entendíamos y valorábamos-, en el sentido de que tampoco somos muy partidarios de fiscalías especializadas ni siquiera de tribunales especializados por temas. No nos gusta. Nos parece más razonable ir a un planteamiento de
formación integral y, sobre todo, que el sistema judicial se mentalice de que está ante un delito de una gran importancia y repercusión social, lo que debemos hacer llegar al conjunto de actividades. También nos parece muy bien que se coordinen las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que esta labor sea una responsabilidad en la que nos impliquemos toda la sociedad.
Por todo ello vamos a apoyar esta propuesta con clara satisfacción. Esta es una cuestión que debemos seguir estudiando para ver cómo avanzamos porque estamos tratando un tema de una importancia global que afecta de forma clara al conjunto
de la sociedad. Si queremos una sociedad mejor ha de ser una sociedad que sea capaz de entender que la piratería, es decir, el robo aunque sea intelectual, es tan robo como los otros tipos de robo que claramente no toleramos.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Vilajoana.
Ruego a la señora Rodríguez-Salmones, a efectos del 'Diario de Sesiones' que formalice la posición de su grupo en torno a la enmienda que ha sido presentada.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor presidente, creo que ha quedado claro. Nosotros aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, transaccionando con ellos un nuevo párrafo que se incluye en el punto 8 de la enmienda que se presenta.
Por lo tanto, son los términos de la enmienda con el párrafo añadido en su punto 8.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA
CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. (Número de expediente 173/000131.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Entramos en la última moción y en el último punto del orden del día de hoy: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. Para la
defensa de la moción la señora Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Desde luego la moción tiene un título muy largo y con él queda claro el gran objetivo de la misma. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds entiende que es necesario promover entre todas las fuerzas políticas un pacto anticorrupción
urbanística. Un pacto que articule un plan de actuación frente a la corrupción urbanística donde estén implicados todos los ministerios y con el objetivo de desterrar desde ya estos hábitos de las administraciones públicas y de la actuación
económica del sector urbanístico inmobiliario que va in crescendo y está tomando una fuerza que nos preocupa seriamente. Un pacto que conlleve la expulsión automática de los implicados mientras se encuentran sometidos a investigación. En este
sentido me remito al pacto antitransfuguismo donde se recoge la expulsión de los partidos políticos de aquellos que incurren en transfuguismo y entendemos que esta directriz se ha de adoptar para los casos de corrupción urbanística. Igualmente,
como objetivos, está que se aborde la concreción de medidas eficaces en la detección y rapidez en la investigación y depuración de responsabilidades en cada caso denunciado. Es evidente que necesitamos mayor rapidez. El caso de Marbella es
alarmante. Hace más de 10 años que todos sabíamos lo que estaba pasando en Marbella, las actuaciones son muy lentas y necesitamos medidas eficaces y rapidez para que se actúe. Esto también sucede en muchos ayuntamientos donde los ciudadanos están
esperando esa actuación y no se produce.
El segundo punto de la moción pretende la concreción en el presente año de reformas legales necesarias tras el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para dotar de transparencia la regulación de incompatibilidades de
todos los altos cargos de gobiernos municipales y autonómicos. Hemos aprobado una reforma en cuanto a los altos cargos estatales y entendemos que debe ser ampliada, que los gobiernos autonómicos también deben estar sometidos a una
regulación de incompatibilidades y por eso se presenta este punto.
El tercer punto versa sobre la elaboración y presentación en esta legislatura de un proyecto de ley del suelo para garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar la especulación urbanística, para que la planificación urbanística se haga
con participación ciudadana. Hay que escuchar a los ciudadanos y garantizar que los planes urbanísticos correspondan a realidades, necesidades y demandas de los ciudadanos del municipio. Ahora mismo se están aprobando planes urbanísticos en
Asturias, en Baleares, en Valencia, en Andalucía, en muchas comunidades autónomas que recogen que en municipios de 4.000 habitantes se construyan 12.000 viviendas. ¿Para quién son esas viviendas? Desde luego, para los ciudadanos de ese municipio
es evidente que no. Y así es de manera cotidiana. Los planes urbanísticos deben responder a las necesidades de la población. Igualmente la Ley del Suelo debe dotar la planificación urbanística de mejores directrices de sostenibilidad y un
urbanismo al servicio de la ciudadanía y establecer una valoración del suelo que no incorpore expectativas de revaloración.
El punto cuarto versa sobre la necesidad del estudio y ejecución urgente de una moratoria urbanística para las zonas saturadas a través de las competencias -únicamente me remito a las competencias que tiene medio ambiente- que ejerce el
Gobierno. También incluye abordar la reforma del delito de prevaricación, con el fin de garantizar que este sea realmente efectivo, no como ocurre en la actualidad, en que el delito de prevaricación está de mera decoración y en cuanto a la
corrupción urbanística no se está aplicando. Por lo tanto, requiere una reforma.
Igualmente se han de abordar medidas que limiten y controlen los desarrollos urbanísticos, como las políticas reguladoras del mercado inmobiliario, la construcción de
viviendas ligadas a las necesidades reales de la población y es fundamental establecer una garantía de suficiencia de agua para cualquier construcción urbanística. También hay que incrementar la limitación territorial y medioambiental en la
construcción de campos de golf ligada al desarrollo de urbanizaciones como se ha hecho en Cataluña. Es imprescindible establecer una garantía de suficiencia de agua porque la lógica lo dice: Si no hay agua suficiente no se pueden construir más
viviendas, y eso por desgracia tenemos que hacerlo por ley porque si no lo hacemos así se siguen construyendo esas viviendas. Ahora mismo hay informes previos de las confederaciones hidrográficas, pero no son vinculantes. Deben ser vinculantes,
deben ser necesarios para que se aprueben los planes urbanísticos. También es necesario potenciar y reforzar los recursos materiales y personales de la judicatura, fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que persigan estos
delitos; que la Agencia Tributaria persiga los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación, como los propios inspectores de la Agencia Tributaria han pedido. La creación de una fiscalía anticorrupción en cada una de las
comunidades autónomas afectadas, y especialmente el caso de Murcia, donde la ciudadanía está reclamando esa fiscalía anticorrupción, que es imprescindible para mejorar la capacidad de investigación en todos los casos de abusos urbanísticos. Se
deben mejorar asimismo los medios materiales y humanos de la fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Andalucía y demás comunidades afectadas por esta situación, y paralizar y redimensionar
aquellos proyectos de grandes infraestructuras que se están aprobando por el Gobierno y que están directamente ligados a desarrollos urbanísticos del litoral como es la autopista de Cartagena-Vera, el aeropuerto de Castellón, la autovía de Ibiza y
las desaladoras previstas. No es tolerable que estemos cuestionando este desarrollo urbanístico desmesurado y, al mismo tiempo, se les dé cobertura con la aprobación y con el presupuesto de estas grandes infraestructuras que controla el Gobierno.
Los ciudadanos organizados nos piden sencillamente que actuemos, y todos tenemos la obligación de defender nuestra tierra y luchar contra aquellos que pretenden enriquecerse a costa de lo que es de todos, nuestra tierra.
Recuperemos,
señorías, el interés general y cumplamos con nuestra obligación porque hemos de atender las necesidades de la gente, cuidar y mejorar nuestro patrimonio para nosotros, nuestros hijos y para las generaciones futuras, y si no, ¿qué panorama vamos a
dejar? En este sentido quiero decir que he presentado una transaccional en la que intento integrar todas las enmiendas que se han formulado a la moción y espero que reciba el voto favorable de todas las fuerzas políticas. En su punto segundo
precisamente se pretende promover un pacto anticorrupción urbanística con todas las fuerzas políticas, porque en esto debemos estar todos unidos y luchar firmemente contra esta corrupción urbanística, tal y como nos están pidiendo los ciudadanos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Navarro. Ruego haga llegar la formulación de esa enmienda transaccional a los servicios de la Cámara.
Existían enmiendas a esta moción del Grupo Parlamentario Mixto. La enmienda del señor Rodríguez queda decaída.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor Contreras. (El señor Cerdà Argent: Yo quería intervenir.) Sí, pero es por el orden de presentación de las enmiendas, no es el orden de importancia de los grupos. Ahora le
corresponde la defensa de su enmienda al Grupo Parlamentario Socialista, concretamente al señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación de los ciudadanos, y estoy seguro que del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, por los casos de especulación urbanística que se producen y los casos de
corrupción que los acompañan. Este Gobierno desde su constitución está trabajando para acabar con esta lacra social, económica y política, pero la preocupación por estos casos de corrupción no nos debe de llevar a suponer que todo lo que se mueve
en torno al desarrollo urbanístico está manchado por la especulación o la corrupción, ni a prescindir de un desarrollo territorial y urbano en el marco de un desarrollo sostenible, aunque nos debe de conducir a promover un marco de concienciación
ciudadana en el que la especulación no tenga cabida y el desarrollo sostenible y viable a largo plazo sea el eje de nuestra actividad económica.
Hoy debatimos una moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en la que nos plantean en once puntos una serie de propuestas para avanzar en la solución a este problema. Ante esta propuesta, el Grupo Parlamentario Socialista ha
planteado una enmienda de sustitución por las razones que paso a explicar.
El Gobierno ha tomado una serie de medidas para, en unos casos, cubrir ciertos vacíos del sistema y, en otros, cuando han existido las pruebas y condiciones que exige nuestro ordenamiento legal, ha actuado con la rapidez y contundencia
necesaria; por ejemplo, recientemente, en la disolución del ayuntamiento de Marbella. En lo relativo al primer supuesto, el Gobierno promovió a un fiscal a la categoría de fiscal de sala, coordinador de medio ambiente y urbanismo, y el Ministerio
de Justicia, en fecha reciente, presentó un informe al Consejo de Ministros para la creación de 25 plazas de fiscales: dos de apoyo al fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo, 17 para los tribunales superiores de Justicia especializados en
dicha materia, y seis para actuar como delegados de la Fiscalía Especial Anticorrupción. En materia de política fiscal, el 10 de marzo el Gobierno aprobó el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal. Con esta ley las escrituras públicas de
compra-venta de un inmueble deberán incluir los medios de pago, y se introduce la obligación de poner la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento. El 7 de abril se aprobó un real decreto de desarrollo de la Ley del
Catastro Inmobiliario que mejora la transparencia en el mercado inmobiliario, la actuación de las diferentes administraciones públicas y los mecanismos de prevención del fraude inmobiliario. Este año, como SS.SS saben, las declaraciones del IRPF
deben incluir la referencia catastral de la vivienda del declarante.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente también se han tomado medidas, como la Ley sobre evaluación ambiental estratégica, que va a exigir que los nuevos desarrollos urbanísticos sean sometidos a una evaluación ambiental. Desde el Ministerio
de Vivienda, el Plan de Vivienda 2005-2008 establece una serie de medidas para garantizar un parque de viviendas protegidas y evitar casos de especulación. No cabe duda de que el registro único de viviendas protegidas, al unificar todas las ayudas
concedidas por las administraciones públicas para vivienda, jugará un papel importante en la lucha contra la especulación. Estas actuaciones justifican el primer punto de nuestra enmienda, en el que se insta al Gobierno a seguir actuando en la
línea general de prudencia y rigor necesario en esta materia, y también el que no hayamos incluido algún otro punto de la moción en nuestra enmienda.
Por otro lado, nuestro punto 2 incluye los apartados 1 y 2 de la moción, eliminando la referencia a las incompatibilidades de los altos cargos de gobiernos autonómicos, que los deben regular los parlamentos autonómicos, y no este Parlamento
de la nación. El apartado 3 de nuestra enmienda contempla el punto 3 de la moción con el matiz de explicitar el respeto a las competencias autonómicas en el futuro proyecto de la ley del suelo.
Finalmente, nuestro apartado 4 es una sustitución de
los puntos 7, 9 y 10, eso sí suprimiendo la referencia al delito de corrupción inmobiliaria, que no existe en nuestro Código Penal, y englobando el de prevaricación en el más amplio de delito contra la Administración pública. No podemos asumir el
punto número 4, moratoria urbanística, puesto que las competencias de ordenación del territorio y urbanismo son de las comunidades autónomas, ni consideramos oportuno abordar una reforma del delito de prevaricación, que está perfectamente definido
en nuestro Código Penal, ni tampoco podemos compartir la paralización no de proyectos, sino en muchos casos de obras que realmente se están acometiendo en este momento.
La ponente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos propone una enmienda de transacción. El Grupo Parlamentario Socialista, en aras del compromiso de consenso que se quiere llevar a cabo para llegar a ese pacto contra la
corrupción, está dispuesto a aceptarla, puesto que al hablar de ese pacto contra la corrupción también se elimina lo que nosotros entendíamos que no podíamos compartir de ninguna forma, que era lo de desterrar estos hábitos de las administraciones
públicas. No consideramos que esto sea una práctica generalizada en todas las administraciones públicas y desde ese punto de vista, por ese afán de consenso, aceptamos la propuesta de transacción que plantea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Contreras.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en la sustanciación de la interpelación por parte del Grupo de Izquierda Unida que ha dado lugar a
la moción que hoy se está debatiendo vimos una intervención llena de falsedades y de sectarismo. La consecuencia lógica de aquella intervención ha conducido irremediablemente a la señora Navarro a plantear en la moción soluciones no solo
falsas y sectarias sino además totalmente contraproducentes para resolver el problema que tiene el enunciado de la moción que hoy nos someten a votación. Por esta razón el Grupo Popular ha presentado una enmienda alternativa de sustitución, de
modificación total del texto planteado por el Grupo de Izquierda Unida.
Fíjense, señorías, la corrupción en la gestión de los asuntos públicos es algo tan repugnante que resulta demasiado fácil, señora Navarro -diría incluso que resulta facilón-,
caer en actitudes simplificadoras que pretenden, desde una falsa posición de superioridad moral de la izquierda que no resiste el más mínimo examen, plantearnos una interpretación ideológica partidista y sectaria de las causas de la corrupción.
Lamento tener que decirlo, señorías, pero la intervención que hizo el Grupo de Izquierda Unida no estuvo a la altura del rigor y de la seriedad política que requiere afrontar un debate de estas características con la situación que se ha producido en
Marbella. Lo que decimos, señora Navarro, es que la corrupción en democracia se combate desde diversos frentes: en el frente de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los servicios públicos; garantizando la publicidad y la
concurrencia; mediante el control interno y externo de la actuación administrativa; no se combate con más intervencionismo. Hay una determinada izquierda, esa izquierda no liberal, esa izquierda que no se ha enterado de que se ha producido la
revolución de 1989, esa izquierda que no cree en la iniciativa privada, que todavía no ha entendido una cosa tan clara como que el intervencionismo y la discrecionalidad en el control de los usos del suelo convierte en algo cotidiano el milagro de
la conversión del agua en vino, es decir, de lo que no valía nada o valía bien poco en oro.
Porque la planificación urbanística -ustedes lo saben, señorías- no es una ciencia, es el fruto de decisiones políticas sobre un modelo de ciudad y un
modelo de territorio. Quiero decirles una cosa, quien sí lo vio claro, quien sí lo entendió fue la candidata durante 15 años a la alcaldía de Marbella que ahora se encuentra en prisión. Por lo tanto, señorías, con más intervencionismo y más
discrecionalidad mayores problemas y no mejores soluciones. Quiero recordar a mi admirado profesor Von Misses que decía: A mayor libertad, menor corrupción y a mayor intervencionismo, mayor corrupción. Porque hay personas corruptas, pero hay
ideologías corruptoras, precisamente porque se basan en el intervencionismo y en la discrecionalidad y eso da lugar, siempre, siempre, siempre, a la arbitrariedad.
He de decirles que fue peculiar la intervención de la señora Navarro, ¿verdad? Porque dedicó gran parte de la misma a decir que había modelos que no le gustaban y que son precisamente aquellos que han apoyado mayoritariamente los ciudadanos
en las comunidades que gobierna el Partido Popular. Se puede estar a favor o en contra de una determinada planificación territorial, se puede estar a favor o en contra de un determinado uso del litoral, pero es como mínimo abusivo calificar estas
actuaciones de corrupción simplemente porque, fíjese usted, no coinciden con el gusto de la señora Navarro, porque a doña Isaura no le gustan.
Pues bien, eso es simplemente abusivo.
Otra cosa. Hay algo que o la señora Navarro ignora o, lo que es peor, esconde, que es que la corrupción es corrupción sin adjetivos, porque hubo y ha habido olvidos que no puedo dejar de hacerlos notar. Tan corrupto es quien recibe un
porcentaje por una recalificación de terrenos como quien cobra un 3 por ciento en la adjudicación de obra pública amparándose en esa ley no escrita del oasis catalán (Aplausos.), o quien exige cobrar el 20 por ciento del sueldo de unos funcionarios
para mantener su puesto de trabajo. ¿Cómo puede un partido como el suyo no denunciar esto? O quien concede licencias ambientales y de obras arbitrarias como opina el fiscal Mena o, por seguir con ese prodigio de honestidad y de lucha contra los
privilegios conocido como Gobierno tripartito de Cataluña, se vende desde el Gobierno catalán a un miembro del tripartito un local por una quinta parte del valor de mercado, por una quinta parte del valor de mercado, señorías. Pero doña Isaura no
se acuerda de todo esto, como no se acuerda de los tratos de favor en el entramado municipal urbanístico en Córdoba donde, tras las acusaciones derivadas de una comisión de investigación, a la que, por cierto -adalidades de la transparencia-, la
alcaldesa, doña Rosa Aguilar, que usted conoce, de Izquierda Unida, se negó a asistir, tuvieron que dimitir el gerente de urbanismo y el jefe del servicio de inspección urbanística.
Ustedes hablan de incompatibilidades; nos parecen imprescindibles.
Hablemos de incompatibilidades. Hablemos de cómo con una mano el ministro Montilla toma decisiones relevantes que afectan a los intereses de una importante institución
financiera (Rumores.) y con la otra, señorías, recibe de esa misma institución seis millones de euros en forma de condonación. (Aplausos.-Protestas.) Esa es la autoridad moral de la izquierda. Apéense de esa actitud de suficiencia y de
superioridad moral que no resiste el más mínimo análisis. Dejen de lado ese intento infructuoso, por ser falso, de intentar marbellizar determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. (Rumores.) Porque ustedes no pueden dar
lecciones al Partido Popular, fíjense, ni en Valencia ni en Murcia ni en Baleares ni en ningún sitio de España ni cuando hemos sido Gobierno de la nación.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Nadal.
Esta Presidencia toma nota de la presencia entre nosotros del señor Rodríguez. Ruego a los redactores del 'Diario de Sesiones' que retiren la afirmación de la
Presidencia de que se daba por decaída su enmienda y, eso sí, con la mayor brevedad, señor Rodríguez, le ruego pase a su defensa.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Solamente si vale como disculpa le diré que pensé que la moción había sido retirada; fue una confusión que solamente es de mi responsabilidad. Le agradezco, por tanto, su amabilidad.
El Bloque Nacionalista Galego cree que una de las características más notables de la economía española, y ha sido reconocido, es la de basarse en el papel crucial de la construcción, el sector que la dinamiza, con todas las consecuencias que
acarrea. En primer lugar, el gran consumo de cemento. En segundo lugar, la alteración excesiva o la afectación de grandes espacios naturales y del suelo en general. En tercer lugar, la participación excesiva de la banca no solamente en forma de
créditos hipotecarios, sino también en la forma de control de pequeñas empresas de la construcción. Y, en cuarto lugar, sin duda, la cadena especulativa que se provoca haciendo negocio con un bien público, el suelo, y con una necesidad social que
es la vivienda. Por tanto, no nos podemos engañar si esto favorece la circulación del dinero negro y la implicación de instituciones públicas que van desde los gobiernos locales hasta la Administración central. La propia moción de Izquierda Unida
reconoce en su punto 11 que hay un tipo de obras públicas de la Administración central que son más que discutibles. Le podría añadir, con preocupación, muchas otras que se empiezan a generalizar por todo el litoral del Estado español como son los
puertos exteriores sin tino y sin control.
Es cierto que la moción de Izquierda Unido se justifica por los casos de corrupción acontecidos en Marbella y también por la situación especialmente tensa y convulsiva de todo el Levante español, pero no es menos cierto que en el resto del
litoral se van a producir situaciones de este tipo. Tenemos noticias ya del traslado de muchos sectores de la gran construcción y del dinero negro, por ejemplo, a zonas de la costa de Galicia. Si en algún caso la construcción española es papel
mojado es precisamente cuando se habla de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y también cuando se habla de conseguir que las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes
públicos repercuta en la comunidad.
Por lo tanto, nosotros pensamos que la moción de Izquierda Unida tiene interés, se puede apoyar, pero hemos presentado tres enmiendas que pretenden respetar las competencias autonómicas, cuando se elabore la ley del suelo, y que se tenga en
cuenta que la variedad de usos posibles del suelo no solamente es la construcción. En Galicia se tiende a creer que una finca siempre tiene que ser objeto de construcción, incluso una propiedad privada debe estar por encima de cualquier otro tipo
de fin y, por tanto, hay que dedicarla a lo que es más sustancioso y más ganancioso, que es la urbanización. Por último, hay un aspecto en la moción que debiera ser radicalmente distinto y es cuando se quieren utilizar las competencias del Estado
en medio ambiente para actuar precisamente en materia de moratoria urbanística. Las moratorias urbanísticas se deben acometer con plena responsabilidad de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por cierto, también coordinado con las
competencias que pueda tener el Ministerio de Medio Ambiente.
Vamos a apoyar la moción, sobre todo si se integran estos aspectos de carácter competencial, y esperemos que este debate repercuta en un marco legal que, teniendo en cuenta las competencias de todas las administraciones, por lo menos intente
poner orden en algo que -vuelvo a repetir- está muy vinculado al hecho de ser la construcción uno de los sectores económicos más importantes del Estado español, y va siendo hora de que esto se pueda cambiar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Rodríguez.
Todo llega, señor Cerdà, el impaciente, señor Cerdà. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, intervenir el último me ha dado la oportunidad de estar presente en una de las magníficas representaciones teatrales, dramatizada especialmente por la señora Nadal, que lo ha hecho bien en su tono
dramático. Lo que pasa es que en el interlineado había una cosa que no me acababa de gustar, que decía algo así como que como nosotros toleramos un poco la corrupción, pues mierda para todos. Incluso la opinión de un fiscal le servía para hacer
alguna afirmación. Me parece que no va por ahí. En la moción de Izquierda Unida yo no he visto ningún sesgo partidista por ninguna parte, sino toda una serie de medidas justamente para que estas cosas no pasen. Detectado el problema, vamos a
buscar soluciones. Nosotros hemos querido dar apoyo, mejorando, desde nuestro punto de vista, la aportación que en estos momentos está haciendo -oportunamente, además- la señora Navarro.
Efectivamente, el tema que nos interesa en este momento es el tema del País Valenciano. Hay en estos momentos un estudio realizado, editado por el Conseil Valencià que cuestiona la sostenibilidad de un determinado modelo de turismo llamado
de sol y playa, y es el propio Conseil Valencià quien lo está diciendo. Es un urbanismo y una construcción sin límite, que duplica y triplica en muy poco tiempo la población en un determinado pueblo, ligado en muchas ocasiones a recalificaciones
urbanísticas y cambios en los planes generales de ordenación urbana, a corruptelas encubiertas, a especulación, a megalómanas infraestructuras y, en definitiva, a indefensión también para la ciudadanía.
Desde Esquerra hemos denunciado constantemente la situación de depredación del territorio del País Valencià
y los abusos urbanísticos: Benicassim Golf, Cabanes, Oropesa, Tavernes de Valldigna, Altea, Carcaxente, La Nucía, el Manhatan de Cullera, Crevillent, Xixona, Santa Pola, y podría citar otros casos que han saltado en los que las cosas no han
estado claras ni bien hechas. Por tanto, hay que intervenir. Existen decenas de plataformas en las que toda la izquierda ha participado, nos hemos coordinado y manifestado pidiendo que haya más país y menos paif. Ni más vigas de alta tensión ni
más trasvases, hace falta un cambio y un replanteamiento específico del modelo de aire fresco, empezar a hacer las cosas de otra manera.
Marbella ha explotado y después de varios cambios de jueces y de casos archivados la ciudad está de alguna manera saturada de tanto ladrillo, y el Gobierno debe, y puede, tomar medidas para evitarlo. Valoramos positivamente los proyectos de
ley relativos al proceso de participación ciudadana en temas ambientales que se adaptan a las directivas europeas, pero también es necesario un proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental; también se ha iniciado la reforma de la Ley del
Suelo, pero da la sensación de que vamos con un poco de retraso. En Esquerra Republicana coincidimos con Izquierda Unida, el grupo proponente, y consideramos que debe abordarse un plan transversal que impida cualquier indicio de irregularidad
urbanística o ambiental. El actual Gobierno de la nación es el máximo responsable de la mala ordenación del territorio, si es que alguna vez ha habido una planificación del territorio. Es el responsable del modelo autonómico, del modelo de sol y
playa disparatado y de la aprobación precipitada de programas de actuación integral, lo cual es una realidad que incluso admiten los propios miembros del Partido Popular. Es el responsable en muchos casos de abusos urbanísticos en relación incluso
con los propietarios de viviendas que incluyen en un paif y que se ven obligados a pagar elevados costes de infraestructuras o a pagar su urbanización, así como a ceder terrenos comunes sin que en muchas ocasiones sean consultados.
No entendemos ni compartimos algunos de los puntos, como la intervención sobre las competencias autonómicas, pero el Estado sí tiene competencias sobre la Ley de Costas y debe actuar. No es que estemos de acuerdo en que esta sea una
competencia exclusivamente estatal, pero de hecho en estos momentos lo es, y, por tanto, también es responsabilidad del Estado regular y proteger las costas. Es necesario evitar la marbellización del País Valenciano. La adopción de la Ley de
Contratos de la Administración pública, las directivas europeas, el libro verde sobre la colaboración pública y privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones pueden ser medidas que contribuyan a una mejora en este
aspecto. También se pueden evitar casos de dudoso procedimiento, como el Instituto Valenciano de la Vivienda, o la selección de socios privados en los procesos de urbanización y construcción de viviendas.
Asimismo, aportábamos el intento de mejora
de la financiación local, uno de los grandes problemas que entendemos que también está vinculado a casos de corrupción y de urbanismo desmesurado. Por otra parte, apostábamos por la reforma de la Ley de Aguas, de la Ley de Costas, de la Ley de
contratos de las administraciones públicas y por la de la Ley de las haciendas locales. En definitiva, esperamos que esta vorágine que se ha producido en el País Valenciano y que denuncia la moción presentada no tenga consecuencias irreversibles
para la calidad de vida en el territorio valenciano y para las gentes que vivimos en el mismo. La corrupción es un barómetro: a mayor corrupción, menor calidad democrática. Dicho de otra manera, una de las diferencias radicales entre un régimen
autocrático y uno democrático es justamente que la democracia debe castigar la corrupción, y esta propuesta dice: hagámoslo; tomemos las medidas necesarias para que sea verdad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Cerdà.
Para completar este debate, nos queda escuchar las opiniones de aquellos grupos que sin haber enmendado la moción desean fijar su posición respecto a la misma. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, desde el momento mismo en el que tuvo lugar el pasado 5 de abril la interpelación urgente presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes, bajo el enunciado ni
más ni menos de medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa
-todo eso decía en su enunciado la interpelación urgente de la que trae causa la moción que hoy debatimos-, mi grupo tuvo la impresión de estar ante una iniciativa que podemos calificar de desconcertante, descoyuntada, desparramada. Nos parecía que
era evidente que la interpelación y la moción traían causa, y se podría discutir si causa, ocasión o excusa, de los recientes escándalos desvelados en Marbella, pero ya de entrada parecía no menos claro que sus pretensiones no se reducían a
Marbella, sino que tanto en el ámbito de aplicación como en los contenidos a abordar iba a desparramarse por todos los lados. Este proceso de desajuste se vio ya en el debate de la interpelación urgente, por ejemplo, cuando la diputada Navarro le
dijo a la ministra de Vivienda que no era ella precisamente la ministra más adecuada para contestar a esta interpelación. Y el juego de desajustes iba aumentando. La presentación posterior de los términos de la moción nos ha confirmado que
efectivamente estamos ante una moción que vuelvo a calificar de desconcertante, como descoyuntada, desajustada, un tanto desbordada y desparramada. ¿Por qué lo digo? No exactamente por el número de propuestas que ha presentado, ni siquiera, si se
quiere, por cada uno de
los contenidos que ha presentado en su moción. Es una moción de la que yo me atrevería a decir que es claro de dónde arranca, pero que no se sabe dónde acaba. Es de esas mociones que se sabe que va caminando y que quizá lo que va a pasar
es que, después de dos sesiones, no vaya a ningún sitio. Ya ha pasado y se acabó la historia. Porque tanto los términos de la moción presentada como los términos de la transaccional que ahora vemos, son términos que no sabemos si irán a algún
sitio.
A nosotros lo que nos gusta es el punto primero de la transaccional, donde dice que siga actuando. Quizá habría que decir que siga actuando con más diligencia, con más decisión, y no solo el Gobierno, sino que sigan actuando todas las
instancias que están establecidas, para que no se produzcan casos como el de Marbella. Porque tendrán que seguir actuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendrá que seguir actuando la fiscalía, tendrá que seguir actuando todo el
mundo para que no se produzcan. Pero ¿es que es necesario derivar esto a un pacto contra la corrupción? ¿Quién no estaba en un pacto contra la corrupción? ¿Qué significa que ahora haya que hacer un pacto contra la corrupción? ¿Dónde estábamos
hasta hoy si no estábamos en un pacto contra la corrupción? De ahí que mi grupo no sabe si apoyarla o abstenerse. Estamos dispuestos a apoyarla si es que el grupo del Gobierno entiende que esto va a servir para algo. Y pediremos cuentas después,
para ver si esta moción, en la que al parecer hay acuerdo entre quien presentaba la interpelación original y el Gobierno, resulta efectiva. A nosotros nos parece que muchos de los términos no van a ningún sitio, que es cumplir con un trámite de dos
días y, lo que es peor, en algunos casos, sugiriendo que estuviéramos ante una situación que reclamara una actividad absolutamente excepcional, cuando lo que hay que reclamar es que se actúe de verdad, que todos los términos actúen y no vuelva a
pasar lo de Marbella.
Estos días, a raíz de los escándalos de Marbella, uno lee y escucha propuestas para todos los gustos, propuestas a capricho, a cada cual le da motivo para decir lo que quiere; al parecer, da pie para cualquier conclusión. Por ejemplo, para
esa conclusión, a nuestro juicio absolutamente injustificada y arbitraria, como es la de quien ha llegado a proponer que se modifique la Constitución, ni más ni menos. ¿Para qué? Para que el Estado central recupere su competencia plena sobre la
coordinación urbanística del llamado territorio nacional en su conjunto.
Vale para todo, si se quiere. Pero cuando de este vale para todo en el debate político se quiere llegar a una moción efectiva, a nuestro juicio, habría que actuar, con más
precisión, con mejor diagnóstico, y creo que esto es lo que está faltando tanto en la interpelación urgente como en la moción que hoy debatimos. En todo caso, mi grupo la apoyará porque el Gobierno, al parecer, con esto va a ser más efectivo.
Ojalá sea así.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané tiene la palabra. Intentaré protegerle, señor Jané, de la irrupción de sus compañeros de bancada.
El señor JANÉ I GUASCH: No se preocupe, presidente, a estas horas.
Señor presidente, señorías, el Pleno está ya concluyendo e intentaré ser breve y conciso. Se ha presentado una moción que, es cierto, tiene su origen en el caso de Marbella. La señora Navarro indica que no, pero por lo menos mediáticamente
se ha ligado al caso de Marbella. Es cierto -yo comparto la reflexión del señor Beloki- que no podemos matar moscas a cañonazos e intentar arreglar con esta moción todos los aspectos relativos a la corrupción urbanística que se ha dado y se sigue
dando en algunos ámbitos. Por tanto, aquí deberá actuar la fiscalía, la judicatura. Por tanto, concretando, se ha presentado por parte del Grupo Socialista una enmienda de sustitución que parece que al final va a ser objeto de votación por parte
de este Pleno. Nuestro voto será afirmativo a esta enmienda de sustitución.
Quería hacer una pequeña reflexión que nos honora a todos los que estamos aquí. Los que estamos aquí somos diputados, diputadas, servidores del interés general y no podemos admitir fácilmente el primer apartado de la enmienda de sustitución
cuando se dice que se insta al Gobierno a que siga actuando frente a los delitos urbanísticos, en especial cuando estén implicados cargos públicos. No, siempre, no en especial cuando estén implicados cargos públicos, porque es como poner el dedo en
la llaga, como si los cargos públicos fueran los principales autores de los delitos urbanísticos, y creo que es necesario respetar la honorabilidad de los cargos públicos en general. Por tanto, me hubiera gustado actuar frente a los delitos
urbanísticos no en especial cuando estén imputados cargos públicos, sino siempre.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Señor Jané, perdóneme.
Respeten al orador, señorías, por favor. Respeten al orador.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Finalizo ya. Reforma de la Ley del Suelo, en todo caso respetando también el ámbito competencial autonómico. Esperemos que sean soluciones útiles.
Seguramente no es una solución global al problema que planteó la interpelación, pero en
todo caso el voto de Convergència i Unió será favorable a esta enmienda de sustitución.
Muchas gracias. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Jané.
Señora Navarro, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Únicamente aclaro que si se fijan en la fecha de esta moción está presentada previamente al caso de Marbella, porque el problema no está solo en Marbella. (Rumores.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Tres votaciones. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la restauración ambiental
integral del río Llobregat a su paso por la comarcal del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce, con la enmienda socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales, con la enmienda del Grupo Socialista en los términos de la transacción
que ha sido distribuida. ¿Nadie se opone? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Última votación, moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la
lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa, con la enmienda transaccional que ha sido presentada. ¿Algún grupo parlamentario se opone? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Popular se opone a la
enmienda transaccional. Votamos, pues, la moción en sus términos iniciales. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
Adelante, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Así las cosas, votamos la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el objeto del debate con la incorporación de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 170; en contra, 122; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las diez y quince minutos de la noche.