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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 169, de 06/04/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 169
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 158
celebrada el jueves, 6 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado.
-Proyecto de Ley de tropa y marinería. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 37-1, de 13 de mayo de 2005. (Número de expediente 121/000037.) ... (Página 8421)
-Proyecto de Ley sobre Evaluación ambiental estratégica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 38-1, de 13 de mayo de 2005. (Número de expediente 121/000038.) ... (Página 8428)
-Proyecto de Ley Orgánica de Educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 8432)
-Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 51-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000051.) ...
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
-Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 42-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000042.) ... (Página
8453)
-Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 66-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000066.) ...
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 8466)
Votación de conjunto.
-Proyecto de Ley Organica de Educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 8470)
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) (Continuación.) ... (Página 8470)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
-Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 42-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000042.) (Votación.) ...
Exclusión del orden del día ... (Página 8472)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
-Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 66-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000066.) (Continuación.) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
-Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie A, número 69-1, de 27 de enero de 2006.
(Número de expediente 121/000069.) ... (Página 8486)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
-Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 66-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000066.) (Votación.) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 8504)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las ocho de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 8421)
Proyecto de ley de tropa y marinería ... (Página 8421)
Interviene en nombre del Gobierno el señor ministro de Defensa (Bono Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro de Defensa.
Para finalizar el turno de fijación de posiciones interviene la señora Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley sobre evaluación ambiental estratégica ... (Página 8428)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
Para una aclaración intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley orgánica de Educación ... (Página 8432)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).
En turno de réplica intervienen la señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Educación y Ciencia.
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes ... (Página 8446)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); las señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 8453)
Proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos ... (Página 8453)
Interviene en nombre del Gobierno el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ... (Página 8465)
Interviene en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 8466)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Tropa y Marinería, se aprueban por 325 votos a favor y una abstención.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley sobre Evaluación Ambiental Estratégica.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley Orgánica de Educación.
Votación de conjunto ... (Página 8470)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 181 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones.
Enmiendas del Senado (Votaciones. Continuación.) ... (Página 8470)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 8471)
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, así como del texto del dictamen.
Exclusión del orden del día ... (Página 8472)
La Presidencia informa que los puntos 44 y 45 del orden del día, relativos al proyecto de ley sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la
Memoria Histórica han decaído al haberse retirado las enmiendas a la totalidad.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 8472)
Proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (Continuación.) ... (Página 8472)
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García
Suárez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Fierro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 8486)
Proyecto de ley orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal ...
El señor ministro de Justicia (López Aguilar) presenta el proyecto de ley orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la
doble instancia penal. Manifiesta que es un honor para él subir a la tribuna para presentar un proyecto de ley orgánica que es crucial en el desenvolvimiento de los compromisos contraídos en esta Legislatura por el Gobierno en materia de justicia,
con el fin de lograr la modernización del sistema judicial para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Hace un repaso exhaustivo del proyecto de ley, enumerando las modificaciones y reformas que aborda.
Finaliza agradeciendo el trabajo
realizado y el que van a realizar a partir de ahora en el debate parlamentario, deseando la aprobación por mayoría absoluta, en el momento procesal oportuno, de esta ley orgánica.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada, interviene el señor Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras Navarro Casillas, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.
Continuación.) ... (Página 8501)
Se someten a votación las enmiendas y votos particulares al proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como el texto del dictamen.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación..) ...
(Página 8504)
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se
generaliza la doble instancia penal, se rechaza por 117 votos a favor y 173 en contra.
Se levanta la sesión a las seis de la tarde.
Se reanuda la sesión a las ocho de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-PROYECTO DE LEY DE TROPA Y MARINERÍA. (Número de expediente 121/000037.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, proyecto de Ley de Tropa y Marinería. El señor ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señoras y señores diputados, tengo la satisfacción de tomar la palabra para hablarles de una Ley, la de Tropa y Marinería, a la que hoy se podría calificar de ley madrugadora,
pero no por la hora en la que se comienza a trabajar en el Congreso, sino porque ya empezó a cosechar frutos para la defensa incluso antes de que llegase a esta Cámara. Es verdad que a quien madruga Dios le ayuda. Pero es verdad también que la
prueba de que no es solo el horario lo que invita a que las cosas salgan bien, es esta ley sobre la que ahora tengo el honor de hablar. Lo hago con alegría, con gratitud y con esperanza (Rumores.), unos sentimientos que les resumo diciendo que es
alegría porque los efectos de esta ley se han producido incluso antes de que se publicara. En junio del año 2005, un mes después...(Rumores.)
Señor presidente, creo que no le interesa a nadie la presentación. Por tanto, señor presidente, si me ampara en el derecho...(Protestas.-El señor Martínez-Pujalte López: No, retírese.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio. Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Muchas gracias por su amparo, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Estaba diciendo que hablaba de esta ley con la alegría de saber que al producirse la aprobación del proyecto
por el Consejo de Ministros, en cuanto se anunció un mejor tratamiento para soldados y marineros, se hubo un incremento de solicitudes de entrada en los ejércitos de 2.866 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Luego, al mes
siguiente del debate de totalidad del Congreso, solicitaron ingresar en los ejércitos 1.744 soldados y marineros más que en el mismo periodo del año anterior y, en enero de este año, tras su remisión al Senado, son 1.620 soldados y marineros más
quienes lo solicitan. En resumen, señoras y señores diputados, en este momento tenemos 5.000 soldados más de los que teníamos en enero de 2005, y esto produce alegría y satisfacción cuando la Ley de Tropa y Marinería lo que viene a resolver es un
conflicto grave en relación con nuestros soldados y marineros.
El segundo sentimiento es el de gratitud a SS.SS. y a lo que representan, gratitud a quienes, conscientes del problema que tenían los ejércitos y la Armada, han contribuido con sus enmiendas y con el voto que ahora anuncian a que esta ley
pueda ir al Boletín Oficial del Estado sin ningún voto en contra ya en el Senado y, por lo que SS.SS. han manifestado, en el Congreso ocurrirá lo mismo. Gracias por ello.
Y esperanza, la esperanza de que el entendimiento que esta ley pone de manifiesto, entre todos los grupos parlamentarios sin exclusión, pueda regir como principio las deliberaciones y las decisiones que hayan de tomarse sobre la defensa
nacional en adelante.
Al subrayar estos tres sentimientos, quiero decirles que lo hago en nombre del Gobierno y, muy singularmente, también en nombre de los militares, desde el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el militar más veterano por ministerio de la ley,
aquí presente en la tribuna, hasta
el último soldado o marinero que se haya incorporado, y que con esta ley podrá decir -y decir con verdad- que tendrá un futuro profesional durante toda su vida en las Fuerzas Armadas.
La tropa y la marinería son clave en los ejércitos, lo que exigió la atención del Gobierno antes de esta ley, con un plan de choque al que me gustaría hacer alguna mención que quizá pueda interesar a SS.SS. En primer lugar, fue el aumento
del cupo de extranjeros, sin que fuera cierta la idea de que se ampliaba el contingente en la Armada y en los ejércitos porque el Gobierno había incrementado el cupo de extranjeros.
No es cierta esa deducción porque es verdad que el cupo aumentó
del 2 al 7 por ciento, pero también lo es que en este momento no se llega ni a la mitad de dicho cupo, por lo que hablar de modo despectivo, como algún comentarista ha hecho, de ejército de mercenarios no tiene sentido ni fundamento en las cifras de
extranjeros a quienes, por cierto, el ministro agradece su dedicación a la defensa nacional. Se tomó también la medida de aumentar el número de soldados permanentes, y se han triplicado las plazas anuales, en cuanto a soldados permanentes, que se
venían convocando. Asimismo se ha ampliado la oferta formativa hasta 47 títulos técnicos. Todas estas medidas han tenido su efecto y, como les decía, hoy las Fuerzas Armadas tienen 5.000 soldados y marineros más que en el año anterior.
Esta ley abandona o modifica el modelo de 1999 establecido tras la suspensión del servicio militar obligatorio. Aquella suspensión fue consecuencia del acuerdo de investidura del Partido Popular y de Convergència i Unió, y hay que decir que
fue un acuerdo que a nadie molestó; esa es la realidad. Pero también es verdad que llegó un momento en el que ni había soldados suficientes para las tareas de los ejércitos ni había plazas bastantes para los que objetaban conciencia para realizar
el servicio militar. Era una situación complicada y difícil hasta el punto de que, a comienzos de 2001, se ofreció a los soldados de reemplazo suscribir un compromiso por un año, que incluía el tiempo del servicio militar obligatorio, de modo que,
fíjense, los que firmaban obtenían 12 meses de sueldo por el trabajo de tres. Era una situación a la que se llegó tras aquella suspensión, insisto, querida por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.
Ahora, con esta ley ningún soldado trabajará sin opciones de futuro. Nos situamos en el entorno de lo que realizan los ejércitos de los países vecinos y aliados. Inicialmente, como saben, se podrá firmar un compromiso de dos o tres años
renovables hasta seis años. Quienes a los tres años quieran, podrán optar a ser suboficial y a los cinco podrán acceder con ventaja legal a las pruebas para ser guardias civiles o policías del Cuerpo Nacional o policías locales de los ayuntamientos
que hayan suscrito convenios con el Ministerio de Defensa. El tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas será considerado mérito de cara a los concursos que las administraciones puedan convocar. Sorprendentemente, hasta ahora no ocurría así. Se
podía adquirir mérito en un hospital, en un instituto o en una escuela, pero no se adquiría sirviendo en las Fuerzas Armadas, lo cual resultaba chocante, y SS.SS. vienen a corregirlo.
Quienes además muestren su idoneidad y estén en los ejércitos hasta los 45 años de su edad van a tener derecho a una indemnización mensual hasta que se jubilen, aproximadamente igual al salario mínimo interprofesional, compatible con
cualquier actividad que no sea, lógicamente, la percepción del subsidio de desempleo. Con esta ley la profesión de soldado y de marinero comienza a cotizar al alza, propicia una imagen prestigiada de los mismos y da seguridad a quienes nos ofrecen
seguridad al resto de los españoles. Era una obligación con los soldados y con los marineros, era una obligación moral con quienes nos ofrecen seguridad. Señorías, el grado de consenso alcanzado en el Senado, y el ahora anunciado en el Congreso,
supone un precedente muy considerable al menos en esta legislatura y probablemente también en este Pleno.
Gracias, y ojalá que lo que nos una en esta materia, que siempre es más que lo que nos separa, acertemos a ponerlo en valor, porque eso beneficiará a la defensa de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Comenzamos la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Mixto. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta Ley de Tropa y Marinería después de su paso por el Senado, como ya lo hizo en el debate en el Congreso colaborando con diversas enmiendas a que mejorase el aspecto de la profesionalidad de las
Fuerzas Armadas. Una vez que el debate ha llegado al Senado y se sustancia con seis enmiendas que vienen a hacer precisiones interesantes en relación con la fijación bienal de las plantillas de los ejércitos o con el acceso a la adquisición de la
condición de militar o incluso en las disposiciones adicionales para mejorar la redacción del texto o aludir a figuras que no estaban contempladas o simplemente para mejorar la situación y la seguridad de los militares de complemento, tenemos más
razones para hacerlo ahora también.
Señorías, quiero acabar diciendo que cuando tuvo lugar el debate en Comisión de esta ley y de todas las enmiendas ya dijimos que era fundamental superar las graves deficiencias y la gran precariedad en que había situado a muchos militares la
Ley del año 1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, y añadimos que el Bloque Nacionalista Galego no tenía nada en contra, sino todo a favor de establecer un ejército profesional, mejor pagado, más seguro y con más posibilidades de
integración en la vida civil y laboral si se opta por no permanecer indefinidamente en el ejército.
En todo caso, señorías, esto va a contribuir a que, aun manteniendo el sistema jerárquico del ejército, que es inevitable, el respeto entre los miembros de las Fuerzas Armadas sea mucho mayor y el respeto también de la sociedad por las
Fuerzas Armadas pueda ser el propio de un Estado democrático. Esperemos que esta ley se complemente con muchas otras que incidan en la democratización de las Fuerzas Armadas y en su servicio al orden constitucional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Coalición Canaria. Don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, en la Comisión de Defensa, dado que esta ley no tuvo avocación por el Pleno en su último trámite en esta Cámara, manifestamos un apoyo genérico de mi grupo y de este diputado a todo proyecto de ley que proveniente del Ministerio de
Defensa trate de fomentar la solución de los problemas de los efectivos de tropa y marinería y al mismo tiempo de los cuadros de mando. Mostramos también nuestro apoyo general a toda ley beneficiosa para la estructura operativa de nuestras Fuerzas
Armadas, porque nuestros ejércitos son la garantía de valores constitucionales de paz en las misiones internacionales de defensa de derechos humanos. Sin embargo, mostramos algunas reservas a aspectos puramente procedimentales de funcionamiento de
esta ley.
Esta ley modifica en su artículo 2 el efectivo numérico cuantitativo de las Fuerzas Armadas divididas en dos grandes bloques: tropa y marinería y cuadros de mando. Yo le pido al señor ministro de Defensa que no deje coja la estructura
militar y lleguen cuanto antes aquí las posibilidades de plantilla para los cuadros de mando. Porque cuando debatimos la Ley 17/1999 hubo discrepancias incluso dentro de los grupos parlamentarios sobre cuál tenía que ser la dimensión numérica de la
tropa y marinería y de los cuadros de mando. Llegamos a unas cantidades -en torno a 40.000 en cuadros de mando y más de 100.000 en tropa y marinería-, pero posteriormente las dificultades de captación de tropa y marinería fueron las que en verdad
justificaron la presentación de esta ley. Nosotros le deseamos, señor ministro, su mejor aplicación.
Esperemos que las soluciones que se dan para ir absorbiendo al personal que llega un momento que por edad no quiere estar en las Fuerzas Armadas permitan su adaptación a otras fuerzas de orden público, como Policía Nacional o Guardia Civil.
Quería resaltar que el Ayuntamiento, que me honro en representar, de Santa Cruz de Tenerife fue uno de los cuatro ayuntamientos, con cuatro fuerzas políticas diferentes además -Grupo Popular, Grupo Socialista, Izquierda Unida y Coalición Canaria-,
que firmaron un compromiso con el señor ministro de Defensa para dar facilidades de incorporación al personal procedente de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas en los cuerpos de Policía Municipal o cuerpos de la Administración local
pertinentes. Yo quiero resaltarlo hoy aquí. Pero insisto, señor ministro, en que para que no se desequilibre lo que aprobó la Ley 17/1999, se recupere felizmente la proporción existente entre cuadros de mando y tropa y marinería. Y voy a hacer
una observación.
Nadie sabrá dentro de unos años para qué nos pueden servir en el compromiso de largo plazo soldados con 45 años. Esperemos que las medidas correctoras contenidas en la ley y el entendimiento con las corporaciones autonómicas o
locales nos permitan observar, pues dudamos muy mucho del grado de eficacia y efectividad en clase de tropa y marinería de una persona que llega a los 45 años en las Fuerzas Armadas. Creemos que físicamente no reúne las condiciones necesarias.
Basta ver la media de edad de la tropa de Naciones Unidas en países del exterior, la edad de los efectivos de las Fuerzas Armadas norteamericanas y británicas en Irán, en las que el soldado operativo de base tiene entre 22 y 25 años.
¿Por qué?
Porque se trata de condiciones físicas, las mismas que exige un entrenador de fútbol para su equipo, ya que hay edades para otras cosas pero no para estas.
Nosotros vamos a dar nuestro apoyo, pues las enmiendas que vienen del Senado son prácticamente correcciones de ajuste y queremos dar al ministerio la facultad de fijar bianualmente las plantillas y algunas otras cuestiones que permiten
garantías del tipo de sujeción de los cabos mayores, etcétera, que no añaden ni quitan nada al valor de fondo. De lo que se trata es de votar en esta sesión las enmiendas del Senado, que no tienen mayor trascendencia, pero me fijo en la enmienda al
artículo 2, que es el que tiene que regular el equilibrio entre cuadros de mando y tropa y marinería, porque las leyes no se hacen para una determinada persona cuando se está legislando sobre un colectivo y sobre unas instituciones tan importantes
como las Fuerzas Armadas. Es la generalidad del beneficio de la ley, y no se trata de hacer aquí una ley de la Seguridad Social y de los derechos inalienables de las personas a recibir asistencia médica o una pensión del Estado, sino de regular la
situación de los ciudadanos y ciudadanas al servicio de la institución democrática profesional de las Fuerzas Armadas. En esa línea, como digo, las enmiendas que vienen del Senado no tienen mayor problema y las votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Después de la diana floreada que hemos tenido en el día de hoy, mi grupo parlamentario va a respaldar esta iniciativa, que seguramente en Europa se considerará arcaica, involucionista y que va contra los vientos de la historia, porque hoy
los vientos de la historia, a tenor del debate francés sobre el contrato del primer empleo, no
es que los trabajadores tengan empleo de calidad, perspectivas de continuidad o posibilidades de reciclaje, sino que lo moderno en Europa hoy es que tengan empleos precarios de los cuales puedan ser despedidos en cualquier momento. Por lo
tanto, mi grupo parlamentario expresa su satisfacción no tanto por la diana floreada del día de hoy como porque la primera cuestión que tratamos es la dignificación de los soldados y marineros en nuestras Fuerzas Armadas. Hasta hoy hemos tenido en
nuestro país un ejército denominado profesional, pero que en la práctica no era tan profesional, no por falta de profesionalidad de sus miembros, sino porque realmente no tenía unas características laborales dignas. A partir de este momento, al
menos entre soldados y marineros hay una situación laboral digna de tal nombre y además esa situación laboral tiene continuidad, garantiza la profesionalización de estos soldados y marineros en nuestras Fuerzas Armadas y, por si fuera poco, a
aquellos que quieran dejar las Fuerzas Armadas les permite un reciclaje en la vida civil; en definitiva, la necesaria relación entre lo militar y lo civil en una democracia avanzada. Por eso nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa porque,
por una parte, es coherente con la Ley de Defensa Nacional, que ha creado una estructura y una función de nuestras Fuerzas Armadas adecuadas al siglo en que vivimos, y, por otra parte, porque ha vinculado cualquier acción exterior de nuestras
Fuerzas Armadas a las decisiones democráticas del Congreso de los Diputados y también a las resoluciones de Naciones Unidas. Por tanto, es un avance muy importante en el carácter democrático de nuestros ejércitos, en el control democrático de la
presencia militar española y en este caso es un avance también importante en la dignidad de los soldados y marineros en cuanto a su puesto de trabajo.
Queda avanzar también en lo que podemos denominar el asociacionismo dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, los derechos y las libertades de los soldados y los marineros, que nos parece que es una cuestión importante que tiene que
desarrollarse en un futuro, y queda pendiente también el desarrollo del resto de las estructuras de las Fuerzas Armadas, particularmente lo que tiene que ver con la ley de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que vendrá a continuación.
Hay que decir que esta ley, que tiene que ver más con la oficialidad de las Fuerzas Armadas, en nuestra opinión debería profundizar en algo que, como antecedente, intentó la II República española, y es la mayor relación entre la formación militar y
la formación civil como garantía en nuestro país de convivencia y de futuro en paz y en libertad. Creemos que esas cuestiones son importantes. Estaremos atentos a ellas y trataremos de que se concreten en los próximos tiempos. Esta es la posición
de nuestro grupo parlamentario, que en este mes de abril, además de recordar esa pretensión arcaica de los ciudadanos a tener empleos de calidad, parece ser que en contra de los tiempos, quiere recordar también el antecedente histórico de nuestra
democracia y también de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que no está en otro sitio, señorías, que en la II República española y en un hombre como el presidente Azaña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Vasco. Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, ministro, señorías, de todos es conocido que las enmiendas de interés o aportación que presentó nuestro grupo tanto en el Congreso como en el Senado fueron aceptadas y que también, a nuestro juicio,
la ley tiene unos planteamientos y virtualidades reconocidas, por lo que hacemos una valoración positiva de esta ley.
Yo desearía volver a insistir en una argumentación que planteamos en el debate en el Pleno del Congreso -reflexión que por lo visto no suscita en el resto de los grupos la preocupación que merece en el nuestro-, y es que la pensión de
prejubilación, yo diría que encubierta, equivalente al salario mínimo interprofesional, que recibirán los soldados cuando se jubilen a los 45 años es un precedente difícil y de delicada argumentación, sobre todo cuando se basa en la dificultad de
renovación que padecen las Fuerzas Armadas. Se pretende que no es una pensión -y no quiero abrir un debate- sino una indemnización, y yo diría que no les importaría recibirla con estas disquisiciones a numerosos colectivos en situaciones no diría
parecidas pero sí similares. Sinceramente pienso que a los 45 años los soldados pueden y deberían estar en plena forma.
Entiendo también que esta es una apreciación no excesivamente compartida por el resto de los grupos de la Cámara y nosotros la
aceptamos en los términos en que se apruebe en la ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Esquerra. Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, nuestro grupo parlamentario presentó muy pocas enmiendas en su trámite en el Congreso, pero hacían referencia a un tema que creo que es de justicia, al que antes también aludía el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, que es el de la paga, pensión o el nombre que se le quiera poner. No es de justicia que a una persona a la que se la jubila con 45 años se le dé una paga hasta su jubilación, parecida o superior al salario mínimo, de 7.200 euros al año.
Esto es una injusticia porque hay otros colectivos. Creo que tendría que haber sido tratado, como mínimo, en la Comisión del Pacto de Toledo para que hubiese igualdad de prestaciones para todo el mundo. Hay pensionistas que no llegan a esta cifra
cuando se jubilan y se produce la sensación de que se dan privilegios a unas personas que tienen una edad en la que están plenamente capacitadas para cualquier otro tipo de trabajo. En su momento dijimos en la enmienda que presentamos que no fuese
compatible con ningún otro
ingreso. Fue aceptada parcialmente, en el sentido de que fuera incompatible -así queda reflejado- con cualquier ingreso de la Función pública, pero queda la vida privada. Nos podemos encontrar con casos que serían un poco extraños,
injustos, de personas que les puede haber tocado la lotería o que pueden haber heredado y seguirían cobrando esa paga.
Esto es injusto, un error que tendría que ser rectificado en su momento.
No nos vamos a oponer a la ley, pero sí queremos
manifestar esta situación de privilegio que se establece en personas que están en edad de encontrar trabajo, que pueden encontrar alternativas. Además, se hace un flaco favor a una práctica de cultura del subsidio. Por esta reflexión, que
presentamos en su día, nuestro grupo parlamentario no se va a oponer a la ley, pero queríamos dejar constancia de que ha sido un error que fue corregido y aceptado en la enmienda que propuso nuestro grupo, pero que tendría que ser extensible por la
calidad y por la situación en que se encuentran otros ciudadanos que cuando se jubilen no van a llegar a esta cifra, que además puede ser revisada al alza en posteriores leyes de presupuestos. Termino mi intervención con esta reflexión que quiero
que conste en el 'Diario de Sesiones'.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
CiU. Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no para debatir la ley, porque la debatimos en su momento, sino para fijar posición sobre algunas enmiendas introducidas en el Senado. Nuestra posición será
favorable porque son meramente mejoras al texto que se aprobó en su día en el Congreso.
El señor ministro ha definido la ley como una ley madrugadora, y yo diría que es una ley madrugadora y consensuadora. En los tiempos que corren, una ley que empieza con una enmienda a la totalidad y termina su tránsito parlamentario en
consenso significa que es una ley trabajada, hablada, debatida y pactada. Por tanto, será una buena ley. Ojalá que en otros ámbitos, tan o más importantes como el que hoy nos ocupa, encontrásemos siempre esas actitudes, incluso en el mismo
ministerio. Aprovecho la ocasión, señor ministro, para pedirle la misma actitud, el mismo estilo que hemos encontrado en la Ley Orgánica de la Defensa, en la Ley de Tropa y Marinería y en otros aspectos debatidos-en catalán decimos tarannà-, en el
proyecto de ley del castillo Montjuïc. Es un tema que ha quedado aparcado y que en Convergència i Unió nos preocupa que no se solucione.
Creemos que es fácil y nos gustaría encontrar en esta ley de cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad de
Barcelona, que urge, la actitud que ha habido en su día con otras leyes, señor ministro.
Respecto a la Ley de Tropa y Marinería presentamos un su momento dieciocho enmiendas. Retiramos tres, sobre todo porque algunas de ellas significaban que en un próximo paso serían debatidas e introducidas; seis fueron aceptadas y
diecinueve transaccionadas. Nos da la impresión de que de dieciocho enmiendas, quince hayan sido aceptadas o transaccionadas significa una voluntad de debate, de incorporación, de pacto y de respeto político. De ahí nuestro voto positivo y nuestro
agradecimiento a la actitud del ministro y de su equipo en la negociación, porque ha permitido mejorar y perfeccionar en la tramitación una ley que entró en esta casa con lagunas, con dudas y con déficits, como todas las leyes que llegan a debate.
Convergència i Unió ha respetado al máximo los pactos a los que se llegó en su momento en el Congreso. De ahí, que no presentara ninguna enmienda en el Senado, porque creíamos que se había llegado a un consenso que no merecía ningún tipo de
enmienda. Es verdad que hoy nos llega aquí el texto con algunas modificaciones de otros grupos que hemos de votar y nosotros lo haremos a favor. ¿Por qué no debatiremos la ley? Porque ya hubo un debate previo -ya se debatió mucho- y ahora lo
único que hacemos es aprobarla definitivamente.
Esta es una ley que nos parece que es un salto cualitativo hacia delante, de presente y de futuro, para aquellas personas que trabajan en este caso en el ejército. Nos parece que es una ley no solo de futuro, también de presente. Es una
ley que -como muy bien ha dicho el señor ministro- sustituye el modelo de 1999. Le agradezco su actitud política, que no crítica, de valoración positiva del pacto entre Convergència i Unió y el Partido Popular en su momento para hacer desaparecer
el servicio militar obligatorio y para profesionalizar el ejército. La ley, a la que yo muchas veces llamo ley Carles Campuzano porque fue un poco el guía y el norte que hizo desaparecer el servicio militar obligatorio -como muy bien ha dicho el
señor ministro- era demandada por la sociedad. Yo creo que fue un buen acuerdo político, pero quizás porque se hizo muy deprisa no se le dio el marco legislativo que merecía. Hoy el Gobierno socialista presenta un marco que de alguna forma da
garantías de futuro a aquella ley del año 1999, que era un marco políticamente bueno, pero hacía falta un marco jurídico de estabilidad para los militares.
Señor ministro, nos parece que esta es una ley que -como usted y otros portavoces han dicho muy bien- dignifica el trabajo de unas personas que quieren dedicar gran parte de su vida a ser militares, pero había espacios que no les permitían
trabajar con dignidad: sueldos, puentes hacia otras administraciones cuando acabaran su labor en el ejército, etcétera. Aquí hoy aprobamos una ley que cambiará un poco la imagen de que el militar es una persona mal pagada, sin futuro y con un
presente difícil. Por tanto, felicitamos la iniciativa del ministro de llevar a cabo esta ley; aplaudimos la propuesta, la valoramos y la votamos. Es un salto adelante y tiene que haber más pasos adelante, señor ministro.
Usted mismo
ya ha anunciado la Ley de la carrera profesional militar y pensamos que este nuevo paso es importante porque hay aspectos que han quedado pendientes de acotar en esta nueva ley, aspectos con los cuales cerraremos un círculo que estaba
abierto. Esta ley que hoy aprobamos y la futura ley de la carrera profesional permiten que una serie de personas que estaban en la calle se reincorporen a lo que quieren ser: militares -recordemos a los militares temporales-. Quiero aprovechar
estos pocos minutos de exposición que me quedan para rendir homenaje a la Unión de Militares Temporales, que pacíficamente, con mucho respeto, pero con mucha ilusión e insistencia nos han hecho ver a los políticos que había militares que expulsados
injustamente del ejército querían volver a sus labores y no podían. Le pido, señor ministro, que con su actitud dialogante y serena estas personas se vayan incorporando poco a poco, en los plazos previstos, porque son personas que llevan muchos
años en su casa por una injusticia, viendo cómo los diferentes gobiernos no les solucionaban su situación.
Nos quedan asignaturas pendientes. Usted, señor ministro, es un demócrata total y una persona que está democratizando el ejército. Hay una asignatura pendiente, que el señor portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha
mencionado y que yo también menciono en cada una de mis intervenciones: el asociacionismo militar. Es verdad que los militares no pueden sindicarse. Es verdad que no existen sindicatos en ningún sitio del mundo, pero en muchos países europeos y
del mundo los militares tienen asociaciones militares, que son meramente plataformas para hacer llegar a sus superiores aquellas necesidades, lagunas o ilusiones que tienen los colectivos. Hoy en día los militares no pueden estar asociados y desde
aquí Convergència i Unió, una vez más, reitera esta voluntad, porque en democracia, en los tiempos que corren, sería una muestra de modernidad que el Partido Socialista avanzara en este tema. Sé que es difícil, sé que hay tabús, pero creo que
usted, señor ministro, poco a poco y sin levantar ampollas, puede avanzar en este tema. Ya he dicho que Convergència i Unió va a votar a favor, porque esta es una ley que mejora el futuro de los militares. Es una ley que permite que cuando un
militar entre en el ejército sepa qué le pasará cuando lo deje, sabe que ustedes, el Gobierno actual, les facilitarán puentes para incorporarse a otras administraciones con ventajas y, por tanto, no deja de ser una ley de justicia social hacia
hombres y mujeres que quieren hacer del militarismo su profesión sin dejar lagunas en su futuro.
Muchas gracias y le recuerdo, señor ministro, que en el diálogo y en el pacto siempre encontrará a Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Oltra, por favor.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Defensa, me complace tomar la palabra para fijar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en el último trámite parlamentario de la Ley de Tropa y Marinería, que es el debate de las
enmiendas que el Senado ha incorporado a este proyecto de ley. En primer lugar, quiero anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a las enmiendas que se han incorporado por unanimidad en el Senado, ya que a nuestro juicio suponen una
mejora del texto que fue aprobado por la Comisión de Defensa el pasado 25 de diciembre de 2005. Las enmiendas que hoy votaremos favorablemente no solo tienen el mérito de la mejora y complemento del texto que inicialmente aprobamos, sino que
aportan el plus de venir avaladas por el consenso de todos los grupos parlamentarios y, el Grupo Parlamentario Popular, señorías, quiere destacarlo y valorarlo.
Terminamos hoy felizmente el trámite parlamentario de una ley que creemos que va a favorecer la incorporación y permanencia de soldados y marineros en nuestras Fuerzas Armadas. La Ley de Tropa y Marinería finaliza este trámite con
incorporaciones y mejoras sustanciosas a las que no me voy a referir, pues ya lo hizo con minuciosidad y detalle mi compañero de ponencia, don Héctor Esteve, en la sesión de la Comisión de Defensa en la que se aprobó el proyecto de ley, lo que ha
motivado que cuente con la aprobación de la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Pero si este es el final, también es importante recordar que el debate de este proyecto de ley comenzó con la presentación de una enmienda de totalidad por parte
del Grupo Popular, cuya defensa desde la firmeza, que no desde el fervor, tuve el honor de hacer desde esta misma tribuna, como recordaba el pasado miércoles el señor ministro. El único fervor, en el sentido de entusiasmo o ardor, que no en otras
acepciones del término que pudo motivar aquella intervención en este Pleno, fue tener que hablar inmediatamente después de su señoría. Para no reabrir debates estériles, no calificaré como fue su intervención, señor ministro, pero ahí queda el
'Diario de Sesiones' para justificar cuanto estoy diciendo. Por cierto, señor ministro, los que me conocen saben que nunca nadie me ha escrito el contenido de cualesquiera de las intervenciones que he tenido en esta Cámara o en cualquier otro
ámbito. No sé si S.S. puede decir lo mismo.
(Aplausos.)
Volviendo al debate de totalidad, basábamos la justificación de la enmienda de totalidad fundamentalmente en dos razones: por una parte, la falta de una visión global y de conjunto de la política de defensa, particularmente en este caso en
lo referido a la política de personal y, por otra, la falta de consenso previo con este grupo parlamentario, como venía siendo norma de comportamiento hasta que ustedes llegaron al Gobierno, y algunos ejemplos puse entonces de ello. ¿Qué ha pasado
desde entonces? Que en el ministerio, seguramente motivado por cuanto acabo de relatar, se dieron cuenta
de que no iban por el buen camino y de que no era bueno que una ley que afectaba a cuestiones de personal no contara con el concurso de cuantas más fuerzas políticas mejor, pero sobre todo, señorías, con el concurso del principal partido de
la oposición, partido que representa a más de 10 millones de ciudadanos. Y respondió a nuestra demanda rectificando su postura inicial, ofreciendo a este grupo aceptar la totalidad de las enmiendas que había presentado, bien asumiendo en este
proyecto de ley cuanto proponíamos, bien adoptando el compromiso de resolver otras situaciones en la reforma más amplia que tiene pensado abordar el Gobierno en materia de personal en un breve plazo de tiempo. Por eso, señorías, me siento
razonablemente satisfecha de haber defendido la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Tropa y Marinería que aprobó el Gobierno, porque tengo la profunda convicción de que sin ella no se hubiera propiciado el ánimo de consenso y el cambio
radical que ha sufrido esta ley. También nos sentimos razonablemente satisfechos de que nuestros militares, hoy representados en la tribuna por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, o aquellos que aspiren a serlo sepan que por encima de otras
cuestiones, en una ley que afronta el medio y largo plazo, quien hoy les gobierna y quien está llamado a gobernarles mañana han sabido llegar a un acuerdo, cosa que sin duda les dará una mayor estabilidad y confianza en su futuro, que sin nuestro
voto no hubiera sido posible. Si esta ley, según palabras del ministro de Defensa, ha tenido la virtualidad de triunfar antes de entrar en vigor, convendrán conmigo en que en gran parte se debe al apoyo que ha tenido, y ahí el Grupo Popular tiene
una aportación sustancial.
Para terminar con los argumentos que entonces aportábamos, también quiero manifestar en este momento que respecto de la visión global en materia de política de personal el Gobierno y el grupo mayoritario en esta Cámara nos han ofrecido el
compromiso del consenso previo en las reformas que decidan proponer a la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, a la que antes hacía referencia. Se preguntaba el ministro en aquel debate qué haríamos si nos aceptaban todas las
enmiendas. Lo que hace el Grupo Popular es responder votando favorablemente, reconociendo y agradeciendo el cambio de actitud del Gobierno y esperando que este sea el principio de una nueva forma de trabajar los temas básicos de defensa, la del
consenso. Decía el senador Muñoz Alonso en el debate de esta ley en el Senado, que legislar por consenso materias como la defensa permite formular políticas que con toda propiedad se pueden denominar políticas de Estado, si no -seguía diciendo- se
quedarían en meras políticas de Gobierno, cambiables, modificables al hilo de los naturales avatares electorales y políticos. El Grupo Popular tiene la esperanza de que se siga trabajando en el Ministerio de Defensa con ese ánimo, y asimismo
esperamos que esta ley sirva como aliciente para consolidar las Fuerzas Armadas profesionales de las que nos dotamos en su momento y que son las que necesitan los españoles. Ese ha sido el propósito que nos ha acompañado en todo el trámite
parlamentario de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Defensa, Bono Martínez, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, el Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, con brevedad quisiera contestar a la señora Oltra que no fue mi intención molestarla u ofenderla, pero si así lo entendió, por muchas razones, entre ellas también la de la
cortesía, le ruego acepte mis disculpas.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Grupo Socialista. Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecerle su presencia en este último debate parlamentario del proyecto de Ley de Tropa y Marinería. Queremos también agradecerle el importante trabajo que se ha hecho en su
ministerio, tanto a usted como por supuesto sin olvidar a todo su equipo. Valga también el agradecimiento de mi grupo al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Su interés y sus aportaciones han hecho que un buen proyecto de ley que
entró en esta Cámara, hace casi un año, se convierta en una muy buena ley que va a permitir un futuro profesional con enormes expectativas para nuestros soldados y marineros.
Este es un agradecimiento que en el Grupo Parlamentario Socialista
queremos hacer extensivo a muchos hombres y mujeres, soldados y marineros que han participado también en el proceso parlamentario y cuyas demandas en buena parte se han recogido y sin duda han contribuido a mejorar el proyecto. Ponemos hoy fin al
trámite parlamentario de un proyecto de ley que ha sido muy trabajado, muy consensuado y muy debatido, como esta mañana ya se ha dicho aquí. Hay un dato que lo dice todo. Se han presentado 132 enmiendas, de las que 87 han sido o bien aceptadas o
bien transaccionadas. A su paso por el Senado el proyecto de ley ha sufrido algunas modificaciones, fundamentalmente con el objeto de lograr una mayor seguridad jurídica o con el objeto de cubrir algunas lagunas que nos habíamos dejado en el
Congreso. Mi grupo quiere anunciar que indudablemente votará a favor de esas enmiendas, entre otras cosas porque también han sido consensuadas por todos los grupos del Senado y además votadas por asentimiento. Recordaré alguna enmienda, como la
que dice que el Ministerio de Defensa fijará bienalmente las necesidades del ejército o que para acceder a militar profesional no se tenga abierto ningún procedimiento judicial en calidad de procesado o imputado. También se ha llegado a un acuerdo
para ampliar, de seis meses a un año, el plazo para que los militares
profesionales de tropa y marinería que tengan una relación permanente a la entrada en vigor de la ley puedan acogerse al compromiso de larga duración.
Es cierto que la tramitación de esta ley ha durado más de lo previsto, o al menos más de lo que nos hubiera gustado, pero esta demora también ha contado con el beneplácito de los más afectados, los soldados y marineros que salieron del
ejército por la aplicación de la Ley 17/1999, de Personal, hace ahora dos años y cuatro meses. Todos han mostrado su disposición de agotar todo el proceso parlamentario para mejorar al máximo la ley. Y es que, señorías, estamos ante una ley
necesaria, ansiada, que abre enormes expectativas de futuro personal y laboral dentro de los ejércitos. Es curioso -y lo ha dicho el señor ministro, pero me gustaría volver a recordarlo- que antes de la entrada en vigor de esta ley se hayan notado
ya sus efectos positivos con ese dato de las 5.000 nuevas incorporaciones que ha habido en las Fuerzas Armadas en el año 2005. Por tanto, vamos por buen camino para resolver la falta de efectivos que tienen nuestros ejércitos, así como un segundo
problema, la poca permanencia de nuestros soldados en las Fuerzas Armadas. Esta es una ley que resuelve esos problemas y que además mira al futuro; esta es una ley que beneficia a los soldados y marineros; les ofrece seguridad laboral, tanto si
permanecen en las Fuerzas Armadas como si se reincorporan a la vida civil porque quieran dejar los ejércitos; les ofrece estabilidad económica, formación y una profesión dignificada. Es buena, por tanto, para los que quieren entrar en las Fuerzas
Armadas, para los que ya están dentro y también para aquellos que tuvieron que dejarlas, como antes he dicho, con la aplicación de la Ley 17/1999. Por tanto, señorías, nos podemos sentir satisfechos, porque todos y todas estamos contribuyendo a
dignificar la situación laboral de nuestros soldados y marineros; todos y todas estamos contribuyendo a crearles expectativas de futuro, a que tengan ilusión en su profesión, a aportarles mayor seguridad, en definitiva contribuimos a que se sientan
verdaderos profesionales.
Finalizo no si antes tener un recuerdo para todos esos militares de tropa y marinería que tuvieron que salir un día del ejército y que esperan ansiosos la entrada en vigor de esta ley. No solo a ellos queremos agradecerles su constancia y
su paciencia, sino también a sus familias que han estado siempre animándoles y esperando que ese gran día en el que puedan volver al ejército llegue pronto. Señor ministro, señorías, ese día ya ha llegado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
-PROYECTO DE LEY SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. (Número de expediente 121/000038.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este primer proyecto, continuamos con el siguiente punto del orden del día: Proyecto de ley sobre evaluación ambiental estratégica. Fijamos posición. (Pausa.) Empieza usted, señor Herrera, por
Iniciativa per Catalunya.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a aprobar una ley de la que se ha sentido partícipe y en la que hemos estado muy implicados. Ya en el trámite del Congreso se incorporaron enmiendas importantes, desde nuestro punto de vista, que hacían que la
concurrencia del órgano ambiental para la evaluación ambiental fuese necesaria, que permitían que en las comunidades autónomas pudiera concurrir en este órgano ambiental y que incluso pudiese tener la última palabra. Por eso, desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds valoramos muy positivamente esta ley.
En segundo lugar, queremos constatar que las enmiendas que vienen del Senado son pocas, pero hay que decirlo, la mayoría de las que vienen del Partido Popular recortan precisamente la ley desde el punto de vista medioambiental. Parece que
el Partido Popular está preocupado por que no haya leyes exigentes desde el punto de vista medioambiental, como podremos ver después en la Ley de Montes, pero nosotros estamos muy contentos de que haya una mayoría en el Congreso que precisamente no
permita estas pretensiones.
Por último, una anécdota, que no es una anécdota, sino que es real. En estos días ha pasado algo muy grave, como es la decisión por parte de la Unión Europea en torno a la M-30. Nos viene como anillo al dedo, porque sin lugar a dudas leyes
como ésta harán más difícil que comunidades autónomas, cuyo respeto por el medio ambiente es igual a cero o incluso igual a algo menos que cero, no puedan hacer los disparates que se han cometido en las obras de la M-30. Por tanto, he de decir que
nosotros creemos que esta ley, que pasará en el Pleno de hoy como una ley menor, según entenderán algunos, es una ley muy importante porque va a evitar que determinados abusos que se han producido, precisamente por aquellos que lo que hacen en el
Senado es aplicar las tijeras a leyes exigentes, en este caso desde el punto de vista medioambiental, se produzcan.
Por todo eso vamos a apoyar la ley y a votar en contra de algunos apartados, como el título, los artículos 4 y 7 o la disposición final primera, porque suponen un recorte a la ley desde el punto de vista medioambiental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Es conocido que el Grupo Parlamentario Vasco presentó la única enmienda a la totalidad, pero también es cierto que hicimos una valoración positiva de esta ley y del talante del Gobierno y del Grupo Socialista en el proceso de negociación.
La mayoría de las enmiendas
fueron consensuadas, se nos ofrecieron transaccionales, por lo que estamos básicamente de acuerdo con esta ley. Hemos mantenido viva en el Senado la enmienda 97 respecto a la disposición adicional quinta, con la misma argumentación que
expusimos en el debate en Comisión, que también ha sido rechazada, y es la única cuestión que planteamos, porque seguimos pensando que no es bueno que exista una contradicción con una ley propia de comunidad autónoma, en este caso la vasca, que
funciona perfectamente desde 1998 y que se ha demostrado adecuada en los campos comunes con el Estado. Por tanto, estimamos que el Gobierno y el Grupo Socialista debieran haber logrado un texto más consensuado, por lo menos un texto aceptable, en
esta enmienda. De todas maneras, vuelvo a afirmar nuestra valoración positiva a esta ley y sobre todo al talante expresado por los portavoces del Grupo Socialista en el transcurso del debate de las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Grupo Parlamentario de Esquerra, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, Esquerra Republicana valora muy positivamente la aprobación de esta ley, que, si se aplica correctamente, puede ser uno de los instrumentos que nos ayuden a preservar nuestro entorno para las generaciones venideras. La evaluación
ambiental es una herramienta imprescindible para armonizar el crecimiento económico con el respeto por el medio ambiente y la salud de las personas. Hace años que se está dejando atrás la visión del crecimiento ilimitado, a cualquier precio, y se
viene constatando cómo es necesario adaptar el desarrollo económico a unas restricciones ambientales: límites de la contaminación, conservación de la biodiversidad, mantener la calidad del paisaje, etcétera.
En este sentido, como ustedes ya saben, desde el año 1988 se dispone de una reglamentación que obliga a llevar a cabo estudios de impacto ambiental para una serie de proyectos típicamente asociados a impactos ambientales más o menos
considerables, relacionados con las explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, productivas, infraestructuras, etcétera. Aun así, cabe apuntar que las políticas ambientales deben caracterizarse por una visión global, multidisciplinar y
estratégica. Se puede diseñar la mejor central térmica del lignito pardo, pero no habrá lugar a dudas de que, si sus kilovatios previstos se llevaran a cabo por placas fotovoltaicas, los beneficios ambientales, sociales y económicos serían muy
superiores; se podría construir una ronda metropolitana minimizando al máximo todos sus impactos ambientales, pero sería incomparable en términos de beneficio social con políticas de movilidad que hicieran innecesaria su construcción.
Hoy estamos dando forma jurídica a una nueva herramienta de evaluación ambiental que podrá evitar esta visión fragmentada y parcializada en el estudio de las implicaciones ambientales de determinados proyectos, y será precisamente a través
del estudio ambiental de los planes y programas que los prevén y justifican. Vale la pena recordar que el desarrollo sostenible es la capacidad de crecer y evolucionar socialmente sin menoscabar las opciones de desarrollo de las generaciones
futuras, y este concepto supera a todas luces una simple visión proteccionista. La evaluación ambiental estratégica era una necesidad para reconducir la iniciativa privada a nuevos modelos de crecimiento sostenibles en el tiempo.
Esquerra Republicana ha intervenido en este proceso legislativo con el ánimo de ser fidedignos a la trasposición del texto de la directiva, profundizar en los elementos de participación de la ciudadanía, destacar el papel de los gobiernos de
las comunidades autónomas, mejorar técnicamente el texto y ampliar su influencia. En este sentido, estamos satisfechos de que algunas de nuestras enmiendas, como las que hacen referencia a los planes objeto de evaluación, a la redacción en lenguaje
no técnico de las medidas contempladas en los planes, al carácter preceptivo de la memoria, a determinadas competencias autonómicas y a los contenidos del informe ambiental, hayan sido aceptadas o transaccionadas.
No podemos decir lo mismo respecto
a otras enmiendas que se nos han quedado en el camino, y algunas se nos han quedado en el camino por doble motivo, porque no se han aceptado en la tramitación del presente texto y porque el texto del Estatuto que aprobó el Parlamento de Cataluña ya
no es el que era. Me estoy refiriendo a lo que el Estatuto original preveía en su artículo 144 como competencia de la Generalitat de Cataluña: La regulación, la tramitación y la resolución de los procedimientos de evaluación ambiental de las
obras, las instalaciones y las actividades situadas en Cataluña, y de los planes y programas que afecten a su territorio, con independencia de la Administración competente para autorizarlos o aprobarlos. Así, hemos perdido la opción de que la
Generalitat de Catalunya designe el órgano ambiental para proyectos, planes y programas que afecten a su territorio. En este sentido, apelamos a que los diputados y diputadas catalanes reflexionen sobre esta cuestión. ¿Hasta qué punto la
Generalidad de Catalunya podrá diseñar su propio modelo de crecimiento si las centrales energéticas más significativas van a ser objeto de planificación en el Ministerio de Industria, si las actuaciones en la cuenca del Ebro y en el dominio público
marítimo terrestre lo serán en el Ministerio de Medio Ambiente, y las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias en el Ministerio de Fomento? No es una cuestión de desconfianza hacia el Gobierno central, es una cuestión de pérdida de
autogobierno, diputados y diputadas catalanes.
Por lo demás, nos queda desear que se haga un buen uso de esta norma.
Todos sabemos que la aplicación de la normativa ambiental no es una asignatura en la que las administraciones públicas tengan una buena nota.
Se trataría de que esta
nueva norma no se convierta en un
mero trámite, en un procedimiento más, en un impedimento más a salvar. La evaluación de planes y programas debería suponer, desde el principio, un cambio de rumbo en las políticas públicas que suponen la implantación de proyectos sometidos
a evaluación de impacto. Y estamos hablando, como saben, de pilares estratégicos de desarrollo: Plan de Infraestructuras y Transportes y sus planes sectoriales, Plan Nacional de Regadíos, planificación de los sectores de electricidad y gas, y Plan
Hidrológico Nacional. Creemos que la aplicación de esta norma debería ser una oportunidad para hacer mejor las cosas, no un impedimento más en el proceso de aprobación, y para eso hace falta creérselo. En el ámbito estatal, nos consta la falta de
convicción sobre las cuestiones ambientales que todavía hay en determinadas administraciones, como el Ministerio de Fomento o el de Industria. Será tarea del Ministerio de Medio Ambiente -y lo hará si tiene los recursos suficientes- demostrar que
la evaluación ambiental estratégica es una oportunidad para un desarrollo óptimo y sostenible en todos los ámbitos.
De los cambios introducidos en el Senado, vamos a votar a favor solo de cuatro enmiendas, a los artículos 6.2, 10.2, 11.5 y 17.1. Solo nos queda desear que esta ley sea interpretada como una oportunidad por los mismos promotores para lograr
un crecimiento armónico y respetuoso con el medio ambiente. Por tanto, un crecimiento viable y que no suponga un expolio para las próximas generaciones.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante el último trámite legislativo para hacer realidad jurídica positiva la trasposición de la normativa europea en materia de evaluación ambiental estratégica, para así ir complementando los instrumentos legales en manos
de las administraciones para dar respuesta a la demanda social creciente de la observancia y respeto medioambiental, y de sostenibilidad en todas las actuaciones sobre el territorio y la naturaleza por parte de todos los operadores, públicos y
privados.
A nuestro grupo se le antoja que la tramitación de esta norma ha sido razonablemente pacífica y consensuada, por tres motivos: en primer lugar, su naturaleza tautológica de origen europeo; en segundo lugar, su contenido medioambiental,
donde todavía conviven objetivos y criterios bastante comunes y, en tercer lugar, la actitud abierta, dialogante y negociadora del grupo que lidera el proyecto y sus interlocutores. Si tal como reza la exposición de motivos del proyecto de ley in
fine, el objetivo de la norma es integrar los aspectos medioambientales en la elaboración y aprobación de planes y programas para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en su triple dimensión,
económica, social y ambiental, a través de un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la transparencia y la participación, a nuestro juicio, la norma, en su formulación final que hoy aprobaremos con las mejoras y sucesivas
incorporaciones en los diversos trámites parlamentarios, puede servir, en su correcta interpretación, para aquellos nobles fines. Todo ello con la debida contemplación y consideración de la realidad de nuestro Estado autonómico o compuesto y de la
correspondiente distribución de competencias, de la que nuestro grupo parlamentario quiere seguir siendo garante, como ha demostrado por el contenido básicamente competencial de las sucesivas enmiendas, especialmente referidas a aquellos proyectos
transfronterizos. Vamos más lejos aún. La única enmienda de nuestro grupo que viene del Senado hace referencia al tercer nivel de la administración, la local, que, si se aprueba, tal y como esperamos -deduciéndolo de las posiciones de los
diferentes grupos parlamentarios-, permitirá que las entidades locales consultadas puedan incorporar su pronunciamiento sobre la sostenibilidad del plan o programa en cuestión.
Respecto al resto de las enmiendas de los otros grupos parlamentarios,
votaremos a favor de la mayoría de ellas, con alguna excepción de carácter menor, y lógicamente votaremos también a favor de la globalidad de la norma.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición sobre las enmiendas y el proyecto de ley remitido por el Senado que hoy nos ocupa. Antes de comenzar quisiera hacer una referencia a la intervención del portavoz de
Izquierda Unida. Señor Herrera, tengo la impresión de que usted no ha tenido tiempo de analizar el proyecto que ha vuelto del Senado o las manifestaciones que ha hecho han sido totalmente gratuitas en relación con el supuesto recorte de garantías
en lo que hoy estamos valorando aquí. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Quisiera plantearle una cuestión al respecto. Me gustaría saber por qué el representante de su grupo parlamentario en el Senado votó en la disposición final
primera a favor de la supresión de la letra m). Me gustaría que usted pudiera aclarar este extremo aquí. Suprimen, nada más y nada menos, algo que afecta muy directamente a un decreto legislativo que regula la declaración de impacto ambiental.
Esta es una enmienda grave, y estoy convencido de que hoy el Grupo Parlamentario Socialista va a dar aquí alguna explicación y que su voto va a ser contrario a la aprobación de esa enmienda, porque se hace un flaco favor al decreto legislativo.
Entro ya en materia. En primer lugar, se varía el título de este proyecto de ley que, a juicio de este portavoz, tiene su importancia, ya que pasamos de denominarlo proyecto sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente a un título más corto, que sería el de proyecto sobre evaluación ambiental estratégica.
Este último término aparece en la propia exposición de motivos y, durante todo el proceso de elaboración y presentación de la ley, la
señora ministra se ha referido al proyecto de ley con este nombre. Sería importante que se mantuviera el nombre acordado en el Senado por aquello de la diferenciación clara respecto al decreto legislativo que regula el impacto ambiental. Quiero
decir también que una vez publicada la directiva comunitaria, la postura del Grupo Parlamentario Popular ha sido referirse siempre a la evaluación ambiental estratégica. Como se ha dicho ya por otros portavoces, se trata de establecer medidas,
planes y programas de las distintas administraciones. En definitiva, se trata de una nueva herramienta para trabajar a favor del medio ambiente, herramienta que va por delante de lo que hasta ahora ha sido la aplicación de la normativa con relación
a la evaluación de impacto ambiental en cada proyecto. El objetivo es adecuar la normativa a la directiva del Parlamento y del Consejo, corregir los efectos ambientales por anticipado, por tanto, en fase previa a la redacción de los propios
proyectos, que sea un instrumento de prevención, que a nosotros nos parece fundamental desde el punto de vista de las actuaciones que se pueden llevar adelante tanto de forma privada como por la Administración, y de momento cierra el proceso de la
normativa medioambiental en este sentido. A juicio del Grupo Popular, se ha conseguido mucho al ser un proyecto de ley ampliamente consensuado por todos los grupos políticos y, en este sentido, viene a cerrar el actual marco comunitario desde el
punto de vista medioambiental. Ahora bien, tal como manifestamos en fase de ponencia y de Comisión, hay un asunto que no aparece en la ley pero que es una cuestión de voluntad y de dotación política en la línea de que no sea una cuestión que pueda
hipotecar el desarrollo de productos futuros. Me estoy refiriendo a lo que en la actual normativa supone la paralización, en muchos casos sine die, de proyectos o el bloqueo dentro del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de sacar adelante las
declaraciones de impacto ambiental. También estamos empezando a ver con preocupación cómo al cabo de 18 ó 24 meses están llegando a diversas comunidades autónomas que habían solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la declaración de impacto
ambiental de algunos proyectos, contestaciones del Ministerio de Medio Ambiente donde se dice que no hace falta siquiera hacer declaración de impacto ambiental. Son mecanismos que hay que tratar de corregir -en este sentido la competencia
claramente está en manos del Ministerio de Medio Ambiente- y la flexibilización y agilización de esas declaraciones serían pasos decisivos para no bloquear el desarrollo de proyectos importantes. Me refería al principio de mi intervención a la
disposición final primera. Queremos entender que ha sido un error por parte del Grupo Socialista y nos gustaría que se explicara desde esta tribuna la supresión de esa letra m), porque en el trámite del Congreso absolutamente todos los grupos
políticos manifestábamos que estábamos de acuerdo con la misma; ha desaparecido en el Senado y afecta muy directamente a un decreto legislativo que regula en la actualidad las declaraciones de impacto ambiental.
Quisiera terminar diciendo que consideramos muy importante lo que se propone en esta directiva o en este proyecto de ley en relación con la participación e información de todos los ciudadanos, que el medio ambiente no es solo una cuestión de
normativas sino también de formación y de sensibilización, y que hay que contar con el apoyo y el convencimiento de los ciudadanos para que sea efectivo todo este tipo de normativas. En aras de los consensos alcanzados en este proyecto entre los
grupos, consideramos que la evaluación ambiental estratégica será un buen instrumento en la preservación medioambiental de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pintado.
Por el Grupo Socialista, señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy vamos a aprobar una ley que al trasponer una directiva comunitaria instaura en nuestro país la evaluación estratégica como instrumento de prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de los planes y
programas públicos que deban adoptar las distintas administraciones públicas. Responde, pues, esta ley a una exigencia internacional adoptada en el marco de las conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo humano y sostenible
que se han traducido en los ámbitos legislativos comunitario y español. En nuestro caso, viene a incorporarse a nuestro derecho interno tratando de evitar o corregir los efectos ambientales que afectan a los procesos de tomas de decisión en fases
anteriores a las que hasta ahora únicamente se aplicaba respecto de determinados proyectos, creando un sistema continuo que acompaña a la decisión política y abarca desde la planificación hasta la realización de los proyectos. Garantiza, además,
una mayor transparencia y posibilita la incorporación de una sociedad civil avanzada y formada al proceso planificador y decisorio de las administraciones públicas. El hecho más significativo de la entrada en vigor de esta ley es que va a suponer
la realización de un proceso de evaluación estratégica medioambiental de los planes y programas que elaboren las administraciones públicas donde las comunidades autónomas con competencias en la ordenación del territorio tendrán un papel clave en el
cumplimiento de la directiva y de su norma de trasposición. En definitiva, esta ley va a influir en la forma de trabajo de las administraciones públicas planificadoras,
implica cambios en la manera de pensar y de proceder, implica que el pilar ambiental informe, desde el primer momento, los procesos de planificación e implica la opción de políticas preventivas en materia ambiental. Por eso, en su trámite
en el Congreso, tanto en ponencia como en Comisión, todos hicimos un esfuerzo para llegar al máximo acuerdo y que esta ley se convirtiera en un instrumento útil para el conjunto de las administraciones. De este modo, incluimos en la ley enmiendas
que fortalecían el procedimiento a través de instrumentos que facilitaban incorporar el objetivo de desarrollo sostenible, como el de integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas con transparencia y participación.
Me estoy refiriendo al bloque de enmiendas de memoria ambiental, su carácter integrador y de resultado de las consultas tomadas en consideración, así como su valor determinante para la adopción del plan o programa antes de su aprobación definitiva.
Igualmente, incorporamos un bloque de enmiendas referidas al informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, reforzando la competencia del órgano ambiental y sus relaciones con el órgano promotor, así como la capacidad de comprensión de dicho
informe por las distintas administraciones y por el público interesado, dando cuenta de las observaciones y alegaciones formuladas en el procedimiento de consultas establecido.
Finalmente, entre todos incluimos un bloque de enmiendas que se referían a la necesaria colaboración entre las administraciones públicas, la ponderación de los intereses públicos afectados y la mejora de los procedimientos de participación y
consulta en las comunidades autónomas.
Por eso, mi grupo no va a respaldar el cambio de denominación al título de la ley. Nos parece más preciso el original que, además de coincidir con la directiva, aclara para qué y quién es el destinatario de
la evaluación estratégica. Su cambio no aporta absolutamente nada, por lo que no tiene ningún sentido modificarlo. Tampoco vamos a apoyar la modificación al artículo 7, ya que la eliminación de que el órgano promotor integrará los aspectos
ambientales cambia la función y finalidad. Es decir, tan solo hay que hacer una evaluación ambiental y luego ya se verá, frente a lo que decía el proyecto, que describía cuál es el objetivo del proceso, que es integrar los aspectos ambientales. En
definitiva, esta modificación varía la función fundamental y a eso no estamos dispuestos. Igualmente, nos vamos a oponer a la adición de un nuevo párrafo, el artículo 17, ya que con esta incorporación se incluye el principio de territorialidad
cuando de lo que estamos hablando es de competencia y la ley nos indica que quien ha de evaluar es el que tiene la competencia para aprobar la obra y no el que tiene la obra en su localidad, como trata de señalar la enmienda aprobada en el Senado.
Respecto a la modificación de la disposición adicional primera, mi grupo también se va a oponer y además se alegra de que en estos momentos nos opongamos todos. Ya no voy a entrar en cuál es la discusión y el acuerdo en el Senado porque lo
único que se modificaba en el Senado teóricamente era una palabra y luego alguien votó todo lo contrario, pero yo ya no voy a entrar en esta discusión. El apartado m), era el que desaparecía y parece que se pone aquí ahora en litigio. Al
desaparecer anulaba que las administraciones realizasen el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de declaración de impacto ambiental en urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas. Mi
grupo nunca ha defendido que desaparezca esto, vamos a seguir defendiendo que se mantenga en el proyecto de ley en estos momentos y por eso vamos a votar en contra de esta enmienda.
En definitiva, señorías, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento eficaz para la consecución del desarrollo sostenible mediante la consideración de los aspectos ambientales en determinadas actuaciones públicas o privadas. Con
esta ley que estamos debatiendo vamos a cuidar y preservar mejor nuestro entorno, vamos a incrementar la sostenibilidad de nuestras actuaciones y de nuestras políticas, y para ello vamos a establecer la colaboración, la coherencia y el compromiso
común entre las distintas administraciones públicas. Por eso, el consenso que se dio en el Congreso, y que prácticamente también ha continuado en el Senado, se vuelve a dar hoy aquí porque lo estamos haciendo en beneficio de los ciudadanos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Simón. (El señor Herrera Torres pide la palabra.)
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Simplemente para una aclaración a raiz de lo que ha dicho el señor Pintado. He de decir que nuestro grupo no solo no votó, sino que criticó la supresión del apartado m) y decirle también al señor Pintado y a
aquellos que han aplaudido, que precisamente es una enmienda, como no podía ser de otra manera, del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Pintado, su punto de vista, y concluimos ya.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Por un lado, quiero agradecer al señor Herrera que haya dado la explicación sobre el tema de la enmienda y, por otro lado, no trate usted de confundir a la Cámara, señor Herrera, porque la propuesta que hacía el Grupo Popular se refería
única y exclusivamente a eliminar lo referido a vacaciones, el resto de la letra m) del proyecto quedaba tal y como estaba. Me parece que es un tema muy importante y debe quedar aclarado.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000043.)
El señor PRESIDENTE: Hechas las oportunas aclaraciones, continuamos.
Proyecto de ley orgánica de Educación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de Educación no tendrá lugar antes
de la una y media.
Procedemos, en primer lugar, a la fijación de posiciones por los grupos parlamentarios. En primer lugar, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a aceptar una serie de enmiendas al articulado y a la disposición adicional segunda. También vamos a votar a favor de una enmienda que viene del Senado, apoyada por el Grupo Popular, respecto a la situación de los interinos. Y
respecto a la ley, nos abstendremos porque todavía no ha satisfecho las condiciones que solicitaba nuestro grupo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego tiene claro que hay servicios básicos que deben ser de titularidad pública y, por tanto, sometidos al control de las instituciones de carácter democrático. Estos servicios son especialmente la sanidad y la
educación. Consideramos que uno de los grandes defectos de la transición democrática fue precisamente avalar una solución para el problema de la enseñanza que empeoraba sensiblemente incluso la situación de los últimos años del franquismo. En los
últimos años del franquismo había una enseñanza pública, ampliamente mayoritaria, y una enseñanza privada con derecho, por tanto, a abrir centros y a expedir títulos en condiciones de homologación siempre dados por el Estado. No era una enseñanza,
por tanto, subvencionada con fondos públicos y era legítimo que esta iniciativa privada, fuera religiosa o fuera simplemente civil, pudiese establecer los centros educativos que le conviniese. Sin embargo, desde que hay democracia se ha producido
un proceso cada vez mayor de homologación, pero con cargo a fondos públicos, de la enseñanza privada, llamada concertada, y de la enseñanza pública, incluso en niveles educativos que no son obligatorios. Realmente el proyecto de la LOE da tantos
avances en este aspecto que nos resulta preocupante, porque ya no es que se subvencionen los centros privados concertados de la enseñanza obligatoria, es que se hace lo mismo con la enseñanza infantil, con la formación profesional e incluso con el
bachillerato. No es de recibo este tipo de política, que va a conducir inevitablemente -quiérase o no- a mayor segregación, a una enseñanza pública avocada a mayor declive, a cargar con las consecuencias de una sociedad clasista y de todos los
condicionantes sociales, y no ocurrirá así únicamente en aquellos lugares donde la iniciativa privada no le interese precisamente la presencia de sus centros.
Es curioso observar cómo hoy ya, en Galicia en particular, los centros de las grandes urbes están prácticamente controlados por la enseñanza privada que, además, es confesionalmente católica. No sabemos por qué razón tenemos que
subvencionar con dinero público una enseñanza a la que, además, se le permite tener ideario propio. No sé cómo se puede combinar el ideario propio con el pluralismo, el ideario propio con la libertad. A mí me resulta prácticamente imposible
entender. En la medida en que la LOE empeoró a su paso por el Senado, consideramos que hay más motivos para no poder apoyarla. Por otra parte, es cierto que, a pesar de que respecto de la LOCE este texto mejora las posibilidades de adaptación a un
Estado de carácter plurilingüe y pluricultural, aún seguimos con una concepción de que las competencias en materia de educación no son plenamente exclusivas, igual que nos parece que no se salta definitivamente aquel prurito que había en la LOCE
destinado a segregación, a grandes evaluaciones al concebir la enseñanza como una carrera de dificultades que solamente intenta justificar la selección del alumnado desde edades tempranas. Es cierto que la ley está más paliada, más mejorada, con
una intencionalidad de carácter pedagogista y no segregadora, pero no acaba de superar plenamente esto.
Hay un tercer elemento que está lleno de galimatías tras su paso por el Senado. Se trata de la concepción de la enseñanza religiosa. Señorías, en una sociedad democrática la enseñanza de la religión o de los valores religiosos debe
pertenecer a las iglesias y celebrarse exclusivamente en la catequesis de cada una de las religiones que existan. No se puede comprender cómo un texto de un período democrático nada menos que enfeuda la enseñanza de la religión a los acuerdos con
la Santa Sede, acuerdos que tienen más de 25 años, que alcanzan categoría de ley orgánica en este texto, cuando en todo caso debían ser unos acuerdos a superar y que llevasen a que la enseñanza de la religión no tuviese que ver con el currículum
académico ni con la enseñanza y mucho menos con la enseñanza pública.
El Senado únicamente ha mejorado algunas cuestiones, en concreto el tratamiento de los profesores interinos, a los que, sin ser una solución ideal, contempla como una bolsa de profesorado no estable al que hay que dar una solución. Curiosa
y sintomáticamente, ha mejorado también las referencias a que al alumnado se le dé una educación sexual basada en la diversidad de conductas, algo que en el texto original estaba olvidado, y hay ecos de las deficiencias que tenía la ley en relación
con las enseñanzas artísticas y con todo lo que tiene que ver con la movilidad.
Por todo esto nosotros no podemos apoyar esta ley, aunque votaremos a favor de las enmiendas positivas, básicamente la de la jubilación anticipada y la de los
interinos, aparte de alguna otra a la que me he referido. Perdemos -lo digo en nombre del Bloque Nacionalista Galego- una gran oportunidad
de hacer una ley mucho mejor y, aunque hubiese que reconocer las subvenciones a la enseñanza pública concertada, mantenerlo en el terreno estricto de la enseñanza obligatoria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Viene del Senado este proyecto de Ley Orgánica de Educación. Rara es la legislatura en que el Gobierno del partido democrático de turno, ya sea Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y ahora
otra vez el Partido Socialista Obrero Español, en la alternancia constitucional y democrática de nuestro país, no haya traído una ley sobre educación. Es un fenómeno permanente y curioso que a veces obliga a la clase política a preguntarse qué
promoción de bachilleres está generando a través de los programas de estudio o de enseñanza obligatoria para no dar lugar a generaciones de ciudadanos con planes de estudios diferentes. La ley que llega ahora tiene un gran calado y enjundia, y
prueba de ello y de que existe una confrontación de intereses es que he llegado a contar hasta 74 enmiendas presentadas a este proyecto de ley que vienen del Senado, que ya es hablar de número de enmiendas. No es frecuente ni ha sido la norma
cuando ha habido un equilibrio de fuerzas políticas entre el Congreso de los Diputados y el Senado. Esto explica, insisto, el alto número de enmiendas que han llegado -como he dicho, he llegado a contar 74-, en relación con las cuales me he
pronunciado en coordinación con el grupo de compañeros pertenecientes a Coalición Canaria en la Cámara Alta. En el trámite del Senado, en términos generales, con estas 74 enmiendas se han hecho avances positivos, en los que también hay concordancia
y consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias. Me voy a referir a aquellas enmiendas que de una manera específica no las consideramos viables en este momento y vamos a votarlas en contra y las otras, que son su mayoría, vamos a votarlas
favorablemente.
La enmienda al artículo 14.1, en la que se habla de añadir el carácter educativo asistencial hasta tres años y el carácter educativo desde los tres, nos parece que no procede y que era mejor la redacción que nosotros habíamos garantizado.
Votaremos que sí a enmiendas polémicas en aquella Cámara, como son las que se refieren al artículo 15.1 y 15.2. Votaremos en contra de la enmienda al artículo 18.3, que suprime la referencia a la educación para la ciudadanía con el fin de dar un
tratamiento distinto a los contenidos de esta área, porque creemos que es preferible el mantenimiento del texto que salió en su momento de esta Cámara y no el del Senado. Votaremos que no las enmiendas que llegan al artículo 25, materia
informática, y al artículo 32.5, al que se añade la frase: facilitar el acceso de toda la población al nivel de formación correspondiente a la educación secundaria superior o equivalente. No la creemos pertinente y oportuna en este momento. La
enmienda al artículo 109.2 también la votaremos en contra. La enmienda del Senado añade entre 'plazas' y 'suficientes': en centros públicos o privados concertados suficientes. Votaremos que no a las enmiendas del Senado a los artículos 119.6,
120.4 y 120.5, como a las enmiendas a los artículos 147 y 155, así como a la adicional segunda y a la adicional decimoquinta apartados 2 y 3. Igualmente votaremos que no a la adicional vigésimo sexta, ahora vigésimo quinta, que viene a añadir otros
métodos pedagógicos que sirvan a los objetivos, entre ellos la coeducación y todas las etapas educativas. Queremos significar que vamos a votar favorablemente la enmienda a la disposición transitoria decimoséptima referente a los profesores
interinos, enmienda que fue objeto de debate, de polémica, de confrontación alta en las votaciones, pero en relación con la cual se consiguió la aprobación en el Congreso, aunque con disparidad de criterios. Esta enmienda se refiere a las medidas
extraordinarias destinadas a regular el límite y acceso de los profesores interinos a los cuerpos docentes a través de pruebas extraordinarias en aquellas comunidades autónomas que sobrepasen dicho mínimo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Iniciativa per Catalunya Verds. Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dirigir un entrañable saludo a todas las personas representantes de entidades que nos acompañan en el último tramo de aprobación de la LOE, ley -ya lo dije en la primera intervención el 15 de diciembre- que
consideraba que era una de las más importantes de esta legislatura.
Como decía, el 15 de diciembre se aprobó esa ley en esta Cámara después de un debate apasionante y nuestro Grupo, en los meses anteriores a ese debate, no escatimó esfuerzos para que el resultado final fuera el mejor y con el mayor consenso
posible. Este fue uno de los objetivos que nos propusimos con el Gobierno, el ministerio y el Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo ante todo necesita fortaleza, seguridad, cohesión social y estabilidad. Estas eran, y
continúan siendo, las premisas fundamentales para que cualquier ley sea verdaderamente un éxito; estabilidad. Por eso pensamos en aquel momento que era bueno e imprescindible negociar lo máximo posible dentro y fuera del Parlamento para conseguir
que fueran una realidad los objetivos de prestar un servicio público educativo de calidad a todos los ciudadanos y con la garantía de equidad necesaria para hacerlo realidad; para mejorar la calidad de la educación y los resultados que los
diferentes informes, como el estudio PISA, han puesto de manifiesto; para que todos los jóvenes, después de su paso por el sistema educativo,
a nivel académico, humano y social se sientan satisfechos y hayan adquirido el nivel, los conocimientos y el éxito que les permita desarrollar su vida de la mejor manera posible. Además, nos proponíamos que todo esto fuera con la
implicación de toda la comunidad educativa, de las familias y del conjunto de la sociedad, dando un especial empuje al reconocimiento de la docencia en nuestro país. En este sentido, quiero recordar la satisfacción por que la concreción del
estatuto docente pueda ser una realidad y por tanto felicito de nuevo a los sindicatos. ¿Es mucho esperar todo esto de esta ley? Quizá sí, pero solo poniendo el listón muy alto tendremos un resultado aceptable.
Con este objetivo dimos nuestro apoyo a la ley el pasado 15 de diciembre.
La ley se aprobó en el Congreso, no sin dificultades, con grandes equilibrios y cesiones de cada uno de los grupos para conseguir el consenso que antes planteaba.
Por eso lamentamos tener que decir algunas cosas. En primer lugar, que algunos grupos en el Senado han jugado el mismo papel que ya se jugaba en el siglo XVIII, el de intentar frenar los impulsos de cambio y de mejora promovidos por el Congreso.
Es decir, han jugado a hacer una segunda lectura, pero tacaña, limitativa y, permítanme que les diga, sobre todo a los señores de Convergència i Unió, retrógrada. Una vez más, algunos grupos han querido aprovechar la desigual composición de fuerzas
parlamentarias del Senado para actuar aquí de una manera, llegando a acuerdos con el Grupo Socialista y con el Gobierno, y de una manera diferente y desleal en el Senado, rompiendo ese equilibrio de consenso conseguido. (La señora vicepresidenta,
Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Esto lo ha hecho fundamentalmente Convergència i Unió con la connivencia del Partido Popular, por ejemplo, con la disposición adicional segunda, pretendiendo colocar de nuevo la asignatura evaluable de
religión en las escuelas o, por ejemplo, con el artículo 14.1, pretendiendo que la etapa de educación infantil hasta los 3 años sea de carácter educativo asistencial. Eso es volver a las cavernas, estar en contra del progreso y de la calidad de la
educación.
Hay datos que lo demuestran. Han pretendido modificar, por ejemplo, la referencia a la educación para la ciudadanía y cambiar los contenidos de esta área. Para no cansarles, les diré la última, que, como SS.SS. saben y la señora
ministra también, para nuestro grupo parlamentario es una enmienda de importancia que puede condicionar -nosotros aún esperamos que de aquí a las votaciones pueda ser de otra manera- nuestro voto, la disposición final primera, apartado 8, en la que
se propone suprimir la representación del concejal o representante del ayuntamiento en el término municipal en que se encuentre el centro, ya sea concertado o público. Ahora y desde hace muchos años esto es para los centros públicos, lo cual no
significa que todos los centros públicos tengan ese representante ni que todos los municipios estén en condiciones de poderlo hacer, pero hay muchos de ellos en los que sí es posible. Me referiré más adelante a este tema. Ahora solo quisiera decir
que vamos a votar en contra de todas enmiendas que son de modelo, de calado, y que suponen un desequilibrio en el equilibrio de consenso que conseguimos en esta Cámara el 15 de diciembre. Pero, señorías, volviendo a lo anterior, lo más grave ha
sido -lo expresamos así ya que es lo que puede motivar nuestro cambio de voto- que la enmienda a la disposición final primera haya salido adelante con los votos del Grupo Socialista en el Senado, lo que lamentamos, y que es posible que hoy vuelva a
producirse, si un milagro no lo impide. Quizás el señor Duran, que es el promotor fundamental, crea en los milagros, pero yo creo en las personas, en la palabra de las personas en las que espero poder continuar confiando. (Aplausos.) Lo
lamentamos, y mucho, porque la enmienda es importante. Lamentamos que esto no prospere y lamentamos -si no prospera- el método que se ha utilizado. Romper los acuerdos nunca es bueno, pero romperlos sin enseñar las cartas y sin dialogar aún es
menos bueno. El texto es bueno, positivo y coherente con el modelo que la ley pretende realizar, por eso podemos llegar a abstenernos; hablamos de modelo, no solamente de palabras, no solamente de dignidad. La dignidad es importante, pero para
nosotros lo más importante es que esta ley tenga coherencia en su planteamiento y en el modelo. ¿Qué pretende la ley? El fortalecimiento de la autonomía de los centros y, a la vez, la conexión con la sociedad y el entorno territorial más cercano.
Y yo me pregunto cómo se puede defender que aquello que creemos que es positivo para los centros públicos no sea positivo para los centros concertados. ¿Cómo podemos defender esto? O sea, que en los centros públicos sí es positivo que tengan una
conexión y un representante en el Consejo Escolar porque esto les une al territorio, porque hace que se vinculen, porque hace que se coordinen, porque hace que esté más estrechamente ligado su trabajo y en los centros concertados, que pretendemos
que pasen a formar parte de una misma red, no es positivo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos nosotros mismos tirando la toalla y diciendo que nunca va a ser posible realmente la unificación en una sola red? ¿Estamos diciendo esto? Pues si estamos
diciendo esto es que no nos estamos creyendo el modelo. (Aplausos.) Esto es lo que nos preocupa y es lo que queremos hacer llegar a la sociedad. Por eso, queremos insistir y pedimos al Gobierno, al ministerio y al Grupo Parlamentario Socialista
que se lo piensen. Nosotros proponemos aquí que vuelva de nuevo el redactado y que en el reglamento veamos cómo podemos acotar esta dificultad, porque si hay alguna dificultad existe igual para los centros públicos que para los centros concertados.
También hay centros públicos que viven este representante como una cierta imposición, porque este criterio puede tenerlo todo el mundo, pero yo aquí, antes de acabar mi intervención, quisiera aclarar una cuestión porque no es justo que parezca que
todos los centros concertados están en contra de esta posibilidad. No es cierto. Hay muchos centros concertados, aquellos que tienen realmente voluntad de servicio público, porque los hay -y podría de memoria
decir muchísimos nombres de Cataluña e incluso de Madrid-, que están de acuerdo con esto y no es justo que se ponga a todos los centros concertados en el mismo paquete. Estos centros quisieran tener esta vinculación y esta igualdad en
relación con los centros públicos. Por tanto, se trata de no cerrar puertas, de no cerrar ventanas, de dejarlas abiertas para que allí donde sea posible, allí donde lo permita realmente la situación, tanto de los centros como de los ayuntamientos,
se dé esta igualdad. ¿Por qué? Porque hay centros que lo quieren. Hay centros que quieren sentirse vinculados de esta manera con el territorio. Por tanto, aquí nadie tiene el monopolio de defender lo que quieren los centros concertados. En todo
caso, están defendiendo a una minoría que además no tiene voluntad de servicio público porque el resto, muchos de ellos, sí que la tienen.
Señorías, no quería centrar mi intervención en esto. Realmente quería decir -y en los últimos segundos lo voy a intentar- que si nos abstenemos -espero que no porque sería lamentable- quede claro que no es por una enmienda -como se ha
querido minimizar-, sino porque nos preocupa que de verdad el modelo no esté interiorizado en el Gobierno, en el ministerio y, por tanto, en el Partido Socialista. Nos preocupa esto y el símbolo de esto está para nosotros en esta enmienda. Por lo
demás, nosotros hemos pasado meses, desde que negociamos hasta este momento, defendiendo algunas de las cuestiones de calado importantes de esta ley y vamos a velar para que esta ley, a pesar de como pueda acabar finalmente hoy, tenga el mejor
recorrido, tenga estabilidad y tenga el apoyo de la mayoría de la sociedad. Todo eso, a pesar de que nos podamos sentir -aún hay remedio- no demasiado bien tratados, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Continuamos, señorías, con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra don Aitor Esteban. Adelante.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Ciertamente este trámite del paso de la LOE por el Senado y el regreso al Congreso está resultando bastante movido, por decirlo de una manera suave. Entiendo que el acuerdo que se logró en la primera discusión de la ley en el Congreso fue
un cierto encaje de bolillos, porque era complicado aunar las voluntades de grupos políticos con ideologías y con planteamientos bastante diferenciados y tengo que aceptar que, dejando todo el mundo pelos en la gatera, se consiguió avanzar y llegar
a un amplio consenso. En ese sentido, nosotros ya manifestamos que en principio dábamos nuestro voto afirmativo, pero añadíamos que nos gustaría seguir discutiendo en el trámite del Senado -decíamos en aquel momento-, porque entendíamos que había
un compromiso del Gobierno para que fuera así y apuntábamos sobre todo a temas competenciales, como alta inspección, información mutua de administraciones, becas, desarrollo de leyes de bases, etcétera, sobre los que nos gustaría que se hubiera
llegado a un acuerdo en el trámite del Senado. Nuestro compromiso es y ha sido intentar no romper ese difícil equilibrio, pero aun así hay algunos temas que consideramos absolutamente necesarios para poder dar nuestro voto afirmativo. Quiero
pensar que esas diferencias entre el anuncio de nuestro grupo de conseguir no el cien por cien de nuestras reivindicaciones, pero sí algunas que consideramos fundamentales, y la voluntad que en último término se nos ha manifestado por el Grupo
Parlamentario Socialista se solventarán y finalmente podamos votar afirmativamente la ley, aunque quedamos a expensas de cómo evolucione esto. Quiero reiterar también en este momento desde esta tribuna nuestras reservas al artículo 6.3, ya que
somos el único grupo que ha querido mantener el texto del dictamen. Consideramos que el texto, tal y como queda ahora, es un retroceso en cuanto a la Logse. Entendemos que ese 55 por ciento de materias comunes es un porcentaje arbitrario y que, en
todo caso, el texto anterior, que colocaba ese 55 por ciento como tope, era mucho más adecuado para la redacción de la ley. No oculto que también nos preocupa -lo dije ya en el trámite de aprobación inicial en el Congreso- un colectivo que para el
sistema educativo vasco es importante, fundamental y que lo dota de una característica propia, las ikastolas.
Hay algunos aspectos de esta ley que podrían afectarles y, en ese sentido, cómo quede redactada la disposición adicional trigésimo
primera, ahora trigésima, podría inclinar la balanza de nuestro voto, porque consideramos que ese colectivo tiene que estar muy presente en la defensa de las posiciones de nuestro grupo.
Evidentemente, ha habido avances en la ley. Nos congratulamos mucho del texto de la disposición adicional tercera, referida a los profesores de religión, que ha sido refrendado en el Senado. En su momento nos pareció -y por ello luchamos-
que este colectivo debía dotarse de un estatus más acorde con los tiempos actuales, que estuviera dentro de los parámetros aplicables a la generalidad del colectivo del profesorado. Esa disposición adicional ha sido un avance importante.
Ciertamente en bastantes artículos se ha avanzado en materia competencial respecto al texto inicial y, sobre todo, hay un parámetro que es importante para nosotros, y es que tenemos que partir de una comparación entre la legislación vigente en este
momento, que es la LOCE, y la LOE. Haciendo un análisis comparativo, creemos que para el sistema educativo es mucho más positiva la ley que se va a aprobar en estos momentos. Además, desde un punto de vista competencial también es más respetuosa
con el sistema de distribución existente en el ordenamiento jurídico español y en la propia Constitución. En ese sentido, consideramos que es un avance. Aún así, insisto, tenemos nuestras reticencias en algunos puntos que nos disgustan. Todo el
mundo ha tenido que
dejar algo en el camino en aras del consenso y confiamos en que esos puntos, que son muy concretos y que el Partido Socialista conoce muy bien, puedan solucionarse en este trámite. Si fuera así, nuestro voto sería favorable, si no,
tendríamos que repensar esa votación final.
Confío en que todo se resuelva satisfactoriamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tal como han manifestado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la sesión se está presentando bastante movida y existen incertidumbres respecto al resultado final. En cualquier caso he
de decir, como ha recordado también algún portavoz anteriormente, que con tantos meses como llevamos todos trabajando en ella era absolutamente innecesario llegar a los últimos minutos. Las prisas no suelen ser buenas consejeras, y mucho menos en
temas de tanta importancia como este. Siempre pedimos desde esta tribuna que se reflexione. Hoy, una vez más, seguramente predicando en el desierto, les pido que reflexionen. Una ley tan importante como esta no puede quedar a expensas de perder
algunos apoyos por querer tomar decisiones justo en el último instante.
Esquerra Republicana apostó por la elaboración de una nueva Ley de Educación desde el inicio de esta legislatura; lo anunciamos como una de las condiciones para apoyar la investidura del presidente Rodríguez Zapatero. Por ello,
participamos activamente en la redacción de la ley desde el primer borrador del anteproyecto; son ya muchos meses. El objetivo que nos movía era la búsqueda de la necesaria estabilidad del sistema educativo con una ley que huyera de la dinámica
perversa de depender de los cambios políticos derivados de las elecciones, una ley que fuera fruto del máximo consenso posible, lo cual, siendo los pactos el alma de la política, exigía renuncias a todos los grupos. Lógicamente, la ley no podría
satisfacer del todo a casi nadie, pero debería ser aceptable para casi todos los grupos. Además, debería respetar la realidad plurinacional del Estado y evitar el constante recurso al Tribunal Constitucional. Con estos puntos de partida, Esquerra
Republicana votó afirmativamente la LOE pese a mantener reservas muy importantes en temas fundamentales, como la consideración de la asignatura de religión, la no resolución del problema del profesorado interino y muchos más. Desde nuestro punto de
vista, la LOE representaba un aumento competencial importante para las comunidades autónomas que redundaba en una mayor concreción de la realidad plurinacional del Estado. Representaba además reforzar -y eso es lo fundamental- de manera importante
los principios de igualdad, equidad y cohesión social a través de diversos mecanismos. Se establecían criterios de igualdad y transparencia en los procesos de admisión de alumnado en los centros públicos y concertados. Se contemplaba una adecuada
y equilibrada escolarización entre los centros públicos y concertados del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Se prohibía cualquier tipo de discriminación en la admisión de alumnos, incluida la discriminación por sexo. Se preveía
la constitución de comisiones u órganos de garantías de admisión. Se fijaba claramente la prohibición de utilizar los resultados de las evaluaciones del sistema educativo para establecer clasificaciones de los centros y se estipulaba sin ambages la
vinculación del concierto educativo a la satisfacción de las necesidades de escolarización y la garantía de gratuidad en todos los centros que prestasen el servicio público educativo. Finalmente, se contemplaba un procedimiento de integración
voluntaria de centros concertados en la red de centros de las administraciones educativas. En eso llegó el Senado. ¿Qué ha pasado allí? Que ahora cuesta reconocer la ley en muchos de sus aspectos y hay que dejarlo claro. Lo fundamental no es que
haya muchas modificaciones -lo importante no es solamente la cantidad-, y en Esquerra ya avanzamos que con más de la mitad de las modificaciones podemos estar de acuerdo porque son mejoras técnicas, cambios poco sustanciales que no desvirtúan el
consenso a que se llegó, como también se ha recordado, con muchas renuncias de todos los grupos en esta Cámara. A nuestro juicio, con el paso por el Senado han quedado laminados muchos de los principios básicos que garantizaban la equidad, la
igualdad y la cohesión social, como he dicho, no por número de enmiendas aprobadas -más de veinte-, sino por el calado de algunas de ellas. No voy a repetirlas todas, pero evidentemente algunas sí, porque es ilustrativo darnos cuenta de en qué ha
cambiado la ley o en qué puede cambiar después de su paso por el Senado. Se ha desfigurado la ley, el consenso conseguido en el Congreso de los Diputados se ha roto. La LOE ha salido del Senado como una ley muy escorada hacia posiciones sociales y
educativas conservadoras. La ley ha perdido la centralidad política. Anunciamos ya que la ley debe recuperar prácticamente todas las líneas maestras del texto que salió de esta Cámara para que podamos votarla afirmativamente; repito:
prácticamente todas las líneas básicas.
Voy a poner algunos ejemplos de cambios sustantivos sufridos en el trámite del Senado que adulteran claramente el contenido de la LOE y que, por tanto, deben recuperar el redactado que le dio el Congreso; si no todos, como decía, al menos
la inmensa mayoría. La educación infantil, en su tramo 0 a 3 años, debe continuar siendo una etapa educativa y no asistencial, como ya aparece en el texto. Tampoco debe contemplar la oferta de plazas concertadas; además el ciclo de 3 a 6 no puede
tener carácter voluntario. No se puede omitir el retoque que intenta evitar la distribución equitativa de alumnado con
necesidades educativas especiales. El consejo escolar y el claustro han de continuar siendo órganos de gobierno. No vemos aceptable desde ningún punto de vista que el proyecto del centro pueda ser dispuesto, como se dice, por los titulares
de los centros concertados. Tampoco nos parece correcto que se quiera desdibujar la no discriminación por razón de sexo en la educación con una mención expresa a la coeducación como un método pedagógico más. Separar las aulas por razón de sexo no
puede ser considerado un método pedagógico más. Tampoco nos parece admisible que en las zonas de nueva población se deban garantizar plazas en centros concertados, como pretende la modificación del artículo 109 que ha hecho el Senado. No se puede
regular la garantía de la enseñanza de lo que se denomina en el texto del Senado asignatura de religión -además como evaluable-, pues sería un claro retroceso respecto incluso de la legislación actual; no solo no sería un avance, sino un retroceso
claro, y si quieren podemos hablar de anacronismos. A nuestro juicio, debe quedar fuera del ámbito escolar, pero en su momento aceptamos la salida tangencial que daba el texto del Congreso de los Diputados a la cuestión.
Nos parece un error la
desaparición del representante del municipio de los consejos escolares de los centros concertados, y por supuesto votaremos en contra de esta enmienda que llega del Senado. Como corolario, se han intentado deslizar en el trámite del Senado algunos
elementos claros de la filosofía inspiradora de la LOCE que precisamente la LOE venía a modificar; por ejemplo, la posibilidad de dar cobertura legal a las especializaciones curriculares, tal y como se desprende de las modificaciones introducidas
en el artículo 120. Pueden parecer un aumento de competencias para las comunidades autónomas, pero desde nuestra perspectiva progresista de izquierdas encierran el riesgo de dinamitar los principios de equidad, igualdad y cohesión social con la más
que probable incidencia en los decretos de admisión. Se abriría la puerta a segregaciones del alumnado en función de las especializaciones curriculares de algunos centros.
Nos parece, en suma, una vía para que algunas comunidades autónomas puedan no aplicar la letra y el espíritu de la LOE. Dicho de otra manera, parece una vía para colar algunos elementos clave de la LOCE por la puerta trasera. Una
modificación ha dado a Esquerra Republicana muchos quebraderos de cabeza, la referida al colectivo de profesores interinos.
Ya es conocida nuestra posición sobre el tema, pues defendimos hasta el último instante en el trámite del Congreso una
solución que facilitase su solución, ya que las administraciones educativas no pueden prescindir en los procesos de selección de la experiencia acumulada durante años en las aulas. No nos gusta el texto del Congreso, tampoco el del Senado; acaba
siendo un problema de escoger entre dos males. En cualquier caso, sea cual sea el resultado final, las administraciones competentes y los sectores sociales implicados y laborales deben buscar una solución a partir del desarrollo reglamentario. Es
un tema que merece una respuesta realista.
En definitiva -se me va terminando el tiempo-, vuelvo al principio. Si esta ley queda como en el Senado, evidentemente no va a votar favorablemente nuestro grupo de ninguna de las maneras, y si no se mantienen la inmensa mayoría de las
posiciones del Congreso, por tanto se rechazan las importantes desfiguraciones o adulteraciones del Senado, tampoco va a contar con nuestro voto positivo. Esperemos que, aunque sea en el último instante, los resultados de las votaciones indiquen
que se puede votar esta ley. Sinceramente sería nuestro deseo; llevamos muchos meses trabajando. Hemos hecho renuncias, como todos los grupos, en aras de un consenso que en el Congreso se logró, pero que ahora parece que se quiere desvirtuar. Se
ha hablado de modelo y estamos de acuerdo. La ley que viene del Senado no es precisamente un modelo de equidad ni tampoco puede facilitar la cohesión social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.
Continuamos con el turno del grupo parlamentario de Convergència i Unió y tiene la palabra doña Mercè Pigem en su nombre.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el pasado día 15 de diciembre en esta misma tribuna mi grupo parlamentario anunció un voto positivo al dictamen de la Comisión de Educación, pero diciendo que no era un
sí cerrado, sino abierto, porque no renunciábamos a seguir negociando mejoras en el trámite del Senado, pero además y especialmente porque íbamos a introducir en el Senado cuestiones para nosotros de capital importancia que ya se habían pactado con
el Grupo Socialista. Por lo tanto, nuestro sí entonces y nuestro sí ahora va a depender de que el Grupo Socialista cumpla los pactos a que había llegado con nosotros, porque, tal como han expuesto los portavoces de otros grupos que me han precedido
en el uso de la palabra, para nosotros la palabra dada y el cumplimiento del pacto acordado es fundamental, como no puede ser de otra manera.
Hoy nos llegan, señorías, las enmiendas del Senado; muchas de ellas -se ha dicho también aquí- suponen mejoras técnicas y mejoras de redacción, pero hay otras que también nos agradan porque abundan y amplían los cambios sustanciales que ya
se iniciaron en esta Cámara gracias a la aceptación de muchas de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario en la consecución de un cambio, de un importante giro al centro de este proyecto de ley. Estas enmiendas han ratificado el texto
que salió de la Cámara y no han supuesto un cambio en sus líneas fundamentales, pero han reforzado la autoridad, la profesionalización y el reconocimiento a la dirección de los centros públicos, al fundamental papel del profesorado, a la
consideración del valor del esfuerzo y el rendimiento del alumnado y también a la función de la escuela concertada, de la consideración en definitiva de
que el servicio de interés público de la educación se presta y se va a seguir prestando a través de la doble red de centros públicos y privados concertados. Son mejoras, pero nada que cambie el fundamental esqueleto del pacto a que ya se
llegó en esta Cámara. Así, nos reconocemos en una nueva potenciación de la figura del director de centros públicos, de manera que en las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores se reservará hasta un tercio de las plazas para provisión
mediante concurso de méritos a los profesores que hayan ejercido con evaluación positiva el cargo de director al menos durante tres mandatos. Nos agrada que el sistema educativo tenga como uno de sus fines la orientación de la educación en la
responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal, así como que no solo se forme en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España, sino también en el reconocimiento de dicha realidad. Valoramos positivamente, como no podía
ser de otra manera, la aceptación de una solicitud ya clásica, entre comillas, de este grupo parlamentario, y especialmente de don Jordi Jané, que es la de que la educación vial sea también uno de los objetivos de la educación primaria, además de
serlo en el bachillerato. Supondrá una mejora importante para afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial, que es capital para dar respuesta y erradicar la alta siniestralidad que hay sobre todo entre los jóvenes.
Vemos bien que, cuando se alude a los criterios de admisión de alumnos, se añada como criterio, al tratar de las rentas de la unidad familiar, que se atiendan las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias numerosas; así como
también nos gusta la mejora de redacción, por más clarificadora, de los plazos de adecuación de las condiciones de accesibilidad de los centros educativos existentes, aparte de la atención a la diversidad como principio fundamental de la enseñanza
básica, sin perjuicio de garantizar una educación común para todos los alumnos.
Por último, en este apartado de valoraciones positivas de las enmiendas del Senado quiero hacer una mención especial a tres temas. ¿Por qué especial? Porque son tres temas capitales que modifican lo que salió de esta Cámara pero que ya
eran fruto del acuerdo del Grupo Socialista para dar nuestro sí al dictamen de la Comisión de Educación. El primero es la desaparición del concejal o representante del ayuntamiento del consejo escolar de los centros privados concertados. Nosotros
formulamos un voto particular en esta Cámara, y la propia Federación Estatal de Municipios y Provincias, tal como se decía en una carta que la misma remitió a los grupos parlamentarios del Senado, solicitaba también esta desaparición.
En segundo
lugar nos alegramos de los términos en que el Senado ha dejado la redacción de la actual disposición adicional trigésima; la mención, al hacerse públicos los centros privados concertados, era totalmente innecesaria, porque de hecho ya se ha
realizado, sin necesidad incluirse en la ley, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Y por último, celebramos que en el artículo 121.6 quede recogido, como digo fruto de negociación y pacto con el Grupo Socialista y el Gobierno, que el proyecto
educativo de los centros privados sea dispuesto por su respectivo titular. Por lo que se refiere a la disposición adicional vigesimosexta, la coeducación, ya en la redacción aprobada inicialmente por esta Cámara quedaba claro que los centros que
practican la denominada enseñanza diferenciada no podían ser postergados cara a los conciertos o, lo que es lo mismo, que los centros que no la practican no gozan de preferencia en ellos. Los criterios de preferencia para acceder al concierto se
encuentran en el artículo 116 de la LOE, que tiene carácter de orgánico a tenor de lo que dice la disposición final séptima de la propia ley. Ningún criterio de postergación o preterición ni de preferencia puede establecerse por una norma que no
tenga esa naturaleza, y precisamente la disposición adicional vigesimosexta, que es donde se regula la coeducación, carece de ella en virtud de la misma disposición final de la propia LOE.
La pretensión de nuestra enmienda presentada y aprobada en el Senado, que sabemos que aquí no prosperará, era aclarar, que no modificar, otro extremo. La enseñanza diferenciada no es por sí misma discriminatoria, tal como se pone de
manifiesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 14 de diciembre de 1960, auspiciada por la Unesco; ni es la mixta la única apta para evitar la discriminación, ni lo es
por sí misma, como resulta del artículo 10.c) del Convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, de 18 de diciembre de 1979, auspiciado por la ONU. Por todo ello, la disposición que finalmente quedará aprobada es
evidente que no puede interpretarse de manera diferente a como lo dicen la convención y el convenio a que hemos hecho referencia.
Otras enmiendas que se han aprobado en el Senado no nos han agradado, y esperamos que tras la votación de hoy puedan quedar eliminadas del texto final; hago una especial referencia a la redacción dada al artículo 41.5.
Señorías, en una
valoración de conjunto -lo hemos dicho antes y volvemos a reiterarlo- este no es el proyecto educativo que hubiera hecho Convergéncia i Unió pero, si se mantienen los pactos y los acuerdos a que se llegó con el Grupo Socialista y con el Gobierno, se
ha llegado a un acuerdo de difícil equilibrio -se ha señalado ya antes-. Con la aceptación en forma literal o transaccionada de muchas de nuestras enmiendas se mejora el texto y se da, como he dicho, un giro importante hacia el centro de este
proyecto de ley. Desde Convergència i Unió, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, hemos querido trabajar para conseguir un texto que se pueda aceptar por la mayor parte de la comunidad educativa. Hemos escuchado a todos los sectores y, de
acuerdo con nuestra tradición política y parlamentaria, hemos querido reconocernos en una ley educativa porque para nosotros la educación es fundamental, como creo que lo es para todos, porque es fundamental para el futuro individual y colectivo de
nuestra sociedad. Nuestras enmiendas, y su traducción en el texto que hoy
vamos a votar, han pivotado alrededor de que la ley fuera adecuada, para tener una oferta educativa, toda ella, de calidad, reforzando especialmente la dirección de los centros públicos, evitando un modelo caduco, porque para el buen
funcionamiento de un centro hay que garantizar su gobierno y dotarlo de los instrumentos necesario para poder dirigir el día a día; también para dar un giro a cuestiones pedagógicas relevantes, con una valoración del esfuerzo y del rendimiento de
los alumnos, así como para dar la mejor atención posible a la diversidad. La mejora de la formación del profesorado, de su función y del reconocimiento social que ha de tener y la incorporación de medidas para la integración de las personas con
discapacidad serían otros de los objetivos de las enmiendas también introducidas en el texto del proyecto, aunque la palabra final sobre que la ley potencie una escuela de calidad la tendrán evidentemente los docentes, que serán quienes verificarán
si la ley facilita el desempeño de su tarea en el aula, porque, señorías, la calidad va a depender -todos lo sabemos- del trabajo que se haga en esas aulas.
Hemos propugnado -y conseguido también- que hubiera un cambio sustancial en el tratamiento de la escuela concertada, a la que el texto inicial presentaba prácticamente como una anomalía con la que se estuviera condenado a convivir, y por
ello la regulaba en un claro plano de subsidiariedad respecto a la escuela pública. Lo hemos hecho porque el artículo 27 de la Constitución mandata conciliar el derecho a la educación con el derecho de elección de los padres, así como con la
libertad de creación de centros docentes de iniciativa social; además consolida un modelo educativo de ideario plural, de manera que el servicio de interés social de la educación se preste a través de una doble red, pública y privada concertada.
Una escuela, la de iniciativa social, a la que, por lo menos en Cataluña, es de justicia reconocer el importante papel y función que representa y que ha representado. En Cataluña el 95 por ciento de la oferta no pública es anterior a la transición,
y gracias a estos centros de iniciativa social se pudo no solo superar el déficit de creación de escuelas públicas durante el franquismo, sino que tuvo un importantísimo papel en la propuesta de modelos pedagógicos innovadores y también en algo muy
importante, que era la posibilidad de poder enseñar en nuestra lengua propia, de enseñar en catalán. Todo ello, como digo, es de justicia reconocerlo y valorarlo en toda su dimensión.
Finalizo, señorías, diciendo que no puedo de momento anunciar nuestro voto. Nuestro voto va a depender de que el Grupo Socialista ratifique los acuerdos a que llegó con este grupo parlamentario; pero en todo caso expresamos el deseo de que
esta ley sea un buen instrumento para afrontar uno de los principales retos de futuro que tenemos, que es tener una educación de calidad, porque la educación es un tema capital, como elemento vertebrador de la sociedad, como elemento propiciador de
la igualdad de oportunidades y como catalizador de la cohesión social, y además porque tanto las oportunidades que nuestra juventud va a tener individualmente en su futuro, como las que vayamos a tener como sociedad y como país, van a depender de
manera muy, muy importante de la calidad de nuestra educación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra la señora Ana Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Señora presidenta, señora ministra, señoras y señores diputados, concluye con este último debate la tramitación de la nueva Ley de Educación. Nos corresponde hoy pronunciarnos sobre las enmiendas que ha aprobado la
Alta Cámara y que se han incorporado al texto que en su día adoptó el Congreso. Voy a fijar en primer lugar la posición de mi grupo, deteniéndome en las enmiendas más relevantes, y después dedicaré unos minutos, señorías, a unas reflexiones finales
para expresar la preocupación que siente mi grupo por las consecuencias que va a tener esta ley para el futuro de la sociedad española.
El Senado nos trae modificaciones que merecen nuestra consideración.
Quiero agradecer la labor de los senadores porque gracias a ella el proyecto de ley vuelve mejorado, si me permiten decirlo. Los acuerdos de los senadores del Grupo
Parlamentario Popular con otros grupos han hecho que esta ley que ha entrado en esta Cámara tenga aportaciones muy positivas, por eso anuncio que las vamos a votar favorablemente. Por cierto, después de las intervenciones que he oído no tengo nada
claro qué va a votar nadie, lo cual es patognomónico -como diríamos en medicina- de lo que pasa. Hay un grupo de enmiendas orientadas a ampliar la libertad de enseñanza, que por cierto tan recortada está en el texto. Voy a detenerme en el concepto
de libertad. Para nosotros el principio de libertad es básico en el modelo educativo y es básico para cualquier sociedad democrática. Para decirlo claramente, cuanta más libertad sea posible en un país, mejor; cuantos más ciudadanos puedan
elegir, mejor.
La libertad, señorías, no daña a nadie. ¿O es que alguien está pensando en elegir una cosa concreta en un momento concreto? Elegir es elegir lo que a uno le dé la gana, señorías. Si auscultamos de verdad la sociedad española
comprobamos que son millones las familias que aprecian cada vez más el derecho a elegir. Los españoles quieren elegir sin trabas y sin obstáculos: sistema público, sistema privado, tipo y centro; libertad educativa, señorías. Además, la libertad
es un factor clave de la calidad, favorece la calidad de la educación, la identificación centro-familia fruto de la elección y contribuye de manera decisiva al éxito de los procesos de aprendizaje.
Señorías, vamos a votar a favor también de las enmiendas que favorecen la autonomía de los centros y su posibilidad de diferenciación mediante la especialización
curricular. Señorías, ¿por qué tienen miedo también a la posibilidad de la especialización curricular? Esta es, por ejemplo, la clave de la reforma del señor Blair, que por cierto ha hecho que tenga el apoyo de la inmensa mayoría de los
grupos políticos. Esto es, no se empeñen ustedes, señores socialistas, en el modelo de la comprensividad, en el modelo fracasado, en el modelo de la vuelta al pasado, en el modelo de la Logse agravada, en ese modelo que tan malos resultados ha dado
a nuestro sistema educativo. Señorías, algo que nos preocupa especialmente -por eso vamos a votar favorablemente- es la enmienda del fondo de cohesión interterritorial. Hasta ayer mismo me habría parecido difícilmente explicable que el Grupo
Socialista hubiera manifestado su oposición a este fondo destinado a promover la cohesión social a través de la educación y a evitar desigualdades educativas. Hoy lo entiendo perfectamente, es incluso coherente con su doctrina, la del nuevo
socialismo de Zapatero, porque es una doctrina que ha renunciado al principio de la solidaridad. Ustedes van en dirección contraria, van a un Estado inerme, impotente, incapaz de garantizar lo que es su misión constitucional, que es la igualdad de
los españoles. Nosotros, señorías, vamos a votar favorablemente el fondo de cohesión, como lo vamos a hacer también en la supresión de la educación para la ciudadanía, en esa asignatura de nuevo cuño, que yo denomino la asignatura ad maiorem
Zapatero gloriam. (Protestas.-El señor Campos Arteseros: ¡Qué fuerte!-Aplausos.) Esta asignatura que está metida con calzador, señorías, que desvirtúa claramente asignaturas tan fundamentales como la filosofía o la ética, y que está produciendo
indignación en quienes la van a impartir, que por cierto son todos, porque nadie sabe quién va a impartir esta asignatura, la asignatura del adoctrinamiento.
También vamos a votar a favor, señorías, las enmiendas relativas al profesorado y a la carrera profesional de los maestros y profesores. Si ustedes se detienen un momento, verán que dar estabilidad al profesorado no les importa o les
importa muy poco a muchos que con la boca muy grande y muy rápido dicen: apoyamos al profesorado. Si es así, díganlo hoy aquí.
¿Saben cuántos profesores interinos hay en Andalucía? Son 23.000; ese es el número de profesores interinos.
Señorías, hay un modelo que ha sido aprobado en el Senado, que significa dar estabilidad a los profesores interinos. Ese modelo es sencillo; se trata de reconocer que estos profesores llevan trabajando años, algunos más de una década, y que tienen
que tener estabilidad en el empleo. Por eso, señorías, les pediría que hoy aprueben esta enmienda que es fundamental para el futuro del sistema educativo. Si pretenden aprobar una ley en el futuro para los profesores, será tiempo perdido, serán
dos años más perdidos. Por eso presentamos una enmienda que defiende con claridad la estabilidad de los profesores en nuestro país. También defendemos que es muy importante que todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los últimos años
culminen en esta ley. Vemos que el sistema educativo está instalado en la mediocridad, y por eso volvemos a insistir en todas aquellas alternativas y opciones que hacen que el esfuerzo sea una prioridad, que hacen que el sistema vertebrado, que las
enseñanzas comunes sean una realidad. No queremos que la enseñanza de la lengua, de la literatura, de la historia en nuestro país tenga contenidos diferentes. Insistimos, señoría, en que no es suficiente decir cuánto tiempo se destina a las
enseñanzas comunes; hay que destinar además contenidos comunes porque todos, todos, necesitamos que el futuro de nuestros hijos sea también común para un proyecto de una España común, y para eso es necesario compartir la lengua, la historia, ese
pasado y ese futuro -espero- común para todos los españoles. Dice el profesor Víctor Pérez Díaz que la debilidad nacional de nuestro país es la educación, y coincido con él; es verdad, así lo dicen los estudios. Hemos instalado el sistema
educativo en la mediocridad y nos estamos intentando engañar con una falsa equidad. Los perdedores de esta situación son los chicos de nuestro país, y los más perdedores son los sectores menos favorecidos social y económicamente, porque esta ley si
perjudica a alguien es a la escuela pública ya que la calidad es la palanca de la equidad, y en este caso ni hay calidad ni hay equidad. Nuestra experiencia está clara. Llevamos quince años de Logse, quince años perdidos. Dice Steiner que
devaluar el esfuerzo de aprender es malo, que ese esfuerzo se practica, y cuando se practica tiene recompensa. Esos principios que define Steiner deberían ser los que marcaran la que es la asignatura de nuestro país, la de la educación. Por eso,
señorías, yo les animo hoy en este último trámite a que apoyen -paradójicamente, señores socialistas- a la escuela pública, que se ha debilitado con la aplicación del modelo Logse. Solo reconociendo la realidad y sus causas, sin prejuicios y sin
sectarismos, se podría abordar con responsabilidad un futuro mejor para la educación.
Siento decir que esperaremos, aunque no sentados; seguiremos trabajando y verán ustedes los resultados. De cualquier modo, nosotros desde las comunidades autónomas donde gobernamos vamos a seguir trabajando; lo haremos en común, por una
educación común, por una mayor calidad, por las evaluaciones, esas evaluaciones externas que tanto miedo le dan a algunos. Evaluar es bueno, es positivo; evaluar significa no aferrarse a que nadie sepa lo que uno sabe. Siguen aferrados a un
modelo fracasado de educación secundaria, siguen aferrados a un modelo de bachillerato corto y débil, siguen sin poner remedio a los problemas de los centros públicos. Lo malo es que los más afectados de esta ley son los profesores, en los que
actualmente he visto un clima de pesimismo y de resignación, que es lo peor que le puede pasar al sistema educativo de un país. En definitiva, hoy asistimos a un sistema menos vertebrado, con menos libertad, que no promueve la calidad, que no
mejora el rendimiento de los alumnos, por eso les anuncio que no vamos a votar favorablemente la ley, aunque vamos a votar todas estas enmiendas que nos
parece que son importantes para el futuro del sistema educativo. Lo digo con sinceridad, señora ministra, señorías, tender la mano para abordar las reformas de fondo que necesita la educación española va a seguir siendo una propuesta de
nuestro partido. Espero y deseo que el futuro sea mejor que el pasado, porque en el pasado, la verdad, hemos tenido poca respuesta a lo que nosotros entendemos que es lo que piden muchos millones de españoles. Por eso, señorías, hoy todavía
tenemos un poco de tiempo para mejorar esta ley, que ha mejorado en el Senado pero que todavía necesita mucho para ser la mejor ley que nosotros queremos para el sistema educativo, para padres, para profesores y para alumnos: una educación de
calidad, una educación en libertad y la mejor educación posible para todos.
Gracias, señora presidenta; gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos la fijación de posiciones con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tomará la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar saludando también a las autoridades y a las organizaciones que nos acompañan. Como todos sabemos, llegamos al final del proceso parlamentario de la Ley Orgánica de Educación y, como representante del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero manifestar que, por supuesto, vamos a continuar apoyando, como hemos venido haciendo en este y en otros sectores, las decisiones y las propuestas que nos llegan desde el Gobierno, porque hay argumentos favorables para hacerlo. En
primer lugar, porque el Gobierno, tras un debate muy intenso y muy extenso, como se ha venido produciendo en los últimos meses, nos envió un proyecto de ley que había tenido un diálogo con las autonomías, y ahí está el número importante de reuniones
de la conferencia sectorial, un debate en el ámbito político con todos los partidos, después se reprodujo con los grupos parlamentarios, y un debate social y especialmente relevante con los sindicatos representantes del profesorado, que seguramente
no están muy desanimados, puesto que en un 80 o en un 90 por ciento han apoyado, dependiendo de que sean públicos o representen a la enseñanza concertada, las propuestas y han firmado acuerdos con el Ministerio de Educación.
Todo ello en dos años
muy importantes para el sistema educativo de este país, empezando porque toda la sociedad conocía en los seis primeros meses, tras la toma de posesión, que con el nuevo Gobierno se iba a producir un cambio en la ley, continuó con un año completo
desde que se publicó el primer borrador de una educación de calidad para todos y entre todos, y ha continuado con los seis meses últimos en los que hemos tenido la ley en el ámbito parlamentario Congreso y Senado, y además porque es un proyecto que
respeta la más estricta legalidad, como nos dijo el Consejo de Estado. Por tanto, solamente se han excluido de esa actitud de diálogo, que nosotros hemos continuado, los que ni han querido, porque ven España solo en negativo, ni han podido, porque
reciben consignas de alguna fundación que no es acertada en la transmisión de sus opiniones, o no saben, porque llevan todo el tiempo buscando los trozos de una España que, a pesar de todo, no se rompe y, por supuesto, tampoco en el sistema
educativo.
Recibimos la ley hoy con unas variaciones del Senado, a las que nosotros hemos dado apoyo en una proporción importante, puesto que eran propuestas nuestras. Muchas de ellas son variaciones técnicas, otras son de redacción y hay también
propuestas posteriores, muy pocas, muchas menos de las que en algún caso se han dicho aquí, a las que ahora me referiré, que mejoraban el texto y les hemos dado nuestro apoyo. En cambio, vamos a rechazar otras porque entendemos que desequilibran
precisamente ese proyecto inicial, como también se ha dicho aquí anteriormente. En primer lugar, porque imponen a las administraciones educativas unas condiciones y unas obligaciones de promoción de plazas privadas con las que no estamos de
acuerdo. En segundo lugar, porque pretenden retirar una materia como educación para la ciudadanía -que creemos que es importantísima- de manera incorrecta, porque no la retiran de forma completa, como se está viendo en el debate curricular que se
está produciendo entre una variedad enorme de organizaciones propuesto por el Ministerio de Educación. Y en tercer lugar, porque además no es ni alternativa ni sustituye a la religión; por supuesto, es importante volver a la situación inicial con
la que partió de este Congreso, porque se quiere introducir la variación de religión impuesta a todos, incluso con la alternativa, cuando el derecho de unos -como ya se ha repetido muchas veces- a tener esa alternativa no implica un deber académico
de otros a seguir una alternativa, el que algunos tengan la religión.
Además, se pretende quitar el carácter de gobierno a unos órganos colegiados que creemos que cumplen una función participativa fundamental, porque son un atractivo adicional al
que la participación ya tiene para unos padres que, en general, sabemos que socialmente la desmotivación les puede llevar a no hacerlo. En cambio, es un elemento fundamental de calidad para un sistema educativo la participación de las familias en
el sistema. Si encima les quitamos las competencias de decisión que tienen haciendo que el órgano no sea de gobierno, evidentemente no facilitamos esa acción; además, nosotros estamos más por un modelo participativo y un modelo colegiado que por
un modelo personalista y en algunos casos bastante autoritario. En conjunto, el modelo educativo que se propone con la LOE no se resiente aun cuando haya habido alguna modificación -aquí se han indicado algunas por parte de Iniciativa per Catalunya
y de Esquerra- y, por tanto, no se resiente tampoco la estructura final que la ley va a tener, muy parecida a la que salió del Congreso. En relación con la coeducación, creemos que se retoma una situación anterior en la que tenía unas
características muy definidas y, por tanto, no
se difumina incluyendo como educación todo, que es lo mismo que no decir nada. En cuanto a la financiación, no vamos a apoyar las propuestas de financiación que vienen del Senado porque, por ejemplo, por dar un dato, incorrectamente se
multiplica por cinco la cantidad de financiación prevista en un principio para los próximos cinco años. Curiosamente, esa multiplicación la hacen quienes quieren en cinco años multiplicar por cinco la cantidad enorme que el Estado, el Gobierno
socialista, está dispuesto a aportar cuando en los ocho años anteriores no hicieron absolutamente nada, incluso el sistema educativo creció por debajo del crecimiento vegetativo llegando a disminuir la participación en el producto interior bruto.
Tenemos un proyecto de ley que sigue inspirado en los principios progresistas y desde luego en las directrices de nuestro programa electoral, sin caer en el tremendismo ni en la crispación que se pretende desde otros sectores, porque aporta
estabilidad al sistema educativo. Es un sistema educativo que, probablemente, como va a ocurrir en otros casos que ya se han debatido en esta Cámara, el Partido Popular, que es el primer opositor a este proyecto, no va a modificar, porque nace con
una estabilidad social, política y autonómica suficiente como para que le sea muy difícil al Partido Popular cambiar un proyecto con ese tipo de apoyos. Respetamos, además, la diversidad de las comunidades autónomas y, por tanto, la diversidad de
este país y no hay ningún miedo, por supuesto, a la ruptura, y no vamos a permitir que se coloque solo en la pancarta tres aspectos muy queridos por los socialistas y muy queridos en este proyecto como la libertad, la calidad y la equidad. No nos
vamos a dejar arrebatar esos elementos, puesto que algunos de ellos además tienen unas profundas raíces en el Partido Socialista y desde luego en el proyecto de ley que les presentamos. Por lo que se refiere a la libertad, hemos dicho muchas veces
que lo que pretendemos es que los padres -cosa que tienen asegurada y continúa- elijan centro, pero que los centros no puedan elegir alumnos, porque la libertad de elección de centro tiene que tener una referencia en la programación de la educación
y en el derecho propio a la educación, que son tres elementos que se coordinan bastante bien en el proyecto educativo. Con la calidad queremos recuperar el fracaso y atender, por supuesto, y conseguir los objetivos que la Unión Europea nos marca
para los próximos años. Por cierto, se ha hablado aquí de 15 años de fracaso de la Logse. La Logse empezó en 1992 y hasta 2006 el Partido Popular ha gobernado durante ocho. Aquí se ha hablado de 15 años de fracaso, seguramente se habrán incluido
los ocho de Gobierno del Partido Popular y, por tanto, se asumirá que mayoritariamente el fracaso de esa ley lo apunte uno en su debe, puesto que esa ha sido la situación.
En relación con la participación, por supuesto creemos que es importantísimo
recuperarla -ya lo he dicho anteriormente- y también es importante la integración, la integración no solo de alumnos, porque la equidad es un elemento relevante del sistema educativo y por tanto se integrarán los alumnos, por supuesto, como se viene
haciendo desde que el Partido Socialista por cierto lo inició, sino también de las redes, de tal manera que a la enseñanza concertada se le da el sitio que constitucionalmente tiene, pero también se le pide la cuota de responsabilidad para que asuma
la problemática que tiene el sistema educativo, cosa que proporcionalmente no está haciendo. Por tanto, el equilibrio, por ejemplo -ya se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo-, en la escolarización de alumnos con problemas es muy
importante y se tiene que conseguir y tiene que aportar esa cuota de responsabilidad a la enseñanza concertada. He dicho anteriormente que no creemos que el profesorado esté instalado en el pesimismo y mucho menos después de conseguir en un 80 o en
un 90 por ciento acuerdos de sus representantes con el Ministerio de Educación, que van en el sentido de aumentar la formación permanente, la inicial ya sabemos que está pendiente del espacio europeo de Educación Superior; se varían las condiciones
mejorando el ingreso o el acceso; se prorroga la jubilación anticipada y se establece un nuevo complemento económico en función de la actividad en el aula. Todas estas son cuestiones que sin duda alguna motivarán al profesorado, que desde luego
tiene que tener una atención especial porque muchas veces sufre situaciones, de las que no son en absoluto responsables, que hay que atender. Se ha empezado haciéndolo precisamente con un plan de convivencia por parte del Ministerio de Educación,
que es un desarrollo de esos acuerdos.
Acabo con la financiación. De la financiación ya he dicho algo, pero hay que tener en cuenta que la financiación que propone el proyecto de ley lleva asociada una memoria que no tuvo la ley anterior del Gobierno popular, con un título
específicamente dedicado a esa memoria económica y con el compromiso además de dar cuentas públicas, y todo ello en un marco en el que se va a destinar más de un billón 100.000 millones de las antiguas pesetas, 7.033 millones de euros, para los
próximos años de implantación del sistema. Las aportaciones que hace el todavía proyecto de ley -esperemos que mayoritariamente apoyado- que se les presenta pretenden responder a los retos de estabilidad, calidad, formación y por supuesto
financiación para conseguir del sistema educativo diseñado con esa ley un apoyo y un instrumento fundamental para la promoción personal y el progreso social.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Benzal.
Muchísimas gracias.
Señora ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora presidenta.
Voy a emplear solamente unos minutos para hacer una valoración del proyecto de ley que debatimos hoy en esta Cámara para su aprobación final. Hoy es un día para
hablar del futuro del sistema educativo. La ley que tenemos ante nosotros es una ley que, como las buenas leyes educativas, tiene que ser optimista, optimista en el mejor sentido, en el sentido de creer en el futuro de nuestra sociedad.
Cuando las personas invierten en educación, dedican su esfuerzo, su talento y su tiempo a invertir en sí mismos, a formarse, están dando la mejor muestra de optimismo vital, de apostar por su futuro. Lo mismo ocurre con las sociedades y creo que
nuestras mejores leyes educativas son optimistas porque nos invitan a creer que tenemos un futuro mejor y que merece la pena apostar por ello. Este es el espíritu fundamental de la Ley Orgánica de Educación, porque es una ley ambiciosa, una ley que
nos impulsa a llegar tan lejos como queramos llegar en nuestro sistema educativo. Es una ley que, para ser optimista y ambiciosa, tiene que ser rigurosa y por ello nos invita a definir estrategias que son complejas. Hoy parte del debate que hemos
tenido tiene que ver con la complejidad de lo que estamos proponiendo para los próximos años. Estamos proponiendo que actuemos a la vez en diferentes frentes, que les demos mayores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes en los centros
públicos. Esta ley nos permite impulsar a nuestra educación pública más lejos de lo que ha llegado nunca. Les recuerdo que ya lo estamos haciendo con el apoyo de este Parlamento, porque ya están en marcha muchos de los programas que están
contenidos en esta ley. En ese sentido les invitaría a que transmitamos a nuestro sistema educativo esa noción de optimismo, ambición y rigor. Si creemos de verdad que esta ley nos impulsa, que su memoria económica nos permite definir todos los
programas que son necesarios en nuestro país, transmitamos ese espíritu de futuro a nuestros centros. Nuestros centros están mejorando con la aplicación de esos programas que nos permite la memoria económica que ya en el año 2006 estamos aplicando
y nuestros centros van a ver mejorar día a día los resultados del sistema educativo.
Es posible, aunque es complicado. Esta es una ley, y se lo hemos dicho muchas veces, que no cree en soluciones mágicas. Es una ley que parte de la complejidad
del problema que tenemos que abordar. Pero es posible, lo estamos haciendo y los centros van a poder mejorar, y estoy segura que SS.SS. lo querrán también. Transmitamos eso a nuestro sistema educativo.
Una vez más, quiero reconocer el trabajo de todas las personas que han colaborado desde la responsabilidad para enriquecer el proyecto, para que tengamos una ley -la ley sola no basta, por eso la memoria económica y el Estatuto de la Función
Pública docente- que reúna todos los aspectos y que tenga todos los mimbres con los que avanzar en nuestro sistema educativo. Mi agradecimiento y reconocimiento más sincero para los representantes del sistema educativo que durante dos años nos han
acompañado, han analizado y presentado propuestas, porque ellos saben que han contribuido en muchos aspectos. Mi agradecimiento a las comunidades autónomas que han trabajado durante estos dos años con el equipo del Ministerio de Educación y
Ciencia. Esta es una ley que cree en nuestro Estado de las autonomías, que cree que el reparto de competencias lo tenemos que usar como en los países más avanzados del mundo actual, que utilizan un sistema descentralizado. Nosotros también lo
podemos utilizar. Con ese sistema descentralizado podemos conseguir magníficos resultados. Esta ley nos habla de cooperación entre administraciones.
Esos programas que estamos poniendo en marcha entre todos suponen ese trabajo de cooperación, de
colaboración, de diseñar juntos programas, de cofinanciarlos, de hacernos corresponsables y de evaluarlos juntos. Creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir avanzando. Mi agradecimiento muy especial a los representantes de las
familias y de los profesores. Hemos trabajado y firmado acuerdos con la mayoría de las organizaciones representantes de los profesores y de las familias, que van a ser parte fundamental de esa mejora del sistema educativo. Están ya en el Consejo
de Coordinación Universitaria las propuestas de nuevas titulaciones de formación inicial de maestros y profesores. Tendremos que seguir trabajando en esa dirección, más formación permanente, una carrera docente que sea capaz de atraer a nuestros
mejores jóvenes a ser profesores en nuestras escuelas, que sea capaz de incentivar a nuestros profesores y de reconocer su trabajo. Cuando decimos que nuestra sociedad quiere valorar la educación, sabemos perfectamente que si no reconocemos el
trabajo de los profesores día a día, no lo conseguiremos. Quiero expresar mi agradecimiento por participar en esos acuerdos, en el plan sobre convivencia escolar, en el que tantas esperanzas hemos depositado y que nos va a ser útil. También me
gustaría expresar mi agradecimiento a todos los profesores, a todos los que han participado en este debate.
Asimismo mi agradecimiento a esta Cámara, al Senado, a la Comisión de Educación, que tanto ha trabajado en el proyecto, a los portavoces,
especialmente a don Raimundo Benzal, que tanto han trabajado. Alguien ha hablado hoy de encaje de bolillos. Creo que nadie que se hubiera acercado antes a una ley de educación podía esperar menos.
Desde el principio de este debate todos hablamos de conseguir grandes objetivos con las leyes de educación, pero también de buscar acuerdos. En educación todos partimos de fuertes convicciones y, sinceramente, creo que nunca debemos
perderlas. Harán más difícil el debate de las leyes educativas, porque todos partimos de eso que creemos que la educación puede conseguir para nuestra sociedad. Pero aunque los debates de nuestras leyes se hagan complicados por esa razón, merece
la pena.
Prefiero tener una sociedad que crea en la educación, a venderlo todo en nombre de un debate fácil para una ley que probablemente no abordaría la complejidad de la tarea que tenemos delante de nosotros. Les invito a seguir trabajando,
porque mañana empieza de verdad el reto del sistema educativo para desarrollar esta ley y aplicar todos esos programas, para invitar a todos nuestros centros a aplicar sus mejores estrategias y la combinación de programas
que les estamos ofreciendo para mejorar. Les invito a que sigan creyendo en la educación, a que todos los años renueven su apoyo en los presupuestos, como hemos comprometido, y a que entre todos-el entre todos es fundamental- hagamos
realidad esa promesa de mejora del sistema educativo. Les pido su voto favorable para esta Ley Orgánica de Educación.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Pastor Julián pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
La ministra no entró en contradicción directa con los grupos parlamentarios. (Rumores.) Señorías, por favor, un poco de respeto. Pero por la importancia del debate y el momento en que la ministra intervino, abriré un turno de réplica para
todos y cada uno de los grupos parlamentarios que deseen hacerlo y por orden de intervención. (Pausa.)
Señora Pastor, su turno por tres minutos.
La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, esta ley ni es optimista, aunque alguien la quiera ver así, ni es ambiciosa, porque ser ambicioso significa apostar por el futuro, ni a mi juicio es una ley rigurosa. Nada tiene que ver lo que ha dicho la señora
ministra con lo que ha pasado. La realidad es mucho más cruda. No es una ley que haya sido acordada por las comunidades autónomas. Es una ley que ha venido a colocar en el debate público dos años perdidos. Hemos perdido dos años en este país
paralizando una ley que había sido aprobada y haciendo que profesores, padres y alumnos estén sumidos en este momento en una profunda -y digo profunda- preocupación.
Señora ministra, ha habido tres meses de debate atropellado en este Congreso,
donde ustedes solo fueron capaces de incorporar tres enmiendas y media del Grupo Parlamentario Popular que, por cierto, representa, como usted sabe, a millones de españoles, y meses después ustedes han conocido movilizaciones de la sociedad
española, de padres, de profesores y de alumnos. Hoy mismo aquí, en esta Cámara, están presentes los profesores de informática que, como usted conoce, no ven recogida una propuesta que nos parece positiva para ellos, como están indignados los
profesores de tecnología, como no están satisfechos los profesores de filosofía, como no están satisfechos los padres. Señora ministra, la realidad puede tener dos caras, pero tantas caras casi es imposible. Mientras yo hablaba en esta Cámara,
usted hablaba con los responsables de otros grupos políticos. Entiendo que lo haría para ver quién va a apoyar y quién no va apoyar esta ley, porque sinceramente en este momento todavía no sé quién apoya la ley y quién no la va a apoyar. Lo que sí
sé es que en este momento tenemos una ley que había mejorado -ligeramente, pero había mejorado- y que había un grupo de profesores importantísimo, que son los profesores interinos, que mañana tendrían un futuro asegurado y así no lo van a tener. De
qué vale que hablemos ahora de un Estatuto de la Función Pública docente cuando no sabemos ni conocemos qué va a contener ni cuándo se va a aprobar. Señora ministra, seguimos viendo en usted un optimismo excesivo, ese optimismo que le hace subir y
solo le ha faltado casi decir que estaba de acuerdo conmigo, lo cual le hubiera agradecido enormemente. Yo le agradezco el optimismo. Yo soy profundamente optimista y por eso le he dicho que, a pesar de no estar de acuerdo con esta ley, cuente
usted con el Grupo Parlamentario Popular para trabajar en el futuro por la educación de este país. Nosotros defendemos una escuela pública de calidad, profesores que tengan una carrera docente y un Fondo de Cohesión educativo para que no haya
desigualdades. La verdadera equidad no es igualar por abajo, sino defender a todos, sobre todo a los que tienen menos, a los más desfavorecidos. La propuesta que hacemos no es segregadora; es todo lo contrario. La propuesta, semejante -se lo
decía antes- a la que ha hecho el señor Blair en el Reino Unido, no sesga, sino todo lo contrario, integra y apoya a los que tienen más problemas en el aprendizaje.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, por favor.
La señora PASTOR JULIÁN: Termino ya, señora presidenta.
En los próximos meses será importante continuar con un debate como este, porque vamos a ver cómo estamos asistiendo a un proyecto de ley, a una ley después, que va a consolidar un sistema más desvertebrado, un sistema de menos calidad y un
sistema, por cierto, donde los novillos siguen todavía existiendo, lo cual nos parece una verdadera barbaridad. Señora ministra, yo comparto el optimismo vital, pero puedo decirle que la sociedad española no está de acuerdo con esta ley que van a
aprobar algunos grupos en esta Cámara. Estará de acuerdo una parte, pero desde luego a la inmensa mayoría de la sociedad que yo conozco, a la inmensa mayoría de los profesores, de los padres y de los alumnos no les gusta la ley que hoy se va a
aprobar en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pastor.
Adelante, señor Benzal. También tiene su turno por tres minutos.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Tenemos que rebatir alguna de las opiniones que hemos oído últimamente al Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, el debate que se ha producido en esta Cámara, así como el debate que se ha producido en el Senado, en absoluto ha tenido
nada de atropellado. Es más, hemos intentado hasta por cuatro veces, con
contactos intensísimos y extensísimos con el Partido Popular, conseguir que nos tradujeran cuál era su opinión y ha sido imposible porque -repito- no han querido. Están instalados en otra situación y en otros lugares más elevados de las
montañas. No han sabido ni han podido, porque las presiones ideológicas que reciben, al parecer, de ese depósito de ideas que les asiste, no les han permitido otra cosa. Esas posibilidades se han visto mermadas precisamente porque el Partido
Popular en aquellas reuniones -que, repito, fueron cuatro- no nos dejó ninguna posibilidad.
Es más, ni siquiera ha sido capaz de apoyar cuestiones asumidas que en aquellas reuniones nos pedían.
En segundo lugar, se ha hecho referencia a algunas de las cuestiones que afectan a distintos profesionales y se ha nombrado la informática, la tecnología, los interinos. En este sentido, la relación institucional que se establece por parte
del ministerio y la que procura llevar también este grupo parlamentario, es a través de los representantes de los profesores y, vuelvo a decir, en una mayoría aplastante siguen los acuerdos que se han conseguido con el Ministerio de Educación y que
van, unos, en las líneas que prefieren los cuerpos respectivos y, otros, en una línea distinta, pero desde luego siempre pensando en el interés general. No consiguen que la realidad se ajuste a lo que ustedes quieren.
¡Qué le vamos a hacer! La
buena noticia que pretenden, la realidad no se la permite. En ese sentido tendrían que revisar su pretensión. En relación con el optimismo, el sistema educativo y la sociedad española pueden tener con esta ley una situación mucho mejor que la que
tenían con la ley anterior, que estaba contestada por todo el mundo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Benzal.
Señora ministra, si lo desea puede cerrar este debate.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, quiero centrarme en la oferta que hace de mirar hacia el futuro.
Le decía que creo en el optimismo vital que supone estudiar, en particular para nuestros jóvenes que están pensando en su futuro y también creo en ese optimismo vital
para la sociedad. Vamos a contar con todos los grupos de esta Cámara, incluido el Grupo Parlamentario Popular, para solucionar el futuro del sistema educativo. Cuando hablamos de optimismo, de pesimismo y de lo que creemos identificar en el
sistema educativo, sabemos que es el resultado de varias cosas y, en particular, es el resultado de la experiencia que han tenido en el sistema educativo.
La facilidad con la que olvidan que los ocho años de Gobierno del Partido Popular fue
imposible que transmitieran optimismo al sistema educativo es preocupante porque estábamos hablando de un optimismo para el futuro que queremos compartir. (Rumores.) Hablemos de futuro. Pero ya que usted nos habla de su lectura de dos años
perdidos para darle optimismo al sistema educativo, para darle programas que nunca han tenido, seamos realistas. A partir de mañana hablemos del futuro, estoy de acuerdo. Estoy encantada de que tengan una actitud cooperativa, porque el sistema
educativo en su conjunto se beneficiará de ello. Pero no olvidemos que si el sistema educativo ha tenido momentos de desánimo es porque no hemos aportado soluciones a lo largo de los años -y ustedes han gobernado durante ocho años- a lo que nos
pedían. Necesitaban más profesores. ¿Por qué los programas de apoyo y de refuerzo han empezado el año pasado? ¿Por qué no empezaron hace ocho años? (Un señor diputado: ¡A ver! ¡A ver!-Rumores.) ¿Por qué no han crecido las becas durante todos
esos años como han crecido en estos dos últimos años? ¿Por qué no les damos nuevas oportunidades a los profesores? (El señor Campos Arteseros: ¡Muy Bien!) Eso es lo que necesitamos. ¿Queremos hablar de futuro? Sin duda; esta ley es toda sobre
el futuro. Un futuro para nuestro sistema educativo que queremos mejorar. Ustedes gobiernan en varias comunidades autónomas y esas comunidades autónomas, afortunadamente, están trabajando -como es su responsabilidad- en todos los programas de
futuro. Trabajemos hacia el futuro, pero de verdad, no hablemos de dos años perdidos, cuando entonces nos obligamos a mirar hacia atrás, de qué podíamos haber hecho durante esos ocho años si en lo relativo al gasto público en Educación en lugar de
bajar del 4,8 por ciento del producto interior bruto al 4,4, hubiera habido un plan como el que acompaña a esta ley. El Gobierno central puede -lo está haciendo- colaborar con las comunidades autónomas. Eso es vertebrar nuestro país, desarrollar
programas en los que trabajamos todos, que financiamos entre todos y en los que colaboran las comunidades autónomas, porque nosotros trabajamos con todas. ¿Por qué no se han llevado a cabo esos programas en los años anteriores? (Rumores.) Ese es
el optimismo del que estamos hablando. Me gustaría contar con ustedes para ese futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000051.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto 40 del orden del día de hoy: Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Se fijará posición por parte de los grupos parlamentarios y
comenzaremos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos reafirmamos en la posición que mantuvimos cuando aprobamos en el Congreso esta ley, en los argumentos que expresamos en aquel momento e incluso en la satisfacción por los acuerdos alcanzados, que permitieron que algunas propuestas de
nuestro grupo parlamentario fueran incorporadas al proyecto inicial. De acuerdo con esta posición, apoyaremos algunas enmiendas que nos llegan del Senado, porque creemos que mejoran el texto, sobre todo en algunos aspectos relacionados con las
comunidades autónomas, y votaremos en contra de otras, como manifestaremos en su momento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a votar favorablemente el conjunto de la ley. Consideramos que se sigue avanzando en una secuencia histórica que comenzó con la Ley 43/2003, que se aprobó en la anterior legislatura, que se recogen las preocupaciones sobre las
distintas formas de explotación y utilización del bosque y del monte y sobre los efectos que tienen en las administraciones locales, autonómicas y estatales. Nos parece una ley aceptable y adecuada y por tanto la votaremos favorablemente, lo que se
reflejará en las votaciones de las enmiendas que llegan del Senado en un número significativo, 33. Mi grupo va a votar favorablemente a seis, porque aceptar ahora otras enmiendas, exceptuando las que se refieren a matices técnicos o los que son una
reminiscencia de conceptos ya establecidos en la Ley 43/2003, nos parece una distorsión de la actual ley en cuya elaboración participamos. Queremos evitar las especulaciones existentes sobre los incendios forestales, que, en algunas ocasiones,
lamentablemente han servido para recalificar el suelo, aprovechar fraudulentamente la madera o hacer recalificaciones urbanísticas, pues donde se quemó se construye una urbanización. Vamos a ser serios y no proteger la picaresca nacional más burda
y contraria a la defensa de nuestro patrimonio forestal.
De estas 33 enmiendas, vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 5, en su primera parte, que viene a modificar el texto de esta Cámara, añadiendo una referencia a los equipamientos de personal; de la relativa al artículo 24 bis
nuevo, porque hace una mención muy oportuna a la aplicación del programa de acción nacional contra la desertificación.
Esta es una preocupación hoy día se siente sobre todo en las comunidades autónomas españolas más próximas al continente africano,
como son Canarias y Andalucía. Tenemos que contar con los instrumentos pertinentes para luchar contra la misma. Igualmente votaremos a favor del artículo 24 ter nuevo, en el que se habla del Plan nacional de actuaciones prioritarias de
restauraciones hidrológicoforestales, que no se había matizado suficientemente en el texto primitivo que salió del Congreso ni en el proyecto del Gobierno. Asimismo votaremos a favor del artículo 33 ter nuevo, que se refiere a la reparación de los
daños que se puedan producir en los bosques y masas forestales de nuestro país y del artículo 34 bis nuevo, porque debe existir una nueva disposición adicional para que el Gobierno elabore el estatuto de la propiedad forestal, que es importante.
Debemos tener en cuenta la necesidad de una armonización entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas a través de las mesas sectoriales. También debe escucharse el parecer de los ayuntamientos, porque el bosque o el monte
están ubicados territorialmente dentro de uno o varios términos municipales, por lo que debe tenerse en cuenta la distribución de competencias. Por último, votaremos favorablemente la enmienda al artículo 35, que siguiendo el criterio del Senado,
que nosotros apoyamos, modifica la redacción que el Congreso de los Diputados dio en su día a la disposición final tercera de la Ley 43/2003, para establecer la competencia de desarrollo normativo de la ley de las comunidades autónomas. Es una
exigencia normativa, porque si las comunidades autónomas no se implican en estas materias, aparte de conculcarse sus estatutos de autonomía, se vería afectada la eficacia de las medidas, que tienen que ser siempre de adición y nunca de supresión.
Señora pesidenta, esta es nuestra posición. De las 33 enmiendas presentadas votaremos a favor de seis y en contra del resto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra en su nombre el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la actitud que durante todo el trámite parlamentario han tenido los portavoces del Grupo Socialista, actitud abierta que en el trámite del Congreso nos permitió incorporar diferentes enmiendas que mejoraban
el texto de Iniciativa per Catalunya Verds y de Izquierda Unida. Como digo, valoramos positivamente esa actitud y el trabajo que se ha hecho entre todos los portavoces y quería transmitirlo.
En el último debate que tuvimos en el Congreso dijimos que para era importante que en el Senado la modificación de la Ley de Montes, a propuesta del Grupo Socialista, se adaptase a la realidad autonómica. En nuestra opinión, si alguna cosa
fallaba era el tema competencial en algunos aspectos concretos. Dijimos que en el Senado íbamos a presentar enmiendas y a defender estos elementos. Así lo hizo el senador de la Entesa y de Iniciativa per Catalunya
Verds, Jordi Gillot, en el Senado, aunque es verdad que con escasa fortuna en el caso de algunas de las enmiendas -en otras, no-; globalmente, como digo, con escasa fortuna. Pese a ello, algunas enmiendas competenciales prosperaron y
quiero anunciar que vamos a votar favorablemente dichos aspectos competenciales porque era una de las patas que le faltaba a esta ley. Ahora bien, vamos a combinar esta exigencia competencial con una exigencia medioambiental. Hemos detectado que
se suprimen enmiendas de un gran calado medioambiental. Lo decía antes y lo reitero con mucha más vehemencia, con mucha más fuerza y con muchos más argumentos. Todas las enmiendas que recortan medioambientalmente la ley las ha presentado el Grupo
Popular y les voy a poner algunos ejemplos. El Grupo Popular consiguió que se suprimiese el artículo 24 en lo referente a la declaración y definición de monte protector. Todos sabemos que el monte protector es una nueva fórmula que permite y
consigue que existan políticas públicas en la defensa del medio ambiente, de los bosques, y que haya montes protegidos en determinados áreas. Pues bien, el artículo 24 fue suprimido, por lo cual vamos a votar en contra. Asimismo, se suprime el
artículo 26.3, que dice: 'La Administración responsable de la extinción adoptará las medidas oportunas para garantizar la defensa jurídica del director técnico y del personal bajo su mando...' Nosotros pensamos que esto es lo normal, pero en cambio
se suprime. No lo entendemos y si lo entendemos, no nos gusta. También se suprime el artículo 50.1, en el que se dice que las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados y
queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 años, medida que calificábamos de muy buena a la vista de la experiencia de este país, en el que después de los incendios se podía producir un cambio de uso de ese terreno. Curiosamente
un grupo que se dice protector del medio ambiente suprime, desde nuestro punto de vista, uno de los elementos muy positivos de esta ley que llevó a nuestro grupo parlamentario a votar a favor. Es sorprendente que se suprima este aspecto. Por otra
parte, hay enmiendas que se cambian que son divertidísimas y les voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de la inspección se dice que al efectuar una visita de inspección deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su
representante.
Podrían hacer una inspección en la que se dijese a los infractores: oigan, antes de llegar, pongan las cosas en orden. Eso es lo que expresa la enmienda del Grupo Popular y no deja de ser fantástico. Si queremos hacer una tarea de
inspección correcta, ustedes entenderán que no vamos a llamar a la puerta para que el infractor ponga en orden todo lo que ha incumplido. Y después viene lo mejor. Les diré con cariño que hay una enmienda que les delata. Está bien que cada uno
digamos a por qué vamos.
Nosotros sabemos a por lo que vamos y ustedes también. En el artículo 33 bis, nuevo, que se refiere a la clasificación de infracciones tipificadas del artículo 74, se reducen todas. Cuando la tendencia general a nivel
europeo en materia medioambiental es aumentar las infracciones, ¿qué nos propone el Partido Popular? Reducirlas. Sabemos a qué juegan; nosotros sabemos también a qué jugamos y por eso vamos a votar que no.
Anuncio que vamos a votar toda una serie de enmiendas en materia competencial. Hay una concretamente que nos gusta, que es la que se refiere a la letra b) del artículo 37, en la que se determina cuáles serán las funciones que elaborarán las
comunidades autónomas y, sobre todo, las que elaborará el ministerio con la participación de aquéllas.
Esta ley va a quedar muy bien porque en lo competencial avanzamos y, sobre todo, porque aquellos que recortan el medio ambiente y que quieren
hacer de él un elemento tangencial pero no fundamental a proteger, no se van a salir con la suya y sus enmiendas no van a prosperar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Mi grupo ya se manifestó favorable a la ley inicial del Gobierno del Partido Popular, la Ley de Montes, fundamentalmente porque -cosa rara en aquellos tiempos que corrían- fue debatida y consensuada con las
diputaciones forales competentes y el Gobierno vasco, y entiendo que se realizó una buena ley. También hemos mantenido una posición favorable a las modificaciones propuestas en cuanto a los cambios de uso de los montes incendiados y al intento de
que los agentes forestales sean considerados como autoridad. Esta ley ha aportado un avance en esa dirección. Mi grupo en el Senado propuso cuatro enmiendas, de las cuales se aprobaron las números 17, 18 y 19, y la otra fue rechazada. En resumen,
nuestra posición respecto a esta ley es favorable en cuanto que ha mejorado la existente, aunque esta también era buena.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Txueka.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra en su nombre doña Rosa Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidenta.
Señorías, una de las primeras acciones conservacionistas llevada a cabo originalmente con esta finalidad, y de la que consta rigurosamente toda la información, fue el proceso de catalogación de montes de utilidad pública, exceptuado el
proceso desamortizador de principios del siglo XX.
El interés de conservar determinados espacios forestales por su contribución al régimen hidrológico, a la lucha contra la erosión, a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los
ecosistemas, parece que fue un preludio de la situación actual. Ahora tenemos claro que hay muchos sistemas en peligro sobre los cuales
deben establecerse directrices de conservación: los recursos pesqueros, la atmósfera, las cuencas hidrográficas, la diversidad biológica; de hecho, en muchos casos hemos recuperado esta idea original de inventariar los ecosistemas y
especies más originales para garantizar su protección. Un ejemplo evidente es la Red Natura 2000.
La presente modificación de la Ley de Montes ha acometido un proceso de reforma que supone un avance en determinados aspectos y una actualización de las nuevas realidades. Por ejemplo, en competencias alivia las situaciones de litigio que
existían en materia de competencias autonómicas -como saben SS.SS., se ha modificado puntualmente el texto anterior para no vulnerar las competencias-; en la capacidad de intervenir normativamente en montes de titularidad estatal; en la
normalización de los medios de extinción de incendios; en la planificación hidrológico-forestal, etcétera. Esquerra Republicana entiende que todavía hay aspectos de la Ley de Montes que sobrepasan las competencias estatales. Fíjense en que hemos
eliminado en la parte derogatoria del proyecto de ley que las actuaciones de restauración hidrológico-forestal sean de competencia estatal. Se ha reconocido que son competencias autonómicas y que el Estado, en todo caso, lo que puede hacer es
definir objetivos generales, igual que en lo que compete a desertificación. Aún así, en el artículo 41, sobre el Plan nacional de restauración hidrológico-forestal y Programa de acción nacional contra la desertificación, se mantiene que la
aplicación de los citados planes debe hacerse de forma coordinada entre las administraciones, manteniendo el papel ejecutivo del Estado. Creemos que en este aspecto todavía hay una clara vulneración de competencias. Nos consta que en las
modificaciones que ha sufrido la ley en el Senado se han retocado, aunque sea mínimamente, algunos artículos que hacen referencia a estas cuestiones.
En el mismo sentido, creemos que no se ha resuelto convenientemente el articulado que permita al
Estado declarar de interés general obras que pueden colisionar con el interés general de determinadas zonas forestales. A nuestro entender, estas situaciones deberían ser resueltas íntegramente por las administraciones autonómicas.
Respecto a la clasificación de las masas forestales, consideramos que es un avance positivo la capacidad de incluir masas forestales como montes protectores por parte de las comunidades autónomas o poder asignar figuras de especial
protección a montes de titularidad pública.
Incentivar la certificación forestal en las compras públicas es un paso adelante. Aun así, hay que reconocer que el redactado de la ley es una declaración de intenciones que dista mucho de unas acciones
más comprometidas. Esperemos que la mención que se hace en esta ley y los incentivos que se incluyen para llevar a cabo planes de ordenación forestal puedan llevar en breve a una situación en que las compras públicas estén más condicionadas en este
sentido.
La creación de la Fiscalía de Medio Ambiente era otra actuación de necesaria implementación. Fortalecer la acción de la justicia en la persecución de los delitos ambientales era una cuestión pendiente y nos pareció procedente llevarla a
cabo en el contexto de esta ley por la especial relevancia que tienen los incendios. En relación con este tema, Esquerra Republicana ha traído a colación en el debate de esta ley el reconocimiento de las atribuciones de los agentes rurales como
Policía judicial, y hemos quedado parcialmente satisfechos. En este sentido, les queremos recordar que la Lecrim está siendo objeto de modificación en esta Cámara. Para ser consecuentes con el reconocimiento que se hace en esta Ley de Montes que
hoy debatimos, la Lecrim debería ser el marco apropiado donde reconocer finalmente estas facultades tan necesarias en estos cuerpos de agentes ambientales. Como saben SS.SS., los agentes rurales o medioambientales están fuertemente comprometidos en
la investigación y persecución de delitos relacionados con incendios forestales. También saben que es una reclamación histórica de estos cuerpos disponer de las facultades de investigación y persecución de delitos que les otorgaría la condición
reconocida de Policía judicial.
Respecto al Fondo para el Patrimonio Natural, debería venir concretado en el próximo real decreto, donde esperamos que su asignación final sea llevada a cabo por las comunidades autónomas en virtud de sus
competencias ejecutivas.
En cuanto a las modificaciones del Senado, no nos parecen en muchos casos ni pertinentes ni relevantes. En algunos casos sería retroceder en las competencias que tienen asignadas las autonomías en la planificación en materia de incendios y
en la restauración hidrológico-forestal. Por otra parte, diversas enmiendas suponen un retroceso en los niveles de protección, ya sea reduciendo importes de sanciones, evitando la perdurabilidad de la calificación como zona forestal, así como
evitando los incentivos a la certificación de la madera. Vamos a votar afirmativamente diversas enmiendas que a nuestro entender mejoran el texto. La modificación del artículo 7.3, porque declara que son competencias compartidas la coordinación de
la llevanza del catálogo de montes de utilidad pública y la colaboración y el diseño de las redes; la relativa al artículo 10.3, que concreta la periodicidad de las reuniones del comité forestal; al artículo 28.5, porque obliga a la elaboración de
informes con periodicidad anual; al artículo 36.3, que es una mejora técnica; a los artículos 41.1 y 41.3, porque reconocen ligeramente la participación de las comunidades autónomas en la aplicación y seguimiento del Programa de la acción nacional
contra la desertización, así como que el Ministerio de Medio Ambiente comparte con las comunidades autónomas la elaboración y aprobación del Plan nacional de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico-forestal. Votaremos también a favor
de los artículos 49.2, 49.3 y 33 ter (nuevo) -artículo 77-, por considerar la definición como mejora técnica del redactado. Por último, votaremos a favor de la disposición adicional nueva sobre el estatuto de la propiedad forestal por considerar
que es una asignatura pendiente que esta ley debería haber solventado, así como el artículo 35, a la disposición final tercera, por comprometer más el desarrollo
normativo y establecer la competencia de las comunidades autónomas en el desarrollo normativo de la ley.
En resumen, después de la gran cantidad de debates que hemos tenido en los últimos seis meses sobre incendios forestales y cuidado de los bosques, sobre el valor fundamental que éstos tienen en la lucha contra el cambio climático, esperamos
que esta ley pueda aplicarse correctamente y se convierta en un instrumento que, junto con las inversiones adecuadas, nos permita preservar mejor nuestros bosques.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Bonás.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Señorías, volvemos a debatir hoy sobre la Ley de Montes en su recta final.
Es una ley que cuanto más avanza, menos nos gusta; creemos que no mejora sustancialmente la anterior. En contra de ella, como hándicap, aparecen las prisas de
llevarla a cabo y mantener como su leitmotiv, su razón de ser, los 30 años de prohibición del cambio de uso o de explotación del territorio quemado, compatibilizándolo -así se pretende- con el interés de hacer prevalecer la protección medioambiental
como hilo conductor de las acciones del Ejecutivo en defensa del bosque. El fantasma, la amenaza del fuego, parece haber obnubilado nuestro raciocinio. Quedan relegadas a un segundo término muchas competencias de las comunidades autónomas,
ejercidas consensuadamente con los propietarios forestales, y se marcan unas políticas de coexistencia en el medio forestal que no han encontrado su necesario equilibrio.
Nuestro grupo desearía que la Ley de Montes no fuera una más de las leyes que van a formar parte del acervo permanentemente renovador de todo cambio de Gobierno, como sucede con la Ley de Educación -hace poco se ha visto-, sino que tuviera
una vigencia superior y más trascendente.
Nuestro objetivo ha sido, tanto en el Congreso como en el Senado, remarcar ampliamente la capacidad de gestión del medio natural de las comunidades autónomas, y más concretamente de Cataluña, que se ha
abordado, entre otras medidas, con una mayor formación de las nuevas figuras que han aparecido, como los guardias forestales, incrementando la implementación de medios y, lo más importante, cultivando una más profunda conciencia social a favor de
los bosques.
No han sido años fáciles los de la estructuración y montaje del sistema de gestión forestal en Cataluña, pero el resultado vale cada vez más la pena. Siempre hemos entendido que, por la característica fáctica de la transversalidad de las
normativas medioambientales, pueden chocar unas con otras las de ámbitos o sectores diferentes, en este caso con las explotaciones agrícolas, con las infraestructuras, con las normativas municipales, etcétera. En todo caso, no es presumible la mala
fe ni la incapacidad ni la explotación desmesurada. El enfoque que se debe dar a esta convergencia de vectores es, sin duda, el de la convivencia, el del equilibrio, el de compartir intereses buscando su compatibilidad. Esa es la utilidad del
medio ambiente, la de una convención social, y solo así, como criterio base a compartir, no como elemento de cerrazón, de contraposición de unos intereses contra otros, podremos defender los intereses superiores de la sostenibilidad dentro de cada
ámbito de actividad.
Nuestras enmiendas en el Senado han reiterado el espíritu que las animó en el Congreso. Reiteramos la defensa de la necesidad de valorar los bienes y servicios que los montes prestan a la sociedad como base para la definición de los
aprovechamientos forestales, como se pretendía con nuestra enmienda al artículo 36. Insistimos, de acuerdo con nuestra introducción, en que las servidumbres de los montes demaniales deben vincularse al sector correspondiente y a los
aprovechamientos forestales, tanto los maderables como los no maderables; objeto de nuestra matización al artículo 37. Justificamos la necesidad de establecer un sistema de primas de seguro porque entendemos que si estuviéramos hablando de una
explotación agrícola, ya los tendríamos; ello referido al artículo 49.
Queremos insistir -y lo destacamos- en una enmienda que propone una disposición adicional nueva para establecer, desde esta ley, una nueva normativa reguladora del estatuto de la propiedad forestal. Es una voluntad firme de los propietarios
forestales que, como corolario muy deseable de esta ley y atendiendo a aquella sensibilidad sectorial, sería el entronque con una nueva proyección de futuro para los bosques. Se plantea mediante una disposición adicional nueva, que será admitida
pues ese es el compromiso del grupo mayoritario. Esta deberá ser una de las acciones que marque la pauta del futuro de los bosques en todo el Estado.
Aun aceptando que puede parecer un contrasentido que una ley inste a otra, sí cabe aquí marcar la
necesidad de terminar el trabajo iniciado con esta ley que hoy votamos. Como pueden observar, señorías, no modificamos el texto de la ley, simplemente le añadimos un nuevo compromiso legislativo para el Gobierno. Es un compromiso a dos años vista,
tiempo suficientemente amplio para establecer unos criterios de actuación comunes, consensuados, de futuro. Sobrevive nuestra enmienda solicitando una nueva disposición transitoria para aplicar módulos para los ingresos forestales, puesto que
estamos hablando en gran medida de ingresos agrícolas y, por tanto, de la necesidad de equiparar los ingresos con los de cualquier otro agricultor.
Para terminar, reiteramos una idea central de nuestra actitud. Como decimos en catalán (Pronuncia palabras en catalán.), que el leer no nos haga perder el escribir, es decir, construyamos una trama legal que ha de partir de la explotación
racional de los montes hacia la sostenibilidad, pero no lo hagamos de forma que soslayemos la contribución a la economía que tienen que hacer nuestras industrias, el rol de proximidad que tienen que desarrollar
los municipios, el progreso a que han de coadyuvar nuestras infraestructuras, en definitiva, la contribución social que han de hacer nuestros bosques. Desde esta perspectiva, daremos nuestro voto al dictamen de la llamada Ley de Montes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tomará la palabra en su nombre la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, en este trámite final del proyecto de ley de montes permítanme que haga una breve referencia a cómo se inicio en esta legislatura. Nos vamos al verano del año 2004, cuando, tras producirse el incendio que calcinó miles de
hectáreas en las provincias de Huelva y de Sevilla y arreciaron las críticas al Gobierno socialista, a la ministra Narbona y a la Junta de Andalucía, la ministra de Medio Ambiente nos anunció su varita mágica para combatir esa lacra que son los
incendios forestales.
La varita mágica consistía en crear la fiscalía de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias provinciales, secciones de Medio Ambiente -medida que apoyamos; ya veremos cuál va a ser su eficacia- y establecer
un plazo de 30 años para el cambio de uso forestal por razón de incendio, medida que, como es obvio -lo he repetido en numerosas ocasiones y explicaré el motivo-, no apoyamos. Posteriormente, en el verano de 2005, tras el incendio de Guadalajara,
que ocasionó once víctimas mortales y que arrasó más de 30.000 hectáreas, y tras las críticas a su gestión en el incendio y las críticas a la Junta de Castilla-La Mancha, la ministra volvió a anunciarnos sus medidas estrella, que estarían
contempladas en la modificación de la Ley de Montes. Su entusiasmo, señorías, llegó al punto de poner en boca de la vicepresidenta la célebre frase de que con esta modificación de la Ley de Montes se acababan las especulaciones para urbanizar los
montes quemados.
Hoy, señorías, el proyecto de ley de montes va a ser aprobado por esta Cámara, tras su tramitación en el Senado, utilizando un inexplicable trámite de urgencia, dado que el anuncio de esta ley lleva ya, como he dicho anteriormente, casi dos
años. Pese a ello, el trámite ha sido fructífero y se han incorporado una serie de enmiendas que, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, han racionalizado el proyecto de ley que vamos a aprobar. Sus señorías recordarán que en el transcurso
del trámite parlamentario hemos reiterado que del proyecto de ley se desprende un abandono de funciones por parte de la Administración General del Estado, que hay un intervencionismo intolerable cuando se afirma que todos los montes, tanto públicos
como privados, serán protegidos y que los montes privados -cerca del 70 por ciento de los montes españoles, señorías- pueden ser declarados protectores o protegidos no a instancias del propietario, como se recoge en la vigente ley, sino simplemente
oído el propietario, lo que implica una serie de limitaciones que, según afirma el texto, podrán ser compensadas; es decir, la mayoría de las veces no lo serán. Para nuestro grupo parlamentario, señorías, el propietario no puede ser un mero
espectador de algo que es de su titularidad, debe ser un agente dinámico implicado en la conservación y en la protección del monte. De esta forma sí pueden evitarse los incendios forestales en España.
¿Y qué decir, señorías, del cúmulo de despropósitos que suponen las nuevas categorías de montes y que chocan frontalmente con lo dispuesto en las leyes autonómicas? ¿O qué trascendencia puede tener que desaparezca -como quiere el Partido
Socialista- del proyecto de ley la obligación que la Administración responsable de la extinción del incendio tiene de asumir la defensa jurídica del director técnico y del personal bajo su mando por posibles responsabilidades derivadas de las
órdenes impartidas? También recordarán, señorías, nuestra oposición a que se establezca un plazo de 30 años al cambio de uso forestal por razón de incendio. Permítanme, señorías, que me detenga brevemente en ello y que repita nuestras razones,
para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', porque luego la demagogia del Grupo Parlamentario Socialista y la demagogia de la señora ministra pueden cambiar los términos en que nos expresamos.
La prohibición del cambio de uso forestal por razón de incendios, señorías, ya viene recogida en la aún vigente Ley de Montes, en su artículo 50.1, en el cual se indica que las comunidades autónomas determinarán los plazos y procedimientos
para hacer efectiva esta prohibición. Esta es, señorías, nuestra postura. Nosotros creemos que son las comunidades autónomas las competentes para establecer este plazo, como ya han hecho, por cierto, la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad
Autónoma de Valencia, no así comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como la Comunidad Autónoma de Extremadura o la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por consiguiente, no es que nosotros no queramos que exista un plazo de 30 años -nos
parecen bien 30, 40 ó 15, lo que determinen las comunidades autónomas, según sean las características de cada una de ellas-, es que estamos en contra de que esto se fije en el proyecto de ley. Y lo que nos parece grave, señorías, es el intento de
engañar a los españoles, tanto por parte de la ministra de Medio Ambiente como del Grupo Socialista, afirmando que con esa medida se acabarán los incendios. Fíjense, señorías, en los datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, que maneja la
ministra y que supongo que manejan los portavoces y los diputados del Grupo Socialista; se especifica claramente que los incendios por modificación de uso de suelo suponen el 0,001 por ciento; esto es lo que suponen esos incendios. Nos dirá,
supongo, el portavoz socialista, cuando intervenga, que es que estos se hallan entre los que tienen causa desconocida. Pues si hay incendios por causa desconocida, no tenemos por qué suponer lo que el Grupo Socialista dice, que precisamente se debe
a la especulación.
Señorías, está prohibido en la ley vigente el cambio de uso forestal por razón de incendio y por consiguiente creemos que esta es una actitud demagógica y un intento de engañar a los ciudadanos, tal vez una cortina de humo para tapar
determinadas actuaciones. Tampoco en los datos del Seprona, señorías, se menciona siquiera el cambio de uso forestal por razón de incendio. Las enmiendas aprobadas en el Senado vienen a subsanar una gran parte de esas deficiencias que he
denunciado. Por un lado, dejan la figura de los montes protectores tal como se contempla en la vigente ley. Y, por cierto, señor Herrera, el monte protector no es una figura nueva, sino que se contempla en la vigente Ley de Montes y se contempla
en muchas de las leyes forestales de las comunidades autónomas. De otro lado, nuestras enmiendas restablecen la competencia de la Administración General del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, en restauración
hidrológico-forestal, para aquellas autonomías en las que no se ha producido la transferencia de los organismos de cuenca. También nuestras enmiendas restablecen la obligación de la Administración del Estado de la defensa jurídica del director
técnico de la extinción; lo contrario, señor Herrera, de lo que usted ha expuesto. Nosotros creemos que es obligación de la Administración defender al director técnico de la extinción. Finalmente, señorías, nuestras enmiendas eliminan el plazo de
30 años, que, como he indicado, creemos que es ineficaz, que es demagógico y que atenta contra las competencias autonómicas.
Espero, señorías -confío en ello-, que por razones espurias no se produzca aquí un cambio en el sentido de voto de los grupos parlamentarios que apoyaron nuestras enmiendas en el Senado. Supongo, señorías de los grupos parlamentarios que
apoyaron estas enmiendas, que habrán leído ustedes el 'Diario de Sesiones' y habrán visto el motivo por el cual sus representantes las apoyaron. El Gobierno socialista, señorías, ha querido demagógicamente vincular los incendios a especulaciones y
recalificaciones del monte; así lo ha reiterado la ministra de Medio Ambiente y también la vicepresidenta del Gobierno. Nosotros, señorías, lo negamos, pero lo hacemos basándonos en los datos del propio ministerio.
Esperamos, señorías, que apoyen
nuestras enmiendas por el bien de los montes españoles y para evitar los incendios forestales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora De Lara, muchas gracias.
Finalizamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista y para ello tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.
Para empezar, le pediría que me permitiese una pequeña licencia, teniendo en cuenta la coincidencia del debate en esta misma sesión de la LOE, la Ley de Educación, y la Ley de Montes, por ser una la expresión del ser humano como ser social y
como ser cultural y la otra expresión o consecuencia del ser biológico de la condición humana. La primera va a cultivar la convivencia social y cultural y la segunda va a permitir la vivencia individual y sobre todo la supervivencia como especie.
A mí me resulta grato, después del interesante debate sobre la LOE, que hayan coincidido en este momento. Porque la materia que estamos debatiendo en esta ley trata sobre los montes, especialmente sobre el bosque, y el papel que estos juegan en la
determinación de las condiciones biológicas y que determinan las condiciones de vida de los seres que habitamos el planeta. Digamos que son un elemento determinante para crear las condiciones de calidad que permitan la vida en el hogar común del
planeta, en el hogar común biológico. Por tanto, estamos hablando de una materia trascendental para la vida biológica de los seres vivos y también para la capacidad de supervivencia de las distintas especies, entre ellas la nuestra, que también
somos seres biológicos.
Simultáneamente estamos asistiendo a controversias que tienen que ver con la destrucción de estos montes, con la destrucción especialmente de las masas forestales, por una ocupación masiva y abusiva del suelo, un suelo que hay que repetir
una y mil veces que no es renovable, y que entran en competición con los usos forestales. Fundamentalmente estos usos del suelo van a urbanizaciones, supuestamente a la creación del hogar, con minúscula, el hogar particular, cuando hablábamos de
que el bosque era el Hogar, con mayúscula, el Hogar común. Para resolver estas controversias, para atacar estas ocupaciones masivas y voraces del suelo, esta ley pretende ser un instrumento más, para convertir la gestión de los montes,
especialmente de nuestros bosques, de una manera sostenible y que permita la supervivencia de nuestros valores naturales más importantes y que condicionan la calidad de vida en nuestro planeta, con el desarrollo económico y social que permite la
calidad de vida de las personas. El impulso al desarrollo sostenible es uno de los objetivos que persigue esta ley. En concreto, la modificación que sobre la Ley de 2003 establece este proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo
persigue tres objetivos.
El primer objetivo es profundizar en la coordinación con las comunidades autónomas, por ser estas las instituciones donde reside la competencia de gestión del monte. Además de fomentar la coordinación, se intentan eliminar algunos puntos de
la Ley de 2003, que eran elementos de litigiosidad y de conflictos competenciales. Despejado ese terreno, se profundiza de forma más clara en la coordinación entre las administraciones. El segundo objetivo es aumentar la protección, que se hace
mediante los montes protectores y montes con algún tipo de protección. La novedad importante de la ley es que se incluye cualquier tipo de monte, sean de la titularidad que sean. Le tengo que recordar a la portavoz del Grupo Popular que
efectivamente la Ley de 2003 exigía que diesen su autorización los propietarios del suelo para ser incluidos como montes protectores, pero también una, que se lee los antecedentes, recuerda que cuando el Gobierno del
Partido Popular remitió la ley al Parlamento vino con una redacción similar a la de ahora, precisamente porque, al igual que una persona que quiera hacerse una casa no se califica su suelo, aunque sea de su titularidad, la calificación del
monte tiene que ser llevada a cabo por las administraciones públicas. Por tanto, hay un incremento de la protección y para llevarla a cabo se incorpora el fondo de patrimonio natural, que se va a gestionar en coordinación también con las
comunidades autónomas. El tercer objetivo que persigue esta modificación es la incorporación de enérgicas medidas en la lucha contra los riesgos que tiene en estos momentos el suelo, que es la ocupación masiva y descontrolada para el desarrollo de
infraestructuras o de urbanizaciones no ordenadas -la ley anterior que debatimos de planes y programas también es un instrumento útil para frenarla- y sobre todo la lucha contra los incendios forestales.
Para frenar esta voracidad de ocupación del suelo y para evitar los incendios forestales, se han adoptado tres medidas importantes en esta ley. La primera es impedir la recalificación de un suelo que haya sido quemado, por un periodo de 30
años, que científicamente se considera que es ideal -perfectamente constitucional y legítimo que se haga en esta ley-; la segunda medida es que se refuerza la vigilancia y sobre todo se refuerza la autoridad y el papel de los agentes forestales,
que son los ojos de la Administración que debe velar por ese bien en el territorio; y la tercera es que, en consonancia con la recomendación del Consejo de Europa, los delitos contra el medio ambiente, especialmente los delitos forestales, sean
castigados penalmente. Ponemos en marcha en esta ley un compromiso que nosotros adquirimos como partido en esta legislatura, creando la figura del fiscal especial contra los delitos de ordenación del territorio, patrimonio histórico, medio ambiente
e incendios forestales.
Quiero recordar que el fiscal general del Estado ha dado ya el primer paso y ha autorizado esta figura de forma voluntaria, haciendo uso de su capacidad de autogobierno de la fiscalía, pero nosotros queremos que esto sea ley y que, sea quien
sea el fiscal general del Estado y sea el momento que sea, la figura de este fiscal sea obligatoria. Respecto a los delitos urbanísticos que hemos conocido recientemente, también esta figura es un instrumento fundamental, porque el urbanismo es
ordenación del territorio. Tiene que ser compatible la calidad del hogar común, del hogar biológico, con el hogar, vinculando otra vez el desarrollo masivo y la especulación, el Hogar con mayúscula, el hogar biológico de todos, la Tierra, con el
hogar particular. Más todavía, es imprescindible hacerlo compatible, si queremos garantizar la supervivencia del ser humano como especie en la Tierra.
Presidenta -ya me debe quedar poco tiempo-, paso brevísimamente a comentar las enmiendas que vienen del Senado. Vamos a votar favorablemente algunas enmiendas, porque suponen alguna matización y algún avance sobre el texto que fue remitido
al Senado. Por ejemplo, una que tiene que ver con la incorporación y la homologación de los medios materiales para equipamiento de personal en la extinción de incendios; otra, que clarifica la coordinación en la ejecución de planes en la lucha
contra la desertificación y la restauración hidrológico-forestal; también una disposición adicional que aclara que las comunidades autónomas también tienen, dentro del ámbito de sus competencias, posibilidades de desarrollar esta ley. Asimismo, en
otra enmienda se adquiere el compromiso de clarificar el estatuto de la propiedad forestal. Vamos a apoyar también otra enmienda que refuerza la obligación de la restauración de los daños causados y que, cuando no sea posible la restauración, pueda
haber obligación de indemnizaciones y pagos.
No apoyaremos el resto de enmiendas, que resumo en tres bloques: uno, las que pretenden recuperar el texto modificado y que por tanto inutilizarían los objetivos que persigue esta ley; otro, las que introducen redacciones que podrían
generar nuevos conflictos competenciales con las comunidades autónomas y, el tercero, las que rebajan los requisitos de lucha contra la desertificación, contra los incendios y contra la especulación urbanística, como es eliminar los 30 años o
rebajar las sanciones.
Señorías, esta ley no puede salir de este Parlamento dando la sensación de que se van a rebajar, que se van a hacer más baratos los delitos contra el medio ambiente y contra los incendios forestales. A veces, en la oposición, todos tenemos
más tendencia a permitirnos determinadas debilidades, pero esta ley es muy importante para que, al modificar una ley que ya había sido un avance, como fue la Ley de 2003, pueda suponer una rebaja en la comisión de delitos contra el medio ambiente y
especialmente contra los incendios forestales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Carcedo.
Muchísimas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000042.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el siguiente punto del orden del día, el VIII, referido a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Comenzamos con el debate del proyecto de ley de
agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Empezamos con la intervención del Gobierno y para ello tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.
Adelante, señor ministro. (Rumores.)
Silencio, por favor, señorías.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, acudo hoy a esta tribuna para informarles sobre el proyecto de ley de agencias estatales, tras su paso por la Comisión de Administraciones Públicas, en el trámite de aprobación por el Pleno del Congreso. Este proyecto, señorías,
se enmarca en el proceso de modernización de nuestra Administración pública que está llevando a cabo este Gobierno, para adecuarla a la realidad de la sociedad española y para hacerla más cercana a los ciudadanos y capaz de responder mejor a sus
necesidades.
Este programa de modernización requiere la adopción de un nuevo enfoque organizativo y funcional para nuestros organismos públicos, con el fin de poder satisfacer las demandas ciudadanas con el nivel de calidad y de eficacia que nuestra
sociedad exige y merece. El proyecto de ley de agencias estatales que hoy tratamos surge de la necesidad de dar respuesta a estas demandas y lo hace con un modelo que aspira a incorporar los principios de gestión comunes a las administraciones
públicas más modernas y eficaces de todo el mundo. Entre estos principios puedo destacar los siguientes: La transparencia de los servicios públicos, la gestión por objetivos, la autonomía de gestión y responsabilización de los gestores por
resultados, la potenciación de los mecanismos de planificación y de diseño de políticas y distribución de los distintos niveles de responsabilidad, la cooperación interadministrativa y participación institucional y la evaluación de las políticas
públicas y de la calidad de los servicios. La incorporación de estos principios permitirá dar una respuesta equilibrada al principal dilema al que se enfrenta toda Administración moderna, el de encontrar un balance adecuado entre flexibilidad y
coordinación, es decir, nuestra Administración necesita la flexibilidad y autonomía necesaria para conocer bien las necesidades de los ciudadanos y responder a la creciente complejidad de la gestión pública y también la capacidad del Gobierno para
ejecutar políticas coordinadas y mantener el control democrático de la Administración.
Este proyecto de ley de agencias estatales dará además un impulso inmediato a este compromiso a través de la creación de 11 agencias, que permitirán disponer desde el principio de un ámbito concreto de aplicación de la ley. Entre todas
quiero destacar la creación de la agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, que constituye un mecanismo de especial importancia para facilitar la satisfactoria implantación del resto de las
agencias y de la nueva cultura de gestión de lo público que queremos impulsar desde el Gobierno.
Señorías, este proyecto de ley que hoy debatimos es el resultado de una tramitación parlamentaria que ha incorporado bastantes enmiendas de los diferentes grupos, dando como resultado un proyecto mejor que el que entró en la Cámara. Las
enmiendas han mejorado el texto original en varios aspectos y citaré algunos de los más significativos. En primer lugar, han permitido precisar mejor el ámbito de actuación de las agencias estatales, determinando con mayor claridad que la actuación
de estas se circunscribirá a las competencias y políticas públicas que competen a la Administración General del Estado. En esta misma línea se prevé también que la agencia de evaluación pueda analizar políticas y programas gestionados por las
comunidades autónomas, previo convenio con estas, lo que introduce criterios de cooperación interadministrativa en el ejercicio de esta función. La tramitación parlamentaria ha modificado asimismo el articulado que regirá las obligaciones que
asumen las agencias estatales respecto de estas Cortes Generales, estableciendo que las agencias remitirán anualmente un informe a este Parlamento sobre su actividad y el grado de cumplimiento de sus objetivos, informe que deberá ser aprobado por su
consejo rector. Se ha establecido también que en el plazo de doce meses desde la aprobación de la ley, el Gobierno enviará al Parlamento un informe sobre los organismos o fundaciones públicas existentes, para su eventual transformación en agencia o
mantenimiento en el régimen actual.
El ámbito de las relaciones laborales ha sido también objeto de varias mejoras a lo largo de la tramitación parlamentaria. Así, se dispone la incorporación de representantes de los trabajadores en el consejo rector, se garantiza la
participación de los representantes del personal en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos en las agencias, como por otra parte existe para todos los empleados públicos, y se establece el reconocimiento del derecho
de promoción, carrera profesional y movilidad del personal que preste sus servicios en las agencias estatales. También se hace reconocimiento expreso de los derechos de las personas con discapacidad, tanto en los procesos de selección y provisión
de puestos de las agencias como en las propias condiciones de trabajo. Por otro lado, se ha especificado que la contratación de personal se regirá por la normativa aplicable al conjunto del sector público y que la actuación de las sociedades y
fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias se ajustará a los principios de publicidad y concurrencia. En cuanto al personal directivo, se ha acordado que sea nombrado atendiendo a criterios, por supuesto, de competencia
profesional y de experiencia, pero entre funcionarios del grupo A o titulados superiores, si son personal laboral.
Igualmente, el personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción, dentro de una
carrera profesional evaluable en el marco del estatuto público.
Señorías, como pueden comprobar, el Gobierno ha pretendido que el presente proyecto de ley de agencias sea fruto del trabajo de todos y que todos podamos apoyarlo, porque estamos convencidos de que todos compartimos el objetivo de mejorar el
funcionamiento y la gestión de nuestra Administración pública. Hemos intentado por tanto contar con el máximo consenso en todos los pasos dados y también en este trámite. Y, aunque me temo que no vamos a poder contar con el apoyo de todos
los grupos, quiero dar las gracias expresamente desde aquí al trabajo de todos los grupos parlamentarios, haciendo un nuevo y último llamamiento al consenso, para que lancemos una señal inequívoca a la sociedad española de que este es un
esfuerzo que nos atañe a todos: el esfuerzo de crear una administración moderna, que ofrezca servicios públicos de calidad a los ciudadanos y que actúe como una verdadera fábrica de derechos y libertades para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.
Comenzamos, señorías, con los turnos a favor de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley. En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tomará la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero manifestar que esta no es nuestra ley, es la ley que trajo el Gobierno, la ley del PSOE, pero es cierto que se han introducido muchas mejoras en la tramitación parlamentaria. Nunca sería la ley que haría Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero reconocemos la necesidad de que exista una ley que regule las agencias.
Cómo es otra cuestión. Nuestra fuerza política ha presentado 40 enmiendas y entre estas son abundantes las que se han tramitado a
través de transaccionales. Por tanto, daremos nuestro voto favorable a esta ley.
Hemos presentado enmiendas que abordan cuestiones como la democratización del funcionamiento y control de las agencias, la presencia de los representantes de trabajadores y funcionarios, de los empleados públicos, y la garantía de
profesionalización y eficacia como Administración pública. Con estas enmiendas, como decía, hemos conseguido introducir mejoras, especialmente en cuanto a las condiciones de trabajo de los empleados y a las garantías de representación sindical.
Hemos logrado un incremento del control parlamentario al introducir la obligación de este dentro de la ley de creación de las agencias, que establece el objeto y los fines generales de estas. Queríamos más. Queríamos una ley con más contenidos.
Se han ampliado y me imagino que se seguirá haciendo con el debate que se produce hoy -nosotros lo planteábamos en la enmienda número 1-, pero lo conseguido siempre es un avance. También se establece expresamente la participación de la
representación del personal en la determinación, como ha dicho el ministro, de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y en los aspectos de organización, estructura, retribuciones y recursos humanos participarán por aplicación de la
Ley 9/1987. De esta manera, con la incorporación efectuada, no hay ninguna duda, con la aplicación de esta Ley de órganos de representación, de la participación de los representantes de los empleados públicos en las decisiones que se adopten en
estas agencias. En cuanto a la composición del consejo rector, hemos conseguido que formen parte del mismo los representantes de estos trabajadores, designados por las organizaciones sindicales más representativas. Dicho órgano colegiado es el que
decide los planes de las agencias y hace las propuestas de contratos de gestión, por lo que supone un gran avance que los trabajadores participen en todas las decisiones, ya que de esta manera se otorga transparencia y democracia al funcionamiento
interno de la agencia. Los criterios de selección de personal serán decididos por el consejo rector, del que ya forman parte los representantes de los trabajadores, y los sindicatos serán igualmente tenidos en cuenta en los procesos de selección,
todo ello gracias a las enmiendas presentadas y acordadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. La participación de los sindicatos en los procesos de selección es cuestión fundamental que garantiza transparencia y que, negociación
tras negociación, se ha ido incorporando en las administraciones locales y en muchas comunidades autónomas. Supone un gran avance que esperamos que sea trasladado al estatuto del empleado público. Tenemos que ir hacia delante y no hacia atrás,
porque estos logros se han traducido en una mayor transparencia y en una mayor democracia en los procesos de selección, tan denostados en el ámbito de las administraciones públicas, donde diariamente encontramos a representantes políticos -hay
innumerables sentencias- y a determinados funcionarios que facilitan la entrada de amigos o familiares. Me puedo remitir al Ayuntamiento de Alicante y a muchos más donde esto está ocurriendo. Es fundamental que haya una presencia de los sindicatos
para garantizar control, democracia y transparencia.
En cuanto a la democratización hemos conseguido la remisión anual al Parlamento del informe general de actividades, aprobado por el consejo rector, relativo a las tareas y al grado de cumplimiento de los objetivos. Este informe se ha de
enviar al Parlamento y los miembros de la Cámara tendremos la ocasión de conocer las tareas que se han llevado a cabo, el grado de cumplimiento de los objetivos, pedir las comparecencias correspondientes y, por lo tanto, seguir de cerca el trabajo y
si realmente esta agencia está cumpliendo o no con sus objetivos, para que el Parlamento sea útil a los intereses de los ciudadanos como ha de serlo la agencia.
Respecto a la aplicación de la normativa de la contratación en el sector público, se añaden limitaciones en cuanto a las sociedades mercantiles y las fundaciones que estén participadas mayoritariamente por esas agencias para que se ajusten
en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia. Queríamos mucho más en este punto, pero es un avance que pretende evitar que, a través de estas sociedades mercantiles y fundaciones en las que participan las agencias, se
eluda la Ley de contratos del Estado como está ocurriendo en la actualidad. Es muy habitual que se utilicen por ejemplo las fundaciones para evitar la aplicación de la normativa que regula el ámbito de las administraciones públicas, como
es el caso de la citada Ley de contratos del Estado. De esta manera serán un mecanismo de control de la publicidad y del principio de concurrencia que deben estar presentes en toda actuación que implique intereses de carácter público.
En cuanto a los trabajadores hemos conseguido la introducción de criterios de homogeneización para que puedan optar a la movilidad entre las distintas agencias. Esta era una cuestión que preocupaba enormemente a los propios empleados
públicos porque la situación que se podía llegar a dar entre las distintas agencias era la imposibilidad precisamente de movilidad entre las mismas si no se establecían unos mínimos criterios de homogeneización. Desde la Administración General del
Estado tenemos mucha responsabilidad en cuanto a que el funcionario esté más ilusionado y más motivado con su trabajo y tenga más ganas de cumplir con su tareas y para ello hay que establecer los mecanismos, uno de los cuales es la movilidad y otro
garantizar en todo lo posible que puedan acceder a la promoción.
Por eso era necesario introducir criterios de homogeneización que supusieran una garantía en este sentido.
También hemos conseguido la obligación de elaborar anualmente las ofertas de empleo público con el objetivo de evitar el abuso en la contratación temporal. Aquí vuelvo a remitirme a la situación actual del estatuto del empleado público. No
solo hace falta que año tras año se publiquen las ofertas de empleo público, sino que exista también una obligación de ejecutarlas en el año, porque si no son una mera declaración de intenciones que nunca se cumplen. Diez años después están
ejecutando las ofertas de empleo público, en el año 2000 se ejecutan las del año 1990.
Esta es una situación totalmente absurda que implica un incremento proporcional y anual de la tasa de temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas
y que en la Administración local es absolutamente desorbitada. Otra mejora es la transformación de organismos públicos y fundaciones en agencias en el plazo de doce meses si después de la remisión del estudio al Parlamento se entiende que ha de ser
así.
Es fundamental que si la ley actúa de manera adecuada sea el mecanismo razonable para que las fundaciones se conviertan en agencia y de esa manera se incorporen a una legalidad más controlada.
Estas son nuestras aportaciones al proyecto de ley de agencias y a cambio, evidentemente, vamos a dar nuestro voto favorable. No es un voto entusiasta. Como ya he dicho al principio de mi intervención, no es nuestra ley, porque faltan
muchas cuestiones y hay otras que no compartimos, pero vale la pena dar un voto favorable por las mejoras que hemos introducido en el texto. Por ejemplo, nos hubiera parecido más adecuado la participación sindical en la elaboración de la memoria y
los estatutos. Hemos logrado dicha participación en todo lo que afecta a los empleados públicos, así como su inclusión en el consejo rector, pero hubiera sido conveniente su participación directa en la elaboración previa de la memoria y de los
estatutos, porque son el esqueleto de las agencias y hay que implicar a los empleados públicos para que formen parte del proyecto desde el inicio.
En cuanto a la estructura, es excesivamente presidencialista. Además se crean dos cargos que pueden generar una disfunción en la actividad: el del presidente y el del director. Nosotros optamos por un único presidente nombrado por el
Consejo de Ministros, en lugar de presidente y director, y por pasar las competencias del director al órgano colegiado para, de esa manera, abundar en la democratización. Las competencias del director serían asumidas por el consejo rector.
Apostamos por la democratización interna en el funcionamiento, en la estructura y en la organización.
Otra cuestión fundamental es quién ocupará los puestos del personal directivo. Se ha dicho que prioritariamente serán del grupo A o técnicos superiores, cuando sean personal laboral. Lo cierto es que existe un gran número de funcionarios
que son del grupo B y tienen titulación del grupo A, que están igualmente capacitados. Nosotros entendemos que es más razonable que se busque primero dentro de casa antes de buscar fuera, es decir, que prioritariamente sean empleados públicos y
apostamos por ello.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe finalizar, señora Navarro, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Voy finalizando, señora presidenta.
Además, la búsqueda del personal directivo fuera de la Administración pública puede generar esos contratos millonarios que se hacen y que desmotivan enormemente a los funcionarios porque ven su imposibilidad de promocionarse. Desde luego,
no es la manera más adecuada de incentivar a los funcionarios, que se supone que es uno de los grandes objetivos del estatuto del empleado público.
Para finalizar hay una cuestión fundamental, que se recoge en la enmienda número 36 de este grupo parlamentario, en la que se propone la creación de la agencia estatal de financiación y evaluación de la investigación científica y técnica y
de la agencia estatal de investigación científica y técnica. Con esta enmienda se trata de dar cumplimiento a una propuesta apoyada por los agentes sociales que pretende la creación de una agencia nacional de financiación y evaluación de la
investigación científica y técnica como instrumento de coordinación de objetivos y recursos del sistema público de I+D. Esta misma opción fue defendida en el informe Crece, elaborado a instancias de la Confederación de Sociedades Científicas de
España, en el que han participado un grupo de científicos del máximo prestigio, expertos y gestores del sistema de ciencia y técnica español y además fue un compromiso del Partido Socialista, por lo que les invito a recapacitar en este sentido.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra para defender sus enmiendas el señor Olabarría. Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que el ministro ha hecho una extensa glosa del proyecto de ley, ha cantado sus excelencias con la facundia que le caracteriza y eso me exonera de tener que reproducirlas. Es difícil no estar de acuerdo con los objetivos de esta
ley, con buscar elementos de mayor eficiencia en el ejercicio de la prestación de servicios públicos, mediante esta fórmula consistente en la creación de agencias estatales. Es difícil realizar cualquier argumentación para su refutación. Estamos
de acuerdo en la filosofía de la ley y planteamos en Comisión con nuestras enmiendas dos problemas que han sido felizmente resueltos, señora presidenta. En primer lugar, en el texto que se remitió a esta Cámara, las agencias estatales tenían la
posibilidad de incardinarse o involucrarse en la actividad de las administraciones autonómicas, no solo en la de la Administración del Estado, que es el ámbito natural en el que estas agencias deben desenvolver su actividad. Varias enmiendas de mi
grupo parlamentario, en concreto tres, han conseguido evitar una involucración o penetración en competencias autonómicas, que en algún caso hubiese sido contradictoria con los requerimientos incluso del bloque de constitucionalidad. Esto se ha
podido resolver satisfactoriamente, no con la formulación consignada por las enmiendas de mi grupo parlamentario, en el sentido de la posibilidad de que en los consejos rectores, en virtud de la previsión estatutaria de la creación de la agencia,
pudieran participar también las administraciones autonómicas y que la presidencia fuera rotatoria para garantizar que también los representantes de las comunidades autónomas pudieran ostentar esta presidencia, con la perspectiva negativa de esta
formulación que nos llevaba a la misma conclusión, que es enfatizar y determinar claramente cuál es la dimensión y cuál es el ámbito material de actuación de las agencias estatales vinculando estas posibilidades de actuación, dimanantes de la
creación de las agencias, al ámbito de la Administración General del Estado, no de las administraciones autonómicas. Conseguido esto, nosotros no tenemos más que felicitarnos por el espíritu de consenso y por la flexibilidad intelectual acreditada
por el Grupo Parlamentario Socialista en el momento de la aceptación de nuestras enmiendas.
En este momento retiramos la enmienda número 45, señora presidenta, que hace referencia a la agencia que tenía un carácter más transversal y, por tanto, más susceptible de involucrarse o de penetrar en la prestación de servicios de las
administraciones autonómicas. Nos estamos refiriendo a la agencia de evaluación de la calidad de la prestación de los servicios.
No había ninguna limitación en cuanto al ámbito institucional de actuación de esta agencia; luego existía la
eventualidad en el proyecto de que también esta agencia evaluara la calidad de la prestación de los servicios de las administraciones autonómicas. En la Administración General del Estado, el legislador estatal no tiene competencia para controlar la
calidad de la prestación de servicios de las administraciones autonómicas. Por tanto, la aceptación de la enmienda 45, obligando a concertar y a convenir cuáles son los mecanismos de evaluación de la calidad de la Administración General del Estado
y de las administraciones autonómicas, nos parece satisfactoria y nos lo parece porque además la enmienda la hemos presentado nosotros y ha sido aceptada en sus propios términos.
Queda una última cuestión que nos genera algún tipo de reserva mental. No sé si es un error del redactor del proyecto de ley, no queremos ser paranoicos, señora presidenta, pero todas las agencias llevan detrás la locución estatal, salvo
una que, extrañamente, lleva la locución española. Todas se llaman agencias estatales, de investigación científica, meteorológica o de lo que sea, menos la agencia antidopaje, que se denomina agencia española antidopaje. Quiero creer que es un
error y que el redactor del proyecto quizá se ha confundido al no utilizar, por coherencia con el propio texto, la locución estatal tras la expresión agencia y delante de la locución antidopaje. No quiero creer que esta sea una pretensión
intencionalmente dolosa para perturbar el funcionamiento de selecciones deportivas ajenas a la española. Desde luego, señor ministro, esto es susceptible de provocar gravísimos problemas funcionales, porque usted sabe que el control del dopaje o la
competencia para evitar el dopaje en todas las competiciones deportivas de ámbito autonómico ya corresponde a las administraciones autonómicas, que son las que velan, a través de los mecanismos de control del dopaje, por que esta patología deportiva
no se produzca. La locución española tras la expresión agencia va a provocar perturbaciones y disfuncionalidades graves en algunas competiciones o en algunos deportes, bien porque la competición sea de ámbito autonómico o bien porque sean deportes
tan específicos de una comunidad -por ejemplo, las pruebas de traineras o algunas luchas específicas de determinadas comunidades- que el control del dopaje sea, evidentemente, autonómico. Si usted está en condiciones de asegurar que la locución
española va a ser sustituida, por coherencia con todas las demás, por la locución estatal en esta agencia, nosotros removeríamos todo tipo de reservas sobre esta ley y aplaudiríamos de forma muy entusiasta el buen talante -nunca mejor usada la
expresión- manifestado por el Grupo Socialista en un proyecto de ley que por otro lado es tan trascendente y tan importante, sobre todo porque abre la puerta para mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos, que hora va siendo
ya.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
A continuación, el señor Canet defenderá las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevísimamente y anuncio ya nuestro voto favorable. La eficiencia en los servicios públicos es un objetivo que toda administración debe perseguir siendo para ello un buen modelo, a nuestro entender, el de las agencias estatales.
Por este motivo, en su momento votamos desfavorablemente las enmiendas a la totalidad presentadas, porque creíamos que este proyecto de ley debía ver la luz, aunque con alguna mejora técnica que hemos propuesto mediante enmiendas generalmente
aceptadas. Presentamos pocas enmiendas, pero con un hilo argumental común, el de dejar claro que la ley afecta a aquellas agencias estatales dependientes de la Administración General del Estado excluyendo de su ámbito de aplicación, sensu
contrario, aquellas dependientes de la Administración autonómica. Creemos que este es el espíritu de la ley, pero existen sobradas experiencias en la Administración autonómica, sobre todo en lo que se refiere a la Generalitat de Cataluña, en las
que textos legales que aparentemente son inocuos para sus competencias acaban afectándolas por una interpretación amplia que hace el Estado de los textos, de sus lagunas y de sus ambigüedades. En ese sentido, queremos dejar patente la comprensión
que nuestras enmiendas han despertado en el grupo mayoritario, que ha entendido que las mismas solo tenían el objeto de clarificar el proyecto de ley y dejar claro que su objetivo es el de regular las agencias dependientes de la Administración
General del Estado. En concreto, las enmiendas 47 y 48, que vienen a enmendar la exposición de motivos y el artículo 2 de la ley, persiguen el objetivo de dejar claro que la ley solo podrá afectar a las agencias estatales dependientes de la
Administración General del Estado y en ningún caso a aquellas que se puedan crear en la comunidad autónoma. También ha sido enmendada la disposición adicional primera, que establece que anualmente el Consejo de Ministros aprobará los programas y
las políticas públicas cuya evaluación se incluirá en el programa de trabajo de la agencia. En ningún caso se dice que se trate de programas y políticas públicas del ámbito competencial estatal o, por decirlo de otra manera, de la Administración
General del Estado, que es lo que pretendemos con nuestras enmiendas 51 y 52, es decir, que la agencia de evaluación pueda extender su actividad a políticas gestionadas por las comunidades autónomas, pero siempre mediante convenio. Finalmente hay
un grupo de enmiendas que también han sido aceptadas con alguna transacción, concretamente la 49, la 50 y la 52, que perseguían facilitar el acceso al empleo público a las personas con discapacidad. Repetimos, nuestro voto será favorable, pero nos
sumamos absolutamente a todo lo que ha explicado el portavoz del PNV respecto a la diferencia del calificativo estatal y nacional con relación a la agencia del dopaje. Esperemos que, como ha comentado, sea simplemente -entre comillas- un error del
legislador y no haya segundas intenciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Canet.
Continuamos con el turno del señor Jané para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Administraciones Públicas, señorías, llega a la Cámara el dictamen de la Comisión de la futura ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Mi grupo va a votar a favor del dictamen de la Comisión que
hoy ha presentado el señor ministro ante el Pleno de la Cámara. En primer lugar, agradezco que en nombre del Gobierno el ministro haya tenido la deferencia de presentar él mismo el resultado de lo que ha sido un acuerdo positivo en Comisión. A
continuación me referiré a los puntos esenciales que llevan a Convergència i Unió a hacer esa valoración global positiva y al final de mi intervención haré referencia también a un aspecto pendiente que confiamos poder resolver en el Senado.
Primer aspecto, el Gobierno, sobre la base de la función de las Cámaras, como Cortes Generales, de legislador estatal en el ámbito de la Administración General del Estado -la Administración General del Estado no tiene otro legislador que
este Parlamento y que las Cortes Generales-, presenta un proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Nuestro grupo parlamentario lo enmienda para buscar -y ya tuvimos ocasión de debatirlo- una precisión en el
objeto, que en Convergència i Unió estamos convencidos de haber logrado. Hemos logrado que aquello que el Gobierno anunciaba que era su voluntad quede indubitadamente reflejado en el texto final del proyecto de ley. Me refiero al artículo 2 del
mismo, cuando de manera clara se afirma que las agencias estatales tienen una finalidad, el cumplimiento de los programas correspondientes a la políticas públicas que desarrolla la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias.
Señor ministro, señorías, no cabe ninguna duda de que estamos hablando de una ley que afectará a la Administración General del Estado; por tanto, esa posible invasión competencial, si el objeto y la finalidad no quedaban clarificados, ha
desaparecido. Agradecemos al Gobierno -anteriormente el ministro agradecía la labor de la Comisión-, así como a los ponentes del proyecto esa capacidad de negociación y la flexibilidad con la que han intervenido en la misma para buscar esa solución
que entendemos positiva.
Otro riesgo que había inicialmente y también centró las enmiendas de mi grupo parlamentario era la creación de una nueva agencia para evaluar las políticas públicas. Para
Convergència i Unió esta agencia podía suponer un riesgo de interferencia de la Administración General del Estado en las políticas públicas y de calidad de servicios de otras administraciones, sean autonómicas o locales. También en este
punto hemos avanzado. Hemos avanzado en un sentido que ha mejorado de manera sustancial el proyecto inicialmente presentado, porque no evita que esa nueva agencia pueda también realizar una evaluación de políticas públicas y de calidad de servicios
en comunidades autónomas, siempre que estas, en uso de sus competencias y de su poder, decidan libremente hacer un convenio. Por tanto, es una excelente solución porque no impone pero posibilita. Si es una agencia que funciona bien -y esperamos
que lo haga-, si hay comunidades autónomas que deciden aprovechar ese capital humano, técnico y especializado que pueda tener para evaluar políticas públicas de su propio ámbito, será porque esa Administración quiere, nunca impuesto; será basándose
en su ámbito competencial reconocido de firmar convenios y si lo quiere hacer, esta agencia tendrá la posibilidad de hacerlo. En este caso, también se ha llegado a una solución que puede dar respuesta a esa inquietud que habíamos planteado desde
Convergència i Unió al inicio de este debate.
El tercer aspecto que quería comentar desde Convergència i Unió es que se autoriza en la disposición adicional tercera la creación de una serie de nuevas agencias. Nosotros queremos resaltar que es positivo haber fijado la finalidad de esas
agencias que vamos a crear y una serie de límites en la evaluación de las mismas y su control. Es mejor haber fijado esos objetivos básicos en la ley que las autoriza. Quiero destacar una que nos consta desde Convergència i Unió que es largamente
esperada por la comunidad científica, la agencia estatal de financiación, evaluación y prospectiva de la investigación científica y técnica para la distribución competitiva y eficiente de los fondos públicos destinados a investigación y desarrollo y
la evaluación de la actividad investigadora. Esta es una agencia que viene a colmar una demanda largamente planteada por la comunidad científica y en el seno de dicha agencia podrá haber una colaboración entre distintas administraciones públicas
-también autonómicas y gobiernos autonómicos-, por lo que, entre el conjunto de agencias que hoy se crean, esta en concreto entendemos desde Convergència i Unió que es especialmente positiva y que queda enmarcada dentro de la Administración General
del Estado posibilitando que pueda haber acuerdos entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado en este ámbito tan necesitado como es la investigación científica. Por tanto, la saludamos, le damos la bienvenida y con ella
expresamos nuestro agradecimiento a toda la comunidad científica, que espera un buen resultado de la creación de esta agencia específica.
Tengo que destacar también, refiriéndome a la adicional tercera, como ha hecho el señor Olabarría, nuestra discrepancia con el título final que se da a la agencia estatal antidopaje, porque no es una agencia antidopaje, puesto que ha pasado
a ser la agencia española antidopaje, y nosotros pedimos una denominación igual que para el resto de agencias que figuran en la ley, para evitar que incluso en este ámbito pueda existir una interferencia de competencias autonómicas. Si es la
agencia estatal, entendemos que es la de la Administración General del Estado y no vamos a entrar aquí en lo que puedan ser competencias de las comunidades autónomas en materia deportiva, que las tenemos y las reafirmamos la semana pasada en el
Pleno cuando aprobamos la propuesta de Estatuto de Autonomía para Cataluña, cuyo artículo 134 es relativo al deporte.
Lamentamos que haya caído del mismo la referencia a las selecciones nacionales de Cataluña, no hubo acuerdo y cayó, pero sí se
mantiene en ese artículo una letra específica, en la que se atribuye a la Generalitat el control y el seguimiento médico-deportivo y de salud de los practicantes de la actividad física y deportiva. Aquí también habrá una actividad de la comunidad
autónoma, y por tanto a esa agencia antidopaje le debemos quitar el adjetivo omnicomprensivo de española y poner agencia estatal, como se han definido el resto de agencias. Ya quiero anunciar en esta Cámara que el ministro de Administraciones
Públicas se comprometió ante este portavoz a encontrar una solución en este ámbito en el Senado.
Por tanto, yo confío, señor ministro, en su palabra, confío en ese compromiso, presentaremos la enmienda en el Senado y esperamos que de manera clara y
contundente se dé una nueva definición a esta agencia.
Termino ya, señora presidenta, señorías, citando otro artículo de la propuesta de Estatuto de Autonomía que se aprobó en el Pleno la pasada semana, el artículo 159, que reconoce, avanza y profundiza en las competencias exclusivas autonómicas
en el ámbito de la Administración pública y en todo aquello que no sea básico, que no afecte al artículo 149.1.18. Esta ley no es básica, no afecta al artículo 149.1.18, en este ámbito es plenamente competente la Administración catalana, la
Generalitat, a través del nuevo artículo que he citado de la propuesta de Estatuto de Autonomía, y por tanto votamos que sí a este proyecto de ley, esperemos que dé sus frutos en lo que es su título, la mejora de los servicios públicos, que es lo
que interesa finalmente a los ciudadanos, y sabiendo que su ámbito es estrictamente la Administración General del Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias a usted, señor Jané.
Continuamos con la defensa de las últimas enmiendas presentadas, que son las del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y en su nombre tomará la palabra doña Ana Torme.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, debatimos hoy el dictamen aprobado en Comisión de este proyecto de ley, cuyo texto apenas ha variado respecto al que el Gobierno remitió a esta Cámara. Las razones que nos
llevaron a presentar una enmienda a la totalidad siguen plenamente vigentes y por ello votaremos en contra.
Señor ministro, si nos quedáramos con los objetivos que usted dice defender en este proyecto, con alguno de los enunciados en la exposición de motivos podríamos coincidir. ¡Cómo no defender la modernización y eficiencia de nuestros
servicios públicos o cómo no defender una Administración transparente y cercana a los ciudadanos, en la que se establezcan objetivos concretos a alcanzar y se evalúen los resultados logrados! ¿Acaso hay alguna reforma que no haya aspirado a mejorar
la calidad de los servicios públicos? El problema, señor ministro, es que con este proyecto no se contribuye a alcanzar unos objetivos que todos podemos compartir. Este proyecto no responde a un modelo concreto de Administración, porque usted, en
mi opinión, no tiene un modelo, y lo hemos podido ver en los distintos borradores que se han redactado en su ministerio, ejemplo de una política errática en la que se conoce vagamente cómo se inicia el proceso pero nunca cómo se finaliza. Así, hubo
un momento en que la mitad del texto regulaba las agencias intergubernamentales bajo la denominación de agencias de cooperación interterritorial o agencias consorciadas, pero eso desapareció, en parte creo que por los recelos de sus socios
nacionalistas, y decidieron regular exclusivamente agencias en el ámbito de la Administración General del Estado, pero aquí las ideas tampoco las tenían claras. En su programa para las elecciones de marzo de 2004 hacen referencia a veinticinco
agencias, la mayor parte de nueva creación, dentro de lo que ustedes denominan una reforma en profundidad de la organización de la Administración del Estado. A los pocos meses, en noviembre, ya se habían olvidado de esa reforma en profundidad y en
cuanto a las agencias pasaban de veinticinco a cuatro. Finalmente aprueban un proyecto de ley que de reforma en profundidad, como proponían en su programa electoral, se ha quedado reducido a un mero parche. ¿Qué pasa con esas nuevas agencias: las
veinticinco del programa electoral, las cuatro a que se refieren en una respuesta a pregunta escrita meses más tarde? Pues no, ni lo uno ni lo otro, se autoriza la creación de las ocho o nueve agencias de la disposición adicional tercera, más la
agencia estatal Boletín Oficial del Estado y la de evaluación de las políticas públicas. Es un ejemplo de esa política errática, de la falta de criterio, aunque suba usted a esta tribuna y defienda con convicción y con mucho énfasis que para el
Gobierno socialista la Administración pública es una prioridad. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años, proceda a transformar en agencias los actuales organismos públicos cuyos objetivos y actividades se ajusten a la naturaleza
de las agencias estatales, pero es que en ningún momento el proyecto del Gobierno establece a qué objetivos o actividades o a qué clase de naturaleza han de corresponder las agencias, por lo que es una remisión en vacío, que confiere un enorme grado
de discrecionalidad al Gobierno, al margen del papel de las Cortes.
Nosotros defendemos que esta transformación ha de debatirse y aprobarse por ley.
Todo parece indicar que la Administración del futuro será una Administración de agencias, pero tenemos muchos interrogantes sin respuesta. ¿Por qué se autoriza la creación de estas diez agencias y no las veinticinco del programa electoral?
¿Responde a algún criterio o es puro azar, o es fruto de presiones? ¿Por qué la agencia de evaluación pasa a convertirse en una agencia y otros órganos de la Administración del Estado no? ¿Solo porque no se han dirigido al Ministerio de
Administraciones Públicas para pedirlo? ¿Todas las funciones que se vengan gestionando en régimen de descentralización funcional o en régimen de administración general son susceptibles de constituirse en agencias? ¿Cabe la posibilidad de que
determinados entes mantengan su configuración como organismos autonómicos o entidades públicas empresariales? O, dicho de otra manera, esa habilitación que contempla la ley para que se transformen las entidades preexistentes en agencias ¿es un
deber o es una mera facultad en manos del Gobierno? ¿Podría decirnos, señor ministro, si cuando finalice esta legislatura la Administración del Estado habrá quedado convertida en un núcleo mínimo de Administración general, junto con un gran puzzle
de agencias? Sinceramente, señor Sevilla, creo que no lo sabe, que no tiene una planificación, que no tiene un modelo. No puede venir aquí a que le apoyemos en esta política propagandística y de maquillaje a la que es tan aficionado el Gobierno.
Señor ministro, los objetivos que dice atender con este texto ya estaban recogidos en la Lofage, no era necesaria una nueva ley, que por otra parte no introduce grandes innovaciones ni reformas en profundidad, aunque sí importantes
incertidumbres, retrocesos y elementos perturbadores, a los que me referiré. Lo lógico hubiera sido reconvertir este proyecto de ley en una pequeña reforma de la Lofage, pero en su postura de rechazar y desmarcarse de todo lo que proceda del
Partido Popular, la única manera que tenían de romper con el pasado en el modelo de organización administrativa era crear Administración y eso es lo que hacen con este texto. En realidad, el perfil de esta nueva forma organizativa jurídico- pública
que son las agencias estatales no se diferencia mucho de esa fórmula bien asentada en nuestro derecho que son los organismos autónomos. Dice el artículo 2 que las agencias son entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia,
patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle el Estado en el ámbito de sus
competencias. Pues bien, todos los organismos públicos son ya, según la Lofage, entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia, es decir, tienen personalidad jurídica pública diferenciada; todos tienen, asimismo, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines y, obviamente, son creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado para la
realización de cualquiera de las actividades que a esta competan. Es verdad, sin embargo, que en su proyecto
no se hace mención de la cláusula que ahora contiene la Lofage que requiere que las características de las actividades que se asignen a los organismos públicos justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización
funcional. Pero esto, señor ministro, no es precisamente una mejora. La verdad es que si lo que se quiere recoger en la regulación general de los organismos públicos estatales es la posibilidad de que puedan tener encomendada cualquier actuación o
actividad de competencia de la Administración estatal, bastaría con introducir muy pocas palabras en el actual texto de la Lofage, sin necesidad de crear una nueva figura organizativa y una nueva ley. Sí que hay una diferencia importante entre las
agencias y los organismos públicos que contempla la Lofage que más que a su respectiva definición o naturaleza afecta a su régimen jurídico, y es que las agencias las crea el Gobierno, mientras que los organismos públicos, según la Lofage, se crean
por ley. Podría pensarse que la diferencia es más aparente que real, ya que el artículo 3 de su proyecto exigirá al Gobierno contar con una previa autorización por ley, pero la regulación prevista en este artículo del proyecto de ley no establece
concreción alguna de qué es lo que ha de someterse exactamente a la autorización legislativa, con lo que la relevancia de esta y la consiguiente intervención de las Cortes, que hasta ahora era fundamental, queda muy difuminada. Algo se ha avanzado
en Comisión añadiendo que la ley que autorice la creación establecerá el objeto de la agencia y sus fines generales, pero en nuestra opinión es insuficiente. Hay aquí diferencias políticas sustanciales que apartan o alejan a las Cortes de un
control que hasta ahora ha tenido; unas diferencias que no marcan un progreso, precisamente, de los principios democráticos y de reforzamiento del papel del Parlamento, sino más bien lo contrario, sin que por lo demás haya razones serias de
eficacia o de operatividad que puedan justificarlo. La suplantación de un régimen de creación por ley por otro de mera autorización legal y posterior creación por real decreto, supone, en primer lugar, hurtar del debate político la creación de
entes públicos, lo que hasta ahora ha permitido de manera transparente someter a la consideración de las Cortes Generales los fines de los entes, su disponibilidad de recursos, su financiación, su régimen patrimonial y su organización interna. En
segundo lugar, en determinados casos habría que considerar que la imposición de norma legal para la creación una agencia puede venir impuesta por la propia Constitución, ya que la agencia puede imponer deberes a los ciudadanos y disponer de
facultades que exigen reserva de ley ordinaria, de acuerdo con el artículo 53.1 de nuestra Constitución. Por último, quiero destacar que la posible razón que se halla detrás de esta medida la encontramos en el artículo 3.5 del proyecto de ley que
han remitido, cuando autoriza a que los estatutos puedan prever la participación de otras administraciones públicas en el consejo rector. Llama la atención que en una agencia estatal se integren en su consejo de dirección miembros de otras
administraciones públicas cuando no está ocurriendo igual a la inversa.
Constituye un atropello sin precedentes aceptar que a través de una decisión del Gobierno se permita participar a representantes de comunidades autónomas en los órganos de
dirección. Por esta vía el Gobierno podría ceder a chantajes y presiones de nacionalistas y colocar a representantes de comunidades autónomas en órganos de dirección de las agencias sin ningún control político de las Cortes Generales. En
definitiva, se ha deslegalizado la posibilidad de que un Gobierno abra la participación de otras entidades territoriales en la gestión de un ente estatal, lo que en épocas de mayorías frágiles puede suponer un traspaso de poder de decisión del
Estado a determinadas comunidades autónomas.
Podría llegar a producirse un reparto de posiciones de dominio que otorgase mayorías a comunidades autónomas frente al Estado en los órganos colegiados de dirección. De producirse esta circunstancia, y
tratándose de competencias del Estado, podría dinamitarse el núcleo esencial de la teoría constitucional sobre reparto de competencias del título VIII, aunque a tenor de lo visto en la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña no parece que
esto les preocupe mucho.
En otro orden de cosas, el texto aspira supuestamente a impulsar una idea de racionalidad que permita superar la proliferación de organismos y figuras jurídicas que se rigen en sus propios estatutos. Esta era una de las ideas que defendía
el ministro en su debate de totalidad. De todas formas, si se analiza la disposición adicional quinta se puede observar que el modelo resultante es complejo y heterogéneo, que sigue subsistiendo un amplio número de grupos diferentes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, vaya terminando, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Sí, señora vicepresidenta.
Por tanto, es evidente que esa racionalidad organizativa no queda tampoco debidamente garantizada en el proyecto.
Otro elemento fundamental en el proyecto que ustedes presentan es el de los contratos de gestión. La gestión transparente por objetivos ligada al contrato de gestión podría parecer una novedad, pero eso ya aparecía en la actual Lofage, que
proclama el principio de programación y desarrollo de objetivos como uno de los principios generales del funcionamiento de toda la Administración. Por tanto, podemos decir que las diferencias son más formales que sustantivas. Este contrato de
gestión, que es configurado como el eje en torno al cual pivotan las agencias estatales, tampoco contempla una especial innovación que requiera una nueva ley.
Todo es más aparente que real. Ahora se quiere instrumentar de modo generalizado esa
forma contractual, en lugar de un acto de la autoridad superior de la que dependa la agencia en cuestión, del ministro al que se encuentre adscrita en cada caso, pero en esencia no puede ser jurídicamente un verdadero contrato administrativo, sino
un instrumento
de encomienda de un servicio a una entidad instrumental. Pero esta fórmula en ningún caso va a cambiar ni la seriedad ni la exigibilidad de obligaciones ni su operatividad, ni tampoco el procedimiento de la adopción del plan o programa, y
no dejan de constituir una forma anómala de contratación con uno mismo, dada la total dependencia política de cada agencia respecto al ministerio correspondiente. Sí es cierto que semánticamente puede quedar mejor, puede sonar más moderno y ser
políticamente más innovador hablar de contratos de gestión, pero no introducen estas innovaciones que dicen defender en su proyecto de ley.
Por otra parte, según el texto del Gobierno, el control de las agencias va a girar en torno al cumplimiento de los contratos de gestión, dando la sensación de que se descubre ahora la gestión por objetivos, como si antes no existiera.
Resulta realmente perturbador el incremento de establecimiento de objetivos en el ámbito de la Administración del Estado. Parece que el Gobierno pretende yuxtaponer un nuevo sistema de gestión por objetivos, pero ya teníamos un montón de
establecimientos de objetivos. Ahora, cada vez que se constituya un organismo público hay que cifrar, en primer lugar, objetivos en un programa de actuación plurianual, como marca el artículo 30 de la Ley General Presupuestaria; en segundo lugar,
redefinir nuevamente objetivos en el programa plurianual ministerial; en tercer lugar, definir objetivos anualizados en los Presupuestos Generales del Estado; en cuarto lugar, aprobar un plan inicial de actuación de acuerdo con la Lofage; en
quinto lugar, definir objetivos de gestión en el contrato de gestión previsto en el proyecto de ley que usted presenta; en sexto lugar, establecer objetivos en un plan general o sectorial si así se establece en un plan sectorial; en séptimo lugar,
si la agencia concede subvenciones, debe aprobar un plan estratégico de subvenciones con la determinación de los objetivos. Vemos, por tanto, que es una medida cosmética que yuxtapone nuevos procedimientos de establecimiento de objetivos sin que
aporte nada nuevo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Torme, por favor, debería usted finalizar.
La señora TORME PARDO: Acabo, señora presidenta.
Podríamos decir que da la sensación de que desde el Ministerio de Administraciones Públicas se lanza una OPA al Ministerio de Economía y Hacienda, tanto en la definición de los objetivos como en la evaluación.
No me voy a extender más en
hablar por ejemplo de esa agencia de evaluación que nosotros consideramos que no introduce gran utilidad, la verdad. Sería mucho mejor, si se quiere un control eficaz, que en vez de crear otro órgano de control que se yuxtapone y que puede generar
descoordinación entre los distintos ministerios, se creara, por ejemplo, un comisionado dependiente de las Cortes Generales. Ese sí que sería un control eficaz y externo a la acción del Gobierno.
Concluyo diciendo que hoy nos ofrecen dos transacciones que vamos a aceptar, con la consiguiente retirada de nuestras tres enmiendas. Supone un pequeño avance, pero, señor ministro, le he expuesto algunos de los elementos que nos preocupan
seriamente. Se siguen manteniendo en este texto, y ello nos va a llevar, por tanto, a que rechacemos su proyecto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Torme, muchas gracias.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el turno del señor Mardones en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ya tuve ocasión de manifestar en nombre del Grupo de Coalición Canaria en los debates iniciales a la entrada de este proyecto de ley en el Congreso, mi grupo lo va a apoyar. Lo va a apoyar porque este proyecto de ley tiene el sentido
de racionalidad de modernizar y agilizar una serie de actividades y funciones competenciales de la Administración General del Estado que permiten, como digo, evitar un laberinto burocrático de pasillos interministeriales para resolver determinadas
materias que se reagrupan ahora bajo una competencia única de la agencia estatal correspondiente. Nueve agencias, de acuerdo con las disposiciones de este proyecto de ley, se vienen a crear justificadamente, como bien señala la disposición
adicional tercera. Quedan plenamente justificadas.
Hago también una valoración positiva de este proyecto de ley porque es un paso más en la misma línea de la Ley 6/1997, que tuvimos ocasión de debatir aquí en el Congreso de los Diputados, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado; es un paso adelante de modernidad sobre lo que discutimos aquí en la Ley 6/1997, a la que me estoy refiriendo, de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado. Una Administración General del Estado no puede estar inmovilizada desde 1997 con la serie de gestiones, actuaciones, incidencias y avances tecnológicos que se han ido produciendo en determinadas cuestiones, sobre todo en aquellas que
afectaban a algo que era un mal que no habíamos conseguido resolver en la Administración: el solapamiento de responsabilidades entre distintos departamentos ministeriales. Cójase el tema del dopaje, cójase el tema de la cooperación internacional,
cójase el tema de la investigación científica y técnica en España. No era razonable que los organismos y ciudadanos, personas físicas o jurídicas, cada vez que tenían que resolver un problema con la Administración General del Estado tuvieran que
empezar un verdadero vía crucis, como se ha dicho, de ventanilla en ventanilla, de ministerio en ministerio, cuando había disposiciones que se solapaban. ¿Cómo se resuelve eso? Muy bien. Por ejemplo, la Administración norteamericana, propia de un
Estado federal, ha venido resolviendo muchos problemas de estos con las agencias estatales. Allí han visto que
no puede ser que cada uno de los 50 Estados de la Unión norteamericana tenga un pedazo de un edificio y que el ciudadano o la entidad física o jurídica que quiera moverse tenga que recorrer 50 departamentos. Esto, llámese NASA, llámese como
se quiera, se hace como una agencia estatal, que es lo que indica el sentido común, que es lo que indica una posibilidad de, sin caer en una burocracia, prestarle un servicio al ciudadano. Mi grupo entiende que estas agencias estatales vienen a
prestar un servicio racional al ciudadano con unas garantías estatales.
Creo recordar que en mi primera intervención me referí a una de las exigencias que deberíamos tener, y es que si la Administración General del Estado hace una agencia, el funcionamiento de la misma esté dentro del ordenamiento jurídico
fundamental con las garantías que van a permitir a esta Cámara su control. Aquí no se están haciendo unas agencias estatales que vayan a quedar fuera del control parlamentario, ni del ministro correspondiente del ramo ni del responsable de la
agencia estatal. Vendrá aquí porque tiene su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, tiene su reflejo en las normas de comportamiento administrativo, etcétera, y por todo eso se puede controlar. Además la Administración tiene que dar una
garantía, y es que en los medios de personal, los recursos humanos como se llaman ahora, se hace con todas las garantías la selectividad de este personal, y en esto mi grupo ha apoyado a los sindicatos de la Administración Pública española para que
se garantice la presencia de los funcionarios de carrera o de sistema laboral en la Administración. Es muy adecuada la enmienda que se introdujo en el trámite de Comisión al artículo 23, del personal directivo, porque si la Administración General
del Estado tiene unos cuerpos civiles de funcionarios del Estado, si tiene una jerarquización de grado y de complementos de los mismos, que se refleje, y si se está hablando de unas agencias estatales, por un principio no ya de jerarquía que no
tendría mucha explicación en el orden civil porque queda más para el orden militar, en el artículo 23, del personal directivo, se hace esta reserva de funcionarios del grupo A o titulados superiores, con lo cual estamos dándole al ciudadano también
una garantía de jerarquía y de calidad del directivo y a los cuerpos de funcionarios del Estado esta satisfacción. Le quiero reconocer, señor ministro, que este es un acierto. El Estado tiene cuerpos de nivel A, y van a estar todos los cuerpos en
estas agencias estatales, porque sería incongruente que una Administración tuviera un cuerpo directivo para una actividad subalterna y un cuerpo subalterno para una actividad directiva. Esta es una aportación de la que mi grupo se congratula para
que se respeten las condiciones del personal laboral, dado que hay algunas agencias estatales que por su actividad, su extensión, su interacción con otras agencias que pueden ser de ámbito nacional o internacional se tienen que llevar de esa manera.
¿Es que alguien concibe hoy una agencia de cooperación internacional de ayuda sin estar dentro de este esquema de correlaciones internacionales? Lo que tenga que llevar el título de estatal que lleve el de estatal y lo que tenga que llevar el
título de española que lleve el de española, porque estarán siempre dentro del marco de correspondencia con las agencias de otros países que llevan también el anagrama de su nacionalidad, como algunas agencias francesas o italianas.
Nosotros no lo
vemos como una adscripción de valoración ideológica política, porque si mencionamos el Reino de España ya se sabe lo que es, y no lo ponemos porque es de sentido común aceptarlo. Por tanto, mi grupo se congratula de este proyecto de ley y lo va a
votar favorablemente rechazando las enmiendas pertinentes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Malaret tiene la palabra para fijar posición en su nombre.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista subo a la tribuna para exponer nuestro apoyo a este proyecto de ley, que posteriormente aprobaremos dado el consenso que a lo largo de su tramitación se ha generado. En efecto, hemos
aceptado en su literalidad cuatro enmiendas del Partido Popular en la ponencia y hemos transaccionado 33 enmiendas.
Esto explica las pocas enmiendas que quedan vivas en este momento.
Paso ahora a exponer las razones que fundamentan nuestra posición favorable, que se sustenta en argumentos susceptibles de ser discutidos y defendidos en cualquier arena pública. Esta afirmación puede parecer una obviedad, pero no lo es si
partimos del ruido y la confusión que en la actualidad mediatizan el debate público en España. Debemos insistir en el carácter racional y razonable de nuestra posición. Es cierto que todas las posiciones son legítimas, pero no siempre son
racionales y razonables. La organización administrativa no es un tema que despierte pasiones ni controversias sustanciales. La necesidad de partir de un terreno ya trillado y el acuerdo en torno a la necesidad de acometer reformas explican el
amplio consenso que generalmente suscita. Como es bien sabido, no hay peor reforma que la que no se hace o la que pretende volver a terrenos ya periclitados. Por ello lamentamos que, a pesar de los esfuerzos realizados, el Partido Popular no se
haya sumado finalmente al amplio consenso que hemos fraguado en este proceso, y después de haber oído la intervención de su portavoz todavía lo entendemos menos, a no ser que queramos continuar con un modelo como el de la Lofage, cuya exposición de
motivos decía - cito literalmente-: El objetivo de esta ley -Lofage- es introducir el objetivo de la Administración única de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la Administración autonómica, que también
podrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las técnicas del
artículo 150.2 de la Constitución. Es cierto que la ley de agencias estatales no va en esta dirección y por ello entiendo que el Partido Popular no se sume al consenso fraguado con esta ley.
Me centraré ahora en tres cuestiones que explícita o implícitamente se han suscitado en las controversias que hemos tenido en la tramitación de este proyecto de ley. En primer lugar, ¿por qué una ley de agencias? En segundo lugar, ¿cómo se
distribuyen los roles entre Parlamento y Gobierno en orden a la creación de este grupo de organismos? Como veremos, se trata de dos cuestiones directamente interrelacionadas, para finalmente explicitar el ámbito competencial en el que desarrollarán
sus cometidos las agencias previstas en este proyecto de ley. ¿Por qué una ley de agencias? Como ya vimos en su momento con la discusión del debate de totalidad, la denominación agencia no supone una licencia o una mera concesión a una expresión
de moda, en circulación, es cierto, desde hace algunos años en determinados entornos. Para explicar mejor qué supone la idea de agencia, qué introduce de nuevo en la constelación de organizaciones públicas, podemos recurrir a una sencilla
distinción. Así, tenemos una noción de agencia en sentido amplio por la que entendemos como agencia cualquier unidad administrativa dotada de autonomía funcional. Si se quiere una referencia comparada, es como se utiliza en Estados Unidos y es
quizá el modelo más divulgado, pero esta visión poco aporta a nuestro panorama. Los establecimientos públicos, los organismos autónomos son viejos conocidos en nuestro paisaje administrativo. Puede ser útil recordar cómo durante la II República un
conocido autor, fundador luego de Falange, pregonaba las ventajas de la descentralización funcional frente a las propuestas de descentralización territorial. Pero ahora no se trata solo de autonomía, ha llovido mucho y flaco favor haríamos a los
ciudadanos si este fuera el objetivo. Por lo tanto, vamos a acudir a una noción más precisa, más estricta, más rigurosa de agencia, y por ello entendemos por agencia aquella organización que reúne las siguientes características: está dotada de
autonomía en la gestión de los cometidos, en un marco de clara especialización de las funciones, agrupando aquellas cuya gestión permite mayores logros de eficacia y eficiencia. Es cierto que esto podría no parecer una novedad, pero la clave en la
innovación está en los tres aspectos que vienen a continuación. Las tareas encomendadas cubren un ámbito de actuación separable de las responsabilidades políticas, lo que correlativamente permite que el desempeño de estas funciones pueda ser
controlado y evaluado y se deduzcan de este control y de esta evaluación las correspondientes responsabilidades. Esta es la fórmula que recoge expresamente el artículo 2 del proyecto, que se traduce en un marco institucional en el que el denominado
contrato de gestión cumple un papel fundamental como marco de estabilidad y de delimitación de responsabilidades. Señorías, esta es una novedad, es una manera distinta de relacionarse que huye de la vieja tutela administrativa. Esta es la novedad
principal, una innovación que no podemos desconocer y que supone un importante reto para la Administración General del Estado, pues implica introducir una nueva cultura de gestión. No se trata de uno más en la larga lista de proyectos de
modernización y simplificación. Se pretende introducir cambios sustanciales en el funcionamiento de los organismos públicos y por eso las disposiciones adicionales pretenden generalizar el modelo, un modelo que tiene un horizonte claro y preciso,
un objetivo estratégico fundamental, mejorar la calidad de los servicios públicos suministrados a los ciudadanos, una finalidad que impregna todo el diseño de este nuevo tipo de organización y por eso se ha llevado al título de la ley.
Paralelamente a esta innovación, que parte de las reformas que se están llevando a cabo en los países de nuestro entorno y por eso nos sorprende que el Grupo Popular no se quiera apuntar a esta modernización, el régimen jurídico de las
agencias se diseña para responder a una problemática específica generada por las peculiaridades del modelo español. En efecto, huyendo de apriorismos y de construcciones dogmáticas -hay que recordar que ya en los años veinte del siglo pasado
mostraron su fragilidad-, el tipo de organismo que ahora se crea no condiciona per se el derecho aplicable ni la tipología del personal. Igual que ocurre actualmente con la Administración General del Estado o con las otras administraciones
públicas, las agencias podrán tener funcionarios y personal laboral. La reserva de determinadas funciones a los funcionarios responderá al patrón común que diseña la Constitución -ha explicitado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- y
concretará el futuro estatuto básico del empleado público.
En expresión gráfica de algunas personas, en lugar de tener que hacer luego una retahíla de trajes a medida porque la ley lo ha querido encorsetar todo, se confecciona ahora un traje lo suficientemente ancho para que todos tengan cabida.
Este diseño institucional pretende impedir algunas anomalías presentes en nuestro panorama. Me refiero concretamente a lo absurdo que es que determinados organismos que desarrollan tareas de gestión administrativa se cobijen bajo la figura de
entidades públicas empresariales solo con la finalidad de disponer de mayor flexibilidad en la gestión. No podemos olvidar la larga lista de organismos que se cobijan bajo la rúbrica imprecisa de entidades de derecho público porque no responden a
los moldes de la tipología diseñada en la Lofage. Y cómo no recordar las fundaciones sanitarias, pura etiqueta para referirnos a un régimen de entidades públicas empresariales. Este objetivo se traduce luego en una determinada articulación de las
relaciones entre ley y decreto en la creación de las agencias. En efecto, la ley nace con vocación de generalidad y consecuentemente limita el papel de los correspondientes estatutos. Estos concretarán las determinaciones de la ley en aquellos
aspectos que sean secundarios, pero no establecerán reglas específicas para cada agencia. Y precisamente, como garantía de este modelo que pretende aunar flexibilidad con homogeneidad, se establece de manera rigurosa
el reparto de competencias entre Parlamento y Gobierno y así, fruto del acuerdo con distintos grupos parlamentarios, señaladamente Izquierda Unida, la ley que autorice la creación de las agencias determinará sus aspectos esenciales. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) El recurso a la ley en este marco tiene un alcance limitado si queremos preservar la función de la ley general, puesto que en materia de organización administrativa la ley solo cobra su significación cuando
constituye un instrumento para establecer un régimen especial o singular para excepcionar el régimen general, para crear un tipo nuevo. Quizá, la obsesión del Partido Popular con la ley solo casa con la experiencia pos Lofage y el papel relevante
que tuvieron las leyes de acompañamiento en la creación de organismos en aquel contexto. Por ello, no podemos entender las consideraciones del Partido Popular. En todo caso, coherentemente con la propuesta que hemos explicado, con la vocación de
generalidad de esta ley y el papel limitado que tiene que tener necesariamente la ley de autorización, proponemos dos enmiendas transaccionales que pretenden mejorar la redacción en orden a estas cuestiones. En primer lugar, que la decisión que en
cada supuesto deba tomar el Parlamento se apoye en una información de más calidad y, en segundo lugar y correlativamente, que se delimite con mayor precisión el contenido de los estatutos.
Finalmente, quiero comentar que el proyecto de ley habilita para la creación de distintas agencias, pero la más novedosa, la radicalmente nueva es la agencia de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios. Es
especialmente necesario destacar que se le encomienda una tarea nueva -No es un nombre distinto para referirnos a la inspección de servicios-. Por ello, valoramos especialmente la posibilidad que tenemos ahora, fruto del acuerdo con distintos
grupos, para permitir que esta agencia de nuevo cuño realice también sus cometidos por encargo de las comunidades autónomas. Con relación al ámbito competencial de la ley y correlativamente las agencias contempladas en la misma, la ley y las
agencias se mueven en el espacio de las competencias reservadas al Estado. No se trata de crear una figura que pueda desenvolverse en el ámbito de las competencias concurrentes.
Las agencias son un instrumento organizativo de la Administración
General del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Por ello, la posibilidad de que puedan participar otras administraciones públicas, autonómicas o locales, en determinadas agencias no tiene vocación de generalidad y se contempla específicamente como mecanismo de
integración.
El señor PRESIDENTE: Señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Voy acabando.
Decía que se trata de buscar diseños institucionales que permitan simplificar el paisaje institucional español, no de un acicate para incrementar el número de organismos; obviamente no son consorcios encubiertos. No tiene sentido abordar
esta ley con prejuicios, entre otras consideraciones, porque sería absurdo e inútil, visto que el derecho positivo español ya contempla en la actualidad los consorcios y lo hace en la Ley de régimen jurídico y de procedimiento administrativo, ley
por cierto que el Partido Popular modificó en el año 1999 puntualmente, pero no eliminó la figura de consorcios porque hubiera sido absurdo y radical.
El señor PRESIDENTE: Señora Maralet, le ruego que concluya.
La señora MALARET GARCÍA: Para terminar, solo quiero agradecer la colaboración y participación activa de todos los grupos con un trabajo colectivo que ha permitido mejorar el texto y con ello responder mejor a la demanda de los ciudadanos
de más y mejores servicios públicos, pero sobre todo de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión en los recursos públicos.
Muchas gracias y perdone por el tiempo. (Aplausos.)
-PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 121/000066.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, continuamos con el proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Intervendrá, en primer lugar, el Gobierno, la señora ministra de Sanidad, y después de su intervención llamaremos a votación.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todos los grupos políticos y, en particular a las diputadas y diputados miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo, el esfuerzo realizado en el análisis, la enmienda, el debate y el
acuerdo sobre el contenido del proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que hoy se debate en Pleno.
Hace exactamente tres semanas, con ocasión del debate de las enmiendas de totalidad que se habían presentado a este proyecto de ley, tuve ocasión de exponerles las líneas básicas del texto elaborado por el Gobierno y expresarles mi esperanza
en que fuera mejorado y completado en el curso de su trámite parlamentario. Hoy deseo intervenir brevemente para afirmar que el esfuerzo realizado por todas las partes, con un soporte efectivo del ministerio para favorecer los acuerdos, permite que
el proyecto de ley, sin renunciar a sus principios inspiradores ni a sus grandes líneas de actuación, recoja las aportaciones de distintos grupos parlamentarios sobre la
base de garantizar el interés general. Así se revisa la lista de medicamentos que no requieren receta para facilitar la labor de determinados profesionales, que desempeñando un importante papel de atención sanitaria no pueden prescribir
medicamentos. Se mantiene la regulación relativa a la obligación de exigir receta o a la sustitución de medicamentos, aunque esta regulación se flexibiliza para algunos supuestos tasados y se mantiene la prohibición de cualquier tipo de incentivo o
bonificación, admitiendo únicamente los descuentos habituales en el tráfico o las actividades mercantiles por pronto pago o por volumen de compras, siempre que quede reflejo documental de los mismos y que en ningún caso se incentive la compra de un
producto frente al de los competidores. Hemos aumentado la transparencia en el sector en muy diferentes e importantes aspectos: se refuerza la transparencia en la adopción de decisiones por las administraciones sanitarias; se incorpora el acceso
público al contenido de las decisiones de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios; la obligación de las autoridades de velar por el cumplimiento de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y se incorporan garantías de
transparencia en materia de publicación de ensayos clínicos. En materia de distribución se ha reforzado el sistema de farmacovigilancia, incluida la veterinaria; se han fortalecido las funciones de los almacenes mayoristas en el abastecimiento del
mercado y se han mejorado las garantías de disponibilidad de los medicamentos y la regulación de la trazabilidad.
Por lo que se refiere a la sostenibilidad del sistema, se ha modulado el impacto de la rebaja del 20 por ciento del precio de los
medicamentos que lleven más de diez años en el mercado, limitando su aplicación a la existencia de un genérico en aquellos países de la Unión Europea que no estén sujetos a un régimen transitorio de aplicación de la normativa europea en materia de
propiedad industrial. Con el propósito de incentivar aún más la inversión en I+D, se ha modificado el régimen aplicable a las formas galénicas innovadoras ampliando el plazo temporal para su incorporación al sistema general, pero manteniendo tanto
su declaración conforme a principios y criterios objetivos como su incorporación al correspondiente grupo de su mismo principio activo.
También se ha introducido una consideración de linealidad, matizada por el volumen de facturación en las
aportaciones de la industria destinadas a favorecer la investigación y el uso racional de los medicamentos.
Además, se reconoce el importante papel de las comunidades autónomas en materia farmacéutica, a través de su participación en el consejo
rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y se establecen determinadas obligaciones de información sobre autorizaciones y precios en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Todas estas cuestiones que les he mencionado brevemente nacen del acuerdo alcanzado en la tramitación del proyecto y suponen el refuerzo de un texto que, además de incorporar la normativa europea y adaptar nuestra legislación a la nueva
realidad organizativa, va a reforzar el uso racional de los medicamentos y a garantizar el propio futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud, mejorando su eficiencia y optimizando la gestión de los recursos. En este sentido, no puedo sino lamentar
que hasta ahora ha sido imposible llegar a un acuerdo con el Grupo Popular, pese a que, contrariamente a lo que se afirmó en esta tribuna el pasado día 16 de marzo, el ministerio y el Grupo Socialista lo han intentado en varias reuniones. Quiero
señalar al Grupo Popular que todavía están a tiempo de sumarse a este amplio consenso y que los profesionales y los ciudadanos se lo agradecerían.
Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por el esfuerzo y la excelente disponibilidad que han mantenido casi todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos que mejoran y complementan el proyecto de ley y que hacen que este
proyecto nazca con un alto grado de consenso, lo que sin duda va a dotar de estabilidad a la norma y al sector, y lo que es más importante a la prestación farmacéutica, al tiempo que va a permitir alcanzar nuestro principal y básico objetivo que no
es otro que el interés general de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Llamamos a votación (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO. (Votaciones.)
-PROYECTO DE LEY DE TROPA Y MARINERÍA. (Número de expediente 121/000037.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. Si estamos esperando a la una y media es porque el voto se había anunciado a la una y media. Este es estrictamente el motivo.
En primer lugar, procedemos a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Tropa y Marinería. Votación en bloque de todas las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
-PROYECTO DE LEY SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. (Número de expediente 121/000038.)
El señor PRESIDENTE: Segunda votación. Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre evaluación ambiental estratégica, antes denominado proyecto de ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. Votación de la enmienda al artículo 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 310; en contra, tres; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas al título y al artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 133; en contra, 177; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a los artículos 6 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 193; en contra, uno; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda al artículo 10, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas a la exposición de motivos y al artículo 10, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda al artículo 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 18; en contra 297; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votación de la enmienda a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; en contra, 320; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000043.)
El señor PRESIDENTE: Tercera votación. Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de educación. Votación de las enmiendas a los párrafos 24 y 55 del preámbulo; a los artículos 6.4, 14.4, 14.5, 18, nuevo apartado 6, 22.5, 26.4,
45.3, 64.2, 68.2, 69.6, 71.2, 82.1,107.5, 131.1, 149; a la disposición adicional séptima, apartado 1, letra f); a la disposición adicional octava, apartado 5; a la disposición adicional novena, apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; a la disposición
adicional decimoquinta, apartado 5, ahora apartado 4; a la disposición adicional trigesimosegunda nueva, y a la disposición final primera, apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 193; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a los artículos 17 letra n), 63.3, 71.3, 84.2, 110, 117.4; a la disposición adicional décima, apartado 5; de supresión a la disposición adicional vigesimoquinta, a la disposición adicional trigesimoprimera nueva y
a la disposición transitoria decimonovena nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 327.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al párrafo 15 del preámbulo a los artículos 17 letra j) y 121.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 194; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda al artículo 4, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 188; en contra, 133; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas a los artículos 1 letras g) y h), 2.1 letra g), 13 letra g) y 140.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 195; en contra, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a los artículos 2.1 letra d), 54.2 letra a) y 55.2 letra a).
Comienza la votación.(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 14, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 135; en contra, 192.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo 15, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 136; en contra, 190; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda al artículo 15, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 174; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 18, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 142; en contra, 185.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 23 letra k).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 193; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 143; en contra, 175; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 32, apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 148; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 41, apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; en contra, 324; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 63, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 189; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 71, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 143; en contra, 179; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 109, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 149; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 119, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 120, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 143; en contra, 178; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 120, apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 141; en contra, 178; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 121, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 316; en contra, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas al artículo 147.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 132; en contra, 194.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda al artículo 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 134; en contra, 193.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional segunda, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 133; en contra, 182; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 140; en contra, 177; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda a la disposición adicional duodécima, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 324; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional decimoquinta, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 142; en contra, 185.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional decimoquinta, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 138; en contra, 188; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional vigesimosexta, ahora vigesimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 150; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional trigésima, ahora vigesimonovena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional trigesimoprimera, ahora trigésima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 317; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición transitoria decimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición final primera, apartado 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 143; en contra, 176; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición final primera, apartado 9, por la que se suprime la letra m) del artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/1985.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, uno; en contra, 324; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de la enmienda a la disposición final primera, apartado 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 133; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
VOTACIÓN DE CONJUNTO
El señor PRESIDENTE: Votación final sobre el conjunto, por tener el proyecto carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 181, en contra 133; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000051.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente votación. Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 5, en lo
referente a la redacción de la letra h) del apartado 2, del artículo 7, de la Ley 43/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 131; en contra, 183; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 5, en lo referente a la redacción de la letra c) del apartado 2, del artículo 7, de la Ley 43/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 186, en contra, 10; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 15; en contra, 163; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartados 7 y 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 168; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 137; en contra, 171; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartados 24 bis, 24 ter, 34 bis y 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pido atención a los portavoces porque ha habido un pequeño cambio.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 2, 2 bis, 9, 14, 19, 26, 30, 32, disposición adicional primera y disposición adicional tercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 132; en contra, 184; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 4 bis, 9 bis, 13 y 33 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 142; en contra, 166; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartados 22 y 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; en contra, 324; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 23 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 17; en contra, 298; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 155; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 33 ter.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 320; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 25 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 133; en contra, 193.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación de las enmiendas al artículo único, apartado 34 ter.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 142; en contra, 169; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121000042.) (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente y última votación, del proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Al haberse retirado las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana de Cataluña, pasamos a votar las restantes enmiendas. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, retiramos también las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: ¿Todas? (Asentimiento.) Gracias.
Empezamos. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Se votan todas sus enmiendas en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 27; en contra, 299.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación de la enmienda transaccional a las enmiendas 84 y 94.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda transaccional a la enmienda 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 130; en contra, 181; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen. Votación de la disposición adicional tercera, apartado primero, segundo guión, relativo a la Agencia Española Antidopaje.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 174; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalmente, votación del dictamen con la corrección técnica distribuida, relativa a la disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 192; en contra, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. (Número de expediente 121/000070.)
-PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA DECLARACIÓN DEL AÑO 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.)
El señor PRESIDENTE: En lo que concierne al debate de totalidad de iniciativas legislativas, solo permanece en el orden del día el primer punto, relativo al proyecto de ley orgánica por el que se adapta la legislación procesal a la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde se reforma el recurso de casación y de generaliza la doble instancia penal. Los puntos 44 y 45 han decaído al haberse retirado las enmiendas a la totalidad.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 121/000066.) (Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el debate relativo al proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Como vamos a continuar, la terminación del Pleno podría situarse en torno a las cuatro de la tarde. (Rumores.) Señorías, el orden del día continúa y les ruego que sean diligentes.
En primer lugar, turno a favor de las enmiendas. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, las enmiendas que he presentado han sido aceptadas, luego lo que voy a hacer es fijar mi posición no defender enmiendas, porque no tengo; me las han aceptado.
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, yo estoy encantado de dejarle fijar su posición, además sé de su brevedad y concisión, pero el orden natural del debate es, en primer lugar, debatir las enmiendas y solo posteriormente, para aquellos
que no hayan presentado enmiendas, fijación de posición.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Es que el Partido Socialista me aceptó una serie de enmiendas y el resto las retiré. No tengo enmiendas. No voy a defender unas enmiendas que me han aceptado. Entonces, me callo.
El señor PRESIDENTE: No, me explica ahora la letrada que usted es el único miembro del Grupo Mixto. Teniendo en cuenta esto, dé su punto de vista.
Adelante.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, hemos presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley y lo vamos a votar afirmativamente porque se nos han aceptado unas enmiendas que para nosotros eran muy importantes. Una de ellas es la aclaración relativa a que la
custodia, conservación y dispensación de medicamentos en hospitales, centros de salud e infraestructuras de atención primaria serán solo para su aplicación dentro de dichas instituciones. También se nos ha aceptado otra enmienda relativa a que los
productos sanitarios no requieran receta para su venta o dispensación, así como el tratamiento en positivo de la obligación de dispensar con receta médica. Se nos acepta la rúbrica del capítulo 4 del título VI. Se nos acepta también parcialmente
la ampliación de la sustitución y matización de la prescripción por principio activo -artículos 84 y 85.2- y una enmienda muy importante que se refiere a que se amplíe la lista de medicamentos que no requieren receta, al objeto de facilitar la labor
de los podólogos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Labordeta.
Ahora sí. Defensa de enmiendas. Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para exponer la posición de mi grupo, el BNG, sobre el proyecto de Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios. Desde el principio de la lectura de este proyecto lo consideramos oportuno porque
regula cuestiones sobre el uso, la venta, la distribución y la información sobre los medicamentos que, desde nuestro punto de vista, son necesarios; contempla problemas que precisan ser afrontados si lo que se persigue es la adopción de una
política del medicamento orientada a garantizar la máxima transparencia y la utilización racional de los mismos, y el impulso y la promoción de los fármacos genéricos; en definitiva, cuestiones de gran trascendencia en el ámbito de la sanidad
pública. El proyecto de ley, al tiempo que garantiza la calidad farmacológica, crea instrumentos para conseguir un objetivo defendido siempre por nuestro grupo parlamentario como es la reducción del gasto farmacéutico. En concreto, valoramos todos
aquellos aspectos del proyecto que inciden en el uso racional de los medicamentos, en la fijación de precios y en la incorporación a esta normativa de la regulación del medicamento animal y todo lo relacionado con la prescripción y dispensación de
los fármacos, especialmente la que tiene por objeto evitar que la prescripción se pueda convertir en un acto mercantil más, algo que lamentablemente ocurre en muchas ocasiones.
No obstante lo que acabamos de exponer, consideramos que este proyecto de ley podía mejorarse y en ese sentido presentamos nuestras enmiendas. Esas mejoras tenían que ir en la dirección de los aspectos antes aludidos; en lo que hace
referencia a las competencias de las comunidades autónomas, al papel de estas en el consejo interterritorial, a las funciones y su grado de implicación en la toma de decisiones sobre la fijación de precios, y a las cuestiones relativas a la
investigación y al control de la calidad de los medicamentos, entre otras funciones. En esa línea iban las 64 enmiendas que presentamos, de las que siete han sido aceptadas en ponencia y veinte han sido transaccionadas con otros grupos
parlamentarios. Tanto nuestras enmiendas aprobadas como las que han sido transaccionadas contribuyen a una mayor claridad de todos aquellos aspectos relacionados con la custodia, conservación y dispensación de medicamentos en hospitales, centros de
salud y de atención primaria, además de mejorar la trazabilidad de los mismos y la extensión del alfabeto braille para el fácil acceso de las personas ciegas a los fármacos.
En cuanto a materia lingüística, no hemos olvidado la necesidad de incorporar las diferentes lenguas del Estado, las lenguas cooficiales, a las recetas. En cuanto a los profesionales, hemos contemplado la inclusión explícita de los
farmacéuticos como sujetos activos del sistema de farmacovigilancia. Así mismo, hemos clarificado el régimen de los radiofármacos, regulado la participación de terceros en la distribución de los medicamentos, suprimido la obligación de receta para
la dispensación de productos sanitarios e impulsado el tratamiento positivo de la obligación de dispensar con receta médica, otra mejora en relación con la regulación del funcionamiento de los centros de atención primaria para garantizar el uso
racional del medicamento. En definitiva, son todas cuestiones de interés para los sectores implicados y, por supuesto, para los usuarios.
Por último, queremos resaltar los acuerdos logrados en el ámbito del reconocimiento del papel de las comunidades autónomas, la presencia de las mismas en el consejo rector de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y la
obligación del Ministerio de Sanidad y Consumo de comunicar a todas las comunidades autónomas las resoluciones acordadas en cada reunión del consejo interterritorial sobre la identificación y precios de los medicamentos y productos sanitarios, así
como aquellos medicamentos y productos sanitarios que hayan sido incluidos por la comisión interministerial de precios en la financiación del Sistema Nacional de Salud. Esto se recoge en la disposición adicional décima y es consecuencia de las
enmiendas presentadas por distintos grupos que mediante acuerdos han sido transaccionadas. El resumen muy por encima que estoy haciendo de lo que ha representado la aprobación o transacción de nuestras enmiendas en el texto de la ley evidencia que
mejoran el texto inicial. Las 64 enmiendas que presentamos tenían un contenido más ambicioso que lo que realmente significan los acuerdos que acabo de exponer, aunque son muy positivos y mejoran el proyecto de ley y, por tanto, nuestra posición
respecto al mismo. Pero entendemos que siguen existiendo
algunos aspectos relacionados con la cuestión competencial y, aunque no fueron aceptadas nuestras enmiendas en ponencia y tampoco en comisión, sí fueron aprobadas enmiendas de otros grupos parlamentarios que satisfacen nuestras aspiraciones
relativas a las competencias autonómicas y su relación con el consejo interritorial. Me estoy refiriendo concretamente a enmiendas aprobadas en Comisión de la diputada Margarita Uría. Siendo esto así, retiraríamos las enmiendas que mantenemos
vivas porque son enmiendas que colisionarían con las que fueron aprobadas en esta dirección en la Comisión de Sanidad el jueves pasado. Por lo tanto, señora ministra, fruto de los acuerdos a los que llegamos nuestra posición es favorable y
esperamos que todos estos acuerdos parlamentarios sean lo suficientemente significativos como para que este proyecto de ley salga definitivamente adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señora ministra de Sanidad y Consumo, adelanto que mi grupo va a votar favorablemente la totalidad del texto de este proyecto de ley. Valoramos el contraste de pareceres que ha tenido nuestro grupo parlamentario con la Consejería de Sanidad
y Consumo del Gobierno de Canarias. Como sabe usted, nuestra comunidad autónoma es de las que tienen transferidas las competencias en sanidad y siempre tendremos de fondo el contencioso de los recursos financieros por el superávit de gastos que
generan los inmigrantes y, en una zona turística como es esta, la población móvil, que procede tanto del territorio peninsular español como de los veinticinco países de la Unión Europea. Pero, dejando esto, nosotros valoramos esta ley de garantías
y uso racional de los medicamentos. Es una ley compleja, pero necesaria para poner orden en todo esto. Aquí existen muchos intereses económicos y siempre ha habido problemas: Ley de la Propiedad Intelectual, los registros de patentes y, sobre
todo, la inversión en I + D + i que realiza la industria farmacéutica y de la que quiere después resarcirse, y se plantean problemas como los medicamentos comunes o las reservas que se tienen que hacer. Esto da idea del panorama de problemas. Con
esta ley se consigue un avance muy positivo, posiblemente tengamos que hacer muchos desarrollos como este con textos no de rango de ley, sino de real decreto.
De las muchas enmiendas que planteamos -bastantes de las cuales fueron aceptadas en los trámites de ponencia y de Comisión- hemos mantenido vivas, señor presidente, las que voy a enumerar a continuación para conocimiento de los servicios de
la Cámara. Son las enmiendas números 190, 191, 194, 197, 204, 208 y 209. Fundamentalmente están dirigidas a perfeccionar determinadas limitaciones que tiene en este momento la ley del medicamento, como la venimos denominando. Por ejemplo, nuestra
enmienda número 190 se refiere a que en el artículo 2, garantías de abastecimiento y dispensación, junto a los canales tradicionales y que vienen perfectamente recogidos en el texto del proyecto, como las oficinas de farmacia abiertas al público y
legalmente autorizadas, los servicios de farmacia de los hospitales, centros de salud, estructuras de atención primaria, etcétera, nosotros proponemos añadir servicios de farmacia en los centros sociosanitarios de atención a drogodependientes,
penitenciarios y mutuas de prevención de enfermedades profesionales y accidentes, así como en las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. Por ejemplo, nos estamos encontrando que en Canarias, por ser en este momento una
comunidad autónoma de recepción de inmigrantes ilegales, se ha creado una figura, el centro de acogida de estos inmigrantes. Estos inmigrantes pasan allí 40 días por las disposiciones de inmigración españolas. Si vemos las fotografías, tanto de
los servicios de la Cruz Roja como de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, veremos que se están poniendo mascarillas y guantes de látex para tocar a los inmigrantes ilegales que llegan de África. No sabemos en este
momento qué caudal de enfermedades tropicales o de otras afecciones y patologías puede traer este personal, pero sí que van a estar 40 días en estos centros. Es una especialidad que posiblemente no se esté dando nada más que en las Comunidades
Autónomas de Canarias o Andalucía, que son las que pueden tener estos centros de acogida de inmigrantes ilegales, y sobre todo de inmigrantes de un continente como África. Cada vez que un ciudadano de la Unión Europea o de España quiere ir de
visita turística o profesional a esos países de África tiene que vacunarse, por la larga serie de enfermedades tropicales que existen allí. Pues bien, en razón de que existen esas enfermedades tropicales en estos países, nosotros ponemos en nuestra
enmienda un reconocimiento de estos centros para esos inmigrantes que llegan ahora a España. Igual ocurre con los centros de drogodependientes y con los centros penitenciarios. Que haya un arsenal farmacéutico en cada prisión donde hay un médico,
así como en las mutuas de accidentes profesionales, porque se está dando en estos momentos en España, señora ministra, el fenómeno del aumento de las enfermedades profesionales. Menos mal que existe una sensibilidad y los ministerios, sobre todo el
de Trabajo, hacen cumplir unas exigencias de prevención de riesgos laborales en todas las empresas y existen unas mutuas, unas en correlación con la Seguridad Social y otras privadas, que hacen una atención de prevención de enfermedades
profesionales ya existentes. Resulta que no está reconocido el derecho a tener un arsenal de farmacia dentro de estas mutuas, que tienen unos cuadros médicos que están auscultando y diagnosticando a los trabajadores que están dentro de esas mutuas,
bien concertadas con la Seguridad Social, que son las más potentes, bien de tipo privado. A eso conduce sencillamente nuestra enmienda número 190.
La enmienda número 191 está dirigida a hacer un reconocimiento. El propio texto originado por el Gobierno reconoce las autovacunas. Se ha discutido muchas veces desde un punto de vista técnico, farmacéutico, biológico e inmunológico si una
autovacuna puede ser considerada, sensu stricto, un medicamento o no. Nosotros hemos preferido no entrar en un debate académico y de cátedras de inmunología o de farmacopeas para decidir si una autovacuna es un medicamento o no, pero, ya que la ley
lo cita, nosotros hemos introducido el concepto de autovacuna en las fórmulas de utilización de un arsenal de recursos para combatir enfermedades. A fin de cuentas, una autovacuna se hace para prevenir una enfermedad que tiene un procedimiento
inmunológico muy parcial y distinto, y que lo relacionamos además no solamente con la especie humana, sino con las especies animales. Nuestra aportación es sencillamente de complemento al trayecto que hace el texto de la ley.
Nuestra enmienda número 194 ya se refiere -la anterior se refería a las autovacunas en términos generales, sean de aplicación en clínica humana, sean de aplicación en clínica veterinaria- a un producto de uso veterinario inmunológico,
individualizado y elaborado a partir de organismos patógenos. De esto se podía hacer un reconocimiento porque nos estamos encontrando a veces con la dificultad de que no hay un sistema de seguridad jurídica para proteger estas actuaciones y
productos.
La enmienda número 197 se refiere al artículo 18, condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos. Aquí metemos nuevamente lo que decía en mi anterior enmienda referida a centros especializados, dar la competencia no solamente a
la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, sino a las comunidades autónomas que tengan necesidad de tener oficinas de farmacia en los centros penitenciarios y de atención al drogodependiente. Por ejemplo, si un ayuntamiento o una
comunidad autónoma -se ha visto en varias en España, y además regidas por distinto signo político- hace a los drogodependientes un tratamiento de metadona, ¿de dónde se extrae el producto que se va a aplicar al drogodependiente? Esto se puede
racionalizar y no dejarlo en una especie de tierra de nadie, de panorama oscuro o de neblina jurídica. Al final, al drogodependiente le administran la dosis de metadona y nadie pregunta quién tiene la caja o el arsenal, de qué farmacia o de qué
cubículo determinado sanitario se ha sacado la metadona que está tratando de hacer un efecto terapéutico sobre la drogodependencia. Es lo mismo que decía antes en relación con los centros penitenciarios o las mutuas.
La enmienda número 204 se refiere a la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios. Nosotros proponemos, en armonía con lo que se dice en el Real Decreto 109/1995 sobre medicamentos veterinarios, donde la prescripción está
perfectamente recogida, que se refiera a animales de compañía. En la práctica terapéutica veterinaria no son lo mismo los tratamientos de animales de compañía, que son tratamientos unitarios, que el tratamiento pecuario generalizado de una
explotación ganadera, donde se están haciendo unos tratamientos masivos con otros medios distintos de la aplicación, por ejemplo, de un medicamento administrado por vía subcutánea.
La enmienda 208 trata igualmente de la utilización de las vacunas y los medicamentos denominados biológicos para que tengan una seguridad jurídica. La enmienda 209 se refiere a una competencia prácticamente exclusiva del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Nosotros proponemos en nuestra enmienda un párrafo de adición al artículo 50, medicamentos de plantas medicinales, hoy día muy extendido y con una gran repercusión social, que dice: 'El Ministerio de Sanidad y Consumo
establecerá la relación de las plantas que puedan comercializarse libremente fuera del canal farmacéutico.' Hoy en cualquier almacén nos encontramos con una parte de farmacia, pero nos podemos encontrar también con lo que se denomina parafarmacia.
En cualquier ciudad encontramos tiendas de dedicación terapéutica, de plantas medicinales, de recursos que están dentro de una pauta totalmente distinta de la farmacia y que se venden como especialidades, hierbas de tratamiento homeopático,
etcétera, en cualquiera de sus repercusiones, que están ahí. Pretendemos que el ministerio tenga este instrumento para que de una manera homogeneizada todas las instalaciones de plantas medicinales -llamadas así, no me meto con palabras que sean
terapéuticas- puedan estar dentro del marco, y conviene que el ministerio no pierda esta facultad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
A continuación, para defender sus enmiendas, por el grupo de Iniciativa per Catalunya Verds, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, el proyecto de ley que discutimos hoy es de una gran importancia, ya que es uno de los pilares del sistema de salud y afecta a una parte elevada del gasto sanitario. Algunos datos son reveladores. España gasta
por habitante en sanidad casi un 40 por ciento menos que la media de los países de la Unión Europea antes de la ampliación, sin embargo somos los que realmente soportamos un mayor gasto farmacéutico, entre otras cuestiones por la poca implantación
de medicamentos genéricos en España, aproximadamente el 5,4 por ciento, frente a una cuota de mercado que los genéricos tienen en países de la Unión Europea que se sitúa entre el 20 y el 50 por ciento. La sanidad representa además el 9 por ciento
del producto interior bruto. En la Unión Europea esta cifra es notablemente más baja; en España aproximadamente un 7,7 por ciento. Es precisamente esta diferencia de esfuerzo en sanidad la que provoca que el gasto farmacéutico tenga
comparativamente más peso en España sobre el sanitario que en el resto de Europa.
Aunque los recientes datos que el Ministerio de Sanidad ha remitido a las comunidades autónomas sobre
el crecimiento del gasto farmacéutico dicen que la tendencia es a la desaceleración y en febrero de este año nos informan que creció solo un 1,91 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, deseamos que esta ley incida aún más en
reducir este gasto. Reducir el gasto farmacéutico es posible y además es necesario, porque no solamente es un despilfarro económico, por tanto un gasto público innecesario, sino que además no garantiza más salud y en algunas ocasiones ha provocado
riesgos para la salud pública. Además es un proyecto de ley de transcendental importancia porque se dirige a la salud de los ciudadanos y porque hablamos también de los intereses de la industria farmacéutica. Hemos de hablar claro en este sentido
porque, si no, no se entenderían algunas cuestiones importantes que están sucediendo tanto en el ámbito estatal como fuera de nuestro país. Es el sector comercial mundial con más beneficios económicos, por delante incluso de la banca privada, según
datos de la propia ONU; hablar de medicamentos y de uso racional puede perjudicar en definitiva los intereses de esta industria, contrapuestos en algunos casos a la salud de los ciudadanos. Esta es la realidad y no podemos esconder la cabeza
debajo del ala. Se trata, por tanto, de que con esta ley las administraciones públicas sanitarias velen por la salud de los usuarios y sean realmente transparentes e independientes a la hora de tomar decisiones relativas a la autorización de nuevos
medicamentos o a la elección y número de medicamentos a financiar por el Sistema Nacional de Salud, cuestión fundamental si queremos que esta ley sea realmente una verdadera ley de garantía y uso racional de los medicamentos. Como decía antes, las
compañías farmacéuticas son básicamente empresas con ánimo de lucro. Esta es la realidad, y su objetivo es bien diferente en este caso al del Sistema Nacional de Salud o al de cualquier sistema público. Su objetivo es ampliar al máximo su mercado,
y para ello lógicamente suelen lanzar sus nuevos productos con el mensaje más o menos explícito de que son superiores a los ya existentes, sin que muchas veces hayan sido comparados previamente con los actuales.
Centrándonos en el debate más concreto de esta ley y en el momento actual del trámite parlamentario, hemos querido hacer esta introducción porque no estamos hablando de una ley que regula puramente algunos aspectos administrativos, sino de
una ley que tiene una trascendencia económica importante y que sin duda afecta a intereses contrapuestos; centrándonos en el debate, como decía, mi grupo está satisfecho -aunque relativamente, pero esta satisfecho- porque ha conseguido introducir
en el proyecto de ley, con más de veinte enmiendas que se han aceptado, algunas mejoras en cuestiones de especial importancia para el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y queremos resaltarlo en estos momentos. En cuanto a las
enmiendas relativas al reconocimiento de las competencias que deben poder ejercer las comunidades autónomas en el campo del medicamento quiero destacar la referida al artículo 87, que tiene por objeto garantizar que las comunidades autónomas tengan
puntual información como gestoras del sistema y de las decisiones que se adopten.
También están las relativas a dar seguridad jurídica a la industria de genéricos en nuestro país y a favorecer su aparición, así como ya lo han hecho otros países en
nuestro entorno. La incorporación de la cláusula Bollard en la disposición final segunda, incluyendo en España o también en el extranjero, es importantísima. Corresponde a las necesidades de la industria de genéricos y refleja el contenido que el
legislador comunitario ha querido dar al artículo 10.6 de la Directiva 2004/27 de la Comunidad Europea. Según esta redactado en el proyecto de ley, podría provocar que en la práctica su efectividad se viese extremadamente limitada, al excluirse del
régimen general de protección derivado de una patente, a aquellos estudios y ensayos realizados para la autorización del medicamento en España. En este artículo se refleja la necesidad de abarcar en la excepción a la no infracción de la patente
todas las actividades preparatorias de medicamentos genéricos en lo que afecta a todas las fases de su elaboración, desde el principio activo al medicamento acabado. Con la nueva redacción introducida por nuestro grupo se amplía por tanto de manera
extraordinaria el alcance de esta medida al excluir de ese régimen tan extensivo de protección no solamente los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos en España, sino también los realizados en cualquier parte del mundo.
Además, con la inclusión de nuestra enmienda en la exposición de motivos se pone de manifiesto que la ley en este aspecto no hace otra cosa que aclarar lo que viene siendo una práctica amparada por la conocida excepción de uso experimental,
encaminada a obtener de las autoridades pertinentes la autorización administrativa también pertinente.
Con otra de nuestras enmiendas incorporadas al dictamen que hoy se vota y para favorecer la aparición de genéricos, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios tendrá que publicar anualmente un listado de medicamentos genéricos
susceptibles de ser comercializados en los cinco años siguientes. Hay otras enmiendas importantísimas relativas a dar más responsabilidad a las administraciones sanitarias, al ministerio, a la Dirección General de Farmacia y a la Agencia del
Medicamento.
Lamento no poder explicar todo aquello que es interesante, pero es impensable hacerlo en diez minutos. Quiero resaltar como mínimo las enmiendas que corresponden a las garantías de información al paciente, artículo 14.4, que también
consideramos que hemos mejorado; así como la enmienda 128, que crea un nuevo artículo 5 ter, que dota de mayor trasparencia la independencia de las administraciones sanitarias en la adopción de sus decisiones en materia de medicamentos y productos
sanitarios. Tengo más, pero he de ceñirme a aquellas que presentamos porque la ley todavía no ha llegado a satisfacernos. Me refiero, por ejemplo, en cuanto a la promoción comercial y publicidad de medicamentos, a las enmiendas 126, 146 y 152
-digo unas cuantas, no todas, pero que se sepa que vamos a mantener nuestras
enmiendas-, que garantizan con mayor fuerza la independencia de los profesionales, asegurando una información neutra y científica correcta de profesional a profesional. También se refieren a sacar fuera de los horarios laborales de los
establecimientos sanitarios la promoción comercial de productos sanitarios, que para nosotros es fundamental. A una mayor transparencia de las administraciones sanitarias y medicamentos a financiar por el Sistema Nacional de Salud se refieren las
enmien-das 132, 145, 167 y 172-, así como a un mayor reconocimiento de competencias a las comunidades autónomas se refieren las enmiendas 133, 159 y 170. La enmienda 140 es relativa a la precaución con los nuevos fármacos en comparación con los que
tienen mayor experiencia de uso, además de las enmiendas 160, 163 y 169. Nuestra valoración final es que con nuestras aportaciones hemos mejorado cuestiones importantes de esta ley, como es: mayor reconocimiento de las competencias autónomas,
mayor seguridad jurídica en la industria de los genéricos, más transparencia y control de la financiación de los medicamentos, más obligaciones de las administraciones sanitarias a la garantía del uso racional de los medicamentos y más garantías de
información a los pacientes. A pesar de eso nosotros vamos a mantener, señora ministra, señorías, nuestras enmiendas para intentar hacer realidad en el trámite que queda alguna de las aspiraciones que nuestro grupo tiene en este sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, debo manifestar la decepción de mi grupo por el estado en que ha llegado esta norma a este trámite de Pleno del Congreso de los Diputados. Usted conoce que hubo quien le pidió devolver el texto de la ley al
Gobierno. Mi grupo no lo hizo, incluso le dijo que consideraba que era un proyecto técnicamente correcto, que nos parecía mejorable y que esperábamos que así se hiciese, incluso que era oportuna su promulgación toda vez que las comunidades
autónomas ya habían asumido las funciones y servicios que había venido asumiendo hasta hace poco el extinto Insalud y cuando habían transcurrido 15 años desde la promulgación de la norma. Por cierto, la norma del año 1990 se consideraba
técnicamente buena, pero de manera bastante unánime la doctrina considera que tiene un punto negro, a lamentar, que es el escaso respeto demostrado por el legislador estatal, el del noventa, con las exigencias derivadas de un Estado autonómico o
compartido. Nos parece que se hablaba entonces de una existencia de un Insalud todavía fuerte, poderoso, que abarcaba el territorio de muchas comunidades autónomas. La ley actual no avanza ni un solo paso en lo autonómico en relación con la ley de
1990 y nos parece que eso es un retroceso importantísimo. El Ministerio de Sanidad y Consumo se atribuye todas las funciones básicas de autorización, financiación y fijación del precio de los medicamentos, sin dar participación directa a las
comunidades autónomas en ningún procedimiento, cuando -se lo manifesté en la entrada de ese texto en la Cámara- luego las comunidades autónomas son las que soportan el gasto con cargo a sus presupuestos. La presencia autonómica en las facultades
inspectoras y en las facultades autorizadoras chirría con la relevancia que tienen ya todas las comunidades autónomas en los mecanismos de recursos y centros sanitarios. Debería haberse acreditado ya en el proyecto, pero sobre todo ahondar en ello
durante la tramitación, dar confianza al sistema, puesto que la capacidad reguladora, planificadora, directora y gestora de las comunidades autónomas está evidenciando que es un avance respecto de la calidad de la asistencia sanitaria que perciben
los ciudadanos. Las comunidades autónomas y el propio Estado se han enriquecido con el papel que las comunidades autónomas tienen y sobre todo ha sido mejor para los ciudadanos. Le indicaba yo que nuestra perspectiva era la de defensa de las
competencias que corresponden a las comunidades autónomas frente a otras defensas legítimas hechas por grupos concretos de esta Cámara referidas al tejido productivo, a los intereses socioeconómicos o incluso corporativos en el texto de la ley.
Señorías, en el trámite de Comisión conseguimos que se aprobasen algunas enmiendas de nuestro grupo referidas a centros de dispensación distintos que los que el proyecto prevé, a los centros sociosanitarios. Ahora que desde el Gobierno se
auspicia la Ley de Dependencia no vemos por qué los centros de tercera edad o los centros de drogodependientes no pueden estar en el elenco de los que en esta ley se contemplan. También habíamos conseguido que se introdujese en el texto -sabemos
que hoy ya no conseguiremos mantenerlo- la participación de las comunidades autónomas en el sistema de farmacovigilancia. De mayor importancia para nosotros era la distribución competencial en el otorgamiento de la autorización a los fabricantes.
Defenderemos nuestras enmiendas y también las que Esquerra Republicana de Catalunya sostiene al respecto, puesto que creemos que es un mero acto reglado de ejecución que corresponde a las comunidades autónomas, así como la creación de registros, que
son un instrumento añadido a la competencia de la entidad autorizante.
Señora ministra, en materia de distribución -dicho en términos coloquiales- desde el ministerio se pretende regular hasta el pensamiento. La idea de disminuir la presencia de las comunidades autónomas es total y se alude al carácter básico
de alguno de los reglamentos que deberá dictar el Gobierno, no teniendo en cuenta el compromiso asumido en esta misma Cámara en presencia de todos por el señor presidente del Gobierno de que en esta legislatura se iba a ser muy escrupuloso,
intentando que la normativa básica fuese siempre norma con rango de ley; en este caso, habrá reglamentos básicos. Como ya le anticipaba en intervenciones anteriores, la parte más sustantiva de nuestro posicionamiento se deriva de la
escasa participación autonómica en la entrada de los medicamentos dentro de las prestaciones del sistema, así como en la fijación de precios y en su financiación, no habiéndose atendido en ningún caso al contenido de la sentencia 98/2004 del
Tribunal Constitucional -que entiendo que les afecta y les incumbe-, cuando se separa claramente qué es el título sanidad y qué es el título correspondiente a Seguridad Social, diciendo que una cosa es la asistencia sanitaria dispensada en el
sistema de Seguridad Social y otra la financiación pública de una prestación sanitaria. Volveré sobre esta sentencia más adelante. En realidad -una vez más lo digo- el gasto de todo lo que se efectúe va a cargo del presupuesto de las comunidades
autónomas.
En cuanto al reparto, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado una enmienda, que también está incluida en el voto particular que ustedes sostienen, que a mi grupo le gustaría que se defendiese, por tanto votará en contra
de este voto particular. También queríamos articular la posibilidad de las comunidades autónomas de fijar el precio de referencia y la posibilidad de financiación pública de las especialidades que excediesen de los citados precios. Sobre este tema
nos sorprende la postura sostenida, manifestada desde esta tribuna, por el representante del Grupo de Coalición Canaria, puesto que la sentencia que tantas veces cito -la sentencia 98/2004- hace referencia a una ley canaria, que permitía la fijación
de precios de referencia si se hacía respetando los mínimos establecidos por la norma estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la doctrina que el propio Tribunal Constitucional sentaba, pudiendo ser subvencionado el resto con cargo a
los presupuestos de la comunidad autónoma. Insisto, es una sentencia que quiero pensar que el Grupo de Coalición Canaria, puesto que le beneficiaba, tendrá interés en que se ejecute y el propio Gobierno debiera tener interés en ejecutarla no solo
ya referido a la comunidad canaria, sino al conjunto de las comunidades autónomas de este Estado.
Respecto a la participación financiera de la industria farmacéutica en función de los volúmenes de venta me referiré más adelante, para hablar ahora de las actuaciones de la inspección que -vuelvo a insistir- son de índole ejecutiva y
debieran corresponder a las comunidades autónomas.
Señorías, las supuestas mejoras que se han introducido durante la tramitación van en una única dirección: a beneficiar a la industria farmacéutica. Que desaparezca el precio del embalaje de los
medicamentos nos parece un guiño a este sector, que merece todos los respetos, pero no era el parámetro de actuación ni de la presentación de la norma cuando se trajo a esta Cámara, en contra además de lo que se está pidiendo una y otra vez por los
propios farmacéuticos y por supuesto por los consumidores y usuarios, es decir por los ciudadanos que son los pagadores del sistema, señora ministra, no lo olvide. Todavía un guiño más fuerte es el que se hace con la denominada matización de los
impactos económicos que tiene la ley sobre la industria, en ámbitos tan conocidos como las formas galénicas innovadoras, el 20 por ciento famoso o las aportaciones al Sistema Nacional de Salud. Para nosotros ha sido una sorpresa que la defensa de
este sector haya sido eje de actuación y de posicionamiento de alguna formación política nacionalista en esta norma.
Lo respetamos, pero no lo comprendemos, puesto que ha estado unida al olvido constante de las competencias que corresponden a las
comunidades autónomas. Señora ministra, este es el aspecto en el que más ha cedido un Gobierno que yo entiendo -creía, les creía- como progresista, preocupado por las cláusulas de Estado social y sobre todo defensor de la idea de Estado plural, del
Estado autonómico, como tantas veces hemos oído proclamar en sus principios, en su programa electoral y en las manifestaciones que se hacen en esta Cámara. Ayer se manifestó que las bajadas -dicho sea en términos coloquiales- de la industria
farmacéutica eran porque en el texto de la norma se había puesto unos topes altos para dar un margen a la negociación posterior con los grupos; bueno, es un argumento. Nos hubiera gustado que ocurriese lo mismo con la nulidad de competencias que
se atribuyen a las comunidades autónomas, porque ahí se había sido muy estricto, reservándose al Estado un número importantísimo de competencias, pero que en una tramitación había lugar para la cesión de algo a las comunidades autónomas porque nada
de nada se ha cedido en favor de ellas.
Nada de nada es lo que dice la disposición adicional décima, señora ministra, y se lo voy a desbrozar en dos apartados. Primero se dice que las comunidades autónomas van a poder participar en el consejo rector de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios, pero lo harán en los términos que reglamentariamente se establecerán desde la unidad y la centralidad del propio Gobierno. Más broma nos parece, señora ministra, que se diga que se va a facilitar a todas las
comunidades autónomas un informe sobre el nombre de los medicamentos y productos sanitarios que hayan sido autorizados y sobre su precio. ¡Faltaría más! Ellas los van a pagar. Solo faltaba que no sepan qué medicamentos tienen que pagar y a qué
precio. Desde luego no hay ninguna aclaración de por qué se han elegido estos medicamentos y qué criterios se han utilizado no solo para la elección del medicamento, sino tampoco, señora ministra, para la fijación del precio.
Como se deduce de mi intervención, votaremos todas las enmiendas que mi grupo mantiene vivas y las de las demás formaciones políticas que coincidan con nuestros postulados. Votaremos en contra del voto particular que ha presentado el Grupo
Socialista, intentando que salgan del texto del dictamen una enmienda que fue aceptada al BNG, las enmiendas que fueron aceptadas a la formación política que estoy representando aquí y las que fueron aceptadas al Grupo Popular, y respecto a una de
las de este grupo debo hacer una matización, puesto que en el dictamen figuraba en términos incorrectos. El número de votaciones que se produjeron, las prisas y la larga duración de la Comisión posibilitaron que hubiera un error, que el señor
letrado ha advertido a todas las
formaciones políticas, y me parece justo, ya que tengo la condición de presidenta de la Comisión, que lo manifieste para que tenga debida constancia en el 'Diario de Sesiones'. Me refiero a la enmienda número 285 del Grupo Popular que, como
tantas otras, tuvo un empate en la votación; pero en este caso el empate, hecha la traslación a los votos de esta Cámara, puesto que había sido votada en contra por los votos del Grupo Socialista y del Grupo Catalán de Convergència i Unió, supuso
no ser aceptada, en lugar de aceptada como figuraba en el texto del dictamen. En todo caso, mi grupo la va a votar favorablemente hoy. Como anécdota quisiera dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' que obedece a algo tan peligroso para la
unidad del sistema como que las comunidades autónomas puedan tener alguna participación, junto con el Estado, en la formación continua que hayan de tener los profesionales que hayan de desempeñar lo que la ley les atribuye como competencias en
farmacovigilancia. Entiendo que esto no resquebraja ni rompe el sistema, aunque en todo caso daña la querencia de lo que el Gobierno pretendía con esta ley. Señora ministra, tiene usted un ministerio con un área que está ya muy repartida, porque
las comunidades autónomas tienen asumidas competencias, tanto en materia de sanidad como en materia de consumo, pero este reparto es por querencia constitucional y por querencia de las propias comunidades autónomas que han ido asumiendo las
competencias en esta materia. No podemos estar de acuerdo con el contenido de esta ley.
Además no nos es posible -lo he dicho con anterioridad- creer en algunos de los postulados que no usted, sino el Gobierno en su conjunto, pregona sobre la idea
de que en esta legislatura se iba a profundizar en el modelo de Estado autonómico; no con proyectos como el presente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Esquerra Republicana, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ustedes recordarán seguramente, Esquerra Republicana presentó una enmienda de devolución a esta Ley de garantías y uso racional de los medicamentos; no lo hicimos por fines partidistas, como a veces se hace en esta Cámara,
sino porque considerábamos que esta ley merecía más reflexión y más análisis. Desde entonces ha habido distintas reuniones con el ministerio, resultado de las cuales ha habido un intercambio con un clima tenso, pero que ha mejorado la ley. Por
tanto, no es la ley de Esquerra Republicana, pero la podemos aceptar como una ley muy mejorada, y la sentimos muy nuestra porque nos la hemos creído desde el principio. Presentamos, junto con otros grupos, bastantes enmiendas. La mayoría han sido
aceptadas, otras no, pero la ley recoge en general nuestros puntos de vista y se tienen en cuenta muchas observaciones nuestras. Voy a mencionar algunas muy rápidamente, como la regulación de los radiofármacos; que los productos sanitarios como
las prótesis oculares no requieran receta médica para su venta o dispensación, -el texto original lo omitía- cuando los optometristas están capacitados profesionalmente para la prescripción de gafas y lentes de contacto. La incorporación de los
productos sanitarios como sujetos de garantía de abastecimiento y dispensación se ha recogido en nuestra propuesta de aclarar la denominación de medicamentos genéricos. Se nos ha admitido la supresión del precio en el embalaje de los medicamentos,
que sonaba a grandes pérdidas, y en su lugar se da una factura con el precio del medicamento, que es lo más sensato. Se permiten los descuentos por volumen de compra o pronto pago a los farmacéuticos. Se amplía la casuística por la que el
farmacéutico puede verse obligado a una sustitución y se contemplan las circunstancias en las que el farmacéutico puede administrar medicamentos sin receta. El texto original no valoraba suficientemente la profesionalidad del farmacéutico y, por
expresarlo llanamente, solo se preocupaba de controlarlo como un factor más del gasto.
Hemos insistido en la incorporación de la figura del farmacéutico de la oficina de farmacia como un profesional sanitario que contribuye al cuidado del enfermo y al uso racional del medicamento. Así, hemos introducido que en las recetas y
en las órdenes hospitalarias el facultativo incluya las pertinentes advertencias al farmacéutico para que pueda contribuir a un mejor seguimiento del cuidado del enfermo. Hemos incorporado que se permita el acondicionamiento de medicamentos para el
sistema de dispensación personalizada en las oficinas de farmacia. Hemos incorporado a los farmacéuticos como sujeto activo del sistema de farmacovigilancia de medicamentos de uso veterinario. Para racionalizar el gasto farmacéutico el
farmacéutico de la oficina de farmacia es una pieza fundamental y debe ser valorado e incentivado a colaborar con el Sistema Nacional de Salud, y en el futuro, cuando se regule la nueva receta médica, deberán ser tenidas en cuenta sus aportaciones,
y creemos que lo serán. Como no podía ser de otra forma, junto con otros grupos, hemos conseguido que las recetas se editen en las lenguas cooficiales y hemos introducido un tema olvidado, que es la facultad de prescripción de otras profesiones.
Hemos llegado al acuerdo, con una nueva disposición adicional, de que se regulará la lista de medicamentos que no requieren receta médica y puedan ser prescritos por otras profesiones sanitarias como pueden ser los podólogos.
Las profesiones sanitarias que son clave en el uso racional del medicamento, como es la enfermería, no han recibido suficiente relevancia en la ley, pero se permite que cada comunidad autónoma pueda desarrollarse en este campo. Según la
enmienda de Esquerra Republicana se ha cambiado el título del artículo 57, que ahora se denomina ensayos clínicos. En los ensayos clínicos se ha incorporado la obligatoriedad de hacer públicas las compensaciones a los investigadores, ya que hemos
considerado que el pago a los investigadores es uno de los documentos esenciales sobre los principios éticos de la investigación clínica. En este capítulo hemos insistido en la accesibilidad a los
ensayos clínicos salvaguardando la confidencialidad. Hemos introducido en la ley la regulación de los terceros en la distribución. La ley contempla la formación continuada de los profesionales sanitarios, pero hemos introducido un enfoque
terapéutico de esta formación con el fin de no medicalizar los problemas sanitarios. Hemos suavizado el impacto de la ley sobre el tejido industrial farmacéutico. Señorías, Esquerra Republicana no ha trabajado para favorecer a la industria
farmacéutica, pero ha tenido en cuenta que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud depende de la sostenibilidad del tejido industrial farmacéutico y viceversa. La industria farmacéutica depende prácticamente de un cliente, el Sistema
Nacional de Salud, y por tanto es la primera interesada en el sostenimiento del sistema. El Sistema Nacional de Salud, si quiere continuar con el actual modelo de salud pública universal y de calidad, necesita el sostenimiento de la industria
farmacéutica implantada en el Estado, de lo contrario iremos a un modelo de medicina privada donde solo unos privilegiados tendrán acceso a los mejores medicamentos. La sostenibilidad del sistema dependerá de la racionalización del gasto junto con
la satisfacción del usuario. Para ello es necesaria una colaboración de todos los profesionales que participan en el cuidado de la salud y de las empresas que intervienen en el proceso de suministro de medicamentos y productos sanitarios. Por ello
insistimos en que sin una relación fluida de colaboración con el ámbito empresarial implicado y el ministerio no podremos conseguir progresar en un sistema de salud público universal y de calidad. El gasto farmacéutico, lo reafirmamos, se controla
con una buena gestión integrada de todos los profesionales sanitarios. Señorías, aquí está el incremento del gasto farmacéutico en el último año en Cataluña. Ha bajado hasta el 4,04 antes de aplicar la ley. Esto quiere decir que la gestión del
gasto farmacéutico bien hecha puede ayudar a su reducción. No es necesario argumentar que la industria farmacéutica para subsistir necesita invertir constantemente. Las nuevas medidas que aplica esta ley, las tasas, las reducciones lineales de
precios, todas las medidas que reducen la capacidad de inversión son contraproducentes. Todos los países europeos, sin excepción, cuidan su industria farmacéutica. Cualquier decisión es analizada cuidadosamente por las posibles consecuencias que
podría tener. Estas medidas no aportarán resultados en la contención del gasto a largo plazo y sí pueden incidir en la capacidad inversora de nuestras empresas y por tanto en su viabilidad a medio plazo. Recuerden que estamos hablando de 40.000
puestos de trabajo de calidad. La misiva podría ser: jóvenes españoles y españolas no estudien aquí, pónganse a trabajar de camareros, porque ya inventarán en el extranjero. Este no debe ser el mensaje; el mensaje debe ser: invertir en I+D en
nuestra industria y proporcionar nuevos lugares de trabajo para la investigación. Afortunadamente, se nos ha escuchado, se han suavizado los impactos negativos y estamos convencidos de que se hará por el bien de todos.
El último punto al que voy a referirme es al de la participación de las comunidades autónomas en los procesos de decisión del gasto farmacéutico.
Es una reclamación de todas las comunidades autónomas que debe ser correctamente reglamentada,
para que no suponga un impedimento al funcionamiento de la Agencia del Medicamento. Estamos especialmente satisfechos de que la ley reconozca el papel de las comunidades y de que hayamos conseguido un hito, que consideramos histórico, y es que las
comunidades participen en el consejo rector de la Agencia del Medicamento y que se establezcan flujos de información. Es un gran avance, pero quedan una serie de enmiendas sobre competencias de ejecución en las que no hay acuerdo. Son competencias
de detalle, que esperamos que se resuelvan en el trámite del Senado. Estamos de acuerdo en el principio básico de la ley, a pesar de este punto de discrepancia que son las competencias ejecutivas. Por eso, retiramos la mayoría de nuestras
enmiendas y dejamos solo cuatro, las números 345, 379, 382 y 388.
Señorías, esta es una ley muy compleja. Hemos comprobado como después de introducir enmiendas en el dictamen ya hemos recibido llamadas mostrando el desacuerdo con las enmiendas
introducidas. Esta ley merecía un poco de pausa; no es bueno lo que ha pasado estos últimos días. Nos hubiera gustado que no existiera el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, y no hubiera existido si hubiera habido un poco más de
diálogo, porque los problemas que preocupan al Grupo Parlamentario Socialista se podían haber solventado con un poco más de diálogo bilateral y multilateral, porque nos quejamos de que ha sido demasiado bilateral. Han faltado más sesiones de
ponencia para reunificar las ideas y aclarar qué queríamos. De todas formas, vamos a mantener nuestra enmienda, que ya está en el dictamen, respecto a la codecisión de las comunidades autónomas; vamos a estar en contra de su voto particular,
aunque creemos que es bueno que esté y es bueno si también se aprueba, porque quedará viva la enmienda 443 y la podremos cuestionar en el Senado y llegar a un acuerdo que, a nuestro juicio, debería ir más allá de esta Cámara. Son las comunidades
autónomas con el ministerio los que por fin deben delimitar qué queremos hacer en este Estado con el Sistema Nacional de Salud, cuánto vamos a gastar, quién y cómo. Por tanto, nos es igual que se apruebe o no el voto particular, porque de todas
formas el resultado es positivo. Si la enmienda número 443, el sistema de la codecisión, se queda recogido en el dictamen podrá ser modificado en el Senado si se cree que no es correcto como está. Nosotros hemos consideramos que era correcto,
porque no se establecía un sistema de participación, de codecisión, solo se dice que se establecerán mecanismos de codecisión, pero sin especificar cuáles, porque nuestra función no es especificar cuáles son los mecanismos de codecisión, esto debe
decidirse entre las comunidades y el ministerio. Por tanto, creemos que es una enmienda que contribuye a resolver este conflicto. Si no se aprueba, la enmienda quedará viva y esperamos poder seguir trabajando en el Senado.
En general, es una ley
muy positiva, pero tendremos que modificarla, porque cada punto y cada coma tienen implicaciones y seguramente veremos que se han cometido errores -pasa con todas las leyes, más pasará con esta-, pero establece unas bases que
esperamos que nos sirvan para los próximos diez años, que es lo que buscábamos con esta ley.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el trámite final de esta ley en el Congreso de los Diputados. Sus señorías saben perfectamente que las fórmulas farmacéuticas, que
algunas fórmulas magistrales requieren de un tiempo indispensable para una correcta culminación. Apurando mucho los tiempos de maduración de esta ley, estamos terminando la tramitación de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. Como muy bien saben SS.SS., en su momento este grupo parlamentario presentó reservas a la redacción inicial del proyecto de ley, reservas que fueron suficientes como para presentar una enmienda a la totalidad, una enmienda de
devolución, que fue discutida el día 16 de marzo. Aquel día afirmamos: Lo mejor de esta ley ha sido el cambio en profundidad de la misma, el cambio en profundidad que hemos introducido fruto de conversaciones y acuerdos hasta el último momento
durante los días 14 y 15 de marzo, hasta -como decía en aquel momento- el tiempo de descuento. Aquellos acuerdos supusieron la retirada de nuestra enmienda a la totalidad, supusieron un cambio en profundidad de la mentalidad que inspiraba la ley,
una ley que era, y que ya no es, lesiva para la innovación farmacéutica. Si me permiten, señorías, la comparación, en aquel momento pusimos el intermitente y empezamos a transitar por una nueva vía, la de reforzar el papel del sector innovador,
desde el convencimiento de que solo de forma concertada, con la suma de los esfuerzos del sector público y del privado, España puede ser un país que se sitúe en una buena posición en el campo internacional, en el campo de la I+D+i. España no se debe
resignar, no nos debemos resignar a ser meros importadores y comercializadores de productos de otros países. Como decíamos en aquel momento, nos encontramos en la posición crítica de no estar en una posición de muy alto nivel de innovación, pero
tampoco de resignarnos a ser meramente un país importador de medicamentos. Alguien podría decir -de hecho ha sido así durante este último debate- que quizás estos planteamientos por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió forman parte
más de la agenda de la política industrial que no de la agenda de una ley sanitaria. Pero, señorías, no nos engañemos, una política sanitaria innovadora va estrechamente vinculada también con una política de investigación, de desarrollo y de
innovación, como se ha apuntado hace un momento por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Señorías, no nos engañemos, la innovación de hoy serán los genéricos de mañana, la innovación de hoy permitirá curar, mejorar y afrontar
con mejores garantías las enfermedades de ciudadanos, de pacientes concretos. Este es un tema suficientemente importante como para huir del esquematismo y de unos discursos a veces demasiado fáciles en su planteamiento. Como muy bien saben SS.SS.,
fruto de aquel acuerdo inicial se incorporaron algunos aspectos que me gustaría recordar en este último trámite en el Congreso de los Diputados. Se hizo una modificación en profundidad de la disposición adicional sexta referida a las aportaciones
voluntarias del sector farmacéutico a la investigación. El Gobierno fijaba en el proyecto de ley un umbral en esta aportación de hasta el 3,5 por ciento y a partir de las modificaciones se ha decidido una aportación lineal de entre un 1,5 y un 2
por ciento en función de la facturación, en criterios cuatrimestrales. A la vez, se establece una reducción de esta aportación en caso del fomento de la excelencia de las industrias en una escala que va del 5 al 25 por ciento. Por otra parte,
también ha habido un reconocimiento de las innovaciones galénicas que suponen, como muy bien saben SS.SS., mejoras en la utilidad terapéutica de los pacientes y que, a partir de lo acordado, se contemplará una excepción del sistema de precios de
referencia durante un periodo de cinco años. Respecto a la caída del 20 por ciento de los precios de los medicamentos a los diez u once años en función de cada uno de los casos, en la referencia a los 25 Estados miembros se ha pasado a la
referencia de la Unión Europea a 15, que nos parece un sistema de precios razonable y que proporciona un marco de estabilidad al sector. Creo que esta ley también ha servido para restablecer un papel digno, un papel central, un papel absolutamente
activo y proactivo a los farmacéuticos y a las oficinas de farmacia que no pueden ser meros ejecutores de recetas farmacéuticas, pues tienen una formación y un papel importante también en el sistema sanitario español.
También se clarifica la
definición de medicamentos genéricos. Hemos avanzado en transparencia dando carácter público a los informes de evaluación de nuevas evidencias sobre seguridad de medicamentos autorizados. Se ha incorporado toda la regulación de radiofarmacia, que
había sido ignorada en el proyecto de ley de forma inicial. Se ha introducido el lenguaje braille en los envases de los medicamentos para las personas con deficiencias visuales. Se ha sacado el precio de los envases, como bien se ha dicho, con más
de tres modificaciones de los precios en un año y medio, esto mejor que esté en la factura. Se ha modulado una definición muy contundente sobre el nunca se podrán prescribir recetas de medicamentos por parte de los farmacéuticos, contemplando
algunas situaciones extremas. Se ha mejorado toda la formulación del redactado del artículo referido a la trazabilidad. Y se han incorporado, a través de la disposición adicional décima, las comunidades autónomas en el consejo rector y, por tanto,
se ha articulado un mecanismo de participación, de audiencia y, en cierta forma, de codecisión en la definición de los precios del medicamento, en la línea del artículo 20 de
la Ley de Cohesión y Calidad, que también supone este mecanismo de codecisión entre comunidades autónomas y el Gobierno central.
Con todas estas modificaciones, señorías, Convergència i Unió se siente perfectamente identificado con el nuevo redactado de la ley. Son cuarenta enmiendas, veintidós de ellas incorporadas en su literalidad y las otras de forma
transaccional. Además, en el trámite en ponencia aún hemos incorporado siete nuevas enmiendas, siete nuevas aportaciones. Por ejemplo, una disposición final segunda que mejora los estudios y ensayos para la autorización de medicamentos genéricos.
Dicho esto, aún quedan temas pendientes, y nos deberíamos preguntar por qué en la recta final de la tramitación el grupo de la mayoría, supongo que interpretando el ánimo y el sentir del Ministerio de Sanidad y Consumo, no ha sido o no hemos sido
capaces de introducir nuevas, sensatas y positivas aportaciones, con todo el respeto para algunos sectores que aún nos hacen llegar sus consideraciones y algunas mejoras que se deberían introducir en esta ley y sin querer faltar a la consideración a
estos sectores. Señorías de la mayoría, señora ministra, ¿por qué si hemos sido capaces de modificar lo más difícil de esta ley no hemos afrontado desde el consenso las modificaciones de algunos extremos más fáciles que aún quedan pendientes en la
recta final de esta ley? Creo que es lícito preguntarnos por qué.
Esta mañana la presidenta del Colegio de Podólogos de España me expresaba su impotencia ante las dificultades para que la ley le permita la viabilidad de la profesión de podología,
lo que le reconoce la LOPS, pero lo que le dificulta esta ley. ¿Por qué, por ejemplo, no hemos sido capaces entre todos de incorporar en esta recta final las enmiendas absolutamente razonables y fáciles de incorporar de Coalición Canaria respecto
al sector veterinario, que hoy ha defendido y creo que con un profundo conocimiento de causa el diputado señor Mardones? Podría continuar con otros ejemplos, pero no tengo mucho tiempo. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
Señorías, esta ley, que es una ley difícil y muy compleja, creo que necesita un reposo, necesita las vacaciones de Semana Santa. Después de Semana Santa se retomará en el Senado y espero que con ánimo de dar solución a algunos de estos aspectos
pendientes a los cuales he hecho referencia. Les quiero pedir este esfuerzo de consenso final. Quiero dar por retiradas las enmiendas de Convergència i Unió que se mantenían vivas para el Pleno.
Creo que este esfuerzo de transacción, de
negociación, nos llega en una recta final sin más margen. Las quiero dar por retiradas, pero deseando que en la tramitación en la Cámara Alta se dé una mejor solución en algunos aspectos de carácter competencial y en otros concretos para dar
también solución a algunas profesiones sanitarias. Anuncio también, para terminar, el voto favorable al conjunto de esta ley, que también lleva el sello de Convergència i Unió, en una tramitación en la cual aún es posible aumentar el consenso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Xuclà.
Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Fierro.
El señor SÁNCHEZ FIERRO: Señor presidente, señora ministra, señorías, si hay un punto importante dentro de la política sanitaria, sin duda alguna es el relativo al mundo farmacéutico. Por eso, el debate en esta Cámara en torno a la ley del
medicamento necesariamente es importante para el futuro de una parte muy sustancial de la sanidad española y del Sistema Nacional de Salud. Un fracaso en esta política es un fracaso para el propio sistema. La verdad es que nos produjo una cierta
expectativa -no digo esperanza, pero sí expectativa- ver cuándo y cómo aparecía el proyecto de ley del Gobierno. Fueron muchos titubeos, al final apareció el proyecto y, evidentemente, nuestras esperanzas, que eran muy pocas, se vieron frustradas.
Fue un proyecto recibido por los sectores con un amplio rechazo. La verdad es que este rechazo produce cierta sorpresa si tenemos en cuenta que -al menos así se dice en fuentes gubernamentales- hubo más de mil reuniones. Esas reuniones o sirvieron
para poco o se utilizaban en términos contradictorios, pero no sabemos para qué se hicieron, porque lo cierto es que las tres enmiendas a la totalidad y las casi seiscientas enmiendas explican y conllevan que allí no se contenía lo que demandaban
los sectores que están interesados en el mundo del medicamento, empezando por los pacientes, que no se veían reflejados en absoluto. Estamos, por tanto, ante un proyecto decepcionante y naturalmente era necesario contribuir a mejorarlo en todo lo
que fuera posible. No respondía a las necesidades de los pacientes, a su legítimo derecho a la innovación, a una participación activa, mucho más activa, de los profesionales para dar pleno sentido a algunos aspectos que ya estaban contenidos en la
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y, evidentemente, lo que suponía era un parón en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. Se ha dicho por otros intervinientes -y con razón- que el único avance que se produce en términos de
desarrollo autonómico es dar cumplimiento a una ley que se aprobó con el Gobierno del Partido Popular, me refiero a la Ley de Cohesión y de Calidad, en lo relativo al consejo rector de la agencia. Esto es lo que hay; no hay nada más que articular
que tiene que haber información a las comunidades autónomas y, como se decía también por otros intervinientes anteriores, faltaría más, porque son ellos los que tienen que pagar. Pero nosotros, por un sentido de responsabilidad y por pura
coherencia, quisimos contribuir a cambiar, en todo lo que fuera necesario, ese mal proyecto, ese decepcionante proyecto de ley del medicamento y productos sanitarios.
Para ello no presentamos simplemente una enmienda a la totalidad, sino un texto
alternativo que responde a una política diferente, a una política mucho más positiva, más avanzada y no a un puro continuismo, a una situación de
carácter estático donde parecería que estamos en 1986 y no en el siglo XXI. Por eso presentamos ese texto alternativo y también 120 enmiendas.
Tenemos que decir -esta es la parte satisfactoria y más positiva- que el trámite parlamentario
ha sido desigual: el trabajo en ponencia hay que calificarlo como mucho de esquemático, fue sí, no, blanco, negro, no hubo realmente mucho debate que digamos, pero el trabajo en Comisión produjo una serie de frutos y una serie de cambios que
implican modificaciones hasta el punto de que, como algunos otros intervinientes han dicho, haya sensibles diferencias entre el proyecto del Gobierno y el proyecto que hoy debatimos en esta Cámara. Esas diferencias se traducen en 16 enmiendas que
fueron votadas en la Comisión de Sanidad y que daban lugar a una alternativa nueva. Nos produce una sensible preocupación y una decepción considerable encontrarnos ante un voto particular, ante una cerrazón total y absoluta hacia todas las mejoras
que contaron con un amplio respaldo dentro de la Comisión de Sanidad. Como ya se ha dicho por otros portavoces, son medidas que afectan a temas muy importantes. En algunos no sabemos cuál es la razón casi metafísica para oponerse, por ejemplo, a
propuestas en materia de ensayos clínicos, de mejora de la eficiencia y la innovación en los medicamentos de uso veterinario. Otras propuestas están llenas de sentido y de racionalidad, como, por ejemplo, la utilización de los criterios de la
Organización Mundial de la Salud al definir y denominar los medicamentos genéricos. Otras enmiendas que fueron aprobadas afectan a la cooperación entre las distintas comunidades autónomas y la Agencia del Medicamento o el ministerio -según los
casos- en materia de investigación y en lo relativo a mantener una comunicación intensa sobre ensayos clínicos, etcétera. También se da la oposición a una participación más activa en las actividades farmacéuticas en el caso de los centros
sociosanitarios; tema que -hay que decirlo- está muy ausente en otra ley que nos llegará aquí algún día, como es la Ley de Dependencia. Creo que hay un ejercicio militante consistente en ignorar lo sociosanitario en esta legislatura. Esta es una
mejora que también se introdujo y que sería lamentable excluir. También nos sorprende que no se pueda mantener una enmienda que supone sencillamente la colaboración entre distintas administraciones en los programas de control de calidad.
Es
absurdo oponerse a este tipo de cosas. Aunque también se acordó en la Comisión de Sanidad, el voto particular ha llevado al cerrojazo sobre algunos aspectos de ordenación farmacéutica, que son tarea de la organización de las comunidades autónomas,
como puede ser lo relativo a la accesibilidad de las personas discapacitadas, botiquines u otros.
También hay algunas cuestiones que afectan a la trazabilidad; una trazabilidad que estaría dirigida fundamentalmente hacia el ministerio y en la que
habría reservas y mecanismos para obstaculizarla en lo que se refiere al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Una de las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular y que obtuvo el respaldo de la Comisión, pero a la que ahora se oponen
a través del voto particular -si no se cambia de criterio- es algo tan normal y tan razonable como el desarrollo adecuado del gasto farmacéutico para hacerlo sostenible y dar a la prestación de farmacia y de productos sanitarios un horizonte
estable, como una programación anual en el gasto farmacéutico para conseguir una prestación farmacéutica razonable. Lo que más nos ha sorprendido es la oposición frontal al desarrollo del papel de las comunidades autónomas y, sobre todo, el papel
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Parece como si hubiera miedo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ha habido propuestas sobre ello. La señora Bonás se ha referido a una enmienda de su grupo
parlamentario que es absolutamente razonable y tremendamente moderada, porque lo remite a un desarrollo posterior.
Parece que ni eso le sirve al Grupo Parlamentario Socialista y plantea un voto particular. Nuestras enmiendas tratan de complementar
otros aspectos, aparte de los que han merecido el respaldo de la Comisión de Sanidad del Congreso, que consideramos muy importantes y que van en beneficio de los pacientes. El primero de ellos es la dosificación personalizada y también ha habido
otras intervenciones en este sentido.
Otro aspecto es asegurar el principio de igualdad en la política y en las prestaciones farmacéuticas, así como los signos identificativos en los envases para evitar riesgos en determinados consumos
farmacéuticos.
También nos produce sorpresa toda esta serie de mecanismos para retardar la aplicación del sistema de precios de referencia. Son mecanismos que podrán tener su explicación, pero para tener una explicación completa también hay que
tener en cuenta el bolsillo de los pacientes y las cuentas del conjunto del Sistema Nacional de Salud y de cada una de las comunidades autónomas. Por eso, defendemos un modelo distinto y nuestra enmienda referida a los precios de referencia va en
este sentido. También hemos considerado necesario mantener nuestra enmienda relativa a la formación continua, que es fundamental. Pero hay que hacerla no solo con voluntarismo, sino en colaboración muy estrecha con los colegios profesionales, las
asociaciones y las sociedades científicas. Qué trabajo cuesta reconocer esto y explicitarlo en la ley. Evidentemente, no son estas las únicas enmiendas, hay otras que afectan a la supresión de la tasa, porque entendemos que es mejor el acuerdo que
la imposición y también apostamos por un plan nacional de I+D en este sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Sánchez Fierro. Ha sobrepasado su tiempo. Le ruego que vaya concluyendo, muchas gracias.
El señor SÁNCHEZ FIERRO: Termino enseguida, señor presidente.
Es bueno que haya un nuevo Profarma y un programa similar para los productos sanitarios. Creemos que pese a las modificaciones que se han producido en el trámite de la Comisión de Sanidad, todavía queda mucho por hacer. Nos gustaría que el
Grupo Socialista no defendiera
su voto particular, porque así se evitarían unas consecuencias negativas para el Sistema Nacional de Salud. Creemos que no incluir estas modificaciones es contribuir a reacciones adversas contra el Sistema Nacional de Salud. Eso no es
bueno y hay que insistir en otra dirección, porque otra política farmacéutica es posible.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Sánchez Fierro.
Finalmente, para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor Sánchez Fierro, es posible otra política farmacéutica y estoy también de acuerdo con usted en que el fracaso en la política farmacéutica es un fracaso importante para el Sistema Nacional de Salud.
Precisamente por eso
ha sido una prioridad de este Gobierno socialista trabajar desde el primer momento sobre la política de gestión del medicamento y sobre la política farmacéutica, porque las carencias notables en la calidad de la prestación que se venían producido,
el fracaso en la contención del gasto durante todos los años de gestión del Gobierno del Partido Popular y el modelo opaco, arbitrario y discrecional de gestión que tenía la anterior Administración, había llevado a una situación realmente
preocupante. Por eso, el Gobierno socialista ha elaborado el proyecto de ley y lo ha traído a esta Cámara para que hoy podamos aprobarlo en esta primera fase en el Pleno de la Cámara. Esta ley ha sido, efectivamente, una prioridad para este
Gobierno y marca unos objetivos muy importantes. En primer lugar, consolidar la prestación farmacéutica como un servicio universal dentro del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, aumentar la seguridad, la calidad y la eficacia terapéutica
de los medicamentos. En tercer lugar, fomentar y promover el uso racional del medicamento, sin dejar que sean solo palabras y expresiones. Junto con estos objetivos de salud pública, fomentar y lograr una contención del gasto farmacéutico para las
arcas del Estado, un control que permita dar estabilidad al Sistema Nacional de Salud y mejorar otras prestaciones que tiene que dar el sistema.
Señorías, esta ley que hoy vamos a aprobar aquí ha sido una ley acordada, debatida y trabajada con todos los sectores afectados: con los farmacéuticos, con los médicos, con los profesionales sanitarios, con los consumidores y usuarios, con
los gestores del Sistema Nacional de Salud y con los responsables de las comunidades autónomas; con empresarios de la industria farmacéutica, de la distribución, de los laboratorios, de los almacenes mayoristas, etcétera, por lo que todos ellos la
consideran una buena oportunidad de futuro para la gestión del medicamento en nuestro país. Voy a leerles muy brevemente unas declaraciones que emitió una de las asociaciones que ha colaborado en los trabajos de esta ley, que es la Plataforma de
médicos 10 Minutos. Considera la ley positiva y favorable porque se acerca y adecua al concepto de uso racional del medicamento y responde a los cambios y necesidades experimentados en los últimos años.
Celebra que buena parte de las pretensiones
que los profesionales de la medicina realizaban desde hace mucho tiempo hayan sido recogidas, reforzando el principio general de prescripción del facultativo y dejando muy claro el papel que tiene cada uno de los agentes que intervienen en la cadena
del medicamento. Celebra igualmente la mejora de criterios de eficacia y de eficiencia en la inclusión de nuevos medicamentos financiados en el Sistema Nacional de Salud, así como los planes de formación y los nuevos sistemas de información
independiente para los profesionales. Estas son opiniones, señorías, que se declaraban por parte de esta asociación y que son también compartidas por el Consejo General de Médicos, por el Consejo General de Farmacéuticos, por la Asociación de
Defensa de la Salud Pública, por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, por la Sociedad Española de Medicina Pediátrica y por la Sociedad Española de Medicina Rural que han manifestado el apoyo al texto que hemos elaborado en el
Congreso de los Diputados a lo largo de esta tramitación parlamentaria. Este es el apoyo que tiene la ley fuera de esta Cámara, pero también tiene un amplísimo apoyo dentro de la misma.
Los trabajos de la ponencia han sido, sin duda, intensos y yo creo que muy positivos. Que se puede avanzar más es una posibilidad que siempre está abierta, pero los trabajos en la ponencia han sido muy intensos y muy positivos. Hemos
puesto en valor la ley y hemos completado y mejorado el texto sin cambiar los aspectos básicos y fundamentales del mismo, incorporando enmiendas de todos los grupos parlamentarios, incluso de los que dicen no compartir la ley como el Partido
Popular. Los asuntos que preocupaban a muchas de SS.SS., a muchos de los grupos parlamentarios, eran en muchos casos comunes y el diálogo, las conversaciones bilaterales y las transacciones colectivas que hemos realizado, ofreciendo y negociando
entre todos, han dado un resultado muy positivo. Cada grupo parlamentario ha trasladado al proyecto de ley las enmiendas que respondían a su peculiar sensibilidad y preocupación. Todos ellos han hecho importantes aportaciones. Izquierda Unida
Verds ha hecho aportaciones, como expresaba su portavoz, en cuanto a mejorar la transparencia y la garantía pública de las administraciones para los usuarios y el conjunto del sistema; Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, el Partido
Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Convergència i Unió, en aspectos comunes y en otro sentido, peculiares.
Las mejoras se han esbozado por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, pero me gustaría hacer alguna referencia general. Se
han reforzado las garantías de seguridad y de precaución en los medicamentos en cuanto a la administración a los pacientes y al posible efecto sobre el medio ambiente ya desde el inicio de la solicitud de autorización de los medicamentos.
Se amplía la transparencia y la información, haciéndose públicas las recomendaciones y los informes de evaluación de los nuevos datos sobre seguridad de los medicamentos, sobre las decisiones de la agencia, sobre autorización y sobre las
decisiones de los órganos de asesoramiento técnico y científico. Se mejora la constitución de los centros propios de información con un acceso directo para los profesionales y las instituciones sanitarias. Se asegura una mejor información al
paciente en cuanto a las instrucciones y advertencias que el médico tiene que establecer en las recetas y en las órdenes hospitalarias de dispensación.
Se establece un principio general de equiparación de los productos sanitarios a los medicamentos
en cuanto a las garantías de abastecimiento, de seguridad y de uso racional del mismo. Los medicamentos veterinarios, que tienen por primera vez el mismo nivel de tratamiento y de exigencia que los de uso humano, contarán con un código nacional
para garantizar, entre otras cuestiones, la mejora de la trazabilidad. Se ha dado una redacción más positiva a la exigencia de la receta, eliminando el término nunca, pero manteniendo la exigencia para todos los medicamentos que la requieran. Se
refuerza la prescripción por principio activo y se establecen de forma más flexible las condiciones de sustitución por el farmacéutico de unos medicamentos por otros, siempre por el del precio más barato. Se permite la prescripción de productos
sanitarios por los profesionales como, por ejemplo, los ópticos-optometristas. Se permiten los descuentos con una serie de condiciones muy tasadas, de manera que haya absoluta claridad fiscal, transparencia, la aparición en la factura y siempre que
no se incentive un medicamento sobre otro. Se mejora la definición de genérico conforme a la directiva comunitaria, no a la definición de la Organización Mundial de la Salud, para una mejor identificación de médicos y farmacéuticos, estableciendo
la denominación del principio activo, la marca o nombre del fabricante y las siglas EFG, equivalente genérico. Las innovaciones galénicas de interés terapéutico, ahora sí y no como en la anterior Administración, podrán quedar excluidas del precio
de referencia durante cinco años, pero con absoluta transparencia y previsión para las empresas. Se tendrá en cuenta en la fijación de los precios máximos de los medicamentos que se financien por el Sistema Nacional de Salud el precio medio de los
medicamentos en los países de la Unión Europea que tengan incorporada la legislación europea. Se reduce la aportación de la industria como se ha aplicado aquí, estableciendo un sistema claro, transparente, objetivo y previsible. En definitiva, se
determina algo muy importante y es que los recursos que se aporten al Estado se destinarán a la investigación biomédica y se desarrollarán básicamente en los hospitales a través de las comunidades autónomas y de los fondos de investigación
sanitaria.
A todos los grupos parlamentarios quiero agradecerles el esfuerzo que han realizado en la tramitación de esta ley. A quien no puedo agradecer ese trabajo es al Partido Popular, partido que ha mantenido una posición incoherente porque
pretende trasladar a este proyecto de ley una modificación de la Ley de Cohesión Sanitaria. Señorías, estamos cumpliendo estrictamente esta ley y desarrollando muchísimas competencias que tienen las comunidades autónomas a través de las
transferencias que se han realizado durante estos años y que consagra la Ley de Cohesión Sanitaria. Pero, señor portavoz del Grupo Popular, la Ley de Cohesión Sanitaria define perfectamente cuáles son las funciones del Estado y cuáles son las
funciones de las comunidades autónomas en su artículo 30.
Señala asimismo cuáles son las funciones del Consejo Interterritorial de Salud. No se sorprenda de manera airada de que el Grupo Parlamentario Socialista no pueda comprender cuáles son esas
funciones porque el artículo 71 las define con muchísima claridad. Define que el Consejo Interterritorial de Salud es el principal instrumento de configuración del sistema y emitirá recomendaciones sobre las siguientes materias: los criterios
generales sobre financiación pública de medicamentos y productos sanitarios y sus variables. Esas son las únicas funciones y competencias que la ley establece al Consejo Interterritorial de Salud.
No puede ser que ustedes un día estén aquí
haciendo arenga, como hacía su líder político, el señor Rajoy, en el debate sobre el Estatuto catalán en contra de las competencias de las comunidades autónomas, que ayer mismo el señor Rajoy pidiera la reversión de las competencias urbanísticas de
las comunidades autónomas al Estado y que hoy aquí por la puerta falsa, porque no se atreven a traer una modificación de la Ley de Cohesión Sanitaria a esta Cámara, con la introducción de algunas enmiendas a la Ley de Garantías y Productos
Sanitarios se modifiquen las competencias estatales transferidas a las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Señora Pozuelo, ha rebasado ampliamente su tiempo. Le ruego que vaya concluyendo. Gracias.
La señora POZUELO MEÑO: Termino inmediatamente, señor presidente.
Señorías, quiero agradecer de nuevo la colaboración y la participación de todos los grupos parlamentarios. Hemos conseguido elaborar un buen proyecto de ley, un proyecto que va a ser aprobado en esta Cámara con amplio acuerdo y consenso de
todas las fuerzas políticas que, sin duda, fuera de estas puertas, en la sociedad, cuenta con el apoyo de los gestores, de todos los profesionales, de todos los responsables que tienen algo que decir y que van a tener que convivir con esta ley.
Esta ley ha permitido un equilibrio y una integración de todas las demandas y peticiones de los sectores profesionales y del propio Sistema Nacional de Salud para que puedan convivir de manera útil, estable y cómoda en los próximos años que tendrá
vigor esta ley.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Pozuelo.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE ADAPTA LA LEGISLACIÓN PROCESAL A LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SE REFORMA EL RECURSO DE CASACIÓN Y SE GENERALIZA LA DOBLE INSTANCIA PENAL. (Número de expediente
121/000069.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate del punto VIII del orden del día, pasamos al debate del punto IX: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de orgánica por la que se adapta la legislación
procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.
Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señorías, es un honor subir a esta tribuna para presentar un proyecto de ley orgánica que es crucial en el desenvolvimiento de los compromisos contraídos en esta legislatura
por el Gobierno en materia de justicia, por mí mismo como ministro de Justicia, relativo a la modernización del sistema judicial para hacer la respuesta judicial en garantía de los derechos de la ciudadanía más rápida, más ágil, más eficaz, más
igualitaria y más segura. Quiere todo ello decir apostar por una justicia de mayor calidad, repercutiendo en una mejor protección, en una mejor tutela efectiva de los derechos fundamentales que nuestra Constitución consagra y que nuestro
ordenamiento jurídico debe, por tanto, proteger de manera eficaz. Lo hace a través de un sistema judicial, es decir, un Poder Judicial del Estado que se acompaña de una organización y define una arquitectura que está requerida de reformas si
queremos estar a la altura de nuestro desafío. Es exactamente ese el objetivo al que atiende este proyecto de ley orgánica para la reforma de las leyes procesales necesarias para adaptar nuestro ordenamiento jurídico procesal a la nueva oficina
judicial, mandatada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada por estas Cortes Generales en la pasada legislatura a través de la Ley Orgánica 19/2003, que modificó la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Además, este proyecto de ley
orgánica generaliza la segunda instancia penal y, por tanto, reforma en profundidad el procedimiento penal, consiguientemente el orden jurisdiccional de lo penal, que tanto importa a la garantía de la libertad en nuestro ordenamiento jurídico, así
como reforma la casación en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo. Es por ello por lo que el proyecto de ley recibe el nombre de adaptación de las leyes procesales a la nueva oficina judicial, reforma de la casación y generalización
de la segunda instancia penal. Y contiene tres partes. Una primera impacta sobre 21 leyes procesales para introducir todas las exigencias de adaptación de las mismas a la nueva oficina judicial, es decir, la nueva distribución de tareas entre el
Poder Judicial y los funcionarios de la Administración de Justicia, reforzando claramente la particular figura del secretario judicial con el objeto de incidir en una mejor y más racional organización de los recursos personales y materiales en la
tutela judicial efectiva, es decir, en la justicia y en la Administración de Justicia. La segunda parte es la relativa al recurso de casación y la tercera se refiere a la generalización de la segunda instancia penal.
Pero subrayo que todo está
inspirado en el mismo objetivo de mejorar la garantía y el respeto a los derechos de la persona, de la ciudadanía.
Esta reforma trae causa, como he puesto de manifiesto, del compromiso del Gobierno de actuar en todos los puntos del sistema de cara a mejorar la respuesta judicial en garantía de derechos y su calidad. La parte organizativa la he explicado
en una comparecencia reciente esta misma semana ante la Comisión de Justicia. Es la relativa al cumplimiento de lo designado en los libros V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el establecimiento de la nueva oficina judicial. Pero hace
falta actuar también en el plano organizativo, el relativo a la definición de la arquitectura del sistema judicial, y en el plano procesal; todo en unidad de sentido. Voy a intentar sintetizar en esta presentación -lógicamente, saldré al paso
también de las argumentaciones que explican, según los documentos que hemos conocido, la enmienda a la totalidad interpuesta por el Grupo Parlamentario Popular- las líneas maestras de esta importante iniciativa con la que se cumple un capítulo
crucial y decisivo del proyecto del Gobierno al que vengo sirviendo como ministro de Justicia.
En primer lugar, la relativa a... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor ministro.
Señorías, el señor ministro está en el uso de la palabra, por lo que ruego que relajemos el rumor generalizado. Gracias.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Decía, en primer lugar, lo relativo a los elementos que afectan a la distribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales. Hemos explicado que de lo que se trata es de ayudar al juez, al titular del Poder Judicial, a cumplir
la función que le es distintiva, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, de modo que el resto de los elementos de la Administración judicial, secretarios judiciales y resto de los funcionarios de la Administración de Justicia, se reordenen y se
reasignen en sus capacidades de actuación, muy infrautilizadas hasta el momento presente, para mejor servir a los derechos de la gente. Figura esencialmente potenciada de toda esta reforma es la del secretario judicial, cuyas resoluciones adquieren
carta de naturaleza en lo relativo a la decisión sobre el inicio y la
terminación del procedimiento. Por supuesto, esas resoluciones serán siempre recurribles, en lo administrativo ante el propio secretario que dicta la resolución impugnada a través de la técnica de la reposición y en lo jurisdiccional ante
el juez en cuya jurisdicción se actúa a través de la técnica del denominado recurso de revisión. Las dos piezas principales de la implantación de la oficina judicial, que son conocidas por SS.SS. -las he explicado esta misma semana en la Comisión
de Justicia-, serán la unidad procesal de apoyo, núcleo del personal al servicio directo del juez o del órgano jurisdiccional que imparten jurisdicción, y el servicio procesal, servicio común, línea horizontal, que será una nueva reorganización y
asignación de efectivos especializada por líneas de actuación homogéneas en cada grado y orden jurisdiccional.
Esta implantación de la oficina judicial va a requerir, además de la generalización -es un capítulo que está comprendido en nuestra
reforma-, mecanismos de potenciación de garantía del justiciable, de su derecho de defensa y de lo que se denomina la igualdad de armas entre las partes y, por tanto, la igualdad de las partes en el proceso. Estamos hablando de la introducción de
la técnica de la grabación de vistas para todos los procesos seguidos ante la jurisdicción y de forma generalizada en el proceso penal. En segundo lugar, estamos hablando de la obligación de dar traslado al abogado del imputado de las actuaciones
que se practiquen en el Juzgado de guardia para mejor proveer así a la defensa desde el primer momento en que este derecho constitucional resulta relevante. Además, se da traslado de la causa al abogado del procesado en la fase intermedia del
sumario ordinario y no solo, por tanto, en la formalización de la acusación. Todo ello en potenciación de las garantías del justiciable en la fase investigadora previa al juicio oral en el procedimiento penal. Se fomentan también las buenas
prácticas procesales a través de nuestra reforma, potenciando la acumulación de acciones, procesos o recursos relacionados entre sí y, sobre todo, introduciendo la técnica del señalamiento en agenda programada, que se confía al secretario judicial
al objeto de evitar el despilfarro de recursos de los que el legislador no puede desentenderse si quiere servir mejor a las necesidades de la Administración de Justicia que está reclamando la ciudadanía.
Junto a estas reformas introducimos -lo expondré de forma muy apretada y sucinta- reformas procesales importantes, en primer lugar, para generalizar la segunda instancia en el orden jurisdiccional penal. Esta es una vieja cuenta pendiente
de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema procesal. SS.SS. lo saben perfectamente, porque esta cuenta ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados en innumerables ocasiones que constan en la memoria de nuestro 'Diario de
Sesiones' y es hora de que el legislador la resuelva. Estamos hablando de algo tan sencillo como cumplir el mandato del llamado Pacto internacional de derechos civiles y políticos, promovido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de
diciembre de 1966, cuyo artículo 14, párrafo quinto, mandata a los Estados parte de ese pacto internacional, entre ellos a España desde 1977, a garantizar la revisabilidad de toda sentencia condenatoria que haya sido dictada en primera instancia en
el orden jurisdiccional penal y, por tanto, que toda sentencia condenatoria en el orden penal pueda ser revisada por lo menos alguna vez por un tribunal superior. Por chocante que parezca, aunque no lo es para los profesionales del derecho que
están familiarizados con esta cuestión, a estas alturas esta sigue siendo una cuenta pendiente de nuestro ordenamiento procesal que requiere actuación legislativa. Por fin la vamos a garantizar. Vamos a garantizar la doble instancia penal a través
de su generalización y de la introducción de un nuevo recurso de apelación en el orden penal, del que va a entender de manera eminente la jurisdicción encomendada a las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia, que salen
así fuertemente reforzadas.
El recurso de apelación se extiende a todo tipo de delitos y a todo tipo de resoluciones, de modo que siempre que exista una resolución penal condenatoria en primera instancia habrá una articulación procesal adecuada y
será posible revisarla en segunda. Los motivos para poder interponer el recurso de apelación serán la infracción de la presunción de inocencia, la infracción de las garantías procesales o la infracción de norma constitucional o legal atinente a la
garantía de los derechos fundamentales en el proceso penal, como es el caso de la aparición de un hecho nuevo que no haya sido considerado en la fase probatoria del juicio penal en primera instancia. Esta reforma es respetuosa con la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con la acumulación de doctrina, que se contiene en las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lógicamente es el acervo de interpretación del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos.
En combinación con la grabación obligada de las sesiones del juicio en soporte apto para su seguimiento bibliográfico y la reproducción del sonido e imagen, se está efectuando una apuesta por la mejor garantía de los derechos involucrados en
el proceso penal, al tiempo que con seguridad se está insistiendo en la descongestión de la actual casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo y también habrá que decirlo del amparo ante el Tribunal Constitucional, la inmensa mayoría de cuyas
desestimaciones a limine, de cuyas inadmisiones a trámite lógicamente trae causa de una invocación de derechos fundamentales en el proceso penal que no han tenido ocasión de ser satisfechos en la fase previa y que a través de la generalización de la
segunda instancia y de la apelación en materia penal van a tener ahora la ocasión procesal adecuada. Esta reforma no puede ser subestimada a la luz de la experiencia de nuestro ordenamiento jurídico y de la insistencia con la que los operadores
jurídicos, los abogados, los profesionales del derecho, fuesen magistrados o fiscales, llevan tanto tiempo dando la razón a esa demanda ciudadana de tutela de los derechos fundamentales involucrados en el proceso penal que estaba requiriendo,
exigiendo, la acción legislativa que
por fin pasamos a proveer a través de esta importante reforma que introducimos con el instrumento obligado de la ley orgánica modificativa del proceso penal, además de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una tercera pieza es la reforma de la casación, de la jurisdicción que dinstintivamente corresponde al Tribunal Supremo en una arquitectura judicial que describe gráficamente la forma de una pirámide. De modo que la base es esa falda ancha
que de manera difusa ejercitan los tribunales de primera instancia, que se va estrechando en la fase de la apelación de la segunda instancia para describir el vértice a través de la uniformación de la interpretación de la legalidad, que es lo que
expresa este galicismo importado técnicamente de la experiencia y de la historia del derecho de cuño francés y que por esa misma razón histórica en España hemos venido denominando largamente como casación. La casación es precisamente la técnica de
la uniformación, de la interpretación de la legalidad, de la ley del Estado; es la función distintiva que corresponde al Tribunal Supremo; es la que quiere para el Tribunal Supremo el artículo 123 de la Constitución cuando le mandata ser superior
en todos los ordenes de la jurisdicción, sin perjuicio de las garantías constitucionales que le correspondan al Tribunal Constitucional. Esa casación debe ser conjugable con la función que la Constitución quiere para los tribunales superiores de
Justicia, que es la de culminar la organización judicial en el territorio de la comunidad autónoma y ser última instancia allí donde la primera haya tenido lugar en un órgano judicial radicado en el territorio de la comunidad autónoma. Es
importante comprender bien esto, porque si no se comprende bien esto se puede no solamente perpetrar errores de percepción imperdonables cuando se quiere hablar y trabajar en serio a favor de los derechos de la ciudadanía, sino también distorsionar
enormemente el debate que merece esta cuestión en este Congreso de los Diputados -espero que no suceda- en la defensa de la enmienda a la totalidad que, en ejercicio legítimo de sus responsabilidades, ha decidido interponer el Grupo Parlamentario
Popular. Salgo al paso de esa argumentación que pretende que darle al Tribunal Superior de Justicia la función que le corresponde como culminación de la sucesión de instancias en territorio de la comunidad autónoma puede perjudicar la función que
la Constitución quiere preservar para el Tribunal Supremo. No, el Tribunal Supremo tiene y debe tener la función de garantizar la uniformación de la interpretación de la legalidad. Pero eso no significa que el Tribunal Supremo tenga que ser última
instancia, porque la casación no es una instancia más. Y no es por tanto aceptable que transijamos con una anomalía o una patología largamente registrada en nuestra experiencia jurídica, como es la de que en el Tribunal Supremo se ventilen genuinos
juicios de instancia y no de casación. Es el caso de la tercera instancia que tiene lugar tan a menudo en la Sala primera de lo Civil y es el caso de la segunda instancia que, por defecto de una segunda previa, que debió haber concluido la sucesión
de instancias antes de llegar al Supremo, tiene lugar en la Sala segunda de lo Penal. Lo correcto es que el Tribunal Supremo tenga una ocasión de garantizar la uniformación de la interpretación de la legalidad, con efectos revocatorios sobre la
sentencia casada, por tanto, sobre la sentencia sometida a la casación del Supremo. Pero no es lo correcto que al Tribunal Supremo llegue un juicio entero sobre los hechos, la interpretación del derecho y la aplicación del derecho que hayan
producido las instancias anteriores.
Ese es el trabajo que debería corresponder -y deberá corresponder a partir de la aprobación de esta reforma- a esa segunda instancia, que habrá que ubicar en alguna otra jurisdicción previa y en particular en materia penal ante las
audiencias provinciales, cuando la apelación se corresponda con el juicio de un Juzgado de lo Penal, o ante la Sala de lo Civil y lo Penal, cuando se corresponda con la apelación interpuesta contra sentencias dictadas en primera instancia por las
audiencias provinciales. Así estaremos prestando un servicio al amejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico, de su garantismo, de su eficiencia, de su certidumbre y, en definitiva, de sus rendimientos para los derechos de la ciudadanía. Es lo
que queremos hacer con esta reforma del recurso de casación en los tres órdenes que lo requieren. Porque vaya por delante que la jurisdicción social es utilizada, no por casualidad, sino por muy buenas razones de técnica legislativa, como el
paradigma de la jurisdicción que funciona de manera correcta en el Tribunal Supremo. Por ello, las tres jurisdicciones que resultan afectadas por esta reforma serán: la Civil, la Penal y la Contencioso-administrativa, es decir, las salas primera,
segunda y tercera del Tribunal Supremo, que es el que se ocupa de la casación.
En lo civil, garantizamos la finalidad unificadora, a través de la técnica del interés casacional civil. Se efectúa una reforma de la jurisdicción del Tribunal Supremo en modo que, para empezar, se suprime el recurso llamado extraordinario
por infracción procesal que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil y que hasta el momento no ha tenido ninguna articulación práctica, ninguna articulación normativa de desarrollo, pero que, a la luz de la experiencia y de la doctrina que ha
ilustrado la implantación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no produce ningún beneficio. Por el contrario, introduce confusión en la medida en que impide distinguir correctamente aquellas ocasiones en las que lo que se invoca es una infracción
procesal originada en segunda instancia, con respecto de aquellas casaciones interpuestas por infracción de ley material en cuanto al fondo o a aspectos puramente procedimentales regulados en las leyes procesales. Se amplía la competencia de la
Sala de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia, en el ámbito civil, al conocimiento propio de todo el derecho civil, foral o especial que la Constitución reconoce como acervo legislativo de las comunidades autónomas que lo
poseen y que tienen competencia para su conservación, modificación o desarrollo. Además se introduce una reforma que tiene su importancia y no es solamente técnica, porque garantiza la uniformación de la interpretación del derecho foral, civil o
especial, de naturaleza
autonómica al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. De modo que se permite que, cuando se invoca el derecho civil vinculado a la vecindad civil de una comunidad autónoma, ante la apelación y en su caso ante la casación
del derecho civil, foral o especial, el tribunal que deba resolver ese asunto sea el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que ostenta ese acervo de derecho civil, foral o especial.
Es el caso, por ejemplo, de que una persona con vecindad civil en Cataluña pueda plantear un proceso sucesorio, regulado por tanto por este aspecto de derecho civil foral o especial, ante los juzgados de Madrid, que aplican el derecho civil
catalán porque es el derecho de la persona, es el derecho personal, no el derecho de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Sin embargo, en el caso de que deba ser recurrido, solo puede serlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el
que tiene la competencia para uniformar la interpretación de la legalidad del derecho civil, foral o especial. Actualmente esto no es posible; no es técnicamente posible recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una sentencia
interpuesta en primera instancia en lo civil por un Juzgado de lo Civil de Primera Instancia radicado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto no solamente posibilita la uniformación del derecho civil, foral o especial, por cada
comunidad autónoma que lo posea, a través de su jurisdicción civil en el Tribunal Superior de Justicia radicado en el territorio de esa comunidad, sino que posibilita también la igualdad de recurribilidad de las resoluciones dictadas en primera
instancia, de modo que se independizan de cuál haya sido la radicación territorial del juzgado que haya debido entender de ese derecho personal en primera instancia.
Se introducen toda una serie de reformas técnicas en el orden procedimental de la jurisdicción civil que mejorarán su eficiencia, introduciendo también un recurso de casación en interés de ley que se confía al ministerio fiscal para
uniformar la interpretación de la legalidad cuando resulte pertinente, aun cuando no haya de modificar la situación jurídica consolidada a partir de las sentencias dictadas sobre el caso particular. La casación en materia penal complementa esta
generalización de la segunda instancia en cumplimiento de los tratados internacionales, el europeo de derechos humanos y el Convenio internacional de derechos civiles y políticos al que antes hice referencia. Serán recurribles en casación todas las
sentencias dictadas en segunda instancia por delitos cuya pena importe, conjunta o separadamente, tres años de privación de libertad. Esto significa, para empezar, una extensión de la jurisdicción en casación del Tribunal Supremo con respecto a la
situación que actualmente conocemos y significa también una oportunidad, que en el curso del tiempo se desplegará enteramente, de que la jurisdicción del Tribunal Supremo pueda entender de todos los tipos del Código Penal, siempre y cuando, en
concurso o individualizadamente, hayan concurrido en la determinación de una pena privativa de libertad que supere los tres años de cárcel.
Además, en la vertiente procedimental se introducen también algunas reformas específicas que intentan no solamente potenciar las funciones procesales del secretario judicial, de acuerdo con los mandatos de modernización del reparto de la
tarea y la distribución de funciones a los que antes hice referencia y que están relacionados con el nuevo modelo de oficina judicial, sino también reforzar las garantías en el orden jurisdiccional penal de cara a los derechos del ciudadano. Por
supuesto, la casación en la Sala segunda del Tribunal Supremo dará oportunidad de uniformar la jurisprudencia penal producida en segunda instancia por las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia, las audiencias
provinciales o la Audiencia Nacional, naturalmente, siempre que se produzca contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para resolver precisamente esa contradicción, o no exista uniformación y por tanto no exista una doctrina
jurisprudencial uniforme disponible hasta esa fecha.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, y basándonos de nuevo en el interés casacional, se permite al Tribunal Supremo, en su Sala tercera, unificar la doctrina en la interpretación del derecho del Estado y del derecho europeo, al
tiempo que se potencia la capacidad de las salas de lo Contencioso-administrativo de los tribunales superiores de Justicia de poder dictar jurisprudencia como corresponde, también con valor de uniformación de la interpretación de la legalidad, que
es propia y distintiva del acervo administrativo, de la legalidad administrativa, en las competencias que les son propias de las comunidades autónomas. Por tanto, se reserva para el Tribunal Supremo la uniformación de la interpretación del derecho
del Estado y del derecho europeo, de modo que se afirma de nuevo esta homogeneización de la función casacional, que corresponde al Tribunal Supremo en los distintos órdenes de la jurisdicción.
Los elementos comunes de esta reforma de la casación que estamos promoviendo me parece que están claros a estas alturas de mi exposición -bien que apretada-, del recorrido, que técnicamente, sin duda, es prolijo, complejo, y va a requerir
del trabajo concienzudo y pormenorizado de estas Cortes Generales y del Congreso de los Diputados en las distintas fases de tramitación y yo invito a involucrarse a fondo en el mismo a los grupos parlamentarios, a través de la ponencia, en la fase
de Comisión, y finalmente en el debate en Pleno que, en su votación definitiva, de nuevo tendrá lugar en este Congreso de los Diputados, dada su naturaleza de ley orgánica. Pero pueden ser de nuevo sintetizados aludiendo a la cristalización de esa
finalidad unificadora que debe caracterizar a la función interpretativa de la legalidad, que corresponde a la jurisdicción del Tribunal Supremo en casación, a la voluntad de hacer bueno el mandato constitucional de ver en los tribunales superiores
de Justicia la culminación de la organización judicial del territorio de la comunidad autónoma y darles una oportunidad de garantizar la interpretación de la legalidad que les corresponde, que es propia de su acervo y de sus competencias
legislativas,
en los ámbitos civil y contencioso-administrativo, toda vez que la legislación penal, como es perfectamente conocido por todas SS.SS, es competencia exclusiva y excluyente del Estado, no solamente porque así la reserva para el Estado el
título competencial, en el artículo 149.1.6º de la Constitución, sino porque el derecho penal solo puede ser legislado por ley orgánica que, por su propia naturaleza, solo puede ser obrado por las Cortes Generales. Porque la ley orgánica es una
modalidad de acción legislativa y es una fuente del derecho que la Constitución reserva de manera exclusiva y excluyente a las Cortes Generales; no es compartible por tanto por las comunidades autónomas.
Esto me permite concluir que está completamente fuera de lugar evocar, siquiera de manera estrambótica, la imagen de una deconstrucción del derecho penal del Estado, que conduciría a la apertura de distintos derechos penales disponibles para
las distintas comunidades autónomas.
Con ello salgo al paso también de la lectura igualmente estrambótica que se ha efectuado desde distintos ámbitos de opinión acerca de la afectación de esta reforma procesal y orgánico-judicial a la unidad del
Poder Judicial y, yendo más lejos aún, a la unidad del Estado y a la unidad de España. Déjenme decir con claridad que todas esas figuras retóricas solo pueden explicarse -esto lo diré con rotundidad, porque lo he hecho en más de una ocasión en todo
tipo de tribunas- desde la fatuidad, desde la ignorancia o desde el desprecio a la verdad, que no resiste el menor contraste con la lectura del material legislativo que tenemos entre manos, con la lectura del verdadero contenido, que es disponible
para cualquiera, disponible para estas Cortes Generales, disponible para la opinión especializada y para el conjunto de la opinión pública, a través del contraste directo de las fuentes sobre las que estamos trabajando, de los documentos sobre los
que estamos trabajando, su verdadero contenido y su verdadero alcance. El Poder Judicial está determinado en la Constitución por los principios de unidad e independencia. Excuso decir que no resulta en absoluto necesario que yo consuma un minuto
de tiempo en reafirmar que, como no podría ser de otra manera, así va a seguir siendo. Es más, lo que afirmo es que va a salir reforzada esa unidad del Poder Judicial y va a salir reforzada esa eficiencia y esa capacidad del Poder Judicial de
resolver pleitos en derecho y satisfacer de manera efectiva el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a través de estas reformas procesales, y de manera especial en los ámbitos jurisdiccionales a los que afecta de forma
más incisiva: el ámbito civil, el ámbito penal y el ámbito contencioso-administrativo.
La razón es simple, la razón es que el sistema judicial español padece lentitud e ineficiencia y es imprescindible que el legislador se emplee, para intentar hacer frente a esos males largamente detectados e incontestables, indiscutibles, en
cualquier análisis serio sobre los problemas y las patologías de nuestro sistema judicial. Hacer que cada escalón de la arquitectura del sistema judicial cumpla mejor su función es hacer que los derechos merezcan mejor y más segura protección, es
hacer de la justicia en su conjunto un edificio inteligente en el que cada escalón cumple mejor su trabajo distintivo, sin solapamiento ni interferencia con el siguiente, y es hacer que el conjunto del sistema funcione mejor, es decir, que los
derechos estén mejor protegidos en el conjunto del ordenamiento jurídico. Eso, en definitiva, es hacer que la justicia sea más ágil, es ayudar a que no tenga que llegar todo ni de cualquier manera al Tribunal Supremo y que, haciendo eso, tampoco
tenga que llegar todo ni de cualquier manera al Tribunal Constitucional. Nadie puede estar satisfecho en una situación en la que al menos 50.000 asuntos penden cada año de su resolución por el Tribunal Supremo; nadie puede estar contento en una
situación en la que al menos 10.000 asuntos que tienen que ver con derechos procesales penden cada año de la invocación de algún amparo ante el Tribunal Constitucional.
Quiero concluir afirmando que de esta manera estaremos ayudando a que cada escalón del sistema judicial cumpla mejor su trabajo. Traigo a colación una cita que encabeza uno de mis trabajos como profesor de Derecho acerca de los problemas
del sistema judicial español. Es una cita cargada de ironía, con un estilo muy sarcástico, propio del humor británico.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Termino.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): No, no, el Gobierno no tiene limitación de tiempo. Lo que sí quisiera pedir nuevamente es limitación del tono general a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Concluyo con una cita, decía, cargada de ironía y de humor británico. La cita es de Lord Chancellor, ministro de Justicia británico, en 1910. En la cita dice lo siguiente: La función de los
tribunales de instancia es la de ser ágiles, eficientes y responsables de sus errores, lo que no quiere decir que la función de los tribunales de apelación sea ser lentos, ineficientes e irresponsables de sus errores, porque eso sería usurpar las
funciones del Tribunal Supremo. Esa cita describe males de la justicia, que no han sido solo los propios del sistema judicial británico hace un siglo, sino de muchos ordenamientos procesales y judiciales que tienen el mandato de mejor proveer a la
protección de los derechos de la ciudadanía. Y es la misión del legislador acometer con coraje reformas, para hacer posible esa mejor protección, de modo que no exista lentitud, ni ineficacia, ni incertidumbre, ni desigualdad, ni mucho menos
irresponsabilidad del sistema; tampoco irresponsabilidad del legislador a la hora de promover las reformas que resultan en cada momento histórico adecuadas y oportunas.
Quiero decir que estas reformas están en el programa que trajo al Gobierno al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, están en su discurso de investidura y están desde luego en mi compromiso con la Cámara en mi primera comparecencia ante la
Comisión de Justicia. Se corresponden además con mandatos profundos de nuestro ordenamiento y del trabajo de esta Cámara en la anterior legislatura. La Ley Orgánica 19/2003, que ordenó la oficina judicial, recibió el voto de quien entonces estaba
en el Gobierno y su grupo parlamentario, la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso resulta difícil de comprender que hoy esta ley, que prosigue ese objetivo que es el de todos, y así debe ser, con enmienda a la totalidad, tenga el voto en
contra del Grupo Popular. Es el trabajo de todos intentar mejorar nuestro sistema judicial y esperamos que en el curso del trabajo parlamentario, recibiendo las aportaciones, que serán pertinentes y oportunas, del debate que tenemos por delante,
hagamos un servicio a las necesidades de una justicia que tiene problemas muy serios y que está requiriendo de una tarea que esté a la altura de las necesidades, con impulso reformista, con ambición de cambio, pero con un compromiso muy profundo y
muy sincero con los derechos de la ciudadanía que la Constitución protege y, de forma muy especial, con los derechos del artículo 24 de nuestra Constitución: tutela judicial efectiva, derecho a un juicio debido con todas las garantías y, de forma
también muy especial, garantía de la libertad y de la seguridad en el proceso penal. Esto es lo que estamos haciendo con esta reforma.
Agradezco, como siempre cuando defiendo en el inicio de un trámite parlamentario una iniciativa legislativa, el trabajo que ahora les toca efectuar a SS.SS. en el debate parlamentario que tenemos por delante.
Agradeceré en su momento la
aprobación de esta ley orgánica con la mayoría absoluta, que es la que la Constitución obliga y que es la que espero obtener al final del trámite del concurso de sus señorías.
Muchísimas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, por tiempo de quince minutos, tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señorías, señor ministro, la verdad es que S.S. hace siempre un uso moderado de la tribuna, sobre todo cuando forma parte del Gobierno. Si además le estimula el presidente, pensábamos que no
llegaba el momento de concluir, pero bueno.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Padilla. El presidente ni estimula ni deja de estimular, se limita a cumplir el Reglamento.
Muchas gracias.
El señor PADILLA CARBALLADA: Es así, es así.
Señor ministro, no me resisto, antes de intentar sintetizar lo que es nuestra enmienda de totalidad, a hacer algún comentario sobre su intervención, porque, como es lógico y natural, la he escuchado con toda atención. Me sorprende que usted
hable de desprecio a la verdad y de desprecio a la inteligencia a quien, en definitiva, se posicione con mayor o peor fortuna, y supongo que no se refería a nosotros, que estamos en esta Cámara, sino a la propia sociedad, que naturalmente puede
considerar que lo que usted vierte con esa expresión es un insulto a su inteligencia, que a lo mejor no le parece a S.S. suficiente pero que es la que es y tienen la que tienen, buena o mala.
Señor ministro, mientras le escuchaba y escuchaba su referencia a la reforma de la oficina judicial pensaba que podríamos hablar de muchas cosas. Entendemos que la plasmación que hace de lo que han sido los trabajos magníficos de estos años
tendrían que cristalizar en una mejora mucho más profunda de esa oficina judicial -es algo que ya se debatió el otro día en la Comisión y yo no voy a insistir en ello-, pero como S.S.
lo ha mencionado le digo que efectivamente no nos gusta,
consideramos que es insuficiente, que de algún modo capitaliza poco y mal la experiencia que todos estos años ha supuesto la puesta en práctica incluso de un plan de oficina judicial y de experiencias piloto y, en definitiva, creemos que los deberes
del prelegislador han sido insuficientes. Nos podremos equivocar y tener problemas de inteligencia, pero es nuestra apreciación.
Le voy a contar una anécdota, señor ministro, para que vea usted cómo mudan los tiempos. Cuando yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial, hace ya bastantes años, resulta que en uno de esos planes de apoyo a la Audiencia de
Granada, recuerdo, vimos el número de señalamientos que las distintas secciones de esa audiencia hacían todas las semanas, y resulta que la sección atrasada lo estaba, supongo que, entre otras razones, porque solo señalaba tres de los cinco días
hábiles de la semana y cuatro señalamientos, cuando las demás secciones de esa misma audiencia señalaban seis o siete. Quien le habla, seguro que con osadía, planteó: yo creo que habría que recordar a esa sección la conveniencia de esforzarse más
y de señalar también en esos dos días que no señala y a su vez que esos días haya más señalamientos. Los miembros de la Comisión permanente, entre los que entonces se encontraba la actual vicepresidenta del Gobierno, me reprocharon semejante
pretensión diciéndome que eso era jurisdiccional, que cómo iba el Consejo General del Poder Judicial... Cómo han cambiado los tiempos para que ahora sea el secretario judicial el que señala, señor ministro. Solo es un comentario histórico, quizás
hablar por hablar, pero se ve cómo efectivamente las verdades absolutas a veces mudan cuando efectivamente no lo eran. Ahí es donde probablemente esté la verdad y la verdad no de la inteligencia sino la verdad de la razón, que yo creo que es en la
que naturalmente nos tenemos que esforzar.
Dicho eso, señor ministro, hay que reconocer que escucharle a usted es un placer, en el sentido de que usted habla
y habla, con rapidez, con verbo florido -no tengo ningún inconveniente en alabarle-, y hay que reconocer que casi consigue usted, en un día como hoy, aunque esté algo nublado, a plena luz del día, como estamos, que alguno que pase por ahí,
si usted le dice que es de noche, después de escucharle crea que es de noche. Pero después de acabar la retórica, evidentemente, y una vez abiertos los ojos de la razón, uno vuelve a ver que las cosas son como eran antes de su intervención, que,
como digo, es tan hábil y tan sutil que muchas veces puede llegar a confundir.
¿Quiere usted saber la razón de la enmienda de totalidad? Se la voy a dar.
Ustedes nos están invitando todos los días al disenso. Ayer mismo, la vicepresidenta del Gobierno recordaba, con ocasión de una de las preguntas de control: es
que ustedes no impugnaron, ustedes no recurrieron, ustedes en ese momento no disintieron. Parece que ahora hay como un examen de qué se recurre, en qué se disiente y en dónde hay coincidencia. Nosotros no queremos que quede ninguna duda de que
este proyecto no nos gusta. No nos gusta especialmente en lo que concierne, naturalmente, al recurso de casación, como usted ya ha podido intuir, con bastante razón. Y no nos gusta por una razón, a nuestro juicio, muy clara, que ya hemos puesto de
relieve en otros momentos del debate político y legislativo de estos días. Como dijo el señor Astarloa en el debate del título III del proyecto de Estatuto, de nuevo Estatuto -dejémonos de eufemismos, no es una reforma, es un nuevo Estatuto-,
llevamos 25 años debatiendo, entre otras cosas, lo que hoy, por ejemplo, nos convoca, lo que convocaba entonces allí, que era la sustitución real del Tribunal Supremo por los tribunales superiores de Justicia y el cambio de la casación. ¿Qué es lo
que ahora viene aquí? Esto es consecuencia de aquello y por eso lo apresurado de su acción prelegisladora y probablemente por eso la falta de sistemática de la misma. En esa intervención, también se refirió el señor Astarloa a un sistema en el que
resultará que de la aplicación de la ley se aparta al Tribunal Supremo de ser lo que debe ser, que no es ni más ni menos que lo que S.S. ha dicho, que es lo que señala el artículo 123 de la Constitución, que dice que es el tribunal superior en
todos los órdenes; pero es curioso que de forma muy reiterada intentan olvidar algo muy importante que también dice el artículo 123, que es con jurisdicción en toda España. Jurisdicción es jurisdicción y son esfuerzos dialécticos decir: no, es
que los tribunales superiores de Justicia culminan la organización judicial. ¿La organización judicial es sinónimo de jurisdicción, en ese sentido profundo que el señor ministro daba a esa expresión y en el sentido real que le da este proyecto de
ley?
Pues bien, esta enmienda a la totalidad, señor ministro, tiene esa razón y es que nos parece que este proyecto, que tiene cosas buenas, como la segunda instancia penal, no lo negamos, es incapaz de reformar la casación para su mejora y para
el mejor funcionamiento del Tribunal Supremo. Recurso de casación y Tribunal Supremo tienen una vinculación tan íntima y estrecha que son realmente inseparables. Tampoco plasma una reforma de la oficina judicial como la que nosotros pretendíamos.
Señor ministro, sé bien que esa retórica suya incluso le va a permitir salir todavía -al disponer de más tiempo- a contradecirnos, pero quiero dejar plasmado aquí, de la manera más sintética posible, cuál es nuestra posición. El proyecto de
ley tiene otro reparo que determina la total disconformidad de nuestro grupo parlamentario con el planteamiento que del recurso de casación se expresa, en lo que concierne a los supuestos y requisitos de admisibilidad. La unificación de doctrina,
sea cual sea el planteamiento que se acoja, no puede llevarse a cabo de manera razonable si se suma el requisito de una determinada cuantía litigiosa al interés casacional como elemento que determine el acceso al recurso. La concurrencia de ambos
requisitos en modo alguno supone un refuerzo de la función que el Tribunal Supremo debe desarrollar y aleja a los litigantes del derecho a un recurso que es el único de carácter extraordinario y en el que en definitiva descansa en gran medida la
garantía de igualdad en la aplicación de la ley. Por supuesto, de los tres tipos de recursos a los que la doctrina se refiere y que no son otros que el recurso ordinario de casación, el recurso de unificación de doctrina y el recurso en interés de
la ley, prácticamente desaparece el primero; no se perfecciona el segundo, sino que se dificulta, y el tercero, efectivamente, recibe algún refuerzo, pero de este recurso en interés de la ley le diría que coincido -este es un tema de opinión
doctrinal- con lo que ha dicho Garberi, y que González Pérez ha recogido, en sus comentarios, por ejemplo a la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa, en el sentido de que el mantenimiento de la casación en interés de la ley en un
concreto ordenamiento procesal obedece exclusivamente a una defectuosa configuración legislativa del sistema de resoluciones susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de casación ordinario. Si seguimos esta línea doctrinal -que
naturalmente es discutible, como todas-, resulta que su reforma, que efectivamente tiende a refozar la idea del recurso en interés de la ley, en el fondo lo que hace es hacer entrar en crisis al resto de la regulación del recurso de casación.
Señor ministro, evidentemente, el Pacto de Estado por la justicia decía lo que decía y allí nosotros convinimos en el diálogo y en que había que reforzar el papel de los tribunales superiores de Justicia e incluso darles un papel casacional.
Pero de aquello a esto hay exactamente la misma medida del cambio que han experimentado ustedes en la metamorfosis de oportunidad resultante de la posibilidad de ejercer el poder en este momento con los apoyos que tienen. Esa es nuestra convicción
y, en definitiva, ese es el cambio que los separa del fondo del pacto, aunque ustedes intenten aferrarse a la letra en lo que les pueda convenir.
Quisiera ir terminando, señor ministro. No somos nosotros quienes decimos que el recurso de casación sea esas cosas, sino una persona muy considerada en su grupo parlamentario, que ha sido ministro socialista, vocal del Consejo General del
Poder Judicial a propuesta del PSOE, presidente del Consejo de Estado designado por el Partido Socialista y que ha sido diputado socialista, alguien, por lo tanto, a quien ustedes tienen un enorme respeto -nosotros
también respetamos su prestigio profesional; por eso lo traigo a colación-, que es don Fernando Ledesma, quien seguro todavía tendrá algún porvenir en un futuro próximo y quien en su trabajo sobre el Tribunal Supremo y la jurisdicción
Contencioso-admnistrativa, recogida en Diagnosis de la jurisdicción contencioso-administrativa, perspectivas de futuro, Cuadernos de derecho judicial del Consejo, páginas 20 y 31, decía -supongo que les servirá el argumento y la cita-: 'De los
artículos 123 y 152 de la Constitución española se desprende la voluntad constitucional de asignar al Tribunal Supremo las competencias precisas para que, mediante los instrumentos procesales idóneos, que la Constitución española tampoco determina,
pueda garantizar en España una interpretación uniforme del derecho estatal y europeo'. Confronte, señor ministro, esa afirmación con lo que el proyecto prevé en la casación de este orden jurisdiccional. Usted puede decir y reiterar, floridamente o
no, que todo eso queda garantizado. Nosotros trabajaremos -ya lo hemos hecho en la redacción de las enmiendas- con tanta dedicación como nos permita nuestro tiempo y con tanta inteligencia como la que tengamos para intentar enderezar esto, pero,
desde luego, nosotros no compartimos en absoluto que esto mejore y que lleve justamente a esta afirmación que hace el señor Ledesma, quien decía algo más en esa misma obra a la que le remito.
Decía: Despojar al Tribunal Supremo de esa función
unificadora de la interpretación del derecho estatal, función que está en el origen histórico de su existencia y que constituye su principal razón de ser, supone introducir el riesgo de diferentes interpretaciones por cada uno de los tribunales
superiores de Justicia de las comunidades autónomas, trasladando al Tribunal Constitucional, vía recurso de amparo -lo que usted decía que iba a descender, pero que va a aumentar hasta que decidan si saben y pueden, y en ese momento están, en el de
la responsabilidad de arreglarlo- la competencia para resolver si la sentencia a distancia ha vulnerado o no los derechos fundamentales amparados por aquellas normas estatales.
Señor ministro, el Tribunal Constitucional no es un órgano de conformación de la doctrina legal por la vía de aplicar el artículo 14 de la Norma Fundamental, como ha dicho en su sentencia 247 de 1993 -fíjese lo que ha llovido-. Esta función
de unificación de la doctrina corresponde a los órganos superiores de la jurisdicción ordinaria, a través de los recursos de casación o revisión, siendo pues sus criterios los que resultan vinculantes como fuente complementaria del derecho, según el
artículo 1.6 del Código Civil, sin perjuicio de la evolución de la propia doctrina originada en los órganos superiores o en la confirmación de resoluciones suficientemente fundadas de sus inferiores. De ahí que es grande y decisiva la vinculación
entre el recurso de casación y la función que el Tribunal Supremo está llamado a desempeñar. Estas palabras las pronunció el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, en una de las aperturas del año
judicial con ocasión de glosar los desencuentros entre el Tribunal Supremo, este, el del artículo 123 de la Constitución, señor ministro, y el Tribunal Constitucional.
En definitiva, mostramos nuestra disconformidad con innovaciones que ponen en tela de juicio todo el proyecto. Por ejemplo, la que se contempla en el artículo 879 bis, que establece de forma inviable, a nuestro juicio, que la interposición
del recurso de casación no suspenderá la ejecución de la sentencia impugnada, de tal suerte que el recurso de casación no tiene efectos suspensivos en el orden jurisdiccional penal, por cierto -ya intentaremos arreglarlo nosotros si ustedes siguen
con esta tocata- en contradicción con la redacción que el mismo proyecto, el suyo, este, da al artículo 988, que solo autoriza la ejecución de las sentencias firmes, que son aquellas -el artículo 141 de la ley es lo que dice- contra las que no cabe
ningún recurso ordinario ni extraordinario.
Suponemos que el recurso de casación sigue siendo un recurso extraordinario, suponemos, y eso es lo que dice el artículo 141, porque lo único que excluye el artículo 141 -que sigue vigente, y ustedes no
lo modifican, después de esos trabajos ímprobos-, son los de revisión y rehabilitación.
Termino, señor presidente, señor ministro. El tiempo es absolutamente hostil a la oposición. En la oposición casi todo es hostil, el tiempo también. Todavía nos resultan más sorprendentes los deberes que les ponen a los recurrentes en la
búsqueda y obtención de la solicitud de certificación, con plazos más cortos para deducir y formalizar el recurso de casación de unificación de doctrina. Eso debería aliviarse y facilitarse. Nosotros lo propondremos así para que vea que ya hemos
considerado el resultado fatal de esta enmienda de totalidad, en la que solamente hemos querido poner de relieve nuestro absoluto desacuerdo con los planteamientos que ustedes traen en este proyecto de ley, que es hijo de la necesidad política. Si
la necesidad es virtud, será virtuoso, en otro caso no. Nosotros en ese camino queremos que sepan que, para que no quepa duda, nunca nos van a volver a reprochar: ustedes no impugnaron, no dedujeron enmiendas de totalidad, no discreparon. Sí
discrepamos, sí deducimos la enmienda de totalidad, sí decimos que no estamos de acuerdo y sí manifestamos que no estamos de acuerdo en el porqué, en esa visión e interpretación del artículo 123 de la Constitución. Un Tribunal Supremo es un
Tribunal Supremo único para un recurso de casación único que tenga los fines que la doctrina básicamente sigue relatando para este tipo de recurso extraordinario, capaz de interpretar, para unificar el Poder Judicial, la aplicación de la ley, que en
definitiva es lo que el Tribunal Constitucional ha hecho descansar en los juzgados y tribunales, que en el vértice de la pirámide tienen -porque lo dice la Constitución mientras no la cambien- al Tribunal Supremo.
Señor ministro, como decía Carlos V, la razón de Estado -porque en esto hay una razón de Estado, un poco barata, pero razón de Estado- no se ha de oponer al estado de la razón. Nosotros vamos a intentar seguir por el estado de la razón, en
definitiva, por la razón del Estado, y, desde luego, el diseño de la norma fundamental vigente es nuestra referencia y esta modificación la harán
con los votos de su minoría de conveniencia, pero, téngalo claro, no con los nuestros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Padilla.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) En ese caso, pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Desea intervenir el Grupo Mixto? (Denegación.) Señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y lo haré con brevedad en atención al tiempo de los debates ininterrumpidos que llevamos en el día de hoy en el Pleno desde las ocho de la mañana.
Pocas veces se ve la llegada de un proyecto del Gobierno con la extensión con que se nos ha presentado tipográficamente. Hay que remontarse a cuando hemos tenido debates, sobre todo en el área de justicia curiosamente, cuando aquí, en
anteriores legislaturas, se hizo la modificación del Código Penal, que fue uno de los documentos que exigen que el proyecto del Gobierno no sea una simple modificación de media docena de artículos, sino que hay que entrar en profundidad. Creo
recordar que en el Boletín Oficial de las Cortes Generales son 183 las páginas que se dedican al texto que ha remitido el Gobierno. Esto da idea de la envergadura de los contenidos que se han plasmado en el mismo.
Mi grupo quiere hacer una primera valoración y es positiva. Este proyecto, con los trámites que tengamos en ponencia y en Comisión, puede ser no solamente corregido y aumentado en muchos aspectos, sino que también se puede encontrar, en una
concordia de pareceres y de consenso, un refuerzo en la necesidad de agilizar, de renovar, en una palabra, de actualizar con un rejuvenecimiento de procedimientos el ritmo de aplicación de la justicia. Creo que también ha llegado el momento de que
nos planteemos con exactitud de pensamiento intelectual en la filosofía del derecho que sentencias dilatadas son sentencias injustas; es decir, por mucho que las garantías procesales y de procedimiento lleguen al final, si están dilatando todos los
procesos de sentencias judiciales, se está haciendo un mal servicio al principio de inmediatez, dentro, por supuesto, de la seguridad jurídica máxima de todos los aspectos para el justiciable.
Tengo que reconocer aquí la labor que ha hecho el
equipo del Ministerio de Justicia, su ministro y todo su equipo para la redacción a la que se ha llegado.
Me voy a centrar en las ideas que mi grupo no ha enmendado pero que quiere destacar, como la doble instancia penal, que es una afortunada fórmula, así como en todas aquellas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se
establecen en este proyecto que envía el Gobierno.
Posiblemente la parte más novedosa pueda estar en los recursos que quedan en el ámbito del Tribunal Supremo. Mi grupo quiere valorar de manera especial la figura del recurso de apelación. A veces
nos hemos olvidado de que, antes del recurso de casación, la justicia tiene una serie de instrumentos procesales que es necesario agilizar, actualizar y, por tanto, modernizar en aras del principio que está en nuestra Constitución de garantías del
justiciable, y sobre todo si se pueden reforzar las garantías de procedimiento, de no dilación de espacios temporales, de no idas y venidas en distintas instancias jurisdiccionales. Quiero destacar aquí la modificación que se hace del capítulo III
y que nosotros destacamos cuando venimos a regular los recursos contra providencias, autos y sentencias y contra resoluciones del secretario judicial, porque aquí hay uno de los grandes factores de lentitud en la tramitación de muchos actos de
justicia, el recurso de apelación. Por supuesto, nosotros creemos que en el artículo 86 hay fundamentalmente un nuevo capítulo de doctrina, de filosofía del derecho en cuanto a que aquí se va a regular lo que es el principio del recurso de casación
en la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Creemos que es muy acertada la ordenación que se ha hecho y, sobre todo, dar entrada al recurso que presenta
interés casacional. Abre aquí también una oportunidad de un gran sentido positivo de doctrina del derecho, que viene a fijar, y veremos la jurisprudencia qué va diciendo, el interés casacional, porque esto nos puede permitir un avance de futuro muy
sólido y muy necesario.
Aprovecho para felicitar al señor ministro por que se haya introducido en el proyecto que nos envía el Gobierno la definición, que el tiempo la irá perfeccionando y consolidando con la jurisprudencia, del denominado interés casacional, sobre
todo cuando está reservado a unas áreas de competencia del Tribunal Supremo, porque, efectivamente, coincido con el señor ministro en que hemos leído opiniones, no sé si de profanos o intencionadamente tergiversadoras, como si fuera esto una poda de
capacidades dentro de órganos jurisdiccionales del recurso de casación y solamente quedara el Tribunal Supremo como una especie de paraíso de los altos magistrados que lleguen al mismo para ejercer solamente la unificación de doctrina. La
unificación de doctrina tendrá sus apartados y sus ubicaciones respectivas con todas las garantías posibles.
Señor ministro, esto es lo que queríamos destacar, sobre todo cuando en el recurso de casación toma un interés fundamental no solamente el área de lo Penal, el área de lo Civil, sino sobre toda el área de lo Contencioso-administrativo, que
es donde hoy la sociedad afortunadamente se manifiesta con mayor pluralidad en el uso de la Ley sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. Se abre un período verdaderamente apasionante. Nuestro grupo va a presentar una serie de enmiendas
que no están dirigidas a ninguna contradicción del recurso de casación, sino a otros aspectos colaterales dentro del funcionamiento desde los tribunales ordinarios de justicia y sobre todo lo que nos interesa es armonizar las competencias y
capacidades de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas con el Tribunal Supremo y la intermediación que aquí se puede hacer. Por tanto, esto nos lleva a tener que rechazar la enmienda que ha presentado de totalidad
y devolución el Grupo Parlamentario Popular. He escuchado con atención la documentada intervención de su portavoz, el señor Padilla, y creo que tiene magníficas aportaciones que por vía de enmiendas en los trámites correspondientes pueden
enriquecer el proyecto. En esta línea de cooperación nosotros nos ofrecemos al señor ministro de Justicia para contribuir con enmiendas, con consenso y con apoyos a otras iniciativas que se presenten a este respecto, valorando muy positivamente el
contenido de este documento, por la forma y la extensión de lo que significa un reto verdaderamente encomiable y un trabajo posiblemente muy cargado en la ponencia y en la Comisión, pero es un reto que los grupos parlamentarios de esta Cámara tienen
la obligación de acometer por la mejora y el prestigio de la justicia en España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Se ve que todos tenemos hoy el reto de ser breves y ninguno lo consigue.
Me he leído con cariño la argumentación de la enmienda a la totalidad y de devolución presentada por el Grupo Popular y les digo que vale lo mismo para defender la
reforma de la ley orgánica que para refutarla, porque si dice que la reforma es mala técnicamente, que es lo que figura en el primer párrafo, desde luego, los argumentos que vienen después son absolutamente rocambolescos. En primer lugar, habla de
seguridad jurídica, también de igualdad en la aplicación de la ley, de unidad del Poder Judicial y de que el Tribunal Supremo se encargue de la jurisprudencia, que se escuche una sola voz. Bien, todo eso está, señorías, evidentemente:
jurisprudencia, una sola voz; de ahí que se intente mejorar la unificación de doctrina. Se hace con mayor o menor acierto y en la tramitación parlamentaria, desde luego, mi grupo intentará mejorar lo que entendemos que debe ser la unificación de
doctrina, pero evidentemente está. Lo mismo ocurre con la unidad del Poder Judicial, la que marca la Constitución. En cuanto a seguridad jurídica e igualdad en aplicación de la ley, dice que se vulnera, pero lo que se pretende es aumentarla.
Además, con el argumento que da en el texto de la enmienda a la totalidad referido a que las sentencias no son iguales, me planteo: cuando el Juzgado número 2 dicta una sentencia distinta de la que dicta el Juzgado número 3, ¿qué tiene que haber,
solo un órgano para todo el Estado español? Porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo y son sentencias en muchos casos que no se pueden recurrir. Cuando hablan de igualdad en la aplicación de la ley hay muchas cosas que mejorar, desde
luego, pero lo más importante para la igualdad en la aplicación de la ley es mejorar la unificación de doctrina.
El proyecto pretende dos cuestiones fundamentales, que son dos frentes medulares de nuestro sistema constitucional. En primer lugar, profundizar en nuestro Estado autonómico con el desarrollo de nuestro sistema judicial a nivel autonómico y
central, y, en segundo lugar, profundizar en nuestro Estado de derecho mediante una mejor actualización precisamente de la igualdad y seguridad jurídica en la aplicación de la ley. ¿Se podría hacer mejor? Nosotros hemos presentado enmiendas para
ello, el Partido Popular también y entre todos, porque esta es una ley fundamental, debemos preocuparnos para que así sea, pero para avanzar, no para que no se mueva nada, no para que nos quedemos siempre en las leyes del Partido Popular, que parece
que es a lo que aspiran; para avanzar y para que la Administración de Justicia funcione al servicio de la ciudadanía.
Imagino que lo que más irrita al Partido Popular es el punto primero que he enunciado, sobre la profundización en el Estado autonómico. El Partido Popular vuelve a hacer una lectura sesgada de nuestro sistema constitucional a través de un
prisma distorsionado construyendo su propio análisis de la realidad... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdone, señora Navarro. Señorías, por favor, es muy incómodo tener que insistir desde la Presidencia en que hay una oradora en el uso de la palabra y que merece ser escuchada con atención. Disculpen
la interrupción, pero tengo el deber de velar por los derechos de todos. Muchas gracias.
Continúe, señora Navarro, con la intervención.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
La competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia a la que ustedes hacen referencia no elimina el título VIII de la Constitución ni elimina el artículo 152.1 de la misma, que establece que los tribunales superiores de Justicia
culminen la organización judicial en el ámbito territorial de las comunidades autónomas; ni esta competencia exclusiva obliga a la convivencia entre los tribunales superiores de Justicia y Tribunal Supremo que ustedes plantean, aunque ni siquiera
esto queda muy claro en su enmienda. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en sentido opuesto a lo que plantea el Grupo Popular, intentamos con nuestras enmiendas ahondar en la profundización del Estado autonómico y en los elementos
estructurales de nuestro sistema jurídico procesal en su dimensión orgánica. Pretendemos eliminar algunos complejos que el proyecto de ley encierra respecto a la distribución de competencias entre el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de
Justicia para avanzar en la dimensión judicial del Estado de las autonomías, así como para eliminar cargas y racionalizar el trabajo del Tribunal Supremo. Esta labor repercutirá necesariamente en una mayor especialización del máximo intérprete de
la legalidad, que es el Tribunal Supremo, en una reducción necesaria de la carga de trabajo y en agilizar el tiempo de respuesta, que, como se ha dicho, es una cuestión
fundamental para que las sentencias tengan valor. No lo haremos porque lo mandate ningún estatuto de autonomía ni porque seamos minorías extrañamente influyentes en el Gobierno, según el portavoz del Partido Popular. Lo hacemos porque
creemos que es bueno para los ciudadanos, porque creemos en esa Administración de Justicia más descentralizada que se acerque a las necesidades de la ciudadanía, sin obsesiones de ningún tipo, como tienen otros, sino que la única es el beneficio de
la gente, porque para eso trabajamos y ese es el mandato que tenemos que respetar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nuestro grupo no va a votar la enmienda a la totalidad que plantea el Grupo Popular, basada únicamente en la idea de que el proyecto que se presenta desde el Gobierno rompe con la unidad del Poder Judicial, cosa que
nosotros no creemos. Ha mencionado la idea de verdades absolutas quien representaba al Grupo Popular. Yo no vengo con verdades absolutas, señor ministro, sino simplemente a manifestarle la postura del grupo al que represento. Eso sí, me gustaría
decirle que cuando se trata de estos debates sé que no estamos ante un proceso y que por tanto la igualdad de armas no rige, pero, señor ministro, usted dispone de mucho espacio para plantear argumentos, puesto que no tiene límite de tiempo como lo
tenemos los grupos parlamentarios, mientras que cuando intervenimos en nombre de nuestros grupos estamos imperiosamente ceñidos a las limitaciones que implacablemente nos son señaladas desde la Presidencia.
El objeto de la reforma, señor ministro, es adecuar 21 leyes procesales al nuevo modelo de oficina judicial, modelo que curiosamente fue aprobado en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se operó en el año 2003, temporada
todavía de Gobierno del Partido Popular. No incidiré en cuáles son los pormenores de esta reforma -usted lo ha hecho- porque tiempo habrá para hablar de ello durante la tramitación. También nos parecen bien los objetivos complementarios que se
establecen en cuanto al fomento de buenas prácticas procesales y a la potenciación de las garantías del justiciable. Parece que hay una cierta aquiescencia en que habría que regular de una vez la doble instancia penal por ser un cumplimiento de lo
señalado en el Convenio europeo de derechos humanos y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU, y parece que también se considera corregible mediante enmiendas parciales la forma en que se articula.
La reforma del sistema de recursos es lo que suscita mayores dudas en cuanto a sus posibilidades. La existencia de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo se pretende aplicar en las situaciones que se pudieran haber producido en
aplicación del ordenamiento jurídico estatal, orientado a la unificación de doctrina, y esto a mi grupo le parece escaso. Presentaremos numerosas enmiendas parciales, señor ministro. El proyecto legislativo pretende adaptar las leyes procesales al
nuevo modelo de oficina judicial de la Ley 19/2003, ley que fue enmendada a la totalidad por nosotros. Por eso mi grupo parlamentario sigue defendiendo, como lo hizo en su día con motivo de la enmienda a la totalidad que presentó con tal ocasión,
la necesidad de adecuación del Poder Judicial a un modelo de Estado autonómico que la propia Constitución creemos que establece. Sabemos que uno de los mayores problemas que surgen es la interpretación restrictiva que se hace del principio de
unidad jurisdiccional en el esquema que propongamos, pero entendemos que esa unidad puede resolverse de múltiples maneras, ya que la Constitución permite a la Ley Orgánica del Poder Judicial completar el diseño del Poder Judicial. Esta ley orgánica
es, según reiteradas doctrinas, una ley de desarrollo constitucional y también una ley competencial por obra de los artículos 122.1 y 152 de la Constitución respectivamente, lo que permite diversos modelos del Poder Judicial igualmente
constitucionales.
Por eso lo que este grupo reclama es una reforma de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que dentro de las pautas constitucionales configure un modelo de Poder Judicial más respetuoso con el Estado autonómico, al que se
adecuen las leyes procesales, y se lo pediremos en un doble sentido, primero, en cuanto a la descentralización de la Administración de Justicia. En este sentido, queremos reformar la propia Ley orgánica -no aplicarla, sino reformarla- 19/2003, que
creemos que en definitiva lo que hizo fue vaciar de competencias reglamentarias a las comunidades autónomas con competencias en la materia. Además, seguimos insistiendo en que no es posible configurar los puestos de trabajo de este personal como
cuerpos nacionales si se dice uno respetuoso de la actuación de un Estado autonómico. Para nosotros lo que debe ser modificado, insisto, es la propia ley orgánica, además de por supuesto realizar la adecuación de las leyes procesales que se
pretenden.
En cuanto a la descentralización jurisdiccional, junto con lo que he dicho relativo a la descentralización de la Administración de Justicia, creemos que la reforma del recurso de casación que opera este proyecto trataría, según el Ejecutivo,
por un lado, de intensificar la función unificadora del Tribunal Supremo como máximo garante de la igualdad y, por otro, de potenciar a los tribunales superiores para que completen el papel de ser la cúspide de la organización judicial en el ámbito
territorial de las comunidades autónomas, como impone el artículo 152.1 de la Constitución, objetivos que ya estaban recogidos en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia. Sin embargo, según el proyecto, la ampliación de las funciones
casacionales de las comunidades autónomas solo va a tener lugar en el plano del derecho autonómico. Nuestra pretensión es otra.
Defendemos que los tribunales
superiores de Justicia desarrollen sus funciones casacionales en todas las ramas del derecho, ya sea este estatal o autonómico. De este modo se posibilitará que cumplan su papel de ser cúspide de la organización judicial en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma, como impone el artículo 152.1 que ya he citado, reduciendo el ámbito del recurso de casación ante el Tribunal Supremo a su función esencial para la unificación de doctrina, fundada exclusivamente en derecho
estatal o en el derecho comunitario. Los tribunales superiores de Justicia son órganos con relevancia constitucional y nada impide que asuman las funciones casacionales, que nosotros reclamaremos en nuestras enmiendas, si así lo establece la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Esta posibilidad es mantenida por la doctrina y reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 114/1994, de cuya línea jurisprudencial se deduce que los tribunales superiores de Justicia pueden asumir
funciones casacionales en ámbitos no solo del derecho autonómico sino también en el estatal, dependiendo del diseño que haya dado el legislador orgánico. La garantía de alto tribunal que le otorga el artículo 123 al Tribunal Supremo se reflejaría,
como ya he indicado, a través del conocimiento del recurso de casación para la unificación de doctrina del derecho estatal o comunitario. La necesaria descentralización de la justicia exige que la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolle un nuevo
modelo del Poder Judicial acorde con el modelo autonómico, y nosotros lo vamos a propugnar en nuestras enmiendas. Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial necesitará después la adecuación de las leyes procesales a este diseño -lo hemos
intentado también, señor ministro, no sin esfuerzo-, en los términos que igualmente le vamos a formular. Del texto legal proyectado se desprende con absoluta claridad, permítame que se lo diga, señor ministro, que la finalidad que persigue el
Gobierno con la reforma del sistema se reduce a descongestionar al Tribunal Supremo de su carga de trabajo y no a otra cuestión de fondo, como nosotros pretenderíamos. En todo caso, si los tribunales superiores de Justicia son configurados en la
Constitución como tribunales del Poder Judicial único, no se entiende la reticencia del Ejecutivo ni la del Grupo Popular para negarles competencia al objeto de dar cumplimiento a su condición de tribunal superior en todos los órdenes en el
territorio de una comunidad autónoma.
Señor ministro, nosotros le planteamos en nuestras enmiendas otras cuestiones, unas le sorprenderán y otras quizá menos. Aunque respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, que admite la constitucionalidad de que la Audiencia
Nacional conozca de asuntos judiciales con puntos de conexión esenciales en el ámbito autonómico, a nuestro juicio sería preciso redefinir las funciones de la Audiencia Nacional, por cuanto supone de contradicción con el principio de agotamiento de
todas las instancias en la comunidad autónoma. Enmendaremos igualmente el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recoger la fuerza vinculante de la jurisprudencia de los tribunales superiores de Justicia en relación con la normativa
autonómica y para corregir su apartado 4, que al contemplar como motivo suficiente y autónomo para admitir la casación ante el Tribunal Supremo la infracción de precepto legal constitucional pugna con el modelo diseñado de casación ante el Tribunal
Supremo solo para la unificación de doctrina que nosotros sostenemos. Enmendaremos igualmente el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de dotar a las normas forales de un nuevo régimen procesal para su enjuiciamiento
solo ante el Tribunal Constitucional, más acorde con la función de reserva material de ley que cumplen. Esta enmienda también la hemos planteado recientemente al proyecto de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. Enmendaremos también, señor ministro, los artículos 55, 57 y 58 intentando suprimir la Sala quinta, la Sala de lo Militar, del Tribunal Supremo sin que desaparezcan sus funciones, que a nuestro juicio deberán ser asumidas por la
Sala de lo Penal y por la Sala de lo Contencioso-administrativo, por las razones que explicitaremos en la enmienda al artículo 55. Somos conscientes, señor ministro, de que la ampliación de competencias de los tribunales superiores de Justicia que
pretendemos supondrá un incremento notable de la planta judicial de una manera inmediata y lo veremos en la tramitación de la norma por la que nosotros apostamos.
Quisiera concluir con una única advertencia, señor ministro. Le ruego que acompasemos los ritmos en las reformas. En este momento se están tramitando en esta Cámara dos modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las
distintas leyes procesales. Le advertimos que en el anteproyecto de ley de igualdad, que también se está tramitando en este momento, vuelve a manifestarse que han de ser modificados distintos aspectos de leyes procesales en un sentido no idéntico
al que estamos viendo en este momento. ¿Para cuándo, señor ministro, para cuándo, representantes del Grupo Socialista, un no volver loco al operador jurídico? El valor seguridad en el derecho a aplicar incumbe tutelarlo a los legisladores.
Creemos que las reformas que se hagan de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales, sobre todo cuando se hacen en el mismo momento histórico, debieran tenerse en cuenta unas a las otras -insisto- para que haya una cierta
coherencia con el contenido de todas ellas.
Como he indicado, votaremos en contra de la enmienda que propone el Grupo Popular y apostamos por la tramitación de la norma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabe que nosotros pensamos que la justicia es y ha de ser sobre todo un servicio público; un
servicio público que también, desde nuestro punto de vista, ha de ser y es mejorable en estos momentos; un servicio público que continúa con los males endémicos de hace demasiados años. Sabe usted también -porque lo hemos hablado muchas
veces- que la ciudadanía demanda inequívocamente un profundo esfuerzo de mejora y de modernización de nuestro sistema judicial. La situación de crisis y de una cierta desorganización de la justicia, sumadas a las nuevas exigencias de una sociedad
cada vez más dinámica y más compleja que presenta nuevos retos y a un incremento importante de la litigiosidad, hacen obligatorio acometer las reformas necesarias para mejorarla, y así se lo hemos expresado muchas veces.
También sabe que para
nosotros es importante que el uso del catalán, el uso de las lenguas propias de las comunidades autónomas aumente porque en estos momentos es mínimo en la Administración de Justicia.
La descentralización no existe en la estructura de organización del Poder Judicial. El Poder Judicial aún hoy, después de algunas décadas, no se adapta a la nación autonómica del Estado. La justicia, a pesar de todos los esfuerzos hechos,
no funciona bien y la Administración de Justicia no tiene credibilidad en estos momentos para la ciudadanía, es lenta y es cara, y la garantía del derecho de toda persona a recibir una justicia ágil y eficaz hoy no es todavía una realidad. Por
tanto, es necesario una importante transformación de fondo, una transformación que sitúe a la justicia de este país al servicio de las personas, más accesible y más humanizada. Desde Esquerra hemos intentado colaborar con el Gobierno español en
este sentido y nos consideramos -sépalo- partícipes y cómplices del compromiso de este proyecto de ley y del proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Somos y queremos ser corresponsables de reorientar el
funcionamiento de la justicia hacia niveles superiores de calidad. También lo afirmaron ustedes en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, pero parece que ni ustedes ni otros tienen demasiada voluntad, al menos en aquello que se refiere
a la descentralización de la justicia y a la proximidad.
La descentralización de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, con plenas competencias, es una de las medidas necesarias para democratizar la justicia. Adaptar la justicia a la
realidad autonómica significa democratizarla, significa agilizar, mejorar y normalizar la justicia. Para democratizar la justicia desde Esquerra pensamos y proponemos descentralizar el Poder Judicial y la Administración de Justicia con plenas
competencias, con la creación de un órgano propio de gobierno del Poder Judicial, un consejo judicial propio, con la creación de la figura del fiscal general en el caso de Cataluña, y redefinir las competencias de los tribunales superiores de
Justicia de manera que sean la última instancia judicial en cada autonomía y en todos los ámbitos.
Como afirma la exposición de motivos del proyecto de ley que debatimos, ustedes pactaron junto con todos los grupos parlamentarios que los tribunales
superiores de Justicia debían redefinir sus competencias atendiendo a criterios de adaptación de la justicia al Estado de las autonomías, y afrontar las reformas necesarias para lograr un funcionamiento más ágil y más eficaz del Tribunal Supremo.
Descentralización pero también mejora de la oficina judicial, y este proyecto de ley contribuye a ambas cosas.
Los señores del PP hablan una vez más de unidad y nosotros decimos que esta unidad no garantiza un mejor funcionamiento y una mejor aplicación de la justicia con agilidad, calidad, humanización y rapidez. Una función unificadora, una única
voz -dice la enmienda a la totalidad-, una sola respuesta para cada problema. Creemos que no hay nada nuevo. Como siempre, que no se mueva nada. Nosotros tampoco vamos a venir aquí camuflados de nada; somos como somos y no pretendemos engañar a
nadie.
Frente al encorsetamiento de la justicia, frente a la unidad territorial bunkerizada, frente al pensamiento cerrado cabe descentralización, pluralidad, agilidad y eficacia, sin complejos, sin traumas. Señor ministro, ante la erradicación de
los privilegios de casta y ante la descentralización siempre van a contar con la oposición eterna del Partido Popular, pero no tengan miedo de abordar los problemas desde la raíz. Den el paso con decisión de manera que los tribunales superiores de
Justicia sean la última instancia en todos los ámbitos y el Tribunal Supremo pueda ser la instancia de unificación de doctrina. No permitan que la ciudadanía tenga que desplazarse hasta Madrid cuando tengan que recurrir en última instancia.
Agilicen, abaraten los costes, normalicen la Administración de Justicia, sustituyan los cuerpos nacionales y normalicen la justicia también lingüísticamente. Sean decididos. Nosotros les apoyaremos en este paso. Desde Esquerra les interpelamos y
les instamos a hacerlo aceptando nuestras enmiendas al articulado.
No quiero alargarme más. Señorías, porque entendemos que es necesario una profunda y valiente reforma de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, nuestro grupo no puede dar apoyo a la enmienda a la totalidad que hoy presenta el
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cerdà.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro, señorías, estamos ante un debate paradójico. Hay una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por tanto de entrada hay un grupo de la Cámara que
muestra su radical oposición al proyecto que hoy ha presentado el ministro de Justicia, y para el Grupo Popular este proyecto de ley debe devolverse al Gobierno. Hay un Grupo Socialista que presumiblemente va a dar apoyo al proyecto de ley que ha
defendido el ministro de Justicia, pero existen otros grupos -si me lo permite, señor ministro, que pueden complementar la mayoría absoluta que le falta al Grupo
Socialista- que han definido su posición en este Pleno. La ha definido doña Isaura Navarro en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la ha definido don Agustí Cerdà en nombre de Esquerra Republicana; lo ha hecho la
señora Uría en nombre del Grupo Nacionalista Vasco y lo hace ahora, en nombre de Convergència i Unió, este portavoz: no estamos de acuerdo con el modelo de recurso de casación que instaura este proyecto de ley; no estamos de acuerdo. Si no varía
no podremos votar el carácter orgánico final de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley no da respuesta al texto de Estatuto de Autonomía que hemos aprobado la semana pasada en este Pleno. Así de claro, de rotundo y de
necesario es reformar el texto que hoy presenta el ministro de Justicia. Por tanto, ¿devolverlo al Gobierno? En ningún caso. Vamos a votar claramente que no a la enmienda a la totalidad. No queremos que se devuelva. Queremos que se quede y se
reforme; queremos que se quede y se modifique; queremos que se quede y sea objeto de consenso; queremos que se quede y se adapte a lo que ha aprobado este Pleno en materia de Tribunal Superior de Justicia, lo aprobado en materia de Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, y otras comunidades autónomas legítimamente lo pueden hacer también en sus estatutos de autonomía o lo podemos recoger también en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Vamos a poner un ejemplo claro. No quiero extenderme, señor presidente, pero debemos clarificar el importantísimo debate que hoy se produce en esta Cámara. Si me lo permite, el artículo 95 de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña me atrevo a decir que no se va a reformar en ningún caso en la Cámara Alta. Quiero presumir que este será el artículo definitivo del Estatuto al hablar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si es así, leemos
estrictamente lo que ha acordado esta Cámara: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial,
sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. Por tanto, estamos asumiendo una competencia y la
queremos asumir de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esta ley no puede reservar la casación únicamente al ámbito civil -porque el artículo 95 habla de los ámbitos civil, penal, contencioso-administrativo y social- ni únicamente en
materia de derecho autonómico o derecho civil o especial. Dice: De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea cual fuere el derecho invocado. Nosotros defendemos una casación para los tribunales superiores de Justicia de las comunidades
autónomas en derecho civil propio autonómico, en derecho civil propio especial, pero también en aquellos recursos mixtos referentes al derecho civil propio o al derecho autonómico propio junto con derecho estatal e incluso casación en derecho
estatal, reservando siempre la competencia que debe tener el Tribunal Supremo en la unificación de doctrina de derecho estatal ante posibles interpretaciones dispares que realicen distintos tribunales superiores de Justicia de las comunidades
autónomas. Repito, el modelo que se nos presenta está alejado de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y no hemos hecho un brindis al sol al aprobar esta reforma. Es un Estatuto que ha sido negociado, que ha sido debatido,
que ha sido objeto de múltiples debates. El texto es el que es y los legisladores tenemos el deber de adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial a ese texto de reforma estatutaria. Nosotros queremos colaborar con el Gobierno en la reforma de esta
ley, pero queremos hacerlo con el máximo respeto a lo que se ha aprobado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña e incluso a lo que fue objeto de debate en la Comisión Constitucional del pasado día 13, en la cual diputados del Parlament de
Catalunya, del PSC del Parlament de Catalunya -y está aquí el ministro Montilla-, daban valor a lo que aprobábamos al discutir el título III del Poder Judicial en Cataluña. En ningún caso el planteamiento de Convergència i Unió se va a apartar de
la Constitución; en ningún caso el planteamiento de Convergència i Unió negará la unidad del Poder Judicial, pero sí pedirá que este se adapte a la estructura autonómica del Estado.
Ahora tenemos una oportunidad para realizar esa adaptación y no
podemos desaprovecharla. No podemos aprobar coetáneamente a la aprobación del Estatuto en Cataluña una ley orgánica que niegue a ese Estatuto la potencialidad que tiene en materia de Administración de Justicia. (El señor vicepresidente, Vilajoana
Rovira, ocupa la Presidencia.) Por tanto, tenemos mucho trabajo por delante, tenemos ilusión en emprender esta reforma, tenemos ilusión en negociar el proyecto con el grupo parlamentario mayoritario y el resto de grupos de la Cámara. Hemos
presentado decenas de enmiendas a este proyecto de ley, todas en el marco de la Constitución, todas en ese afán de profundizar en la mejor adaptación del Poder Judicial a la estructura autonómica del Estado. En ese camino el Gobierno nos tendrá a
su lado, no en el camino de acomplejarnos por lo que se ha hecho en esta Cámara al aprobar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino en el de darle valor y adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial a esa necesaria reforma
que el Estatuto lleva implícita. Ahí estaremos.
Señor ministro, esta reforma es compleja, instaura la doble instancia penal y modifica más de veinte leyes procesales. Es como si fuera una ley de acompañamiento en el ámbito de la justicia. Pobres operadores jurídicos, señor ministro.
Qué trabajo ha tenido su equipo. Quiero reconocerlo de forma expresa. Qué trabajo han tenido las personas que han colaborado con el ministerio para presentar este proyecto de ley. Ese trabajo procesal que lleva implícita esta reforma es arduo,
pues hay que reformar más de veinte leyes parciales. Va a ser un trabajo complejo, pero es un trabajo que incluso en el ámbito de la doble instancia penal venía requerido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de acuerdo con
el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, artículo 14.5, que pedía entre otras esta adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Hay aspectos positivos en este proyecto de ley que deberán desarrollarse y que son
necesarios, pero -repito- hay ese grave déficit, esa grave disfunción, esa grave discrepancia entre lo que presenta el Gobierno en su proyecto de ley y lo que han aprobado este Congreso de los Diputados y la Comisión Constitucional en la propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, tenemos -repito- un trabajo por delante. Mostramos nuestra colaboración para llevarlo a cabo.
Comprometemos nuestro voto positivo a que se realice esa adaptación final a ese nuevo
modelo de recurso de casación que han defendido Iniciativa per Catalunya, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana y que defiende ahora el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y a lo que deberá ser también otra
reforma que vendrá en otro debate posterior, porque ya se ha presentado también enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario Popular a la ley orgánica que crea los consejos de justicia autonómicos y la justicia de proximidad. Tendremos
ocasiones en esta legislatura para consensuar los proyectos, para alcanzar esa mayoría necesaria que exige la Constitución al requerir la mayoría absoluta de esta Cámara. Mi grupo parlamentario quiere colaborar en este ámbito. Mi grupo también
quiere hoy advertir del riesgo de aprobar una reforma que no se adapta a lo que está recogido en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero tendremos semanas por delante para negociar las decenas de enmiendas -me atrevo a
decir miles, si sumamos las presentadas por los diferentes grupos parlamentarios - que estarán referidas al conjunto de reformas dentro del ámbito de la Administración de Justicia que se inician con este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Janè.
Tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señorías, la insoportable lentitud de la justicia era algo que llevaba al mercader de Venecia a no defender su vida ante la exigencia del préstamo de Shylock. La interminable longitud de los plenos puede llevar
a actitudes de decadencia vital por parte de sus señorías. Por tanto, si no tenemos tiempo para ser sintéticos, vamos a intentar ser breves. Estamos aquí en un debate sobre la oportunidad de una ley. El debate de totalidad de inicio es sobre la
oportunidad.
¿Alguien puede realmente discutir que esta es una ley oportuna? ¿No hay que legislar sobre el tema? ¿No es el momento adecuado para legislar? ¿Qué está haciendo el Gobierno al remitir este proyecto? Está dando cumplimiento estricto
a lo contenido en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en la que se establece que deben adaptarse las leyes procesales para la implementación de la nueva oficina judicial. Esto hace esta ley. En esa misma
ley, la Ley Orgánica 19/2003, se establecían ya los mecanismos orgánicos para la doble instancia penal en todos los casos. Este es el contenido esencial del proyecto que estamos discutiendo. Lo que hace el proyecto de ley, señorías, es dar
cumplimiento a la necesidad de la doble instancia penal para conformarnos ya de una vez con las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que desde su primera resolución, de 20 de julio de 2000, ha ido insistiendo en que, al
contrario de lo que se sostenía por algunos operadores jurídicos en España, el recurso de casación penal, tal como estaba concebido, no cumplía los requisitos del artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Y esto es lo
que hace el proyecto. ¿A esto se opone el Partido Popular? Parece ser que sí. Lo que hace también el proyecto es dar cumplimiento exacto a lo contenido en el artículo 152.1 de la Constitución, en cuanto establece que los tribunales superiores de
justicia culminan en el territorio la ordenación judicial. Da también cumplimiento al artículo 121 de la Constitución en cuanto establece que el Tribunal Supremo es quien unifica la doctrina, es quien culmina, excepto lo que corresponde al Tribunal
Constitucional, la ordenación judicial en nuestro país. Y ello lo hace con una finalidad clara, y es la de dar también cumplimiento a lo que establece el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de conseguir una Administración de Justicia
ágil, eficaz y rápida, y lo hace a través de una serie de instrumentos técnicos complejos, es cierto, con una cierta complicación formal en la formulación del proyecto pero todos adecuados y tendentes a esta finalidad. Discutamos en la tramitación
parlamentaria que se inicia a partir de hoy cómo podemos mejorar, perfeccionar o de qué forma puede ser aún mejor lo que se ha traído a la Cámara, pero que lo que se ha traído es oportuno y necesario es absolutamente indiscutible.
Se aprovecha el proyecto también para dar cumplimiento a la necesidad de las reformas procesales para la implantación de la nueva oficina judicial y se hace, además, como ha dicho el señor ministro en su intervención, con algunos añadidos
colaterales beneficiosos: el estímulo de las buenas prácticas procesales, el aumento de las garantías del justiciable -en este aspecto me parece que es absolutamente importante poner de manifiesto la grabación obligatoria de todas las vistas
penales y la grabación de las vistas en lo contencioso administrativo y en lo social en aquellos casos en que sea posible cuando existan las instalaciones físicas y técnicas adecuadas- y respecto al recurso de casación, del que discutiremos larga y
profundamente a lo largo del procedimiento parlamentario, estoy convencido, lo que se hace es tomar como modelo algo que ha funcionado perfectamente desde hace más de 20 años, es decir, el recurso de unificación de doctrina en el orden
jurisdiccional social.
Este es el modelo básico, con variedades en cada jurisdicción, que establece el proyecto. Esto, señores del Partido Popular, es útil, es eficaz, hace más rápida la justicia. La Sala cuarta del Tribunal Supremo es la que
tiene menos índice de pendencia de una forma absoluta, clara y completamente distinta a la pendencia que hay en las otras salas. Y eso, señorías, tampoco ha provocado ninguna disolución de la unidad del Poder Judicial ni del Estado, como
ustedes predican habitualmente.
Quiero agradecer hoy al señor Padilla el tono moderado en la forma que ha tenido en su defensa de la enmienda a la totalidad. No es el tono que tienen otros de los portavoces habituales en justicia. Le tengo que agradecer también que haya
citado como argumento y fuente de autoridad a nuestro compañero Fernando Ledesma. Le voy a contestar con la misma cortesía y voy a citar -no sé si como autoridad- al diputado Ignacio Astarloa, quien el 18 de mayo de 2005 en la Comisión de Justicia
de esta casa manifestó, con el índice acusatorio extendido hacia el grupo mayoritario: Esto es lo que había que hacer, se reforman 22 leyes procesales. No digan que se les ha ocurrido a ustedes, no digan que es una magna obra legislativa, es lo
que estaba previsto. Señor Padilla, esto es lo que estaba previsto, 21 leyes procesales más la Ley Orgánica del Poder Judicial suman exactamente las 22 leyes que el señor Astarloa decía que estaba previsto y lo que hace el Gobierno es cumplir el
mandato legislativo de esta Cámara, y cumplirlo en cuanto ha podido. Resulta sorprendente el ejercicio de coherencia del Partido Popular que hoy intenta devolver el proyecto al Gobierno, con la consecuencia evidente del retraso en cualquier
tramitación posible, al mismo tiempo que el martes de esta semana, hace dos días, en la Comisión de Justicia acusaba al Gobierno en tonos que respondían realmente a una indignación profunda, supongo, del retraso en la reforma de la oficina judicial,
del retraso en las reformas procesales y de la absoluta incuria del Gobierno al respecto. Magnífico, extraordinario. El martes acusan ustedes de retraso; el jueves dicen ustedes: devuélvase al Gobierno porque no conviene aún hacerlo. Cuando uno
oye estos argumentos y comete la imprudencia de leer la justificación escrita de la enmienda a la totalidad puede quedar absolutamente perplejo y decir: ¿Por qué se presenta una enmienda a la totalidad? ¿Cuáles son los auténticos motivos de eso?
Yo tengo que agradecer al señor Padilla su absoluta sinceridad. En su intervención ha quedado claro por qué presenta la enmienda a la totalidad, lo ha dicho, porque están ustedes disconformes con las innovaciones. Precisamente por eso, señorías,
porque quien pide la devolución al Gobierno lo hace porque está disconforme con las innovaciones que pueden llevar a mejorar el servicio público de la justicia en servicio de todos los ciudadanos, solicito de la Cámara el voto contrario a la
enmienda de totalidad y, por tanto, la tramitación del proyecto enviado por el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Pedret.
Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la última votación de la sesión de hoy en cuanto SS.SS. se incorporen al Pleno. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos con la votación del proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En primer lugar, votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora
Fernández Davila. Votación de las enmiendas números 22, 28, 33, 36, 39, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63 y 71.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 128; en contra, 160; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 18, 19, 26, 38, 44, 64 y 73.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, ocho; en contra, 278; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 17, 21, 37, 41 y 70.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, nueve; en contra, 165; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias ha retirado sus enmiendas, salvo las que votamos a continuación. Votación de las enmiendas números 190, 191, 194, 197, 204, 208 y 209.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 120; en contra, 161; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación de las enmiendas números 120, 131, 136, 160, 171, 173, 174, 176, 177, 182 y 187.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 123; en contra, 162; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 167 y 179.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 130; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 133, 140, 145, 152, 163, 169, 170 y 184.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, cinco; en contra, 279; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 126, 132, 146, 147, 153, 159, 172, 175, 178 y 185.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, seis; en contra, 163; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del voto particular número 1, en lo relativo al rechazo a las modificaciones de la ponencia que afectan al artículo 67.3 y a la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 11; en contra, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del voto particular número 1 en lo relativo al rechazo de las modificaciones de la ponencia que afectan al artículo 89.2, al artículo 92.2, párrafo tercero, y a la disposición transitoria sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, nueve; en contra, 166; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Votación de las enmiendas números 94, 109, 110, 111 y 114.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 127; en contra, 160; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 75, 77, 81, 85, 102, 103, 104, 106, 113, 115, 117 y 119.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, seis; en contra, 278; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 83, 84, 97, 98, 99, 100, 101 y 116.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, cinco; en contra, 161; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 88.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 288; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda número 96.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 10; en contra, 162; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha retirado sus enmiendas salvo las que vamos a votar a continuación. Votación de las enmiendas números 345, 379 y 388.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 120; en contra, 159; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 382.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, ocho; en contra, 161; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación de la enmienda número 236.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 118; en contra, 166; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 237.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 118; en contra, 163; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 285.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 116; en contra, 163; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 299.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 117; en contra, 163; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 263, 294, 319, 323, 324, 327, 331, 334, 335 y 338.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 122; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 113; en contra, 157; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Votación del voto particular consistente en el regreso al texto de la ponencia y, por consiguiente, el rechazo de las enmiendas aprobadas en Comisión de los grupos parlamentarios que se citan:
enmienda número 29 del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila; enmiendas números 74, 76, 78, 79, 80, 89, 92, 93, 107, 108 y 112 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); enmienda número 443 del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y enmiendas números 228, 297 y 302 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 162; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el dictamen. Votación de los artículos 5 bis, 6, 33, 41 a 43, 65, 68, 99, 105 a 107, 109, 111 y 112, así como de las disposiciones adicionales cuarta y duodécima, disposición derogatoria, disposiciones transitorias segunda, tercera,
quinta y novena y disposiciones finales tercera, cuarta y quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 167; en contra, 119; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
El señor PRESIDENTE: Votación de los artículos 1, 2, 3, 7 a 9, 11 a 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 40, 44 a 47, 49 a 64, 67, 69, 70, 74 a 77, 80 a 96, 100, 101, 103, 104, 108 y 110, así como disposiciones adicionales sexta, octava,
décima y decimotercera, disposiciones transitorias primera, cuarta, sexta, séptima y octava, exposición de motivos y título.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 167; en contra, 116; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar ahora el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 167; en contra, seis; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE ADAPTA LA LEGISLACIÓN PROCESAL A LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SE REFORMA EL RECURSO DE CASACIÓN Y SE GENERALIZA LA DOBLE INSTANCIA PENAL.
(VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Última votación. Votación de enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el
recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 117; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las seis de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número168, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles 5 de abril de 2006, en la intervención de la diputada del Grupo Izquierda Unida--Iniciativa per Catalunya Verds señora
Navarro Casillas -página 8406, primera columna-, donde dice '... ingresos anómalos de 110.947.000 millones de pesetas.', debe decir 'ingresos anómalos de 110.947 millones de pesetas.'