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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 164, de 28/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 164
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 153
celebrada el martes, 28 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 192-1, de 24 de junio de 2005. (Número de expediente
122/000160.) ... (Página 8168)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de agilización del proceso de reconocimiento de cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación de deducciones fiscales por actividades de I+D+i.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 234-1, de 3 de marzo de 2006. (Número de expediente 122/000188.) ...
(Página 8177)
Avocación por el Pleno -Del Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (Número de expediente 121/000066.) ... (Página 8185)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ...
(Página 8185)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para instar a que, en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido, el período de cotización previo sea exigible en el momento de hacer
efectivo el derecho al correspondiente descanso.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 351, de 10 de marzo de 2006. (Número de expediente 162/000447.) ... (Página 8186)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al recrudecimiento de la represión política en Cuba. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 354, de 17 de marzo de 2006. (Número de expediente 162/000448.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de mejorar la ocupación de los jóvenes. (Número de expediente 173/000125.) ... (Página 8198)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique cómo va a garantizar los compromisos de servicio público contenidos en el dictamen del Comité de expertos y el Proyecto de Ley con la
propuesta de estructuración y dimensión de RTVE previsto por la SEPI y la dirección del ente público. (Número de expediente 173/000126.) ... (Página 8205)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para la necesaria coordinación de los distintos departamentos ministeriales en política de inmigración. (Número de expediente 173/000127.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8168)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares ... (Página 8168)
El señor Puig Cordón presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), esta proposición de ley. Inicia su intervención dando las gracias a todas aquellas personas, colectivos y entidades que trabajan desde hace
muchos años para favorecer las políticas de fomento de la paz y sobre todo a aquellas organizaciones que hacen posible que hoy miles de personas se declaren objetores de conciencia fiscal a los gastos militares. La iniciativa pretende que de la
misma manera que en la declaración de la renta se puede elegir entre destinar nuestro dinero a la Iglesia o a otros fines sociales, se pueda elegir entre destinar nuestro dinero al Ministerio de Defensa o a un fondo para investigación y fomento de
la paz. Si en lugar de invertir el dinero en prepararnos para destruir al otro lo invertimos en que el otro pueda tener un nivel de bienestar, no existirá la supuesta amenaza que hace que nos preparemos para destruirlo. Señala que propuestas
similares se han debatido en parlamentos europeos, pero matiza que no es gracias a estas propuestas por lo que hoy estamos aquí sino por el trabajo de todas las organizaciones y personas que han colaborado y continúan haciéndolo con la objeción de
conciencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Azpiazu Villar, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuadrado Bausela, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de agilización del proceso de reconocimiento de cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación de deducciones fiscales por actividades de I+D+i ...
El señor Sánchez i Llibre presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), esta proposición de ley. Manifiesta que la presentación de esta iniciativa obedece a que España se encuentra en estos momentos en el furgón
de cola de los países de la Unión Europea en todos aquellos aspectos que se refieren a los gastos que van dirigidos a actividades de I+D+i. Estamos un cien por cien por debajo del porcentaje que dedican los países de la OCDE y de la aportación de
los países de la Europa de los Quince y un 90 por ciento por debajo de la aportación de los diez Estados miembros de próxima incorporación, lo que quiere decir que aunque estos países están menos desarrollados que España se sitúan por encima de la
media de lo que destina España a investigación, desarrollo e innovación. Manifiesta que si se aprueba la proposición de ley los agentes económicos van a tener una motivación importante para incrementar sus inversiones en la investigación, el
desarrollo y la innovación. Finaliza señalando que se van a agilizar todos los trámites burocráticos con el fin de dar mucha mayor seguridad a los agentes privados para que puedan canalizar sus inversiones de I+D+i.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias;, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Pérez Martínez Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Castillejo Hernández, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Avocación por el Pleno ... (Página 8185)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ...
(Página 8185)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares, se rechaza por 14 votos a favor, 293 en contra y
dos abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de agilización del proceso de reconocimiento de cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de
la aplicación de deducciones fiscales por actividades de I+D+i, se aprueba por 304 votos a favor y cinco abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 8186)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para instar a que, en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido, el período de cotización previo sea exigible en el momento de hacer efectivo
el derecho al correspondiente descanso ...
(Página 8186)
Defiende la proposición no de ley la señora Pin Arboledas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Recuerda que la iniciativa hay que entenderla en el contexto del compromiso asumido por el Partido Socialista en su
programa electoral a fin de llevar adelante todas las medidas legales posibles que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. Manifiesta que uno de los mayores campos de trabajo para mejorar la vida de las mujeres con el fin de que la igualdad
no sea una palabra políticamente correcta se encuentra en la mejora de las condiciones de trabajo, en la toma de medidas para conciliar la vida familiar y laboral, y en la posibilidad de que los asuntos de familia no sean una especialidad de las
mujeres sino un compromiso asumido por las dos partes, realizándose las modificaciones legales precisas. Finaliza señalando que la repercusión beneficiosa de esta medida para nuestra sociedad se amplía considerablemente si tenemos en cuenta que en
gran medida servirá para facilitar que padres jóvenes cumplan adecuadamente con sus responsabilidades familiares, y aunque cuantitativamente la proposición no de ley
debatida no tendrá mucha repercusión, en el caso de ser aprobada, desde luego cualitativamente estamos dando un paso importante hacia una sociedad más justa e igualitaria.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, intervienen las señoras Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al recrudecimiento de la represión política en Cuba ... (Página 8192)
Defiende la proposición no de ley el señor Moragas Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que sube de nuevo a la tribuna para hablar de los derechos humanos en Cuba debido a que se ha producido un
recrudecimiento de la represión en la isla, recrudecimiento que debe llamar la atención de la Cámara ya que en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura ha mostrado su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba. Ese
recrudecimiento se traduce, entre otros, en el aumento de la población carcelaria de presos políticos y de conciencia y en un aumento de los actos de repudio a los disidentes y a sus familias que organiza el régimen frente a sus casas, en la vía
pública. Finaliza señalando que el Parlamento Europeo en el mes de febrero denunció de nuevo esta situación y se aprobó una resolución que concitó el acuerdo de los grupos liberal, popular y socialista, y su grupo lo que pretende con la iniciativa
es incrementar el grado de compromiso de esta Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Xuclà i Costa, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para instar a que, en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido, el período de cotización previo
sea exigible en el momento de hacer efectivo el derecho al correspondiente descanso, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 304 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al recrudecimiento de la represión política en Cuba, se rechaza por 127 votos a favor, 163 en contra y 16 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8198)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de mejorar la ocupación de los jóvenes ... (Página 8198)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señala que su grupo presenta esta moción con voluntad positiva, con voluntad de aportar
y huyendo de cualquier tentación catastrofista o tremendista en relación al problema de la gente joven en el mundo del empleo. La iniciativa pretende ser un estímulo al acuerdo en el diálogo social en la reforma del mercado de trabajo, en un
contexto en el que no avanza; pretende también medidas activas de los gobiernos para hacer frente al desempleo y a la baja calidad del empleo, con el abuso de la contratación temporal y pretende que el Parlamento impulse medidas en este campo.
Finaliza solicitando al conjunto de la Cámara el voto favorable no a la moción inicialmente presentada por su grupo sino a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, resultado de intensas conversaciones entre los
dos grupos.
En turno de defensa de las enmiendas intervienen las señoras Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Cedrés Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
y Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
y Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique cómo va a garantizar los compromisos de servicio público contenidos en el dictamen del Comité de expertos y el proyecto
de ley con la propuesta de estructuración y dimensión de RTVE previsto por la SEPI y la dirección del ente público ... (Página 8205)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Manifiesta que la moción tiene por objeto garantizar
que Radiotelevisión Española sea un servicio público, una televisión pública potente para los ciudadanos. Si hay que reestructurar y reorganizar el ente público, hágase, pero no debemos vaciarla, como pretende el plan de saneamiento, un plan de
despidos que solo busca reducir gastos. Señala una serie de cuestiones que considera fundamentales, como la reforma global del sector audiovisual, la negociación de cualquier propuesta de plan, pero negociación real, con datos, pues lo único que se
ha presentado a los sindicatos son unas cifras prácticamente vacías. Este plan debe estar sometido a los criterios establecidos en la Ley de Radiotelevisión Española, que en la actualidad está en trámite. Igualmente debe resolver la situación
laboral del personal contratado al margen del convenio.
En turno de defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señora Navarro Casillas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para la necesaria coordinación de los distintos departamentos ministeriales en política de inmigración ... (Página 8214)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Roldós Caballero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que en los últimos tres meses en las costas de las islas Canarias se ha producido una
de las mayores catástrofes humanitarias de nuestra historia reciente, pues cerca de dos mil personas han fallecido cuando trataban de alcanzar nuestras costas. A día de hoy han llegado a Canarias 3.874 personas, desbordando los servicios
humanitarios, de seguridad y judiciales y hay miles esperando para embarcar a lo largo de toda la costa norte de África. Según una estimación de Cruz Roja cuatro de cada diez pierden la vida en la travesía. Miles de personas están perdiendo la
vida desde hace meses, y a pesar de que la Guardia Civil y el CNI advirtieron de la situación, el Gobierno no hizo nada hasta que la situación se convirtió en una auténtica tragedia. Por todo ello, su grupo presenta la moción instando al Gobierno a
solventar las deficiencias en la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales implicados en el control de la inmigración ilegal. Finaliza señalando el contenido de los distintos puntos de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Tardá i Coma, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señora Roldós Caballero.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de mejorar la ocupación de los jóvenes, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 300 votos a favor.
Sometida a votación en sus propios términos la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique cómo va a garantizar los compromisos de servicio público
contenidos en el dictamen del Comité de expertos y el proyecto de ley con la propuesta de estructuración y dimensión de Radiotelevisión Española previsto por la SEPI y la dirección del ente público, se aprueba por 299 votos a favor.
Sometida a votación en sus propios términos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para la necesaria coordinación de los distintos departamentos ministeriales en política de inmigración, se
rechaza por 127 votos a favor y 173 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), RELATIVA A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FISCAL A LOS GASTOS MILITARES. (Número de expediente 122/000160.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión correspondiente al martes 28 de marzo de 2006.
El primer punto del orden del día es la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer término, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Tiene la
palabra el señor Puig, del grupo parlamentario autor de la proposición de ley, para un turno de 15 minutos.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Subo hoy a esta tribuna dando las gracias, en primer lugar, a todas aquellas personas, colectivos y entidades que trabajan desde hace muchos años para favorecer las políticas de fomento de la paz, y sobre todo a todas aquellas organizaciones
que hacen posible que hoy miles de personas se declaren objetores de conciencia fiscal a los gastos militares.
Gracias a todas estas entidades presentes en todos los rincones del Estado el debate está más abierto que nunca; la constancia de estas
entidades y el esfuerzo de todas ellas nos permite ir avanzando en este sentido. En particular, quisiera saludar al representante de la Fundació per la Pau y a la coordinadora de ONG solidarias de las comarcas de Girona y El Maresme, presentes en
este hemiciclo.
Hoy podemos decir que la propuesta que presentamos relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares ya ha obtenido una primera victoria; la victoria que nos dan las palabras pronunciadas ayer mismo por el propio ministro
de Defensa, señor Bono. Una vez más, el señor Bono se ha equivocado; una vez más, el señor Bono ha perdido los papeles, y ya van unos cuantos papeles perdidos. Podemos hablar de sus andanadas contra el Estatut o el boicot al incumplimiento de la
devolución del Castillo de Montjüic a los legítimos propietarios, es decir, a la ciudad de Barcelona, para que pueda convertirlo en un verdadero museo de fomento de la paz. Estas declaraciones del señor Bono demuestran una profunda preocupación por
el interés que puede tener una ley como esta, que quiere dar solución a una realidad cada día más numerosa. Le guste o no al señor ministro, cuando uno no tiene argumentos, solo le queda la capacidad de recurrir a lo absurdo, y el señor Bono no
tiene en este caso ni discurso ni debate. El ministro de Defensa lo sabe y se esconde. Y si, como dice, somos tan pocos los objetores fiscales a los gastos militares, no debería preocuparle, no tendría que tener ningún problema en que hoy se
tomase en consideración esta proposición de ley. Sabe que, hoy, la modernidad es esta proposición de ley; el pasado más rancio son las actitudes y las provocaciones del ministro de Defensa. Estamos seguros de que, a pesar de que hoy no se tome en
consideración esta proposición de ley, se abre un camino de no retorno para el reconocimiento, en un día no muy lejano, de la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Pasó lo mismo la primera vez que se habló de divorcio, de aborto, de
matrimonios del mismo sexo, de objeción al servicio militar; es decir, al final, a pesar de la oposición a la toma en consideración de la proposición de ley que hoy presentamos, estamos seguros de que, más temprano que tarde, se va a regular la
objeción fiscal.
Cada vez son más las personas que realizan la objeción fiscal militar. Se calcula que en la declaración de la renta del ejercicio año pasado más de 5.000 personas objetaron fiscalmente en todo el Estado, y después de que se haya producido
una sentencia no contraria a la objeción fiscal militar, estamos seguros de que esta cifra aumentará. Me refiero a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que afirma: No
se aprecia culpabilidad alguna en la conducta del sujeto pasivo al no existir por su parte ocultación ni ánimo defraudatorio, por lo que procede la anulación de la sanción impuesta. La sanción que le fue impuesta al ciudadano Joan Surroca
por practicar la objeción fiscal a los gastos militares ha provocado una sentencia que pone la realidad encima del tablero y, en ese sentido, la Fundació per la Pau ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para obtener el derecho
pleno a objetar, el derecho pleno a elegir.
La presente proposición de ley pretende que, de la misma manera que en la declaración de la renta podemos elegir entre destinar nuestro dinero a la Iglesia o a otros fines sociales, se pueda elegir entre destinar nuestro dinero al Ministerio
de Defensa o a un fondo para investigación y fomento de la paz. Va más allá de la legítima voluntad de muchas personas de caminar hacia un mundo diferente, hacia un mundo de promoción de la paz, el derecho de aquellas personas que no quieren
contribuir con su dinero a sufragar los gastos militares, y defendemos que esto es un derecho básico porque se pretende proteger con él el derecho y el bien más preciado, el derecho de la vida. El Ministerio de Defensa gasta su dinero en armamento
y en la manutención y preparación de soldados para, entre otras cosas, la resolución de conflictos mediante las armas, y esto entra en contradicción con aquellas personas que, por razones éticas, morales, religiosas o filosóficas, no creen en las
armas y en los ejércitos como únicos instrumentos para la resolución de conflictos.
Creemos que encontramos amparo constitucional tanto en el artículo 16 como en el artículo 30 de la Constitución. Por un lado, el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Cómo se garantiza la libertad ideológica
de aquellas personas partidarias de las vías pacíficas en la resolución de conflictos? Entendemos que la aprobación de esta proposición de ley materializa y hace eficientes los derechos consagrados en el artículo 16. Por otro lado, en el artículo
30 se afirma que la ley regulará la objeción de conciencia respecto a las obligaciones militares. A pesar de que esto se ha pretendido limitar al servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia es un derecho íntegro, que no se puede
fragmentar y que en este caso implica la objeción de conciencia a colaborar con el mantenimiento de estructuras militares. Es, pues, una plena incongruencia que se nos diga: La ley reconoce tu derecho a que por motivos de conciencia no colabores
físicamente en el mantenimiento de recursos militares, pero la ley te obliga a que colabores económicamente en el mantenimiento de esos recursos militares. Es incoherente y paradójico, y esta proposición de ley sería un paso más en un
reconocimiento real del derecho a la objeción de conciencia. A pesar de estas consideraciones, que además sirven de amparo a las personas que en una situación de alegalidad se declaran objetores de conciencia fiscal, pensamos que el debate debe
transcurrir al margen de su posible desarrollo constitucional, porque si bien es cierto que se puede argumentar desde este punto de vista, es igualmente cierto que, aunque no se considera así, no hay ningún precepto constitucional que se contradiga
con la proposición de ley que estamos debatiendo y, en consecuencia, la aprobación de esta supondría el reconocimiento de la objeción de conciencia fiscal con pleno encaje en el entramado constitucional. De hecho, no se trata de ahorrarse una parte
de los impuestos, sino de destinarlos a otra finalidad, y esta es precisamente un fondo para el fomento de la paz y la solidaridad. Este fondo será gestionado por la oficina de la paz y la solidaridad que se creará para tal fin, estableciendo qué
actividades comprende y qué requisitos deben cumplir las entidades dedicadas al fomento de la paz y la solidaridad para ser beneficiarias de ayudas y subvenciones. La proposición de ley establece que dicha oficina será un órgano paritario entre
Gobierno y sociedad civil, con unos miembros del Gobierno designados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por la Agencia Española de Cooperación, mientras que los miembros representantes de la sociedad civil serán designados por la coordinadora
estatal de ONG.
Asimismo, se establece que aquellas comunidades autónomas que cuenten con organismos, oficinas y consejos equivalentes a la oficina de la paz y la solidaridad a la que hace referencia la presente ley, serán las responsables de
gestionar el total del dinero recaudado en su territorio.
Este fondo para la paz y la solidaridad se enmarca dentro de la cultura de la paz, y en ese sentido hay que recordar que esta Cámara tomó en consideración una proposición de ley para el
fomento de la cultura de la paz. Deberíamos esperar, pues, que todos aquellos grupos que dieron apoyo a dicha iniciativa se lo den hoy a la actual, porque de no hacerlo no se estaría fomentando la cultura de la paz, sino poniendo obstáculos. No se
puede aspirar a la paz mientras se prepara a la gente para la guerra, sobre todo cuando año tras año se incrementa el presupuesto de defensa, y con eso no estamos diciendo que si se aprueba la ley de fomento de la paz se deba suprimir el ejército.
No decimos eso. Lo que decimos es que el fomento de la paz verdadera debe ir acompañado de medidas que supongan una reducción de los gastos militares. Pedimos simplemente discriminación positiva hacia los gastos para fomento de la paz, para
fomentar las políticas de la paz, y hasta el momento no encontramos en este caso ninguna voluntad por parte del Gobierno ni del grupo mayoritario de esta Cámara. En ese sentido, hemos de recordar que, año tras año, nos rechazan las enmiendas que el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta solicitando destinar una partida de defensa al estudio de la reconversión, por ejemplo, de la industria militar y de los ejércitos, y eso que solo pedimos que lo estudien. Pedimos que primero lo
estudien y luego decidan, pero, claro, para qué gastar dinero en estudiarlo cuando no hay voluntad de reducir ni la industria del armamento ni el gasto militar en general. Afirma la Unesco en su carta fundacional -no en un díptico o en un documento
sin importancia-: Para que podamos
evitar la guerra, lo primero que es necesario es que la saquemos, que la lavemos de nuestras mentes. Sin embargo, el Gobierno, lejos de ello, lo que pretende es que saquemos, que lavemos de nuestra mente la idea de un mundo sin guerras, sin
armas y sin ejército. Esta sería la base, en definitiva, para una verdadera Alianza de Civilizaciones como la que predica el presidente del Gobierno.
Afirma Federico Mayor Zaragoza: Cuando veo que 866.000 millones de dólares se van en armas, mientras que 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar al día en la tierra, no lo entiendo. Creo que hay mucha gente que no lo
entiende. Es necesario destacar un pensamiento de este tipo porque está en la base de todo pensamiento pacifista, de toda esencia de solidaridad. Si en lugar de invertir el dinero en prepararnos para destruir al otro, lo invertimos en que el otro
pueda tener un nivel de bienestar no existirá la supuesta amenaza que hace que nos preparemos para destruirlo. Esta es la verdadera política de defensa, de seguridad, que en particular la izquierda tendría que fomentar y, en general, las personas
de buena voluntad. Ahora bien, si ustedes se empeñan en no crearla, en destinar cantidades exorbitantes al ejército y solo cantidades marginales a la solidaridad, tienen legitimidad para hacerlo; otra cosa es que dicha legitimidad tenga algo que
ver con el papel de la izquierda. Y tendría que ser motivo de preocupación para un Gobierno progresista que el ministro mejor valorado en las encuestas sea el ministro de Defensa y, por el contrario, uno de los peor valorados sea el ministro de la
Cooperación. Tiene la legitimidad que le otorgan los votos, pero ¿hasta qué punto dicha legitimidad le permite obligar a las personas que no quieren colaborar con la guerra, con el armamento, con los ejércitos, por motivos de conciencia? El
derecho a la objeción de conciencia, a no colaborar en la eliminación de vidas humanas o en la preparación para ello, es básico, y esta es la propuesta que debatimos hoy aquí. Por cierto, es oportuno señalar que propuestas similares han sido
también debatidas en parlamentos de Estados de Europa, pero sinceramente no es gracias a estas propuestas por lo que estamos hoy aquí; hoy estamos aquí con esta proposición de ley gracias al trabajo de todas las organizaciones y personas que han
colaborado y continúan colaborando con la objeción de conciencia, desde Pepe Beunza, el primer objetor de conciencia durante el franquismo que no era testigo de Jehová, hasta los miles de jóvenes que durante los años ochenta y noventa dijeron no al
ejército por motivos éticos, morales, filosóficos o religiosos, y especialmente aquellos a los que una legalidad injusta e inmoral les encerró en la cárcel por ello. Son docenas de organizaciones que trabajan en todo el Estado defendiendo el
derecho a la objeción de conciencia, y son centenares ya las personas, como hemos dicho, que plantean la objeción fiscal, a pesar de no ser legal -más de 5.000 en el último año fiscal-, y este es un movimiento que va a más año tras año, de manera
que ustedes hoy pueden rechazar la propuesta y encontrarse con un problema más grave de aquí a unos años, cuando crezca el número de personas que, a pesar de leyes, juicios y multas, sigan practicando la desobediencia civil por motivos de
conciencia, y además impulsado por personas que de manera activa dicen no a la guerra, repito, no a la guerra. ¿Les suena, señorías? Yo creo que sí; es el lema que había detrás de las pancartas con las que se fotografiaron muchas de SS.SS.
durante un tiempo. Me dirán que aquella era una guerra injusta, pero era injusta porque era guerra, porque no hay guerras justas o injustas, hay en definitiva guerras en las que mueren y padecen inocentes.
Hoy tienen la oportunidad de dar un paso hacia la no guerra, si bien no de manera colectiva sí permitiendo que ello se haga de manera individual, según dicte la conciencia de cada cual, y ello no debe preocupar en absoluto al ministro de
Defensa. Creo que el señor Bono puede estar tranquilo porque, como él muy bien dice, hay muchos españoles que están orgullosos del ejército y se identifican con él, de manera que la ley que hoy tomaríamos en consideración sería una regulación para
cuatro, seguramente para algunos para cuatro locos pacifistas que nos creemos un mundo con muchas menos armas y menos ejércitos, un mundo mejor en el que se prioricen mucho las políticas de fomento de la paz. Estamos convencidos de que va a llegar
el día en que se va a regular la objeción fiscal a los gastos militares, seguro, porque cada día son más las personas que van a objetar y van a verse obligados a dar respuesta a lo que solicitan los ciudadanos. Y, termino, aunque, como dijo otro
loco como Albert Einstein, los objetores de conciencia son los pioneros de un mundo sin guerras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.)
Fijación de posiciones. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Yo creía que, una vez que se suspendió en España el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, en nuestros ejércitos, había decaído ya el debate o la polémica sobre la objeción de conciencia, figura reconocida en la Constitución y
que se aplicó con la ley de objeción de conciencia aprobada por estas Cortes Generales mientras existió la prestación del servicio militar obligatorio de los conscriptos y, reconocido el derecho a la objeción de conciencia, había una serie de
españoles que no prestaban el servicio militar alegando esta razón. Pero veo que resurge aquí con el tema de la objeción fiscal, y yo le quisiera decir con todo reconocimiento y afecto personal al señor Puig, en primer lugar, que si la estructura
de los presupuestos del Estado de cualquier país democrático se hiciera en razón del reconocimiento a la objeción de conciencia, la que fuere, sería imposible la consolidación de los Presupuestos Generales del Estado
en un sistema democrático, porque dependería de que aleatoriamente un ciudadano, a la hora de hacer su declaración de la renta, dijera que la parte porcentual que él entiende o que alguien le dejara entender que correspondería a su
aportación a los gastos del Ministerio de Defensa fuera retirada en razón de una objeción fiscal. En ese caso abriríamos una brecha de derechos en la que un ciudadano de cualquier municipio podría oponerse a la Policía municipal o a cualquier
servicio que le ofrece la comunidad y que él entiende que no tiene por qué pagarlo por las cuestiones que sean. Es como si un testigo de Jehová, ya que se les ha citado, hiciese objeción de conciencia y dijese: yo, la parte de sanidad donde me
obliguen a tener un servicio de transfusión, no la pago porque mi religión no acepta las transfusiones sanguíneas y, por tanto, me sobran todos los servicios de hematología. Esto sería un Estado ingobernable presupuestariamente. Ahora bien,
entrando ya en materia propia del presupuesto, lo único que las leyes españolas reconocen como una opción, sin que eso signifique objeción de conciencia, sino cuál es el destino de un porcentaje determinado que bien vaya al mantenimiento de la
Iglesia Católica o bien a entidades benéficas como Cruz Roja, Cáritas, etcétera, no es una retracción de impuestos, sino que el porcentaje, que se entiende que debe ir aquí, vaya por la otra vía. Pero ahora nos encontramos con una instrumentación
de todo Estado de derecho. Yo no conozco ningún sitio en el mundo, del que forma España en sus alianzas o convenios internacionales, sean de la Unión Europea o de otro tipo como la OTAN, en que se acepte la objeción de conciencia fiscal. Porque no
es una objeción de conciencia, es una objeción fiscal; vamos a dejarnos de ponerle el calificativo de conciencia. Podrán alegar otras razones, pero se trata de una objeción fiscal.
Señor Puig, nosotros estos días en Canarias estamos viendo cómo el ejército ha hecho una expedición a Mauritania, que no es de armamento, ni de guerra, en la que unos militares de las Fuerzas Armadas españolas van a instalar unas tiendas de
campaña para que se pueda repatriar a los inmigrantes ilegales que procedentes de Mauritania han entrado en Canarias para que, respetando sus derechos a la dignidad de la persona humana, sus derechos inalienables de salud, de atención, de no
vejación, puedan ser devueltos a sus países de origen. A lo largo de mi vida política y administrativa he visto, en infinidad de veces, que en los incendios forestales colaboran y contribuyen las fuerzas militares en estas catástrofes. ¿Vamos a
prescindir en un Estado democrático, por un discurso en el que parece que nuestras Fuerzas Armadas fuesen fuerzas belicistas de países militarizados que están tratando de buscar contiendas y enemigos en los mares y territorios de ultramar para ir a
hacer operaciones militares, buscando medallas o recursos de una parafernalia militar sobrepasada? Nuestros ejércitos no están en esa línea. Nuestros ejércitos no son fuerzas agresoras que estén buscando guerras y combates para justificar su
propia existencia. Afortunadamente, en los momentos actuales, y como parte de todos los esfuerzos del mundo occidental civilizado al que pertenecemos, nuestras Fuerzas Armadas se están especializando y dedicando a funciones de paz, de ordenamiento
de garantía de los derechos humanos, de fuerzas de intermediación para que otros contrincantes no se despellejen ni se maltraten entre ellos. ¿Cómo vamos a negarles una aportación presupuestaria en este sentido? ¿Quién es capaz de sacar de los
presupuestos del Estado, por una objeción de conciencia, qué cantidad va a fines puramente armamentísticos o militares que estén separados de aquellos otros de colaboración altruista frente a las catástrofes naturales, a los programas de
investigación de I+D+i, a toda la creación de unos puestos de trabajo, de una industria auxiliar y complementaria, de un sistema de seguridad de todas las garantías de defensa de los derechos humanos?
Señorías, y con esto termino, señor presidente, porque me parece estar defendiendo la obviedad, y sólo por un respeto parlamentario al señor Puig se lo dedico, mi grupo va a votar que no por estas razones y por el mejor sentido de
racionalidad de un instrumento que no es que esté garantizando una política belicista de ningún Gobierno democrático, sino porque ahora tenemos una ley que centra en este Parlamento la autorización para misiones en el extranjero que tendrá que
justificar suficientemente el señor ministro de Defensa del momento, y sabiendo que tenemos unas fuerzas de reserva que, frente a cualquier catástrofe natural -incendio forestal, terremoto, cataclismo, erupción volcánica, inmigraciones ilegales
masivas- es el único instrumento que en 24 horas puede dar una respuesta positiva para evitar estas actuaciones a la población civil, a todos los ciudadanos del país. De ahí, señor presidente, que nuestro voto será negativo, como decía al
principio, por razones obvias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Precisamente a partir de lo que decía ahora mismo el señor Mardones ¿hoy más ejércitos es garantía de mayor seguridad? No. Nosotros creemos que con los tiempos que corren, con los nuevos conflictos, con los nuevos problemas, lo que es
garantía de seguridad es aquello que comporta seguridad humana, y hoy seguridad humana no se garantiza con más ejércitos, sino con más justicia, con más equidad, con más igualdad.
Incluso le diría, señor Mardones, que en los tiempos que corren, con
los conflictos que existen y los problemas que puede haber, si algo hay que primar es la política de inteligencia, no la política militar.
Segunda reflexión. Ayer mismo, coincidiendo con el señor Puig en una mesa redonda, Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau, decía que los debates de la paz están en el centro de la plaza, y es cierto. En
esta legislatura hemos hablado y mucho, hemos tramitado una ley como la Ley de fomento de la cultura de la paz, y hoy tenemos otro ejemplo. Los debates sobre la paz, sobre cómo construimos la cultura de la paz, están en el centro de la
plaza.
Tercer elemento. Nosotros no conocemos ningún país de nuestro entorno que haya tenido los índices de objeción de conciencia al servicio militar como los ha tenido este. Díganme uno. No existe, y no existe porque en nuestra sociedad ha
habido una cultura de la paz absolutamente arraigada, y ante este escenario nosotros entendemos que sería bueno que la proposición de ley que nos presenta hoy el señor Puig, y que es fruto de un trabajo incansable del movimiento pacifista, se
pudiese tramitar. Le voy a dar argumentos que están en la sentencia. El señor Puig ha hecho referencia a una sentencia reciente, del año 2001, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que fallan a favor de Joan Surroca. Joan Surroca
es un ciudadano, como decía el señor Puig, pero no un ciudadano cualquiera, Joan Surroca ha sido diputado durante muchos años del PSC en el Parlament de Catalunya, y ante este ciudadano la sentencia dice que precisamente el derecho a la objeción, en
este caso la objeción de conciencia en la materia fiscal, afecta al derecho a la libertad ideológica consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Dice claramente que la regulación del IRPF ni limita ni prohibe la objeción fiscal y, por tanto,
que debemos regular cómo hacerlo. Esa es la conclusión a la que nos lleva la sentencia. Es más, cuando habla de la parte sancionadora hace referencia a una sentencia del Constitucional del año 1981, que dice que los principios inspiradores del
orden penal son de aplicación al Derecho administrativo sancionador, y señala que uno de los principales componentes de la infracción administrativa es el elemento de culpabilidad junto a los de tipicidad y antijuricidad, que presuponen que la
acción u omisión enjuiciadas han de ser en todo caso imputables a su autor por dolo, imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable. Con posterioridad se ha señalado que con respecto a la culpabilidad no hay duda de que en el ámbito de lo
punible, ya administrativo o ya jurídico penal, el principio de la culpabilidad opera como un elemento esencial del reproche sancionatorio, concretándose en el aforismo latino nulla poena sine culpa. La sala, dice después, no aprecia culpabilidad
alguna en la conducta del sujeto pasivo al no existir por su parte ocultación ni ánimo defraudatorio, y no existe, entre otras cosas, porque en este caso el señor Surroca lo que hace es como han hecho tantos objetores fiscales: dar la cantidad
reducida, aportar esa cantidad precisamente a una organización que trabaje con fines, con objetivos de desarrollo de la cultura de la paz. Decimos todo esto porque en otras ocasiones la objeción de conciencia se extendió, fue absolutamente
generalizada, supuso la Ley de objeción de conciencia y, además, dio lugar a la prestación social sustitutoria por los aquellos a los que popularmente se conocía como los insumisos. Hubo una ley que reguló ese derecho y hoy el problema está en que
esta ley no existe para el ámbito fiscal. Lo que decía el señor Mardones y lo que sin duda dirán muchos portavoces es cierto: una objeción de conciencia fiscal generalizada podría dar lugar a que, por ejemplo, si yo no utilizo la sanidad pública,
pueda objetar el pago de la sanidad pública. Precisamente por eso se tiene que regular, precisamente por ser el país de nuestro entorno con más objetores de conciencia por la razón de la paz debemos regular la objeción de conciencia fiscal a los
gastos militares. Cada legislador, cada Parlamento tiene que responder a los imperativos que le marca su sociedad y nuestra sociedad quiere ejercer esa libertad, ese derecho de conciencia en los gastos militares, en los gastos asociados al
ejército. Por tanto, tiene que haber más mecanismos de participación, y la objeción de conciencia es uno de ellos.
Señor presidente, quisiera hacer una última reflexión. Hay una concepción, a mi entender clásica, conforme a la cual las formas de participar tienen exclusivamente los canales de la democracia representativa. Para nosotros los canales de
la democracia representativa son plenamente vigentes, ¡claro que sí!, pero tiene que haber otros canales de democracia participativa en la que el ciudadano actúe. Hoy, desde el punto de vista tecnológico, esto ya es posible. Por tanto, esta
proposición de ley junto a otras proposiciones que podrían venir o a modificaciones de la misma podrían establecer canales de democracia participativa para decidir qué se hace con nuestros impuestos, para que hubiese márgenes para participar. Les
pongo un último ejemplo. Hoy se pone en duda que estas tareas humanitarias sean más efectivas si las realiza el ejército.
Nosotros no creemos que las tareas que se deban hacer en Mauritania las tenga que hacer el ejército; tampoco pensamos que
las tareas que se han de hacer en Afganistán las tenga que hacer el ejército. Por eso fuimos el único grupo parlamentario que votó en sentido contrario a la participación del ejército en Afganistán. Se deberían canalizar nuevos instrumentos de
acción en el exterior que no fuesen liderados por el ejército español. Pongo el ejemplo de los cuerpos civiles no violentos -ayer mismo lo hablábamos en esas jornadas que antes les comentaba-, hay experiencias concretas en Sri Lanka, y me dirán:
eso es muy éxotico; en Alemania, 14 millones de euros en el último ejercicio y 90.000 efectivos de cuerpos civiles no violentos que realizan unas tareas de reconstrucción mucho mejor que las realizadas por el ejército porque están preparados para
ellas, para construir la paz, lo que en términos internacionales se entiende como los peacebuilding. La ciudadanía podría optar mediante mecanismos participativos en los presupuestos o incluso mediante sus impuestos. Por tanto, con la proposición
de ley vemos una oportunidad para complementar la legislación que está ya vigente, como la Ley del fomento de la cultura de la paz, para introducir elementos de participación y, sobre todo, para que los derechos reconocidos en el artículo 16 de la
Constitución tengan un canal. Si no regulamos estos derechos, la objeción de conciencia en materia fiscal, podrían llegar a producirse situaciones paradójicas que no compartimos.
Para terminar quisiera decir que somos el país que ha tenido más objetores de conciencia del mundo, el país que más se ha movilizado por la paz del mundo y el país donde la cultura y el debate sobre la paz están en el centro de la plaza. Lo
que tenemos que hacer es dotarnos de instrumentos para que estas sinergias sean realidad. Por todo eso, nosotros vemos una oportunidad en la proposición de ley, porque introduciríamos enmiendas que mejorasen la misma propuesta y porque además
también nosotros somos partícipes de un movimiento por la paz que entiende que la objeción fiscal a los gastos militares puede ser un instrumento para la construcción del diálogo, de la paz y de un mundo sustancialmente mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Puig, siento de verdad no poder apoyar desde el Grupo Vasco la iniciativa que usted, en nombre de Esquerra Republicana, trae hoy a esta Cámara para su debate y votación. Bien sabe el aprecio que tengo por
usted y por su grupo parlamentario, pero ello no impide que fije mi posición contraria, y la de mi grupo, a la proposición de ley relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares.
Podemos estar de acuerdo, y de hecho creo que lo estamos, en que el espíritu antibelicista y pacifista de los ciudadanos está creciendo y le puedo decir que yo mismo comulgo cada vez más con estas ideas y con la necesidad de hacer frente a
los graves problemas del mundo relacionados con el hambre y la miseria. El Grupo Vasco es favorable a fomentar la cultura de la paz, no tenga usted ninguna duda, señor Puig, pero, a nuestro juicio, una cosa no tiene nada que ver con la otra. De
hecho, podemos trabajar conjuntamente para que las dotaciones presupuestarias orientadas a estos nobles fines se incrementen cada año de manera considerable, pero ello no tiene que ser necesariamente solo a costa de los créditos del Ministerio de
Defensa. Podemos discutir, y así lo hacemos cada año, si los créditos o los recursos que se emplean por el Ministerio de Defensa son o no excesivos; podemos apoyar o rechazar el modelo de ejército que se contempla en la Ley de Tropa y Marinería
-este es un debate relevante-, si son o no coherentes con una profesionalización de las Fuerzas Armadas aceptada por la mayoría de esta Cámara. Debo confesarle que en mi opinión lo único positivo del Gobierno del señor Aznar fue la supresión del
servicio militar obligatorio. Sin embargo, una vez establecido el modelo del ejército y la cuantía a gastar por el Ministerio de Defensa todos y cada uno de los ciudadanos debemos hacer frente al conjunto de los gastos de los presupuestos públicos:
del Estado, de la Generalitat, del Gobierno vasco, de las diputaciones forales, en definitiva, del conjunto de las instituciones. Entiendo yo que unos no pueden tranquilizar sus conciencias no aportando, teóricamente, a los gastos de defensa,
puesto que de esa forma otros ciudadanos lo tendrían que hacer en mayor medida. Podríamos entrar en todo un debate sobre el carácter finalista de los recursos, que creo sinceramente que es complicado y difícil. Lo que le quiero decir es que en
todo caso sería muy difícil saber, si se quisiera hacer bien, cuál sería la parte de los impuestos que paga un ciudadano que podría imputarse al Ministerio de Defensa y cuál no, aunque creo que este no es el momento para este debate. Sin embargo,
pienso que la solución que ustedes plantean no es adecuada.
Insisto en que se puede debatir sobre la necesidad o no de contar con un ejército de su dimensión, de las fuerzas que se requieren, etcétera, en definitiva, de los recursos que necesita, pero una vez fijadas las cuantías al efecto todo los
ciudadanos deberán aportar según su capacidad económica. De igual manera -por qué no-, aplicando la misma lógica a otros gastos como los del Ministerio del Interior, pongamos la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, etcétera, cada ciudadano
podría plantear el reparto de sus impuestos por tipo de gastos, es decir, podría elaborar su propio presupuesto. Más propio sería -si me lo permite- objetar fiscalmente en relación con los gastos del Estado que no le competen, como educación,
sanidad, etcétera, sin olvidar, por supuesto, los casos paradigmáticos del Ministerio de Vivienda, pero sinceramente creo que tampoco en este caso la objeción fiscal es el camino para solucionar estos tema. El debate político, las asignaciones
presupuestarias, quizá el debate presupuestario son una vía más adecuada.
Como usted bien sabe, en Euskadi son las diputaciones forales las competentes para gestionar y recaudar los impuestos, incluido el IRPF, sobre el que se plantea la posibilidad de la objeción de conciencia que usted expone en su proposición.
Sinceramente, creo que los diputados forales no entenderían, y con razón, que el Grupo Parlamentario Vasco defienda la objeción fiscal en el Congreso. Tampoco lo entendería, a mi juicio, la mayoría de los ciudadanos vascos.
Esta es una iniciativa plagada de buenas intenciones, pero de escasa viabilidad y difícil de defender. Por eso nuestro grupo la votará en contra. Sin embargo, dado que no es contradictorio, podemos defender y trabajar conjuntamente en la
creación de una oficina para la paz y la solidaridad que tenga las funciones que el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya plantea en su iniciativa, orientando su labor a la resolución de los problemas más graves del mundo: el hambre, las guerras,
las injusticias, etcétera. En esta tarea les apoyaremos, pero votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando nuestro grupo conoció esta iniciativa parlamentaria la estudió con mucho interés, como hacemos con todas, aunque esta con un poco más, por la sencilla razón de que se hablaba de objeción de conciencia, en este caso fiscal.
Digo que la estudiamos con un poco más de interés que las demás porque nuestro grupo tiene el honor de haber sido pionero en la defensa de la objeción de conciencia en temas como la desaparición del servicio militar. Señor portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, no fue el señor Aznar quien eliminó la mili; fue fruto del tan denostado Pacto del Majestic, en el que Convergència i Unió exigió la desaparición del servicio militar obligatorio para que los objetores de conciencia pudieran
vivir libremente en este país como ciudadanos que son, aunque hasta ese momento no tenían los mismos derechos que otros.
Convergència i Unió estudió con mucho interés esta iniciativa parlamentaria. De salida, su título nos parecía atractivo y pensamos que podríamos votarlo afirmativamente o, como máximo, abstenernos. Ha sido al profundizar en su estudio y al
leer la exposición de motivos cuando nos hemos perdido porque, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, es una iniciativa llena de buena voluntad, que suena bien -por tanto, es una buena iniciativa-, pero que es difícil de llevar a
cabo y que, por tanto, está mal planteada. Por esta razón, aunque nos gustaría, no la votaremos a favor, no porque no estemos de acuerdo con la objeción fiscal ni porque seamos belicistas -no lo somos, como hemos demostrado, somos los padres del
final del servicio militar obligatorio-, sino porque consideramos que hay que ser realistas y honestos.
Hace poco nuestro grupo votó a favor de los presupuestos del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? No porque fuéramos belicistas, no porque fuéramos grandes defensores del macroejército del Estado español, en absoluto, sino porque eran unos
presupuestos que por primera vez en los últimos años tenían dos connotaciones. Había una vertiente social, puesto que se destinaba una partida importante al aumento de los sueldos de los trabajadores, de los soldados, de los hombres y mujeres que
estaban mal pagados históricamente, lo que era un acto de justicia social por el que se reconocía que aquella gente tenía que trabajar con unos sueldos dignos. Y había una segunda vertiente de cultura de la paz. Un porcentaje importante de estos
presupuestos se destinaba a misiones de pacificación o de ayuda ante catástrofes, etcétera. Nosotros, a diferencia del señor Herrera, sí creemos que el ejército, entre otras cosas, debe ayudar cuando se producen terremotos, tsunamis, y otras
catástrofes en las que hay gente que muere y que sufre. Todos los planteamientos son respetables, pero nuestro grupo cree que una de las cosas que el ejército puede y debe hacer es dedicarse a la ayuda y a la pacificación: ayudar a democratizar
países donde la democracia no existe o está en vías de desaparición, por lo tanto, consolidar la democracia y ayudar a la gente que sufre, etcétera. Eso es la cultura de la paz. Si vamos por esta línea lo que no podemos es votar afirmativamente
hoy esta iniciativa parlamentaria porque se contradicen. El grupo parlamentario que ha presentado esta iniciativa ha votado afirmativamente los presupuestos y en aquel momento no hubo ninguna iniciativa referida a la objeción de conciencia fiscal.
Por lo tanto, hoy suena a una iniciativa con buena voluntad pero extemporánea, quizás era en otro momento cuando habría que haber debatido este problema.
En principio creemos que si se quiere abrir el debate sobre la objeción de conciencia fiscal -ya lo ha dicho el señor Herrera- puede ser un buen inicio. Hay que regularlo porque si abrimos el grifo esto puede ser el campo de Agramante,
donde todo el mundo podrá decir que va a hacer objeción de conciencia por los parquímetros, que no va a pagar parquin, que no le gusta que le hagan pagar. Por tanto, habrá desobediencia total no solo, señor Puig, en cuestiones de defensa; la habrá
en impuestos sobre productos básicos y sobre muchísimas cosas. Si queremos que haya un ejército que pueda actuar desde la cultura de la paz en la defensa de según qué, tiene que tener unos presupuestos que deberán estar dotados.
Por tanto, aquí
hay un totum revolutum, una situación de buena voluntad pero poco definida.
Lo que al final nos acabó de convencer de que no podíamos votar a favor es la exposición de motivos, por ejemplo, cuando dice que la opción consiste en manifestar si dicha parte porcentual se quiere seguir destinando a defensa o bien a
aquellas organizaciones que tengan por objeto el fomento de la paz y la solidaridad. Habrá ciudadanos que no querrán que parte de sus impuestos vayan a defensa pero tampoco querrán que vaya a según qué fundaciones de defensa de la paz; quizás
querrán que vaya a fundaciones solidarias como la Cruz Roja o a fundaciones que trabajan para la integración. Nos da la impresión de que no sabemos hasta qué punto los ciudadanos estarían de acuerdo, según esta propuesta, con que el dinero debe ir
a unas asociaciones que básicamente sean entidades pacifistas y sociales. ¿Por qué no a otras? Por tanto, ya es una especie de concierto.
Existe un denostado concierto en el ámbito de la educación y aquí casi se habla de un concierto. Los
ciudadanos tampoco aceptarían este dirigismo de sus impuestos.
Es una iniciativa con una buena base, con una realidad social -porque hay gente que no está de acuerdo con que parte de sus impuestos se destinen a defensa- pero con una realidad, cual es que si estamos cambiando el concepto del ejército
hacia la cultura de la paz, a ayudar a aquellos países que sufren, ¿cómo lo haremos después? ¿Cómo mandaremos ayuda a un país donde haya habido un terremoto con graves consecuencias de muertes y sufrimiento? ¿Qué haremos? ¿Recolectas solidarias
para fletar aviones y mandar gente que pueda ayudar? Yo no sé si hay que ir a Mauritania, porque el señor ministro no nos informó, pero si se va a Mauritania a construir un hospital o una escuela esto se tiene que pagar con un
presupuesto. Por tanto, es bueno que los presupuestos de defensa no sean con ámbito belicista, no tengan concepto militarista pero sí tienen que tener un apartado de cultura de la paz, de defensa de las libertades en aquellas zonas donde,
por desgracia, no las tienen. De ahí nuestro voto en contra, a pesar de que queríamos que fuera favorable o una abstención, porque el texto nos parece inconcreto, extemporáneo y hay que definirlo más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Grupo Popular. Señora Oltra, por favor.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la toma en consideración de la proposición de ley que el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado sobre la objeción de
conciencia fiscal a los gastos militares.
La Constitución española en su artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.
Nuestra norma fundamental consagra, pues, la libertad de pensamiento y de opinión y asimismo el derecho
de toda persona a profesar el culto religioso que desee sin ser perseguido o molestado por mantener tales convicciones, y lo hace sin poner límites a ese derecho; es decir, la libertad de pensamiento, opinión o creencia religiosa es un derecho
absoluto de las personas. Como consecuencia de este derecho, y dentro del marco de garantías que ofrece la Constitución, se dan casos de objeción de conciencia en los que las personas pueden adecuar su conducta personal a las convicciones que
libremente puedan tener, y ello llevado hasta la expresión máxima, que es la posibilidad de no cumplir un mandato legal.
Casos de objeción de conciencia tenemos todos en nuestra mente, como los profesionales de la sanidad que se niegan a practicar
abortos, pronto hablaremos de los jueces que aleguen problemas de conciencia para unir en matrimonio a personas del mismo sexo o, por poner otro ejemplo, el respeto de normas laborales diferentes para personas a las que sus creencias o religión les
impide trabajar un determinado día de la semana.
El máximo exponente de la objeción de conciencia lo tenemos en la negativa por parte de una persona a la prestación del servicio militar obligatorio. Volvemos a la Constitución española para observar que en su artículo 30.2 dice -tras
dictaminar que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España- que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del
servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Como todas SS.SS. conocen, hoy en España no se dan ya casos de objeción de conciencia por esta causa ya que hoy los españoles no tienen la obligación de
prestar el servicio militar obligatorio. España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales y me cabe la satisfacción de pertenecer al partido cuyo Gobierno afrontó el impulso definitivo a esta profesionalización y, consecuentemente, suspendió la
obligación que los españoles tenían de prestar el servicio militar obligatorio.
En este marco legal hoy el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña propone la toma en consideración de una proposición de ley que regule la objeción de conciencia fiscal para un determinado caso, el referido a los gastos militares.
Siguiendo la línea argumental anterior y teniendo en cuenta el carácter no finalista del impuesto sobre la renta de las personas físicas, debe deducirse que el grupo proponente entiende que debe regularse la posibilidad de que alguien pueda entender
inmoral pagar impuestos, porque cuando una persona contribuye con sus impuestos al funcionamiento general de los servicios, no predetermina cuál de todos ellos está financiando ni en qué cuota aparte lo está haciendo. Por tanto, no es posible
determinar si con mis impuestos estoy contribuyendo a fundar colegios o a pagar profesores, a construir o a mantener carreteras, a fomentar una sanidad pública universal o a sostener unas Fuerzas Armadas profesionales que velen por la seguridad de
todos los españoles. Vuelvo a citar nuestra Constitución, que, en su artículo 31.1, dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Este principio a nuestro entender imposibilita asimismo la asunción del principio de objeción de conciencia fiscal. Por estas razones, al Grupo Parlamentario
Popular no le parece correcta la formulación de esta propuesta que estamos debatiendo y, por tanto, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. El grupo proponente sabe de la dificultad legislativa que encierra su
propuesta, la conoce porque, a pesar de que grupos organizados, a los que este grupo manifiesta su respeto, estén publicitando y apoyando la objeción de conciencia fiscal, cada vez que un tribunal se ha manifestado al respecto lo ha hecho en el
sentido de que la libertad ideológica no cubre la posibilidad de excepcionar el deber general de contribuir porque, de lo contrario, se atribuiría a cada contribuyente la facultad de diseñar o autodisponer de parte de la deuda tributaria según su
ideología.
Por último hay que decir que, si mi información no es errónea, aunque este debate se ha suscitado ya, como S.S. ha dicho, en los parlamentos de algunos países, ninguna de estas iniciativas ha prosperado y, por tanto, la objeción de
conciencia fiscal es ilegal en cualquier país del mundo.
Tras estas apreciaciones respecto de la oportunidad de la propuesta que estamos debatiendo, me gustaría fijar algunas consideraciones sobre la coherencia de esta propuesta con el actuar del grupo que la propone.
Señores de Esquerra
Republicana, el presupuesto de la
sección 14, Ministerio de Defensa, que SS.SS. han apoyado dos años consecutivos, no solo está financiando los programas de armamento y modernización de las Fuerzas Armadas y la pertenencia a organizaciones internacionales de defensa,
también financia las retribuciones de nuestras Fuerzas Armadas profesionales, esas que han hecho posible que hoy no haya objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio.
Asimismo, el presupuesto de Defensa financiará los resultados de
la aplicación de la Ley de Tropa y Marinería, que tanto su grupo como el mío han aprobado, y está financiando todas las misiones internacionales, en su mayoría con un marcado carácter humanitario, a las que su grupo también ha dado soporte. No seré
yo quien cuente los españoles que están dispuestos a hacer una cosa u otra, que para eso ya está el ministro de Defensa, pero tampoco sé, señorías, si es muy coherente la defensa de una propuesta de este cariz con el voto favorable a la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional. Eso lo dirán sus votantes en las próximas elecciones.
Por estas razones que acabo de exponer, creemos que esta iniciativa no pasa de ser un brindis al sol. Sin embargo, señorías, el azar les ha jugado una mala pasada al
hacer que se hayan unido en el tiempo el debate de la iniciativa en la que su grupo pide que se regule la objeción de conciencia fiscal para ciertos gastos con la denuncia de que parte de sus altos cargos no están conformes con las exigencias de
financiación que ustedes les imponen. ¿Acaso no están de acuerdo SS.SS. con la objeción de conciencia fiscal para ellos también?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oltra.
Finalmente, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la primera calificación que merece esta proposición de ley -para no andar confundiéndonos en los regates del debate- es que no es viable.
Todos los que hemos subido a esta tribuna sabemos que esta propuesta no es viable; unos lo
han dicho con absoluta claridad y otros han empleado algún tipo de término de apaciguamiento, pero, señor Puig, esta propuesta, y usted lo sabe, no es viable. Yo no voy a dar ninguna otra alternativa -¡ojo!, no de objeción de conciencia, que es una
expresión que tiene prestigio en España, sobre todo en ámbitos de carácter progresista; esta es una objeción de conciencia fiscal-, ninguna sugerencia sobre otras proposiciones de ley con un contenido de objeción fiscal para no dar ideas a nadie,
pero ¡la cantidad de ellas que se podrían hacer! Por tanto, señorías, primera cuestión: no es viable.
Antes se ha leído una parte de una sentencia -la ha leído el señor Herrera-, pero se podría haber leído completa, porque lo que figura en la sentencia es: usted no tiene razón. De manera absolutamente contundente.
Hay muchas sentencias
así y además es lógico. ¿Alguien puede pensar que se hicieran los Presupuestos Generales del Estado tomando como base un sistema de impuestos a la carta? Yo pago para esto sí, para esto no, mis impuestos que vayan para aquí o para allá. Todos
sabemos que es absolutamente inviable, por tanto desde ese punto de vista la propuesta se califica por sí misma. Yo no voy a leer sentencias, voy a leer la Declaración del 15 de diciembre de 1983 de la Comisión Europea de Derechos Humanos. Hizo
esta declaración para que no se confundiese una intención o un sentimiento de carácter pacifista, que está profundamente arraigado -seguramente en el conjunto de la especie, pero desde luego en toda la sociedad española-, con otras cosas. Para que
no se confunda, la Comisión Europea de Derechos Humanos en esta declaración dice lo siguiente: La obligación de pagar impuestos es obligación de orden general, que no tiene ninguna incidencia precisa en el plano de la conciencia. No hay que
confundir, porque confundiendo le quitamos valor a principios que tienen -desde luego para quien les habla- una alta consideración, y no tengo ninguna duda, señor Puig, que en su caso es exactamente igual. Por tanto, no mezclemos las cosas.
En segundo lugar, aquí se dice que se propone que el dinero que se emplea para la guerra y el gasto militar se destine al fomento de la paz y de la solidaridad; y se ha citado a la Unesco. Señorías, siguiendo esa argumentación, ¿cómo se
resuelve entonces la siguiente contradicción, que sea Kofi Annan, el secretario general de la ONU, el que pide a España o a la OTAN hace bien poco fuerzas armadas para la paz? Señorías, si ustedes dicen que no hay que gastarse dinero para comprar
un Hércules, están diciendo que no hay que gastarse dinero para comprar un avión que llevó medicinas a Pakistán. No hay manera de diferenciar esto. ¿Es material bélico? ¿Es material para una guerra? Es un avión de las Fuerzas Armadas españolas
que ha hecho eso infinidad de veces, exactamente eso. Por tanto, no es verdad que hoy se pueda considerar que nuestras Fuerzas Armadas son otra cosa diferente a lo que son. Por cierto, nuestras Fuerzas Armadas, señorías, tienen la más alta
valoración entre la opinión pública española sin ninguna duda. Por tanto, va a ser difícil que alguien pueda manchar la imagen pública de las Fuerzas Armadas españolas.
Repito, tienen la más alta valoración, mucho mayor, señor Puig, que la que
tenemos nosotros, los que nos sentamos en este hemiciclo. Cuando decimos que no se gaste dinero en lo que estamos diciendo, no hay que olvidar que no serían posibles las actividades que hoy hacen las Fuerzas Armadas españolas en Pakistán, en
Afganistán, en Haití, en Kosovo y en Bosnia; exactamente decimos eso, y usted lo sabe, señor Puig.
En tercer lugar, ¿nos salen caras las Fuerzas Armadas? ¿Las Fuerzas Armadas españolas le salen caras a la sociedad española? En concreto, y usted lo sabe porque ha asistido a los debates presupuestarios,
nosotros gastamos un 1 por ciento de nuestro producto interior bruto en política de defensa, en las Fuerzas Armadas. El conjunto de la Unión Europea se gasta una media del 2 por ciento; países como Francia, por ejemplo, casi un 3 por
ciento. Estado Unidos se gasta bastante más de un 4 por ciento, ya casi un 5 por ciento de su producto interior bruto. Por tanto, si hay algunas fuerzas armadas en el mundo que tengan un coste bajo son las Fuerzas Armadas españolas.
Termino, señorías, con un debate interno que se ha planteado dentro de este debate con esta propuesta, repito, inviable. Desde un supuesto principio progresista se dice que hay que eliminar el dinero que se gastan las Fuerzas Armadas en
gastos militares para, se dice a la vez, mantener unas Fuerzas Armadas, y no sé cómo; si no se pagan los salarios, las nóminas es difícil que se pueda mantener a las Fuerzas Armadas.
Cuando se hace esto en nombre de principios progresistas tengo
que decir lo siguiente. Señorías, a la hora de hablar de política de seguridad en el mundo actual se suele emplear mucho la expresión: ideas o conceptos zombis. Aquí se han empleado unos cuantos conceptos zombis, lo que no quiere decir que no
sean ideas contundentes, lo son y algunas muy importantes, por ejemplo el antibelicismo, etcétera. Mucha gente, como yo, consideramos que son ideas zombis, porque no tienen nada que ver con el año 2006; son ideas que tenían un significado en 1950,
en 1960, en 1970 e incluso a principios de 1980, en el mundo de los bloques, en el que la guerra era otra cosa y tenía otra significado. Por tanto, dejémonos de ideas zombis y expliquemos desde un punto de vista progresista exactamente lo
siguiente: si no tenemos aviones Hércules, si no tenemos acorazados para que nuestros soldados vayan al exterior a realizar misiones para el mantenimiento de la paz, señorías, cómo se puede decir desde un principio progresista que no hay
alternativa a casi 3 millones de muertes en el Congo en los últimos 10 años, en un genocidio que debe ser parado si es que existe alguna vergüenza en el mundo, no desde el punto de vista progresista sino en general. Cómo dar respuesta a un millón
de muertos por falta de seguridad, por falta de respuesta de la ONU para poner elementos de seguridad, blindados y aviones, en muy pocos meses en Ruanda en 1995. Qué le dice la izquierda o el mundo progresista a quienes se están muriendo en Darfur
o no pueden vivir y tienen que desplazarse. Por tanto, señorías, la ONU y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que es la conciencia de carácter pacifista, humanista, de injerencia humanitaria en el mundo, es quien nos pide que tengamos las
Fuerzas Armadas que tenemos. Señorías, esta propuesta, aparte de no ser viable, no responde a ningún criterio de carácter progresista; si responde a algún criterio será a otro, pero no el que mantiene el Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE AGILIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+I.
(Número de expediente 122/000188.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de agilización del proceso de reconocimiento de cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la
aplicación de deducciones fiscales por actividades de I+D+i. Para defender la proposición de ley, por quince minutos, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado ante esta Cámara la toma en consideración de la proposición de ley que va orientada a agilizar el proceso de reconocimiento del cumplimiento de
todos aquellos requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación de las deducciones fiscales por todas aquellas actividades de investigación, desarrollo e innovación.
¿Por qué hemos presentado esta iniciativa el Grupo Catalán de
Convergència i Unió? Señorías, existen varias motivaciones al respecto.
En primer lugar, porque todos ustedes saben perfectamente que España se encuentra en estos momentos en el furgón de cola de los países de la Unión Europea en todos aquellos
aspectos que se refieren a los gastos dirigidos a la investigación, al desarrollo y a la innovación y que solamente existen dos países que están por detrás de España, concretamente Grecia y Portugal. Por tanto, este es un dato que refuerza nuestra
voluntad de volver a hablar en el Congreso de los Diputados de investigación, desarrollo e innovación. Señorías, también existe otro dato relevante al que Convergència i Unió da una verdadera importancia.
En primer lugar, con relación a los
índices de aportación de los diferentes países y organizaciones mundiales respecto al PIB, si comparamos el porcentaje que destina España a investigación, desarrollo e innovación y el que destinan los países de la OCDE vemos que en España estamos un
cien por cien por debajo en dicha aportación; por tanto este es un porcentaje relevante que nos tendría que hacer reflexionar. Si además lo comparamos con el porcentaje de gasto que destinan los países de la Europa a Quince -sin contar los países
de la ampliación-, vemos que España sigue estando un cien por cien por debajo de la media de lo que destinan estos países, lo cual es otro dato muy relevante que también nos tendría que hacer reflexionar a fondo. Por otro lado, si lo comparamos con
la media de lo que destinan los diez Estados miembros que se van a incorporar de lleno a la Unión Europea dentro de poco, veremos que todavía estamos un 90 por ciento por debajo de lo que destinan estos países, lo cual quiere decir que, a
pesar de que en teoría estos países están menos desarrollados que España, se sitúan por encima de la media de lo que destina España a investigación, desarrollo e innovación. Estos datos son relevantes, y en múltiples ocasiones y en infinidad de
interpelaciones la mayoría de grupos parlamentarios hemos coincidido en que tendrían que hacer reflexionar a todas las formaciones políticas para intentar incrementar nuestras aportaciones a I+D+i.
Señorías, por este motivo planteamos la toma en consideración de esta proposición de ley, iniciativa que no va orientada a modificar los actuales porcentajes e incentivos fiscales destinados a I+D+i. Nosotros siempre hemos mantenido que en
estos momentos España dispone de la legislación fiscal más avanzada en la Unión Europea, pero además hemos dicho que los diferentes motivos existentes hasta la fecha entre los planteamientos del Ministerio de Industria y las interpretaciones de la
Agencia Tributaria obligaban a nuestras empresas a retraerse a la hora de hacer inversiones en I+D+i, ya que en aplicación de la ley las empresas se veían ilusionadas por invertir en estos conceptos, pero después no aceptaban las comprobaciones
fiscales de la Agencia Tributaria. Así surgía un grave problema de interpretación, cuestión que se subsanó a finales del año 2003 mediante un informe motivado del Ministerio de Industria, por el cual para todas aquellas empresas que invertían en
investigación, desarrollo e innovación, y que paralelamente pedían al ministerio o a algún organismo adscrito a dicho ministerio un informe motivado en el que se demostrara que efectivamente existían estas actividades, con toda seguridad no iban a
existir nunca conflictos de interpretación con la Agencia Tributaria. Señorías, esto es así, pero, a pesar de que este cambio de legislación daba muchísima más seguridad a las iniciativas privadas para invertir en I+D+i, y recogiendo sensibilidades
de las diferentes organizaciones empresariales y de los diferentes organismos que están orientados a la investigación, al desarrollo y a la innovación, hemos planteado esta proposición de ley que tiene como objetivo fundamental recuperar la
confianza de los sectores privados y públicos para que puedan invertir en I+D+i sin que existan dudas sobre la interpretación de la legislación vigente. Por lo tanto también se recupera la confianza. Existe un segundo aspecto, para nosotros
fundamental, y es que si esta proposición de ley llegara a aprobarse, como espero -así nos lo han comentado diferentes grupos parlamentarios, tanto el que apoya al Gobierno como el principal grupo de la oposición y el resto de las fuerzas
parlamentarias-, los agentes económicos van a tener una buena motivación para incrementar sus inversiones en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. En tercer lugar, con la aprobación de esta proposición de ley se va a producir una
aceleración de los trámites burocráticos, con lo cual los agentes económicos, las organizaciones empresariales o las compañías que quieran implementar dotaciones importantes de inversión orientadas a dichas actividades van a tener la seguridad de
que la Agencia Tributaria, en un periodo de tiempo que puede estar entre las veinticuatro y las cuarenta y ocho horas -en lugar de los actuales cuatro o seis meses- va a dar como buenas sus inversiones en I+D+i, sin tener que llegar a un conflicto
por la inspección tributaria. Por lo tanto, con la aprobación de esta proposición de ley, vamos a intentar agilizar todos los trámites burocráticos para dar mucha más seguridad y confianza a los agentes privados para que puedan canalizar sus
inversiones en I+D+i.
Señorías, al margen de la toma en consideración de esta proposición de ley, ha entrado en la Cámara una reforma del impuesto sobre sociedades que a nuestro grupo le preocupa enormemente. Quisiera hacer alguna consideración, porque va muy
ligada a la proposición de ley que vamos a presentar en la Comisión de Economía, en el caso de que sea aprobada por el resto de grupos parlamentarios que hoy están presentes en esta Cámara.
Existe una gran preocupación en los sectores económicos,
empresariales e industriales de España por la interpretación que se pueda hacer de la reforma del impuesto sobre sociedades. Señorías, hoy estamos hablando de investigación, de desarrollo y de innovación, y en el inicio de mi intervención han
quedado reflejados los porcentajes y la desviación de España respecto al resto de países de la OCDE, de la Unión Europea, con ampliación y sin ella, en relación con los niveles de gasto orientados a dichas actividades. Quisiera recordar a SS.SS.
que el presidente del Gobierno, en el debate de investidura y en diferentes debates presupuestarios, ha calificado de primordial la inversión en I+D+i, con lo cual existe un compromiso del Gobierno muy interesante para que cuando finalice esta
legislatura puedan reducirse las grandes diferencias que existen en la actualidad. Pues bien, en la reforma del impuesto sobre sociedades contemplamos atónitos que en cinco años van a desaparecer los incentivos fiscales a la investigación, al
desarrollo y a la innovación.
Señorías, si nosotros aprobamos hoy la toma en consideración de esta proposición de ley, pero no somos capaces de hacer que el Gobierno recoja las sensibilidades que existen en las actividades productivas de este país,
vamos a hacer un flaco favor a nuestra economía, vamos a hacer un flaco favor a nuestra competitividad y no vamos a resolver las grandes diferencias que existen en la actualidad, sino que las vamos a incrementar todavía más. Esta es una cuestión
que yo quería dejar reflejada en mi intervención para que los representantes del Grupo Parlamentario Socialista se hicieran eco de estas preocupaciones, que no son solo de Convergència i Unió, sino que están hoy en los medios de comunicación y en
boca de todos los agentes de la actividad económica y social española. Es muy relevante y significativo que también en este debate podamos decir con toda claridad
que, si hoy aprobamos esta toma en consideración y en la reforma del impuesto sobre sociedades nos cargamos todos aquellos incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo y a la innovación, prácticamente daremos un paso de cangrejo y
nuestra actividad económica, nuestra economía y nuestra competitividad pagarán muchísimos años de retraso, lo que al final podrá reflejarse desgraciadamente en un incremento del paro en España.
Señorías, estas son las consideraciones especiales de la proposición de ley, que básicamente contiene, partiendo de las premisas que les he comentado, la superación de una injusticia que se detecta en el actual sistema. Por un lado, el
ministerio competente otorga ayudas, subvenciones, préstamos, etcétera, a beneficiarios para desarrollar actividades en I+D+i; de forma paralela, en el caso de que se inicie el proceso de homologación de las actividades de investigación, desarrollo
e innovación tecnológica, si son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, los mismos deben proceder a demostrar que las cantidades aportadas y deducidas en este impuesto son destinadas a actividades de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica. Es decir, señorías, lo que ya se considera I+D+i por la Administración debe demostrarse también que es I+D+i a efectos tributarios. Esta situación es contraria al buen servicio que debe ofrecer toda administración, al principio de
eficiencia que debe presidir el desarrollo de las políticas públicas y a la simplificación de los trámites administrativos que deben realizar todos los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros hemos intentado en este trámite que se aborde esta situación,
y al mismo tiempo también le damos una respuesta desde la lógica y desde el sentido común. La concesión de ayudas públicas para promover proyectos de I+D+i será vinculante para la Administración en la posterior aplicación de deducciones fiscales
por los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades en los gastos asociados a dicha actividad, sin que para ello se tengan que realizar más trámites administrativos. Si una empresa o una organización empresarial es susceptible de que se le puedan
dar ayudas públicas, subvenciones o créditos blandos para procesos de investigación, desarrollo e innovación, con la aprobación de dicha subvención no va a ser necesaria la elaboración de un informe motivado, ya que esto representaría a nuestro
entender una pérdida de tiempo considerable. Esta concesión ya va a ser una homologación suficiente para que la Administración tributaria la acepte con las mismas características. Por lo tanto, a efectos de las actividades tributarias es el mismo
que el que informa para la concesión de las ayudas públicas.
Finalmente, esta proposición de ley incorpora también un aspecto muy importante, señorías, que es el siguiente: Tendrán consideración de ayudas y subvenciones destinadas a I+D+i las concedidas dentro del programa de fomento a la
investigación técnica, Profit -que son los beneficios-, y las que reglamentariamente el Gobierno pueda determinar.
Por lo tanto, señorías, esta es una proposición de ley que esperamos que por el bien de la economía española sea del agrado de todas
las formaciones políticas de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente y señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Turno en contra. ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho a turno en contra? (Pausa.) Si no es así, fijación de posiciones.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente. Mi grupo, Coalición Canaria, va a apoyar con su voto positivo esta iniciativa que nos acaba de presentar el señor Sánchez i Llibre como portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). En verdad, visto el texto que se presenta, de lo que se trata es sencillamente de una modificación del Real Decreto-ley 4/2004, donde viene el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y lo vamos a apoyar, porque queremos ser
concordantes con el apoyo que venimos prestando a una serie de declaraciones, al menos programáticas, que el Gobierno ha hecho, sobre todo por boca de su vicepresidente económico, el señor Solbes. A partir de la denuncia genérica de que, como bien
ha recordado el señor Sánchez Llibre, somos, con Grecia y Portugal, el farolillo rojo de cola de la Unión Europea en gastos presupuestarios oficiales de investigación más desarrollo e innovación, como se ha venido denunciando en el escenario de los
consejos de ministros y de jefes de Estado de la Unión Europea, hay que incentivar todas las líneas de apoyo y potenciarlas tanto con presupuestos nacionales como con presupuestos comunitarios para investigación, desarrollo e innovación.
Recientemente el señor Solbes, vicepresidente económico del Gobierno, ha anunciado -ya está en el Parlamento en trámite ordinario de proyecto de ley- una reducción del impuesto sobre sociedades desde el 35 al 30 por ciento y al 25 por ciento
en las pymes. Los expertos en política fiscal han advertido de que hay que tener mucho cuidado con las reducciones muy acentuadas en el impuesto sobre sociedades, no vaya a ser que dejen más corto el escenario con el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, para evitar una tentación dolosa, que sería transformar personas físicas en personas jurídicas, a las que les interese más tributar por el impuesto sobre sociedades que por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ahora
bien, en España son varias las organizaciones que están estableciendo líneas de ayuda en investigación, desarrollo e innovación. En el texto del grupo proponente se cita al Profit, el programa de fomento de las investigaciones técnicas. El Profit
es en verdad Administración central del Estado, y habría que tener en cuenta las competencias que tienen las comunidades autónomas, muchas de las cuales en España vienen teniendo en sus presupuestos líneas de apoyo a investigación, desarrollo e
innovación. Por tanto, tendríamos que armonizar una serie de políticas fiscales en el apoyo a esta iniciativa. Después ocurre que dentro de la Administración General del Estado son dos los ministerios que tienen en los Presupuestos
Generales del Estado consignaciones para I+D+i, y son en su mayor cuantía el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en segunda cuantía el Ministerio de Educación y Cultura.
En las normas que recientemente han publicado el Profit y el Ministerio de Industria se trata de buscar unas sinergias en cuanto a los presupuestos de I+D+i de convenios entre los centros de investigación, sean públicos o privados, de las
universidades españolas o de cualquier otra entidad industrial que tenga centros de investigación, como pueden ser el sector farmacéutico, el electrónico o el de las radiocomunicaciones, etcétera; unas sinergias entre estos centros de investigación
y las empresas que acceden a la petición de estos fondos de I+D+i. Es necesario armonizar para evitar contradicciones, como las que ha anunciado el señor Sánchez Llibre, de que en lo que entra a través del Gobierno no se fomenta una política de
incentivo fiscal a la investigación y desarrollo. Nos encontramos en España en este momento con una paradoja. Reconociendo que estamos prácticamente en la cola de Europa en dedicación presupuestaria para I+D+i, las ayudas son directamente
subvenciones presupuestarias, pero no son de tipo fiscal, y esta me parece la parte positiva de la iniciativa del Grupo Catalán de Convergència i Unió: armonizar dos líneas de apoyo. A mi grupo le parece injusto -no quiero utilizar esta palabra-
que una sociedad anónima que tributa por el impuesto sobre sociedades y que tiene programas de I+D+i sea equiparada a otra que no los tiene. Es decir, el señor Solbes dice: Voy a pasar el impuesto sobre sociedades del 35 al 30. Así, en nuestro
país puede tener reducción del impuesto sobre sociedades una entidad que no realice I+D+i, teniendo el mismo tratamiento fiscal que la que está invirtiendo con sus recursos propios en I+D+i y que depende, en una aleatoriedad de oportunidades, de que
su solicitud ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o ante el Ministerio de Educación y Cultura obtenga la subvención económica necesaria para esta cuestión. Hay que tener en cuenta, además, que en España toda empresa, toda sociedad
que reciba una ayuda presupuestaria de los ministerios de Industria o de Educación, una subvención de I+D+i, queda automáticamente en la pantalla del Tribunal de Cuentas y este tendrá capacidad, porque son recursos del Estado, para poder auditar a
esta sociedad y ver qué destino está dando a los fondos de la subvención que recibe. Nosotros creemos que esto se puede armonizar y que puede ser una manera de sacarnos de este farolillo rojo. Porque sería un contrasentido que este Gobierno, que
está tratando de favorecer los programas de I+D+i por vía de subvención, sin embargo, sea sordo y ciego a potenciar en una sinergia un tratamiento fiscal de esa empresa, industria, centro de investigación o entidad que está necesitada de todos los
recursos financieros. Porque, en el avance globalizado de una economía, con una carga tecnológica de renovación impresionante, basta mirar las telecomunicaciones, el sector de la industria agroalimentaria, o el sector de los transportes para ver
que cualquier sistema industrial se queda obsoleto en un año. Por tanto, o hacemos una renovación o no saldremos del farolillo. Mi grupo -resumo, señor presidente- votará favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa por entender que
favorece a los intereses generales del Estado español, a nuestra investigación y a nuestra salida del lugar que ocupamos en la cola europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya se ha dicho, esta iniciativa pretende que las actividades de investigación, desarrollo e innovación que son objeto de subvenciones y ayudas públicas sean consideradas de forma vinculante para la Administración base de deducción en el
impuesto sobre sociedades. A nosotros nos parece razonable pensar que si una Administración concede algún tipo de ayuda a un proyecto de investigación, las cantidades que una empresa invierte en esa actividad sean consideradas fiscalmente base de
la deducción. Pero hay que considerar también que esta deducción ha sido muy discutida desde distintos ámbitos, en primer lugar, por su coste fiscal, pero también por una cierta ineficacia a la hora de incentivar la investigación en las empresas.
Sentimos ser la voz discordante, pero no estamos encantados con el resultado que hasta ahora están teniendo este tipo de deducciones. Compartimos la preocupación con el grupo proponente por la situación de la investigación, el desarrollo y la
innovación en España en relación con la Unión Europea, pero no está de más apuntar que, además de la investigación en el ámbito de las grandes empresas privadas, se puede y debería impulsar también la investigación, el desarrollo y la innovación
desde lo público hacia el uso civil y también en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
En general, saben ustedes que no estamos de acuerdo con la reforma fiscal que propone el Gobierno, menos aún con reducir el impuesto y mantener las deducciones en la situación actual, que además iban a desaparecer del impuesto sobre
sociedades. Parece ser que no es así, y en este caso tiene que tener cierta tranquilidad el señor Sánchez i Llibre que expresaba una preocupación por esta desaparición, porque la presión de la patronal va a impedir que eso sea así. Hay una
impresión generalizada en torno a la idea de que las deducciones no han tenido el resultado esperado, ya que fondos subvencionados se han destinado a fines distintos en empresas que, por otra parte, tienen beneficios más que notables. Mientras,
como decía antes, no hay incentivo alguno para la
pequeña y la mediana empresa. Por tanto, creemos que, si se mantienen las deducciones, sería razonable establecer alguna mejora. En cualquier caso, creemos que lo razonable sería debatir esta cuestión en la reforma del impuesto y tener en
cuenta que, si con el mecanismo del informe motivado no siempre se respeta el fin de la deducción, con la automatización que pretende esta proposición de ley no creemos que la cuestión mejore, es más, puede suceder lo contrario.
Por estas razones, nuestro grupo se va a abstener en la votación a la espera de la tramitación posterior de la proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Pérez.
Grupo Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, como es bien sabido por todo el mundo, y diría yo que sufrido asimismo por buena parte del mismo, la Administración pública constituye en gran medida una auténtica maraña, y se podrá
discutir si es necesaria más o menos Administración, si una Administración debe ser mayor o menor, pero debiera quedar fuera de toda discusión el que una Administración enmarañada no es mérito de nadie ni provecho para nadie. Desde luego para
ningún administrado, sea una persona particular, una empresa, o una institución, constituye ventaja alguna, sino siempre confusión, carga y, por lo mismo, ineficacia e ineficiencia para todos y para la sociedad.
A veces cabe formularse, y no muy retóricamente, si alguien cree que después de lo que estamos observando y padeciendo esto es realmente reformable, y habría que contestar que en todo caso y en el mejor de los casos parcialmente. Esa es la
intención que le asiste a la proposición de ley que nos presenta hoy Convergència i Unió, y desde luego le asiste toda la lógica una vez que, como es de rigor, a pesar de brillar en la mayoría de los casos por su ausencia, CiU plantea una
modificación desde la única perspectiva desde la que debiera plantearse toda la organización administrativa, y por lo mismo también su reforma, que no es otra que estar al servicio de eso que genéricamente se llama el cliente, en este caso el
administrado, y en este caso concreto en el que presenta Convergència i Unió la empresa, y más en concreto todavía la empresa que ha decidido invertir en investigación, desarrollo e innovación.
¿Qué lógica tiene y, por lo mismo, qué explicación cabe dar al hecho de que la Administración en un ministerio, por ejemplo en el de Educación, o en política científica, o en el de Industria, reconozca que determinadas actividades
desarrolladas por una empresa no solo son actividades de investigación, desarrollo e innovación, sino que incluso en cuanto tales merecen ser apoyadas y subvencionadas con dinero público? Eso lo reconoce un ministerio y, sin embargo, en la puerta
de al lado, en otro ministerio, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, otro funcionario les niega que esas actividades sean de investigación, desarrollo e innovación. ¿Esto tiene alguna lógica desde la perspectiva del administrado?
Evidentemente no, no tiene ninguna explicación que merezca el nombre de tal y, por lo mismo, no debiera tener tampoco situado en la perspectiva del administrado ningún encaje en el recorrido administrativo. Y por supuesto, tiene razón el
administrado que se niegue a reconocer racionalidad alguna de esta forma de proceder. Pero todos sabemos que esta forma de proceder existe, tiene recorrido en la Administración y, por cierto, no poco recorrido en el campo en que hoy se plantea y en
otros, absurdo pero cierto. Con un enunciado que seguramente es mejorable -y el portavoz de Coalición Canaria ha hecho ya alusión a una problemática compleja que en la aplicación de este tema seguramente se planteará en caso de que hoy se tome en
consideración esta proposición de ley-, Convergència i Unió pretende, a través de la propuesta que hoy nos presenta para su toma en consideración, abrir la mejora a un campo administrativo que en sí mismo es bueno y deseable, pero todavía es más
deseable que se produzca esta mejora si se toma en consideración que pretende abordar uno de los aspectos más delicados y uno de los rasgos más necesitados de mejora y avance en la empresa española, como es su dedicación, que debiera ser mayor y más
decidida, a actividades de investigación, desarrollo e innovación. Es necesario convenir con Convergència i Unió que hoy mejor que mañana debe darse con una fórmula, la que propone este grupo u otra, que haga que el administrado, en este caso la
empresa innovadora -lo propio habría que aplicar con no menor razón a toda institución investigadora, en la medida en que fuera receptora de subvenciones y al mismo tiempo generara beneficios que fueran gravables por el impuesto de sociedades;
sería aplicable a todos ellos-, no se tuviera que enfrentar con una especie de monstruo, no sabemos si de dos o de tres cabezas, al que tiene que cortar una detrás de otra para, después de una especie de lucha titánica y sin cuartel, ser reconocido
de verdad como una empresa que va a hacer investigación, desarrollo e innovación.
Constituye hoy un secreto a voces que acceder a los beneficios que la Administración concede a una empresa o a una institución que se dedica a labores investigadoras o de innovación requiere algo así como dotarse de una unidad especializada
de caza subvenciones, caza beneficios fiscales o algo parecido; constituye una labor ardua, complicada, difícil y, permítame decirlo suavemente, delicada. Este es un hecho, un hecho que no tiene sentido. No tendría sentido si se tratara de un
solo ministerio o ventanilla, y tiene menos sentido cuantas más ventanillas sea necesario recorrer, documentos que repetir o demostraciones que hacer ante la Administración para ser finalmente reconocida como una empresa que hace investigación,
desarrollo o innovación. Esta exigencia de mayor y mejor atención al cliente, al administrado, a la empresa investigadora e innovadora en este
caso, nada tiene que ver con un supuesto menor rigor o exigencia, más bien lo contrario. Cada ministerio va por el camino contrario, hacia la arbitrariedad, el capricho, la discrecionalidad y todos los derivados de esa forma de
comportamiento. Procedimiento estricto sí, pero procedimiento único, el mismo a la hora de dar una subvención por vía de transferencia como a la hora de permitir descontar de la factura impositiva. Pero por si acaso, señor Sánchez i Llibre, y
antes de finalizar, reclamemos no solo un procedimiento único, sino también un procedimiento ágil, eficaz y eficiente, porque en algún momento al leer y analizar su proposición de ley me ha venido a la mente la posibilidad de un cierto riesgo, que
no diré yo que sea imposible ni mucho menos, en el que podría incurrirse tras la reforma legal que se propone, y es que al exigir a la Administración un único procedimiento en relación con el reconocimiento de las actividades innovadoras e
investigadoras de las empresas, que es lo que su proposición de ley pretende, la Administración reaccione con un procedimiento único pero todavía más complejo, más enmarañado y más enrevesado, que finalmente termine por desanimar a todas las
empresas, no digo a investigar, desarrollar o innovar nuevos productos, sino a contar con la Administración para el impulso de la investigación, del desarrollo y de la innovación. Con razón citan ustedes el ejemplo reciente que se ha puesto en
marcha de la nueva empresa. Esa es la vía por la que hay que avanzar. Confiemos en que se tome en consideración la proposición de ley que ustedes hoy nos presentan y que entre todos hagamos algo que redunde en favor de esa investigación, de ese
desarrollo y de esa innovación, que son auténticas necesidades de la economía del Estado español si quiere de verdad situarse como debe ante los retos del siglo XXI y los problemas que ya le está suponiendo la globalización.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Esquerra. Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, es conocido que el impulso del nuevo modelo de crecimiento económico, con el que nos consta que este Gobierno está comprometido, pasa por aumentar nuestros niveles de productividad; unos niveles de productividad que durante los
últimos años han crecido por debajo de la media europea y que exigen una apuesta decidida. Y en esta apuesta es fundamental el crecimiento de nuestro nivel de stock de capital tecnológico. Eso pasa por aumentar drásticamente nuestros niveles de
gasto en I+D, una necesidad en el conjunto del Estado, pero especialmente urgente en Cataluña, donde el peso específico de la industria intensiva en capital es particularmente elevado. El retraso tecnológico respecto a los países más desarrollados
es evidente y todos estaremos de acuerdo en que no podemos ni queremos competir en costes salariales. El gasto de I+D sobre el PIB es del 1,38 por ciento, lejos del 2 por ciento de media en la Unión Europea. Otro indicador que también pone de
manifiesto este desfase es el número de patentes por millón de habitantes, donde nos situamos a menos de la mitad de la media de los Estados miembros. La limitada capacidad y la baja actividad en I+D de las empresas, que deben ser el principal
protagonista de este cambio, es una de las mayores debilidades de nuestro sistema de innovación. Debemos, pues, prestar una especial atención a los bajos incentivos empresariales en materia de I+D+i a la hora de diseñar una nueva política de
innovación tecnológica.
Dentro de esta política de innovación que sitúe el tejido productivo como motor de arranque, el marco fiscal de las empresas es una pieza fundamental.
El Estado español presenta una situación especialmente paradójica.
Disponemos hasta el momento, y sobre el papel, del sistema fiscal más generoso en su política de incentivación de I+D, algunos estudios recientes incluso lo sitúan a la
cabeza, por delante de países como Dinamarca o Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar de forma sustancial nuestra inversión privada en capital tecnológico. Un diagnóstico que nos indica que la solución no está en el
papel sino en la aplicación práctica. Y es que hoy en día es una evidencia que las exigencias de la Agencia Tributaria para acceder a las deducciones contempladas en el impuesto sobre sociedades constituyen auténticas barreras, en algunos casos
murallas, para las empresas y no son un incentivo efectivo ni útil para impulsar la inversión privada en I+D. Por este motivo, siempre hemos respaldado medidas que ayudan a cerrar ese decalaje entre el marco fiscal vigente y la praxis diaria de
nuestras empresas.
Consideramos, pues, que esta proposición de ley supone un paso hacia esa dirección y, por tanto, no dudamos en manifestar nuestro apoyo. Ahora bien, no podemos olvidar la realidad del empresariado catalán, un empresariado fuertemente
cimentado en la pequeña y mediana empresa. Es de sobra conocido también que la elevada presencia de empresas de reducida dimensión en el tejido industrial catalán supone un handicap importante a la hora de desarrollar actividades de innovación y
para acceder a los principales incentivos fiscales. Una empresa de cuatro trabajadores difícilmente podrá especializar a una persona para buscar el mejor trato fiscal o para redactar informes motivados, ni tampoco podrá destinar los recursos
económicos necesarios para externalizar estas gestiones. Una gran compañía de telecomunicaciones, por ejemplo, sí. Esto explica por qué el tipo efectivo de alguna de estas grandes compañías en el impuesto sobre sociedades se aproxima al 12 por
ciento y por qué algunas pymes difícilmente pueden bajar del 30 por ciento. Y es que aunque ya no es costumbre, los datos no están disponibles, las deducciones por I+D se concentran en las empresas de mayor dimensión; el actual marco fiscal supone
una discriminación flagrante
hacia la base productiva, la garantía de ser aún más innovadores y competitivos a largo plazo. No requerir a las empresas que sean beneficiarias de las ayudas públicas como las comprendidas en el programa de fomento de la investigación
técnica, el Profit, es sin duda una manera de rebajar estas barreras de entrada a las deducciones, y lo celebramos, pero no soluciona este fenómeno discriminatorio que deriva en tipos regresivos en el impuesto sobre sociedades. Las empresas que se
han beneficiado de ayudas como las del Profit siguen siendo aquellas de mayor dimensión, y los datos lo demuestran.
Por este motivo, a la vez que respaldamos esta proposición de ley, que seguramente tendrá que ir finalmente incardinada en la reforma del IRPF, como grupo parlamentario hemos presentado otra proposición de ley que facilita un trato fiscal
efectivo más favorable a un espectro más amplio de empresas, reduciendo el periodo de tiempo que tienen que esperar las empresas para beneficiarse de las ventajas fiscales, ampliando la libertad de amortización en activos tecnológicos y aplicando
criterios menos restrictivos en la definición y motivación del gasto en I+D.
Esperemos que en su momento también cuente con el apoyo de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Popular, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Otra cosa es que luego, durante su tramitación, se trate algún punto del preámbulo. Nos
parece una proposición de ley claramente favorable, y eso a pesar de lo que ha mejorado en los últimos años I+D o I+D+i en relación con el PIB. Daré solamente algunos datos. En el año 1995 la I+D en relación con el PIB era del 0,8 por ciento. En
el año 2003, cuando el PP dejó el Gobierno, había pasado al 1,1 por ciento.
Esas tres décimas implicaban un 35 por ciento de avance. Al mismo tiempo, en Europa, en el año 1995 se situaba en el 1,88 por ciento, y en 2003, en el 1,97 por ciento.
Luego en Europa solo había habido una décima de avance, es decir, un 5 por ciento. En España el avance con el PP había sido siete veces mayor que en Europa, aunque es cierto que nuestras cifras eran la mitad que las europeas.
Ahora bien, no me gustan las comparaciones expresadas en porcentajes de I+D respecto al PIB; creo que es un sistema demasiado simplista y hay muchos economistas que no lo consideramos adecuado. Es normal que los países más desarrollados
dediquen más gasto a I+D que los menos desarrollados. Esto es teoría económica y, si se quiere saber es el modelo Heckscher-Ohlin de la especialización, porque hace falta más capital humano. Si eso es así, hace falta ver la situación relativa de
cada uno respecto al punto que le correspondería por su grado de desarrollo. En este gráfico se muestra de manera simplista, y comprendo que no se verá muy bien. (El señor Gámir Casares muestra un gráfico a la Cámara.) En abcisas está la variable
explicativa, el PIB per cápita, que indica el grado de desarrollo, y en ordenadas está la variable explicada, el gasto en I+D en relación con el PIB. La regresión es muy buena econométricamente. Perdonen por no profundizar en todos los datos
econométricos de esta regresión, pero acéptenmelo, es muy buena. En esta regresión el punto teórico de España sigue estando por encima del punto real. El punto real está exactamente a un 62 por ciento del punto teórico. Por tanto, tenemos que
seguir haciendo un esfuerzo. De todas formas, también es cierto -y perdonen porque esto es un poco más técnico, aunque tampoco demasiado- que en esta recta hay un coeficiente básico, el 0,02, que es la relación entre la variable que explica y la
variable explicada, y que nos viene a decir que con el Gobierno del PP España acercó su convergencia con Europa en 7 puntos. Eso nos debería haber llevado a aumentar nuestro esfuerzo en I+D en un 0,14 por ciento. Lo incrementamos en un 0,18 por
ciento; un 20 por ciento más de lo que nos correspondía según este modelo. Esto es importante porque a veces se dice que el Gobierno del Partido Popular fue un Gobierno que estuvo muy dedicado a la creación de empleo, y lo fue -se crearon cinco
millones de puestos de trabajo-, pero también fue un Gobierno tecnológicamente eficaz. Hemos visto que, con el indicador más simple, el incremento de la inversión en I+D fue siete veces mayor que en Europa durante el Gobierno del Partido Popular y
que con este, más complejo, fue un 20 por ciento más de lo que nos correspondía.
Por razones de tiempo no presentaré otras regresiones relacionadas con el sector privado y con el sector público, pero si se presentaran se vería que en el sector público el punto real y el punto teórico están, para el caso de España, casi
donde les corresponde. La gran diferencia está en la empresa privada. Esa es una razón más para votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque su contenido se refiere al sector privado.
Permítanme en todo caso un comentario distinto -y dicho sin la menor acritud- sobre alguna de las posturas que he oído desde el partido del Gobierno. En primer lugar, fuera del foro parlamentario dos ministros no han dicho exactamente lo
mismo, aparte de lo que se ha comentado aquí sobre una proposición de ley presentada sobre la Ley de Sociedades.
Montilla, en la APD, muy recientemente, dijo que había que mantener los sistemas de apoyo fiscal y que había que reducir en un 40 por
ciento las cuotas a la Seguridad Social de las personas empleadas como investigadores. Sin embargo, Solbes en el Foro Nueva Economía, preguntado específicamente sobre ese tema -yo estaba presente-, contestó que no pasaba nada por eliminar las
deducciones a la investigación porque eso luego se compensaría vía gasto. Compensarlo vía gasto nos lleva a uno de los problemas de
esta legislatura que ya ha sido planteado muchas veces, a la diferencia entre lo prometido en el programa electoral del PSOE y en el discurso de investidura de Zapatero en esta Cámara y la realidad. En el programa electoral del PSOE se
decía que se incrementaría el gasto en I+D en el 25 por ciento anual acumulativo en los capítulos I a VII del presupuesto, porque no tiene nada que ver con el capítulo VIII, que es el capítulo de préstamos. El primer año la propuesta de incremento
en vez de ser del 25 por ciento era del 8,8 por ciento. Además estaba escondido o camuflado, de forma que aparecía por ahí el 25 por ciento pero la realidad era el 8,8 por ciento. Ante las protestas de la oposición y de los investigadores, por
enmiendas del propio Grupo Socialista, se llegó al 11 por ciento, 14 puntos por debajo de lo prometido en el programa.
En el programa del segundo año se ha incrementado un 24 por ciento. Pero aquí caemos en el problema de los efectos acumulativos. El 25 por ciento durante dos años no es el 50 por ciento, sino el 56, porque hay que contar el 25 por ciento
de 125. El 56 por ciento respecto a lo que está ocurriendo son 19 puntos de diferencia; si antes eran 14 ahora son 19 puntos de diferencia. Encontramos que le va a ser imposible al PSOE cumplir su programa en materia de gasto público. De forma
que decir por parte del vicepresidente que se contrarresta con el incremento del gasto público lo que se va a perder por las deducciones fiscales, simplemente no es cierto. Ante la imposibilidad de cumplimiento de esta promesa parlamentaria hecha
solemnemente por Zapatero en su discurso de investidura, permítanme acabar, en broma y sin acritud hacia el Grupo Socialista, diciendo que hacen suya una frase de uno de los grandes socialistas de nuestra época, Tierno Galván, que decía: los
programas electorales están para no cumplirlos. Comprendo que esa frase el Grupo Socialista la haya colocado en su frontispicio, en su escudo, especialmente cuando se presenta a elecciones y las gana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Castillejo, Grupo Socialista.
Adelante.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley del Grupo Convergència i Unió, como ya se ha expuesto, nos plantea una modificación del artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en su apartado 4 a).
Esta iniciativa establece
el objetivo de que los sujetos pasivos que pretendan acogerse a la deducción regulada en este precepto puedan aportar además del informe motivado del Ministerio de Industria, como exige el actual marco legislativo, cualquier otra acreditación
otorgada por organismos públicos que permite identificarles como beneficiarios de ayudas destinadas a I+D+i, teniendo estas acreditaciones carácter vinculante para la Administración Tributaria e incluyendo en este tipo de ayudas las del programa de
fomento de la investigación técnica.
Comenzaré diciendo que es un principio generalmente aceptado por todos los grupos de esta Cámara que las actividades de investigación, desarrollo e innovación son un elemento estructural básico para el crecimiento a medio y largo plazo de
una economía. En este sentido, podemos entender algunas de las modificaciones legislativas en materia fiscal que se han producido en los últimos años. Me refiero expresamente a aquellas que en la teoría han perseguido el doble objetivo de aumentar
la potencia y efectividad de los incentivos fiscales en I+D+i y de dotar de mayor seguridad jurídica a los sujetos pasivos. Con este último objetivo de la seguridad jurídica son varios los mecanismos que se han introducido, y citaré dos: por un
lado, la Ley 55/1999, que estableció la posibilidad de plantear consulta vinculante sobre la interpretación y aplicación de la deducción, así como de solicitar de la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de valoración de los
gastos correspondientes a actividades de I+D+i y, por otro, más recientemente, la Ley 7/2003, a la cual ya se ha hecho referencia, que introduce mediante una disposición adicional la posibilidad de aportar un informe motivado emitido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos para calificar estas actividades del sujeto pasivo como investigación, desarrollo o innovación. Estas medidas, al llevarlas a la
práctica, han producido los efectos de ineficacia que otros portavoces han expuesto con anterioridad y en los que no me voy a extender.
Dicho esto quiero recordar que los conceptos de I+D+i que se utilizan a efectos fiscales en aplicación de la deducción del artículo 35 y los que se emplean a la hora de conceder ayudas y subvenciones destinadas a este tipo de actuaciones no
son coincidentes. Por ejemplo, y dado que en la iniciativa se alude expresamente a las ayudas concedidas dentro del programa Profit, podemos citar el caso de los proyectos dirigidos a la investigación técnica, recogidos en el Plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2004-2007. Dado el actual marco jurídico, no todos ellos tendrían cabida en los conceptos que regula el artículo 35 del impuesto sobre Sociedades dado que este programa admite la
inclusión de gastos que no son en sentido estricto inversiones en investigación, desarrollo o innovación.
Ante el gran número de alusiones en este debate no quiero ni puedo obviar en mi intervención el proyecto de reforma fiscal en curso, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, y remitido a estas Cortes. Como es de sobra
conocido, este proyecto de ley prevé la progresiva reducción, entre otras, de la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y esta reducción de las deducciones del impuesto se acompaña de una minoración de
los tipos impositivos con el objetivo final de producir una mayor neutralidad, una mayor equidad y eficiencia y una mejor tributación para las empresas españolas, que mejorarán sin duda su posición competitiva en los mercados
internacionales, cumpliendo así con nuestro programa electoral. En el caso concreto de las actividades de investigación, desarrollo e innovación se opta por una reducción que se produce en los mismos porcentajes en que se minoran los tipos
impositivos con el objetivo de permitir a las empresas la adaptación de sus políticas de inversión al nuevo marco de ayudas públicas de impulso a estas actividades.
Si hacemos un análisis comparativo, podemos concluir que, en la actualidad, tenemos unos incentivos fiscales superiores a los vigentes en otros países de nuestro entorno, aunque, sin embargo, los datos demuestran que su utilización es más
bien escasa. Por otra parte, los países de la Unión Europea tienen distintas alternativas para fomentar estas actividades, y muchas de ellas se basan más en ayudas directas vía subvenciones o en incentivos directos a distintas instituciones
destinadas con exclusividad a I+D+i. En ese sentido, puede concluirse que quizá las deducciones fiscales no sean el cauce más efectivo para fomentar este tipo de actuaciones y sea necesario emplear otras vías alternativas como las ayudas directas,
por las que quiere apostar el Gobierno. Con esto quiero dejar claro una vez más, para tranquilidad del señor Sánchez i Llibre y del resto de los portavoces, y como lo hizo el señor vicepresidente el pasado miércoles, que este nuevo esquema del
impuesto sobre Sociedades no supone, en absoluto, una disminución del esfuerzo del Gobierno en materia de I+D+i, como además se viene demostrando en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo ha trasladado a esta Cámara.
Tanto el Gobierno como este grupo parlamentario consideramos de importancia capital las acciones en materia de investigación, desarrollo e innovación para impulsar la competitividad de nuestra economía, y precisamente por ese motivo se
buscan nuevas respuestas a la necesidad creciente de una mayor efectividad de las medidas que se adopten en este sentido. Las propuestas planteadas en la reforma fiscal, incluida la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social del personal
investigador, tienen por objetivo extenderse a todos los sectores de nuestra economía en la búsqueda de ese crecimiento a medio y largo plazo al que hacía referencia al principio de mi intervención. Por tanto, y para concluir, dado ese ánimo y esa
voluntad, apoyamos la toma en consideración de esta proposición de ley, sin perjuicio de que, en su trámite, realicemos las aportaciones pertinentes que conlleven la agilización del proceso propuesto en la iniciativa y encaminadas a que el resultado
final sea coherente con la reforma fiscal que finalmente aprueben estas Cortes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castillejo.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
-DEL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 121/000066.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley, hay una solicitud de avocación por el Pleno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete
al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), RELATIVA A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FISCAL A LOS GASTOS MILITARES. (Número de expediente 122/000160.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la toma en consideración de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. Son dos votaciones. En primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC), relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 14; en contra, 293; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE AGILIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+I.
(Número de expediente 122/000188.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de agilización
del proceso de reconocimiento de cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación de deducciones fiscales por actividades de I+D+i.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 304; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA INSTAR A QUE, EN LOS SUPUESTOS DE ACCESO A LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD POR PARTE DEL PADRE DEL RECIÉN NACIDO, EL PERIODO DE COTIZACIÓN PREVIO SEA EXIGIBLE EN EL MOMENTO DE HACER
EFECTIVO EL DERECHO AL CORRESPONDIENTE DESCANSO.
(Número de expediente 162/000447.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para instar a que, en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido,
el periodo de cotización previo sea exigible en el momento de hacer efectivo el derecho al correspondiente descanso. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto II del orden del día referido a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para instar a que, en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad
por parte del padre del recién nacido, el periodo de cotización previo sea exigible en el momento de hacer efectivo el derecho al correspondiente descanso.
Tiene la palabra la señora Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado día 22 de febrero de 2006, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley ante esta Cámara para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que, en los
supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido, el periodo de cotización previo sea exigible en el momento de hacer efectivo el derecho al correspondiente permiso.
Esta proposición hay que entenderla en el contexto del compromiso asumido por el Grupo Socialista en su programa electoral a fin de llevar adelante todas las medidas legales posibles que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, y en
este caso concreto la posibilidad del derecho del padre a disfrutar de un permiso de paternidad como derecho subjetivo e individual. Por otra parte, hemos podido oír en esta Cámara, repetidamente, el pronunciamiento de los compromisos de Gobierno,
en concreto al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, los días 18 de mayo y 29 de septiembre de 2004, o algunas proposiciones aprobadas en esta sede parlamentaria el 19 de mayo de 2005 y el 7 de febrero de 2006 sobre temas relacionados con
estos permisos de paternidad independiente.
También en la Declaración para el diálogo social del año 2004, firmada por el Gobierno, la CEOE, la Cepyme, Comisiones Obreras y la UGT, se plantea el compromiso de buscar alternativas reales a la
conciliación de la vida familiar y laboral. Finalmente, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de ley de garantía de la igualdad entre hombres y mujeres, que tendremos ocasión de debatir dentro de poco en esta Cámara.
Señorías, este es uno de los mayores compromisos de nuestro grupo parlamentario en esta legislatura. Creemos que uno de los mayores campos de trabajo para mejorar realmente la vida de las mujeres a fin de que la igualdad no sea una palabra
políticamente correcta, sino una realidad cotidiana, se encuentra en las mejores de condiciones de trabajo; en la toma de medidas para conciliar la vida familiar y la vida del trabajo; en la posibilidad real de que los asuntos de la familia, de
los niños y de las niñas, no sea una especialidad de las mujeres, sino un compromiso verdaderamente asumido por las dos partes, realizándose las modificaciones legales y reglamentarias que se precisen. La actual legislación sobre la
maternidad-paternidad está regulada por la Ley General de la Seguridad Social y por el Estatuto de los Trabajadores. En este contexto tiene sentido la presentación de esta proposición no de ley. Para la extensión del derecho se propone que el
padre pueda acreditar la cotización exigible en el momento de ejercer su derecho a la parte del descanso cedido por la madre, aunque no tuviera ese derecho en la fecha del hecho causante de la prestación por maternidad, que es el momento del parto,
o la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Señorías, en la regulación actual puede darse el caso de que un padre no acredite las cotizaciones mínimas necesarias en la fecha en que se propone el hecho causante de la prestación en que se produce el hecho del parto o de la decisión
administrativa o judicial del acogimiento o de la adopción, y, sin embargo, unas semanas o meses más tarde, es decir, coincidiendo con el momento del disfrute de la prestación por paternidad, sí haya podido totalizar esas cotizaciones. En
definitiva, se trata de que el padre trabajador disponga de más tiempo para reunir los requisitos necesarios para tener derecho a la prestación por paternidad. Es una mejora que algunos consideran poco relevante, ya que no afecta a
un gran número de beneficiarios, pues son pocos los que piden este permiso, sin embargo, servirá para reconocer el derecho a disfrutar del subsidio por paternidad a trabajadores que con la regulación actual no podrían acceder a él. Para
ellos, desde luego, no será una medida poco relevante. Además, cabe pensar que una buena parte de esos trabajadores que no reúnen las cotizaciones mínimas necesarias serán personas jóvenes recientemente incorporadas al mercado laboral. Señorías,
la repercusión beneficiosa para nuestra sociedad de esta medida se amplía de forma considerable si tenemos en cuenta que, en gran medida, servirá para falicitar que padres jóvenes cumplan adecuadamente con sus responsabilidades familiares. Por ello
vuelvo a repetir que, quizás cuantitativamente, la proposición no de ley que hoy debatimos no tendrá mucha repercusión en el caso de ser aprobada, pero cualitativamente estamos dando un paso importante hacia una sociedad más justa y más igualatoria.
En el artículo 133.3 de la Ley General de la Seguridad Social se habla de un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al parto o a las fechas de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o de resolución judicial por la que se constituya la adopción. En el anteproyecto de ley de garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, en la disposición adicional prevista para la modificación de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994, en la modificación séptima, se alarga el periodo de cinco años a otro de siete años inmediatamente anteriores al inicio de la suspensión o, alternativamente, 365 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a
la mencionada fecha de suspensión del contrato de trabajo.
Se han presentado dos enmiendas. Una ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es de modificación, que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte, antes de finalizar
el presente periodo de sesiones -esto es lo que modifica-, las medidas necesarias en orden a que en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido el periodo de cotización previo sea exigible en el
momento de hacer efectivo el derecho al correspondiente descanso. Vamos a aceptar esta enmienda. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra enmienda que no vamos a aceptar, porque lo que hoy se está tratando es un problema técnico, y
creemos que la modificación que el Grupo Popular presenta se podrá introducir en la futura ley de garantía de igualdad entre hombres y mujeres, que tendremos ocasión de ver próximamente en esta Cámara.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pin.
Señorías, abrimos el turno de defensa de las enmiendas. Comenzamos con la señora Sainz para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y el reparto de responsabilidades en el cuidado de la familia son objetivos fundamentales del Grupo Popular. Pensamos, además, que deben estar presentes en la agenda política del
día a día porque son muchas las cosas que todavía hay que ir resolviendo. En los años de gobierno del Partido Popular, la conciliación se incorporó con fuerza y con entidad propia a las políticas sociales, hasta el punto de haber sido objeto de una
regulación legal específica, la Ley 39/1999, de Conciliación de la vida laboral y familiar, ley pionera en Europa, que aumentó de manera fundamental el abanico de posibilidades de disfrute para los hombres de las suspensiones contractuales por
cuidado de hijos y otras situaciones familiares. Recordemos que esta ley aumentó el periodo de descanso por maternidad para los hombres y estableció por primera vez la posibilidad de que el padre pudiera disfrutar de hasta diez semanas de periodo
de descanso por maternidad, bien de forma simultánea o sucesiva a la de la madre, e introdujo importantes cambios legislativos en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito fiscal y social, para que los padres pudiesen participar más
activamente en la vida familiar. Como les decía, fue una ley pionera, a la que sucedieron muchas otras iniciativas de los gobiernos del Partido Popular para impulsar la política de igualdad. Sin embargo, el número de varones que se acoge a los
descansos retribuidos legalmente previstos sigue siendo muy bajo en nuestro país.
Me van a permitir que, centrándome en esta proposición no de ley, señorías, les diga que es un buen ejemplo de la intransigencia del Grupo Socialista. Me quiero explicar con toda claridad. El día 7 de febrero defendí, en nombre de mi
grupo, una proposición no de ley en la que solicitaba extender el disfrute del permiso de maternidad a los padres en el supuesto de enfermedad de la madre o de incapacidad. ¿Y qué hizo el Grupo Socialista? Presentar una enmienda para, aceptando el
contenido, remitir su incorporación a la próxima ley de igualdad de mujeres y hombres que hoy han citado. Textualmente dijeron: En estos momentos se está trabajando en la elaboración de la Ley de garantía de igualdad de mujeres y hombres, una de
cuyas líneas a seguir son las medidas de conciliación; y para finalizar: Coincidiendo en esta medida concreta, hemos presentado una enmienda en la que cambiamos la redacción para que sea como resultado del proceso de diálogo social y en la Ley de
Igualdad se enmarque esta medida. Y agradecen después la coincidencia con el Grupo Popular. Mucha coincidencia sí, pero no han aceptado la propuesta que hizo el Grupo Popular entonces. La remitieron a la futura ley, y hoy yo me pregunto: ¿Qué
sucede? ¿Que su proposición no de ley no es una medida de conciliación?
Ustedes mismos han dicho que sí en la defensa. ¿Es que la Ley de Igualdad es tan corta, señorías, y tan poco ambiciosa que una modificación tan pequeña, como han dicho aquí, y técnica además, no la pensaban incorporar a la ley? ¿Qué quiere
decir esto de verdad, señorías? Creo, señores socialistas, señorías, que se niegan a apoyar todo aquello que sea una iniciativa del Grupo Popular, aunque sea una propuesta justa, aunque sea una propuesta razonable. Pero nosotros somos distintos y
vamos a votar a favor de la iniciativa porque el Grupo Popular está abierto a todo lo que sean medidas positivas ya que lo que nos importa es el bienestar de las personas, porque no estamos en el oportunismo político, porque creemos de verdad en la
necesidad de ir avanzando en la aplicación de la conciliación y porque tenemos voluntad de acuerdo en todo aquello que afecta a las políticas de igualdad, en todo aquello que ayude a cambiar los hábitos de los hombres y de las mujeres con el fin de
que sean corresponsables. Precisamente porque queremos avanzar hemos presentado una enmienda también, ya que queremos claramente que se cree un permiso exclusivo del padre, y a tal fin proponemos que se hagan las modificaciones en el Estatuto de
los Trabajadores para conseguirlo, para regular este permiso independiente del de la madre con una duración de tres semanas. He de decir, señora presidenta, que nuestro grupo concibe este permiso a mayores del que ya puede disfrutar el padre dentro
del de maternidad y que sería aplicable cuando hubiese finalizado la baja de la madre. Hablamos, por lo tanto, de un periodo de baja que sería exclusivo para el padre y por un tiempo que nos parece suficientemente amplio para que pueda ejercerse la
responsabilidad paternal de manera adecuada.
Termino, señora presidenta, diciendo que me parece, por lo que he oído, que tampoco va a haber suerte, porque dicen que el permiso singular de paternidad sí lo van a remitir a la ley. No entiendo estas varas de medir diferentes y distintas.
Por cierto, lo que ustedes dicen que van a aplicar en la futura ley, ese permiso paternal, es tan corto que quedaría casi en una pequeña anécdota, mientras que nuestra propuesta sería un gran avance por la dimensión que le damos. Por lo tanto, no
cejamos en pedir su apoyo, el del Grupo Socialista y el de todos los otros grupos, porque va en línea con lo que hay en otros países de nuestro entorno y supondría un avance y una apuesta clara por el reparto de responsabilidades y una contribución
a la conciliación, que es necesaria en cualquier país moderno y avanzado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Sainz, muchas gracias.
La siguiente enmienda es del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra para defenderla doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta. Desde Convergència i Unió vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario Socialista porque nos parece un paso -un pequeño
paso si hemos de ser realistas- en la buena dirección; un pequeño paso si nos atenemos al número de padres a los que va a afectar la medida propugnada en el texto de la iniciativa, tal como ya ha expuesto la portavoz del Grupo Socialista y tal como
se dice también en el texto de la misma, porque realmente los supuestos a los que va a poder aplicarse son escasísimos. Si es ya muy escaso el porcentaje de supuestos en que los padres varones se acogen al periodo de descanso por nacimiento de un
hijo o de una hija -el 1,54 por ciento de la totalidad de los permisos según datos del Instituto de la Mujer referidos al año 2003-, mucho más escaso será todavía el número de padres que, queriendo acogerse, no puedan hacerlo por no cumplir uno de
los requisitos que se precisan para ello, que es tener cubierto el periodo mínimo de cotización a la fecha del parto, y que, por el contrario, sí lo vayan a tener cubierto a la fecha de hacer efectivo el derecho al correspondiente descanso, que será
únicamente entre seis y dieciséis semanas más tarde, y que es el contenido concreto de la iniciativa que estamos viendo. El paso es, pues, pequeño si nos atenemos al número de beneficiarios de esta iniciativa, pero, como digo, nos parece que es un
paso en la buena dirección. ¿Por qué en la buena dirección? Porque desde Convergència i Unió compartimos la filosofía de fondo en la que se enmarca esta iniciativa. Tal como hemos repetido desde esta tribuna en numerosas ocasiones, uno de los
retos pendientes en la igualdad entre hombres y mujeres es la incorporación de los hombres a las responsabilidades familiares, y el paso -el pasito- que se dará de prosperar la iniciativa que estamos viendo abunda en esta propuesta de incorporación
y especialmente hará posible la supresión de trabas para aquellos hombres que quieran hacer efectiva su responsabilidad parental.
Ahora bien -y a ello obedece nuestra enmienda-, nos parece que cuando el grupo mayoritario, el grupo que da soporte al Gobierno, presenta una iniciativa de este tipo, debiera poder concretar un poco más en qué consiste el compromiso, no
dejarlo tan abierto ni tan genérico, y debiera por lo menos quedar especificado el plazo en el que se va a materializar, más aún teniendo en cuenta que, como es lógico pensar, el Grupo Socialista no hubiera presentado esta iniciativa si el Gobierno
no la tuviera ya prevista. Por ello, desde Convergència i Unió hemos presentado una enmienda consistente en que el texto recoja que el Gobierno debe materializar este compromiso antes de finalizar el actual periodo de sesiones. Es un plazo
razonable, en el que se presentará -esperamos- la anunciada Ley de Igualdad, en la que cabe perfectamente la inclusión de una medida como la que estamos viendo. Y hablando de la Ley de Igualdad, quisiera desde esta tribuna expresar la extrañeza que
causa a mi grupo parlamentario que no se conozca todavía el texto del anteproyecto. Se anunció por el Gobierno en la fecha del 8 de marzo, pero no conocemos el texto, por lo menos el grupo al que tengo el honor de
representar, porque no nos ha sido remitido, y lo cierto es que una ley de la trascendencia que parece que va a tener esta sería bueno poder aprobarla por consenso o con los mayores apoyos posibles, para lo cual parece que lo prudente sería
buscar el diálogo político cuanto antes, y así lo esperamos. Pues bien, a pesar de no conocer el texto del anteproyecto, y por tanto los términos concretos del mismo, en esa nota del Consejo de Ministros se alude a la aprobación de nuevas medidas
de conciliación, entre las cuales hay -lo ha mencionado ya la señora Sainz- un permiso de paternidad de únicamente ocho días. Quisiera expresar respecto a la duración de este permiso que desde Convergència i Unió unimos nuestra voz a las críticas
que al respecto se han expresado desde distintos colectivos, pero quiero citar expresamente a la Plataforma Cívica por el Permiso de Paternidad Intransferible, una plataforma que une a decenas de asociaciones de muy distinto signo que abogan, como
hacemos desde Convergència i Unió, por un permiso de al menos cuatro semanas, un permiso que prima facie pudiera parecer largo, pero muy modesto y tímido si lo comparamos con el de tres meses que tendrán los varones británicos y que además nos
parece el plazo mínimo para, en una primera etapa, incentivar la corresponsabilidad familiar y reconocer a los hombres el derecho a cuidar de sus hijos. Sabemos que es una medida de conciliación cara, lo sabemos, pero ¿no son acaso también caras el
resto de medidas que se han anunciado en la Ley de Igualdad? Son medidas neutras en el papel, pueden beneficiarse de ellas tanto los hombres como las mujeres, pero todos sabemos que las medidas neutras -y me remito a las estadísticas- las cogen en
su inmensa mayoría, en porcentajes de más del 90 por ciento, las mujeres.
Por todo ello, hoy que debatimos una medida que puede ser un pequeño paso en la buena dirección queremos desde Convergència i Unió estimular al Gobierno para que la Ley de Igualdad se impregne también de esta filosofía y se contemplen
medidas de suficiente potencia para implicar y permitir a los hombres asumir cada vez con mayor intensidad sus responsabilidades familiares, medidas para que la legislación de la Seguridad Social deje de considerar que el cuidado de los hijos es
cosa únicamente de las madres y en definitiva para poder avanzar de manera significativa para acabar con la injusta y desigual división del trabajo entre hombres y mujeres.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem, muchas gracias.
Defendidas las enmiendas presentadas, pasamos a la fijación de posiciones.
Comenzaremos con la del Grupo Mixto, y tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a dar nuestro apoyo a la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista porque consideramos que es una propuesta para resolver un problema técnico de la Ley de la Seguridad Social y garantizar algo que en estos
momentos no es posible precisamente por los días de cotización.
Permítanme, sobre todo las señoras y señores diputados del Grupo Socialista, que aproveche esta proposición no de ley que presentan para expresarles, aun siendo desconocedora del anteproyecto de Ley de la igualdad entre hombres y mujeres y a
pesar de estar de acuerdo con la propuesta que proponen, la perplejidad respecto a hacer esta propuesta cuando estamos pendientes de que se presente en este Congreso el proyecto de Ley de igualdad entre hombres y mujeres. Digo esto porque la
cuestión técnica que resolvemos en el día de hoy tiene relación con algo que está implantado legislativamente y por tanto en vigor, y es que los padres pueden acceder al permiso de maternidad. Si estamos ante un próximo proyecto de Ley de igualdad
entre hombres y mujeres, entendemos que una de las cosas que tiene que resolver ese proyecto es que los padres puedan acceder a un permiso de maternidad; es decir, si queremos que haya igualdad entre hombres y mujeres tenemos que reconocer el
derecho de los padres a acceder a un permiso de paternidad, que tendrá que ser independiente del permiso de maternidad. Esto es así no tanto, aunque sí, en relación con el derecho de los padres a ese permiso y a tener esos días para atender a su
hijo o hija como en relación con el derecho de las mujeres a que el costo social que tiene la maternidad, sobre todo cuando hay que compatibilizarla con la vida laboral, sea el mismo que tenga la paternidad. Porque mientras la paternidad no tenga
el mismo costo social que la maternidad no vamos a conseguir que se resuelvan las trabas que dificultan la igualdad en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Tenemos ejemplos de esto todos los días. Sabemos que en numerosísimas
empresas se les pregunta a las mujeres que optan a un puesto de trabajo que tienen una determinada edad, la edad reproductiva, si tienen novio, si piensan casarse y si piensan tener hijos, algo que va no solamente contra los derechos
constitucionales de la persona sino contra los derechos humanos en sí. Esto está pasando todos los días, y no pasa cuando un varón pretende acceder a un puesto de trabajo. La cuestión fundamental está en que, desde mi punto de vista
equivocadamente, los empresarios consideran que las bajas por maternidad son gravosas para una empresa. Digo equivocadamente porque si se analiza el número de días de baja o ausencia en los puestos de trabajo de los varones respecto a las mujeres,
incluyendo las bajas por maternidad, las de los varones son superiores a las de la media femenina. Por eso digo que es más un prejuicio que una realidad de lo que representa como gravoso la circunstancia de la baja maternal.
Vamos a apoyar esta proposición, pero queremos hacerles llegar nuestra preocupación de que si lo que nos están proponiendo hoy es que no tienen previsto considerar el permiso de paternidad y van a continuar manteniéndolo como subsidiario del
de la maternidad, mal vamos con esa Ley de Igualdad porque no va a responder
a las necesidades que tenemos en la sociedad fundamentalmente las mujeres.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández, muchas gracias.
La señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra para fijar posición.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario quiere expresar, en primer lugar, que votaremos favorablemente la propuesta que nos ha traído el Grupo Socialista ya que, como parece obvio, nuestro grupo va a apoyar cualquier propuesta que en principio
pueda significar una simple mejora. Pero, dicho esto, lo que yo quisiera manifestar fundamentalmente en esta intervención es la sorpresa -y así lo he expresado no solamente ahora sino también directamente al Grupo Socialista- por que lleguen a la
Cámara este tipo de propuestas. Algunas de las razones ya las han mencionado las anteriores portavoces, pero añadiré alguna más, porque, consultado directamente el ministerio, parece que esto podría haber sido resuelto con una orden ministerial y
sin necesidad de traerlo a la Cámara. Por tanto, es una sorpresa, ya que todos tenemos mucho interés en el debate parlamentario de cualquier tema social importante, pero en los debates necesarios que requieren una tramitación y que requieren instar
al Gobierno en cuestiones que a priori el Gobierno no puede hacer o no tiene toda la reglamentación para hacerlo, y es el propio Grupo Socialista el que trae una propuesta para instar al Gobierno socialista a realizar algo que parece que puede hacer
sin traerlo a esta Cámara. A nosotros nos parece, y así se lo dejamos claro anteriormente al Grupo Socialista , que no es este el procedimiento. ¿Por qué? Porque ahora, como el resto de portavoces, yo me veo obligada a hablar de la Ley de
Igualdad puesto que en relación con la propuesta no hay más que hablar.
Afectará a las personas que afecte, es correcto que se modifique para que no haya posibilidad de que durante las dieciséis semanas iniciales pueda haber personas que antes no
tuvieran los 180 días reglamentarios y después de las dieciséis semanas sí los tengan y se puedan encontrar con este problema, pero nos parece que aquí acaba la discusión.
¿Cuál es el verdadero debate? El verdadero debate es qué pasa con la Ley de Igualdad. ¿Qué va a decir la Ley de Igualdad en relación con el permiso de paternidad? ¿Va a ser un permiso de paternidad ligado al permiso de maternidad, o
independiente, como nuestro grupo plantea? En definitiva, ¿qué va a decir la Ley de Igualdad sobre muchos aspectos que todos esperamos poder conocer de tan esperada ley? Por tanto, se trata de iniciar ahora un debate a propósito de una iniciativa
que nos parece que tiene una importancia relativa, como ya he dicho antes, y que abre un camino, porque nuestro grupo parlamentario, por ejemplo, tiene varias proposiciones de ley relacionadas con la conciliación laboral y familiar y con la Ley de
Igualdad, y no las ha priorizado en el cupo para el debate por respeto a la esperada Ley de Igualdad. Quizá con esto -y yo ya lo advertí- lo que puede pasar es que si en dos o tres semanas no tenemos la Ley de Igualdad empecemos a partir de ya a
traer a esta Cámara las proposiciones de ley que todos tenemos en relación con dicha ley.
¿Ustedes quieren hablar de la Ley de Igualdad? ¿Quieren hablar del permiso de paternidad? Yo estaría encantadísima y espero con una ansiedad increíble poder
hablar de la Ley de Igualdad. Ustedes nos traen este debate menor -es un debate menor sobre todo porque parece que lo pueden resolver simplemente a través de un trámite del ministerio-, y nos sorprende que ustedes propicien esta situación para que
yo y otros portavoces les tengamos que preguntar qué pasa con la Ley de Igualdad y cuál es la propuesta que nos van a traer del permiso de paternidad. Dicho esto, nuestro grupo parlamentario no esperará más de un mes, en función de que llegue o no
llegue esta ley, para priorizar el debate serio y riguroso en esta Cámara sobre la Ley de Igualdad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra para fijar posición en su nombre doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, dos cosas sorprenden a mi grupo en relación con esta proposición no de ley. La primera, ahora y cuando gobernaba el Partido Popular, es que el grupo mayoritario en la Cámara se vea obligado en cada momento a utilizar el
instrumento de las proposiciones no de ley para instar al Gobierno a hacer algo. Si el Gobierno está sostenido por ese grupo bastaría con que, si el Gobierno lo apoya, se haga directamente y no haga falta la instancia de la Cámara. Le reconozco
una ventaja en relación con esta posibilidad: puesto que, como deseo en el día de hoy, además del apoyo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) esta iniciativa contará con otros apoyos, algunos ya manifestados -yo adelanto el de mi grupo a favor de
la iniciativa-, quienes representan al Grupo Socialista tendrán un apoyo mayor para instar al Gobierno, una cobertura mayor que la de la sola inercia del propio grupo parlamentario. La segunda cuestión que me gustaría traer a esta tribuna es la de
la trifulca partidista que se ha trasladado en todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad.
Por parte de los dos grupos mayoritarios de la Cámara -los demás nos abstenemos de esta cuestión- parece que siempre tienen que debatir sobre
cuál lo vió antes, cuál en su tiempo lo
hizo mejor o cuál se adelantó en esta cuestión. Queremos que el asunto del que estamos hablando, la igualdad entre hombres y mujeres, que esperamos que se traslade algún día en la Ley de Igualdad que se nos dice constantemente que se va a
traer a la Cámara, reciba el adecuado apoyo de esta Cámara y creemos que la cuestión o el empeño no merecen esta trifulca, que a mi grupo le desagrada profundamente.
Lo que hoy se nos propone no es una gran cosa, pero sí es un paso en la buena dirección. Por tanto, como he indicado, mi grupo lo apoyará. La posibilidad de compartir el permiso de maternidad-paternidad constituye un avance social de gran
relevancia que pone de relieve algo tan obvio como que ambos miembros de la pareja están concernidos por las circunstancias del alumbramiento de un hijo o de una hija. Excluyendo el periodo biológico en el que la madre es la que debe recuperarse
del parto y proveer a las necesidades más inmediatas y perentorias del recién nacido, nada obsta para que el resto del tiempo el permiso de paternidad-maternidad pueda ser distribuido entre ambos cónyuges o miembros de la pareja. Como lo que la
proposición no de ley pretende es la remoción de un obstáculo meramente formal y nimio, creemos, como ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que afectará a pocas personas en lo atinente a la posibilidad
anteriormente aludida, el compromiso compartido en los primeros momentos de la vida de un niño, que es la acreditación del tiempo de cotización por parte de quienes vayan a optar por utilizar el permiso, nos parece que se haga y que está bien el
pequeño avance que la proposición no de ley pretende. Es decir, debe reconocerse al padre optante al permiso la acreditación de los periodos de cotización obligatorios en el momento de hacerse efectivo el derecho al correspondiente descanso. Se
evita así que la exigencia en un momento anterior de la acreditación de no haber cotizado impida que haya algunos padres que lo deseen -hay pocos que lo desean, esa es la verdad- puedan beneficiarse del permiso de paternidad y maternidad. Nos
parece que va en la línea de promover la igualdad, en pro de la incorporación a la paternidad y maternidad compartida. No sé lo que ocurre en otras comunidades autónomas, señorías, pero en Euskadi las excedencias y las reducciones de jornada por la
paternidad se ven beneficiadas en más alta medida por el dinero con el que son subvencionadas desde las administraciones públicas. Hay menos varones que las piden y, por tanto, se intenta romper el estereotipo potenciando -pagando más, si se me
permite utilizar esta expresión- que sean los hombres los que las usen. Se trata de evitar a la mujer las dobles jornadas y normalizar las relaciones con los hijos de ambos progenitores.
Es además importante romper la idea de que la lacra -dicho
sea entre comillas- que supone la maternidad en la vida profesional de una mujer le incumba solo a ella y abrir paso a que la idea de la paternidad o maternidad es una carga social a asumir por igual por el hombre y por la mujer. Que en este
periodo la cotización vaya a ser menor y, por tanto, quede para siempre en el historial de la mujer no es algo que solo ella debe soportar; nos parece que el hecho de que también durante cierto tiempo quede esto en el historial del marido es una
medida importante puesto que, insistimos, nos parece que hay que avanzar en la idea de que los hijos no son de la madre, son de la pareja, y a la sociedad la interesa el valor de la igualdad en la tenencia de los hijos.
Nos parece, por tanto, señorías -ya lo he indicado-, una medida positiva que nuestro grupo va a apoyar. Nos gustaría que lo fuera con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que nos parece que
introduce elementos de precisión. En todo caso, sea con ella o sin ella, nuestro grupo votará favorablemente la iniciativa que hoy nos trae el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra para fijar posición el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Esquerra comparte la bondad de la proposición no de ley del Grupo Socialista porque entendemos que mejora el acceso a la prestación de maternidad por parte del padre. Está claro que nuestro sistema de protección
social, caracterizado por el aseguramiento, ha obligado a establecer normas de acceso a las prestaciones que no siempre responden a la lógica ni de lo que pretenden ni de lo que la sociedad exige. Hace pocos días discutíamos unas iniciativas del
Partido Nacionalista Vasco relacionadas con los periodos de exigencia y de carencia de determinados grupos, en concreto de trabajadores prejubilados o personas que habían dedicado su tiempo a tareas de enseñanza de la lengua vasca y que se
encontraban absolutamente desprotegidas. Creo que existe esta correlación entre las necesidades del sistema, que deben ser estables y consecuentes con sus mismas características, y la lógica que a veces se impone y que no tiene cabida en según qué
casos. Es evidente que esta es una de las variables que hay que contemplar. De hecho, dentro de poco, cuando afrontemos la reforma fiscal, es evidente que habrá que solucionar esos problemas y acercar la casuística que se da a veces de situaciones
un tanto anómalas.
En cuanto a la lógica de la protección, nos postulamos favorables a la proposición presentada por el Grupo Socialista. Es razonable que la carencia exigible para el acceso a la prestación de paternidad para los casos en los que la madre
cede su derecho a la prestación de maternidad a favor del padre se compute precisamente en el momento en que se produce la cesión del derecho, en el momento en el que la madre transfiere el goce del permiso y del beneficio de la prestación y no en
el
momento del hecho causante, que sería el del nacimiento. Hasta aquí creo que todos los grupos hemos coincidido en entender lo lógico de lo postulado. Pero hemos hablado de estabilidad y de racionalidad y cabe también hablar de
responsabilidad. En ese sentido, hay que destacar que, tal como se reconoce en la exposición de motivos que justifica la demanda del grupo proponente, es una medida que no afecta a un conjunto importante de la población, por lo cual tampoco incide
de forma sustancial en la estabilidad del sistema. Ahora, con la incorporación de nuevos trabajadores de origen inmigrante, es posible que se puedan dar más casos de personas que no tengan los suficientes días de cotización.
En cambio, a los pocos
que pudiera afectarles, aun cuando pudieran ser más por las razones mencionadas, les influye de forma trascendente, y este es un extremo que justifica, a nuestro entender, la medida en todo su alcance. Así, resulta que aquellas familias en las que
se decide compartir las responsabilidades de conciliación de vida laboral y familiar, de no realizarse el ajuste propuesto, podrían encontrarse con la desagradable sorpresa de que el sistema de Seguridad Social, y más concretamente la protección del
desarrollo familiar, lo limitara, lo cual no es correcto y por eso lo apoyamos. Es una medida que, tal y como ya se ha mencionado, actúa en beneficio del hombre, pero afecta directamente a la mujer trabajadora -demasiadas veces esclava doméstica-,
posibilita, mejora y favorece la corresponsabilidad que tradicionalmente ha faltado en este país y por la que los poderes públicos debemos apostar decididamente si pretendemos convertir nuestra sociedad en avanzada y justa para con sus conciudadanos
y especialmente para con sus conciudadanas. Ahora bien, también nos unimos al conjunto de voces que nos han precedido sobre la necesidad de que la nueva ley de igualdad contemple el permiso de paternidad con independencia del permiso de maternidad.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley porque aborda una disfunción que hacía falta resolver, pero ante nosotros tenemos otro reto, que es el de hacer posible un verdadero permiso de paternidad, repito, independiente del de maternidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Tardá.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA EL RECRUDECIMIENTO DE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN CUBA. (Número de expediente 162/000448.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a la siguiente proposición no de ley. En particular, la propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al recrudecimiento de la represión política en Cuba. Para
defender esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, la pregunta que a mi entender procede es por qué subo de nuevo a esta tribuna para hablar de los derechos humanos en Cuba. La respuesta no puede ser otra que constatar que se ha producido un recrudecimiento en la represión en la
isla y que ese recrudecimiento debe llamar la atención a esta Cámara, que ya en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura ha demostrado su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba. Para no extenderme más de lo
estrictamente necesario, ese recrudecimiento se traduce, en primer lugar, en un aumento de la población carcelaria de presos políticos y presos de conciencia; un aumento objetivo, de acuerdo con los datos que, por ejemplo Elizardo Sánchez -quien
preside una prestigiosa asociación de derechos humanos en la isla- nos ofrece a todos aquellos que seguimos con atención los avatares a los que está sometido el pueblo cubano. En segundo lugar, un aumento de curiosa explicación de los actos de
repudio a los disidentes y a sus familiares que organiza el régimen frente a sus casas, en la vía pública, y que hace exactamente cuatro días tuvo como última manifestación un acto de repudio con más de cien personas ante el domicilio de Vladimiro
Roca quien, lejos de pertenecer a ninguna organización próxima al Partido Popular, da la casualidad que preside el Partido Socialdemócrata cubano, que forma parte de la Internacional Socialista. Por tanto, la represión es indiscriminada y los casos
son alarmantes. Así, también hemos visto situaciones insufribles desde el punto de vista humanitario, como la que padece el psicólogo y periodista independiente Guillermo Fariñas, que se encuentra en huelga de hambre y cuya salud se encuentra en
una situación muy delicada, y cuya máxima reivindicación en este proceso es sencillamente reclamar lo que nosotros calificaríamos un derecho fundamental de nueva generación, como es una libre conexión a Internet. También quería hacer referencia a
este caso dramático o por qué no al caso de las Damas de Blanco, denunciado de forma reiterada recientemente por Miriam Leiva, una de sus portavoces, cuyo testimonio permítanme que relate. Se refiere a Isel Acosta, de 41 años, esposa de Blas
Giraldo Reyes, prisionero de conciencia de los 75 condenados en marzo de 2003. Dice Miriam Leiva, recientemente condecorada con el premio Sajarov del Parlamento Europeo: Estaba sola, pues no tiene familia. Llegaban ómnibus repletos de
trabajadores sociales y otros movilizados para el espectacular mitin de repudio. La barbarie llegó hasta tener presentes a niños de dos y tres años, vociferaban, golpeaban la casa, sacudían puertas y hacían caer el repello de las paredes. Por una
ventana introdujeron un cuchillo demostrativo de que lo usarían para asesinarla. Gritaban: ¿dónde están tus agallas? La católica, satanás, no dejas operar a tu maridito. Quieres a tu maridito muerto. Hasta se subieron al techo. De los vecinos
de la cuadra solo participaron tres o cuatro, el resto permaneció incrédulo, espantado y preocupado por lo que le
podría suceder a esta dulce e indefensa mujer. Eso ocurre en Cuba de forma recurrente y creo que nuestro deber es denunciarlo. Esta es la situación en Cuba y hace un año instamos al Gobierno a que incrementase su denuncia de estos casos, y
aprovecho la ocasión para decirle al señor Xuclà, diputado de Convergència i Unió, que aprecio el esfuerzo que ha hecho al presentar su enmienda, pero entiendo que el texto que nos presenta reproduce en gran medida la proposición no de ley que ya
fue aprobada entonces y que de esta forma, en el caso de aceptarla, sería una suerte de non bis in idem o redundancia legislativa que en nada beneficia al principio de eficacia del legislador que se espera de nosotros. Por tanto, ya adelanto que la
enmienda no tiene mucho sentido. El tercer punto que justifica la proposición no de ley es que la Unión Europea hace pocas semanas, concretamente el 2 de febrero, decidió denunciar de nuevo esta situación y así se aprobó una resolución que concitó
el acuerdo de los grandes, el grupo liberal, el Grupo Popular -mayoritario en la Cámara-, pero también el Grupo Socialista. Ese texto es el que ha inspirado la proposición no de ley que hoy presento y que lo hacía con el objetivo de concitar o
repetir, en la medida de lo posible, en la Cámara española el consenso que se alcanzó en el Parlamento Europeo. Me hubiera gustado que hubiera sido al revés, es decir, que la Cámara española hubiera inspirado una resolución en este sentido en el
Parlamento Europeo, pero está demostrado que en los tiempos en que vivimos la capacidad de influir de esta Cámara es muy relativa. En todo caso, esto es lo que justifica la iniciativa que hoy presento aquí.
Hemos estudiado con interés las enmiendas que nos han presentado, especialmente la del Grupo Socialista, donde -y hay que reconocerlo- se produce un paso hacia delante; paso hacia adelante porque se reconoce el deterioro de la situación de
los derechos humanos, que no es poco.
Interpretamos ese reconocimiento tímido y modesto, pero reconocimiento al fin y al cabo, de que la política sobre Cuba, como dijo la responsable de relaciones internacionales de ese mismo partido hace poco, no
ha dado los frutos esperados. Nosotros nos permitimos utilizar un lenguaje más castizo y decir que eso significa que se ha producido un fracaso de esa política. En todo caso, acogemos favorablemente este paso adelante tímido de reconocimiento y
entendemos que esa enmienda merece nuestra atención.
Para terminar quiero recordar que el Grupo Popular en esta proposición no de ley lo único que quiere hacer es incrementar el grado de compromiso de esta Cámara siguiendo, permítanme la expresión,
a rebufo una manifestación unánime del Parlamento Europeo.
Muchas gracias, señora presidenta y señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Moragas, muchas gracias.
Han sido cuatro las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley.
Comenzaremos con la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, señorías, no es esta la primera vez que en el Pleno y en la Comisión de Asuntos Exteriores debatimos sobre cuestiones relativas a Cuba. Incluso parecería en ocasiones que cuando se habla de la
política exterior de España, el Partido Popular piensa solamente en Cuba y que cuando se habla de política con relación a América Latina, el Partido Popular solo piensa en Cuba. Después de haber alcanzado hace un año y pico un acuerdo unánime en la
Comisión de Exteriores con relación a este tema, entendía que ya teníamos una posición común, sin embargo ahora el Grupo Popular nos trae de nuevo una iniciativa relativa a Cuba y a un tema que creo que no nos divide a nadie en los bancos de esta
Cámara, que es la defensa de los derechos humanos sin ningún tipo de restricción. Es cierto que, a partir del objetivo común de que Cuba debe seguir avanzando hacia su progreso, hacia su desarrollo, pero también hacia la plena democracia y
libertad, ha habido posiciones no siempre coincidentes. De hecho, la estrategia a seguir es algo que suele diferenciar a la derecha de la izquierda. Por parte de la izquierda, con los gobiernos anteriores y con el Gobierno actual, esa estrategia
se ha centrado fundamentalmente en el compromiso constructivo, y cuando ese compromiso constructivo no ha tenido una respuesta adecuada por parte del interlocutor, se ha significado que no era satisfactoria la respuesta. Por parte de los gobiernos
de la derecha ha habido una actitud de confrontación y de hostigamiento, que es la posición conocida de los gobiernos del señor Aznar. Pero eso no marca la diferencia en el objetivo global que compartimos todos los grupos de esta Cámara, y ese es
precisamente al compromiso al que se podría haber llegado aquí, y sin duda ha habido un error entre quienes hemos estado discutiéndolo, porque hemos olvidado -en mi caso porque estaban grapados en el mismo papel- que existía una enmienda
significativa y bastante concurrente por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Ahora el señor Xuclà nos hará la propuesta de un párrafo que yo creo que vamos a poder incorporar plenamente, porque forma parte de lo que ya hemos aprobado y
porque me parece importante -estoy de seguro que el portavoz del Grupo Popular también lo comparte-, que ese consenso que parece que hemos sido capaces de lograr los portavoces del Grupo Popular, del Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo
Socialista, se extienda al resto de los enmendantes. Por tanto, se mantiene aquí el compromiso y la petición al Gobierno de que continúe la interlocución con las autoridades cubanas y que en esa interlocución, que es el diálogo político, se busque
impulsar avances en el ámbito de los derechos humanos y, en particular, un diálogo sobre esa materia entre Cuba y la Unión Europea. Hay una propuesta de Esquerra Republicana, que la señora Bonás nos planteará, que viene a recordar que le damos la
misma relevancia a esa defensa de los
derechos humanos que a nuestra oposición a las sanciones unilaterales contra Cuba o contra cualquier otro país; incorporar de manera prioritaria en ese diálogo la preocupación ante lo que parece percibirse como un nuevo deterioro en la
situación de los derechos humanos y que se aborde también en nuestra interlocución con las autoridades cubanas cuestiones bilaterales que son de mucha relevancia. Hay un ejemplo muy claro: la necesidad de reapertura del Centro Cultural español que
quedó cerrado hace unos tres o cuatro años. Pero hay otros ámbitos bilaterales que son muy importantes como, por ejemplo, la cooperación al desarrollo, la canalización de ayudas de otro tipo, especialmente a organizaciones que lo puedan necesitar,
la cooperación en ámbitos como el agrícola, el biosanitario, etcétera, y, por supuesto, mantener un diálogo sobre la renegociación de la deuda que Cuba mantiene con España. Hay otra propuesta que está en el texto del Grupo Popular, que está en la
enmienda de la señora Bonás, que está en la enmienda del señor Xuclà y que, quizá por un olvido imperdonable, no está en el texto de mi grupo, que se refiere a las Damas de Blanco, en el sentido de que se les permita ir al Parlamento Europeo y, por
supuesto, mi grupo estaría dispuesto voluntariamente a que se incorporara esa propuesta al texto que esperamos alcanzar hoy con el consenso de los diferentes grupos de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Estrella.
Turno del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidenta.
Señorías, vivimos en un mundo idílico donde se respetan los derechos humanos en todos los países, a excepción de dos: Cuba y Venezuela. Esto es lo que se desprende de las iniciativas que el Grupo Popular presenta periódicamente en esta
Cámara, no sé si porque desconocen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que hay en otros países del mundo, si porque las justifican o si porque los dirigentes que las aplican son sus amigos. Les recomiendo que lean enteros los
informes de Amnistía Internacional y quizá descubran que en América hay decenas de países donde se produce la violación sistemática de los derechos humanos. Por ejemplo, y recojo las palabras de Amnistía Internacional: El respeto de los derechos
humanos sigue siendo una utopía para muchas personas, pues los gobiernos de América no cumplieron con su compromiso de mantener los derechos humanos fundamentales. Persistieron por doquier la tortura, los homicidios ilegítimos a manos de la policía
y las detenciones arbitrarias. La guerra contra el terror, dirigida por Estados Unidos, continúa socavando los derechos humanos en nombre de la seguridad, a pesar de la creciente indignación internacional producida por la evidencia de los crímenes
de guerra, por ejemplo torturas, perpetrados por Estados Unidos contra los detenidos. No obstante, la violación más grave de los derechos humanos es el asesinato. Todavía existen en el mundo países que no solo contemplan la pena de muerte en su
legislación, sino que la siguen aplicando año tras año, como Estados Unidos o China.
También se provoca la muerte en las guerras, guerras como la que ustedes apoyaron en Irak, que supuso la flagrante violación de los derechos humanos y de la
legalidad internacional. Pero vamos a hablar de Cuba.
Empezaremos diciendo, para que no haya lugar a dudas, que es necesario que el Gobierno cubano cese en su política de represión contra disidentes, políticos y pacíficos. La libertad de expresión, de reunión o de asociación son derechos que
no pueden ser vulnerados bajo ningún pretexto. Queda claro, pues, que esa discrepancia con la proposición no de ley que ustedes presentan no es en ningún caso relativa al objeto de la misma, sino que discrepamos del enfoque y la intencionalidad
política que se deduce de su redactado. Ustedes entienden, señorías, la preocupante situación de los derechos humanos en Cuba de un modo del todo aislado de la realidad política internacional en la que Cuba se encuentra inscrita. Resulta
sorprendente que ustedes no quieran ver que la enorme presión política, económica y diplomática a que Estados Unidos somete a la isla y a sus ciudadanos, acaba siendo corresponsable de una situación social y política en la isla que fomenta el
predominio de las posiciones más duras y la cerrazón más férrea de las autoridades cubanas. ¿Qué solución prevén ustedes para Cuba? Seguramente dejarla en brazos de Estados Unidos para tirar por la borda los logros de la revolución en el terreno
social. Toda condena a la situación de los derechos humanos en Cuba debe ir acompañada de la denuncia del embargo económico impuesto por Estados Unidos. Cuba merece una transición a la democracia que permita salvaguardar su modelo social y su
personalidad nacional. Desde el Estado español podemos colaborar en este sentido. Cuba necesita la creación y el mantenimiento de vínculos estables con la Unión Europea. Nadie como Europa puede jugar el papel de moderador necesario para atenuar
el conflicto y acompañar a Cuba en su tránsito a una sociedad socialista, plenamente respetuosa con los derechos humanos y normalmente integrada en la comunidad internacional del siglo XXI. No podemos apoyar una resolución de esta Cámara que
instase al Gobierno cubano a respetar los derechos humanos sin instar a Estados Unidos a levantar el embargo económico, somos realistas y conocemos la capacidad de influencia del Estado español en la política de Estados Unidos, pero sí tenemos una
responsabilidad en el seno de las instituciones comunitarias. Por ello, en la enmienda presentada a la proposición no de ley del Grupo Popular añadimos que la apertura de un proceso de diálogo entre Cuba y la Unión Europea debe ser complementaria
de la posición europea en materia de sanciones unilaterales. Defendemos, pues, que se inste a la Unión a Europea a que suavice las medidas adoptadas en 1996 respecto a la isla para favorecer
el progreso económico y social de su población y reclamar la abolición de la Ley Helms-Burton.
No quería terminar esta proposición no de ley sin comentar que entre todas las iniciativas que nos traen ustedes aquí reclamando el cumplimiento de los derechos humanos en Cuba, curiosamente no vemos ninguna que haga referencia a la
situación en Guantánamo. Por este motivo, nuestro grupo le anuncia la presentación de una proposición no de ley que inste al Gobierno español a apoyar las resoluciones del Parlamento Europeo sobre el centro de detención de la bahía de Guantánamo.
El centro de detención de la bahía de Guantánamo no cumple ninguna de las garantías procesales que debe tener un centro de estas características en cualquier Estado democrático y de derecho. Si se aceptan las enmiendas que hemos presentado a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre una acción bilateral de la Unión Europea respecto a Cuba y situaciones internacionales, nosotros podríamos apoyar esta moción, pues coincidimos en que Cuba debe avanzar en el respeto de los
derechos humanos.
Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Bonás.
Continuamos con el turno del señor Xuclà para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición, pero también y sobre todo para defender la enmienda que este grupo ha presentado ante la nueva iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, que nos lleva una vez más a hablar, a discutir y a fijar posición sobre la situación de falta de respeto a los derechos humanos, de falta de respeto a los principios más elementales de la libertad en el régimen totalitario cubano. Digo una
vez más, porque este es un tema que distintos grupos parlamentarios han traído para su discusión a esta Cámara, y es un tema, señorías, en el cual en su momento, afortunadamente, en concreto en el mes de diciembre del año 2004, se fijó una posición
común por parte de los distintos grupos parlamentarios a partir de una transaccional en la que participamos el entonces grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Fijamos una posición,
señor Moragas, que no creo que sea una repetición, porque las posiciones comunes fijadas durante esta legislatura se deben tomar en consideración también cuando usted plantea lo que creo que al final conseguiremos, que es una actualización, un
aggiornamento de esta posición común. Creo que, afortunadamente, lo podremos conseguir -y la línea de las intervenciones de los distintos grupos así lo manifiestan- con un amplio consenso.
Señorías, cuando hablamos de Cuba existe un peligro que ustedes ya conocen y, por tanto, no me referiré a él muy extensamente. Este peligro es un tema muy importante, un tema sobre el cual el conjunto de la comunidad internacional debe
jugar un papel -pero especialmente España, que debe jugar y juega un papel-, y es que al final esto se somatice y se convierta estrictamente en un elemento de desgaste entre el Gobierno y la oposición. Y a veces parece que los debates se plantean
en estos términos, porque más allá del texto exacto -al cual, por cierto, prácticamente no se ha hecho referencia en la exposición inicial por parte del grupo proponente-, en la exposición de motivos el grupo proponente habla del fracaso del
Gobierno socialista en la política hacia Cuba. Seguramente, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un esfuerzo de autocontención para no hablar del fracaso o no del anterior Gobierno en la política hacia Cuba. Yo creo que nos debería interesar
bastante poco convertir Cuba en un estricto elemento de debate de política interna y de desgaste entre Gobierno y oposición y, en cambio, deberíamos dar pasos decididos a favor de todo aquello que sea posible para, a través de los mecanismos
diplomáticos, avanzar, primero, hacia el respeto a los derechos humanos y, segundo, a instaurar un marco favorable a la creación de una sociedad democrática sin más adjetivos, en lo que algunas personas llaman el día después en la sociedad cubana;
alguien hacía referencia al día después de la democracia socialista en Cuba. No es competencia de este Congreso de los Diputados adjetivar qué tipos de democracia corresponde a Cuba. En todo caso, este Congreso de los Diputados debe hacer una
apuesta clara y decidida a favor del respeto a los derechos humanos. El señor Moragas ha hecho referencia a los derechos humanos de última generación. Pues bien, en los derechos humanos de última generación se empiezan a formular el principio de
que el derecho a vivir en democracia, el derecho a vivir en una comunidad con las garantías, con los sistemas de protección y derechos civiles elementales de una democracia, ya no es solo un rasgo comunitario de una sociedad, sino que también es un
derecho de carácter individual.
Creo que podremos llegar a un buen texto transaccional a partir de las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. La enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió retoma el consenso de diciembre del año 2004 e incorpora
también expresamente la referencia a la necesidad de permitir la salida de la isla a las Damas de Blanco para que puedan atender a la invitación del Parlamento europeo y puedan recoger el premio Sajarov. Quiero recordar, aunque sea de pasada, que
el Grupo Parlamentario Popular ha hecho una presentación literal de una resolución del Parlamento Europeo. Lo digo porque si alguien puede reprochar a alguien la presentación de resoluciones literales ya votadas, en este caso el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado literalmente algo ya votado en el Parlamento Europeo, con una diferencia, el Parlamento Europeo tiene una
relación distinta con el Ejecutivo europeo en cuanto a funciones de control e impulso de la política exterior; esto lo debemos tomar en consideración. Finalmente, no se le escapa a ningún miembro del Grupo Parlamentario Popular que esta
resolución fue un arreglo teniendo en cuenta lo que pretendía el grupo de la mayoría, que el presidente del Parlamento Europeo se trasladara a la isla para entregar el premio a las Damas de Blanco, que al final se solucionó con este texto, texto con
el que estamos a favor y que los representantes de este grupo parlamentario en el Parlamento Europeo también votaron a favor.
Señora presidenta, termino. El texto que hoy podamos acordar, los debates que podamos tener en la Comisión de Asuntos Exteriores o que en el futuro podamos tener en esta Cámara, deben tener sobre todo un objetivo: ser útiles a la
democracia, a la diplomacia española y, en la medida de lo posible, a la representación diplomática de España en Cuba, para presionar y para que España esté bien situada para el día después, a favor de una evolución, de la democracia, de la economía
de mercado y del respeto a los derechos humanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.
Finalizamos el turno de defensa de las enmiendas presentadas con el turno de la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Cuba es un país soberano, miembro de las Naciones Unidas y que tiene relación con más de 181 Estados, entre ellos España, con el que mantiene unos lazos de unión evidentemente especiales. Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica
que no sufre desnutrición. Cuba es además donante de alimentos como el azúcar y fuente de asistencia técnica para países con mayores dificultades, siempre según Naciones Unidas. Pero, ¿qué sabe usted sobre Cuba? ¿Lo que le cuentan los que están
en Miami? ¿Lo que le cuenta Estados Unidos? Ustedes vuelven a ser hoy aquí la voz de Estados Unidos, la voz de un país que se niega a extraditar al terrorista Posada Carriles. Este señor trabajó para la CIA y voló un avión civil con 73 pasajeros.
Pero a ustedes eso no les importa, porque según dicen su problema son los derechos humanos. ¿No? ¿No será que es el socialismo que hay en Cuba? Si fueran los derechos humanos se preocuparían, como se ha indicado por parte de Esquerra Republicana,
por otros países, incluso se preocuparían por el nuestro. Por cierto, también hay una resolución del Consejo Europeo sobre nuestro país en la memoria histórica. ¿La van a traer aquí también? ¿La vamos a ver? Ustedes siempre votan en contra de
ese tipo de iniciativas. Cuba, ciertamente, es un país con un sistema de Gobierno distinto al nuestro, sustentado por una Constitución que votó más del 90 por ciento de la ciudadanía cubana. No podemos obligar a asumir ningún patrón de conducta a
otro Estado. Cuba, a pesar de más de 40 años de bloqueo económico -que ustedes se niegan a condenar en esta Cámara-, de una invasión militar, de la crisis de los noventa, el llamado periodo especial, muestra parámetros de bienestar en educación, en
cobertura sanitaria, en el campo científico, en cultura, en deportes y en un largo etcétera, muy por encima de la media de los países de alrededor y de muchos otros; aspectos que constituyen también derechos humanos de primera magnitud. Por
supuesto que el sistema en Cuba es mejorable, pero eso compete a los cubanos, y lo que tenemos que hacer es ayudarles para que les dejen evolucionar como pueblo, pero sin injerencias, que es lo que ustedes pretenden. Lo cierto es que si ustedes
estuviesen tan preocupados por los derechos humanos no habrían participado en la guerra de Irak; hubieran denunciado los abusos y torturas de Abu Ghraib; hubieran denunciado la existencia del campo de concentración que hay en Guantánamo, un
territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos, que además se usa para aplicar la que para ellos es la única ley, la tortura; se hubieran opuesto, como decía, al bloqueo económico, que lo que pretende es rendir por hambre al pueblo cubano. Es
evidente que a ustedes no les preocupan los derechos humanos, sino que solo se preocupan por ayudar a Estados Unidos en su estrategia mesiánica, como hicieron en Irak, pretendiendo conducir al Partido Socialista, al Gobierno, hacia una política
sencillamente anticubana, hacia una política de injerencia en otro Estado, y entorpecer los esfuerzos por mejorar las relaciones entre Cuba y España que ustedes rompieron. Por eso no tendrán nuestro voto y por eso hemos presentado una enmienda
donde planteamos qué hemos de hacer respecto a Cuba. Pretendemos que se consolide y desarrolle la nueva política exterior para América Latina, y dentro de esta para Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía -cosa que
ustedes no hacen- y a la cooperación política, económica, cultural y de derechos humanos. Asimismo, pretendemos que se continúe promoviendo en el marco de la Unión Europea la reconsideración de la posición común con Cuba al objeto de situar las
relaciones Unión Europea-Cuba en el marco de la relación general con América Latina y el Caribe. Dejen de mirar hacia Cuba; miren más bien hacia ustedes mismos y vean lo que hacen.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Navarro.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con el turno del Grupo Mixto y continuaremos con el del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Rodríguez para fijar posición en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Al Bloque Nacionalista Galego le llama la atención la insistencia del Partido Popular en aprovechar toda oportunidad para proponer condenas y exigencias contra el Gobierno de Cuba. Esta conducta contrasta con el silencio absoluto en
relación con la guerra y ocupación de Irak, un auténtico genocidio, un crimen contra la humanidad que se comete con el silencio cómplice de muchos organismos e instituciones parlamentarias, entre ellas la nuestra. Expresa el paradigma de brutal
represión como nunca se vio en los últimos años de historia de la humanidad, de violencia suprema contra el derecho internacional y de aniquilación de todo vestigio de derechos humanos. Contrasta con el silencio ante los presos de la prisión de
Guantánamo, fuera de todo derecho de gentes y en territorio colonial de Cuba. El disimulo no va con nosotros frente a los aviones y las torturas de la CIA en territorio y espacio aéreo europeo.
Contrasta con los silencios y comprensiones de la
brutal represión de Israel sobre Palestina. Señorías, no es una doble vara de medir; es la ceguera más espantosa que contrasta con la lupa deformadora, manipuladora, que se aplica a los que no se someten de buen grado al imperio. En el Bloque
Nacionalista Galego consideramos que en este mundo debemos mantener la ponderación, el pudor, la vergüenza y un mínimo sentido de igualdad, algo desde luego difícil en la compleja realidad internacional que vivimos. Esta proposición no de ley,
además, se presenta en vísperas de la Cumbre de Viena, que se va a celebrar en el mes de abril próximo entre América Latina y la Unión Europea. Por cierto, la semana anterior aprobamos una proposición no de ley en la que se establecía una relación
entre democracia y multilateralismo desde el respeto mutuo, la consideración de iguales y el mutuo beneficio. Y se hablaba incluso de la gestión conjunta de las crisis en la región, dentro del respeto al derecho de los pueblos a decidir libremente
su futuro sin injerencias externas. A esta política nos apuntamos en el Bloque Nacionalista Galego, justo lo contrario de esta proposición no de ley, que no se priva de condenas, exigencias e instrucciones paralelas con la estrategia de Estados
Unidos, que quiere lacayos y siervos de sus diseños, que no compartimos por prepotentes, opresivos, unilaterales y fundamentalmente antihumanos, paradójicamente enunciados bajo el paraguas de la democracia y los derechos humanos.
Creo recordar que el Gobierno cubano permitió el viaje de Osvaldo Payá a Estrasburgo y valió para que el Partido Popular, entonces en el poder, orquestase una fuerte campaña contra Cuba, a nivel del Estado español y a nivel europeo. Don
Raúl Rivero, a quien también se le permitió salir de Cuba por motivos de salud, fue recibido en el aeropuerto por distinguidos representantes del PSOE e incluso creo que por el presidente del Gobierno. La inusual y continua entrega de premios
Sajarov a disidentes cubanos creo que refleja en todo caso una deformación ocular de la Unión Europea, porque parece que para ella el único centro de atención es Cuba, como ahora lo es también Bielorrusia, por cierto, por intereses que no son muy
confesables.
Los defectos de un régimen, señorías -que sin duda existen- y también las virtudes, no pueden ser combatidos desde el cinismo, desde una supuesta superioridad moral inexistente y mucho menos desde el unilateralismo. Si hiciésemos un
análisis de cuál es la conducta de Estados Unidos para conformar organismos en defensa de los derechos humanos en la ONU y cuál es la actitud, por ejemplo, de Cuba, podríamos comprender hasta qué extremo alguien tiene una conducta, en términos
relativos, constructiva y alguien tiene una conducta, en términos absolutos, destructiva.
Señorías, nosotros pensamos que la autonomía de decisión de los pueblos y la evolución interna en libertad de sus propios problemas es esencial, y consideramos que esta proposición no de ley no camina precisamente por esos objetivos. Cuba,
señorías, no es el centro de las virtudes, pero es mucho menos el paradigma de la violación de los derechos humanos en el mundo. Por tanto, votaremos que no.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Finalizamos con el turno del señor Beloki, que fijará posición en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
Adelante, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, mi grupo no sabe si es acertado o desacertado presentar hoy aquí una proposición no de ley como la que ha presentado el Grupo Popular. No sabe si es oportuno, si no es oportuno; tampoco
sabe si defendiendo una u otra postura, uno se alinea con uno o se alinea con otro. Mi grupo desconoce -y preguntaría si algún otro grupo conoce- cuál sea la política exterior -por supuesto, no interior- más idónea a aplicar hoy y aquí, en y desde
España, en y desde Europa, en relación con el régimen cubano de Castro.
Mi grupo tiene claros los objetivos -como los tienen todos los miembros de esta Cámara- que le gustaría perseguir con esa política y, en su caso, aplicar, y que resumidamente son: que hoy, mejor que mañana, se inicie un proceso democrático
en Cuba, por un lado; el respeto estricto de los derechos humanos, hoy mejor que mañana, de los cubanos y de las cubanas, y el impulso de su desarrollo económico y social. Esos son los objetivos, hoy mejor que mañana, que echáramos a andar en
todos y cada uno de ellos.
Pero 47 años después de la instalación del régimen castrista, la comunidad internacional -y en concreto aquella comunidad que más interesa a este grupo, la comunidad europea- sigue vacilando entre políticas de firmeza,
políticas de flexibilidad, diálogos críticos y todas las posibles combinaciones que estos elementos pueden dar en cada momento político. En este contexto, el Grupo Popular ha presentado una combinación de estas cosas y hemos observado
que el resto de los grupos, prácticamente todos, también han presentado otra posible combinación de políticas de firmeza con rasgos de flexibilidad, de voluntad de cooperación y también de exigencia de respeto de los derechos humanos, salvo
-habría que decir con claridad- el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que en su propuesta, entiendo yo, no ha hecho ninguna combinación de estas distintas políticas.
Mi grupo no ha presentado ningún texto alternativo, no porque no seamos capaces a su vez de hacer una combinación a nuestra medida, a nuestro gusto y a nuestro capricho de qué grado de firmeza y cómo se ejerce la flexibilidad. Todo el mundo
puede hacerlo, es cuestión de sentarse y redactar una proposición no de ley o un texto alternativo, pero ¿a qué viene tanto matiz? ¿A qué viene tanto rasgo propio de que yo quiero dejar esto redactado en estos términos o en los otros? Entendemos
que no vale mucho si de verdad estamos persiguiendo los objetivos que antes indicaba.
En cualquier caso, al final parece que de toda esta matización va a haber un texto en el que van a confluir distintos grupos y nosotros nos sumamos sin más,
encantados de que al menos se busque un punto de confluencia entre estas políticas, insisto, de firmeza, de flexibilidad, de quiero cooperar, quiero ayudar, porque en el fondo ¿qué queremos decir nosotros hoy como ayer y seguro que también mañana?
Queremos decir dos cosas: En primer lugar, que el pueblo cubano, sus hombres y sus mujeres, necesitan hoy para sobrevivir en muchos casos la ayuda de muchos hombres y de muchas mujeres, de países y de gobiernos democráticos que les posibiliten
hacer frente a las duras condiciones económicas y sociales que les está tocando vivir. Esto queda fuera de toda duda. Este tipo de ayuda es absolutamente necesario para las mujeres y hombres cubanos hoy. En segundo lugar, también mi grupo desea
que esas mismas mujeres y hombres cubanos puedan sacar la cabeza más allá de las dificultades del momento y ver horizontes más dignos y más esperanzadores, y que para ello algunos alcen la voz y denuncien lo que ellos no pueden denunciar: la
coacción, la represión y la violación de sus derechos que está teniendo lugar hoy sí, ayer también, y si esto no se remedia, mañana también. En el fondo nos sumamos a esta especie de acuerdo, que esperemos que sea lo más amplio posible en esta
Cámara, para decir dos cosas: hay que ayudar al pueblo cubano y hay que exigir que sus derechos humanos sean respetados hoy mejor que mañana y sin mucho condicionamiento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Muchas gracias.
Entiendo, señor Moragas, que la transaccional que se nos ha hecho llegar a la Mesa es la que someteríamos a votación, siempre que ningún grupo parlamentario se opusiera a la misma. (Asentimiento.) Muchas gracias. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para instar a que, en los supuestos de acceso a la prestación por maternidad por parte del padre del recién nacido, el período de cotización previo sea
exigible en el momento de hacer efectivo el derecho al correspondiente descanso. Se ha incorporado la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al recrudecimiento de la represión política en Cuba, a la cual se ha incorporado una enmienda transaccional.
¿Se opone algún grupo parlamentario a su tramitación? (El señor Llamazares Trigo levanta la mano.) En ese caso se vota la proposición no de ley en sus términos iniciales. (Rumores.-Un señor diputado: ¿Quién ha dicho que no?)
Repito para que no haya ningún tipo de duda. Había una enmienda transaccional, y a esa enmienda transaccional un grupo parlamentario se ha opuesto a su tramitación. En consecuencia, se vota en sus términos iniciales la propuesta. ¿Queda
claro el sentido del voto? (Varios señores diputados: Sí.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 127; en contra, 163; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO AL OBJETO DE MEJORAR LA OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES. (Número de expediente 173/000125.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de
mejorar la ocupación de los jóvenes. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, continuamos con la sesión plenaria. Quienes deseen abandonar el hemiciclo les rogaría que lo hicieran con celeridad y en silencio, de forma que el diputado o compañero
suyo que está en la tribuna pudiera iniciar la defensa de su moción.
Moción referida al punto 5 del orden del día, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de mejorar la ocupación de los jóvenes.
(Rumores.)
Señorías, insisto, por favor, si desean abandonar el hemiciclo les ruego que lo hagan con celeridad y en silencio, de manera que el señor Campuzano pueda iniciar la defensa de su moción.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna en defensa de la moción consecuencia de la interpelación que formulamos al señor ministro de Trabajo la semana pasada, sobre medidas que el Gobierno debe de impulsar para mejorar la ocupación de los jóvenes. Una
moción que hemos presentado con voluntad positiva, con voluntad de aportar y huyendo de cualquier tentación catastrofista o tremendista en relación con el problema de la gente joven en el mundo del empleo, pero sin pretender instalarnos en la
autocomplacencia; una moción que, a nuestro entender, pretende, junto con las medidas que mandatamos al Gobierno, fundamentalmente tres cuestiones.
En primer lugar, constituir un estímulo al acuerdo en el diálogo social en la reforma del mercado
de trabajo. En un contexto en el que el diálogo social en la reforma del mercado de trabajo no avanza, está bloqueado, no se terminan de concretar estos acuerdos, nos parece positivo que hoy el Pleno del Congreso de los Diputados pueda votar una
moción que inste al Gobierno a desarrollar determinadas medidas en el terreno del empleo para los jóvenes, convencidos como estamos que hoy aún, y a pesar de la evolución positiva del empleo en los últimos diez años, el conjunto de la sociedad
española continúa reclamando medidas activas de los gobiernos para hacer frente a las cuestiones del desempleo y de la baja calidad de nuestro empleo, y especialmente para la gente joven las altas tasas de desempleo, el abuso en la utilización de la
contratación temporal, los problemas de sobrecualificación y el fracaso escolar exigen medidas en ese terreno. Por tanto, una moción que pretendemos que sea un estímulo en positivo al diálogo social.
También, señorías, convencidos de que en los momentos en los que la economía marcha bien es cuando se deben de abordar las reformas del mercado de trabajo, y justamente ahora es un momento óptimo para impulsar una política en este terreno;
convencidos de que el empleo continúa siendo en nuestras sociedades no tan solo un elemento básico para construir la identidad de las personas, sino también el mejor mecanismo para garantizar la cohesión social y permitir que el ascensor social
funcione. Por tanto, cuando las cifras no son todo lo buenas que desearíamos y cuando sabemos que existen incertidumbres de futuro es cuando se deben de impulsar las reformas. Finalmente, porque estamos convencidos también de que el Parlamento
debe estar presente en el debate de una cuestión que afecta a cientos de miles de jóvenes y a cientos de miles de familias, en esa preocupación de los ciudadanos. Por tanto, es razonable que el Parlamento impulse medidas en este campo. Estímulo al
acuerdo de diálogo social, convicción de que es necesario impulsar reformas en un terreno esencial para la cohesión social, para el funcionamiento del ascensor social y convicción de que este Parlamento no puede estar ausente en las preocupaciones
de las familias y de la gente joven de nuestra sociedad.
Señorías, mi grupo solicita al conjunto de los grupos de la Cámara no el apoyo a la moción que inicialmente ha presentado Convergència i Unió sino el apoyo a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda que
ha presentado y ha elaborado la señora Cedrés es resultado de las intensas conversaciones que los dos grupos hemos mantenido y el texto que conjuntamente queremos ofrecer a la Cámara para que lo vote favorablemente, si SS.SS. lo consideran
oportuno. Es un texto que lanza al Gobierno el mensaje, la obligación política de presentar antes de seis meses en esta Cámara y de común acuerdo con los agentes sociales y los gobiernos autonómicos un paquete de medias importantes orientadas a la
creación de empleo, y a la creación de empleo de calidad entre la gente joven: el reforzamiento de los servicios de empleo destinados a apoyar que los jóvenes obtengan una oportunidad de empleo; la reforma del sistema de bonificaciones para
permitir que los varones menores de 30 años se puedan beneficiar del sistema de bonificaciones al empleo indefinido; la potenciación del contrato a tiempo parcial como fórmula para combinar empleo y formación; que se haga frente al abuso en la
utilización de la contratación temporal del mismo joven en la misma empresa a través de las fórmulas del encadenamiento de sucesivos contratos temporales para realizar la misma actividad; el estudio de cuestiones que es necesario abordar; las
prácticas no laborales en las empresas o la escasa utilización de los contratos de formación y de los contratos en prácticas para gente joven. En definitiva, este conjunto de medidas va orientado a dar respuesta a esas necesidades de la gente joven
que hoy -insisto- continúa con tasas de desempleo por encima de la media del conjunto de la población y por encima de las medias comunitarias.
Señorías, quiero agradecer en este debate el trabajo que ha realizado la diputada Olivia Cedrés, conociendo la iniciativa que ha tenido Convergència i Unió, recogiendo nuestros planteamientos y haciendo un esfuerzo para que esta enmienda que
presenta el Grupo Socialista satisfaga la iniciativa de Convergència i Unió. Quisiera agradecer también las enmiendas que nos ha presentado doña Isaura Navarro. Yo creo que buena parte de las pretensiones de la señora Navarro se han incorporado en
el texto que nos ofrece el Grupo Socialista, cuestiones seguramente a las que ella es especialmente sensible. Lamento no poder satisfacer las enmiendas que nos plantea la señora Vázquez, del Grupo Popular, pero espero que el contenido de la
moción satisfaga suficientemente al Grupo Popular para que nos pueda acompañar en esta votación. Señorías, sería bueno que hoy esta Cámara se pronunciara en positivo ante la cuestión que afecta al conjunto de la sociedad proponiendo al Gobierno una
política activa en esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.
Pasamos, señorías, al turno de defensa de enmiendas. Comenzamos por la defensa de las del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra en primer lugar la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo en esta moción, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de mejorar la ocupación de los jóvenes. Me gustaría, en primer lugar, agradecer
las palabras tanto del señor Campuzano como del propio ministro de Trabajo, que el miércoles pasado en el debate de la interpelación reconocían el trabajo realizado por el anterior Gobierno del Partido Popular en la evolución positiva del empleo
joven desde el año 1996. No es para menos, pues con el Gobierno del Partido Popular, y con el apoyo de todos, logramos en ocho años pasar de una tasa de desempleo joven del 42 al 23 por ciento, bajar la temporalidad diez puntos, duplicar el número
de contratos indefinidos para jóvenes e incrementar el presupuesto para bonificación de contratos indefinidos en un 21,4 por ciento. Sin embargo, a sabiendas de todo lo realizado por el Partido Popular, nunca nos hemos dado por satisfechos y
consideramos que todavía queda mucho por hacer, pues la mejor política para los jóvenes es darles un empleo y a partir de ahí ese joven podrá tener una vivienda y una cohesión social que sin un empleo digno no podría tener.
Sin lugar a dudas, esta interpelación responde a algo. ¿A qué responde? Responde, señorías, a la dejadez que el Gobierno socialista tiene hacia los jóvenes. Precisamente son los jóvenes los grandes ignorados de este Gobierno y bastan
algunos ejemplos. Llevamos dos años sin un plan integral de juventud en España. No hay una política de vivienda para la juventud; bueno, algo si hay, los apretujillos y las zapatillas que regala la ministra. El Gobierno no ha desarrollado
ninguna de las líneas de actuación del Pacto europeo para la juventud. No hay una política de empleo joven y muestra de ello es que la tasa de temporalidad pasó de ser del 50,3 por ciento en el año 2004 a ser del 54,9 por ciento en 2006; es decir,
ha subido la temporalidad de los jóvenes menores de 30 años casi cinco puntos, según Eurostat.
Frente a esto, el Gobierno ha congelado las bonificaciones para contratos indefinidos para jóvenes y siguen siendo las mujeres jóvenes las que por desgracia sufren una tasa de paro más alta que los varones. Frente a lo mencionado
anteriormente, ¿qué hace el señor Caldera? El miércoles pasado -y leo textualmente- dijo: Estamos en el mejor momento del empleo en España y en el mejor momento del empleo juvenil. Esto no se lo cree nadie y mucho menos un joven que lleve tiempo
buscando un trabajo. A renglón seguido nos decía el señor Caldera: Los datos muestran que vamos en la buena dirección, que avanzamos de forma rápida en el objetivo de aumentar el empleo de los jóvenes. Sí, señorías, aumentar empleo es el deseo
del ministro, pero a cuenta de la alta temporalidad y de contratos desastrosos en muchas ocasiones para los jóvenes de este país. ¿El señor Caldera nos quiere llevar otra vez a los jóvenes a los contratos basura o nos quiere llevar a una situación
semejante a la de Francia, en la que los jóvenes no lo soporten más y tengan que salir a la calle a reivindicar el tener un empleo digno? ¿Es eso lo que queremos, señorías?
Pues bien, señorías, frente a la autocomplacencia del Gobierno en materia de empleo joven hay que hacer algo. No debemos perder todo lo logrado hasta ahora y el Gobierno debe encaminar sus políticas a lograr más y mejor empleo para los
jóvenes en España. No podemos cruzarnos de brazos.
En estos momentos precisamente es la juventud uno de los sectores más discriminados a la hora de acceder a un puesto de trabajo o a la hora de crear su propia empresa, y esta discriminación a la
hora de que accedan los jóvenes a un empleo se hace más notable en el medio rural. Pienso en estos momentos en mi provincia de Ourense y en muchas otras provincias eminentemente rurales de las que hoy se olvidan tanto Convergència i Unió como el
Partido Socialista, al igual que se olvidan de los jóvenes del medio rural que tienen auténticas dificultades, y así se oponen a incentivar la contratación de jóvenes en el medio rural, a establecer ayudas a la creación de empresas de jóvenes con el
fin de evitar el éxodo continuo de jóvenes que sufren los pueblos del rural.
Permítanme, señorías, que para finalizar, realice una pequeña reflexión.
Por primera vez, después de seis años siendo diputada, he tenido que ofrecer al Grupo de Convergència i Unió una enmienda para ver si llegábamos a un acuerdo, si a
ellos les interesaba la formación profesional, el empleo en el medio rural. ¿Cuál es la respuesta de Convergència i Unió? Me dicen que tengo que negociarlo con el Grupo Socialista, cuando la iniciativa es de ustedes. Ustedes se doblegan ante el
Grupo Socialista y no les importan nada los jóvenes hoy. Les importa que el Grupo Socialista salga bien en este decoro y de este pacto que ustedes tienen. Hablan ustedes de pacto social. Me puede parecer mejor, peor o regular, porque pacto social
también somos los grupos que
estamos en esta Cámara. Creo que hoy, con esta iniciativa, que es muy incompleta, ustedes habrán dado un paso, que es hacer algo o que de cara a la prensa parezca que hacen algo y el Gobierno seguirá sin hacer nada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Vázquez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Cedrés será la que en su nombre defenderá la enmienda presentada a esta moción.
Adelante.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo la responsabilidad de hacer la defensa de la enmienda que mi grupo ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se hacen modificaciones y aportaciones al texto original
presentado. Es fácil defender que siempre hacen falta medidas porque todo, por definición, es mejorable. Nosotros estamos dispuestos a aceptar aquellas medidas de las que pueda demostrarse que son eficaces y mejoran la situación del empleo de los
jóvenes, pero lo cierto es que la moción habla de la necesidad de un plan de actuación urgente para mejorar el empleo juvenil. En este sentido ha ido la enmienda que nuestro grupo ha presentado, ya que ese plan haría falta si el empleo juvenil no
creciera y el paro de los jóvenes estuviera aumentando, pero no sucede eso; todo lo contrario. El empleo juvenil no solo no se reduce, sino que está creciendo y mucho, mientras que en los años 2002 y 2003 se destruía. En 2002 se redujo en 33.000
empleos y en 2003 en 19.000. Crece más intensamente que el de los adultos, hasta alcanzar los mayores crecimientos hasta la fecha y registrando el mayor volumen de empleo de los jóvenes que se ha contabilizado hasta hoy. Y no solo crece el empleo
y se reduce el paro hasta haber alcanzado la tasa de paro más baja de los últimos 25 años, sino hasta haber igualado la media comunitaria, tras ser el farolillo rojo durante las últimas décadas. Eso no es autocomplacencia; se trata de datos; se
trata de hechos y es la realidad. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.) Alguna medida para mejorar lo que se hace, bienvenida sea siempre, pero pretender que la evolución del empleo y paro juveniles necesitan un plan urgente de actuación no
se corresponde con los datos que he aportado.
Tampoco se da la circunstancia de que las políticas de empleo se estuvieran debilitando o fueran insuficientes para atender las necesidades de los jóvenes demandantes de empleo. La contratación laboral de jóvenes está en máximos históricos.
En 2005 ha crecido en medio millón respecto a 2003, que, como todo el mundo sabe, fue el último año de Gobierno del Partido Popular. Las políticas de empleo han aumentado su dotación de forma cuantiosa, tanto que algunas comunidades autónomas
tienen dificultades para absorber la gestión de presupuestos tan elevados. Sobre todo, ha crecido la formación, que es la más importante y necesaria de las políticas activas. ¿Y saben cuál es el grupo que más utiliza las políticas de empleo en
general y las de formación en particular? Los jóvenes; es así, todos los datos lo demuestran. En todo caso, a los efectos que aquí interesa, los jóvenes están siendo los mayores beneficiarios del fortalecimiento de las políticas activas de empleo
que ha venido haciendo este Gobierno en estos dos años de legislatura.
Por ninguna parte se encuentran razones que justifiquen un intento de crear la sensación de que el problema es más grave que nunca, cuando es justo lo contrario, cuando estamos en la buena dirección, cuando las políticas están funcionando y
cuando los datos son excelentes. Por otro lado, nuestra situación no se parece en nada a la francesa; es más bien la contraria. En Francia tienen que hacer algo porque el paro juvenil no deja de aumentar. Donde seguro que no tenemos que
plantearnos lo que está haciendo Francia es aquí, en España. Lo que quieren instaurar en Francia es un despido sin razón, sin causa, sin justificación. En España no hay ningún contrato temporal que sea así. Al igual que, según la legislación, se
necesita una causa para hacer un contrato temporal, se necesita una causa para rescindirlo: bien la finalización de la circunstancia que dio lugar al contrato, bien que surjan causas de otro tipo que justifiquen la extensión individual o colectiva
del contrato. Cabe aducir que en la Mesa del diálogo social no hay ninguna propuesta similar a la del país vecino.
Concluyo afirmando que las medidas que propone la moción son, además de positivas, útiles. Fíjense, muchas de ellas ya las ha planteado el Gobierno en el seno del diálogo social, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de crear empleo
estable, como se contiene en la acción que este Gobierno está llevando a cabo. La moción puede contribuir a que los interlocutores sociales hagan un mayor esfuerzo y lleguen a un acuerdo.
La moción, en los términos en que se plantea con la
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista no puede ser negativa, sino constructiva.
Ahora bien, una moción razonable, ajustada y aceptable no puede nunca responder al intento de crear la sensación de que el problema del paro juvenil es más
grave que nunca, justo cuando la tasa de paro, como decía antes, es más baja y el empleo de los jóvenes pasa por su mejor momento.
Una pretensión de esta naturaleza carecería por completo de seriedad y rigor y tendría como consecuencia que
desacreditaría a la Cámara y dejaría la propia moción muerta antes de nacer. Por todo esto, espero que el grupo proponente acepte nuestra enmienda, tal como ya ha dicho, para conseguir la aprobación de un texto que logre los objetivos planteados en
el origen de la moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Cedrés.
La última enmienda presentada es del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y para defenderla tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como se está reflejando, es la segunda vez que se trae este problema a la Cámara y es normal porque los datos de la juventud y el empleo son absolutamente escalofriantes. Desde nuestro punto de vista, como Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la solución está en cambios normativos para que los jóvenes dejen de ser castigados sencillamente por ser jóvenes, para que hablar de contratos estables, salarios dignos y derechos laborales no sea para ellos hablar
en otro idioma. Uno de los mayores problemas que padecen los jóvenes es el fraude en la contratación y el encadenamiento abusivo entre contratos temporales que pasan por el INEM. También la inexistencia misma de contratación, la falta de alta en
la Seguridad Social o que ni tan siquiera puedan acceder a los contratos que firman o que no tengan conocimiento de ellos. En realidad los contratos formativos y en prácticas no se suelen convertir en contratos estables y los becarios y jóvenes
investigadores siguen sin tener plenamente reconocidos sus derechos laborales y sociales.
Todas las acciones que se puedan acordar para cambiar este panorama serán siempre apoyadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. También desde Izquierda Unida, como planteamos en nuestras enmiendas, consideramos que dentro del
fomento del cooperativismo y la economía social se debe apostar por abrir líneas de crédito con avales públicos para la creación de cooperativas juveniles. ¿Que todo esto se debe tratar en el marco del diálogo social? Sí, desde luego pero no está
de más que desde esta Cámara se den unas directrices y se inste a ello, no está nunca de más. En definitiva, la moción plantea alguna de estas cuestiones y con nuestras enmiendas lo que pretendíamos era mejorarlas. En particular, defendiendo la
intermediación de los servicios públicos de empleo y no la de las agencias privadas de empleo que, por cierto, el 50 por ciento de los usuarios de ETT son jóvenes, cuando es el Estado el que debe cumplir con esa obligación. Los jóvenes necesitan
más contratos laborales con derechos y no mecanismos desregulados que son los que promovió el Partido Popular en el Gobierno, no medidas de precarización del empleo que fomentan la inestabilidad y la rotación y las legitiman a través de la vía del
derecho. En ningún caso ser joven puede ser un castigo a la hora de relacionarlo con el mercado laboral. Necesitamos que hablar de contratación indefinida, de salarios dignos, de vacaciones pagadas sea un lenguaje conocido para los jóvenes. Si
esto se hiciera quizás recuperarían la confianza en los dirigentes políticos, que es normal que esté por los suelos porque tienen muchas razones para ello.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Finalizamos con fijación de posiciones. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con la señora Fernández en nombre del Grupo Mixto.
Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar nuestra posición respecto de la moción presentada y defendida por el señor Campuzano, de medidas para el impulso de la ocupación de los jóvenes. Expreso nuestra postura favorable a esta moción y en concreto al acuerdo
llegado entre el grupo proponente y el Grupo Socialista porque entendemos que una moción con estas características es positiva, ya que insta al Gobierno a que impulse unas medidas a todas luces necesarias e imprescindibles, independientemente de que
tenga que ser en el consenso del diálogo social donde se deban acordar con la máxima rapidez este tipo de cuestiones. No lo decimos porque no creamos en el diálogo social, que sí, sino simplemente porque dentro del diálogo social a los grupos
políticos se nos plantea en las propuestas que se está debatiendo determinadas medidas que en lo relativo a la contratación laboral son fundamentales para resolver la mayor parte de los problemas que nuestros jóvenes tienen en la cuestión de empleo,
fundamentalmente para garantizar la estabilidad que todos los grupos políticos acaban de expresar. Efectivamente, no se puede pretender que los jóvenes tengan una mayor implicación en la responsabilidad social, incluida la creación de familias,
garantía de una vivienda, etcétera, con el tipo de contratación laboral que tenemos actualmente. Por parte de la diputada señora Vázquez, que defendió la enmienda del Grupo Popular, se dicen cosas con las que no podemos estar de acuerdo porque no
coinciden en absoluto con la realidad, pero tampoco podemos estar de acuerdo con cosas que dijo la diputada del Grupo Socialista en la defensa de su enmienda; es decir, entendemos que el contrato laboral de dos años y el despido sin causa
reconocida o justificada, cuestiones estas que en estos momentos están pasando en Francia, es algo que realmente se está aplicando en el Estado español desde hace algunos años. No sé cómo podemos decir que no si resulta -reconociendo también por
nuestra parte que hay un incremento mayor de contratación de jóvenes o de más empleo para jóvenes- que sigue siendo una realidad que el 90 por ciento de esa contratación es temporal y esta relacionada con las circunstancias de productividad o de
obra y servicio.
Por lo tanto, no hay nada que justificar objetivamente en absoluto, excepto que la causa de la productividad se acabó o que la causa del contrato de servicios también se acabó, porque en realidad la justificación es subjetiva y no
necesita ningún tipo de aclaración.
La cuestión que nosotros entendemos, y por eso apoyamos esta moción, es que el Gobierno avance en políticas laborales relacionadas con la contratación de los
jóvenes que tiendan a la estabilidad del puesto de trabajo, a aminorar la contratación temporal, que incrementen la contratación indefinida y de calidad, porque, en definitiva, es la única posibilidad para garantizar este empleo. Nos
preocuparía, aunque hay aspectos positivos y se supone que con incentivaciones en lo que corresponde, que la política de empleo de jóvenes fuera orientada al Pacto europeo para la juventud, porque dicho pacto habla de la flexibilización del mercado
laboral. Incluso se reconoce por parte de presidentes como Blair que lo que está ocurriendo en Francia es porque, efectivamente, se está avanzando en la flexibilidad y que esa es la orientación correcta. La flexibilidad laboral que afecta
fundamentalmente a los jóvenes en el Estado español ya se hizo hace años por el Partido Popular y, por lo tanto, el Partido Socialista, que está gobernando en este momento, debería actuar en la dirección de garantizar mayor estabilidad en los
contratos laborales y de disminuir la precariedad y la contratación temporal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández, muchas gracias.
Señor Mardones, su turno.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Al mercado laboral español en estos momentos está llegando una serie de promociones u oleadas de jóvenes que han nacido en la democracia; el mercado laboral se está ofertando a unas personas, hombres y mujeres, nacidos después de la
aprobación de la Constitución, que han conocido todo lo que es un sistema democrático y que se sienten frustrados en este momento al ver el endurecimiento que existe de penetrabilidad en contratos estables en el mercado de trabajo. Tenemos, por
tanto, la obligación política de dar una respuesta positiva y favorable a esta demanda, demanda que se viene viendo en las encuestas periódicas que el Instituto Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Estadística vienen realizando.
Se nota un rechazo, una protesta, una inseguridad sociológica respecto al contrato temporal. Los contratos temporales tienen un abanico, como bien ha señalado la portavoz del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y no nos encontramos
en una situación tan diferente a lo que ahora se trata de hacer en Francia, porque allí, posiblemente por una torpeza política, han anunciado una serie de contratos con despido sin explicación, pero en España, como en otros países de la Europa
Occidental, se vienen practicando contratos -que en el argot se llaman contratos basura- temporales que por ser tan cortos -hasta de tres meses y a veces de un mes- no requieren siquiera que el empresario se moleste en explicar por qué no renueva el
contrato, y no renovar un contrato en esas condiciones de contratos tan cortos es prácticamente el despido sin explicación. A eso tendremos que dar una respuesta si queremos evitar una desestabilidad, una incertidumbre en las nuevas promociones que
llegan al mercado laboral.
Me parece muy acertada la iniciativa que ha tomado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que ha defendido el señor Campuzano para que el Parlamento trate de dar una respuesta, que veo que es posible, según nos llega la
información, con esta enmienda transaccional que ofrece el Grupo Parlamentario Socialista, que me parece muy adecuada para ensamblar las dos ideas, la que trae el grupo proponente y la que oferta el Grupo Parlamentario Socialista. Tenemos que ir a
ese ensamblaje, a utilizar todos los instrumentos que hoy ponen en nuestra mano la legislación laboral, los Presupuestos Generales del Estado, los presupuestos de formación profesional, etcétera. Hay que hacer un esfuerzo en buscar a través de la
formación profesional, porque el joven que está desesperado buscando un trabajo tiene unos valores internos que ha adquirido por formación profesional o lo que tiene es, digamos, contrario a su formación, y eso se lo que tiene que garantizar
alguien.
¿Cuáles son las instituciones que están tratando de entrar en esta ordenación de una formación profesional y de una atención a la juventud? Pues el Gobierno de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Si las
mesas sectoriales, como se propone aquí, en colaboración precisamente la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ofertan ideas en relación con subvenciones, con formación profesional, con apertura de mercados laborales,
estaremos contribuyendo a una estabilidad fundamental. Comunidades autónomas como la de Canarias están recibiendo jóvenes que llegan al mercado laboral que nacieron en un momento de alta tasa de natalidad, prácticamente ha sido así en la mayoría de
las comunidades autónomas españolas, pero en la de Canarias significativamente. Hace 20 ó 25 años nacieron allí los hombres y mujeres que llegan ahora al mercado laboral y que se lo encuentran prácticamente impermeabilizado, inflexible. Por tanto,
esta medida es positiva y mi grupo, si el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que nos parece que ensambla y potencia esas posibilidades, votará favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, felicito al grupo autor de la propuesta. Nuestro grupo no va a entrar en la discusión sobre estadísticas en la que se han enzarzado los dos grupos mayoritarios, pero, sean unos u otros los números, es indudable que este
asunto que se propone en la moción es de actualidad y es necesario afrontarlo con nuevas medidas, medidas que ciertamente en el marco
de la moción quedan un tanto genéricas, aunque al mismo tiempo hay que reconocer que por lo menos los objetivos a los que tienen que tender esas medidas que se vayan a tomar quedan bastante explicitados en el texto de la moción. Nosotros,
desde luego, hacemos nuestros esos objetivos que se señalan en la moción; es evidente que es necesaria una mejora en la estabilidad del empleo joven, aunque -también queremos decirlo en este debate- todos hemos de asumir que la tipología del empleo
ha cambiado y lo ha hecho de una manera estructural, para quedarse, y no solo en el ámbito del empleo juvenil, sino en todos los ámbitos. Ahora bien, lo que no puede ser es que la temporalidad se convierta automáticamente en contratos basura y en
situaciones de verdadera injusticia social, pero sí es cierto que esa estabilidad que se ha conocido en otras épocas va a quedar para los funcionarios y, aun para estos, a medio plazo, lo voy a poner también en duda. Me felicito de que en el texto,
en el marco de las medidas que pueda tomar el Gobierno en el futuro, se señale el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Lo que no veo tan claro en el texto -no sé si la redacción es la más adecuada- es cuando este dice que el
Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados, junto con las comunidades autónomas, en los primeros seis meses... Quiero entender que será consultando con las comunidades autónomas, de acuerdo con las comunidades autónomas. Además habla de
varios puntos, y quisiera detenerme en alguno de ellos para remarcar algunos asuntos que a nuestro grupo parlamentario le han preocupado y que, aunque no entran en esta proposición y quizás no es el momento adecuado, sí me gustaría también reseñar.
Me refiero, por ejemplo, a cuando se habla de reforzar los instrumentos de los servicios de empleo a la hora de que el Gobierno español presente medidas en esta Cámara o de ofrecer propuestas individualizadas de formación y reciclaje. Llegados a
este punto quisiera recordar que en algunas comunidades autónomas -en alguna en concreto- todavía estamos pendientes de transferencias, que son viejísimas reivindicaciones, contempladas en nuestro Estatuto, pero que no se han producido, de
instrumentos tan importantes para el empleo como puede ser el INEM, así como que todavía sigue pendiente toda la cuestión de las políticas de formación profesional ocupacional, en las que a pesar de nuestras competencias el instrumento vasco para
ello, Hobetuz, tiene que seguir nutriéndose de ingresos de origen tributario, pero no con cuotas de empresas y trabajadores. En estos ámbitos hay que cumplimentar el desarrollo del Estado de las autonomías, y desde luego en el caso de la autonomía
del País Vasco todavía queda absolutamente todo el capítulo laboral y de empleo del Estatuto de Gernika sin desarrollar. Esto también quería señalarlo, porque es fácil hablar del respeto a las competencias de las comunidades autónomas, pero si no
se ha transferido ninguna todavía es más fácil hablar de ello.
Antes de que se me acabe el tiempo, también me gustaría señalar rápidamente dos cosas más. Ese incremento del salario mínimo profesional es más que necesario, pero se está haciendo de manera muy lenta. Tiene que producirse de forma más
rápida y más elevada en su cuantía. Que se plantee por el Grupo Parlamentario Socialista en algunos ámbitos autonómicos que el salario de inserción es insuficiente, que hay que subirlo y que hay igualarlo con el salario mínimo interprofesional no
tiene ningún sentido. Para empezar y para que esa subida se pueda hacer, lo que tiene que hacer el Gobierno es elevar el salario mínimo interprofesional, y no esa cantidad que se ha establecido para el final de la legislatura, tal y como se está
planteando.
Acabo, señora vicepresidenta, añadiendo que la Cámara, y sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista, va a tener una ocasión de oro la próxima semana para cumplimentar el último punto de esos objetivos del Gobierno, el de continuar -dice-
el proceso de reconocimiento de los investigadores jóvenes en sus primeros años de actividad. Vamos a tener un punto interesante en el orden del día del próximo Pleno en cuanto a la protección social de los investigadores, y espero que entonces no
hablemos de dar pasos hacia delante, pero nos quedemos estancados y no demos ningún paso en esa dirección.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, finalice, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Finalizo diciendo que los objetivos están bien señalados, pero ya nos pronunciaremos dentro de seis meses, si el Gobierno cumple y presenta las medidas, sobre si estamos de acuerdo con ellas. Mientras tanto, por
supuesto, votaremos a favor de la excelente propuesta del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Finalizamos con el turno del señor Tardá en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, también para fijar posición en esta moción.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora vicepresidenta.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana dará apoyo a la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, con el que hemos dialogado su contenido, y que felizmente acabará siendo una enmienda transaccional aceptada por el
grupo proponente. Esta es la razón por la cual no hemos presentado enmiendas singularizadas. Hemos coincidido en garantizar tanto el punto 1, relativo a la adopción de las medidas destinadas a reducir la precariedad en el empleo de los jóvenes y a
mejorar su capacidad de acceso al mercado laboral, como el punto 4, referido al compromiso de presentar en los próximos seis meses las medidas para la concreción del desarrollo del pacto europeo en el ámbito estatal
y hemos incluido la imprescindible necesidad de actuar conjuntamente con las comunidades autónomas y con estricto respeto a sus competencias. Esto debe ser así y nos felicitamos del acuerdo alcanzado con el grupo proponente, porque, más
allá de aquellos aspectos que competencialmente afectan directamente al ámbito autonómico, como el de las prácticas no laborales o el de las políticas activas de empleo, el contenido de la moción en su conjunto tiene suficiente calado social y
político para que sea susceptible de mayor convergencia entre todas las administraciones.
Ciertamente las cifras demuestran que desde el inicio de esta legislatura el número de personas ocupadas en el Estado ha crecido más de 1,7 millones; que el
empleo juvenil se situó en el pasado año por encima de los dos millones de empleados; que la tasa de paro juvenil desciende de manera más intensa que la correspondiente al paro general y que por primera vez el Estado español se ha situado en una
tasa de paro, para los menores de 25 años, del 19,6 por ciento, siendo la media europea de los Quince del 16,7. Todo ello significa -no vamos a esconderlo- una tasa inferior a Estados como Bélgica, Francia o Italia, pero lejos de porcentajes como
el 8 por ciento de Holanda y el 15 por ciento de Gran Bretaña. A pesar de todo ello, hay que implementar medidas destinadas a reducir la precariedad en el empleo de los jóvenes y la alta temporalidad de sus contratos que, como saben, llega al 33
por ciento, una de las cifras más altas de Europa y más alta que la de algunos Estados que tienen incluso mayores cuotas de paro juvenil, lo que podría ser un contrasentido. Todo ello ha llevado a hablar incluso de la sociedad dual, es decir,
aquella que se configura a partir de los que tienen un contrato indefinido y aquellos otros que no gozan de él.
Respecto al punto número 4 queremos destacar que se haya incluido, tal como hemos coincidido, el apartado b) relativo a la presentación de un estudio antes de seis meses -lo que nos parece muy interesante-, sobre la situación de las
prácticas no laborales y los contratos de formación y prácticas para los jóvenes. Tal como reconoce el mismo secretario de coordinación sectorial de UGT de Cataluña y compañero de partido de Esquerra Republicana de Cataluña en España se ha ido
desvirtuando el espíritu inicial del contrato de formación, que finalmente ha sido utilizado como cajón de sastre para amplios colectivos más allá de los objetivos primigenios. De igual manera en la moción se recoge el compromiso de introducir
cambios normativos para acabar con la concatenación de contratos temporales, como medida utilizada de manera perversa para no consolidar un puesto de trabajo. En definitiva, desde la perspectiva del grupo parlamentario que ha dado apoyo a los
Presupuestos Generales del Estado y con referencia al compromiso renovado de alcanzar la cuantía de los 600 euros del salario mínimo interprofesional, contenido en la moción, y atendiendo también al compromiso de los seis meses, a los que me he
referido antes, para la presentación del plan nacional de reformas, votaremos a favor de la moción transaccional originada por la feliz interpelación del señor Campuzano, que ha sido bien atendida por el Grupo Parlamentario Socialista y en la que se
ha escuchado también al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Señor Campuzano, entiendo que votaremos la enmienda socialista a su moción, que usted acepta. (Asentimiento.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE CÓMO VA A GARANTIZAR LOS COMPROMISOS DE SERVICIO PÚBLICO CONTENIDOS EN EL DICTAMEN DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y EL PROYECTO DE LEY CON LA
PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN Y DIMENSIÓN DE RTVE PREVISTO POR LA SEPI Y LA DIRECCIÓN DEL ENTE PÚBLICO. (Número de expediente 173/000126.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno
explique cómo va a garantizar los compromisos de servicio público, contenidos en el dictamen del Comité de expertos y el proyecto de ley, con la propuesta de estructuración y dimensión de RTVE prevista por la SEPI y la dirección del ente público.
Tiene la palabra para defender esta moción doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
A la vista de la interpelación planteada la semana pasada presentamos una moción que contiene distintos puntos cuyo objetivo es garantizar que Radiotelevisión Española sea un servicio público, una televisión pública potente para los
ciudadanos. Para ello lo primero desde luego es no esquilmar la plantilla ni dar prioridad a los datos económicos sobre la solvencia que nos presentó el señor Solbes la semana pasada; eso no es lo primero. Lo primero es y debe ser decidir el
modelo que queremos de radiotelevisión para garantizar ese servicio público. ¿Hace falta reestructurar y reorganizar Radiotelevisión Española? De acuerdo, pero no la vaciemos a la mitad como se pretende en el plan de saneamiento; es un plan de
despidos que solo busca reducir gastos sin mirar hacia dentro, excepto en los servicios que se pretende dejar de prestar, porque como tendrán menos personal lógicamente tendrán que dejar de prestarlos. Esto ya se hizo en los años noventa y solo
sirvió para que ahora nos vuelvan a proponer lo mismo. La semana pasada el
vicepresidente Solbes culpó del incremento de la deuda al aumento de la competencia porque hubo una reducción en los ingresos de publicidad, análisis que desde luego es superficial y parcial. Señorías, seguro que este fue uno de los motivos
-solo uno-, pero hay muchos más y tienen solución. En cualquier caso lo relevante no es el coste, sino el contenido que se da a Radiotelevisión Española y lo que abarca territorialmente, porque no podemos permitir ningún paso hacia atrás; no
podemos volver al puro centralismo. En primer lugar, la producción propia ha de ser un referente nacional e internacional, y así lo establecemos en la moción presentada. Se han de utilizar los medios propios, y así, por cierto, se abaratan costes.
Lo contrario significa ni más ni menos que unos pocos hagan negocio y una progresiva privatización, que por desgracia es lo que ha ocurrido hasta ahora, y es uno de los motivos que ha incrementado la deuda de Radiotelevisión Española. También
significa ser previsores respecto a las emisiones digitales, que van a requerir mayor número de contenidos, por tanto hemos de apostar por nuestra propia producción. Para eso el punto segundo de la moción establece un porcentaje mínimo de
producción propia que se ha de marcar. Señorías, si se hiciera un estudio de qué ha fallado, ¿serían los trabajadores?; ¿sería ese 44 por ciento de plantilla del que se quieren librar? No.
¿Serían los centros territoriales que van a reducir a
más de la mitad en sus prestaciones? No. Entonces, ¿por qué han de pagarlo? Esa no es la solución; el plan de saneamiento tal y como está presentado no va a solucionar los problemas de Radiotelevisión Española.
Otra de las cuestiones que se plantean en la moción es la relativa al sector audiovisual, que debe ser reformado de modo global, y para ello en el actual periodo de sesiones se ha de presentar la ley del consejo y la ley general audiovisual.
El punto 4 no debería ser necesario que constara en la moción, pero tal y como se han hecho las cosas resulta imprescindible. Este punto abarca, en primer lugar, la necesidad de negociación de cualquier propuesta de plan, pero negociación real, con
datos, ya que lo único que se ha presentado a los sindicatos son unas cifras prácticamente vacías. No saben cómo va a afectar este plan en cada centro territorial, algo que están preguntando continuamente. No se sabe con cuánto dinero cuentan la
SEPI y Radiotelevisión Española para los despidos, sino únicamente el número de personas que quieren echar. Desde luego esa no es manera de negociar ninguna propuesta de plan de saneamiento. Igualmente es imprescindible -como digo, no debería ser
necesario presentar una moción, pero hoy por hoy lo es- que el plan esté sometido a los criterios establecidos en la Ley de Radiotelevisión Española que ahora mismo está en tramitación. Un ejemplo de por qué hay que establecerlo: la cohesión
territorial, que estará recogida en la ley pero no lo está en el plan de saneamiento, por lo tanto hay que cambiarlo y, por cierto, cumplir así la obligación del artículo 20 de la Constitución española, que dice que la estructura organizativa de
Radiotelevisión Española debe estar en la ley; así debe ser. El plan debe someterse al mandato marco que ha de aprobar este Parlamento, que es otra de las cuestiones que está en la nueva ley, pero este plan no miraba hacia ese futuro mandato marco
que deberemos debatir y aprobar en este Parlamento.
Otra cuestión fundamental es resolver la situación laboral del personal contratado al margen del convenio. Desde el Gobierno dicen: Esta situación es legal; sí, pero es totalmente irregular. El amparo jurídico no significa que no sea una
absoluta desvergüenza que una empresa pública tenga gente contratada al margen del convenio. Eso ha de solucionarse; todos los grupos parlamentarios hemos votado una y otra vez en este Parlamento a favor de que se solucione esa situación. Por eso
en la moción se insta a que se cumpla ese compromiso parlamentario. Otra cuestión es la de la orquesta y coro, a la que se le ha de encontrar una solución. Todos los grupos parlamentarios se han entrevistado con sus componentes y se han
comprometido a trabajar para encontrar una solución, y por eso se recoge también en esta moción, esperando el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Señorías, para terminar, tengo que hablar de la cohesión interterritorial.
En el Estado español, en el Estado de las autonomías, Radiotelevisión Española debe ser un reflejo de nuestra realidad territorial; solo así cumplirá con su función
de servicio público. Además, así lo establece el informe de sabios que el Gobierno se comprometió a traducir en una ley de Radiotelevisión Española. El caso de la radio, tal y como está el plan de saneamiento, es dramático. Se va hacia el
centralismo más rancio. ¿Qué ocurrirá? Que no la escuchará nadie. Las comunidades autónomas no son meras corresponsalías en el Estado de las autonomías, en un Estado plurinacional.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Navarro, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, voy terminando, señora presidenta.
En definitiva, esta moción contiene distintas cuestiones básicas sobre el modelo de Radiotelevisión Española para que podamos hablar de servicio público, y su aprobación debe implicar un cambio radical en la propuesta presentada hasta ahora
por la SEPI y Radiotelevisión Española, que solo busca rentabilidad económica a corto plazo y se olvida de la rentabilidad social a largo plazo. Esta es una propuesta para que contemos todos realmente; una propuesta de desarrollo cultural y
educacional al servicio de la sociedad, que es lo que debe ser Radiotelevisión Española, y para eso debe cambiar mucho esa propuesta de saneamiento. El primer paso es la votación de esta moción, en cuyo punto 1 se incluye una solución para los
centros territoriales, para los centros de producción, para Radio Quatre, para todos los trabajadores de aquellas emisoras y centros territoriales que están a la espera de saber qué va a ocurrir con sus puestos de trabajo, qué va a ocurrir con el
contenido de
su trabajo, sabiendo perfectamente que forman parte de ese servicio público necesario para todos, para que, como decía, contemos todos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Macarena Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos bastante de acuerdo con los términos de buena parte de esta moción, pero desde luego nos alegramos enormemente del cambio de actitud, tanto del grupo proponente como del Grupo Parlamentario
Socialista, que al parecer han negociado esta moción.
En cualquier caso, nos preocupa sobre todo la parte del Grupo Parlamentario Socialista porque, con la política errática y de bandazos a la que nos ha tenido acostumbrados a lo largo de estos dos
años, no sabemos si realmente tendrá garantía de prosperar aquello a lo que instamos hoy al Gobierno; por otra parte, la de Izquierda Unida tampoco se queda atrás. Izquierda Unida dice una cosa en la Comisión Constitucional y otra muy diferente
con la moción que se plantea en el Pleno en el día de hoy. Dicen en la moción que es clave potenciar las funciones de los centros territoriales de Radiotelevisión Española.
Entonces no entendemos por qué el portavoz de Izquierda Unida señor
Llamazares anunció el pasado 15 de febrero en la Comisión Constitucional la retirada de la enmienda número 87 de su grupo, en la que precisamente se pedía que se potenciara la actividad de los centros territoriales, y se conforma, de acuerdo con el
Grupo Socialista, con una simple referencia a la organización territorial de Radiotelevisión Española.
Dice la moción asimismo que la disposición transitoria segunda al proyecto de ley es confusa en su sentido jurídico y contradictoria; dice
también que la utilización de los términos convencional y extraconvencional recogidos en el proyecto de ley son eufemismos que solo aportarán interpretaciones jurídicas contradictorias. Desde luego, nosotros no podemos estar más de acuerdo con esa
valoración, pero ¿por qué el portavoz del Grupo de Izquierda Unida señor Llamazares retiró en la Comisión Constitucional del pasado día 15 de febrero la enmienda número 91, que era coincidente además con la del Grupo Parlamentario Popular, de
acuerdo con los trabajadores y con la firma, el apoyo y el refrendo de todos los sindicatos y, sin embargo, votó favorablemente la extravagante expresión extraconvencional, que ahora con toda justicia se descalifica por su mismo grupo? Convendría
desde luego algún punto de coherencia tanto en el grupo proponente como en el que le apoya en esta ocasión, el Grupo Parlamentario Socialista, porque para nosotros es muy serio y hoy dependen 4.500 familias de esta cuestión. ¿Qué tenemos que
pensar? O bien que el señor Llamazares cuando participó de la lectura única no conocía el tema y no sabía de qué se trataba o, por el contrario, es ahora cuando realmente un mes después ustedes se han dado cuenta de la importancia de lo que se
estaba tratando. Se dice en la moción que el Gobierno no puede cometer el error de cuestionar la viabilidad de la radiotelevisión pública y alimentar especulaciones sobre planes de ajustes desorbitados. Ese error ya se ha cometido y la viabilidad
está a ras de suelo tras dos años de una inepta e interesada dieta aplicada por el Partido Socialista a Radiotelevisión Española. No es que se alimenten las especulaciones, es que hay un plan concreto y firme sobre la mesa que ya en su primera
página dice que en Radiotelevisión Española sobran 4.500 personas, más de la mitad de la plantilla, sin que sepamos por qué y a qué modelo responde esa cifra brutal de despidos.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas que vienen a reforzar la figura de los centros territoriales y además fortalecen el servicio público de Radiotelevisión Española. La primera al punto 1, porque lo que no tiene sentido es que en la
exposición de motivos de la moción se diga que se hace una referencia expresa a los centros territoriales y, sin embargo, cuando instamos al Gobierno en los puntos que votamos en la moción -ya no sabemos si es por el acuerdo con el Grupo Socialista
o qué- se sucumbe a la trampa del Gobierno de considerar como una estructura territorial en el futuro diseño de Radiotelevisión Española la reducción drástica de medios humanos y técnicos prevista hasta llevar a cabo como única y exclusiva actividad
de producción en los centros territoriales un programa informativo diario; eso sí, solo de lunes a viernes y 30 minutos. Desde luego nos parece mucho más conveniente y en coherencia con lo que nosotros hemos venido manteniendo tanto en el Congreso
como en el Senado que se inste a potenciar la actividad de todos los centros territoriales -del de Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Canarias Andalucía, Castilla-La Mancha, etcétera, igual que de Radio Nacional de España, de Radio Quatre,
de todos-, y no solo a garantizar la existencia vegetativa y engañosa de ese instrumento necesario que la radiotelevisión pública tiene para contribuir al objetivo de cohesión y de vertebración.
Nuestra enmienda al punto 4 matiza mejor el objetivo
propuesto en la moción y compromete de una forma más taxativa y conveniente la concordancia entre la ley y el plan de saneamiento, cuya simultaneidad, propiciada y avalada por el Grupo Socialista, calificamos de nefasta, inadecuada y tramposa, sin
discutir desde luego el marco imprescindible en la negociación con los sindicatos que supuestamente se debería producir.
El punto 2 de la moción -que alude al impulso de la producción propia- claro que lo vamos a apoyar, porque es algo que ya viene demandando el Grupo Parlamentario Popular y que así queda recogido en nuestras enmiendas; igual que el punto
número 3, en el que lo único que entendemos es que la instancia vale para
recordar al Gobierno que tiene que cumplir sus compromisos que de forma natural en esta materia viene incumpliendo. El punto 5 alude al incumplimiento por el Gobierno de las iniciativas parlamentarias que ya se han aprobado en la Cámara con
respecto a los trabajadores contratados y excluidos del convenio. Han sido tres las proposiciones no de ley que se han aprobado, y parece mentira que ahora todos los grupos tengamos que volver a recordar al Gobierno, incluido el Grupo Parlamentario
Socialista, que tiene que poner en marcha algo que este Parlamento ya ha aprobado en tres ocasiones. Desde luego nosotros nos congratulamos de que se sumen, pero bien triste es que en unas ocasiones digan una cosa y en otras otra; depende del
escenario y de con quien estemos hablando.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, señora Montesinos, por favor.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En cuanto al punto 6, cómo no vamos a estar de acuerdo con respecto al coro y la orquesta si desde luego eso viene vinculado a las enmiendas que nosotros como grupo hemos venido proponiendo.
De nuevo les repito lo que les decía al principio: por una parte los vaivenes del grupo proponente y del grupo que en este caso ha negociado la moción, que con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular viene a reforzar no solamente los
centros territoriales sino además el servicio público; y por otra sería mucho más aceptable no solamente que se incorporaran nuestras enmiendas a la moción de Izquierda Unida, sino que además entre todos lográramos que de una vez por todas ese
instar al Gobierno se cumpliera y fuera una realidad de acuerdo con la suma de las enmiendas al texto que propone la moción de Izquierda Unida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Montesinos.
La siguiente enmienda es del Grupo de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Puig para defenderla.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para exponer la posición de nuestro grupo parlamentario, no sé si sobre la solución que nos propuso Izquierda Unida la semana pasada o sobre la que nos plantea hoy en la moción que nos presenta. Están en juego los
puestos de trabajo de muchas personas, y a veces nos tendríamos que fijar en aquello que proponemos y aprobamos para no dar falsas expectativas a esos trabajadores. Me parece que está muy bien la moción que hoy debatimos aquí, aunque parte de ella
ya se había aprobado, pero queda muy pobre; se queda en una teoría, y luego saldrán los diferentes gabinetes de prensa explicando que hoy se han aprobado grandes cosas para salvar al grupo Radiotelevisión Española. Me parece que esto es un error,
porque luego se verá la realidad de los hechos y pensarán mal de la clase política que vende humo en parte porque luego el problema sigue existiendo.
Lo digo por algunas de las resoluciones, sobre todo el punto 1, que era el más interesante de entrada para nuestro grupo parlamentario y que hablaba de los centros territoriales, de la estructura territorial, y aquí es donde nosotros
entendíamos que valía la pena intentar llegar a algo más.
Tal como está, tengo que reconocer que la enmienda del Grupo Popular va más allá de lo que nos plantea Izquierda Unida y que parece que ha pactado con el Grupo Socialista; me parece que hay
que decirlo porque es así. La enmienda del Grupo Popular garantiza más el tema de los centros territoriales -aunque nos parece escasa- que la moción de Izquierda Unida tal como está redactada, que parece que está pactada con el Grupo Socialista.
Cuando vayamos por el territorio podremos decir a los trabajadores de Radio Quatre que vamos a hacer todo lo posible para preservar sus puestos de trabajo y la continuidad de Radio Quatre, pero sería mucho más fácil poner aquí -ya que vamos a
defender la Orquesta y el Coro de Radiotelevisión Española sin pedir de entrada que nos garanticen que van a cantar en catalán algunas canciones a lo largo de la vida; no lo vamos a pedir, somos solidarios- un punto que dijese: garantizar por ley
la continuidad de Radio Quatre en todos los centros territoriales para que expresen esa pluralidad. Miren qué sencillo: garantizar la continuidad de Radio Quatre no solo en Cataluña; recuperarla en Valencia, en las Islas Baleares y en Galicia
para que tengan ese efecto de pluralidad. Así de sencillo, pero se ve que esto no es posible; esto es pedir peras al olmo; es imposible. O se podría poner: garantizar por ley la continuidad de las desconexiones territoriales en las diferentes
lenguas en los diversos territorios. No, esto tampoco es posible, aunque sería fácil.
A los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Socialista les diría que me parece que los ciudadanos se merecen más claridad. Luego no se puede ir a los centros territoriales a ver a los comités de empresa diciendo que se les va a salvar y
que se va a resituar y a garantizar. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que entiendo que el Grupo de Izquierda Unida no nos va a aceptar y que son las siguientes. Primera enmienda: mantener y mejorar la oferta de horas de visión en
catalán desde el centro territorial de Radiotelevisión Española en Sant Cugat, desde el centro territorial de Radiotelevisión Española en Palma y desde el centro territorial de Radiotelevisión Española en el País Valencià.
Segunda enmienda:
mantener los estudios de Sant Cugat como centro de producción importante del sector audiovisual que responda a la larga tradición de Televisión Española en Cataluña. Tercera enmienda: mantener la producción y la emisión de Radio Quatre como oferta
de Radio Nacional en lengua catalana que responda a la larga tradición de Radio Nacional en Cataluña
e impulsar que el centro territorial de Radio Nacional en las Islas Baleares y en el País Valencià puedan realizar de nuevo la programación de Radio Quatre en catalán. Otra enmienda: teniendo en cuenta los medios existentes de la radio y
televisión pública en Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, impulsar un modelo más efectivo, más nacional, que haga realidad un canal de radio y televisión que cubra el ámbito lingüístico del catalán, abiertos a que se cubra en el ámbito
lingüístico del gallego y del euskera, y convertir en realidad esa pluralidad y hacerla efectiva.
Porque si hemos de pagar igualmente una radiotelevisión pública, de qué nos sirve esta radiotelevisión pública si no es la expresión de esa
pluralidad. Por tanto, vamos a votar a favor de la moción tal y como está, porque no podemos votar en contra, pero me parece que es un cierto fraude de ley a los ciudadanos no especificar una clara defensa de Radio 4 y las desconexiones en catalán,
euskera y gallego de las diferentes delegaciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig.
Fijaciones de posición. Comenzamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por tres consideraciones fundamentales.
Primera, porque esta moción aboga y
defiende que la estructura territorial actual de Televisión Española no es el problema, sino que, en todo caso, sería la solución. No hay manera de probar que es esa estructura territorial la supuesta causante de las pérdidas que se consideran
inasumibles por parte el ente público. En todo caso, tengo que decirles que después de mucho combate, de mucha presión hecha en soledad por parte del nacionalismo, las desconexiones de Radio 5 en Galicia se acabaron haciendo en lengua gallega.
Desgraciadamente, si el plan de la compañía continúa adelante volveremos otra vez a una situación de total uniformismo lingüístico y de falta de presencia de una información plural que los ciudadanos agradecen sobremanera. Tengo que decirles que,
en el caso particular de Galicia, la función de Radiotelevisión Española es incluso un elemento fundamental, después de haber conseguido estos objetivos de normalización lingüística, porque prácticamente todos los medios de titularidad privada están
en lengua española, incluidas las televisiones locales que están cayendo todas, una tras otra, en manos de grupos mediáticos de ámbito estatal.
No les voy a decir que el trato que tuvo Radiotelevisión Española en relación con las distintas naciones del Estado español fue abiertamente discriminatorio, porque es así. De Galicia eliminaron Radio 4 en 1992, a pesar de que era una
emisora con un nivel de audiencia muy superior a la que tiene Radio 4 en Cataluña, pero ahí sí que se optó por la desaparición pura y dura, sin duda, para festejar el centenario correspondiente del Descubrimiento de América, que siempre se
identifica con uniformismo lingüístico. Hay que saber que Televisión Española saca alguna fuente de financiación precisamente de la Administración autonómica, por ejemplo de un programa infumable, pero que está ahí, que es Desde Galicia para el
Mundo, y espero que la Administración pública de Galicia ejerza un control distinto al que se ejerció hasta ahora.
El segundo elemento por el que la vamos a apoyar es porque la moción presenta que es viable un servicio público basado en producción propia.
Creo que la potencialidad de Radiotelevisión Española no se utilizó para esta producción propia que
debía de ser una de sus características singulares. Es posible que una de las vías de ese agujero económico haya sido precisamente la succión de los intereses públicos por parte de empresas privadas.
En tercer lugar, también la vamos a apoyar porque la moción plantea que no se debe de aplicar ningún plan claramente estructurado, sino es dentro de una visión estratégica de lo que tienen que ser los medios de titularidad pública, por
tanto, dentro de la Ley Audiovisual y de una cultura informativa que no tenga solamente en cuenta los criterios del mercado.
Sabemos que debía de hacerse una alusión clara al pluralismo lingüístico que es sustancial incluso para la virtualidad de
Radio Nacional de España hoy y de la propia televisión en sus centros territoriales, pero a pesar de los límites de la moción está claro que no hay otra opción que apoyarla porque en lo sustancial estamos de acuerdo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El pasado mes de noviembre, en la Comisión de Control de Radiotelevisión, este portavoz tuvo ocasión de hacer una pregunta a la señora directora general del Ente Público Radiotelevisión Española, sobre cuáles eran las perspectivas de futuro
que consideraban tanto ella, como directora del ente, como la SEPI respecto del centro territorial de Radiotelevisión Española en Canarias. Se nos dijo por la señora directora -y ahí está el 'Diario de Sesiones'- que iba a tener una consideración
por la peculiaridad canaria de su ubicación geográfica, por los problemas que da todo territorio discontinuo y porque no estamos dentro del área de cobertura normal de la Península. Pues bien, cuando hemos visto los anuncios la frustración ha sido
total y absoluta.
Cuando se hace el análisis de viabilidad de una empresa, pública o privada, si está en pérdida los auditores tienen la obligación, y lo hacen con toda naturalidad,
de diagnosticar las causas del déficit, en qué segmentos se produce.
Normalmente tienen dos grandes adscripciones: o bien defectos tecnológicos, falta de productividad, encarecimiento del medio, de los recursos; o bien el exceso de
plantilla laboral. Y sobre estos dos parámetros trabajan. Lo que nos llamó la atención del acuerdo de la SEPI es que se llevara todo a todo, es decir, que no se sacara qué repercusión en pérdidas tiene un exceso de plantilla y qué repercusión -no
lo han explicitado- puede tener un centro de producción de programas, que es lo que se ha dado precisamente en Canarias. ¿Que Radiotelevisión Española tiene por acumulación de años de ejercicio, como ha señalado acertadamente la portavoz del Grupo
de Izquierda Unida, contratos o situaciones laborales que incumplen la propia legislación laboral vigente? De acuerdo. Posiblemente esto ha producido el fenómeno, que no negamos, de un sobredimensionamiento de la plantilla laboral de
Radiotelevisión Española. Pues bien, para eso hay unas vías normales, recurren a ellas muchísimas empresas continuamente: un diálogo sindicatos-empresa donde, a través de jubilaciones anticipadas, de bajas subvencionadas, de bajas gratificadas, se
consigue un saneamiento pacífico de la plantilla para ajustarla a las necesidades de producción de la empresa. Pero cerrar centros de producción porque sí, sin un diagnóstico de si están produciendo pérdidas o no, es verdaderamente llamativo en
este caso. Aunque por el hecho de tener un centro de producción el coste de un programa tuviera un significativo valor, no digo en el déficit, pero sí en la carga presupuestaria, estamos en este caso, señorías, hablando de un servicio público.
Aquí no podemos aplicar unos parámetros semejantes a los que ejerce una empresa privada, que no tiene la obligación de servicio público y emite los programas que le garanticen una rentabilidad de anunciantes o de lo que ellos consideren valores de
audiencia.
Mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa de Izquierda Unida porque entendemos que incluye la posibilidad de la defensa de este sector público y sobre todo que eso se mantenga en nuestro centro de producción de Canarias. Además, si
se hacen ajustes pacíficos de plantilla, como he dicho, por vía de bajas incentivadas, de jubilaciones o prejubilaciones anticipadas y atendidas económicamente respetando unos derechos de antigüedad y salariales, se sanea esa plantilla. Los que
conocemos por dentro la plantilla de Radiotelevisión Española sabemos que está formada por profesionales en su gran mayoría de gran calidad, que tienen conocimientos del medio y de la técnica que les permitirían a los que se mantuvieran como
plantilla después de los ajustes pactados con los sindicatos, hacer funcionar con calidad profesional y técnica un medio de esas características. Nosotros, desde Coalición Canaria, señora presidenta, rechazamos que por una cuestión de ajustes
económicos se suprima el centro de producción de programas de Radiotelevisión Española en Canarias por las razones que he aducido y, por tanto, vamos a votar favorablemente la iniciativa que ha defendido la señora Navarro en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra para fijar posición en su nombre el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, el señor Puig decía: qué cosa más fácil que las propuestas que usted hacía. No se trata de facilidades. Usted hace propuestas claras, y esto no va de eso. Ahí está el problema. Cada
vez que hemos debatido en este Congreso temas como los que recoge la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds mi grupo ha insistido en un argumento central, que yo creo que va
siendo compartido cada vez más, y es que el Gobierno en el tema digital va caminando sin clarificar, ni ante esta Cámara ni ante los ciudadanos en general ni tampoco ante los directamente implicados como pueden ser ahora los trabajadores de
Radiotelevisión Española, el rumbo preciso que se propone seguir y mucho menos la meta exacta a la que quiere llegar. Eso se deja para más tarde; se va clarificando paso a paso, en su caso. Nuestra impresión es que el Gobierno va teniendo en este
campo lo que yo me atrevería a calificar una visión de estrábica, de estrabismo.
Recordemos que el Gobierno, tras un anuncio solemne por parte del propio presidente de proceder a reformas profundas en el campo de lo audiovisual, puso en marcha un comité expertos, de sabios se llamó. Ellos nos iban a orientar. Estábamos
en esas cuando el propio Gobierno nos trajo por sorpresa a esta Cámara un proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la TDT y, de paso, liberalizó dos televisiones privadas; las dejó en abierto. Posteriormente, nos trajo un proyecto de
ley de la radio y la televisión de titularidad estatal que, evidentemente, no atendía a los consejos de los sabios o solo a algunos de ellos. Más tarde, aprovechó la tramitación de ese proyecto en este Congreso para atender requerimientos yo diría
que no exactamente de la oposición sino del propio Grupo Socialista, que no estaba de acuerdo ni siquiera con el proyecto de ley del Gobierno. Entre medias, el Gobierno aprobó, también en este Congreso y a iniciativa del Grupo Socialista, una
enmienda presupuestaria que obligaba a Radiotelevisión Española a hacer un plan de viabilidad desde ya, sin esperar a nada más, sin saber en qué va a quedar Radiotelevisión Española. Y a la par que se debate la ley en estas Cámaras, la SEPI hace el
plan de reforma, y cada cual va caminando por su lado, más o menos en conjunto. Eso sí, el Gobierno siempre nos dice que un día habrá un plan de lo audiovisual; ahí encajarán todas las piezas y sabremos por dónde hemos caminado en este valle de
lágrimas.
Esto ya de por sí da pie al calificativo de estrábico, pero
encima uno ve que un día es el ministro de Industria el que habla de la TDT y que lo defiende aquí, que otro día es la vicepresidenta la que presenta el informe de sabios y defiende también el proyecto de ley de medios de titularidad
estatal, que otro día es el vicepresidente económico que viene aquí y nos dice qué plan tenemos que hacer en Radiotelevisión Española y que en medio, claro está, la directora general de Radiotelevisión Española tiene que hablar de todo en la
Comisión porque de todo se le pregunta. Así vamos caminando, a juicio de este grupo. No tiene nada de extraño que nos encontremos hoy con una interpelación, urgente en su caso, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds y que estemos ante una moción. Si la moción ha sido acordada, formará parte de este escenario en el que volverán a ocurrir cosas que no sabemos si casan unas con las otras; ya iremos viendo.
No dispongo de tiempo para entrar a analizar -por cierto, yo voy a apoyar su moción- en detalle y debatir aquí los términos precisos de esta especie de acuerdo desacorde que yo siento respecto a su moción. Tengo las dos cosas: estoy de
acuerdo y no sé si estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por una reflexión que he intentado exponer en repetidas ocasiones, principalmente con motivo del debate de la Radiotelevisión Española, sin que haya encontrado demasiado eco -hay que reconocerlo-,
porque no se me aceptó ninguna de estas enmiendas, y que, sin embargo, a juicio de mi grupo está en la base de una confusión que está condicionando y que va a condicionar todavía más en un futuro llevarlo a un punto de encuentro y acuerdo entre las
distintas fuerzas en orden a lo que, para nadie es un secreto ni nadie duda, o al menos mi grupo, constituye una necesidad inapelable: la reforma profunda en Radiotelevisión Española. Eso nadie, o al menos mi grupo, lo discute. La discusión está
en que a Radiotelevisión Española le atribuimos el carácter público estatal. Efectivamente yo no discuto su carácter público o su carácter estatal, ¿pero solo a Radiotelevisión Española? ¿Es Radiotelevisión Española la única responsable? ¿Tiene
que responder ella sola de todo lo que una radiotelevisión pública estatal tiene que hacer en un Estado de las autonomías? Yo creo que ahí hay mucho discutir. Mi grupo cree que no, pero en cualquier caso estaría abierto a la discusión.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Concluya, por favor.
El señor BELOKI GUERRA: Voy terminando, señora presidenta.
Iba a decir que no sé si el Grupo Socialista va a apoyar su moción.
Dudaría mucho de que entiendan lo mismo en concreto en el punto primero, al menos es ahí donde yo tengo mis mayores dudas sobre si interpreto lo mismo de su moción que lo
que usted interpreta de la suya, y dudo de si el Grupo Socialista interpretará también lo mismo, no sé si hacia un lado o hacia el otro, en concreto hablando de su carácter público estatal.
Vamos a apoyar, seguiremos caminando, seguiremos con la visión estrábica y un día quizá se haga la luz en alguna esquina.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Muchas gracias.
El señor Vilajoana, para fijar su posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es el próximo diputado que tomará la palabra.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta.
Señora Navarro, en primer lugar, quiero decirle que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar esta moción, porque aunque se abordan temas que se han tratado -y se ha dicho antes- en más de una ocasión en esta Cámara,
con proposiciones no de ley, con proposiciones de ley, en el mismo debate de la Ley de Radiotelevisión Española muchos de los temas que usted plantea fueron claramente puestos de relieve -incluso la solicitud de un consejo de lo audiovisual estatal
fue reclamado por este diputado hace meses y se nos dijo: no, no, paciencia, más adelante-, es bueno que esté aquí. La ley de lo audiovisual fue comprometida por el ministro de Industria, yo diría que para el mes de junio; tengo la impresión de
que no llegaremos, pero en cualquier caso es bueno que vuelva a estar. Pero, sobre todo, señora Navarro, creo que es muy importante recalcar dos o tres puntos que me parecen fundamentales en esta moción que usted plantea y que, repito, vamos a
apoyar.
En primer lugar, la garantía de la existencia de una estructura territorial. Esto es importante a tres niveles. La estructura territorial es importante, en primer lugar, para producir, tanto informativos como otro tipo de programas, tanto
en radio como en televisión. ¿Por qué es tan importante que exista esta estructura territorial? Porque durante todos estos años quizá la gran diferencia del modelo televisivo español del Estado con otros modelos europeos es la estructura
autonómica del Estado, que ha generado unas televisiones autonómicas, que ha dado una estructura audiovisual muy importante, muy distinta y muy potente; pero el Estado no puede basarse en decir: como esto ya lo hacen las autonómicas, yo lo ignoro
y me dedico a lo mío, que es ser muy centralista y que todo se quede en Madrid -con todo el respeto y el afecto que le tengo a esta gran capital-. Eso no puede ser. Esta estructura estatal no puede olvidar que necesita una estructura territorial,
por dos cosas. En primer lugar, porque es bueno que desde el Estado se aporten elementos a la estructura territorial para conseguir este objetivo que usted planteaba de la cohesión territorial, pero también por elementos lingüísticos de los que
hablaba el señor Rodríguez, ya que el gallego,
el vasco y el catalán han de estar presentes en estas desconexiones; tiene que haber emisoras, como Radio 4 y otras emisoras que hacen esta labor lingüística y también esta conexión entre el centro, el Estado y el territorio. Y en segundo
lugar, y muy importante, por las aportaciones de contenidos desde los territorios al centro del Estado. Esta es otra aportación muy interesante. Cuando en determinados momentos aquí, en el centro, hemos visto una gran tensión política, muchas
veces esta tensión no llegaba al territorio, y las cosas no siempre se ven igual desde el centro que desde los territorios; es muy sano que en los telediarios estatales haya visiones provenientes del territorio de temas que nos afectan a todos.
Esto es lo que resulta muy positivo de esta moción que hoy planteamos y hemos de luchar para que esto sea así. Porque, repito, ya se contemplaba este elemento en la ley.
Hay un segundo elemento que me parece de gran importancia, que es la producción propia. Tanto en el Pleno como en comisiones se ha hablado de la importancia que tienen las televisiones públicas, las estatales y las autonómicas, para
potenciar una industria audiovisual potente en el conjunto del Estado y un cine español potente en el conjunto del Estado.
Potenciar la producción propia, con el talento y con los medios de la casa, como la producción independiente nos parece un
elemento fundamental y esta potenciación del talento interno y también del externo que da el conjunto del país ha de formar parte de la estrategia global y de la programación de Televisión Española y de las radios nacionales españolas en el futuro,
desarrollando una industria audiovisual deslocalizada y promoviendo un cine español y europeo.
Quería centrarme en estos dos puntos, pero no quisiera dejar de hablar de la estructura. Probablemente sea necesaria una reestructuración, pero es cierto -lo ha dicho muy bien en su intervención la señora Navarro- y entiendo que claramente
los sindicatos han de pactar este planteamiento con el ente, que es bueno que en el contrato marco se fijen de alguna forma las necesidades y los objetivos. A partir de aquí lo que debemos buscar es la estructura necesaria para llevar a un buen fin
la radio y la televisión pública estatal que queremos en este país.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, muchas gracias, señor Vilajoana.
Finalizamos con el turno del señor López para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, presidenta.
Anuncio el apoyo de mi grupo a la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida, no tanto a la justificación de la misma como a los puntos que contiene. Todos sabíamos y sabemos que había que actualizar nuestro modelo de Radiotelevisión
Española 50 años después de su puesta en marcha; todos sabíamos y sabemos que había que acabar con su deuda histórica; todos sabíamos y sabemos que la España de hoy no es la misma que la de hace 25 años y que, por lo tanto, la Radiotelevisión
Española de hoy tampoco puede ser la misma que la de hace 25 años. De hecho, todos sabíamos y sabemos que había que desgubernamentalizar Radiotelevisión Española.
Todos sabíamos esto y todas las fuerzas políticas lo han dicho en el pasado y lo dicen en el presente; figuraba en sus programas electorales.
Es verdad que algunos quieren hacer de pirómanos y de bomberos a la vez y son precisamente
quienes arruinan Televisión Española y ahora no quieren ayudar a que tenga un futuro fuerte en nuestro país. Sin embargo, otros, como el señor Beloki, hablan de un cierto desconcierto. El desconcierto que yo he visto ha sido el de las enmiendas
del señor Beloki. Lo que me faltaba por ver en este Parlamento es al PNV presentando enmiendas para que la ley de la televisión fuera una ley de bases que regulara también las cadenas autonómicas. En fin, tengo muy claro hacia dónde va el Gobierno
y cuál es el modelo que tiene el Gobierno.
Incluso los ciudadanos empezaban a pensar que los gobiernos pasaban, hacían un discurso en relación con la televisión pública, pero que todo seguía igual y que nunca cambiaba nada. No, por fin un Gobierno ha tenido la valentía política -por
qué no decirlo- de acometer una reforma urgente y necesaria, como todos ustedes saben, como todos los grupos que están aquí saben. Este Gobierno se comprometió a reformar Radiotelevisión Española para desgubernamentalizarla, para situarla en la era
de la televisión digital, para redefinir el servicio público y para sanearla económicamente. Por eso estamos discutiendo una ley que le resta al Gobierno -no se olviden, señores del Grupo Popular- la capacidad de nombrar al director general, para
que lo haga este Parlamento: la sede de la soberanía nacional; una ley que define el servicio público de Radiotelevisión Española; una ley que establece fórmulas tan necesarias como el mandato marco o el contrato programa; una ley que impide el
endeudamiento de Radiotelevisión Española en el futuro. Desde luego, como no se resuelve el problema es cruzándose de brazos. Por eso también este Parlamento le pidió al Gobierno y a la SEPI que presentaran un plan de viabilidad para el futuro de
Radiotelevisión Española. Porque, señorías, fuimos nosotros, fue este Parlamento el que decidió introducir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que aumentaba -la gente tiene que saber estas cosas- el presupuesto de Televisión
Española de 78 millones a 575 millones de euros para este año, para que Radiotelevisión Española no tuviera déficit este año, a cambio de que Radiotelevisión Española y la SEPI presentaran un plan de viabilidad para llevar a cabo el futuro de
Radiotelevisión Española, es decir, la SEPI y Radiotelevisión Española están cumpliendo lo que les instó esta Cámara.
Por lo tanto, tenemos un Gobierno que está cumpliendo con su
programa electoral y tenemos una Radiotelevisión Española y una SEPI que están cumpliendo con el mandato de este Parlamento. Por eso, no puedo estar de acuerdo con alguna de las afirmaciones del grupo proponente de la introducción. Pero sí
estoy de acuerdo con los contenidos de la moción. Es más, creo que tanto la ley como el plan de viabilidad respetan todos estos puntos. Es verdad que la moción concreta algo más y me voy a explicar.
Primero, estructura territorial. Nunca nadie ha dicho que Radiotelevisión Española no fuera a tener una estructura territorial o, mejor dicho, sí lo dijeron algunos, los profetas de la catástrofe y una vez más no se cumplen las profecías de
la catástrofe. Por lo tanto, les recuerdo que tanto en la ley como en el plan de viabilidad Radiotelevisión Española tiene una estructura territorial, por supuesto que sí. En segundo lugar, producción propia. Han de saber que Radiotelevisión
Española siempre ha contado con un alto porcentaje de producción propia y que va a seguir haciéndolo. Bien es cierto que el sector audiovisual español se ha multiplicado, como decía el señor Vilajoana, y que las televisiones han cambiado. Pero a
mí personalmente me preocupa mucho más que no se repitan malas prácticas en la contratación de programas en Televisión Española, como bien conocen algunas señorías, que la fijación de porcentajes. Pero estoy de acuerdo en que Televisión Española
siga manteniendo un alto porcentaje de producción propia. En tercer lugar, ley general y consejo audiovisual. Estaba también en el programa electoral del Partido Socialista. Saben ustedes que los trabajos están muy avanzados. Este Gobierno lo va
a hacer con el consenso de las fuerzas políticas. Algunos cambian su posición como veletas porque les recordaré que estaba en el programa electoral del Partido Popular. Como decía el señor Vilajoana, este partido votó a favor del consejo
audiovisual en esta Cámara y meses después el señor Acebes desautorizaba a la señora Montesinos diciendo que el Partido Socialista quería poner en marcha un consejo para censurar a los medios de este país. (La señora Montesinos pronuncia palabras
que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Montesinos, por favor.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Cuarto, reforma pactada con los sindicatos, sí por supuesto que sí. Por eso quiero valorar que el plan fuera presentado precisamente con los sindicatos y precisamente por eso les pido a todos ustedes que dejen a los
sindicatos que hagan su papel y lo negocien con la SEPI que es lo que están haciendo en este momento. La SEPI y Radiotelevisión Española están negociando con los sindicatos, que son los interlocutores. Completamente de acuerdo.
Para finalizar, personal contratado. Por supuesto, el plan de viabilidad es una oportunidad para finalizar con este problema. Permítanme que les ponga un ejemplo de lo que son los pirómanos y los bomberos. Cuando el Partido Popular llegó
al Gobierno de la nación en el año 1996 Radiotelevisión Española contaba con exactamente 353 trabajadores fuera de convenio. ¿Saben ustedes cuántos trabajadores fuera de convenio había cuando el Partido Popular abandonó el Gobierno? (La señora
Montesinos pronuncia palabras que no se perciben.) Exactamente 1.078, es decir, multiplicaron por tres esta forma de contratación en Radiotelevisión Española, quienes hoy no hacen más que decir que hay que resolver...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe un momento, señor López. Señora Montesinos intervino usted en un escrupuloso silencio de la Cámara. Por favor, respete al resto de parlamentarios que hacen lo mismo que usted que es
usar su turno. (Un señor diputado: Presidenta, hacíamos referencia al tiempo.) Adelante, señor López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Le decía que ahora hay una oportunidad y espero que se resuelva. Estoy de acuerdo con el contenido de la moción.
Para terminar, habrá una orquesta y coro de Radiotelevisión Española a pesar de los profetas de la catástrofe. En definitiva, estamos abordando una reforma que todos sabíamos que era necesaria; una reforma que garantiza que nuestro país
pueda tener una radiotelevisión pública fuerte, de calidad, de servicio público y saneada económicamente; una radiotelevisión pública para al menos otros 50 años. Pero en este país algunos siempre llegan tarde a todas las reformas y cuando llegan
se quieren apropiar de ellas, pero no se preocupen porque a los que defendemos las reformas no nos va a frenar la actitud del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor López.
Señora Navarro entiendo por sus palabras que votamos la moción en sus términos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Si me permite, señora presidenta, respecto de las enmiendas planteadas por el Grupo Popular no se admiten porque no aportan nada. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Navarro, le he preguntado que por sus palabras entendía que se votaría la moción en sus términos y necesito un sí o un no.
La señora NAVARRO CASILLAS: Me manifiesto respecto a las del Grupo Parlamentario Popular y a las de Esquerra Republicana, si me lo permite, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante.
La señora NAVARRO CASILLAS: Las de Esquerra Republicana tampoco se aceptan porque se entienden integradas en el punto primero y adolecen de lo que precisamente su portavoz ha denunciado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pues con un sí lo hubiéramos solucionado. Muchas gracias, señora Navarro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA NECESARIA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES EN POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 173/000127.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto VII del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para la necesaria coordinación
de los distintos departamentos ministeriales en política de inmigración. Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Roldós en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en los últimos tres meses, ante las costas de las islas Canarias, se ha producido una de las mayores catástrofes humanitarias de nuestra historia reciente: cerca de 2.000 personas habrían fallecido cuando trataban de alcanzar
nuestras costas. En lo que va de año han llegado a Canarias más de 3.500 personas en pateras. Concretamente a día de hoy, 3.874 personas es la cifra récord de este año, desbordando los servicios humanitarios, de seguridad y judiciales, y lo que es
peor, aún hay miles más esperando para embarcar a lo largo de toda la costa norte de África. Según una estimación de la Cruz Roja, cuatro de cada diez pierden la vida en la travesía. El Gobierno español ha reconocido que desde diciembre de 2005
poseía varios informes que alertaban de esta situación. Es más, desde febrero de 2005, el ministro de Justicia va de viaje a Mauritania y califica ---textualmente- de compromiso de primera magnitud la respuesta del Gobierno de Nuakchott con
respecto a la inmigración irregular, y cuando se produce el drama de hace unas semanas, ese mismo ministro de Justicia, diputado por Las Palmas, dice que Mauritania tiene una total incapacidad para proteger su frontera exterior y que los canarios
nos tenemos que ir acostumbrando, porque esto no se resuelve en dos días. Pues a pesar de todos esos informes, de que conocían el foco mauritano de inmigración irregular dispuesto a saltar a Canarias, el Gobierno ni informó a los ciudadanos ni tomó
medidas para evitarlo. La actuación de este Gobierno se ha caracterizado por la descoordinación y por la improvisación. El proceso de regularización masiva puesto en marcha por el Gobierno socialista, desoyendo las críticas internas y las de
nuestros socios europeos, ha generado efectos llamada previos y posteriores que, en buena parte, explican las alarmantes cifras de inmigrantes hacinados tanto en los centros de acogida como en los tradicionales focos de origen de Marruecos y
Mauritania a la espera de una falsa oportunidad de dar el salto a nuestro país. La prensa nacional considera que entre 10.000 y 15.000 personas están esperando a dar ese salto hacia las islas Canarias. Por lo tanto, Canarias se ha convertido en la
puerta de entrada de las mafias de la inmigración gracias al abandono de la seguridad y a una política de inmigración irresponsable e improvisada por el Gobierno socialista.
Señorías, ante todo esto nos piden resignación y paciencia. La vigilancia fronteriza no llega, los fondos para la atención humanitaria, que ya tenían que estar dotados en el plan de inmigración suscrito con el Gobierno de Canarias, siguen
sin aplicarse. Por el contrario, el Gobierno socialista refuerza el uso en Canarias como si fuera un gran campamento de inmigrantes irregulares, improvisando hasta 1.500 nuevas plazas, que se unen a los cuatro centros existentes, y con una
imposición, una falta de diálogo, de consenso. Un claro ejemplo de ello es lo que está sucediendo en la isla de Lanzarote, donde quieren imponer por la fuerza, sin ningún tipo de argumento ni de razones, a la localidad de Lanzarote, concretamente
al antiguo polvorín de Güime, hacer allí un nuevo centro de inmigración cuando las autoridades locales están manifiestamente en contra. Ese es el talante al que nos tiene acostumbrados este Gobierno socialista.
Pero, señorías, con todo ello, lo más grave es que miles de personas están perdiendo la vida desde hace meses, que la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia advirtieron de la situación, y que este Gobierno no hizo nada hasta que
la situación se convirtió en una auténtica tragedia, en una auténtica emergencia social. Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente moción, instando al Gobierno socialista a las siguientes cuestiones. A solventar
las evidentes deficiencias de la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales implicados en el control de la inmigración ilegal, así como los procedimientos de crisis, que ya han demostrado evidentes carencias en varias ocasiones en
esta legislatura -recordarán ustedes los sucesos en la verja de Ceuta y Melilla.-A elaborar de manera urgente y remitir a esta Cámara un informe detallado sobre el desarrollo de los acontecimientos acaecidos en Mauritania, así como sobre las causas
y responsabilidades que pudieran derivarse de la inacción de este Gobierno. A restablecer las buenas relaciones con la Unión Europea tras el proceso de regularización masiva y lograr una implicación efectiva del resto de países europeos en el
problema de la
inmigración ilegal en España. A aplicar el convenio en materia de inmigración firmado en 2003 -que este Gobierno ni se había enterado- con Mauritania y, además, negociar y firmar nuevos convenios con otros países de la región. A aplicar y
exigir el cumplimiento del Memorándum sobre repatriación de menores no acompañados, firmado con el Reino de Marruecos en el año 2003. Este Gobierno también lo ha abandonado, y tenemos los centros de retención de inmigrantes menores en Canarias
absolutamente sobrecargados y saturados. A incrementar la dotación de recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Canarias, especialmente en lo referente al control de fronteras y a la lucha contra las mafias.
A reforzar los medios humanos y materiales de Salvamento Marítimo de Canarias e incrementar la ayuda para la asistencia social y sanitaria de forma que permita dignificar la estancia en los centros de acogida temporal de inmigrantes en Canarias. A
incrementar los convenios con organizaciones no gubernamentales para la atención humanitaria de los inmigrantes a su llegada a las costas canarias. A garantizar el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes regresados a Mauritania,
asegurándoles un trato digno en el proceso de repatriación. Que no se vuelva a repetir que este Gobierno permita que, cuando los inmigrantes son repatriados -como en el caso de Ceuta y Melilla en que fueron repatriados a Marruecos-, sean
abandonados a su suerte en condiciones que no respetan los derechos humanos, dejándolos morir en medio de un desierto. A ampliar a todas las islas del archipiélago el Sistema integrado de vigilancia exterior, complementándolo con medios aéreos,
marítimos y humanos. A reforzar los medios judiciales que agilicen los procesos de repatriación. A incrementar la cooperación española en Mauritania, tanto en lo previsto en el Convenio de 2003 como a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, concentrando su actividad en labores de cooperación al desarrollo, cesando la desviación de recursos de esta a las tareas de repatriación, como están haciendo en estos momentos, evitando la dispersión de la cooperación en África y
priorizándola en los tradicionales receptores y en los países emisores de inmigración irregular. A aprobar el envío de una delegación parlamentaria para conocer in situ la dramática situación en las cosas de Mauritania y, asimismo, a que en el
Congreso de los Diputados comparezca trimestralmente este Gobierno para informar y dar cuenta de la situación real y la evolución de la presión migratoria en nuestras fronteras y de las medidas a adoptar.
Señora presidenta, me va a permitir que, por razón de tiempo, marque simplemente la posición con respecto a las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por razón de tiempo también le pido, por favor, que termine.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Señora presidenta, simplemente quiero decir que no estamos de acuerdo con la enmienda de sustitución de Izquierda Unida porque va en contra de todos los criterios de política de inmigración fijados por la Unión
Europea. Y con respecto a la enmienda del Partido Socialista, planteada como está, como de sustitución, le digo a la señora Grande, desde ya, que no. Estábamos dispuestos, y ella lo sabe, a llegar a un texto transaccionado e incorporar algunas de
sus medidas, y solamente le hago una recomendación, señora Grande: lea con cautela el apartado 2.b) de su propuesta, porque es indignante. Me parece gravísimo que ustedes vinculen un texto sobre inmigración irregular a la seguridad ciudadana.
Realmente eso es xenofobia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Roldós.
Han presentado enmiendas dos grupos parlamentarios. Comenzamos por el señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado enmiendas en una línea diametralmente opuesta a la que ha planteado el Partido Popular. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes en lo que
escriben y, sobre todo, en lo que dijeron el último día: ustedes asocian el proceso de llegada de inmigración ilegal al efecto llamada, al proceso de regularización masiva, según escriben en el punto número 3.
La realidad es que hoy los índices de llegada de inmigración de carácter ilegal son inferiores a los de su época. (Rumores.-La señora Roldós Caballero: No.) Sí, señora Rodós. No se pueden decir ni afirmar determinadas cosas sin conocer
exactamente los datos, señora Roldós, y los datos son clarificadores porque, en definitiva, clarifican que hoy el proceso de llegada de inmigrantes, en este caso del África subsahariana, tiene un motivo, y el motivo es el hambre que existe en estos
países.
Segundo elemento. Ustedes plantean políticas de ayuda oficial al desarrollo, y nosotros estamos muy contentos de que lo hagan, pero voy a referirme ahora a una pregunta reciente de este diputado. Escuche bien, señora Roldós. ¿Sabe cuál
fue la AOD, la ayuda oficial al desarrollo que realizó su Gobierno al Gobierno mauritano? Se lo voy a explicar a SS.SS.
La principal aportación a la política de cooperación al Gobierno mauritano fue un crédito FAD -que nosotros queremos regular, y
espero que el Grupo Parlamentario Socialista también- por importe de 22 millones de dólares para la financiación de un proyecto que consistía en la construcción de un equipamiento de una terminal petrolera instalada en
el recinto Puerto Amistad de Nuakchott. Esa fue la gran aportación en la política de cooperación con Mauritania: 20 millones de dólares. Lo cierto es que el Gobierno socialista la ha continuado con 5 millones de euros.
Digamos que ha
sido un poco más discreto. No ha llegado a los 20 millones del Partido Popular, pero los han seguido con 5 millones. Lo cierto es que esta era la principal política de cooperación de su Gobierno, y lo que esperamos es que este Gobierno tenga
políticas e intereses más allá de los comerciales, más allá de los intereses, en este caso, de Repsol.
(La señora Roldós Caballero pronuncia palabras que no se perciben.)
Dicho esto, nosotros pensamos que las políticas tienen que ser distintas.
Ustedes, por ejemplo, plantean el reforzamiento de los medios judiciales que agilicen los procesos de repatriación. ¿Sabe qué decimos nosotros? Que en los procesos
de repatriación lo que no puede suceder, como ha pasado en otros procesos, es que se repatríe a gente que tenía derecho de asilo y refugio en España, en el país de la Unión Europea con menor índice de asilados y refugiados. Eso ha pasado en
anteriores procesos.
Señora Roldós, ¿sabe lo que queremos nosotros? Que se respete el derecho internacional y lo que dice la Unión Europea. ¿Sabe qué es lo primero que dice? Que el derecho de asilo y refugio se tiene que garantizar, y ustedes no
lo garantizaron, al igual que este Gobierno, en alguna ocasión, tampoco lo ha garantizado. Por eso planteamos la enmienda, una enmienda que realmente busca cambiar las cosas y que, en definitiva, intenta que hagamos las cosas de forma distinta.
Hoy existe una crisis humanitaria, y para nosotros lo fácil es traspasar la gestión del problema al Gobierno mauritano. Nosotros entendemos que el primero que tiene que gestionar esta crisis humanitaria es el Gobierno español. El problema está en
que, con determinados campos situados en Mauritania, con el envío y con la repatriación de estas personas, no tenemos garantías de que precisamente un Gobierno como el mauritano cumpla con lo que debe.
Por eso planteamos, primero, que se faciliten
cédulas de inscripción, en este caso a los inmigrantes subsaharianos, para que, debido a la condición de inexpulsables de algunos de ellos, puedan desarrollar una vida mínimamente normalizada. En segundo lugar, revocar la orden de expulsión
(Rumores.) -al cabo de los años, se entiende-, de los inmigrantes inexpulsados. Introduciríamos así un matiz de realidad en la enmienda que hemos presentado. En tercer lugar, hasta que no se garanticen determinadas garantías en materia de derecho
humanitario, deberíamos pensar en la construcción de campos de inmigrantes en Marruecos, y especialmente en Mauritania. Y sobre todo, que los acuerdos de devolución de inmigrantes con terceros países no se produzcan sin garantías, ya que hoy esto
está pasando y puede suceder.
En resumen, ¿qué planteamos? Planteamos una política distinta, una política que tiene mucho que ver con el cumplimiento del derecho internacional y con el cumplimiento, en definitiva, de lo que se debe.
Señora Roldós, para hablar de
política de cooperación con los países del África subsahariana, y para hablar de política de cooperación, en concreto con Mauritania, he de decirles que este Gobierno no lo hace todo bien, pero lo hace sustancialmente mejor que ustedes. ¿Y los 20
millones de euros? Los 20 millones de euros en créditos FAD a Mauritania son una buena muestra, y no es un botón, es un escándalo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
La siguiente enmienda la presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles asistíamos, entre perplejos y sorprendidos, a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas a adoptar en política de inmigración. Tengo que confesar que su intervención, señora
Roldós, no me produjo personalmente ninguna sorpresa, y no me sorprendió porque muchas de sus palabras ya las había leído en un periódico digital afín al Partido Popular de Canarias, en un artículo de opinión firmado por su líder regional, el señor
Soria López (La señora Roldós Caballero: ¡Eso qué tiene de malo?), el mismo que, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pagaba a los inmigrantes un billete nocturno rumbo a Madrid sin llamar a nadie, hasta que el alcalde, el señor Álvarez
del Manzano, protestó. Abandonaba a los inmigrantes a su suerte sin avisar a ninguna institución, sin llamar absolutamente a nadie. Ahora entiendo, señores del Partido Popular, por qué dicen que su política de regularización de inmigrantes no
tenía efecto llamada.
Señoría, está feo copiar los discursos pero, por lo menos, si lo hace podría citar al autor.
Lo que les interesa a los ciudadanos es saber qué ha hecho este Gobierno y qué está haciendo frente a este gran problema humanitario que es la inmigración irregular y, especialmente, con respecto a los 3.751 inmigrantes subsaharianos
llegados a Canarias desde las costas mauritanas en lo que va de año. Sabemos que el problema no es nuevo, y los canarios lo conocemos en primera persona. Los flujos de inmigración ilegal comenzaron a incrementarse desde finales de los noventa, y
llegaron a su máximo auge en el año 2002, con la llegada, solo a Canarias, de 643 pateras con 10.000 personas. En el año 2003, entraron 19.000 ilegales a través de nuestras costas, de los que 9.500 lo hicieron a Canarias, principalmente a la isla
de Fuerteventura. ¿Hace falta que les recuerde quién gobernaba en aquellos años? Estas cifras se fueron reduciendo hasta el año 2005, en el que disminuyó la llegada de pateras en un 25 por ciento en general, y en un 43 por ciento en Canarias. No
les voy a repetir las causas de estas mejoras porque ustedes ya las conocen de sobra. Se han explicado
una y otra vez, pero al Partido Popular solo le interesa esta tragedia como arma arrojadiza en su discurso partidista, aunque para ello tengan que distorsionar la realidad. Aunque no les guste, lo cierto es que la colaboración y la
corresponsabilidad entre la Unión Europea, el Reino de Marruecos y el Gobierno español ha dado como resultado que hayan mejorado los controles en las costas de salida y que en Ceuta y en Melilla se haya aumentado la vigilancia y se haya construido
una nueva valla. ¡Tanto que dudaron del compromiso de Marruecos! Ahora, cuando se ven los resultados positivos, callan los que tanto y tan desacertadamente hablaron en aquel momento. Lo cierto es que las migraciones han tenido que buscar rutas más
inexploradas, accesos cada vez más remotos y, claro, los han encontrado.
Señorías, mientras en Senegal haya un médico por cada 100.000 habitantes o en Mali la mortalidad infantil sea de 133 niños por cada 10.000 nacidos y el PIB por habitante en Mauritania sea 10 veces menor que el de España, no cesará el intento
de buscar una vida mejor: estas son las verdaderas razones de la avalancha desde Mauritania a Canarias, la misma necesidad desesperada de buscar un futuro, pero intentándolo cada vez desde más lejos. El hambre, la pobreza extrema y el
subdesarrollo son las causas, no los procesos de regularización, y ustedes bien lo saben, aunque parece que no les interesa, una vez más, absolutamente nada. (Aplausos.) No podemos conformarnos con el diagnóstico, aunque sea correcto; tenemos que
actuar, porque ni España ni Andalucía ni Canarias pueden hacer frente a estas llegadas y mucho menos pueden acoger a estas personas. A pesar de su situación, no podemos permitir que estas personas entren ilegalmente y se queden. Pero si entrasen,
debemos acogerlas y tratarlas adecuadamente, sabiendo que su destino final será el regreso a sus países de origen.
La política en materia de extranjería e inmigración es una de las prioridades centrales de este Gobierno, por eso la vicepresidenta acudió a Canarias de forma absolutamente inmediata, y también por eso mi grupo no puede aceptar el texto de
su moción, porque contiene algunas afirmaciones bastante inciertas, señora Roldós.
Frente a tanta inexactitud, estos son los hechos. Primero, la Comisión Europea aprueba la actuación de España en esta crisis, avalada por el informe de su delegado. En cuanto a los acuerdos de repatriación con Mauritania, ya se han hecho
efectivos los primeros contingentes y continúan siendo devueltos con todas las garantías de dignidad y respeto a los derechos civiles; por cierto, entre esas garantías no se incluyen los narcóticos. En cuanto a incrementar los recursos humanos y
materiales para Canarias, solo quiero darle algún otro dato y termino, señora presidenta. Desde mayo de 2004, se han incorporado a Canarias 1.563 nuevos miembros de la Policía y de la Guardia Civil. ¿Quiere que le recuerde cómo nos dejó el Partido
Popular las plantillas? (El señor Aragonés Mendiguchía: Sí, sí...) ¿Quiere que le recuerde también cómo nos dejaron los centros de acogida, Salvamento Marítimo o las ONG? Cuando quiera nos sentamos y lo discutimos con los números en la mano.
(Protestas.-El señor Aragonés Mendiguchía pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalice, por favor.
La señora GRANDE PESQUERO: El Gobierno ha hecho con Canarias todo el esfuerzo posible para atender la llegada de inmigrantes. Se han reforzado los servicios de acogida y emergencia; se han habilitado nuevos lugares de acogida como
establecimientos provisionales; se están acortando los procedimientos de repatriación; se ha aumentado el presupuesto para reforzar el Plan Canarias en materia de inmigración. Señorías, se están poniendo los medios, se van a seguir poniendo y
seguramente habrá que intensificar y mejorar algunas actuaciones. Eso es precisamente lo que queremos exponer a través del texto de la enmienda de sustitución presentada a su moción y que, con toda la buena voluntad y el espíritu constructivo, le
solicitamos que admitan. Si quieren pueden seguir haciendo demagogia, pero en este tema también tendrían que demostrar lealtad y responsabilidad.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Grande.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Rivero, tiene usted la palabra. (Rumores.) Silencio, por favor.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Como se ha puesto de manifiesto fundamentalmente a lo largo de estos últimos meses, Canarias es sin duda alguna el territorio del Estado que con toda seguridad -dada su proximidad al continente africano, es decir, dada su situación
geográfica- con más intensidad está sufriendo este drama de la inmigración irregular, y, señorías, la mayoría de los canarios nos estamos cansando de que los dos grandes partidos instrumentalicen la inmigración irregular de forma partidista. Cuando
uno estaba en el Gobierno, el otro impulsaba las medidas más acertadas en materia de inmigración y las cosas marchaban bien, pero cuando han cambiado las tornas justamente es al revés. Pues bien, en esta materia exigimos responsabilidad; este no
es solamente un tema de Canarias, sino de Estado, y hace falta un gran acuerdo fundamentalmente entre las dos grandes fuerzas políticas del Estado para afrontar con seriedad, con rigor y con responsabilidad la inmigración irregular, materia en la
que hacen falta menos propuestas, menos mociones, menos interpelaciones y más hechos, así como cumplir con los compromisos adquiridos en esta Cámara.
Esta Cámara adoptó hace dos años un acuerdo por unanimidad
recuerdo que con la abstención del Grupo de Izquierda Unida y el apoyo del resto de los grupos parlamentarios- relativo a la fragilidad de Canarias como territorio limitado para tener una capacidad de acogida. Está fijada por esta Cámara,
por la inmensa mayoría de sus señorías, la capacidad máxima de acogida de Canarias, y está previsto el mecanismo para encontrar la solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas del Estado español y cómo proceder a las repatriaciones; lo que
hace falta es que se cumplan los compromisos. Aquí está todo inventado; también está inventado que hacen falta más medidas de cooperación y de colaboración con los países que en estos momentos son emisarios, son puntos de salida de la emigración.
Solo con una política de control de fronteras en origen podremos atenuar el drama que se está produciendo en el mar en estos momentos, no solo con medidas de acogida en las playas, sino también con medidas de control de fronteras.
Señoras y señores diputados, desde nuestro punto de vista en esta materia hacen falta dos cuestiones: primero, puesto que este es un drama no solamente de España, sino de la Unión Europea, un problema que sobrepasa el ámbito del Estado, hay
que buscar la colaboración decidida y no una tibia colaboración de la Unión Europea en este asunto para propiciar medidas de cooperación y desarrollo que posibiliten encararlo a medio y largo plazo. Y a corto plazo, hace falta que el Gobierno
cumpla la propuesta que el presidente del Gobierno aceptó el 21 de diciembre de 2004, de impulsar un plan integral para la seguridad en Canarias, que significa la coordinación de todos los recursos materiales y humanos que tienen los distintos
ministerios con competencias en materia de inmigración irregular. Hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Fomento, que tiene Salvamento Marítimo, del Ministerio del Interior, con la Guardia Civil y la Policía, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con toda la acción diplomática, del Ministerio de Defensa, con todos sus medios, y hablamos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en las labores que le corresponden. Solo desde la coordinación de todos los medios que
tiene el Estado -que los tiene-, y no con actuaciones desperdigadas, podremos actuar de forma puntual ahora en esta situación dramática que vive Canarias. Lo demás es apostar por la cooperación para trabajar en el medio y largo plazo, que es la
única solución que tiene este fenómeno mientras tengamos 800 millones de personas viviendo el drama que viven a 90 kilómetros de Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la señora Margarita Uría para fijar posición en su nombre.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, podía haber estado bien la interpelación del otro día y la moción presentada por el Grupo Popular si hubiese sido eso, una llamada de atención sobre un tremendo drama humano, pero los términos de que es por tu culpa -la culpa, por
supuesto, del Gobierno sostenido por el Partido Socialista-, porque yo en mis tiempos lo hice muy bien y lo tenía todo controlado, nos parece que desacredita completamente la interpelación y la moción que hoy se nos presenta.
Además de los casos que ha citado la señora Grande y los billetes que pagaba el alcalde, el señor Soria, algunas -que llevamos tiempo en esta Cámara- tenemos memoria y nos acordamos de la tramitación de la Ley de Extranjería en su primera
versión, luego corregida con un mayor endurecimiento, que motivó la dimisión de todo un señor ministro, que ha desaparecido por cierto de la esfera política y a quien me parece justo citar en este momento, el señor Pimentel. Recordamos también
aquella devolución masiva de inmigrantes, dopados -acuérdense del haloperidol- y con la boca sellada, y la expresión que entonces utilizó el presidente del Gobierno diciendo que había un problema y había sido resuelto. Todo esto se ha vivido en
esta Cámara, y entonces gobernaba el Partido Popular. Insisto en que mi formación política cree que hay un problema antiguo, un problema que crece, con el que no se ha acertado; no me importa decir que no hemos acertado en la medida en que mi
grupo está presente en esta Cámara y ha participado en las tramitaciones de estas normas. Por este motivo, de no revanchismo, no nos gusta que se diga en la moción que todo ha empeorado desde hace dos años. Se dice que se han demostrado en estos
dos años de Gobierno evidentes carencias en varias ocasiones en esta legislatura. Y antes, ¿qué? Ha habido episodios anteriores. O que se diga que hay que restablecer las buenas relaciones con la Unión Europea. Creemos que estas relaciones han
sido siempre buenas, y ahí está la actitud de un Gobierno, al que yo no tengo por qué defender, en relación con la campaña y la apuesta positiva por la aprobación del Tratado Constitucional; campaña a la que, por cierto, también se unió y sostuvo
el mismo criterio la formación política a la que yo pertenezco.
No digo yo que en la moción no haya algunos elementos estimables, pero nos parece que habría merecido un mayor esfuerzo de acercamiento con los demás grupos de la Cámara, que creemos que ni se ha intentado, al menos no con la formación
política a la que yo pertenezco.
Algo habrá que decir también sobre la enmienda de sustitución que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista. No nos parece tampoco modélica, y tenemos que manifestarlo en ese sentido. Hay un número muy importante de apartados en ella
que solo insisten en el valor seguridad, cuando se habla del sistema integrado de vigilancia, del plan de seguridad para el archipiélago, promover una seguridad integral, atención y vigilancia. Otras cuestiones, humanitarias y de otra índole,
tienen también que traerse a decisiones que tengan que ver con
esta materia. Menos mal que a partir del apartado 4 se habla de que, en materia de trabajo y residencia de extranjeros, tendrán que tenerse en cuenta los mecanismos de coordinación entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias, o
cuando se habla de incrementar los convenios con las ONG o del acuerdo bilateral de readmisión entre España y Mauritania, o impulsar la conferencia euroafricana de inmigración que se va a celebrar en Rabat en julio de este año, o de las medidas
acordadas en el Consejo de Europa, que nos parece también interesante que se vayan llevando a efecto. No obstante, queremos recordar al Gobierno que debiera intentar corregir otras cuestiones que están ahí pendientes en materia de inmigración y
extranjería, y son los mecanismos tan incorrectos que se prevén en la ley endurecida a la que antes me ha hecho referencia, sobre todo los referidos a la expulsión, la devolución y el retorno. En materia de refugio y asilo hay que hacer caso a las
recomendaciones que una y otra vez se nos hacen desde CEAR o desde Amnistía Internacional. El fiscal general del Estado, en las memorias de la fiscalía, una y otra vez hace referencia a cuestiones de este estilo. Sentencias hay que dan por
perdidas posturas que se sostienen desde el Gobierno, la memoria del Defensor del Pueblo también insiste en el mismo sentido y, repito, algo nos gustaría ver que se sostiene en esta materia de índole abiertamente humanitaria desde el propio
Gobierno. Votaremos que no a la iniciativa y a la moción que nos ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que, insistimos, no ha intentando el acercamiento con nadie, que se limita a decir: en nuestros tiempos era peor, pero sin dar
claves de acuerdos positivos para el futuro. Votaremos que no, pero no sin pedirle al Gobierno que haga algo más allá de las prisas oportunistas que creemos que iluminan la interpelación y la moción presentada por el Grupo Popular. Pedimos al
Gobierno y al grupo mayoritario en esta Cámara un mayor esfuerzo y disposición que hagan posible que nos una a todos en un futuro en esta respuesta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchas gracias.
El siguiente grupo que fijará posición es Esquerra Republicana, y tiene la palabra en su nombre don Joan Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente anuncio que vamos a votar a favor de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista en caso de que fuera aceptada por el Grupo Popular, y en caso contrario lógicamente votaríamos en contra. No nos gustó el tono demagógico de
la interpelación, tampoco nos gusta el contenido de la moción, entendemos que es oportunista y es recurrente el oportunismo del Grupo Popular respecto a lo que para ellos es una problemática, nunca mejor dicho, puesto que están instalados justamente
en el objetivo de asociar o pretender asociar en el imaginario de la ciudadanía que la inmigración es básicamente un problema. Desde los inicios de esta legislatura siempre hemos convenido con el Grupo Socialista y con el Gobierno que pueden contar
con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a fin de poder encauzar políticas progresistas respecto a la inmigración. Por todo ello, mantenemos nuestro apoyo, repito, al Grupo Socialista. Saben que respecto a la inmigración y a los derechos
democráticos y humanos para los que llegan y para los que pretenden llegar esto es troncal para nosotros, y en ese sentido creo que somos consecuentes con una trayectoria; así lo hemos manifestado y ejecutado tanto en el debate sobre el estado de
la Nación como en los dos Presupuestos Generales del Estado que hemos pactado en partidas a fin de poder proceder a una acogida de los nuevos ciudadanos tal como merecen y tal como es de obligado cumplimiento en una sociedad democrática como es la
nuestra. Es evidente que corresponde al Gobierno hacer posible estratégicamente este compromiso tanto por todo aquello que tiene de política de largo alcance como respecto a las políticas de inmediatez, muchas de las cuales es cierto que deben
prevenirse, pero en muchos casos la casuística es la que es, puesto que estamos ante un problema que desborda incluso la posibilidad de previsión. Es evidente que estamos ante una situación trágica, muy difícil en la medida en que los países
empobrecidos, expoliados por el Primer Mundo, han llegado a un cul-de-sac de tal magnitud que es evidente que todo ello difícilmente podrá encauzarse a no ser que se pongan las bases de políticas progresistas que deben contar con el apoyo de los
grupos parlamentarios progresistas, a fin y efecto de la que la herencia que hemos recibido no la transmitamos a los gobiernos sucesivos. En este sentido, entendemos que la moción incluye un conjunto de medidas realistas, adecuadas básicamente a la
realidad inmediata del archipiélago canario; que hay un cierto acuerdo de grupos tan del país como Coalición Canaria con el Grupo Socialista, y que contiene la necesidad de establecer convenios o acuerdos con los Estados africanos y sobre todo el
desarrollo de las políticas acordadas en el ámbito europeo.
Por todo ello, desde la humildad de nuestro grupo parlamentario nuestro sentido es dar apoyo al Grupo Socialista. Hay que constituir un bloque consolidado, progresista y que encauce el reto al que nos enfrentamos, hay que combinar el apoyo
a la cooperación con la solución de los problemas derivados del empobrecimiento de los países del Tercer Mundo y hay que afrontar el reto de garantizar los derechos democráticos a los ciudadanos que ya están en nuestro Estado y respetar los derechos
humanos a todos aquellos que aspiran a llegar a nuestras fronteras.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Tardá.
Finalizamos, señorías, con el turno del señor Campuzano para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, otros portavoces lo han afirmado: instalarse en la demagogia y en el tremendismo en política de inmigración cuando se ha gobernado cerca de ocho años es la peor manera de propiciar políticas positivas para el conjunto de la
sociedad. En un asunto complejo y difícil como la inmigración, que se conoce porque se ha gobernado, pretender descargar en el Gobierno las culpas de todo lo que se ha hecho mal durante tantos años es un simple ejercicio de demagogia. Por tanto,
señorías, mi grupo va a rechazar esta moción del Grupo Parlamentario Popular. Sería bueno recordar que si en la sociedad española se ha instalado una sensación de descontrol de los movimientos migratorios, eso tiene que ver fundamentalmente con la
política de gestión de las fronteras en las etapas del Gobierno popular. La señora Uría ha recordado que ella y yo hemos compartido sesiones de trabajo en este Pleno y en diversas comisiones en las distintas modificaciones legislativas que se han
producido en los últimos años, y esas modificaciones legislativas y esos procesos de regularización y algunos escándalos que la sociedad española vivió en materia de inmigración no permiten hoy al Partido Popular instalarse en una crítica
sistemática y destructiva, como viene realizando en este campo en sus intervenciones en esta Cámara. Por tanto, señorías, no hay razones que nos puedan permitir comprender sus intervenciones. El señor Rivero ha dicho que lo que hoy espera la
sociedad canaria de esta Cámara son soluciones en positivo, capacidad de alcanzar acuerdos, propiciar que el Gobierno español tome las medidas que se hayan de tomar, no espera que nos instalemos en la confrontación partidaria alrededor de los miedos
y las desesperanzas que provoca la inmigración. Y eso además con el recuerdo de 1.700 personas muertas al intentar llegar a las Islas Canarias. Es, insisto, un ejercicio de demagogia que mi grupo no puede tolerar de ninguna manera.
Ahora bien, también es bueno recordar a la mayoría y al Grupo Socialista que en este ámbito es necesario mejorar sustancialmente las políticas que se vienen realizando. El Gobierno ha pecado de improvisación e imprevisión en lo que ha
sucedido en Mauritania, que se podía haber previsto porque el Gobierno tenía información sobre aquello. El Gobierno, además, debería comparecer en la Comisión de Interior y en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para informar de las medidas
que está impulsando en esta materia. El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia y nuestro Grupo Parlamentario también. Por tanto, sería más que razonable que el ministro del Interior y la secretaria de Estado de Inmigración compareciesen ante
la Cámara en las comisiones correspondientes para informar de aquello que la sociedad canaria también tiene derecho a conocer.
Finalmente, señorías, ante un fenómeno complejo, difícil, que no tiene solución en el corto plazo, que afecta e interpela al conjunto de sociedades europeas, empieza a ser hora de que en esta Cámara seamos capaces de alcanzar consensos de
fondo sobre las políticas que necesitamos de verdad para controlar y gestionar los flujos migratorios, especialmente en aquellos territorios como las islas Canarias que están sometidos a una especial presión, pero también aquellas políticas que
necesitamos para que el conjunto de las administraciones públicas puedan hacer frente a las consecuencias del reto migratorio. Señorías, en ese terreno, en el terreno de la búsqueda de consensos, en el terreno de la búsqueda de soluciones, en el
terreno de la búsqueda de iniciativas que sean útiles en el medio y largo plazo van a encontrar siempre a Convergència i Unió, y el Partido Popular eso lo sabe; pero en propuestas demagógicas, en propuestas que busquen el desgaste por el desgaste,
en propuestas que busquen encontrar complicidades en los temores de la sociedad no nos van a encontrar. Por tanto, hoy, sin ningún tipo de complejos, vamos a rechazar la moción que nos plantea el Partido Popular, entendiendo que la enmienda que
plantea el Partido Socialista tiene un texto que, si el Partido Popular lo aceptase, Convergència i Unió la votaría favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Roldós, ¿entiendo que rechaza usted las dos enmiendas presentadas a esta moción?
La señora ROLDÓS CABALLERO: Señora presidenta, le anuncié antes que rechazábamos las enmiendas porque leyendo los textos no podemos hacer otra cosa, y después de oírles mucho más.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted.
Señorías, estamos llamando a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. Tres votaciones. En primer lugar, votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de mejorar la ocupación de los
jóvenes. Se vota en los términos de la enmienda del Grupo Socialista que ha sido incorporada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno
explique cómo va a garantizar los compromisos de servicio público contenidos en el dictamen del Comité de expertos y el proyecto de ley con la propuesta de estructuración y dimensión de Radiotelevisión Española previsto por la SEPI y la
dirección del ente público. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor 299.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para la necesaria coordinación de los distintos departamentos ministeriales en política de inmigración. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 127; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.