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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 158, de 14/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 158
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 147
celebrada el martes, 14 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 7863)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 201-1, de 16 de septiembre de 2005. (Número de
expediente 122/000166.) ... (Página 7864)
Avocación por el Pleno:
-Del Proyecto de Ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. (Número de expediente 121/000042.) ... (Página 7870)
--Del Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.
(Número de expediente 121/000063.) ...
(Página 7870)
Toma en consideración del Proposiciones de Ley. (Votación.):
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 201-1, de 16 de septiembre de 2005. (Número de
expediente 122/000166.) ... (Página 7870)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conexiones transfronterizas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 100, de 8 de noviembre de 2004. (Número de expediente 162/000194.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la exigencia del conocimiento de las lenguas cooficiales en el ámbito propio de la Administración del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 341, de 24 de febrero
de 2006. (Número de expediente 162/000439.) ... (Página 7877)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas de carácter general que prevé adoptar el Gobierno para minimizar el impacto territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y
viarias a su paso por las comarcas de Girona. (Número de expediente 173/000119.) ... (Página 7884)
--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la protección del sistema público de Seguridad Social de docentes en lengua actualmente oficial durante el régimen anterior. (Número de expediente 173/000120.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el modelo energético del Gobierno y las medidas futuras a tomar en función del mismo. (Número de expediente 173/000121.) ... (Página 7894)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día. ... (Página 7863)
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto I, correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de
Cataluña, Orgánica de transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia notarial, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. ... (Página 7864)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada. ...
(Página 7864)
El señor Puigcercós i Boixassa presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) esta proposición de ley de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada, que va en la línea de dotar a
la clase empresarial de más instrumentos y seguridad.
Señala que para impulsar la productividad la Cámara y el Gobierno, así como otras instituciones, pueden trabajar en tres líneas: mejorar las condiciones de investigación, desarrollo e
innovación; mejorar la formación de los trabajadores, así como de los empresarios, y mejorar todas las infraestructuras no solo las férreas, carreteras, puertos y aeropuertos sino también las energéticas y de telecomunicaciones. Estos elementos,
la investigación más desarrollo, la formación e infraestructuras, es lo que contribuye,
en su opinión, a la creación de un buen clima y de una buena atmósfera para el desarrollo de la iniciativa empresarial, y más allá de esta atmósfera se requieren dos protagonistas, elementos clave para la iniciativa empresarial: empresarios
y asalariados. Esta proposición de ley va dirigida precisamente a la mayoría de las empresas y empresarios, a casi el 60 por ciento del total de empresas que existen en España.
Finaliza resaltando que la iniciativa pretende favorecer a los
pequeños empresarios, a los empresarios individuales, a las microempresas, mejorar su creación y que las ideas y el valor añadido tengan su proyección.
El señor presidente de la Cámara saluda a los representantes del Senado mejicano presentes en la tribuna de invitados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Villena, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Avocación por el Pleno. ... (Página 7870)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación del proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos y del proyecto de ley por la que
se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera, que se aprueban por asentimiento.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada. (Votación.) ... (Página 7870)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada, se aprueba por 288 votos a favor y
cinco en contra.
Proposiciones no de ley. ... (Página 7870)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conexiones transfronterizas. ... (Página 7870)
Defiende la proposición no de ley el señor Becana Sanahuja, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Su grupo ha considerado oportuno proponer una resolución en la que se reafirme la necesidad de mejorar las comunicaciones
con Francia y con los gobiernos regionales e incorporar al actual sistema de comunicaciones un ambicioso proyecto de conexión ferroviaria de alta capacidad a través del Pirineo central, pues nuestras comunicaciones con Francia sufren un preocupante
estrangulamiento en el transporte de mercancías. Para impedir este estrangulamiento los gobiernos español y francés acordaron en la cumbre de Zaragoza incorporar un nuevo enlace transpirenaico, de acuerdo con el proyecto de las redes transeuropeas
de transporte. Tan importante como los acuerdos adoptados en la reunión de alto nivel y los plazos fijados para su ejecución ha sido la participación en la misma de comunidades autónomas de España y poblaciones de Francia, pues la implicación
directa de los territorios más interesados en las conexiones dará mayor contundencia a los acuerdos y mayor celeridad a los ritmos establecidos.
Finaliza pidiendo el respaldo de la Cámara a su propuesta.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Becana Sanahuja.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la exigencia del conocimiento de las lenguas cooficiales en el ámbito propio de la Administración del Estado. ... (Página 7877)
Defiende la proposición no de ley la señora Nadal i Aymerich, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que en nuestro modelo de Estado una comunidad autónoma no puede fijar los requisitos para la obtención o
conservación en su territorio de una plaza de funcionario en la Administración del Estado. Indica que conocer la lengua cooficial de una comunidad autónoma es un valor muy preciado, pero ese valor no puede convertirse en ningún caso en una traba,
en una discriminación injustificable para que cualquier ciudadano pueda optar en igualdad de condiciones a una plaza en la Administración del Estado. Pide al Grupo Socialista que defiendan la igualdad de los españoles.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor
Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la señora Nadal i Aymerich.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conexiones transfronterizas, con las enmiendas añadidas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds , del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 182 votos a favor, uno en contra y 128 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la exigencia del conocimiento de las lenguas cooficiales en el ámbito propio de la Administración del Estrado, se rechaza por 128 votos a
favor, 182 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 7884)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas de carácter general que prevé adoptar el Gobierno para minimizar el impacto territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y
viarias a su paso por las comarcas de Girona. ... (Página 7884)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Su grupo considera que el ritmo actual de construcción de infraestructuras del Estado en la
demarcación de Girona es insuficiente y continua siendo tributario de una vieja tradición de otros ministros de hacer pequeñas entregas, de cinco en cinco kilómetros. Tal como hizo en la presentación de la interpelación origen de esta moción, su
grupo quiere que se hagan estas obras, pero que se realicen y ejecuten con el cuidado medioambiental debido y con el mínimo impacto social. Por ello, en el punto 2 de la moción se insta al Gobierno a tomar en consideración y a valorar las
propuestas formuladas por las administraciones locales de la demarcación de Girona en orden a minimizar el efecto medioambiental y social de estas nuevas y necesarias infraestructuras.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y
la señora Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la protección del sistema público de Seguridad Social de docentes en lengua actualmente oficial durante el régimen anterior. ... (Página 7889)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Manifiesta que la reparación de la injusticia histórica que afecta al colectivo cuya situación en materia
de acceso a la pensión de jubilación o cuantía de la pensión de jubilación de pretende remover está muy bien descrito
y configurado en la enmienda transaccional que va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por lo que no tiene mucho sentido discutir extensamente sobre esta cuestión. Estas mujeres tuvieron que recurrir a procedimientos
que les han provocado quebrantos importantes en la cuantía de la pensión de jubilación o incluso en el acceso a la pensión de jubilación, por la imposibilidad de cubrir lo que se denominan períodos de carencia para tener derecho a la misma. En el
mejor de los casos tuvieron que encubrir su clasificación profesional, en virtud de las ordenanzas laborales vigentes en el régimen franquista, a subterfugios como disfrazar su actividad profesional con otras actividades previstas en las ordenanzas
laborales de la época.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Tardá i
Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el modelo energético del Gobierno y las medidas futuras a tomar en función del mismo. ...
(Página 7894)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que en esta moción se plantean algunos puntos concretos para volver al sentido
común y al equilibrio en el sector energético y dejar de perjudicar a las familias, a los consumidores, a los ahorradores, a la competitividad de las empresas y a la imagen exterior de España. Su grupo pide que haya un mercado energético estable y
que se reduzcan las tarifas para los consumidores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Sometidos a votación los puntos 1 y 2 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas de carácter general que prevé adoptar el Gobierno para minimizar el
impacto territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y viarias a su paso por las comarcas de Girona, son aprobados por 311 votos a favor.
Sometido a votación el punto 3 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas de carácter general que prevé adoptar el Gobierno para minimizar el impacto
territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y viarias a su paso por las comarcas de Girona, se aprueba por 293 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la protección del sistema público de Seguridad Social de docentes en lengua actualmente oficial durante el régimen anterior,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 311 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el modelo energético del Gobierno y las medidas futuras a tomar en función del mismo, se rechaza por 128 votos a favor y
183 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Quiero comunicarles que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia quiere someter al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto I, correspondiente a la toma en
consideración de la proposición de ley, del Parlamento de Cataluña, orgánica de
transferencia a la Generalitat de Cataluña de las competencias en materia notarial. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE REGULACIÓN DE LA FIGURA DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (Número de expediente 122/000166.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de regulación de la figura del empresario
individual de responsabilidad limitada. Por el grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Puigcercós por quince minutos.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el objetivo de esta proposición de ley del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, para su toma en consideración, la regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada, va
en la línea de dotar a la clase empresarial de más instrumentos y seguridad. También es evidente que el objetivo del Gobierno, y seguramente de los grupos parlamentarios de esta Cámara, es incrementar la productividad y la competitividad de nuestra
economía. La prueba de ello es que en esta Cámara en estos dos años, en el ecuador de la legislatura, han sido más de cien las medidas y proyectos de ley que conforman el Plan de dinamización de la economía. Para impulsar la productividad, esta
Cámara, y evidentemente el Gobierno así como otras instituciones, pueden trabajar en tres líneas: mejorar las condiciones de investigación, desarrollo e innovación; mejorar la formación de los trabajadores, asimismo de los empresarios; y también
mejorar todas las infraestructuras, no solo las conocidas como clásicas -las férreas, carreteras, aeropuerto, puertos- sino también las energéticas y de telecomunicaciones. Estos tres elementos -investigación más desarrollo, formación e
infraestructuras- son los que contribuyen a la creación de un buen clima y de una buena atmósfera para el desarrollo de la iniciativa empresarial. Es evidente que, más allá de la atmósfera, se requieren dos protagonistas que podríamos calificar
como los elementos clave para la iniciativa empresarial: empresarios y asalariados. En esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana nos referiremos a los primeros, a los empresarios, a los emprendedores, a quienes llevan
la iniciativa. Hoy nos referimos al fomento del dinamismo empresarial, clave para mejorar nuestras prestaciones económicas y nuestra productividad, porque necesitamos incentivar la creación de más negocios; negocios nuevos, mejores y más
competitivos y ganar puestos en el mercado internacional, esencialmente en lo que se refiere al sector servicios.
Permítanme una digresión. Cuando nuestro grupo -y espero que la mayoría de grupos de esta Cámara- habla de los verdaderos empresarios y empresarias, personas que arriesgan su patrimonio, que hacen valer su capacidad y cuyas ideas y esfuerzo
generan valor y riqueza, no hablamos ni de los burócratas de empresa que pueblan algunos grandes consejos de administración, de grandes corporaciones o de empresarios que, sin empresa, se dedican muchas veces -demasiadas- a hacer política, mala
política. Hace poco hemos tenido un ejemplo de cómo el señor Cuevas hacía mala política, porque la mala política es no defender las condiciones reales de los empresarios que hoy vamos a defender: los empresarios individuales. Nosotros creemos que
hay buena política empresarial, la que crea condiciones de competencia, la que crea condiciones en los tres elementos que antes describíamos como generadores de una buena atmósfera y, sobre todo, la que da seguridad a los empresarios.
Es especialmente ilustrativo el informe que hace poco aparecía en un medio de comunicación sobre el Consejo de cooperación económica, integrado por más de 120 empresas del sur de Europa, que fue entregado al presidente de la Comisión
Europea, el señor Durao Barroso. En este documento del Consejo de cooperación económica había cuatro grandes conclusiones necesarias para conseguir este buen clima en Europa: en primer lugar, frenar la temporalidad de los contratos de trabajo, que
no son productivos ni garantizan especialización; en segundo lugar, luchar contra la pérdida de la competitividad en los mercados exteriores de la Unión Europea; en tercer lugar, ganar en formación de los trabajadores y de los empresarios, y en
cuarto lugar, que los índices de investigación, desarrollo e innovación se equiparen, como mínimo, al 2 por ciento del producto interior bruto, estando hoy muy por debajo tanto la media europea como el caso del Estado español. Lo sorprendente de
aquel informe es que, de las 28 empresas españolas que estaban en este consejo, son casi contadas con una mano las que no forman parte de mercados regulados o de sectores monopolísticos. Este es un ejemplo de que cuando hablan las grandes empresas
en España, hablan básicamente sectores que no representan una parte importante de los empresarios. Hablan empresarios de grandes corporaciones, repito, en sectores regulados. Este es un ejemplo de cómo la opinión de la gran mayoría de empresarios
no tiene mecanismos para emerger y explicar su problemática.
Esta proposición de ley va dirigida precisamente a la mayoría de las empresas y empresarios, a aquellos cuya condición jurídica es la de una persona física, que son el 59,09 por ciento, es decir, casi el 60 por ciento del total de empresas
que existen en España. Las microempresas -según la normativa europea, aquellas que tienen un máximo de nueve trabajadores- son el 68,45 por
ciento del total, y de estas, las de una persona física son casi el 80 por ciento. Este sector de la microempresa -incluidas las de una sola persona física- es el sector más dinámico de la economía, el que experimenta el crecimiento más
elevado. Entre el año 2003 y 2004 la tasa de crecimiento fue del 4,64 por ciento, por encima de la media de crecimiento empresarial. En este contexto se sitúa la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana: potenciar las
microempresas, que son el sector más dinámico y que permite evolucionar hacia mayores volúmenes y economías de escala. Además, el libro verde sobre el espíritu empresarial en Europa editado por la Comisión Europea destaca algunos aspectos para
facilitar el nacimiento y el crecimiento de las empresas.
En primer lugar, reducir el número y la complejidad de las barreras administrativas, que también es un objetivo que persigue nuestra proposición de ley. Hoy en día la media de la Unión
Europea para la creación de una empresa es de doce días laborables. España está muy por encima de esta media. Vamos a trabajar también para la simplificación. En segundo lugar, la financiación adecuada es otro handicap importante que tiene la
economía en el Estado español. Falta una cultura del capital riesgo, una cultura emprendedora y un apoyo decidido, claro y sin reservas del sector bancario. En tercer lugar, la formación es un elemento clave para entender y comprender la
competitividad de las empresas. Por último, el libro verde resalta un importante desequilibrio entre los riesgos asociados a la iniciativa empresarial y a la expectativa de beneficios asociados a esta.
Se trata, señoras y señores diputados, de minimizar el riesgo para los nuevos emprendedores. Esta proposición de ley persigue este objetivo.
Tenemos otra referencia clara, el eurobarómetro señala que aquello que preocupa más a los
empresarios es la quiebra y la pérdida de propiedades personales; justo el riesgo que intentamos minimizar en esta propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Más allá de la estigmatización social y la sensación de fracaso ante una
quiebra, estamos hablando de reducir el margen de riesgo y reducir el margen de responsabilidad para salvaguardar las propiedades personales, el patrimonio, es decir, estamos hablando de la vivienda del empresario. No se trata de escabullirse. Hay
garantías en nuestra proposición de ley para que no sea esta una excusa o una desviación hacia el fraude. Es más, podemos constatar el poco éxito de la entrada en vigor de la Ley sobre la sociedad nueva empresa. La reducida demanda de este nuevo
tipo que fue la alternativa que en la pasada legislatura se ofreció para salvar barreras, para limitar el tiempo necesario para crear una empresa y, sobre todo, para potenciar y mejorar el entorno del empresario individual no ha tenido el éxito
esperado. Ha habido una reducida demanda de este nuevo tipo societario, la sociedad nueva empresa, que ha demostrado ser un instrumento poco útil para el pequeño emprendedor. Todavía sigue existiendo en nuestro derecho una importante laguna legal
en la organización empresarial de los proyectos de muy reducida dimensión económica, las denominadas microempresas. La legislación española no presenta formas jurídicas adaptadas a las necesidades de estos empresarios, ya que suelen ser
excesivamente engorrosas en su funcionamiento o en la organización para una empresario individual, como serían las formas societarias o las cooperativas. Por otra parte, el funcionamiento en el mercado como empresario individual supone la asunción
de importantes riesgos personales ya que es imposible limitar su responsabilidad. Esta proposición de ley pretende facilitar la actividad del emprendedor, extendiendo la limitación de responsabilidad que contempla el Código de Comercio para los
navieros, artículo 19.3, a los demás empresarios individuales, a los artistas, profesionales, artesanos y a quienes ejercen una actividad agropecuaria o artesanal. De esta forma, el establecimiento de este beneficio de la limitación de
responsabilidad implica una equilibrada socialización de riesgos mediante su generalización a todos los emprendedores y en determinados supuestos.
En el ámbito de la Unión Europea este problema ha sido abordado por algunos países mediante diversas
técnicas y el establecimiento individual de responsabilidad limitada como técnica está expresamente contemplada en la duodécima directiva de sociedades y como alternativa frente a la sociedad anónima o limitada unipersonal. La idea es simple. Los
acreedores por deudas empresariales solo pueden hacer efectiva la responsabilidad sobre patrimonio afecto y nunca sobre el patrimonio no afecto o personal del empresario individual. Aquí reside la limitación de responsabilidad. En cambio, la
puesta en funcionamiento de esta solución legal no es precisamente simple porque se reproducen en la ley, para el establecimiento, los mecanismos de protección de la integridad del capital social previstos en la Ley de sociedades anónimas y
limitadas. Y en la segunda directiva se trataría de importar en esta sede los requisitos previstos para la reducción de capital social o la distribución de dividendos en una sociedad de capitales, con objeto de impedir que este tipo de decisiones
del empresario individual impliquen un desmerecimiento de la posición jurídica del acreedor cuando se desafectan recursos del patrimonio separado. Se trataría de individualizar ciertos bienes personales no afectos a resultas del comercio -en la
terminología de nuestro código- previsiblemente de valor que hayan de quedar exentos de responsabilidad, es decir, no sujetos a la responsabilidad por deudas contraídas en las operaciones comerciales y/o financieras de la empresa. La técnica
seguida para la eficaz constitución jurídica voluntaria de esta singular situación de no sujeción -una excepción legal al principio de responsabilidad patrimonial universal en el artículo 1. 911 del Código de Comercio- entraña el requisito de la
plena transparencia, cuyo cumplimiento es una carga que debe soportar quien aspira al beneficio de la limitación de responsabilidad. Mediante la publicidad registral, un empresario individual puede poner a resguardo, repito, puede poner a resguardo
de las deudas empresariales
ciertos bienes personales de considerable valor y no afectos a su actividad empresarial a través de una simple declaración de no vinculación que pueda ser conocida de terceros. La inscripción registral de la afección de los bienes en el
Registro de la Propiedad como cualidad de los bienes no sujetos, junto con la del empresario en el Registro Mercantil, asegura la plena y justificada oponibilidad frente a terceros de la situación jurídica publicada, la publicidad contable de
depósito, el derecho de información de estos terceros. Como es obvio, la no sujeción puede ser levantada por el emprendedor cuando renuncie a ella con contrato con terceros. Pensemos, por ejemplo, en una hipoteca sobre vivienda familiar en
garantía de deuda empresarial o, en general, cuando el bien o derecho fuera enajenado a tercero. Este sencillo régimen jurídico pretende, en definitiva, establecer un nuevo marco de actuación para el pequeño empresario que suponga un claro
incentivo a la aportación de nuevos proyectos e iniciativas, un régimen jurídico a la medida de la mayor parte de los empresarios, cuyos intereses no solamente deben ser atendidos, sino que deben ser prioritarios, y no únicamente por una cuestión de
equidad o justicia, sino porque son el único garante de la libre competencia. No debemos olvidar que los más grandes proyectos empresariales que actualmente lideran segmentos importantes del mercado mundial han nacido también de pequeños proyectos
que, a su fin, conforman un modelo de sociedad.
Señoras diputadas y señores diputados, la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada pretende crear un clima favorable
a los pequeños empresarios, a los empresarios individuales, favorecer a las microempresas, mejorar su creación, que las ideas y el valor añadido tengan su proyección, más allá de lo que podamos hacer en esta Cámara; como decía, más ayudas a la
investigación, más ayudas a la innovación, mejores infraestructuras, más competencia, más mercado y mejor formación. Esto lo podemos hacer, pero el empresario -en muchos casos, trabajador autónomo, que es seguramente el motor de nuestra economía y
de nuestra iniciativa empresarial- también necesita ayuda.
Creemos que con esta ley le estamos dando seguridad a él y a los suyos; puede arriesgar más, es evidente, pero con la tramitación de esta proposición de ley nadie va a perder y ponemos una
piedra más para edificar un nuevo modelo de competitividad, que nos tiene que hacer fuertes no solo en nuestro mercado, sino en las exportaciones, porque solo con buenas exportaciones, solo con más competitividad podemos afrontar los nuevos retos
-la globalización y la deslocalización industrial-, garantizar puestos de trabajo, y solo así garantizaremos el futuro de nuestras políticas sociales de cohesión. Esta es pues la voluntad de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana. Muchas gracias señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Pasamos a fijar posiciones. (Pausa.) Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Sánchez i Llibre.
Perdón, señor Sánchez i Llibre, antes de que usted comience quiero saludar, porque están en la tribuna, a lo que queda de la representación del Senado mejicano, con la que hemos estado trabajando toda la mañana.
Gracias por estar aquí. Les
saludamos en nombre del Congreso de los Diputados. (Aplausos.)
Señor Sánchez i Llibre, suya es la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña para regular la figura del empresario individual de
responsabilidad limitada. Mi grupo parlamentario valora que en esta Cámara se planteen debates orientados a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, a los autónomos, como también valora que diferentes grupos parlamentarios insistan en
la presentación de estas iniciativas. Le damos la bienvenida a Esquerra Republicana; nos alegra que se sume a las muchas iniciativas que ha presentado nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para reforzar la figura del
pequeño empresario, del empresario mediano, de los autónomos y de los emprendedores. Cuanta más fuerza tengan las iniciativas políticas presentadas por todas las formaciones políticas de esta Cámara en esa dirección de proponer ordenamientos
jurídicos similares a los que existen en el resto de países de la Unión Europea, mejor. Si esto lo equiparamos, lo planteamos y lo legislamos en España estaremos fomentando la economía productiva y apoyando a este grupo tan importante de pequeñas y
medianas empresas, de emprendedores, de personas que, juntamente con los trabajadores, están haciendo posible que nuestra economía esté creciendo por encima de la media europea. Por tanto, repito, bienvenidos al club de las pymes, bienvenidos al
club de los autónomos, bienvenidos al club de los pequeños y medianos empresarios y de los emprendedores. Esta iniciativa es motivo de felicitación para todas las formaciones políticas y, por descontado, para Convergència i Unió y, repito, vamos a
votarla a favor, ya que en cierta medida es algo que nosotros ya habíamos presentado en la anterior legislatura. Nosotros ya acordamos en la anterior legislatura, con el Gobierno de Partido Popular, presentar iniciativas en esta dirección para que
empresarios individuales pudieran tener una fórmula jurídica similar a la de la sociedad limitada y preservar así sus patrimonios respecto de las actividades empresariales a las que pudieran dedicarse en un momento determinado. Por tanto, es cierto
-y lo ha dicho el señor Puigcercós en su intervención- que en la pasada legislatura se puso en marcha una figura societaria
nueva, la Ley de la sociedad limitada nueva empresa, por la que era posible que empresarios individuales pudieran acceder a esta figura societaria y, al mismo tiempo de ejercer su actividad profesional o industrial, preservar su patrimonio.
La realidad es que la proliferación de estas nuevas sociedades, la proliferación de esta nueva legislación no ha dado los resultados apetecidos y hoy los resultados son más bien pobres, quizá también por el desconocimiento que existe en el colectivo
de pequeños y medianos empresarios, de autónomos y emprendedores de que es posible preservar sus patrimonios accediendo a una figura perfectamente legislada.
De todas formas, valoramos esta iniciativa parlamentaria presentada por Esquerra Republicana de Cataluña en el sentido de que si esta proposición de ley es tomada en consideración, si es del agrado del resto de fuerzas políticas
parlamentarias y sale aprobada, en el debate en Comisión podemos plantear diferentes mecanismos legislativos para que el empresario individual, el pequeño empresario, el autónomo o el emprendedor, pueda, desde la perspectiva jurídica de no tener que
transformarse en sociedad limitada, preservar su patrimonio en las diferentes situaciones que pudieramos plantear en la Comisión o incorporar en la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña en el
sentido, repito, de que pudieran preservar sus patrimonios separados de los patrimonios afectos a las actividades empresariales industriales. De entrada también queremos hacer una pequeña matización -entrando ya en el debate que podamos tener en
Comisión-, y es que probablemente vamos a enmendar, si esta iniciativa prosperara, en el sentido de que lo que pretende Esquerra Republicana de Cataluña en su proyecto de ley es que quede preservada para siempre la vivienda habitual del empresario
autónomo, individual y emprendedor, respecto a las posibles deudas que pudiera contraer en su actividad profesional. Nosotros entendemos que existen fórmulas jurídicas para que no siempre sea, como precepto inicial, que única y exclusivamente la
vivienda quede preservada de la actividad empresarial e industrial. De todos formas esta es una cuestión que, repito, tendremos suficiente tiempo para valorarla, analizarla y transaccionarla en la Comisión. Por este motivo, señor presidente,
nuestro grupo parlamentario valora positivamente esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a votar a favor de la misma.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña nos trae a debate hoy una proposición de ley referente a la limitación de la responsabilidad del empresario individual. Después de estudiarla y leerla detenidamente, he
llegado a la conclusión de que esta proposición de ley es una incongruencia. Al igual que conocemos ese refrán que dice que las armas las carga el diablo, también podemos decir a partir de ahora que los preámbulos los redacta el diablo. Es cierto
que la filosofía legal de la proposición de ley es correcta: por encima de todo hay que defender al pequeño y mediano empresario. La proposición de ley habla de unos porcentajes según los cuales la microempresa aporta al PIB un porcentaje
elevadísimo, y además lógicamente también lo aporta al empleo. Por tanto, hay que cuidarlos y hay que intentar defenderlos por todos los medios; en eso estamos de acuerdo. Desde tiempos inmemoriales -estamos hablando incluso del Código de
Comercio de 1829- se ha intentado por todos los medios la protección del pequeño y mediano empresario. Recientemente el portavoz de Esquerra Republicana decía que en la pasada legislatura se había aprobado una figura, la sociedad limitada nueva
empresa. Antes, y estamos hablando de cuando se aprobó la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, también se había aprobado una figura nueva que era la sociedad unipersonal. Como saben SS. SS., antes de 1995 la constitución de la sociedad
anónima requería tres socios o tres accionistas como mínimo, y la creación de una sociedad limitada requería dos. A partir de 1995 se pueden constituir sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada con un único socio, con un único
partícipe, por tanto, son sociedades unipersonales. Como bien saben SS.SS., el empresario individual responde con todo su patrimonio en la actividad empresarial, con todo; es una figura que está establecida, y así es. Quería decirle al señor
Puigcercós que el artículo 19.3 no dice exactamente lo que él ha dicho sobre los navieros, dice justamente lo contrario, que el que no se inscriba responde con todo su patrimonio. Por tanto, sensu contrario, usted sabe muy bien, en relación con
cualquier crédito que se haga de hipoteca naval a los navieros, que prácticamente todos ellos tienen su hipoteca naval, y es una cosa curiosa dentro de nuestro ordenamiento que un bien mueble, como es un barco, pueda tener una hipoteca. Pero ese,
como digo, es un tema totalmente secundario. Por consiguiente, estamos completamente de acuerdo en que hay que proteger a la pequeña y mediana empresa, que es, en definitiva, la que más aporta al PIB y al empleo. Decíamos que recientemente se ha
aprobado una figura y que el señor Puigcercós -su grupo parlamentario- intenta en el preámbulo de alguna manera eliminar o anular las ventajas que pueda tener la sociedad limitada de nueva empresa. No sé por qué. Dice usted que se ha creado de
momento un número limitado de empresas. Es cierto que se ha creado un número limitado de empresas porque de momento no se conocen las ventajas e inconvenientes que tienen. Le repito que en
el Real Decreto 296 del año 2004 se aprobaba un plan contable simplificado para ese tipo de empresas. Ese plan contable es sencillísimo, hay un diario múltiple y aparte hay unas cuentas anuales con una memoria tremendamente simplificada y
un balance y una cuenta de pérdidas también tremendamente simplificados. También le diría al partido que apoya al Gobierno en este caso que los impresos de la Agencia Tributaria y los del Registro Mercantil no contemplan la declaración en Hacienda
y la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de este sistema simplificado. Es decir, no se pueden presentar las cuentas en el Registro Mercantil o hacer la declaración en Hacienda de acuerdo con el Real Decreto 296/2004. Por
tanto, creo que sería conveniente que se les dijese a ambos que adecuen los impresos normalizados a lo que hemos aprobado en este Parlamento. Por consiguiente, le decimos al grupo proponente que es una incongruencia porque en este momento, repito,
hay figuras suficientes para limitar la responsabilidad del empresario individual. Decíamos que puede constituir una sociedad un empresario, solo uno, y por tanto limita su responsabilidad a su aportación.
Lógicamente, también la sociedad de nueva
empresa, con un máximo de cinco socios, se puede constituir en limitada. Repito una vez más que los requisitos formales y administrativos se han mejorado notoriamente. Por eso yo le diría al grupo proponente que en el trámite -si es que hay
trámite de esta proposición de ley- es preferible posiblemente mejorar las condiciones de la sociedad limitada de nueva empresa que buscar una nueva figura del empresario individual de responsabilidad limitada, porque yo, señor portavoz, le diré que
cuando usted ponga en un papel cualquiera lo de empresario individual, responsabilidad limitada, no tenga usted duda de que, una de dos, o le limitan a usted el crédito o los bancos le exigirán una garantía con la vivienda que usted quiere detraer
de su responsabilidad. Le recuerdo que el artículo 2.2 de su proposición de ley dice que, de acuerdo con el empresario individual y respecto a terceros, se pueden anular esos posibles beneficios. Por tanto, no le quepa la menor duda de que
cualquier entidad financiera que le conceda algún préstamo le va a solicitar que esa vivienda no forme parte o no se segregue de su responsabilidad patrimonial.
Usted insinuó que puede haber picaresca, y yo le preguntaría qué es la vivienda habitual. ¿Es el armazón de la vivienda como tal? ¿Forman parte de la vivienda habitual los enseres? ¿Va a haber un ajuar doméstico calculado de acuerdo con
el impuesto sobre el patrimonio o sobre sucesiones? ¿O va a poder usted tener cuadros de Sorolla, de Dalí, de Picasso o de Miró dentro? ¿Puede usted tener dentro de su caja fuerte millones de pesetas? ¿Es eso la vivienda habitual o no?
Lógicamente, por lo menos es una definición totalmente conflictiva de acuerdo con la posibilidad de responsabilidad. Por otro lado le pregunto: ¿Va a estar sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados la certificación ante el registro?
Porque, como bien sabe el portavoz de Esquerra Republicana, cualquier documento que se presenta en el registro tiene que tener una escritura pública, y para inscribir esa escritura pública en el Registro Mercantil hay que pagar el impuesto de actos
jurídicos documentados. ¿Por cuánto? ¿Por el valor de la vivienda o por cuánto? ¿Por un valor simbólico? Si es por valor de la vivienda no se preocupe usted que va a pagar muchísimo más de lo que puede ser el coste de la constitución de una
sociedad limitada de nueva empresa. Por eso le digo que bienvenidas sean las ayudas que puedan tener las pymes porque lo merecen y han sido realmente las que han soportado el crecimiento económico de España en los últimos tiempos, repito, tanto el
PIB como el empleo, sin duda que se lo merecen. Ahora bien, le repito que hay cuestiones que hay que matizar y mejorar, y su proposición de ley deja mucho que desear. Nosotros, lógicamente, vamos a apoyar que se tramite como proyecto de ley.
Posiblemente lo apoyen otros grupos, pero también tengo que recordar a otros grupos que aquí se han aprobado muchas proposiciones de ley de hace más de un año y siguen en el sueño de los justos, en este caso de los injustos. Yo no quisiera que
sucediera eso si aprobamos hoy esta proposición de ley, que lógicamente debe ser muy mejorable, porque estamos creando unas expectativas a una serie de personas que tienen que optar por una decisión u otra y posiblemente habrá todavía personas
crédulas en España -digo que algunas habrá- que digan que si se ha aprobado en el Congreso de los Diputados para algo servirá. Pues esperemos que sirva para algo porque hay, repito, muchísimas proposiciones de ley importantísimas que están
aprobadas hace más de un año y que hoy todavía no se han tramitado, como financiación de los partidos, publicación de las leyes en lenguas oficiales del Estado, consejo nacional de seguridad, régimen electoral general, etcétera, que, repito, hoy
todavía no están aquí. Bienvenida sea la proposición de ley, nosotros obviamente la apoyaremos, y si se llega a debatir no se preocupe que el Grupo Popular presentará enmiendas totalmente positivas en defensa de estos pequeños y medianos
empresarios que bien lo merecen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla. Finalmente el Grupo Socialista, señor López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición en la toma en consideración de la proposición de ley para la regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada en nombre del Grupo Socialista en el Congreso.
Desde el Grupo Socialista creemos, siguiendo la exposición de motivos de la proposición de ley relativa a la figura del empresario individual de responsabilidad limitada presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, que es
cierto que la limitación de
responsabilidad para los empresarios individuales tiene antecedentes en los orígenes del derecho romano y en el ordenamiento jurídico de otros países y en el caso español en los navieros, quizá por las circunstancias históricas y económicas
en que fue aprobado el Código de Comercio español y las particularidades de la actividad naviera. No obstante, la técnica del patrimonio separado supone una confusión conceptual con el patrimonio inembargable, con los patrimonios familiares y con
los conceptos de resulta, que difícilmente conducen a una clarificación del crédito y a una mayor nitidez de las reglas que han de respetar los eventuales acreedores del empresario, razones que han venido avalando la no introducción de dicha figura
en nuestro ordenamiento jurídico. Esta novedosa figura, que sin ser figura societaria limita su responsabilidad y que supondría un cambio sustantivo en el actual régimen de responsabilidad, podría aumentar la incertidumbre en el tráfico mercantil
con efectos negativos sobre la actividad económica en el mercado del Estado español. El beneficio de la limitación de responsabilidad en relación con la actividad mercantil para el empresario individual, salvaguardando la vivienda familiar como
patrimonio no afecto o personal, pareciera que puede constituir un aliciente para la creación de nuevas empresas. Pero pudiera constituir una desventaja para otros muchos empresarios, normalmente pequeños, como proveedores de materias primas,
subcontratistas, especialistas, profesionales libres, etcétera, que verían así limitada la garantía de cobro del cliente, empresario individual de responsabilidad limitada. Y qué decir de la garantía de cobro de los trabajadores contratados por
estos empresarios. Pareciera esta personal responsabilidad limitada una nueva arma para la ingeniería de la morosidad premeditada. En definitiva, el patrimonio del empresario individual no estaría a salvo de la práctica mercantil para los
acreedores potentados, y los que nunca cobrarían y se verían arrastrados a las crisis de los pagos serían los pequeños acreedores, los que intentarán cobrar sus facturas sin éxito porque la garantía que tomaron fue la de la confianza en el deudor y
su patrimonio presente y futuro, conforme a lo previsto en el artículo 1911 de nuestro Código Civil, erróneamente, porque habremos suprimido no solo una norma sino también una costumbre empresarial. Esto también forma parte del clima y la atmósfera
empresarial.
Para las limitaciones de responsabilidad ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, como bien se ha dicho desde esta tribuna, las figuras societarias como las sociedades anónimas, sociedades limitadas, etcétera, incluida la posibilidad
societaria de estas, de carácter unipersonal, posibilidad que también recoge la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva empresa. Esta nueva figura, cuya ley ya está reglamentariamente bastante desarrollada, aún no ha dado los
frutos que de ella se esperan, pero con las políticas activas encaminadas a su potenciación en el marco de la Carta de Feira, la Carta europea de la pequeña empresa, que emana del Consejo Europeo de Lisboa, estamos convencidos de que será un
instrumento potenciador y dinamizador de las empresas y las pymes. Además, el Gobierno ya ha remitido a esta Cámara el proyecto de ley de sociedades profesionales, que regulará cuestiones relativas al régimen de responsabilidad de dichas sociedades
y de los profesionales que las formen. Evidentemente, esa garantía, que es en la que incide la toma en consideración de esta proposición de ley, no constituye un gran problema para las grandes empresas proveedoras del empresario individual y sobre
todo para las entidades financieras, que normalmente serán las principales y prioritarias entidades acreedoras de los mismos, ya que estas protocolizan la redacción de contratos, pólizas y demás documentos donde se salvaguarda o se elimina esa
limitación de responsabilidad. Como todos sabemos, suelen exigirse, como bien se ha dicho desde esta tribuna, garantías adicionales tales como firmas solidarias, subsidiarias, avales, garantías hipotecarias, etcétera. Todo esto ya sabemos que es
lo habitual que ya ocurre respecto a la pequeña sociedad anónima, las sociedades limitadas, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y, por supuesto, los empresarios individuales, aunque no tengan limitada su responsabilidad, pero
que sí son proveedores de pocas garantías sobre todo en lo relativo a los denominados bienes raíces.
La idea de un patrimonio separado de afección por el tráfico mercantil puede ser en muchos casos de difícil separación, en principio. Aunque, en efecto, se podría utilizar el artilugio de determinar el patrimonio no afecto o afección
negativa al tráfico mercantil, como puede ser considerada la vivienda habitual. ¿O deberíamos decir la vivienda afecta al uso familiar y no al negocio, como también se ha señalado desde esta tribuna? Claro que en este caso podríamos estar hablando
de más de una vivienda o propiedad. ¿Y el ajuar doméstico, también señalado? ¿Dónde está la línea divisoria de no afecto al tráfico mercantil? ¿Y los vehículos no afectos a la actividad mercantil o de uso familiar? ¿Y las joyas, los artículos de
coleccionismo, los objetos de arte, los ahorros, los planes de pensiones, etcétera? En nuestro ordenamiento jurídico tenemos también las denominadas sociedades patrimoniales para estos efectos, con sus particularidades jurídicas y tributarias, lo
que no impide que todos estos bienes puedan ser objeto de garantías contractuales, como pueden ser las reservas de dominio, pignoraciones, hipotecas, incluso mobiliarias, etcétera.
Mención aparte merece el aspecto de simplificación de trámites para la creación de empresas, factor importante para la eliminación de las barreras que suponen los trámites burocráticos, aunque para ello ya contábamos, mediante la Ley 7/2003,
de 1 de abril, de sociedad limitada nueva empresa, con esta nueva forma jurídica, consecuencia de la adaptación de nuestra legislación a las directivas comunitarias en materia de sociedades, con el objeto de flexibilizar la figura societaria para la
pequeña y mediana empresa. Es lógico pensar que en la práctica mercantil produciría recelo observar a empresarios
individuales de responsabilidad limitada, prefiriéndose normalmente en el trato mercantil a aquellos empresarios individuales a secas, como hasta ahora, por lo que esto produciría más un perjuicio para esta pretendida nueva condición de
empresario que una ventaja. Si lo que se persigue es la creación y potenciación de las microempresas, emprendedores o autoempleadores, es mucho más efectiva la iniciativa del Ejecutivo en el marco de las políticas activas para la generación de
emprendedores, eliminando barreras de entrada en los mercados para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el tejido sostenible y dinamizador de la economía española, verdaderos artífices de la actual situación de la economía española. Si
lo que se persigue es la protección social, las prestaciones sociales para los autónomos, el desempleo, la cotización a tiempo parcial para el caso de la pluriactividad, las bajas por enfermedad y las bajas por maternidad, el proyectado nuevo
estatuto del trabajador autónomo es el que tendrá que dar solución a este colectivo que tan importante ha sido y es para nuestra economía. No obstante, mi grupo votará favorablemente la toma en consideración de este proyecto de ley, con el ánimo de
incidir en aquellos puntos positivos que una nueva y novedosa definición de una figura empresarial pueda tener en cuanto a suponer una posibilidad empresarial más, en cuanto a flexibilizar los trámites de creación de empresas y todos aquellos
aspectos que seamos capaces de consensuar la mayoría de los grupos de la Cámara durante la tramitación del proyecto de ley, en beneficio de un mayor dinamismo y de una mayor sostenibilidad del tejido empresarial del Estado.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
-DEL PROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000042.)
-DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS REORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DEL SISTEMA PORTUARIO, Y SE APRUEBAN MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA FINANCIACIÓN SANITARIA Y PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA.
(Número de expediente 121/000063.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. En primer lugar hay dos solicitudes de avocación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de los siguientes proyectos de ley:
proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos y proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la
financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobadas las propuestas de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (Votación.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE REGULACIÓN DE LA FIGURA DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (Número de expediente 122/000166.)
El señor PRESIDENTE: Votamos en una sola votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 288; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONEXIONES TRANSFRONTERIZAS. (Número de expediente 162/000194.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conexiones transfronterizas. (Rumores.) Señorías, el Pleno continúa. (Continúan los rumores.) Silencio,
por favor.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene el señor Becana por un tiempo de siete minutos. (Rumores.-El señor presidente agita la campanilla.)
Adelante, señor Becana.
El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que en este hemiciclo debatimos sobre comunicaciones transfronterizas con Francia, ni probablemente será la última ocasión en que lo hagamos, aunque todos los grupos parlamentarios acabemos coincidiendo en la
importancia que para el futuro de la Unión Europea tiene la eliminación de las
barreras físicas que limitan la movilidad de las personas y de las mercancías... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Becana.
El ruido es insoportable y el Pleno continua. Por favor, ruego a quienes deseen hablar entre sí que abandonen la sala y arreglen lo que tengan que arreglar fuera. Es una notable falta de respeto para el orador y piensen que algún día les
tocará a ustedes. (Pausa.)
Adelante, señor Becana.
El señor BECANA SANAHUJA: Señorías, si todos los grandes proyectos de infraestructuras de comunicación precisan en el seno de un solo Estado años y años de maduración, planificación y ejecución, el tiempo se prolonga hasta la desesperanza
cuando estos proyectos afectan a más de un Estado y precisan además del apoyo financiero de los presupuestos comunitarios de la Europa de los Veinticinco. Para superar esta dificultad, la suma de todos los apoyos posibles en torno a un proyecto
determinado es un requisito prácticamente imprescindible. Por ello, el Grupo Socialista ha considerado oportuno proponer hoy ante el Pleno del Congreso una resolución, para la que pedimos el apoyo mayoritario de la Cámara, en la que reafirmemos la
necesidad de mejorar las comunicaciones con Francia, de hacerlo trabajando codo con codo con el Gobierno francés y con los gobiernos regionales y de incorporar al actual sistema de comunicaciones un ambicioso proyecto de conexión ferroviaria de alta
capacidad a través del Pirineo central.
Nuestras comunicaciones con Francia sufren ya un preocupante estrangulamiento en lo que a transporte de mercancías se refiere. Los dos únicos corredores laterales actualmente existentes por vía terrestre sufren diariamente una saturación
que con frecuencia llega al límite del colapso técnico. Las cifras que arroja el Observatorio de tráfico de los Pirineos, avaladas por el Ministerio de Fomento español y de l´Équipement francés, demuestran esta saturación. En el año 2005 se ha
alcanzado una media global de 20.000 camiones diarios y, según las estimaciones previstas para los próximos quince años, habrá que canalizar por el Pirineo entre 70 y 100 millones de toneladas adicionales. Si no somos capaces de anticiparnos a esta
previsión, se producirá una situación de bloqueo material que acabará separando y aislando a dos países de la Unión Europea, España y Portugal, además de impedir los tráficos que, a través del Magreb y de otros corredores, deben llegar desde España
al resto de Europa por vía terrestre.
Para impedir este estrangulamiento, los gobiernos español y francés acordaron en la cumbre de Zaragoza incorporar un nuevo enlace ferroviario transpirenaico en sus respectivas planificaciones estratégicas, de acuerdo con el proyecto
prioritario número 16 de las redes transeuropeas de transportes. Y así lo hicieron tanto el Gobierno francés, a través del comité interministerial de ordenación y desarrollo del territorio, como el Gobierno español en el Plan estratégico de
infraestructuras y transportes, aprobado el 15 de julio de 2005 por el Consejo de Ministros, refrendada esta voluntad con la consignación de una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. La nueva relación con Francia,
después de los desencuentros derivados de decisiones erróneas en nuestra pasada política exterior, ha permitido también una mayor operatividad en las cumbres bilaterales y en las reuniones sectoriales de ambos gobiernos, y eso se traduce en una
mayor concreción de los proyectos. Sirva como ejemplo el programa de trabajo sobre las conexiones a través de los Pirineos, desarrollado en el encuentro hispano-francés de alto nivel celebrado el pasado 17 de octubre de 2005. En este encuentro,
presidido por los ministros competentes, se abordaron los tres tipos de conexiones transfronterizas en los que están trabajando ambos países, estableciendo las actuaciones conjuntas que ambos países acometerán en el corto plazo en cada uno de los
proyectos y delimitando cada una de las actuaciones que debe acometer cada país en su respectivo territorio.
Tan importante como los acuerdos adoptados en la denominada reunión de alto nivel y los plazos fijados para su ejecución ha sido la participación en esta reunión de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Comunidad Foral de
Navarra y Aragón por la parte española y las regiones de Aquitania, Midi-Pyrinées y Languedoc-Roussillon por la parte francesa. Sin lugar a dudas, la implicación directa de los territorios más interesados en las conexiones dará mayor contundencia a
los acuerdos y mayor celeridad a los ritmos establecidos. A estos apoyos pretendemos hoy sumar el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados para conseguir permeabilizar el Pirineo, mejorando las conexiones existentes y sobre todo favoreciendo
el reequilibrio entre los modos de transporte, impulsando las conexiones ferroviarias con la nueva travesía central y actuando con respeto al patrimonio natural que alberga el macizo pirenaico.
Les anuncio, señorías, que nuestro grupo aceptará de buen grado las enmiendas de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la enmienda primera de Convergència y Unió, por ser textos que complementan la voluntad del
grupo proponente en la exposición de motivos, así como las enmiendas del PNV y de Chunta Aragonesista, por ser textos que complementan el texto resolutivo de nuestra proposición. Las propuestas detalladas de BNG y CiU no encajan en la iniciativa,
que entendemos que es de carácter más general, y no podemos aceptarlas. Nos hubiera gustado sumar también a esta iniciativa al Partido Popular, porque entendemos que cuantos mayores apoyos tengan las posiciones de España ante países vecinos como
Francia o en el marco mismo de la Unión Europea más probabilidades de éxito tendrían nuestras iniciativas. Pero lamentablemente el Partido Popular está en otra onda y sus propuestas son difíciles de aceptar, porque no tienen ninguna autoridad para
exigir que se ejecuten con
inmediatez proyectos que durante ocho años durmieron el sueño de los justos.
El señor PRESIDENTE: Señor Becana, tiene que concluir. El minuto de cortesía ya pasó.
El señor BECANA SANAHUJA: Y porque una vez recuperadas las buenas relaciones con Francia, que nos han permitido avanzar mucho en el escaso margen de dos años de gobierno, sería un tremendo error enfrentarnos a Francia en el seno de la Unión
Europea, como nos propone hoy el Partido Popular.
Señorías, para finalizar les pido que respalden con su voto el trabajo realizado hasta la fecha en nuestra planificación estratégica en las cumbres bilaterales, en los grupos de alto nivel y en los propios Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Recuerdo a SS.SS. que el debate de las proposiciones no de ley es un debate tasado, siete minutos para la defensa y cinco minutos para el resto de las intervenciones.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra Izquierda Verde.
El señor HERRERA TORRES: Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la interconexión, en este caso con Francia, para mejorar el transporte ferroviario y concretamente el transporte de mercancías.
Entendemos que la proposición no
de ley de hoy es una buena noticia, si bien, y supongo que el portavoz socialista coincidirá conmigo, la mejor noticia, y más siendo en este caso la proposición no de ley del Grupo Socialista, sería que finalmente el Gobierno lo hiciese. Nosotros
nos vamos a sumar a este consenso, pero esperamos que lo haga.
Segundo elemento. A veces el Ministerio de Fomento y también el Grupo Parlamentario Socialista pecan de poner toda la fe en las infraestructuras. Es cierto que las infraestructuras son un elemento clave -y el portavoz socialista así lo
entiende-, pero también el portavoz socialista en materia de Fomento, el señor De la Encina, sabe que nosotros venimos insistiendo en que tiene que haber una mejor gestión de la movilidad. Les voy a poner un ejemplo, solo uno. La Junquera, por
donde pasan cada día centenares de trenes con mercancías con destino a Francia o procedentes de Francia, por la noche cierra. Sí, oyen bien. Por la noche los trenes de mercancías no pasan de España a Francia, simplemente porque no hay gestión de
la movilidad, simplemente porque a esas horas no se pone en marcha el dispositivo necesario para que una opción estratégica aprobada por el PEIT, como es el transporte de mercancías por ferrocarril, sea una realidad en uno de los puntos fronterizos
principales en la red ferroviaria. Por tanto, bienvenida la nueva infraestructura que conecte Francia con España, pero empecemos por lo más sencillo. Y lo más sencillo sería, por ejemplo, que en La Junquera el transporte de mercancías por
ferrocarril fuese una realidad de día y de noche.
¿Qué queremos decir con esto? Que hay veces que empezamos la casa por el tejado y que el Gobierno debería plantearse y aprobar lo más sencillo, que es una buena gestión de las mercancías por ferrocarril. Les he puesto el caso de La
Junquera porque lo conozco, pero seguramente podríamos encontrar muchos más. Si hoy en España el transporte de las mercancías por ferrocarril no despega se debe, sin lugar a dudas, a que no está produciéndose esta gestión de la movilidad. Lo que
nosotros trasladamos al Gobierno es que no ponga tanta fe en la infraestructura y ponga más fe en la gestión de la movilidad. Les voy a poner un segundo ejemplo. En Suiza, cuando llegan los camiones procedentes de Italia, procedentes de Austria o
procedentes de Alemania, además de haber una internalización del transporte de mercancías por carretera -cosa que en España ningún Gobierno se atreve a hacer, aunque nuestro grupo insiste en ello-, una simple plataforma, muy sencilla, permite que
todos los camiones crucen Suiza de noche y de punta a punta, pudiendo además descansar los conductores de los camiones. ¿A qué se debe esto? A que hay una internalización del coste de mercancías en la carretera, pero también a que el Gobierno
suizo tiene la voluntad real de que los camiones no atraviesen Suiza, con el importante coste medioambiental y sobre la salud de las personas que ello conllevaría. ¿Costaría tanto que hubiera una pequeña plataforma ferroviaria en Algeciras que
permitiese que los camiones atravesasen el territorio peninsular, simplemente subiendo el camión al tren? No costaría tanto. El señor De la Encina me dirá que lo van a hacer. Sería una infraestructura muy sencilla y con un coste económico
realmente bajo. Si se va a hacer, bienvenido sea, pero lo que nosotros esperamos es que haya una gran conexión en el eje mediterráneo; sin lugar a dudas esta infraestructura nos permitiría que la nueva plataforma logística que va a haber en
Zaragoza y en Aragón tuviese salida.
Acabo, señor presidente. Con estas dos reflexiones queríamos introducir algo muy sencillo: bienvenida sea la continuidad en la cultura del cemento, siempre y cuando esté bien fundamentada -en este caso lo está; por eso estamos de acuerdo
y votaremos a favor de la proposición no de ley-, pero antes debe desarrollarse la gestión de la movilidad, que es lo que no hubo en gobiernos anteriores y que aún no despega con este Gobierno. Esperemos que ahora lo haga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Lanzuela.
El señor LANZUELA MARINA: Muchas gracias, señor presidente.
Después de la intervención del portavoz del Grupo Socialista abreviaré lo más que pueda; ya ha evitado que presentemos la enmienda porque la rechaza de antemano, antes incluso de escucharnos, lo cual no deja de ser sorprendente.
Empezaré por el final, porque me ha cambiado usted mi intervención. Hoy el principal diario de Aragón, el de mayor tirada, publica la siguiente noticia: Fuera de la hoja de ruta de Francia hasta el 2025. Ni el túnel de baja cota por el
centro del Pirineo ni la reapertura del Canfranc figuran en los proyectos de la red ferroviaria de Francia, a diferencia de las nuevas conexiones en alta velocidad por el País Vasco y Cataluña.
La revista especializada Tecnirail entrevista en el
número de este mes al presidente de la compañía francesa Michel Boyon. Aparte de otros ejes, solo se refiere a las nuevas conexiones con España y Portugal por las líneas Perpignan-Figueras y Burdeos-España Vitoria-Dax. Boyon señala que las
prioridades hasta el año 2025 que marcó hace tres años una comisión interministerial de Francia constituyen la hoja de ruta de la compañía ferroviaria francesa. Pero mientras no hace mención a la travesía central, explica que la línea
Burdeos-frontera española se debatirá este mismo año y que la línea Perpignan-Figueras, con una innovadora forma de financiación, ya está en construcción. Y no solo para pasajeros; tendrá una capacidad de un millón y medio de toneladas de
mercancías desde que entre en servicio en 2009. Poco más habría que añadir.
Quiero recordar al señor portavoz socialista que en 1998 fue el Partido Popular -y me cupo a mí el honor de representar al Gobierno aragonés- quien lo presentó en Europa. Estaba el señor Marín de comisario, entre otros, y a su despacho fui,
y al de otros comisarios, para que apoyasen lo que en aquel momento era un proyecto ambicioso. Después sí que ha habido gestiones de varios representantes populares, entre ellos del señor Aznar, entonces presidente del Gobierno, que lo llevó a dos
cumbres y que obtuvo el respaldo francés, que luego se paró, como muy bien le contaría en una larga historia. También lo hizo su ministro, el señor Álvarez-Cascos, que en París, en Madrid, en Carcasone, en varias reuniones, siempre lo puso como
prioridad española. Fue el Gobierno francés el que lideró en 2002 y 2003 aparcar este proyecto. Fue doña Loyola de Palacio, también comisaria, quien introdujo este proyecto de la travesía central en el libro blanco del transporte y posteriormente
en las redes transeuropeas y consiguió el compromiso de la Unión Europea para cofinanciar esta línea. Esto fue en julio del año 2001.
Mencionaré dos reuniones, una en Zaragoza, para más escarnio. Todos los medios que han estudiado esa reunión dijeron que había sido un fiasco. Y usted ha citado otra reunión el 17 de octubre de 2005, que criticaron el Partido Popular, la
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida -a la hemeroteca me refiero; si quiere, luego le puedo dar todas las críticas-.
Concretamente, los sindicatos aragoneses calificaron de triste y poco beligerante el papel que hizo nuestro presidente aragonés.
Hace ahora un año el señor Labordeta trajo una interpelación y luego una moción.
Aquella moción, que aprobamos 303 diputados de los 305 que había ese día, era más ambiciosa que esta que trae hoy usted. ¿Qué han hecho ustedes de aquella moción?
Nada. La revista del Ministerio de Fomento, en el número de enero de este año, lo dice claramente: De los planes a la realidad. La realidad es que hay seis prioridades en la Unión Europea y desde luego no está la travesía central del Pirineo
-revista oficial del Ministerio de Fomento-. ¿Cómo nos viene hoy usted a decir algo que ya se ha expuesto en otras ocasiones, como muy bien ha dicho, y para lo que se había conseguido aquí el respaldo mayoritario, la última vez con una moción del
señor Labordeta? Usted hoy viene con una proposición absolutamente patética, que no dice nada, y lo único que nos pide es que se estudie.
Señor Becana, a esta casa hay que venir ya estudiado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lanzuela.
A continuación Grupo Parlamentario Mixto. Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, muchas gracias, señor Lanzuela, por las flores que me ha echado; estoy absolutamente encantado.
Tomo la palabra para defender la enmienda presentada a esta proposición no de ley porque nosotros somos muy cabezudos, muy cabezones, y, aunque el proyecto de Aragón no aparezca, seguiremos haciéndolo. Queremos recordar que, en la cumbre
hispano-francesa celebrada el pasado 17 de octubre en Barcelona, ambos gobiernos se comprometieron en relación con la nueva travesía de los Pirineos a licitar el estudio que tiene como objetivo el reparto modal de los tráficos de mercancías y el
análisis del encaje funcional del nuevo enlace ferroviario en las redes ferroviarias de ambos países, con el objeto de que los primeros resultados puedan obtenerse a lo largo del año 2006, para definir los posibles corredores del trazado.
En el año
2008 debe finalizarse un estudio detallado que contemple el análisis territorial y medioambiental de los trazados dentro de los corredores previamente definidos. Los gobiernos español y francés han incluido este proyecto dentro de sus respectivas
planificaciones estratégicas de acuerdo con el proyecto prioritario número 16 de las redes de transportes transeuropeas del transporte.
Queremos finalmente recordar, además con énfasis, que la ausencia de una travesía ferroviaria por el Pirineo aragonés ha significado, tal como puso de manifiesto el presidente de General Motors en España, una de las trabas para la
fabricación del Meriva en Figueruelas, por las dificultades en los costes de transporte y logística de los vehículos terminados en Aragón y que debe acercarse al resto del continente, trabas que afectarán a nuestro desarrollo si no se solventa a
corto plazo el Canfranc y
a medio plazo, conexión a baja cota por el Pirineo aragonés, el transporte por el resto de Europa. Por ello presentamos la siguiente enmienda: añadir al texto, detrás de 'nueva conexión por' y antes 'del Pirineo central', la expresión
'Aragón en', por lo que el texto definitivo sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar conjuntamente con Francia la mejora global de las conexiones ferroviarias a través de los Pirineos incluyendo una nueva conexión por Aragón
en el Pirineo central.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Labordeta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que este es un debate de gran importancia, sobre todo para que también nos sintamos sensibles en relación con la comunicación transfronteriza con un Estado como Portugal, Estado del que cabe decir:
Tan cerca pero tan lejos. Esta insensibilidad que hay con el caso portugués, concretamente en materia ferroviaria, afecta especialmente a Galicia, ya que con el norte de Portugal forma una importante eurorregión, cohesionada desde el punto de vista
de lo que es la realidad económica, puesto que es el principal importador de productos gallegos, igual que uno de los principales exportadores que tiene Galicia es también Portugal. Sin duda, la conexión social y cultural podría ser muchísimo mayor
si se contara con unas conexiones ferroviarias adecuadas.
Presentamos esta enmienda porque observamos con preocupación que el tramo Vigo-Porto ha pasado a ser un tramo falto de consideración prioritaria, y si bien el Gobierno español sigue haciendo hincapié en que construirá el tramo hasta la
frontera portuguesa en el horizonte del año 2009 -lo cual es bastante improbable-, el Gobierno portugués ha dejado de considerar prioritaria la comunicación de Porto con Vigo. Nosotros pensábamos que las tres conexiones transfronterizas por
ferrocarril de Portugal con el Estado español debían ser asumidas como prioritarias, en concreto la comunicación Lisboa-Madrid, la comunicación por Faro, pero también, específicamente y de forma fundamental, aquella que hoy tiene la mayor
comunicación por carretera y sin duda los mayores tránsitos mercantiles de todo el Estado español en relación con Portugal. Por eso presentamos, como digo, esta enmienda y podemos comprender que no entre dentro del carácter de las comunicaciones
transfronterizas por el Pirineo, pero les hago la siguiente observación: El Pirineo es efectivamente una frontera natural difícil de salvar, no hay fronteras naturales difíciles de salvar con Portugal. Sin embargo, toda la relación ferroviaria se
reduce a dos servicios al día entre Vigo y Porto, una comunidad que conforman 4 millones de habitantes. Ya me dirán ustedes si esto es estar en el siglo XXI o seguir realmente anclados, viviendo de espaldas el Estado español, en este caso
específico Galicia, respecto de Portugal y Portugal de Galicia. Comprenderán que, como gallego y como representante del Bloque Nacionalista Galego, haya aprovechado esta ocasión para repetirles que estos proyectos tienen que ser prioritarios, que
hay que ponerles fecha fija y presupuesto, que es lo que estamos demandando todos los gallegos y todos los portugueses, por lo menos los del norte de Portugal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Convergència i Unió. Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda para mejorar la proposición no de ley del Grupo Socialista. Entendemos que esta es una ley que tiene que sumar voluntades. Como han dicho otros intervinientes, se ha debatido muchas veces sobre la
permeabilidad de los Pirineos y siempre se ha obtenido el acuerdo y el consenso de todos los grupos; hoy lamentamos que no se consiga una vez más este consenso, porque la voluntad exclusiva de esta moción era conseguir esta tercera vía, una vía
central sobre los Pirineos, casi una declaración de intenciones.
Hay una serie de acciones de gobierno que sobrepasan la propia gestión de un periodo ejecutivo y que tienen el objetivo de permeabilizar los Pirineos. Salvar esta frontera natural que hay entre los dos países, Francia y España, genera una
necesidad de encuentros, de diálogo, de conversaciones, para que los pasos actuales sean mejorados y que se establezcan los nuevos. Todo ello dentro de una vía de ancho internacional como lo más natural ante las necesidades de interconexión y la
globalización de las relaciones entre España y los países de la Unión.
Nuestro grupo insta en la enmienda a promover, a realizar los encuentros necesarios para mejorar las definiciones del PEIT, con dos bases principales: mejorar la
permeabilización con nuevas vías -por tanto, estamos de acuerdo con esta tercera vía- y modernizar las vías existentes. Había una segunda parte en la enmienda, una adición relativa a un paso ya existente, el Vich-Puigcerdá, que llega hasta La Tour
de Carol y que de alguna forma era mejorable, como también lo hubiera sido incluir el paso de Canfranc hasta la frontera francesa, que en estos momentos se encuentra paralizado por la inexistencia de un puente que tiene que ser reconstruido.
Nosotros, por el buen entendimiento de los grupos, votaremos a favor de la enmienda y, a instancias de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, retiramos la segunda parte de esa enmienda, la adición, la pormenorización
de esta vía Vich-Puircerdà-La Tour de Carol, porque, en definitiva, estamos de acuerdo con que las comisiones bilaterales, las que se forman entre los gobiernos de las comunidades autónomas
limítrofes españolas y francesas, discutan esta permeabilidad y pueda de alguna forma mejorarse el transporte, los intercambios y las movilizaciones entre ambos países. Entendemos que hay que mejorar estos corredores, que los actuales son
insuficientes, que hay que agregar alguno más, que hay que establecer una vía natural para las mercancías, posiblemente por el Pirineo central, pero que también hay que pensar en los dos extremos, el extremo de Irún y el extremo de Portbou, para
conseguir de esta forma mejorar la permeabilidad básica de los Pirineos.
Instamos a que la voluntad de esta Cámara sea lo más consensuada posible y nos sumamos al voto general positivo a esta proposición del Gobierno para que traslade, con las
comunidades autónomas, las negociaciones bilaterales con el Gobierno francés y las regiones limítrofes del lado francés para obtener esta permeabilidad tan necesaria para la convivencia. Aportamos una mayor elaboración y, por esta razón, nuestro
grupo parlamentario votará positivamente esta iniciativa. Como ya he dicho, retiramos la segunda parte de la enmienda a la espera de que se vean resultados positivos en la instancia que le hacemos al Gobierno para que trabaje en esta
permeabilización de los Pirineos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, mi grupo va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre conexiones transfronterizas, en este caso aplicadas al ámbito de los Pirineos. Vamos a apoyarla con
más convencimiento ahora que dicho grupo ha anunciado que va apoyar las enmiendas presentadas por este grupo. En cualquier caso -también lo tenemos que decir-, íbamos a apoyar esta proposición no de ley fuera cual fuera la suerte que corrieran
nuestras enmiendas. ¿Por qué íbamos a votar favorablemente? Porque estos no son tiempos en los que sobran planteamientos sobre la necesidad de ir avanzando en la construcción de Europa. Esta es una de esas iniciativas que apunta en esa dirección.
A nuestro juicio, apunta en la buena dirección. Como la exposición de motivos dice que es necesario ir hacia la consolidación del espacio económico europeo, este tipo de consideraciones a la hora de plantear políticas, por ejemplo, en el capítulo
de los transportes, son consideraciones absolutamente necesarias. Por otra parte, habría que decir que no solo apuntan en la buena dirección de los propósitos que enuncia la proposición no de ley, sino que apunta también en la misma dirección en
que Europa ha venido trabajando e invirtiendo muchísimo dinero como cuando ha invertido en las redes transfronterizas. Es necesario y urgente apuntar en esta buena dirección. Mi grupo tiene una preocupación que no va a menos, que Europa está cada
vez más al norte y más al este. Dicho de otra forma, el corazón de Europa camina en esa dirección y nosotros podemos quedar si no al margen, sí en el Finisterre de esta Europa, en el final de esta Europa y podemos quedar alejados del corazón
europeo. De ahí que nosotros consideramos necesario activar esta preocupación y llevar a cabo políticas muy activas para, insisto, no quedar al margen o excesivamente esquinados en la construcción de una Europa que, vuelvo a insistir, va caminando,
nos guste o no, al norte y al este y nosotros hemos dado muy pocos pasos y es necesario darlos. Aquí se ha hablado de distintas iniciativas que a lo largo de bastante años habría habido para situar esta preocupación en las políticas europeas, pero
la realidad es muy dura, por ejemplo, en el Pirineo central y, hablando de ferrocarriles, no se ha hecho nada. Sin embargo, no voy a hablar de lo que conozco por referencias algo más lejanas. Podría hablarles de lo que se ha dejado de hacer en
tiempo y forma -que es como hay que hacer las cosas- en el lado oeste de los Pirineos donde las inversiones han sido muy escasas. Hay pues razones sobradas para ocuparse y preocuparse de este tema. Pero mi grupo, que entiende que este es el
propósito que persigue el Grupo Socialista con sus enmiendas, considera necesario afinar la puntería, y básicamente en dos direcciones. Por un lado, si empezamos a hablar de la permeabilidad de los Pirineos tenemos que hablar del conjunto de las
infraestructuras, no solo de las infraestructuras ferroviarias; hay que hablar del conjunto de las infraestructuras, porque es necesario hacer un plan en el que todas ellas figuren de una forma integrada; unas y otras están trabajando en los
ámbitos de la intermodalidad, luego es necesario tener una consideración del conjunto de las infraestructuras. A ello va nuestra enmienda. Por otro lado, la construcción europea no es solo la construcción de los 25 Estados, también es la
construcción de los ámbitos europeos de vida, de trabajo, de actividad y los Pirineos son uno de sus ámbitos. Ustedes saben que existe una comunidad de trabajo de los Pirineos. De ahí que creamos que las administraciones que están impulsando este
tipo de cooperaciones transfronterizas, en concreto las comunidades afectadas directamente por lo que puede ser un plan de permeabilidad de los Pirineos, tienen que estarlo y es la razón por la que nosotros introducimos también una enmienda en esa
dirección. Es necesario, al mismo tiempo que ir creando la gran Europa, la del espacio económico, social y territorial único, ir creando también la micro Europa, la Europa de verdad y la Europa de verdad será cuando en las fronteras no haya
planteamientos fronterizos sino planteamientos transfronterizos. Hoy es el día en el que sobran planteamientos todavía fronterizos y se ha hablado aquí de algunos ejemplos de cómo todavía se está muy lejos de hacer unos auténticos planteamientos
que sean transfronterizos. Todo lo que empujemos en esa dirección será poco y de ahí que mi grupo apoyará entusiásticamente esta iniciativa con la esperanza de que algún día pasemos de las palabras a los hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Para fijar posiciones, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente y con brevedad.
Es obvio que desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Canarias la frontera hispanofrancesa nos queda un poco lejos, aunque estamos también en la proximidad de la solidaridad. Igual que hemos planteado desde nuestro grupo las
dotaciones presupuestarias, tanto del Estado español como de la Unión Europea, en infraestructuras de comunicaciones, fundamentalmente aéreas, con países de la Unión Europea, ahora somos solidarios con esta petición que hoy nos trae el Grupo
Parlamentario Socialista de las conexiones transfronterizas hispanofrancesas. Algunas de ellas son de reclamación muy añeja en esta Cámara. No sé cuántas veces en mi larga vida parlamentaria he escuchado hablar del túnel de Canfranc y de las
comunicaciones hispanofrancesas a través de Huesca y de Jaca.
Parece ser que éste es un tema muy recurrente y sigue sin abrirse al paso ferroviario el túnel de Canfranc. Repasando precisamente en el día de ayer los informes respecto de las
infraestructuras, tanto los facilitados por el Ministerio español de Fomento como por el Ministerio francés del Equipamiento y de las Infraestructuras, observamos que está funcionando lo que se ha venido denominando el observatorio hispanofrancés de
tráfico de los Pirineos. Vemos, por ejemplo, que el observatorio hispanofrancés señala que hay 26 carreteras que atraviesan el Pirineo y tres grandes enlaces ferroviarios, Irún, Puigcerdá y Portbou del lado español porque, vuelvo a decir, el de
Canfranc sigue cerrado. Son obras de infraestructuras que siempre hemos apoyado por ese principio de solidaridad y también por las reuniones hispano francesas de cooperación transfronteriza, como la que se celebró, creo recordar, el año pasado en
Barcelona, en octubre, en la que incluso se pidieron algunas nuevas vías que se puedan llevar a efecto, por ejemplo, la originaria desde Pamplona para el territorio francés a través del Pirineo central. Si siguen funcionando con sentido pragmático,
realista y de compromiso, sobre todo por parte del Ministerio del Equipamiento de Francia, las reuniones bilaterales hispanofrancesas como esta de cooperación transfronteriza, pueden encontrar ahí el escenario de los órganos impulsores para los
proyectos complementarios a diseñar, sobre todo la conservación de la red de enlaces por carretera, tan importante, ya sea de las autopistas mediterráneas o de las atlánticas, sea de las carreteras mediterráneas o de las atlánticas, como la red
interior del Pirineo, lo que nos puede permitir una mayor permeabilidad. En esa línea de solidaridad, señor presidente, mi grupo votará favorablemente esta iniciativa de las comunicaciones transfronterizas hispanofrancesas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por Esquerra, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Presidente, señorías, en el siglo XIX la historia del ferrocarril, la permeabilidad de los Pirineos y la conexión de España con Europa no deja de ser un cierto fracaso europeísta. Quiero recordar aquí los debates y
la imposición sobre el ancho ibérico en las vías de ferrocarriles españolas enfrente de la generalización en Europa del ancho internacional. En el debate sobre el tren de gran velocidad, el debate del tren del siglo XXI, a veces temo que volvamos a
repetir aquella malograda historia del truncamiento de la plenitud europeísta de España sobre el ferrocarril de gran velocidad.
Señor Lanzuela, esperaba que viniese aquí a decirnos que en la convención de la semana pasada el adalid de la derecha francesa, señor Sarcosi, además de gritar vive José María, también le hubiera convencido a usted de que priorizara la
conexión con España a través de los Pirineos. La realidad es una, Francia está priorizando la conexión, una vez realizada con Inglaterra, con Italia, concretamente con Turín a través de un túnel extraordinario en los Alpes de 48 kilómetros, y la
conexión hacia Alemania y Holanda. No creo que sea buena la táctica de enfrentarnos o recriminar a Francia. También Portugal nos podría decir que todos los proyectos de tren de gran velocidad están priorizados hacia la vertiente atlántica o
mediterránea hacia Europa y que vamos relegando el tema Madrid-Lisboa. Y es cierto. El aumento en mercancías y pasajeros del tránsito transpirenaico puede llegar a producir dentro de unos años un colapso, tanto en mercancías como en pasajeros, en
ferrocarril como en carreteras. Nosotros apoyamos por europeísmo, en primer lugar, que tenemos que hacer permeable un eje central viario y ferroviario por el Pirineo central. No hemos presentado ninguna enmienda no porque consideremos que este sea
un tema menor, ni mucho menos. Lo consideramos un tema extraordinariamente difícil y tenemos que saber que no tendremos entusiasmo y sí muchas reticencias en el territorio francés y que no podemos repetir la experiencia viaria del Somport, que no
se ha desarrollado viariamente en el lado francés. No hemos presentado ninguna enmienda transaccional porque en esta cuestión tenemos que ir juntos con una enorme presión frente a la Comunidad Europea y al Estado francés para que algún día se haga
realidad. Le diré más, lo defendemos sin ambages desde nuestra postura de partido catalán, comprometido con un proyecto de eurorregión situado al sur y al norte de los Pirineos, un proyecto que, en definitiva, fue lo que en su día constituyó los
reinos de la Corona de Aragón y que hoy día está impulsado, sobre todo, por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pascual Maragall. Sin esta travesía central de los Pirineos, la eurorregión tampoco puede funcionar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Señor Becana, enmiendas que usted acepta o rechaza, por favor.
El señor BECANA SANAHUJA: Señor presidente, como he dicho en la tribuna, aceptamos las enmiendas de Izquierda Verde, la enmienda que mantiene Convergència i Unió -la otra la ha retirado-, la de Chunta Aragonesista, las dos enmiendas del
Partido Nacionalista Vasco y no aceptamos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego ni la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS COOFICIALES EN EL ÁMBITO PROPIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000439.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos. Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la exigencia del conocimiento de las lenguas cooficiales en el ámbito propio de la Administración del Estado. Para la defensa
de la proposición no de ley, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace apenas un mes tuve el honor de defender una proposición no de ley de mi grupo en la que reiterábamos, como haremos hoy, la riqueza lingüística de nuestro país en el marco de la Constitución. Utilizamos argumentos y razones;
se nos contestó a la manera que lo hacen quienes no tienen ni argumentos ni razones; se nos respondió con descalificaciones sin más. Les formulo una pregunta. ¿Van a hacerlo hoy también, señorías? (Un señor diputado: Depende.) Si lo hacen, lo
harán por pedir a la Cámara que garantice la igualdad de los españoles, por pedir a la Cámara el cumplimiento de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y deberes lingüísticos en la Función pública del Estado; lo harán por pedir que el
Congreso manifieste su rechazo a cualquier reforma que por la puerta de atrás intente establecer la obligatoriedad del conocimiento de una lengua distinta a la oficial en todo el territorio nacional para acceder a la Función pública. Señorías, debo
recordar a la Cámara que el constituyente rechazó -insisto, rechazó- una enmienda para que se reconociera el deber de conocer las lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas y, a pesar de esto, se ha introducido en la propuesta de
reforma del nuevo Estatut de Catalunya. No estoy dando una opinión, estoy describiendo que el constituyente dijo no donde ahora dicen sí y lo hacen sin reforma de la Constitución, de espaldas a los ciudadanos. Señorías, sinceramente, hacerlo así
es el peor ingrediente para ganar el futuro y, sin duda, es el mejor ingrediente para perder nuestro futuro. En nuestro modelo de Estado, el modelo en el que hay una sola nación, una comunidad autónoma no puede fijar los requisitos de manera
unilateral para la obtención o conservación en su territorio de una plaza de funcionario en la Administración del Estado. Señorías, conocer la lengua cooficial de una comunidad autónoma es un valor, nadie tiene que convencerme de ello. Yo tengo
como lengua materna la lengua catalana y es un valor muy preciado, pero ese valor no puede convertirse en ningún caso en una traba, en una limitación, en una discriminación injustificable para que cualquier ciudadano pueda optar en igualdad de
condiciones a una plaza en la Administración del Estado. En relación con un poder del Estado como la Administración de Justicia, el Estatut establece que para acceder a dicha Administración se requerirá un mérito determinante. He de reconocer que
no es un mal eufemismo, pero eufemismo, al fin y al cabo, para establecer trabas y limitaciones. Y me dirijo a la bancada socialista: serán ustedes, precisamente los socialistas, quienes harán realidad aquello de lo que hablaba Orwell en su
Rebelión en la granja. Todos los españoles serán ciudadanos iguales, pero habrá en España unos ciudadanos que serán más iguales que otros, porque los ciudadanos de Cataluña podrán optar a plazas de empleo público en otros lugares de España sin que
se exija en este caso el conocimiento de otra lengua distinta de la oficial reconocida en todo el territorio nacional, pero los ciudadanos de Canarias, de Andalucía o de La Rioja no podrán hacerlo en igualdad de condiciones. Señorías, se lo digo
con toda serenidad, sin ninguna crispación, con todo respeto pero también con toda claridad, esto supone una ruptura de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público y también supone otra cosa, es una de las patas
en las que se asienta el cierre por derribo, el cierre por expulsión de la Administración del Estado en Cataluña. Es a eso, señorías, a lo que nos referimos en el punto 1 de nuestra proposición no de ley. En el punto 2 decimos un sí claro y
rotundo al impulso, a la promoción, a la extensión en el uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que tenemos la suerte de tener dos lenguas. Por eso vamos a seguir trabajando por la riqueza lingüística de España, por la
pluralidad desde, por y para la libertad, sin imposiciones ni deberes añadidos que no se encuentran en la Constitución. Por esa razón, señorías, instamos al Gobierno a que facilite a todos aquellos funcionarios de la Administración del Estado que
lo deseen el aprendizaje de la lengua cooficial cuando ejerzan su responsabilidad en una comunidad autónoma que tenga precisamente esa suerte. Se trata de medidas de impulso, de dinamización que ayuden a superar inercias de funcionamiento cuando
limitan precisamente la efectividad de esa cooficialidad. Es más, no estamos pidiendo nada que no hubiéramos hecho nosotros. El Gobierno del Partido Popular envió a esta Cámara en 1999 el estatuto básico de la Función pública. Les voy a leer
literalmente lo que mandó: las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias deberán prever que el personal seleccionado
escuchen, señorías, seleccionado- esté debidamente capacitado para cubrir los puestos de trabajo o la realización de funciones que requieran el conocimiento de dos lenguas oficiales. A este artículo se refirió el ministro Sevilla y vino a
decir que el Gobierno del Partido Popular ya había introducido el deber de los funcionarios de conocer las lenguas cooficiales. El ministro hizo trampa y lo sabía, pues lo que se hizo entonces no fue más, pero tampoco menos, que establecer el modo
en que el personal seleccionado, señorías, el que ya había obtenido plaza, pudiera aprender la lengua cooficial con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, que en definitiva es lo que debe orientar cualquier actuación política. Por
tanto, señorías, de obligatoriedad, nada; de imposición, tampoco; de mérito determinante, mucho menos; de defensa de la igualdad de los ciudadanos, todo; de defensa de la pluralidad que se asienta sobre aquello que nos une, sobre aquello que nos
puede seguir uniendo todavía más que es nuestra Constitución, todo; sobre este todo es para lo que pido el voto del Grupo Socialista a esta proposición no de ley. Los socialistas tienen que dejar el sustantivo nacionalista que se han adjudicado en
esta tramitación del Estatuto. Recuperen ustedes el sustantivo socialista y defiendan la igualdad de los españoles.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nadal.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en primer lugar, Esquerra Republicana. Señor Tardá, por favor.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el Estado español fue de los primeros en firmar la Carta Europea de las Lenguas Regionales en el año 1992, aun cuando su rectificación, como bien saben, es del año 2001 y, como también
saben, se trata de un documento que tiene naturaleza de tratado internacional. El artículo 10 de la Carta plantea el compromiso de garantizar que las autoridades administrativas usen las lenguas regionales, así como que los hablantes de las lenguas
regionales puedan comunicarse, oralmente o por escrito, con la Administración. El mismo punto deja claro que para poder realizar lo mandatado deben existir servicios de traducción y fomentar la formación de los funcionarios; pero de esto nada.
Hoy mismo pueden escuchar cómo el portavoz oficial de la Policía española en Barcelona se dirige a los medios de comunicación usando exclusivamente la lengua castellana. Hablamos del portavoz, imagínense el pobre ciudadano que entra en una
comisaría de la Policía española y pretende hacer una declaración o una denuncia en lengua catalana; posiblemente será humillado, repito, posiblemente será humillado. Esta es la realidad en Barcelona, imagínense en Valencia, en Palma de Mallorca o
imagínense un ciudadano español en una comisaría española de la ciudad de Melilla intentando hacer la declaración en lengua tamazig. El Observatorio de la Lengua Catalana ha denunciado gravísimas carencias en lo que se refiere a la selección de
funcionarios y empleados públicos en relación con el territorio en el que deben ejercer. De manera que estamos hablando de unas profundas deslealtades -ya históricas- respecto a aquello que mandata la Constitución española al hablar de la necesidad
de fomentar todas las lenguas del Estado español. Si realmente se pretende salvar las lenguas minoritarias -repito, salvarlas- hay que profundizar en la autoestima de estos hablantes. La mejor manera de hacerlo es reconocer el derecho a poder
comunicarse con la Administración y que exista una disponibilidad lingüística por parte de la Administración para que vivir utilizando cualquiera de las lenguas del Estado sea posible en igualdad de condiciones.
Puesto que no hay tiempo, voy a pasar por alto un conjunto de sentencias del Tribunal Constitucional que han dado la razón a las comunidades autónomas respecto a la provisión de puestos de trabajo relacionados con la lengua en la
Administración pública que ha sido desoído por la Administración General del Estado. Estamos hablando de un número suficiente de fallos del Tribunal Constitucional. ¿Qué pedimos? Pedimos al grupo proponente que acepte nuestra enmienda a la
totalidad, que la presentamos como enmienda de sustitución. Tendrán oportunidad de apuntarse a la modernidad que a nivel lingüístico significa la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, sea cual fuere su lengua materna, entendiendo por
lenguas oficiales aquellas que también lo son en algún territorio del actual Estado español, y hay que garantizar estos derechos. La próxima semana Esquerra Republicana de Catalunya presentará una proposición de ley que pretende fomentar el uso de
las lenguas distintas a la española, a fin de que de una vez por todas la Administración del Estado español sea realmente plurilingüe. Podríamos hacer una larga lista de deslealtades, pero solo voy a mencionar dos.
Una, no deja de ser curioso que
solo en los dos últimos ejercicios presupuestarios se hayan incluido partidas para el fomento de la lengua catalana, y fíjense que ya ha habido presupuestos en la etapa democrática desde el año 1977. Segunda, me quiero referir a la tristeza que nos
provocó la aprobación del Estatuto del País Valencià que consagra el secesionismo lingüístico.
Termino, señor presidente, anunciando la presentación de una proposición de ley y diciéndole al Grupo Popular que, de la misma manera que la sociedad alemana hizo a partir de los años cincuenta un ejercicio de desnazificación y
desprusianización, ya es hora de que se alejen no solo del franquismo, sino de que hagan un ejercicio de descastellanización, ya que el Estado español actual no es solamente Castilla, y el castellano no es su única lengua.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Me parece muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.
Volvemos de nuevo a estar frente a una iniciativa que no tiene como objetivo la mejora de vida de los ciudadanos, el impulso de políticas gubernamentales o la propuesta de acciones concretas. Me parece una proposición no de ley insólita,
pero todos sabemos de lo que estamos discutiendo aquí y contra qué se ha escrito esta proposición no de ley: contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo paradójico del caso es que esta proposición no critica lo que regula el nuevo proyecto de
Estatuto, ni siquiera la legislación autonómica existente, sino que en realidad cuestiona la regulación estatal vigente. Más allá de la Constitución, a la que me referiré más adelante, me permito citar cuatro normas, la primera de las cuales la ha
mencionado ya la señora Nadal: la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública, donde se nos dice que los funcionarios deberán estar debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen
de dos lenguas oficiales. La segunda, la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, donde se reconoce que el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. La
tercera, el Real Decreto 772/1999, cuyo artículo 10 reconoce el derecho de poder presentar en cualquiera de las lenguas cooficiales solicitudes, escritos, comunicaciones, o documentos.
Finalmente, la Carta europea de las lenguas regionales y
minoritarias, ratificada en el 2001, con el Gobierno del Partido Popular, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, de obligado cumplimiento. En todas estas normas se están garantizando y protegiendo derechos de los ciudadanos,
entre ellos el derecho lingüístico a usar la lengua que elijan en sus relaciones con las administraciones públicas situadas en comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Aún hoy no se cumple en muchos casos, cierto, pero es la lengua cooficial
distinta del castellano la que sufre discriminación. Por otra parte, la proposición no de ley que hoy discutimos se centra en hablar de los funcionarios del Estado, en otras palabras, de servicio público y de Administración pública. ¿Qué
concepción tienen, señorías del Grupo Popular, de la Administración pública? Supongo que la que constitucionalmente se establece. El artículo 103 de la Constitución dice: 'La Administración pública sirve con objetividad los intereses
generales...' Es claro que la concepción que consagra nuestra Constitución es que la Administración está al servicio de los ciudadanos y tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, todos los derechos, también los lingüísticos. A lo mejor
es que ustedes piensan que son los ciudadanos los que deben garantizar los derechos de las administraciones. En la misma dirección va la Ley 30/1992 cuyo preámbulo destaca que la Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración
puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos. El artículo 3.2 de la Constitución nos dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Son precisamente los
estatutos de autonomía los que deben regular y recoger el pluralismo lingüístico.
Tal como nos dice el Tribunal Constitucional, la consecuente cooficialidad lo es respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin
exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales, sentencia del Tribunal Constitucional 82/86, fundamento jurídico 2.
A nuestro entender, la opinión de que el conocimiento de una lengua oficial supone una discriminación para el funcionario, es errónea. El objetivo de un proceso de selección ha de ser que el funcionario sea apto para desarrollar las
funciones propias de su lugar de trabajo, hecho que no se puede desligar de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función pública. Pero es que el mérito y la capacidad no son una cuestión abstracta, sino concreta y
relacionada en cada caso con el puesto que se ocupa. En este sentido, es fundamental la jurisprudencia marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio de proporcionalidad que ahora, lamentablemente, no tengo tiempo de
desarrollar. Pero de lo que tenemos que hablar es de los derechos de los ciudadanos. La Administración pública y los servidores públicos están, como decíamos, para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. La Función pública
está al servicio de los ciudadanos y no de los funcionarios. Usted nos ha hablado solo de derechos de los funcionarios, de la igualdad de los funcionarios. Yo le hablo de la igualdad y de la libertad de los ciudadanos. Hay una sentencia del
Tribunal Constitucional, la número 46/91, que reconoce que el conocimiento del catalán no es contrario a los principios constitucionales de mérito y capacidad que rigen el acceso en condiciones de igualdad a la Función pública. Antes al contrario,
se considera que el conocimiento de la lengua hace posible que el servicio público se pueda prestar en condiciones de igualdad para los administrados. La cooficialidad debe ser efectiva y, por tanto, tiene que haber garantía de que tanto el
castellano como el catalán son lenguas que se puedan usar frente a las administraciones públicas. Las deformaciones que se están construyendo alrededor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, haciéndole decir cosas que no dice, no sé
exactamente hacia donde nos conducen. El Grupo Parlamentario Socialista va a seguir defendiendo la libertad individual en el uso de la lengua que elija cada ciudadano, frente a las administraciones públicas con sede en comunidades autónomas con
lengua cooficial. Esta es nuestra propuesta. Para garantizar el derecho a elegir de los ciudadanos, el conocimiento de las dos lenguas por parte de los funcionarios es imprescindible. Cuando hablamos de conocimiento no estamos
diciendo que en todos los casos se tenga que hablar y escribir perfectamente el catalán, sino que la persona que quiera utilizar esta lengua la pueda usar y no se esgrima el argumento de que el funcionario no la entiende. Después de su
intervención, señora Nadal...
El señor PRESIDENTE: Señora Batet, ya ha consumido S.S. el minuto de cortesía.
La señora BATET LAMAÑA: Acabo rápidamente. Le puedo decir que he oído mucha política pero poco derecho. De lo que estamos hablando hoy aquí es de servicio público en un Estado de derecho. Reconozcan al menos con claridad que lo que están
defendiendo es una posición de carácter político y no jurídico. Si ustedes creen con Carl Smith que lo jurídico y lo político son cuestiones indisociables, no les puedo negar el valor de su intervención. En este extremo en el que hablamos de
servicio público y de Administración pública, lo político y lo jurídico no deben confundirse...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Bartet, concluya por favor.
La señora BARTET LAMAÑA: Y aquí los razonamientos jurídicos avalan las tesis que he expuesto. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Les recuerdo que por decisión de Junta de Portavoces, los tiempos de la proposición no de ley están tasados a siete y cinco minutos, y siempre se concede un minuto de cortesía para concluir. Pero, por favor,
no más porque, si no, no tiene ningún sentido reducir los tiempos.
En turno de fijación de posición, en primer lugar, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para el Bloque Nacionalista Galego no es una sorpresa, pero resulta llamativo que se hable de vulneración de derechos de los ciudadanos, cuando lo que se pide en esta proposición no de ley es vulnerar los derechos humanos, en concreto, los
derechos lingüísticos de muchos ciudadanos y de los pueblos. Recuerdo a la portavoz del Partido Popular que no otra cosa intentamos hacer en este Parlamento cuando, el 20 de diciembre de 2005, unánimemente la Comisión de Cultura aprobó una
proposición no de ley con el fin de que se cumpliese la Carta europea de las lenguas minoritarias, proposición que insta al Gobierno a asegurar la aplicación de las medidas que garanticen de la utilización de las lenguas minoritarias en los procesos
civiles, penales y contencioso-administrativos; la validez de los documentos jurídicos elaborados por el Estado redactados en una lengua minoritaria; así como que sus autoridades administrativas -las del Estado- empleen -no decíamos conozcan, sino
empleen- las lenguas minoritarias en sus territorios, poner a disposición de la población formularios y textos administrativos de uso frecuente en estas lenguas y permitir que se redacten documentos en ellas desde la Administración, tal y como se
establece en el artículo 10 de la Carta. Difícilmente se puede velar por que se utilicen las lenguas minoritarias en todos los procesos judiciales si la Administración de Justicia no tiene el deber del conocimiento de esas lenguas.
Nos llama la atención el empecinamiento en hacer una lectura del artículo 3 de la Constitución española, de la cual se deriva que la cooficialidad de los idiomas, incluidos los territorios que tienen otra lengua propia, es únicamente
aplicable al castellano; las otras lenguas, por este vaciado de contenido de lo que significa la cooficialidad, serían discrecionales o de objeción de conciencia, pero no tendrían nunca esta categoría de cooficialidad. Le recuerdo también a la
señora portavoz que en el país en el que vivo, si hay alguna imposición es la del castellano, que está logrando la sustitución paulatina e inexorable del gallego como lengua de la sociedad de nuestro país. Si a usted le parece que este proceso es
democrático y respetuoso con los derechos humanos, es una opinión que debería ratificar a la luz de los acontecimientos y de la dialéctica lingüística que se da en Galicia. Por otra parte, hay una confusión que me gustaría que reconsiderasen. La
confusión entre los derechos de los ciudadanos, que es la libertad de escoger una lengua en relación con la Administración, con aplicar esta misma libertad a la Administración pública. Para que los ciudadanos puedan elegir con libertad la
Administración pública tiene el deber de no discriminar a nadie y en los territorios con dos lenguas tiene que estar al servicio de las dos lenguas por igual. Es lo único que se está pidiendo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo que
deseamos que ocurra en nuestros tribunales, en nuestra Administración de justicia, en nuestros notarios y en nuestros registros los que tenemos lengua propia. Yo le aseguro que no hay cooficialidad posible si la Administración de Justicia, que es
la que tiene el primer deber de ampararnos a todos, puede portarse de manera totalmente insensible, indiferente, discriminatoria o discrecional con los hablantes de una determinada lengua; en mi país, desde luego, con el gallego siempre, por
definición y se lo puedo asegurar con experiencias personales muy dolorosas.
Por último, si consideran que los funcionarios del Estado no deben tener como mérito conocer una lengua y ser capaces de hablarla, creo que tienen una concepción de los funcionarios no como servidores públicos sino como personas que pueden
imponer desde la prepotencia, la jerarquía y la desconsideración. Por cierto, prepotencia, jerarquía y desconsideración que se nota mucho en el comportamiento de algunos miembros del órgano del Poder Judicial, no ya con los ciudadanos de a pie sino
con otros miembros del Poder Judicial. Así lo expresaba uno de los magistrados que forman parte de este órgano superior del Estado, que en vez de en un órgano de protección de los derechos ciudadanos se está
convirtiendo en un órgano de asentamiento de una determinada concepción de España totalmente inquisitorial, totalmente impositiva y totalmente antidemocrática. De esto estamos hablando: o democratizamos la Administración al servicio de los
ciudadanos o seguiremos estando en un Estado predemocrático; no digo preconstitucional, porque constituciones hay para todos los gustos, pero democracia no hay más que una.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa se tomó en consideración el 1 de junio de 2004, se debatirá en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo plazo de enmiendas está abierto y les invito a que presenten las que correspondan; y ayer se debatió en la
Comisión Constitucional en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Merecía, además, una proposición no de ley? ¡Cuántas veces vamos a tener que discutir esta cuestión! ¡Cuántas veces nos van a traer aquí este asunto para que volvamos a exponer
nuestros criterios! ¿Creen que nos van a convencer? A lo mejor piensan que, si lo debatimos tantas veces, en una de ellas nos convencen. Creo que no, señorías del Partido Popular. Quiero decirle a la portavoz del Grupo Socialista que en su
intervención parece que está defendiendo el requisito lingüístico stricto sensu y no como ha sido aprobado en el Estatuto de Cataluña y como quiere aprobarlo el Ministerio de Justicia.
Sus argumentos sirven para otra configuración mucho más
avanzada que la que está defendiendo su grupo parlamentario.
Entrando en el contenido de la iniciativa, la exposición de motivos dice: La negociación de la reforma del Estatuto catalán está generando una gran alarma en la sociedad española. Es que ustedes se están esforzando.
Debería decir:
Estamos intentando que la reforma del Estatuto genere una gran alarma en la sociedad española, lo cual sería muchísimo más adecuado. Prueba de ello es esta proposición no de ley que genera más alarma de lo que se está tratando en el Estatuto de
Cataluña. Eso sí, su catastrofismo, aquello de que España se rompe, España se acaba, les pasará factura a la larga, porque como España ni se rompe ni se acaba, al final la gente se cansará de escuchar un mismo discurso y les pasará factura porque
no pasará aquello que están pronosticando.
Siguiendo con el contenido de la iniciativa, es curiosa la interpretación que hacen de la Constitución española. Me remito al artículo 36 de la Ley 30/1992 y me pregunto si, según su interpretación, es contrario a la Constitución porque,
¿cómo se traduce en la realidad? El precepto establece que los interesados se pueden dirigir a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma y pueden utilizar también la lengua que sea
cooficial en ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué el interesado se dirige a la Administración en la lengua cooficial, pero nunca le contestan en ella? ¿No hace falta? ¿No existe posibilidad? ¿Es totalmente inconstitucional?. Creo que más bien sucede lo
contrario. Ustedes apoyaron este artículo de la Ley 30/1992.
Por tanto, no se entiende que ahora defiendan lo contrario. Incluso en la Administración de Justicia, que es un pilar fundamental de la democracia, es mucho más importante que el
usuario pueda hacer uso de esa lengua cooficial. Le podría contar innumerables casos en los que, en el País Valenciano, los testigos, los clientes que van a defender sus demandas cuando pueden intervenir en un proceso contencioso, piden utilizar la
lengua cooficial, pero se encuentran con que nunca les contestan en ella.
Eso debe cambiar para que sean ciudadanos iguales a los que utilizan el castellano porque tenemos una lengua habitual, una lengua materna, que está reconocida oficialmente y
tenemos derecho a usarla en todos los ámbitos de la Administración, incluida la Administración de Justicia. Me pregunto: si no se fomenta el uso de las lenguas cooficiales en la Administración, ¿qué significa para ustedes una lengua cooficial? A
lo mejor que no esté prohibida, como en tiempos de Franco. Piensan que para eso es una lengua cooficial, que así se recoge en la Constitución y ya está; que basta con que no se persiga a quienes la utilizan. Señorías, es evidente que hay que
avanzar en derechos, pero es evidente también que deben avanzar en democracia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
A nuestro grupo le resulta llamativo y sorprendente que se traiga a la Cámara esta proposición no de ley -sobre todo si se lee su punto primero-, teniendo en cuenta que el Estatuto catalán está en pleno proceso de aprobación. Resultaría
adecuado defender en la Comisión -creo que lo están haciendo- esos puntos y no intentar abrir otras vías que procesalmente no proceden. No nos vengan con loas a la riqueza lingüística y con la maravillosa suerte que tenemos aquellas personas que
conocemos más de una lengua, etcétera. No nos vengan con loas, porque no nos lo creemos. Lo que piden no es la igualdad de los españoles. No digan que votando a favor de esto se consigue la igualdad de los españoles. Lo que buscan precisamente
es mantener la desigualdad, mantener la tiranía de los monolingües y convertir en ciudadanos de segunda -o mantenerlos- a aquellas personas que tienen como lengua habitual otra distinta del castellano. Ustedes entienden la legislación como un
instrumento al servicio de los funcionarios y no de los ciudadanos, que es como debería ser. Están pensando más en qué le puede ocurrir al funcionario correspondiente que en el servicio que se puede prestar al
ciudadano. Ni a mí ni a mi grupo nos extraña porque los anteriores gobiernos del PP han demostrado que se puede utilizar políticamente -y a veces se hace- a los funcionarios como un instrumento beligerante para el reforzamiento del Estado
frente a los poderes autonómicos.
Afirmar, como se hace en la exposición de motivos, que son numerosos los aspectos de la reforma del Estatuto de Cataluña que vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos, es falso. Lo que sucede, si no se reforma determinada
legislación, es que existirá una vulneración de la debida lealtad hacia los ciudadanos de una comunidad autónoma que debería tener el Estado, como ha sucedido durante muchos años. No nos digan que se está infringiendo la Constitución porque se
obliga a determinados funcionarios a conocer un idioma. Yo, desde luego, no encuentro ese requisito en la Constitución cuando se habla de lenguas oficiales -el castellano- y se dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Tampoco el artículo 103 de la Carta Magna, que se refiere a la Administración pública, dice absolutamente nada. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional
interpreta la Constitución, pero no solo el texto de la Constitución, sino el denominado bloque de constitucionalidad, y ese bloque es la Constitución junto con los respectivos estatutos. A partir de un entendimiento conjunto tendrá que
interpretarlo. Por lo tanto, es perfectamente posible y jurídicamente impecable que se reforme un estatuto con las técnicas establecidas en el ordenamiento jurídico y que, a partir de ahí, ese bloque de constitucionalidad tome la dirección política
que le haya querido dar este mismo Parlamento y la ciudadanía, que lo ratificará en su momento.
Después será el Tribunal Constitucional el que tendrá que interpretar. Se pueden hacer modificaciones en el bloque constitucional a través del Estatuto
y, desde luego, la Constitución no impide la exigencia de conocimiento lingüístico a los funcionarios. ¿Por qué se empeñan en decir que el conocimiento de una lengua repercutirá en una peor calidad de la Función pública? ¿Es que los que conocen
dos o tres idiomas son más tontos que los que solo conocen uno? ¿Van a estar peor preparados? ¿No va a haber suficiente gente bien preparada como para cubrir las plazas que se necesiten? ¡Claro que sí!. Le diré más, aquellas personas que sean
monolingües y estén bien preparadas, si son tan buenos, no van a tener dificultades, si lo desean, para acceder al conocimiento de un idioma y sacar esas plazas. Lo que demostrarán, si no es así, es que no tienen voluntad alguna. Para eso, mejor
que no se dediquen a la Función pública.
Por último, no nos digan que se van a utilizar criterios distintos del mérito y capacidad. No; se van a utilizar absolutamente los mismos, como ahora también se consideran algunos requisitos condición indispensable para acceder a
determinados puestos de trabajo. Puede haber un puesto de trabajo con exigencias tales como una titulación, unos determinados conocimientos y por qué no un idioma. Por poner un ejemplo, no pondrán a un guía turístico que solo conozca el castellano
y que tenga que atender a turistas que vengan de Inglaterra. Unos ciudadanos tienen derecho a utilizar su idioma, un idioma oficial, ante la Administración en todas sus vertientes y es a los ciudadanos a quienes hay que dar satisfacción.
En el
requisito para acceder a ese puesto puede ser perfectamente condición el conocimiento de una lengua, como lo es para otros puestos que a ustedes no les causan problemas. No nos digan que la igualdad de las condiciones se rompe. No; habrá igualdad
entre todos aquellos que se presenten a ese puesto de funcionario y reúnan los requisitos para cumplir ese trabajo con garantías. No se rompe ni la igualdad ni el mérito ni la capacidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, fíjese en el tiempo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Atendiendo al requerimiento del presidente y como ya he dicho todo lo que tenía que decir, solo me resta añadir que vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Finalmente, Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió va a votar que no a esta proposición no de ley, pero nos gustaría no tener que hacerlo porque retiraran esta iniciativa. Deberían retirarla, señora Nadal, porque es una regresión ante lo que ha sido hasta ahora
el régimen lingüístico en la Administración General del Estado. Ustedes vienen aquí y se atreven a presentar una proposición no de ley que ofende y vulnera la pluralidad lingüística. ¿Sabe qué es esto? El efecto cangrejo: No fomentar, no
impulsar, ir hacia atrás; es una regresión. Veamos por qué. ¿Cómo puede ser que la señora Nadal, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, presente una proposición no de ley con el enunciado que pretende que votemos? Dice, al final, que está
bien que la Administración impulse el conocimiento de la lengua cooficial para sus funcionarios en el territorio de la comunidad autónoma, pero nadie ha citado hasta ahora una frase significativa de esta iniciativa, que señala: En ningún caso este
aprendizaje podrá suponer una merma o desventaja de ningún tipo para todos aquellos funcionarios que en el ejercicio de su libertad opten por no hacerlo. ¿Estamos hablando de funcionarios de una comunidad autónoma que tiene lengua oficial propia
distinta del castellano que ni siquiera asisten a un curso para el aprendizaje de la lengua, que deben conocer para dar servicio público a los ciudadanos de aquella comunidad autónoma que tienen el derecho a elegirla cuando actúan ante esta
Administración?.
No; si no
quieren, que no lo hagan en ningún caso. Por tanto, si según ustedes no puede suponer ni una merma ni una desventaja, no puede ser ni tan siquiera un mérito el conocimiento de la lengua, porque si fuera un mérito, ya sería una ventaja para
quien lo tiene. Qué lejos queda el compromiso del señor Rajoy cuando gobernaba y era ministro de Administraciones Públicas y presentó el proyecto de ley del estatuto básico de la Función Pública, en el cual, de manera precisa, se quería potenciar
el conocimiento de la lengua propia por los funcionarios de la Administración General del Estado. Lo defendió el señor Rajoy en su día y lo negoció con los grupos nacionalistas presentes en aquel momento en las Cortes Generales. ¿Cómo ahora pueden
ustedes decir: Cuidado, siempre que opten por hacerlo, no vaya a ser que...? ¿Cómo que opten? Evidentemente, en cualquier concurso, en cualquier provisión, quien conozca la lengua oficial propia ha de tener, en el ámbito de la Administración
General del Estado, una situación de ventaja sobre aquel funcionario que no la conozca, y esto ya está establecido incluso en los reglamentos de provisión. Por tanto, lo que proponen ustedes hoy es una regresión.
Además, es una ofensa -está aquí
el ministro de Administraciones Públicas- a los funcionarios de la Administración General del Estado.
Usted ha dicho: si se aplica tal como se está intentando aplicar, será el cierre por derribo, el cierre por expulsión de la Administración
General del Estado en Cataluña. ¿Está diciendo usted que la Administración General del Estado cierra por derribo, que cierra por expulsión, por el hecho de que quienes prestan sus servicios en Cataluña no conocen la lengua propia de Cataluña y, por
tanto, que si se exige su conocimiento se deberá cerrar por expulsión, por derribo? (La señora Nadal i Aymerich pronuncia palabras que no se perciben.) Es lo que ha dicho usted, señora Nadal; está en el 'Diario de Sesiones'. A nuestro grupo esto
le causa tristeza, le causa decepción por ese efecto cangrejo: vamos para atrás, incumplimos los compromisos que había asumido el propio Rajoy cuando era ministro de Administraciones Públicas. Damos un mensaje muy negativo hacia los funcionarios
públicos en Cataluña, hacia ese servicio público que todos debemos garantizar.
Por último, ustedes están llevando a cabo una cruzada contra el Estatuto por tierra, mar y aire, y no les basta haber presentado votos particulares esta semana en la Comisión Constitucional -están en su derecho y tienen legitimidad para
hacerlo-, donde ya se ha debatido este asunto esta semana. Ustedes aprovechan cualquier ocasión para sacar el Estatuto, para exponerlo ante esta Cámara y hacernos vetar una proposición no de ley que lamento muchísimo que hoy se discuta porque es
una regresión, porque vamos hacia atrás, porque en ningún caso respeta -y termino ya, señor presidente-, lo que prevé el artículo 3 de la Constitución. ¿Qué prevé el artículo 3? Prevé que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La Constitución hace una remisión, y la oficialidad (La señora Nadal i Aymerich pronuncia palabras que no se perciben.) de cada lengua en cada comunidad autónoma que la tenga se
regulará de acuerdo con su Estatuto. Por tanto, no hagamos aquí un discurso tremendista que obedece a una cruzada contra el Estatuto y que, como es evidente, mi grupo no comparte y, sobre todo, lamenta.
El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, puede exponer su punto de vista respecto a las enmiendas presentadas por Esquerra y por el Grupo Socialista.
La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.
No podemos aceptar la enmienda de Esquerra Republicana. Su propio representante ha dicho que lo que defienden es su ley de lenguas, que ya presentará, y que no compartimos en absoluto. Por lo tanto, no podemos aceptarla.
Tampoco podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque vemos -y lo lamentamos profundamente- que ha abandonado la defensa de la igualdad de todos los españoles (Protestas.), que es lo que refleja su enmienda.
Por tanto, no podemos
aceptarla.
El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, gracias. Ya hemos entendido cuál es la posición.
Pasamos a las votaciones, que van a ser dos. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conexiones transfronterizas, que se vota con las enmiendas añadidas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del Grupo Parlamentario Mixto, la primera del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y dos presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 182; en contra, uno; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la exigencia del conocimiento de las lenguas cooficiales en el ámbito propio de la Administración del Estado. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 128; en contra, 182; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PREVÉ ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y
VIARIAS A SU PASO POR LAS COMARCAS DE GIRONA. (Número de expediente 173/000119.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas de carácter general que prevé adoptar el
Gobierno para minimizar el impacto territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y viarias a su paso por las comarcas de Girona. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, les recuerdo que el Pleno continúa, de forma que si desean abandonar el hemiciclo les ruego que lo hagan con rapidez y en silencio. (Rumores.) Señorías, por favor, vuelvo a
solicitarles que si desean abandonar el hemiciclo lo hagan con rapidez y en silencio, porque hay en la tribuna un compañero suyo que pretende defender una moción.
Señor Xuclà, su turno.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías -muchos de ustedes aún están presentes en la sala, y les quedo muy agradecido por su presencia, dicho sea de paso-, intervengo para presentar esta moción consecuencia de interpelación después del debate que mantuvimos con la
ministra de Fomento hace 15 días, una moción justo en el meridiano de la legislatura, que pretende hacer un repaso -sobre todo el debate de hace 15 días-, del estado de las inversiones y de las obras de titularidad estatal en la demarcación de
Girona. Como bien saben SS.SS. y les decía hace 15 días, la demarcación de Girona tiene un déficit, una deuda histórica en materia de inversión, en materia de infraestructuras del Estado. Hace 15 días, con más tiempo, les aportaba algunos datos
muy concretos. Es un déficit histórico que se está cancelando parcialmente, que está bien encarrilado, y creo que hago honor a la verdad si digo que se resolvió parcialmente de forma satisfactoria en aquellas épocas y en el presente, en que el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tuvo y quiere tener un papel decisivo política, argumental y aritméticamente, en la política española.
Señorías, estoy pensando en el impulso definitivo a la construcción de la A-26 que, por cierto, nos parece insuficiente, y al final de mi intervención haré referencia a ello. Señorías, estoy pensando en los primeros pasos que se han dado y
que continúan en la construcción de la autovía que tiene que conectar desde la Junquera hasta la Tordera, de norte a sur, la autovía A-2. Hace dos semanas, en el momento de la interpelación decía: Deberíamos poder decir que estamos al principio
del fin de esta deuda histórica. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió considera que el ritmo actual de construcción de infraestructuras del Estado en la demarcación de Girona es y continúa siendo insuficiente, es y continúa siendo
tributario de una vieja tradición y de una tradición de otros ministros de hacer pequeñas entregas, mini entregas, de cinco en cinco kilómetros. Nos falta aún un impulso más global y más definitivo. En obras públicas se podrían hacer más cosas al
mismo tiempo. Pero también decía hace 15 días -y quiero repetirlo hoy en el momento de la presentación de esta moción consecuencia de interpelación- que tanto como queremos que se hagan estas obras queremos que se ejecuten y se realicen con el
cuidado medioambiental debido y con el mínimo impacto social negativo posible. Si me permiten un ejemplo concreto, les diré que no se pueden hacer las obras tal y como se están realizando en estos momentos, por ejemplo, en el municipio de Pont de
Molins.
Estamos resolviendo positivamente algunos de estos aspectos y estamos preocupados de manera especial por resolver positivamente el trazado de alta velocidad a su paso por las comarcas de Girona en el tramo ahora pendiente en la fase de
redacción del proyecto constructivo en las comarcas del Plà de L'Estany y del Alt Empordà, en el tramo entre Girona y Figueras, en el marco de dos comarcas con un especial valor medioambiental, con un especial valor paisajístico para sus habitantes,
pero que, dicho sea de paso, también es una zona con un alto atractivo de carácter turístico.
Queremos que se hagan estas obras. Sí, pero también queremos que se hagan bien, por eso en el segundo punto de esta moción instamos al Gobierno a tomar en consideración y a valorar las propuestas formuladas por las administraciones locales
de la demarcación de Girona con el fin de minimizar la afectación medioambiental y social de esta nueva y necesaria infraestructura. Señorías, no se han escuchado suficientemente las muy razonables propuestas de ayuntamientos, de la diputación de
Girona y del Cilma, que aúna los esfuerzos de los ayuntamientos y de la diputación de Girona.
Hasta aquí el cómo de esta obra, pero también estamos muy interesados en el cuándo de su ejecución y en el cuándo de la llegada de la alta velocidad a la frontera francesa. Hace más de veinte años que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) plantea en el debate político y en esta Cámara la necesidad de la llegada de la alta velocidad de la conexión con Francia, lo que quiere decir con el resto de Europa, y necesitamos un calendario claro, concreto y ejecutable.
Fue muy
relevante, y quiero destacar su transcendencia, lo que expresó la ministra hace 15 días en el debate en el cual se comprometió a la llegada de la alta velocidad a la frontera francesa en el primer semestre del año 2009.
Pues bien, queremos
que el Pleno del Congreso de los Diputados vote este importante compromiso político expresado por el Gobierno, por la ministra. Le tomamos la palabra, y le recordaremos lo que hoy vamos a votar aquí.
Finalmente, señorías, en el minuto que me queda de intervención, me referiré al tercer punto de esta moción, que hace referencia a la necesidad de ampliar las previsiones del PEIT en cuanto a la construcción de la A-26, autovía que en estos
momentos es pieza importante del eje pirenaico, diseñada para su construcción entre Olot y Figueras. Pues bien, este grupo parlamentario considera la importancia de, dentro de los procedimientos previstos para la reforma del PEIT, incorporar
también el desdoblamiento entre el tramo de Figueras y Llançà, desdoblamiento necesario en tanto en cuanto es un tramo por el cual pasan más de 15.000 vehículos diariamente, más de 20.000 durante la temporada de verano, y es el acceso natural a la
Costa Brava norte.
Sé que hay un amplio consenso entre distintos grupos políticos sobre los dos primeros puntos, y sé que existe alguna discrepancia respecto al tercero. Ruego que se realice votación separada y que se tome en consideración la posibilidad de
votar los dos primeros puntos por una mayoría aún más amplia de esta Cámara. Creo que el resultado final será por una mayoría muy amplia.
Señora presidenta, termino.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, termine.
El señor XUCLÀ I COSTA: Acabo diciendo que consideraremos favorablemente la enmienda planteada por el Grupo Socialista, pues aún compromete más al Gobierno en tanto en cuanto incorpora la expresión 'incorporar', y perdonen la reiteración en
el texto.
Por último, tenemos que decir al Grupo de Esquerra Republicana un par de cosas de forma telegráfica. Primero, de la misma forma que en el ámbito judicial hay cosa juzgada, en el ámbito parlamentario hay cosa votada, y lo que ha hecho el
Grupo de Esquerra Republicana ha sido exactamente coger la literalidad de dos proposiciones no de ley de Convèrgencia i Unió que se sometieron a votación y fueron aprobadas en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para incorporarlas
al el texto del proyecto. En tanto en cuanto esto es cosa juzgada desde el punto de vista conceptual y parlamentario, señor portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, tenga por seguro que nuestro punto de vista es el suyo, pero esto ya ha sido
discutido en este Congreso de los Diputados durante la presente legislatura.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con los grupos enmendantes. Comenzamos con el señor Herrera, que hablará en nombre del Grupo de Izquierda Verde. Tiene usted la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario, como sabe el señor Xuclà, va a votar a favor de los puntos 1 y 2. Las obras de conexión del AVE con la frontera francesa se tienen que realizar antes del año 2009 y, por tanto, es positivo que el compromiso
expresado por la ministra de Fomento la semana pasada se concrete hoy en esta moción y que se vote en el Pleno. Segundo elemento. Lo que tiene que lograr el paso del AVE por las comarcas de Girona es precisamente corregir los errores que se
cometieron en otras comarcas, como, por ejemplo, en la de Tarragona. El ejemplo que usted ponía de Pont de Molins, donde muchos diputados catalanes hemos estado, debería despertar una sensibilidad especial. En consecuencia, vamos a votar a favor
de su segundo punto para que el impacto ambiental de las obras del AVE no sea el que puede acabar siendo y se atiendan las peticiones de las autoridades de las comarcas de Girona.
Como usted sabe, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de supresión, por lo que le pedimos que acepte que votemos los tres puntos, porque el tercero no nos parece idóneo en absoluto. La intensidad media del tráfico en esta
autopista es de menos de 5.000 vehículos diarios, los planes urbanísticos de zonas con especial valor paisajístico y ecológico, como es Port de la Selva o Llançà, no plantean en ningún caso el crecimiento y, en definitiva, es altamente
contradictorio hablar del valor ecológico de una zona y plantear que la única solución para esa zona es triturarla con más autopistas y con más autovías. Para los momentos punta que se dan en verano hay alternativas, pero estas no deben suponer en
ningún caso abrir la A-26 desde Figueras hasta Llançà, todo lo contrario. De hecho, la alternativa que deberíamos plantear iría encaminada a lograr un modelo de movilidad más sostenible y que facilitase un modelo de crecimiento sostenible con un
modelo turístico muy determinado. El modelo turístico de la zona de la que hablamos, de Llançà o de Port de la Selva, no debe ser el de otras zonas del litoral mediterráneo ni -me atrevo a decir- el de otras zonas del litoral catalán e incluso del
litoral de las comarcas de Girona. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra.
No hemos podido hablar con la portavoz socialista sobre la cuestión, pero nos felicitaríamos si, habiendo un consenso sobre los puntos 1 y 2, pudiésemos llegar finalmente a un acuerdo. Iniciativa Verds ve con preocupación que lo que hagamos
ahora sea aprobar el punto 3 y, por tanto, esperaríamos a que se alcanzara un mayor consenso. Si finalmente el punto 3 no prosperase, a nuestro grupo parlamentario le tranquilizaría que el
Congreso no instara al Gobierno a abrir una vía más para triturar, en este caso, otra parte de la Costa Brava. No es nuestro deseo, y nos gustaría que algún día tampoco lo fuese del Grupo de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Señor Puig, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor Xuclà, sería interesante que pudiésemos evitar en este Parlamento que esta moción de hoy se convirtiera en una hoja en blanco. Usted presentó una interpelación al Gobierno sobre infraestructuras en las comarcas de Girona que era
ambiciosa, que tenía contenido, que daba respuesta a los ciudadanos de las comarcas de Girona, y la sorpresa ha sido cuando hemos visto la moción que ustedes plantean. Yo diría que es una moción que no significa nada. El primer punto pide que se
vote aquí el compromiso de que el tren de alta velocidad llegue en 2009. La señora ministra ya se comprometió a ello. Todos sabemos que seguramente esto va a ser una especie de milagro de Lourdes, pero ya lo dijo la ministra. Si hay que
ratificarlo, lo ratificamos. En cuanto al segundo punto de la moción, está bien, es perfecto, pero ahora acaba de decir que acepta la enmienda del Grupo Socialista. Le pido que no la acepte, que retire antes su punto número 2, pues la enmienda
socialista es una enmienda trampa, empeora una proposición no de ley que se ha aprobado en esta Cámara que va más allá de lo que usted hoy propone. Si acepta la enmienda del Grupo Socialista, empeoraremos la situación que habíamos alcanzado en esta
Cámara. Por ello, le pido que reflexione y que no acepte esa enmienda, que es una enmienda trampa que reduce lo ya aprobado. Mi grupo va a votar en contra del punto número 3 y pedimos votación separada del mismo.
Por el camino se ha olvidado una serie de temas que usted planteó en su interpelación y con los que se comprometió cuando fue de visita a las comarcas de Girona y habló a la plataforma de la localidad de Sarrià de Ter. Les prometió que
intervendría y que presentaría una resolución en este Parlamento para evitar que se hiciesen los cuatro carriles en esa localidad. Usted se comprometió hace pocas semanas y hoy esto desaparece.
Por tanto, señor Xuclà, nosotros hemos presentado
varias enmiendas que dan respuesta a lo que piden los ciudadanos a la plataforma contra los ocho carriles en Sarrià de Ter y además exigimos que se cumpla lo aprobado en este Parlamento. Lo que tiene que hacer la señora ministra es no hablar de
mixtos, sino cumplir lo que se ha aprobado en este Parlamento. Hemos solicitado copia del convenio que dice la ministra que ha firmado con Abertis, porque entendemos que va contra una resolución de este Parlamento de que no haya más de tres
carriles, de acuerdo con una enmienda que presentamos a una proposición de su grupo y que fue aceptada por ustedes. Le instamos a que hoy acepte estas enmiendas que planteamos, la primera de las cuales, al punto 2 de la moción, pide que se
introduzcan las medidas correctoras recogidas en el estudio encargado por el Consell d'iniciatives locals per el medi ambient (Cilma). Otra enmienda se refiere al cumplimiento de otra proposición no de ley aprobada en esta Cámara para una estación
de la línea de alta velocidad en el aeropuerto de Girona. La siguiente enmienda solicita el cumplimiento de otra proposición no de ley para no construir más de tres carriles en Sarrià de Ter y Salt. Ese es un compromiso que hay que hacer respetar,
y usted, señor Xuclà, lo que hace hoy es olvidarse de las promesas que hizo a los ciudadanos de Sarrià de Ter. El otro día, por ejemplo, en la manifestación encabezada por el alcalde de Sarrià de Ter, del Partido Socialista, brillaron por su
ausencia tanto Convergència i Unió como los representantes del Partido Socialista de Cataluña. Señor Xuclà, no vaya a animar a los ciudadanos de Sarrià de Ter y se olvide hoy aquí de sus compromisos. Le instamos a aceptar esta enmienda que pide el
cumplimiento de una proposición no de ley. También, aprovechando esta moción, pedimos que se realice el estudio informativo de soterramiento de las líneas convencionales a su paso por la ciudad de Figueres, otro incumplimiento, otra propuesta que
figura en los presupuestos, de la que usted, señor Xuclà, habló en su moción e instó a la ministra a cumplir, y hoy, para nuestra sorpresa y seguramente de los ciudadanos de la comarca de Girona, ha convertido esta moción en un paripé, una moción
que no tiene ningún sentido, pues a lo enunciado en el punto primero ya se comprometió la ministra, y en cuanto al segundo punto le he pedido por favor que no acepte la enmienda socialista, porque significaría que vamos hacia atrás, ya que empeora
lo aprobado en una proposición no de ley, y, por tanto, señor Xuclá, a usted y a Convergència i Unió les pido seriedad en su discurso y que atiendan estas demandas. Lo que podía haber sido una gran moción para conseguir un pacto de infraestructuras
en las comarcas de Girona, que en su momento nuestro grupo parlamentario planteó tanto al Grupo Socialista como al resto de los grupos, al suyo y al Grupo Popular, hoy usted lo convierte en una victoria que es humo. Es una moción de humo, que no
trae nada; lo que hace es complicar. Señor Xuclà, hoy ha decepcionado a los ciudadanos de las comarcas de Girona con el beneplácito del Partido Socialista de Cataluña.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig.
Continuamos con la señora Palma en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, como tercer y último grupo enmendante.
La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta moción que ya les anuncio que va a ser favorable. Nos parece una moción correcta y muy acorde con el resultado de la interpelación a la señora ministra de Fomento
que tuvo lugar hace dos semanas y en la que simplemente hemos introducido una enmienda técnica que, como ha dicho el señor Xuclà, nos parece que mejora la redacción del punto 2 de la moción.
Como ya se ha dicho aquí, y no voy a abundar en ello, se
trata de conseguir que las comarcas de Girona podamos recuperar el tiempo perdido respecto al déficit histórico en infraestructuras. El punto número 1, en el que se establece el compromiso del cumplimiento del calendario para 2009 en la ejecución
de obras de la alta velocidad, nos parece absolutamente correcto y va a ser la primera vez que en sede parlamentaria se vote una fecha para culminar unas obras. Por tanto, muy convencido y muy seguro tiene que estar el ministerio para dar el visto
bueno a dicho calendario. Quiero recordar también que el incremento medio en la ejecución de obras dependientes del Estado en las comarcas de Girona en esta legislatura ha sido del 88 por ciento.
Además de la recuperación del tiempo perdido en las comarcas de Girona, como no puede ser de otra manera, nos preocupa especialmente minimizar el impacto territorial, ambiental y social. Es más necesaria que nunca la realización de
frecuentes y reiteradas negociaciones con las administraciones autonómicas y locales, como se está haciendo en estos momentos. En la mayoría de las ocasiones los ayuntamientos son los receptores y depositarios de las preocupaciones y de los
intereses de los ciudadanos, especialmente de aquellos más afectados. Somos conscientes de que existen puntos difíciles y complejos para el paso de estas infraestructuras. No hay que olvidar que en estos momentos estamos hablando de la
construcción de tres obras muy importantes: una es el desdoblamiento, ampliación y mejora de la N-II a su paso por la demarcación de Girona; otra es la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa y otra será
-esperemos que dentro de poco tiempo- la construcción del tercer carril en la AP-7. Por tanto, encajar tres infraestructuras de tanta envergadura en algunos puntos del territorio no es fácil, aunque seguramente desde el punto de vista
medioambiental también es más rentable poder disponer de un corredor, como existen en muchos de estos lugares, para integrar las tres infraestructuras. Sin embargo, como decía, somos conscientes de que hay algunos puntos especialmente vulnerables,
difíciles y complejos, como son Sarrià de Ter o Sant Julià de Ramis; por cierto, el Partido Socialista se siente especialmente bien representado por los alcaldes socialistas de estas poblaciones y, por tanto, no creemos que nos haga ninguna falta
encabezar manifestaciones. Lo mismo ocurre en Pont de Molins, en Vilafant -en el Alto Ampurdà-, en Blanes o en Salt. Se están escuchando las propuestas, se está trabajando de una forma seria y rigurosa y se está asumiendo el compromiso y el empuje
para llevar a cabo las obras con sensibilidad y con receptividad respecto a los temas paisajísticos y medioambientales. Ahora más que nunca, cuando estas obras se están llevando a cabo, señorías, hay que tener sentido de la responsabilidad
institucional. Hay que huir de la utilización partidista, interesada y oportunista que practican algunos, porque solo con el diálogo, con el trabajo conjunto, con la coordinación y con la colaboración entre administraciones podremos llegar a
acuerdos. Por tanto, los puntos 1 y 2 nos parece que reflejan claramente las cuestiones del tiempo y del respeto medioambiental y también de la consideración de las demandas del territorio.
En cuanto al punto 3, sobre la continuación de la A-26 en el tramo Figueras-Llançà, no nos parece que exista mucha premura en acometer este tramo, no sería urgente, pero en cualquier caso se plantea estudiar su incorporación al PEIT, lo que
puede ser oportuno, siempre y cuando se haga de acuerdo con los procedimientos establecidos para su revisión y siempre y cuando se tenga en cuenta que forma parte del trazado del eje pirenaico en nuestras comarcas y que hay que tener una perspectiva
global de planificación territorial amplia. Por tanto, podría considerarse incluso como un futuro acceso a la Costa Brava norte, complementario a la carretera comarcal 260, de titularidad de la Generalitat de Catalunya, entre Figueras y Rosas
teniendo en cuenta que en Rosas sí que existe una zona muy poblada y con perspectivas de crecimiento turístico.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que finalizar, señora Palma, por favor.
La señora PALMA MUÑOZ: Por tanto, nuestro voto va a ser favorable.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted.
Continuamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar la posición? (Pausa.) Señor Beloki, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, también mi grupo va a votar favorablemente esta moción presentada por Convergència i Unió y, lo reconozco, lo va a hacer prácticamente sin entrar a valorar o a analizar los términos precisos en que está redactada la misma, de forma
que no sabemos si todo lo que está es, ni si todo lo que es está. Dicho en otros términos, si está todo lo que se refiere a la necesidad de minimizar el impacto territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y
viarias a su paso por las comarcas de Girona y del cumplimiento de los calendarios de ejecución de las obras previstas -es
lo que dice la moción- y si todo lo que está incluido en la moción se refiere a eso exactamente. No entramos a valorarlo y la apoyamos porque en cualquier caso una moción de este tipo no ha de hacer mal alguno. No sabemos cuánto beneficio
puede conllevar. Eso sí, terminamos haciendo votos por lo que siempre es conveniente y en estos casos más que conveniente: que haya una mayor sintonía entre los grupos más directamente implicados en este tema a la hora de hacer una proposición
concreta y de detalle, algo que siempre es deseable, y una proposición no de ley es siempre conveniente, no diremos que necesaria, porque a lo más que puede llegar es a empujar un poco en alguna dirección, y aun empujando todos juntos en una misma
dirección todavía suele ser insuficiente para que las proposiciones no de ley lleguen al término deseado. Hacemos votos para que haya el máximo acuerdo posible entre los grupos que están más directamente implicados y, en cualquier caso, repito, mi
grupo apoyará la moción que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki, muchas gracias,
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular y a esos efectos tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, la verdad es que la moción que estamos discutiendo hoy es muy curiosa, como lo fue la interpelación previa a la misma, y aparte de que la ministra, como siempre, dijo lo que quiso, se ajuste o no a la realidad, lo único
que sacamos en claro fue un compromiso por dos veces -la ministra se comprometió por dos veces- a que la puesta en servicio del AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa sería en el primer semestre de 2009, pero en nada se comprometió la señora
ministra sobre la circunvalación de Gerona en los términos en los que el señor Xuclà lo significó, como también hoy se ha hecho aquí. Nada se dijo del cumplimiento de una PNL aprobada en esta Cámara sobre la conexión AVE con el aeropuerto de
Girona. Nada se aclaró de la pregunta que le hizo el señor Xuclá sobre la posibilidad o no de que haya un nuevo proyecto de mercancías al oeste de Girona y tampoco tuvimos ningún compromiso sobre la continuación de la A-26, entre Figueres y Llançà.
Recuerdo quién hizo esa autovía para hablar de las inversiones en Girona, porque ciertamente nada tienen que ver los ritmos actuales con los ritmos de inversión que tuvimos en la pasada legislatura.
La moción que se presenta hoy sinceramente es pobrísima. En esto tenemos que estar de acuerdo, por una vez y sin que sirva de precedente, con el representante de Esquerra Republicana de Catalunya, porque venir aquí a pedir que se cumplan
los compromisos del AVE cuando la ministra ya se había comprometido a ello nos parece muy bien por difícil. Después de haber perdido ya dos años, bien está que trate de recuperarse algún tiempo. El segundo punto de la moción, que propone tomar en
consideración y valorar solamente para el AVE la afectación medioambiental, que no los impactos medioambientales, sociales y territoriales, tiene poco alcance.
La mejora técnica, entre comillas, que hoy se quiere conseguir con la enmienda del Grupo
Socialista tampoco nos conduce a nada. Mejor nos hubiera parecido que el señor Xuclà hubiera admitido la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya y adoptar las medidas concretas que el Cilma de la Diputación de Girona ha establecido. Nos
parece más lógico, porque ¿qué pasa con las afecciones de carreteras? Nada. ¿Qué pasa con la circunvalación de Girona si ha de tener tres o cuatro carriles por dirección? Nada. ¿Qué pasa con la conexión del AVE con el aeropuerto? Nada. ¿Qué
pasa con la propuesta de mercancías por el oeste de Girona? Nada. Todo eso se ha olvidado en la moción después de haber sido debatido en la interpelación. Más valía, señor Xuclà, que después de ver las intervenciones y ver cuál es nuestra
postura, admitiera usted enmiendas que nos parecen mucho más precisas, mucho más exigentes al Gobierno, mucho más de control, y no se aliara usted con el Partido Socialista, porque lo que estamos viendo es que hay muchas renuncias por su parte y
parece una clara escenificación del preludio, del prólogo o del antedespacho de un nuevo Gobierno en Cataluña, sobre el que parece que ya están sentando las bases, porque en esta moción nos estamos conformando con el compromiso del AVE en el primer
semestre de 2009. Nada más nos estamos comprometiendo a eso. Nos sumamos muy gustosos, señor Xuclà, ya se lo he dicho antes, y esperamos no equivocarnos, porque tener en servicio el AVE a la frontera francesa en el primer semestre de 2009 es
bastante complicado. Hoy hay obras entre Girona y Figueres que no están comenzadas. Hoy hay cuestiones medioambientales que han obligado a una nueva información pública el 30 de diciembre de 2005 que están todavía sin resolver. Después de la
plataforma, viene la vía; después, la electrificación; después, la señalización y la seguridad. Mucho tendrá que correr la ministra de Fomento para cumplir su promesa.
Estaríamos encantados de que se recuperara el tiempo que se ha perdido estos dos años, pero, dicho con todos los respetos, parece otra salida de pata de banco de la señora ministra de Fomento, que evidentemente no va a estar aquí en 2009
para que le echemos en cara que no ha cumplido el compromiso de poner en servicio el AVE a la frontera francesa. Por mucho que diga la ministra y por mucho que presuma de inversiones la representante del Partido Socialista, hay que recordar que la
Cámara de Comercio de Barcelona, analizando los presupuestos de 2006, demostró que las inversiones en Cataluña en los ejercicios anteriores, es decir, en los que gobernaba el Partido Popular, eran muy superiores a los de los presupuestos de 2005 y
de 2006. El documento, que es de la Cámara de Comercio, está ahí para que se pueda
comprobar. Algo habrá hecho en Girona el Partido Popular, que fue quien incrementó las inversiones y que puso en marcha tanto los corredores ferroviarios como los corredores viarios, para que hoy se pueda hablar de porcentajes de ejecución.
Es curioso que la señora ministra presumiera de tener en ejecución el 70 por ciento del corredor, pero luego con la boca pequeña dijera -y cito textualmente, por no decir sic, porque aquí no se entiende, lo que dice el 'Diario de Sesiones'-: '...en
aquellos' (tramos) 'en los que hemos podido iniciar las obras'. Es decir, que esfuerzos añadidos para poner nuevas obras en funcionamiento y hacer nuevas contrataciones, ninguno, pero bienvenido sea que hoy haya algún compromiso, aunque no se
cumpla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ayala. Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL DE DOCENTES EN LENGUA ACTUALMENTE OFICIAL DURANTE EL RÉGIMEN ANTERIOR. (Número de expediente 173/000120.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el punto siguiente: moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la protección del sistema público de Seguridad Social de
docentes en lengua actualmente oficial durante el régimen anterior. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Va a ser una intervención conscientemente breve, señora presidenta, porque el pedimento de nuestra moción, no lo que pretendemos sino la reparación de la injusticia histórica que afecta al colectivo cuya situación en materia de acceso a la
pensión de jubilación o cuantía de la pensión de jubilación se pretende remover, está muy bien descrito y configurado en la enmienda transaccional que nos va a presentar el Partido Socialista -que ya conocemos- y, por tanto, no tiene mucho sentido
discutir en extenso sobre esta cuestión. Ya comentamos en el debate con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señora presidenta, que no es una interpelación, hoy una moción, neutra, que afecte solo a la estructura normativa de nuestro sistema
de pensiones, sino que es una interpelación, una moción lo que en este momento defendemos, que tiene más profundidad política. Es una cuestión que hace referencia a la regeneración democrática de una transición inacabada todavía, a la recuperación
de la memoria histórica y, en definitiva, a la recuperación de la memoria histórica de 208 mujeres -enfatizo la expresión mujeres-, andareños, que en el ámbito de Euskadi, en una situación peligrosa para su futuro, para sus condiciones laborales,
para su acceso a la pensión de jubilación -que en estos momentos es lo que estamos dilucidando-, se comprometieron a la recuperación de la lengua vasca, que en aquel momento languidecía. No era solo una lengua minorizada; era una lengua
brutalmente reprimida a través de distintos procedimientos, todos ellos igualmente brutales, desde la prohibición, en virtud de ordenanzas municipales, de dictar homilías desde el púlpito de las iglesias en euskera, hasta la prohibición de
incorporación de expresiones euskerikas en las lápidas funerarias, de hablar en la calle la lengua vasca o de escribir en euskera; todo ello era objeto de medidas punitivas particularmente gravosas: penas de privación de libertad o multas
cuantiosas, depuraciones de naturaleza administrativa o profesional.
Estas mujeres, las andareños, tuvieron que recurrir a procedimientos que les han provocado quebrantos importantes en la cuantía de la pensión de jubilación o incluso en el acceso a dicha pensión de jubilación, por la imposibilidad de cubrir
lo que se denominan períodos de carencia para tener derecho a ella. En el mejor de los casos, tuvieron que encubrir su clasificación profesional, en virtud de las ordenanzas laborales vigentes en el régimen franquista, con subterfugios como
disfrazar su actividad profesional con otras actividades sí previstas en dichas ordenanzas. Unas se contrataron como cocineras, otras como cuidadoras de niños, otras como cuidadoras de comedor, etcétera, cuando su actividad real, la material, era
la impartición de una lengua que languidecía peligrosamente. Y cuando una lengua languidece, cuando una lengua es más que minorizada y está en peligro de extinción, está en peligro de extinción un bien que pertenece al patrimonio cultural de la
humanidad en su conjunto. Quiero parafrasear ahora al profesor Heraud cuando decía que la lengua es el alma de un pueblo, sobre todo, que la lengua es el instrumento vehicular de una determinada metacultura; una metacultura que constituye la
identidad de un pueblo, en este caso, el pueblo vasco. En ese momento, la identidad del pueblo vasco, a través de la utilización de su instrumento lingüístico fundamental, era la lengua vasca minorizada, reprimida también mediante la incorporación
de profesores castellanoparlantes exclusivamente y la exclusión de los euskeraparlantes. Algunas de estas personas incluso sufrieron penas de privación de libertad, elementos de represión verdaderamente brutales; otras tuvieron problemas de
quebranto, que queremos solucionar en este momento con relación a su pensión de jubilación y que debe ser objeto de reparación por un partido fenotípicamente progresista -el ministro de Trabajo recurrentemente así define al Partido Socialista Obrero
Español-. Nosotros hacemos la invocación a este fenotipo del Partido Socialista como progresista y pedimos que se resuelva esta cuestión en las mismas condiciones en que se han solucionado otros problemas históricos, como el
de los niños de la guerra, el de los funcionarios depurados de la II República o de la guerra civil, o el de los oficiales del ejército republicano. Estas personas realmente trabajaron pero no pudieron acreditar los periodos de carencia que
exige el sistema de Seguridad Social para acceder al derecho a la pensión de jubilación equivalente al que se prevé para las que se jubilaron y pudieron trabajar en actividades no clandestinas. La clandestinidad no dimanaba de su actividad
profesional. Dimanaba del régimen fascista imperante en la época, que declaró esta actividad -la recuperación de la lengua vasca y de la identidad cultural de Euskadi- como una actividad prohibida, ilícita e ilegítima. Es un elemento obstativo
ajeno a la voluntad de estas personas que, con gran coraje, acometieron su actividad encubriéndola. Tienen sus periodos de carencia cubiertos pero no lo pueden acreditar, por lo que nosotros apelamos a este espíritu fenotípicamente progresista del
Partido Socialista, autopredicado por el ministro de Trabajo, para solucionar esta cuestión, de la misma manera que se han solucionado otras dimanantes de la guerra civil y de la declaración ilegítima e ilícita de determinadas actividades, todas
ellas vinculadas a los derechos públicos, a la recuperación de los derechos fundamentales y libertades públicas preteridas y brutalmente acabadas y pulverizadas por el golpe fascista del año 1936.
Es una cuestión de memoria histórica. También es una cuestión de derecho positivo, de derecho a la pensión de jubilación que a estas personas corresponde porque efectivamente realizaron estas actividades. Hace referencia a la recuperación
de una lengua que estaba en trance de desaparición, y solo el coraje digno de encomio de estas 280 mujeres -y enfatizo la expresión mujeres porque todas eran mujeres- posibilitó que un patrimonio de la humanidad como es una lengua y el elemento
identitario que va vinculado o aparejado a una lengua no desapareciera.
En definitiva, se trata de un derecho que está previsto en nuestro sistema de pensiones y en requerimientos constitucionales como puede ser el principio de igualdad. Es decir,
si el Gobierno que ustedes representan o que ustedes apoyan en este momento ha podido resolver otras cuestiones también dimanantes del golpe de Estado fascista provocado por los generales golpistas en el año 1936, como son los problemas que afectan
a los niños de la guerra, a los oficiales del ejército republicano o a los funcionarios depurados por el régimen fascista, la misma legitimidad en requerimiento del principio de igualdad tienen las andareños, que desde una manifestación específica
de los derechos públicos o de las libertades que fueron preteridas por el régimen franquista, como es la recuperación o el mantenimiento de ciertas lenguas y elementos identitarios de ciertas naciones del Estado español, tienen el mismo derecho,
repito, desde el requerimiento del principio de igualdad, para que sea reconocido su derecho a una pensión digna.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, termine, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Estas personas, y con esto termino, señora presidenta, trabajaron, tuvieron que encubrir su actividad con otras profesiones que no estaban prohibidas por las ordenanzas laborales; tuvieron que engañar a las
entidades gestoras que formaban parte del régimen fascista imperante, porque también la Seguridad Social se incardinaba en este régimen fascista que provocó que tuviera que ser clandestina esta actividad para la recuperación de una lengua que estaba
desapareciendo, y en definitiva también contribuyeron a la recuperación de las libertades públicas, que en este momento empezamos a disfrutar, no plenamente, porque la transición es imperfecta y está inacabada. Tenemos una gran oportunidad para
cumplimentar los requerimientos de la transición, porque si esta moción que nosotros presentamos no fuera aceptada, aunque no en sus propios términos -nos parece muy satisfactoria la transacción que nos va a ofrecer el Partido Socialista-,
estaríamos dando la razón a los fascistas, a los que consideraron que la lengua vasca y los elementos identitarios de las naciones que configuran un Estado plurinacional como es el Estado español -personas como Millán Astray y otros- eran poco menos
que un tumor o un cáncer que debía ser objeto de represión. Desde esta perspectiva, apelando al espíritu o vocación progresista históricamente demostrada por el Partido Socialista Obrero Español, pensamos que no sería muy difícil llegar a una
transacción adecuada para resolver este problema, que es de Seguridad Social, pero que es más que eso: es un problema de dignidad, de libertad y de recuperación de la memoria histórica perturbada por un golpe fascista.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tres han sido los grupos enmendantes. Comenzamos con la señora Barkos, que repartirá su tiempo con la señora Lasagabaster, quien lo utilizará en turno de fijación de posición.
Adelante, señora Barkos, tiene usted tres minutos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para presentar una enmienda a una moción en la que, indudablemente, votaremos a favor, primero por ser un acto de justicia claro, pero especialmente por formar parte de los acreedores directos del trabajo de aquellas mujeres,
fundamentalmente, de aquellas andareños que trabajaron en aquellas ikastolas ilegales. Qué menos que quienes fuimos sus alumnos estemos a favor.
Se trata de una enmienda de adición que quiero presentar brevemente. Como bien dice su enunciado, no podía ser más que de reconocimiento en la prolongación de la situación que se vivió con la llegada de la transición
en muchos casos. Tal fue el caso de las escuelas municipales, ikastolas municipales en la capital navarra, caso específico y único en estos momentos en el Estado, que pretendía recoger esta enmienda, tratando de recuperar la situación de
los cuerpos docentes integrándolos en la Ley orgánica 1/1990 y sucesivas modificaciones. Pues bien, ha sido exactamente en esas sucesivas modificaciones -en concreto, en la modificación de la Ley Orgánica de Educación, actualmente en el Senado-
donde hemos podido encontrar un punto de solución, ya que podía suponer la resolución más efectiva y más justa para los casos a los que nos referimos, que no son exactamente los de las andareños, sino el de los cuerpos docentes de las ikastolas
municipales.
Hemos encontrado una receptividad por parte del Grupo Parlamentario Socialista en forma de compromiso a la hora de resolver esta cuestión en el Senado en torno a la Ley Orgánica de Educación. Por lo tanto, señora presidenta, queda retirada
esta enmienda que viene a recoger un apartado que va más allá en el tiempo, pero ni mucho menos en lo que es el sentir de una moción que votaremos afirmativamente porque es de justicia, pero hoy, especialmente, de corazón.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos.
Muchas gracias.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Azpiroz en el turno de defensa de enmiendas.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción planteada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la situación de las andareños y la solución que se
localiza fundamentalmente -por no decir exclusivamente- en relación con la problemática de la Seguridad Social.
No se han planteado otras cuestiones relativas a otro tipo de reconocimientos, y hubiera sido muy lícito haberlo hecho. Lo que se está
debatiendo aquí es la cuestión de la Seguridad Social.
Nosotros también partimos del reconocimiento de la excepcionalidad de una situación en la cual un colectivo de personas que se dedicaron a la docencia del euskera no pudieron hacerlo legalmente porque estaba impedido, teniendo que proveer
esas clases clandestinamente.
Evidentemente, eso se tradujo en la imposibilidad material de cotizar para muchas de estas personas; ciertamente no para todas porque el colectivo, hay que decirlo, es diverso: concurren personas que se han dedicado
de una forma parcial a la enseñanza y otras que lo han hecho plenamente. Decía el señor Olabarría que hay personas que fueron solapadas en su cotización con otras categorías profesionales; evidentemente, esas personas sí devengaron y lucraron
derecho de periodos de cotización tanto para ser beneficiarias de pensión como para, por número de años, acceder a pensiones mayores que aquellas otras del colectivo que no pudieron hacerlo por no encontrarse con esta especie de paraguas protector
de recurrir a otra categoría profesional y eludir de esta forma el hecho de la docencia.
Por lo tanto, reconocemos claramente esta excepcionalidad, pero tratándose como se trata de una cuestión que afecta directamente a la Seguridad Social nosotros hemos entendido que había que plantear y mantener un equilibrio entre esa
pretensión y la realidad de nuestro sistema público de pensiones. Creemos que ese equilibrio se debe fundamentar no tanto en lo que es per se la normativa de la Seguridad Social, en la cual es obvio que el principio de contributividad conduce a que
aquel que haya cotizado tiene un periodo reconocido y por tanto puede acceder a una determinada pensión, sino en una voluntad política de resolver definitivamente este problema.
Por otra parte, no sé si he entendido mal al señor Olabarría cuando por dos veces al menos ha dicho que iba a haber una enmienda transaccional con el Grupo Socialista; si la hay, les agradecería que nos lo dijeran para que los grupos
podamos tener conocimiento de la misma y así poder expresar nuestra opinión y nuestro voto favorable o no a la misma. Lo que sí sé es que hay una enmienda del Grupo Socialista que sustenta una filosofía similar a la enmienda que nosotros, como
Grupo Parlamentario Popular, hemos formulado en este necesario equilibrio entre preservar lo que es la Seguridad Social con lo que supone dar una solución y una satisfacción a aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad no pudieron cotizar
en su día. Doy lectura a esta enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social -cuestión que también hace la enmienda del Grupo Socialista-, se emita un informe relativo a la
posibilidad de que los componentes del colectivo las andareños -componentes diversos, quién cotizó, quién no cotizó, quién hizo el trabajo por un tiempo, lo hizo durante muchos años, a tiempo parcial, a tiempo completo-, puedan considerárseles
cotizados los periodos que acrediten, de acuerdo con el procedimiento que al efecto se establezca -habrá que prever un mecanismo que permita una acreditación razonable para que no se abra un absurdo ni se ponga un filtro que impida la demostración
elemental de haber ejercido la docencia del euskera en su día-, realizados en el ejercicio de su actividad docente durante periodos en que no cabía la posibilidad legal de hacerlo; así como sobre la memoria económica respecto a los costos de su
capitalización... Aquí al final habrá que hacer una imputación de costos en función de cada persona que acredite qué significa acturialmente capitalizar y estaremos por tanto en una cuestión de financiación. Por ello, dejamos abierta la cuestión
en nuestra enmienda diciendo:...respecto a los costos de su capitalización y a las posibles fuentes de financiación ajenas a las cuentas de la Seguridad Social,
sean presupuestarias, personales o de otro tipo, porque entendemos que la Seguridad Social no debe ser quien ponga contribución a quien no ha contribuido. Es una decisión política, luego lo deberá poner el Gobierno, personalmente el
interesado, el Gobierno vasco, el que sea, ese será otro debate, pero habrá que buscar una financiación que permita la efectividad de esta cotización y, por tanto, también el que se reconozcan y se perciban las prestaciones de la Seguridad Social.
Parece que esta enmienda va a ser rechazada. Si finalmente la enmienda del Grupo Socialista es atendida por el Grupo Parlamentario Vasco, proponente de la moción, nosotros la apoyaremos porque en el fondo hay una identidad en la filosofía y
en el concepto de lo que se pretende.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiroz.
Finalizamos el turno de enmendantes con el turno de la señora López i Chamosa que hablará en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría, hablamos de un colectivo que ha hecho una labor que merece el reconocimiento del conjunto de esta Cámara, especialmente el de mi grupo parlamentario.
Además, el propio ministro, usted lo vio en su interpelación de la semana pasada, ya hacía ese reconocimiento desde esta tribuna a esos profesores, especialmente mujeres que el miércoles pasado nos acompañaban. Colectivos como éste son los que han
hecho que el eusquera, el catalán y el gallego hayan podido llegar a nuestros días y que hoy los podamos utilizar con normalidad en cada una de nuestras comunidades autónomas. Por lo tanto, el reconocimiento a esa labor es fundamental y, desde
nuestro punto de vista, esencial.
Dicho esto, yo, que me considero socialista, no solo por formar parte del Partido Socialista sino por ser una militante de izquierdas que defiende un Estado fuerte de protección social como base de la cohesión social, le he de decir que hay
dos formas de dinamitar el Estado del bienestar social. Una es la que se ha hecho aquí por los gobiernos últimos del Partido Popular, no actualizando las cantidades para ese Estado del bienestar, con lo cual se reduce la capacidad, y otra,
ampliando la generación de ese Estado del bienestar a todo el mundo, porque al final todo es imposible adaptarlo.
¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que nosotros tenemos una Seguridad Social que es un buen sistema de protección, aunque es verdad que hay colectivos que tienen situaciones precarias, y usted los conoce igual que yo porque algo
hemos debatido aquí sobre ellos: prejubilados, viudas y demás. Hemos de buscar conjuntamente la manera de poder mejorar esos colectivos concretos, pero salvaguardando el funcionamiento del sistema. Eso es lo que proponemos hoy aquí y lo que
pretende nuestra enmienda: dar solución a un colectivo concreto, porque creemos que es razonable y es de justicia social hacerlo, pero también salvaguardar el conjunto del sistema para garantizar su funcionamiento. Lo que pretende la enmienda que
hemos presentado aquí como Grupo Parlamentario Socialista es que se realice un estudio, que el estudio sea individualizado, que, una vez se tenga ese estudio, se den soluciones a esa problemática -como una consecuencia del estudio-, pero
salvaguardando todos los criterios contributivos del sistema, tal como nos recomienda el Pacto de Toledo.
Como ven, hemos hecho un esfuerzo, lo anunció el ministro y mi grupo así lo ha hecho. Señorías, yo lo decía el otro día también en la tribuna: si hay una cosa que tenemos clara en el Grupo Socialista es mejorar la protección social y
fortalecer el Estado del bienestar de esta sociedad, porque creemos que la única manera de hacer que un país avance es garantizando la protección social a todos los niveles, dando cohesión social a los colectivos. Es lo que nosotros pensamos y lo
que tratamos de llevar a nuestra política diaria, haciéndolo compatible, lógicamente, con la defensa de los criterios del Pacto de Toledo que todos compartimos.
Termino con una pequeña reflexión que hacíamos hoy en la Comisión del Pacto de Toledo. Uno de los valores importantes de los últimos años en este país es el Pacto de Toledo, y no es porque sea la Seguridad Social, es por el grado de
consenso que todos hemos sido capaces de encontrar. Es pues lo que nosotros hemos intentado con esta enmienda.
Le felicito, señor Olabarría, porque vamos a dar solución a un problema que usted ha traído aquí. Desde aquí quiero mandar a las andareños el mensaje de que mi grupo está en la misma línea que el suyo, el reconocimiento a su labor y el
agradecimiento de todo el conjunto de la sociedad por sus trabajos realizados, que nos han servido para que hoy estemos como estamos. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora López i Chamosa.
Tal como anunciamos, señora Lasagabaster, su turno para fijar posición.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, a la vista de lo que se ha venido oyendo en este debate, me parece que es muy loable y desde luego motivo de felicitación que pueda salir una iniciativa de esta naturaleza. Las iniciativas que en otras legislaturas sobre el
mismo tema se plantearon no tuvieron esa suerte, pero hoy podremos ver la luz en la solución de un problema que, en definitiva, viene a ser un acto de justicia.
Hay tres cuestiones básicas en esta materia. La primera, el reconocimiento a este colectivo de mujeres
decía el señor Olabarría- que durante los años de dictadura franquista tuvieron que realizar, y lo hicieron a veces con dificultades, un esfuerzo de servicio público; esto es lo primero que hay que decir, servicio público de educación, y
además en eusquera, es decir, la preocupación de hacer lo que no se podía hacer porque estaba reprimido, y el servicio público de educar en una lengua que es un patrimonio cultural, dando una educación general, porque no solamente se trataba de la
lengua, sino del patrimonio de la educación de las generaciones actuales. Esto es un servicio público que, en circunstancias normales, hubiera debido ser retribuido por aquel que tenía la competencia de la educación, por lo tanto, con cargo a los
presupuestos de un Estado que en aquel momento tenía una forma desgraciada de dictadura; un servicio público que alguien no dio, no pagó, que pagaron unos padres, que pagó una sociedad y resulta que estas personas no fueron cotizadas por la
Administración pública en el servicio público. En segundo lugar -y segunda cuestión que aquí se ha planteado-, no pretendemos hacer nada que no hubiera sido otorgado a otra serie de servidores públicos en materia de educación; es decir, que a
aquellas personas que en aquel momento dieron una educación, es evidente que se les cotizaron unos determinados años por el servicio público que dieron. Nosotros pretendemos que, en un acto de justicia, esos años, en la medida en que se puedan
determinar individualizadamente, se coticen ahora del presupuesto general, que era de donde correspondía hacerlo en aquel momento; es decir, no hay nada que no se haya hecho a otra serie de servidores públicos en materia de educación. Y, en tercer
lugar, que esta cuestión se resuelva de una manera rápida, diligentemente y de manera individualizada, pero, ¡ojo!, por quien correspondía en aquel momento, que no pueden ser otros que los Presupuestos Generales del Estado.
Tres cuestiones muy claras: primero, un patrimonio cultural de la humanidad, independientemente de cuál sea la lengua que se haya conseguido mantener y pervivir; segundo, el servicio público de la educación prestado por unas personas, unas
mujeres que, con grave perjuicio para su propia situación, quisieron prestar este servicio a toda la sociedad, y tercero, una individualización de ese servicio público a través de quienes debían haber retribuido en su momento ese servicio público.
Estas son las tres cuestiones que creemos que están amparadas en esa resolución que votaremos favorablemente. Nos congratulamos de que por fin vayamos dando salida a situaciones de injusticia que no pudimos remediar en su momento y que ahora van
viendo la luz; seguro que hay más y, en ese sentido, todas ellas, como la de ahora, contarán con nuestro beneplácito.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Pérez, tiene la palabra para fijar posición en nombre de Izquierda Verde.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve porque creemos que en el debate ha sido todo suficientemente y bien expuesto. Nosotros siempre estaremos de acuerdo con todo lo que sea reparar injusticias, con todo lo que suponga recuperar memoria histórica y más
cuando esa recuperación tiene raíces democráticas tan evidentes y tan necesarias. Por otra parte, creemos que el sistema contributivo de la Seguridad Social, sin retorcer y sin turbar ningún principio, puede permitir esta recuperación, puesto que
estamos hablando de un grupo relativamente reducido de mujeres, a quienes se puede resolver esa situación de injusticia en su jubilación y, al tiempo, reconocer esa contribución en la defensa de su lengua y de su cultura frente a la dictadura
franquista. Apoyamos la medida hoy, como ya hicimos, junto a otros grupos parlamentarios y junto al Partido Socialista, en la anterior legislativa, pero entonces fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular. Si hoy estamos en condiciones de
aprobar esta propuesta por unanimidad, será un buen día para el reconocimiento de la memoria histórica, un avance en la democracia y, desde luego, un reconocimiento a estas mujeres, cuyo esfuerzo sirvió para que este país recupere hoy un poco de la
dignidad perdida.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene la palabra el señor Tardá en nombre de Esquerra Republicana.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Debo decirles que para nosotros resulta muy fácil entender lo demandado por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). De hecho, existen similitudes respecto a estas personas que dedicaron tiempo, esfuerzo y sacrificio, y afrontaron muchos
peligros para difundir la lengua perseguida. Nosotros, aun salvando algunas distancias, puesto que quizás hubo un mayor interés por parte de personalidades e instituciones en posibilitar que las personas que se dedicaban a la enseñanza del catalán
pudieran hacerlo con mayores garantías, incluso económicas, entendemos perfectamente lo que se demanda en tanto en cuanto sufrimos lo mismo que sufrieron los vascos, es decir, la persecución de la lengua.
Nos llama la atención comprobar como en esta VIII Legislatura se acumulan los deberes. Entiendo que todo esto, más todo aquello que se ha venido reclamando a lo largo de esta legislatura, debería haberse reparado en los inicios de la
democracia. Estamos en la VIII Legislatura y todo o casi todo está por hacer. Por esto, en nuestro proyecto de ley, que fue presentado hace quince días en esta Cámara y que fue rechazado -a cambio el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno
ratificaron el compromiso de presentar un proyecto de ley-, también van incluidas aquellas demandas -hay muchas variables casuísticas- que deben recogerse, entre las cuales existen algunas parecidas a esta.
Entendemos y celebramos que el Grupo Parlamentario Socialista haya transaccionado y que se haya aceptado por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Los compañeros del Grupo Vasco deben saber que siempre contarán con nuestra solidaridad,
aun cuando, repito, todo esto debía haberse realizado mucho antes. Parece que ahora se tuviera que realizar todo de golpe, y que tuviésemos que emplear muchas energías convenciendo a la Cámara. Tengan en cuenta que, en tanto en cuanto llega tarde,
por mucho que se haga, ya de entrada es una injusticia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Finalizamos, señorías, con el turno del señor Campuzano en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es de justicia felicitar al señor Olabarría, y por extensión a todos los diputados y diputadas vascos y navarros de esta Cámara, por la moción que vamos a votar dentro de un rato, al diputado del PNV, a la diputada de Nafarroa Bai
y a la diputada de Eusko Alkartasuna, que han defendido también las cuestiones de fondo. Vamos a resolver una injusticia material; eso es lo que pretendemos. A aquellas personas que no pudieron encontrar en el sistema de protección social
aquellos elementos que les permitirían en su momento cobrar la pensión, no seguramente como resultado de su voluntad, sino por las decisiones políticas que se tomaron durante la dictadura, debemos garantizarles, en la perspectiva de las pensiones
que van a cobrar o que están cobrando, unas pensiones justas, reconociendo que ese esfuerzo que se hizo en esa etapa de enseñanza del euskera va acompañado de ese reconocimiento a efectos de protección social. Se ha dicho que esta es una medida que
va mucho más allá de una protección material; también es la asunción de que el conjunto del Estado español, de que el conjunto de la sociedad española está en deuda con las culturas vasca, catalana y gallega, que durante la etapa franquista fueron
reprimidas. Si el euskera es también patrimonio del conjunto de los ciudadanos del Estado español, es de justicia que aquellas personas que durante el franquismo se jugaron la vida y su carrera profesional para enseñar el euskera puedan tener hoy
pensiones garantizadas. Es razonable aquello que nos formula el Grupo Socialista, en el sentido de que esa solución forme parte de las bases de nuestro sistema de protección social. Pero al señor Olabarría y a mí nos gusta reivindicar que nuestro
sistema de protección social también se fundamenta en la idea de equidad, y esa idea de equidad responde a una idea material del concepto de equidad, no a una idea simplemente formal basada en los principios puros y duros del sistema de la Seguridad
Social, sino de equidad en términos sociales, en términos de afectar al conjunto de nuestra sociedad. Pero además, señorías -y el señor Tardá lo decía- es evidente que para aquellos diputados que somos catalanoparlantes, que provenimos de Cataluña,
del País Valenciá, de las Illes Balears, el reconocimiento de que a esas profesoras de euskera esos periodos de actividad les puedan servir para su pensión es también un mensaje para que si, en el ámbito lingüístico de los países catalanes,
existiesen profesores o profesionales que en esa etapa del franquismo se hubiesen dedicado a enseñar catalán y que hoy tuviesen situaciones similares a las que tiene el colectivo de las andareños, pudiesen ver reconocida también su protección
social. Entendemos que es un mensaje que también puede servirnos en el futuro a aquellos países que en España hablamos catalán, aunque en Cataluña al menos -y con el señor Tardá lo comentábamos informalmente hace un rato- no nos consta que exista
un problema de estas características. El esfuerzo que se hizo en Cataluña con la recuperación del autogobierno a través del sistema de enseñanza o a través del consorcio para la normalización lingüística dio salida más o menos a la problemática que
planteaban las personas que durante el franquismo y de manera voluntaria o a través de organizaciones de la sociedad civil estuvieron enseñando catalán en la clandestinidad. Por tanto, desde Cataluña, desde el ámbito lingüístico del catalán, ese
reconocimiento que se hace a las andareños nos supone también un reconocimiento moral, simbólico, del esfuerzo que toda una generación de mujeres y de hombres hizo en Cataluña, en el País Valenciano, en las Islas Baleares para que la generación de
personas adultas, hoy pudiésemos conocer el catalán. En mi ciudad, en Vilanova i la Geltrú, durante el franquismo, voluntarios del Círculo Católico, durante muchísimas tardes y de manera prohibida, estuvieron enseñando catalán a jóvenes de
Cataluña, de nuestra ciudad, que tuvieron la oportunidad de conocer su lengua por el esfuerzo de aquellas personas. Eso, en este contexto de recuperación de la memoria colectiva, nos parece absolutamente necesario y de ahí la aceptación de la
iniciativa del señor Olabarría.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL MODELO ENERGÉTICO DEL GOBIERNO Y LAS MEDIDAS FUTURAS A TOMAR EN FUNCIÓN DEL MISMO. (Número de expediente 173/000121.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el punto séptimo -y último en el día de hoy- del orden del día: Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
el modelo energético
del Gobierno y las medidas futuras a tomar en función del mismo.
Para defender esta moción, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo ha presentado una moción, consecuencia de la interpelación que hicimos al señor Montilla hace 15 días, donde planteamos algunos puntos concretos para volver al sentido común y al equilibrio en el sector energético y dejar
de perjudicar a las familias, a los consumidores, a los ahorradores, a la competitividad de las empresas y a la imagen exterior de España. Lo primero que quiero decir es que con el marco del sector energético y las medidas que está elaborando el
señor Montilla hay unos perjudicados que son los consumidores, las familias, las empresas y en particular algunos consumidores de Aragón, de Cataluña, de Murcia, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, cerca del 60 por ciento de los ciudadanos que no
podrán elegir comercializador energético y consecuentemente no podrán percibir precios más bajos, y sin embargo hay unos beneficiados. Hay unos perjudicados y unos beneficiados con las medidas del señor Montilla, y los beneficiados son precisamente
los que le condonan el crédito y los que comen con él dos días después de aprobada la OPA.
Cuando Gas Natural hizo la OPA sobre Endesa el propio señor Montilla y algunos portavoces socialistas dijeron: Es la hora del mercado; esta es una operación empresarial; hay que dejar funcionar al mercado; estamos en un sector
liberalizado y dejen ustedes que funcione el mercado. Todo para facilitar una OPA a 21 euros. Cuando ha venido una empresa que ofrece 27, seis euros más por acción, que a 1.100 millones de acciones son 6.600 millones de euros, van y dicen que ya
no es la hora del mercado, que estamos en un sector estratégico, que estamos en una empresa y en un sector que necesitan protección, porque, claro, querían facilitar la entrada de unos y perjudicar la de otros. Cuando Gas Natural hace la OPA a 21
euros, ahorrándose 6.600 millones de euros, el señor Montilla llegó a decir que hace falta crear gigantes energéticos europeos. Ahora ya no hace falta que sean gigantes europeos, ahora hace falta que sean españoles. Se cambia de argumento de
acuerdo con quién lance la operación.
Señoría, nosotros dijimos entonces, decimos ahora y diremos siempre que es un sector estratégico. Hoy lo dice hasta el señor Blanco. Dice que lo quieren controlar. Yo no diría esa expresión, creo se ha pasado de frenada. Controlar los
sectores económicos es propio del señor Blanco, que tiene unos profundos conocimientos jurídicos, 17 años estudiando, pero se pasa. Ahora, señoría, estamos en un sector estratégico, es verdad, pero un sector estratégico debe tener un ordenamiento
jurídico claro que garantice el servicio, que garantice precios bajos, que respete el medio ambiente, y además las reglas deben ser estables, no unas reglas arbitrarias que se cambian un viernes en el Consejo de Ministros y, dependiendo de si me
gusta o no me gusta, la cuelgo en la red o no la cuelgo en la red, lo aprueba el Consejo de Ministros sin tener el decreto, lo hacen el fin de semana después de aprobado y se equivocan.
Esto no es serio, eso es propio de países como Bolivia, que el
señor Moratinos denuncia ahora, pero ustedes hicieron lo mismo.
No tenía ningún sentido aceptar una OPA hostil. Me alegra que el señor Zapatero me dé la razón. Yo he dicho que las OPA hostiles no tienen sentido. Villepin y Zapatero se alían ante Bruselas y defienden los grandes grupos amistosos y
plantean un diseño de una política energética común sobre dos principios: garantizar la seguridad y que no haya OPA hostiles. Claro, señorías, es que no tenía ningún sentido la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa, que es la OPA hostil, porque
el señor Zapatero no sabe mucho de economía, pero sabe que las OPA se hacen entre propietarios de empresas y no entre Gobiernos. Las OPA son entre propietarios de empresas y no entre Gobiernos, pero, en fin, comprendo que no sepa mucho. El
francés, que sabe algo más que él, dice: No tiene sentido que haya OPA hostiles en el sector energético. No tiene ningún sentido la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa en un sector estratégico como el gas y la electricidad. Además era una OPA
que tenía tres condicionantes erróneos de partida, nadie me puede decir lo contrario. Primero, era una OPA en la que la que compraba era tres veces más pequeña que la que era comprada. ¿Qué sentido tiene? Segundo, se quería pagar con la
recaudación de la tarifa regulada la operación económica. ¿Qué sentido tiene que una empresa con tarifa regulada se dedique a comprar otras empresas? ¿Qué sentido tiene? ¿Que la paguen los consumidores? Tercero, los principales socios son una
caja de ahorros.
Dicen que existe reciprocidad, es decir, que el que compra pueda ser comprado, y yo espero que no se lo apliquen a las cajas de ahorros, porque si hay alguien que no tiene la reciprocidad son las cajas de ahorros.
Señorías, cuando Montilla se hizo cargo del ministerio (El señor Martínez Sanjuán: El señor Montilla.), cuando el señor Montilla se hizo cargo del ministerio -muy bien, señor Martínez Sanjuán, haga usted méritos- elaboró un libro blanco en
el que estableció un régimen del sector que producía inseguridad. Posteriormente cambió los miembros de la Comisión Nacional de Energía para facilitar la OPA. No cumplieron ni su programa electoral.
Leo el programa electoral.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Para finalizar, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy acabando, señora presidenta.
Potenciar el órgano regulador independiente procediendo a su elección directa por el Parlamento. Lo que hicieron. Ya sé que no pensaban cumplir el programa, pero podían haberlo hecho de una manera menos clara. Desde el Ministerio de
Industria se han tomado medidas
tarifarias y regulatorias para favorecer la OPA. Estamos ante un mercado estratégico, efectivamente, pero ¿por qué había que desmantelar Endesa, por qué había que desmantelar una empresa importante española? ¿Por qué? Es una empresa en
cuyo consejo de administración estaba el presidente de la patronal catalana. Cuando se inicia la OPA se empieza una especie de subasta que se sabe cómo empieza pero no cómo acaba. Ustedes, señor Montilla, dieron luz verde para que empezara la
operación y ha venido quien no ha querido y ahora quieren cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Ahora que abren la subasta a uno que puja 6 euros más por acción le dicen: Usted no, el que paga menos, que es amigo mío.
(Rumores.) Me
parece que se está haciendo un flaco favor a la economía española y un flaco favor a la credibilidad de España en el exterior.
Créditos condonados, aviones privados, comidas secretas, decretos-leyes a mitad de partido, políticas arbitrarias desde
luego no son el mejor marco para el sector energético. ¿Por qué había que desmantelar Endesa, señorías?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Martínez-Pujalte, por favor, finalice.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Nosotros pedimos que haya un mercado energético estable y que se reduzcan las tarifas para los consumidores.
No pedimos un porcentaje, sino la media de los diez últimos años. Y al señor Montilla que le den
otra responsabilidad de Gobierno, porque en esta está perjudicando a los consumidores y favoreciendo a sus amigos.
Con todo cariño, señor Montilla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Martínez-Pujalte.
Abrimos el turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Vamos a votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario Popular, y lo vamos a hacer por varios motivos. En primer lugar, porque consideramos normal que en el actual marco de la Unión Europea y en la actual etapa del capitalismo haya
situaciones conflictivas como las que estamos viviendo, derivadas de procesos de trasnacionalización, y por tanto las OPA se consideran medidas normales en un mercado trasnacionalizado, y de ahí la tendencia a que las compañías y en general todos
los sectores económicos tengan una dimensión cada vez mayor. En segundo lugar, si la operación de Gas Natural sobre Endesa es una operación económica, consideramos que sería mucho mejor que no hubiera salido de los límites de una medida de carácter
empresarial, pero sin duda ha salido y también esto tiene lógica. Tiene lógica porque en el Estado español cualquier operación, incluso una operación económica basada en criterios de interés, aunque sea oligárquico, es difícil que se pueda extraer
a un debate político de carácter territorial tan sumamente endiablado. El Bloque Nacionalista Galego tiene claro que el capital de Caixa de Catalunya que hay detrás de Gas Natural no es un capital patriótico en el sentido nacionalista del término,
sino un capital tendente a la españolía, como es lógico y natural, para mayores ganancias y el mayor mercado y, lógicamente, tendente también a la trasnacionalización. Por tanto, hacer insinuaciones en ese terreno puede valer para engañar a un
sector de la población, pero no para que realmente nos puedan convencer de que se trata de una operación de catalanidad avant la lettre y como principio teórico fundamental. En tercer lugar, algo muy importante: es legítimo que un gobierno de un
Estado de la Unión Europea intente blindar sus competencias en relación con sectores estratégicos como el de la energía, sobre todo cuando da la casualidad de que hay Estados de la Unión Europea que mantienen importantes empresas preeminentes en el
ámbito energético que tienen un accionariado de la Administración pública muy importante y que están sometidas a una lógica connivencia con sus gobiernos respectivos. Si es natural que Alemania opte por tener un gran grupo energético, que Francia
haga exactamente lo mismo e Italia también, normal es que el Estado español aspire a tenerlo. Por tanto, nada tenemos en contra de que el Gobierno español haya promulgado dos reales decretos que intentan establecer nuevas reglas de juego para las
actuaciones de grandes empresas de la energía en el Estado español, y no solamente de la energía, que tengan accionariado público de otros Estados. Así lo exige el interés general y sobre todo la capacidad política de tener algún tipo de influencia
en sectores básicos y estratégicos de la economía. Por tanto, nada que decir. En último extremo tenemos claro que es mejor que la sede de la empresa que resulte de la OPA esté dentro del Estado español que que sea una capacidad de decisión fuera
de las fronteras del Estado español. Lo decimos desde la posición de quien no tiene nada que agradecer a Endesa, sino todo lo contrario, quien ha creado la gran Endesa trasnacionalizada a base del expolio de nuestros recursos, y también desde la
posición de quien no tiene nada que agradecer a Gas Natural, que no fue precisamente muy proclive en su debido momento a que Galicia pudiese contar incluso con una central regasificadora. A nosotros, dentro de nuestra cierta neutralidad en cuanto a
las consideraciones de las OPA, dentro de nuestro cierto alejamiento en cuanto a que no estamos en connivencia con ningún sector trasnacionalizado del gran capital, nos parecen baladí determinados aspectos de esta situación, que valoramos en
términos relativos, de forma que no estamos dispuestos ni a repudiar la actuación del ministro ni a considerar que el Gobierno actúe de forma desconsiderada en un sector en el que otros están actuando exactamente igual. En todo caso, la
contradicción está en no tener estos sectores claramente estatalizados o por
lo menos con una gran influencia de accionariado público, pues entonces este comportamiento sería mucho más legítimo, más natural y más lógico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.
Adelante.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos encontramos ante una moción más del Grupo Popular que podríamos calificar de equilibrada. Es una moción equilibrada entre la exigencia y la satisfacción, la exigencia para con los demás y la satisfacción para con ellos mismos. En el
capítulo de las exigencias piden que se cese al ministro de Industria, la recuperación de la independencia y el crédito perdido de los organismos reguladores de nuestro país, que se revisen las políticas tarifarias eléctricas, que se establezca un
marco regulatorio claro y estable y que se inste a la Comisión Europea a examinar los procesos de concentración empresarial. En el capítulo de la autosatisfacción se dice que los gobiernos del Partido Popular impulsaron el paso de los oligopolios a
la competencia regulada, previa a la liberalización plena del sector. Lo hicieron, están satisfechos y lo dicen. Esa situación de bondad ha venido a deteriorarla el Gobierno actual con su visto bueno a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.
Señorías, nosotros somos partidarios de definir un modelo energético como eje básico para mejorar la productividad, la competitividad de las empresas, la generación de empleo y la sostenibilidad del modelo productivo. Eso hay que hacerlo
partiendo de la dependencia energética que hoy tiene nuestro país del exterior y de un modelo ineficiente manifestado por la relación entre el crecimiento del producto interior bruto y la demanda energética, que significa que cada punto de
crecimiento del PIB exige dos puntos de incremento de demanda energética.
Tenemos un modelo de infraestructuras que depende del petróleo, tenemos ciudades de urbanismo insostenible e insufrible y tenemos una ineficiencia energética en nuestros
modelos constructivos, de movilidad y de consumo. No hay políticas de gestión de la demanda, solo políticas de generación que a menudo olvidan la mejora de las redes de distribución y la planificación indicativa. Además nos alejamos de los
compromisos de Kioto. ¿Se refiere a todo esto la moción? No, francamente no. ¿Se refiere quizás a los intereses de los usuarios? Tampoco. ¿Se refiere quizás a las inquietudes de los trabajadores del sector? Tenemos que decir que tampoco. Nos
podemos llenar la boca de mercado único europeo y de mercado como regulador inefable. Nos podemos llenar la boca de libre competencia, como primer mandamiento, y al final, como toda la vida, los gobiernos intentan reservarse el control sobre los
sectores estratégicos de su economía; cosa que por otra parte nos parece perfectamente bien. La electricidad y el gas en Francia, Italia o Portugal están monopolizados por sus grandes grupos empresariales y en Alemania es un duopolio. Por tanto,
entendemos que los Estados defiendan sus sectores estratégicos, pero entendemos menos que, siendo esto tan importante para este Gobierno y sobre todo para gobiernos anteriores del Partido Popular, llegaran a la conclusión de que son más adecuados
los monopolios privados que el sector público. Nosotros nos preguntamos ahora: si se pretende un monopolio privado, ¿por qué se privatizó para favorecer la competencia? ¿No era precisamente el argumento de la competencia el que se utilizó para
privatizar? Si es un sector estratégico, ¿por qué lo defiende mejor la lógica del beneficio privado que la lógica del servicio público y del desarrollo global de la economía? ¿Por qué son mejores los monopolios privados que los públicos, señores
del Partido Popular? Ustedes interrogan sobre el modelo del Gobierno y oponen su modelo. A nosotros nos gustaría discutir el modelo energético que necesita España, que necesita este país, que necesita el desarrollo sostenible y que necesitan, en
definitiva, la sociedad, los servicios públicos y la creación de empleo, porque necesitamos un modelo más eficiente en nuestro país. Señores del Partido Popular, nosotros no creemos que su moción trate del sector energético. Su moción trata
sencillamente de qué operadores son los que deben conformar los monopolios que se beneficiarán de su posición de privilegio. Ese ni es nuestro debate ni es nuestra opción y por tanto no podemos votar favorablemente su moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra para fijar posición en esta moción el señor Beloki. Adelante, señor Beloki, su turno.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado día 8 de marzo la Comisión Europea presentaba en Bruselas su visión de estrategia energética para Europa y hablaba de que existen una serie de desafíos energéticos importantes como el de una urgente necesidad de
inversiones; llamaba la atención sobre nuestra dependencia respecto a las importaciones, que va en aumento; hablaba de que las reservas están concentradas en unos pocos países y que eso constituye un desafío; que la demanda global de energía está
creciendo; que los precios del petróleo y el gas están aumentando; que estamos asistiendo a un cambio climático; que Europa aún no ha desarrollado unos mercados interiores de la energía plenamente competitivos, y presentaba un libro blanco en el
que se refería a seis ámbitos de prioridad y más de 20 sugerencias concretas. Y en los ámbitos de prioridad citaba la necesidad de completar el
mercado interior de la energía; la solidaridad entre los Estados miembros; la prioridad de una combinación energética más sostenible, eficiente y diversificada, una prioridad de que la Comisión vea la necesidad de hacer frente con medidas
claras ante los retos del calentamiento del planeta; la necesidad de un plan estratégico de tecnologías de la energía y de una política exterior energética común. De todo esto hablaban el día 8 y, si no tengo mal entendido, han debido de hablar
esta mañana los responsables de la energía en Bruselas, hablarán los presidentes de Gobierno dentro de unos pocos días, creo que el 23 y 24 de este mes de marzo, y de todo esto debiéramos estar hablando aquí. Pero, como decía con ocasión de la
presencia en la Comisión de la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, la situación que de hecho se ha comentado sobre estos problemas energéticos, que los hay e importantes, es francamente lamentable. Es lamentable, entiendo yo, para la
propia política, pero todavía lo es más para el mundo empresarial, al que hemos puesto, insisto, a los pies de los caballos de la política partidaria. Yo estoy convencido de que no se va a derivar ningún beneficio para este debate tan importante,
este debate que se plantea en Europa, pero no hay otra Europa que la que existe en cada Estado hoy por hoy, no existe una Europa al margen de los Estados. Ningún beneficio se va a derivar para este debate tan necesario y tan urgente si los términos
del mismo entre nosotros son los que lamentablemente estamos viendo que son.
El diálogo mantenido entre el representante del grupo interpelante y el Gobierno la pasada semana fue un diálogo de sordos, y mi grupo está convencido de que la moción de hoy tampoco va a servir para nada, de forma que nuestro voto va a ser
negativo por eso, no sirve para nada, y al no servir para nada positivo está siendo una auténtica rémora para los debates energéticos que, sin embargo, nos urgen. Claro que están perdiendo crédito los organismos reguladores, todos los días, de
seguir así más y más; claro que tenemos una política tarifaria y en concreto un sistema de fijación de la tarifa eléctrica que es francamente mejorable desde la perspectiva de la transparencia y de la estabilidad, pero de seguir en este debate y si
nos atenemos a los términos del mismo más y a peor. Ojalá dispusiéramos de un marco regulatorio claro y estable; ojalá no fuera necesario tener que proceder reactiva y precipitadamente a aprobar nuevas normas; ojalá todo el mundo hubiera hecho
los deberes con antelación; ojalá no estuviéramos ante una evidente pérdida de crédito de nuestra política energética. Estos son los hechos. El problema no es constatar los hechos, sino iniciar un camino en el que ante estos hechos seamos capaces
de entrar en el debate tan urgente, tan necesario, que si nosotros no queremos plantear aquí nos está dando el pie y el guión la Comisión Europea. Ojalá entremos cuanto antes, y ese día mi grupo votará sí. Hoy, ante los términos en que se plantea
el debate, mi grupo votará un no total.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, en cuyo nombre tiene la palabra para fijar posición en esta moción el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, desde Esquerra Republicana tenemos una visión crítica ante la actual situación de la regularización del sector eléctrico y de su mercado. Creemos que en el contexto actual está lejos todavía de los retos que un
sistema eléctrico debería enfrentar con rigor y urgencia. En este sentido muy repetidamente se habla de que los objetivos son abaratar el precio de la energía y garantizar un suministro de calidad. De acuerdo en la medida en que sea posible, pero
nos queda matizar que en la lista de objetivos de la regularización del sistema eléctrico hay aspectos que añadir: internacionalizar progresivamente las externalidades ambientales asociadas a cada fuente energética de los precios de la energía;
diversificar las fuentes energéticas fomentando las energías renovables; fomentar los servicios energéticos sin pasar necesariamente por la electricidad; fomentar el ahorro y penalizar el derroche y educar al consumidor y darle herramientas de
elegibilidad.
Queremos hacer hincapié en que estos apuntes no deben resultar menores si atendemos a la realidad internacional, a la geopolítica de los combustibles fósiles, a su incremento exponencial de precio y a la predicción de su agotamiento.
Estos apuntes pueden pasar de resultar complementarios a ser fundamentales. Queremos recordar que una herramienta esencial para la consecución de estos objetivos es considerarlos en la regulación del sector eléctrico. Hablamos de concentración
empresarial, pero también hay que atender a la concentración tecnológica, a la dependencia de los combustibles, en definitiva, a la sostenibilidad del sistema. Pero de estas cuestiones poco se habla en esta Cámara. Lo que interesa es el alboroto
político. El proceso de liberalización emprendido hasta ahora en el sector eléctrico, desde la firma del protocolo eléctrico en 1996 y la posterior ley de 1997, según los señores del Partido Popular, ha representado un escenario de mercado en el
que dominan la competencia y la transparencia. Pues bien, ¿cómo caben aquí los 3.500 millones de euros de déficit tarifario del pasado año? ¿Y los más de 3.000 millones de euros de déficit de las empresas distribuidoras de electricidad? ¿Cómo
caben los 12.000 millones de costes de transacción a la competencia que han alterado absolutamente las reglas del mercado? Exponen también que la tarifa mediana eléctrica se ha reducido, pero no digan que es una de las tarifas más baratas de
Europa. Si no, léanse la información básica de los sectores de la energía 2005 de la Comisión Nacional de la Energía y verán que estamos en el puesto 13 de los 18 que se consideran, o sea, la Unión Europea y Noruega.
Vistos estos déficits,
aún pretenden en la presente moción que se garantice la reducción del precio. ¿En qué quedamos: queremos transparencia o queremos que la tarifa refleje los costes de la energía? ¿O quieren mantener el engaño al consumidor y la opacidad en
el mercado?
Desde la llamada liberalización se han dado reiteradas y permanentes muestras de inestabilidad corporativa. Nos consta que todos estos procesos tenían una parte negativa de concentraciones empresariales, pero con una debida reconducción
hubieran constituido una oportunidad para reestructurar las posiciones oligopólicas del sector eléctrico para tener un mercado más competitivo y equilibrado. Ante tan reiterados casos, hubiera sido deseable que se hubiera objetivizado una
definición sobre los pretendidos intereses generales y se hubiera dibujado el contexto eléctrico deseable para que, en cualquier caso, todas estas propuestas de operaciones se midieran y condujeran hacia la seguridad, la calidad y la diversificación
energética. Creemos sinceramente que el hecho que hoy nos ocupa es fruto de la irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular, y si no se toman medidas oportunas habrá que responsabilizar también al Gobierno socialista. Los intereses generales
deben estar presentes en una regulación positiva, no escudados en definiciones coyunturales de conveniencia, sean tomados por parte de la CNE, por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia o por parte de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. El PP nos propone ahora que designemos a nuevos amigos en los organismos reguladores. Más de lo mismo. Ya no estamos hablando de propuestas para objetivizar la defensa de los intereses generales, sino de reforzar las posturas
políticamente condicionadas. La moción del Partido Popular expone en su exposición de motivos que el modelo energético requiere una planificación previa que acabe con la deriva intervencionista y arbitraria del Gobierno. Y luego nos pide que
reformemos todavía más el peso específico de las decisiones eventuales.
En estas condiciones, liberación no es sinónimo de competencia, ni de eficacia, ni de fortaleza, ni de transparencia de mercados.
Nuestro grupo cree que los intereses generales de la política energética y la seguridad pública a que se apelan en la inminente modificación de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía deben estar objetivizados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Voy acabando, señora presidenta.
Deben someterse a simétricas consideraciones las operaciones de concentración, como pretende el Gobierno en el próximo real decreto, y creemos que deben quedar objetivamente claros los derechos en la defensa del consumidor, los escenarios de
calidad, la garantía de diversificación de los suministros que se desean y la tendencia hasta la sostenibilidad.
La moción es contradictoria con los objetivos que se pretenden, por lo que pueden suponer que nuestra posición va a ser contraria a su aprobación.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Aun así, por todo lo expuesto, pensamos que el próximo real decreto sí debe ser sometido a una reflexión más profunda y que debe atender a niveles de detalle que nos presentan los escenarios en que objetivamente se
garanticen la seguridad, la defensa de los intereses generales, la sostenibilidad ambiental y los derechos del consumidor. Ya les anunciamos, señoras y señores diputados, que solicitaremos que el futuro real decreto se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón. Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y tiene la palabra, para fijar posición sobre esta moción, el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo ante la moción del Grupo Popular sobre el modelo energético, debate muy parcial que se ha suscitado ahora, y no gratuitamente, a raíz de la pretendida OPA de Gas Natural sobre Endesa y la
posterior de E.ON. Desde el inicio del proceso, el Grupo Parlamentario Catalán ha manifestado que la OPA de Gas Natural a Endesa es una decisión empresarial que las empresas en cuestión toman de forma independiente y autónoma y responde a intereses
empresariales y a estrategias y dinámicas de mercado. Como no puede ser de otro modo, únicamente podemos mostrar coherencia a la hora de valorar la OPA de E.ON sobre Endesa, recalcando que, al igual que la lanzada por Gas Natural a la eléctrica
española, responde -la de E.ON- a una operación empresarial entre agentes privados, sobre la que el mercado deberá decidir.
La importancia que tienen para la economía española las empresas y el sector energético del que estamos hablando nos obliga a efectuar unas consideraciones adicionales. El sector de la energía no es un sector cualquiera para los países
desarrollados; junto a la inversión en infraestructuras, la inversión en formación y la capacidad de innovar y de utilizar las nuevas tecnologías, el sector de la energía se erige en un sector estratégico y trascendental de nuestra economía, como
mínimo para las dos próximas décadas. Sin una gestión energética eficiente, innovadora y competitiva no habrá posibilidad de ser competitivo en el mercado global en el que estamos y que se va a intensificar en el futuro.
Esto lo saben en Francia,
en Italia, en Alemania, en Estados Unidos y, en consecuencia, ninguna fuerza política responsable debería ser frívola al abordar esta cuestión.
Una segunda reflexión que quisiera hacer es que en el contexto europeo es preciso avanzar hacia la plena liberalización en este sector y es preciso aunar criterios y voluntades para avanzar en un mercado único en el que las mercancías, los
capitales, los servicios y las personas puedan moverse libremente. Nosotros mostramos nuestro convencimiento de que un mercado único europeo beneficia a los consumidores, beneficia al mercado y construye una Europa económicamente fuerte. No
obstante, hagámoslo en igualdad de condiciones. La liberalización debe ser para todos los países y el levantamiento de actitudes proteccionistas debe efectuarse también para todas las empresas. Tenemos ejemplos en Francia y en Alemania, donde
todavía mantienen actitudes proteccionistas. Insisto en que el sector energético es estratégico. Debemos buscar una acción europea común para el futuro en el sector de la energía, pero las condiciones de partida para la construcción de esta acción
común deben ser iguales para todos.
Ello significa que en lo posible, y sin vulnerar los derechos de los accionistas, le corresponde al Gobierno evitar pérdidas de centros de decisión económica, que en un futuro inmediato podrían ser decisivas.
Con relación a las OPA o al modelo energético llamado eufemísticamente, nuestro grupo considera positiva la integración de empresas españolas en el ámbito energético. Desde una visión estratégica sobre la evolución futura de nuestra
economía es preciso destacar que para la economía española sería importante disponer de empresas energéticas bien dimensionadas para afrontar los retos económicos del futuro. Para el Grupo de Convergència i Unió siempre será más positivo una opción
de redimensionamiento en el sentido de su crecimiento que mantenga el control de la empresa en territorio español, sea en Sevilla, en Valladolid o en Barcelona, que la opción de diluir un gran grupo energético español en el capital de una
multinacional alemana en este caso. Vemos favorable también la unión entre una empresa de energía eléctrica y una empresa energética de gas, porque esta unión de sinergias se ha dado en otros países, por ejemplo, sin ir más lejos, en Alemania, con
E.ON, o en Francia.
Finalmente quiero señalar que en el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió estamos absolutamente en contra de politizar e instrumentalizar partidísticamente esos procesos que deben enmarcarse en un contexto de mercado y de
evolución de la actividad empresarial. No compartimos el posicionamiento que ha tenido el Partido Popular en este ámbito, ya que, desde el momento en que Gas Natural presentó la OPA, ha planteado una posición política de claro rechazo por la
exclusiva razón de que la empresa que había presentado la OPA tiene su sede central en Cataluña. Es totalmente inadmisible instrumentalizar políticas de oposición política a golpe de OPA. Nosotros apoyamos las acciones emprendidas hasta el momento
por el Gobierno y por la Comisión Nacional de la Energía para propiciar la existencia de un sector energético en España bien dimensionado, competitivo y capaz de afrontar, conjuntamente con las demás empresas energéticas de la Unión Europea y en
igualdad de condiciones, el reto de la eficacia y de la competitividad que le corresponde hacer a este sector para los próximos años.
Votaremos en consecuencia en contra de la moción del Grupo Popular, especialmente por el empecinamiento en pedir el cese del señor ministro, planteamiento que nuestro grupo, en general, siempre ha rechazado, incluso cuando se hacía contra
ministros de gobiernos anteriores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Finalizamos con el último grupo parlamentario que fijará posición, que es el Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
En el conjunto de la moción que ha presentado hoy el Grupo Popular se advierte un nulo interés para realizar una propuesta mínimamente constructiva y por tanto para entrar a analizar todos y cada uno de los puntos; no digamos la exposición
de motivos. Resulta una tarea muy poco gratificante y muy desalentadora, dado que la moción contiene valoraciones infundadas, opiniones de dudosa credibilidad y solvencia y errores de bulto; en definitiva, calificaciones que son descalificaciones,
en lugar de usar argumentos y análisis para que se pueda proporcionar, como mínimo, un poquito de rigor a este debate. El primer punto es fiel reflejo de lo que acabo de señalar y, por respeto a esta Cámara y a cada una de las diputadas y a cada
uno de los diputados que estamos aquí, no voy a perder ni un minuto en argumentar su rechazo; ni siquiera se ha atrevido el portavoz del Grupo Parlamentario a defender este punto directamente.
Antes de entrar en las medidas concretas que se proponen, quiero hacer una consideración de carácter general, de principios, que se refiere a lo que da origen a esta moción, como ha demostrado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
es la OPA de Gas Natural sobre Endesa, y el interés que ha tenido el Partido Popular por politizarla desde el inicio.
Vuelvo a decir -se ha dicho varias veces en esta Cámara- que el Gobierno se ha limitado a buscar el adecuado equilibrio entre la
libre toma de decisiones empresariales y la protección de la competencia efectiva autorizando una operación con una serie de condiciones que resuelven precisamente esos problemas de competencia. Ha garantizado así la salvaguarda del interés general
y ha asegurado el correcto funcionamiento de los mercados energéticos en relación con las actividades reguladas, como son el transporte y la distribución, y con aquellos activos de carácter estratégico, como son las centrales nucleares o la
infraestructura de importación de gas. Haber hecho lo contrario, es decir, prohibir la operación injustificadamente,
hubiese minado la confianza de los agentes económicos y se hubiera convertido en un verdadero obstáculo al proceso de liberalización de los mercados energéticos, que dicen ustedes defender.
Entrando en el segundo punto, que se refiere a la necesidad de recuperar la independencia y el crédito perdido en el que se mezclan órganos regulatorios, como son el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía,
con órganos que se denominan regulatorios, que no lo son, sino supervisores, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, resulta francamente paradójico, porque el marco normativo es el mismo que había cuando ustedes gobernaban, es
exactamente el mismo, y resulta que es ahora cuando no es independiente.
Ustedes llegan a afirmar: Tribunal de Defensa de la Competencia; depende del Gobierno. Se ha emitido un informe no vinculante que el Gobierno no ha tenido en cuenta. No
puede ser una cosa y la contraria, no puede ser que sea dependiente y que luego se le acuse de no haber tenido en cuenta el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es algo totalmente absurdo. En cuanto a la Comisión Nacional de la
Energía, la comparecencia de su presidenta la semana pasada en la Comisión de Industria fue francamente clara. El Grupo Parlamentario Popular rechazó la competencia de la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía por rigurosa.
(Rumores.)
Sí, señores diputados, por rigurosa. Habría que hablar de otra cosa. No voy a hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que se atribuye ser un órgano regulador, cuando es supervisor. Estos errores explican el descrédito que ya
tenía la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque les recuerdo que su presidenta tuvo que dimitir cuando ustedes gobernaban.
Respecto a los siguientes bloques, el punto c), tampoco les gusta el tema de la tarifa, pero resulta que es el déficit tarifario que ustedes generaron para compensar la desaparición de los CTC, como ya les han dicho en otra ocasión. Es
sustitución del billón a las eléctricas. Es un déficit tarifario totalmente descontrolado y que ahora se quiere regular a través del real decreto de 24 de febrero. Pero no voy a hablar de los reales decretos porque será el debate de la próxima
semana. En relación con la necesidad de restaurar el crédito perdido ante las instituciones comunitarias, contiene una gran falsedad, dado que en estos momentos no hay ninguna institución comunitaria que haya denunciado las medidas adoptadas por el
Gobierno. No se han denunciado las medidas; la Comisión se ha limitado a requerir información adicional. Otra vez la mala memoria, porque sí hubo una denuncia en la anterior legislatura, precisamente por el tema de los CTC.
En definitiva, señores del Grupo Parlamentario Popular, es un disparate de moción donde se mezcla todo con muy poco acierto y con muy poco rigor, pero con muy mala intención, como en todo. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Mendizábal.
Llamamos a votación, señorías, y les recuerdo que votaremos el punto 5, la moción de Convergència i Unió, con la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, a no ser que el señor Xuclà diga lo contrario; el punto 6, moción
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), con la enmienda socialista aceptada, y el punto 7, la moción del Grupo Parlamentario Popular, en sus términos, porque no había ninguna enmienda presentada. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
Discúlpeme, señor Xuclà, ¿podría usted exactamente concretar los puntos que acepta y los que no acepta? Gracias.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, intervengo simplemente para decirle que no acepto la enmienda del Grupo Socialista, de acuerdo con el Grupo Socialista, para hacer posible la petición de votación separada, por una parte, de los
puntos 1 y 2 de la moción y, por otra, del punto 3 de la moción.
El señor PRESIDENTE: Entiendo.
Votación de las mociones consecuencias de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas de carácter general que prevé adoptar el Gobierno para minimizar el impacto
territorial, medioambiental y social de las nuevas infraestructuras ferroviarias y viarias a su paso por las comarcas de Girona. Se ha solicitado votación separada; en primer lugar puntos 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 293; en contra, 15; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Segunda votación: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la protección del sistema público de Seguridad Social de docentes en lengua
actualmente oficial durante el régimen anterior. Se ha incorporado la enmienda socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el modelo energético del Gobierno y las medidas futuras a tomar en función del mismo. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 128; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Buenas noches.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el Diario de Sesiones número 152, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes 21 de febrero de 2006, en la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señor Atencia Robledo,
en el debate sobre la toma en consideración de proposiciones de ley sobre la memoria histórica, en la página 7627, segunda columna, líneas 12 y 13, dice: un pacto de reconciliación sin reconciliación, cuando debería decir: un pacto de
reconciliación. Sí, reconciliación.