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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 155, de 28/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 155
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 144
celebrada el martes, 28 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 123-1, de 22 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000108.) ...
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se cede de forma íntegra el Castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 97-1, de 12 de julio de 2004. (Número de
expediente 122/000081.) ... (Página 7759)
Modificación del orden del día ... (Página 7767)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ...
(Página 7767)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, relativa a la financiación del cable submarino de fibra óptica con El Hierro. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 306, de 16 de diciembre de 2005. (Número de
expediente 162/000413.) ... (Página 7768)
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 30 de enero de 2006.
(Número de expediente
162/000425.) ... (Página 7772)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a la práctica las propuestas del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. (Número de expediente 173/000116.) ...
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre iniciativas políticas del Gobierno frente a la Directiva Bolkestein. (Número de expediente 173/000117.) ... (Página
7784)
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre planes del Gobierno para proceder a la elaboración de una normativa específica de mataderos rurales artesanos. (Número de expediente 173/000118.) ... (Página
7791)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley. ... (Página 7750)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. ... (Página 7750)
El señor Tomé Muguruza presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esta proposición de ley que trata de la creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, convencido de que de prosperar esta iniciativa
mejoraría sustancialmente el funcionamiento de las Cortes Generales, tanto en relación con los Presupuestos Generales del Estado en sus distintas fases como en las competencias propias de la función legislativa en general y del control de la acción
del Gobierno.
La iniciativa es ambiciosa, exhaustiva y rigurosa y viene a satisfacer la necesidad largamente sentida de que las Cortes Generales, Congreso y Senado, se doten de medios técnicos propios suficientes para desempeñar de manera adecuada
sus competencias en materias de contenido económico, financiero y presupuestario. Recuerda que prácticamente no ha habido legislatura en la que este asunto no haya sido objeto de debate o estudio, así como que el vigente Reglamento de la Cámara ya
prevé, desde su aprobación en la primera legislatura, que se dote a la Comisión de Presupuestos de medios materiales y humanos propios, sin que nunca se haya desarrollado esta disposición. Finaliza señalando que la Oficina Presupuestaria de las
Cortes Generales, tal y como entiende su grupo su función, no viene a sustituir ni a solaparse con la actividad de ningún otro órgano destinado al control o análisis económico financiero, ya sea de naturaleza administrativa, institucional o incluso
privada, ni mucho menos con la actividad del Tribunal de Cuentas, incuestionable, tal y como lo fija nuestra Constitución en el control a posteriori del ciclo presupuestario.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se cede de forma íntegra el castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona. ... (Página 7759)
El señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la proposición de ley por la que se pide la cesión íntegra del castell de Montjuïc al
Ayuntamiento de Barcelona. Con leer el artículo único se
podría dar por defendida la iniciativa, artículo que dice: Se cede de forma íntegra el castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona, con sus fosos y glacis, incluyendo en dicha cesión el espacio que ocupan las instalaciones militares.
En su disposición derogatoria única quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley. Su grupo no entiende por qué se alarga tanto esta cesión, cuando desde hace años el Gobierno
central está cediendo cuarteles, centros e instalaciones militares en todo el Estado.
¿Por qué se tiene que poner condicionante a una ciudad como Barcelona, que ha demostrado reiteradamente que es respetuosa con la legislación vigente? El
presidente del Gobierno prometió esta cesión en campaña electoral y todavía no se ha cumplido. Finaliza preguntándose qué sentido tiene traspasar el castillo y dejar soldados, y qué sentido tiene un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno por
el que se cede un castillo a un ayuntamiento pero se le condiciona.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 7767)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 36 y 37, correspondientes respectivamente a las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias y
la proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ...
(Página 7767)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, se rechaza por 118 votos a favor, 158 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se cede de forma íntegra el castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona, se rechaza por 29 votos a
favor y 260 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 7768)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, relativa a la financiación del cable submarino de fibra óptica con El Hierro. ...
(Página 7768)
Defiende la proposición no de ley el señor Rivero Baute, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Manifiesta que quizá esta proposición no de ley no atraerá el interés general de todo el Estado pero en cambio
es muy importante para los 10.000 habitantes de la isla de El Hierro. El principal problema que tiene en estos momentos la isla es la situación de aislamiento y de falta de comunicaciones con el exterior, dado que carece del cable submarino de
fibra óptica para conectar con el resto del archipiélago canario y, por tanto, para conectar con el exterior. Finaliza resaltando que la solución del problema es sencilla y lo único necesario es la colaboración del Gobierno del Estado para que,
conjuntamente con el Gobierno de Canarias, el Cabildo y las empresas, el operador impulse la colocación de este cable submarino que permitirá que los habitantes de El Hierro se sientan en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos del
conjunto del Estado.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen el señor Reguera Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rivero Baute.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia. ...
(Página 7772)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez Sánchez. Desearía que la Cámara comprendiera la importancia histórico-política de la iniciativa presentada. Es algo así como comprender la perspectiva
gallega, precisamente en relación con el pluralismo y la diversidad nacional, como un factor clave de la democracia. Alexandre Bóveda fue fusilado con 33 años en agosto de 1936, una vez sometido a un consejo de guerra sumarísimo, acusado de
traición por los militares sublevados. Este hombre joven, sin cargos institucionales, progresista y nacionalista, es la figura política más significativa ante el golpe militar en la ciudad de Pontevedra. Fue el gran redactor del Estatuto de
Galicia. Señala que Galicia necesita más que nadie reconstruir la verdad histórica, no por un afán partidista sino por la dignidad del propio país. Su grupo celebra que con el caso ejemplar de Bóveda se pueda empezar esta recuperación y la
anulación de su consejo de guerra. Bóveda es para todos los gallegos la expresión significativa de la voluntad de Galicia, de país digno que aspira a tener un lugar en la historia. Finaliza pidiendo el voto afirmativo a esta proposición no de ley.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efecto de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, relativa a la financiación del cable submarino de fibra óptica con El Hierro, se aprueba por 153 votos a favor y 149 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, se aprueba por 180 votos a favor, seis en contra y 119 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 7778)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a la práctica las propuestas del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. ... (Página
7778)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Martín Mendizábal, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que desde el pasado miércoles que presentó en esta tribuna la interpelación urgente
que ha dado origen a esta moción ha ocurrido un hecho muy significativo y es que miles de personas quisieron estar en Madrid con las víctimas del terrorismo. Quiere dejar muy claro que el Partido Popular ha estado siempre con las víctimas, como ha
estado siempre recogiendo las demandas de las víctimas. Para el Partido Popular todas las víctimas tienen la misma importancia, y es el Partido Socialista el que las ha dividido. Todo lo sucedido debería llevar al Partido Socialista a una profunda
reflexión, porque los terroristas no han cambiado su posición, el que ha cambiado ha sido el Partido Socialista, que ha hecho añicos el Pacto por las libertades y contra el terrorismo que consiste en derrotar al terrorismo con toda la fuerza del
Estado de derecho, sin ventajas políticas para los que han ejercido y ejercen el terror con las víctimas, con todas las víctimas. Finaliza repitiendo que lo que dice esta moción es lo que la Fundación Víctimas del Terrorismo pidió al presidente del
Gobierno, por lo que pide el voto a favor de sus demandas y peticiones.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señora Martín Mendizábal.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre iniciativas políticas del Gobierno frente a la Directiva Bolkestein. ... (Página 7784)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Pérez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Manifiesta que el ministro de Economía la pasada semana,
en la contestación a la interpelación de su grupo, ponderó no solo la Directiva Bolkestein sino los cambios introducidos en el texto original en el Parlamento Europeo por los grupos Socialista y Popular. Su grupo no comparte este criterio y afirma
que las enmiendas introducidas en la primera lectura del Parlamento Europeo no suponen cambios tranquilizadores o suficientes. Los textos aprobados siguen discriminando a los trabajadores autónomos, cuyas condiciones contractuales, sueldos y
condiciones laborales siguen dependiendo de las reglas del país de origen. El análisis de los acuerdos reales del Parlamento Europeo llevan a la conclusión de que la directiva seguiría siendo extremadamente peligrosa y dañina para el conjunto de
los trabajadores y ciudadanos de la Unión Europea, aun cuando las enmiendas fueran aprobadas como lo están en este momento. Finaliza proponiendo un texto que defiende una posición básica en torno al modelo social y europeo al que el señor
vicepresidente se refería. Se trata de una plataforma mínima para seguir luchando frente a la desregulación.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC) y Barrio de Penagos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Pérez Martínez.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para proceder a la elaboración de una normativa específica de mataderos rurales artesanos. ... (Página 7791)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que su grupo piensa que el desarrollo sostenible y multisectorial debe basarse en la creación de empleo, de
servicios públicos y privados, de comunicaciones y de valores culturales que impidan la despoblación. En Aragón hay 121 mataderos de pequeña capacidad y 750 carnicerías que, además, en muchos casos son los únicos servicios de alimentación. Esta
situación se ve seriamente amenazada por la aplicación de nuevas directivas europeas. Por ello el Gobierno central, las comunidades autónomas y demás entidades locales deben establecer una serie de medidas para paliar este fortísimo impacto en el
medio rural. Finaliza señalando que acepta la enmienda transaccional del Grupo Socialista porque entiende que en ella se recogen los puntos fundamentales que su grupo plantea, como son una ley sobre desarrollo rural orientada a la modernización del
medio rural que posibilite el mantenimiento de actividades económicas y, sobre todo, la aplicación del reciente Reglamento 2076/2005, que permitirá durante unos años que la situación de carnicerías y pequeños mataderos pueda mejorarse. Si dentro de
la fecha que marca el propio reglamento no están mejorados, las comunidades autónomas deberán decidir si las cierran definitivamente.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Naharro de Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a la práctica las propuestas del III Congreso Internacional de
Víctimas del Terrorismo, se rechaza por 123 votos a favor; 172 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds , sobre iniciativas de políticas del Gobierno frente a la Directiva Bolkestein, con
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 287 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente del señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre planes del Gobierno para proceder a la elaboración de una normativa
específica de mataderos rurales artesanos, se aprueba por 293 votos a favor.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LAS CORTES GENERALES. (Número de expediente 122/000108.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al martes 28 de febrero de 2006. Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de la Oficina
Presupuestaria de las Cortes Generales. Para la defensa de la proposición de ley en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tomé, por un tiempo de 15 minutos.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, señoras y señores diputados, me corresponde presentar hoy a la Cámara la proposición de ley del Grupo Popular para la creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Quiero, desde el
principio de mi intervención, dirigirme a los grupos parlamentarios, a todos sin excepción, para solicitar su apoyo a una iniciativa que de prosperar vendrá a mejorar sustancialmente el funcionamiento de las Cortes Generales, tanto en relación con
los Presupuestos Generales del Estado en sus distintas fases como en las competencias propias de la función legislativa en general y del control de la acción del Gobierno. Espero que nadie trate de justificar un eventual rechazo a la creación ahora
de la Oficina Presupuestaria con el argumento socorrido pero tantas veces usado de manera abusiva de que esta iniciativa tampoco se adoptó en legislaturas pasadas, ni mucho menos de que se trata de una iniciativa del Partido Popular, como creo que
también sería un error dejar pasar esta oportunidad alegando el proceso en marcha de reforma del Reglamento del Congreso, proceso cuyo desenlace, sin perjuicio del valor de los trabajos realizados en esta legislatura y de los acuerdos alcanzados
también en esta materia, está sujeto a multitud de variables sin que sea previsible un desenlace favorable inmediato, y ustedes son bien conscientes de ello. La propia memoria explicativa elaborada por la ponencia que ha trabajado en esta
legislatura en el Reglamento reconoce que la regulación de la Oficina Presupuestaria supera en mucho -expresión literal- el ámbito de regulación del Reglamento.
Renuncia a pormenorizar un asunto en el que -se dice- hace falta un debate profundo y
provechoso. Señorías, tramitemos esta proposición de ley y tengamos ese debate profundo y provechoso que reclama la memoria del proyecto de Reglamento.
La proposición de ley que presentamos es ambiciosa, exhaustiva y rigurosa y viene a satisfacer la necesidad largamente sentida de que las Cortes Generales (Congreso y Senado) se doten de medios técnicos propios y suficientes para desempeñar
de manera adecuada sus competencias en materias de contenido económico, financiero y presupuestario. No podemos ni debemos esperar. No ha habido prácticamente legislatura en la que este asunto no haya sido objeto de debate o estudio. SS.SS. son
sin duda conscientes de que el Reglamento vigente de la Cámara ya prevé, desde su aprobación en la primera legislatura, que se dote a la Comisión de Presupuestos de medios materiales y humanos propios sin que nunca se haya desarrollado esta
disposición. Por otra parte, la disposición adicional vigésima de la Ley de Presupuestos para 1990 previó la creación en el seno de la Secretaría General del Congreso de una Oficina Presupuestaria destinada a asesorar técnicamente a los órganos de
las Cámaras y a informar a los grupos parlamentarios sobre la ejecución presupuestaria.
En junio de 1996, al comienzo de la VI Legislatura y de acuerdo con el compromiso asumido por el presidente Aznar en su discurso de investidura, la Mesa del
Congreso retomó los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la oficina sin que tampoco entonces se materializase esta iniciativa. En la pasada legislatura también hubo iniciativas de distintos grupos para la reforma del Reglamento que
preveían el desarrollo de la Oficina del Presupuesto. Lo que está claro es que ni la Ley de 1990 ni el artículo 60.2 del actual Reglamento tienen hoy virtualidad alguna. Con la pretensión de condicionar el desarrollo de la Oficina Presupuestaria,
la reforma del Reglamento
no ha hecho más que hacer que aquella corra los avatares de esta y que la creación de la oficina se haya visto retrasada una y otra vez. Hoy ni los diputados ni los grupos parlamentarios cuentan con el apoyo técnico especializado para la
elaboración de iniciativas y enmiendas en la tramitación de los proyectos de ley que la creciente complejidad de las materias económicas y financieras exige. Son más de dos décadas de intentos fallidos que hacen que nuestro Parlamento empiece a
resultar una anomalía si lo comparamos con otras cámaras legislativas en países con tradiciones parlamentarias y democráticas mucho más arraigadas. Es de sobra conocido el trabajo que el Congressional Budget Office viene desarrollando en los
Estados Unidos desde 1994. En la Unión Europea, en las últimas décadas, se han desarrollado también servicios técnicos para la evaluación de políticas públicas y el seguimiento presupuestario en los parlamentos de Italia, Francia, Finlandia e
Irlanda o, con matices diferentes, en los de Alemania y el Reino Unido, por no hablar de los de Australia, Noruega o Suiza en la OCDE. Hasta el Parlamento de Andalucía dispone desde 1997 de una oficina, aunque con alcance limitado.
El Grupo Popular considera que ha llegado el tiempo de fortalecer el Parlamento español y de dotar a las Cámaras de los medios técnicos necesarios en materia económica y financiera. La iniciativa que el propio presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy, presentó hace ahora casi año y medio con sus 16 artículos y 6 disposiciones adicionales, transitorias y finales es la primera que en 28 años de democracia y 24 de vigencia del Reglamento del Congreso aborda de forma efectiva,
completa y eficaz la cuestión. Estaríamos impulsando una reforma estructural que completaría los importantes avances llevados a cabo en los últimos años en nuestra legislación presupuestaria. SS.SS. son conscientes de que desde 1996, con el
impulso de los gobiernos del Partido Popular, se inició una profunda reforma de las instituciones presupuestarias que acompañó al saneamiento de las finanzas públicas. España inició entonces un período de estabilidad financiera que ha permitido la
entrada en el euro, la convergencia de nuestra renta con la de la Unión Europea o la creación de millones de puestos de trabajo. Se rompió el déficit estructural que desde los años setenta actuaba como un lastre al crecimiento sostenido y a la
creación de empleo. Había entonces quien se resignaba a tener una democracia en déficit, que es lo mismo que decir una democracia débil, con medios insuficientes para el funcionamiento de los propios servicios públicos y en la que la deuda pública
drena el crecimiento económico. Esa etapa se superó. También entonces se impulsaron reformas normativas que, al introducir instituciones novedosas como el techo de gasto o el Fondo de Contingencia, se han convertido en un referente en el ámbito
europeo e internacional. Algún portavoz parlamentario todavía la semana pasada con ocasión del debate relativo a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que lamentablemente ha venido a relajar compromisos y a reducir la transparencia y
la seguridad jurídica del sistema, negaba la importancia de la estabilidad presupuestaria para el crecimiento económico. Sin ánimo de abrir polémicas ajenas al objeto principal de esta intervención, creo necesario resaltar la importancia de la
estabilidad presupuestaria no solo como un requisito para la buena marcha de la economía nacional, sino también como una garantía democrática para la buena administración de los recursos públicos. Desde este punto de vista, la creación de la
Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales completaría la construcción de una arquitectura jurídica sólida al servicio de la estabilidad financiera.
La actividad de las Cortes Generales en materia presupuestaria y financiera está hoy condicionada por la naturaleza unilateral de la información de que se dispone. El Gobierno, el objeto del control del Parlamento, es en muchos casos la
única fuente de una información que se proporciona con frecuencia de forma tan tardía que se hace irrelevante.
Para hacer política, y no mera aritmética, es necesario un acceso automático y permanente a toda la información de las administraciones
públicas y la disposición de medios técnicos propios para evaluar su exactitud, relevancia y consecuencias. En el proceso de elaboración del presupuesto, a la hora de determinar el techo de gasto o de evaluar los objetivos de déficit, las Cortes
carecen de recursos para evaluar las propuestas del Gobierno o elaborar enfoques alternativos. Se trata, por tanto, de que las Cortes puedan determinar la política presupuestaria y ejercer el control del Gobierno sobre datos actuales y capacidad de
análisis y valoración propia. La transparencia permanente y exhaustiva en todo el actuar de las administraciones públicas es hoy una condición democrática ineludible, sin la cual no es posible el control parlamentario ni la responsabilidad
política.
La proposición que presenta el Grupo Popular opta por un modelo de Oficina Presupuestaria que podríamos llamar -permítanme que lo diga así- potente y ambicioso. Esto no quiere decir en ningún caso que se haya ignorado -ahí está la memoria
económica presentada- la exigible prudencia y austeridad a la hora de diseñar un nuevo órgano administrativo. Los recursos que se destinan a la Oficina Presupuestaria -que en la propuesta que hacemos son 16 técnicos, 30 funcionarios en total- son
sin duda menores que los que disponen otros órganos asesores que adornan, por ejemplo, la Presidencia del Gobierno, con una eficacia, en el mejor de los casos, desconocida. El Grupo Popular cree que sería un grave error que una iniciativa como la
de la Oficina Presupuestaria se abordase de manera limitada, sin la ambición de subsanar la situación de carencia absoluta que este Parlamento padece, dando respuesta de manera integral a las necesidades tanto del Congreso como del Senado.
Señorías, no es hoy, en este debate de toma en consideración, el momento para discutir detalles. Tiempo habrá durante la tramitación parlamentaria de introducir
enmiendas y mejoras, pero no quiero dejar de resaltar algunos aspectos de nuestra propuesta. Queremos una oficina profesional, independiente, transparente en su actuar y que pueda contar con la confianza total e indiscutida de los miembros
de la Cámara. Queremos que la oficina elabore periódicamente informes que permitan el análisis presupuestario y el control financiero, facilite la evaluación de las políticas públicas y de la política fiscal y asista a los diputados en el
seguimiento de las magnitudes económicas. Queremos que la oficina informe las peticiones de los grupos parlamentarios sobre las iniciativas que se presenten o debatan en sede parlamentaria. Frente al vacío absoluto actual, queremos un sistema
permanente de información y análisis que enriquezca los debates y las opciones políticas. Antes de finalizar, quiero dejar claro que la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, tal y como entiende el Partido Popular su función, no viene a
sustituir ni a solaparse con la actividad de ningún otro órgano destinado al control o al análisis económico financiero, ya sea de naturaleza administrativa, institucional o incluso privada, ni mucho menos con la actividad del Tribunal de Cuentas,
incuestionable, tal y como lo fija nuestra Constitución en el control a posteriori del ciclo presupuestario. El contraste de distintas fuentes de información y análisis es propio de democracias avanzadas y maduras, como lo es, sin duda, la
existencia de mecanismos legales que aseguren la transparencia de las administraciones públicas y faciliten el control del Gobierno por parte del Parlamento.
Señorías, mi deber es ser muy claro. Sabemos que nuestra posición nos impide garantizar con las fuerzas exclusivas del Grupo Popular el buen fin de nuestra iniciativa. Son otros, los que conforman la mayoría en esta Cámara, los que tienen
la fuerza para dar forma final a esta iniciativa. Con ustedes estamos dispuestos a trabajar en la tramitación y mejora de este proyecto. Si aprueban su admisión a trámite, esta iniciativa ya no será del Partido Popular sino de la Cámara. Me
dirijo especialmente al primer grupo de la misma, al Partido Socialista, que en el pasado ha reclamado la creación de la Oficina Presupuestaria, que la ha comprometido, del mismo modo que el Partido Popular, en su programa electoral, que en algún
momento, aunque la trayectoria actual del Gobierno no siempre lo avale, ha hecho bandera de transparencia. Ahora pueden pensar ustedes que no es en interés del grupo del Gobierno apoyar una iniciativa que facilitaría el trabajo de la oposición y de
las minorías. Si fuese así se equivocarían. Estas circunstancias además cambian en el tiempo. No dejemos pasar esta oportunidad. Se trata de un trabajo serio y ambicioso que ofrecemos a toda la Cámara. No debemos dejar pasar esta ocasión, este
es el momento. Estamos a punto de sobrepasar el ecuador de la legislatura. No pongamos excusas, no hay que esperar a la reforma del Reglamento, ahora podemos dar un importante paso en una legislatura en la que la voluntad de todos los grupos está
siendo impulsar la modernización de la Cámara. Tenemos la ocasión de fortalecer el Parlamento y la democracia española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomé.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Pasamos a fijar posiciones. Por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En la larga y muy documentada exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Tomé, se han descrito una serie de avatares de los grupos parlamentarios en esta Cámara a lo largo de muchas legislaturas. Mi grupo
viene dando testimonio, desde el momento en que surgió en el Congreso de los Diputados, de la idea de disponer de un instrumento que permita hacer un de seguimiento de los presupuestos y se une a la iniciativa, pero quiere diferenciar el escenario
en el que tiene que resolverse ese tema. El portavoz del Grupo Popular ha hecho una auténtica serie de imputaciones que a lo largo del tiempo han dado lugar a demoras en este planteamiento. Mi grupo no secunda un cambio de escenario pues los
grupos parlamentarios no hemos sido capaces siquiera de ponernos de acuerdo para alcanzar un consenso en lo relativo a la creación de la Oficina Presupuestaria. A lo largo de la vida parlamentaria de este portavoz que les habla he escuchado todo
tipo de opiniones, desde un seguimiento del gasto público en el control presupuestario hasta la manera de obtener los distintos grupos parlamentarios de la Cámara datos financieros, económicos o de seguimiento del gasto público a partir de los
Presupuestos Generales del Estado. Sabe muy bien el señor presidente de la Cámara qué ha pasado cuando hemos tratado de llevar estos temas a lo que mi grupo considera el escenario natural, esto es, la Comisión de Reglamento. Resultaría extraño que
fuera de lo que la Constitución señaló, haciendo depender del Congreso de los Diputados con leyes singulares la institución del Alto Comisionado, el Defensor del Pueblo, o el Tribunal de Cuentas, otorgándoles carácter de ley porque tenían que tener
esa fuerza, aunque las Cortes debían reflejarlo después en el funcionamiento interno a través de su Reglamento, resultaría extraño, digo que sacáramos ahora esta pieza jurídica o de control del escenario del Reglamento. Señorías, imputémonos la
responsabilidad -la hay y la venimos sufriendo- de que los grupos parlamentarios no nos hemos puesto de acuerdo en solucionar estas cuestiones allí donde tiene que solventarse la Oficina Presupuestaria, esto es, en el Reglamento del Congreso de los
Diputados o en lo que tenga que ver con el Senado, porque extraer esto aquí con una ley singularizada y por un solo grupo no va a conducir a nada positivo y fehaciente. Sería sustraer a la Comisión que se ocupa del Reglamento, que legislatura tras
legislatura trata de actualizar el Reglamento del Congreso de los Diputados,
el que pudiera solventar en uno de sus apartados, capítulos o títulos la Oficina Presupuestaria. Mi grupo no quiere que este asunto se tramite por una ley singularizada, pues estaríamos dañando la soberanía del Congreso de los Diputados,
algo que está perfectamente aclarado en la Constitución. Vamos a hacer un esfuerzo de voluntad política para resolver esta y otras cuestiones que llevamos años intentando plasmar en un nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados porque, si no,
nos vamos a encontrar con dificultades técnicas. Basta ver la cantidad de iniciativas legislativas que hay en este momento acumuladas en este Parlamento, tanto proyectos de ley remitidos por el Gobierno, que es la norma más habitual, como
proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.
Este proyecto de ley condiciona a la Oficina Presupuestaria dependiendo de la Comisión de Presupuestos del Congreso, es decir, vamos a crear por ley una oficina como si fuera un apéndice de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Habría
que explicar cómo se puede armonizar esta situación. Por otra parte, se incita el uso de esta institución no solo por parte de un grupo parlamentario sino de un diputado o senador, tal como estipula el artículo 2, que dice: La Oficina
Presupuestaria de las Cortes Generales tiene como finalidad principal prestar asistencia permanente de carácter técnico a los órganos de la Cámara, a los grupos parlamentarios y a los diputados y senadores. Con esta redacción creamos una especie de
monstruo administrativo de gestión para atender la demanda de cualquier diputado o senador que quiera que técnicamente se estudie una aplicación presupuestaria. Mi grupo quiere bajar a la sensatez, al sentido común, y si hay que fiarlo a largos
períodos, esto no significa que tengamos que sacar una estructura orgánica interna del Parlamento de esta tesitura sin que haya un consenso general, reflejado en donde tiene que estarlo, en la Comisión del Reglamento del Congreso de los Diputados,
donde podemos aceptar las demoras algunas veces insospechadas que se están produciendo, pero no busquemos una idea que podría multiplicar la labor parlamentaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Verde, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, una de nuestras mayores satisfacciones políticas en esta casa sería ver creada y puesta en marcha la Oficina Presupuestaria, porque implica transparencia, conocimiento previo y seguimiento posterior los grupos parlamentarios y, por
ende, de los ciudadanos de las políticas presupuestarias.
Nuestro grupo viene promoviendo desde 1994 un trámite más racional de los Presupuestos Generales del Estado y la creación de la Oficina Presupuestaria con iniciativas a tres niveles. En primer lugar, presentamos año tras año la enmienda a
la Ley de Presupuestos Generales para que se incorpore la creación y funcionamiento de la Oficina Presupuestaria. En segundo lugar, lo proponemos como un título en el articulado de las reformas del Reglamento. En tercer lugar, hemos intentado
impulsar una resolución de la Presidencia que recogiera su articulación y funcionamiento.
Para Izquierda Verde-Izquierda Unida una Oficina Presupuestaria eficazmente dotada debería tener tres objetivos que fortalecieran la separación de poderes de la que hoy carece la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. En,
primer lugar, facilitar a los diputados, diputadas y grupos parlamentarios información documentada y valorada de la propuesta presupuestaria del Gobierno previamente a su tramitación para facilitar la capacidad de propuesta alternativa y enmienda.
En segundo lugar, facilitar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria que aprueban las Cortes y mandata al Gobierno.
En tercer lugar, dotar de capacidad al Congreso y al Senado de valoración cuantificada de cada iniciativa que se
presenta, por lo que al aprobarse cada propuesta se sabrían los compromisos presupuestarios que suponen en cada caso.
De la propuesta del Grupo Parlamentario Popular nos gusta la idea, pero no el camino elegido. Coincidimos con el título I, con los artículos 4 y 5 del mismo, pero creemos innecesarios los títulos II y III que deben de ser más parte de una
regulación reglamentaria. Una pregunta, que me imagino que plantearán los grupos que intervendrán posteriormente, es por qué no convencieron a ninguno de los presidentes del Congreso y de los grupos parlamentarios cuando ustedes tenían mayoría.
Como sabemos -también me lo dicen muchas veces a mí cuando presento iniciativas-, en democracia las formas son parte de los contenidos y hoy, con la proposición que defienden, cometen tres errores de los que no queremos participar. En primer lugar,
la presentación de la Oficina Presupuestaria por ley, una ley específica, dando por fracasada la reforma del Reglamento que está en tramitación. En segundo lugar, a la batalla partidaria de desgaste del Gobierno incorporan la organización de las
Cámaras y el funcionamiento de los órganos de las mismas y abordan, desde la iniciativa unilateral de un grupo -como se ha manifestado- y no desde el acuerdo con otros grupos, una regulación que no debe ser una ley, sino que debe hacerse desde el
Reglamento, que debe ser acordada por todos los grupos parlamentarios. En tercer lugar, debilitan los órganos de las Cámaras, que son los encargados de la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina Presupuestaria. Al Gobierno, dado que un
compromiso de la investidura fue la regeneración democrática y la potenciación de las Cortes como centro de la iniciativa política, habría que decirle exactamente lo mismo: Tengan cuidado y midan su respuesta, porque ustedes, como Grupo
Parlamentario Socialista en la oposición en la pasada legislatura, en el 2003, promovieron de manera unilateral una proposición de ley para la reforma del Reglamento en la que se
incluía la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina Presupuestaria. ¿Por qué ahora no?
Para concluir mi intervención, me gustaría decir que mi grupo no va a apoyar esta regulación de la Oficina Presupuestaria por ley específica, pero con la misma firmeza quiero transmitirles que no tiramos la toalla y porque entendemos que es
necesario, queremos poner en funcionamiento la Oficina Presupuestaria que obligue a las Cámaras y al Gobierno a la mayor transparencia y garantía de seguimiento de los presupuestos. Tampoco nos vamos a oponer, porque una vez tomada en consideración
-si así fuera- cabría introducir una enmienda a la totalidad, enmiendas parciales e incluso podría ser presentada una enmienda pactada por todos los grupos parlamentarios. Nos gustaría sacar algo positivo de este debate plenario que estamos
llevando a cabo. Si todos lo vemos necesario, porque así se ha manifestado por los grupos en uno u otro momento, ¿por qué no lo hacemos realidad? Si consideramos que es necesario, pongamos en funcionamiento la Oficina Presupuestaria en esta
legislatura. Para eso le pido al Grupo Parlamentario Socialista que cuando intervengan manifiesten algún compromiso firme en esta dirección, porque es necesario. Debemos dar respuesta a un compromiso que ustedes aceptaron en el debate de
investidura, que nosotros apoyamos y del que fuimos sus primeros impulsores, como decía al inicio de mi intervención. Queremos dotar al Parlamento de resortes reales para convertirlo en el centro de la vida política del país. Estamos a la espera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, la simple idea, sin más matices, de crear una Oficina Presupuestaria en las Cortes Generales es más que razonable y ya fue objeto de cierto debate y consideración
durante la pasada legislatura. El hecho de contar con un instrumento que suministre información presupuestaria adecuada y puntual puede facilitar a los grupos parlamentarios y a los diputados y senadores la labor de control de la actividad política
del Gobierno, así como el debate sobre el escenario macroeconómico y las políticas públicas; en definitiva, sobre algo tan importante como es la política económica del Gobierno. En un plano teórico, poco habría que objetar a la presente
iniciativa. Sin embargo, si nos adentramos en el contenido de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular cabe realizar una serie de observaciones que para nuestro grupo parlamentario son relevantes y que nos impiden votar
favorablemente la presente iniciativa. No lo digo solo -aunque también- porque el Partido Popular, en la exposición de motivos, pretende bendecir toda una serie de actuaciones en materia presupuestaria que fueron aprobadas en las pasadas
legislaturas durante los Gobiernos del señor Aznar y que fueron motivo de discrepancia y de clara oposición por parte del Grupo Parlamentario Vasco. Me estoy refiriendo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hoy afortunadamente en proceso de
reforma, a la Ley General Presupuestaria y a la Ley General de Subvenciones. Estas dos últimas leyes, al igual que las de estabilidad presupuestaria, son manifiestamente mejorables. Por tanto, no nos gusta el marco en el que ustedes, señores del
Grupo Popular, quieren plantear la creación de la Oficina Presupuestaria.
Tampoco estamos de acuerdo en los contenidos más organizativos que plantean en su proposición de ley. Observamos, en primer lugar, un riesgo más que posible de crear un pequeño monstruo administrativo y burocrático cuyo fin último sea el de
justificar su propia existencia. Se necesita -y es verdad- un instrumento ágil y eficaz, y no un servicio de estudios, análisis y evaluación de las políticas públicas que realice por petición o a iniciativa propia toda una serie de informes
periódicos que corren el riesgo de generar sobrepeso en las baldas y estantes de los despachos.
Una estructura formada por un director, subdirectores, consejo de dirección, jefes de departamento, secretaría, etcétera, no sé si funcionará o es
necesario en Washington, pero en Madrid me parece un poco excesivo. La información al servicio de los grupos parlamentarios debe ser concreta -es decir, la que requieran los diputados- y ha de ser suministrada con celeridad y precisión, y ello
puede y debe hacerlo en primera instancia la Administración. Hoy la respuesta a las preguntas y peticiones de información que se realizan al Gobierno vienen normalmente tarde y mal, y esto es algo que quiero poner de manifiesto esta tarde aquí. El
Gobierno, a pesar de su compromiso con la transparencia, responde en general -insisto- tarde y mal, y eso es algo que está en sus manos corregir. Es necesario -y aquí apelo al Grupo Socialista que apoya al Gobierno- el mayor respeto al diputado y a
la actividad política que realiza. La Intervención General del Estado, la Dirección General de Presupuestos y los diferentes ministerios pueden y deben suministrar la información que se les solicite, y para esto no hace falta una oficina
presupuestaria sino -insisto- respeto a la actividad parlamentaria.
Creemos, sin embargo, que una oficina presupuestaria redimensionda y menos burocrática puede facilitar la labor a la que me estoy refiriendo.
Es preciso redefinir la estructura y
las tareas de la Oficina Presupuestaria para que sea un instrumento ágil y flexible.
En segundo lugar, quisiera decir una vez más a los señores del Partido Popular: zapatero a tus zapatos. Aprovechan ustedes cualquier ley o iniciativa para meterse donde no deben. Amparándose en la teórica de que el Senado es la Cámara
territorial plantean que desde allí se realice un control y un seguimiento de la actividad presupuestaria de lo que llaman en la proposición administraciones territoriales, vinculándolo además a los compromisos en materia de estabilidad
presupuestaria, de déficit público. Señores del Partido Popular, para eso
ya está el Consejo General de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Mixta de Concierto en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El ámbito de actuación de cualquier oficina presupuestaria que se cree en estas Cortes Generales no
puede superar al que le corresponde a la Administración Central del Estado y a la Seguridad Social, así como a los organismos autónomos dependientes del Estado; lo demás es una intromisión que desde nuestro grupo no vamos a permitir en ningún caso.
De todas formas, creemos que es importante disponer de una información presupuestaria adecuada y suministrada con prontitud para desarrollar adecuadamente la actividad parlamentaria y para ello quizá sea necesario contar con una oficina
presupuestaria. Lo que proponemos desde el Grupo Vasco es que busquemos un consenso entre todos los grupos de esta Cámara sobre la cuestión bajo los criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad y no intromisión. Estamos dispuestos a trabajar en
aras del acuerdo y, mientras tanto, solicitamos del Gobierno que responda a las peticiones de información y a las preguntas que realizamos los senadores y diputados con celeridad y precisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Tiene la palabra por Esquerra Republicana el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha sido siempre partidario de la creación de una oficina de gestión y control presupuestario adscrita a las Cortes Generales. Así lo atestigua una de las
enmiendas presentadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2006, es decir, los presupuestos vigentes y aprobados recientemente en esta misma Cámara. No puede decirse lo mismo del proponente, el Grupo Popular, que ha tenido ocho
magníficas oportunidades en los ocho años correspondientes a las dos legislaturas en las que gobernó el Partido Popular, la primera sin mayoría parlamentaria pero la segunda con mayoría absoluta, más holgada para presentar una ley de esta
naturaleza. Han tenido que esperar hasta esta legislatura, en la que han dado con sus huesos en los bancos de la oposición, para descubrir la necesidad de que las Cortes Generales se doten definitivamente de una oficina presupuestaria que dinamice
y enriquezca la discusión parlamentaria -cito textualmente la exposición de motivos-. Asimismo produce cierto estupor que se nos citen en la exposición de motivos de la proposición de ley los principios guías que marcan el devenir de la gerencia
pública en España desde la etapa de la gestión del Partido Popular en el Gobierno y que son los de plurianualidad, eficiencia y transparencia. Vamos a repasar esos tres principios que rigen la ley.
El principio de plurianualidad es necesariamente contradictorio con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobada durante el Gobierno anterior, también conocida como la ley déficit cero, que tuvo su principal apóstol en el señor
Montoro, como recordamos todos los que estábamos aquí la pasada legislatura. Incluso defendiendo que la estabilidad presupuestaria es un principio imprescindible en política económica, la absurda interpretación de la estabilidad que se hace en esa
ley -imposibilidad de déficit público incluso en los años de recesión económica- la convierte en un corsé para la política fiscal. Es mucho más razonable hacer operativo el objetivo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, y esa ha sido
la postura que nuestro grupo ha defendido en la nueva ley que se está tramitando ya en estas Cortes.
El principio de eficiencia choca frontalmente con la misma ley citada anteriormente, por cuanto impide a las administraciones financiar gastos de inversión productiva recurriendo al endeudamiento. No hay ningún principio, no hay ninguna
teoría económica que desaconseje el recurso a la deuda pública para financiar programas de inversión; más bien puede decirse que limitar esa posibilidad equivale a condenar a un país a sufrir un problema de subinversión pública permanente, con las
negativas consecuencias que de ello se derivan para el crecimiento económico futuro. Afortunadamente, como hemos dicho hace un momento, la Ley de Estabilidad Presupuestaria está actualmente en curso de reforma de acuerdo a principios más razonables
y menos dogmáticos sobre el funcionamiento de la política económica y su influencia en el ciclo económico.
Finalmente haré mención al principio de transparencia. Este es uno de los tótems que desde la oposición -cuando hay cambio de oposición- se cita frecuentemente, pero fíjense ustedes que nada más oscurantista había que el anterior Gobierno
-parece que este también sigue la misma senda-, cuando se negaba sistemáticamente a cumplir los acuerdos que se habían aprobado en 1996, con un Gobierno del Partido Popular, por ejemplo, sobre la transparencia en las balanzas fiscales o sobre el
nivel de ejecución de algunas partidas presupuestarias. Creo que el Partido Popular tampoco está en condiciones de afirmar que la transparencia ha sido un principio rector. Repito: plurianualidad, eficiencia y transparencia no han sido
precisamente los principios rectores en la gestión anterior del Partido Popular.
Además, hay aspectos discutibles de la iniciativa. Hay un peligro real para que se refuercen hasta límites casi insostenibles el control y la tutela de la gestión presupuestaria de las comunidades autónomas y de los entes territoriales
-artículo 2, letra d) y artículo 14-, lo cual supondría una política de centralización incompatible con el pleno desarrollo del principio de autonomía financiera del cual gozan comunidades autónomas y entes locales. De hecho, la reforma de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria prevé actualmente mecanismos de tutela y cooperación entre la Administración central y las comunidades autónomas y, tal como se está reformando, la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que
sean suficientes. La filosofía de la oficina debe ser el control de la ejecución presupuestaria que realiza el Gobierno del Estado y no de tutela de las demás administraciones. Lo que realmente es importante para hacer operativo el
principio de transparencia es la obligación que se desprende de la ley de que el Gobierno facilite la información relevante, especialmente la ejecución presupuestaria. En este sentido los artículos 3, letra b), 4 y 5 son fundamentales. Los
aspectos de organización y régimen de funcionamiento internos son menos importantes y debería estudiarse qué tipo de organización puede ser más útil para el trabajo parlamentario. Quizás sería suficiente una pequeña estructura de soporte técnico
para los distintos grupos parlamentarios, diputados y senadores, sin la necesidad de crear una estructura tan compleja como la que plantea la ley. Hay que pensar si se quiere que la Oficina Presupuestaria sea sobre todo un instrumento que facilite
la difusión de la información sobre aspectos presupuestarios a las Cortes Generales y a la sociedad en general, lo cual es fundamental para mejorar la transparencia en el conocimiento de cómo se gastan los caudales públicos, o un instrumento de
asistencia técnica y apoyo cualificado a las funciones de los agentes presupuestarios. Una posibilidad es que se aproveche esta iniciativa para introducir la elaboración -como citábamos antes-, bajo el principio de transparencia, de las balanzas
fiscales, o como mínimo que exista la obligación por parte del Gobierno del Estado de facilitar los datos para que los expertos las puedan calcular. Creemos que este sería uno de los elementos que el artículo 4 tendría que mencionar explícitamente,
incluso dando más información -que parece casi secreto de Estado-, desagregados por proyectos, provincias y comunidades autónomas y, sobre todo, en lo referido a la ejecución presupuestaria. No queda nada claro en esta proposición de ley cuál es la
relación de la Oficina Presupuestaria con los grupos parlamentarios y los diputados y senadores. ¿Los grupos parlamentarios son menos receptores de informes elaborados por la Oficina Presupuestaria? El artículo 12.2 prevé la posibilidad de que la
Oficina Presupuestaria elabore informes a instancias de los órganos de la Cámara y de los grupos parlamentarios, pero condicionado al hecho de que versen sobre cuestiones técnicas relativas a los proyectos y proposiciones presentados a trámite
parlamentario y que se atenderán de acuerdo con las disponibilidades de medios y recursos del departamento. Parece, pues, que las necesidades de los grupos parlamentarios, según su propia percepción, quedan supeditadas a los distintos informes que
por ley la Oficina Presupuestaria viene obligada a realizar. El peligro es que la Oficina Presupuestaria se convierta en un emisor de informes y no tenga los medios para agilizar los trabajos parlamentarios relevantes para los distintos grupos.
Sinceramente creemos que es una oportunidad perdida por parte del Grupo Parlamentario Popular. Es necesaria una oficina presupuestaria para que los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras puedan tener información al día
sobre cuál es el nivel de ejecución y, sobre todo, para otro elemento relevante como es el grado de lealtad institucional por parte del Gobierno central, porque cuantificar el impacto de una nueva ley, de una nueva legislación, de una nueva norma
sobre las comunidades autónomas también se hace necesario. Muchas veces se puede legislar -y se legisló- con cierta alegría desde el Consejo de Ministros porque no se calcula el impacto que va a suponer esa legislación sobre las comunidades
autónomas y sobre los entes locales. El cálculo y el índice de lo que pueda hacer referencia a la lealtad institucional sería también una obligación, una necesidad en la Oficina Presupuestaria. Como he dicho, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana considera que es una oportunidad perdida por parte del Grupo Parlamentario Popular al que emplazamos, así como a los demás grupos de la Cámara, para que en este periodo de sesiones seamos capaces de aunar esfuerzos para crear una oficina
presupuestaria en coherencia con lo que desde nuestro grupo y otros grupos de esta Cámara requeríamos en el debate de Presupuestos Generales del Estado, para dotarnos de un instrumento necesario y eficaz que nos pondría a la altura de otros
parlamentos de Europa o incluso del mundo occidental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Jordi Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha defendido en el pasado y defiende en la actualidad la creación de una oficina presupuestaria en las Cortes Españolas, que debe estar dotada de independencia y de los medios
necesarios para asesorar e informar a los grupos parlamentarios durante las fases de elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos, así como para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos. Nosotros entendemos también -como apuntaba
el diputado señor Puigcercós- que esta oficina debería evaluar estas leyes que elabora el Gobierno y que en muchos casos condicionan el presupuesto de las comunidades autónomas que se ven afectadas por ellas. Así funciona en las democracias
parlamentarias más consolidadas y así queremos en nuestro grupo que funcione la Oficina Presupuestaria en estas Cortes, para que contribuya a dar mayor transparencia a la acción de gobernar y administrar los recursos públicos.
Dicho esto, la presentación de este proyecto de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular nos sorprende por dos motivos. En primer lugar, porque el Grupo Popular tuvo su tiempo para impulsar la creación de la Oficina Presupuestaria en
las Cortes Generales que ahora propone; para ser exacto, tuvo siete años, tiempo que no
aprovechó adecuadamente. Es verdad que creó un sucedáneo, la curiosa Oficina Presupuestaria para el Control del Gasto, dependiente directamente de La Moncloa y del presidente Aznar, oficina que fue dirigida por el profesor Barea hasta que
un día se consideró que sus afirmaciones eran incómodas y fue sustituido probablemente por una persona menos proclive a decir lo que pensaba en relación con la ejecución presupuestaria. En nuestro grupo no nos gusta que desde la oposición se
solicite hacer cosas que desde el Gobierno no se hicieron porque resta credibilidad a las propuestas que se hacen. En segundo lugar, también nos sorprende que el Grupo Popular nos proponga crear esta Oficina Presupuestaria mediante una proposición
de ley. En el mes de abril de 2004, el presidente Marín decía en unas declaraciones a Telecinco que propondría la creación de una oficina presupuestaria que controle las cuentas del Reino, y lo hacía en respuesta a que el presidente del Gobierno,
señor Rodríguez Zapatero, en la página 130 de su programa electoral pedía, respecto al compromiso por la transparencia, que el presidente del Congreso sacara adelante la discusión, aprobación y ejecución de una oficina parlamentaria. En este
sentido, el presidente Marín incorporó esta voluntad suya en la propuesta de nuevo Reglamento, y así consta en la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados en cuya disposición transitoria segunda dice, y simplifico: Que
hasta tanto no se regule en el Reglamento de las Cortes Generales la Oficina Presupuestaria común de ambas Cámaras se creará este órgano en el Congreso de los Diputados para el asesoramiento técnico en materia presupuestaria y sobre aquellos
aspectos de la actividad legislativa que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos. Seguía un punto 2 e incluso decía en el punto 3 que corresponden a la Oficina Presupuestaria las siguientes funciones: asesoramiento jurídico de los
órganos de la Cámara a los grupos parlamentarios, a los diputados, etcétera; la recopilación y sistematización de la información económica y presupuestaria elaborada por otras instituciones públicas y privadas, y cualesquiera otras que le sean
encomendadas por la Mesa de la Cámara a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión de Presupuestos.
Nosotros entendíamos -y así lo veíamos- que esta Oficina Presupuestaria finalmente saldría adelante en función de este nuevo Reglamento que tanto el presidente como un conjunto de grupos de esta Cámara impulsaban.
Asimismo queríamos que en
esta reforma se incorporaran otros elementos que nos parecían importantes, como la presencia del plurilingüismo en esta Cámara y estábamos totalmente de acuerdo en que este Reglamento fuera la gran oportunidad para conseguir la implementación de
esta Oficina Presupuestaria. Había un acuerdo entre el Grupo Socialista y el Popular en cuanto a la totalidad del Reglamento, y en función de esto se nos decía que era difícil la incorporación de la cuestión de las lenguas porque el Grupo Popular
condicionaba esta decisión. Pues bien, un elemento que ahora mismo traigo aquí a debate y sobre el cual me gustaría que el Grupo Socialista me diera respuesta es si entendemos con esto que este acuerdo sobre el Reglamento se rompe con esta
iniciativa y, por tanto, existe ahora la oportunidad de conseguir lo que hemos solicitado seis grupos de esta Cámara en el sentido de que esta Oficina Presupuestaria entre en vigor, así como que de alguna forma lo hagan las lenguas del conjunto del
Estado español, es decir, que el plurilingüismo esté presente en este Congreso. En este sentido nos gustaría saber cómo valora el Grupo Socialista este hecho.
En resumen, señor presidente, nosotros somos absolutamente partidarios de que las Cortes Españolas han de tener una oficina presupuestaria para facilitar la labor de transparencia del Gobierno, el control y la eficacia en la gestión
presupuestaria, y entendemos que el lugar adecuado para incorporar y definir esta oficina presupuestaria sería el Reglamento del Congreso. Además, somos impulsores de ese nuevo Reglamento que resuelva temas que tenemos pendientes desde hace muchos,
muchos años y que el presidente, yo diría que con un magnífico espíritu y voluntad, ha intentado llevar adelante. Dadas las circunstancias que se producen en el día de hoy, en que el Partido Popular rompe su acuerdo con el Partido Socialista en
este tema -lo que nos parece importante- y utiliza el mecanismo de la proposición de ley, entendemos que sería una gran oportunidad para que nos planteáramos propuestas que están en el Reglamento, encima de la mesa, apoyadas por seis grupos
parlamentarios de esta Cámara, en relación con el tema lingüístico para que hoy podamos resolver más de un aspecto importante. En función de cómo responda a este tema el Grupo Parlamentario Socialista, nuestra posición hoy será de rechazo o de
abstención respecto a esta proposición de ley que propone el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vilajoana. ¡Qué amable es usted!
Grupo Socialista, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, son diversas las iniciativas que mi grupo parlamentario ha venido adoptando a lo largo de los últimos años para dotar a las Cortes de una estructura estable y
profesional que permita la información y el control de la actividad presupuestaria del Ejecutivo. Lo hicimos en varios debates sobre el estado de la Nación y lo hicimos presentando con otros tres grupos parlamentarios una proposición de reforma
parcial del Reglamento del Congreso. Ninguna de esas iniciativas prosperó, fueron rechazadas por el Grupo Popular y, como no se avanzaba en esta cuestión, decidimos incluir en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones de 2004 el
compromiso de crear una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes Generales. Como bien saben SS.SS., somos partidarios
de que el Parlamento disponga de una información adecuada para evaluar los resultados de la actuación financiera del Ejecutivo, y para ello han de injertarse nuevas prácticas y nuevas estructuras entre los dos actores principales del sistema
presupuestario: el Gobierno y el Parlamento.
Nosotros consideramos que un buen sistema presupuestario tiene dos sólidos estribos: una fuerte oficina central del presupuesto y una oficina parlamentaria suficientemente dotada. Pues bien, estamos
muy lejos de ese dibujo y para dejar a un lado la pobre realidad actual sería preciso desencadenar una estrategia ágil, como bien se ha dicho aquí, en todos los aspectos relacionados con esta cuestión. En esta casa deberían facilitarse cuantos
avances puedan alcanzarse, sucesivos, paulatinos y progresivos.
Formamos parte, como otros grupos, de ese elenco de organizaciones que creen positiva la creación de una oficina presupuestaria en las Cortes, pero entendemos que la proposición que nos presentan hoy, por su contenido y por el instrumento
jurídico en el que se apoya, no es el vehículo más adecuado de los que pueden emplearse para tal finalidad.
Estamos ante un texto prolijo, detallado en exceso y casuístico que resulta muy poco operativo, sobre todo cuando lo que hay que hacer es
comenzar a andar desde la nada poniendo en marcha una nueva forma de control. Pensamos que en lugar de concretar tanto los detalles quizás, como ha dicho el señor Azpiazu, deberíamos ir perfilando grandes líneas a través de las cuales fuéramos
capaces de conseguir que fuera afluyendo con normalidad la información desde el Gobierno a la Cámara. Por tanto, habría que deslindar bien el ámbito competencial entre las tareas del Legislativo y del Ejecutivo y buscar un equilibrio en este
sentido. Todos los grupos han manifestado algunos elementos de cierta sorpresa. Nosotros también. La idea de dotar de autonomía a esta institución en la forma que lo hacen nos parece sorprendente, pero nos fijaremos en otros aspectos distintos a
los que han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
Se atribuye el deber de colaboración con la proyectada Oficina Presupuestaria de las Cortes a las oficinas presupuestarias de los departamentos ministeriales. Señorías, estas unidades administrativas responden a las directrices de la
Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Por tanto, es a este centro directivo al que deberían dirigirse en aras de reclamar ese deber de colaboración. Y con eso debería bastar. Tiene uno la sensación de que la propuesta
diseña de forma muy amplia una estructura superpuesta que está muy lejos de nuestras posibilidades actuales. Es más, viendo sus contenidos podría decirse en este momento que su oferta es perfectamente competitiva con las posibilidades que hoy día
en el Congreso de los Estados Unidos se le proporciona a la poderosa Oficina Presupuestaria de aquella nación. Desde nuestra modesta realidad, parecería más adecuado proceder a reconsiderar algunas de las muchas funciones que se le atribuyen a esta
oficina, aunque solo sea por un claro ejemplo de realismo. Cuando uno se pregunta por qué han hecho esto caben dos posibilidades. Una es que los redactores de esta proposición piensen que el tiempo de estancia del PP en la oposición va a ser muy
dilatado, por tanto quieren que todo se lo traigan aquí a las Cortes; y cuando digo todo quiero decir hasta los boletines de ejecución y de liquidación presupuestaria. Ustedes sabrán. También cabe la posibilidad de que los redactores de esta
proposición experimenten una desconfianza y una hostilidad hacia la Oficina Central del Presupuesto, que quizá sea el resultado de la internalización del dolor que les ocasiona la pérdida de una cierta relación de dominio. Si esto es así, en la
vida y en la política estas cosas tienen muy difícil arreglo, pero eso lo deben pensar ustedes.
El segundo elemento de crítica parte del hecho de que consideramos que los temas del Parlamento deben ser por él resueltos y a él le corresponde abordar esta situación. La creación de la oficina constituye una decisión de las Cortes, que
tienen para ello una reserva, y esa reserva tiene un instrumento jurídico previsto para tal eventualidad: el Reglamento. No está de más que recuerde aquí que el Congreso y el Senado elaboran, por prerrogativa constitucional, las normas que regulan
su organización sin que el resto de los poderes del Estado puedan invadir esa reserva reglamentaria, por tanto son las Cámaras las que han de autoorganizarse, y aquí se ha llegado a tratar de eludir esta exigencia recurriendo a una ley ordinaria.
Si uno va por esta vía tiene que saber que la aplicación del principio de congelación de rango haría que cualquier reforma posterior habría de seguir similar procedimiento. Tengo la convicción personal de que a la vista del retraso que acumulamos,
este procedimiento que ustedes han elegido en el Partido Popular constituye una vía más rígida y más lenta de lo que ustedes piensan. Por tanto, nosotros, que no partimos de este enfoque, queremos manifestar que seguimos apostando por mantenernos
en la posición central del sistema de fuentes del derecho parlamentario, que creemos que en el principio de autonomía normativa de las cámaras encaja difícilmente una regulación por vía legal de aspectos internos del Reglamento, que no es vano
acercarse a la lectura de su proposición para darse cuenta de la enorme trascendencia con que en la misma se atañe al Reglamento y que siendo esta una cuestión que atañe al Reglamento, nosotros consideramos imprescindible que se contemple en él y no
en las leyes.
Hay un hecho político que no queremos dejar de señalar. Nosotros no somos partidarios de ayudar a la derecha a que bordee la Constitución. Por tanto, señorías, existen desequilibrios técnicos presupuestarios, existen desequilibrios
jurídicos constitucionales, pero también existen desequilibrios estrictamente políticos. Se ha dicho aquí con razón que los trabajos de la ponencia dedicada a la reforma del Reglamento están muy avanzados, que quedan pocas cuestiones pendientes y
que nosotros estamos decididos a favorecer la resolución consensuada de estas cuestiones pendientes. Entre de las que están ya acordadas está la creación de la oficina
presupuestaria y con sorpresa nos encontramos con que el Partido Popular ha actuado de forma unilateral en esta cuestión, ha sometido a votación la creación de una oficina presupuestaria sin que el grupo proponente, el Grupo Popular, se haya
esforzado en buscar el más mínimo de los acuerdos con las restantes formaciones políticas, abandonando las pautas y los procedimientos que han venido inspirando la elaboración y la aprobación del Reglamento. Quizás estén en su derecho, pero también
los demás estamos en el derecho de no aceptar este comportamiento. No vamos a hacer una acusación dura sobre esta situación, no vamos a recurrir a las palabras que el señor De Grandes pronunció en esta Cámara en el año 2002 cuando discutíamos sobre
semejante cuestión. Nosotros no diremos que sus propuestas son mancas y provocadoras, nosotros haremos otra cosa, simplemente nos limitaremos a expresar con contundencia nuestra opinión y a votar en contra. Esta no es la vía adecuada para disponer
en esta legislatura de una oficina presupuestaria en las Cortes. La única vía adecuada para buscar una oficina presupuestaria en las Cortes es el acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, práctica a la que ustedes están poco habituados, y de
hecho lo que hacen hoy aquí no facilita que eso se consiga.
No apoyaremos su proposición, ya que no estamos de acuerdo con los desequilibrios técnicos que hay en ella y tampoco con el ventajismo político que incorpora. Apoyarla significaría certificar la defunción de una reforma reglamentaria que
nosotros consideramos, en este y en otros aspectos del Reglamento, absolutamente necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE CEDE DE FORMA ÍNTEGRA EL CASTELL DE MONTJUÏC AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
(Número de expediente 122/000081.)
El señor PRESIDENTE: Continúa el orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se cede de forma íntegra el castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona.
Adelante, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco ante ustedes en nombre de Convergència i Unió para defender una proposición de ley por la cual se pide la cesión íntegra del castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona, proposición de ley que dice textualmente lo siguiente,
después de una exposición de motivos, en un artículo único: Se cede de forma íntegra el castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona, con sus fosos y glacis, incluyendo en dicha cesión el espacio que ocupan las instalaciones militares. Tiene
una disposición derogatoria única, por la que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley. Después de esta lectura, señorías, tendría que acabar diciendo: He dicho, y sentarme,
porque el tema es fácil, corto y muy claro. Se pide el retorno a la ciudad de Barcelona del castell de Montjuïc. Yo he dicho que en teoría podría haber acabado porque el tema no da para más o, al menos, no debería dar para más. ¿Por qué da para
más? Pues por la reiterada incomprensión de los gobiernos hasta el día de hoy; incomprensión que no ha permitido, por ejemplo, aceptar una proposición no de ley, de 27 de febrero de 2001, del Grupo Parlamentario Catalán, cuando se debatió esta
petición de cesión.
Se ha hablado mucho de esta cesión. En Cataluña, cuando algo se alarga mucho decimos que dura más que la Sagrada Familia. A este paso se tendrá que decir que las cosas duran más que el castell de Montjuïc porque llevamos tiempo y tiempo
hablando de este tema. Incluso hace más de un año, casi dos, el presidente del Gobierno en un acto multitudinario en el Palau Sant Jordi durante la campaña electoral para las elecciones europeas -claro, era campaña electoral-, dijo públicamente:
Voy a ceder el castell de Montjuïc a la ciudad de Barcelona. A buenas horas mangas verdes, porque resulta que hoy, aún nada. Hoy aún estamos con dimes y diretes; hoy aún estamos con condicionantes; hoy aún estamos con a ver qué pegas ponemos
para que esto prospere o no. Como dijo Xavier Trías hace pocos días, esto es un engaño inadmisible y de alguna forma se tiene que acabar. Y se puede acabar muy fácilmente. ¿Cómo se puede acabar? Convergència i Unió, que tiene fama de ser un
partido posibilista, que aporta soluciones, que hace de puente entre posturas encontradas, un partido que tiene fama de ser bisagra, hoy también queremos serlo.
Traemos una proposición de ley fácil, una proposición de ley digna, una proposición de
ley respetuosa, una proposición de ley que de alguna forma permite terminar con este cuento de nunca acabar. ¿Cuál es? La cesión íntegra del castell de Montjuïc en este caso al Ayuntament de Barcelona.
Fíjense que es fácil, fíjense que es
posibilista, pues, veremos cómo acaba porque esta es una historia de incongruencias y de insensibilidades. ¿Por qué digo incongruencias? Porque uno le diría al Gobierno: Dígame una cesión parecida en los mismos términos. Desde hace años el
Gobierno central está cediendo cuarteles, centros e instalaciones militares, esta cediendo ámbitos territoriales en todo el Estado. Pues bien, díganme uno en el cual se pongan este tipo de condicionantes. ¿Por qué aquí? ¿Por qué se tiene que
poner este condicionante a una ciudad como es Barcelona, que ha demostrado reiteradamente que es respetuosa con la legislación vigente? Ya sabemos la legislación que hay y la respetamos. No hace falta que nos pongan, que nos describan puntualmente
en el anteproyecto de ley lo que dice la ley. El alcalde de Barcelona
la conoce y toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Barcelona la conoce.
Díganme por qué las antenas tienen que tener un retén y una vigilancia permanente. ¿Por qué motivo, cuando existen muchísimas antenas sin vigilancia incluso en Cataluña? Podríamos citar alguna montaña conocida, pero vale más no decirlo no
sea que pongan un retén a última hora. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) No le haga gracia, señora Cunillera, puede ser un paso con el que nos encontremos. (La señora Cunillera i Mestres: ¿Será posible?) De
todas formas, como ahora subirá un compañero suyo, que se defina él, yo estoy hablando en nombre de mi grupo. Gracia ninguna, es muy poco gracioso el tema. Me pregunto por qué las antenas tienen que tener un retén con vigilancia permanente. No se
entiende. No se entiende que un proyecto de ley ahonde en temas tan puntuales como estos. Nunca se había visto. ¿Se entendería que un traspaso de carreteras estuviera condicionado a mantener las señales de tráfico? ¿Se entenderían aspectos tan
puntuales como estos? No se entendería. Por tanto, nosotros hoy aquí pedimos de una vez por todas la cesión del Castell de Montjüic sin condicionantes porque el Ayuntamiento de Barcelona ya sabrá qué hacer. Es más, el viernes pasado hubo un
acuerdo del pleno municipal en el cual el Partido Socialista, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Convergència i Unió votaron unánimemente esta misma petición que hoy les traigo aquí, que es todo menos simpática, que es tan solo una
proposición seria de país en el que de una vez por todas necesitamos que se acabe con esto, porque, a más a más, creemos que el Gobierno lo entiende, creemos que el Gobierno lo debe entender. Por tanto, lo que hace falta es que al Ministerio de
Defensa se le explique que este es un tema con un compromiso público del presidente del Gobierno en un acto electoral durante el cual dijo públicamente que se haría esta cesión. Cesión que, a más a más, es una cesión reiterada por la inmensa
mayoría de partidos catalanes. Una cesión aprobada la semana pasada que el mismo alcalde de Barcelona tachó de inaceptable; no solo él sino todos los partidos, excepto el Partido Popular, lo definieron como inaceptable. Nosotros pedimos que de
una vez por todas el castell de Montjüic se traspase, se traspase sin condicionantes, se traspase a la ciudad de Barcelona y la ciudad de Barcelona sabrá qué hacer, sabrá convertir una montaña mítica, una montaña emblemática, una montaña simbólica.
En Montjüic han pasado muchas cosas de la historia de Cataluña y creemos que lo que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en mente, que es un museo de la paz, es un buen destino, pero esto no se compagina con presencia de militares, esto no se
compagina con imposiciones de banderas. ¿Saben qué pasa? Que con estas imposiciones puede ocurrir aquello de que estos vientos traen estas tempestades. En Cataluña no hay guerra de banderas, en Cataluña no hay enfrentamientos por este tema, pero
con imposiciones como esta se puede llegar a esa situación porque Cataluña no quiere una vez más que se le imponga algo o ser humillada, y esta es una decisión humillante.
Convergència i Unió, hoy, trae una propuesta fácil, una propuesta incluso
light: Cesión al Ayuntamiento de Barcelona del castell de Montjüic y el Ayuntamiento de Barcelona, democráticamente, decidirá el destino y el uso. ¿Qué sentido tiene traspasar el castillo y dejar soldados? ¿Qué sentido tiene un anteproyecto de
ley aprobado por el Gobierno por el cual se cede un castillo a un ayuntamiento pero se le condiciona? Esto no es una cesión democrática, es una cesión desde la sumisión, y yo creo que ni la ciudad de Barcelona ni Cataluña lo pueden aceptar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.) Fijación de posiciones. Grupo Mixto. Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Como no podía ser menos, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y lo va a hacer porque precisamente se trata de, en primer lugar, completar lo que es un proceso
de transferencia fallido, limitado y restringido que empezó en el año 1960. En segundo lugar, porque en esta ocasión por primera vez en la historia democrática hay una oportunidad para que se haga la transferencia desde el punto de vista de todas
las funciones y todos los servicios con la titularidad incluida y, en tercer lugar, porque creemos que hay una promesa del señor presidente del Gobierno que debe sustanciarse en la práctica sin restricciones de ningún tipo.
Decimos todo esto con la conciencia de que este tipo de situaciones no se habrían producido si en la etapa democrática se hubiesen elaborado leyes que fuesen acordes con lo que es un Estado de derecho y en concreto las consistentes en que se
transfiera de una Administración pública a otra, gratuitamente para fines públicos y por lo tanto para fines sociales, lo que son propiedades de carácter estatal. Si esto hubiese sido así no nos encontraríamos ahora con este problema ni con los
muchos problemas que hemos sufrido y que estamos sufriendo en el caso de Galicia con bienes inmuebles, bienes histórico-artísticos de gran importancia que no solamente no son transferidos gratuitamente, sino que se pasan a pública subasta o incluso
se venden al mejor postor y con pocas garantías de que sean respetadas las funciones que estos inmuebles habrían de tener. Por lo tanto, a la espera de que haya una ley que nos ampare a todos desde una Administración transparente, democrática y
solidaria, ya que todos somos Estado, nos parece conveniente que en el caso del castillo de Montjuïc, tal como fue el proceso y tal como fueron las promesas gubernativas,
se cumplan a rajatabla y por eso vamos a apoyar esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Tengo que decirles que la semana pasada cuando me disponía a desplazarme hacia Barcelona pensaba que no tendría que intervenir, que después del compromiso de Zapatero el miércoles, después del compromiso en junio de 2004 del presidente del
Gobierno, por fin el uso de un símbolo de la represión en la ciudad de Barcelona, un castillo pensado y hecho para bombardear la ciudad, un sitio donde fueron fusilados Ferrer i Guardia o el president Companys sería del Ayuntamiento de Barcelona.
¿Y cuál fue mi sorpresa? La misma que la del señor Clos, la de la señora Mayol, la del señor Trías, la del señor Portabella y la misma que la de todos los medios catalanes. El sábado mismo se publicaba en todos los medios. En El Periódico de
Catalunya: Clos rechaza el castillo de Montjuïc. El alcalde tilda de inaceptables las condiciones de Bono; El País: Barcelona rechaza las condiciones del Gobierno para recibir el castillo de Montjuïc; El periódico de Catalunya: Defensa no ha
impuesto nunca la bandera en cesiones anteriores; Avui: Descarta la cesión total y avala la bandera española, los soldados y el tutelaje; La Vanguardia: Niebla sobre el castillo de Montujuïc. El sábado, unanimidad absoluta de todos los medios,
y el sábado unanimidad absoluta de todos los partidos. Cierto es que había una excepción, la del Partido Popular, la del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Sería quizás que la ley era una ley más propia del Partido Popular que de un
Gobierno socialista, progresista y que cree en la España plural? Sin lugar a dudas. Lo cierto es que el viernes y el sábado nos encontramos con una gran decepción y solo se sentía cómodo el Partido Popular.
Desde el anuncio de junio ha habido múltiples errores, múltiples despropósitos. El primero de ellos, la tardanza. Para algo tan sencillo no hace falta tanto tiempo. El segundo despropósito: hay quien se ha dedicado a dar la matraca
diciendo, por ejemplo, que Defensa condiciona la cesión del castillo de Monjuïc a que ondee la bandera española. ¿Quién lo ha hecho? ¿Alguien que agita la guerra de banderas? Sí, pero lo grave es que ese alguien ha sido el ministro de Defensa.
¿O es que al ministro de Defensa se le escapa que hay una ley que obliga a que las banderas ondeen con toda normalidad? Seguro que no se le escapa, pero lo cierto es que el ministro de Defensa ha conseguido que hubiese un problema donde no lo
había. En Barcelona nunca ha habido guerra de banderas, pero el ministro de Defensa se ha empecinado en que haya guerra de banderas.
Tercer despropósito: la propia ley. La ley insinúa plantear la cesión de la titularidad, cuando desde 1960 la
titularidad -por una ley franquista- es del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que se tiene que discutir, en todo caso, es la gestión del castillo de Montjuïc. Lo cierto es que en 1960 se mantenía al capitán general de Cataluña como presidente del
consorcio y hoy no mantienen como presidente al capitán general, pero en el 2006 mantienen el derecho de veto. Cuarto despropósito: Se anuncia el museo europeo de la paz, y como condición a ese museo europeo de la paz se dice que se tendrán que
explicar y mostrar las intervenciones del Ejército en el exterior. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiese supuesto esto en la Barcelona, capital mundial de la paz, en la ciudad del mundo donde más gente se movilizó en contra de la guerra de Irak? De
acuerdo con esta ley, hubiese cabido que, mientras la gente se movilizaba, en Montjuïc hubiesen estado explicando la intervención del Ejército español, por ejemplo, en la guerra de Irak. No era para esto para lo que la gente se movilizaba, era para
otra cosa. Entendemos que el señor Bono lo entienda poco, pero nos parece incomprensible que el Gobierno no lo haya entendido, porque este Gobierno es fruto también de aquellas movilizaciones. ¿Se imaginan ustedes qué imposición es esa, que se
tengan que explicar las valiosas tareas de las Fuerzas Armadas en el exterior? Ni lo entendemos ni lo compartimos. Es más, en ese museo europeo de la paz, Defensa podrá vetar los nombres. No han entendido las movilizaciones de entonces, no han
entendido nada.
Quinto error, quinto despropósito, quinta imposición: la presencia de un destacamento militar y de antenas militares en el recinto. ¿Es el único sitio donde se le antoja al ministro de Defensa que tiene que haber un destacamento o antenas
militares? Parece poco responsable por parte del ministro de Defensa que en ese espacio, en el castillo de la represión, nos impongan un destacamento militar. Poco responsable.
Sexto despropósito, el colofón del error: que esas condiciones, que esa perspectiva, que esa orientación, que esa imposición no sea solo fruto de las excentricidades del ministro de Defensa, sino que las haga suyas el Gobierno en el último
Consejo de Ministros. Eso sí que es una excentricidad. En el mes de junio de 2004, Zapatero se comprometía en la cesión del castillo, el miércoles pasado volvía a comprometerse, el viernes de la semana pasada, el pleno del ayuntamiento celebraba
la cesión y acababan sonrojados cuando les llegaba el proyecto de ley que aprobaba el Consejo de Ministros. Algunos de ustedes saben, al señor Bono a lo mejor se le ha olvidado, que el castillo de Monjuïc tiene un fuerte contenido simbólico. Fue
un castillo construido y pensado para la represión de la ciudad, con cañones que apuntaban sobre la ciudad, con cañones que bombardearon la ciudad durante todo el siglo XIX. Acuérdense de Espartero y de muchos otros, también Prim. A resultas de la
Semana Trágica se fusiló a Ferrer i Guardia, en 1919 allí fueron recluidos 3.000 obreros fruto del conflicto de la Canadenca, en 1940 fusilaron a Lluís Companys y en el 2006 se cede la gestión -que no la
titularidad, que ya era del ayuntamiento- con derecho de veto y con condiciones.
Es un despropósito, lo miren por donde lo miren, lo cojan por donde lo cojan. Ayer el ministro Montilla nos tranquilizaba, nos decía que finalmente el castillo de Montjuïc al fin sería cedido sin condición alguna y hoy leemos en la prensa
que Defensa cuestiona las promesas de Montilla a Clos sobre Montjuïc. La verdad es que a estas alturas no sabemos a quién creer y por eso manifestamos que vamos a votar a favor de la proposición de ley de Convergència i Unió, pero también que vamos
a presentar una enmienda de devolución al proyecto de ley que traiga el Gobierno, a no ser que el portavoz socialista se comprometa ahora o en los próximos días a lo que ya se han comprometido, a una cesión sin más, a cambiar la ley de la A a la Z.
Bueno es Maragall para resolver problemas en vez de generarlos. La verdad es que estaría bien preguntar a Bono quién genera los problemas hoy. Bono decía que sería conveniente que Maragall pensase que no sería presidente de la Generalitat si no
fuera por el PSOE. Sería tan fácil como preguntarle a Bono si cree que hubiera llegado a ministro sin el voto progresista y de izquierdas de la gente de Cataluña. No vamos a caer en eso. Nos conformamos con algo muy sencillo, que simplemente se
comprometan a no seguir las excentricidades del ministro de Defensa y a cambiar de la A a la Zeta la ley que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros. Queremos que cambien la ley para un uso pleno de la gestión del castillo de Montjuïc,
porque la titularidad ya es del ayuntamiento. Queremos que la ley no sea tan del PP, ni de Pepe Bono ni del Partido Popular, sino una ley de un partido socialista, progresista, de una España plural. Los únicos que han aplaudido el proyecto de ley
que han aprobado han sido ellos y creemos que ustedes lo van a cambiar. Tenemos fe, por mucho que nos lo hayan prometido creemos que esta vez sí, pero ya les digo que si no hay un compromiso presentaremos la enmienda de devolución. En definitiva,
señoras y señores diputados, queremos que cambien esta ley de la A a la Zeta para, como decía algún diputado socialista, que no sea tanto la ley de la A de Aznar y sea mucho más la ley de la Zeta de Zapatero, de la España progresista, para que en
definitiva esta ley recoja el espíritu que había cuando votamos en la investidura a Zapatero y no responda al espíritu que a veces impregna las leyes y algunas cosas más del ministro de Defensa, del señor Bono.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a intervenir brevemente, señor presidente.
Esta es una cuestión que mi grupo va a apoyar. Se trata de una reivindicación antigua no solo de la ciudad, sino de varios grupos parlamentarios de esta Cámara a la que debe darse satisfacción. Lo que sorprende más es la situación a la que
la ha llevado el Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros del viernes pasado considerando la intervención del presidente del Gobierno en esta misma Cámara unos días antes. En aquella intervención no habló en absoluto de condiciones y
daba la impresión de que se iba a proceder a la modificación de la Ley de 1960, haciéndose una cesión sin más a la ciudad de Barcelona, pero hemos visto que no es así. Parece ser que el proyecto está plagado de condiciones y de obsesiones, porque
no se puede denominar de otra manera esa obsesión por las banderas que demuestra el Gobierno -no solo el señor Bono, sino el Gobierno desde el momento en que lo ha aprobado- y parece que si el Ejército deja algún lugar, por lo menos tiene que quedar
allí la bandera. Me imagino que en Perejil en estos momentos estará ondeando una bandera y en otros lugares también. O es eso o es desconfianza, desconfianza en las instituciones públicas y en que estas vayan a cumplimentar la legalidad.
Sorprende también que, argumentando necesidades de defensa nacional, se quieran mantener las antenas y las redes existentes en ese lugar, así como al personal militar, con lo cual la cesión no es tal. Por último, lo que riza el rizo es que se
pretenda crear un consorcio que gestione un centro por la paz, en el que sí se le da la presidencia al Ayuntamiento y a la Generalitat, pero en donde el tercero del trío es nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa; un centro de la paz, la
verdad es que parece que hay una contradicción in nomine incluso. Yo ya sé que está de moda eso de las labores humanitarias y altruistas del ejército a lo largo y ancho de todo el mundo. Eso está bien para hacer anuncios y campañas de
reclutamiento, pero tampoco se pasen, porque a este paso los gastos de Defensa van a acabar convirtiéndose en parte de la AOD del Estado y el ejército va a parecer más una ONG que un ejército profesional.
Hay que decir también otra cosa, no es que el ministro Bono tenga excentricidades, desobedezca o tenga falta de lealtad hacia el Gobierno, sino que esta es una actitud del Gobierno desde el momento en que lo ha aprobado el Consejo de
Ministros y es, por tanto, voluntad del Gobierno.
No se trata de excentricidades sino de que ellos ven el asunto así y se niegan a hacer una cesión sin condiciones al Ayuntamiento de Barcelona.
En consecuencia, nos parece oportuna en este momento la proposición que se realiza, y votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Esquerra, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Volvemos a subir hoy a esta tribuna para hablar de un tema que desgraciadamente ya ha estado presente demasiadas veces. El presidente del Gobierno prometió en
campaña electoral la cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad. Yo creo que cometió un error de matiz, que es que era la cesión. Lo que tenía que haber anunciado como demócrata era la recuperación de la legalidad de los demócratas. El
castillo de Montjuïc ya era de la ciudad, la gestión del castillo de Montjuïc ya era de la ciudad. A partir de preguntas que hizo Entesa Catalana de Progrés sobre cuándo se produciría esta devolución, esta cesión, nos enteramos de que el Gobierno
presentaría un proyecto de ley antes de final del año 2005. La semana pasada, a preguntas de nuestro portavoz, el presidente del Gobierno se comprometió a que el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobaría ese proyecto de ley. La sorpresa
llega el mismo viernes, después de que el Ayuntamiento de Barcelona, por amplia mayoría, demandara la devolución, el derecho, sobre el castillo de Montjuïc, que ya tenía la ciudad en la legalidad democrática de la República.
Todavía hay más. El ministro Bono en su primera comparecencia en la Comisión de Defensa, a preguntas de este portavoz sobre aquellas propiedades que tenía el Ministerio de Defensa que eran fruto de la incautación de la dictadura franquista,
del final de la guerra, contestó -y está en el 'Diario de Sesiones' del 25 de mayo- que él no tenía conocimiento de que hubiese suelo propiedad del Ministerio de Defensa fruto de la incautación de la dictadura franquista, y decía el señor Bono: Si
esto fuera así no tendríamos ningún problema para devolver aquello que la dictadura quitó a sus propietarios, en ese caso a la ciudad de Barcelona. En esa misma comparecencia, también a preguntas nuestras, el señor Bono hizo una declaración, como
las que suele hacer, en la que decía -alguno cuando la lea se va a sorprender de que sea el señor Bono quien dijo esas palabras, que constan en el 'Diario de Sesiones'- sobre la revisión del Consejo de Guerra de Lluis Companys: Me agradaría poder
restituir cuanto honor y cuanta gloria sea menester al presidente Companys, sin ninguna duda, y tenga la seguridad de que en el ministro de Defensa va a encontrar, no un aliado, sino un cómplice para la revisión de lo que fue una verdadera desmesura
en el ámbito de la justicia y una verdadera canallada internacional. Son palabras del ministro Bono. Decía: un cómplice. El cómplice, lo hemos visto en la complicidad del proyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado, que ha elaborado
el señor Bono, ministro de Defensa, saltándose las palabras que dijo en su comparecencia del 25 de mayo de 2004. Hemos de decir que esto ha sido permitido por el presidente Zapatero. Bono escribe y Zapatero permite. Me parece que es necesario
hacer una rectificación.
No pedimos la cesión, sino la devolución de la legalidad democrática. El castillo de Montjuïc ya era de la ciudadanía, ya era del Ayuntamiento de Barcelona. Lo demuestran las hemerotecas. Un periódico como La Vanguardia, en agosto de
1936, publicaba esta portada: La bandera catalana ondea en Montjuïc. Agosto de 1936. Lluis Companys llegaba a la entrada -está fotografiado en La Vanguardia- y devolvía a la ciudad esta fortaleza: el castillo de Montjuïc. Esto es así, no hay
nada que esconder, es la realidad. El señor Bono decía que restituiría aquello que había sido incautado, pero ya era de la ciudad. ¿Qué pasó? La dictadura, el franquismo, incautó, se apropió de ello. Pido al ministro de Defensa que cumpla lo que
dijo y que cumpla, como demócrata -si es que lo es- la devolución, sin concesiones, del castillo de Montjuïc a la ciudad de Barcelona, esa legalidad republicana que la guerra civil, que la dictadura, que el golpe de Estado, truncó. Señor Bono,
restitúyalo a la ciudad. Señor Zapatero, haga cumplir a Bono sus palabras, haga cumplir a Bono lo que decía esa portada de La Vanguardia, que en su foto decía: La fortaleza de Montjuïc, llena de negras leyendas y desde la cual se habían combatido
siempre las libertades del pueblo catalán, ha sido restituida a nuestra ciudad. El presidente de la Generalitat de Catalunya, don Lluis Companys, izó en ella la bandera de las cuatro barras en un acto de sencillez y de emoción. Señor Bono, cumpla
lo que dijo en su momento.
Señor Zapatero, haga cumplir a Bono lo que usted prometió: la cesión. Los franquistas se limitaron, manu militari, a ocupar el castillo y, después, el alcalde Porcioles reconoció aquella ocupación. Se reconoció un
cierto dominio al ser aquella una ocupación contra una resolución de un Gobierno legítimo, por lo que se debe de entender derogada por la Constitución, mediante la disposición derogatoria tercera, más cuando la Generalitat fue reconocida. Por
tanto, hacer una ley a partir de la ley Porcioles, como se pretende hacer, sería reconocer la usurpación de la ocupación militar franquista. Sería un nuevo golpe contra Companys, que fue fusilado allí mismo, después de aquella ocupación. Por eso,
reconocer la validez de aquel acto de desmilitarización del castillo de Montjuïc sería reconocer un hecho que la propia legalidad franquista, todavía preconstitucional, aceptó al reconocer la legitimidad de la Generalitat.
Por eso, le pedimos que,
de una vez por todas, se comprometa a devolver el castillo de Montjuïc a esa legalidad que fue interrumpida por la dictadura franquista.
Señor Bono y representantes del Grupo Parlamentario Socialista, en la pasada legislatura el ministro de Defensa tuvo su Perejil. Me parece que el señor Bono no necesita tener otro Perejil. Me parece que por dignidad, porque dice ser un
demócrata y por las palabras que emitió, tiene que cumplir aquello que dijo. Devuelva a la ciudad, a la ciudadanía, la cesión limpia del castillo de Montjuïc. Me parece que en democracia es inapropiado usar la ley aprobada por el franquismo para
imponer condiciones, mantener un estamento militar y defender lo indefendible. Si aquello que dijo el señor Bono fue un vodevil, que reconozca el error, que retire ese proyecto de ley, que lo cambie y que escriba algo tan sencillo como lo que le
pide la mayoría de los grupos de esta Cámara, como lo que pide hoy la proposición de ley de Convergència i Unió, como lo que le pedimos hace unas semanas en la proposición de ley que presentó Esquerra Republicana de Cataluña. Me parece que sería de
justicia
que los partidos de tradición democrática nos sentáramos, llegáramos a un acuerdo de una vez por todas y diéramos una respuesta a la ciudad.
Recuperemos la legalidad de la República, que me parece que ya es hora.
Solo la violencia de la
dictadura franquista lo impidió. Hagamos un gesto de recuperación de la memoria histórica, el primero que podría hacer esta Cámara; no esperemos más.
Señores del Grupo Socialista, espero que lo entiendan y que sirva también para el reencuentro entre ustedes. Le damos una oportunidad al señor Bono y al señor Montilla para que tengan ese reencuentro. Estoy seguro de que el señor Bono se
ha equivocado y lo va a reconocer. Esta es la oportunidad que les ofrecemos desde nuestras filas, desde nuestro grupo parlamentario, para obtener un acuerdo que disculpe ese error, esa mala fe a la que a veces el señor Bono nos tiene acostumbrados
-ya le conocemos-. Yo aprecio al señor Bono, he tenido mucho contacto con él y me parece que está dispuesto a aceptar el error. Señor Bono, señor Zapatero, den respuesta a la ciudadanía que pide la cesión y la recuperación de la memoria.
Devolvamos a la ciudad lo que la dictadura le quitó.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Popular. Señor Fernández Díaz, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, con amigos así no hacen falta enemigos. Lo digo tanto a nivel personal como a nivel político. Si uno escucha las intervenciones de los portavoces de los grupos que dan apoyo al Gobierno
-Esquerra Republicana e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds- entiende lo que está pasando, uno entiende que esté pasando algo tan inconcebible como que la cesión del castillo de Montjuïc, que la cedió Franco a Barcelona en
el año 1960 -ahora de lo que se trata es de un cambio de uso, cosa razonable porque han pasado 45 años-, esté dando lugar a un enfrentamiento político de estas características. Por eso vuelvo a lo que decía antes: si uno escucha las intervenciones
de los portavoces de los grupos que dan apoyo al Gobierno, que además dicen que son socios y amigos, empieza a entender lo que está pasando. Este tema, el cambio de uso de una fortaleza militar que ya cedió Franco hace 46 años a Barcelona, ha dado
lugar a que el ministro de Defensa se enfrente públicamente con el presidente de la Generalitat, a que el presidente del Gobierno, como vimos en la sesión de control de la semana pasada, ampare al ministro de Defensa en su enfrentamiento con el
presidente de la Generalitat, a que el alcalde de Barcelona esté enfrentado con el ministro de Defensa, a que en el seno del Gobierno el ministro de Industria y el ministro de Defensa estén enfrentados, a que el consejero de relaciones
institucionales de la Generalitat se enfrente al Gobierno diciendo que en relación con esta cesión del castillo está dando a Barcelona un tratamiento colonial y a que, en definitiva, las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de
Barcelona -Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y PSC- estén hablando de imposición, de humillación y a que se nos hable como referencia deseable de agosto de 1936. Señor Puig, yo
vivo en Barcelona, soy barcelonés, y quiero ir a agosto del 2006. Si usted quiere ir a agosto de 1936, vaya usted, pero no nos pida que le acompañemos en ese viaje. (Aplausos.)
Sinceramente, como muy bien dijo el portavoz del Grupo Vasco, el proyecto de ley no lo ha aprobado el señor Bono. Un proyecto de ley no lo aprueba un ministro ni un ministerio, sino el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros,
presidido por el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, ha aprobado el proyecto de ley, y nosotros estamos de acuerdo con las condiciones que establece esa cesión para el uso, para que vea que somos personas razonables. Cuando nos
parece que el Gobierno, cosa que no sucede frecuentemente, aprueba en Consejo de Ministros un proyecto de ley razonable, nosotros lo apoyamos porque, aunque otros digan lo contrario, no estamos por la bronca ni por la crispación, ni por decir lo
contrario de lo que dice el Gobierno. Cuando el Gobierno hace cosas razonables, ya ve usted cómo le tratan sus amigos y sus socios. Eso es lo que pasa. Por tanto, ¿queremos la cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad de Barcelona? Sí y ya,
que quede claro. ¿Estamos de acuerdo en que en ese cambio de uso que prevé el proyecto de ley que ha aprobado el viernes el Consejo de Ministros se establezca de forma expresa que en ese castillo, precisamente por su simbolismo, por lo que es, por
lo que representa y por muchas otras cosas más que se han recordado aquí hoy, se cumpla de manera muy especial la legalidad vigente en cuanto a las banderas, de tal manera que en sitio preferente ondeen las banderas de España, de Cataluña y de la
ciudad de Barcelona? Sí, estamos de acuerdo, y luego me referiré a eso. ¿Estamos de acuerdo en que para la gestión del nuevo uso -centro museístico para la paz, centro de referencia de la paz, de la convivencia y de la concordia- se cree un
consorcio que presida el alcalde de Barcelona, en el que estén representados el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Defensa? Sí, estamos de acuerdo. Nos parece muy razonable y apoyamos al Gobierno.
¿Estamos de
acuerdo en que para seguir atendiendo desde el castillo de Montjuïc, y en la medida en que lo requieran las necesidades de la defensa nacional, este castillo siga albergando las antenas y las redes de comunicaciones que allí están instaladas y que
para la custodia lógica de esas instalaciones de interés militar para la defensa quede un dispositivo militar imprescindible y necesario para esa finalidad? Claro que estamos de acuerdo; por supuesto que estamos de acuerdo; evidentemente que
estamos de acuerdo. ¿Que ese centro de la paz debe enaltecer a Barcelona, a Cataluña y a toda España sin herir la memoria de los que allí se enfrentaron,
cualquiera que fuera su ideología o significación, y que además ha de dar a conocer de manera especial las valiosas tareas que las Fuerzas Armadas españolas, en misiones humanitarias y de paz, están desempeñando en muchos lugares del mundo?
Sí, estamos de acuerdo, y me sorprendería que el Grupo Socialista no estuviera de acuerdo, porque esto es literalmente lo que dice la nota informativa de prensa del proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes. He copiado
lo que ha dicho el Gobierno de España -Secretaría de Estado de Comunicación- al presentar a la opinión pública el proyecto de ley que el Consejo de Ministros, no el señor Bono, aprobó el viernes pasado. Espero que ustedes, señores socialistas,
apoyen no al señor Bono o al señor Montilla, sino al Consejo de Ministros del Gobierno de España que preside el señor Rodríguez Zapatero. Me imagino que sí. En todo caso, nosotros sí le apoyamos, porque nos parece una cosa razonable.
Me dirán ustedes: Oiga, ¿qué sentido tiene que en una ley se recuerde que se ha de cumplir la legalidad vigente? Yo veo ahí, con perdón, al señor Olabarría, ilustre jurista, y diría: Pues tiene razón. Mire usted, si este castillo
estuviera en Astorga, le diría que no tiene sentido, pero a la vista de cómo se está aplicando esa legalidad vigente, les digo que tiene mucho sentido. Amigo Maldonado, en la ciudad de Barcelona, donde gobierna el tripartito desde el año 1979 más o
menos -bipartito o tripartito según las legislaturas-, se está incumpliendo sistemáticamente la legislación de banderas. Si quiere le doy datos. En las sedes que albergan los consejos de distrito de Sarrià, les Corts y Gràcia -de momento le digo
tres de diez, le puedo seguir diciendo más- sistemáticamente se incumple la Ley de banderas. En Gràcia no ondea nunca la bandera de España, en los otros no ondea ninguna para que no ondee la bandera de España. Puedo seguir dándole más datos, pero
no hagamos aquí fariseísmo público, porque por lo menos los que vivimos en Barcelona sabemos muy bien cómo se interpreta y cómo se aplica desde el Ayuntamiento de Barcelona la legislación de banderas. ¿Quieren ustedes que les recuerde cómo se trató
la bandera de España con ocasión de la ceremonia inaugural del Fórum de las Culturas? ¿Quieren que se lo recuerde? ¿Quieren que les recuerde, señores de Convergència i Unió y señores de Esquerra Republicana, lo que sus respectivas juventudes -como
saben muy bien, porque está en todos los medios de comunicación- hicieron hace poco en el castillo de Montjuïc? Las juventudes de Esquerra arriaron la bandera de España e izaron la bandera independentista; las de Convergència i Unió fueron más
moderadas, se limitaron a arriar la bandera de España.
No nos engañemos, señorías, no nos engañemos. Estamos hablando de instalar allí un centro para la paz, para la concordia, pero empiecen por ponerse en paz y en concordia ustedes mismos, porque están dando un espectáculo muy poco edificante
con sus enfrentamientos y trasladando a la opinión pública una impresión absolutamente penosa de un proyecto de ley que debería regular un nuevo uso del castillo de Montjuïc, que lógicamente ha de volver a su destinatario y titular natural, que es
la ciudad de Barcelona, faltaría más.
Ya que se habla de memoria histórica, por cierto, me sorprende que pasemos de Espartero y de Prim, en los años 1842 y 1843, per saltum, a los presos con ocasión de la huelga de la Canadiense a principios de los años veinte, la semana
trágica, Ferrer i Guàrdia, y a Lluis Campanys, presidente de la Generalitat. Todo esto es verdad, pero también pasaron cosas entre los años 1936 y 1939. Entre los años 1936 y 1939 fueron fusilados centenares de barceloneses y catalanes únicamente
por sus ideas políticas o por sus ideas religiosas, y esto está en la historia. Por tanto, si estamos hablando de paz y de concordia hagamos un servicio a la verdad histórica y no a una memoria selectiva de la historia, que es falsear la verdad y,
por tanto, mentir. (Aplausos.)
Termino, señorías. Barcelona tiene en estos momentos otra instalación militar emblemática, que forma parte de la historia militar de la ciudad, que es la Ciudadela. A finales del siglo XX hemos sabido convertir esa instalación militar,
nada más y nada menos que en la sede del Parlamento de Cataluña, sede de una institución democrática donde, desde el diálogo y la palabra, se confrontan ideas, planteamientos, proyectos e ilusiones también. Espero que con actitudes muy distintas de
las que estamos viendo aquí, y de las que estamos viendo fuera de aquí estos días en los medios de comunicación, podamos efectivamente entre todos, y en un clima auténtico de recuperación de la memoria histórica, en el servicio a la verdad, en el
servicio a la paz, en el servicio a la concordia y a la libertad, convertir también en un referente de paz, de concordia y unidad el castillo de Montjuïc de la ciudad de Barcelona.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Díaz.
Finalmente por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
El actual castillo de Montjuïc nació en el siglo XI como torre de vigilancia marítima, fue convertido en fuerte provisional en 1640 y doce años después su propiedad pasó a la corona española. Felipe V lo destruyó en 1706, para ser
reconstruido en 1715 en sus formas actuales, bajo la batuta arquitectónica de Juan Martín Zemeño. Desde esta fecha, y especialmente a lo largo de los siglos XIX y XX, el castillo transformó radicalmente su cometido, pasando de defensor de la ciudad
de posibles enemigos exteriores a instrumento de dominación y vigilancia de los propios barceloneses. El 3 de diciembre de 1842, por orden de Espartero, los cañones de Montjuïc lanzaron durante doce horas 1.014 bombas sobre Barcelona. Un año
después fue Prim el que dio la orden de disparar esos mismos cañones contra las Drassanes y los
baluartes de las murallas. En el castillo tuvo lugar en 1897 el conocido internacionalmente como Proceso de Montjuïc, en el que 87 inocentes fueron torturados, cinco de ellos fueron además ejecutados. El castillo fue en 1919, tal como se
ha dicho, la prisión en la que se amontonaron los 3.000 trabajadores detenidos durante la huelga de la Canadiense.
Desde el siglo XIX sus fosas y patios fueron lugares habituales de fusilamiento. Allí fueron pasados por las armas, entre otros, el
pedagogo Frances Ferrer i Guàrdia, fundador de la escuela moderna. Allí fue fusilado el president de la Generalitat de Catalunya, Lluis Companys y allí resonaron sus últimas palabras: 'Pau, justicia i amor'. Paz, justicia y amor.
En definitiva, las piedras de Montjuïc concentran buena parte de las tragedias y enfrentamientos de nuestro pasado; de un pasado lleno de contradicciones al que no deberíamos acercarnos pertrechados cada uno con nuestro manual ideológico o
partidario, pues no podemos obviar que la bombardeada Barcelona fue también la que encumbró a Espartero y a Prim a la cima de sus responsabilidades políticas. Ni podemos olvidar que en los fosos del castillo de Montjuïc fueron pasados por las armas
centenares de barceloneses víctimas de los paseíllos incontrolados tras el inicio de la guerra civil.
La recuperación plena del castillo de Montjuïc para la ciudad de Barcelona ha sido y es un anhelo amplia y tenazmente compartido por la sociedad barcelonesa y por el conjunto de la sociedad catalana. Una recuperación que, como ustedes
comprenderán, tiene un alto nivel simbólico, que va mucho más allá de su valor arquitectónico, aunque este no sea ni mucho menos despreciable. El régimen franquista, a través de la Ley 52/1960, cedió el castillo de Montjüic al Ayuntamiento de
Barcelona, si bien lo hizo con unos fines determinados: el de ser destinado a museo del ejército en el que se exalten las glorias castrenses patrias y el establecimiento de parques, jardines y miradores respectivamente. A lo largo de estos últimos
años la ciudad de Barcelona, a través de su Ayuntamiento, ha planteado en sucesivas ocasiones la revisión de la situación jurídica originada por la citada ley, con el fin de hacer posible la recuperación plena para la ciudadanía del uso público del
castillo de Montjüic.
En pasadas legislaturas la devolución del castillo ha sido objeto de diferentes iniciativas legislativas en este Congreso de los Diputados, así como en el Senado; no me detendré a detallarlas, pero sí creo oportuno citar la que a mi juicio
es la más relevante. El 27 de febrero de 2001 -ayer hizo cinco años-, la Comisión de Defensa de esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a modificar la mencionada Ley 52/1960, así como el
reglamento, de 15 de noviembre, que la desarrolla. Asimismo, se le instaba a organizar los fondos del actual museo con criterios historiográficos modernos, de acuerdo con los principios y valores de la Constitución de 1978. Pero sin duda alguna ha
sido durante esta legislatura cuando por primera vez la asignatura pendiente de Montjüic ha sido afrontada con la voluntad de ser real y definitivamente aprobada. El presidente del Gobierno se comprometió el 10 de junio de 2004 a ceder a Barcelona
el castillo de Montjüic, con el fin de convertirlo -conviene recordarlo- en un museo o centro promotor de la paz de dimensión europea. El 13 de septiembre de 2004, a iniciativa del Grupo Entesa Catalana de Progrés, la Comisión de Defensa del Senado
instó al Gobierno, con asentimiento de todos los presentes, a agilizar la elaboración del proyecto de ley por el cual se deroga la Ley 52/1960. El pasado miércoles, y como respuesta a una pregunta del señor Puigcercós sobre el mantenimiento del
citado compromiso, el presidente del Gobierno anunció la aprobación este mismo viernes en el Consejo de Ministros de un proyecto de ley para hacer efectiva esta devolución. Como saben SS.SS., el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la
remisión a esta Cámara del proyecto de ley de cesión del castillo de Montjüic, cuyo artículo 1 reza textualmente: Se cede al Ayuntamiento de Barcelona el castillo de Monjüic, con sus fosos y glacis, para que sea sede del centro de la paz.
Exactamente el doble compromiso, la cesión y el impulso de un centro por la paz, que asumió el presidente del Gobierno ante la ciudad de Barcelona.
En este contexto, la proposición de ley de Convergència i Unió que hoy debatimos llega tarde, exactamente cuatro días tarde, lo cual no deja de ser paradójico si tenemos en cuenta que fue registrada el 1 de julio de 2004. En fin, las
paradojas también forman parte de nuestro paisaje parlamentario. En todo caso, no me duelen prendas en reconocer la inteligencia política y la perspicacia de Convergència i Unió al haberse abstenido de presentar esta proposición de ley durante los
ocho años que el Partido Popular gobernó España con su apoyo. Sin duda intuyó acertadamente que respecto al castillo de Montjüic no había nada que hacer mientras Aznar, al que invistieron dos veces con sus votos, fuera presidente del Gobierno. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!) En cualquier caso, agua pasada no mueve molino, y ciertamente la iniciativa de Convergència i Unió coincide en su objetivo fundamental con el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado a esta Cámara, si bien es cierto
que opta por una redacción limitada a la cesión y omite cualquier referencia complementaria.
Con Convergència i Unió, y con la mayoría de los grupos parlamentaria de esta Cámara, no solo compartimos el objetivo de la reforma legislativa que hace referencia al castillo de Montjüic, sino una larga trayectoria de esfuerzos encaminados
a dicho fin. Sin embargo, señorías, el Grupo Socialista no puede dar su voto afirmativo a la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos ocupa por razones de coherencia o, si ustedes lo prefieren, de economía legislativa y
procedimental. El pasado viernes el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre el mismo tema y con un objetivo central coincidente y, como ustedes comprenderán, para el grupo parlamentario que apoya al Gobierno esta es una razón poderosísima y
concluyente que no admite excepciones, ni siquiera las que se podrían derivar de la
consideración que nos merece toda iniciativa que presenta en esta Cámara Convergència i Unió, consideración que, si cabe, se incrementa cuando dicha iniciativa es defendida por el señor Maldonado.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de cesión del castillo de Montjuïc, lo más ajustado a nuestra función legislativa es trabajar sobre el mismo. Para eso se inventaron los conceptos de ponencia y de enmiendas.
Sinceramente, mantener el debate de esta iniciativa cuando el proyecto de ley ya ha sido aprobado puede tener virtudes extraparlamentarias, pero en clave parlamentaria esta decisión entra de lleno en el terreno de lo curioso. Que sea extemporánea
-que lo es- es lo de menos. Lo preocupante es que no aporta nada a la solución de un tema que ya se encuentra en este Congreso de los Diputados por voluntad del Gobierno. La demostración de lo que digo es que una parte importante de las
intervenciones que me han precedido parecen más intervenciones del debate de totalidad del proyecto de ley que del debate de admisión de esta proposición de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista va a encarar los trabajos parlamentarios del proyecto de ley de cesión del castillo de Montjuïc desde cuatro premisas que deseo subrayar rápidamente. En primer lugar, desde la firmeza en defender que la ley
ha de mantener como objetivo central el compromiso del presidente del Gobierno de ceder el castillo de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona, con el fin de convertirlo en el centro de la sede de un centro por la paz; compromiso, tal y como he
apuntado, plenamente recogido en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Esta es para nosotros la cuestión principal.
En segundo lugar, respecto a otros elementos accesorios -organismos de gestión, antenas y redes de comunicaciones existentes o uso de enseñas-, nuestra disposición y voluntad es la de aprovechar el trámite parlamentario para mejorarlos en
todo aquello que sea necesario, a través del diálogo y el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. Estando de acuerdo en lo principal, no se me ocurre ninguna razón para que no podamos ponernos de acuerdo en aquello que no lo es.
En tercer lugar, nuestra pretensión es que esta sea una ley que, por su carácter marcadamente simbólico, cuente con un respaldo mayoritario y si es posible unánime de esta Cámara. Sin duda, esta sería la mejor prueba de que todos hemos
hecho nuestro trabajo correctamente. Si hemos sido capaces de ponernos todos de acuerdo en la aprobación de la Carta de Barcelona, ¿no lo seremos respecto a un castillo de Montjuïc que ha de dejar de ser definitivamente un símbolo de trágicos
enfrentamientos para convertirse en un espacio que anime la concordia, la unidad y la tolerancia? Yo tengo el convencimiento de que seremos capaces y en todo caso tengo la seguridad de que esta es nuestra obligación.
Finalmente, nadie se sorprenderá si afirmo que en todo este trabajo parlamentario que tenemos por delante para mi grupo será especialmente relevante la opinión del Ayuntamiento de Barcelona, de su equipo de gobierno y especialmente la de su
alcalde, Joan Clos. El poeta Salvat-Papasseit, señorías, dejó escrito, refiriéndose al castillo de Montjuïc (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Als vint anys, dolorit, cristià i
socialista, jo veia Montjuïc talment com un afront que calia passar.): A los veinte años, dolorido, cristiano y socialista, yo veía Montjuïc como una afrenta que era necesario pasar. Ha llegado el momento de que, con el concurso de todos los
grupos parlamentarios, el castillo de Montjuïc vuelva a la ciudad de Barcelona convertido en símbolo cargado de esperanza de futuro, como ejemplo de nuestra capacidad como pueblo de superar las divisiones y las afrentas del pasado. El Gobierno ha
dado el primer paso. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar el definitivo alcanzando un acuerdo en el que todos podamos sentirnos representados, un acuerdo que no excluya a nadie. Durante los próximos días, el Grupo Socialista trabajará
obstinada y tozudamente para hacerlo posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Comunicación a la Cámara sobre exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día
de la presente sesión de los puntos 36 y 37, correspondientes respectivamente a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre
ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias y a la proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para adecuar la aplicación de
la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LAS CORTES GENERALES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE CEDE DE FORMA ÍNTEGRA EL CASTELL DE MONTJUÏC AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ha habido un problema que ha afectado solo al viejo palacio, no a los edificios modernos. He hecho comprobar por los ujieres, que consideran que prácticamente han avisado para que todo el mundo esté en
condiciones de votar. Lo digo por si alguien que estuviera en el viejo edificio no hubiera oído el timbre. Si ningún grupo parlamentario lo objeta, procedemos a la votación y me excusaré en el supuesto de que algún diputado esté perdido en el
palacio.
Votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 118; en contra, 158; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se cede de forma íntegra el castell de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 29; en contra, 260.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DEL CABLE SUBMARINO DE FIBRA ÓPTICA CON EL HIERRO.
(Número de expediente 162/000413.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, relativa a la financiación del cable submarino de fibra óptica con el Hierro. Tiene
la palabra para defender la proposición no de ley por un tiempo de siete minutos, si SS.SS. evacuan rápido y en silencio la sala, el señor Rivero. (Rumores.)
Silencio, por favor, el Pleno continúa, señorías. (Continúan los rumores.) Por favor, señorías. (El señor presidente agita la campanilla.-Aplausos.)
Adelante, señor Rivero, tiene usted la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición no de ley que voy a defender en nombre de mi grupo parlamentario probablemente no sea importante para las señoras y señores diputados que están en el
hemiciclo, seguramente tampoco atraerá el interés general de todo el Estado, pero sí es muy importante para los 10.000 habitantes que viven en la isla del Hierro.
Esta proposición no de ley tiene su origen en una visita que hizo el presidente del Gobierno en agosto del año pasado a dicha isla, donde el presidente del cabildo le planteó el principal problema que tienen en estos momentos, que es la
situación de aislamiento y de falta de comunicaciones con el exterior, dado que carece del cable submarino de fibra óptica para conectar con el resto del archipiélago canario y, por tanto, para conectar con el exterior. Ese planteamiento que le
hizo el Cabildo de la isla del Hierro fue recogido, como no podía ser de otra manera, con bastante receptividad por el presidente del Gobierno, que se comprometió a que el Gobierno impulsaría los apoyos económicos necesarios, en colaboración con
otras administraciones, para dar solución a este tema.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tenía un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para que ese compromiso del presidente del Gobierno tuviera acogida en el presupuesto del presente año, pero a instancia del
Ministerio de Industria se planteó que tendría mejor encaje a través de una proposición no de ley que en el contenido de los presupuestos del año 2006. Por tanto, hoy estamos defendiendo una proposición no de ley para dar respuesta a un compromiso
adquirido por el presidente del Gobierno de España en su visita a la isla del Hierro.
Probablemente a las señoras y señores diputados les extrañará que los diputados insulares -los diputados que representamos territorios alejados y territorios fragmentados- con excesiva frecuencia hablamos de temas de transporte y de
telecomunicaciones, de dos instrumentos que son básicos para conseguir la cohesión territorial, la cohesión social y la cohesión económica de un territorio. Hablamos de cuestiones que permiten acercar esos territorios al resto del Estado y al resto
del mundo. Hemos ido avanzando a lo largo de estos últimos años gracias al apoyo de los dos gobiernos que hemos tenido en esta etapa democrática, tanto el Gobierno del Partido Socialista como el Gobierno del Partido Popular, y hemos contado siempre
con la sensibilidad de los llamados grupos minoritarios de esta Cámara en materia de transporte. Por eso, Canarias hoy tiene un sistema protegido de obligaciones de servicio público, tanto del transporte marítimo como del transporte aéreo, tiene un
transporte subvencionado y tiene determinadas medidas que han permitido acercar las islas entre sí, así como con el resto del Estado español y el resto del mundo. Es verdad que en la Unión Europea tanto el transporte como las telecomunicaciones
están liberalizados, pero
no es menos cierto que la propia Unión Europea contempla medidas excepcionales para aquellos territorios frágiles que por la dimensión de su mercado, o en este caso por la fragmentación del territorio o por la lejanía, no garantizan la
competencia. Este es el caso. En materia de transportes no está garantizada la competencia y por tanto está la protección de los poderes públicos, y este es el caso también de las telecomunicaciones; no está garantizada la competencia y por tanto
es necesario el control, el apoyo de los poderes públicos para evitar que los monopolios privados en estos momentos aíslen a determinados territorios porque no les es rentable la prestación de un servicio. Esto ocurre en la isla del Hierro, como en
la de La Palma, de la que hoy faltan algunos diputados y diputadas y algunos senadores porque están aislados, ya que como consecuencia del temporal no pueden salir aviones ni barcos. Esto ocurre con frecuencia en el Hierro, donde el viento hace que
no sea posible que operen los aviones o que entren barcos, pero además con un hándicap que no tienen el resto de las islas y es que no está comunicada ni por telefonía móvil ni por telefonía fija, dado que el sistema que se utiliza es un sistema de
antenas aéreas que cuando no existen unas mínimas condiciones atmosféricas hace que la isla quede aislada no solamente por mar y por tierra sino también desde el punto de vista de la telefonía.
La proposición plantea una cosa muy simple. Todos los medios de comunicación reflejan que el 28 de febrero de 2006, no del siglo XVII sino del siglo XXI, la isla del Hierro estuvo incomunicada durante 24 horas desde el punto de vista de la
telefonía porque falló el sistema de radioenlace que tiene en estos momentos y la única solución que existe es un cable submarino de fibra óptica para conectar la isla del Hierro con la isla de La Palma y la isla de la Gomera. Es un asunto
relativamente sencillo, de poco costo económico, donde ya el Gobierno de Canarias ha impulsado un expediente para, con la suma de otras administraciones, fundamentalmente del cabildo, poder resolver este asunto. La solución de este problema es
sencilla y lo único que es necesario es la colaboración del Gobierno del Estado para que, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, el cabildo y las empresas -el operador- impulse la colocación de este cable submarino que lo único que permite es
que los herreños se sientan ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto de los canarios y, por lo tanto, que los ciudadanos que viven en la isla del Hierro se sientan en las mismas condiciones de prestación de un servicio esencial que el
resto de los ciudadanos del conjunto del Estado. No hay matices en estas cuestiones: un cable submarino para conectar por telefonía fija, por telefonía móvil y por Internet a la isla del Hierro, una cuestión que económicamente no supone un
esfuerzo económico extraordinario y que seguro que no acapara la atención hoy de todos los ciudadanos del Estado, pero, insisto, para 10.000 personas que viven en la isla del Hierro es un asunto de extraordinaria importancia.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Señor Reguera, para la defensa de su enmienda.
Les recuerdo que a partir de ahora el tiempo es de cinco minutos para todos los intervinientes.
El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular en defensa de la enmienda de adición presentada por mi grupo a la proposición no de ley que ha defendido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias en la que propone instar al
Gobierno del Estado a participar conjuntamente con el Gobierno de Canarias, otras administraciones públicas y operadores de telecomunicaciones en la financiación del tendido de un cable submarino de fibra óptica que conecte las islas de la Gomera,
el Hierro y La Palma. La enmienda que propone el Grupo Popular es para que se tenga en cuenta que en Canarias hay ocho islas y que la isla de la Graciosa cuenta con las mismas dificultades de incorporarse a los beneficios de la sociedad de la
información que en este caso la isla del Hierro y por ello proponemos que al texto que plantea Coalición Canaria-Nueva Canarias se añada el párrafo siguiente: y la isla de la Graciosa con Lanzarote.
Señorías, la lejanía y la insularidad son barreras que justifican la implantación ya de por sí necesaria de la sociedad de la información en la actualidad. Existe multitud de aplicaciones que compiten con las dificultades del hecho insular
tales como la telemedicina, teletrabajo, teleeducación, etcétera, y con ello se consigue romper barreras producidas por la doble insularidad o triple insularidad. En definitiva, señorías, contribuyen a aumentar la calidad de vida de los habitantes
de las diferentes islas y en este caso de las islas del Hierro y la Graciosa.
Señorías, un ejemplo paradigmático de la triple insularidad se produce en la isla de la Graciosa, en Canarias, donde en los temas como transporte, sanidad o educación es necesario también una relación primero con la isla más próxima,
Lanzarote, luego con las capitalinas y luego con la Península, con las dificultades que esto supone para los habitantes de la isla de la Graciosa. Al igual que en el Hierro, la isla de la Graciosa no cuenta con conexión submarina de fibra óptica y
esto impide el desarrollo en esta isla, repito, al igual que en la isla del Hierro, de las bondades que supone para el hecho insular la sociedad de la información y con ello también se impiden las aplicaciones que contribuyen a mitigar las
dificultades de doble y triple insularidad en las islas.
Señorías, estamos hablando de un tramo de aproximadamente un kilómetro de longitud y que supone una inversión aproximada de un millón de euros en su totalidad, contribuyendo con esto a mejorar considerablemente las comunicaciones con voz y
con banda ancha.
Con esta enmienda a la propuesta presentada por Coalición Canaria-Nueva Canarias conseguiríamos unir todas las islas entre sí y con la Península.
Señorías, anuncio que el voto del Grupo Popular será favorable a la iniciativa que presenta
Coalición Canaria, aunque también solicito se acepte nuestra enmienda de adición y con ello que la isla de la Graciosa también esté conectada por este sistema y así no marginar a ninguna isla del archipiélago canario.
Por último, quiero recordar, señorías, que los gracioseros también son canarios, que tienen dificultades de comunicación, que tienen dificultades para acceder a sanidad, a educación, etcétera. Quiero recordar también que el archipiélago
canario está compuesto por ocho islas y no siete. La isla de la Graciosa también está habitada, es cierto que es la isla que tiene menos habitantes, pero, sin duda, con esta iniciativa que presenta Coalición Canaria-Nueva Canarias y si se acepta la
enmienda del Partido Popular, vamos a contribuir a mejorar la calidad de vida de los gracioseros.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Reguera.
Grupo Socialista, señora Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que no hace más que complementar, abrir y extender estas tecnologías, largamente olvidadas en nuestro país, a los territorios insulares, como es el
caso de la isla del Hierro y, obviamente, se extenderían a Lanzarote, la Graciosa y otros territorios insulares que también son importantes para Canarias, para esos 10.000 habitantes de los que habla el señor Rivero respecto al Hierro y, por
supuesto, importante para el Estado, aunque no sea cuestión de Estado.
La isla del Hierro está situada -he de decirlo para los pocos que están en el hemiciclo que me puedan oír- al oeste de Tenerife y es la más occidental del archipiélago canario. Fue declarada en el año 2001 Reserva de la Biosfera por la
Unesco como un modelo de convivencia con la naturaleza. Uno de los factores que contribuyó a esta declaración fue que se trata de una isla con una gran diversidad de ecosistemas, con un elevado grado de conservación situado todo ello en un
territorio reducido y singular. Por otro lado, desde 1995 se están llevando a la práctica distintos programas de desarrollo sostenible que abarcan todo tipo de proyectos, de agricultura, de industria, de arquitectura, de energía, de reciclaje,
etcétera. Por tanto, este debate sobre la necesidad de armonizar el equilibrio con la naturaleza y el progreso material se da de forma importante y se ha conseguido en la isla del Hierro. Puede sentirse absolutamente orgullosa de las acciones
encaminadas al desarrollo sostenible y al mantenimiento del ecosistema, aprovecha el agua de las escorrentías, tiene un sistema de reciclado, aprovecha la energía solar y eólica y cuida además del paisaje como fuente de bienestar e ingresos
turísticos. Ahora bien, la fragmentación del territorio, la escasez de los recursos materiales, la lejanía de los mercados en la que se encuentra y las dificultades y gastos suplementarios tanto en su producción como en la importación de materias
primas y productos acabados hacen que la isla del Hierro sea tratada como una isla de las llamadas no capitalinas, de las mal llamadas menores, y que sufra precisamente el fenómeno conocido por los canarios de la doble insularidad, que conlleva
enfrentarse a mayores dificultades.
Dicho esto, respecto a la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias, hay que decir que en el ámbito de la Unión Europea los servicios de telecomunicaciones están liberalizados y, por tanto, su prestación, así como
la dotación de infraestructuras y equipamientos asociados a los mismos, son los que resultan del régimen de libre competencia y, en consecuencia, tendremos que observar obligatoriamente los artículos 87 y siguientes del Tratado de la Unión Europea y
todas las directivas comunitarias promulgadas sobre telecomunicaciones, que hacen imposible o impiden una actuación pública como la que se pide. Sin embargo, desde la convicción de que lo realmente importante es la tecnología -no la tecnología
concreta que viene en su proposición no de ley, sino la necesidad de acceder a los servicios avanzados que ofertan las nuevas tecnologías de comunicación- es por lo que el Gobierno está impulsando e implementando iniciativas destinadas a que todos
los ciudadanos del Estado puedan acceder a este tipo de servicios, y este tipo de iniciativas son extremadamente respetuosas con los principios de competencia y neutralidad tecnológica. De ahí que se haya concentrado en el caso de la Comunidad
Autónoma de Canarias en el año 2005 el proyecto de extensión de banda ancha a los territorios canarios, proyecto que, como bien sabemos, contempla subvenciones por importe de 2.831.000 euros y créditos por importe de 45.000 euros a ejecutar entre
los años 2005 y 2007. Se hace, por tanto, imprescindible un estudio, como apuntaba el proponente, de puesta en marcha de la necesaria financiación entre las distintas administraciones públicas, junto con los operadores de telecomunicaciones.
Sorprende que sea la única isla donde no ha llegado el cable submarino de fibra óptica, que puede hacer posible además la extensión de las tecnologías más avanzadas en este tipo de territorios, lo haríamos precisamente a la isla del Hierro, que es
lo que ha solicitado el grupo proponente.
Una de las líneas de la estrategia de Lisboa era vincular crecimiento y empleo con sociedad de la información y este Gobierno se ha marcado como objetivo que el gasto relacionado con las tecnologías de la información y de la telecomunicación
alcance en este momento más del 7 por ciento del PIB, que en el año 2004 tan solo estaba en el 4,8. Por tanto, como he dicho, las previsiones del Gobierno son que en el horizonte de 2008
todos los ciudadanos del Estado español dispongan de servicios de mayor calidad, con independencia de la tecnología que sea posible, motivo añadido para que se beneficie la isla del Hierro y todos los territorios insulares, que es lo que
precisamente recoge la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Por tanto, solicitamos el apoyo a esta enmienda de sustitución, introduciendo, para que sea aceptada por el grupo proponente -espero que sea así-, tras banda ancha, cable
submarino u otras tecnologías, de tal manera que no se limite tan solo a estas tecnologías, sino que puedan ser tecnologías de igual o inmediato resultado, con cumplimiento específico para las islas, en este caso el Hierro, y por supuesto para todos
los territorios insulares.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivero.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos del Estado puedan acceder a los servicios de banda ancha y, por tanto, la cobertura en entornos rurales o allí donde actualmente no queda garantizada y por
el hecho de asegurar la inversión pública y privada en redes troncales, es necesario que la Administración invierta en la parte de tecnologías de acceso en aquellas zonas donde la iniciativa privada no lo esté haciendo. Es necesario, pues, para
resolver este déficit de acceso a la banda ancha implantar una red de acceso titularidad de la Administración allí donde actualmente no llegue el ADSL, o tecnologías que permitan velocidades de acceso con costes similares para el usuario final que
sean explotadas por un operador de telecomunicaciones con la finalidad de que se presten servicios finales al mercado empresarial y residencial, es decir, servicio minorista, pero que a la vez se dé un servicio mayorista para que, entre otros, pueda
haber operadores locales que puedan prestar sus servicios.
Señoras y señores diputados, mi grupo cree que es necesario fomentar la cohesión digital en todo el Estado y entre todos los sectores, poniendo al alcance los medios para disfrutar de una red de comunicaciones electrónicas que permitan
ofrecer los servicios más avanzados a todo el mundo. Uno de los problemas que presenta la sociedad de la información es la exclusión que puede experimentar una gran parte de los ciudadanos si no se ponen los medios adecuados. Como ya se ha
señalado vastamente, la exclusión que los ciudadanos pueden sufrir de la sociedad de la información también impedirá el acceso a buena parte del mercado laboral, a la vez que dejará fuera del alcance de esta población parte de los elementos
culturales e informativos que ya se están desarrollando. Es, pues, obligación de las administraciones públicas poner los elementos necesarios para que esa exclusión no se produzca. Por otro lado, es necesario asegurar que tanto los ciudadanos como
las empresas y administraciones tengan acceso a una oferta de telecomunicaciones en competencia y competitivas en precio, servicios y tipos de acceso, que haga que los servicios y contenidos sean un motor para la adopción de nuevas tecnologías y no
se conviertan en un freno. Uno de los elementos positivos es el uso que las industrias definidas como tradicionales pueden hacer de estas tecnologías, no solo para mejorar sus ciclos productivos, sino para reingeniería de sus procesos que las hagan
más competitivas. Este impulso del sector de las TIC también ha de derivar en una potenciación de su uso en otros ámbitos y sectores, de manera que su incorporación al ciclo productivo, y en especial al diseño de nuevos productos, haga aumentar la
competitividad de las empresas y evite su deslocalización. En resumen, señoras y señores diputados, es necesario garantizar que todos los territorios dispongan de las infraestructuras necesarias que aseguren la competitividad de la economía y que
además estén a disposición del mercado de una manera transparente, no discriminatoria y con una vocación de ofrecer servicios a cualquier punto del territorio. Esto es vital para el desarrollo económico de todo el Estado. Es necesario que las
infraestructuras aceleren el desarrollo de la economía y de la sociedad. Por tanto, no podemos depender de la orientación empresarial o de la voluntad inversora del sector.
Señoras y señores diputados, la isla del Hierro tiene unos 10.000 habitantes, que es una cifra pequeña pero bastante significativa. Además del coste de inversión en el cable submarino, haría falta ver su duración, el periodo de amortización
y su coste de mantenimiento para establecer si esos mil euros por habitante están bien invertidos. Por eso es importante solicitar, si finalmente se votara a favor de esta PNL, que la gestión de la infraestructura se haga de forma que se garantice
la posibilidad de que los diferentes operadores puedan hacer uso de ella y en condiciones de igualdad, que eviten la duplicidad innecesaria de infraestructuras. Esto último significa que, de instalarse este cable, las condiciones para los
operadores sean tales que hagan realmente interesante su utilización compartida y no el despliegue o mantenimiento de las redes paralelas por parte de cada uno de ellos.
En consecuencia, señoras y señores diputados, por todo lo expuesto nuestro grupo votará favorablemente la proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo de Coalición Canaria.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Convergència i Unió, señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señorías, estamos tratando hoy un tema apasionante en el sentido de que estamos ante un hecho que ha aportado la sociedad de la información, que es la eliminación del espacio y del tiempo,
estamos hablando de resolver la
capacidad que tenga en las islas Canarias la isla del Hierro, una isla pequeña, con 10.000 habitantes, y estamos viendo cómo esta isla puede ser también competitiva en esta sociedad de la información. Por tanto, estamos tratando de un tema
muy importante que hace solo quince años era implanteable. Isla iba también muchas veces ligado a aislamiento, o se hablaba solo de comunicaciones en el sentido de transporte marítimo o aéreo. Actualmente en estas islas, tan importantes como sus
infraestructuras viarias, marítimas y aéreas son las infraestructuras que comportan las tecnologías de la información, y estamos diciendo que una forma de hacer a todos los ciudadanos de las islas Canarias iguales es que tengan acceso todos ellos en
las mismas condiciones a la sociedad de la información, sociedad que ofrece oportunidades de formación. Se puede estudiar en universidades de primer nivel desde sus casas en la isla del Hierro o en la Graciosa, se puede estudiar en cualquier
universidad prácticamente de los cinco continentes cualquier tipo de estudios. Este es un cambio radical y una oportunidad que no podemos decir que la pueden tener en Las Palmas pero no en la isla Graciosa, no puede ser. Se puede tener
teletrabajo, es decir, se puede trabajar en cualquier compañía del mundo desde las islas Canarias, este es un sueño al que seguramente todos nos apuntaríamos. Se puede ser diputado en este Congreso con la tecnología que tendremos aquí y trabajar
desde las islas Canarias, y esto es posible, y no solamente desde Las Palmas o desde Lanzarote, sino desde la isla de la Graciosa o del Hierro. Hay también un factor determinante.
Muchas veces estos colectivos con poca población tienen mucha gente
mayor, estamos hablando de teleasistencia, de darle seguridad a este ciudadano con este sistema. Por tanto, estamos hablando de una cosa muy importante, muy decisiva, de un reto que como país tenemos todos planteado. Hay una propuesta en esta
proposición no de ley en la que se habla de completar la red de fibra óptica al conjunto de islas que ahora mismo en las islas Canarias no la tienen. Hay algunas enmiendas que me parecen interesantes, aunque esto lo ha de decidir el grupo
proponente.
Esto lo hemos de resolver con la mejor tecnología posible, una tecnología que permita todo este tipo de calidad de vida, todo este tipo de competitividad económica, de competitividad social y de igualdad que ofrecen las nuevas
tecnologías y la sociedad de la información. Mi grupo apoyará totalmente esta proposición no de ley. Entendemos que el grupo proponente ha de analizar cuál es la mejor tecnología para dar respuesta a este tema. La fibra óptica es una tecnología
de una gran potencia, pero estamos en un mundo con una gran evolución y las tecnologías evolucionan.
Por tanto, los canarios son los que tienen que decidir qué tecnología es la óptima para conseguir estos objetivos. En este caso, el coste, que es
un factor determinante, no lo es porque la necesidad de equilibrar esta calidad informática que proporciona la sociedad de la información en nuestro país ha de ser uno de los objetivos del Gobierno, que debemos de tener todos como país y que debe
tener claramente esta Cámara, porque hemos de defender que esta sociedad de la información, que comporta tanto beneficio, llegue al conjunto de los ciudadanos de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Señor Rivero, para posicionarse con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
El sentir general de todos los grupos que han intervenido es hacer extensiva la propuesta a la isla de la Graciosa. Por tanto, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias no hay ninguna objeción, sino todo lo contrario.
Con respecto a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, compartimos la filosofía, pero entendemos que la propuesta de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias es
mucho más precisa y, además, es coherente con el compromiso adquirido por el señor Rodríguez Zapatero en la isla del Hierro, por lo que, para que no haya confusiones, mantenemos el texto como está.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A ALEXANDRE BÓVEDA IGLESIAS, VÍCTIMA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA EN GALICIA. (Número de expediente 162/000425.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a don Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en esta breve intervención me gustaría conseguir que comprendan la importancia histórico-política de la propuesta que hacemos. Es algo así como comprender la perspectiva gallega, precisamente en relación con el
pluralismo y la diversidad nacional, como un factor clave de la democracia. La persona de la que hoy vamos a hablar, Alexandre Bóveda, es todo un símbolo porque transciende la anécdota personal y, además, porque expresa una dialéctica específica y
particular, sin negar la dialéctica general que es la que mejor comprenden normalmente en España.
Alexandre Bóveda, hijo de costurera y carpintero, tenía 33 años cuando fue fusilado el 17 de agosto de 1936, una vez sometido a consejo de guerra sumarísimo, acusado nada menos que de traición por los militares sublevados. Como tantos
fusilados y asesinados, dejó mujer viuda e hijos huérfanos. No era toda una esperanza para Galicia, era el artífice de realidades prácticas: secretario de organización del Partido Galeguista; estudioso de la economía fiscal y de la necesidad de
autonomía financiera para Galicia; redactor principal del Estatuto en el año 1932; defensor del texto ante la Asamblea de ayuntamientos de Galicia, que era preceptivo para poder someterlo después a referéndum, y promotor de la alianza del Partido
Galeguista con los partidos integrados en el Frente Popular. Era el hombre necesario en aquel momento histórico tan oportuno, el de la República, con la urgencia que el tiempo requería y con los conocimientos y la convicción que se necesitaba en un
pueblo como el gallego. Este hombre joven, sin cargos institucionales, progresista y nacionalista, es la figura política más significada ante el golpe militar en la ciudad de Pontevedra. El propio consejo de guerra así lo expresa.
El consejo de
guerra dice: Ha de apreciar que la personalidad de Alexandre Bóveda destaca como especialmente peligrosa por su mayor actividad, acción directa de importancia en la intervención como director de los que se enfrentaron con el movimiento militar.
Curiosamente, esta observación late continuamente en las actas del consejo de guerra porque Alexandre Bóveda, que era un hombre católico, no precisamente un marxista aunque sí un hombre progresista, no podía comprender en aquel momento crucial la
actitud tibia, la dejación de algunas autoridades republicanas como el gobernador civil o la desorganización de las masas ante la sublevación militar; sublevación que, por cierto, en el caso de Galicia se evocó nada menos que en nombre de la
República. El bando del capitán general de la VIII Región militar el 20 de julio se lanza en nombre de España y en nombre de la República, justo el mismo día en que Alexandre Bóveda va a ser hecho prisionero. Y no volverá a salir nunca más, a no
ser como reo para ser fusilado en una carretera a varios kilómetros de Pontevedra. Para Alexandre Bóveda la República era sinónimo de autogobierno, de dignidad y también de un nuevo tiempo histórico para el pueblo gallego, tan necesitado de ese
nuevo tiempo histórico. Era tan clara su actividad que ya en el bienio negro fue desterrado de Galicia a Cádiz, ya que era funcionario de Hacienda en Pontevedra, precisamente porque el Gobierno de la CEDA y de Lerroux eran conscientes de su
capacidad en la organización a favor de la conciencia autónoma de Galicia como nación y, por lo tanto, lo peligroso que era para una base potencial como la que había para el nacionalismo en Galicia en aquel momento histórico.
Por otra parte, fue el gran redactor del Estatuto de Galicia, muchas veces en compañía del señor Rajoy Leloup, abuelo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por cierto, también represaliado, abandonado y sometido a una marginalidad
durante muchísimos años. Bóveda consiguió que aprobaran este Estatuto el 80 por ciento de los ayuntamientos gallegos a finales de 1932 y, después de las elecciones de febrero de 1936 y con pacto con el Partido Popular, consiguió pasar a plebiscito
el 28 de junio del mismo año. Seguramente, muchas ideas como las de la Administración única, el impuesto único, la progresividad en los impuestos, la balanza fiscal y la necesidad de autonomía financiera para tener un real autogobierno están en los
escritos de Bóveda. Tuvimos Estatuto de autonomía después de su asesinato en las Cortes de Montserrat precisamente por la pericia y de la mano de su compañero y amigo Castelao en 1938. Esta forma de proceder fue la que posibilitó que en la
transición democrática, con una realidad electoral muy adversa, Galicia cediese a la autonomía como nacionalidad histórica por esta legitimidad que le venía ya de antiguo. No es anormal, señorías, que desde 1936 a 1942 todos los diputados
socialistas de cualquier condición -republicanos o nacionalistas- consideraran a Bóveda en las revistas del exilio como representante de las mártires gallegos, y así, a partir de 1941, en todas las sociedades de republicanos en el exilio se
estableció el día 17 de agosto como día de la Galicia martirizada. En 1972, incluso, se publicó un libro en el exilio, Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, escrito por Xerardo Álvarez Gallego, su cuñado, que gozó de una gran difusión en
Galicia, a pesar de tener que hacerlo en la clandestinidad. A partir de 1976 ni un solo año se falló a la cita en Pontevedra como día de Galicia mártir, siendo todos fieles a un planteamiento y a un esfuerzo continuo por mantener vivos la
conciencia de país, los valores representativos, la especificidad y, en concreto, la memoria histórica que se expresaba a través de este hombre ejemplar, pero que era válida para socialistas, comunistas, republicanos, anarquistas, agrarios y
nacionalistas en general.
Galicia, señorías, fue víctima de un alzamiento militar y de la represión consecuente. No hubo allí una guerra civil, fue algo muchísimo peor. Fue martirizada y anulada en sus mejores elementos humanos, como Bóveda, un caso representativo
y simbólico, como muchos fusilados, sus alcaldes Ángel Casal o Quintanilla, hombres como Díaz Baliño; los asesinatos anónimos, las purgas, los destierros, el exilio, todo lo que también Castelao representó artísticamente en Atila en Galicia,
Milicianos y Galicia mártir. Nosotros no llegamos a tener un gobierno autónomo, tuvimos, eso sí, la posibilidad truncada precisamente por el alzamiento militar; después tuvimos maquis, represión, silencio y servicio con hombres y materias primas a
la España fascista, e incluso fuimos insultados porque uno de los caudillos de la sublevación había nacido en Galicia al servicio de la idea del ¡Viva España! que presidía la resolución que llevó precisamente a Bóveda al martirio, al fusilamiento en
la carretera de Campañó, en A Caeira. Nosotros necesitamos más que nadie reconstruir la verdad histórica, no por un afán partidista, sino por la dignidad del propio
país, y celebramos, señorías, que podamos empezar con el caso ejemplar de Bóveda esta recuperación y la anulación de su consejo de guerra, porque Bóveda es para todos nosotros la expresión significativa de la voluntad de Galicia, de todos
los gallegos, de nuestra voluntad de país digno y de país que aspira a tener un lugar en la historia. Por eso les pedimos a todos ustedes el voto afirmativo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame.
El señor PADILLA CARBALLADA: Para fijación de posición.
El señor PRESIDENTE: No, previamente hay una enmienda del Grupo Socialista.
Señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, el silencio sobre una parte del pasado nos mutila y nos limita. Recuperar la memoria y honrar lo que vale nos dignifica a nosotros mismos. Decía García Márquez que la vida es lo que uno
recuerda y como lo recuerda para contarlo. Esto lo podemos aplicar a la guerra civil y a sus secuelas. No hemos venido aquí a hablar de recuerdos familiares, porque esos no los debiera olvidar nadie; estamos aquí porque somos los representantes
de los ciudadanos españoles que vivieron aquella indignidad. Solo haciendo justicia con nuestro pasado, con la memoria silenciada, podremos construir más sólidamente el futuro.
La represión franquista dejó en Galicia más de 3.000 víctimas directas. En una cita plural hubo fusilados como Bóveda, el alcalde Suárez Ferrín, de A Coruña; Manuel Suárez, alcalde socialista de Ourense; Francisco Maseda, presidente del
PSOE coruñés; Mazariegos, de UGT, y otros muchos, como los hermanos Lejía, en A Coruña, o los hermanos Poza, en Pontevedra, el doctor Santos Vega, en Lugo, o Heraclio Botana, en Vigo. También hubo paseados y humillados antes de ser oscuramente
asesinados, como los alcaldes socialistas de Ferrol y Vigo, Jaime Quintanilla y Martínez Garrido, o el de Santiago, Ángel Casal, al igual que Camilo Díaz Baliño y otros muchos anónimos; anónimos para el común, no para sus familias y amigos.
Bóveda fue una víctima seleccionada porque quería hacer de su país, de Galicia, una tierra progresista y moderna. Era un brillante intelectual, comprometido y, sobre todo, una persona próxima a los ciudadanos y a sus problemas, una buena
persona. Desde su posición política, todo su interés galleguista, autonomista, republicano e interclasista no era otro que el de subvertir el destino de la economía gallega para favorecer la modernidad en su país, que es el mío. La frase...
(Pronuncia palabras en gallego.) resume lo que significan la guerra y el franquismo en Galicia, porque no solo sufrió el desastre una clase política, intelectual o artística, sino que fue un pueblo, fueron las familias, fueron inocentes los que
asistieron demudados a la barbarie y resultaron humillados. La guerra es mutiladora y cortó a Galicia, como a los demás pueblos de España, el acceso a la democracia y a la modernidad. En Galicia fue humillante al perpetuar principalmente en el
mundo rural marginaciones, privilegios y situaciones de explotación y agravio inadmisibles que duraron demasiado tiempo. También mutiló a los ciudadanos que se vieron empujados a la inmigración forzosa. Creemos que hay que recuperar la memoria
individual y colectiva, la memoria que nos vuelva a la continuidad de un proyecto, la memoria creadora de entidades.
El Partido Socialista ya anticipó en el año 1982 esta intención recuperadora y a su sombra crecieron esas agrupaciones y fundaciones, como Largo Caballero, que recogieron el testigo de esa memoria, pero también impusieron la generosidad e
inteligencia para hacer frente a la modernización social de este país. Las personas que fueron fusiladas lo fueron para cortar de raíz otro futuro posible que no pudo llegar a ser.
El franquismo no solo fusiló vidas de personas que amaban y
sufrían; se fusilaban ideas, se fusilaban proyectos de futuro, proyectos personales y colectivos. Por eso, los socialistas buscamos la memoria de la reconciliación final. No tenemos otra intención que la de reponer, reconstruir y reparar el
tejido social dañado y para ello nada mejor que dirigir la mirada a la ciudadanía que comprendió hace ya mucho tiempo que la tarea era reconstruir lo destruido, o sea, la dignidad y la democracia. Nuestra enmienda demanda reparación histórica para
Alexandre Bóveda como símbolo de los muchos progresistas que perdieron su vida por defender las libertades individuales y colectivas en Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz.
A continuación pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, al igual que ha tomado iniciativas en este simbólico año del aniversario de la República va a respaldar todas las iniciativas que tengan que ver con la recuperación de la memoria histórica, con la recuperación
personal y colectiva de una memoria olvidada. La propuesta del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, es oportuna porque intenta recuperar la memoria de un galleguista, de un republicano, de un demócrata que sufrió la represión
y
la muerte en el principio de la guerra civil. Nuestro grupo parlamentario no tiene otra cosa que hacer hoy aquí que respaldar una iniciativa que consideramos oportuna e importante. En Bóveda reconocemos no solamente la memoria de los
republicanos, sino también el antecedente de nuestra más reciente memoria democrática. El Estatuto no vino de ayer, no es únicamente el Estatuto de la Constitución de 1978; es también el Estatuto que tiene antecedentes en la lucha y en el Estatuto
aprobado en la época republicana. Es evidente que, además de la memoria, se trata hoy aquí de reclamar justicia. Todavía no se ha reconocido la ilegitimidad de los juicios ni se han anulado los juicios que a miles de demócratas, de republicanos,
de comunistas, de socialistas, de galleguistas condenaron a la cárcel, al exilio o a la muerte. Todavía los juicios sumarísimos siguen teniendo efecto. En nuestra opinión, ya es hora de que esos juicios sumarísimos, esos consejos de guerra, se
anulen definitivamente.
Esperamos que la Ley de la Memoria más temprano que tarde -aunque tarda demasiado- realice esta anulación de juicios que se realizaron sin garantía alguna y que fueron solamente una pantomima para el crimen y el asesinato
político.
Por último, estamos convencidos de que también tiene que producirse una reparación de la memoria para tener una memoria colectiva mínimamente equilibrada en nuestro país, reparación de la justicia y reparación política y moral a los
republicanos, a los demócratas y a los luchadores antifranquistas. Por todas estas razones, vamos a respaldar sin resquicio alguno esta iniciativa que nos parece oportuna y simbólica, tanto de socialistas y comunistas como de republicanos y
galleguistas que en aquel momento fueron asesinados y que estaban comprometidos con la democracia y con la autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente, pero con emoción y con toda la fuerza que tiene mi grupo, para apoyar esta proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego en homenaje a Bóveda, uno de los grandes hombres de Galicia; una persona nacida en una
familia humilde que se hizo a sí mismo y ocupó un lugar muy importante en la política de los años treinta en Galicia. Fue secretario de organización del Partido Galegista, decían que era el alma y el motor generador de todo el movimiento político.
Así como Castelao era la imagen, él era el generador del trabajo y de la fuerza del galegismo. De ello buena muestra es que en apenas un año desde la fundación de su partido, en 1931, el número de afiliados pasó de 600 a 30.000. También fue una
persona clave en el proceso autonómico finalmente malogrado de Galicia, porque estuvo como redactor en la ponencia que preparó el borrador y a la postre proyecto de Estatuto de Autonomía. De hecho, también estuvo en la reunión de los concejos
gallegos, requisito que solicitaba la Constitución republicana para la aprobación de la autonomía y para dar el visto bueno unánime a la misma. Fue una persona que precisamente por la aprobación del Estatuto de Autonomía, no tuvo el mismo final que
Castelao. Castelao casualmente vino a Madrid a presentar en el registro del Congreso de los Diputados el proyecto de Estatuto de Autonomía, circunstancia que le salvó de haber sido fusilado, como lo fue Bóveda en aquellos días puesto que él sí
estaba en Galicia. Bóveda intentó de una manera democrática que el orden republicano se mantuviera; no adoptó ninguna medida violenta, pero aun así fue apresado, acusado de traidor, condenado en un juicio militar sumarísimo sin defensa posible,
presidido por José Vila Fano, y finalmente fusilado de manera ignominiosa, atado a un árbol en un pinar cerca de Pontevedra. Si hay una muestra de que esta persona en su corta vida política verdaderamente dejó una gran raigambre en su país es que
ese pino donde Bóveda fue fusilado tuvo que ser cortado por los seguidores del régimen franquista para que la gente no pudiera ir en peregrinación a coger pequeños trozos de corteza y de madera del árbol para guardarlos a modo de recuerdo y de
homenaje a esa persona, a ese líder de su país. Me gustaría leer unas palabras del propio Bóveda que resumen su pensamiento, el pensamiento de una persona demócrata y que nunca hizo daño a nadie: Mi patria natural es Galicia, la amo
fervorosamente, jamás la traicionaría aunque me concediesen siglos de vida, la adoro hasta más allá de mi muerte. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiese. No siento odio a España, a la que por derecho natural pertenezco. Solamente he
combatido sus errores y a veces sus crueldades políticas contra mi idolatrada Galicia.
Si esos pequeños trozos de corteza y de madera eran un homenaje a Bóveda, creemos que la aprobación de esta proposición no de ley y su rehabilitación dentro del marco de una futura Ley de la Memoria Histórica, en la conmemoración de estos 70
años del alzamiento militar y de su fusilamiento, también constituirán un merecido homenaje.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo de Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
Anulación de la causa sumarísima, rehabilitación pública de su persona como símbolo de la Galicia martirizada y restauración de la verdad histórica, lo cual comporta rehabilitación de honores y también de beneficios. Seguramente que les
suena esta trilogía de reivindicaciones a las cuales me he referido. Hoy hablamos de Alexandre Bóveda Iglesias, patriota gallego galleguista, intelectual relevante, motor del Partido Galleguista, participante de la asamblea pro estatuto, activista
impulsor de la asamblea de municipios -que se creó para debatirlo-, participante de la campaña electoral como miembro del Frente Popular por la provincia de Ourense, etcétera. Hablamos de una víctima del fascismo, detenido por los
sublevados contra la Constitución republicana. En definitiva, hablamos de una biografía muy parecida a tantas y tantas otras relativas a personas comprometidas con sus tierras, con sus lenguas, con sus clases populares, en contra de la explotación.
Hoy, si me permiten, haré una referencia también a otra persona; desconozco si se conocían, pero estoy convencido de que estaban unidas fraternalmente. Hoy, que se celebra el día de Andalucía, habría que recordar al padre de la patria
andaluza, a Blas Infante, fusilado seis días antes que el gran galleguista. Blas Infante es otra persona que simboliza no solamente el nacionalista andaluz, sino también la reivindicación secular de las clases populares andaluzas. Padre de la
patria andaluza, ligado intelectualmente y por amistad a Lluís Companys, con el cual fue plenamente solidario cuando el presidente de la Generalitat de Catalunya estaba en el Puerto de Santa María, por supuesto, detenido. Hablamos de biografías
parecidas, unidas en la tragedia, que son ejemplos de los miles y miles de casos a los que hay que dar respuesta. No solo hablamos de las singularidades históricas, sino también de los jornaleros andaluces, de los metalúrgicos vascos, de los
trabajadores del textil de Cataluña que fueron fusilados, a los cuales, en muchos casos, se les ha olvidado totalmente. Este fue el compromiso que adquirió el Gobierno la semana pasada. De hecho, estamos satisfechos porque hemos arrancado al Grupo
Socialista, al Gobierno, el calendario. El señor Jáuregui se comprometió a presentar la Ley de la Memoria -ley que deberá reconocer la condición jurídica de víctimas a todos los represaliados- en este periodo de sesiones. Pues bien, ahora el reto
es ganar los contenidos porque es evidente que la ley tiene que restituir todos los honores y los beneficios y, en el caso que nos ocupa hoy, al gran galleguista al cual Castelao hizo una referencia cuando escribió... (Pronuncia palabras en
gallego.) Es cierto que enterraban simientes puesto que hoy aquí está presente el galleguismo, está presente el catalanismo, está presente la fuerza del nacionalismo vasco. Las naciones sin Estado a las que se quería anular, hoy siguen plenamente
convencidas de su realidad nacional. El Estado español finalmente tendrá que aceptar la pluralidad nacional y para que esto pueda hacer camino el primer paso es reconocer hasta qué punto el genocidio se abatió sobre Galicia, sobre Cataluña y sobre
Euskadi. Es, pues, el momento de reconocer a todas las víctimas del fascismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Catalán (CiU) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para expresar nuestro apoyo y nuestro voto favorable e incondicional a esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego de rehabilitación del honor, de la
memoria, de la reparación moral y en su caso económica del patriota gallego, Alexandre Bóveda, galleguista, intelectual, persona fiel al régimen legítimo del momento y víctima de la guerra civil justo en sus inicios en el año 1936, una expresión más
de la desgracia de aquella guerra fratricida. Vaya por delante nuestro voto favorable a esta iniciativa sea a partir del texto inicial presentado por el diputado Francisco Rodríguez sea a través de la enmienda del Grupo Socialista.
De la trayectoria de Bóveda, este grupo quiere destacar un aspecto que nos parece importante. Bóveda fue impulsor de la creación del Partido Galleguista. Si algo define las distintas naciones que conviven en el seno de España, si algo
define esta vocación y esta voluntad de ser y de afirmarse nacionalmente más allá de los hechos históricos, más allá de los hechos culturales, más allá de los hechos lingüísticos, es este refrendo permanente de presencia institucional, de expresión
política, a través de un sistema de partidos políticos propio y distinto del que rige en el conjunto o en otros territorios del Estado español como son los partidos políticos de vocación nacional, de vocación territorial. Este es el caso del
Partido Galleguista, es el caso de la vocación de Bóveda en la II República y, como se ha recordado en una intervención reciente, es la expresión democrática de este Parlamento con formaciones nacionalistas que representan el nacionalismo gallego,
el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Señorías, llevamos unas cuantas sesiones hablando de la memoria histórica y de aproximarnos aún más a la verdad histórica.
Como decíamos en el debate de la semana pasada, a través de una evolución,
de una actualización del legado de la transición del cual nosotros creemos que no debemos renunciar ni revisar sino afirmar que este patrimonio político, el patrimonio político favorable de la transición, fue la expresión de lo que fue posible en su
tiempo, pero aquel momento dejó lagunas, lagunas importantes, lagunas de carácter histórico, lagunas de carácter emocional, de recuperación y de reconocimiento histórico y también lagunas en el reconocimiento de las rupturas de las trayectorias y de
la recuperación del autogobierno. No es hoy el momento de hablar del president Lluís Companys ni del que fue diputado de estas Cortes leal a la República y fusilado por su lealtad a la República y a sus convicciones democratacristianas, el catalán
Manuel Carrasco i Formiguera. Tanto el debate que hemos tenido sobre Lluís Companys y sobre Manuel Carrasco i Formiguera como el de hoy sobre Alexandre Bóveda, son una aproximación serena, prudente y acertada a las lagunas que quedaron en la
transición.
Esta proposición no de ley contiene un elemento muy importante, al cual deberemos hacer frente en la tan anunciada y tan incumplida presentación de este proyecto de ley de la memoria histórica que en la anterior sesión plenaria el Gobierno
se comprometió, a instancias de este grupo parlamentario, a presentar antes de finalizar este periodo de sesiones, en el mes de junio. Hago referencia, señor presidente, señorías, a un aspecto muy importante, a afrontar la necesaria anulación de
los consejos de guerra. Hoy estamos discutiendo políticamente un caso concreto, pero son miles los casos que se deben poner al día, porque es evidente que en su momento se produjeron juicios sin ningún tipo de garantías, cargados de prejuicios y
teñidos más de ideología de guerra, y por tanto de lógica de guerra y de odio de guerra, que de la lógica garantista de un proceso judicial. Nos referimos -es cierto y se ha discutido desde la primera iniciativa del mes de junio del año 2004- a la
Ley de Amnistía. Deberemos ser audaces para conjugar lo que supuso la citada Ley de Amnistía en el momento de la transición con la necesidad de anular los consejos de guerra.
Termino subrayando que el reconocimiento de hoy al patriota gallego Bóveda es un reconocimiento al hilo de continuidad de una legitimidad, de la legitimidad que viene de la II República, de la voluntad de autogobierno que se expresó en
distintos territorios, concretamente en tres territorios, en la II República; legitimidad, por cierto, que no quedó interrumpida, y el retorno legítimo del presidente Tarradellas a Cataluña fue una expresión de la voluntad de engarzar la
recuperación de la democracia en España con aquel momento de democracia sobre el cual, si tenemos que hacer una revisión, una actualización, la tenemos que hacer en todos sus extremos, devolviendo el honor y la dignidad a las personas injustamente
olvidadas y aniquiladas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el señor Rodríguez nos trae una proposición no de ley que no apoyaremos. Nos abstendremos, pero no porque no tengamos un criterio, que lo tenemos. Le rogamos que
no interprete esa abstención porque no tiene ninguna interpretación que no sean las palabras que en nombre de mi grupo voy a decir. Nos abstendremos porque queremos situarnos fuera de este debate, no la apoyaremos porque ni siquiera nos lo han
pedido. Bueno, nunca nos convocan, y es lógico en esta materia de acción política reivindicativa de pretender configurar como sea un ámbito social y de autoubicación en una cierta nostalgia guerracivilista, por la que, por cierto, ustedes han
optado en esta legislatura; ustedes y otros.
Entendemos que no nos convoquen. Nos consideramos extraños a esta tarea que se ha definido de alguna manera como la cuestión de la memoria histórica impulsada por determinados grupos -naturalmente lo
respetamos, pero nos consideramos extraños a eso-, y por alguno de los grupos, entre ellos el suyo, que la han asumido, interpretando cada uno una cierta partitura, un guión, que creen que se ha convertido en un hallazgo, en un filón, para confinar
al Partido Popular extramuros de la centralidad e identificarlo con un cierto reaccionarismo. Aún ayer alguien nos situaba, con evidente mala intención, confundiéndonos con la Falange. ¡Vivir para oír, señorías!. Un viejo amigo mío, magistrado
del Tribunal Supremo, hombre sagaz, decía que lo peor que hemos conocido en la España del siglo XX -y en la del XXI por lo que veo- es la tipología confusa del sujeto marxista-falangista. Si les gusta el papel, a por él, pero luego no se quejen.
Nosotros creemos que gracias al entendimiento, fruto de las posturas de los protagonistas de la transición, se configuró un marco de convivencia que debemos preservar. Y lo queremos defender con prudencia, con el silencio muchas veces si es
preciso, con la buena fe siempre y, en todo caso, con la convicción de que debe ser así expresamente preservado.
En el año 2000 -y no ha variado el porcentaje según mis noticias-, un 81 por ciento de los ciudadanos manifestaba, según se recoge en la pertinente encuesta, sentirse orgullosos de la transición a la democracia. Y de lo que esa inmensa
mayoría expresaba estar orgullosa es de cómo se produjo esa transición, asumiendo la historia que será, como parte de nuestra historia, objeto del juicio de las generaciones. Ahí estamos y ahí permaneceremos con el pueblo, con la mayoría del pueblo
y con el olvido que, como ya dije citando a Renan hace algún tiempo en otra ocasión, no es más que materializar la expresión conciliadora de que la historia de las naciones se fundamenta en los recuerdos comunes y en los olvidos compartidos. Claro
que podríamos hablar para decir muchas cosas, pero de esto, tal como ustedes lo plantean, pasamos. Tomen nota. Lo hacemos en favor de la concordia, en el ejercicio de la responsabilidad y por el futuro común. Ayer mismo el director de La
Vanguardia, refiriéndose a los fosos del castillo de Montjüic, recordaba en su carta de todos los días (y cito un medio como La Vanguardia y un caso como el que ocupaba que era el castillo de Montjüic) que de él solo nos suelen recordar que sus
baterías sirvieron para que el general Espartero bombardeara la ciudad en 1849, que en sus celdas fueron hacinados miles de obreros, que murió Compayns. Y termina: Pero el castillo fue también escenario de otras represiones igual de infames. En
sus fosos también fueron pasados por las armas centenares de barceloneses por no comulgar con la II República tras el inicio de la guerra civil, aunque casi nunca se hable de los miles de víctimas de los paseíllos incontrolados. Termina la cita.
Vayan reflexionando que es bueno.
No la apoyaremos porque lo que plantea no es viable. Porque el artículo 62 de la Constitución prohíbe los indultos generales y las medidas como la amnistía, que se entiende por doctrina similar a esos indultos generales, por lo tanto, hay
que entender que queda excluida;
porque pretenden vaciar de contenido el recurso de revisión, si hubiera lugar a él, que yo creo que no; porque el señor Bóveda y otros muchos, ya fueron beneficiados por la Ley de Amnistía de 1976. No existe la sentencia, no existe el
juicio, ha sido eliminado del ordenamiento jurídico. No existe su condena. Ese es el efecto de la amnistía y no cabe reiterarlo. En todo caso, lo pertinente sería una proposición de ley.
Háganla y digan definitivamente lo que pretenden. No la
apoyaremos por respeto a la figura de Bóveda. Y muestro aquí nuestro respeto, nuestra consideración a su importante figura. Como lo definió su cuñado Xerardo Álvarez, Bóveda fue... (Pronuncia palabras en gallego.) No lo dudamos. Lo creemos
firmemente. Digan la verdad. La Diputación de Ourense le nombró hijo predilecto de la provincia, a instancias del Grupo Popular que la gobierna, y levantó en su recuerdo un monumento que hizo Manuel Buciños y la de Pontevedra gobernada por el PP,
también le hizo hijo predilecto y le dedicó una calle el ayuntamiento de Pontevedra. Sean sinceros. ¿Cómo que no reconocemos a las personas que lo merecen? No la apoyaremos, finalmente, porque no está correctamente planteada en los términos a los
que antes me he referido.
Señores y señoras diputados, yo quisiera terminar diciendo que es muy importante en todos los casos recordar a los ciudadanos que merecen ese recuerdo. Y recordamos con respeto a este gran ciudadano, a este gallego admirable, a este
partícipe en la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia como director de la Caja de Ahorros de Pontevedra, fundador del Partido Galleguista, hombre ilustre entre los gallegos.
Entiendo que la Galicia soñada, señor Rodríguez, o
la construimos entre todos juntos o no nos será posible. No estimo que sea su memoria la que redime Galicia, pero entiendo que fue un hombre importante en la memoria de Galicia. Le reitero en nombre de mi grupo que solo queremos la concordia para
la paz. Queremos hacer posible la continuidad de esta convivencia. Puestos a recordar, lo tienen SS.SS. muy fácil, porque en un escaño del Grupo Popular hay un diputado por Palencia en estos momentos, hijo de un diputado de la CEDA que, sin
juicio ni culpa alguna, fue ejecutado vilmente en la cuneta de una carretera. Está sentado ahí, si quieren ustedes seguir teniendo mucha memoria.
Termino, señor Rodríguez, y le recuerdo, como decía Harold Hard Crane, que no puede herirnos la injuria sino cuando la recordamos. Por ello, señor Rodríguez -se lo aconsejo-, la mayor venganza es el olvido. A ver si toman nota de una vez.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, ¿acepta la enmienda socialista?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente. Al estar consensuada y coincidir con nuestros objetivos, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. (Pausa.)
Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias relativa a la financiación del cable submarino de fibra óptica con el Hierro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 153; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia, con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 180; en contra, seis; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LAS PROPUESTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 173/000116.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a la
práctica las propuestas del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa. Les ruego que si desean abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente. (Continúan los rumores.)
Por favor, señor Maldonado, señor Gámir, el Pleno continúa.
Adelante, señora Martín Mendizábal.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias, señor presidente.
El miércoles pasado subí a esta tribuna para interpelar al Gobierno sobre cómo va a liderar las propuestas
presentadas por las víctimas del terrorismo en su congreso de Valencia.
Señorías, entre el miércoles y hoy ha ocurrido un hecho muy significativo: cientos de miles de personas quisieron estar en Madrid con las víctimas del terrorismo a
pesar del frío, de la lluvia y de la nieve.
Todo un ejemplo de solidaridad y de civismo democrático de cientos de miles de españoles. Y siento que el delegado del Gobierno de Madrid, señor Méndez, no supiera estar a su altura, al mostrar un
talante sectario y manipulador desde las instituciones, y no contento con ello, ante la falta de argumentos, se permite hoy faltar y vilipendiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Señorías, esta gran manifestación en apoyo de las víctimas
del terrorismo tenía dos lemas: uno, Negociación con los terroristas, en mi nombre, no; y dos, Memoria, dignidad y justicia. Yo pregunto ¿cuál le molesta al Partido Socialista? Los antecedentes y la lógica -que ya parece que no existe- nos
llevarían a decir que el señor Zapatero hubiera tenido que llamar urgentemente a las víctimas por el terrorismo si llama a Esquerra Republicana por 150.000 manifestantes en Barcelona por el Estatuto de Cataluña. Digo que la lógica no existe porque
el señor presidente del Gobierno no se ha dado por enterado o no ha querido darse por enterado de esta gran manifestación.
Señorías, quiero decir muy claro que el Partido Popular ha estado siempre con las víctimas, que el Partido Popular está, como ha estado siempre, recogiendo las demandas de las víctimas y que para el Partido Popular todas las víctimas tienen
la misma importancia, y es el Partido Socialista el que las ha dividido. La manifestación respondía -y se notaba- a un profundo latir social, porque la sociedad sabe que no vamos en la buena dirección. Sabe que no vamos en la buena dirección
cuando el sindicato LAB alaba el camino que ha tomado el Partido Socialista; no vamos en la buena dirección cuando ETA pone cada vez más bombas -dos heridos en Vitoria y uno en Mungia-, cuando hay más extorsiones, más coacciones y además se jacta y
se alegra de haber conseguido crear una crisis en el Estado español y motivar cambios en algunas posturas políticas; no vamos en la buena dirección cuando un dirigente nacionalista cataloga a ETA como una organización política que utiliza métodos
modernos; y no vamos en la buena dirección cuando el señor Azkarraga, consejero del Gobierno vasco, dice hoy que ETA está negociando cómo se va a proceder con los presos, mientras que la actuación política la resolverá la mesa de partidos bajo la
clave de reconocer el derecho de autodeterminación al pueblo vasco. Y dice el señor Azkarraga: ETA y el Gobierno han alcanzado un principio de acuerdo que solo falta hacerlo público.
Todo ello, señorías, debería llevarles a una profunda reflexión porque los terroristas no han cambiado su posición, quien ha cambiado ha sido el Partido Socialista, que ha hecho añicos el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, que
consiste -como les decía el otro día- en derrotar al terrorismo con toda la fuerza del Estado de derecho, sin ventajas políticas para los que han ejercido y ejercen el terror, y con las víctimas, con todas las víctimas, solidaridad, apoyo y
reconocimiento empezando por el Gobierno. Y todo lo demás, señorías, es intentar confundir, porque no se puede hacer política frente al terrorismo como sea y que me apoyen el como sea y encima con mentiras, infamias e insultos como los del señor
Blanco. Señorías, todavía estamos esperando que el presidente del Gobierno condene los atentados. Lo que dice el Partido Popular lo dice también Gotzone Mora, concejal del Partido Socialista, lo dice también Rosa Díez, eurodiputada del Partido
Socialista, lo dice Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, y lo dice el señor Fratini, comisario de la Unión Europea para Asuntos de libertades públicas, seguridad y justicia.
Les decía el otro día que en el primer punto de las conclusiones del Congreso de Valencia el compromiso con las víctimas se traduce en las demandas que la Fundación Víctimas del Terrorismo, con su presidenta al frente, Maite Pagazaurtundúa,
del Partido Socialista también, presentó al señor Zapatero, y lo que hace el Partido Popular con esta moción es simplemente recogerlas y traerlas al Parlamento, traerlas para que el Gobierno lidere ese compromiso con las víctimas y para que todas
las fuerzas políticas las apoyen; demandas que son una guía para la política del Gobierno frente al terrorismo, basada en varios principios de los cuales solo voy a citar el primero y es que al terrorismo se le derrota.
El Estado de derecho es un
pilar irrenunciable de nuestro modelo democrático. Repito, señorías, lo que dice esta moción es lo que la Fundación Víctimas del Terrorismo pidió al presidente del Gobierno y lo que tienen hoy aquí todas SS.SS. es la oportunidad de votar a favor
de sus demandas, a favor de sus peticiones.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín Mendizábal.
A continuación, para la defensa de las enmiendas tiene la palabra en primer lugar el señor Llamazares por Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, por si nos cupiese alguna duda en relación con la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, la intervención de su portavoz nos las despeja todas. El Partido Popular pretende
transformar el dolor y la dignidad de las víctimas en rencor político en esta Cámara. Ese es el sentido de la iniciativa parlamentaria del Grupo Popular. Pero hay algo más que a mi grupo parlamentario le preocupa. En la interpelación mi grupo
parlamentario comenzó su intervención hablando de un tiempo en que era posible mantener los principios y a la vez actuar en política, un tiempo en que gobernaba el Partido Popular y un tiempo de tregua donde el Partido Popular negoció con ETA,
atrajo a los presos y tomó decisiones que tienen que ver con la política sin renunciar a los principios.
Pues bien, hoy el Grupo Popular nos propone una iniciativa medieval, porque es medieval pretender negar la política en base a la moral.
Vázquez Montalbán escribió un libro magistral, O César o nada, en torno a la compatibilidad entre la
moral y la política. Yo invito al Partido Popular a que se lo lea. Lo que pretende el Grupo Popular es negar la legitimidad democrática de la dirección política al Gobierno oponiéndola a la incontestable -digo incontestable- legitimidad moral de
las víctimas. Esa es la pretensión del Grupo Popular, pero tiene otra añadida y es que no solamente nos encontramos ante el rencor del Partido Popular por haber perdido las elecciones, el intento de desgaste al Gobierno con cualquier cosa, en este
caso utilizando incluso el dolor de las víctimas, sino que también hay una posición medieval, la posición medieval de aquel que piensa que los siervos no negocian, claudican, y solamente los señores y los soldados guerrean y dialogan. Pues bien,
eso hace mucho tiempo que la modernidad lo ha negado. La izquierda puede dirigir la política antiterrorista, puede hacer compatibles los principios con la política, con la responsabilidad, y puede, en definitiva, abordar la lucha antiterrorista y
el proceso de paz. La demostración de que esto es así, de que hubo un tiempo en que las cosas fueron diferentes -y la pregunta al Grupo Popular es por qué hoy le niega al Gobierno lo que él mismo se atribuía en el año 1998-, es una iniciativa
respaldada por el Grupo Popular entonces que yo le pregunto si la respaldaría en el día de hoy. Decía aquella iniciativa, y lo digo solemnemente porque es unánime, del Congreso de los Diputados en 1998:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que
mejor propicie el fin de la violencia. Repito, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la
política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la violencia. Segundo, a que la solidaridad con las víctimas de la violencia terrorista y sus familias se plasme en acciones concretas y efectivas en el marco de la máxima colaboración
entre instituciones. Repito, segundo, a que la solidaridad con las víctimas de la violencia terrorista y sus familias se plasme en acciones concretas y efectivas en el marco de la máxima colaboración entre las instituciones. Y tercero, a que el
diálogo, el consenso y el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso que debe conducir al fin de la violencia terrorista y evite actitudes de enfrentamiento entre posiciones
ideológicas distintas. Repito, tercero, a que el diálogo, el consenso y el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso que debe conducir al fin de la violencia terrorista y evite
actitudes de enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas.
Entonces el Grupo Popular consideraba compatibles los valores con la política. ¿Por qué hoy no considera compatibles valores y política? ¿Porque no gobierna la derecha? ¿Porque somos los siervos y no los señores?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, una semana más nos encontramos en esta Cámara debatiendo sobre un tema, la política antiterrorista del Gobierno, que nunca debió ser objeto de debate político, y que desde luego no lo fue cuando ustedes
gobernaban, y no porque lo hicieran bien (cometieron sus equivocaciones, y estos días lo estamos viendo a través de los papeles desclasificados enviados al juez del Olmo o por el 11M), sino por la lealtad del Partido Socialista Obrero Español
(Aplausos.), que en aquellos momentos se mantuvo respetando el principio fundamental de que la política antiterrorista la orienta el Parlamento, la dirige el Gobierno y no se usa en el debate político; en definitiva, defendiendo la unidad contra el
terrorismo (Aplausos.).
Después de una interpelación subarrendada y de difícil calificación no solo por su contenido, que fue un totum revolutum, sino también por su forma, utilizando la descalificación en lugar de la argumentación, nos encontramos hoy con una
moción que es un decálogo muy respetable en su enunciado, pero que muy poco tiene que ver con el manifiesto aprobado en el III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo de Valencia, que parece ser que es lo que ha dado origen a este debate.
Una vez más, señores del Partido Popular, no les importa el fondo, solo les interesa el ruido, la crispación y el enfrentamiento. Utilizan todo para calentar motores y desgastar al Gobierno. Utilizan también a las víctimas y su dolor; y esto ya
lo sabe todo el mundo. A las víctimas se les ayuda con la pensión y el apoyo, y se lo explicó el ministro del Interior el otro día; a las víctimas se les ayuda utilizando la fuerza del Estado de derecho y la democracia en la lucha contra el
terrorismo; pero sobre todo a las víctimas se les ayuda con la unidad de todos los demócratas para que no haya una víctima más. (Aplausos.)Señores del Partido Popular, no puedo alcanzar a comprender -lo digo sinceramente- que esto no les importe.
Cuando hemos compartido muchos momentos difíciles, sobre todo en Euskadi, no puedo comprender ahora que estén ustedes en una escalada de descalificaciones, en materia de política antiterrorista, basada en mentiras, hablando de cesiones
penitenciarias, de precios políticos y de estar más cerca de los verdugos que de las víctimas. Todo mentira, todo mentira, y ustedes lo saben, que es lo más triste, y pretenden cargar a este Gobierno lo que el
Gobierno del señor Aznar hizo en esta materia, por cierto con distintos ministros del Interior.
No lo digo ni yo ni mi grupo parlamentario. El Sindicato Unificado de Policía, los policías que tienen buen número de víctimas -muchos-, en una respuesta al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, señor Alcaraz, le dicen -y
lo voy a leer-: Usted ha premiado en fechas recientes al anterior presidente del Gobierno, señor Aznar. Durante el mandato del presidente condecorado por usted, el secretario de Estado para la Seguridad, Martí Fluxá, dijo el 26 de noviembre de
1997 que en la lucha contra ETA no habrá ni vencedores ni vencidos. Sin duda, ya en esta época había unos contactos exploratorios para la tregua. Entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2004 salieron de prisión, excarcelados por el
Código Penal de 1973, 56 presos de ETA con condenas que oscilaban entre los 30 y los 327 años. El 7 de septiembre de 1999 se acercaron a prisiones vascas 69 internos clasificados en segundo grado, 33 clasificados en primer grado, otros 3 fueron
cambiados de prisión y 5 fueron propuestos para la clasificación en tercer grado. Los días 3 y 4 de noviembre de 1998 el presidente Aznar confirmó que había autorizado contactos con el Movimiento Vasco de Liberación, sin referirse a su condición de
terroristas. El día 5 manifestó estar dispuesto al perdón y la generosidad. Una semana después el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, dijo que la negociación se basaría en paz por presos. Finalmente, el Congreso de los Diputados aprobó una
resolución que como ya la ha mencionado el señor Llamazares no la voy a repetir. Pero esto lo dice el Sindicato Unificado de Policía, no mi grupo parlamentario.
Como a nosotros nos preocupa la verdad, nos preocupan las víctimas, su dignidad y su recuerdo, no presentamos unas tablas de la ley, no presentamos diez mandamientos -no los presentamos ni por supuesto los podemos aprobar-, y presentamos una
enmienda que lo único que pretende es, primero, que el Gobierno continúe desarrollando los principios, los valores y las propuestas que están recogidas en el manifiesto del III Congreso de Víctimas del Terrorismo de Valencia, lo que S.S. no hace;
segundo, el rechazo a la violencia y la condena de cualquier acto terrorista y que jamás se pagará un precio político; tercero, que es al Gobierno al que corresponde dirigir la política antiterrorista y se insiste en la necesidad de la unidad de
todas las fuerzas democráticas y no su utilización en la legítima confrontación política; y finalmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe, asimismo, adoptando todas las medidas de protección y ayuda que necesitan las
víctimas del terrorismo como solidaridad activa y constante. Esta es nuestra propuesta.
Señores del Partido Popular, vuelvan a la unidad de los demócratas. Una vez más se van a quedar solos única y exclusivamente por un puñado de votos, utilizándolo todo, utilizando incluso a las víctimas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
En turno de fijación de posiciones, Grupo Mixto. Señora Lasagabaster.
Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular nos ha traído una moción con un título que nosotros considerábamos muy interesante, porque todas las medidas que ayuden a resolver, reparar, reconocer y mejorar los problemas que las víctimas o sus familiares tienen
derivados de la utilización inadmisible de la violencia de ETA, del Grapo o de cualquier otro, son mociones que vamos a apoyar. Nuestra sorpresa resulta del contenido de la moción, que no tiene una sola medida que vaya dirigida a mejorar la
calidad, a reparar, a reconocer o a ayudar a las víctimas. Ni una sola.
Esta Cámara, a lo largo de tres legislaturas -quizás tendría que haberlo hecho antes- ha tenido un consenso total y absoluto en materia de medidas hacia las víctimas del terrorismo. En el año 1999, como consecuencia de una moción que ha
leído el señor Llamazares, hubo una proposición de ley -no era un proyecto del Gobierno; algunas veces se les olvida- de todos los grupos parlamentarios sin ningún tipo de fisura ni de matiz. Hicimos en lectura única, rápidamente, para que no
hubiera ninguna duda, una ley de solidaridad con las víctimas que les diera todo nuestro apoyo. En la siguiente legislatura creamos una subcomisión, en la cual nos pasamos reunidos mucho tiempo hablando y escuchando a las víctimas y a sus
representantes, y en la que acordamos una serie de medidas que, curiosamente, su grupo parlamentario en aquel momento consideró que no era oportuno proceder a su aprobación -no sé por qué, a lo mejor es que llegaban las elecciones y había que
utilizar demagógicamente el señuelo de las víctimas-, pero estábamos todos de acuerdo en que eran urgentes -por ejemplo, la Oficina en la Audiencia Nacional y otras medidas- y que podrían ser puestas en vigor inmediatamente. Ya en aquel momento nos
sorprendió con que no se quisiera entonces el consenso. En esta legislatura, señora Martín, tengo que decirle que no fueron precisamente el Partido Popular -se ha ido la señora Sánchez-Camacho, que se lo podrá decir-, ni el Partido Socialista los
que tuvieron la iniciativa de proceder a crear una subcomisión sobre las víctimas. Fuimos los grupos que están en el medio, que al parecer no nos ocupamos de las víctimas; fue nuestra iniciativa -no se les olvide-, que gustosamente ampliamos al
Partido Popular y al Partido Socialista, para crear una subcomisión de ayuda a las víctimas. Quedó paralizada porque en aquel momento estaba la Comisión del 11-M y se decidió esperar a las conclusiones finales. Las víctimas se merecen medidas
concretas, como le dijo el ministro del Interior o como le hemos dicho muchas veces, apoyo psicológico, apoyo a la vivienda, apoyo al empleo público, etcétera. No se merecen la utilización demagógica e inadmisible por una serie de votos.
Cierro el capítulo de víctimas porque jamás voy a mezclar víctimas con política, con ideas políticas, con estrategias políticas, con tácticas políticas o con réditos electorales. Me parece un fuera de tono y una falta de respeto a las
víctimas. Les podrá dar rédito electoral, no lo sé, pero sé que el ciudadano es bastante listo y tiene bastante sentido común y no les puede dar rédito electoral. En todo caso, déjeme decirle que cuando se habla de política se habla primero de
resolver problemas.
Eso lo hacen en todo el mundo. Todos los organismos internacionales lo que quieren es resolver problemas y conflictos bajo dos premisas. En primer lugar, la premisa de respeto a los derechos de todos, a la palabra y a la
política, diálogo y debate, nada más, y no utilizar ningún otro instrumento, ni violencia ni condicionamientos externos. Ahí estamos de acuerdo. En segundo lugar, la del respeto a la democracia. Esto es lo que hay. En la mesa, cuando nos
tengamos que sentar -y ojalá sea más pronto que tarde-, cada uno pondrá su posición y habrá un compromiso en el que nos respetaremos y buscaremos la ingeniería política necesaria para ayudarnos a encontrar una solución. ¿Eso le parece mal? Porque
a mí me parece bien. Usted dirá que quiere un Estado autonomista, centralista, federalista, independentista o lo que usted quiera, y nosotros también, y ya está, no hay ningún problema, pero mezclar todo en un tótum revolútum es una falta de rigor,
de juridicidad y de política en el sentido de la responsable gobernante que tiene que resolver problemas y no crearlos.
Por último, una cuestión. Lo bueno y lo malo de llevar aquí diez años es que ya he visto muchas cosas, y en esta materia unas cuantas. Permítame que le diga, señora Martín, que si pudiera hablar, si quisiera hablar y si fuera prudente
hablar, podría decirle muchas cosas de otras treguas, de otras políticas y de otros momentos. Mi prudencia y mi sentido común me impiden decirle cosas de su Gobierno que a lo mejor usted no sabe.
Creo que es lo mejor que puedo hacer, con este
Gobierno, con el anterior Gobierno y con los que vengan. Espero que para el que venga ya tengamos solucionado el problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora portavoz del Grupo Popular, tengo que confesar que mi grupo ha estado tentado de no intervenir. Antes de analizar esta moción, tuve el honor de hablar con una persona que seguro
que usted conoce personalmente -yo tengo una relación afectuosa con ella y aquí, en esta Cámara, hay amigos personales de ella, como la señora Mendizábal o el señor Jáuregui-, la viuda de Fernando Buesa, al que usted aludió personalmente en su
interpelación. El único favor que me pidió la viuda del señor Buesa es que no se utilizase el dolor, su propio dolor, el dolor de las víctimas para obtener rendimientos políticos o rentabilidades de naturaleza política.
(Aplausos.) Desde esa
perspectiva, he tenido muchas dudas conceptuales a la hora de decidir si era pertinente siquiera o era legítimo intervenir en una moción tan demagógica como la presentada por usted. Este decálogo, esta especie de sanctasanctórum o de tablas de la
ley sobre la victimología que usted nos presenta aquí, ya lo ha dicho la señora Mendizábal, en nada se compadece con lo aprobado en el III Congreso Internacional para las Víctimas celebrado recientemente. Este es su decálogo sobre la política
antiterrorista, sobre la política en relación con las víctimas, el decálogo del Partido Popular, que se podría sintetizar en la expresión patrimonialización del dolor de las víctimas para la obtención de rendimientos políticos. A esto han jugado
ustedes siempre, sistemáticamente, y es algo verdaderamente lacerante, algo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar. No sé si esto es peor o mejor que algo que ha hecho usted hoy, que supone un cierto salto cualitativo en su dialéctica
parlamentaria en relación con las víctimas y su dolor, que nosotros obviamente respetamos, que es utilizar reflexiones de militantes del Partido Socialista para refutar la posición política de este partido, que ha sido aclarada por su portavoz
oficial en este momento, doña Arantza Mendizábal. Esa me parece una trampa parlamentaria indigna de un parlamentarismo civilizado, democrático y de corte moderno, que es el que pretendidamente se debería practicar aquí. Pero ustedes ya nos
sorprenden poco en este ámbito. En relación con el decálogo de medidas sobre la victimología o sobre las víctimas, nosotros nos declaramos herejes, absolutamente herejes sobre estos diez mandamientos.
No hay nada salvable, a pesar de la apariencia
o del fumus de corrección formal que estas medidas presentan desde una interpretación literaria poco crítica o acrítica.
En primer lugar, ustedes han abdicado de este decálogo, de esta posición, cuando les ha convenido. El señor Aznar, siendo presidente del Gobierno, ordenó negociar -y utilizo la expresión en sus propios términos, en su sentido más
etimológico- con ETA, denominando al interlocutor representante del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Esta es una advocación al mandamiento número uno de este decálogo que ustedes nos presentan. El señor Aznar, el anterior presidente del
Gobierno, ordenó negociar y no esas perífrasis o esas expresiones eufemísticas que ustedes utilizan hoy como que lo que había ordenado era alternativamente tomar el pulso, conocer qué pensaban, etcétera. No. Ordenó negociar y mandó a tres
personajes de la máxima relevancia política a negociar con ETA. Por tanto, del primer mandamiento -empezando por el primero que parece lo correcto cronológicamente- ustedes han abdicado cuando les ha convenido.
Ni siquiera ustedes creen en esta
política en relación con las víctimas.
En segundo lugar, cuando ustedes hablan de las víctimas lo hacen selectivamente. Usted es vitoriana y sabe que el próximo 3 de marzo se va a conmemorar el 30º aniversario de los asesinados por las Fuerzas de Seguridad del Estado en los
alrededores de la iglesia de San Francisco en Vitoria-Gasteiz en el año 1976. Asesinatos dolosos, cuyo único responsable político se autoproclamó, se autoinculpó, el señor Fraga, el presidente fundador de su partido. Casualmente en ese momento el
responsable de relaciones sindicales era don Rodolfo Martín Villa. No ha habido ningún tipo de depuración política en este ámbito. No ha habido depuración de responsabilidades penales en este ámbito. No ha habido depuración de responsabilidades
administrativas, hasta el punto de que en virtud de una pregunta presentada por la señora Uría la semana pasada, ni siquiera estas personas dolosamente asesinadas por la orden de disparar contra los obreros que luchaban por las libertades
democráticas después de gasear la iglesia de San Francisco -con orden de disparar- no dieron ningún tipo de declaración, de rememoración de la memoria histórica de estas personas que son ciudadanos que conviven en su propia ciudad, señora portavoz
del Grupo Parlamentario Popular.
En tercer lugar, cuando ustedes hablan de victoria sobre las víctimas, semánticamente es fácil interpretar qué entienden ustedes por victoria, por derrota de las víctimas, es aniquilamiento y aplastamiento. Les convendría leer a Immanuel
Kant y sobre todo una obra: La crítica de la razón práctica. Es una obra muy conocida donde Immanuel Kant -y ya acabo, señor presidente- hace sus reflexiones más relevantes sobre la moral y la ética y habla de que no sirve la victoria si no va
acompañada de generosidad, de perdón, de reconciliación, de regeneración y de rehabilitación, que por cierto es algo que reclama y exige la Constitución en su artículo 25 en relación con los presos que han cometido actos delictivos de terrorismo.
Por último, hay algunas alusiones absolutamente aberrantes jurídicamente como la alusión al entorno de ETA, al entorno de los terroristas, concepto metajurídico donde los haya, dónde empieza, dónde acaba el entorno. Yo sé dónde empieza para
ustedes. Dónde acaba nunca lo sabremos, igual el entorno éramos nosotros mismos si hubieran seguido ustedes gobernando, no lo descarto. Sin embargo, quisiera hacer referencia a otras alusiones como lo referente a la impunidad. ¿De qué impunidad
están hablando si han creado una pena especial de 40 años de privación de libertad, que se tiene que cumplir efectivamente para los comitentes de delitos? ¿De qué impunidad están hablando?
Tengo que acabar con su último mandamiento, el décimo, por finalizar por el último. Ustedes proclaman enfáticamente que tiene que haber vencedores y vencidos. No, señora portavoz del Grupo Popular, tiene que haber paz.
Esto es lo que
quieren los ciudadanos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Mi grupo también ha estado tentadísimo de no intervenir en esta propuesta, justamente para no echar más madera a esta hoguera de despropósitos que ha montado el Partido Popular. Si hubiera sido una moción a favor de las víctimas del
reconocimiento, de su apoyo, de la solidaridad, del cariño y el reconocimiento que merecen las víctimas de la violencia, de cualquier conflicto, efectivamente lo hubiéramos apoyado, pero esto no es efectivamente el caso. Nada más lejos de la
realidad que justamente esto: el apoyo a los que han padecido las consecuencias del conflicto.
Anuncio que votaremos no a todos los puntos de la moción que propone el Grupo Parlamentario Popular, pero también quisiera hacer una reflexión que es la de siempre. Cualquier posibilidad de solucionar el conflicto es el deber que todo
gobernante tiene y todo el que asume una responsabilidad política tiene efectivamente obligación de resolver los conflictos. Este dura ya demasiado tiempo. Verdaderamente nuestro grupo no cree ni que la unidad de España ni la independencia de
Euskal Herría merezcan una sola víctima más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Finalmente por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro grupo sobre la moción del Grupo Popular con relación a las víctimas del terrorismo, y lo hago desde un cierto hastío al constatar una
vez más -y ya son muchas, aunque no tantas como decía la señora Lasagabaster- el empecinamiento de este grupo por utilizar cuestiones como estas y otras, que deberían ser de Estado, para hacer partidismo puro y duro. La semana pasada fueron los
presos; esta las víctimas. ¿Qué nos espera la próxima?
Entonces, nuestro portavoz, Jordi Jané, ya deploró su actitud y hoy insistimos en que este Parlamento no se merece -el verbo merecer está de moda- ser el escenario del teatro de la confrontación en temas tan básicos y sensibles, y mucho
menos de esta, por el profundo respeto que nos merecen todas las víctimas. Intentar apropiarse de las víctimas, de sus sentimientos y de los sentimientos que despiertan en toda la comunidad es, a nuestro juicio, no solo intentar beneficiarse
electoralmente de forma injusta y amoral de la contrariedad y el dolor de los ciudadanos, sino que también incurre en el riesgo de acrecentar una confrontación colectiva de imprevisibles consecuencias. Las víctimas, en genérico, no se corresponden,
como correa de transmisión, con
ninguna opción política, sino que, al contrario, somos todos los grupos políticos democráticos los que coincidimos en la necesidad de reconocer su existencia, darles nuestro apoyo moral y material, y consecuentemente, pues es su origen,
condenar con toda rotundidad y energía cualquier forma de terrorismo, venga de donde venga, así como condenar la violencia como forma de coartar la libertad de los ciudadanos y de los pueblos. Así se refleja en las enmiendas presentadas a esta
moción y está en el espíritu de todos los grupos, que ya se han manifestado al respecto en otras ocasiones. Tergiversar e interpretar malévolamente las conclusiones del III Congreso de Víctimas del Terrorismo, utilizando este concepto y sus
contenidos como señuelo -se decía- para la presentación de aquella interpelación y de esta moción y proponiendo un decálogo de consignas o enunciados que difieren sustancialmente de aquellas conclusiones, que respetamos, consideramos y hacemos
nuestras, no hace más que redundar en la estrategia recurrente hasta el aborrecimiento del grupo proponente de utilizar perversamente, de usar y abusar de las víctimas en interés propio. Nuestro grupo siempre ha denunciado como poco ética e
impropia esta conducta que, no por repetida, acabará imponiéndose. Quien siembra vientos recoge tempestades.
Nuestro grupo juzga racionales las dos enmiendas presentadas a esta moción, mucho más cercanas y fieles a las verdaderas conclusiones del congreso internacional de referencia, y aplaudiría con entusiasmo que fueran aceptadas por el grupo
propietario de la iniciativa, pues significaría un primer paso de buena fe y lealtad al interés general por encima del interés de partido. En ese caso, lógicamente votaríamos a favor de la enmienda aceptada, pero nos tememos que lamentablemente no
va a ser así. El Grupo Popular preferirá mantener su propio texto, perder la votación -una más- y no avanzar ni un ápice en el abordaje de la problemática de las víctimas y de la lacra del terrorismo de la mano y codo con codo con el resto de
grupos de este hemiciclo. Así, optará por atrincherarse, una vez más, en sus posiciones particulares ultramontanas y solos contra todos, apostando temerariamente -sin importarle el coste para la convivencia- por un hipotético futuro y dudoso rédito
electoral.
En interés de todos, hagan caso a Mayte Pagazaurtundúa, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que en un titular de La Vanguardia de esta tarde les pide el máximo esfuerzo para tender puentes con el Gobierno en política
antiterrorista.
Para acabar, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad para con las víctimas del terrorismo de toda índole y por los diversos orígenes conocidos hasta el momento, al tiempo que denostamos y condenamos una vez más cualquier modalidad terrorista,
pues no existe ninguna justificación de la violencia, la coacción y el chantaje para imponer ningún tipo de ideas; mucho menos las políticas. Finalmente, insistimos de nuevo en la necesidad absoluta de la unidad, la generosidad y el sentido de
Estado de todas las fuerzas políticas democráticas, incluyendo, sin duda, a los nacionalistas, desde sus legítimos planteamientos excluyentes de cualquier tipo de violencia, para superar definitivamente el terrorismo.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señora Martín Mendizábal, por favor.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Señor presidente, no aceptamos las enmiendas.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE INICIATIVAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO FRENTE A LA DIRECTIVA BOLKESTEIN. (Número de expediente 173/000117.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas políticas del Gobierno frente a la Directiva Bolkestein.
Tiene la palabra, por siete minutos, el señor Pérez. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, el ministro de Economía, en la contestación a la interpelación de nuestro grupo la pasada semana, ponderó positivamente no solo la Directiva Bolkestein sino los cambios que en el
Parlamento Europeo los grupos Socialista y Popular introdujeron en el texto original. El señor vicepresidente incluso parecía contrariado por lo que podría ser un edulcoramiento de la directiva. Desde luego, no compartimos el criterio del señor
vicepresidente del Gobierno. Afirmamos rotundamente que las enmiendas introducidas en la primera lectura del Parlamento Europeo no suponen cambios tranquilizadores o suficientes, como el señor vicepresidente sugería, al menos para nosotros.
En primer lugar, la lista de servicios que no están explícitamente excluidos del ámbito de aplicación de la directiva es demasiado larga todavía: agua, educación, cultura y servicios sociales. Insistíamos la pasada semana en que nuestra
posición no desea ni el principio del país de destino ni la libertad de establecimiento de servicios pura y dura, sino la armonización al alza de los servicios y sus condiciones de prestación en la Unión Europea. Hemos propuesto y reiteramos aquí
que se debería paralizar cualquier legislación que pueda afectar a los servicios públicos antes de la publicación del libro blanco o de informes pertinentes similares de la Comisión Europea sobre servicios de interés general.
Señorías, los textos aprobados siguen discriminando a los trabajadores autónomos, cuyas condiciones contractuales,
sueldos, condiciones laborales, etcétera, siguen dependiendo de las reglas del país de origen. No deja de ser trascendental, además, que el acuerdo no esté todavía cerrado en asuntos tan determinantes como la exclusión o no de cuestiones
clave, como los servicios sociales, del ámbito de aplicación de la directiva. No puede ignorarse que la terminología adoptada en materia de la capacidad de regulación del Estado, el denominado espacio político, sigue la misma formulación del
acuerdo general de comercios y servicios que nosotros rechazamos como una limitación inaceptable de las facultades de la distribución económica, del equilibrio social y de la vertebración territorial de los poderes públicos. No se han modificado de
forma sustancial los artículos 9, 14, 15, 31 y 38, que hacen referencia a la abolición de las autorizaciones previas, la prohibición de requisitos legales, la evaluación mutua de requisitos legales o estándares de calidad.
Este análisis de los acuerdos reales del Parlamento Europeo nos lleva a la conclusión de que la directiva seguiría siendo extremadamente peligrosa y dañina para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y ciudadanos de la Unión Europea
aun cuando estas enmiendas fueran aprobadas como lo están en este momento. No hay nada malo en querer reducir las barreras injustificadas a la libre circulación de servicios, en el marco de un mercado único, siempre y cuando se haga de forma
responsable, garantizando que ello no menoscabe los derechos sociales y ambientales, y avanzando hacia una armonización a escala europea de la legislación sobre servicios. Tal y como está planteada, con cambios o sin ellos, la directiva lo que hace
es fomentar tres tipos de dumpin: el dumpin social, el dumpin ambiental y el dumpin normativo. En otras palabras, la Directiva Bolkestein supone una clara amenaza para el Estado de bienestar europeo, por lo que lo más razonable sería retirarla.
La Comisión debería, en primer lugar, empezar por proponer una directiva que definiera los principios fundamentales de los servicios públicos y por establecer las condiciones que garanticen su financiación pública y el acceso generalizado a
ellos, sin discriminación en términos de situación social o de lugar de residencia. En segundo lugar, sería bastante razonable que la Comisión llevara a cabo una evaluación del impacto de las liberalizaciones sectoriales ya emprendidas, en el campo
de los servicios, antes de proponer una nueva liberalización. Por último, la Comisión debería proponer una mejora de la directiva con relación al desplazamiento de trabajadores y trabajadoras, para fortalecer los derechos de estas personas y el
diálogo social, extender su campo de aplicación e incluir totalmente los convenios colectivos.
En fin, señorías, les propondríamos la retirada de la directiva, pero también sabemos que el resultado sería inevitablemente negativo. Por ello les proponemos un texto que defiende una posición básica en torno al modelo social y europeo al
que el señor vicepresidente se refería el pasado miércoles. Se trata al menos de una plataforma mínima para seguir luchando frente a la desregulación. Conocemos una enmienda del Grupo Socialista y también las de los otros grupos y tenemos que
decir que coincidimos con alguna de ellas. Nos gusta más nuestro texto, pero valoramos el significado del que podemos compartir con el grupo que soporta al Gobierno, y utilizamos el verbo soportar en el sentido que ustedes quieran dar: bien
mantener, bien aguantar; como vean. Con la intención de la necesidad de los más amplios acuerdos que hablen de garantías de los derechos de los trabajadores, de armonización de servicios y criterios de calidad y suficiencia en los servicios
públicos, hemos llegado a este acuerdo que proponemos junto al Grupo Socialista y que votaremos. Para nosotros es una posición de partida, de mínimos.
Quizá para ustedes una posición de máximos. En cualquier caso, lo que pretendemos es que marque
una posición del Gobierno para apuntalar y ampliar las enmiendas en un sentido regulador y protector de los derechos de los trabajadores y no para recortarlos, como quizá entendimos o quiso decir el señor vicepresidente del Gobierno la pasada
semana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Pérez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández. Si me permite, señora Fernández, antes quiero decirles a las señorías presentes en la Cámara
que desde la Presidencia se escuchan algunas conversaciones telefónicas tanto más que al propio interviniente.
Muchas gracias, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervenimos para defender nuestras enmiendas, al mismo tiempo que nos posicionamos respecto a la propuesta presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Como el señor proponente acaba de decir, la tramitación parlamentaria de la Directiva
Bolkestein tuvo algunas modificaciones, sobre todo en aquellos asuntos más polémicos como el principio de país de origen, que de admitirse permitiría a las empresas regirse por las leyes del Estado en que se hallaban constituidas y no por las del
país en el que se prestaba el servicio. Igualmente se eliminó la inclusión en el campo de aplicación de la directiva de servicios públicos básicos, lo que abriría desde nuestro punto de vista la puerta de par en par hacia su privatización y total
liberalización. Sin embargo, si bien es cierto que la directiva se matizó en estos asuntos y a pesar de quedar descafeinada, la propuesta sigue siendo negativa, además de por su contenido por el hecho de que marca la dirección en el tratamiento de
los servicios. No podemos olvidar que se recoge con toda claridad la libertad de prestación de servicios que nosotros
entendemos viene a sustituir al principio de país de origen que comentábamos anteriormente.
La directiva es un avance ideológico antitético a la Europa social que siempre ha defendido el BNG. Por tanto, estamos a favor de las propuestas presentadas a esta moción porque instan al Gobierno a presionar en uno de los debates centrales
sobre la directiva, el que se refiere a los servicios de su ámbito, abogando por la exclusión de la misma de los de interés general. Asimismo estamos de acuerdo en que se debería paralizar cualquier legislación que afecte a los servicios públicos
antes de la publicación del libro blanco. Las enmiendas que presentamos podrían mejorar la propuesta que se hace y tienen la pretensión de que la directiva, si es que no se disuelve, quedara clara respecto a los temas que más nos preocupan y que
son aquellos que están relacionados con el bienestar de las personas. Por tanto, nuestra primera enmienda, de modo total y explícito, intenta evitar ambigüedades u omisiones en la redacción final de la directiva que diesen lugar a posteriores
desarrollos en los que dichos servicios acabasen entrando de modo parcial o total en el campo de actuación de la directiva. Además se citan servicios que irrenunciablemente deberían estar fuera del ámbito de la actuación de la directiva y, si
embargo, no lo están. Así, por ejemplo, en la sanidad esta exclusión se matiza fijando unos criterios a los que los servicios de salud deben adherirse para no permanecer en el marco de la aplicación de la referida directiva: a), prestados por
profesionales; b), prestados a los pacientes; c), regulados por la legislación del país.
Es decir, desde nuestro punto de vista esto significa, en la práctica, qué servicios de tipo y empresa quedan dentro del ámbito de aplicación de la directiva
de la que estamos hablando.
Por otro lado, la exclusión del principio de libertad de circulación de servicios, que es lo que propone otra de nuestras enmiendas, tiene como objetivo eliminar una versión rebajada y camuflada del principio del país de origen, incluido en
redacciones anteriores de esta directiva, como ya dijimos, polémico principio que desató una enorme cadena de reacciones en su contra, hasta el punto de que tuvo que ser sustituida.
Presentamos nuestra última enmienda porque consideramos que en el proceso de debate parlamentario se logró introducir límites a la libre prestación, dejando en manos de los Estados exigir a las empresas requisitos adicionales por razones de
orden público, seguridad pública, protección del medio ambiente y salud pública. Sin embargo, los criterios propuestos en la enmienda no fueron aceptados. Por tanto, entendemos que este tipo de cuestiones sí deberían ser recogidas en la Directiva
Bolkestein.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Fernández.
Para la defensa de las enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, señorías, el Consejo Europeo de Lisboa adoptó en su día un programa de reformas económicas que los Estados miembros deberían poner en marcha para convertir la economía europea en la más competitiva y
dinámica del mundo en el horizonte del año 2010, pero en ese contexto había que tener en cuenta que hoy día el crecimiento económico reside esencialmente en los servicios, sector que supone casi el 70 por ciento del producto interior bruto y del
empleo en la mayoría de los países de la Unión Europea. Sin embargo, este potencial de crecimiento se ha visto frenado hasta la fecha por los obstáculos existentes en el mercado interior, debidos a la existencia en la práctica de un gran número de
fronteras; las fronteras del mercado interior de servicios están resultando muy caras a las empresas que se dedican a actividades entre los Estados miembros. La imposibilidad de utilizar el mismo modelo de negocio en el conjunto del mercado
interior les impide obtener economías de escala, disuadiéndolas de incrementar sus inversiones, de manera especial en innovación, y por tanto dificultando también la creación del empleo. Este efecto es si cabe más importante en las pequeñas y
medianas empresas, que hay que recordar que en España suponen más del 90 por ciento de nuestro tejido empresarial.
Dar solución a esta situación y facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo es lo que pretendía esta directiva de servicios que en estos momentos está en tramitación, y es curioso que la tramitación de esta directiva haya dado
lugar a un intenso debate en el que algunos han pretendido contraponer dos modelos de Europa, el llamado modelo social europeo y la Europa de la competitividad y de la competencia. Creo que es un falso debate, la mejor política social es aquella
que genera crecimiento económico y alta creación de empleo, y el único peligro real para el modelo europeo probablemente no sea la llamada Directiva Bolkestein, sino la existencia de una Unión Europea sin crecimiento económico, instalada en viejos
prejuicios e incapaz de competir con otras economías, porque si no crecemos será muy difícil que mantengamos nuestra política social.
En el Parlamento Europeo es verdad que se ha hecho un importante esfuerzo de consenso que dará lugar a una propuesta modificada de directiva.
Nuestro grupo entiende que la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds contiene unas instrucciones al Gobierno que anularían los contenidos básicos de la directiva. Al excluir la totalidad de los servicios de interés general convertirían gran parte de la misma en papel mojado. No
entendemos tampoco el punto segundo de la moción, dado que los libros blancos no tienen carácter normativo y, por tanto, no entran en vigor. Además, una armonización al alza de salarios, pero también de impuestos, como se establece, y de requisitos
medioambientales podría producir efectos económicos letales sobre la competitividad de nuestra economía. Por ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución en la que instamos al Gobierno
a que apoye la consolidación de un mercado interior de servicios, eliminando barreras injustificadas, a que apoye que se sigan excluyendo los servicios prestados directa y gratuitamente por las autoridades públicas y, finalmente, que la
armonización legislativa garantice una protección equivalente del interés general sobre determinadas cuestiones esenciales.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Arias Cañete.
Para la defensa de las enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Podríamos empezar este debate recordando el eslogan de la izquierda durante casi un siglo, que fue aquello de trabajadores del mundo, uníos.
Creo que esto puede ser el umbral de un nuevo eslogan, consumidores del mundo, uníos.
La Directiva Bolkestein nacía con una intención clara: liberalizar el mercado interior de servicios, agilizar el sector servicio para que tuviera más dinamismo y generar más competitividad. Uno tiene la sensación de que en el colapso en el
cual se encuentra hoy el proceso europeo hay una tendencia clara a avanzar, liberalizar, abrir el mercado y levantar barreras en todo aquello que genera beneficios a determinados sectores, aquello que desregulariza, pero, en definitiva, los Estados
nacionales están frenando cualquier voluntad de armonización, de defensa del consumidor, de defensa de la calidad del producto, de defensa también de armonizar los estándares ambientales o también, en este caso, los estándares sociales. Esta es la
paradoja. Se quiere avanzar mucho en los criterios de competitividad, pero no se ha avanzado en crear mecanismos de armonización social y de servicios sociales, porque es evidente que hay diferentes velocidades. Esto recuerda un poco al modelo
chino, salvando las diferencias. El modelo chino se basa básicamente en esto, en garantizar la desregularización a costa de elevados -y perdonen la redundancia- costes sociales, garantizando crecimientos espectaculares de la productividad, pero en
ningún momento avanzando en la armonización de las condiciones sociales o ambientales. Esto es el famoso dumpin del producto oriental acabado, manufacturado, cuando compite con los productos de aquellos países que sí tienen interiorizado el aspecto
social e incluso ambiental.
Creemos que hay unas ideas que producen nuestro rechazo, incluso con los mecanismos de mejora que se han introducido en el Parlamento Europeo y que aquí también se definen. Nosotros no nos oponemos a una regulación europea sobre las
prestaciones de servicios, pero, como he dicho antes, expresamos nuestras reserva y oposición a la supresión de regulaciones nacionales sin una previa armonización, puesto que de ello se derivan mayores incertidumbres jurídicas para consumidores y
empresas. La armonización comunitaria en aspectos de protección de los consumidores y seguridad pública debería constituir una alternativa, un complemento de la directiva, puesto que es la única estrategia legislativa que hace compatibles la
igualdad de condiciones de las empresas que prestan servicio con un nivel deseable de regulación común que sirva a los intereses generales. El problema es, como siempre, que esta armonización solo puede tener lugar ocupando el espacio legislativo
de los Estados miembros. Es el dilema número tres mencionado anteriormente, el de la armonización de la regulación de un espacio económico común con las cesiones de soberanía. La Directiva Bolkestein obvia los aspectos sociales en torno a la
prestación de servicios. No se garantiza igualdad de acceso, condiciones y protección para todos los prestadores y usuarios de servicios clave como la educación o la sanidad. Es dudoso que la mayoría de los ciudadanos europeos piensen que estos
son aspectos irrelevantes en la regulación de la prestación de servicios a nivel europeo. En tercer lugar, si la directiva, tal y como ha quedado después de una primera lectura por parte de la Eurocámara, no será aplicable a los servicios de
interés general, según defina cada Estado miembro, sería interesante conocer cuál es la opinión del Gobierno español con respecto a cuáles van a ser esos servicios de interés general excluidos por voluntad de la legislación española. En cuarto
lugar, es particularmente grave que no se permita a los Estados miembros introducir requisitos adicionales respecto a los del país en el que está establecido el prestador por razones de protección al consumidor; solamente se permite por razones de
orden público, seguridad pública, protección del medio ambiente y salud pública. Esto puede provocar una rebaja de los niveles de protección que los consumidores tienen actualmente, por ejemplo, los requisitos de información sobre la calidad o las
características de los servicios. ¿Alguien ha preguntado a los ciudadanos europeos qué les parece la medida? Luego nos preguntamos por qué se colapsa y entra en crisis entre la ciudadanía el modelo europeo. Y finalmente una pregunta que
seguramente hace referencia a lo esotérico. ¿Por qué la directiva excluye de la aplicación de las normas comunitarias a los notarios? ¿Qué tienen los notarios que siempre salen indemnes de cualquier intento de liberalización del mercado y
mantienen sus posiciones de monopolio, mercados cautivos y total ausencia de competencia en los precios de su prestación de servicios? Es una pregunta que lanzamos desde nuestro grupo y que hasta ahora no ha encontrado una respuesta satisfactoria.
Vamos a mantener nuestras enmiendas y veremos qué hace el Grupo de Izquierda Unida, si acepta o no la enmienda del Grupo Socialista, que es una enmienda de sustitución. Nosotros, repito, creemos en la necesidad de liberalizar el mercado
siempre y cuando respete las condiciones laborales de los países receptores de estos servicios. Y otro elemento que no ha salido a colación en el debate, ¿qué va a pasar con aquella regulación que se ha hecho a escala autonómica o a escala local y
que con la Directiva Bolkestein puede quedar absolutamente
arrasada bajo este criterio, básicamente el criterio o principio de libertad y unidad de mercado? Pongo encima de la mesa un tema importante para Cataluña, por ejemplo, los horarios comerciales. Ustedes saben perfectamente que es un tema
que bajo la Directiva Bolkestein puede quedar absolutamente supeditado al libre albedrío de cada Gobierno.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrio de Penagos.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que el debate de la moción que propone el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la directiva de servicios, a nuestro juicio, es un debate adecuado en cuanto a su
oportunidad, por el momento en que se encuentra esta directiva relativa a los servicios en el mercado interior en el debate del Parlamento Europeo. Creo que sería oportuno, por otra parte, cambiar el nombre por varias razones, la primera, porque es
muy difícil pronunciarlo -de hecho ya he oído hasta tres o cuatro versiones distintas esta tarde- y, la segunda, porque los cambios que ya se han introducido y los que esperamos que se introduzcan en el proceso posterior por parte de la Comisión, el
Consejo y la segunda lectura del Parlamento Europeo hacen que sea muy distinta de la que se aprobó por la anterior Comisión de la cual era comisario este señor. Quizá sería mejor llamarla Directiva Evelyne o Directiva Gebhart por la ponente
socialdemócrata alemana que ha sido la ponente de los principales cambios en esta directiva. El objetivo de facilitar la prestación de servicios en el mercado interior ha sido respaldado en esta primera lectura del Parlamento Europeo mediante
simplificación administrativa -artículo 5-, mediante ventanillas únicas -artículo 6-, para que el prestador pueda resolver todas las gestiones a través de un único punto de contacto, y además va a ser posible llevar a cabo los procedimientos por vía
electrónica. Ahora bien, la directiva planteaba dos o tres problemas principales. El primero era el principio del país de origen, por el que la normativa a aplicar sería la del país de origen cuando se trate de empresas sin establecimiento en el
país de acogida. Esto es muy importante. Esto no es para filiales de multinacionales, esto es, por poner un ejemplo ilustrativo, para los equipos de consultoría. No me resisto a decir lo que decía Borrel, presidente del Parlamento Europeo, ayer
en un artículo: Se dijo sistemáticamente que las empresas de un país podían instalarse en otro y funcionar de acuerdo con las leyes y normas del país de origen, lo cual es un grave error, puesto que la libertad de establecimiento de una empresa
europea en cualquier país, principio básico del mercado interior, conlleva necesariamente la aplicación de las normas del país en el que se instala. Esto hay que dejarlo bien claro.
En segundo lugar, servicios de interés general. Respecto al primero la directiva incorpora numerosas enmiendas aclarando que no afecta al derecho laboral ni a la Seguridad Social. Los prestadores tendrán que respetar los derechos de los
trabajadores según determine el país donde se presta el servicio. Además, la directiva, se precisa en las enmiendas, no afecta a las medidas para proteger la diversidad cultural o lingüística, señor Puigcercós, ni implicará la liberalización de
servicios que no estén liberalizados. Por otro lado, cuando la prestación de servicios implique desplazamiento de trabajadores seguirán las disposiciones previstas en una directiva previa, que es la directiva 96/71, relativa a trabajadores
desplazados, directiva que es ya de 1996 y que establece muchas de las cuestiones en cuanto a horarios, etcétera.
Hay que señalar, sin embargo, que no todo es perfecto, ni siquiera aunque se aprobara tal cual está o con algunas mejoras el resultado de la primera lectura del Parlamento Europeo. Por ejemplo, en el caso de la empresa letona que va a
trabajar a Suecia, que pretende construir una escuela pública con trabajadores desplazados ha generado problemas.
Pretendía pagar sueldos, digamos, letones, dos veces y media inferiores a los suecos. La patronal sueca y el partido liberal sueco se
opusieron y, sin embargo, el Gobierno socialdemocráta y los sindicatos consiguieron pararlo. Pero el tema está en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, lo cual quiere decir obviamente que podemos tener problemas según como sea la
resolución de este tribunal, y a lo mejor habría que revisar también esa directiva a la que me acabo de referir. Se dice que se pueden generar incluso 600.000 puestos de trabajo, pero la cuestión está en que se tienen que respetar los derechos de
los trabajadores en esa creación de empleo. Debemos decidir qué cosas tenemos que hacer juntos, porque uno de los mitos que se creó con esta directiva es el del fontanero europeo, y tenemos que decir que ya con esta primera lectura esto queda
absolutamente aparcado, y más que va a quedar si efectivamente se prefigura ese modelo social europeo de defensa de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente que debe ser respetado.
Se precisan algunas exclusiones de servicios en esta primera lectura del Parlamento Europeo como la exclusión del llamado principio del país de origen, que ahora se cambia incluso de nombre por el principio de prestación libre de servicios,
porque es mucho más oportuno; se excluyen de ese principio muchísimos servicios de interés general y además se dice, como ya se ha dicho aquí, la posibilidad evidente de que esos servicios de interés general puedan ser definidos por el Estado
miembro.
¿En qué fase estamos? Ha sido votada en primera lectura por 394 votos a favor y 215 en contra. La moción de Izquierda Unida pretende reforzar de cara a este proceso
posterior las garantías relativas a los derechos laborales, así como las exclusiones, y estamos de acuerdo con este principio. Esto ya estuvo en una resolución de la Comisión Mixta de Asuntos Europeos que pactamos y que hicimos
conjuntamente también con Izquierda Unida en junio de 2005.
Ahora se trata de una enmienda en la que se da más sentido a lo que se planteó hace un año en la Comisión Mixta, que va más allá de la valoración de si está medio llena o medio vacía la
botella, de si esto es suficiente o no, y ponemos en común lo que nos une, que es la defensa del modelo europeo y que es la defensa de esas exclusiones de determinados servicios de interés general y respeto de los derechos laborales.
En definitiva, para terminar, con la aprobación de esta enmienda, que espero nos acepte y no solamente nos soporte el señor Pérez y el Grupo de Izquierda Unida, la moción consigue el objetivo de instar al Gobierno a que facilite la creación
de un mercado interior de servicios sin trabas burocráticas, sin rigideces, pero respetando el modelo social europeo y protegiendo los derechos de los trabajadores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Barrio de Penagos.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo de estos dos últimos años cuando se presentó en un inicio en la Comisión y en el Parlamento Europeo por el comisionado, señor Bolkestein, su directiva, desde la sensibilidad económica y fiscal de Canarias hemos seguido muy de
cerca esta cuestión, dado que el producto interior bruto de nuestra Comunidad Autónoma es generado en más de un 70 por ciento por el sector servicios. Por tanto, desde un punto de vista tanto de interés como de preocupación de qué podía significar
para un funcionamiento de estructura económica tanto a favor de intereses empresariales como de intereses laborales y también de intereses de consumidores ha terminado en el último debate en el Parlamento Europeo, como bien ha recordado aquí el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con una votación mayoritaria en la que se corrigen determinados excesos, flexibilidades improcedentes con una legislación nacional, laboral o sindical, en cada país respectivo de la Unión Europea y se
llega a un documento que se eleva en este momento al Consejo. Vamos a esperar con cautela, prudencia y vigilancia el pronunciamiento del Consejo sobre este documento y su vuelta otra vez al Parlamento Europeo para una segunda lectura y que podamos
tener una directiva adecuada.
El texto que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no lo podemos votar en su literalidad, porque prácticamente los tres puntos se oponen a lo que se ha votado
mayoritariamente en el Parlamento Europeo, incluso aparece un término tan rotundo en el punto uno como la exclusión de todos los servicios de interés general. El documento aprobado después de largos debates y enmiendas en el Parlamento Europeo no
va en ese sentido. Ha excluido determinadas normas de interés o servicios de interés general y ha reservado, como bien se ha dicho, el principio de nacionalidad.
Mi grupo votará favorablemente si la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que está en armonía con lo que mayoritariamente ha votado el Parlamento Europeo, es aceptada. En primer lugar, porque la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista articula de una manera escalonada, tanto el principio de soberanía nacional en cuanto a los aspectos sindicales, laborales, fiscales, etcétera, de retribuciones del trabajador, como también una política democrática de apoyo
a los consumidores en los beneficios que han de tener para obtener unos servicios. Además, el documento aprobado por el Parlamento Europeo mantiene el principio de suprimir obstáculos, los que el sentido común, la racionalidad y la legislación de
cada país tenga para permitir un escenario de 25 países, donde si hay una libre circulación de personas y de capitales, haya también una libre circulación del servicio, dentro de los límites que señale la directiva que finalmente se apruebe en el
seno de la Unión Europea. Se excluyen, por supuesto, determinados servicios de interés general, pero no todos, como pretende la iniciativa del grupo proponente, y se hace también una armonización de actividades que, teniendo esa unidad empresarial
-vamos a llamarla así- de servicios en multitud de países de la Unión Europea, los que recaben estos servicios, como pueden ser fundamentalmente los sectores de compras, de ventas, de turismo, la emisión de billetes de pasajeros, qué agencias pueden
hacer los servicios de consultoría, en qué condiciones son retribuidos y garantizados los servicios correspondientes en armonía con las legislaciones de cada país, hasta que se vaya avanzando en otra armonización general.
Por esa razón, señor presidente, nosotros no votaremos el texto de la iniciativa que ha presentado el grupo proponente de Izquierda Unida, pero votaremos, si lo acepta este grupo, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que nos
parece armonizada con lo que ha votado mayoritariamente el Parlamento Europeo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario comparte la preocupación manifestada por Izquierda Unida tanto en la interpelación de la pasada
semana como en la moción que hoy trae a esta Cámara para su debate y votación. Lo que se ha venido en conocer como Directiva Bolkestein, correspondiente a la libertad de establecimiento de movimientos en el seno de la Unión Europea de los
servicios, ha sido objeto de grandes críticas y grandes adhesiones en función de los intereses divergentes de cada uno de los países o Estados integrantes de la Unión Europea. Es innegable que esta directiva pretende crear el marco jurídico
coherente que suprima los obstáculos a la libertad de circulación de los servicios entre Estados miembros. Como se ha repetido muchas veces, los servicios generan el 70 por ciento del PIB europeo y, por lo tanto, su potencial para el crecimiento y
el empleo y la consecución de la estrategia de Lisboa es clave. En la Unión Europea, por propia definición, no se pueden poner trabas a la libertad de movimientos, y de esto estamos hablando.
A pesar de que la Presidencia británica había incluido el proyecto entre sus prioridades para el segundo semestre de 2005 y había manifestado su deseo de llegar a un acuerdo político o posición común en el Consejo de Competitividad de 28 y
29 de noviembre, dicho calendario no se cumplió y la tarea de alcanzar el acuerdo ha quedado en manos de la Presidencia austriaca. El canciller austriaco anunció al inicio de su Presidencia que solicitará a la Comisión Europea una nueva propuesta
modificada para seguir trabajando. Los Estados miembros que se oponen con mayor fuerza a la propuesta directiva en base a la redacción original de la Comisión son Francia y Alemania junto con Bélgica y Suecia. En el bando que apoya a la Comisión
figuran el Reino Unido y los Países del Este, que apoyan en términos generales la propuesta y no se oponen a la liberalización del sector. Austria, que ostenta la Presidencia de la Unión entre enero y junio de este año, defiende al igual que
Alemania y Francia, pero de forma más moderada, la libertad de establecimiento y de circulación de servicios, pero no en detrimento del modelo social europeo, evitando el dumpin social. En la negociación que se desarrolla en el Grupo de trabajo de
competitividad y crecimiento todos los Estados miembros son reticentes a alguna disposición de la propuesta directiva y proponen redacciones alternativas.
Como bien saben SS.SS., hay partidarios de esta propuesta en el mundo de la empresa, en el mundo de las asociaciones, y también hay detractores.
La Unice, la Unión de Empresarios de la Unión Europea, considera que el establecimiento de un
mercado interior de servicios es prioritario para el impulso de la reforma económica en el marco del Proceso de Lisboa; no obstante, Unice considera que la propuesta directiva debe ser revisada y clarificada. Eurochambres, la Asociación Europea de
Cámaras de Comercio e Industria, apoya plenamente la propuesta, al igual que lo hace Eurocommerce o la UEAPME, que es la asociación representante de las pequeñas y medianas empresas de la Unión. En el otro lado se sitúan los sindicatos y las ONG,
fundamentalmente medioambientales, que están en contra de la aplicación de la directiva. Por lo tanto, el planteamiento no es en absoluto pacífico ni inocuo ni sencillo. La adaptación del dictamen en primera lectura por parte del Parlamento
Europeo se produjo el 16 de febrero y fue aprobado por mayoría absoluta. En dicho Pleno se modificaron, quizá de forma no suficiente, aspectos tan importantes como el principio del país de origen en favor del principio de libre prestación de
servicios, en el ámbito de aplicación de la directiva los derechos de los trabajadores y un largo etcétera. Tenemos que seguir trabajando y profundizando en el tema, de manera que pueda preservarse la libertad de movimiento de los servicios en
Europa sin que ello ponga en riesgo los derechos de los trabajadores de los Estados miembros, es decir, respetando el modelo social europeo del que nos hemos dotado y que tanto nos ha costado. Es posible buscar un consenso en esta Cámara a un
problema tan complicado en base a las enmiendas que los diferentes grupos han planteado. A partir de dicho consenso podemos trabajar para que el resultado final de la directiva sea aceptable para la mayoría de los ciudadanos europeos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para finalizar este turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo agradece este debate, desde la discrepancia en el enfoque de fondo por parte de Izquierda Unida. Estamos hablando sin duda de una de las principales decisiones en política europea desde 1992, con la puesta en marcha del
mercado interior en aquella época, una cuestión que va a afectar, nosotros estamos convencidos que en sentido positivo, al futuro de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos de toda la Unión Europea, y no sería razonable que ese debate no
se pudiese tener en profundidad en esta Cámara; en términos de transparencia y democracia era absolutamente necesario.
El nombre que deberíamos darle es Directiva sobre servicios en el mercado interior. Deberíamos desterrar el concepto de Directiva Bolkestein por muchas razones, pero entre otras porque el comisario Bolkestein ya no ocupa el puesto. Como
recordaba ahora el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, ha habido un debate intenso en el seno del Parlamento Europeo, se han presentado cerca de mil enmiendas, en el contexto de un debate importante entre los diversos Estados de la Unión Europea
sobre esta propuesta de directiva en su momento, y además, en el caso concreto de Francia, podemos explicar parte del resultado del referéndum sobre la Constitución europea en función de la polémica
de la redacción inicial de esa directiva. Por tanto, es un tema importante que ha marcado la agenda europea en los últimos meses de una manera muy intensa.
En el Parlamento Europeo los dos grupos mayoritarios alcanzaron un acuerdo sobre enmiendas, enfoques y modificaciones a esa propuesta inicial del Consejo y de la Comisión, un acuerdo del Partido de los Socialistas Europeos y del grupo
conservador, muy ligado también a la actual mayoría parlamentaria en Alemania; un acuerdo que tiene la impronta de la canciller Merkel, de la SPD y de la CDU. Se trata de un acuerdo que mi grupo califica de positivo, porque garantiza un avance
sustancial en la liberación de un mercado único de servicios en la Unión Europea, supone un avance en la integración económica del conjunto de los Estados de la Unión Europea, supone un nuevo avance en esos objetivos del mercado interior del año
1992 con el fin de facilitar la presencia de emprendedores, de empresarios del sector de los servicios entre los diversos Estados de la Unión, convencidos de que en ese 65 por ciento que representa la economía de los servicios en la Unión Europea
continúan existiendo las grandes oportunidades de creación de empleo en el conjunto de la Unión. Al mismo tiempo ese acuerdo en el Parlamento Europeo salvaguarda las esencias del modelo social de la Unión Europea, y en concreto el derecho al
trabajo y la protección ambiental se conforman según el país de actuación de esas empresas en el terreno de los servicios. Además, en determinados servicios generales se configura el principio de país de origen. Ese acuerdo ha alcanzado una
mayoría parlamentaria de socialdemócratas, de democristianos, de conservadores y de liberal-progresistas, y ha excluido a los extremos del Parlamento Europeo, entre otros, a los representantes de Izquierda Unida, y mi grupo hoy da la bienvenida a
Izquierda Unida a ese consenso del Parlamento Europeo, porque la enmienda que nos plantea el Grupo Socialista responde a ese acuerdo de socialistas, conservadores y liberal-progresistas. La iniciativa de Izquierda Unida nunca la hubiese podido
votar Convergència i Unió. La enmienda que nos facilita el Grupo Socialista la vamos a votar porque responde a ese acuerdo marcado por la señora Merkel.
El proceso está abierto. En estos momentos el Parlamento Europeo ha hecho su propuesta, el Consejo va a hacer sus aproximaciones y yo espero que el Gobierno español continúe manteniéndose en una apuesta confiada en lo que puede suponer de
positivo esta Directiva sobre servicios en el mercado interior. Mi grupo no se quiere instalar en esta materia bajo la bandera del miedo, del miedo al proceso de construcción europeo. Nosotros hemos estado desde siempre en la defensa de que la
integración económica europea constituía la mayor garantía de progreso material, social y económico para el Estado español, y esta Directiva sobre liberación de los servicios va a suponer un nuevo avance en ese progreso. Quienes siempre han
desconfiado de la Unión Europea, quienes nunca han creído en el mercado interior es normal que desconfíen de esa Directiva de servicios que va a marcar el futuro de nuestras sociedades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Campuzano.
Finalmente, para posicionarse sobre la aceptación o el rechazo de las enmiendas, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por las razones que hemos dado en nuestra intervención y no por las que se acaban de escuchar evidentemente, hemos aceptado la enmienda del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Pérez, así constará.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE PLANES DEL GOBIERNO PARA PROCEDER A LA ELABORACIÓN DE UNA NORMATIVA ESPECÍFICA DE MATADEROS RURALES ARTESANOS. (Número de expediente 173/000118.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Pasamos al debate del punto 7, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre planes del Gobierno para proceder a la elaboración de una normativa
específica de mataderos rurales artesanos.
Para la defensa de la moción tiene la palabra cuando guste el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias señor presidente.
Señorías, presento esta moción consecuencia de interpelación urgente para su debate en el Pleno sobre los planes del Gobierno respecto a los mataderos rurales artesanos. Desde Chunta Aragonesista pensamos que el desarrollo sostenible y
multisectorial debe basarse en la creación de empleo, de servicios públicos y privados, de comunicaciones y de valores culturales que impidan la despoblación. En Aragón hay 121 mataderos de pequeña capacidad y 750 carnicerías que, además, en muchos
casos son los únicos servicios de alimentación. Esta situación se ve ahora seriamente amenazada por la aplicación de nuevas directivas europeas. Por eso entendemos que el Gobierno central junto con las comunidades autónomas y demás entidades
locales deben establecer una serie de medidas para paliar este fortísimo impacto en el medio rural.
Los requisitos de los mataderos vienen marcados en el Reglamento CEE 853/2004 y, en nombre de estos requisitos, el Gobierno de Aragón va a cerrar unos 100 establecimientos. Este mismo reglamento presenta dos considerandos por los cuales las
carnicerías del medio rural que utilizan mataderos de poca capacidad son actividades
al por menor, que suponen la venta o suministro directo de alimentos de origen animal al consumidor, por lo que quedarían fuera de ese reglamento y sería suficiente con que cumpliesen el Reglamento CEE 852/2004. El artículo 1 tiene por
objetivo defender los miles de mataderos de patos, ocas y gansos ubicados en granjas familiares francesas. Por ello, nuestra pregunta es ¿qué son nuestros mataderos rurales, sino una copia de esos pequeños mataderos de aves europeos? Por esta
razón presentamos la siguiente moción, en cuyos puntos primero y último me voy a centrar. Con el primero queremos reiterar ante el Gobierno su compromiso de impulsar cuantas medidas sean necesarias para intentar frenar el fenómeno de la
despoblación, que afecta a buena parte del medio rural de todo el Estado y que provoca un pernicioso círculo demográfico, debido al consiguiente envejecimiento y a la falta de igualdad de oportunidades para los más jóvenes, tanto de empleo como de
educación o salud y de ocio, en comparación con las grandes áreas urbanas. En el cuarto punto de esta moción planteamos aplicar con el máximo rigor el artículo 1.3.C del Reglamento CEE 853/2004 y el artículo 4 del Reglamento CEE 2076/2005 a los
mataderos de poca capacidad ubicados en el medio rural que suministran directamente a carnicerías, a establecimientos locales de venta al por menor y al consumidor de carne y sus derivados.
Hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista a la moción consecuencia de interpelación urgente para la elaboración de una normativa específica de mataderos rurales artesanos.
De los tres puntos, el más
interesante para nosotros es el tercero, que es realizar, en colaboración con las comunidades autónomas, en el seno de la comisión institucional de las agencias de Seguridad Alimentaria, el seguimiento y análisis de la aplicación de la normativa
europea dirigida al control de carnes frescas, su calidad sanitaria y la protección de los consumidores y, en particular, estudiar la aplicación del reciente Reglamento CEE 2076/2005. El artículo 4 de este reglamento dice: La Comisión prevé que
durante un periodo transitorio podrá continuar en el mercado nacional la comercialización de alimentos de origen animal provistos de una marca nacional que no pueda confundirse con las marcas comunitarias hasta que las autoridades competentes hayan
autorizado los establecimientos que manipulan estos alimentos. La autorización de los antiguos establecimientos de baja capacidad no autorizados debe completarse lo antes posible y debe estar finalizada el 31 de diciembre de 2009, a más tardar, de
conformidad con las disposiciones del artículo 1 del Reglamento CEE 2076/2005 de la Comisión. De esta manera, creemos que hay todavía una posibilidad de que muchos lugares -esos lugares que yo he indicado al principio- donde la propia carnicería es
el centro de la venta de alimentos puedan mejorar durante este periodo de tiempo sus condiciones sanitarias, sobre las que yo creo no hay ningún problema. En estos lugares pequeños, donde se matan dos, tres o cuatro corderos al mes, el servicio
veterinario que existe en España, que es estupendo, controla perfectamente la sanidad de estos animales. La prueba es que durante todos los años de existencia de estos pequeños mataderos y de estas pequeñas carnicerías no ha habido nunca problemas
de enfermedades ni problemas de peste.
Aceptamos la enmienda transaccional que va a presentar el Grupo Socialista porque creemos que ahí se recogen los puntos fundamentales que nosotros planteábamos: una ley sobre desarrollo rural orientada a la modernización del medio rural que
posibilite el mantenimiento de actividades económicas y, sobre todo, la aplicación del reciente Reglamento CEE 2076/2005, que permitirá durante unos años que la situación de carnicerías y pequeños mataderos pueda mejorarse. Si dentro de la fecha
que marca el propio reglamento no están mejorados, las comunidades autónomas deberán decidir si las cierran definitivamente.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias a usted, señor Labordeta.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Naharro.
La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una enmienda de adición, presentada con el único objetivo de mejorar la moción del Grupo Mixto sobre la elaboración de una normativa específica de mataderos rurales
artesanos y, en definitiva, para conseguir que no desaparezcan los pequeños mataderos. Nos parece importante la repercusión que va a tener en nuestro mundo rural, tal y como el Gobierno interpreta y aplica la normativa comunitaria en materia de
salud pública y seguridad alimentaria.
El señor Labordeta nos hablaba de los municipios de su provincia, pero cada uno de los diputados de la Cámara o al menos esta diputada le podrían decir lo mismo de las provincias a las que representamos, y el que no lo reconozca así muestra
un absoluto desconocimiento de la realidad de nuestro mundo rural, como demostró la señora ministra de Sanidad en su intervención la semana pasada. Queremos que se garantice la máxima seguridad alimentaria en todos los ámbitos. ¿Me estaba diciendo
la ministra que hasta enero de 2006 había más seguridad alimentaria en los mataderos grandes, en los núcleos grandes que en los pequeños? ¿Había consumidores de primera y de segunda? En absoluto, señorías. En los primeros años de la década de los
noventa se reformaron muchos mataderos de los pequeños municipios para cumplir con la normativa
comunitaria. Se trataba de los mataderos de pequeña capacidad a los que se les concedían ciertas excepciones en cuanto a requisitos de estructura, pero se mantenían las exigencias de higiene, de instalaciones y de equipo y la manera de
sacrificio de los animales. Aquello supuso un gran esfuerzo para muchos pequeños empresarios y pequeños ayuntamientos. Los mataderos pequeños, además de crear puestos de trabajo, tan escasos en los pueblos por cierto, dan un valor añadido a un
producto primario como es nuestra ganadería, suministran a pequeñas industrias agroalimentarias que, a su vez, abastecen a los establecimientos hosteleros, y hacen de nuestra gastronomía tradicional una garantía de turismo, colaborando a mantener
una población en el campo que, de otra manera, no estaría.
Además, nos parece que se produce un agravio a nuestros pueblos y a nuestra pequeña industria agroalimentaria cuando a otros países, como en la vecina Francia, se les permite tener
mataderos rurales artesanos.
¿Para qué queremos una ley de desarrollo rural si a la vez, con otras normativas, estamos contribuyendo al cierre de pequeñas empresas que dan numerosos puestos de trabajo directos e indirectos? ¿En qué vamos a emplear
a nuestra gente? Los mismos reglamentos comunitarios 852, 853 y 854 nos hablan de la flexibilidad de la aplicación de los mismos. También el dictamen del Comité Económico y Social nos dice que con frecuencia las normas se aplican de forma más
estricta de lo que los legisladores pretendían. De hecho, hay un nuevo reglamento según el cual se puede aplicar un periodo transitorio de cuatro años; a él se refería el señor Labordeta, que me ha precedido en el uso de la palabra. Pues bien,
basándonos en los perjuicios que se van a producir en el medio rural, en la flexibilidad de aplicación a la que aluden los reglamentos y en las recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo, proponemos que antes de aplicar la normativa se
proceda al menos a realizar un informe en el plazo más breve posible, en colaboración con las comunidades autónomas, sobre la situación de los mataderos e industrias cárnicas en el ámbito rural, así como sobre las repercusiones económicas y sociales
que tendrá la aplicación de la nueva normativa comunitaria. Es en lo que estamos de acuerdo, en que se haga este estudio antes de aplicar ninguna otra normativa.
Señor Labordeta, estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de su moción, que coincide básicamente con una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario presentada en noviembre, pero varía sobre todo en cuanto a la aplicación
del reciente Reglamento CEE 2076/2005. Nosotros pensamos que se debe aplicar y se debe dar ese tiempo a las industrias cárnicas y agroalimentarias para que puedan adaptarse, además de establecer ayudas para que así lo hagan. Por eso mantenemos
esta enmienda, para poder evaluar realmente cuáles son las repercusiones y las consecuencias políticas y sociales de la aplicación de estas normas comunitarias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Naharro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender la enmienda presentada por mi grupo y permítanme hacer dos consideraciones previas para enmarcar lo que significa este asunto. La primera es que el tema de los mataderos y del control de las carnes frescas es un claro ejemplo
de la complejidad de la organización de nuestro Estado, porque estamos ante unas directivas europeas, por tanto legislación comunitaria, cuya aplicación corresponde a las comunidades autónomas, y estamos debatiendo este asunto en el Congreso de los
Diputados. Por tanto, hay tres administraciones implicadas, lo que exige un tremendo esfuerzo de coordinación de la acción política de las tres, que en este caso está llevando a cabo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, creada por cierto
en 2001, señora portavoz del Grupo Popular, y cuya finalidad es la coordinación de las acciones dirigidas a la protección de los consumidores.
La segunda consideración brevísima que querría hacer se refiere al fondo del asunto. Estamos hablando de protección de los consumidores, estamos hablando de higiene alimentaria, en definitiva, estamos hablando de salud pública. Estamos
trabajando en la aplicación de unas directivas que pretenden evitar la aparición de enfermedades a través de la cadena alimentaria y estamos hablando del control de un punto estratégico de la misma, que va desde la granja hasta la mesa. Hay una
serie de controles que pasan por un punto neurálgico y estratégico que son los mataderos.
Las condiciones en las que se producen esos controles, tanto de las posibles enfermedades que puedan tener los animales que van a ser sacrificados como la
contaminación en el proceso, son los puntos clave que el conocimiento científico nos demuestra como evidentes en la transmisión de determinadas enfermedades y que la normativa europea traslada a la legislación, a normas de obligado cumplimiento.
Esa es la razón por la que estas directivas deben de ser de aplicación general para cumplir los requisitos de libre circulación de los productos en el ámbito de la Unión Europea y la necesaria y obligada protección de los consumidores.
Precisamente, que estos requisitos sean aplicados con carácter general y homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea es uno de los motivos por los que son de aplicación estas directivas.
En segundo lugar, quisiera defender en concreto los puntos de nuestra enmienda, que están basados lógicamente en la oportuna presentación de la moción por parte del señor Labordeta y que tienen dos objetivos. El primero trata de solventar
los problemas estructurales tanto económicos como sociales del medio rural y el segundo trata de resolver los problemas de aplicación de esta
directiva especialmente en los mataderos de pequeña capacidad. Si bien a principios del siglo XX se decía que uno de los problemas para la modernización de nuestro país era la excesiva ruralización, el reto en este siglo debe de pasar
precisamente por la modernización del medio rural. Para modernizar el medio rural -cuestión que a nuestro grupo nos preocupa grandemente- presentamos la enmienda, en el sentido de la elaboración de una ley básica del desarrollo del medio rural
precisamente tendente a esa modernización y también con la aplicación de los programas de desarrollo rural de acuerdo con el programa Feader para los ejercicios 2007 a 2013, cuyas líneas de actuación perfectamente pueden incorporar lo que se deriva
de la aplicación de esta directiva, como es el desarrollo endógeno de las zonas rurales y los equipamientos complementarios de las explotaciones agrarias. Esos son los dos grandes ejes, fruto de los cuales surgen los tres puntos de la iniciativa
que presentamos sobre la que hemos llegado a una transaccional.
Quisiera hacer dos consideraciones brevísimas y, por último, un corolario.
La primera consideración se refiere a que la calidad del producto alimentario no es ni de lejos excluyente de la garantía sanitaria del producto. El control del
matadero, el control del punto estratégico neurálgico del matadero no tiene nada que ver con la crianza ecológica ni con las condiciones que determina la calidad de origen del producto. La siguiente fase, que es la elaboración artesanal, con todas
las singularidades y todo lo que se quiera, va después del matadero. Por tanto, no son excluyentes la calidad del producto y el control higiénico-sanitario y, por tanto, de protección de la salud pública de los consumidores. En segundo lugar, el
objetivo de esta directiva es precisamente la protección de los consumidores, teniendo en cuenta que estamos en un país que periódicamente ha tenido brotes relacionados con el consumo alimentario, con el consumo de determinados productos. Debemos
poner todas las barreras posibles para impedir esta contaminación y estas enfermedades que pueden ser originadas por el consumo de determinados alimentos.
El corolario, y termino señor presidente, es que lo artesanal no necesariamente debe de generar problemas o dudas de salubridad. Lo artesanal está en la elaboración del producto. Sin embargo, lo artesano debe tener arte, pero debe también
de ser sano. Este es el resumen de mi intervención y del objetivo de la enmienda que presentamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señora Carcedo.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, intervengo muy brevemente para mostrar nuestro apoyo a la moción que ha planteado el señor Labordeta por entender que está hecha desde un punto de vista de racionalidad, y celebramos que se haya
presentado -y me parece que se aceptará- la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Dicha enmienda hace una generalización de los principios legales en cuanto a salubridad alimenticia e inspecciones veterinarias, higiene y calidad de mataderos
rurales o de otro tipo, cualquiera que fuera su dimensión, y trata de armonizar -sin confundir- los conceptos de calidad alimentaria respecto al aspecto sanitario y al de artesanía, tan implantado no solamente en Aragón sino también prácticamente en
todas las comunidades de España, en cuanto a las competencias que ostentan las respectivas autoridades sanitarias y de higiene y calidad de alimentos. Por esa razón daremos nuestro voto afirmativo a esta enmienda sustitutoria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo votará a favor de la enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Pérez.
¿Señor Tardá? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, voy a fijar nuestra posición favorable a la propuesta del señor Labordeta, propuesta que también afecta a muchos pueblos del Pirineo de Lleida. El señor Labordeta me permitirá hacer un inciso en mi intervención para recordarle
que no corresponde la defensa del patrimonio eclesiástico en el territorio al que se refería el señor Labordeta en su primera intervención con motivo de la interpelación, porque la actuación del obispo Messeguer, ejerciendo de preservador y no de
anticuario, ha permitido que las reclamaciones que hace la diócesis de Barbastro-Monzón sean posibles, porque este obispo se comprometió y evitó la venta a terceros, y, hoy, señor Labordeta, si no hubiera sido por las compras, las restauraciones y
su exhibición pública en el Museo Diocesano de Lleida, seguramente no sabríamos dónde está el patrimonio que hoy está en litigio. He hecho este inciso para responder a su mención.
Volviendo al tema que nos ocupa, hoy defendemos una cuestión de arraigo, continuidad y pervivencia también en muchos pequeños municipios de Lleida -ya que el Pirineo tiene muchas explotaciones rurales- que son vecinos a los del Pirineo
aragonés. El interés de todos los grupos es encontrar una vía de solución y legislar en favor de unos núcleos rurales de poca población,
así como garantizar sus servicios. Nuestro grupo se suma a la propuesta del Grupo Socialista en el sentido de que la elaboración de un plan estratégico presupone -según la praxis que se entiende normalmente en cuanto a la elaboración de un
plan- un estudio previo, una determinación de potencialidades, debilidades y fuerzas que permiten delimitar cuáles son los campos sobre los que se debe actuar. Nuestro grupo entiende que el estudio que propone el Grupo Popular -que en definitiva
está en la línea de todos los grupos de defender estos mataderos artesanos- va en la dirección de lo que propone el Grupo Socialista. Además, nuestro grupo también participa de la idea de que se ha dado un primer paso en el desarrollo del turismo
rural de todos estos pequeños pueblos, y dotarles de servicios es mejorar la calidad, la pervivencia de estas instalaciones y, en definitiva, dar un paso más en el escalón de soluciones que precisa esta nueva posibilidad de rendimiento económico
para los agricultores.
Este desarrollo rural regional tiene que escalonarse finalmente dentro de un plan, plan que precisa un estudio, lo cual, como hemos dicho, es obvio. Por tanto, entendemos que la propuesta que hace el Grupo Socialista es
coherente y nos sumamos a la misma, porque entendemos que se tiende a resolver de una manera más global el problema de estos servicios que se requieren para los pequeños municipios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Labordeta, nos sumamos a su propuesta y agracedemos la voluntad de consenso que ha puesto aceptando las transaccionales. Nos gustaría que esta propuesta que hoy se hace aquí no tuviera ningún voto en contra y que fuera, en definitiva,
un paso adelante para estas comunidades, las cuales podrán ver que su voz también llega a este Parlamento y que aquí sabemos sumar, no restar y encontrarles soluciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, ¿acepta la enmienda?
El señor LABORDETA SUBÍAS: Sí, señor presidente. Como he dicho, acepto la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y no acepto la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a realizar tres votaciones. Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a la
práctica las propuestas del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 123; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación. Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas políticas del Gobierno frente a la Directiva Bolkestein, con la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 287; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para proceder a la elaboración de una normativa específica de mataderos rurales artesanos. Se ha presentado una enmienda
transaccional a la moción. ¿Algún grupo parlamentario se opone? (Pausa.) En ese caso votamos la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.