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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 152, de 21/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 152
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 141
celebrada el martes, 21 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 43-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente 122/000031.) ... (Página 7608)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la memoria histórica republicana y antifascista. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 219-1, de 2 de diciembre de 2005. (Número de expediente 122/000178.) ...
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de promoción de la recuperación y fomento de la Memoria y Cultura Democráticas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 218-1, de 2 de
diciembre de 2005. (Número de expediente 122/000177.) ... (Página 7617)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 7630)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ...
(Página 7630)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actualización de la cuantía de las jubilaciones anticipadas al cumplir los 65 años. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 142, de 26 de enero de 2005.
(Número de expediente
162/000250.) ... (Página 7631)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros en España. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie D, número 327, de 3 de febrero de 2006.
(Número de expediente 162/000427.) ... (Página 7638)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política general del Gobierno en relación con la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos de la banda terrorista ETA. (Número de expediente 173/000113.) ...
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la transferencia de competencias y titularidad en materia de puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Número de expediente 173/000114.) ...
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la situación del proceso de actualización y mejora de la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. (Número de expediente 173/000115.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7608)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas. ... (Página 7608)
La señora Navarro Casillas presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas, que tiene por
objeto precisamente dignificar esta profesión hoy tan castigada. Los periodistas piden ejercer su profesión con unas mínimas garantías, derechos y dignidad y al mismo tiempo se protege el derecho fundamental de los ciudadanos a una información
veraz. La información es de las personas, que tienen derecho a ella. Se deben amparar los derechos laborales de los intermediarios para avanzar en democracia y acceder a la información, que nos dará libertad a todos. La soberanía de la sociedad
civil requiere una información pública, libre e informada, por lo que señala que se debe apostar para que eso sea así.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Muñoz González, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora Navarro Casillas para una aclaración.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la memoria histórica republicana y antifascista. ... (Página 7617)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas. ... (Página 7617)
El señor Tardá i Coma presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), la proposición de ley sobre la memoria histórica republicana y antifascista, señalando que con la misma no pretenden una simple revisión del
pasado histórico, al contrario, quieren que se evidencie legislativamente una firme voluntad de mayor progreso y mayor cultura democrática a la manera europea, es decir, previa condena del fascismo, verdadera plaga en el pasado europeo, previa
asunción por parte del Estado y de sus máximos dirigentes de la solicitud de perdón a las víctimas del totalitarismo, previo compromiso de fundamentar los valores de la convivencia presente y futura en la radicalidad democrática. Finaliza pidiendo
a la Cámara el voto afirmativo para la iniciativa o el compromiso de presentar el proyecto de ley antes de finalizar este periodo de sesiones, al que se comprometió el presidente del Gobierno.
Pide la palabra para una cuestión de orden el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que no le es concedida.
El señor Herrera Torres presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la proposición de ley de promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas,
manifestando que la iniciativa intenta ordenar las políticas públicas por la recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica. La propuesta se hace desde la convicción de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación, pero
entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática y memoria civil. Señala cuatro objetivos prioritarios: impulsar una política pública que promueva la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura
democrática; constituir el instituto de la memoria y la cultura democrática; desarrollar los programas de fomento y recuperación de la memoria y promover la declaración de nulidad de las resoluciones y sentencias que se dictaron durante el
franquismo. Finaliza pidiendo que este Congreso y el Gobierno no se queden de brazos cruzados y de una vez por todas tengamos lo que no hemos tenido: memoria, buena memoria, memoria democrática, memoria republicana.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados. ... (Página 7630)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones) ... (Página 7630)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas, se rechaza por
seis votos a favor, 292 en contra y 17 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la memoria histórica republicana y antifascista, se rechaza por 23 votos a favor, 292 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas,
se rechaza por 23 votos a favor, 291 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 7631)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actualización de la cuantía de las jubilaciones anticipadas al cumplir los 65 años. ...
(Página 7631)
Defiende la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). Esta proposición no de ley pretende remover una injusticia histórica que afecta a un importante colectivo de personas que ha sido objeto de preterición de derechos fundamentales y esenciales al margen de su voluntad,
particularmente el derecho al trabajo y a una cuantía determinada o predeterminada de pensión. Señala que el Tratado de Amsterdam es el primer tratado comunitario que establece que el derecho a las pensiones de jubilación suficientes es un derecho
fundamental de cualquier ciudadano europeo por el hecho de serlo, no por ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, y la Directiva 80 del año 1987 garantiza la suficiencia de las pensiones de los ciudadanos en situación de vejez.
Finaliza dirigiéndose al Grupo Socialista, recordándole lo prometido en su programa electoral en el sentido de que esto iba a ser objeto de corrección mediante la remoción de los coeficientes de reducción de las pensiones que afectan a la pensión de
jubilación.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y
la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Tardá i
Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds , para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros en España. ...
Defiende la proposición no de ley el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señala que su grupo parlamentario viene planteando este debate desde hace varias
legislaturas, y lo considera necesario para que vivamos en una sociedad democrática, sin una democracia amputada. El derecho de todas las personas que viven y trabajan con nosotros es, en su opinión, una vacuna contra la xenofobia. Es posible que
de aquí a pocos años los inmigrantes tengan derecho de voto en nuestro país. Se trata de que se emprendan las reformas legales necesarias para que esas personas puedan participar en las elecciones municipales. Los derechos laborales oficiales de
los extranjeros ya nadie los discute, aunque otra cosa es que se respeten. Con su iniciativa pretenden que se reconozca el derecho de voto de las personas inmigrantes. Creen que es una petición posible y aconsejable. Es un derecho democrático.
Finaliza resaltando que lo importante del día de hoy es que se abre una puerta y un camino para que la nuestra sea una democracia plena en la que todos aquellos que viven y trabajan entre nosotros puedan votar y ser votados.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actualización de la cuantía de las jubilaciones anticipadas al cumplir los 65 años, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds , para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros
en España, a la que se ha incorporado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 7644)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política general del Gobierno en relación con la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos de la banda terrorista ETA. ... (Página 7644)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Sánchez-Camacho Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Este es un tema importantísimo en el que su grupo ha defendido en todo momento que los
terroristas cumplan íntegramente sus penas.
Señala que hoy el Congreso de los Diputados, que representa a la mayoría de los ciudadanos españoles, tiene la oportunidad de votar que no va a haber precio político en la negociación con ETA, y los
puntos 2 y 3 de la moción reafirman que las víctimas nunca serán moneda de cambio en ningún proceso de diálogo con los terroristas. Pide al Grupo Socialista que voten esto y digan a los terroristas que las víctimas nunca van a ser moneda de cambio
en una posible negociación.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, interviene la señora Sánchez-Camacho Pérez.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la transferencia de competencias y titularidad en materia de puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma de Cataluña. ... (Página 7651)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Puigcercós i Boixassa, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Señala que la iniciativa pretende con este traspaso de competencias crear un modelo
más descentralizado, un modelo multipolar y de sana competencia para captar nuevos clientes, nuevos tránsitos y nuevas mercancías y trayectos en el caso de los puertos. En la interpelación urgente de la semana pasada preveían que no fuera un simple
traspaso, sino que hubiera dos nuevas figuras. Una, el establecimiento de un consorcio donde estuviera presente Puertos del Estado y AENA, para que hubiera conexión con el sistema aeroportuario ya existente, y otra segunda figura en defensa de un
canon para que los puertos y aeropuertos catalanes puedan contribuir al mantenimiento y mejora del sistema de puertos y aeropuertos del Estado.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la situación del proceso de actualización y mejora de la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud ... (Página 7656)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Xuclà i Costa, en nombre Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) La moción se centra en tres ámbitos en los que hay un déficit evidente de cobertura pública, que son
la salud bucodental y el nivel de cobertura de la misma; la salud mental, con los importantes cambios en la manera de afrontarla desde el punto de vista sanitario y la no adaptación del sistema público español a las nuevas formas; y las nuevas
prestaciones, de acuerdo con el nuevo conocimiento y la nueva ciencia en materia de oftalmología. Su grupo plantea una cobertura bucodental entre los siete y los quince años. Igualmente la necesidad del debate parlamentario en el nuevo modelo de
gestión de la salud mental. Finalmente, algo que es necesario incorporar en el real decreto, que son las intervenciones reparadoras de los problemas de refracción visual. Finaliza deseando lograr el apoyo mayoritario a esta ampliación de las
coberturas sanitarias.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Xuclà i Costa.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política general del Gobierno en relación con la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos de la banda
terrorista ETA, se rechaza por 117 votos a favor y 169 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la transferencia de competencias y titularidad en materia de puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma de
Cataluña, con la incorporación de la enmienda de Coalición Canaria, se rechaza por 29 votos a favor, 259 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la situación del proceso de actualización y mejora de la cartera de servicios y prestaciones del Sistema
Nacional de Salud, se aprueba por 162 votos a favor, tres en contra y 115 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. (Número de expediente 122/000031.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión correspondiente al martes 21 de febrero de 2006.
Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de reconocimiento de los derechos laborales de los
periodistas. Para la defensa de la proposición, turno a favor de quince minutos, tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quería saludar a los compañeros que se encuentran hoy en las tribunas y que vienen a ver el debate sobre las leyes de la memoria histórica. Es un honor que estén hoy aquí con nosotros. Gracias.
En noviembre de 2004, hace más de un año, se tomó en consideración el proyecto de ley del estatuto del periodista. Bajo el cobijo de las interesantes comparecencias se ha producido este retraso que no tiene parangón con otros proyectos de
ley, sobre todo con aquellos que vienen del Gobierno con la celeridad que le marca a esta Cámara, que es otro poder, evidentemente, el Poder Legislativo. Esta iniciativa, el estatuto del periodista, debía ir unida a la que hoy proponemos, que tiene
como objeto precisamente lo mismo: dignificar esta profesión hoy tan castigada. Así, el Foro de organizaciones de periodistas manifestó en su IV Convención de periodistas de España, en Gijón, que el estatuto del periodista y la regulación laboral
debían ir unidos, porque si no el estatuto tendría una eficacia limitada. Como decía, el estatuto del periodista fue tomado en consideración y tiene un retraso de más de un año. De 44 comparecencias que se tenían que realizar siete se han llevado
a cabo. De esta iniciativa tenemos conocimiento de que lo más probable -siempre cabe recapacitar- es que el Grupo Socialista la vote en contra.
Es curioso porque no es esto lo que decía el señor Zapatero cuando era candidato a la Presidencia.
Hablaba de un compromiso firme y absoluto tanto por el estatuto del periodista como por los derechos laborales del gremio. Y quisiera compartir con las pocas señorías presentes las palabras del ahora presidente del Gobierno. En la jornada
parlamentaria del 25 de noviembre de 2003 decía así: Sé que las mejoras de normas de prensa serán las leyes y las normas que garanticen que vosotros los periodistas hacéis vuestro trabajo con garantías de independencia, de libertad y de calidad.
Por supuesto abogaba por la promulgación de un estatuto del periodista profesional, que decía: El estatuto reconocerá derechos específicos de carácter laboral, especialmente en lo que tiene que ver con su inclusión en el régimen general de
Seguridad Social. Y así seguía. Continúa la charla y toda una exposición de compromisos del actual presidente del Gobierno con los derechos de los periodistas, con el estatuto del periodista y los derechos laborales. Por el contrario, ¿con qué
nos encontramos? Con un estatuto paralizado y con el posible rechazo de esta propuesta de dignificación de los derechos laborales.
Señor presidente, usted no va a faltar a sus palabras, va a faltar a todo su discurso. Lo que me extraña es que
luego se sorprendan cuando salen las encuestas de los ciudadanos diciendo que no confían en los políticos.
No confían en
los políticos que más salen en los medios de comunicación; no confían ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista, y es normal, y luego se extiende como si fuera genérico. Pues no. Son ustedes los que faltan a sus compromisos
explicitados ante los periodistas que reclaman la dignificación de su profesión, de sus derechos laborales. En fin, ¿será que también le pesan al Gobierno Socialista los intereses empresariales de los medios de comunicación, como denunciaba que le
ocurría al Partido Popular en esta misma charla y en declaraciones una tras otra? La verdad es que se pueden autoaplicar las mismas críticas que hacían en su intervención al Partido Popular porque están actuando de la misma manera.
Sigamos leyendo. También nos encontramos -menos mal que está Internet- una entrevista al diputado socialista impulsor de la proposición no de ley para la aprobación de un estatuto de la profesión periodística, y el titular de la entrevista
dice: El Partido Popular tiene miedo a una prensa libre. ¿Y a qué tiene miedo el Partido Socialista que dice que no quiere votar favorablemente esta proposición de ley y tiene paralizado el estatuto del periodista? La proposición no de ley que
presentó en su día el Partido Socialista era una propuesta de regulación de las libertades de información y de expresión, así como de los derechos laborales de los periodistas. En esta entrevista, el diputado socialista comenta la necesidad de
regular la profesión -dice- porque hoy en día las relaciones laborales de los periodistas están muy degradadas, razón por la que el Gobierno tiene la obligación de elaborar un estatuto del periodista en el que se regulen también los derechos
laborales. Se ve que era solo cuando el Gobierno era del Partido Popular, pero cuando es del Partido Socialista ¿ya no se tiene esa obligación? ¿Desaparece del mapa esa obligación? ¿O es que los periodistas no tienen una situación tan degradada
ahora bajo el Gobierno tan fantástico del Partido Socialista? Los datos no nos dicen eso, señorías; lo que nos dicen es que este proyecto de ley debe aprobarse porque es una necesidad objetiva, indiscutible, y los datos son claros y contundentes.
Así, la utilización abusiva de becarios y contratados en prácticas es una evidencia; los falsos autónomos, cuyo número va in crescendo; los contratos laborales, el 65 por ciento de la profesión, y de estos el 45 por ciento son temporales y el 35
por ciento son colaboradores o free lance; los salarios, el grupo más numeroso cobra entre 900 y 1.200 euros brutos mensuales. En definitiva, señorías, en España trabajan unos 20.000 periodistas y en torno al 50 por ciento de estos lo hacen en
condiciones de precariedad. Y como digo, mientras esa realidad va en aumento, la Comisión Constitucional ha recibido en un año a siete personas de las 44 previstas. Es evidente que a este paso acabará la legislatura. Por eso mi grupo
parlamentario ha presentado la retirada de la firma para las comparecencias junto con el plazo de enmiendas, para que sigan las comparecencias pero se paralice la ampliación del plazo de presentación de enmiendas y se inicie su tramitación conforme
al Reglamento de esta Cámara.
Como he dicho, esta iniciativa es muy sencilla porque lo que requiere es complementar el estatuto de los periodistas con los derechos laborales.
Pero el Gobierno ha dicho que no, el Grupo Parlamentario Socialista dirá que no y el Partido
Popular me imagino que también, porque siempre se han negado a la dignificación de esta profesión. Ante estas afirmaciones que estoy haciendo, SS.SS. podrían preguntarse si Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya ha planteado una iniciativa
totalmente revolucionaria que va a cambiar radicalmente el marco de los derechos laborales de los periodistas, el panorama de esta profesión, ventajas apabullantes, unos derechos laborales de los que carecen otros colectivos o una serie de
privilegios. En absoluto. La iniciativa recoge los derechos más básicos, lógicos y elementales para dos tipos de contratación temporal. En primer lugar, que los estudiantes en prácticas o becarios no ocupen puestos estructurales propios de la
redacción o departamentos informativos.
También que en los convenios se regulen las relaciones que les atribuya la naturaleza formativa. Esto es, que los becarios hagan de becarios y no de trabajadores ordinarios porque están ahí precisamente para
formarse.
El segundo punto es la regulación de los periodistas a la pieza. Es decir, qué tipo de relaciones laborales, que pueda concluirse para satisfacer necesidades esporádicas de información sobre un tema o zona específica, que no han de
ocupar puestos de trabajo estructurales, que el contrato sea por escrito, que no se les pueda exigir la exclusividad y su inclusión en el régimen de la Seguridad Social. Y ya está, señorías; esto es todo lo que sometemos hoy a la toma en
consideración. Les invito, por favor, a que lean el proyecto de ley. Se trata de un paso más para trabajar por la dignidad de este sector, gran o pequeño paso, ustedes dirán. Yo sencillamente lo considero imprescindible. Los periodistas nos
piden ejercer su profesión con unas mínimas garantías, derechos y dignidad, libertades, y al mismo tiempo así protegemos el derecho fundamental de los ciudadanos a una información veraz. La información es de las personas; tenemos derecho a ella.
Amparemos los derechos laborales de los intermediarios para que avancemos en democracia y accedamos a la información que nos dará a todos, como ciudadanos, libertad. La soberanía de la sociedad civil requiere una opinión pública, libre e informada
y los presentes sabemos qué hemos de votar para que eso sea así. En sus manos está, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, doña Olaia Fernández por diez minutos.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, proliferan en los diversos medios de comunicación las informaciones sobre la defensa de los derechos laborales y salariales por parte de múltiples sectores.
Hemos leído, hemos visto y hemos escuchado muchas noticias sobre los problemas laborales del sector naval, del sector textil, de los trabajadores de la banca, de los trabajadores del sector agrario, de los autónomos, y así podríamos seguir
enumerando sectores y seguro que a todos nos sonaría alguna información relativa a sus procesos laborales.
Son unas reivindicaciones que suelen encontrar en la prensa una correa de transmisión de sus demandas, y cada vez que esto sucede es así
porque hay un periodista o una periodista -un profesional de los medios- que se ha ocupado de hacernos llegar su información, que se ha sentado frente al ordenador a escribir y a relatar los problemas laborales de este u otro sector, en definitiva,
porque ha trabajado para que veamos en la televisión, escuchemos en la radio o leamos en la prensa los problemas laborales de los demás, de todos nosotros.
No sabemos si las cuestiones de ética profesional son las que impiden a los periodistas utilizar los medios de comunicación para informar sobre su situación laboral, sobre sus condiciones salariales y sobre los esfuerzos que nos consta que
sí realizan para mejorar sus derechos laborales, como cualquier trabajador o trabajadora de otro ámbito profesional. Pero la tozuda realidad lleva a preguntarnos si la poca publicidad de las condiciones de trabajo de los profesionales de los medios
no se debe más bien a uno de los grandes males del mercado laboral, es decir, a la precariedad laboral, un mal que también salpica a los trabajadores del periodismo, muy conocedores de las perversidades de esta lacra del mercado de trabajo. La
precariedad laboral es un grave problema que pende sobre las cabezas de todas y todos los asalariados, y por eso es vital y urgente modificar la legislación laboral que lo permite. Como ya he dicho, también los profesionales de los medios de
comunicación son víctimas de esta injusta legislación laboral. Por tanto, una mejora, una modificación de la normativa en este sentido redundaría asimismo en una mejora de las condiciones de los periodistas. De este modo estaríamos apuntando al
corazón del problema, tiraríamos directamente a la diana, afrontando el problema desde una perspectiva global, yendo a la raíz del mal, que es la precariedad tan extendida en el trabajo. Consideramos, por tanto, que en este caso se produce la
confluencia de estas dos circunstancias. Por un lado, la cuestión ética, que les lleva a sacar del espectro comunicativo todos los problemas de raíz laboral que también padece este colectivo de trabajadores y trabajadoras, y aquí se cumple uno de
los preceptos del periodismo: lo que no se publica no existe. Las informaciones de los medios no hablan de las excesivas jornadas laborales de los periodistas ni de sus bajos salarios ni de los abusos de toda índole a los que se ven sometidos.
Más bien, y si no fuese diputada y conocedora real de las situaciones de muchos periodistas, tendría la visión de muchas personas a las que les sigue pareciendo una profesión bohemia, envuelta en un halo de romanticismo y aventura. Muy pocos
piensan en la trastienda de la profesión periodística; una trastienda donde se amontonan los mismos problemas laborales que sufren los demás.
Hoy debatimos este tema porque ha venido a este Pleno de la mano del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero es cierto que esta iniciativa está precedida del esfuerzo, de la lucha y del
trabajo de los propios profesionales del periodismo que nos transmiten su situación laboral, sus condiciones de trabajo, como lo han hecho otros muchos trabajadores. Desde nuestro punto de vista es de justicia reconocer esta labor, merece nuestro
reconocimiento y nuestra felicitación. En este sentido hago mención especial del debate realizado en la III Convención de periodistas del Estado español, celebrada en mayo de 2003, que abordó esta problemática. Dejando aparte demandas más
ambiciosas, y puesto que debatimos hoy sobre un sector en concreto, hemos de decir que estamos de acuerdo con la proposición de ley que se trae esta tarde a la Cámara. Es cierto que la precariedad laboral hay que afrontarla en toda su magnitud, hay
que abordarla por todos los frentes y no solo desde la cuestión del modelo de contratación. Pero sin duda la propuesta que nos presenta Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds merece nuestro apoyo porque recoge lo que
nosotros entendemos como un avance muy importante para una profesión en la que la precariedad laboral es cada vez mayor, y de manera especial entre los periodistas a la pieza. Así lo demuestran todos los estudios realizados por las asociaciones
profesionales y sindicales, que fijan en un mínimo de un 30 por ciento el volumen de informadores en situación de precariedad, incluso sin ningún tipo de contrato. En caso de que esta proposición que hoy nos trae Izquierda Unida-Izquierda Verde
saliera adelante y se transformara en ley, se podría terminar con esta situación inadmisible mediante la inclusión de todos los periodistas en el régimen general de la Seguridad Social. Además, la proposición de ley contempla la regulación de las
prácticas de los estudiantes, lo que permitiría terminar con la actual situación de abusos en las empresas. Los estudiantes no pueden ser utilizados como personal de plantilla, como mano de obra barata, tal como sucede en muchas redacciones, sino
que la finalidad de las prácticas es formarlos bajo la supervisión de un tutor.
Así pues, esta proposición y el estatuto del periodista profesional que tramita el Congreso son el camino para que los profesionales de la información puedan
desarrollar su trabajo en unas condiciones dignas. En definitiva, esta proposición de ley debería tener el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios porque satisfaría dos justas demandas de los periodistas y porque permitiría poner fin a una
situación de precariedad laboral que incide en la salud de una información veraz y plural a la que todos los ciudadanos tenemos derecho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
En nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario va a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa que nos reúne hoy aquí, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque entendemos que
en una primera instancia esta regulación de los derechos laborales de los periodistas tiene otros escenarios previos; uno de ellos es el sindical, que es el que regula el funcionamiento de los derechos laborales de cualquier colectivo. En España,
los derechos laborales están contemplados dentro de una legislación específica laboral, aunque en algunos casos, por la titulación o la especificidad, puede tener no solo una competencia de tipo sindical, el contrato, la relación contractual entre
un profesional y su empresa, sino que también puede estar dentro de los colegios profesionales u organizaciones no sindicales, sí colegiadas y colectivas, para los titulados universitarios en ciencias de la información, que sea la que regule cuáles
son sus específicas condiciones profesionales, que no sean las de la concertación en el mundo sindical. Por tanto, mi grupo cree que no podemos hurtar el pronunciamiento previo del colectivo de periodistas profesionales, les tenemos que dejar que
ellos también, a través de sus organizaciones sindicales, colegiales y profesionales, puedan pronunciarse sobre cuál es la medida del traje con el que tienen que realizar el ejercicio profesional y los derechos laborales y sindicales. Nosotros
entendemos que si el Parlamento en su momento tuviera que legislar sobre esta materia -que consideramos que este no es el momento, porque ni es oportuno ni pertinente ni consecuente con el ordenamiento sindical y laboral español- tendríamos que
posponerlo a ese cumplimiento previo. Una vez visto el resultado que en esos escenarios profesionales, colegiados y sindicales se da, entonces sería el momento de que el Parlamento pudiera regular algo dentro de la legislación laboral general que
tiene el Estado español para estas materias. Por tanto, como nos parece inoportuno, improcedente en este momento y contrario posiblemente a los legítimos intereses, voluntades y opiniones del colectivo de profesionales del periodismo, esto tendrá
que posponerse. De ahí que nuestro voto será en contra de esta toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Grupo Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, faltan tres días, como ha recordado la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que se cumplan quince meses, esto es, un año
y tres meses más, desde que en este mismo Congreso debatimos y decidimos tomar en consideración una proposición de ley sobre el estatuto del periodista profesional. Y recordando otro hecho al que ya me referí en aquella ocasión, añado que hace ya
tres años -se cumplieron justamente el día de ayer- que se cerró el único periódico que en aquel momento teníamos en euskera, el diario Euskaldunon Egunkaria, tres años y un día por lo mismo que un acto arbitrario e injusto donde los haya entró como
un elefante en la cacharrería del periodismo en Euskadi, cerró un periódico, el único que teníamos en euskera, detuvo, maltrató a trabajadores y responsables del mismo, torturó a algunos de ellos y mandó a la calle a 150 trabajadores, hace tres años
y un día.
Dijimos entonces, en el momento del debate, y decimos ahora que la situación actual del ejercicio del periodismo entre nosotros adolece de muchos -yo diría que de excesivos- defectos y de muchos y graves problemas. Mostramos ya entonces
nuestras dudas sobre que la vía que se proponía fuera a llevarnos no ya a la solución del conjunto de los problemas que aquejan al periodismo hoy aquí, ni siquiera a la solución de los problemas para los que apuntaba aquella proposición de ley. Tal
como lo ha dicho la representante del grupo proponente, hoy tenemos la impresión de que estamos algo así como en ninguna parte. Y debe ser esa la razón por la que constatamos que el grupo proponente de aquella proposición de ley nos trae hoy otra
que anunció en aquel momento en el debate cuando dijo aquello de que tenemos claro que esta propuesta que planteamos debe ir acompañada de una regulación de las muy deterioradas relaciones laborales.
Señorías, es evidente que el mundo del periodismo y más generalmente el mundo de la comunicación (y dejo ahora de lado la solución de los graves pero específicos problemas que se manifestaron en relación con el cierre del periódico en
euskera) está conociendo en nuestros días una profunda y me atrevería a decir que una radical transformación; una transformación que está siendo arrastrada por las profundas innovaciones tecnológicas que le han afectado y de forma principal por la
irrupción, que le afecta más que a nadie, de todo ese mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto al parecer no ha hecho más que comenzar. Para decirlo con claridad, no ha hecho más que comenzar para todos porque a todos
nos afecta el mundo de la comunicación, pero desde luego no ha hecho más que comenzar muy directa y radicalmente para dos colectivos: para quienes pretenden emprender en ese mundo -los empresarios- y para quienes desean trabajar por cuenta ajena en
el mismo. En la actualidad -esa es la impresión de mi grupo- estamos metidos de lleno en la tormenta. Aunque algunos estén ganando mucho dinero en este momento, sobran problemas en el mundo empresarial y no les han de faltar en el futuro. Por
supuesto, les sobran
problemas a los trabajadores que se están encontrando con que su situación se está precarizando de día en día. Entre los problemas de los trabajadores -y no son los laborales los únicos- están los que afectan a su situación laboral. Yo
diría que muy especialmente por su gravedad y especificidad están los problemas de inserción laboral que afectan a los recién licenciados: jóvenes, chicos y chicas que terminan su carrera y que en muchas ocasiones no saben cómo entrar en el mundo
del periodismo y que, a la hora de entrar, lo hacen de cualquier forma. Ahí está, a juicio de mi grupo, el núcleo principal del problema hacia el que asoma la propuesta que hoy nos trae el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Mi grupo se va a abstener, y voy a enunciar simplemente, por falta de tiempo, las razones que nos llevan a este posicionamiento. Para empezar, no queremos oponernos al eventual análisis y toma en consideración del conjunto de los problemas
reales laborales -algunos de los cuales son los que cita Izquierda Verde en su proposición-, pero sería necesario abordarlos junto a otros, muy especialmente junto al núcleo duro al que me he referido anteriormente. Ahora bien, si no nos queremos
oponer a un eventual análisis y toma en consideración de esos problemas, tampoco nos parece que podamos apoyarles porque estamos ante problemas que, por desgracia, están muy lejos de ser problemas del mundo laboral de los medios de comunicación y
punto, y seguramente por ello requieren de planteamientos más horizontales. La precariedad -los contratos basura, como se han denominado- no son exclusivos de este campo, ni mucho menos.
Estamos en medio de una oleada que camina hacia la
precariedad y que está haciendo que los contratos estables y de calidad empiecen a ser un objetivo que debe ser perseguido en todos los sectores, no solo en uno. A nuestro juicio, los problemas laborales que apunta la iniciativa legislativa son,
incluso en el campo en que se plantean, más enmarañados de lo que se dice en la proposición. Dicho de otra forma, no pueden solucionarse con esa facilidad. Qué más quisiéramos todos que un par de medidas legislativas nos resolvieran esa compleja
problemática laboral en la que estamos metidos, insisto, en esta área y en las demás, pero también en esta. En concreto proponen medidas respecto a los contratos en prácticas, a los becarios y periodistas a la pieza. Mi grupo cree que si bien la
aplicación de tales medidas -en la hipótesis de que saliera adelante la proposición de ley que ustedes presentan en los términos en que lo hacen- beneficiaría a los que hoy están en esa situación siempre que -y no es una premisa cualquiera- las
empresas siguieran acogiéndose a tales fórmulas -lo que no es nada seguro- y pasarían a estar seguros como los muchos que en el periodismo disfrutan de otro tipo de fórmulas de contratación, no se habría solucionado el problema al que he hecho
referencia y es el de cómo se insertan en el mercado laboral y qué se hace para que esa inserción sea mucho más fluida de lo que es, así como para solucionar los problemas de los numerosos chicos y chicas que terminan sus estudios y que no saben muy
bien qué hacer.
Estamos, pues, ante otra dimensión del problema y seguramente ante la necesidad de otra aproximación al mismo que no sea la de una pura y simple fórmula que responde a una situación presente, y sobre todo de pasado, como es la de resolver
las condiciones de contratación que tendrán que disfrutar o padecer -dependerá de los casos- los periodistas en el futuro. No sabemos qué esta dando y finalmente qué va a dar el diálogo social que dicen que se está desarrollando en el Estado entre
empresarios y trabajadores. No lo sabemos. Yo le adelanto que nuestro grupo espera más bien poco de ese diálogo; a efectos prácticos muy poco.
En todo caso, nuestro parecer es que recomponer o rediseñar para las nuevas realidades del mundo
actual las relaciones laborales en general y de un sector en particular, cualquiera que sea este, por ejemplo, el de los medios de comunicación, va a requerir mucho más esfuerzo y más complicidad que esta o aquella regulación que alguien diseñe y
que quiera implementar a su leal saber y entender.
Por estas razones, señora Navarro, nosotros nos abstendremos en la votación de esta proposición de ley que ustedes nos traen con la mejor intención pero creemos que sin recorrido alguno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Por Esquerra Republicana el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, intervengo brevemente para fijar posición ante la proposición de ley presentada por nuestros compañeros de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En estos momentos constatamos que se está tramitando el proyecto de ley del estatuto de los periodistas, propuesta que fue presentada por el mismo grupo parlamentario, que fue tomada en consideración en el hemiciclo en su momento y que se
encuentra en trámite de comparecencias.
Por ello nuestro grupo parlamentario cree que lo mejor y lo más conveniente sería retirar esta propuesta y aunar esfuerzos para aprobar el proyecto de ley del estatuto del periodista, que debe convertirse en
la herramienta necesaria para dignificar la profesión. Consideramos que es en el marco de dicha ley donde deben consolidarse los derechos de los periodistas y sus problemas laborales y profesionales, por lo que consideramos un error, repito, tomar
en consideración esta proposición de ley ya que creemos que interferiría en el proyecto que actualmente se halla en trámite parlamentario. A nuestro entender, lo que realmente urge es la agilización del trámite actual. Por esto urgimos a los
grupos parlamentarios a acelerar el proceso de la tramitación del estatuto del periodista y solicitamos al grupo mayoritario, el Grupo Socialista, que acepte de una vez por todas acometer el proyecto y no abandonar en el baúl
de los recuerdos un proyecto presentado por nuestros compañeros de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que, francamente, no solamente es interesante sino que es muy necesario.
Hablando de necesidad, debo repetir
la de establecer un calendario de comparecencias, permitir que acudan todos los profesionales que hemos solicitado los grupos parlamentarios, sin censuras previas, y garantizar el derecho de libertad de expresión en esta Cámara así como fijar una
fecha de tramitación del proyecto de ley. Si hablamos de periodismo, si hablamos de garantizar el derecho a la libertad de expresión, no podemos entender que en esta Cámara se impida la presencia de profesionales, precisamente de aquellos
periodistas que trabajaban en periódicos escritos en este caso en euskera, lengua minoritaria y minorizada, que fueron clausurados. Ese es el caso de Egunkaria.
Termino dirigiéndome al Grupo Socialista. Les pedimos que de una vez por todas estén por la labor y podamos tramitar la ley que esperan y desean los periodistas, con toda libertad y con fecha en el horizonte. Los profesionales de la
información requieren el estatuto del periodista.
Dicho esto, anunciamos que ante la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hoy vamos a abstenernos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
CiU. Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para fijar la posición ante esta proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Verde. La diputada proponente, la diputada portavoz del grupo, la señora Navarro, ha empezado haciendo una declaración de
principios sobre lo que su grupo parlamentario considera como papel clave, papel muy relevante que tienen los medios de comunicación en la conformación de una opinión pública crítica en el marco de una sociedad madura. Asimismo ha hecho referencia
expresa, lo que agradezco profundamente, al papel protagonista de la sociedad civil en esta relación entre sociedad y poder y también de crítica hacia las actitudes del poder. No puedo, para empezar, más que adherirme a sus planteamientos respecto
a este papel importante que tienen los medios de comunicación. Cosa distinta a discutir es la conveniencia de votar a favor de la tramitación de una proposición de ley que se plantea ante el Pleno de este Congreso de los Diputados justo después de
que Izquierda Verde trajera también a votación y fuera también votada favorablemente, por ejemplo, por mi grupo parlamentario y por una amplia mayoría de grupos parlamentarios, el proyecto de ley del estatuto del periodista profesional. Sus
señorías saben perfectamente que en este momento está en tramitación en la Comisión Constitucional y, si me permiten la expresión, en honor a la verdad debemos hacer aflorar la realidad y decir que está parada, no sé si permiten anglicismos, está en
stand by. Dada la alta carga de trabajo de dicha Comisión, la tramitación de este proyecto de ley del estatuto del periodista profesional se halla a la espera de las comparecencias, y esto supone también una prórroga demasiado prolongada del plazo
de presentación de enmiendas. Sus señorías deben saber, el Grupo de Izquierda Verde debe saber que nos tendrán a su lado para intentar agilizar la tramitación del estatuto del periodista profesional y para cumplir el objetivo de que al final de
esta legislatura se haya visto este proyecto de ley y se hayan afrontado los aspectos nucleares que hay en el mismo, que a la vez pueden quedar perfectamente subsumidos, los que se plantean a través de la iniciativa que hoy discutimos, en el
estatuto del periodista profesional.
De forma muy esquemática, el estatuto del periodista profesional que votamos ya hace unos cuantos meses y un par de periodos de sesiones plantea a grandes rasgos dos dimensiones: una es la regulación deontológica de la profesión
periodística, y otra dimensión, muy importante, es la vinculada con el derecho laboral, los derechos sindicales, la protección laboral de los periodistas. Nosotros dijimos en la toma en consideración de la proposición de ley de Izquierda Verde que
somos más partidarios de que todo lo que hace referencia a la regulación deontológica descanse sobre un principio de autorregulación. A esto se debe sumar la existencia en el ámbito audiovisual de consejos audiovisuales, que nos parecen una
aportación positiva a los que están funcionando ahora en España, y queremos recordar también en este momento del debate el compromiso del Gobierno de poner en marcha un consejo de lo audiovisual en España. Esta proposición de ley hace más
referencia y más hincapié en el ámbito de los derechos laborales que en la regulación deontológica, pero esperamos -quiero insistir y dar otra vuelta sobre el mismo argumento- tener la oportunidad de incorporar estos planteamientos en la tramitación
del estatuto del periodista profesional.
La diputada Navarro nos preguntaba si habíamos leído esta proposición de ley. La hemos leído. La diputada Navarro nos preguntaba si esta proposición de ley es revolucionaria. No lo es; es sensata y razonable en muchos aspectos.
Simplemente, esta proposición de ley se solapa con el proyecto de ley que ya se está tramitando en estos momentos en las Cortes Generales. Supongo que su voluntad no es que decaiga el proyecto de ley del estatuto del periodista profesional, sino
que podamos presentar quizás a través de enmiendas los planteamientos de la proposición que hoy nos presentan. Por cierto, algunos aspectos de derechos laborales, derechos sindicales, según mi opinión personal, deberían tener una mejor redacción y
un mejor reconocimiento en el texto que hoy estamos discutiendo que en el texto que planteó el mismo grupo ya hace unos cuantos meses. Concretamente -y me gustaría que esto sirviera para el debate que tenemos abierto en este momento en el Congreso
de los Diputados- consideramos necesario terminar esta legislatura habiendo afrontado algunos de los aspectos que se plantean en esta proposición de ley. Es cierto que se debe regular la figura del colaborador a la pieza, tal como se
plantea en esta proposición de ley.
Entrando ya en la letra pequeña y concreta, no creemos que se pueda considerar solo el 10 por ciento de los miembros de una redacción colaboradores a la pieza. Esto quizás es posible en grandes medios de
comunicación, pero en medios medianos y pequeños un 10 por ciento es una cifra muy moderada, demasiado moderada. También creemos que debe haber una relación laboral por escrito y, como también se plantea, se debe concluir esta relación laboral
igualmente por escrito. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que los responsables editoriales dirigen el trabajo de los redactores. Nos parece que se debería modificar la expresión dirigen. En definitiva, señorías, no quiero entrar en aspectos
concretos, simplemente quiero subrayar que tenemos un estatuto en tramitación; que nos tendrán a su lado para intentar agilizar la tramitación de ese estatuto del periodista profesional; que buena parte de los pocos artículos de esta proposición
de ley los consideramos como enmiendas válidas a la tramitación del estatuto profesional, y que este debate se debe afrontar más que en el ámbito deontológico en el de los códigos de autorregulación y del consejo audiovisual que debería promover el
Gobierno, y en lo referido a los derechos laborales y a los derechos sindicales somos proclives a resolver estos extremos favorablemente durante esta legislatura. En todo caso, nuestro voto será negativo, pero es un voto negativo a esta proposición
de ley y afirmativo a lo que se está tramitando en la Comisión Constitucional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta proposición de ley de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas, y lo primero que quiero afirmar es que es difícil entender a
doña Isaura Navarro y algunas de las afirmaciones que ha realizado. Doña Isaura dice que los españoles no confían en el Partido Popular ni en el Partido Socialista; debe de ser que confían en Izquierda Unida. Teniendo en cuenta que los que
representamos en esta Cámara a ambas formaciones políticas tenemos detrás los votos de más de 20 millones de españoles y su formación apenas supera 1.300.000, habrá que considerar que los apoyos y la confianza de los españoles en unos y en otros
son, al menos cuantitativamente, marcadamente distintos. Pero sobre todo es difícil entender a la señora Navarro porque ha dirigido algunas críticas a la actitud del Partido Popular en relación con este tema, que se ha planteado reiteradamente y en
sucesivas legislaturas, y lo hace por la coherencia y por la constancia de su posición en relación con el mismo, y, sin embargo, parece que es más benévola con el Partido Socialista, al cual su grupo parlamentario respalda. No es fácil conciliar
intelectualmente algunas imágenes que hoy tenemos todos en la cabeza del portavoz de su grupo parlamentario actuando de portavoz del Gobierno y siguiendo con entusiasmo absoluto las consignas e instrucciones recibidas del líder del Partido
Socialista y, al tiempo, ver el escaso respaldo que reciben del grupo mayoritario de esta Cámara algunas de las iniciativas de Izquierda Unida. O bien Izquierda Unida no sitúa entre sus prioridades iniciativas legislativas de este tipo, y por tanto
no las ha puesto como elemento determinante para que el grupo mayoritario diera su apoyo, o bien la insignificancia de su grupo y la poca credibilidad de sus propuestas llevan a que prácticamente ningún otro grupo en esta Cámara las tome en
consideración.
Voy a hacer un breve repaso de las razones, que ya han sido reiteradamente expuestas en esta Cámara, por las cuales no compartimos el sentido de esta proposición. En primer lugar, son razones de tipo sustantivo. La propuesta de Izquierda
Unida de integrar a los periodistas a la pieza en el régimen general de la Seguridad Social con una relación laboral de carácter especial camina exactamente en la dirección opuesta a la que ha seguido durante años nuestro derecho laboral. El actual
modelo de relaciones laborales, basado en la autonomía colectiva de empresarios y trabajadores, prevé solo con carácter excepcional la regulación de las condiciones de trabajo para un determinado sector de actividad. Esta iniciativa, al
singularizar una determinada profesión, rompe la pauta general de nuestro derecho laboral y, por lo tanto, es en sí misma anómala. En segundo lugar, cualquiera puede apreciar que una regulación de este tipo traería posiblemente consecuencias
contrarias a las deseadas. El simple incremento del coste de contratación de los profesionales periodísticos de este tipo -los periodistas a la pieza-, sin ningún otro tipo de análisis o consideración, traería para la mayor parte de ellos la salida
del mercado. Una regulación tan general como la que se propone en esta norma no tendría efectos -y se ha señalado ya en alguna intervención anterior- en los grandes medios, pero sí tendría devastadoras consecuencias en un montón de pequeños y
medianos medios de comunicación, que son la garantía efectiva del pluralismo de nuestro sistema democrático y que sin duda no podrían soportar los costes asociados a una iniciativa de estas características. En tercer lugar -y quiero destacarlo
porque me sorprende también viniendo de Izquierda-Unida, al menos si oímos su discurso formal-, si nos referimos a la precariedad o a las malas condiciones laborales, hemos de tener en cuenta que no estamos hablando de un problema específico de las
empresas periodísticas y de los trabajadores que desempeñan en ellas su tarea profesional. El problema de la utilización o el abuso de figuras contractuales ajenas al
derecho laboral es frecuente en distintos ámbitos de actividad, incluso, lamentablemente, es frecuente en el ámbito de las administraciones públicas. Por lo tanto, posiblemente sería más razonable abordar para todos ellos un tratamiento
común que permitiese dignificar su profesión, mejorar sus condiciones laborales, y hacerlo sin perjudicar la viabilidad empresarial de las empresas periodísticas.
Por otro lado, todos los que me han precedido en el uso de la palabra han coincidido en señalar la deficiente práctica parlamentaria que supone la presentación de esta proposición de ley. Doña Isaura Navarro ha querido decirnos que había
una relación causa-efecto entre la lentitud de la tramitación del estatuto del periodista profesional y esta iniciativa.
Pero lo cierto es que basta ver las fechas de presentación de ambas iniciativas para comprobar que son simultáneas en el tiempo
y que, por lo tanto, su grupo parlamentario decidió presentarlas el mismo día, sin perjuicio del uso oportunista que ahora hace de presentar su debate al Pleno. Es evidente que el tema que ahora se plantea ha sido sometido ya a debate en esta
legislatura, que se han posicionado los grupos parlamentarios -el mío en contra, como ustedes recordarán, y otros a favor- y que mayoritariamente esta Cámara ha decidido tramitar el proyecto de ley del estatuto del periodista profesional a través de
un procedimiento debatido, buscando los consensos necesarios, y en ello estamos. Desde nuestro punto de vista, como otros grupos han expresado, esa es la mejor forma de encarar una regulación compleja, que incide en derechos fundamentales, que
probablemente se ha presentado con un grado de madurez insuficiente y que, a diferencia de lo que ha expresado la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no cuenta en absoluto con el
consenso de la profesión periodística.
Sacamos, por todo ello, una rápida conclusión. Es evidente que la presentación de esta iniciativa tiene un objetivo muy distinto del que se declara. A juzgar por la iniciativa, no creo que al Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds le preocupen nada las situaciones de precariedad o de abuso que pueden existir en la profesión periodística. Si así fuese, no se limitarían a presentar iniciativas manifiestamente inviables, que
no cuentan con ningún respaldo en esta Cámara, sino que redoblarían sus esfuerzos y dedicarían mayor trabajo y actividad a construir los consensos necesarios entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para sacar adelante en lo posible el
estatuto del periodista profesional y aquellos aspectos que los distintos grupos parlamentarios en una u otra medida hemos manifestado que compartimos.
Por último, no quiero dejar esta tribuna sin hacer una aclaración, aunque solo sea a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones'. Tanto el portavoz del Grupo Vasco como el de Esquerra Republicana de Catalunya, los señores Beloki y
Tardá, han hecho referencia al cierre judicial del diario Egunkaria, y aunque es sobradamente conocido, no es malo que conste de nuevo en el 'Diario de Sesiones'. El diario Egunkaria, a pesar de lo que ambos portavoces han querido hacer constar de
una manera velada en esta Cámara, no ha sido cerrado por utilizar el vasco como idioma del medio. El diario Egunkaria está cerrado porque los tribunales de justicia han apreciado indicios suficientes de una actuación criminal de colaboración con la
banda terrorista ETA. Existen medios escritos, de radio, audiovisuales y de todo tipo que se expresan con absoluta libertad en vasco, como no podía ser de otra manera en la democracia española, y a nadie se le agrede en ninguna parte del territorio
español por utilizar la lengua que considere más oportuna entre las cooficiales. Eso sí, cuando se utiliza un medio de comunicación para colaborar con una banda terrorista de lo que estamos hablando es de algo muy distinto a la libertad de
expresión o al uso de las lenguas propias de los distintos pueblos de España. Simplemente quiero que quede constancia de que si el diario Egunkaria en este momento no puede salir a la calle es simplemente porque los tribunales de justicia, órgano
fundamental en un Estado de derecho, han apreciado indicios suficientes de delito en su actuación como consecuencia de su colaboración reiterada con una banda armada que ha causado daños a la sociedad española durante décadas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Elorriaga.
Finalmente, Grupo Socialista, señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en relación con esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida sobre derechos laborales de los periodistas, y tendría que
empezar diciendo que ese es el enunciado de esta proposición de ley, pero no así el contenido fundamental de la misma. En definitiva, no estamos hablando aquí de una regulación laboral de la profesión periodística, estamos hablando de una parte
importante, sí, pero de una parte de aquello que tiene que ver con la regulación laboral de la profesión periodística. La proposición de ley se refiere a los denominados colaboradores a la pieza. Creo que la inmensa mayoría de los artículos van
dirigidos a este grupo de trabajadores del sector periodístico para asignarles, en primer término, el carácter de una relación laboral especial a la que luego me referiré. Esta es una iniciativa que viene a ser complemento de otras que también ha
presentado este grupo parlamentario en anteriores legislaturas. En esta legislatura el Grupo de Izquierda Unida ha presentado una iniciativa que tuvo el voto mayoritario de este Congreso en su toma en consideración y que se está tramitando, que es
la relativa al estatuto del periodista profesional. De esa tramitación han hablado aquí el resto de grupos, y nosotros queremos decir que nuestro compromiso en esa toma en consideración fue claro y
consistía en que había que abordar este tema. Los miembros del Grupo Socialista que estamos en esa ponencia hemos asistido a todas y cada una de las comparecencias -no todos los grupos, ni siquiera el proponente, pueden decir que han
asistido a todas y cada una de las comparecencias- y por tanto estamos trabajando en ello. Algunos utilizaron excusas -de ello ha hablado el portavoz del Grupo Popular- para no asistir a las comparecencias, y con lo que hoy hemos oído llegamos a la
conclusión de que podemos volver a contar con otros grupos en esa labor importante que nos está ayudando a los miembros de la ponencia en relación con el tema del estatuto del periodista profesional, pero, seamos claros, la utilización de elementos
que no tienen que ver con el contenido de esta proposición a nosotros nos parece que tiene que ser reconocida aquí.
Nosotros compartimos, como no puede ser de otra forma, con el grupo proponente y con el resto de los intervinientes la dificultad por la que atraviesa la profesión periodística, especialmente los jóvenes periodistas que se incorporan a una
situación realmente difícil. Por eso estamos trabajando en una regulación del estatuto del periodista profesional, precisamente porque compartimos esa situación de dificultad por la que atraviesa esta profesión. Ha citado antes la portavoz del
grupo parlamentario proponente algún elemento discursivo del Grupo Socialista. Tengo que decirle que recuerde -si no lo voy a hacer yo, y algún elemento de autoridad tendrá nuestro grupo- que el programa electoral con el que concurrimos a las
elecciones generales y que obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos -por aquello de que aquí cada uno al final es votado por los ciudadanos y representa el número de diputados que representa- habla de la democracia y del pluralismo en los
medios de comunicación, y en ese epígrafe se habla de la necesidad de elaborar un estatuto del periodista profesional consensuado con las distintas instancias profesionales, que es precisamente aquello que no se hizo cuando se presentó la
proposición de ley, y hoy se vuelve a cometer el mismo error, al menos en nuestro grupo político así lo entendemos.
Entrando ya en la calificación jurídica de esta iniciativa, tengo que decir que nos encontramos con dificultades técnicas. Se ha dicho que no era una iniciativa revolucionaria. Ciertamente no es una iniciativa revolucionaria, pero hay que
reconocer que es una iniciativa que, entre otras cosas, tiene una exposición de motivos y un preámbulo, lo cual sí que parece revolucionario en una norma jurídica; una cosa u otra, pero no las dos. Dicho esto, sí que tenemos que decir alguna otra
cuestión sobre ella. Centrándonos ya en el motivo fundamental con el que tiene que ver esta iniciativa, que es el de los colaboradores o periodistas a la pieza, tenemos que decir que la calificación por las Cortes Generales o por el propio
trabajador, incluso por el propio empresario, no haría que un trabajador fuera o no dependiente y estuviera sujeto o no a un contrato de trabajo. Eso lo da la definición que establece el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que
define si se dan las características de dependencia, subordinación, ajenidad y retribución para que se pueda considerar que una relación laboral está sujeta al contrato de trabajo y, por tanto, al Estatuto de los Trabajadores o, por el contrario,
está sujeta a una relación de trabajo en este caso no dependiente. Por tanto, tenemos que decir que es una situación compleja la que se nos propone, que hay incluso pronunciamientos judiciales que en este caso hablan de la dificultad y de la
necesidad de ir a un análisis pormenorizado. Cito aquí, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de noviembre del año 2002 en la que se dice que en el ámbito de las colaboraciones periodísticas con diarios y revistas
la multiplicidad de situaciones hace imposible establecer una norma general. Por eso nosotros preguntamos: ¿hay una situación de fraude en la profesión periodística y en algunas otras profesiones? Si existe esta situación, y en algún caso está
claro que sí existe, lo que tendríamos que hacer es utilizar los métodos que se establecen en la propia legislación para corregirlo. Lo que no se puede hacer es utilizar figuras que no tienen que ver con la que actualmente se está proponiendo.
Nosotros decimos en esta Cámara que en una situación en la que se está hablando de autónomos dependientes, en la que se está intentando buscar en vía de fraude de ley alguna regulación por la cual no se debe entrar en las condiciones en que se está
entrando en la prestación de estos servicios, eso tendrá que ser corregido por la vía que tiene que ser corregido: por la vía de los tribunales y por la vía también de la negociación colectiva, porque entendemos que el modelo de relación laboral
que establece nuestro Estatuto de los Trabajadores es muy claro y deja a las partes en primer término la regulación y solo al final y de forma residual, dice el Estatuto, es prioritario; por tanto, en primer término la negociación y que pueda
establecerse una regulación por la vía del Gobierno a través del ministro de Trabajo. En consecuencia, hay que agotar todo ese camino antes de llegar a esta cuestión.
Otra de las cuestiones en las que se fija la proposición de ley es la relacionada con la Seguridad Social. Nosotros decimos que no se puede asociar directamente que a una relación laboral especial tenga que corresponderle un régimen de
Seguridad Social general, porque en el fondo hay incluso relaciones laborales especiales, como son las de los empleados de hogar, que tienen adscrito un régimen especial de Seguridad Social. Por tanto, no hagamos esa similitud porque de lo que
tenemos que hablar es de la protección de los periodistas, en este caso de un sector de los mismos, y en relación con ello lo que hay que hacer es buscar la fórmula, pero sabiendo en primer término cuál es la situación y analizando cada uno de los
casos. El presidente del Gobierno ya habló en el discurso de investidura de la protección de los trabajadores autónomos, y en este sentido se ha avanzado; se ha avanzado en relación con la incapacidad temporal y se ha avanzado en relación con la
cobertura de los accidentes de trabajo. Ahí está el trabajo del Gobierno y sobre todo del Partido Socialista.
A las señorías del grupo proponente les digo que van a tener el apoyo del Partido Socialista para trabajar en el estatuto del periodista profesional, van a tener el apoyo y el consenso del Partido Socialista para que ese estatuto sea de
consenso, cosa que en este momento no ocurre, y no tenemos más que ver las múltiples declaraciones que desde asociaciones y desde diversos colectivos de periodistas se están haciendo en relación con el mismo. A ese trabajo les animamos desde
nuestro grupo, a que se busque el consenso en relación con ello. Se han aventurado posiciones para activar este tema, estamos abiertos a ellas, pero tenemos que decir que presentar iniciativas en la forma que ha hecho el grupo proponente al final
tiene un efecto contrario a aquello que se pretende conseguir. Por ello no voy a terminar mi intervención sin decir que, a la vista de las posiciones que se han fijado por el resto de los grupos, quizá fuera conveniente que el grupo proponente
planteara la retirada de la iniciativa antes de su toma en consideración por este Pleno para que de esta forma podamos conseguir que esta regulación necesaria, que ya se prevé en el propio estatuto del periodista en un artículo y en una de las
disposiciones transitorias, se convierta al final en un estatuto de consenso donde todos podamos encontrar un punto de acuerdo, aunque sea mínimo, para que los profesionales del periodismo, y especialmente aquellos que tienen una situación de mayor
dificultad, puedan ver que el Parlamento está trabajando para resolver sus problemas y sobre todo sus demandas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.) Dígame, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Dado que se me ha propuesto la retirada, quisiera contestar.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, no cabe posibilidad de réplica, era turno de fijación de posiciones y nadie ha consumido turno en contra. Brevísima aclaración, pero no cabe réplica.
La señora NAVARRO CASILLAS: En ningún caso se va a retirar esta propuesta, que viene del Foro de periodistas de toda España, para que así vean cómo el Partido Popular y el Partido Socialista votan de nuevo conjuntamente.
(El señor Jáuregui
Atondo: ¡Qué bueno eres, presidente!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA Y ANTIFASCISTA. (Número de expediente 122/000178.)
-DEL GRUPO PARLAMENTEARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y FOMENTO DE LA MEMORIA Y CULTURA DEMOCRÁTICAS. (Número de expediente 122/000177.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con las proposiciones de ley: De Esquerra Republicana, sobre la memoria histórica republicana antifascista, y del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de
promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas, que van a ser debatidas de forma acumulada.
Turno a favor por quince minutos de los dos proponentes, primero el señor Tardá y en segundo lugar el señor Herrera.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el progreso económico, político y cultural alcanzado por nuestra sociedad y el objetivo de garantizar un futuro pleno de libertades y de fraternidades entre las distintas naciones y pueblos
deberían haber impedido que el Estado español continuara siendo una excepción en Europa, que continuara representando, en definitiva, una lamentable y peligrosa excentricidad, producto de tanta dejación para con la memoria antifascista. Vaya por
delante que con nuestra proposición de ley no pretendemos una simple revisión del pasado histórico, al contrario, queremos que se evidencie legislativamente una firme voluntad de mayor progreso y mayor cultura democrática, todo ello a la manera
europea, es decir, previa condena del fascismo, verdadera plaga en el pasado europeo, previa asunción por parte del Estado y de sus máximos dirigentes de la solicitud de perdón a las víctimas del totalitarismo, previo compromiso de fundamentar los
valores de la convivencia presente y futura en la radicalidad democrática, tal como se llevó a cabo en el Estado alemán cuando a la par se sepultaron no solo el nazismo, sino también aquellos valores belicistas y unitaristas inherentes al
prusianismo.
¿Creen ustedes sinceramente que si algo parecido y con la misma intensidad se hubiera desplegado a favor de la superación del franquismo durante los años de democracia que ya llevamos vividos sería posible que el Partido Popular pudiera
desplegar con relativo éxito movilizador tanto odio y tanta discordia entre la ciudadanía del Estado español? Nosotros estamos convencidos de que la respuesta sería negativa, pero todo tiene su explicación y su razón. Por eso les pedimos que
atiendan a lo que hoy desde esta tribuna les planteamos los republicanos catalanes. Les ofrecemos a consideración una proposición de ley que alcanza el conjunto de los ámbitos que a nuestro entender debe integrar una verdadera ley de la memoria.
En primer lugar, el referente a la represión política por parte de los tribunales, que incluye la anulación de las sentencias dictadas en consejo de guerra
desde el 18 de julio de 1936, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público y por el Tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo, para lo cual establecemos indemnizaciones de 12.000 euros para los descendientes
de los ciudadanos fusilados y el libramiento de las certificaciones de nulidad de las sentencias judiciales. Un segundo ámbito plantea la resolución de las actividades antifranquistas, para lo cual debe repararse jurídica y moralmente a aquellas
personas que formaron parte de las organizaciones guerrilleras o armadas antifranquistas. A ellas deberán asignárseles indemnizaciones y beneficios que correspondan por ley y de igual manera se incluirán las personas represaliadas que sufrieron
prisión, internamiento, tortura y destierro, a las que se otorgará una indemnización de 12.000 euros para los descendientes de las que hubieren perdido la vida ante las fuerzas de orden público o ejército. En tercer lugar, planteamos la restitución
de bienes y honores a los miembros de las instituciones y fuerzas de orden público republicanas: Guardia Civil, Guardia de Asalto, Cuerpo de Carabineros, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, a las instituciones como la Generalitat de Catalunya o el
Gobierno vasco y la singularización del libramiento por parte del jefe del Estado al presidente de la Generalitat, Molt Honorable Pasqual Maragall, de la certificación de la anulación de la causa sumarísima del presidente de Cataluña, Lluís
Companys, fusilado por el Ejército español. Asimismo, se proyecta en un nuevo título el reconocimiento de la aportación de la masonería a la causa de la libertad y del pensamiento social progresista y la restitución de todos sus bienes requisados a
las actuales logias, todo ello complementado con la restitución de honores y bienes a los colectivos represaliados de naturistas, evangélicos, esperantistas, judíos, gitanos, ciudadanos que sufrieron persecución por su orientación sexual y aquellas
entidades que fueron perseguidas por motivo de lengua y cultura. No se obvian, por otra parte, las necesarias restituciones de los patrimonios expoliados, tanto los relativos al dinero incautado por el régimen dictatorial como los referidos a los
bienes inmuebles incoados de acuerdo con la Ley de responsabilidades políticas, pero debe también contemplarse la devolución de la documentación incautada por las fuerzas represivas durante el franquismo, la que pertenecía a las instituciones
públicas, en particular la relativa a instituciones de autogobierno de Euskadi o la perteneciente a los ayuntamientos de Aragón, País Valencià y Cataluña depositadas en Salamanca y la de carácter privado y particular, tal como queda reflejado en el
artículo 13 de la proposición de ley que hoy se presenta ante sus señorías.
Deben además preservarse los lugares de la memoria, recuperación arqueológica y conservación de los lugares más significativos de la guerra, prisiones, campos de concentración, etcétera, la elaboración de un censo de personas afectadas, la
museización del Valle de los Caídos u otros lugares emblemáticos y la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos, complementado todo ello con la apertura de los archivos de la represión, que incluye que en el plazo de dos años se
proceda a la identificación y catalogación de los fondos de las instituciones franquistas.
Por otro lado, se aborda en el título XIII la realización en el plazo de un año de un inventario de los fondos documentales relacionados por el exilio republicano y la recuperación moral y económica de los supervivientes. Tuvieron que
transcurrir sesenta años para que un presidente de Gobierno español visitara en el año 2005 el campo de exterminio de Mauthausen, donde más de cuatro mil republicanos fueron asesinados. Diez años antes, otro presidente de Gobierno español,
socialista, se había negado a asistir al 50º aniversario de su liberación. Hoy, pues, ha llegado el momento de reparar moral, jurídica y económicamente a los supervivientes y descendientes de aquellos ciudadanos, víctimas del nazismo, internados en
campos de trabajo nazis por su condición de apátridas, fruto esta condición de los acuerdos bilaterales establecidos entre la cancillería hitleriana y el ministro falangista Serrano Súñer.
Evidentemente el texto que hoy les planteamos incluye, como no podía ser de otra manera, la necesidad de reconocer por ley la labor ejercida por los Estados y las organizaciones internacionales y personas que contribuyeron solidariamente a
la causa antifranquista.
Finalmente, un conjunto de disposiciones adicionales fijan aspectos que hoy por hoy no deben soslayarse, de entre las cuales desearía remarcarles aquellas más significativas: Primera, compromiso del Gobierno español de apoyar cualquier
reclamación nacida de entidades o ciudadanos en razón de posibles delitos cometidos durante la dictadura, dada la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, consagrada por Naciones Unidas y el Derecho Penal Internacional a partir de la
jurisprudencia de Nuremberg. Segunda, retirada por parte de la Iglesia Católica de los lugares públicos de lápidas o símbolos que discriminen a las víctimas. Tercera, revisión e invalidación de todas las distinciones, títulos honoríficos y demás
formas de exaltación de personajes ligados al régimen dictatorial. Cuarta, museización de las dependencias de la Jefatura de Policía de Barcelona de Vía Laietana, atendiendo a su significado como centro de detención y tortura de los presos
políticos catalanes. Finalmente, una quinta a destacar, que por razón de su gran trascendencia deseo reproducir textualmente: Corresponderá al Jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las
víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana.
Es evidente que todos los Jefes de Estado, en tanto en cuanto representación de la máxima autoridad institucional, asumen la continuidad de la organización estatal. El perdón solicitado por las máximas autoridades de la República Argentina,
de la República Sudafricana, de la República Chilena o de la República Federal Alemana a todas y cada una de las víctimas no les implica o hace
copartícipes de los desafueros y horrores cometidos por sus antecesores.
Al contrario, les dignifica a ellos y a las sociedades a las que representan. Ese es el camino, máxime en el caso español, ya que la continuidad entre los regímenes
dictatorial y democrático se dio de forma más evidente, en tanto en cuanto el actual Rey fue nombrado por el dictador, de hecho fue educado bajo su criterio, aceptó el nombramiento aun cuando significaba la alteración de la lógica sucesoria en la
institución monárquica, y se imposibilitó que la ciudadanía española pudiera plebiscitar la conveniencia o no de la reinstauración del régimen legal republicano. En definitiva, solo pedimos una ley que haga justicia.
Exigimos justicia en el año
2006, ahora y aquí, y se lo pedimos a la izquierda española, se lo pedimos al PSOE. En esta Cámara únicamente la derecha sabe y tiene plena conciencia de que debe decir no. Lo lamentamos y nos entristece, pero no podemos ignorarlo. Ellos son
coherentes con sus ideas, con su herencia, con su pasado y con la actuación que protagonizan estos mismos días fomentando la discordia entre ciudadanos y comunidades nacionales, y ahondando en su cruzada contra las lenguas distintas a la española y
en especial la catalana.
Ellos constituyen una importante fuente del problema por su falta de cultura democrática, pero, a nuestro entender, el verdadero problema se halla en el gran déficit de memoria histórica, que ha permitido que el franquismo sociológico haya
podido consolidar una ecuación éticamente perversa y políticamente reaccionaria, que liga la restitución de honores y el reconocimiento de la condición de víctimas de las personas e instituciones democráticas a revanchismo, con la intención añadida
de avanzar en las tesis del revisionismo histórico, que llega incluso al paroxismo de negar el holocausto. No obstante, serán ustedes, diputados y diputadas del PSOE, los que acabarían convirtiéndose en un problema para ustedes mismos si hoy nos
dieran portazo, si impidieran que este Parlamento iniciase el trámite legislativo para que, por fin, después de 30 años de la muerte del dictador, esta Cámara no pudiera legislar aquella ley que hubiera tenido que convertirse en una de las primeras
a emprenderse en los albores de la democracia. No es conveniente, nos repitieron una y mil veces en la década de los años ochenta del siglo pasado. No es posible, argumentaron posteriormente en la década de los noventa. Y ahora ¿qué nos va a
decir el señor Jáuregui? ¿Qué nos dirán ahora? Puede ser, aunque nos resistimos a creerlo pese a las evidencias, que hayan olvidado los orígenes, que hayan olvidado sus fidelidades, pero deben reconocer que, más allá de las dignidades perdidas, la
realidad es que el vacío de la memoria que ustedes no quisieron cubrir fue ocupado por el discurso de los posfranquistas, encabezados por el caudillo Aznar, convirtiendo lo que en los gobiernos de Felipe González fue amnesia histórica en
desplegamiento entusiasta de un revisionismo histórico que busca la legitimidad del golpe de Estado en los hechos históricos de 1934 o que incluso llega a contaminar a ministros socialistas, como el inefable Bono, que insultan la inteligencia
haciendo desfilar conjuntamente a un luchador republicano al lado de un filonazi. Deben saber que existía un compromiso con el señor Zapatero, un pacto, un acuerdo, una palabra dada a favor de la presentación de la ley de la memoria que no se ha
cumplido. Hemos esperado dos años, lealmente, pacientemente y, por el contrario, ni tan siquiera la vicepresidenta ha considerado oportuno convocar a este grupo parlamentario en alguna ocasión, aun cuando la comisión interministerial nació a raíz
de una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, conjuntamente con Izquierda Unida y el Grupo Mixto, que había solicitado la creación de una comisión parlamentaria que, a manera de comisión de la verdad, tuviera el encargo de abrir el Parlamento a
la sociedad y elaborar el libro blanco de la memoria, justamente para que el Ejecutivo pudiera actuar en consecuencia.
Voy terminando, señor presidente.
Después de dos años, nos vemos en la necesidad de traer a discusión nuestro propio proyecto. Esperamos que voten que sí. Y si no votan que sí, al menos suban a esta tribuna y comprométanse, por favor, a presentar el proyecto de ley al cual
se comprometió el presidente del Gobierno antes de finalizar este período de sesiones. Se trata de una ley compleja jurídicamente, complicada políticamente, y alcanzado ya el ecuador de esta legislatura, solo podemos esperar finalizar la
legislatura con la ley aprobada, si ustedes hacen los deberes, cumplen la palabra y presentan antes de finalizar el período de sesiones el proyecto al cual se habían comprometido. Muchas gracias. (El señor Padilla Carballada: ¡La cólera de los
débiles!-El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Para pedir que en el contexto del debate, la referencia...
El señor PRESIDENTE: Dígame la cuestión de orden, señor Fernández.
¿Exactamente cuál ha sido el desorden que ha producido?
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: El respeto a una persona muy importante para este grupo parlamentario y para el propio grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Yo no he notado que se haya producido. Ha habido afirmaciones duras. (Rumores.)
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Es el presidente el que dirige los debates. No hay cuestión de orden. Lo lamento. Si el presidente hubiera observado algo, estaría en este momento ofreciéndole...
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Llamar caudillo a un presidente del Gobierno, señor presidente...
El señor PRESIDENTE: No es un debate que llegue hasta ese punto, según el criterio del presidente, que es el que dirige los debates y no ustedes.
Yo soy buen presidente no solo cuando les doy la razón, también cuando se la quito. ¿Queda
claro? (El señor Atencia Robledo: Tiene muy mal talante.-Rumores.) Están ustedes muy mal acostumbrados. (Un señor diputado: ¡Muy bien! -Aplausos.) El presidente es presidente de todos cuando les da la razón a unos y a otros. (El señor Fernández
Díaz: Esto no es un colegio para que nos grite.) Por esa vía no obtendrán nada, se lo garantizo.
Adelante, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar esta intervención agradeciendo la presencia de personas, entidades y asociaciones que son expresión y muestra precisamente de lo que ha sido, de lo que es y de lo que representa la memoria y la lucha contra el franquismo.
Esta iniciativa que presenta nuestro grupo es una proposición de ley que intenta ordenar las políticas públicas por la recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica. Se presenta y se discute hoy porque nos interesa que el
compromiso del Gobierno y del Congreso sea realidad.
Por tanto, lo menos relevante hoy seguramente sea el voto; en cambio, lo más importante son las explicaciones en torno a los compromisos en el tiempo, en las formas y en los contenidos. El
compromiso temporal, porque es cierto que esta ley de la memoria lleva mucho tiempo de retraso, más de un año a partir de cuando se tenía que haber presentado; y un compromiso en la orientación, haciendo que esa ley de la memoria sea a favor de las
políticas públicas por la recuperación de la memoria republicana y demócrata, por la memoria de los que lucharon contra la dictadura, y no una ley equidistante entre fascistas, franquistas y los que hicieron que la democracia fuese una realidad. La
propuesta se hace, por tanto, desde la convicción -escuchen bien- de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy serían realidad los valores de la II República, pero entendiendo que
perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática y memoria civil. Lo decía el señor Llamazares hace apenas dos semanas con la proposición de ley: Este año tiene que ser el año de la memoria.
Así, lo cierto es que en este país las cosas no funcionan del todo bien.
Llevamos más de un cuarto de siglo de democracia y algunas encuestas arrojan datos más que preocupantes. Imagínense que un 56 por ciento de la ciudadanía muestra
indiferencia -escuchen bien- por la figura del dictador, y la indiferencia ante un dictador tan solo puede ser fruto del desconocimiento. El problema, por tanto, no fue el perdón, sino el olvido posterior, y esto tiene aún consecuencias, como la
que en este país no hay aún políticas públicas para la recuperación de la buena memoria histórica. El motivo no es tan solo la ofensiva de algunos historiadores que miran de echar agua al vino en la etapa más oscura de nuestra historia reciente, en
la que la dictadura aparece como un intervalo autoritario. Quizás la razón esté en esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero en el que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa
memoria. Ha habido una historia silenciada, ha habido zonas opacas y oscuras. No lo digo yo, sino don Ramón Jáuregui en el debate de junio de 2004. Hemos acabado confundiendo perdón con el olvido, y no lo digo yo, sino el señor Semprún. Lo
cierto es que el olvido se ha transformado en una cierta indiferencia por lo que fueron esos oscuros años, y lo más grave, indiferencia por lo que fue la lucha de centenares, de miles de personas para que en este país hubiese democracia.
Hubo víctimas de los dos lados. ¡Claro que hubo víctimas de los dos lados! Pero unos murieron por la democracia y otros en nombre del totalitarismo y del fascismo. Un Estado democrático puede honrar a todas las víctimas, pero debe
reivindicar tan solo a los demócratas; es la función de un Estado democrático. Eso es lo que nos hace presentar esta proposición de ley, una ley de reconciliación, de perdón (El señor Fernández Díaz: Sobre todo de perdón.), pero clarísimamente
una ley de la memoria.
Empezamos la legislatura con el convencimiento de que alguna cosa había cambiado y así continuamos pensándolo. De hecho han sido muchas las organizaciones, muchos los historiadores, muchos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que
han puesto en la agenda la necesidad de afrontar uno de los principales déficits democráticos de este país. A estos esfuerzos se han unido varios grupos parlamentarios, también el nuestro, y lo cierto es que hemos trabajado con ahínco. Sin ir más
lejos, en marzo de 2005, el Partido Socialista y el Gobierno se comprometían a incluir medidas que nuestro grupo estaba planteando en esa comisión para la reparación de las víctimas del franquismo. Las conclusiones deberían formar parte de ese
compromiso que el Gobierno debía presentar. Lo cierto es que la comisión interministerial se ha creado, pero las conclusiones no han llegado; todos los plazos han saltado por los aires. Por ello en el 20-N, en el 30º aniversario del dictador -que
lo era-, nuestro grupo parlamentario dijo que presentaba una proposición de ley porque entendíamos que no podíamos vivir con normalidad el 30º aniversario de la muerte del dictador sin tener unas políticas públicas para la recuperación de la
memoria, sin tener todo lo que tienen todos los Estados democráticos. Lo presentamos porque nos preocupaba y nos preocupa que el Gobierno tuviese dudas en torno a la oportunidad de esta ley, de esta o de la que el Gobierno decida presentar.
Si así fuera, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos -todos ellos
ideólogos de la derecha- cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo; o se podría dar rienda suelta a ese curioso revisionismo histórico que exculpa el levantamiento y que lo explica como hijo de una época convulsa y
conflictiva y no como lo que fue: el levantamiento fue un golpe de estado contra el Gobierno legítimo y democrático.
Este Gobierno tiene un compromiso, que es esa propuesta que tenía que llegar. La proposición de ley es, ante todo, una llamada de atención. El problema, señores diputados, señoras diputadas, no está en la dificultad de la ley sino en la
voluntad política de que la ley sea una realidad. Es hora de que el Partido Socialista y el Gobierno se comprometan. Por eso hemos presentado esta proposición de ley. Una proposición de ley que para nosotros es importante, significa la
recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática. Es nuestra tarjeta de presentación, es como entendemos nosotros que tiene que ser esa política por la recuperación de la memoria y quiero dar las gracias a las gentes que la han
hecho posible. Nuestra proposición de ley es posible gracias a Carlos Jimenez Villarejo, a Merche García Arán, a historiadores, a documentalistas, a mi amigo Joan Serra, que ha trabajado de forma infatigable, así como al trabajo de Jaume Bosch y al
Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Es una proposición de ley que, sobre todo, demuestra una cosa: que es posible presentar una buena ley y que el problema de que no se presente es solo de falta de voluntad
política.
¿Qué creemos? Que son prioritarios cuatro objetivos: impulsar una política pública que promueva la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática; constituir el instituto de la memoria y la cultura democrática;
desarrollar los programas de fomento y recuperación de la misma memoria y, por último, promover la declaración de nulidad de las resoluciones y las sentencias que se dictaron durante el franquismo.
Fíjense que el impulso de la política pública para
la promoción de la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática significa que las finalidades básicas serían algo tan sencillo como preservar y reconocer la memoria de los miles de hombres y mujeres que sufrieron daño por la
defensa del legítimo régimen republicano; divulgar que la democracia actual no hubiese sido posible sin la aportación del antifranquismo; crear una red informatizada que permita al ciudadano disponer de información completa sobre la ubicación de
la información referente a las personas represaliadas por el franquismo o, por ejemplo, el acceso, la conservación y la actualización de los registros y archivos. Hemos de decir que este primer elemento de la ley no solo tiene que ir dirigido
precisamente a aquellos que sufrieron cárcel y persecución, que se les tiene que damnificar, como no se ha hecho, por supuesto que sí. Sobre todo estas políticas públicas tienen que ir dirigidas a las personas más jóvenes que no conocieron el
franquismo, porque precisamente para sacar lecciones históricas y democráticas deben saber lo que sucedió.
Segundo objetivo: constituir una arquitectura gubernamental que permita el desarrollo de estas políticas públicas; constituir, por tanto, el instituto de la memoria y la cultura democrática. Para ejercer y promover los mencionados
programas se requieren precisamente esos objetivos, y nosotros planteamos algo que ya funciona en diferentes comunidades autónomas. Les voy a poner un ejemplo, el Instituto de la Memoria Democrática que se da en el programa del Memorial Democràtic
del Govern de la Generalitat. Este es un buen ejemplo de aquello que no se ha hecho en más de un cuarto de siglo de democracia.
Tercer elemento: desarrollar los programas de fomento y recuperación. Por ejemplo, realizar un censo completo de los vestigios de la dictadura que se dé a conocer públicamente. Definir los criterios de señalización de los espacios
emblemáticos de la represión franquista y de la oposición antifranquista. Plantear una actuación inmediata a medio plazo en el Valle de los Caídos, dado su alto contenido simbólico incompatible con nuestra cultura democrática. Esta claro que
deberíamos remover la simbología que lo que hace hoy, en el año 2006, en un espacio que es patrimonio nacional...(El señor Aragonés Mendiguchía hace signos con la mano.) Un diputado del PP hace algo así como un signo de locura; seguramente lo que
les propongo les parece una locura, pero ¿saben cuál es el problema? Señor Aragonés, ¿sabe cuál es el problema? Que lo que es una locura es que hoy, en un espacio que es patrimonio nacional, haya gente que vaya a hacer apología del franquismo. En
ningún país democrático de Europa se permitiría, no se permitiría que en Mauthausen hubiese gente que fuese a hacer apología del fascismo. En este país pasa.
Usted hacía así, como un signo de locura, a nuestra propuesta. ¿Saben lo que es una
locura? Que hoy se permita eso. Por eso, hoy precisamente creemos que el Gobierno tiene que revisar las políticas públicas y hacer del Valle de los Caídos el centro del memorial de la libertad, hacer que allí esté la sede del instituto de la
memoria democrática, que exista un museo de la represión, que hagamos como hacen en Buenos Aires en los cuarteles de la ESMA, que hagamos como hacen en Mauthausen, en Auswitch, como hacen en todos los espacios de recuperación de la memoria, y lo que
es una locura es que 25 años después aún no se haya hecho. Es más, entendemos que se deberían promover medidas para que, de forma conveniada con los familiares, con los herederos de Franco y de Primo de Rivera, se trasladasen los restos mortales a
los panteones familiares y no estuviesen precisamente esos restos mortales en el patrimonio nacional.
Cuarto elemento -y acabo, señor presidente, porque hay muchos más que me gustaría destacar-: es fundamental promover la declaración de nulidad de las resoluciones y de las sentencias que se dictaron durante el franquismo. En los artículos
17 y 18 planteamos precisamente la nulidad de los consejos de guerra, de los
consejos de guerra con procedimientos sumarísimos que se dictaron entre 1936 y 1975 y la nulidad de pleno derecho de las resoluciones, cualquiera que fuese su denominación, dictadas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería
y el Comunismo y por los organismos comisionados por el mismo. El fundamento jurídico es sólido, muy sólido.
Lo ha propuesto en este caso el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que plantea que en los procesos militares hay
argumentos lo suficientemente sólidos para sostener su radical nulidad formal y que en los procesos de los tribunales especiales no militares estos argumentos también se dan. Les recomiendo en este caso que se lean la exposición de motivos de la
proposición de ley; exposición de motivos excelente y que además da argumentos jurídicos sólidos para explicar que, por ejemplo, la generalización y la imposición de la jurisdicción militar infringió todas y cada de las reglas orgánicas y
procesales entonces vigentes, o que los tribunales para la represión de la masonería y el comunismo no se ajustaban precisamente a derecho. Argumentos sólidos existen y ruego que SS.SS. la lean.
Por último, establecemos diferentes disposiciones adicionales: una relativa a la restitución y la compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados; una disposición adicional cuarta sobre el régimen de subvenciones
que garantice que estas se dan a entidades privadas o sin ánimo de lucro, excluyendo que dichas subvenciones promuevan actividades relacionadas con el fascismo, el nazismo o el franquismo; una disposición adicional sobre el delito de apología del
franquismo pidiendo al Consejo de Estado que elabore un dictamen sobre la memoria, o una disposición adicional quinta sobre el retorno de la documentación incautada.
Para terminar, señor presidente, para nosotros esta proposición de ley es importante -es nuestra tarjeta de presentación- y no podemos esperar más a que haya una buena ley. Como les decía, para nosotros es fundamental el compromiso del
Grupo Socialista de que esta ley se presente ya, en este periodo de sesiones, y a poder ser, en el mes de abril por el alto contenido simbólico que este mes tiene. (Rumores.) Sí, señorías, en el mes de abril porque llevamos muchos meses de retraso.
¿Qué es lo que no queremos? No queremos son propuestas equidistantes; no queremos propuestas que se identifiquen con aquel desfile militar en el que un miembro de la División Azul iba de la mano de un republicano. Esa no es nuestra ley. La ley
que queremos es una ley que dé instrumentos precisamente para la recuperación de la memoria. En definitiva, una ley que permita que este país tenga políticas públicas para la recuperación...
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe ir concluyendo, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente.
Ante tanta demora, lo único que pedimos en definitiva es que este Congreso no se quede de brazos cruzados, que este Gobierno no se quede de brazos cruzados y que, de una vez por todas, tengamos lo que no hemos tenido: memoria, buena
memoria, memoria demócrata, memoria republicana. El perdón es compatible con la recuperación de lo que fue la lucha contra el franquismo, y lo que tiene que hacer el país que ha vivido la dictadura más larga de toda Europa es desarrollar las
políticas activas para la recuperación de la memoria como están haciendo en el resto de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, pasamos a fijar posición. Desde el Grupo Parlamentario Mixto me dicen que quieren repartir el tiempo entre la señora Lasagabaster, el señor Labordeta y el señor Rodríguez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Yo también quiero hacer una breve intervención, sobre todo para dar la bienvenida al Congreso a tantas y tantas personas y asociaciones que llevan muchos años luchando y trabajando para que un acto de justicia pueda ver la luz en cuanto al
reconocimiento, el resarcimiento -aunque este no cabe nunca por completo- y la reparación social, moral y económica de todas las personas que han sufrido a lo largo de tantos años de dictadura. Casi diría que mi intervención se dirige a esas
personas y al esfuerzo que han realizado durante tantos años.
Querría plantear dos cuestiones de manera muy breve. En cuanto a la primera, el señor Atencia sabrá -porque hemos mantenido muchos debates, en algunos incluso hemos llegado a acuerdos transaccionales con iniciativas nuestras- que siempre
hemos dicho que nosotros no planteábamos este tipo de iniciativas para que fueran contra nadie -lo recodarán ustedes-; lo que queremos es que se realice un deber pendiente de la democracia. Una dictadura nunca es un régimen democrático. En una
dictadura hay personas que no pueden defender sus ideas y que son perseguidas por ello, y esto es una cuestión objetiva que no tiene que generar ningún tipo de problema a nadie. Lo que queremos es que esa situación, ese periodo absolutamente
inadmisible en la historia, tenga su negro sobre blanco en esta casa y en las consecuencias de todo ello.
Nadie se tiene que sentir ofendido porque un deber histórico que hasta ahora no se ha hecho por falta de voluntad o por falta de posibilidades
-no lo vamos a juzgar ahora, ya llegarán otros tiempos para juzgarlo- no se pueda demorar más.
Hay cuestiones muy básicas. En primer lugar, aquellas personas que esa situación de dictadura les supuso graves problemas, vulneración de derechos, ausencia de sus lugares, exilio, etcétera, tienen que tener derecho a poder ser reparadas y
reconocidas, y con eso tampoco alguien puede estar en contra. Es una cuestión de justicia. No va
en contra de nadie, sino que simplemente va a realizar un acto de justicia que esta Cámara merece y debe hacer con esas personas. En segundo lugar, recuperar la memoria que tampoco va contra nadie. En tercer lugar, que nunca vuelva a pasar
en el futuro. Vuelvo a decir, señorías, que es un acto de justicia, lleva mucho tiempo pendiente y nos hubiera gustado que la ley hubiera estado hoy aquí y como no está, vamos a votar a favor porque es lo único que podemos hacer. Hubiéramos rogado
al Gobierno que lo hubiera hecho mucho antes, no lo ha hecho, luego no nos queda más remedio para hacer ese acto de justicia que votar a favor de las dos iniciativas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Chunta Aragonesista va a votar a favor de las dos propuestas porque creemos que ha llegado el momento de la justicia para las gentes que sufrieron la represión. El señor Herrera ha dicho esta tarde una cosa que ha levantado un poco de
polvareda, que hubo muertos en los dos lados.
Efectivamente, hubo muertos violentos en los dos lados pero unos estuvieron colgados en las paredes de las iglesias durante 40 años y los otros tienen que esperar una carta de un soldado que participó
en un pelotón de fusilamiento en 1940 y que, arrepentido de esa tragedia que el vivió, denuncia dónde están enterrados esos restos. Esta es la historia fundamental de esta circunstancia que vivimos en España. Creo que ha llegado la hora. Han
desaparecido ya los caídos de un lado, de las paredes de las iglesias, pero todavía quedan muchos en las cunetas y sería conveniente que, por fin, no tuviéramos que buscar el testimonio del soldadito que estuvo en el pelotón de fusilamiento para
decir dónde están enterrados aquellos muertos.
Pertenezco a una generación que sufrimos mucho el caídos por Dios y por España y que cantamos el cara al sol en nuestros colegios, éramos aquella generación española que se llamaba los de la cáscara amarga. Me gustaría que en este país no
hubiera más gente de la cáscara amarga, que todos fuéramos españoles, que todos tuviéramos la dignidad de la democracia.
Como ha dicho el señor Herrera, en todos los países europeos donde hubo una represión, y en Argentina también, hay lugares de
la memoria histórica. Ha llegado la hora de una vez por todas de que reivindiquemos esa memoria histórica y que no tengamos que sacar a oscuras a los muertos que cayeron en las cunetas. Que salgan con la dignidad con la que cayeron, muchos de
ellos cayeron con una gran dignidad, defendiendo una España republicana, una España democrática y una España en libertad, frente a las grandes dictaduras que venían anunciándose por toda Europa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Señor Rodríguez, su turno.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Si el Gobierno no actúa es normal que los grupos parlamentarios tengan la iniciativa, ya que existió un compromiso de actuación en el periodo anterior que no fue cumplido. Debemos recordar que el Bloque Nacionalista Galego defendió en este
mismo Pleno una proposición no de ley el 1 de junio del año 2004 donde se instaba al Gobierno a tomar medidas en este aspecto. De allí salió un acuerdo que fue la realización de un informe con el estatus, con la situación legal a todos los efectos
que tenían las víctimas del franquismo en toda su variedad y además se presentaría un proyecto de ley por parte del Gobierno que no acabamos de ver. Por eso, vamos a apoyar estas dos proposiciones de ley, entendiendo que es más exhaustiva, plural
y, desde el punto de vista nacionalista, coherente la del Grupo de Esquerra Republicana y que intentaremos en el proceso del debate completar, ya que tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de Galicia, en concreto la referencia a lugares
simbólicos fundamentales en la represión del franquismo y del alzamiento militar, en concreto la isla de San Simón en Pontevedra, el castillo de San Felipe en Ferrol o el arsenal militar. No debemos olvidar que está en Galicia el principal archivo
sobre las causas seguidas en procesos sumarísimos militares en contra de las personas adeptas al régimen legítimo de la República. Pero desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego pensamos que la memoria es clave y lo es por tres
factores fundamentales.
En primer lugar, porque se está haciendo una revisión del pasado histórico que intenta naturalizar el régimen franquista, incluso ensalzándolo en manuales de historia o en debates de carácter televisivo.
Pensamos que esto
está determinado por una situación internacional involutiva y también porque en el Estado español no se asumen plenamente los valores democráticos. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que nunca se dejó que los datos, los problemas, los
perseguidos de la época del fascismo fueran conocidos públicamente ni fueran recompensados y no fuésemos víctimas todas las familias de la censura, del silencio y del miedo. Por tanto, estamos montados sobre una capa de censura, silencio y
manipulación que hay que romper por el bien de todos. En tercer lugar, esta es una oportunidad para enfrentarnos con el pasado, un pasado que explica en cierta manera el presente y para prever y determinar un futuro donde la democracia, la
plurinacionalidad, la diversidad y la justicia social figuren como los valores fundamentales.
Para el Bloque Nacionalista Galego se pueden hacer todos los juicios que se quieran sobre el pasado, pero hay algo claro, algo indiscutible. En primer lugar, que hubo un alzamiento militar parafascista y así debe ser reconocido. Segundo,
que hubo una guerra entre los defensores de la legitimidad democrática y los defensores
de la brutalidad, de la fuerza contra el poder democrático establecido. En tercer lugar, que la República, aunque era un régimen republicano y no monárquico, estaba basada en algunas cuestiones que hoy son muy actuales.
En concreto, el
pluralismo político, el debate de cómo concebir la unidad de España y el problema del Estado plurinacional, que aún siguen siendo debates actuales. No hay más que revisar el pasado para ver hasta qué extremo el Estado español aún está enfeudado a
los miedos, tabúes y recelos que dieron lugar a esa etapa tan digna de ser tenida en cuenta como al mismo tiempo de ser recuperada, pero en el sentido de dignificar a todos los que fueron perseguidos y también a las personas que quedan vivas darles
las mínimas satisfacciones económicas a las que ya debieron haber tenido derecho hace muchos años. Por eso vamos a apoyar estas dos iniciativas parlamentarias y esperamos que sirvan de marco general apropiado para lo que van a hacer muchos
gobiernos autonómicos como el Gobierno de Galicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Vasco. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Este asunto de la memoria histórica es recurrente en esta casa, en el Congreso de los Diputados, a través de diferentes iniciativas provenientes de diferentes grupos. Lo único que puede significar esto es que cuanto antes debe arbitrarse
algo, debe tomarse una decisión, debe adoptarse una resolución en el ámbito legislativo que dé cabida a todas las inquietudes y solicitudes que ha habido y que están en el ánimo de la mayoría de esta Cámara. Urgimos al Gobierno, a pesar de que ha
rebasado con creces el límite temporal establecido por esta Cámara para el envío de un proyecto de ley sobre la materia, que lo haga cuanto antes porque creo que puede ser interesante, con independencia de que se aprueben o no las iniciativas que
hoy se han presentado para su discusión, con el fin de conseguir un texto que tenga el mayor consenso posible. No hay que extrañarse de que este asunto sea recurrente porque no es normal que en un país que ha sufrido una dictadura y que ha pasado a
ser un país democrático sigan manteniéndose en vigor las sentencias, tanto de los tribunales militares como de los tribunales de orden público y de otro tipo, en contra de los defensores de la libertad. No es normal que en las calles y en las
plazas de muchos de los pueblos de este país sigan estando vigentes los símbolos de la dictadura, los símbolos franquistas.
No es normal que muchos nombres de calles -no es algo aislado o localista, sino general en algunas zonas del Estado- sigan
siendo nombres de golpistas, de gentes que derrocaron el régimen democrático establecido. No es normal que haya tantos enterramientos desconocidos, o conocidos por muy pocos porque se hicieron en la oscuridad, de fusilados en cunetas o en paredes
de los cementerios. No es normal que en las iglesias del país siga existiendo una placa con los nombres de aquellos caídos por Dios y por España, como haciendo una distinción meridiana entre los buenos y los malos.
Es lógico también que sea una iniciativa recurrente porque tuvimos una transición en la que, como se señala en una de las iniciativas, no hubo comisiones de la verdad, no se destituyó a jueces, policías, etcétera, de su cargo, aun habiendo
estado implicados de manera muy intensa en la represión. En definitiva, no hubo ruptura y eso quiere decir que hay una continuidad jurídica del Estado y, por tanto, que hoy en día sí se pueden pedir responsabilidades al Estado actual, que sí puede
responder este de las tropelías causadas por el régimen anterior. Con eso no estamos diciendo que el Estado actual tenga nada que ver en su funcionamiento, en su ser, con el régimen franquista, lo que estamos diciendo es que no hubo una ruptura,
sino una transición, un continuo jurídico, una herencia del régimen anterior y, por tanto, creemos que es perfectamente posible desde el punto de vista jurídico que esas responsabilidades en materia económica y de otro tipo sean asumidas por el
Estado actual, porque, insisto, el Estado se reformó, no se refundó.
Nos puede gustar más o menos la redacción concreta de las propuestas realizadas por parte de los dos grupos políticos -Esquerra Republicana e Izquierda Unida-, desde luego en muchos puntos estamos de acuerdo, pero lo que queremos manifestar
es que todos los puntos que se han presentado son lo suficientemente razonables como para ser sometidos a discusión.
Además, merecen nuestro apoyo por el hecho de que pueden y deben ser considerados como un toque de atención al Gobierno y pueden
servir para impulsar al propio Gobierno a presentar esa iniciativa tantas veces anunciada incluso por el presidente. Este tipo de iniciativas abiertas, en el sentido de que caben enmiendas y cabe llegar a compromisos, siempre contarán con nuestro
apoyo. En concreto, hay algunos puntos que coinciden con reivindicaciones reiteradamente sostenidas por nuestro grupo, como es el caso, por ejemplo, del punto 6.1 de la proposición de Esquerra Republicana, en el que se señala que el Estado debe
proceder a restituir a la Generalitat y al Gobierno vasco honores y bienes que les fueron incautados por el franquismo. Nos hemos cansado de repetir -lo digo solo a modo de ejemplo- una y otra vez el caso de la sede del Gobierno vasco en París, en
la Avenida Marceau, ocupada en plena Guerra Mundial, que pasó de las autoridades nazis al Gobierno franquista y que hoy en día sigue estando en manos del Estado, en concreto convertida en sede del Instituto Cervantes. Es una reivindicación en la
que seguiremos insistiendo y agradecemos a Esquerra Republicana que en la redacción inicial del texto refleje este tipo de cuestiones. Igualmente ocurre en el artículo 13.1, en el que se afirma que serán restituidas a instituciones públicas,
entidades privadas o particulares, fondos documentales requisados durante la guerra o la dictadura franquista y actualmente conservados
en archivos u otras instituciones del Estado. Quiero señalarles que estamos especialmente dolidos por la -considero que es adecuada la palabra- desfachatez de la ministra de Cultura, que recientemente señaló que el Gobierno vasco no tiene
derecho a la devolución de los papeles de Salamanca porque su constitución fue realizada después del alzamiento franquista. Si el Gobierno español considera que la legalidad republicana fue finiquitada por el mero hecho del alzamiento franquista,
desde luego mal vamos. Ese no puede ser -espero- un punto de partida para buscar un consenso en la rehabilitación de la memoria franquista. La legalidad republicana se mantuvo durante bastantes años más y, desde luego, nadie puede negar que la
constitución del Gobierno vasco fue realizada en el marco de esta legalidad republicana, legalidad legítima. No podemos -como hizo la ministra de Cultura- dar legitimidad al régimen político de un levantamiento militar; la legitimidad era de la
República, y dentro de ese régimen legal fue creado el Gobierno vasco.
Nos alegramos también de que en el punto 18.1 se hable expresamente de la resistencia de las culturas catalana, gallega y vasca contra el franquismo. Porque lo que no se dice muy a menudo es que aquí hubo más de una guerra civil y que la
guerra civil fue vivida de manera muy diferente en unos lugares y en otros de la geografía del Estado. Muchas veces se quiere decir que aquí se luchaba genéricamente por las libertades democráticas, y es cierto en un sentido extenso, pero les
aseguro que en Euskadi -es el caso que más conozco- y en Cataluña no solo se luchaba por las libertades democráticas; en Euskadi también se luchaba por las libertades nacionales del pueblo vasco. Muchos dieron su vida en ese conflicto por las
libertades nacionales del pueblo vasco. Los gudaris vascos, el Gobierno vasco, leal a la República, luchaban por la libertad nacional vasca y por Euskadi. Evidentemente, hay muchas cosas que reparar, muchas cosas que recordar, a muchas personas
que honrar y dignificar. Privadamente se hace; lo intentamos hacer unos y otros en la medida de nuestras posibilidades. En el ámbito autonómico también se han hecho algunos intentos, e incluso es noticia que la semana que viene va a haber una
delegación del Senado que se va a sumar a los actos en el distrito federal de México en conmemoración del 60.º aniversario de la elección de Martínez Barrio como presidente en el exilio de la República, por cierto, a instancia de los presidentes
vasco y catalán, Aguirre e Irla. Estos son también gestos por parte de las Cortes. Nuestro grupo considera que ya es hora de que el Estado a través de una ley haga gestos en este sentido. Para terminar, como ya he dicho, votaremos a favor de las
dos iniciativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estaban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante estas dos proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, quiero manifestar el alto interés que siempre ha tenido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para afrontar la necesaria actualización y afloramiento de
la memoria histórica. Hay una prueba irrefutable de este interés. Hace un año el Pleno de este Congreso discutía y votaba -no llegó a adoptar- una proposición de ley de Convergència i Unió, la primera de esta legislatura, sobre el tema que hoy
estamos discutiendo. Hace un año Convergència i Unió hizo también una aportación para la necesaria actualización y puesta al día de lo que hoy estamos discutiendo; hubo discusión posterior a algunas proposiciones no de ley que llevaron a un
compromiso del Gobierno, un compromiso que se ha incumplido, un compromiso que en aquel momento nos llevó a retirar nuestra proposición de ley, porque el señor Jáuregui se comprometió desde esta tribuna a que el Gobierno presentara un proyecto de
ley antes del mes de junio del año 2005. Es mejor decir las cosas por su nombre y frontalmente: ha habido un incumplimiento desde hace meses de aquel compromiso. Ahora estamos en la mitad de la legislatura y además de la aportación de
Convergència i Unió nos encontramos con la aportación de otros grupos parlamentarios, y en la mitad de esta legislatura especialmente crispada creemos que es el momento que de forma urgente, absolutamente urgente, el Gobierno tome el liderazgo, el
Gobierno se plantee una vocación de consenso y lo forje entre los distintos grupos parlamentarios interesados en avanzar hacia la búsqueda de la verdad histórica y de su actualización.
Esta tarde en este Congreso de los Diputados hemos sentido desde los bancos de una parte de esta Cámara una frase: el odio es la caverna de los débiles. Esta tarde en este Congreso de los Diputados una vez más parece que se respira el
ambiente de la crispación, de algunas falsedades y de algunos fantasmas sobre la unidad de España en la evolución democrática. Pues bien, ahora, a diferencia de hace un año cuando presentamos nuestra proposición de ley, es urgente que este tema lo
afronte el Gobierno desde la unidad para resolverlo bien, porque la guerra civil y el franquismo supuso una ruptura civil emocional e institucional, una violación de la lengua, de la cultura y de las identidades. Para nosotros, como partido
nacionalista catalán, una buena resolución de todo esto supone una buena resolución del signo catalán que tuvo, porque Cataluña como pueblo y sus instituciones fueron derrotadas y aniquiladas. Se requiere en estos momentos una resolución por
consenso y no solamente por la aportación más que respetable de dos grupos parlamentarios.
Señorías, llevamos 30 años diciendo que la transición fue un acto de amnesia selectiva para hacer posible el avance hacia la democracia. Lo dijimos en el momento de la transición, lo dijimos hace un año en la presentación de nuestra
proposición de ley, pero después de 30 años debemos hacer aflorar verdades que quedaron a medias, verdades todas ellas que debemos poder afrontar con serenidad y con sinceridad, con una serenidad y una sinceridad que no preside precisamente el
ambiente político de esta legislatura por algunos sectores y algún grupo político.
Si me permiten, después de 30 años también podemos decir algo más. Debe aflorar la verdad para la recuperación de la memoria histórica que debe servir para observar
todas las contradicciones y todas las desgracias de la guerra civil y el franquismo. Sí, este proyecto de ley urgente que debe presentar el Gobierno también debe servir para aflorar todas las contradicciones y todas las desgracias que supuso la
guerra civil y el franquismo. Nuestro grupo parlamentario, que para nada es partidario de las posiciones revisionistas que en estos momentos se plantean, tiene las cosas claras respecto a lo que supuso un golpe de Estado contra la legitimidad
evidente de la República. Nuestro grupo parlamentario está integrado por dos partidos, uno de ellos Unió Democrática de Catalunya, presente en las Cortes de la II República, leal a la II República y con un parlamentario (Carrasco i Formiguera)
asesinado por su lealtad a la República y a la vez por la lealtad a sus ideales democratacristianos, y esto ilustra lo que les decía, lo que supusieron las desgracias y las contradicciones colectivas de la guerra civil. Este partido, Unió
Democrática y Convergència Democrática, nacido precisamente de la oposición al franquismo, nacido desde el antifranquismo desea que se resuelva, y que se resuelva bien, esta situación y que se afronte la totalidad del drama y de la desgracia
-alguien dirá sobre este delicado tema; no-. Sobre este tema crucial en la historia de España del siglo XX que se debe afrontar, que se debe actualizar, que debe aflorar la verdad y que se debe superar parte de aquella amnesia colectiva en la cual
hemos vivido durante estos años, se debe decir que en estos últimos años se han hecho aproximaciones a esta realidad desde visiones bastante parciales.
Debemos afrontar esta actualización desde la verdad, pero también desde la generosidad y a la
vez, señorías -este es al menos el punto de vista de mi grupo parlamentario-, no invalidando ni el recorrido ni el trabajo hecho hasta ahora.
La exposición de motivos de la proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya, si me permiten una muy breve cita, en un momento determinado dice: Ni la muerte del general Franco el 20 de noviembre del año 1975 ni el periodo de la
transición significaron una auténtica reconciliación después de la larga dictadura militar. Nosotros, señorías, somos partidarios de la puesta al día, de la afloración de la verdad que aún no se ha afrontado, pero a la vez pensamos que en aquel
momento se dieron unas condiciones, no sé si suficientes, seguramente mínimas, seguramente en la línea de aquella amnesia colectiva, selectiva desde los distintos sectores políticos y sociales, pero se tiene que hacer un reconocimiento de la
reconciliación en aquel momento y se tiene que expresar también una voluntad evidente de dar un paso adelante. ¿Qué paso adelante? He hecho referencia a ello. Nuestra propuesta, que puede servir y que nos gustaría que sirviera también para este
necesario debate es la proposición de ley que presentamos hace un año ante este Pleno y que fue retirada antes de su votación ante el compromiso del grupo de la mayoría y del señor Jáuregui de la presentación de un proyecto de ley por el Gobierno.
Pues bien, si hace un año considerábamos necesario que el liderazgo y el consenso en esta materia fuera forjado por el Gobierno, más lo consideramos hoy. Por esto quiero terminar exponiendo cuatro condiciones para la fijación de nuestro voto. En
primer lugar, la confianza en que se expondrá por el grupo de la mayoría la voluntad, esta vez sí y sin más dilaciones, de la presentación de un proyecto de ley de recuperación de la memoria histórica que recupere los elementos presentados por los
distintos grupos parlamentarios y también los elementos de nuestra proposición de ley de hace un año. En segundo lugar, hoy más que nunca necesitamos del liderazgo y del impulso del Gobierno ante este momento de crispación y de revisionismo en
algunos aspectos, pero también, como les decía, de aproximación parcial a una situación altamente compleja. En tercer lugar, esperamos ser consultados por el grupo de la mayoría y del Gobierno sobre la presentación final de este proyecto de ley.
En cuarto y último lugar, esperamos que durante este periodo de sesiones se presente este proyecto de ley.
Señor presidente, señorías, termino. Ramón Trias Fargas, nacionalista catalán exiliado que fue diputado en el periodo constituyente en estas Cortes, que fue consejero del Gobierno de la Generalitat y que fue senador, en lo que podemos
definir como su testamento político, en la pieza oratoria seguramente más importante de su trayectoria política dejó escrito para las nuevas generaciones: Tened la generosidad del que merece la victoria. Es evidente que hay una verdad que merece
la victoria y que hoy, 30 años después, esta victoria debe aflorar.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, le ruego que termine.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, termino ahora mismo, simplemente diciendo que esta verdad que debe aflorar desde la generosidad debe hacerlo como hace 30 años, y ahora mejor que entonces, desde la serenidad y desde el sentido
común.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, si me permite, señor presidente, me gustaría solicitar la retirada del 'Diario de Sesiones' de la referencia al presidente Aznar que se ha hecho por un diputado de esta Cámara mencionándolo como
caudillo, expresión que en el contexto del debate que celebramos no solo es peyorativa, sino manifiesta y claramente ofensiva para un presidente democrático de este país y un miembro durante muchos años de esta Cámara. Por tanto, señor presidente,
le solicitaría que después lo reconsiderara. (Aplausos.)
Las iniciativas que hoy se someten a nuestra consideración en el fondo coinciden con la iniciativa legislativa que hace dos semanas discutíamos en esta misma Cámara; son diferentes en su contenido, pero coincidentes en el fondo, por tanto
me bastaría reiterar los argumentos que en su momento esgrimí para fijar la posición de nuestro grupo, contraria a esa iniciativa, o simplemente me podría remitir a ese debate. En cualquier caso, antes de entrar en el fondo del asunto me gustaría
recordar por qué estamos aquí hoy y por qué se debate esta iniciativa. Se debate por dos razones concretas: en primer lugar, porque el Gobierno no ha mandado el proyecto de ley a que se había comprometido con el conjunto de la Cámara y
especialmente con algunos grupos y, en segundo lugar, porque tampoco ha mandado el estudio que el pasado mes de junio de 2004 tenía el compromiso de enviar como consecuencia de un mandato parlamentario. Pero hay una tercera razón, y es que algunos
grupos siguen empeñados en su estrategia de suplantación de la historia de España y en un revisionismo, especialmente de nuestra transición política; aquellos a los que no les gusta la transición quieren que todos comulguemos con su posición y
rectifiquemos las nuestras y parezca que tenemos que pedir perdón por haber hecho una transición política ejemplar que nos permite tener en este momento la democracia consolidada que tenemos y por haber tenido los mejores años de progreso económico,
social y político que ha tenido España en su historia.
Nos encontramos básicamente con unas iniciativas sesgadas, que tratan de segar una tierra que no debiera tocarse. Los términos en que están planteadas y en los que se han defendido no coinciden en nada; nada tienen que ver con el espíritu
y la letra de aquel acuerdo unánime que alcanzamos el 20 de noviembre de 2002 y que en otros momentos ha sido utilizado por alguna de SS.SS. como antecedente de la iniciativa que plantean en esta Cámara; y nada tienen que ver con el espíritu con
el que se abordó la transición política y especialmente con el que se alcanzó el pacto constitucional. Por tanto, este grupo es coherente con sus decisiones, con sus hechos y con sus votaciones, y el 20 de noviembre de 2002 se acordó cerrar un
debate político, culminar un conjunto de iniciativas y trasladar a los historiadores cuestiones que están en nuestra historia; se acordó que todos, unidos en la libertad, en la Constitución y en la democracia, decidíamos alejar del debate político
de una vez y para siempre la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco. Por tanto, no hace falta que yo recuerde más, simplemente es oportuno remitirnos a las intervenciones que aquel día se produjeron en la Comisión Constitucional, y
especialmente, por no citarme, las del señor López Garrido en nombre del Grupo Socialista y del señor López de Lerma en nombre de Convergència i Unió.
Señorías, el pacto constitucional -ahí está la gran cuestión, la clave del proceso político y la clave de la posición del Grupo Popular- significó un pacto de reconciliación sin reconciliación. Frente a los que pretenden negarlo, lo es,
aunque algunos grupos lo quieran negar en la exposición de motivos. Además fue un pacto de convivencia y libertad y no supuso dar la espalda a la historia, sino aprender de los errores del pasado para huir de su repetición. Por tanto, nada de
amnesia en relación con nuestra historia; precisamente los constituyentes, los que intervinieron en el pacto constitucional tuvieron muy presente el pasado para no cometer los errores que se habían cometido en los años treinta del siglo XX.
Señorías, no nos engañemos; aquí se proponen simple y llanamente dos cosas: por una parte, revisar el proceso político de la transición democrática y, por otra, liquidar el pacto constitucional que entre todos alcanzamos. Pues bien, ni para lo
uno ni para lo otro cuenten con el Grupo Parlamentario Popular, para eso no cuenten SS.SS. con nosotros. Con la excusa de la mal llamada memoria histórica, se pretende revisar nuestra historia, se pretende construir una nueva verdad oficial, se
pretende decretar desde los poderes públicos la historia oficial de España en vez de dejarla para los historiadores y se quiere construir por algunos, como en el franquismo, una nueva verdad histórica. Eso es lo que subyace en el fondo de las dos
iniciativas que hoy estamos debatiendo.
Señorías, conviene que recuerden que la tan usada y recurrente memoria histórica no es otra cosa que la utilización, si no la manipulación, de la historia con fines partidistas, y eso al Grupo Popular le
parece un tremendo y profundo error, pero no solo al Grupo Popular, sino que hay personas de todas las ideas políticas que lo han dicho por activa y por pasiva. El otro día ponía el ejemplo del testimonio de Nicolás Redondo Terreros, pero hay
muchos testimonios que dicen que es un profundo error pretender escarbar en el pasado, en la historia. Como decía antes, durante el proceso de nuestra transición no hubo amnesia, sino precisamente mucha memoria. Todo el mundo tuvo presente el
pasado reciente de España y en todos los actos de la transición hubo la voluntad de no caer en los errores que se habían cometido en los años treinta.
Señorías, las iniciativas de los grupos Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no permiten entrar en el fondo del asunto, pero en cualquier caso me gustaría plantear una serie de
cuestiones. Señor Herrera, con todo mi respeto, usted es catalán y le voy a hacer una pregunta
a efectos meramente dialécticos. ¿Qué hacemos con las víctimas de la represión en la España republicana, concretamente en Cataluña, durante el periodo de la guerra civil, que no eran del otro bando? ¿Qué hacemos con ellas, señor Herrera?
Aquí se habla de antifranquismo -el otro día tuve la oportunidad de hablar un poco de ello- y nadie discute que el Partido Comunista al que ustedes representan fue antifranquista, pero ¿está tan claro que luchara en todo momento por la democracia?
(El señor Aragonés Mendiguchía: No, no.) Es un asunto que se puede debatir en términos políticos en todo momento, pero en cualquier caso en el trasfondo de su iniciativa, y especialmente en la de Esquerra Republicana, se hace un esfuerzo de amnesia
parcial realmente curioso. Las iniciativas que se someten a nuestra consideración están llenas -no sé de qué otra forma calificarlas- de despropósitos, especialmente la de Esquerra Republicana, que algunos han dicho que la respaldan porque es más
prolífica. Pues precisamente el hecho de que sea más detallada hace que la iniciativa se aleje de la realidad, de la necesidad de la democracia española y del sentir de los ciudadanos. Solo voy a citar dos referentes. En el artículo 3.1 de la
iniciativa de Esquerra se habla de actividades antifranquistas, susceptibles de reconocimiento moral y jurídico y de una indemnización económica; se señala expresamente a las organizaciones armadas antifranquistas. Usted se refiere a ETA, aparte
de a otros grupos; pues están ustedes muy atinados, porque el hecho de ser antifranquistas no significa que no fueran terroristas, que no fueran unos delincuentes. Sus señorías quieren no solo que los reconozcamos moral y jurídicamente, sino que
encima les paguemos dinero. ¿Se puede permitir mayor escarnio? ¿Se puede causar un agravio más fuerte a las víctimas del terrorismo de ETA? Señorías, quítense la careta. (Aplausos.) Además en este iniciativa se quiere equiparar a los terroristas
de ETA y de otras organizaciones terroristas con los niños de la guerra; fue una iniciativa con el respaldo unánime de todos los grupos, fruto de un trabajo entre todos, de una visita que se hizo a Rusia, referente a los niños de la guerra. El
Grupo de Esquerra propone que equiparemos a los niños de la guerra (unos pobres niños que tuvieron que irse como consecuencia de la desgracia de la guerra civil y criarse fuera de su patria, a los que ahora reconocemos, que lo hicimos precisamente
en la iniciativa del 20 de noviembre de 2000 y de la que ha partido esa ley) con los terroristas, o con los asesinos. Para eso no cuenten con nosotros, y espero que tampoco, por sentido común, con la mayoría.
Además en la segunda propuesta, en la que S.S. habla de excentricidades -yo no me atrevería a llamarle excentricidad, me parece una cosa excesivamente suave, es mucho más grave, cuando literalmente hace referencia a ella en la exposición de
motivos-, y al final lo plantea en el propio texto de su ley, hace una petición de perdón personificada en Su Majestad el Rey. Nuestra posición aquí es clara. Espero que el grupo de la mayoría, que sostiene a un Gobierno que entre otras cosas
tiene que defender las instituciones del Estado, haga la defensa que le corresponde hacer aquí. Para eso por supuesto no cuente usted con nosotros.
Señorías -con esto termino-, señor presidente, el Grupo Popular, como es obvio, natural y coherente, votará que no a esta proposición, y lo haremos no por razones de forma o de oportunidad. Lo haremos ahora y en todo momento por razones de
fondo, porque nos parece un tremendo error el debate y la iniciativa que se plantea; porque estamos claramente, entonces y ahora, por el pacto constitucional; porque además nos sentimos muy orgullosos de nuestra ejemplar transición democrática; y
porque no estamos ni por el revisionismo histórico, ni por revisar la transición, ni por reescribir la historia, y nuestra posición por cierto coincide absolutamente con el sentir muy mayoritario de la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.
Por el Grupo Socialista, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señoras y señores diputados, bienvenidos invitados de la recuperación de la memoria histórica.
Hace solo unas horas charlaba con un productor cinematográfico español, se llama Elías Querejeta, ustedes le conocen. Él está preparando una película sobre la guerra civil española y me decía que cada vez que ve las imágenes del documental
que trata para hacer este film se queda más impresionado por la enorme dureza de las imágenes de todo lo que fue la guerra y la represión posterior. Estamos hablando, efectivamente, de una herida que sigue presente en la piel de España, y no puede
ser para menos porque tres años de guerra, más de un millón de muertos, hermanos contra hermanos, guerra que cabe calificar de ideológica o de territorios, o de religión, de todo, represión posterior, dictadura, cuarenta años de opresión a las
personas, a los pueblos, a los derechos y a la libertad en suma, pesan sobre la piel de España, como una herida que sí queremos cerrar y que hemos cerrado, pero que ha dejado una cicatriz y que está presente en nuestra piel. Hay una actitud
política frente a esta realidad que en gran parte ha expresado la última parte de la intervención del señor Atencia y que, con todo respeto, querría rebatirla.
No cabe enfocar este hecho absolutamente dramático de nuestra historia bajo el criterio de que aquello ya pasó, de que todos sufrimos, o que la culpa fue de todos, o que el pacto constitucional cerró esa página de nuestra historia, porque
eso no es verdad. Por cierto, si hablamos de revisionismo histórico yo tengo que denunciar aquí la aparición cada vez más rampante de una versión que trata de culpar a la República de la guerra. Yo tengo que decir, señoras y señores diputados, en
nombre del Grupo Socialista, que esa sí que es una manipulación histórica impresentable e intolerable, y que se parece mucho a ese
revisionismo histórico con el que determinados fundamentalismos, bien de extrema derecha, o bien, por ejemplo, islámicos, en este momento pretenden cuestionar la realidad del holocausto contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial.
Aquello es tanta manipulación histórica y tanto revisionismo histórico falso y manipulador como esta pretensión de culpar a la República de nuestra guerra civil. Por eso no es superfluo en este 70 aniversario que celebramos en este año en esta
Cámara y en esta ocasión proclamar, primero, que en España hubo una sublevación militar contra la democracia y contra el pueblo hace 70 años. Esa sublevación fue ilegal e ilegítima y provocó una guerra civil horrible. (Rumores.) Por favor, no
hagan burla con estas manifestaciones, porque no merecen burla, señores diputados del Grupo Popular. El ejército ganador de esa guerra instauró un régimen de represión cruel contra los perdedores de la guerra (Rumores.): exilio, fusilamiento,
cárceles, campos de concentración, etcétera. La dictadura instaurada con la victoria militar duró 40 años, hasta que murió Franco y fue posible la transición a la democracia.
Quienes ganaron la guerra, honraron a sus muertos, compensaron a sus
víctimas; quienes perdieron no pudieron hacerlo. Una parte del país se acomodó al régimen y otros lucharon para que acabase y volviese la democracia, entre otros los comunistas españoles, que también lo hicieron antes que muchos (Aplausos.), y
quien diga lo contrario de esta verdad histórica o insinúe o quiera sugerir lo contrario sencillamente es un mentiroso. (El señor Aragonés Mendiguchía: Yo digo lo contrario.-Rumores.) Estos son los hechos...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Jáuregui.
Señor Aragonés, le ruego que no inicie un diálogo desde las bancadas.
Simplemente escuchen cada uno los argumentos del otro, pero no inicien diálogo desde la bancada, se lo ruego, por favor.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señor presidente.
Esos son los hechos, señorías. Es cierto que hay otro hecho que es también verdad, y es que hicimos una transición a la democracia a través de un pacto de perdón (he dicho de perdón, no de olvido), a través de una reconciliación y de un
consenso político para transitar a la democracia.
Señorías, han pasado 30 años desde entonces, y poco a poco la democracia fue restañando muchas de esas heridas, compensando a muchas de las personas o de los colectivos que en el bando republicano
había sufrido: los que murieron en la guerra, los militares a los que se les reconoció su grado militar, los mutilados en la guerra, quienes sufrieron represión en cárceles o campos de concentración, los niños de la guerra, etcétera.
La primera
pregunta surge hoy en este debate. ¿Es que quedan deudas pendientes? ¿Es que la democracia española tiene todavía deudas con los supervivientes de la guerra y de la represión? La respuesta del PSOE es que sí y que quedan cosas por hacer. La
segunda pregunta que hay que hacerse es: ¿Debemos abrir, debemos abordar estas cuestiones? ¿Al hacerlo abrimos alguna herida que pueda resultar peligrosa para nuestra convivencia? Nuestra respuesta es que no abrimos nada, porque lo que estamos
haciendo es responder con la justicia a una demanda pendiente. En junio de 2004 este Parlamento se comprometió a ello. Quiero reconocer aquí que el Gobierno, a quien remitimos una petición de toda la Cámara, excepto del Grupo Popular -que no se
opuso, por cierto, señor Atencia, porque se abstuvo, y con eso dejó la puerta abierta a un consenso que yo quiero formalmente reclamar en esta materia-, en el mes de septiembre creó una comisión interministerial. El Gobierno está realizando un
trabajo que me atrevo a calificar de minucioso e ingente, porque ha habido que hacer muchas consultas con muchas asociaciones, con muchos expertos, con muchos ministerios, para hacer un informe que el Gobierno debe a esta Cámara. La tercera
pregunta que surgía era precisamente si esta respuesta a estas deudas pendientes tenemos que hacerla unos contra otros o todos juntos; esta es la cuestión. La respuesta de nuestro grupo es que esto hay que hacerlo entre todos, no unos partidos
respecto de otros (Aplausos.), sino toda la Cámara, todos los partidos políticos de este país, todo el arco parlamentario unido para dar justicia a una demanda justa.
El Gobierno -quiero decirlo aquí- no ha cumplido sus compromisos. Tengo que reconocerlo porque es la verdad, pero tienen que comprender también que ha habido, como he dicho antes, una tarea inmensa, un recorrido y un trabajo ingente y
minucioso de multitud de encuentros, de atención a multitud de reivindicaciones personales y colectivas. El Gobierno prepara un informe que traerá a esta Cámara y que incorporará derechos económicos y compensaciones a colectivos afectados,
exhumaciones de restos humanos ocultos, recuperación de la dignidad de quienes sufrieron penas y sanciones dictadas sin justicia y sin una garantía penal mínima, y acceso documental a distintos archivos. El presidente del Gobierno anunció el pasado
día 10 de febrero un paquete de 28 leyes que llegarán a este Congreso en este periodo de sesiones y, entre ellas, estará esta.
Para finalizar mi intervención, señorías, les anuncio que el Gobierno va a cumplir su compromiso, y se lo digo a todos los grupos para que tomen su decisión respecto a la toma en consideración de esas proposiciones de ley a la vista de este
compromiso que, formalmente y mucho más que yo, ha asumido el presidente del Gobierno. Habrá informe del Gobierno, habrá ponencia y habrá ley de memoria histórica en este país. (Aplausos.) Los habrá, pero vamos a hacerlo bien, señorías, vamos a
hacerlo entre todos.
Señor Tardá, no es justo que si yo le pedí hace poco menos de un año a Convergència i Unió que retirara su proyecto de ley -que lo tenía- sobre esta materia, a la espera del informe del Gobierno, hoy tenga que pedirle que vote
su propuesta cuando sigue a la espera del proyecto del Gobierno.
Es elemental hacer
esa espera, porque este proyecto de ley hay que hacerlo por consenso, repito, no con el protagonismo de unos partidos sobre otros, no de unos partidos contra otros, sino entre todos. Proclamo solemnemente la voluntad del Partido Socialista
de que sea posible un consenso, inclusive de que el informe del Gobierno se convierta en una proposición de ley unánime de esta Cámara para poder compensar a las víctimas de la dictadura y recuperar la memoria histórica.
Termino, señorías. Habrá informe del Gobierno, y lo haremos de manera que no haya heridas ni afanes vengativos, sin sectarismos ni partidismos, sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española ni quiere ni admite hoy:
lo haremos con una mirada franca y abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas; lo haremos porque estamos convencidos de que la recuperación consensuada de nuestra memoria histórica nos hace más fuertes en los
fundamentos de nuestra democracia, porque el conocimiento de los hechos y el reconocimiento del pasado no ofende, sino que hace grande la verdad. La historia, señorías, no daña a los pueblos; los corrige y los ayuda a evitar repetir errores.
Las
heridas curan con la verdad y con la justicia y no con el ocultamiento y con el olvido. Habrá ley de memoria histórica, señorías, porque la van a impulsar el Gobierno y el Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, conforme al artículo 20.1 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Amparo Ferrando Sendra, en sustitución de don Íñigo Herrera
Martínez de Campos, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora FERRANDO SENDRA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Doña María Amparo Ferrando Sendra ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. (Número de expediente 122/000031.) (Votaciones.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, seis; en contra, 292; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA Y ANTIFASCINSTA. (Número de expediente 122/000178) (Votaciones.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la memoria histórica republicana y antifascista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 23; en contra, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y FOMENTO DE LA MEMORIA Y CULTURA DEMOCRÁTICAS. (Número de expediente 122/000177.) (Votaciones.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democrática.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 23; en contra, 291; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS JUBILACIONES ANTICIPADAAS AL CUMPLIR LOS 65 AÑOS. (Número de expediente 162/000250.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actualización de la cuantía de las jubilaciones anticipadas al cumplir los 65 años. Para la defensa de la
proposición no de ley, tiene la palabra, por un tiempo de siete minutos, el señor Olabarría. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, vamos a continuar con la sesión plenaria. Rogaría a quienes deseen abandonar el hemiciclo que lo hicieran con rapidez y en silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, les
ruego que salgan en silencio y con rapidez, si así lo desean, para poder continuar con la sesión plenaria y darle la palabra al señor Olabarría para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene la palabra, señor Olabarría. Si tuviera que interrumpirle, pararé el tiempo y volveré a solicitar silencio.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario presenta una proposición no de ley relevante, en nuestra opinión, sobre todo porque pretende remover...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor diputado.
Señorías, por favor. Hay un diputado tratando de defender una proposición no de ley. Les ruego que guarden silencio o bien que salgan de la sala si no desean mantener silencio.
Puede continuar, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Como decía, mi grupo presenta una proposición no de ley que pretende remover una injusticia histórica que afecta a un importante colectivo de personas que ha sido objeto de preterición de derechos fundamentales y esenciales al margen de su
voluntad, particularmente el derecho al trabajo y a una cuantía determinada o predeterminada de pensión, por actos de disposición en relación con los cuales ellos no han prestado ningún tipo de consentimiento. Afortunadamente, nos acompañan, señora
presidenta. Me parece menos relevante que haya pocos diputados y más relevante que haya bastantes prejubilados en la tribuna de invitados, porque la iniciativa que presentamos amerita esta segunda presencia y le da menos relieve a la primera.
Quiero agradecer la presencia de los prejubilados que nos acompañan hoy y que representan a asociaciones de distintas nacionalidades o naciones del Estado español, y deseo agradecerla particularmente por lo que supone de aliento y de apoyo
espiritual y anímico a la iniciativa que presenta mi grupo, y quiero agradecerla porque se incardina en la necesidad o en la legitimidad que cualquier colectivo afecto o preterido o vulnerado en sus derechos tiene a conocer las posiciones y los
compromisos políticos que todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara van a adoptar en relación con su problemática. Esto es lo que nosotros pretendemos que configure este debate: qué compromisos y qué soluciones políticas se van a
asumir en la Cámara donde reside, por representación, la soberanía del Estado español; qué compromisos están dispuestos a asumir los grupos parlamentarios -sobre todo, el grupo mayoritario en esta Cámara y que sustenta la acción gubernamental- en
relación con la problemática de las personas que se vieron sujetas a expedientes de prejubilación, quebrantando los recursos económicos que sirven para sustentar sus necesidades vitales en este momento.
Quiero empezar el homenaje a los prejubilados presentes hoy aquí leyendo una parte de un soneto de Federico García Lorca, Soneto de la dulce queja, de un tenor muy ilustrativo sobre el problema que estamos tratando en esta proposición no de
ley. Dice García Lorca, con el lirismo profundo que imprime a sus poemas: No me dejes perder lo que he ganado -hace referencia inequívocamente a lo que han ganado las personas que han estado cotizando a la Seguridad Social y trabajando desde años
muy tempranos de su vida, cotizando más de 35, más de 40 y hasta más de 42 años en ocasiones- y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. El otoño enajenado es una reflexión alegórica o simbólica que cualquiera puede comprender:
hace referencia a personas que, en nuestra opinión, ya tienen cierta edad, y cuyas prestaciones económicas, en el otoño de su vida, han sido quebrantadas injusta, ilegítima e ilegalmente.
Ese es el fundamento un poco lírico que queríamos incorporar
a nuestras reflexiones. Pero hay un fundamento jurídico y un fundamento político a los que voy a dar la misma relevancia, no más ni menos que a la referencia lírica a Federico García Lorca.
Las personas que en este momento están padeciendo situaciones de prejubilación, que son situaciones de quebranto de su pensión de jubilación, son personas que han sido sometidas, en ocasiones por un partido de izquierdas como el Partido
Socialista y en otras por un partido conservador como el Partido Popular, a actos de disposición que el ministro Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno socialista en la actualidad, consideraba que no forman parte de la biología
ideológica de su partido. Sin embargo, este fenotipo ideológico, esta biología consistente, según el señor Caldera, ministro de Trabajo, en una actitud proactiva a
remover las desigualdades, no lo podemos comprender en relación con la problemática de los prejubilados. La actitud del Partido Socialista no ha sido clara, ha sido oscura, irrelevante e inactiva en relación con la problemática de los
prejubilados, y queremos hacer una apelación a este pretendido fenotipo ideológico del Partido Socialista autoproclamado por el señor Caldera para que se acometa la situación de los prejubilados; situación que se concreta en los siguientes
problemas, señora presidenta.
En primer lugar, los prejubilados han sido objeto de actos de disposición a los que no han prestado su consentimiento. Primer problema. Los prejubilados lo son o porque han sido objeto de prejubilaciones o porque sus
prejubilaciones dimanan de expedientes de regulación de empleo no negociadas por ellos ni asumidas por ellos, a las que no han prestado su consentimiento expreso ni siquiera tácito, sino realizadas, asumidas y negociadas por los denominados
interlocutores sociales: los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales más representativas sin contar con su voluntad y quebrantando sus derechos económicos, particularmente uno: el derecho a una cuantía determinada de
pensión de jubilación, la que corresponde conforme a los requerimientos del ordenamiento jurídico laboral. Su situación también dimana de otra situación al socaire de la ley de reconversión industrial. Muchas veces sus derechos también han sido
quebrantados o preteridos por planes de reindustrialización negociados entre los empresarios de sus empresas, las asociaciones empresariales y la propia Administración pública del Estado, sin contar con su consentimiento pero provocando un quebranto
económico importante en su pensión de jubilación. En otras ocasiones, su situación dimana de pretendidos despidos colectivos, previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, sin contar con su consentimiento, y podemos enunciar hasta
siete situaciones que provocan un quebranto económico en relación con la pensión de jubilación de los prejubilados que no han sido objeto de consenso, de negociación ni de consentimiento por los afectados por el quebranto económico que padecen.
Además, se ha configurado para provocar este quebranto económico una situación que es extravagante y extraña al ordenamiento jurídico laboral, que es una situación que no es ni la de jubilación -aunque cobran parte de la pensión de jubilación-, ni
es la de desempleo -aunque cobran parte de la prestación por desempleo-, ni es la propia de un despido colectivo ni siquiera individual, porque la empresa sigue abonando parte de las retribuciones que les corresponden. Es una situación híbrida que
es difícil de identificar jurídicamente.
Esto provoca, entre otras cosas, que se vulnere la regulación constitucional con relación a la pensión de jubilación -acabo rápidamente señora presidenta-, que está configurada perfectamente en una sentencia del Tribunal Constitucional,
fruto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el extinto Tribunal Central de Trabajo, cuando la Ley de Presupuestos Generales para el año 1985 acomete por primera vez las que se denominan medidas anticúmulo en relación con la pensión
de jubilación. Estas medidas anticúmulo consisten en poner un tope a las pensiones máximas de jubilación, y cuando el Tribunal Central de Trabajo recurrió este tope máximo, la configuración constitucional de la pensión de jubilación y del sistema
de pensiones consistió en lo siguiente: En primer lugar, la pensión de jubilación constituye una manifestación específica del derecho de propiedad privada consagrado por el artículo 33 de la Constitución. El derecho de propiedad privada no puede
ser objeto de quebrantamiento alguno, y una manifestación específica del derecho de propiedad privada es el derecho a una cuantía determinada de jubilación más que por un expediente de expropiación con los procedimientos legales previstos para la
expropiación por justa causa o causa de interés legítimo o legal y con la correspondiente indemnización.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.
Estas personas no solo han sido objeto de expropiación o de quebranto en sus derechos económicos -en este caso el derecho a una cuantía determinada de jubilación- sin causa de interés legal, sin causa legítima, sin justa causa, sino que,
además, no han sido objeto de indemnización a través del correspondiente expediente de expropiación, y han sido sujetos de algún quebrantamiento de sus pensiones de jubilación con la aplicación de los llamados coeficientes reductores, consistentes
en unos casos en una disminución del 8 por ciento por cada año de anticipación de la prejubilación o lo previsto en los expedientes de regulación de empleo por los interlocutores sociales. Luego esto contradice la Constitución en este aspecto, en
esa manifestación específica que de una pensión o una cuantía determinada de pensión establece como manifestación específica del derecho de propiedad y, en otros dos preceptos, la suficiencia de las pensiones consignada por el artículo 41 y el
artículo 50 de la Constitución, y la regresividad en cualquier alteración del sistema de acceso a las pensiones.
Por último -con esto ya acabo-, señora presidenta, esto contradice también normas comunitarias, el derecho comunitario. El Tratado de Amsterdam es el primer tratado comunitario que establece que el derecho a las pensiones de jubilación
suficientes es un derecho fundamental de cualquier ciudadano europeo por el hecho de ser ciudadano europeo, no por ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, y la Directiva 80, del año 1987, que garantiza la suficiencia de las pensiones
de los ciudadanos en situación de vejez.
Por último, quiero ...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pero que sea por último, señor Olabarría. Le ruego, por favor, que termine.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le prometo, señora presidenta, que estas son mis últimas palabras, y me dirijo concretamente al Grupo Socialista. Esto contradice lo prometido en el programa de la última campaña electoral del Partido Socialista
en el que decía que esta situación iba a ser objeto de corrección mediante la remoción de los coeficientes de reducción de las pensiones que afectan a la pensión de jubilación.
Esta reflexión, como he indicado, hace referencia directa a este partido.
Si empezamos a poner un tope a las pensiones máximas, si empezamos a pensar en incrementar los períodos de carencia para tener derecho al acceso a la pensión de
jubilación, si empezamos a pensar en retrasar la edad de jubilación, si empezamos a generalizar o relativizar preceptos constitucionales relativos a la pensión de jubilación de forma tan arbitraria e indiscriminada, no comprendo qué va a quedar del
Estado del bienestar o del Estado del bienestar que configura nuestra Constitución.
Y hay una pregunta que dirijo a la portavoz del Grupo Socialista, la señora López i Chamosa, quien, en los mismos términos en que lo estoy haciendo yo, interpeló al
partido que gobernaba anteriormente: ¿por qué tenemos que seguir castigando a 485.000 ciudadanos que no han hecho nada para merecer semejante castigo y semejante quebranto?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas. Comenzamos por don Ignacio Echániz puesto que la primera de las enmiendas presentadas pertenece al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, o retrasamos la edad de jubilación o el sistema de pensiones será insostenible. Esta aseveración es fruto del consenso entre catedráticos y expertos en Hacienda pública, en economía aplicada y en Seguridad Social, a la vez que de
diversas instancias internacionales, como la OCDE, en virtud de los nuevos datos demográficos. Porque, señorías, a pesar del superávit actual, el sistema de pensiones no resistirá si no se reforma el impacto del envejecimiento de la población.
Esta oportunidad social, este gran logro humano que significa vivir más, pero sobre todo vivir mejor, constituye una de las transformaciones sociales más importantes producidas en los últimos años, además de un reto complejo al que es absolutamente
necesario dar respuesta. El demoledor informe de los expertos comunitarios encargado por el Comité de Política Económica de la Unión Europea, que se debatió el pasado martes 14 de febrero en el Ecofin, duda ya de la viabilidad de los sistemas de
pensiones en seis países de los 25, y entre esos seis países está España, a la que augura un incremento del gasto provocado por la evolución demográfica que alcanzará el 7,1 del producto interior bruto nacional y anuncia que se reducirán a la mitad
las personas en activo por cada jubilado. Por tanto, es absolutamente necesario en este momento proceder a la reforma de nuestro sistema de pensiones, cuestión atascada desde hace demasiado tiempo ya en las mesas de diálogo con los interlocutores
sociales, en la medida en que hasta este momento únicamente la República Federal de Alemania, con su nueva coalición gubernamental, ha decidido elevar la edad de jubilación a 67 años a partir del año 2012 y el Reino Unido también ha encargado un
informe al respecto, pero este será sin duda un camino que deberán recorrer todos los países de la Unión Europea y de una forma muy especial el Reino de España, que de acuerdo con las proyecciones demográficas de Eurostat se convertirá antes de
mediados de siglo en el de mayor proporción de personas ancianas de la Unión, con un 35,6 por ciento de sus miembros, y en consecuencia en uno de los que tendrá que soportar un mayor incremento del gasto en pensiones, que podría pasar del 9,4 por
ciento actual del producto interior bruto a más del 16 por ciento en el año 2040.
Señorías, las reformas puestas en marcha por los gobiernos del Partido Popular permitieron el mayor periodo de consolidación, de estabilidad, de solvencia y sobre todo de sostenibilidad que haya vivido nunca la Seguridad Social. Hacer
compatibles importantes avances en prestaciones -casi un 50 por ciento de incremento en ocho años- con reformas de calado, con reformas de alcance que garanticen el futuro de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo ha sido uno de los
elementos que han configurado las políticas de los últimos años. La recomendación décima del Pacto de Toledo de 1995 y la undécima del Pacto de 2003 animan a la jubilación gradual y flexible, que fue regulada en la Ley de 2002.
Son indudables los
efectos beneficiosos que se derivan de la permanencia en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad para ellos, para su entorno y para el conjunto de la sociedad, en términos de experiencia, de conocimiento y sobre todo de efectos
positivos para el sistema de pensiones. El Pacto de Toledo nos insta precisamente a seguir aproximando la edad real de jubilación -que en estos momentos está por debajo- a la edad legal e incluso a avanzar un paso más; nos insta también a estudiar
la situación en que se encuentran los pensionistas que accedieron a la jubilación anticipada antes del año 2002 y que se encuentran en estos momentos en una situación de mayor necesidad en orden a mejorar la pensión de jubilación que vienen
percibiendo, a la vez que recomienda evaluar, y en su caso corregir, las diferencias de prestaciones que se pueden producir en las jubilaciones anticipadas cuando existan análogas condiciones de acceso y de esfuerzo contributivo. Nada de esto ha
sido desarrollado por el Gobierno en los dos últimos años, a pesar de los mandatos,
de las recomendaciones y de las iniciativas adoptadas en la Comisión del Pacto de Toledo. Sin embargo, a pesar de conocer, como se ha puesto de manifiesto, las sentencias del Tribunal Constitucional respecto de la no retroactividad y del
cálculo de las pensiones en las circunstancias propias del momento en que se accede, entendemos que en este momento existen diferencias de carácter objetivo entre los pensionistas prejubilados de distintas circunstancias, y entre ellas si accedieron
a la misma antes, durante o después del año 1997 ó 2001. Por eso, y tomando como referencia la recomendación undécima del Pacto de Toledo, hemos presentado una enmienda en la que proponemos una mejora de las jubilaciones anticipadas no voluntarias
y de los coeficientes reductores para que en el marco de la neutralidad actuarial y con la participación de todos los colectivos afectados y los agentes sociales, este Parlamento, en el seno de un acuerdo del Pacto de Toledo, pueda adoptar una
solución.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Echániz, y también por ajustarse al tiempo.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Comenzaremos con el señor Labordeta y continuaremos con la señora Fernández. Señora Lasagabaster, usted intervendrá en turno de fijación de posiciones porque no ha presentado ninguna enmienda.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora vicepresidenta.
Intervengo brevemente para apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y si este grupo acepta la redacción alternativa al texto propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista también votaremos a favor. Nosotros
queremos matizar que tenemos una proposición de ley que va a afectar también a los jubilados. En esa proposición se recoge que las retenciones que se estuvieran aplicando como consecuencia de los coeficientes reductores establecidos en la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, quedarán sin efecto al llegar a los 65 años, dándose por extinguidas las retenciones en cualquiera de las modalidades que se venían aplicando. Pensamos
que esto estaría muy bien y vendría a complementar de una manera muy rotunda la proposición no de ley que hoy vamos a votar aquí junto con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.
Señora Fernández, su turno.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora vicepresidenta.
Podemos entender como una medida positiva para los trabajadores y trabajadoras que voluntariamente consideren la decisión de jubilarse anticipadamente lo que se recoge en la Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible, que modifica disposiciones de la Ley General de la Seguridad Social, al objeto de introducir un nuevo párrafo en la norma que permita a los mutualistas anteriores al 1 de enero de 1967 la reducción de la cuantía de su pensión en
un 8 por ciento por cada año o fracción de año que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años. La aplicación de estos coeficientes reductores sobre la pensión pública que perciben los trabajadores y
trabajadoras jubilados o prejubilados anticipadamente, de manera obligatoria por ser sujetos de expedientes de regulación de empleo, además de injusta, es una clara discriminación vivida por el colectivo de afectados con la desesperación de quien se
ve obligado a jubilarse antes del tiempo, en la mayoría de los casos, después de cotizar 30 años, 35 ó incluso más de 40 años. Esta consideración la hacemos también para aquellas otras personas prejubiladas que, aun no estando sujetas a un ERE, sí
lo están en esas mismas empresas o en otras semejantes a incentivar por parte de la empresa su jubilación. Cuando decimos incentivar la jubilación no nos estamos refiriendo a una cuantía indemnizatoria -que también existe-, sino que estamos
hablando de incentivaciones que tienen que ver más con posturas coactivas por parte de las empresas. De esto saben mucho los prejubilados de algunas empresas, sobre todo de algunas importantes, que aun no siendo sujetos de ese expediente de
regulación fueron conminados de alguna manera a prejubilarse de múltiples formas como, por ejemplo, una degradación del puesto de trabajo u otras cosas similares. Por tanto, no podemos estar de acuerdo -y remato con esto mi exposición para que mi
compañera del Grupo Parlamentario Mixto pueda hablar también- con la opinión que hasta ahora ha manifestado el Gobierno y que se refiere a los prejubilados voluntarios. Estos no lo serían.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Le recuerdo que la señora Lasagabaster intervendrá en turno de fijación de posiciones.
Finalmente, la tercera enmienda presentada es del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz en esta proposición no de ley, la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, permítanme que dé la bienvenida a los representantes de las asociaciones que hoy nos acompañan. Es una satisfacción contar aquí con ellos. Podría decir que casi todos nos conocemos, nos hemos visto en más de una
ocasión, en algunas cosas
compartiendo ideas y conceptos y en otras no al cien por cien, pero compartiendo varias reivindicaciones que voy a exponer hoy aquí, explicando un poco lo que más de una vez me han oído.
La Seguridad Social, en el año 1966, cuando establece la posibilidad de jubilación anticipada lo hace pensando en aquella persona que cumple 60 años, que tiene cotizados los años necesarios y que decide que lo que le permite la ley le es
suficiente para lo que le queda de vida. Eso es lo que la Seguridad Social establece como jubilación anticipada: la jubilación voluntaria que una persona decide solicitar. Lo que sucede es que en las crisis industriales vividas en nuestro país
nos hemos encontrado con muchas personas en la calle que al llegar a los 60 años, o en algunos casos a los 61, se ven obligadas a solicitar la jubilación anticipada porque no tienen otra solución, y ahí es donde tenemos fundamentalmente el problema,
porque son personas que solicitan la jubilación anticipada no porque hayan tomado esa decisión sino por las circunstancias laborales que les llevan a esa situación. Fruto de todo esto y viendo que ya empezaba a haber gente que no cumplía el
requisito de ser mutualista para poderse jubilar, llega la Ley de jubilación gradual y flexible que lo permite a los 61 años. Y siendo una ley que pretende dar solución a un problema nos genera otro que ya el Partido Socialista planteó durante el
debate de esa ley como enmienda. Esa nueva ley prevé coeficientes reductores más pequeños en función de los años de cotización. Nosotros planteamos que deberían aplicarse a los jubilados con anterioridad, que es lo que en su momento el Partido
Popular no admitió, y por tanto la ley dice que solo se aplica a partir de 2002 a los que se jubilen. El compromiso de este grupo parlamentario y de este Gobierno es equiparar a los que se han jubilado con anterioridad a 2002 con los coeficientes
de la Ley de jubilación gradual y flexible, y los hábiles colectivos, porque así lo ha transmitido el secretario de Estado de la Seguridad Social. Lo vamos a hacer, aunque tienen razón cuando dicen que llevamos dos años y esto ya tenía que haberse
hecho.
Seguramente es así, pero también saben, porque así se lo hemos dicho y además el Pacto de Toledo lo establece, que eso tiene que ir a la mesa de la concertación social, y está en la mesa de la concertación social, está dentro del diálogo
social. En la propuesta que el secretario de Estado hace a los sindicatos y a la patronal para reformar la Seguridad Social está este punto. Además, todo el mundo tiene acceso a ese documento a través de la página web de la Seguridad Social. Por
tanto, es el compromiso firme de que se va a solventar. Es más, el 1 de diciembre, en la Comisión del Pacto de Toledo, hemos aprobado que a partir de ahí se analice y se estudie la posibilidad de cuál es el coeficiente reductor más adecuado, si el
que existe u otros menores. ¿Por qué? Porque, repito, cuando la Seguridad Social establece la posibilidad de jubilarse a los 60 años lo que hace es un cálculo actuarial, que es la misma cantidad que uno habría de cobrar; le hacen un cálculo si lo
cobra a partir de los 65 y le hacen otro cálculo si lo cobra a partir de los 60. Esa es la realidad. Habría que estudiar si ese coeficiente del 6 a los 40 años es el proporcional que garantiza que a todo el mundo, se jubile a los 65 ó a los 64
años, le llega lo que le corresponde.
El señor Olabarría se refería al Partido Socialista y al señor Caldera.
Señor Olabarría, será el ministro Caldera el que dé solución a este problema; será el ministro Caldera el que solvente este problema. Y además le digo que fue el
Partido Socialista el que en los años ochenta instauró el subsidio de mayores de 52 años para que la gente pudiera cubrir el periodo de carencia hasta los 60 años. En el Partido Socialista nos podemos equivocar en muchas cosas, pero como dice el
portavoz de mi grupo parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, en políticas sociales somos imbatibles porque en este país todas las medidas sociales que significan un verdadero avance las ha tomado un Gobierno socialista, y eso se puede comprobar,
señorías. (Aplausos.)
Nosotros hemos propuesto al PNV una enmienda recogiendo el espíritu de todas las proposiciones que ha habido, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), las enmiendas del Grupo Mixto, las enmiendas que ha hecho el
Grupo Parlamentario Popular y las que hemos hecho el Grupo Socialista, de lo que entrego una copia a la señora presidenta. Es un avance importante, pero el avance más importante es que todos los grupos votemos hoy aquí lo mismo y lancemos el mismo
mensaje a los prejubilados y a todos los afiliados a la Seguridad Social de que todos estamos por resolver problemas de colectivos específicos, pero también estamos por garantizar el presente y el futuro del sistema para que podamos cobrar los que
hoy tenemos 50 años, pero también los que tienen 30 años, eso sí, corrigiendo aquellas desigualdades y aquellas injusticias que todo sistema por muy bueno que sea a veces tiene, como es el caso que hoy nos ocupa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora López i Chamosa.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el Grupo Mixto. Tiene la palabra para ello la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, intervengo muy brevemente para dar la bienvenida a los invitados que llevan muchísimos años trabajando en esta materia, a las asociaciones y federaciones y en concreto a quienes más
conozco, los prejubilados vascos, con los que hace poco teníamos algunas reuniones de las que hemos tenido durante muchos años algunos de los diputados y diputadas aquí presentes en Irún hablando de estos temas largo y tendido. Por tanto, en primer
lugar quiero darles la bienvenida y por una vez una sonrisa mínima, aunque sea porque por lo menos algo se va a conseguir.
Quiero señalar nuestro agradecimiento porque se pueda llevar a cabo la corrección de esa penalización absolutamente injusta respecto a aquellas personas que no es que quisieran prejubilarse, sino que no tuvieron más remedio que prejubilarse,
dadas las reconversiones y la situación en un momento difícil de algunas de las economías de algunos territorios, como podía ser la nuestra, pero que ya habían trabajado años y años en levantar el país y en hacer frente a todas las dificultades en
una determinada época. Simplemente quiero señalar que nos congratulamos de que pueda empezar a solucionarse este tema y que, una vez más, todas esas iniciativas que durante muchos años hemos hecho en esta Cámara, a veces sin tener contestación
positiva, puedan salir de esta Cámara y que las personas que tienen problemas específicos, como decía la señora López i Chamosa, vean que esta Cámara también se ocupa de ellos, aunque solo a veces salgan los grandes titulares de los grandes temas,
pero aquí se trabaja, todos los grupos trabajan en cuestiones concretas, los grandes y los pequeños, y tratamos de dar solución a sus problemas de la mejor manera.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster, muchas gracias.
Continuamos con el señor Ángel Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Intervengo brevemente para fijar posición. Es cierto que esta cuestión está en las previsiones de negociación de la reforma de la Seguridad Social, dentro del eterno diálogo social, pero nuestro criterio viene
siendo que hay temas en los que el Parlamento puede ayudar a esa negociación, sobre todo cuando se trata de dar respuesta a situaciones obviamente injustas. Nuestro grupo ha señalado en reiteradas ocasiones que la jubilación debería situarse en el
marco de un debate más amplio sobre la creación de empleo, sobre el tiempo de trabajo, etcétera. Es decir, partimos de un enfoque sustancialmente diferente. La pretensión del Gobierno es, según parece, evitar determinados excesos de generosidad
del sistema homogeneizando las once modalidades de jubilación anticipada, unificando requisitos y cálculos de cuantía de pensiones. Hay un sentido en el que la proposición no de ley y el Gobierno se aproximan y es en la flexibilidad para mejorar la
situación de los trabajadores que han sido despedidos en procesos de reconversión industrial. Por lo demás, es evidente que nuestra opinión difiere de la del Gobierno, pues no pretendemos penalizar la jubilación anticipada, antes bien, somos
partidarios de ella en el marco de ese debate general al que aludíamos sobre la creación de empleo.
En cuanto al contenido concreto de la proposición no de ley, entendemos justo que un trabajador a los 65 años no vea mermada la cuantía de su pensión de por vida. La base reguladora es la consecuencia de una parte importante de su vida
laboral, y una cosa es la reducción aplicada a los años que realmente no está activo y otra muy diferente que esa reducción de la base reguladora se prolongue de forma indefinida. Eso no tiene nada que ver con la proporcionalidad ni con la
contributividad y sí mucho con la penalización. En Izquierda Unida hemos defendido diversas posibilidades a lo largo del tiempo y en reiteradas propuestas; hemos defendido que un trabajador a los 65 años con 35 años cotizados recupere el cien por
cien de la base reguladora con independencia de que la jubilación sea anticipada o no; hemos defendido que hay que suavizar los coeficientes reductores y modificar la edad de jubilación, pasando a los 60 años como derecho subjetivo que el
trabajador puede o no ejercitar, filosofía radicalmente opuesta a aquella que explicitaba el Partido Popular cuando quería implementar con un 2 por ciento anual a los trabajadores que alargaran su vida laboral más allá de los 65 años y tuvieran 45
cotizados. En el marco de la proposición no de ley que se nos propone estaríamos incluso de acuerdo en la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para posibilitar la recuperación anual del porcentaje reducido en la fecha de
jubilación.
Se trata de saber si es una cuestión de recursos o de filosofía. Si es una cuestión de recursos, arbítrese el debate oportuno para saber qué recursos son los necesarios y cuáles son los mecanismos para llegar a ellos. Pero más allá de ese
debate la cosa es concreta, es de la vida real y es de todos los días: trabajadores prejubilados -y algunos hoy hay en las tribunas de este hemiciclo-, consecuencia de expedientes de regulación de empleo, que van al desempleo con más de 40 años
cotizados y a los que se aplica una reducción del 30 por ciento de su base reguladora. Se trata de saber, más allá de discursos sobre la ley y sobre los recursos, si eso es justo o no lo es o si nos da lo mismo. A este grupo parlamentario no le da
lo mismo; creemos que es profundamente injusto. Por eso apoyamos la proposición no de ley del Grupo Vasco y estaremos dispuestos a apoyar cualquier medida que opere a favor de los trabajadores a los que se trata de forma tan injusta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Tardá, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, puesto que no hay demasiado tiempo, nuestro grupo parlamentario quiere manifestar de entrada que participamos totalmente de la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras que reclaman desde hace ya un buen número de años la
eliminación de los coeficientes reductores y el cien por cien de la pensión al cumplir los 65 años.
Estamos hablando de trabajadores que con 52, 53 ó 56 años fueron expulsados del mercado
de trabajo en nombre de unas reconversiones industriales -hay que recordarlo de una vez por todas- que se presentaron como imperativas por la modernización de la economía española y la necesidad de generar nuevos mercados. De hecho, fue
publicitado por todos los gobiernos coetáneos e incluso posteriores. Se dijo: Es la condición necesaria para poder afrontar la modernización de la estructura productiva de que hoy gozamos.
Hablamos pues -permítanme la expresión- de las víctimas
de una coyuntura concreta. Son los colectivos que corresponden por lo general a una generación sobre la cual recayó en edad laboral la escasez de la década de los cincuenta, el desarrollo desequilibrante de los años sesenta y la subsiguiente crisis
de la década de los setenta. Por lo general, repito, estas personas estaban sujetas a un ritmo de trabajo intenso y explotador, poco formadas tecnológicamente puesto que los tiempos no lo habían permitido, en un mundo laboral en el que el
capital-trabajo prevalecía por encima de las inversiones tecnológicas, por encima de los gastos en sanidad e higiene -lo que a veces se olvida-, en el marco de una desertización sindical; personas atrapadas posteriormente en las crisis de las
reconversiones de los planes de viabilidad y de los malditos procesos de regularización, procesos de regularización ante los cuales muchas veces se encontraron indefensos, incluso -todo hay que decirlo- en ocasiones con un cierto desamparo sindical,
todo ello sin poder acceder a un mundo del trabajo cambiante, a un mercado laboral -repito- que evolucionaba a gran velocidad. Aun así, estas situaciones, a nuestro parecer injustas, generaron un movimiento que en esos momentos estaba fuertemente
organizado y son las que hoy nos obligan a plantear de nuevo una solución. Hay que buscar una solución que sea garantista con la permanencia del sistema y, al mismo tiempo, que resuelva de una vez por todas esta vulneración de los derechos
teóricamente amparados por la Constitución española y también, evidentemente, por el funcionalismo de un sistema social del primer mundo. Decía en una ocasión la diputada socialista López i Chamosa, cuyo empeño y honestidad quiero reconocer
públicamente, aunque a veces podamos divergir, que es difícil entender que pueda haber prejubilados con más de 40 años cotizados que, debido a las bases de cotización que se les ha aplicado, estén cobrando una verdadera miseria de pensión. Pues
bien, estas palabras llenas de sentimiento y de compromiso, que no dudo, hay que hacerlas realidad. Por eso celebro que se haya podido llegar a un acuerdo entre el grupo proponente y el grupo mayoritario que vamos a suscribir. Es más, creemos que
la diputada López i Chamosa ha dado en el clavo. Es importante repetir la experiencia, que se ha demostrado muy beneficiosa, que se llevó a cabo en el anterior periodo de sesiones, relativa a la complementariedad de la pensión de viudedad con el
SOVI. Fue una obra conjunta de todos los grupos parlamentarios y hay que repetir la experiencia. De lo que adolece esta transaccional, esto es, de la temporalidad, del calendario, hay que suplantarlo con ganas y voluntad para que en esta
legislatura quede resuelta de una vez por todas esta injusticia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá. Muchas gracias.
Finalizamos el turno de fijación de posiciones con la que realizará en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hay que agradecer al señor Olabarría y al Grupo Nacionalista Vasco esta iniciativa que nos permite debatir, analizar y discutir en el Pleno sobre una vieja cuestión que venimos arrastrando desde hace unos cuantos años, que es el
tratamiento, desde el punto de vista de una pensión justa, de aquellos trabajadores que se vieron obligados prematuramente a abandonar sus puestos de trabajo, y que lo hicieron antes de las modificaciones legales que se establecieron por acuerdos
sociales en el año 2001. Digo vieja cuestión porque ha sido objeto de diversos debates en esta Cámara, tanto durante la tramitación parlamentaria de aquella modificación de la Ley de la Seguridad Social que estableció unas nuevas reglas de juego en
materia de jubilación anticipada como en la renovación del Pacto de Toledo de la pasada legislatura, en la que, como se ha recordado, se insta al Gobierno a hacer frente a estas situaciones; también en un reciente debate en la Comisión del Pacto de
Toledo, en diciembre del año pasado, en el que, a propuesta de Convergència i Unió, se aprobó una proposición de ley que insta a que antes de finales del primer semestre de 2006 el Gobierno facilite un estudio de la situación de las personas que
accedieron a la jubilación anticipada con anterioridad al 1 de enero de 2002, en orden a posibilitar una mejora adecuada de la prestación percibida cuando se acredite una larga carrera de cotización social. En ese mismo mandato al Gobierno, que a
finales de este semestre debe entregar a la Cámara este informe, se afirma que se debe analizar la posibilidad de modificar los actuales coeficientes reductores de la cuantía de la pensión de jubilación. Por tanto, es una cuestión discutida en la
tramitación de una ley, un mandato parlamentario del Pacto de Toledo, un mandato de la Comisión del Pacto de Toledo del 27 de diciembre del año pasado, y esta oportuna proposición no de ley del Grupo Nacionalista Vasco.
Señorías, estamos fundamentalmente ante una cuestión de aplicación del Pacto de Toledo, que establece entre sus principios el de equidad, y ese principio de equidad -y el de justicia material que el señor Olabarría acostumbra a defender en
este tipo de iniciativas- es incompatible con creer que alguien con más de 35 años de carrera laboral con cotización termine recibiendo una pensión inferior al 40 o al 50 por ciento de la pensión que hubiese recibido si hubiese trabajado hasta los
65 años; más inequitativo y más injusto es cuando esa persona ha
abandonado su puesto de trabajo no por su voluntad, sino por las circunstancias de la empresa, y aún más injusto y más inequitativo es cuando ese abandono prematuro de su puesto de trabajo no ha venido compensado en ningún momento por ningún
apoyo, ni de la empresa ni del sistema de Seguridad Social. Con la pretensión de resolver la situación de esos prejubilados lo que pretendemos es cumplir uno de los principios del Pacto de Toledo, que es el de equidad, el de justicia social. El
texto que hoy el señor Olabarría ha alcanzado a acordar con el Grupo Parlamentario Socialista no nos da la solución de manera inmediata, pero insiste en la senda que debemos recorrer para que, como apuntaba el señor Tardá, seamos capaces en esta
legislatura de resolver bien la situación de los trabajadores prejubilados antes del 1 de enero de 2002, que, insisto, es un expreso mandato de la Comisión del Pacto de Toledo.
Además, señorías, en el contexto de la Unión Europea los estudios de la
OCDE son muy contundentes. La OCDE afirma que el tratamiento de las pensiones de los trabajadores prejubilados exceden el límite de neutralidad que este tratamiento legal debe tener. En el marco de la OCDE el tratamiento de las prejubilaciones en
España es el más inequitativo.
Por lo anteriormente expuesto, señorías, mi grupo está comprometido en esta materia, lo estuvimos en diciembre del año pasado, lo estuvimos en el Pacto de Toledo y lo estamos hoy con el señor Olabarría, porque además estamos también
plenamente seguros de que ante situaciones personales en las que los trabajadores prejubilados no tuvieron ninguna responsabilidad no podemos hacer recaer exclusivamente en sus espaldas la solución a su problema. La respuesta tiene que ser
colectiva, tiene que ser desde el sistema de protección social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras) Muchas gracias, señor Campuzano.
Finalmente, señor Olabarría, tres han sido las enmiendas presentadas, la última, transaccional. Es su turno de aceptación o rechazo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, la vamos a aceptar porque nos parece correcto su planteamiento. Esperemos que no ocurra como otras que se han transado en esta Cámara y que en esta legislatura veamos realizado el requerimiento
que se insta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Votaremos, por tanto, señor Olabarría, la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA AVANZAR EN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (Número de expediente
162/000427.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto 5: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para avanzar en el reconocimiento del derecho del sufragio
activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros en España. Para su defensa tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidente.
Este no es un debate nuevo, ustedes lo saben, es un debate que nuestro grupo parlamentario viene planteando no desde el principio de los tiempos, pero sí desde hace unas cuantas legislaturas. Es un debate que es necesario para que vivamos
en una sociedad democrática, sin una democracia amputada. El derecho de todas las personas que viven y trabajan con nosotros es una vacuna, además, contra la xenofobia. Es necesario porque lo demandan instituciones de referencia: un convenio del
Consejo de Europa, el manual europeo para la integración de los inmigrantes. Además es posible que de aquí a pocos años las personas inmigrantes tengan derecho de voto en nuestro país. ¿Por qué decimos que es necesario para que la sociedad sea
realmente democrática? Porque se trata de que se emprendan las reformas legales necesarias para que las personas puedan participar en las elecciones municipales. Hoy la extensión de los derechos civiles debería ser una cuestión de tiempo. Los
derechos laborales oficiales de los extranjeros ya nadie los discute; otra cosa es que se respeten. ¿Por qué no reconocer los derechos políticos? Hasta hoy se han negado. Lo que pretendemos hoy es que se reconozca el derecho de voto de las
personas inmigrantes. Cuando en los años treinta el movimiento sufragista reivindicaba el derecho de la mujer a votar, los conservadores decían que no era la vía. Pero al final lo que era justicia se acabó imponiendo. Es necesario porque ninguna
sociedad puede desarrollarse democráticamente cuando una parte importante de la misma está al margen de los derechos políticos básicos. Recogiendo el principio de la revolución norteamericana, al que se refería el señor Campuzano en el debate que
tuvimos en marzo de 2005, no más impuestos sin representación. Sin reconocer el derecho de voto para todas las personas, para los ciudadanos que viven y trabajan con nosotros, nos encontraríamos con una democracia amputada, parcial y relativa.
El segundo elemento por el que es importante conceder estos derechos es porque es una vacuna contra la xenofobia. La incorporación de derechos políticos es lo que hace que todos los miembros de una comunidad sean iguales, que tengan los
mismos privilegios y las mismas obligaciones.
Esos derechos políticos son los que debemos tener en una sociedad en la que todo el mundo está implicado en la res pública, en la cosa pública.
Es lo que hace, en definitiva, que determinados
colectivos no se sientan diferentes, que tengan las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos. Dos constitucionalistas, Eliseo Aja y Laura Díez Hueso, decían que
mientras los inmigrantes carezcan de participación y representación política merecerán la atención marginal de los gobernantes. Ustedes saben que en municipios enteros donde los inmigrantes son un porcentaje importante de la población y no
tienen derechos políticos, sus reivindicaciones no son atendidas. Pero es que además es necesario porque -se lo decía- lo demandan instituciones de referencia: el Convenio del Consejo de Europa, de febrero de 1992, un convenio sobre la
participación de los extranjeros en la vida pública local que se elaboró en el marco del Consejo de Europa y que llegaba a la conclusión de que la participación política es la mejor vía para facilitar la integración en la comunidad local. Reconocía
en su artículo 6 el derecho de los residentes extranjeros a votar cuando llevaran viviendo cinco años en el país. Don Aitor Esteban decía en el debate de marzo de 2005 que ese convenio abandonaba un principio de reciprocidad, el reconocido por el
artículo 13.2 de la Constitución, y muchos países como Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia o Islandia han firmado el convenio y lo han ratificado. Por lo tanto, no es solo posible sino que el Parlamento Europeo recomienda, entre otros
países, a España que acabe de ratificar el convenio. El manual europeo de la integración de inmigrantes también lo recomienda, así como el Defensor del Pueblo. Por tanto, es una petición necesaria que nos hace avanzar hacia una sociedad
democrática, es la mejor vacuna contra la xenofobia, y muchas instituciones así lo demandan. ¿Es una petición posible? Lo es, sin lugar a dudas, porque nuestro ordenamiento ya ha superado el principio de nacionalidad asociado a soberanía. Desde
que nos incorporamos a la Unión Europea, desde que ciudadanos de la Unión Europea pueden votar en las elecciones municipales sin ser nacionales, hemos roto ese principio. Si lo hemos roto para los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no podemos hacerlo
para aquellas personas que tienen voluntad de permanencia en el territorio español? Es una realidad que las personas inmigrantes pueden votar y ser votadas en las elecciones sindicales. Qué paradoja que permitamos a los inmigrantes votar y ser
votados en las elecciones sindicales y les reconozcamos sus derechos como trabajadores, pero no sus derechos como ciudadanos. Es posible, por tanto, por ese doble motivo. ¿Es aconsejable? Según la encuesta de 2005 del CIS, sí. El 60 por ciento
de la población en España dice que sí, que es aconsejable en las elecciones municipales; es más, el 53 por ciento dice que es aconsejable en las generales. Además, hay declaraciones de intenciones que así lo acreditan. El señor Clos, alcalde de
Barcelona, dijo que era positivo que se incorporase el derecho de voto de las personas inmigrantes en muchas ocasiones, como en el Fórum de las culturas o la última vez el 10 de enero de 2005; de igual manera, el Pleno del ayuntamiento de Barcelona
así lo declaraba. También lo decía el señor Montilla en las últimas elecciones generales. Quizá le suene la frase a alguien. Hubo una dirigente que decía: Los inmigrantes tienen derecho a voto con su situación regularizada; soy partidaria de
que en las próximas elecciones municipales y autonómicas vaya población inmigrante en las listas. ¿Quién lo decía? ¿Alguien del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds? No, lo decía Ana Botella. Por tanto, no nos
tenemos que preocupar casi de nada; lo dice prácticamente todo el mundo y no tenemos que tener miedo porque es un derecho democrático.
El Gobierno y el Congreso -voy a ser muy breve, señora presidenta-, de aprobarse la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista -así será-, debe dar los pasos necesarios y ratificar el convenio elaborado por el Consejo de Europa para, a
partir de esa ratificación, de esa declaración de intenciones, avanzar realmente y conseguir convenios que se lleven a la práctica, como el de Argentina, el de Chile, el de Uruguay o el de Noruega. Pero debemos explorar muchos más convenios que
hagan posible esa realidad a la gente que viene del Magreb, del África subsahariana y del resto de países latinoamericanos. Por otra parte, debemos pedir un informe al Consejo de Estado para ver qué hacemos, cómo interpretamos el artículo 13.2 de
la Constitución, que habla de la reciprocidad, porque si se aplicase supondría que las personas que padecen dictaduras vendrían con la mochila de la dictadura cargada a este país y no podrían votar, lo que sería inconstitucional. Por eso queremos
que se pida al Consejo de Estado que se estudie la reforma del artículo 13 o su interpretación, ya que de aplicarse a países que tienen dictaduras supondría una vulneración flagrante de la Constitución.
Acabo, señora presidenta. Para nosotros lo importante, lo relevante del día de hoy es que abrimos una puerta, que abrimos un camino. Muchos de los que me van a seguir van a intentar echar agua al vino -el señor Duran i Lleida lo hacía hoy
en una rueda de prensa-, pero los que lo hagan se van a equivocar porque lo relevante del día de hoy, repito, es que abrimos un camino para que las personas inmigrantes puedan ejercer su derecho al voto. Lo abrimos reformando la Loreg, lo abrimos
pidiendo al Gobierno que haga convenios bilaterales con otros países para que ese voto se pueda ejercer. Los conservadores siempre han intentado frenar el signo de la historia, que se avanzase; los progresistas hemos intentado abrir vías, abrir
caminos para que, por ejemplo, la democracia fuese lo más extensa posible, que abarcase a toda la ciudadanía. Eso es lo que vamos a hacer hoy, y espero que seamos conscientes del momento, de lo que puede significar aprobar esta proposición no de
ley, de lo que significa aceptar la enmienda del Grupo Socialista, porque lo que podemos hacer hoy es abrir un camino para que nuestra democracia no esté amputada sino que sea una democracia plena en la que todas y todos aquellos que viven y
trabajan con nosotros, entre nosotros, puedan hacer algo muy simple: votar y ser votados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Dos han sido las enmiendas presentadas. Comenzaremos con la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el artículo 138 de la propuesta de Estatuto de Autonomía que aprobó el Parlament de Catalunya, referente a inmigración, establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de
acogida e integración de las personas inmigradas; también que la Generalitat es competente para ejecutar la legislación estatal y europea en materia de trabajo de los extranjeros.
Que se respete la decisión del pueblo de Cataluña es lo que pedían
miles y miles de personas el pasado sábado en Barcelona, y lo que ha acordado la gran mayoría del pueblo de Cataluña, de la cual también forman parte las personas inmigrantes, es solicitar al Gobierno español que la Generalitat pueda asumir las
competencias exclusivas en materia de régimen de acogida e integración de las personas inmigradas.
Tal y como expresaba nuestro compañero Joan Tardá el 8 de marzo del año pasado, hemos de partir de la premisa del derecho que las personas inmigradas deberían tener a trabajar y vivir en su país de origen, primer objetivo que deberíamos
intentar alcanzar mediante la cooperación española. En segundo lugar, como ya expusimos en su momento, desde Esquerra Republicana entendemos que el objetivo que debe primar es el de reconocer los mismos derechos y deberes sociales y culturales que
al resto de la ciudadanía. Es lo que llamamos Carta de acogida. No disponer de políticas de acogida crea una falta de servicios y de atención. Como consecuencia, estas situaciones pueden llevar a estados de marginación y a episodios de violencia,
como pudimos comprobar en el Estado francés.
Por todo ello, insistimos de nuevo en la necesidad de que la Administración competente pueda hacer una buena política de inmigración y acogida. De ahí nuestra enmienda y también nuestra postura de
defender lo que aprobó el Parlament de Catalunya y lo que debería respetarse sin ningún recorte. Igual que lo entendieron ustedes, señores de Iniciativa per Catalunya, del PSC, el pasado día 30 de septiembre en el Parlament de Catalunya. Parece
ser que ahora han acordado recortarlo en estos meses de rebaja. Veremos cómo queda mañana la transferencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña de las competencias exclusivas de inmigración que marcaba el Estatuto de Cataluña. Ni las personas
inmigradas ni el conjunto de los ciudadanos de Cataluña podrán disfrutar de unos buenos servicios ni de un buen plan de acogida sin una buena financiación. Es necesario, pues, dotar de un mayor poder político y económico a las comunidades autónomas
para poder ejecutar un buen plan de acogida e integración, dotar de una buena financiación los servicios sociales, la sanidad y la educación de toda la ciudadanía.
Desde Esquerra Republicana rechazamos los acuerdos a los que han llegado ustedes y defendemos hasta el final, como lo hacemos hoy presentando esta enmienda, los contenidos esenciales del Estatut aprobado en el Parlament y el traspaso de las
competencias exclusivas en materia de régimen de acogida e integración de las personas inmigradas, siempre y cuando vayan acompañadas de un cambio en el sistema de financiación, que es uno de los puntos esenciales que reclamaba el Parlament de
Catalunya. En definitiva, desde Esquerra Republicana instamos a priorizar la acogida acompañada de una buena financiación, de unos buenos recursos que acaben mejorando la calidad de vida de todas las personas, para poder alcanzar el objetivo de
participación política desde la responsabilidad. Así lo votamos el año pasado, desde la convicción republicana de que existe el derecho al voto, pero también desde la responsabilidad para conseguir el objetivo propuesto. Hace un año presentamos
una enmienda en la que instábamos a realizar un estudio en el mismo sentido que hoy se nos propone en una nueva iniciativa impulsada por Izquierda Unida. La enmienda que presentábamos, y que Izquierda Unida aceptó, no fue votada favorablemente por
el Grupo Socialista. Hoy parece ser que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que al final va a ser aceptada. Nosotros no vamos a votar en contra de esa enmienda. Entendemos que la disyuntiva en la que se ven mucho municipios, sobre todo
en Cataluña, como por ejemplo el municipio de Guissona, donde los inmigrantes ya representan el 30 por ciento de la población total, hace conveniente que participen en política. Estos municipios han hecho un esfuerzo para que estos inmigrantes se
incorporen en la vida cultural, en la vida asociativa y, por qué no, en la vida política. Desde nuestro partido entendemos que también debemos defender el derecho a que puedan participar, a que puedan presentarse y a que puedan votar en la vida
política de los municipios de Cataluña. Nuestra enmienda propone mejorar la proposición no de ley presentada hoy y en ese sentido esperamos que se apruebe. Lo que presentamos en esta enmienda es un requisito previo a lo que se presenta en esta
proposición no de ley, pero, como les he avanzado, aunque no se apruebe nuestra enmienda, votaremos favorablemente porque entendemos también que es un derecho sine qua non para que haya una buena integración de la ciudadanía inmigrada en muchos de
los municipios de Cataluña y también del Estado español.
Gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.
La siguiente enmienda es del Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quisiera decirle, señor Herrera, que hace unos meses presentaron ustedes una proposición no de ley sobre este mismo tema. Yo entonces tuve una intervención un tanto levantisca y en tono agrio, y como entonces dije
lo que dije, hoy también quiero decirle que felicito a su grupo por esta proposición no de ley, porque me parece que es mucho más ajustada a lo que en estos momentos políticamente conviene que aprobemos en esta Cámara sobre este tema. Al señor
Ramón solo quiero decirle que se ha equivocado de debate. Este es el debate sobre la participación política de los inmigrantes y no el que se está llevando a cabo en la ponencia sobre el Estatut de Catalunya, que tiene su lugar y su momento.
La iniciativa que ustedes nos presentan hoy es fundamental para la democracia y para la confiabilidad en la democracia. Sin embargo, a nuestro grupo le parece que es importante en esto ir dando pasos con mucha fineza política. Por eso
estamos de acuerdo con el espíritu de su proposición no de ley, pero no con el texto concreto, y de ahí nuestra enmienda. El Grupo Socialista estima que ha llegado la hora de avanzar en la participación política de los inmigrantes de larga duración
que residen legalmente en España y creemos que la iniciativa que estudiamos esta tarde puede ser un paso firme que, tras el correspondiente estudio y la adopción de otras medidas, pueda facilitar esa participación política.
Estamos de acuerdo con
el espíritu porque se dan tres requisitos importantes para nosotros. El primero es que haya consenso. Yo terminaba mi intervención de hace unos meses diciendo que era necesario que cuando se cambien las reglas del juego haya acuerdo de los
jugadores. Hoy incluso le diré que cuando se quiere meter a más jugadores ese consenso tiene que ser más firme. Y de eso estamos hablando, de que queremos meter a más jugadores, de que queremos ampliar las bases mismas de la democracia. Por
tanto, aplaudimos que en esta proposición no de ley se haga mención al consenso con los grupos, al diálogo con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con las ONG y con las asociaciones.
El segundo elemento que nos gusta es la alusión a la integración social.
La participación política no es un requisito sine qua non para que haya integración social -eso es bastante evidente-. Sin embargo, esa participación política supone
mejorar el compromiso ciudadano de los inmigrantes con la comunidad política en la que residen. Con ello promovemos el sentimiento de cooperación de las personas con la sociedad en la que habitan. Si esta sociedad les tiene en cuenta al conformar
el interés general, los inmigrantes también querrán participar en ese interés general y serán corresponsables del mismo.
El tercer elemento fundamental para nosotros al abordar la participación política de los inmigrantes es precisamente esa corresponsabilización, pero el paso que ustedes nos piden en estos momentos es excesivo. Por eso hemos presentado una
enmienda -y tengo que agradecer a diversos grupos, en concreto a los señores Vera y Campuzano, que hayan estado abiertos al diálogo sobre esta enmienda e incluso que hayan realizado alguna aportación-, porque nos parece que se ajusta más en los
tiempos a lo que en este momento debe aprobar la Cámara. Esta enmienda hace hincapié en tres aspectos. El primero es que la iniciativa corresponda a la Cámara.
Cualquier reforma en esta materia debe partir no del Gobierno sino de la Cámara. De
ahí que sea en el seno de la Comisión Constitucional donde veamos este tema. En la Comisión Constitucional se va a crear, entre otras, una subcomisión para el estudio de la reforma de la Loreg, la Ley orgánica del régimen electoral general, y es en
ese ámbito donde radica el impulso a esta materia. El segundo aspecto es el requisito de la larga duración, que los inmigrantes lleven un tiempo residiendo en España. Es un requisito que se exige en el derecho comparado, en alguno de los países
que usted ha mencionado y también en el derecho comunitario. Por ejemplo, en una muy reciente norma comunitaria que tenemos que trasponer sobre los residentes de larga duración se les conceden más derechos a esos residentes precisamente porque son
personas que llevan más tiempo de residencia en los países de la Unión y no son recién llegados. El tercer y último elemento de nuestra enmienda es la pretensión de que vayamos dando pasos en aquello que la Constitución nos permite, y ello es,
según el artículo 13.2 de la Constitución, la reciprocidad, los convenios con terceros países y la posibilidad de que los españoles que residen en los países de origen de los inmigrantes puedan tener derecho al sufragio activo y pasivo.
Consideramos que este puede ser un buen comienzo, no un buen final. Con iniciativas como esta que hoy estudiamos también demostramos que estamos a tiempo de poner en marcha políticas que mejoren la integración de los inmigrantes. Estamos a
tiempo, en definitiva, de dar pasos en la configuración de la convivencia en una sociedad que está inexorablemente abierta a la inmigración, eso sí, a una inmigración ordenada, con derechos, por supuesto, y también con obligaciones. Por eso la
aceptación de la enmienda por parte del resto de grupos de la Cámara sería positivo y constituiría un avance importante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Hernando, muchísimas gracias.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar tiene la palabra el señor Esteban en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente para reseñar la posición de nuestro grupo, que será básicamente la de reiterar lo que ya expresamos en su momento, hace casi un año, en el debate de la anterior iniciativa presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Como recordarán todos ustedes nuestra posición era favorable al fondo de la cuestión. Entendemos que la integración en todos los aspectos de la vida social pero también política de los inmigrantes es lo que da cohesión a una sociedad y es un
objetivo absolutamente fundamental. La única pega que planteábamos en su momento a aquella iniciativa y la concretamos con una enmienda era que deberíamos basarnos en criterios que se estaban moviendo en Europa, por ejemplo, como antes se ha
recordado, la Convención para la participación de los extranjeros en la vida pública, sobre todo en su artículo 6.1 que ha sido ratificado por muchos Estados, entre otros, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia e Islandia. En esos términos
nosotros pensábamos que era mucho más prudente plantear el asunto únicamente desde la perspectiva local en un principio y abordarlo con un mínimo de residencia legal en el Estado y por eso planteábamos en la enmienda los cinco años continuados de
residencia legal. Nuestra posición en ese sentido es la misma, creemos que es un tema al que hay que enfrentarse y nos parece elogiable la iniciativa de Izquierda Unida. Es una cuestión sobre la que nos mostramos a favor en cuanto a sus
características generales y nos gustaría impulsarla y que se llegara a algún tipo de concreción dentro de un consenso más o menos amplio. Sí que creemos que es mucho más centrada esta proposición que la anterior, quizás sea un poco precipitado
hablar de las próximas elecciones municipales, pero por la misma razón consideramos que es positiva la enmienda transaccional que se propone y si Izquierda Unida considerara aceptarla, nuestro grupo sin duda la apoyaría.
Quiero manifestar también que nosotros entendemos que en este asunto hay que ir más allá de la bilateralidad, más allá de los acuerdos que se puedan formalizar por parte del Estado, ya que se trata de una cuestión de estructura
constitucional y que si en otros ámbitos europeos ha sido perfectamente asumida aquí también podría serlo. Es otra cuestión no apuntada por el Gobierno socialista pero que se podría afrontar en una posible reforma del texto constitucional.
Gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
¿Señor Campuzano, desea fijar posición? (Asentimiento.) Es el turno del señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fijar posición sobre esta proposición no de ley.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, mi grupo quiere empezar agradeciendo al señor Herrera su tozudez en esta materia, su convicción democrática, la suya y la de su grupo.
Recordaba que en los debates en los años 1997 y 1998, Mercé Rivadulla, en nombre de Iniciativa,
durante la discusión de la reforma de la Ley de Extranjería de 1985, planteaba ya ese debate, importante sin lugar a dudas. También recordaba el debate de marzo del año pasado. Hoy, basándonos en su propuesta alcanzamos un consenso en el que creo
que es fundamental reconocer el trabajo del portavoz del Grupo Socialista para facilitar además que, señor Vera, con un ejercicio de responsabilidad en una materia sensible para el conjunto de la ciudadanía y para el futuro del Estado español, se
opte por alcanzar un acuerdo amplio que nos permita a todos gestionar conjuntamente el reto de la participación democrática de los nuevos ciudadanos que se están incorporando en España.
Como recordaba el señor Hernando, sin consenso no va a ser
posible avanzar en esta materia. Es más, señorías, creo que desde hacía muchos años en esta Cámara no éramos capaces de alcanzar un consenso como el que hoy estamos logrando en una materia vinculada a la política de inmigración. Por tanto, al
promotor y a los dos grupos principales de la Cámara mi grupo les quiere felicitar.
El señor Herrera plantea un debate en términos de legitimidad democrática que es absolutamente imprescindible abordar. Recordaba el señor Herrera en su intervención una afirmación mía en aquel debate de marzo del año pasado que recordaba el
viejo principio de la revolución americana: No más impuestos sin representación. Efectivamente. Además, señorías, este también es un debate sobre políticas de integración social de esta nueva inmigración. Ahí mi grupo quiere aprovechar ese
debate para formular dos consideraciones. Una de ellas es que es necesario que España cumpla con la trasposición de la Directiva de residentes de larga duración de la Unión Europea. Ya hemos superado los plazos, pero es necesario proceder a la
trasposición de esa directiva. Esa directiva nos abre la posibilidad de que la obtención del estatuto de residente de larga duración vaya acompañado no tan solo del paso del tiempo o de la renovación de permisos de residencia temporales, sino
también de exigencias que demuestren la integración social de las personas que vayan a beneficiarse de ese estatuto de residente permanente. Le digo esto porque -con el señor Herrera podremos seguramente discutir sobre ello en los próximos
tiempos-, coincidiendo en que el derecho de voto puede ser un buen antídoto contra la xenofobia, estamos seguros también de que ese no va a ser el único mecanismo para avanzar en la integración social y que, por tanto, hay que exigir también a los
residentes permanentes en España que obtengan una situación que va a ser en muchos términos muy parecida, lo es ya hoy, a la del conjunto de los ciudadanos, esfuerzos de integración en la comunidad que los acoge en términos de lenguas que conocen,
en términos de conocimiento de las leyes, en términos de conocimiento de aquello que nos permite la vida en común.
Segunda reflexión, mi grupo entiende que hoy en nuestras políticas de inmigración, desde la perspectiva de la integración social, existe el riesgo de una equivocada comunitarización, una equivocada manera de articular la participación de los
ciudadanos extranjeros por sus comunidades de origen, los marroquíes, los ecuatorianos, los colombianos.
Nos equivocaríamos. Hemos de ser capaces de promover la articulación, la incorporación de los ciudadanos extranjeros en nuestra comunidad,
desde la consideración de que todos van a ser miembros de una misma comunidad política. Y una última consideración: lo que hoy aprobamos estrictamente es una proposición no de ley que insta a situar este debate en la Comisión Constitucional y que
reafirma aquello que establece la Constitución en su artículo 13, que es el principio de reciprocidad. Por tanto, que nadie se llame a engaño. Nos estamos moviendo en aquello que prevé la Constitución del año 1978 y en aquello que prevé la Ley de
Extranjería, que el derecho de voto, el derecho de sufragio activo y pasivo va vinculado a la reciprocidad y que es lo que hoy permite el consenso en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Finalizamos, señorías, con la intervención para fijar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, del señor Vera.
El señor VERA PRO: Con la venia, señora presidenta.
Abordamos de nuevo una iniciativa que pretende modificar un aspecto importante de nuestra legislación electoral, una iniciativa que guarda relación con el derecho de voto de los inmigrantes residentes en España en las elecciones municipales.
Como ya ha comentado el señor Herrera, no es la primera vez que abordamos este asunto en la presente legislatura.
Hace casi un año, el 8 de marzo de 2005, Izquierda Unida presentó una iniciativa de parecido contenido, si bien es verdad que entonces
tenía mayor calado pues se refería a todo tipo de elecciones y no solo a las municipales. Esa iniciativa fue rechazada, como se ha dicho, por amplia mayoría.
No voy a entrar a discutir ni sobre la oportunidad ni sobre las intenciones del grupo proponente, pero sí quiero decir que a veces no basta con que una propuesta esté cargada de buenas intenciones. Esta proposición no de ley pretende instar
al Gobierno a estudiar las reformas legales oportunas para que todos los inmigrantes en España puedan participar en las próximas elecciones municipales. No hace falta ser muy experto para saber que lo que se nos está proponiendo es una profunda
reforma legal, una reforma que, planteada así, sin más, sin condiciones, sin ningún requisito, afectaría a la propia Constitución. Nuestra Constitución estableció que podría otorgarse el derecho de sufragio a los extranjeros solo en elecciones
municipales y siempre que se dieran dos requisitos: el primero, que se reconozca a los españoles el mismo derecho en los países de origen de estos extranjeros y, el segundo, que ello se establezca por una ley o tratado internacional. A nuestro
juicio, nuestros constituyentes estuvieron acertados con la exigencia de la reciprocidad.
En el preámbulo de esta proposición se nos dice que la negación del voto a los emigrantes supone una desigualdad y hoy el señor Herrera lo ha acompañado hablando de xenofobia, pero no, no se trata de una desigualdad, y mucho menos de
xenofobia, sino que lo previsto en el artículo 13.2 de la Constitución es algo de sentido común; es de sentido común que nosotros otorguemos el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros que viven entre nosotros si en sus
países de origen se concede este mismo derecho a los españoles que viven allí; es de sentido común y de pura lógica. Por eso decía que nos parece muy acertada la exigencia de reciprocidad y, como dijo mi compañero el señor Bermúdez de Castro en
aquella sesión a la que antes hacía referencia, la exigencia de reciprocidad ni choca contra el principio de igualdad ni supone discriminación alguna. El Grupo Parlamentario Popular está a favor de la plena integración de aquellas personas que
legalmente quieren trabajar y vivir entre nosotros. En ese sentido ya hemos avanzado mucho y creemos que se puede avanzar aún más, pero es muy importante dejar claro que, con la Constitución en la mano, el nacimiento del derecho de los extranjeros
a votar en las elecciones municipales se produce solo en el momento en que sus países de origen conceden ese derecho a los españoles que residen allí, ni antes ni después. Reciprocidad y tratados internacionales, ese es el camino, esa es la línea
que el Grupo Popular ha venido defendiendo desde hace tiempo y seguimos haciéndolo, y en esa línea se ha ratificado recientemente la Eurocámara.
En todo caso, señora presidenta, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que va en esa dirección y por eso vamos a apoyarla como si fuera nuestra, y el señor Hernando sabe por qué lo digo, una enmienda que reúne tres aspectos que nos
parecen positivos. Primero, ser nosotros, los grupos parlamentarios, y no el Gobierno, quienes asumamos la responsabilidad de debatir y dar respuesta a estos problemas, porque, en efecto, como tantas veces hemos dicho, y hoy lo han reiterado el
señor Hernando y el señor Campuzano, las reformas electorales requieren el mayor consenso parlamentario. Segundo, que una reforma de este calado requiere estudio -el señor Hernando lo ha llamado fineza política- y en ningún caso precipitación. Y,
tercero, que se encomienda al Gobierno que avance en el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en España en los términos que establece el artículo 13.2 de nuestra Constitución y, por tanto, se mantiene vivo el criterio
de reciprocidad, que, como he dicho antes, nos parece esencial. Por eso, señora presidenta, mi grupo parlamentario dará su voto favorable a esta enmienda presentada por el Grupo Socialista. Con respecto a la
enmienda presentada por Esquerra Republicana, no voy a hacer ningún comentario porque nada tiene que ver la transferencia de competencias con el asunto que nos ocupa. Por tanto, votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vera.
Señor Herrera, si no le importa, dígame, en turno de aprobación o rechazo de enmiendas, qué va a hacer su grupo.
El señor HERRERA TORRES: Como he dicho en mi intervención, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, para que se someta a votación. Además, quiero decirle al señor Vera que no hemos hablado de xenofobia en ningún momento, sino del
antídoto de la xenofobia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Entonces, someteremos a votación la enmienda del Grupo Socialista. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco sobre la actualización de la cuantía de las jubilaciones anticipadas al cumplir los 65 años. Se ha presentado una
enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su admisión a trámite? (Denegaciones.) Si no es así, votamos la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros en España, a
la que se ha incorporado una enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA A LOS PRESOS DE LA BANDA TERRORISTA ETA. (Número de expediente 173/000113.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política general del Gobierno en relación con la aplicación de la legislación
penitenciaria a los presos de la banda terrorista ETA.
Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el Pleno continúa y les ruego que se mantengan en silencio.
Adelante, señora Sánchez-Camacho. (Rumores.) Por favor, silencio.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular sustancia en este momento la moción consecuencia de la interpelación que realizamos con respecto a la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos etarras. Quiero ante
todo decirles que el Grupo Parlamentario Popular cree que estamos ante una moción importantísima debido además a la actualidad que está viviendo este país. Queremos decirles, señoras y señores diputados, que a este Grupo Parlamentario Popular le
gustaría estar hablando en este momento de una política antiterrorista común por parte de los dos principales partidos de la oposición. Es más, nos gustaría incluso poder estar hablando de la unidad de los demócratas frente al terrorismo de los
asesinos. (Rumores.) Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio. Lleva usted toda la razón. (Pausa.) Continúe.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Reiteraba y decía que nos gustaría estar hablando en este momento de la unidad de los demócratas frente al terror de los asesinos, de los que matan a personas inocentes solo por su manera de pensar, solo por su ideología personal y política.
Sin embargo, la realidad nos dice que no es así y créanme ustedes que este grupo parlamentario lo lamenta profundamente. Lamenta que no exista esa unidad, pero lo que más lamenta es que el principal partido en este caso del Gobierno, el Partido
Socialista Obrero Español, haya roto lo que había sido un marco de actuación para los dos principales partidos políticos como es el Pacto por las libertades y contra el terrorismo
Señorías, por mucho que los miembros del Partido Socialista y del Gobierno insistan en decir que este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, está siempre levantando infamias, lo que tenemos que
decirles desde aquí son realidades. Ha sido el Partido Socialista el que ha roto el Pacto por las libertades porque no impugnó en su momento el Partido Comunista de las Tierras Vascas, su posible ilegalización.
Tampoco impugnó el archivo
de las actuaciones del caso Atutxa, no actuó en la querella del juez Grande-Marlaska, no evitó desde el principio que se pudiera celebrar el congreso de Batasuna e incluso tuvimos que escuchar las palabras del presidente del Gobierno diciendo que la
Ley de Partidos Políticos se debía aplicar restrictivamente para permitir el derecho de los terroristas a reunirse. Pues miren ustedes, es lamentable para los demócratas tener que escuchar que priman los derechos de los terroristas sobre los
derechos de los ciudadanos demócratas. Es más, hace pocos días escuchábamos al propio fiscal general del Estado interpretando entre líneas que podríamos estar hablando de una posible legalización de Batasuna y suponemos que su concurrencia en las
elecciones municipales.
Señoras y señores diputados, estamos hablando de un tema importantísimo, estamos hablando de una de las cuestiones que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido, que ha sido que en todo momento los terroristas cumplieran íntegramente sus
penas. Así lo hizo el Grupo Popular que presentó más de quince proposiciones no de ley desde el año 1986 para que se realizara el cumplimiento íntegro de las penas y que no aprobó ni secundó ni apoyó el Partido Socialista Obrero Español. (La
señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Pues bien, el señor ministro decía el otro día que la realidad es tozuda y los hechos son tozudos. Lo han sido y ha tenido que ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los doce miembros, la que dijera que se tienen que cumplir
íntegramente las penas con una sucesión de condenas.
(Rumores y protestas.) Miren ustedes, señorías... No, no se lleven las manos a la cabeza.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Las manos a la cabeza nos las llevamos el Partido Popular cuando vimos cómo el fiscal apoyaba el recurso contra el juez Gómez Bermúdez a favor del señor Parot para que éste se beneficiara de una aplicación
más favorable de las penas. Pues bien, el Supremo nos ha dado la razón, el Supremo ha dado la razón a quien la tiene...
(Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Sí, señorías, el Supremo ha dado la razón a quien la tiene, y además ha dado la razón al Partido Popular, que ha dicho que en este proceso de negociación con una banda terrorista en el que el Gobierno nos
quiere introducir a cambio de no sabemos qué, los magistrados daban tranquilidad. Pues eso es lo que dice el Partido Popular, que los únicos que dan tranquilidad en este Estado de derecho son los magistrados, no el Gobierno del Partido Socialista
Obrero Español, que no hizo absolutamente nada a favor de que el señor Parot cumpliera todas las penas. (Aplausos.) Esa sentencia va a favorecer a terroristas sanguinarios como Troitiño o Kubati o como muchos terroristas que han estado implicados
en casos gravísimos, como Hipercor, y en muchas muertes de ciudadanos españoles. Aunque a ustedes no les gustara el criterio de la Audiencia Nacional que establecía en dos bloques las condenas de treinta años, el Partido Socialista no hizo nada
para que se buscara un criterio que hiciera que los terroristas estuvieran más tiempo en la cárcel. (Protestas.) Estuvimos escuchando todo el rato...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
Disculpe, señora Sánchez-Camacho. Señorías, después solicitarán ustedes silencio cuando su portavoz esté hablando; así que razonablemente ténganlo ustedes ahora con la
portavoz de Grupo Popular. Me parece que es bastante inteligente. Adelante, señora Sánchez-Camacho, prosiga.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señores diputados, lamento que la verdad les irrite tanto, pero es así. (Risas.) Por eso les queremos decir que fue el Partido Popular, fueron los ciudadanos y fue la alarma social generada los que han
obligado, en este caso como en otros, como cuando el señor Otegi iba a realizar ese congreso, a que al final se tomara una decisión distinta de la que el Gobierno defendía. En ningún momento escuchamos al señor ministro de Justicia el otro día
decir que se podían buscar posibilidades, sino que se tenía que aplicar la legalidad vigente, y el único que dijo que había interpretaciones jurisprudenciales que permitían que el señor Parot estuviera en la cárcel muchos más años fue el señor
Astarloa, que fue el ponente de esta interpelación. Por eso una vez más les decimos que, aunque la verdad les moleste, la verdad es tozuda, como decía el señor ministro, y ahí está la realidad, por mucho que ustedes quieran apuntársela.
Pero aún más, señorías, hay una segunda parte en esta moción: que en la actualidad de los hechos que están aconteciendo, cuando tenemos al presidente del Gobierno diciendo que estamos ante el principio del fin -el principio del fin de no
sabemos qué, porque no sabemos a qué precio-, hoy va a ser la primera oportunidad formal que tiene el Congreso de los Diputados, que representa a la mayoría de los ciudadanos españoles, de votar que no va a haber precio político por la negociación
con ETA. Lo dicen claramente los puntos dos y tres de la moción presentada por el Grupo Popular. En el punto dos se reafirma que las víctimas nunca serán moneda de cambio en ningún proceso de diálogo con los terroristas. Voten esto, señores del
Grupo Socialista, y digan a los terroristas
que las víctimas nunca van a ser moneda de cambio en una posible negociación. Es más, señorías, esto no lo dice solo el Partido Popular, lo dice la Fundación de Víctimas del Terrorismo, lo dice Maite Pagazaurtundúa, dirigente socialista,
concejal del Partido Socialista, con lo cual coincidimos el Partido Socialista y el Partido Popular.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voten ustedes hoy aquí lo que dicen las víctimas del terrorismo, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y no vengan con la canción de la manipulación, porque lo que dijeron las víctimas al señor Rodríguez
Zapatero y lo que este grupo, que representa a diez millones de personas, le dice hoy a esta Cámara es: digan ustedes cuál es ese precio.
En el punto tercero declaramos la firme decisión de que las condenas a los terroristas sean cumplidas en su integridad, sin conceder ningún tipo de beneficio por el cese de la actividad de la banda terrorista. Esto significa que no va a
haber paz por presos, que ustedes digan hoy aquí que en ningún caso, en ese hipotético proceso de paz, en esa irresponsable actuación a la que nos quiere llevar el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, nunca, en ningún momento, se va a
producir paz por presos. Tienen una oportunidad, no la desperdicien y digan a los ciudadanos en qué consiste el precio de esta negociación, porque lo que realmente es una verdadera infamia es que el presidente del Partido Socialista, el señor
Chaves, diga al Partido Popular y al señor Rajoy que no queremos la paz, que no queremos un proceso de paz. Evidentemente lo que no queremos es la paz a cualquier precio. Ustedes voten esto y sin duda ninguna esa paz no tendrá ningún precio.
(Protestas.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Un solo grupo ha presentado una enmienda, el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Julio Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular es la culminación de un despropósito y de una grave deslealtad al Gobierno de España y al conjunto de los ciudadanos.
El Grupo Popular trae al Parlamento la utilización de la lucha antiterrorista, jugando con valores esenciales de la convivencia democrática y además mintiendo diariamente en una campaña de difamación lamentable. El Grupo Popular ha acusado al
Gobierno de permitir excarcelar presos de ETA con grandes condenas a cambio de negociar con la banda armada. Se ha demostrado que es una infamia, una calumnia, una mentira, una indecencia política. (Aplausos.) Señores del Grupo Popular, deben
rectificar, deben venir al seno del conjunto de los demócratas y defender los valores de la Constitución española de verdad, los valores auténticos que la impregnan, no a través de mesas petitorias donde se recogen firmas para fines o pretensiones
precisamente inconstitucionales.
Señorías, ayer ha hablado el Tribunal Supremo, que es quien tiene que hablar; la garantía de la esencia de la democracia y del Estado de derecho, los jueces, los fiscales, no el Gobierno. Dejen de mentir de una vez, dejen de manipular y
dejen de... ¿O es ignorancia? (Aplausos.) Porque lo que he oído en esta tribuna es ignorancia. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo ayer? Voy a intentar explicarlo en el escaso tiempo que tengo. Acumulación de penas, máximo 30 años; cumplimiento
íntegro, Código Penal de 1995, que ustedes no votaron. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.) Lo que deciden los fiscales del Supremo por unanimidad, lo que ha dicho el fiscal general del Estado, lo que hemos defendido todos los demócratas
menos ustedes. Y hay una segunda cuestión, que hay que explicar -pedagogía para los ciudadanos, aunque no tengo tiempo hoy aquí-, que habla de los beneficios penitenciarios. Ahí se separan las penas. No la acumulación, máximo 30 años, 40 desde
2003; no el Código de 1973, que tenía redención obligatoria. Se separan las penas y por eso todos los etarras, si tienen varias penas, tendrán que cumplir esos 30 años como máximo, porque no gozarán de beneficios penitenciarios, pero eso no era lo
que se discutía por los fiscales ni por la Audiencia Nacional, que no les dieron la razón en ese amplio debate. Señorías, es importante. La aplicación de una ley nunca puede ser motivo de denuncia o descrédito respecto de quien la aplica;
sostener lo contrario, como hacen algunos, es no entender el funcionamiento de la democracia ni del Estado de derecho. (Aplausos.) Señorías, el Grupo Popular debe pedir perdón de una vez a los ciudadanos por haber propagado una información incierta
a sabiendas de que lo era, al Gobierno por haber difundido falsamente que este dio instrucciones al fiscal general del Estado, entre otras cuestiones, y a los propios fiscales, pues con sus declaraciones el Partido Popular ha venido a imputar a los
del Supremo de manera inaceptable connivencia o debilidad frente a ETA. Señorías, el conjunto de los ciudadanos españoles tiene derecho a confiar en sus instituciones y en la lucha antiterrorista que se lleva a cabo desde el Gobierno por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el conjunto de la judicatura y por el conjunto de los fiscales. También tiene derecho la ciudadanía a que no se la engañe reiteradamente con sentimientos en asuntos sensibles del corazón de la
convivencia y tiene derecho a tener una oposición seria, responsable y digna.
Señorías, el Grupo Popular trae una moción, suavemente dicho, políticamente impresentable y jurídicamente una auténtica chapuza (Aplausos.). Parece mentira con los ilustres juristas que tienen en sus bancadas.
No han hablado apenas de ella porque se tienen que avergonzar. No me da tiempo a explicarlo, pero dicen que se inste al fiscal general del Estado. ¿Desde cuando el Congreso insta al fiscal general del Estado, señora Sánchez-Camacho? ¿Es
ignorancia? ¿Es mala fe? ¿Las dos cosas? ¿A qué juegan ustedes? ¿Desde cuándo se puede instar desde el Congreso? Cuando se habla de autonomía del ministerio fiscal, que no de independencia, no lo entienden, como no lo han practicado jamás, como
manipulaban permanentemente no lo entienden (Aplausos.).
Señorías, el cumplimiento íntegro de las penas es gracias al Código Penal de 1995, que ustedes no votaron, a lo que el Tribunal Supremo, insisto, los jueces... ¿Quién va a ser? Dicen en esta tribuna: gracias a los jueces y no a los
tribunales. ¿Cómo nos tomamos esto? Supongo que a broma si no fuera porque el asunto es tan serio. Qué pena ir a los instintos y a los sentimientos de la mayoría de los españoles, de la gente de buena fe que se ve decepcionada, engañada,
manipulada y manoseada para conseguir -creen- un miserable puñado de votos. Las urnas les pondrán en su sitio.
Señorías, presentamos una enmienda -termino rápidamente- con tres puntos que voy a dar por reproducidos. Uno, en esencia se pretende reconocer el apoyo y el trabajo realizado por el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
de los jueces, de los fiscales, como apuntaba con anterioridad; dos, y de manera importante, valorar positivamente las medidas adoptadas para atender a las víctimas como expresión de solidaridad activa y constante a favor de las mismas, y rechazar
expresamente de una vez la utilización de su tragedia con fines partidistas, como continúan desgraciadamente haciendo algunos; y finalmente, reiterar, así decimos en la enmienda, la necesidad de la unidad de los demócratas y la conveniencia de que
todos los partidos eliminen del ámbito de la confrontación política o electoral la lucha contra el terrorismo, como han recogido los sucesivos acuerdos y pactos de los partidos políticos. Señorías del Grupo Popular, a ello les emplazamos.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Villarrubia.
Señorías, entramos en el turno de fijación de posición. Comenzaremos por el Grupo Mixto. En primer lugar, tendrá la palabra la señora Lasagabaster y seguidamente el señor Rodríguez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Sánchez-Camacho, sabe que le profeso respeto como parlamentaria y es buena parlamentaria, pero me temo que en este tema le ha tocado bailar con el más feo. No sé si es que el señor Astarloa no podía estar o no quería estar. En todo
caso, la verdad es que en cinco minutos hablar de legislación penitenciaria, de política antiterrorista, de víctimas, de jueces, de fiscal general, de mesa de partidos, de Ley de partidos, son demasiadas cosas importantes para tanto totum revolutum
y, en definitiva, para un único objetivo: crispar toda la situación. O hablamos de legislación penitenciaria, que requeriría un debate sobre los principios básicos que debe tener dicha legislación, por ejemplo, la igualdad, la irretroactividad de
las leyes penales y sancionadoras, el margen de independencia del Poder Judicial, etcétera; o hablamos, por ejemplo, del tema antiterrorista o de paz y precio político.
Señora Sánchez-Camacho, no hay nadie en Euskadi que quiera que le impongan nada, y a nosotros ni hablar, a nosotros no nos impone nadie nada, ni ETA, ni el Estado, ni nadie. ¿Me comprende? Somos los primeros interesados en que, a través de
la democracia, nos sentemos en una mesa, cada uno aporte lo suyo y con la democracia saquemos lo que consideremos oportuno. Nosotros no somos los primeros. Alguno dice que no compare, simplemente lo digo, en dos minutos no puedo hacer exhibiciones
de naturaleza diferente, pero entiendo que su sentido común les dará para diferenciar. Si no les da, es su problema. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Hablar de víctimas es un tema demasiado importante para mezclarlo con todo, y hablar de jueces es otro tema muy importante. Yo les pediría un poco de moderación. Atempérense, estén tranquilos. Las cosas irán bien, los gobernantes están
para resolver los problemas. Nadie quiere hacer nada que no esté bajo el ordenamiento jurídico, un ordenamiento jurídico que sea serio, justo, legal y que, en definitiva, defienda la democracia.
Nosotros, los primeros, señora Sánchez-Camacho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar contrariamente a la moción del Grupo Parlamentario Popular y lo va a hacer por cuatro criterios básicos.
El primero de ellos es que no nos cabe la menor duda de que todos los gobiernos que ha habido
en el Estado español de forma legítima, y desde luego acertada, han intentado buscar salidas políticas con negociaciones a este problema tan grave del Estado español. Sin embargo, al mismo tiempo, todos esos gobiernos han combatido a ETA con todas
las armas a su alcance, incluido el Gobierno actual. En segundo lugar, nosotros no nos podemos contentar con seguir siendo contundentes en el plano policial, en el plano judicial, en el plano de la represión y rechazar el diálogo, si existe
proclividad a ese diálogo también por aquellos que tienen que dejar de matar. En tercer lugar, hay una cuestión muy importante. Es cierto que no hay que violar la ley y mucho menos despreciar a las víctimas del terrorismo, pero
lo que no se puede hacer es forzar la ley en un sentido tan involutivo e irreversible que se convierta exclusivamente en la ley del Talión, sin dejar ninguna salida al diálogo para buscar la paz. En último lugar, la lucha contra el
terrorismo no puede significar involución democrática, restricciones en las libertades públicas y exclusión política por la forma de pensar, como si este fuese el objetivo real y no el combate contra el terrorismo, que es lo que nos debe de
preocupar también en el terreno político. Para el Bloque Nacionalista Galego, el Gobierno actual tiene nuestra confianza para buscar las soluciones que estime oportunas, dentro de estas cuatro coordenadas a las que me he referido.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, hubo una vez un gobierno que, situado ante la posibilidad de la paz, decidió reunirse con los violentos, incluso fuera de su propio país. Decidió, además, hacer gestos para que estas reuniones tuvieran
bases sólidas: acercó a presos; trajo de Latinoamérica a convictos, eso sí, sin delitos de sangre; para hacer más fácil el acuerdo, denominó a la organización terrorista organización de liberación nacional vasca. Aquel gobierno contó con el
apoyo de todas las fuerzas políticas democráticas en tan difícil momento, porque había esperanza y voluntad de paz. Aquellos ya no son gobierno, son oposición, y hoy quieren aplicar la ley del embudo. En su momento tuvieron lo ancho de la
generosidad del pueblo español, lo ancho de la generosidad de las fuerzas políticas democráticas. Hoy nos quieren aplicar a todos lo estrecho del embudo. Dicen que no podemos tener esperanza en un camino de paz, que no podemos seguir utilizando el
Estado de derecho porque nos dirán que somos traidores precisamente porque somos nosotros los que utilizamos el Estado de derecho; que no podemos, además, anunciar y resolver democráticamente los conflictos en el Congreso de los Diputados.
Pues
bien, señorías, nosotros no podemos admitir que ese partido que entonces contó con tanta generosidad hoy nos aplique la ley del embudo; no podemos admitir que se llamen a ellos mismos demócratas y excluyan a los demás aquellos que imponen la
unidad, que consideran que es democrático calumniar al Gobierno y a su presidente, que consideran que es democrático confrontar los poderes del Estado, que consideran democrático utilizar a las víctimas y patrimonializar la política antiterrorista.
Ese no es el camino, señorías, y, por tanto, para destruir no van a contar con nuestra colaboración. Si el Gobierno tiene esperanza, si tiene posibilidades de paz y si se mantiene en el Estado de derecho, va a contar con nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) Doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, dos días después de la interpelación presentada por el señor Astarloa en esta tribuna, el dibujante Forges incluía en las paginas de El País un dibujo con el frontispicio de esta Cámara, los correspondientes leones y una señal de
peligro en la que se leía: Precaución, crispadores andan sueltos. Tal es el carácter que tuvo su intervención, el mismo que ha tenido la de la señora Sánchez-Camacho (Aplausos.) y el mismo, señorías, que tiene la exposición de motivos de lo que
nos proponen como moción cuando se habla de la gran alarma social, del generalizado rechazo social, de abiertas inexactitudes cuando se dice que el fiscal general del Estado ha impulsado un nuevo criterio sobre la ejecución de las penas, cuando
conocen perfectamente -o debieran conocer- que esto no es así, sino que el fiscal general del Estado ha mantenido el criterio que se venía sosteniendo unánimemente desde el año 1973. Otra cuestión es la resolución adoptada ayer por el Tribunal
Supremo, pero lo veremos en su momento. En el segundo apartado se involucra a las víctimas de la violencia de una manera perfectamente injusta, haciéndoles partícipes de una idea de la justicia o del derecho penal como venganza, totalmente superada
por la idea del Estado de derecho. Respecto de esta cuestión, tendré ocasión de hablar cuando me refiera al apartado de lo que nos proponen como moción.
La moción, señorías, no tiene desperdicio. Cuando se dice que el Congreso de los Diputados insta al fiscal general del Estado, una no puede hacer otra cosa sino sonreír cuando durante ocho años no se ha conseguido en esta Cámara intentar
que la figura de la fiscalía tenga alguna involucración o enganche con esta Cámara. Siempre se ha dicho que es independiente y que solo depende, en todo caso, del Gobierno. En cuanto a dar instrucciones a la fiscalía, nos parece bien. Ellos son
expertos, han sido auténticos maestros en los ocho años que han gobernado. (Un señor diputado: ¡Ahí! ¡Muy bien!) La interpretación menos favorable a los terroristas que se pretende va abiertamente en contra del principio pro reo que desde siempre
impera en materia de derecho penal. Desde nuestro modesto criterio nos pronunciaremos sobre el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, a la espera de conocerla, pues todavía no está redactada y tiene por cierto, señora
Sánchez-Camacho, votos particulares.
El punto segundo, referido a las víctimas, nos lleva nuevamente a manifestar que deben ser reconocidas, valoradas, indemnizadas y respetadas profundamente en sus ideas y en su posicionamiento respecto de cualquier cuestión, incluido el
proceso de paz que pueda llevarse adelante, pero, eso sí, sin que ningún partido quiera tenerlas bajo su paraguas o su cobijo.
El tercer punto me merece de nuevo consideraciones. Se dice que el Congreso de los Diputados declara su firme decisión de que las condenas sean cumplidas en su integridad. Este Congreso de los Diputados no puede declarar tal cosa, puesto
que, si lo saben, el artículo 17 de la Constitución atribuye a los jueces y tribunales el monopolio respecto de la ejecución de las penas; a los jueces les incumbe aplicar la ley y a nosotros respetar cómo la cumplan. Cuando se dice que no se
concederá ningún tipo de beneficio, no sabemos exactamente a qué se refieren. Si están hablando de modificaciones legislativas, tendrán que tener en cuenta que si hablamos de leyes penales la aplicación de la ley penal más favorable será
perfectamente predicable de todo aquello en lo que se legisle y, por lo tanto, se aplicará a todos los condenados. Y si se habla de indulto, señorías, nadie se ha pronunciado sobre ello, solo el propio Grupo Popular y con el mismo tono de alarma
que siempre emplea, insisto, nadie ha hablado de ellos, pero el cese definitivo de la actividad armada, cuando sea cierto, será para mi grupo un motivo más atendible que la justificación que el ministro de Justicia, señor Acebes, hizo en su día
sobre aquellos miles de indultos que se concedieron y que él amparó en la celebración de un Año Santo.
Señorías, el representante del Grupo Socialista ha hablado de ignorancia en la representación del Grupo Popular. Creo que ignorancia no es; hay en sus filas excelentes juristas y lo que se pretende, insisto, es crispar a ciencia y
conciencia. Es imposible que ignoren lo que se ha escrito sobre la modificación del Código Penal en la Ley 7/2003, en la que se acordó el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que por cierto tuvo también el voto del Grupo Socialista.
En cuanto a lo dicho sobre la exasperación penal y los límites constitucionales a la duración de las penas privativas de libertad, es unánime la doctrina, no he encontrado ni un solo artículo en contra y creo que sus ilustres juristas los
habrán leído. Señorías, siempre que por la modalidad de ejecución no se admita la posibilidad real de un acortamiento que permita lograr el objetivo de que a la finalización del cumplimiento de la condena espere al condenado una perspectiva
razonable, larga, de vida en libertad, se está incumpliendo -dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia- el artículo 15 de la Constitución, el 25.2 y el 3 del Convenio de Roma. Esto es así e insisto en que es criterio unánime de la doctrina.
La enmienda que propone el Grupo Socialista nos parece bien. Es poca cosa; se ha quedado corta, como tantas veces en esta cuestión -si me permiten decirlo-, pero por supuesto que contaría con nuestra aprobación de ser aceptada por el Grupo
Popular, cosa que no creo que ocurra, en primer lugar, en lo que se refiere al reconocimiento y al apoyo al trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En segundo lugar, también valoramos muy positivamente la idea de solidaridad
activa y constante a favor de las víctimas del terrorismo. En tercer lugar, nos gusta también, de la misma manera que se expresa en la enmienda de sustitución, que se elimine del ámbito de confrontación política o electoral toda referencia a la
lucha contra el terrorismo. No hubiera estado de más alguna referencia, que también es legítima, a la libre exposición de los proyectos políticos de cada una de las formaciones. No se puede pedir todo, pero insisto en que nos hubiese gustado una
mayor audacia en lo que por parte del Grupo Socialista se propone en esta materia. Esperamos tiempos mejores. Que votaremos no a la moción ya lo habrán deducido SS.SS. de cuanto he dicho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Sánchez-Camacho, ¿están ustedes dispuestos a hacer alguna cosa por la paz? ¿Van a hacer alguna cosa en positivo para buscar la paz? No. Me parece que su silencio es el no. Con su intervención, con la del otro día del
señor Astarloa, ustedes intentan confundir, intentan crispar, confundir a la sociedad; y la sociedad es demócrata y los ciudadanos y las ciudadanas saben muy bien las cosas, no se van a creer sus mentiras. Una y otra vez intentan confundir todas
las cosas: paz por presos, armas por naciones, Estatut y ETA, manifestarse y ETA. ¿No van a cambiar? ¿Algún día van a cambiar o tienen que volver al Gobierno para cambiar? Porque ustedes cuando gobernaron -me parece que gobernaron en este país,
me parece- hablaron con ETA, actuaron, hicieron, y ahora critican lo que está haciendo el Gobierno del Partido Socialista. Me parece, señora Sánchez-Camacho, que sus palabras de hoy, las del otro día del señor Astarloa, están muy lejos de lo que
los ciudadanos esperan.
Usted habla de realidades. Sus realidades para los demócratas son falsedades. No tienen razón en nada de lo que están diciendo. Ha utilizado lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y usted sabe que es mentira; lo que ha dicho el Tribunal
Supremo no les ha dado la razón, ustedes lo saben pero es igual, tanto da que lo sepan, ustedes insisten una y otra vez. Señora Sánchez-Camacho, no sean prisioneros de sus palabras. Rectifiquen, aún están a tiempo. Esto sigue avanzando y ustedes
pueden perder el tren de este avance. Aún están a tiempo.
Señora Sánchez-Camacho, usted que es de ascendencia catalana conocerá una palabra, que es enraonar. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra enraonar? Me parece que puede hacer pedagogía en su grupo. Es una traducción parecida a razonar.
Razonen de una vez, por favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora Sánchez-Camacho, en nombre del Grupo Popular usted representa hoy al principal partido de la oposición en esta Cámara y no nos merecemos este Parlamento, no nos merecemos este Congreso de los Diputados que el
principal grupo de la oposición plantee la semana pasada una interpelación y hoy una moción en los términos en que lo ha hecho. Yo incluso pediría que retiraran esta moción y que no obligaran a esta Cámara a plasmar hoy aquí una división ante lo
que debería ser un motivo de unidad. (Aplausos.) La lucha contra el terrorismo requiere unidad, requiere consenso, requiere discreción, requiere una alta dosis de responsabilidad de todos, y esto se lo dice Convergència i Unió que ha dado muestras
sobradas a lo largo de todas las legislaturas de estar al lado del Gobierno en la apuesta por conseguir la paz y en la lucha contra el terrorismo. Nunca encontrarán una sola intervención de este grupo parlamentario en contra de un Gobierno en
materia de política antiterrorista, y no nos merecemos en este Parlamento que vayamos a votar hoy una moción sobre política antiterrorista que lo que al final plasma es que estamos divididos cuando la sociedad no nos entiende. Qué nos está pasando
dirán muchos ciudadanos si hoy leen el 'Diario de Sesiones'.
¿Cómo permitimos que en el Parlamento, a golpe de interpelación, a golpe de moción, a golpe de rueda de prensa, vayamos lanzando insinuaciones, vayamos lanzando mensajes que aumentan la
crispación, aumentan la división y utilizan al final las propias víctimas en el debate? No nos lo merecemos, nadie puede utilizarlas ni en un sentido ni en otro. Por tanto, nuestro grupo -ya lo adelanto- va a votar que no. Incluso no le hubiera
gustado a nuestro grupo que llegara a aceptarse una enmienda a esta moción, porque no es a golpe de moción como vamos a resolver un tema tan delicado, que exige tanta prudencia, que exige discrección y que exige sobre todo visión amplia de Estado.
En este sentido, nosotros creemos que esta moción no va en la línea correcta, no va en la línea necesaria, no va en la línea que aprobó este Congreso de los Diputados el pasado 17 de mayo, que lamentablemente no fue por unanimidad, pero era
una línea que intentaba ofrecer una luz de esperanza en el fondo. A este portavoz le tocó intervenir en ese debate y dijo ante esta Cámara: Vale la pena intentarlo. No sabemos si saldrá bien, pero vale la pena intentarlo; y cuando un Gobierno
quiere intentarlo debemos tener la responsabilidad de tratar que ese intento lleve a un buen resultado. Por tanto, esta es la posición de Convergència i Unió; una posición que pide sosiego ante este debate, pide serenidad, pide consenso y pide
sobre todo que no hagamos de la política antiterrorista un arma arrojadiza de unos contra otros, que este no sea un motivo, un argumento para la lucha partidista. No intentemos sacar ventaja de este tema. Señora Sánchez-Camacho, hoy a usted, que
es una buena parlamentaria, le ha tocado lidiar un mal debate. Usted ha subido aquí a defender una moción y no ha hablado del contenido de la moción.
¿Por qué? No ha hablado del contenido de la moción, porque cuando se presentó la interpelación
se pretendía trasladar el siguiente mensaje a la sociedad: Cuidado, que la legislación penitenciaria la van a aplicar de una forma que va a ser un precio para la paz. Este era el fondo de la interpelación, y se puede leer el 'Diario de Sesiones' y
se pueden leer declaraciones previas de algunos portavoces advirtiendo: Cuidado, que la interpretación de la legislación penitenciaria va a ser uno de los precios que pagaremos; pero se ha demostrado que no. Si se ha demostrado que esta semana el
Tribunal Supremo se ha pronunciado por un cumplimiento estricto de las penas y del cumplimiento de los 30 años, ¿dónde quedan esas argumentaciones que podían hacer parecer que el Gobierno estaba detrás de una solución distinta? Señorías, este
debate no debería producirse hoy. Sería mejor retirar la moción y no llegar a votarla; no plasmar una vez más la división en materia de lucha contra el terrorismo.
A los que somos juristas en esta Cámara, a los que pertenecemos a la Comisión de
Justicia, tampoco nos parece bien que se utilice la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ir a favor de unos o de otros.
Hoy se ha afirmado durante la defensa de la moción: Es que el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. ¿Es que jugamos a
partidos también en el Tribunal Supremo? Espero que no. Nuestro grupo parlamentario espera que con lealtad, con responsabilidad, con discreción, cumpliendo el Estado de derecho, con garantías, le vayan bien las cosas a este Gobierno y a este país
en materia de lucha contra el terrorismo, porque es el mejor servicio que podremos dar al conjunto de la sociedad y a las propias víctimas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Señora Sánchez-Camacho, se ha presentado una enmienda de sustitución. ¿Me podría decir si la acepta o la rechaza?
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor presidente, si la enmienda se mantiene como de sustitución, este grupo no la aceptaría; si fuera de adición al texto, sí la aceptaríamos. (Rumores.) Como entendemos que se mantiene como enmienda de
sustitución, como tal no la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En ese caso entiendo que se rechaza. Para confirmarlo, señor Villarrubia, ¿mantiene usted la enmienda en su estado?
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Sí, es evidente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe que se votará en sus términos.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y TITULARIDAD EN MATERIA DE PUERTOS Y AEROPUERTOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (Número de expediente 173/000114.)
El señor PRESIDENTE: Segunda moción, del Grupo de Esquerra Republicana, sobre la transferencia de competencias y titularidad en materia de puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Para la defensa de la moción tiene la
palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana discutió la interpelación y ha presentado una moción con dos puntos claros en lo que hace referencia a los puertos y aeropuertos catalanes: la transferencia al
Gobierno de la Generalitat de la gestión de los puertos y aeropuertos de Cataluña -los que consideramos de interés general, es decir todos los de Tarragona y Barcelona-, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, que así lo prevé. ¿Qué se
pretende con ese traspaso? Como decíamos en la interpelación, crear un modelo más descentralizado, un modelo multipolar y de sana competencia para captar nuevos clientes, nuevas compañías, nuevos tránsitos y nuevas mercancías y trayectos en el caso
de los puertos; en definitiva sana competencia.
También preveíamos que no fuera un simple traspaso, sino que hubiera dos nuevas figuras: una era el consorcio. Fíjense ustedes en la secuencia cronológica: traspaso de gestión al Gobierno de
Cataluña y el establecimiento en la misma ley de un consorcio donde estuvieran presentes Puertos del Estado y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, para que hubiera conexión con el sistema aeroportuario ya existente. Una tercera figura
-que deja muy clara nuestra voluntad- es la creación de un canon para que los puertos y aeropuertos catalanes contribuyan al mantenimiento y mejora del sistema de puertos y aeropuertos del Estado. Esta es la voluntad clara e inequívoca de la moción
que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
¿Por qué creemos que esta es una buena solución? Voy a empezar por el final. Hoy en día -lo dijimos ya en la interpelación- el modelo AENA y el modelo Puertos del Estado es único en Europa. No vamos a repasar la política comparada en los
modelos de gestión portuaria o aeroportuaria, pero es evidente que las directivas europeas exigen autonomía de gestión y transparencia. Creemos que es un sistema, en lo que se refiere a aeropuertos, de centro y periferia. Empezábamos la
interpelación de la semana pasada de forma clara hablando de la T4, la nueva terminal de Barajas, una gran terminal que puede situar a Barajas en el ranquin, en el top ten de los aeropuertos de Europa. Por cierto, hoy Madrid-Barajas es el
decimotercero de los treinta aeropuertos a nivel mundial, pero el de Barcelona no está ni entre los treinta primeros. Digo esto porque la señora ministra decía que España gozaba del mejor sistema de gestión aeroportuaria, que era AENA, y que era la
envidia del mundo. Pues la envidia del mundo solo ha conseguido colocar uno de sus aeropuertos entre los treinta primeros del mundo, mientras el número 13 tampoco está en el top ten. Decía esto para mostrar la necesidad de que el sistema no puede
ser de centro y periferia. Es necesario un sistema multipolar. Voy a poner un ejemplo de la perversión del actual modelo.
Las compañías extranjeras, que están buscando nuevos enclaves para situar sus puestos de negocios cuando negocian en los certámenes, en las conferencias, en los congresos y en las ferias que conciertan las compañías aéreas internacionales
con los aeropuertos de diferentes sitios del mundo, observan perplejas -esto lo comentaba una compañía asiática en Barcelona- que hay una persona que está defendiendo las posibilidades del aeropuerto de Barajas y al cabo de media hora aparece la
misma persona defendiendo las posibilidades del aeropuerto de Barcelona o del aeropuerto de Málaga. Estamos en una situación anómala, por eso esta compañía asiática mostraba su perplejidad. No es lo mismo situarse en el aeropuerto de Barcelona que
en el de Málaga o en el de Madrid; son situaciones diferentes. Creemos que ha llegado la hora de la autonomía de gestión. He dicho que empezaba por el final porque no sería bueno pensar que en un momento dado lo que tendríamos es una
privatización o abrir la puerta de los aeropuertos a la gestión privada, que nos parece siempre correctísima, porque lo que tendríamos es un nuevo engendro: un sistema único, de monopolio, pero privado. Habría un sistema de monopolio de la gestión
aeroportuaria público y pasaríamos a un sistema privado, con lo cual los déficits serían aún peores porque se reforzaría el centro por una simple teoría de economías de escala, más eficiente y más clara la gestión centralizando los recursos y
dejando las antenas, que es lo que ha pasado en el modelo francés, que con algunas diferencias es lo que más se parece al modelo español.
En relación con los puertos la ministra decía que la Generalitat de Catalunya como otras comunidades autónomas decide el director y el presidente del puerto de Barcelona y del puerto de Tarragona y que el Gobierno catalán sitúa en el consejo
de dirección de estos puertos a la mayoría de sus miembros. Si esta es la autonomía que tenemos y, como decía la ministra, casi es total, ¿qué problema hay en dar la transferencia de la gestión? Si el modelo actual de puertos es casi ya de total
autonomía, ¿dónde está el problema para traspasar la gestión al Gobierno de la Generalitat? El problema es muy evidente: que los puertos ni pueden definir su régimen laboral, ni pueden definir el presupuesto anual, ni el plan
estratégico, ni el balance provisional, ni la cuenta de resultados, ni el nivel de endeudamiento, ni las inversiones; todo esto lo define Puertos del Estado. Es más, ni puede definir sobre ámbitos que van más allá, ni puede participar en
empresas privadas o públicas que van más allá del aeropuerto, desde el punto de vista de conexión ferroviarias, de mercancías o de participación en otros puertos estratégicos en el caso del Mediterráneo. Creo sinceramente que la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista no soluciona el problema, es más de lo mismo. En definitiva, se trata de mantener el consorcio y el modelo de sistema, pero no aporta una solución. No aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista pero sí aceptaremos
la enmienda del Grupo de Coalición Canaria porque va en consonancia con lo que definimos, y siendo un archipiélago estoy seguro de que sus enmiendas están hechas porque sabe perfectamente de qué estamos hablando, de lo que es un sistema y de lo que
es la referencia entre centro y periferia.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, señor Rivero de Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, mi grupo ha presentado una enmienda a esta oportuna moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya; digo que a esta oportuna moción
como consecuencia de la interpelación debatida la semana pasada porque coincide en el tiempo, probablemente por casualidad, con el debate sobre el modelo de Estado y el debate sobre las reformas de los Estatutos de Autonomía. El presidente del
Gobierno se comprometió en esta Cámara en el debate de investidura a iniciar, a impulsar un proceso de reforma de los Estatutos de autonomía y a que ese proceso de reforma se planteara desde el reconocimiento a la diversidad de los distintos pueblos
de España y a las necesidades objetivas de cada una de ellos, es decir ajustando el ámbito competencial a las necesidades de cada uno de los territorios para seguir evolucionando social y económicamente. Por tanto, esta moción que se debate hoy
tiene un gran alcance, que es la primera prueba de fuego para ver de verdad, según ese compromiso adquirido en el debate de investidura, si entender esa España plural, entender la necesidad de ajustar las competencias a las necesidades de cada
territorio es una apuesta convencida o simplemente un brindis al sol. El papel que juegan los puertos y los aeropuertos en determinados territorios es fundamental, es vital y a ninguna de SS. SS. se le escapa que no es exactamente igual el papel
de un puerto y de un aeropuerto en territorio continental que en territorio insular o en el territorio insular alejado; es absolutamente diferente siendo importante en cada una de las partes, tanto en la continental como en la insular, como en la
insular alejada. En las insulares no hay alternativas ni al puerto ni al aeropuerto, no están las alternativas de la carretera ni del ferrocarril, por tanto un pueblo no puede evolucionar social o económicamente si no tiene una buena
infraestructura y una buena coordinación en esa infraestructura portuaria y aeroportuaria. La política del Gobierno en materia de puertos y aeropuertos no es una propuesta esperanzadora si se explicita en la enmienda que hoy se va a debatir como
consecuencia de esta moción, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Dicha enmienda respecto a esa voluntad descentralizadora es café para todos, y no parece este el camino razonable para intentar fortalecer el ámbito competencial de las
comunidades autónomas en función de cada una de sus necesidades. Por eso hemos presentado esta enmienda que complementa la moción planteada por Esquerra Republicana de Catalunya. Es una enmienda de adición que hace extensivos todos los
planteamientos que ha realizado desde esta tribuna el portavoz de Esquerra Republicana, ya que los compartimos todos, al archipiélago canario en la gestión de sus puertos y de sus aeropuertos. Hoy estamos cerca de estos planteamientos, que son
coincidentes con los compromisos adquiridos en la investidura, y de nada vale filosofar sobre el reconocimiento a la diversidad, sobre el compromiso descentralizador si en la reforma de los Estatutos no empieza a materializarse esa capacidad de
autogobierno para facilitar los avances, el desarrollo social y económico a cada uno de los territorios.
Por tanto, señor presidente, nuestra enmienda se concreta con esas aportaciones a la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Para defender la enmienda socialista tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno socialista ha hecho público reiteradamente su compromiso de desarrollar a lo largo de esta legislatura la participación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales y de otros
órganos representativos de carácter social en la gestión de los puertos y de los aeropuertos de interés general del Estado; por tanto esto es algo de todos conocido. Nosotros nos sentimos bastante satisfechos del actual funcionamiento de nuestro
sistema aeroportuario, pero no nos damos por contentos, por eso queremos seguir avanzand, con dos premisas: la primera, la mejora en la prestación de los servicios públicos ofrecidos en calidad y seguridad y, la segunda, que se avance impulsando el
desarrollo económico y social de esas comunidades autónomas que tienen puerto o aeropuerto y, por tanto, para beneficio del conjunto del país. Este es un compromiso que no es nuevo, que no es oportunista y que se repitió la pasada legislatura por
mi antecesor, don José Segura, en
numerosas ocasiones. Lo planteó el Partido Socialista en su programa electoral -página 118 del Pisit, el programa que presentamos en el ámbito de infraestructuras-, lo reiteró la señora ministra en la primera comparecencia y está recogido
en el Consejo de Ministros que aprobó el PEIT el 25 de junio del año pasado.
Sobre la base de estos planteamientos, hemos presentado una enmienda con dos contenidos: primero, el referido al interés general de los puertos.
Este compromiso, señorías, tienen que saber que ya se está llevando a cabo desde la reforma
1997, que posibilita que los presidentes de las autoridades portuarias sean nombrados por las comunidades autónomas y que estas tengan mayoría en el consejo de administración. Sinceramente, cualquiera que conozca el sistema portuario español tiene
que sentir orgullo al ver cómo nuestros puertos han sabido adaptarse a los tiempos modernos y estar entre los más competitivos de Europa y del mundo. Ahí está el puerto de Algeciras, el puerto de Barcelona, el puerto de Bilbao, el puerto de
Valencia, el puerto de Coruña; son puertos que han sabido adaptarse a un sistema que ha funcionado bien, pero creemos que hay que dar un paso más. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico formal no se ha producido todavía una delegación de
competencias, por eso en la enmienda solicitamos que se constituyan consorcios, que en su momento, cuando se aprueben, sustituirán a las autoridades portuarias y ejercerán las funciones que estas vienen desempeñando en la actualidad. Obviamente, en
dichos consorcios tendrán una participación fundamental las comunidades autónomas. Por tanto, el PSOE garantiza que las comunidades autónomas tengan en ese consorcio más capacidad de competencia de las que tienen hoy día, señor Puigcercós, y eso lo
sabe usted.
En cuanto a los aeropuertos de interés general en la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Socialista planteó también la necesidad de una corresponsabilidad en la gestión, que no es lo mismo que la transferencia de la titularidad, que es
lo que usted quiere. Nosotros hablamos de corresponsabilidad en la gestión. Defendimos entonces esa cogestión y ahora, en el Gobierno, la seguimos defendiendo. Por eso, ante la necesidad de avanzar en las dos premisas que mencioné al comienzo de
mi intervención, hemos introducido en la enmienda que hemos presentado que en el ámbito de los aeropuertos se puedan constituir consorcios para cada uno o varios de los aeropuertos mediante la habilitación legal adecuada, y cuyos órganos colegiados
de dirección estarán integrados por representantes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, así como de los ayuntamientos y del área de influencia inmediata del aeropuerto e incluso -por qué no- del sector privado. En
dicho consorcio -lo tengo que decir claramente- la Administración General del Estado ostentará la mayoría y asumirá la competencia sobre la planificación y la gestión del territorio, de las instalaciones y de los servicios que se presten en el
interior del aeropuerto.
En todo caso, señoría, el modelo que plantea Esquerra Republicana supone una ruptura del modelo aeroportuario existente, y para nosotros eso es desaconsejable desde una óptica de política aeroportuaria integrada.
Señor Puigcercós, usted ha
tergiversado las palabras de la señora ministra. Sus palabras fueron las siguientes: Efectivamente, AENA es un organismo envidiado por el resto de los países por su eficiencia, por su eficacia y por sus resultados, tanto en la seguridad como en
las operaciones de tráfico. Eso no tiene nada que ver con el ranquin al que usted ha hecho referencia. Termino recordando unas palabras que hoy ha dicho nuestra querida secretaria adjunta, doña Teresa Cunillera: consideramos un error realizar
este debate hoy cuando el próximo jueves se va a debatir en la ponencia de la reforma del Estatuto de Cataluña este tema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a votar favorablemente esta moción porque entendemos que lo que hay hacer es adecuar el Estado de las autonomías también a
la gestión de puertos y aeropuertos. El señor De la Encina hacía una reflexión que poco tiene que ver con el modelo de Estado que tenemos. Lo cierto es que hoy a nivel regional es imposible elaborar y definir estrategias para impulsar proyectos en
materia portuaria o aeroportuaria debido precisamente a la legislación vigente. En este caso nos sorprende la reflexión que hace el señor De la Encina porque se queda un poco corto, ya que para el Estado de las autonomías y para todos iría bien que
esta gestión se pudiese hacer a nivel regional.
Tenemos que ir a este modelo multipolar; un modelo multipolar en el que participen las comunidades autónomas, en el que decidan las mismas y en el que participen los ayuntamientos y el tejido industrial. Con la propuesta que hoy hace el
Grupo Parlamentario Socialista eso no se garantiza plenamente; así lo entendemos nosotros. ¿Cuál es la vía a nuestro entender? La vía del artículo 150.2, claro que sí, como no puede ser de otra manera. La vía del artículo 150.2 que precisamente
permita que sean en este caso las comunidades autónomas las que diseñen esta estrategia. ¿Qué nos ha sorprendido de la enmienda? Nos ha sorprendido que la enmienda se queda por detrás de lo que incluso ustedes habían planteado o propuesto en
comparecencias públicas, y también tengo notas de prensa al respecto. ¿Qué esperamos? Esperamos que se materialice lo que se ha dicho en múltiples ocasiones. Nos es igual quién se cuelgue la medalla; de hecho, nos es igual si el mérito se lo
lleva Esquerra Republicana o si es un mérito compartido, porque lo que es muy importante es que tengamos un avance en materia competencial -en este caso en la transferencia de puertos y aeropuertos
, permitiendo que la Generalitat, a partir de la propuesta de Esquerra Republicana, sea la que realice la gestión. Como les decía, entendemos que la vía es la del artículo 150.2, dando la confianza a las comunidades autónomas, y a partir de
esa transferencia de la competencia las comunidades autónomas harán lo que se debe hacer.
A nosotros nos parece bien el modelo que plantea Esquerra Republicana, el del consorcio con AENA, un consorcio razonable, entendiendo que puede haber un canon que se transfiera a aquellos aeropuertos que son menos rentables. Ese es un buen
modelo porque permite que exista un liderazgo regional, concretamente en el caso de Cataluña, y que se defina una estrategia concertada entre los diferentes puertos catalanes o, por ejemplo, entre el aeropuerto de El Prat, el aeropuerto de Reus y el
aeropuerto de Girona. Por tanto, lo que se plantea es simple y llanamente lo razonable. ¿Qué esperamos? Esperamos que lo que se plantea en la moción sea realidad en breve. Nos gustaría que el próximo viernes, que se va a reunir la ponencia del
Estatut y se va a discutir esta materia, pudiésemos llegar a un acuerdo político para que esto sea realidad. ¿Qué creemos que pasará? Que el acuerdo se producirá. Estamos convencidos de que el se va a producir, y es una pena que el acuerdo no se
haya podido materializar hoy a partir de la moción de Esquerra Republicana, una buena moción, una buena base, e incluso me atrevo a decir que una mejor base que la enmienda del Grupo Socialista. ¿Y qué es lo que pasará a continuación? Que de aquí
a pocos meses el señor Ayala incluso aplaudirá el acuerdo, y dirá que lo que se acuerde -en este caso el modelo de transferencias- es mucho más eficaz y permite el desarrollo de la estrategia regional. Lo pedirá para el Partido Popular. Pero eso
pasará dentro de unos meses, no hoy; hoy lo criticarán supongo que de forma vehemente, pero eso pasará de aquí a unos meses cuando digan simplemente que lo que se tiene que hacer en España es lo que se hace en todos los países de la Unión Europea,
excepto en algunos: en los países realmente jacobinos y centralizados. Pero ese no es nuestro modelo y, por tanto, no nos tenemos que preocupar. Lo que tenemos que hacer es un modelo descentralizado, un modelo que respete el Estado de las
autonomías también en la gestión de puertos y aeropuertos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, diversas razones que me atrevo a calificar de coyuntura política o de oportunidad política hicieron y hacen que mi grupo haya seguido con especial interés el debate que, en forma de interpelación urgente, presentó la pasada semana
el Grupo de Esquerra Republicana. Subrayo dos razones estrechamente relacionadas entre sí. Teníamos interés en saber si las largas discusiones que suponíamos que habían mantenido las fuerzas políticas catalanas entre sí, y en concreto Esquerra
Republicana con el Gobierno central en el marco de la negociación del nuevo Estatut de Cataluña sobre transferencia de puertos y aeropuertos a la Generalitat, habían llevado a las dos partes a algún género de aproximación que pudiera ser útil para
ellos y quizá para otros. Y en estrecha relación con esta razón de oportunidad, teníamos interés en ir atisbando por dónde puede venir esa propuesta tantas veces proclamada con tanta pomposidad, por cierto, por el Partido Socialista, sobre un
supuesto nuevo sistema de gestión aeroportuaria. Pues bien, nuestro gozo en un pozo, más bien en un charco. Esa impresión tuvimos cuando menos al asistir al debate entre el señor Puigcercós y la señora ministra la pasada semana y, salvo error, a
esa conclusión nos va a llevar también el debate y sobre todo lo que va a ocurrir esta noche en el Congreso con la moción. Tras seguir con atención el debate que mantuvieron la semana pasada en esta misma Cámara el señor Puigcercós y la ministra de
Fomento, nuestra conclusión fue que, de aproximación entre ellos, nada al parecer, y, por lo mismo, de posible modificación por iniciativa del Gobierno hacia un sistema realmente descentralizado de organización y gestión de los puertos y
aeropuertos, más bien nada también, y quisiéramos equivocarnos. Ni el debate de una interpelación urgente ni el de una moción son momentos oportunos para entrar a debatir a fondo sobre las infraestructuras aeroportuarias y portuarias y sobre su
sistema de gestión, y mi grupo intenta hacerlo hoy por lo mismo.
En todo caso, mi grupo va a apoyar la moción que presenta el Grupo de Esquerra Republicana porque, sin entrar a analizarla en detalle, entendemos que se sustenta en principios y análisis expuestos por el propio señor Puigcercós la pasada
semana con los que mi grupo coincide básicamente, lo que por cierto está muy lejos de ocurrir con los principios y análisis que expuso la señora ministra. Y no estamos hablando solo -que también- de principios y análisis políticos, y mucho menos de
predios políticos de distribución territorial del poder político, porque sabe la ministra y debe saberlo el Gobierno central, que el debate sobre la organización y gestión portuaria y aeroportuaria en el Estado español va mucho más allá de un puro
debate entre políticos. Es también el debate que existe, que promueven y que deben promover muchos gestores de ese sistema. Y por lo mismo no vale tampoco escudarse en que el sistema sería el mejor de los posibles, y que sería un sistema que en sí
mismo poco tendría que discutirse o pocos argumentos políticos habría que dar en una u otra dirección, porque todos sabemos que dentro y debajo de ese sistema se ocultan también decisiones políticas llenas de discrecionalidad y arbitrariedad,
evidentemente, de quien manda en los sistemas portuario y aeroportuario, que es la Administración central.
Podríamos multiplicar los ejemplos. Por falta de tiempo me referiré solo a uno. Dijo
la ministra que AENA funciona perfectamente, pero, por ejemplo, los ciudadanos de Donostia y de Guipúzcoa observamos que esto se dice, y pomposamente, al parecer por igual, cuando se elabora por esa entidad un determinado plan director u
otro plan director que es contrario a este, y siempre se dice que los dos funcionan perfectamente. Pues las cosas no pueden llegar hasta este extremo de absurdidad.
Por otra parte, este supuesto buen funcionamiento tampoco sería razón suficiente para oponerse a nuevos planteamientos de mayor descentralización y transferencia porque, de otra forma, ¿qué razones habría para no transferir tantos y tantos
servicios que funcionan mal y que la Administración central se niega a transferir, incluso cuando esa transferencia está recogida en determinados estatutos de autonomía? Y pongo un ejemplo: el INEM. Los escándalos sobre el INEM, y en concreto
sobre el Forcem, están siendo desvelados un día sí y otro también según pasan los años, los últimos en Cádiz, y no hay ninguna intención de transferir a pesar de este mal funcionamiento.
De forma que -y termino, señor presidente, señorías-, nosotros vamos a apoyar la moción de Esquerra Republicana porque coincidimos en sus principios, en sus supuestos, y porque a Cataluña le deseamos lo mejor, y si usted acepta que se sumen
los canarios, también a Canarias le deseamos lo mejor. Señor Puigcercós, vamos a apoyarlo sin condicionamientos de ningún género. Dicho de otra forma, aunque no nos den a nosotros, vamos a apoyarlos a ustedes. No hay condicionamientos a la hora
de apoyarlos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Finalmente, Grupo Parlamentario Popular. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.) Perdón, señor Jané, me olvidé de usted. Son ya muchas horas.
Tiene usted la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Discúlpeme.
El señor JANÉ i GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, si alguien leyera el 'Diario de Sesiones' y viese que, al final, Convergència i Unió no intervenía en un debate como este, seguro que se sorprendería. Evidentemente faltaba aún la intervención del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) respecto a una moción que va a recibir el voto favorable de nuestro grupo. Es una moción que, en gran parte de su contenido, ha sido ya defendida en otros trámites parlamentarios por nuestro grupo en esta legislatura y en la
anterior, a pesar de que siempre invocábamos el artículo 150.2, un artículo, señor presidente, que está en la Constitución y que debe poder utilizarse, porque nada es más constitucional que el artículo 150.2: que a través de una ley orgánica se
transfiera una competencia del Estado a una comunidad autónoma que está preparada para recibirla, que quiere ejecutarla y que quiere gestionarla. Es constitucional el planteamiento y es constitucional aplicarlo como propone la moción a los
aeropuertos y a los puertos. Es, repito, un planteamiento constitucional y, además, nuestro grupo coincide con el diagnóstico que Esquerra Republicana ha hecho de la situación y de la necesidad de realizar esa transferencia y de articular después
una fórmula de gestión vía consorcio. Esta es, señor presidente, señorías, la vía que está avanzando también en las negociaciones del Estatut. Precisamente esta moción viene en un momento que coincide con la negociación estatutaria, y en esa
negociación estatutaria se quiere avanzar en ese planteamiento de la transferencia y del consorcio posterior. Por tanto, va en esa línea. La concreción final quizá no debería producirse en esta moción, sino en el propio debate estatutario, tras
las negociaciones, pero los grupos que compartimos ese diagnóstico, que históricamente hemos votado -y está aquí el señor Xuclà, que el pasado mes de abril defendía ante esta Cámara una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario de
transferencia a la Generalitat de los aeropuertos de interés general-, cómo no vamos a defender ahora para el aeropuerto de Barcelona, de Reus, de Girona o de Sabadell eso que habíamos defendido hace menos de un año en esta Cámara.
Esperamos que la negociación estatutaria prospere; esperamos, señor de la Encina, que prospere más allá de la enmienda que usted ha presentado y ha defendido hoy aquí. Es una enmienda que va con el freno de mano, que no se suelta, es un
poco la enmienda de aquel grupo que, ante lo que aún no se ha acordado, piensa que vale más ser prudentes, y nosotros entendemos que no, que en este caso la prudencia ya llega tarde, porque las negociaciones están avanzadas, y esperamos que se
orienten en el buen camino, en la buena dirección, en la dirección de un acuerdo que sea favorable para lo que debe ser una gestión de los aeropuertos y puertos más próxima, más eficaz, más competente y más involucrada en el tejido económico de la
nación catalana, en este caso, que tiene la voluntad de asumir esa competencia, de gestionar los aeropuertos y los puertos a través de esas vías de consorcio, pero en Convergència i Unió pensamos que se va en la dirección correcta. Esperamos que en
los próximos días haya un acuerdo definitivo en materia de aeropuertos y puertos y que, después, se cumplan esos compromisos estatutarios, porque como en tantos otros debates hay siempre una segunda parte, y cuando en el Estatuto se invocan futuras
leyes orgánicas de transferencia o delegación, quiero recordar que la legislatura está abierta para que se cumplan, para que se presenten los proyectos de ley, quizá proposiciones de ley conjuntas de grupos parlamentarios y que, por la vía
constitucional del 150.2, se puedan asumir esas competencias.
Termino ya, señor presidente, señorías. Anunciamos nuestro voto favorable a la moción, repetimos nuestra sorpresa ante una enmienda que nos parece sumamente restrictiva en un momento en el que ya no deberíamos articular tantas
restricciones, y esperamos que, finalmente,
la negociación estatutaria en este ámbito llegue a buen puerto, y nada mejor hablando de transferencias de aeropuertos y puertos, como es el objeto de la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Señor Ayala, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de la intervención del representante de Esquerra Republicana de Catalunya se llega a la conclusión de que, lejos de preocuparles la mejor gestión de los puertos y aeropuertos, lo único que pretenden es tener cada vez menos
lazos con el Estado, cada vez menos elementos de cohesión y vertebración, en definitiva, ir cada vez más a su modelo de Estado, en el que los puertos y aeropuertos son un elemento más de hacia dónde van, es decir, a la total independencia del resto
de España.
Esta moción, lejos de pretender justificar que la descentralización garantiza una mejor gestión -que no lo hace-, lo que pone de manifiesto es el desencuentro entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Socialista. No por otro
motivo se justifica la interpelación estando en la ponencia la modificación del Estatuto de Autonomía y, como el señor de la Encina ha dicho, viéndose el jueves la redacción de las competencias en estas materias. Es la reacción, por despecho, de la
pareja abandonada después de que el Partido Socialista haya soltado amarras con Esquerra Republicana de Catalunya y se haya entregado a otros brazos. Por eso la moción trata de llegar mucho más allá de lo que dice el propio texto del Estatuto que
ha venido del Parlament catalán y que se está debatiendo en la Comisión Constitucional. No es ni siquiera un pulso con el Partido Socialista; es volver al discurso que más rédito electoral le da a Esquerra Republicana de Catalunya. No es más que
tratar de volver, como ha hecho aquí el señor Puigcercós, a ese discurso vacuo del centro y la periferia, como si los diputados de esta Cámara, menos los nacionalistas, no tuviéramos la más mínima sensibilidad territorial. Pero es que, además, ese
discurso los lleva a la pura contradicción, porque primero el señor Puigcercós y luego el señor Herrera sí dicen que se puede coordinar la política entre los puertos y aeropuertos catalanes. ¿Y no se puede coordinar la política entre los puertos y
aeropuertos del Estado como están funcionando? Sí vale para Cataluña, pero no vale para España. Esa es la incongruencia de las posturas de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El PSOE recobra su
posición estatal que, por otra parte, es la de la mayoría de su partido, pero, señor De la Encina, veremos hasta cuándo se lo consiente su nueva pareja de baile. ¿Va a exigir CiU menos de lo que estaba exigiendo Esquerra Republicana de Catalunya?
No lo sabemos, puesto que por ahora nos encontramos en el primer plato y el baile toca a los postres. También es posible que sea una nueva manifestación -esperemos que no- de la política del todo vale y el como sea, que nos lleva a la estrategia
del próximo minuto sin pensar en lo que nos puede pasar no ya dentro de seis meses, sino en las próximas 48 horas. Por tanto, tenemos que esperar a ver hasta cuando va a perdurar esta posición del Grupo Socialista y cuál va a ser el próximo
compromiso que exija una nueva renuncia a la coherencia ideológica, al PISIT y al PEIT, algo que esta tarde se ha confesado y defendido. Mientras tanto, nos congratulamos de que podamos seguir disponiendo de un sistema portuario y aeroportuario
perfectible, por supuesto, pero que permite la cohesión y la vertebración, así como mantener unos criterios de globalidad que benefician a todos, que no suponen perjuicio para nadie, y realizar grandes proyectos que de otra manera no podrían
hacerse.
Así pues, el Grupo Parlamentario Popular no puede más que confirmar que esta moción ha sido muy oportunista -el portavoz de CiU ha dicho que hace pocas sesiones vimos otra de similares características-, consecuencia de políticas parciales de
los pactos de cada día y de políticas efímeras sin visión de futuro, de los compromisos coyunturales sobre la base del oportunismo político. Señores de Esquerra Republicana y del Grupo Socialista, qué difícil es decir que no a la pareja de baile
sin poder decirle el porqué, aunque el porqué sea cada vez más evidente y lo veamos todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.
Señor Puigcercós, ¿confirma su posición respecto a las enmiendas? (Asentimiento.) Es decir, acepta la canaria, pero rechaza...
(Asentimiento.) Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SIUSTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 173/000115.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la situación del proceso de actualización y mejora de la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para presentar esta moción, que, como muy saben SS.SS., es consecuencia
de una interpelación que presentamos la semana pasada a la ministra de Sanidad sobre la necesidad de la actualización de la cartera de servicios y prestaciones del sistema estatal de salud. El objeto de la interpelación, así como el de esta
moción, fue centrarnos en tres ámbitos concretos, en los cuales creemos -estamos convencidos de ello y aportamos y traemos a colación algunos datos bastante objetivos- que existe un déficit evidente en cuanto a la cobertura pública.
Hago referencia, señorías, por una parte, a la salud bucodental y al nivel de cobertura dentro de su ámbito; hago referencia a la materia de la salud mental, de los importantes cambios que ha habido en la manera de afrontarla desde un punto
de vista sanitario y la no adaptación del sistema público español a estas nuevas formas; y hago referencia también a nuevas prestaciones, de acuerdo con el nuevo conocimiento y con la nueva ciencia en materia de oftalmología.
Como muy bien saben SS.SS., estamos trabajando a partir de un real decreto sobre las prestaciones que regula la cartera de servicios, que es del año 1995. Hace once años que no se ha actualizado y revisado esta cartera de servicios, y
debemos hacerlo y ponerla en estos tres ámbitos que les he señalado simplemente al nivel de otros referentes, de otras coberturas, a nivel europeo.
La semana pasada en la interpelación hacía referencia, por ejemplo, en materia de salud bucodental y concretamente de las enfermedades relacionadas con el periodonto, a las prestaciones en el sistema francés o en el belga, y recordaba lo que
supone que el 50 por ciento de los problemas y de las enfermedades bucodentales no tengan ningún tipo de cobertura -cero por ciento- en el real decreto del año 1995, pero también, sea dicho de paso, cero por ciento de cobertura, según nos anunció la
ministra en el transcurso de la interpelación, en este futuro real decreto que seguramente estará aprobado para mitad de este año, alrededor del mes de mayo o junio, y que yo creo que de forma absolutamente insuficiente, nos anunció que perfilaba
-utilizando la expresión de la señora ministra- mejor las mismas prestaciones pero que no afrontaba unas nuevas.
De acuerdo con la nueva ciencia, de acuerdo con estos ocho años transcurridos, más allá de un real decreto que ya está acordado en el seno del Consejo Interterritorial de Salud a partir de un acuerdo del 14 de diciembre del año pasado, ahora
mismo, desde momento, debemos ponernos a trabajar, señorías, para afrontar una justa actualización en estos tres ámbitos a los cuales he hecho referencia, desde este momento y fijando plazos, y este es también el objetivo de la moción consecuencia
de interpelación que presento. No podemos hablar de una forma indeterminada, debemos hacerlo de esta legislatura, de los siguientes acuerdos del consejo interterritorial y de una necesaria actualización de la cartera de servicios que no puede
esperar ni once años, ni cinco, ni cuatro, sino que se debe producir durante esta legislatura.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que cuenta con una tradición de cultura de Gobierno y que sabe perfectamente que no se puede hacer todo y a la vez, hace este planteamiento con el que pretendemos, como les decía antes,
ponernos al nivel de otros Estados de la Unión Europea en cuanto a coberturas.
¿Qué planteamos? En el ámbito de la salud bucodental, una cobertura universal entre las criaturas, infancia y juventud, entre los siete y los quince años. Como muy bien saben SS.SS., una buena salud bucodental en la infancia está en la
base de una buena salud bucodental para toda la vida.
Algo de esto, esta referencia de los siete a los quince años, les debe resultar conocido a los señores diputados de la mayoría del Grupo Socialista.
Igualmente pedimos una cobertura universal para personas discapacitadas al margen de su edad, muy en la línea de la enmienda planteada por el Grupo Popular que, en buena medida, viene a hacer un planteamiento que enriquece la propia moción
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Por una parte, todo lo referente a la salud bucodental, el plan bucodental de siete a quince años; también la necesidad no de actualizar, sino, partiendo de cero, incorporar las
primeras prestaciones, las primeras coberturas en el ámbito periodental.
Hacía referencia también a la salud mental. Sus señorías saben muy bien que hemos dejado atrás un determinado modelo de intervención, que suponía prácticamente el internamiento del mayor número de problemas de salud mental. Hemos dejado
atrás este modelo, y algunas personas en esta sala son especialistas en la materia, pero el sistema nacional no ha definido el nuevo modelo, ni ha puesto las bases, ni los recursos económicos, ni ha definido el modelo para el futuro. A través de
esta moción, planteamos la necesidad de un compromiso claro y definido en el tiempo, y cuando digo definido en el tiempo eso supone que en este mismo año, 2006, debería perfilarse, debería cerrarse, debería someterse a debate en el Consejo
Interterritorial de Salud, pero también a debate parlamentario el nuevo modelo de gestión de la salud mental. Finalmente, hay algo que hace once años no se recogía en el real decreto y que ahora es necesario incorporar, que son las intervenciones
reparadoras de los problemas de refracción visual.
Para terminar, señor presidente, señorías, hasta aquí el qué, pero también esta moción plantea el cómo. Es evidente que existe una importante red de prestaciones en el ámbito de la sanidad bucodental. No se trata de armar un nuevo sistema
público que cubra al cien por cien estas prestaciones, sino de hacer un encargo a la red privada, a la cual se le puede encargar la prestación de servicios públicos. Esta es nuestra propuesta del cheque sanitario en lo referente a la salud
bucodental. Mientras llegue el momento del cheque sanitario en el ámbito de la salud bucodental, también plantearemos, a través de esta moción y a través de la reforma fiscal que está en
curso en el Congreso de los Diputados, las deducciones fiscales en el IRPF en materia de prestaciones de salud bucodental.
Muchas gracias, señor presidente. Esperamos el apoyo mayoritario a esta ampliación, creo que razonable y razonada, de las coberturas sanitarias, razonada y razonable del Estado del bienestar. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclá. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo para la defensa de las enmiendas.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Xuclá, mi grupo ha estudiado con atención su propuesta, la considera muy positiva y va a contar con nuestro voto favorable. ¿Por qué? Porque hace una petición para que el Congreso de los Diputados diga al Gobierno que hay que dar más
prestaciones en la cartera de servicios, en concreto a tres: salud bucodental para niños y discapacitados, protección en la cirugía por láser de determinadas enfermedades oculares y el desarrollo de distintos programas en relación con la salud
mental; oportuna en el tiempo, porque se está debatiendo la cartera de servicios que hasta ahora no ha contado con la aprobación unánime de todas las comunidades autónomas; positiva porque incorpora prestaciones necesarias para los ciudadanos; y
realista porque en este momento de superávit presupuestario y de incremento de los recursos derivados de los impuestos del tabaco, el Estado español tiene posibilidades de financiar adecuadamente estas nuevas prestaciones. A mi juicio, señor Xuclá,
es discretamente insuficiente. Por eso, aunque vamos a votar favorablemente la propuesta, hemos presentado una enmienda que incorpora cuatro propuestas muy concretas y también actuales. No hemos querido ser exhaustivos para que pudiera haber
acuerdo en la Cámara. Las propuesta son: salud bucodental para los mayores de 65 años, evitando las distintas patologías del aparato digestivo, que son las más frecuentes; previsión en las personas mayores de los riesgos de la vista, de los pies
y de los oídos, porque estas enfermedades son las que más condicionan y previenen la dependencia de estos pacientes; el tratamiento que usted ha votado favorablemente en relación con la deshabituación tabáquica, porque si el consumo del tabaco es
probablemente el mayor problema de salud previsible en España parece lógico que el Estado ayude a los fumadores a dejar de fumar; y, por último, como está en el debate la Ley de reproducción humana asistida, ofrezcamos a las mujeres que quieren
quedarse embarazadas la posibilidad de que se acerquen con facilidad y con tiempo para que puedan tener hijos. Esta es una demanda que para nuestro grupo es prioritaria en el momento actual.
Tiene usted la oportunidad de votar afirmativamente esta propuesta, que como es lógico tiende al consenso y a facilitar a muchas personas en España algo que en este momento no tienen. Si, por el contrario, elige aceptar la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, dará un paso atrás muy importante en su propuesta porque no habrá salud bucodental para los niños ni para los discapacitados ni para los mayores, no habrá cirugía con láser para las enfermedades de los ojos ni
tratamiento de la patología mental, porque la propuesta del Partido Socialista es volver a estudiar algo que ya se sabe desde hace diez años, que es importante la salud bucodental, volver a estudiar los planes integrales de la salud mental, que
están contemplados en la Ley de Cohesión y Calidad, del año 2003, que aprobamos todos en conjunto, y volver a estudiar por la Agencia de Tecnología Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III si el tratamiento con cirugía con láser es eficaz o no,
cuando se lleva aplicando muchos años afortunadamente para millones de españoles que sufren y que son tributarios de este tipo de cirugía con magníficos resultados. Por tanto, esa es su disyuntiva. Si quiere hacer un buen favor a los españoles, a
todas las comunidades autónomas y a la salud pública en España, aceptará la enmienda del Grupo Parlamentario Popular; si quiere dar un paso atrás, aceptará la enmienda del Grupo Socialista.
Pido al Grupo Socialista y al señor Fidalgo, que va a intervenir en su nombre, que sean coherentes con sus propuestas electorales y con lo que estoy seguro que él defiende en relación con la mejora del Sistema Nacional de Salud. Esperando
su respuesta, le encomiendo que en beneficio de la salud de todos los españoles dé ese paso adelante.
Señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mingo.
Por el Grupo Socialista, el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, señorías, me corresponde defender la enmienda de sustitución que hemos presentado a la moción de CIU, y quiero comenzar diciendo -a ver si les convenzo- que hace ahora dos meses el Consejo de
Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Dependencia, lo cual significa un reto formidable tanto organizativo como económico para la sociedad española y además fija una prioridad social importantísima. Está en marcha, es el cuarto pilar del
Estado del bienestar que empezamos a montar ahora, pero otro pilar, el de protección a la salud, ya está en marcha desde el año 1986 y se ha desarrollado adecuadamente a satisfacción por supuesto de todos los españoles, aunque insuficiente, como
siempre por nuestra ambición lógica de ciudadanos, En todo caso, es cierto que la evolución social y económica de nuestro país y el proceso de transferencias, concluidas el 1 de enero de 2002, hacen que los servicios proporcionados por nuestro
sistema se hayan ido incrementando y mejorando, aunque a veces de manera dispersa y dispar.
Curiosamente también en el año 2003 se aprueba la Ley de Cohesión y Calidad que usted ha citado; una ley que apoyamos todos los grupos unánimemente y que
determina
que se harán efectivas a través de la cartera de servicios las prestaciones aprobadas en un real decreto que contemple un mínimo común para todos los españoles. La Ley de Sanidad de hecho decía que había que garantizar el acceso en
condiciones de igualdad. Añade también en su artículo 10 que las prestaciones que establece la Ley son responsabilidad financiera de las comunidades autónomas y fija el Consejo de Política Fiscal y Financiera como el órgano que analiza las memorias
económicas y el sistema para incorporar nuevas prestaciones. La Ley de Cohesión y Calidad fue tardía, aprobada después de las transferencias pero por unanimidad, y ahora la está desarrollando este Gobierno, además de la actual elaboración del real
decreto que antes citábamos. El miércoles 15 de febrero, durante la interpelación, la señora ministra ya desgranaba o anticipaba algunos contenidos y algunas aportaciones. Por ejemplo, habló de la atención de salud bucodental a los discapacitados;
habló también de la deshabituación del tabaco; detalló la atención a las personas mayores y a los enfermos crónicos; amplió la atención a paliativos y terminales, etcétera; también adelantó el desarrollo de los contenidos en los transplantes o
las técnicas de reproducción humana asistida.
Señorías, a todos nosotros nos gustaría tener máximas prestaciones, cuantas más mejor, y de mejor calidad. Desde luego, mi grupo y mi partido se han comprometido siempre en la defensa de la sanidad pública y han contribuido desde la
oposición y desde el Gobierno a la mejora efectiva de esa sanidad. Por eso, la segunda Conferencia de Presidentes fue destinada a la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, también ahora se está tramitando la Ley del medicamento, que estimula el
uso racional y contribuye a los aspectos de sostenibilidad del sistema. Pero hoy la realidad, señorías, es que tenemos un buen sistema sanitario, valorado por los ciudadanos, pero con unas tremendas listas de espera, unas deficiencias clarísimas
que se deben intentar resolver como cuestión prioritaria. Además hay deudas; la semana pasada se constataba en la comparecencia de los proveedores de tecnología sanitaria una deuda de 1.300 millones mínimo entre todos los servicios de salud. Eso
es así, y parece temerario en este Congreso desde una visión parcial incorporar prestaciones que han de gestionar las comunidades autónomas, sujetas a un modelo de financiación que les obliga completamente, en un contexto en el que la financiación
es el núcleo de tantos asuntos y en vísperas de la negociación de un nuevo acuerdo de financiación autonómica para el siguiente periodo, a partir de 2007. Como comprenderán, las propuestas de financiación y fiscalidad que se formulan en la moción
original nos parecen un poco fuera de lugar y que van más allá de la Ley de cohesión.
Lo razonable es lo que han acordado las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud: definir para su incorporación en un real decreto el
conjunto de servicios básicos y comunes que se ofrecen en la actualidad en nuestro país para garantizar el acceso en condiciones de igualdad efectiva, etcétera. También cómo mantener actualizada la cartera de servicios, y describe claramente cuál
es la metodología de esa incorporación a la cartera de servicios, garantizando siempre la sostenibilidad del sistema y armonizando demanda, evaluación técnica y evaluación económica. El proyecto de cartera de servicios se ha cerrado con el acuerdo
de todas las comunidades autónomas; su elaboración ha tenido en cuenta las posibles necesidades actuales y recoge el procedimiento para ir incorporando nuevos servicios o prestaciones cuando cuenten con el respaldo de las comunidades autónomas y
hayan superado la evaluación de efectividad clínico-terapéutica.
Nuestro grupo comparte el fondo y las pretensiones de la moción, pero añadimos simplemente que nos gustaría otra metodología. Por eso presentamos la enmienda que he mencionado antes y que dice que a partir de que se apruebe el real decreto
que contempla esas prestaciones mínimas entremos en un proceso de completar las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Por eso se insta a constituir en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud un grupo de trabajo para
estudiar el plan de salud bucodental infantil; se impulsa la elaboración de la estrategia de salud mental actualmente en desarrollo en el ministerio, y además se le pone un plazo: que antes de finalizar el año, señor Xuclá, tiene que estar
presentada en el Consejo interterritorial; y solicitar a la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III la elaboración de un informe sobre coste-efectividad de la cirugía por láser de los problemas de refracción,
dado que efectivamente no está constatado.
El señor PRESIDENTE: Señor Fidalgo, debe concluir.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Acabo ahora mismo.
Por tanto, agradezco al señor Xuclà que acepte la enmienda que hemos presentado, que es una enmienda razonable, coherente con la propia Ley de Cohesión y Calidad y responsable con las comunidades autónomas. Espero que así sea y por ello le
doy las gracias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fidalgo.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego al establecimiento de un plan de salud bucodental dirigido a la totalidad de niños y niñas de entre 7 y 15 años y a las personas con discapacidad, como no puede ser de
otra manera, porque ya en la anterior legislatura nuestro diputado Carlos Aymerich presentó una iniciativa en este sentido y no tuvo suerte, pues la mayoría parlamentaria en aquel momento no lo consideró
oportuno. También en la legislatura anterior nuestro diputado Guillerme Vázquez hizo lo mismo y tampoco la mayoría parlamentaria en aquel momento lo consideró adecuado. Lo que sí es adecuado y además necesario es que desde la sanidad
pública se establezca este servicio, independientemente de que en la respuesta a la interpelación del señor Xuclà la semana pasada la señora ministra informara de que se está elaborando un real decreto en el que se van a contemplar las prestaciones
del Servicio Nacional de Salud, y en cambio no se hablaba de nuevas prestaciones aunque sí comentaba que se podían contemplar determinadas prestaciones a cargo de los fondos de cohesión, en la medida en que evidentemente hoy no se están ofreciendo
estos servicios entre otras cosas, según argumentan los gobiernos autónomos, por falta de financiación. La propuesta que hace Convergència i Unió es oportuna por la necesidad y la urgencia de un servicio que ya hace años que debería estar
establecido.
El segundo punto, relativo a desarrollar una serie de servicios y atenciones a la salud mental, vuelve a ser otro reto que podríamos decir histórico en la demanda de los servicios sanitarios. El programa de salud mental de hace 20 años
necesita su revisión porque no está atendiendo en absoluto las necesidades que las personas con algún tipo de enfermedad mental requieren; no lo está haciendo ni desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista de servicios. Y la
propuesta de Convergència i Unió incide justamente en aquellas cuestiones relativas a los servicios y al desarrollo de una red que sea abordada desde la Administración pública y no, como hasta el momento, por las organizaciones de familiares de
estas personas con enfermedad mental.
También compartimos otros aspectos que se plantean en la moción, como el proceso de análisis de los nuevos servicios básicos del Sistema Nacional de Salud, porque las nuevas tecnologías indican que se puede actuar y afrontar determinadas
patologías que anteriormente no era posible y que en estos momentos se están haciendo desde la iniciativa privada o desde intervenciones en los centros hospitalarios privados. Por tanto, creemos que estas nuevas tecnologías deben ser puestas al
servicio del usuario también desde el servicio público de sanidad. Por supuesto, como creemos que no es posible dotar de estos nuevos servicios ni mejorarlos, como el de la salud mental, si no se mejora la financiación sanitaria, también
compartimos la propuesta de esta moción de proceder a dotar de un fondo presupuestario para la financiación de los nuevos servicios y prestaciones, cuando menos estudiar esas necesidades en la Comisión interterritorial. Estos nuevos parámetros
tienen que ser tenidos en cuenta en el debate de la nueva financiación sanitaria para conseguir una financiación sanitaria que cubra las necesidades que existen en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señora García Suárez, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En principio, tal y como el Grupo de Convergència i Unió plantea la moción consecuencia de la interpelación presentada la semana pasada, nuestro voto no sería favorable. Estamos a la espera de ver si aceptarán las
enmiendas del Grupo Socialista o las del Grupo Popular.
Argumentaré muy brevemente algunas de las razones. En primer lugar, el señor Xuclá nos plantea en su moción algunas cuestiones con las que podríamos estar de acuerdo, cómo no; por ejemplo, la falta de cobertura de algunas prestaciones como
la atención bucodental, las intervenciones reparadoras de oftalmología o la olvidada salud mental. Por cierto, la atención a la salud mental está regulada por unas leyes maravillosas -por ejemplo, la Ley de Sanidad- y simplemente hace falta que se
cumplan. ¿Con qué? Con financiación. Porque el marco de la atención a la salud mental está perfectamente establecido y claro y es compartido por la mayoría de profesionales y expertos de nuestro país. Lo que ha fallado una vez más ha sido la
financiación. En este sentido querría remarcar que estamos completamente de acuerdo en la falta de cobertura de estos servicios y de muchos más que usted no ha mencionado, por ejemplo, la cirugía por recuperación auditiva, la cirugía del cambio de
sexo, los nuevos tratamientos de drogodependencia o la atención a los abortos, que se están realizando en el 90 por ciento de los casos en las clínicas privadas. Es verdad que ha llovido bastante desde el año 1995 y que ha habido nuevas
incorporaciones que ya se han comentado -por lo que no dedicaré más tiempo a ellas-, desde la Ley de Cohesión y Calidad hasta la finalización del proceso de traspaso de competencias a las comunidades autónomas en el año 2002. Aun así, quisiera
poner el énfasis en una cuestión con la que supongo que estaremos de acuerdo. Una buena cartera de servicios es fundamental, pero una cartera de servicios sin financiación no sirve para nada. Esto conlleva que nos encontremos con una realidad
sobre las necesidades que usted ha planteado y sobre las que yo misma he expresado, y es que en estos momentos el sistema no es homogéneo en todas las comunidades autónomas porque no en todas ellas se están dando las mismas prestaciones. He puesto
el ejemplo del cambio de sexo. La Comunidad Autónoma de Andalucía hace ya bastante tiempo que realiza dicha intervención, pero otras comunidades autónomas no.
Lo que para nosotros es importante -y también la señora Fernández Davila lo ha mencionado- es definir el marco de la financiación; lo que es importante es ponernos de acuerdo en estas prestaciones comunes, que es lo que realmente se está
consensuando en estos momentos, y que las comunidades autónomas tengan la capacidad y la posibilidad de desarrollar estos servicios comunes y aquellos otros que cada comunidad autónoma
considere prioritarios en función de una serie de criterios que consideramos que son los que deberían definir qué entran o no en una cartera de servicios. Para nosotros es importante la evaluación científica, las alternativas asistenciales
o no, los grupos menos protegidos, las necesidades sociales. Todo es importantísimo se debe tener en cuenta a la hora de determinar qué debe ir y qué no a una cartera de servicios. Por tanto, me sorprenden a veces las propuestas del grupo de
Convergència i Unió cuando saben perfectamente que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias pero no han tenido suficientemente financiación para desarrollarlas, y que realmente es cierto que hay muchas cosas que deberían
implementarse en estas carteras de servicios. Nos parece que su propuesta es oportuna y oportunista -las dos cosas a la vez- pero que no va a la raíz del verdadero problema, cual es el sostenimiento del sistema y la financiación del mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Perdone el diputado señor Xuclá, perdóneme el Grupo Catalán de Convergència i Unió, pero no puedo dejar de manifestar la diferente actitud que se tiene respecto a ciertas cuestiones como es esta de actualizar la cartera de servicios, lo que
siempre supone ampliación, cuando uno tiene responsabilidades de Gobierno que cuando no se tienen.
Hay que seleccionar qué es lo que se puede abordar. Todos creemos en la cláusula de Estado social, mi formación política es la primera, pero está
vinculada a la disponibilidad de aquello que es posible asumir desde el sistema. Gobernar es asumir prioridades, y lo digo desde la perspectiva de que mi grupo gobierna en Euskadi, tiene la responsabilidad en materia sanitaria y pretende ser
responsable en la asunción de aquellas materias que deben ser con cargo al Sistema Nacional de Salud. Tenemos además un marco legal que es el de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y un sistema de financiación que fue
aprobado por todas las comunidades autónomas en aquella famosa Conferencia de Presidentes.
No lo digo por la mía porque, como todos ustedes conocen, tenemos un sistema de financiación distinto como comunidad con territorios forales.
Señorías, este es un tema central -se lo reconozco al Grupo de Convergència i Unió-, pero su debate puede resultar corrosivo porque el todo para todos puede resultar popular pero no es posible si de esta manera estamos haciendo déficit en el
sistema. Lo que se pretende en la moción en algunos de los casos ya está asumido y se tiene como cartera propia en la Comunidad Autónoma vasca, como el plan de salud bucodental, aunque referido a los 14 años y no a los 15, y también existe una red
de salud mental para consultas externas y para las consultas hospitalarias.
No obstante, señorías lo que le falta al Sistema Nacional de Salud es la elaboración de un plan de salud como soporte del catálogo de prestaciones. Hay que analizar entre
todos los objetivos de salud a conseguir y después ponerle precio, saber cuánto cuesta, la ganancia en salud qué cuesta y si luego el sistema se lo puede permitir. Esta reflexión me vale tanto para la moción presentada por Convergència i Unió como
para la enmienda presentada por el Grupo Popular, a la que luego me referiré. Todos conocemos que el pleno del Consejo interterritorial celebrado el 14 de diciembre en La Rioja incluyó en el orden del día el citado proyecto de renovación del
catálogo llegándose a un consenso. El representante del Grupo Popular ha dicho que no, pero votaron todos que sí excepto las comunidades autónomas del Partido Popular, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. La formación política a la
que represento, el consejero responsable de sanidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi presentó las observaciones y alegaciones que en buena medida están siendo objeto de afectación y esperamos que en breve sea aprobado el real decreto
correspondiente.
Tengo que referirme forzosamente al contenido de la enmienda presentada por el Grupo Popular en términos que la formación política a la que represento le parecen populistas. Me perdonarán si les digo que hablar del plan de salud bucodental
para mayores de 65 años o de riesgos oculares, podológicos y auditivos puede tener afectación para un sector de la población especialmente sensible y vulnerable, pero resulta llamativo que quien ha tenido responsabilidades en la sanidad -las tiene
en determinadas comunidades autónomas- y no ha hecho nada de esto ahora lo exige de quien gobierna en el Estado. Seamos, pues, prudentes con las cosas que sostenemos si es que no son basadas en el consenso y en las posibilidades del sistema de
asumir este tipo de prestaciones. No es baladí la cita a la Ley de Dependencia, que a mi grupo no le gusta especialmente pero que esperamos se mejore en su tramitación parlamentaria, que se ha hecho por el representante del Grupo Socialista.
No
tengo por qué defender al Grupo Socialista ni a Gobierno, pero me ha parecido especialmente obvia por burda la referencia que se hace a los tratamientos de deshabituación tabáquica y a los servicios referidos a la Ley de reproducción humana
asistida. Se trata de restar importancia a leyes recientemente aprobadas o que en estos momentos están en tramitación y que suponen, desde la perspectiva de nuestro grupo, avances en salud pero que desde luego no son gratis. Sostener desde la
oposición que esto debiera ser así nos parece que no es especialmente responsable.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista se queda corta, pero no le corresponde a esta Cámara ni a este foro dar instrucciones a lo que ya está en tramitación y avanza en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. He indicado ya que los puntos 1 y 2 aparecen como carteras de servicios propios en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca, y sí nos
parece que es prudente el punto 3 referido a solicitar a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III la elaboración de informes sobre coste-efectividad de las tecnologías en láser en las
intervenciones reparadoras de los problemas de refracción audiovisual, tanto sea miopía, hipermetropía y astigmatismo. Por cierto, el ponente del Grupo Socialista ha hecho una referencia a que la enmienda que presentaban hacía alusión a plazos
concretos. Si leo bien su enmienda lo más concreto que hay es la referencia al plazo más breve posible. Eso no es mucho fijar, señor Fidalgo. Con todo, a mi grupo le parece sensato que se siga tramitándose tal y como está en la actualidad la
cartera de servicios y prestaciones en el seno del Consejo interterritorial, pero insta al Gobierno a que cuanto antes se presente un plan de salud que permita realizar lo que he indicado desde esta tribuna: que gobernar es elegir lo que es
prioritario y además lo que es posible asumir desde la perspectiva del gasto público. Tal es la tesitura, tal es la postura que sostiene el Grupo Vasco aquí y también allí donde gobierna. Nuestra postura, de aceptarse la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, será votar que sí.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, ha concluido el minuto de cortesía. Debe terminar.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señor presidente.
Nuestra postura será votar que sí si lo que es objeto de aprobación es la enmienda del Grupo Popular.
Señor presidente, ¿me permite hacer una protesta pequeñita?
El señor PRESIDENTE: ¿Va a protestar usted contra la Presidencia?
La señora URÍA ETXEBARRÍA: No, contra no sé si es la mala suerte en esta Cámara, pero últimamente a mi grupo le toca intervenir siempre que ya ha sido hecha la llamada para que vayan incorporándose a votar las distintas personas que forman
la Cámara. (Rumores.) Señorías, en tales condiciones es imposible hacerse oír.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, concluya.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: He concluido ya, señor presidente, pero me parece...
El señor PRESIDENTE: Usted sabe el afecto que le tengo, pero he de decirle que últimamente no se llama a votar y no se ha llamado a votar, y además no es usted la última, es la señora Bonás.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Perdóneme, señor presidente, no hay intervención en condiciones de igualdad. Me ha sido imposible hacerme oír en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Lo siento en el alma. (Rumores.) Su tiempo ha concluido.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Quiero señalar a la señora Uría que el sistema es igual para todos. Todos los diputados disponen de un minuto de cortesía para cerrar su intervención y no se llama a votar hasta que no ha concluido el último turno. Es
lo que estamos haciendo. En consecuencia, nadie puede pretender sentirse más perjudicado y el orden de día se hace igual para todos. Lo lamento.
Señora Bonás, tiene la palabra. No se llamará a votar hasta que haya terminado.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidente.
Señorías, permítanme que antes de empezar mi intervención, debido a una noticia que acabo de recibir, exprese mi solidaridad con una de las dos diputadas afganas cuya vida corre grave peligro por ser la portavoz de las sin voz, las mujeres
afganas. Quiero expresar mi solidaridad y apoyar su labor. (Aplausos.)
Vayamos a la moción. Señor Xuclà, entiendo los motivos por los que ha presentado esta moción. Los gastos bucodentales son importantes para una familia -usted que tiene dos niñas ya debe estar haciendo cálculos-, pero la salud bucodental es
una muestra del Estado del bienestar de una población. Disponer de un buen programa de salud bucodental es un buen referente de calidad de vida. Como expuso la señora ministra, existen comunidades autónomas que disponen de planes de salud
bucodental con criterios preventivos, y es una aspiración de todas las comunidades autónomas que su cartera de servicios contenga servicios bucodentales. Lo que no sabría decirle, porque no sé si estoy tan segura, es si debe subvencionarse con
fondos públicos la ortopedia dentofacial de todos los niños, hasta de los niños que viven en Pedralbes, por decir un barrio donde viven los niños privilegiados. No sé si debemos pagar a estos niños el tratamiento bucodental con subvenciones
públicas. ¿Y por qué no a las viudas mayores de 65 años? ¿Y por qué no los tratamientos de los pies? Señorías, cuando tenemos solicitudes muy básicas para niños con enfermedades crónicas; cuando no podemos garantizar el acceso universal a una
silla de ruedas; cuando no podemos garantizar el acceso a pañales de niños con enfermedades crónicas, con incontinencia crónica; cuando hay una gran población por debajo del límite de la pobreza; cuando organizaciones no gubernamentales tienen
que repartir lotes de comida, permítame que tenga reservas ante su propuesta e incluso que la considere un tanto frívola. Lo mismo le diría respecto a incluir intervenciones reparadoras de los problemas de refracción visual. No sabría decirle si
eso es prioritario; quizá algunas comunidades autónomas deseen disponer de más recursos para prótesis oculares, como las gafas, o para acortar las listas de espera de las intervenciones de cataratas. Es posible que
haya comunidades que tengan otras prioridades, y, señoría, opino que no le corresponde a esta Cámara redactar la cartera de servicios. No quiero creer, señor Xuclà, que haya tenido una revelación jacobina, y sé que usted no pasa de
autonomista. Sé que no ha tenido una revelación jacobina de repente y sé que usted tampoco es muy federalista, pero deje que las comunidades autónomas decidan por sí mismas su cartera de servicios. Como usted sabe, la responsabilidad financiera es
de las comunidades autónomas, por eso usted ha añadido el punto 6 para dotar de fondo presupuestario, pero usted sabe también que hasta 2006 el Gobierno no reconoció que existe un importante déficit sanitario, y a pesar de la inyección de fondos el
déficit sanitario de Cataluña sigue siendo de más de 2.000 millones de euros. Por tanto, señoría, ante esta situación de la sanidad pública sigo diciendo que esta respuesta es o temeraria o cínica.
Dejemos que las comunidades autónomas evalúen sus
prioridades y analicen las posibilidades financieras para llevar a cabo sus políticas solidarias.
Punto y aparte merece la salud mental. Los enfermos mentales y sus familias sufren en silencio una falta vergonzosa de recursos públicos para la salud mental y esperan el nuevo plan de salud mental que se supone que un gobierno de
izquierdas pondrá en marcha antes de que finalice la legislatura. Al Estado español le queda mucho camino por recorrer en el terreno de la salud mental. Aún sigue sin desarrollar el artículo 20 de la Ley General de Sanidad de 1986, referido a la
salud mental. La señora ministra afirmó que una de las líneas de actuación del ministerio es elaborar una estrategia de salud mental en colaboración con las comunidades autónomas. Permítame decirle, señor Xuclà, que esto sí es una prioridad. No
hubiera querido estar en el lugar de los diputados socialistas cuando han tenido que enmendar su propio programa electoral.
Si este programa electoral lo hubiera redactado Esquerra Republicana, nos hubieran llamado exaltados. Lo que sí le
reconozco es haber sacado los colores al Grupo Socialista por este programa.
Después de mi exposición, permítame decirle que, por pudor, no puedo votar su propuesta ni la enmienda del Grupo Socialista, que propone hacer lo que ya están haciendo. Se trata de que propongamos al Gobierno que haga lo que ya está
empezando a hacer, según nos contó la señora ministra la semana pasada. No entiendo muy bien este tipo de enmiendas. Por tanto, permítanme que simplemente no votemos estas propuestas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Señor Xuclà, tiene la palabra respecto a las enmiendas presentadas.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Siendo como son un paso adelante la propuesta y la enmienda del Grupo Socialista, aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Señorías, vamos a votar. Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Tres votaciones. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política general del Gobierno en relación con la
aplicación de la legislación penitenciaria a los presos de la banda terrorista ETA. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 117; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación. Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la transferencia de competencias y titularidad en materia de puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma de Cataluña, con la enmienda de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 29; en contra, 259; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la situación del proceso de actualización y mejora de la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, con la enmienda
socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 162; en contra, tres; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el Diario de Sesiones número 151, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves 16 de febrero de 2006, en la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso señor Quirós Pulgar, en
el debate sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes, en la página 7597, segunda columna, líneas 41 y 45, se menciona por error el Instituto Nacional del Bosque, cuando debería decir Consejo Nacional de Bosques.