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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 149, de 14/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 149
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 138
celebrada el martes, 14 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Orgánica reguladora de la publicación de las Leyes aprobadas por las Cortes Generales en las lenguas oficiales del Estado.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 183-1, de 9 de mayo de 2005. (Número de expediente 122/000154.) ... (Página 7467)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la aplicación del IVA super reducido en la adquisición de vehículos a motor por parte de personas con discapacidad y con movilidad reducida, así como en la posterior adaptación
de los mismos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 159-1, de 4 de marzo de 2005. (Número de expediente 122/000139.) ... (Página 7476)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la creación de un fondo de garantía para el pago de alimentos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 35, de 14 de junio de 2004. (Número de expediente
162/000101.) ... (Página 7479)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre cesión de los terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 6, de 26 de abril de 2004. (Número
de expediente 162/000022.) ... (Página 7486)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la prostitución. (Número de expediente 173/000110.) ... (Página 7492)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche. (Número de expediente 173/000111.)
... (Página 7498)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Número de expediente 173/000112.) ... (Página 7504)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7467)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Orgánica reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en las lenguas oficiales del Estado ...
El señor Herrera Torres presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley que versa sobre la visión que tienen algunos acerca de lo que tiene que ser el
plurilingüismo y de la realidad de que precisamente se tiene que reconocer en el ámbito estatal. Esta iniciativa a juicio de su grupo va a permitir que avancemos en el reconocimiento formal del plurilingüismo a nivel del Estado. Entiende que el
BOE debe traducir las leyes a los diferentes idiomas oficiales del Estado, y es una obligación que debe partir del Estado y que no debe delegar en las comunidades autónomas. Finaliza señalando que la proposición de ley va a permitir que una
realidad posible no solo sea real, sino que además sea de obligado cumplimiento por parte del Estado, por lo que pide el voto favorable a la misma.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Esteban Bravo, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Muñoz González, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la aplicación del IVA superreducido en la adquisición de vehículos a motor por parte de personas con discapacidad y con movilidad reducida, así como en la posterior adaptación de
los mismos ... (Página 7476)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con la intención de pedir el acuerdo de todos los grupos para una demanda que considera de justicia. Los
discapacitados físicos con movilidad reducida tienen un handicap con relación al resto de los ciudadanos pues hoy por hoy no todos los transportes públicos están adaptados para poder ser utilizados por personas que tienen dificultad de movilidad,
que tienen una discapacidad que afecta
a su deambulación, usuarios de sillas de ruedas. Cree de justicia establecer algunas compensaciones para equiparar a los discapacitados al resto de los ciudadanos y poder tener acceso a esos medios de transporte o, en su defecto, a poder
desenvolverse con el propio vehículo particular.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Pide la palabra el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para señalar que a la vista de las intervenciones y la buena disposición al entendimiento, su grupo retira la iniciativa.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Orgánica, reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las Cortes
Generales en las lenguas oficiales del Estado, se aprueba por 182 votos a favor y 124 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 7479)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), sobre la creación de un fondo de garantía para el pago de alimentos ... (Página 7479)
Defiende la proposición no de ley la señora Pigem i Palmés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Recuerda que la creación de este fondo es un objetivo que su grupo viene persiguiendo desde la IV Legislatura, y es
una iniciativa que se enmarca tanto en la necesidad de protección a las familias, en este caso a las familias en crisis, como en la necesidad de combatir las situaciones de auténtica pobreza a la que se ven abocadas muchas personas, especialmente
mujeres e hijos menores, cuando después de una crisis familiar y teniendo a su cargo hijos menores de edad, la persona obligada por resolución judicial al pago de una cantidad para satisfacer las más elementales necesidades de sus hijos incumple la
obligación del pago y se produce un impago frente al que los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, tanto civiles como penales, se han mostrado insuficientes e ineficaces.
Finaliza señalando la aceptación de la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y la señora Sainz García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre cesión de los terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten ... (Página 7486)
Defiende la proposición no de ley el señor Puig Cordón, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), señalando que el tema que trata la misma ha sido defendido en diferentes ocasiones por otros grupos parlamentarios. Se
trata de la utilización por los entes municipales de aquellos terrenos que son del Estado y que llega un momento en que quedan en desuso. Considera que cuando estos terrenos que el Estado ha estado utilizando ya han cumplido una función, quedan en
desuso y se intentan vender o alienar, es de justicia que los primeros beneficiados sean los ayuntamientos o las comunidades autónomas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Torres García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y
Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Puig Cordón.
Sometida a votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la creación de un fondo de garantía para el pago de alimentos, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre cesión de los terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten, con la incorporación de la autoenmienda del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 37 votos a favor y 278 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 7492)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la prostitución ... (Página 7492)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Su grupo propone abrir un debate sereno y a fondo sobre este tema
en el que se tengan en cuenta todas sus dimensiones: la delictiva, la social y la de los derechos de las personas que ejercen la prostitución. La acción prioritaria es, sin duda, la lucha contra el tráfico de personas, fundamentalmente mujeres y
niñas, y contra la explotación forzada que llevan a cabo las mafias en colaboración directa o indirecta con la industria del sexo. Este es un tema en el que se debería llegar a acuerdos en el ámbito internacional, por lo que cree que la fórmula no
es ir decidiendo municipio a municipio o comunidad autónoma a comunidad autónoma la fórmula de actuación, porque significaría trasladar un problema de ciudad en ciudad o de comunidad a comunidad. Propone un debate tranquilo y sereno, pero riguroso,
un debate en el que se aborden los problemas existentes en nuestro país y escuchemos las diferentes opciones que se nos expongan.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Seller Roca de Togores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora García Suárez.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche ...
(Página
7498)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Fernández Davila, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que sube a la tribuna a defender la moción consecuencia de interpelación urgente dirigida hace una
semana a la ministra de Agricultura con motivo de los desequilibrios existentes en el precio de la leche. En su opinión la respuesta ofrecida por la señora ministra está muy lejos del grado de implicación política que el tema requiere. La
situación por la que atraviesa el sector productor de la leche precisa de la ayuda de la Administración del Estado. Dada la crisis por la que atraviesa el sector el Gobierno debe intervenir en una labor de mediación entre los productores y la
industria, con el fin de posibilitar acuerdos para lograr la necesaria estabilidad que la situación demanda. La constante bajada de los precios de la leche en origen repercute en los bolsillos de los ganaderos, que soportan mermas económicas
cuantiosas. Finaliza señalando que el Gobierno no puede limitarse a expresar preocupación por la situación, hacer recomendaciones a las partes y esperar que se pongan de acuerdo. Una vía factible sería iniciar negociaciones en la Unión Europea con
el fin de alcanzar acuerdos que persigan la estabilidad del precio de la leche y fijar un precio mínimo en toda la Unión Europea.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Vázquez Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña ... (Página 7504)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ricomá de Castellarnau, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que la interpelación planteada el pasado miércoles sobre el proceso de reforma
del Estatuto de Autonomía de Cataluña no hizo otra cosa sino evidenciar cómo algo de tanta trascendencia como un proceso de reforma estatutaria se está convirtiendo en un lamentable juego de intriga política en el que los protagonistas, los
ciudadanos, quedamos totalmente relegados a un segundo plano. Señala que nos encontramos ante un proceso de reforma que va dejando un rastro en cuanto a su contenido que no nos puede llevar más que a la preocupación por comprobar que los cimientos
sobre los que se ha sustentado la maduración democrática y el progreso económico-social en España pueden ser puestos en cuestión. Considera imprescindible el pronunciamiento de la Cámara sobre la vigencia de los principios que inspiran nuestro
modelo de Estado. Finaliza señalando que esta moción es un reconocimiento al instrumento que ha permitido el máximo desarrollo competencial y las mayores cotas de autogobierno que ha tenido Cataluña en su historia, a la vez que ha provocado que
España haya avanzado de forma asombrosa. La Constitución es un instrumento que mantiene plena vigencia para dar la estabilidad y las oportunidades necesarias para afrontar los retos del futuro.
En turno de defensa de la enmienda presentada interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i
Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Ricomá de Castellarnau.
Sometida a votación en sus propios términos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la
prostitución, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un
precio mínimo por la leche, en los términos de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación en sus propios términos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
se rechaza por 131 votos a favor y 183 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA REGULADORA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS LEYES APROBADAS POR LAS CORTES GENERALES EN LAS LENGUAS OFICIALES DEL ESTADO.
(Número de expediente
122/000154.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica reguladora de la
publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en las lenguas oficiales del Estado. El portavoz del grupo parlamentario autor de la proposición de ley, señor Herrera, tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, esta proposición de ley es oportuna y más aún después de la sesión del Pleno de la semana pasada. Versa sobre la visión que tienen algunos acerca de lo que tiene que ser el plurilingüismo y de la tozuda realidad que hace
que si ese plurilingüismo se tiene que reconocer en algún sitio ha de ser precisamente a nivel estatal. Frecuentemente se entiende que la pluralidad lingüística del Estado es algo que hay que cargar en el haber de las comunidades autónomas con dos
lenguas oficiales, con lenguas distintas del castellano. Por tanto, se asume el bilingüismo como una carga para las comunidades autónomas y no como un valor para el conjunto del Estado. Cuántas veces habremos oído aquello de: vosotros sois
bilingües, pero el centro, el resto, en castellano. De hecho, la proposición de ley que presentamos hoy, una proposición de ley orgánica reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en las lenguas oficiales del
Estado, es de lo más oportuna. Todos sabemos que a partir del Real Decreto 489/1997 existe la práctica de la traducción al catalán -en sus dos vertientes dialectales, el catalán y el valenciano- y también al gallego de las leyes que son aprobadas
por las Cortes. Pero eso depende de la voluntad de la comunidad autónoma. Además, eso se hace con el disparate de publicarlo en lo que dicen que son dos lenguas, catalán y valenciano. Además, como depende de las comunidades autónomas, cuando te
conectas a la web del BOE a las traducciones en valenciano -en esa variante dialectal del catalán- hay muy pocas leyes traducidas. ¿Eso con qué contrasta? Contrasta, a nuestro entender, con la Constitución, porque por mucho que se quiera que las
cosas continúen así, los padres de la Constitución en su artículo 3.3 quisieron que formase parte del bloque constitucional la máxima recogida en ese artículo, que reza que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es patrimonio
cultural, que será objeto de especial respeto y protección. Por ejemplo, también en el artículo 20.3 se dice que se garantizará el acceso a dichos medios -refiriéndose a los medios de comunicación social estatales- de los grupos sociales y
políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado durante muchos años es lo que les decía, que la protección y el impulso de las lenguas distintas al castellano,
tal y como recoge la Constitución, ha sido objeto de las políticas de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, primera conclusión, por mandato constitucional las políticas a favor de las lenguas oficiales en el Estado, también el catalán, el
gallego y el euskera, deben formar parte de las políticas y la acción del Gobierno, también del Gobierno central. Veintiocho años después de aprobar la Constitución lo que deberíamos hacer es empezar a aplicar ese artículo 3.3.
A partir de esa conclusión, podemos decir que en esta legislatura no nos hemos quedado cortos. El 5 de octubre de 2004, hace apenas un año y medio, discutíamos y aprobamos una proposición no de ley, a instancias de nuestro grupo
parlamentario, para hacer efectiva esa realidad plurilingüe del Estado en las diferentes actuaciones de la Administración General del Estado. ¿De dónde partíamos? Partíamos de los déficits que aún existen en ese reconocimiento del plurilingüismo
por parte del Estado español.
Aquella proposición no de ley también le daba responsabilidades al Gobierno central de acuerdo con la Constitución y con las leyes. De hecho, muchas de las políticas que planteábamos son ya obligaciones asumidas
internacionalmente por el Estado español por la aprobación, por ejemplo, de la Carta europea sobre las lenguas regionales o minoritarias y a partir de los principios derivados de las disposiciones de Naciones Unidas. ¿De qué se trataba en aquel
octubre de 2004? Se trataba entonces y se trata hoy de articular políticas, leyes y disposiciones que permitan dar ese salto adelante que permita que el Estado español, el Estado más plurilingüe de toda Europa, tenga una estructura en los ámbitos
formales y simbólicos también plurilingüe; que en las monedas, en los símbolos, en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, en la Cámara territorial, el Senado, el catalán, el gallego y el euskera tengan un espacio que lamentablemente hoy no
tienen. Por tanto, se trata de incorporar algo que ya se incorpora en diferentes democracias plurilingües -en Suiza, Canadá, Bélgica- y de abandonar esa fórmula del centro monolingüe y de la periferia bilingüe; el centro también tiene que
introducir elementos de plurilingüismo. Por tanto, se trata de que estas lenguas no formen parte del uso habitual pero sí que formen parte de los elementos simbólicos de la Administración General del Estado. De ahí, de esta segunda conclusión, la
proposición de ley orgánica de hoy.
Sabemos, como les decía, que existe una práctica de traducción del gallego y del catalán en sus dos vertientes dialectales, si bien el Gobierno valenciano no acaba de cumplir en la traducción de dichas leyes. Sabemos que está el Real
Decreto 489/1997 sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, pero a su vez creemos que el hecho de que esta proposición de ley se admita a trámite y la podamos discutir en Comisión, permitiría darle el
mayor rango legal, pero también el mayor rango político y mayor seguridad jurídica y política para que esta práctica sea continua. De hecho, de aprobarse esta ley, pondríamos negro sobre blanco, figuraría en una disposición legal
una exigencia al Gobierno central que, además, afectaría a uno de los idiomas que no se traducen al BOE, como es el euskera. Es muy importante que estas Cortes aprueben una proposición de ley que lo que hace es dar un paso en el
reconocimiento del plurilingüismo del Estado. Lo que hacemos es cumplir con lo ya acordado en esta Cámara, en el Pleno del 4 de octubre de 2004, cuando se acordó revisar la legislación vigente tanto de derecho privado como de derecho público para
formular propuestas de modificaciones legislativas acordes con el pluralismo lingüístico reconocido en el artículo 3 de la Constitución. Lo que vamos a hacer cuando se tramite esta proposición de ley es hacer cumplir lo acordado en la proposición
no de ley de 2004. Garantizamos el respeto efectivo a esa realidad plurilingüe y lo que hacemos es desarrollar lo acordado políticamente.
La ley fija la necesidad de publicar las leyes en los distintos idiomas y lo que planteamos en la proposición de ley, que es hacerlo de forma inmediata, para nuestro grupo parlamentario no es lo más relevante. Lo fundamental es que esa
realidad no sea potestativa. Algunos harán referencia en sus intervenciones a por qué usted presenta esta proposición de ley cuando esta práctica ya existe. Por una razón muy simple: porque el real decreto de 1997 hace que esta facultad sea
potestativa y nosotros lo que queremos es que no sea potestativa, sino que realmente el Gobierno central tenga que traducir esas leyes, por supuesto con convenio con las comunidades autónomas, pero que tenga la obligación de hacerlo. Segundo
elemento: ¿Por qué la presentamos? Porque el real decreto-ley de 1997 deja todo en manos de las comunidades autónomas. Ustedes saben que hoy hay idiomas que no se están traduciendo y hay convenios que han firmado algunas comunidades autónomas,
pero que no suponen que haya una traducción sistemática de esas leyes. Les exponía reiteradamente el ejemplo del País Valencià donde no se están traduciendo las leyes. Tampoco tiene mucho sentido, por otro lado, porque harían una traducción
equivalente a la que se hace en la conexión en catalán.
Entendemos que debe realizarse. Además la proposición de ley hace un planteamiento que va más allá de lo que está aprobado en el real decreto.
Ese paso más allá se da cuando se pide que las
páginas web de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes sean adecuadas para ofrecer información en las lenguas que sean oficiales en el Estado además del castellano. Por tanto, tiene una relevancia para el BOE que hace
que ningún Gobierno se pueda echar atrás no aplicando el real decreto de 1997, pero además tiene relevancia para las diferentes páginas web. Este reconocimiento y el ejercicio del mismo provoca que España, el Estado más plurilingüe de toda Europa,
introduzca en su normal funcionamiento y en sus leyes, en este caso en una ley orgánica, la obligación, no la potestad, de traducir al catalán, al gallego y al euskera todas las leyes que se aprueben en las Cortes, sin dejarlo a la facultad de las
comunidades autónomas y siendo una obligación legal que debe cumplir un Gobierno u otro.
Esa necesidad se convierte en mandato constitucional a la vista del artículo 9.2 y del artículo 3. Ese mandato constitucional, para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, se concreta en esta
proposición de ley. Esta proposición de ley lo que hace en definitiva es dar seguridad jurídica a las traducciones, que no se puedan dar pasos atrás en lo que se ha avanzado; esta proposición de ley nos permite conseguir que el carácter
plurilingüe del Estado se incorpore al BOE ya como una ley orgánica y no como un decreto-ley de 1997.
Por todos estos argumentos entendemos que la proposición de ley de hoy se ubica en la lógica de la proposición no de ley aprobada el 4 de octubre de 2004. Esta proposición de ley va a permitir que avancemos en el reconocimiento formal del
plurilingüismo a nivel del Estado; entendemos que el BOE ha de traducir las leyes a los diferentes idiomas oficiales del Estado y creemos que esa es una obligación que debe partir del Estado y que no debe delegar en las comunidades autónomas. Por
todo ello, esperamos que esta proposición de ley prospere. Creemos que estamos dando un paso más y estamos convencidos, además, de que será tramitada con toda normalidad. Y aquellos que se escuden en el real decreto de 1997 verán que ese real
decreto de 1997 ha servido para demostrar una cosa: que es posible, que no pasa nada si se traducen las diferentes leyes a los diferentes idiomas y que el real decreto de 1997 es parcial, porque se traduce a catalán y se traduce a gallego, pero no
se traduce a euskera, por ejemplo. En definitiva, esta proposición de ley nos va a permitir que una realidad posible no solo sea real, sino que además sea de obligado cumplimiento por parte del Estado. Por todo ello, les pido el voto favorable a
una proposición de ley que lo que hace es dar un paso más en el reconocimiento del plurilingüismo y concretar en el marco legal lo que el Congreso de los Diputados viene reclamando desde el principio de la legislatura y seguramente mucho antes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo va a hacer porque
significa, por una parte, un salto cualitativo en relación con el real decreto que posibilitaba la traducción con cargo a las comunidades autónomas del Boletín Oficial del Estado, una posición totalmente discriminatoria y, además, puramente
simbólica, que no tenía ningún efecto de carácter
práctico. El hecho de darle ahora el valor de una ley orgánica sin duda va a incidir en que esta cuestión, primero, se tome como una cuestión de Estado, como un deber de la propia Administración central y, segundo, tenga un rango de
carácter jurídico muchísimo mayor. De todas maneras, queremos hacer notar que este salto cualitativo desde el punto de vista legal, apenas incidiría en la realidad práctica puesto que estas lenguas tendrían que seguir estando acompañadas, a efectos
de poder deshacer cualquier tipo de duda, de la versión española, que se considera no solamente la originaria, sino la única válida en caso de conflicto. Esto es indicativo de hasta qué extremo seguiríamos en este marco con una jerarquización de
carácter diglósico. Por tanto, si se toma en consideración esta proposición, nosotros presentaremos alguna enmienda en este sentido. Sí nos parece que tiene mucho más valor el hecho de que las páginas web y la información, toda de carácter
administrativo-legal, del Congreso, del Senado y de las administraciones públicas centrales en general, tengan versión simultánea y asequible en las distintas lenguas del Estado. Esto sí puede provocar un cambio cualitativo radical en la actual
situación en relación con los usuarios de las lenguas que no son el español.
Por último, quiero decirles que aun teniendo en cuenta la importancia de esta proposición de ley desde el punto de vista de las competencias del Estado, consideramos que para la salud interna de nuestros idiomas sigue siendo mucho más
importante que en competencias de carácter estatal, como, por ejemplo, en la Administración de Justicia, en los medios de comunicación de titularidad pública, en el mundo empresarial económico y laboral, y en otra serie de ámbitos que están muy
condicionados por la legalidad de carácter estatal, estas lenguas que no son el castellano gozasen del mismo estatus legal. Esto sí tendría una incidencia muy positiva dentro de los procesos de normalización lingüística en el interior de los
respectivos países. Aun así, somos conscientes de que hay aspectos de la proposición de ley de Izquierda Verde que no solamente merecen ser apoyados, sino que también significarían un cambio cualitativo, fundamentalmente, como dije antes, respecto
al acceso a la información en una versión de carácter plurilingüe en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos del Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Por parte de mi grupo parlamentario, Coalición Canaria-Nueva Canarias, no existe ninguna objeción ni inconveniente en dar nuestro voto afirmativo, tal y como nos ha pedido el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, porque entendemos que ya hay antecedentes -él ha hecho referencia a los mismos- y nos hemos pronunciado en la Cámara sobre los usos de las lenguas cooficiales del Estado en aquellas comunidades
autónomas que así lo tienen, como las de Cataluña, País Vasco y Galicia. Asimismo, como este trámite es de toma en consideración, también podría considerarse de aquellas otras comunidades autónomas que, por sus estatutos de autonomía o por sus
disposiciones pertinentes, entendieran que existen lenguas cooficiales distintas del castellano en el seno de las mismas. En el texto de la iniciativa también vienen recogidas unas salvaguardas, como por ejemplo quién es prioritario en la
interpretación del lenguaje jurídico, porque lo que aprueban las Cortes, lo que aprobamos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se hace sobre el sustento de una base material lingüística, que es un idioma, una lengua y un texto, por lo
que, en ese texto, juega un papel muy importante el valor etimológico de las palabras y, por tanto, los conceptos. Nos parece acertado que exista una salvaguarda para que, en caso de duda jurídica, prevalezca en la interpretación el texto realmente
aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado, por las Cortes Generales, porque eso es lo que se aprueba, letra y espíritu de las leyes. Si hay discrepancia, que así se interprete.
Por la disposición adicional, consideramos que en la toma en consideración deberá escucharse lo que tenga que decir en su momento la Mesa del Congreso de los Diputados, porque aquí se le hace un endose de carga en cuanto a colgar esto en las
páginas web o en las informaciones que facilita la Cámara. Entendemos que en la disposición adicional, por lo que se refiere a la simultaneidad de la publicación en las páginas oficiales del Congreso de los Diputados y del Senado en Internet,
habría que hacer esta consideración. Por nuestra parte no hay inconveniente en aceptar a trámite, para que, con las enmiendas pertinentes y, en este caso, con el parecer oportuno de la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, en su
tramitación en la Cámara Alta, se puedan hacer estas advertencias, porque no es lo mismo una publicación por separata que se distribuya en la comunidad autónoma respectiva, como se señala en el artículo 1 de esta proposición de ley, que endosárselo
al Congreso de los Diputados en la página de Internet, porque en este momento esa es una página universal, no es una separata que se reparte solo en el ámbito geográfico de una comunidad autónoma, sino un mensaje distribuido por las páginas de
Internet a todo el concierto administrativo y lingüístico del territorio nacional. Dicho esto, y como hemos expresado al principio de nuestra intervención, no tenemos ninguna objeción a la toma en consideración de esta proposición de ley. Teniendo
en cuenta los antecedentes que regulan esta materia y las observaciones que los grupos realicen vía trámite de enmiendas, esperamos que se enriquezca el contenido que permita la finalidad de fondo, que es la que nosotros
entendemos positiva y, por tanto, votaremos favorablemente a su toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Estaban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevemente, señor presidente.
En opinión de mi grupo, parece lógico que si en los actos de codecisión a nivel europeo, en las leyes europeas, se está procediendo ya a la traducción a todas las lenguas oficiales del Estado, también las leyes del Estado español sean
traducidas de manera oficial a esos idiomas, al menos en el caso de aquellas normas con rango de ley: leyes, decretos-leyes, decretos legislativos y textos refundidos. Es cierto que el real decreto contempla esta posibilidad y que algunas
comunidades autónomas han firmado el correspondiente convenio, aunque también hay que decir que la publicación de los textos es extremadamente lenta, no tiene el mismo ritmo, ni muchísimo menos, que la publicación del texto en castellano y ahí
habría que hacer los correspondientes ajustes. Con alguna otra comunidad autónoma han existido dificultades, desacuerdos en los términos en los que debía llevarse a cabo el convenio entre la administración autónoma y el Gobierno central y en ese
sentido quizá sea positivo la aprobación de una nueva norma que no vaya a variar en gran medida la disposición anterior pero sí que dé apertura a una nueva etapa en la que se puedan contemplar desde el principio, en la redacción de la propia norma,
esas discrepancias y se pueda llegar a acuerdos.
También me gustaría señalar que la estructura fundamental de la proposición de ley que se somete a la consideración de la Cámara es correcta, aunque entendemos que es mejorable en algunos aspectos. En algunas comunidades autónomas se están
haciendo traducciones a otros idiomas que, aunque no sea de manera oficial y no estén publicadas por el BOE, se tienen que tener en cuenta, y es importante contemplar el mantenimiento de la unidad de la terminología jurídica no solo en el territorio
de la comunidad autónoma sino también en lo que se vaya a publicar en todo el Estado.
Por último, tengo que señalar que no he entendido muy bien el razonamiento del representante de Coalición Canaria con respecto a las páginas web porque la distribución del texto en castellano está abierta a todo el Estado, a América, a
Australia y a Nueva Zelanda, está abierta a todo el mundo porque eso es lo que es la red, y por tanto con el resto de los idiomas quedaría igual; los hablantes de cada uno de esos idiomas serían los que dispondrían o no del uso de ese texto. Por
tanto, entendemos que la disposición planteada por el grupo proponente en cuanto a la publicación en las páginas web del Congreso no tiene ningún problema. En consecuencia, votaremos a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante que Esquerra Republicana ha manifestado más de una vez que este Gobierno, a diferencia de otros anteriores, incluso de otros presididos por el Partido Socialista Obrero Español, ha sido más receptivo a la lengua catalana, y
no digamos de los presididos por el Partido Popular. De hecho, es el primer Gobierno que ha contemplado en los Presupuestos Generales del Estado partidas para el fomento de la lengua catalana. Aun así, estamos muy sorprendidos de algunas palabras
que se vertieron la pasada semana por parte del señor Jáuregui, diputado socialista, que fundamentaba su discurso en la no existencia de conflicto lingüístico en el Estado español. Si yo volviera a nacer me gustaría ser como el señor Jáuregui, es
decir monolingüe, y no tener el problema que tenemos los catalanohablantes de ser bilingües pero con un fenómeno diglósico instalado en nuestra nación y con un Estado español que no reconoce plenamente la igualdad de todas las lenguas existentes.
No es cierto que no exista conflicto lingüístico en el Estado español. De hecho, hoy mismo vemos cómo en las páginas de un periódico se denuncia que Renfe prohibe a sus trabajadores el uso de la lengua catalana. En el año 2006 los modernos
ejecutivos de Renfe, muy viajados, muy cultos y que cobran grandes sueldos, no tienen vergüenza en prohibir el uso de la lengua catalana a sus trabajadores. De hecho, el conflicto existe y nadie puede negarlo. Hemos manifestado mil y una veces que
es muy difícil poder vivir en catalán, en euskera y en gallego tal como viven los ciudadanos españoles de lengua castellana. Es por esto por lo que siempre hemos reclamado, lo reclamamos desde la izquierda española y en esta legislatura, que de una
vez por todas se legisle a favor de todas las lenguas, de la lengua castellana, de la lengua catalana, de la lengua gallega y de la lengua vasca, a fin y efecto de que este Estado, de una vez por todas, se convierta en un Estado moderno y en un
estado plurilingüe en el cual todos los ciudadanos puedan vivir feliz y plenamente en su lengua. Este es el reto de la modernidad, este es el reto del Partido Socialista Obrero Español y este es el reto que en esta legislatura debería asumirse. Ya
hemos denunciado repetidas veces que, a pesar de todo, el grupo parlamentario mayoritario ha ido aprobando un conjunto de proposiciones no de ley de nuestro grupo y también de otros grupos catalanes o de los compañeros de Izquierda Unida en las que
se instaba a proceder, a actuar y a ejecutar a favor del plurilingüismo, y nada de esto se ha hecho. Me remito a las páginas web de los ministerios que hoy todavía de forma vergonzosa están publicitadas solamente en lengua castellana, aunque hace
más de un año y medio que se aprobó que se normalizarían, o, por ejemplo, la vergüenza con que tenemos que expresarnos los diputados
catalanohablantes en este Parlamento, en donde se nos prohibe el uso de nuestra lengua.
Entendemos que hay que afrontar el problema de una manera global y por esto ya anunciamos que dentro de pocas semanas vamos a presentar en este Pleno una proposición de ley que pretende afrontar el plurilingüismo de forma global, es decir,
intentar que se apruebe la tramitación de una ley que aborde el tema desde todas las perspectivas, desde el punto de vista de la logística administrativa del Estado en todo su conjunto, de los órganos constitucionales y también de los medios de
comunicación públicos y privados. Por tanto, que todos los ciudadanos españoles, todos los ciudadanos del Estado español, tengamos las mismas garantías y los mismos derechos frente o en relación con el Estado. Nosotros vamos a apoyar la
proposición de ley que plantean los compañeros de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, como no podía ser de otra manera. Se trata de normalizar, de hacer lo mismo que hacemos ya en Cataluña. En Cataluña nunca nos
hubiéramos planteado publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya exclusivamente en lengua catalana; lo hacemos en lengua catalana, que es la lengua propia de nuestro país, pero también lo hacemos en lengua castellana. Nosotros somos
los normales y ustedes son los anormales desde el punto de vista lingüístico. Esto quizá se hubiera entendido en la década de los años ochenta, pero que en el año 2006, en el siglo XXI, todavía estén instalados en este monolingüismo es francamente
ridículo.
Por otro lado, les recuerdo que el Consejo de Europa, en el informe que elaboró en el mes de septiembre del año 2005, a raíz de la aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales, ensalzó y alabó la política lingüística de la
Generalitat de Catalunya; es más, la calificó de excepcional. Digo esto porque nosotros reivindicamos aquí y ahora la libertad y las garantías de los derechos lingüísticos y predicamos con el ejemplo. No lo decimos nosotros, los catalanes o el
Gobierno de Cataluña, sino que lo dice el Consejo de Europa a raíz del informe de aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales. Así pues, bienvenida esta proposición de ley de los compañeros de Izquierda Unida, si bien es cierto que se
trata tan solo de una rama de un bosque que hay que cruzar si realmente ustedes pretenden un Estado español plenamente incardinado en Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardá.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señora Herrera, en primer lugar quiero manifestar que vamos a apoyar esta proposición de ley. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar -y se lo
comentaba ahora al compañero del Grupo Popular- que esta proposición de ley nos retrotrae al año 1996, cuando en el Parlament de Catalunya se aprobó una proposición de ley en esta línea, con prácticamente el mismo texto que ha presentado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que además fue asumida por todos los grupos y que dio lugar a la presentación de una serie de proposiciones de ley del Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del Grupo Mixto, con la señora Rahola, el señor Rodríguez -que está hoy también aquí-, el señor Vázquez, la señora Lasagabaster, que fue tratado en un Pleno muy interesante del día
8 de abril de 1997. Digo interesante porque el Grupo Socialista, que había votado en contra en Cataluña, votó a favor aquí y hubo una intervención muy importante del diputado señor Solé Tura en la que decía que habían debatido internamente este
tema y que el debate era si el Estado debía asumir o no la promoción de las lenguas del Estado pero que eran oficiales en las autonomías, que es un debate que recientemente ha aparecido. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Se debe preocupar solo del
castellano o se ha de preocupar también del gallego, del catalán y del euskera? Nosotros lo tenemos clarísimo, porque forman parte del Estado, pero el debate está en si el Estado asume su plurilingüismo, su pluriculturalidad y su plurinacionalidad.
Repito que este debate se realizó ya en 1997 y en aquel momento Solé Tura decía que quizá no lo habían analizado adecuadamente, pero que iban a votar a favor, y así lo hicieron.
Releyendo el debate del 8 de abril de 1997 -y se lo decía antes al compañero del Grupo Popular- se puede comprobar que otro PP es posible, porque en esas fechas, concretamente el 14 de abril de 1997, el Partido Popular aprobaba un real
decreto-ley que de alguna forma resolvía esta proposición de ley, no como lo hace la proposición de ley de hoy, que es mejor porque lo hace inmediato, pero unos meses después, Álvarez Cascos, ministro de la Presidencia, firmaba un convenio con
Xavier Trias, ministro de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, para implementar este decreto-ley, que además ha funcionado. Se decía que de alguna forma el carácter plurilingüe del Estado justificaba este hecho, que el BOE enviaría a la
Generalitat el texto en castellano de las leyes, de los decretos-leyes, de los decretos legislativos, la Generalitat lo iba a traducir, el DOGC lo iba a enviar al BOE y este lo iba a publicar; además se daba un plazo de un mes, y se ha cumplido.
Este diputado ha hecho unas llamadas y ha comprobado que funciona bien, incluso a veces con gran rapidez. Repito, era el mismo Partido Popular que ahora ve que todo es persecución. Ayer concretamente su presidente dijo en TV3 que la preocupación
que tiene el Partido Popular es que el castellano pase a la intimidad, cosa realmente curiosa. En el debate que tuvimos en el Parlament yo dije que debemos evitar que el catalán se hable solamente en la
intimidad y que queremos que sea una lengua absolutamente normal. Ayer le preocupaba esto, así que transmitan al señor Rajoy que no se preocupe, que el castellano, aparte de en la intimidad, se habla en muchas partes, normalmente en
Cataluña.
Volviendo a la proposición de ley, es muy interesante que recuperemos una proposición que vuelve a dejar claro que este es un Estado plurilingüe y que es responsabilidad del Estado que este plurilingüismo sea efectivo en algo tan importante
como son sus leyes, sus decretos-leyes, sus reales decretos-leyes y sus reales decretos legislativos. Por tanto, va a tener nuestro apoyo en esta línea. Con ello vamos a conseguir la inmediatez y sobre todo -repito- que el Estado dé rango de ley a
un decreto-ley que ha funcionado y que ha demostrado -lo decía antes el señor Herrera- que no pasa nada. No pasa absolutamente nada si se hacen estas cosas. Repito, el Partido Popular en aquel momento lo vio razonable, lo apoyó, lo sacó adelante y
espero que ahora también lo apoye en coherencia con ese decreto-ley. Lo sacó adelante en aquel momento -estoy hablando de 1997-, ha funcionado muy bien y ahora tenemos que conseguir que funcione con más eficacia e inmediatez.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestra posición respecto al pluralismo lingüístico es, como no podía ser de otra manera, la de la Constitución. Aunque parezca obvio, es bueno recordarlo. Ustedes, los autores de esta iniciativa, señor Herrera, van más allá de
la Constitución. El artículo 3 señala claramente que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Respecto a las demás lenguas españolas, dice que serán también
oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos, pero en sus comunidades autónomas, no fuera de ellas, y aquí estamos hablando del Boletín Oficial del Estado, que es un instrumento de cumplimiento de la legislación en
el ámbito estatal, no para una comunidad autónoma determinada. No dice la Constitución que nadie tenga el deber de conocer las lenguas autonómicas, como lo dice del castellano. Pero todavía podemos ir más allá. Ustedes, señor Herrera, que no
pierden ocasión de proclamarse republicanos y que consideran la república como el paradigma de la democracia, deben recordar que el artículo 4 de la Constitución de 1931 decía literalmente que a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de
ninguna lengua regional. Lo recuerdo por las posiciones de estos días en los debates sobre estatutos de autonomía, pues algunos pueden tachar de poco democrático que nos opongamos a que constituya una obligación el uso de las lenguas autonómicas.
Nosotros somos partidarios del desarrollo lingüístico. Como señalaba ahora mismo el señor Vilajoana, el decreto-ley de 1997 se publicó gobernando el Partido Popular. No cabe duda de que el pluralismo lingüístico es una riqueza cultural de España,
pero una cosa es el apoyo y la estimulación para su conocimiento y otra establecerlo como obligación. También es positivo apoyar el conocimiento de la música, de la literatura, en general de todas las artes, pero no se nos ocurre pensar que hay que
obligar a los ciudadanos a ir una vez al mes a un concierto o a leer mensualmente una novela. No se nos ocurre.
Además, sinceramente creemos que no es precisamente la literatura legislativa o administrativa la que va a enriquecer el conocimiento
de la lengua. ¿Cuántos ciudadanos leen diariamente el Boletín Oficial del Estado? ¿Dónde está entonces el enriquecimiento de la lengua autóctona? El dinero que quieren ustedes emplear en traductores y en ediciones para el Boletín Oficial del
Estado ¿por qué no proponen que se dedique a subvencionar ediciones de literatura española o extranjera en esas lenguas? Si todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, ¿a santo de qué va a incrementarse de
forma importante el gasto de edición del Boletín Oficial del Estado o los gastos derivados de la traducción de las páginas web del Congreso y del Senado haciendo cuatro o cinco ediciones como dicen ustedes? Es evidentemente un gasto inútil.
Además, ustedes hablan en su proposición de ley de cuatro idiomas oficiales: el castellano, oficial en toda España, y el catalán, el gallego y el euskera en sus respectivas comunidades autónomas. Pero hay que añadir un quinto, porque según el
artículo 7 del Estatuto de la Comunidad Valenciana el valenciano también es idioma oficial. Ya tendríamos otra edición, aunque fuera con pocas peculiaridades, pero es otra edición. Además, aunque no tenga la condición de lengua oficial, algunas
otras comunidades prescriben en sus Estatutos la obligación de proteger y promover su uso y su difusión a través de los medios de comunicación. Así lo determina, por ejemplo, el artículo 4 del Estatuto de Asturias respecto al bable, y también el
artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección; se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de las Cortes
de Aragón. Efectivamente, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, sobre el patrimonio cultural aragonés establece que el aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas, son una
riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administración.
Los filólogos distinguen en el aragonés hasta nueve modalidades dialectales. ¿Editamos diariamente un boletín oficial para todo el que no hable solo el castellano? Si
todos hablan castellano, ¿para qué editar el Boletín Oficial del Estado en tantas lenguas? A este respecto hemos de preguntarnos: ¿Están las lenguas al
servicio de los ciudadanos o los ciudadanos al servicio de las lenguas?
Supongo que de mi intervención van a deducir claramente que mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley; pues sí, pero no porque estemos en contra de proteger la riqueza lingüística de España, ni
muchísimo menos. Hemos demostrado muchas veces que estamos a favor -lo recordará la señora Rodríguez-Salmones, que en varias ocasiones ha sido la portavoz de mi grupo en estos temas-; solo a título de ejemplo les traeré a colación cómo nos
posicionamos cuando estábamos gobernando en el año 1996 a favor de instar al Gobierno a adherirse a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos o cómo, mucho más recientemente, apoyamos sendas proposiciones no de ley, de ustedes y del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el pluralismo lingüístico en el año 2004. Pero su propuesta de hoy es distinta. Es sencillamente tirar el dinero por tirarlo. Los idiomas oficiales españoles no corren hoy ningún peligro. Si el franquismo,
prohibiéndolo durante 40 años, no pudo acabar con ellos, difícilmente pueden hoy, afortunadamente con reconocimiento oficial, no progresar. Por tanto, no acertamos a ver la utilidad ni la oportunidad de su propuesta. Los boletines oficiales de las
comunidades autónomas con lengua propia se publican en la lengua vernácula. No es lógico que todos los españoles sufraguen el gasto cuantioso de traducción y edición en un idioma que no entienden. Sugiero que las comunidades autónomas bilingües
que lo estimen conveniente sigan, como hasta ahora, suscribiendo acuerdos con el Boletín Oficial del Estado para que haya ediciones costeadas por aquellas en sus respectivas lenguas. Siempre la interpretación auténtica será la castellana, como bien
dicen ustedes en su iniciativa. Nuestra posición es claramente defender el pluralismo lingüístico, pero no nos parece oportuna esta proposición de ley, porque no le vemos ninguna utilidad ni para el progreso de las lenguas ni, por supuesto, para la
economía del país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para hablar una vez más de las lenguas de España, en este caso con motivo de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Es un
tema que tiene trascendencia, que tiene importancia, sobre todo porque el contenido de esta proposición de ley es complejo -a ello me referiré- y no puede despacharse con argumentos como los últimos que hemos oído desde esta tribuna.
Comienzo esta intervención con una referencia expresa al artículo 3 de la Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, ciertamente, pero que las demás lenguas españolas también -y repito también- serán
oficiales en las respectivas comunidades autónomas -y vuelvo ahora a algo que luego tendrá su interés en esta intervención-, de acuerdo con sus Estatutos. Por último, establece una obligación, sobre todo para los poderes públicos -es donde nosotros
vemos que puede engarzar esta proposición de ley-, cuando en su punto 3 establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Por tanto, el
castellano es la lengua oficial del Estado pero también son oficiales -repito también, porque de ese también se puede derivar, al hilo de algunas de las manifestaciones que se están oyendo ahora, la posibilidad de que esa oficialidad conlleve el
deber de conocer y el derecho de usar esas lenguas en las comunidades autónomas- las demás lenguas españolas.
La proposición de ley que nos trae hoy a debate el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para su toma en consideración afecta a temas importantes porque se refieren a la publicación de las
normas jurídicas. Dice en su artículo primero, punto 1: 'El Boletín Oficial del Estado, de forma simultánea a la publicación del texto en castellano como lengua oficial del Estado, procederá a su publicación en las restantes lenguas españolas,
también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos'. Este es un problema ciertamente complejo porque afecta a un principio de seguridad jurídica, de legalidad y de publicidad de las normas jurídicas.
Por tanto,
nosotros entendemos que esta iniciativa va más allá de aquello que establecía el real decreto y que el objeto de esta iniciativa es instaurar el multilingüismo en la publicidad de las normas jurídicas aplicables en todo el territorio nacional, y ya
no solo de las leyes aprobadas por las Cortes -no solo de los decretos legislativos, de los decretos leyes- sino también de las disposiciones de carácter general con rango inferior a la ley.
Antes se ha hecho alguna alusión por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a los antecedentes de esta proposición de ley. Es verdad que al menos es la cuarta vez que el grupo proponente de esta iniciativa propone un texto
similar, casi idéntico, con algunas incorporaciones en este último caso. En la IV Legislatura ya caducó una iniciativa igual y en la V Legislatura se retiró para convertirla en una iniciativa que fue luego traída a estas Cortes para su toma en
consideración por el Parlamento de Cataluña. Finalizó entonces aquella legislatura y, no decayendo como no decaen las iniciativas que provienen de las cámaras autonómicas, fue en la VI Legislatura cuando fue derrotada la toma en consideración de
esa proposición del Parlamento de Cataluña.
Posteriormente, fue el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el que presentó textos similares junto con otros grupos. Fue entonces, conviene decirlo -lo ha dicho ahora el representante
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)-, cuando con el Gobierno - un Gobierno que ahora nos parece irreconocible- del presidente Aznar, situándonos en una legislatura en la que el Partido Popular estaba en minoría y gobernaba
sustentándose con los apoyos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Vasco, grupos nacionalistas, incluso llegó a barajar el Ministerio de Presidencia la elaboración de un proyecto de ley para regular esta materia, que es
lo que hoy se nos trae mediante proposición de ley. Al final se dejó simplemente en la regulación de un real decreto. Se ha mencionado ya el Real Decreto 489/1997, dictado, como digo, por ese Gobierno en minoría del Partido Popular, ese Gobierno
de un presidente que hablaba en su momento el catalán en la intimidad. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) retiró entonces su iniciativa y junto con el Grupo Vasco y Coalición Canaria ayudó a derrotar las iniciativas que había del
resto de los grupos en esta Cámara. Ese es el contexto que conviene que no perdamos de vista y retengamos, porque actualmente la composición del Congreso es otra.
El decreto que actualmente rige esta materia, si bien parcialmente y no en todos los aspectos que ahora se pretende, salvaguarda algunas de las cuestiones que a nosotros nos parecen importantes. En primer término, por los principios que
antes mencionaba de seguridad jurídica, la publicación de los textos normativos en castellano es la única que cumple con los requisitos que se establecen para la entrada en vigor y eficacia con arreglo al Código Civil. El decreto -ya lo establece
en su preámbulo- habla de la necesidad de difundir y extender el conocimiento; volvemos por tanto al artículo 3.3 de la Constitución española. La cooficialidad lingüística tiene su ámbito propio en la comunidad autónoma y por ello -luego hablaré
también del fervor de algunos grupos nacionalistas que pretenden que desde el Parlamento del Estado se legisle sobre algo que a mi entender es materia de la comunidad autónoma- el decreto sí hace referencia a que el convenio de colaboración
-convenio como los suscritos por algunas comunidades autónomas- es la vía por la que podemos entrar en esta materia, no por la vía de la legislación del Estado. También es importante reflejar que habla de la no simultaneidad, por los problemas de
la simultaneidad en la publicación a los que luego me referiré. Por tanto, a nosotros nos parece que esta iniciativa tiene problemas y los tiene porque no podemos referirnos a España en un sentido estricto como un Estado plurilingüe. No se puede
entender que la publicación de normas estatales en el Boletín Oficial del Estado en las diversas lenguas sea la condición necesaria para que en los territorios autonómicos bilingües se haga efectivo el principio de legalidad, seguridad y publicidad,
porque eso sería desconocer que el artículo 3.1 dice que el castellano es el idioma oficial de todo el Estado.
Quiero referirme ahora al fervor nacionalista de algunos grupos que he observado en esta tribuna y que decían que es conveniente tomar en consideración esta ley y que desde el Estado se legisle sobre ello. Yo les quiero plantear que
mediante una ley del Estado hablar de la publicación de las leyes del Estado en las lenguas, también españolas, que son cooficiales en las comunidades autónomas invade, a mi entender, las competencias de las comunidades autónomas, artículo 3, cuando
se refiere a que el desarrollo de la normativa en relación con las lenguas cooficiales en los territorios bilingües tiene que venir por la vía del Estatuto de Autonomía. Lo otro sería crear un conflicto que no tengo duda de que alguna comunidad
autónoma plantearía en el Tribunal Constitucional. También vemos problemas en cuanto a la simultaneidad a la que se refiere el artículo primero, punto 1 de la proposición de ley que ahora estamos tomando en consideración aquí, en cuanto que la
publicación en el BOE de las normas traducidas a las lenguas autonómicas implicaría la necesidad de suspender la publicación en castellano hasta que hubiera una traducción fiel y fidedigna de la norma en el resto de las lenguas de España.
Vulneración, quizás, o si no, tener que habilitar un mecanismo relativamente complicado si no queremos incumplir el artículo 91 de la Constitución, que ordena la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Hay otro
problema que a nosotros nos parece una intromisión. La disposición adicional de la proposición de ley dice que de forma simultánea a la publicación en las páginas oficiales del Congreso de los Diputados y del Senado en Internet del texto legal en
castellano se procederá a la publicación en las restantes lenguas españolas. Creo que esa disposición, en los términos en los que está formulada, viola el artículo 72, que garantiza la autonomía de las Cortes Generales, que tienen la capacidad de
regulación por su propia naturaleza.
La postura de nuestro grupo es que tenemos que avanzar sobre el decreto aprobado por el Gobierno, entonces en minoría, del Partido Popular, incluso como en su momento se estudió y como el propio decreto expone en su preámbulo -preámbulos que
tanto le gustan al Partido Popular-. Les voy a leer unas líneas de ese preámbulo: Se ha considerado prudente limitar inicialmente la medida al ámbito de las normas con rango de ley.
Contrastada esta experiencia, podrá considerarse la posibilidad
de extender la medida a otras disposiciones de carácter reglamentario. Creo que la experiencia ha sido positiva, que está contrastada y que es conveniente extender la publicación a otros ámbitos y a otras normas que no tengan fuerza de ley, pero
creo que el voto favorable del Grupo Socialista a la toma en consideración tiene que entenderse únicamente en cuanto a la perfección del modelo del decreto, diríamos -si me lo permiten- en cuanto a la elevación del rango del decreto a ley, pero no
tiene que entenderse más allá de aquello que hemos expresado y con las reservas en cuanto al contenido de la proposición de ley que ha manifestado este grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA IMPULSAR LA APLICACIÓN DEL IVA SUPER REDUCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR POR PARTE DE PERSONAS CON DISCPACIDAD Y CON MOVILIDAD REDUCIDA, ASÍ COMO EN LA POSTERIOR ADAPTACIÓN
DE LOS MISMOS. (Número de expediente 122/000139.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este debate, continuamos con la segunda proposición de ley, que es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la aplicación del IVA superreducido en la adquisición de vehículos a motor por
parte de personas con discapacidad y con movilidad reducida, así como en la posterior adaptación de los mismos.
Para su defensa, señor Vañó, por favor. Adelante.
El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, acudo a esta tribuna con la intención de pedir el acuerdo de todos los grupos para una demanda que yo considero que, en el colectivo al que hoy tengo que defender en esta iniciativa, es de justicia. Con fecha 4 de marzo
de 2005 se publicó en el boletín oficial de esta Cámara una proposición de ley de mi grupo parlamentario para impulsar la aplicación de un IVA superreducido para los vehículos a motor para el caso de las personas discapacitadas con movilidad
reducida. Todos sabemos -insisto- que la Ley 51/2003, de 22 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, establece el principio de accesibilidad universal y de diseño para todos. El Plan Nacional de
Accesibilidad 2004-2012, también promulgado en el año 2003, establece las pautas para incorporar la accesibilidad tanto urbanística y arquitectónica como de comunicación y por supuesto al transporte. Los discapacitados físicos con movilidad
reducida tienen un hándicap con relación al resto de los ciudadanos y es que hoy por hoy todavía no están todos los transportes públicos adaptados para poder ser utilizados por personas con dificultad de movilidad, con una discapacidad que afecta a
su deambulación; fundamentalmente personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de rueda. Por tanto, creemos que es de justicia que se tenga una consideración especial hacia este sector de la sociedad, que, por otro lado, para poder
desplazarse hoy en día pueden acceder a través del vehículo particular, pero con un coste adicional sobre el resto de los ciudadanos, por la necesidad de tener que hacer unas adaptaciones para poder conducirlo personalmente o, como usuarios, poder
acceder a ellos. Así, el acceso al transporte les resulta mucho más caro que al resto de los ciudadanos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es de justicia establecer algunas compensaciones para ponernos como mínimo en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos y poder tener acceso a esa deambulación, a esos medios de
transporte; si no, en su defecto, a poder desenvolverse con su propio vehículo particular. Por todo ello, traemos a esta Cámara para su toma en consideración una proposición de ley para que se modifiquen los artículos 91.dos.1.4º y 91.dos.2 de la
Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 28 de diciembre, para que todos los vehículos, no solo los que en la Ley de tráfico y seguridad vial se consideran vehículos de minusválidos, de discapacitados, sino todos los vehículos, turismos,
autoturismos y autotaxis, que sean utilizados por discapacitados físicos, estén englobados dentro de ese IVA superreducido del 4 por ciento.
No obstante, a mi grupo parlamentario y a mí personalmente -nuestra solicitud se publicó en el boletín oficial del Congreso de los Diputados de 4 de marzo- nos alegró que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en septiembre,
seis meses después, registrara una iniciativa que era copia de la nuestra, que era exactamente igual, porque vimos que estamos en sintonía con el resto de los grupos solicitando cosas que nos parecen de justicia para los discapacitados. Esta
iniciativa se tomó en consideración en el Senado el 18 de octubre, por acuerdo mayoritario de todos los grupos. Nos consta que es voluntad de todos aceptar su toma en consideración y seguir adelante con esta iniciativa. No obstante, y ya que hoy
asiste a esta sesión una representación de usuarios de sillas de ruedas, que tenían desde hace mucho tiempo pendiente esta demanda y que querían ver el posicionamiento de cada uno de los grupos, pediría a los grupos que, como consecuencia de las
conversaciones que hemos tenido, se pronunciasen. Si estamos todos de acuerdo y así nos pronunciamos -y supongo que no va a haber ninguna modificación al respecto- conseguiremos que siga adelante la iniciativa cuyo desarrollo está más adelantado y
que precisamente se llevará mañana a la Comisión de Economía y Hacienda con capacidad legislativa plena.
Como el objetivo es reducir el IVA en los vehículos de las personas discapacitadas con movilidad reducida, no nos importa perder el
protagonismo, porque lo que pretendemos es conseguir el objetivo por el que este sector de la discapacidad ha luchado. Por tanto, si hay un pronunciamiento favorable, yo no tendré inconveniente en retirar esta toma en consideración de la
proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vañó.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado que defiende la proposición de ley, nuestro grupo entiende que no tiene sentido votar a favor de esta propuesta, en la medida en que en la Comisión de Economía y Hacienda ya está constituida la
ponencia correspondiente y entendemos que mañana, día 15, será aprobada por todos los grupos parlamentarios una propuesta de gran importancia para un sector que efectivamente necesita el vehículo para trasladarse de unos lugares a otros, vehículos
que tienen que ser adaptados, lo cual, como se acaba de decir, tiene un coste adicional. Por tanto, y ya que esto va a ser aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda -así lo entendemos por la información que hemos recabado del resto de los
grupos parlamentarios-, nos vamos a abstener en esta propuesta, porque, como digo, será tramitada correctamente en la Comisión de Economía y Hacienda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo y este diputado suscribimos íntegramente la cuestión de fondo que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al defender la proposición de ley que nos reúne en este debate. Nos congratulamos de ello y del estilo y
forma en que la ha sabido presentar, que merece nuestra más entusiasta adhesión. Salva el procedimiento de forma con que nos encontrábamos ante una propuesta en el orden del día coincidente con la iniciativa que se presentará mañana en la Comisión
de Economía y Hacienda y que nos llega de la Cámara Alta, del Senado, lo cual merece nuestro respeto parlamentario.
En Coalición Canaria nos congratulamos de poder coincidir plenamente con la retirada de la misma en este trámite del Pleno del Congreso y llevar este mismo espíritu de conciliación a la Comisión de Economía y Hacienda que se reunirá mañana,
donde Coalición Canaria mostrará también su solidaridad respecto a esta cuestión, con la aclaración de que el IVA no afecta a nuestro territorio de las islas Canarias, por su régimen específico económico y fiscal y los acuerdos de la Unión Europea.
Para nosotros será un estímulo que el Parlamento canario también pueda disponer medidas complementarias para ayudar a las personas discapacitadas que lo necesiten, respetando la competencia fiscal. De ahí que manifieste nuestra adhesión y esperamos
que mañana, a través de la competencia legislativa plena en la Comisión de Economía y Hacienda, quede plenamente satisfecha esta demanda.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad, porque nuestro grupo parlamentario siempre ha estado y está de acuerdo con el fondo de la proposición de ley que hoy trae el Grupo Popular. Las palabras de su portavoz hacen innecesaria la intervención que sin duda
alguna realizaremos mañana en la Comisión de Economía. Puesto que lo que él nos requiere es una posición favorable, porque eso haría posible la retirada de la votación hoy en favor de la proposición de ley que nos remite el Senado por unanimidad,
manifiesto en nombre de mi grupo, Izquierda Unida, que puede contar con esa actitud positiva al fondo de la ley. En el debate de la Comisión de mañana argumentaremos el porqué y desde luego comprometemos nuestro voto a favor de una iniciativa de
estas características. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MÚÑOZ: Gracias, señor presidente.
Me da la impresión de que, después de la intervención del portavoz del Grupo Popular, cualquier intervención es superabundante. Poco se puede añadir a lo explicado con tanta lucidez por su portavoz. Nosotros vamos a votar favorablemente
esta iniciativa, si no hoy -si la proposición de ley es objeto de retirada-, mañana, en la Comisión de Economía y Hacienda, no sin antes comentar que, amén de cumplir con los requerimientos de la legislación y los planes gubernamentales que el
portavoz del Grupo Popular ha citado, estamos cumplimentando un requerimiento constitucional, el previsto en el artículo 49 de la Constitución, relativo a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, y su
contenido esencial, que es que estas personas con discapacidad puedan tener en todos los ámbitos de la vida las mismas posibilidades de actuación que quienes no poseen ningún grado de discapacidad.
Señor presidente, tengo que realizar una manifestación de carácter personal, de carácter íntimo. El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha realizado funciones de taxista conmigo. He ido en su coche y he tenido la oportunidad de
comprobar no empíricamente sino experimentalmente los problemas de las personas que tienen que recurrir a coches con elementos adaptados a su situación de discapacidad. Fuimos juntos a impartir unas conferencias, él me llevó en su coche y así pude
comprobar las dificultades que conlleva conducir en esas condiciones así como otras cuestiones complementarias, por ejemplo que la adaptación de los coches es compleja y es cara. No es fácil realizar la adaptación en automóviles de gama baja; son
los de gama alta los que admiten en mejores condiciones la adaptabilidad a las personas con discapacidades de la naturaleza que hoy estamos comentando. Este no solo es un requerimiento normativo,
positivo, sino incluso constitucional. Es algo tan claro como la aplicación del tipo de IVA superreducido del 4 por ciento a las personas discapacitadas con limitación de su movilidad a efectos de la adquisición de sus vehículos.
Desde esa perspectiva, nosotros -yo personalmente con entusiasmo- vamos a apoyar esta medida y lo haremos en las condiciones en que el grupo proponente decida hacerlo, bien manteniendo la toma en consideración de esta proposición de ley o
bien votando a favor de lo que se debatirá mañana en la Comisión de Economía y Hacienda. Estamos cumpliendo requerimientos de legalidad ordinaria y también de constitucionalidad, señor presidente, esto es algo debido. Es verdaderamente lacerante
que en estos momentos se aplique el IVA superreducido a la adquisición de vehículos para personas con discapacidad cuando se trata de vehículos que tienen una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora, estando hablando de personas que tienen
muy disminuida su capacidad de traslado en vías ajenas a las urbanas. Desde esa perspectiva, tenemos que remover un obstáculo que impide la efectiva igualdad entre todos los ciudadanos, como proclaman los artículos 9 y 14 de la Constitución. Por
tanto, felicito al proponente y al Grupo Popular por una proposición de ley tan de justicia material como la que estamos debatiendo en estos momentos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Esquerra, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Contestando al portavoz del Grupo Popular, nuestro grupo parlamentario dará pleno apoyo a la proposición de ley mañana en la Comisión de Hacienda. Como nos ha pedido un posicionamiento claro, teniendo en cuenta además la presencia en esta
sesión de usuarios de vehículos con estas necesidades, repito que nuestro grupo mañana votará favorablemente. Creo que es más conveniente retirarla, porque el proceso será más rápido y adecuado en la Comisión de Economía y Hacienda mañana. Por
tanto, manifestamos nuestro pleno acuerdo con su propuesta, que entendemos que cumple una función necesaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Convergència i Unió, señor Campuzano. Adelante.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que es de justicia reconocer tres cuestiones antes de entrar a valorar brevemente el fondo de esta proposición de ley. En primer lugar, efectivamente el Grupo Parlamentario Popular registró esta proposición de ley en marzo de
2005, antes de que Convergència i Unió lo hiciese en el Senado. Mi grupo reconoce este hecho sin ninguna duda. En segundo lugar, hay que reconocer el compromiso personal del señor Vañó, como activista del movimiento de las personas con
discapacidad, en esta materia y en todos los ámbitos parlamentarios y, por tanto, a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular hay que añadir el plus del compromiso personal del diputado proponente. Finalmente, también hay que destacar la
actitud personal con la que el señor Vañó ha defendido esta iniciativa o el hecho de que esta misma mañana a los distintos portavoces nos haya manifestado, desde el sentido común, su convicción de que era necesario que el trámite de mañana llegase a
buen puerto. Creo que son tres cuestiones fundamentales, porque a veces en la vida, y en la vida política, las actitudes son más importantes que las ideas y estas actitudes del señor Vañó mi grupo las quería valorar.
Respecto a la cuestión de fondo, todos los grupos coincidimos en esta necesidad de introducir ese IVA superreducido en los supuestos específicos, esa calificación del concepto del IVA aplicable a los vehículos destinados a las personas con
minusvalía. Nuestro grupo en el Senado consiguió que se tomase en consideración esta proposición de ley; en el Congreso está siguiendo el trámite. Las enmiendas del grupo de la mayoría indican claramente la voluntad del Grupo Socialista de
perfeccionar aquellos aspectos técnicos que en la propuesta inicial seguramente no estaban bien orientados. Por tanto, todos tenemos la seguridad de que mañana la Comisión de Economía y Hacienda, con competencia legislativa plena, aprobará esta
proposición de ley que efectivamente pretende dar respuesta a una problemática social que nuestra legislación en materia de IVA no tenía bien resuelta. Debemos felicitarnos todos y agradecer al señor Vañó la actitud con la que ha defendido esta
cuestión de fondo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Finalmente, Grupo Parlamentario Socialista, señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente, señorías, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, en definitiva la construcción del cuarto pilar del Estado del bienestar, son, sin la menor
duda, una auténtica prioridad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, lógicamente, del Grupo Parlamentario Socialista que le da soporte.
Hoy se trae aquí la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular que guarda relación con estos temas, ya que propone una modificación de la Ley del IVA para aplicar un tipo superreducido en la adquisición de vehículos a
motor por parte de personas con discapacidad y con movilidad reducida así como la posterior adaptación de los mismos.
Con anterioridad al día de hoy, como ya se ha expuesto antes, concretamente
el pasado 18 de octubre, se tomó en consideración en el Senado una proposición de ley del Grupo Catalán con idéntica pretensión, proposición de ley que está previsto que se apruebe mañana con competencia legislativa plena en la Comisión de
Economía y Hacienda del Congreso.
Interesa resaltar que dicha proposición de ley obtuvo la unanimidad de todos los grupos de la Cámara Alta.
Como destacaba la senadora señora Vicente González, la modificación que se propone en la Ley del IVA es un aspecto de enorme importancia para un colectivo con el que el Grupo Socialista siempre ha manifestado una especial sensibilidad. El
establecimiento de un tipo superreducido del 4 por ciento en la adquisición de vehículos a motor con destino a personas con discapacidad o con movilidad reducida o en su adaptación para estos destinatarios ha merecido la atención de las Cortes
Generales con diversas iniciativas parlamentarias. Además, en la VII Legislatura, el Defensor del Pueblo, en su comparecencia de 28 de junio de 2001, refiriéndose al ámbito del IVA manifestó que en el derecho comparado se aplica un tipo del 4 por
ciento en la adquisición de vehículos a motor que hayan de utilizarse por personas con necesidades especiales e incluso un tipo del cero por ciento para algunas ayudas técnicas. Sin embargo, en esta materia recomendaba que sería deseable analizar
los condicionantes de la armonización comunitaria del IVA y las excepciones reconocidas en cada país cuando se trata de establecer algunas de estas ventajas.
Esta es ciertamente la limitación con la que nos encontramos en el anexo h) de la Sexta Directiva, que establece los bienes y servicios a los que se pueden aplicar tipos impositivos reducidos. No obstante, hay que resaltar que existe un
compromiso del Gobierno con la sociedad española de trasladar al seno de la Unión Europea la oportunidad de modificar esta directiva comunitaria en lo que se refiere a la adquisición de vehículos para personas discapacitadas o con movilidad
reducida, al objeto de ampliar los beneficios fiscales que puedan otorgarse. Las personas que sufren algún tipo de disfunción son, por encima de todo, titulares de derechos en plano de igualdad y, como recordaba al principio de mi intervención, el
efectivo ejercicio de estos derechos es para este Gobierno y para este grupo parlamentario una absoluta prioridad. Durante las últimas décadas, las personas con minusvalías, sus familias y las asociaciones que las representan, han realizado un gran
esfuerzo para defender su derecho fundamental a la plena participación social y a una vida autónoma y normalizada. Sin embargo, se enfrentan todavía con demasiada frecuencia a distintas formas de discriminación que las colocan en una situación
vulnerable de riesgo de exclusión social y de aislamiento personal. Sus familias se ven obligadas a hacerse cargo de su existencia y en la mayoría de los casos no es tarea fácil, puesto que no cuentan con los medios necesarios para integrarse
plenamente en la vida familiar, laboral y social.
El consenso en este país es hablar de integración, de la incorporación de estas personas al mundo laboral y a una educación lo más normalizada posible, en resumen, su plena integración social. Las personas con discapacidades funcionales
deben ser una prioridad política. Una gran parte del mundo está atrapado en un puñado de desigualdades y nuestro deber no es otro que conseguir que esas desigualdades desaparezcan o que al menos se atenúen. La discapacidad es un déficit ciudadano
que nos concierne a todos y todos tenemos que favorecer la incorporación a la sociedad de las personas con necesidades especiales. De ahí que nuestro voto fuese en el Senado favorable a la toma en consideración de la proposición de ley, que, tras
su trámite en el Congreso, queremos que se debata mañana sin ninguna dilación en la Comisión de Economía y Hacienda.
Compartimos el fondo de la proposición de ley del Grupo Popular y la exposición que ha hecho de la misma el señor Vañó.
Agradecemos también al señor Vañó y al Grupo Popular que formalmente la retire, para evitar la dilación que tal toma en consideración supondría en la tramitación final de la proposición procedente del Senado con el mismo objetivo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Vañó Ferre pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Turiel.
Señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Señor presidente, a la vista de las intervenciones y la buena disposición al entendimiento en esta situación, mi grupo retira la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vañó.
Llamamos a votación. (Pausa)
Vamos a realizar una sola votación, ya que la segunda proposición de ley ha sido retirada.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en
las lenguas oficiales del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 182; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO DE GARANTÍA PARA EL PAGO DE ALIMENTOS. (Número de expediente 162/000101.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la creación de un fondo de garantía para el pago de alimentos. (Rumores.-La señora
vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la sesión plenaria, así es que por favor les ruego silencio. Está en posesión de la palabra la señora Pigem para presentar su proposición no de ley. Lo intentamos,
señora Pigem. Adelante. (Continúan los rumores.)
Señorías, por favor, estamos tratando de continuar con la sesión plenaria; por tanto, quien desee salir del hemiciclo debe de hacerlo en silencio y con rapidez, por favor. Adelante, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario vio con satisfacción, tanto en la Ley de medidas integrales contra la violencia de género y en lo que afectaba a las víctimas de esta violencia como en la más reciente Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que
se modificaron la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil en materia de separación y divorcio, cómo se aceptaba una enmienda de Convergència i Unió en la que se proponía la creación de un fondo de garantía de alimentos para cubrir los impagos
de estos en los procesos de separación y divorcio. La creación de este fondo, señorías, es un objetivo que Convergència i Unió viene proponiendo desde hace más de 10 años, concretamente desde la IV Legislatura, y es una iniciativa que se enmarca
tanto en la necesidad de protección a las familias, en este caso de las familias en crisis, como en la necesidad de combatir las situaciones de auténtica pobreza a la que se ven abocadas muchas personas, especialmente mujeres e hijos menores, cuando
después de una crisis familiar y teniendo a su cargo hijos e hijas menores de edad la persona obligada por resolución judicial al pago de una cantidad para satisfacer las más elementales necesidades de sus hijos e hijas menores -hablo de necesidades
como alimentación, vestido, vivienda o educación- incumple dicha obligación y en consecuencia se produce un impago frente al que los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, tanto los civiles como los penales, se han revelado
insuficientes e ineficaces especialmente en aquellas situaciones en las que el obligado al pago es técnicamente y entre comillas insolvente o no tiene una nómina que se pueda embargar y cuyas consecuencias, como he dicho, afectan en especial a las
personas más vulnerables, que son los hijos e hijas menores de edad, y también a los progenitores, que generalmente son las madres, que como consecuencia de este incumplimiento se ven obligados a proveer este sustento sin contar con los recursos
suficientes para ello. Fruto de todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán ha venido defendiendo la necesidad de la creación de un fondo de garantía del pago de alimentos encargado de anticipar las cantidades necesarias en aquellos casos en que el
impago ocasionara situaciones de verdadera necesidad; por ello, como he manifestado, vimos con auténtica satisfacción la aprobación de nuestras enmiendas, que comprometían al Gobierno a la creación de este fondo.
Señorías, era la primera vez, al
margen de programas electorales, que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, en definitiva el Gobierno, aceptaba en firme un compromiso de crear este fondo. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora PIGEM I PALMÉS: Pero, es más, en aquel momento se aceptó también un plazo para dicha creación, porque, como todos ustedes recordarán, ante la petición de concreción del plazo de compromiso de creación de este fondo que realizó
este grupo parlamentario y que defendí yo misma el 29 del pasado mes de junio en el debate parlamentario de las enmiendas que nos llegaban del Senado, el portavoz del Grupo Socialista, don Julio Villarrubia, al que me dirijo, respondió textualmente
-y me remito al 'Diario de Sesiones' de aquel día-: Doña Mercè, para que el compromiso no quede indeterminado decimos ante esta Cámara que en el plazo máximo de un año el Gobierno traerá un proyecto de ley regulando la constitución de este fondo.
Este fue el compromiso: creación del fondo y un compromiso verbal por parte del portavoz socialista de hacerlo antes del plazo de un año. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Pigem, que la interrumpa. Señorías, le está resultando imposible a la portavoz defender su proposición no de ley. Por favor, les vuelvo a solicitar respeto para quien está en
el uso de la palabra.
Adelante, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Este compromiso y la creación del propio fondo fueron, como todos ustedes saben, muy bien acogidos, puesto que, como decíamos, vienen a llenar un vacío que deja desprotegidas a muchas familias monoparentales con
menores a cargo, y por ello, transcurrido ya un tiempo desde la vigencia de la reforma de Ley del divorcio, algunos colectivos vienen reclamando la efectiva creación de dicho fondo. Quiero aquí traer a colación, en apoyo de estas palabras, la
solicitud realizada a finales del pasado mes de noviembre en el segundo encuentro institucional de jueces y magistrados de familia, fiscales y secretarios judiciales con abogados de la asociación española y también de la catalana de abogados de
familia, en donde, a modo de conclusión y con el número nueve, dicen: Se considera necesario promover el impulso de la ley reguladora del fondo de garantía de pensiones al que se refiere la disposición adicional única de la Ley 15/2005, de 8 de
julio.
El compromiso del plazo de presentación del proyecto de ley se realizó, como he dicho, el 29 de junio de 2005 y el tiempo, señorías, corre a gran velocidad. Estamos a solo cuatro meses y medio del transcurso del plazo comprometido y por
ello desde Convergència i Unió hemos querido formular esta iniciativa para que la Cámara impulse que se materialice el mandato legal de la creación del fondo, así como el compromiso asumido de presentar en esta Cámara el proyecto de ley proponiendo
su regulación en el plazo de un año. Este y no otro es el objetivo de la iniciativa que estamos debatiendo. No obstante, ustedes habrán podido observar que la literalidad de nuestra iniciativa tiene otro plazo, un plazo más breve, y no exactamente
el mismo contenido de creación del fondo que el que se aprobó en nuestra enmienda cuando tramitamos la Ley del divorcio. Ello obedece a un problema procedimental, si se quiere llamar así, y es que, dada la dificultad de tener cupo de iniciativa, lo
cierto es que hemos aprovechado una iniciativa de fecha sustancialmente anterior -porque tiene una fecha de más de un año antes- a aquella en que se aprobó la creación del fondo. ¿Por qué? Porque tenía un contenido parecido y así podía servir de
percha, como se dice en nuestro argot, o de anclaje para reclamar y para impulsar la materialización del fondo dentro del plazo comprometido.
Se nos ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Socialista y anunciamos ya que la vamos a aceptar, porque la enmienda de sustitución sí se ciñe escrupulosamente a lo que se acordó y, por lo tanto, de aprobarse, tendrá la
ventaja de que desde esta Cámara se impulsará no solo la materialización del fondo, sino también el plus añadido de hacerlo en el presente periodo de sesiones, lo cual ratifica y da nueva fuerza, al ser ahora un mandato de la Cámara, al compromiso
que en su día se adquirió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista y tiene la palabra el señor Villarrubia para su defensa.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ya en la VI y VII Legislatura presentó reiteradas proposiciones de ley instando a la creación de este fondo de garantía de impago de alimentos para proteger a los menores. El Partido Popular ya en
el año 1996 prometió la creación de este fondo y el propio señor Aznar en esta tribuna en el año 1997 también dijo que se iba a crear, y en la desestimación de reiteradas proposiciones de ley la contestación del voto en contra del Grupo Popular es
que estaban ultimando la elaboración del proyecto de ley. Lo cierto es que hasta el año 2004 no les dio tiempo y ahora nosotros vamos a intentar que esta vieja reivindicación se convierta en una realidad.
Hay instrumentos internacionales que avalan la creación de este fondo.
Existen reiteradas resoluciones del Parlamento Europeo, la de julio de 1986 o la de marzo de 1993, así como instituciones similares en otros países, como Francia, Reino
Unido, Bélgica, Dinamarca, Suiza o Luxemburgo, para proteger a los menores. El propio Consejo General del Poder Judicial en un informe del año 1998 apuntaba -el anterior Consejo General del Poder Judicial, por cierto- la necesidad de la creación de
este fondo para proteger a los menores no en todo supuesto de impago, sino en las situaciones de necesidad, que es la filosofía que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene. Ahora nos encontramos en la VIII Legislatura, como apuntaba
acertadamente la portavoz de Convergència i Unió, pero quiero dar algún dato más. En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista lo llevaba ya en su programa electoral, lo incluimos en la disposición adicional decimonovena de la Ley orgánica integral
contra la violencia de género, Ley 1/2004, de 28 de diciembre, a instancia, cierto es, de Convergència i Unió, haciendo percha su enmienda 66 a la Ley 15/2005, de 8 de julio, que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil en materia
de separación y divorcio; aunque era reiterativo de alguna forma, pero dado su interés en que ese tema se tomara con cariño -entre comillas- y que de verdad obtuviera un compromiso, ocurrió que por primera vez, después de muchos devaneos, de muchas
idas y venidas, el grupo que sustenta al Gobierno utilizó la enmienda de Convergència i Unió, que enlazaba con otra serie de enmiendas -porque es una proposición que Izquierda Unida también, que el PNV, que Esquerra Republicana, que el conjunto de
los grupos de esta Cámara han ido defendiendo en momentos distintos-. Lo cierto es que se rechazó una enmienda que venía del Senado, que incluía también las pensiones compensatorias, pero se dijo abiertamente ¿de verdad nos lo creemos, vamos a
hacerlo por fin, vamos a crear este fondo? Reconozco que así fue y que en nombre de mi grupo parlamentario contrajimos en esta misma tribuna el compromiso de traer un proyecto de ley en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de 8 de
julio de 2005.
La enmienda que presentamos, en definitiva, es el cumplimiento de lo comprometido, de la voluntad política manifestada en esta misma tribuna el 29 de junio de 2005 y que, doña Mercè, reiteramos y ratificamos en el día de hoy. Queremos
reiterar y ratificar la voluntad política para que el Gobierno intente cumplir dicho plazo y mande este proyecto de ley cuya filosofía está reflejada en su propia proposición no de ley, en las intervenciones anteriores y es el fondo de la cuestión,
no una indeterminación, no una indefinición, no la protección o la suplantación en el pago de cualquier incumplimiento de derecho de alimentos de menores que venga en resolución judicial firme o en convenio judicial derivado de procedimiento de
separación, de divorcio, de filiación,
de alimentos; no cualquier supuesto, sino el que delimitemos -como decíamos ya en aquel Pleno de 29 de junio- entre todos para proteger las situaciones de auténtica necesidad. Una sociedad moderna, un país moderno, una democracia moderna
como es la española no puede permitirse el lujo de -además probablemente no por cuantías excesivas- dejar desprotegidos a los menores en necesidades básicas. No hay ningún agravio comparativo con ningún otro colectivo, como alguien alega, porque el
interés superior del menor tiene que ser digno de protección y tiene que ser efectivamente protegido, como nos dice claramente el sentido común y la Constitución española en su artículo 39. Por lo tanto, gracias a Convergència i Unió por espolear
mediante esta proposición no de ley ese compromiso que reiteramos desde esta tribuna y ¡ojalá! que entre todos consigamos que este proyecto se convierta en ley, se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Villarrubia, muchísimas gracias.
Pasamos a los turnos de fijación de posiciones. Comenzamos con el turno del Grupo Mixto. Tiene la palabra para fijar posición doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la creación de un fondo de garantía de pago de pensiones alimenticias y compensatorias en caso de ruptura matrimonial o del núcleo familiar ha sido y sigue siendo para el BNG una gran preocupación, pues es necesario dar una
respuesta realista al impago de pensiones y de alimentos a cónyuges separados, divorciados o que han visto su matrimonio anulado y que tienen a su cargo hijos mejores, ya que son situaciones bastante habituales, más de lo que pensamos. Desde
nuestro punto de vista, la solución adoptada por la vigente legislación, centrada en el castigo penal de quien incumple, es insatisfactoria además de ineficaz, por lo que repito que debe ser abordada una ley que inicie un nuevo régimen jurídico para
las situaciones de crisis matrimoniales.
Este fondo de garantía de pago de pensiones alimenticias y compensatorias en caso de ruptura matrimonial o del núcleo familiar, como dije antes, tendría que hacerse cargo de los pagos y de las obligaciones económicas derivadas de los
procedimientos de separación, divorcio, nulidad o alimentos tanto de unidades familiares matrimoniales como de unidades de convivencia análogas. Así lo expresamos cuando defendimos la enmienda que presentamos con motivo de la modificación del
Código Civil en materia de divorcio, que fue aprobada por esta Cámara. En aquel momento nos alegramos, aunque no fuese como consecuencia de nuestra enmienda sino de una enmienda de la señora Pigem, que figurara en la ley una disposición final, en
la que sin dar plazos -aunque el señor Villarrubia los dio de viva voz en esta Cámara- se recoge la necesidad de crear ese fondo de pensiones mediante la legislación correspondiente. El plazo que dio el señor Villarrubia no se cumplió, por lo que
es el momento de que el Gobierno presente ese proyecto ante esta Cámara. De todas maneras, dado que además la señora Pigem aceptará la enmienda que presenta el Grupo Socialista, que asimismo vamos a apoyar, vamos a aceptar sin problema la propuesta
de la señora Pigem con la enmienda que ella acepta, pues aprobar hoy esta proposición de ley con la enmienda correspondiente significa que esta Cámara da un nuevo impulso al Gobierno con el que queremos manifestarle la urgencia de la presentación
del proyecto de ley.
Le miro, señor Villarrubia, no como culpable de nada sino como la persona acreedora de una respuesta ante esta Cámara por el compromiso adquirido por usted en su momento. La urgencia no la tenemos que expresar con ejemplos en
esta Cámara, porque estamos seguros de que todas SS.SS. la conocen: la señora Pigem, que presenta la iniciativa; el señor Villarrubia, que se comprometió en su momento y, en definitiva, todas y todos los diputados, porque es una realidad
contrastable en nuestra sociedad, que además, como dijo la señora Pigem, a veces genera unas situaciones de extrema gravedad por el nivel de dificultad económica que pasan muchas de las personas que tienen que hacer frente a este cuidado de hijos
sin los recursos económicos correspondientes. Dicho de paso, estas personas, no por casualidad, sino por la realidad en que vivimos las mujeres, son efectivamente las mujeres, que incrementan los datos que acaban definiendo la feminización de la
pobreza, porque llegan a engrosar los listados de las personas que tienen que acudir a las pensiones de ayuda por emergencia o a las pensiones no contributivas, porque no tienen otra posibilidad, y a veces la posibilidad de estas ayudas del Estado
tampoco es real ni viable. Por tanto, estas personas se quedan a merced de la posibilidad de que algunos familiares atiendan sus necesidades, y eso tampoco se da muchas veces; por tanto, no necesitamos volver a incidir en la urgencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Fernández, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villarrubia, ha tenido la amabilidad de recordarnos todos los antecedentes de los debates que hemos tenido. Esto me estaba sonando a mí a una repetición e iba a buscar mis notas
históricas de la VI y VII Legislatura donde ya habíamos hablado precisamente de estos temas en los que teníamos una coincidencia.
Quiero reconocer aquí nuestra coincidencia de fondo una vez más con la iniciativa que nos trae el Grupo Parlamentario
Catalán
(Convergència i Unió), porque ha sido el acicate y el innovador de esta propuesta, sobre todo, su portavoz, la señora Pigem, lo que la honra, porque ha manifestado una posición verdaderamente enardecida, legislatura tras legislatura, para
hacer esta petición justísima a la que nosotros nos sumamos.
Dicho esto, desde un aspecto formal, mi grupo desearía que lo que se sometiera a votación se vinculara -porque consideramos que es una corrección, respetando plenamente el fondo de la iniciativa que ha expuesto brillantemente la señora
Pigem, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- a los compromisos que todo Gobierno tiene con la creación de un fondo. Recuerdo, por ejemplo, los debates que a lo largo de muchas legislaturas hemos celebrado en esta Cámara
en la democracia cuando se trató de crear el Fondo de Garantía Salarial y cuando se crearon los fondos del seguro obligatorio de accidentes de automóvil. Hay una cuestión de fondo: ¿quién aporta los fondos? Se entiende que es el Estado; en
concreto el plácet del Ministerio de Economía y Hacienda es fundamental, porque un fondo no se improvisa. Un fondo significa el compromiso de alguien que lo crea o es un fondo en el que las compañías de seguros tienen que hacer esa aportación, como
sucedió con los seguros de intensidad bancaria en España, una vez que se resolvió quién hacía la aportación económica para crear el fondo para los casos de fallidos en la banca. Siempre se ha tratado de llegar a una fórmula solidaria de las
distintas entidades del sector para no cargar fundamentalmente toda la aportación de ese fondo a las arcas públicas, es decir, a los Presupuestos Generales del Estado, porque, al final, si va a ser el Estado el que realice la aportación al cien por
cien al fondo de garantía para el pago de alimentos, tendremos que pronunciarnos en la votación de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de una cantidad al ministerio correspondiente, en el que se vaya a ubicar la gestión o aplicación de
dicho fondo. Al final, ese fondo, a los efectos presupuestarios, es una cifra o guarismo que soporta una intencionalidad política.
La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista nos parece muy racional en el sentido de que no solamente vincula la creación de este fondo a una declaración de intenciones o de principios, como trae, y suscribimos, la
iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sino que aquí lo cuelga precisamente de las leyes que nos permiten hacer la justificación para una nueva ley, salvo que vaya por vía de los Presupuestos Generales del Estado, que
serían en la Ley 15/2005, de modificación del Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la que se deriva legalmente esta obligación -no de la creación del fondo, sino de hacerlo por vía de esta ley- y en la Ley Orgánica 1/2004, de medidas
de protección integral contra la violencia de género, porque también lo vinculamos allí. Creo que es muy acertado recurrir a dos leyes, tal como hace la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido el señor Villarrubia, porque nos
permite contar con dos instrumentos que utilizó el Gobierno para que en los plazos pertinentes, y una vez se pronuncie en esta Cámara el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, sepamos las
posibilidades presupuestarias de la aportación, es decir, la cuantía que debe tener, a la vista de la casuística que los tribunales de justicia o las comunidades autónomas nos vayan dando respecto a las condiciones económicas del cónyuge que,
obligado a pagar la pensión alimenticia al otro cónyuge, no esté en condiciones de hacerlo. Vamos a dar tiempo para que se resuelva en esa vía. A nuestro grupo le gustaría, si lo acepta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), votar a
favor de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, que recoge el fondo de la cuestión y le da una forma ordenada legal.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como han manifestado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la proposición de ley que estamos debatiendo no trae un tema nuevo a la Cámara. En este hemiciclo se ha discutido en varias ocasiones y, aunque el tiempo que
me corresponde es muy limitado, tengo que recurrir a la historia. En el año 2000 hubo un debate en esta Cámara en el que tres grupos parlamentarios presentaron diversas iniciativas: por el Grupo Mixto el señor Joan Saura; el Grupo Socialista y el
Grupo de Izquierda Unida. No se trataba de iniciativas iguales pues existían matices. Alguna solicitaba el fondo por alimentos solamente para los hijos, mientras que la nuestra abarcaba también a las personas mayores.
En todo caso eran propuestas
que podían haberse tomado en consideración, con lo cual podríamos haber avanzado en esta materia.
Quiero felicitar a la señora Pigem, de Convergència i Unió. No quisiera personalizar porque todos representamos a un grupo parlamentario, no es una cuestión personal sino del grupo parlamentario, y adelanto que vamos a votar favorablemente.
Pero quiero recordar lo que consta en el 'Diario de Sesiones' del año 2000. En aquellos momentos hubiera sido muy favorable que Convergència i Unió hubiera hecho lo que nuestro grupo a hacer, votar favorablemente, porque de aquellas tres
iniciativas, en dos votó en contra y en una se abstuvo. El argumento que se esgrimió entonces era que no se apoyaban las citadas iniciativas porque le correspondía al Gobierno enviar a la Cámara un proyecto de ley. Ahora podíamos haber esperado
también a que el Gobierno hubiera cumplido con su compromiso.
Nuestro grupo
parlamentario tiene registrada desde 2004 una proposición de ley sobre este tema, y lo que creíamos que debíamos hacer, ya que había este compromiso del Gobierno, era esperar a su cumplimiento. En caso de que en el último año de legislatura
no lo hubiera hecho, hubiéramos puesto encima de la mesa, como lo haremos si no lo cumple, el debate de nuestra iniciativa.
Lo que estamos haciendo hoy es importante. Reconocemos la oportunidad de Convergència i Unió al presentar esta proposición no de ley, que seguramente todos los grupos vamos a apoyar, pero la historia no perdona y la realidad es que hace
muchos años se podía haber iniciado este proceso, ya podríamos contar con una ley y muchísimas mujeres de este país hubieran podido beneficiarse de la nueva reglamentación que pretendemos hoy aprobar. Cuando el Gobierno nos presente su proyecto de
ley, tendremos ocasión de debatirlo, porque ya adelanto que nuestro grupo parlamentario entiende que este proyecto de ley tiene que recoger la nueva idea de la familia que existe en nuestra sociedad en estos momentos. Deben poderse beneficiar tanto
los matrimonios como las parejas de hecho y cualquier pareja de los diferente tipos de nuestra sociedad.
Seguro que entonces podremos entendernos y abordar con tranquilidad esta nueva ley, que resolverá un problema que en estos momentos tiene una
parte de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Continuamos con el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
En muchas ocasiones hemos hablado del fondo de pensiones en garantía de alimentos en esta Cámara, pero ello no ha sido malo, puesto que ha servido para ir perfilando poco a poco la materialidad de lo que pretendíamos y también la corrección
jurídica, incluso la competencia para hacerlo, a lo que me referiré brevemente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) define bien cuáles son los supuestos que se pretenden abordar y, hablando de la obligación que tienen los poderes públicos de asumir la protección familiar, los vincula a los casos de
impago por insolvencia. Esta expresión no aparece en ningún momento en la enmienda del Grupo Socialista, que sin embargo es objeto de aceptación. Puede entenderse que su portavoz lo ha subsanado cuando desde esta tribuna ha dejado bien claro que
se refiere a las situaciones en las que haya verdadera necesidad, como se dice en el texto de la proposición no de ley, pero lo cierto es que en la enmienda no figura más que la referencia al impago, impago que puede ser voluntario, teniendo medios
para ello. No mencionaré el proyecto de ley de violencia de género, que salió de esta Cámara sin referirse a esta cuestión y que nos fue devuelto del Senado ya como proyecto de ley con una disposición adicional decimonovena en la que se preveía la
regulación por el Estado de este fondo de garantía de alimentos. A ello es a lo que ahora es llamado por el Grupo Catalán, y esperemos que por la totalidad de esta Cámara, el Gobierno.
He hecho alusión al reparto competencial, que también debe ser tenido en consideración en esta materia. Todos ustedes conocen que el reparto de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se realiza por bloques de
constitucionalidad, sobre la base de grandes sectores normativos o ámbitos de la realidad social conocidos como materias. La cuestión dependerá de a quién le corresponda regular, en gran medida, los caracteres que revista el citado fondo, ya que en
función de los mismos se incidirá en distintos ámbitos competenciales. Podría tratarse, conforme al artículo 41, de un fondo que revistiera los caracteres del sistema público de Seguridad Social, puesto que el citado artículo prevé un fondo no
necesariamente basado en el elemento contributivo y garante de la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Sabido es que no este el tenor que tendrá, puesto que la legislación correspondiente ha acotado lo que
ha de entenderse por Seguridad Social. Nos quedan entonces dos ámbitos, de una parte, el aseguramiento privado, que evidentemente no es de aplicación en esta materia y, de otra parte, lo que es reconocido como asistencia social.
Desde nuestra
perspectiva, asistencia social es lo que se haría con la regulación de este fondo, y creemos que las líneas de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas llevarían a que esta materia corresponda a las comunidades
autónomas y no al Estado. No oculto a esta Cámara que hay jurisprudencia constitucional que dice otra cosa. La sentencia 146/86, entre el Estado y la Comunidad Autónoma vasca, vino a convalidar la constitucionalidad de una actuación estatal en
materia de asistencia social, a pesar de que todas las comunidades autónomas habían asumido competencias exclusivas en la materia. Ello porque el Tribunal Constitucional entendió que en una materia como la asistencia social tan central en un Estado
definido como social en el artículo 1.1 de la Constitución, las competencias exclusivas no pueden entenderse en un sentido estricto de exclusión y actuación de otros entes públicos o del propio Estado. Así entendido -que a nosotros no nos gusta-,
cabría sostener que es posible una regulación estatal en esta materia.
Quisiera hacer hincapié en otra cuestión. Desde el ámbito vasco se ha intentado la regulación de este fondo y se pretendía dar importantes competencias en relación con él a los ayuntamientos. Esa es otra posibilidad que habría que tener en
cuenta. El artículo 25.2 k) de la Ley de las Bases del Régimen Local dispone que el municipio ejercerá en todo caso las competencias en los términos que la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas le den en materia de servicios
sociales
y promoción y reinserción económica. La ley que se articulase podría perfectamente establecer que fuesen los municipios, la entidad más cercana a los ciudadanos, los que gestionasen estos fondos. Reconozco la insuficiencia de la dotación
de fondos de la Administración local, pero ello podría regularse mediante la celebración de los correspondientes convenios. Señorías, hago una última salvedad: no todas las comunidades autónomas se financian de igual manera. De establecerse este
fondo por el Estado con la suficiencia de financiación en los correspondientes presupuestos, habría de tenerse en cuenta la existencia también de las haciendas forales, los tres territorios vascos y la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, las
especificidades que he hecho en cuanto a la delimitación competencial debieran ser una llamada de atención por parte del Gobierno a la hora de presentar a esta Cámara el proyecto de ley que mi grupo también aprueba que se traiga.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora presidenta.
Para Esquerra Republicana es un hecho constatable que hay demasiadas mujeres que no perciben el pago de las pensiones alimenticias. Es un hecho demasiado frecuente que el cónyuge incumpla la decisión judicial de realizar el pago de estas
pensiones. Este impago tiene consecuencias muy disuasorias que contribuyen poco a que la mujer se libere de la violencia y en otros muchos casos aboca a estas mismas mujeres a situaciones de malvivir, como madres solteras o mujeres con hijos,
porque efectivamente tienen una pérdida de calidad de vida y de confianza en la justicia y en el Estado del bienestar. Como ha recordado el señor Villarrubia y es sabido por todos, Esquerra Republicana va a votar positivamente esta proposición
entendiendo que la enmienda compromete a este Parlamento a tramitar un proyecto de ley en este período de sesiones para que se cumplan los requisitos que recoge la iniciativa: aprobar un proyecto de ley que cree un fondo de garantía para pago de
alimentos encargado de anticipar las cantidades para hacer frente al impago de las prestaciones alimenticias establecidas por resolución judicial.
En primer lugar, quisiéramos hacer algunas matizaciones en el sentido de que su regulación debe ser muy rigurosa. A nuestro entender, deberían establecerse los mecanismos que eviten que este fondo implique irresponsabilidad de los cónyuges
y éstos se confíen en la cobertura de una pensión por parte del Estado. Esto no puede suceder en ningún caso.
Este fondo tiene que garantizar el cobro de las pensiones, pero no puede conllevar irresponsabilidad de los cónyuges. En segundo lugar,
hay muchos casos en los que los cónyuges, mayoritariamente hombres, no pueden realizar el pago de las pensiones por diferentes motivos, bien porque quieren rehacer su vida bien porque quieren formar otra familia, a lo que también tienen derecho.
Debería realizarse un estudio exhaustivo comparativo con sistemas que ya se han implantado en otros Estados. Nos parece interesante el del Estado francés. Deberían establecerse otros mecanismos alternativos, como es el estudio de la solvencia
patrimonial de la que hasta un momento dado era una unidad familiar, de tal manera que pueda resolverse este impago de las pensiones alimenticias.
Por último, tal y como ha manifestado el Grupo de Esquerra Republicana y ha recordado algún portavoz que ha intervenido anteriormente, hemos presentado una resolución a estos efectos, así como para otros muchos casos de desamparo social que
podríamos paliar mediante la implantación de lo que se ha venido en llamar -tanto por nosotros como por otros grupos- la renta básica de la ciudadanía. Es un tema recurrente que hemos expuesto en diversas ocasiones y que volvemos a plantear porque
sería una de las soluciones para este tipo de asistencia social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Cerdà.
Finalizamos con el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante una proposición no de ley que aborda una situación grave que afecta a muchas mujeres y niños que es preciso solucionar porque genera duras situaciones de necesidad. Eso es lo que sufren quienes -generalmente mujeres- tienen
hijos a su cargo, carecen de recursos económicos y no reciben el pago de alimentos que fijan las sentencias judiciales. Me van a permitir que diga que quienes incumplen esta obligación están cometiendo una forma de maltrato y abandono del menor.
El Estado no puede permanecer impasible ante hechos como estos, sino que debe articular un mecanismo para anticipar las cantidades necesarias para hacer frente al impago de las prestaciones alimenticias y de pensiones. A esto se refiere el texto.
Efectivamente, esta Cámara ha tratado este tema en muchas ocasiones, lo que ocurre es que al señor Villarrubia se le ha olvidado que durante 13 años gobernó el Partido Socialista y antes no se dio un solo paso adelante ni se estudio ni abordó la
solución a este problema. En cambio, el Gobierno del Partido Popular comenzó por planificar la creación de este fondo destinándolo, en primer lugar, a las mujeres víctimas de la violencia de género a través de su articulación en colaboración con
las comunidades autónomas, algo que pensamos que es justo y social y, además, se incorporó como una prestación a la orden de protección
que ustedes después no desarrollaron. ¿Qué pasó en esta legislatura socialista? También es bueno recordar cómo las prioridades del Gobierno socialista son muy distintas cuando está en la oposición y cuando gobierna. Aquí ya se ha
recordado que se apoyó con reticencias una enmienda a las leyes a las que nos hemos referido, eliminando los supuestos de pensiones compensatorias a cónyuges con la filosofía de que solo cubriría la situación de necesidad de los menores. ¡Qué
cambio!.
Algo que cuesta entender de un grupo, el socialista, que dice priorizar políticas sociales y de mujeres; que en los años 2000 y 2001 en esta tribuna decía que había que hacerlo de forma inmediata y urgente, pero que pronto va a cumplir de
nuevo dos años en el Gobierno. Pues bien, ahora han demostrado que ni prioridad ni urgencia, sino freno y marcha atrás. Lo que en la oposición era necesario que alcanzase a las mujeres hoy ya no lo quieren apoyar; se ve que ello no entra en la
radicalidad feminista de la que presume el señor Rodríguez Zapatero. Les diré que muchas mujeres preferirían que fuese menos radical feminista pero que las ayudase porque están pasando auténticas necesidades por no percibir esa pensión
compensatoria. Sinceramente, no lo entendemos.
Quiero señalar, y con ello concluyo, que nuestro grupo va a apoyar la proposición de ley y que nos gustaría que se aprobase en los términos en que había sido redactada por Convergéncia i Unió porque coincidía con nuestros planteamientos. El
anuncio de que va a ser aceptada la enmienda del Grupo Socialista nos indica que esto no va a suceder, sino que, como decíamos, habrá recorte y freno. Lo lamentamos, pero siempre favoreceremos todo aquello que sean políticas sociales y de apoyo a
las mujeres y a los niños. Lo haremos en coherencia con la política que permitió que en ocho años de Gobierno del Partido Popular mal que les pese, señor Villarrubia, dos millones de mujeres pudiesen ser más libres al incorporarse al mundo laboral,
y en coherencia con todas las políticas sociales de igualdad que impulsamos claramente. Pero, sobre todo, votaremos en coherencia con nuestro programa -porque en él lo incorporábamos- y con nuestra línea de actuación política, marcada por la
preocupación, por la responsabilidad social que siempre nos ha guiado y dentro de la que encontrarán el voto favorable del Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sainz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE CESIÓN DE LOS TERRENOS DE TITULARIDAD ESTATAL A LOS ENTES MUNICIPALES QUE LO SOLICITEN. (Número de expediente 162/000022.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a la siguiente proposición no de ley por cuanto la señora Pigem dejó claro que aceptaba la enmienda transaccional presentada.
Debatimos la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre cesión de los terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten. Tiene la palabra para defender esta proposición no
de ley el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Presentamos hoy esta proposición no de ley para debatir un tema candente, que en diferentes ocasiones durante esta legislatura ha sido defendido en esta tribuna por parte de otros grupos parlamentarios. Se trata de la utilización por los
entes municipales de aquellos terrenos que son del Estado y que llega un momento en que quedan en desuso; unos terrenos que en muchos casos han sido utilizados por el Estado fruto a veces de situaciones no democráticas de tiempos de la dictadura.
Cuando estos terrenos que el Estado ha estado utilizando y ya han cumplido una función quedan en desuso y se intentan vender, es de justicia que los primeros beneficiados sean los ayuntamientos o las comunidades autónomas; en definitiva, los entes
territoriales. En la mayoría de los casos estos bienes entran en el mercado a través de subastas, con lo que se dificulta que los ayuntamientos o las comunidades autónomas puedan tener acceso a esas propiedades que tienen un uso social claro.
Nuestra proposición no de ley propone realizar las reformas legislativas necesarias para que sea posible la cesión de esos terrenos de titularidad estatal a los entes municipales. También contemplamos -lo comentaremos más tarde- que las
comunidades autónomas puedan ser beneficiarias de estas cesiones. Introducir estos terrenos en el mercado dificulta nuestro objetivo y traslada endeudamiento de una administración a otra. Desde el punto de vista de la lealtad institucional, sería
lógico facilitar el traspaso de estas propiedades a otros entes territoriales como son los municipios o las comunidades autónomas. Nuestra propuesta va un poco más allá de lo que en algunos momentos se ha transaccionado en esta legislatura, a raíz
de lo que el Grupo Socialista, el grupo mayoritario, ha planteado. Después de casi dos años de legislatura, sería prudente avanzar algo más y facilitar el acceso a estas propiedades que muchas veces tienen un interés social. A veces afectan a
pequeños municipios cuyas fuentes de financiación son escasas, con lo que esta política social les ayudaría mucho a no tener que endeudarse para conseguir propiedades cuya titularidad ha sido fruto de situaciones vividas en plena dictadura. Nuestra
propuesta tiene un matiz pedagógico pues intenta expresar esta buena voluntad del Estado. Digo que es pedagógica porque cuando hablamos de buenas voluntades lo que queremos significar es que ya es hora de que aquélla se manifieste.
Hemos trasladado al debate de hoy un tema candente y público y hemos presentado una enmienda cuyo tenor es que en el 2006 se cumpla el compromiso del señor
Rodríguez Zapatero relativo a la cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad de Barcelona. Después de ciertos meses este tema sale a debate, un debate que nuestro grupo no quisiera que se produjese en los términos actuales pues, en nuestra
opinión, es erróneo. Solicitamos la buena voluntad del Gobierno con el fin de que haga un esfuerzo, tome una decisión y vote favorablemente ese compromiso que asumió en su día el presidente de cesión al Ayuntamiento de Barcelona de esta
instalación, el castillo de Montjuïc. Si tenemos presente la historia que este asunto lleva consigo, sería de justicia que el Grupo Socialista expresara su buena voluntad y diera apoyo a esta propuesta al objeto de que se cumpla este compromiso
antes de finalizar el año. Es un tema de total actualidad la petición manifestada en diversas ocasiones del Ayuntamiento de Barcelona. El ministro Bono ha empezado una guerra a la que nadie le llamó, con declaraciones fuera de tono y sin sentido
ya que ha puesto una serie de condiciones cuando no toca. Consta en el registro que el citado castillo es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, lo que hay que hacer es la cesión democrática de esta instalación que ha tenido una cruenta historia
a lo largo del último siglo. El castillo de Montjuïc ha sido un sitio trágico en muchos casos. En él fue fusilada gente de toda condición, desde el pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de la escuela moderna, hasta el president Lluís
Companys. Sería un acto de justicia que el Gobierno adoptase esta iniciativa y cumpliese el compromiso que en su momento adquirió el propio presidente del Gobierno.
Decía un cronista de la ciudad en un artículo en un periódico de Barcelona, en el
Avui, bajo el título: La cançó de Montjuïc: La única condición para que sea devuelto a la ciudad de Barcelona el castillo de Montjuïc, esta vieja fortaleza, es la generosidad hacia todos aquellos que han sufrido ese castillo. Solicitamos del
Grupo Socialista esa buena voluntad y que esta proposición no de ley tenga un voto afirmativo y un voto de justicia, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona, a raíz de las últimas declaraciones del ministro Bono, va a pedir en el pleno
del ayuntamiento de final de mes el cumplimiento del compromiso que adquirió el presidente del Gobierno. Esta proposición no de ley ofrece un marco de reflexión para que se encuentren sectores del Partido Socialista y sectores del Partit Socialist
de Catalunya. Es un motivo que facilita esta proposición no de ley. Ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig.
Continuamos con el turno de defensa de enmiendas presentadas y comenzaremos con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo de Esquerra Republicana trae al Pleno de hoy una proposición no de ley relativa a la cesión de terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten. Quiero iniciar mi intervención manifestando la coincidencia
del Grupo Socialista con los objetivos que esta proposición persigue, ya que se trata de aprovechar, en beneficio de los ciudadanos, unas instalaciones que están fuera de servicio, las cuales se podrían convertir en viviendas sociales, parques
públicos, casa de cultura, centros de salud, etcétera. Dicho esto, y reiterando la coincidencia de mi grupo con los objetivos, sin embargo nos parece que existen mecanismos suficientes en la legislación actual para resolver satisfactoriamente las
situaciones que se puedan plantear, lo que ya reconocimos en esta Cámara con la aprobación de las mociones de Convergència i Unió, el 9 de mayo, y de Izquierda Unida-Izquierda Verde, de 31 de mayo de 2005, sobre el uso del suelo de Defensa en
operaciones similares a la denominada operación Campamento, mociones ambas que su grupo, señor Puig, con muy buen criterio también apoyó.
Señorías, está claro que hoy no se especula con el patrimonio público.
Este Gobierno, a diferencia del anterior, desde su total y absoluto respeto a la normativa vigente, ha puesto siempre por delante de cualquier otra consideración el
interés social en todas y cada una de las operaciones realizadas. Fruto de esta política durante la presente legislatura es que, solo en el Ministerio de Defensa, se han suscrito 29 convenios y protocolos con diferentes comunidades autónomas,
ayuntamientos y empresas públicas, que han permitido la cesión de 7 millones y medio de metros cuadrados, dando como resultado la obtención de suelo para equipamiento y espacios libres, viviendas de protección oficial o edificios con destino a
servicios municipales, actuaciones todas ellas muy importantes, entre las que quiero destacar la operación Campamento, con la que se construirán 10.700 viviendas, de las cuales 7.000 serán protegidas; el Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, con
destino a 1.000 viviendas de protección oficial y equipamientos sociales, educativos y comerciales; y la actuación, en Zaragoza, mediante acuerdo con la empresa pública regional, Suelo y Vivienda de Aragón, para la construcción de 1.400 viviendas
protegidas.
La Ley del Patrimonio de las Administraciones públicas ya prevé los procedimientos de desafectación y cesión de los bienes inmuebles de titularidad estatal, por lo que no es necesaria una reforma legislativa en la dirección que propone el
Grupo Esquerra Republicana. Y en relación con el patrimonio de los Ministerios de Defensa y del Interior, sería perjudicial modificar el marco legal vigente en el que se inscriben las gerencias de infraestructuras y equipamientos de la defensa y de
la seguridad del Estado.
Señorías, en esta Cámara debemos velar por el interés general, y por eso en el Grupo Socialista consideramos que con la normativa actual es posible hacer compatible la colaboración con los municipios y las comunidades autónomas y, a la vez,
contribuir a obtener recursos económicos con los que acometer determinadas inversiones
para atender las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de la defensa. Por ello, hemos presentado una enmienda de sustitución que insta al Gobierno a profundizar en la política que viene llevando a cabo en
esta materia, política respaldada por los hechos, como se demuestra con las actuaciones llevadas a cabo.
En cuanto al párrafo relativo a la cesión del castillo de Montjuic, no debe incorporarse en esta proposición no de ley por tratarse de una actuación singular por importante que esta sea -que lo es-, y por eso se está trabajando en el
Ministerio de Defensa en el correspondiente proyecto de ley, que será consensuado con el ayuntamiento de Barcelona y que tendremos oportunidad de debatir también en esta Cámara.
Quiero terminar refiriéndome una vez más al compromiso del presidente Zapatero y del ministro Bono con esta cesión. En el Ministerio de Defensa ya se están haciendo los trabajos para ello.
Gracias, señora presidenta. Gracias señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres, muchas gracias.
La siguiente enmienda la ha presentado el Grupo Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Al Bloque Nacionalista Galego siempre le llamó la atención el hecho de que terrenos e inmuebles del Estado desafectados no fuesen transferidos a otras administraciones para funciones públicas o de interés general, lógicamente no para
especular con ellas. Es curioso que todos aquellos que defienden tanto la unidad del Estado español, sin embargo, a la hora de tratar del patrimonio público parece como si se tratase de Estados extranjeros. No de otra manera se puede entender, por
ejemplo, que haya una ley, como la Ley de gerencia de infraestructuras de la defensa, que nada menos que saca a pública subasta, es decir, a las leyes de mercado, no solamente terrenos y suelo, sino incluso bienes de interés cultural.
En este caso,
Galicia fue siempre un conejo de indias muy adecuado para la experimentación. Sin ir más lejos, en la ciudad en que yo vivo se sacó a pública subasta nada menos que un castillo de los siglos XVI-XIX, hoy en manos, lógicamente, de una empresa
privada de hostelería. El ayuntamiento se pudo hacer con otro castillo, uno de los más importantes de todo el litoral del Estado español, iniciado en la etapa de Felipe II y acabado en el siglo XVIII, gracias a que tuvieron la condescendencia de,
antes de pasarlo a pública subasta, ofertarlo en primera opción al ayuntamiento, después de años de peleas y de que el ayuntamiento, mediante amenazas veladas a quien lo comprase, impidiese hacer nada allí porque el plan de ordenación urbana lo
prohibiría, y así sucesivamente.
Nos encontramos ante un tema viejo, que el Bloque Nacionalista Galego intentó cambiar ya en la legislatura de 1996, y siempre con poco suceso.
En consecuencia, bienvenida sea esta iniciativa que intenta poner un poco de racionalidad, un
poco de sentido de la propiedad pública, y no solo de la lealtad, sino de la pertenencia de todas las administraciones -la local, la autonómica y la central- a un Estado único que se llama Estado español. Sin duda, no es solo el Ministerio de
Defensa el que tiene tan suculentas propiedades desafectadas usadas a su capricho, abandonadas o incluso permitiendo que se deterioren totalmente antes de entregarlas, sino que hay otros ministerios, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Fomento y, sin duda, el Ministerio de Hacienda y, por tanto, este cambio de conducta sería fundamental para la planificación del suelo, para la estructura urbanística de los ayuntamientos, y no solo en relación con el problema de la vivienda, sino
también para equipamientos de carácter social, papel que podrían desempeñar muy bien esos grandes inmuebles que tienen un valor histórico, arquitectónico o artístico incalculable. Para nosotros, la única deficiencia que tiene la propuesta de
Esquerra Republicana es la de no considerar precisamente a las comunidades autónomas, que también son Estado y, sin duda, en el caso de muy pequeños ayuntamientos no tendrían interés o no tendrían siquiera capacidad para hacer uso para funciones
públicas o de interés general de muchos de los terrenos o inmuebles desafectados. En consecuencia, presentamos esa enmienda que viene a completar cuál es la estructura del Estado y, por tanto, las administraciones que deben estar implicadas en las
transferencias mutuas de propiedades públicas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
La última enmienda presentada es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a pesar de la coincidencia con el objetivo que hoy guía al Grupo de Esquerra Republicana en esta proposición no de ley, nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición, porque sí querríamos recordar -lo han hecho ya otros
portavoces, y el socialista de manera expresa- que no es la primera vez que se trae a esta Cámara en esta legislatura una propuesta en esa misma dirección, la de facilitar que el patrimonio del Estado, de la Administración General del Estado, sea
del Ministerio de Defensa, sean antiguos cuarteles de la Guardia Civil, sea de la Policía, puedan pasar a los ayuntamientos y, como muy bien decía el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, puedan pasar también a las comunidades autónomas;
que se reconozca ese carácter estatal, que las comunidades autónomas son Estado, y en el estatuto de autonomía que estamos impulsando
estas semanas se reconoce de manera expresa que la Generalitat de Cataluña es Estado, como lo son también el resto de comunidades autónomas.
Partimos de una coincidencia, y nuestro grupo, precisamente porque no es la primera vez que se
plantea esto, quiere reiterar hoy, a través de esta proposición no de ley, aspectos que ya habíamos aprobado en esta Cámara el pasado 9 de mayo y cuyo ritmo de cumplimiento quizá no sea el adecuado. Compartimos también con el grupo proponente la
necesidad de impulsar reformas legislativas. Es cierto, y lo decía el portavoz socialista, que hay otros instrumentos, pero lo que abunda no daña. En cuanto a reforzar los mecanismos para llevar a cabo ese traspaso de la titularidad, nos parece
acertado, así como el que se plantee en el ámbito de las comunidades autónomas.
Señora presidenta, señorías, quiero hacer dos precisiones más sobre un tema de actualidad. En la ciudad de Barcelona, de donde soy diputado, los vecinos del carrer Navas están planteando la recuperación de una antigua comisaría de la
Guardia Civil, que va a ser destinada a equipamientos, a pisos, a esa promoción pública, que es una buena manera también de colaborar con el problema de la vivienda. Por tanto, tenemos un ejemplo muy claro, reciente y de actualidad. Como lo es
también, y lo planteaba el señor Puig en su autoenmienda, el traspaso reclamado y prometido por el Gobierno del Castell de Montjuïc. un traspaso que será también reclamado de manera expresa por el ayuntamiento de Barcelona, porque si hay una
promesa esta ha de cumplirse.
Señor Puig, debo expresarle que damos total apoyo a esa propuesta, aunque quizás esta proposición no de ley de hoy no sea el cauce más idóneo para conseguir ese objetivo que compartimos. Al abordar ese necesario traspaso del Castell de
Montjuïc, quiero resaltar que nuestro grupo parlamentario tiene pedida la comparecencia ante la Comisión de Administraciones Públicas del ministro de Administraciones Públicas para tratar de ese traspaso, porque él es el ministro responsable de
dicho traspaso, aunque en ocasiones parece que el titular del castillo, como ministro de Defensa, es el señor Bono, porque a veces lo defiende como si fuera de su propiedad y como si todavía estuviésemos en tiempos feudales: Te lo daré si se
cumplen determinadas condiciones. Como si estuviéramos poniendo condiciones a lo que debe ser un acto de normalidad democrática, un acto de absoluta normalidad democrática al cual nosotros damos apoyo y, por ese motivo, hemos pedido la
comparecencia de quien creemos debe informar del traspaso, que es el ministro de Administraciones Públicas. Pero insisto en que nos parece que esta es una petición justa y que debe llevarse a cabo en el plazo que se propone, el año 2006, aunque
-repito- quizás la proposición no de ley no sea el lugar más idóneo para conseguir ese objetivo que compartimos.
Termino, señora presidenta, señorías, con una reflexión. Si lo que pretende esta proposición no de ley, como pretendíamos nosotros el pasado mes de mayo cuando defendimos la moción ante este Pleno, es evitar la subasta, evitar que tantos
terrenos propiedad de la Administración General del Estado acaben subastándose al mejor postor, si lo que se pretende -como pretendíamos todos los que aprobamos esa moción- es esa cesión a otras administraciones, a la administración local y a la
administración autonómica, nuestro grupo comparte plenamente estos objetivos, y esperamos que se cumplan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jané.
Señorías, dado que no hay más enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con la señora Navarro, que interviene en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds .
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds coincide con la finalidad de la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana. De hecho, nuestro grupo parlamentario ha registrado
iniciativas con objetivos similares para su debate en Comisión, con el fin de que el Gobierno afectara terrenos o edificios de titularidad estatal a fines sociales, por ejemplo, dando prioridad a la construcción de viviendas y equipamientos públicos
a través de convenios y protocolos de actuación entre las administraciones estatal, autonómica y local, como debería suceder en la denominada operación Campamento, en Madrid. Por un lado, es una realidad la existencia de numerosos edificios,
terrenos o infraestructuras de titularidad estatal en territorio español ubicados en distintos municipios, que se encuentran en un franco deterioro, desaprovechados, en estado ruinoso, en desuso o infrautilizados. Por otro lado, esta situación se
corresponde con las demandas municipales de equipamientos o dotaciones públicas de mejorar la calidad o de ampliar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos a sus vecinos, y para los que ese terreno y edificios abandonados e
infrautilizados son reclamados. De todos es conocido que las necesidades de la llamada política de defensa o la política de seguridad con la creación de las policías autonómicas en Euskadi o en Cataluña, como señala la proposición no de ley, han
experimentado considerables cambios por diversos factores a lo largo del tiempo, entre ellos el impacto de las nuevas tecnologías, que ha tenido también una repercusión en el tipo de infraestructuras utilizadas y en las zonas de actuación. Estos
cambios han supuesto en la práctica que bastantes instalaciones del Ministerio de Defensa o del Interior, e incluso de otros ministerios, estén infrautilizadas, obsoletas, en desuso o semiabandono, mientras que en las mismas zonas en las que se
encuentran ubicadas las dotaciones públicas y las infraestructuras de uso social son claramente insuficientes para su población. Estamos ante una
iniciativa que debemos enfocar mirando hacia una mayor autonomía local, hacia un mayor ámbito competencial de las corporaciones locales y a la mejor prestación de servicios en cuanto al principio de subsidiariedad y a la necesidad de
invertir en políticas sociales, muy especialmente la necesidad de destinar suelo para la construcción de viviendas públicas.
En este contexto, se requiere la voluntad política del Gobierno y la cooperación entre todas las administraciones
implicadas. De esta forma, a través de convenios o protocolos o de la forma que jurídicamente se pacte en cada caso, será posible la cesión efectiva de terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que así lo reclamen, siempre que se
vincule a un servicio público o a una infraestructura social.
Por estos motivos nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la proposición no de ley, y nos sumamos a la reivindicación de Esquerra Republicana y de Convergència i Unió respecto a la situación del castillo de Montjuic y a la
inquietud que se está generando en este sentido. Esto se ha puesto de manifiesto por dos de los socios potenciales del Gobierno actual, lo cual debería generar algún tipo de inquietud, y deberían ser escuchados por un lado o por el otro.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.
Para hablar en nombre del Grupo Vasco teníamos pendiente al señor Olabarría, pero será el señor Beloki quien, finalmente, fijará la posición de su grupo.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, he escuchado atentamente la intervención del representante de Esquerra Republicana porque quería conocer las razones por las que proponía algo tan expeditivo como es, a mi juicio, lo que propone en su proposición no de ley. Quería
hacerlo porque es cierto que existe -y es lo que entiendo que da lugar y origen a la proposición no de ley que ahora debatimos- un problema real con el que a menudo tropezamos en todas las latitudes del Estado, que es el problema de los terrenos y
edificios que, entre otras razones, por venir de una estructura de Estado en la que este estaba representado solamente por un único Gobierno -el Gobierno central-, porque no se ha adecuado la organización de este entonces único Gobierno a las nuevas
realidades debidamente, y sobre todo porque esa organización administrativa no se ha adecuado como es debido a los principios políticos del llamado Estado de las autonomías, por todas estas razones estamos muy lejos de responder adecuadamente a esos
principios de gestión que, por ejemplo, regula el artículo 156 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el que se dice que la gestión de los edificios administrativos deberá responder a una planificación global, a criterios de
eficiencia y racionalidad, a rentabilidad, imagen unificada, etcétera. A la hora de la verdad, estamos muy lejos de responder a estos principios que, sin embargo, figuran como tales en la citada ley. Esta es una realidad de fácil constatación,
escasamente apelable y de la que todos podríamos sacar numerosos ejemplos. Se ha aludido a uno de ellos, y el grupo proponente habla del castillo de Montjuic, pero son muchos los ayuntamientos que observan, por un lado con sana envidia -diría yo-
pero por otra parte con su punto de indignación, la infrautilización de determinados espacios, de terrenos y de edificios principalmente por la Administración central, cuando sus necesidades y sus penurias son tan apremiantes. Nada tiene de
extraño, pues, que nos encontremos una vez más con una proposición no de ley que intenta abordar este asunto.
La propuesta que hoy nos trae Esquerra Republicana reclama dos tipos de actuaciones: reformas legislativas y administrativas por un lado, y la cesión de los edificios y terrenos a los ayuntamientos por otro. Nada más lógico que esta
segunda reclamación, quizá con dos condicionantes lógicos también. Uno de ellos es que no pasemos de una no utilización a otra no utilización. Dicho con otras palabras, que la cesión conlleve el condicionante de que, efectivamente, se va a acabar
con un uso eficaz y eficiente de los edificios. El segundo es que la cesión no tenga que ser necesaria y únicamente a los municipios, que puede ser exactamente en los mismos términos y con las mismas razones a otras administraciones como los
gobiernos autónomos o incluso también como las diputaciones.
¿Hace falta para esto cambios administrativos y legislativos? Yo diría que sí en algunos casos. Por ejemplo, en defensa. En cualquier caso, a mi grupo le gustaría insistir en un punto. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor BELOKI GUERRA: Si efectivamente se hubiera actuado sobre la base de una coordinación y de una optimización de la utilización de los edificios administrativos -y exactamente lo mismo cabe afirmar de los terrenos-, no estaríamos ni
de lejos con la queja y con la reclamación de muchos ayuntamientos y, por lo mismo, ante la necesidad de proponer reformas legislativas, administrativas o lo que sea para que se avance.
En todo caso, si hay alguna reforma que mi grupo propondría en
este campo sería aquella que no fuera tanto a posibilitar que se produjeran cesiones como las que recoge ya la ley del patrimonio citada, sino aquellas que dificultaran, y si fuera posible imposibilitaran, su aplicación arbitraria. Porque esta es
la sensación principal que tiene mi grupo en este campo: que se aplica la ley de forma caprichosa y arbitraria. Por ejemplo, las razones que mi grupo -por hablar de otro caso además del que ya se ha hablado aquí- ha recibido para no acceder a una
solución razonable respecto a los infrautilizadísimos
cuarteles de Loyola con el fin de posibilitar al ayuntamiento de San Sebastián la construcción de viviendas de promoción pública en estos suelos son arbitrarias, son simplemente caprichosas, y no están dictadas por la razón sino por alguna
otra víscera. Ahora bien, ¿qué hacer para que puedan ir ganando terreno no tanto otras leyes, sino otras voluntades, otras actitudes y otros comportamientos? Lamentablemente, mi grupo sabe seguro, después de oír el posicionamiento de los grupos
que me han precedido en el uso de la palabra, que esta proposición no de ley no va a ayudar a que las cosas caminen en la buena dirección y al ritmo que sería deseable que caminasen. Hemos esperado para ver si alguna enmienda presentada por algún
otro grupo, especialmente por el que apoya al Gobierno, pudiera enfocar el tema en esta dirección y llegaba a convencer al grupo proponente. Al parecer esto no se va a hacer realidad, de ahí que nos veamos obligados a un voto testimonial que en
todo caso será favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Señorías, finalizamos con el último turno de fijación de posición, el del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que ejercerá el señor Guerra Zunzunegui. Tiene la palabra su señoría.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy estamos debatiendo una proposición no de ley que es un tótum revolútum, porque si nos fijamos exactamente en lo que Esquerra Republicana nos ha presentado, veremos que dice que hay que realizar las reformas legislativas y administrativas
necesarias para que sea posible la cesión de todos los terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten. No se distingue nada, ni objeto social ni fin social; nada. Todos. En la segunda ya concreta algo más: Ceder todos
aquellos terrenos y edificios públicos estatales que no estén siendo utilizados en la actualidad o sean flagrantemente infrautilizados, a aquellos entes municipales que lo soliciten. Aquí ya concreta mucho más.
Y después de dos años, hoy nos
incluye una enmienda respecto del castillo de Montjuic que, como se ha dicho anteriormente por los intervinientes, aquí jurídicamente son dos cuestiones que van separadas; tienen un pequeño fondo común, pero van separados.
En lo que respecta al primer punto, es decir, a los terrenos propiedad del Estado, S.S. sabe perfectamente -y alguien lo ha citado aquí- que se rige en estos momentos por la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
ahí hace un paréntesis respecto del Ministerio de Defensa y del Interior, etcétera. Realmente se han venido produciendo y se producen cesiones. Quiero recordar aquí, porque estamos en el Parlamento, que, siendo vicepresidente del Senado, hicimos
todas las gestiones, y el Ministerio de Defensa cedió un cuartel que había al lado del Senado y que hoy día constituye toda la parte nueva del Senado.
Se van estableciendo y se van cumpliendo convenios. Por cierto, ha intervenido el representante
del Grupo Socialista y ha dicho que el anterior Gobierno especulaba. Señoría, le recuerdo que en los doce años de gobierno socialista existía la Comisión de Infraestructuras, y allí se vendieron también terrenos por parte del Ministerio de Defensa.
Por tanto, dejemos las cosas estar, porque todos estamos de acuerdo en que depende de dónde esté situada cada una de las propiedades, por ejemplo, del Ministerio de Defensa. La operación Campamento ha sido un ejemplo positivo, en la cual ha
intervenido el ministerio, por supuesto, y en la que, además, han dado dinero la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Creo que es una buena colaboración siendo el ministro socialista.
La legislación actual se puede modificar, pero tenemos una legislación bastante correcta. Por cierto, se ha hablado aquí de las propiedades que el Estado cede a los ayuntamientos, pero no se ha dicho nada de las comunidades autónomas, que
también tienen cedidas una serie de propiedades que en algunos casos no se utilizan, y los ayuntamientos deberían tener alguna posibilidad cuando así lo solicitasen. Nosotros somos municipalistas cien por cien, y siempre hemos dicho que es
necesaria la segunda transición, que es la de dotar de medios a los ayuntamientos. Existe un borrador de proyecto de ley de régimen local. Ya veremos cuando se transforme en proyecto de ley, porque habrá que estudiar indudablemente el problema de
los ayuntamientos, que están faltos de recursos y que, sin embargo, tienen que hacer frente a una serie de servicios para los que no tienen competencia.
Creo que he dejado clara la posición del Grupo Popular, e insisto en lo relativo a las infraestructuras en Defensa: no fue el Partido Popular el que las creó.
Por lo que respecta al castillo de Montjuic, ya se ha dado aquí contestación a algunas preguntas de nuestro compañero, el diputado don Jorge Fernández, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el señor Bono nos haga unos fervorines
diciendo: Se cederá, pero siempre y cuando esté la bandera española. La legislación vigente -otra cosa es que se cumpla o no se cumpla-, la Ley 39/1981, de 29 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas dice
clarísimamente que en todos los edificios públicos estatales, autonómicos o municipales tendrá que ondear la bandera española, la bandera de la comunidad y la del municipio correspondiente. Por tanto, al señor Bono hay que decirle: Menos
fervorines y vamos a cumplir todos la legislación vigente.
Termino diciendo que votaremos en contra porque jurídicamente es un tótum revolútum, porque se ha añadido después lo del castillo de Montjuic, que es otra vía, y porque la enmienda del Grupo Socialista es muy light, es otra enmienda típica
de las muchas que ha presentado
durante esta legislatura. Por todo ello, el Grupo Popular votará en contra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Guerra, muchísimas gracias.
Señor Puig, su grupo ha presentado tres enmiendas. Tiene la palabra para aceptarlas o rechazarlas.
El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo parlamentario acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el Bloque Nacionalista, la de Convergència i Unió y la del Grupo Esquerra Republicana. Rechazamos la enmienda que presenta
el Grupo Socialista porque no supone ningún avance respecto a lo aprobado hoy en esta casa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Son compatibles, por tanto, se votará la proposición con las enmiendas de sustitución del Grupo Mixto, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la autoenmienda realizada por Esquerra Republicana. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
Se van a realizar dos votaciones relativas a las proposiciones no de ley.
La primera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la creación de un fondo de garantía para el pago de alimentos, que lleva incorporada la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre cesión de los terrenos de titularidad estatal a los entes municipales que lo soliciten, que lleva incorporada la autoenmienda del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 37; en contra, 278.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL PROBLEMA DE LA PROSTITUCIÓN. (Número de expediente 173/000110.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas para hacer frente al
problema de la prostitución.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, tiene la palabra la señora García Suárez por siete minutos.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que a continuación defenderé es fruto de la interpelación que la semana pasada nuestro grupo parlamentario realizó al Gobierno sobre la prostitución en nuestro país y que fue contestada por el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, señor Caldera.
Señorías, el debate de esta moción posiblemente no será de gran interés y quizá pasará desapercibido, como tantos otros que hemos realizado y que, a pesar de ser importantes tanto en el contenido social como en el político, no han tenido la
trascendencia que el colectivo de las personas que están detrás de los papeles merece. Permítanme que les diga que hoy iniciamos un debate difícil y muy responsable. Hoy hablamos de un colectivo numéricamente importante de personas, de mujeres
básicamente, de las que no se habla casi nunca y, cuando se habla, se hace en tono peyorativo y con una inmensa carga moral llena de prejuicios. Las prostitutas, señorías, son, en primer lugar, personas; después, mujeres -en algunos casos también
hombres, pero minoritariamente-; son, en muchos casos, madres; han sido o son hijas y han sido niñas, niñas que, según los estudios de fuera de nuestro país, han sido violadas o han sufrido abusos sexuales en el 65 por ciento de los casos. Además
de todo esto son personas que ejercen la prostitución; no son, sino que ejercen. Yo ejerzo de diputada, pero no he nacido diputada, ni eso significa que vaya a serlo el resto de mi vida. Por todas estas razones, creo que el debate de hoy es
importante, porque vamos a hablar de las personas que ahora ejercen la prostitución.
Como habrán comprobado, tanto por la interpelación como por el texto de la moción, nuestro grupo parlamentario propone abrir un debate sereno y a fondo sobre este tema, en el que se tengan en cuenta todas sus dimensiones: la delictiva, la
social y la de los derechos de las personas que la ejercen. También hemos dejado claro que la acción prioritaria, sin duda, sin paliativos, es la lucha contra el tráfico de personas, fundamentalmente
de mujeres y de niñas, y contra la explotación forzada que llevan a cabo las mafias en colaboración directa o indirecta con la industria del sexo.
Eso lo hemos dejado claro, pero como ya le anunciamos al ministro, esta realidad, que sin
duda ha generado un incremento de la prostitución en nuestro país, no puede ser el argumento en el que nos quedemos instalados o la excusa para no abordar el debate eterno sobre cómo y de qué forma los poderes debemos atender, responder, regular o
actuar en relación con la prostitución. Recientemente, la Universidad de Barcelona y el Observatorio del sistema penal y de los derechos humanos encargaron un estudio, estudio que ya se ha realizado y cuya síntesis es ni más ni menos que, en todo
el colectivo de mujeres que se ha estudiado y que dicen que ejercen la prostitución de forma voluntaria, se ha registrado que se están vulnerando no uno ni dos, sino 25 derechos humanos: derecho a la salud, a la integridad física, derechos
laborales, derecho a la tutela judicial, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad jurídica, etcétera. Todas estas son mujeres que dicen que ejercen voluntariamente, pero que son invisibles, que no existen.
En estos momentos no planteamos una acción concreta. Nos parece que la sociedad tiene un grado de madurez que permite plantear una respuesta que vaya mucho más allá de lo que decida un municipio o una comunidad autónoma, con toda la
libertad que tienen para hacerlo. Este es un tema que los expertos están diciendo que debería analizarse y sobre el que se debería llegar a acuerdos a nivel internacional, como mínimo a nivel europeo. Por tanto, creemos que la fórmula no es ir
decidiendo municipio a municipio o comunidad autónoma a comunidad autónoma sobre el nivel de actuación que debemos establecer, porque esto significaría en definitiva trasladar un problema de ciudad a ciudad o de comunidad a comunidad.
Nosotros
proponemos un debate tranquilo y sereno, pero riguroso; un debate en el que durante meses abordemos la problemática existente en nuestro país y escuchemos las diferentes opciones que se nos expongan, tanto las de nuestro país como las experiencias
de otros países. Esto debería concluir después con una recomendación, con un dictamen, con un diagnóstico de la realidad que permitiese abordar en el próximo periodo de sesiones una propuesta concreta, propuesta que puede venir del propio Gobierno,
cosa que celebraríamos, o, si no es así, de los grupos parlamentarios, que, habiendo escuchado las opiniones de todos sobre esta realidad plural y diversa, estarían ya en condiciones de presentar las propuestas que cada uno considerase. En todo
caso, después correspondería un debate de proposiciones de ley o de propuestas concretas. Quizás hoy corresponda ponernos de acuerdo en que es necesario conocer a fondo esta realidad, sin que signifique que estamos olvidándonos de esta prioridad
que al inicio de mi intervención ya he dejado clara, pero que tampoco puede ser la única visión que tengamos del fenómeno de la prostitución.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Muchas gracias.
Señorías, mi grupo parlamentario no va a poner obstáculo alguno a esta moción por entender que adoptar una postura crítica no constructiva únicamente añadiría más confusión al ya controvertido debate legal, social y asistencial suscitado.
Sin embargo, ello no impide que, en aras al ya tradicional consenso parlamentario, en este asunto podamos contribuir a aportar nuestras opiniones que necesariamente han de ser entendidas como contribución a la moción presentada.
El mercado del sexo mueve sin duda algo más que dinero, promueve la degradación de la sociedad, pisotea la dignidad humana y escenifica una cruel y persistente desigualdad humana. Las medidas legislativas que en el año 2003 fueron
introducidas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, por entonces el Gobierno popular, vinieron a modificar el Código Penal de 1995, retomando la punición del proxenetismo no coercitivo o
lucrativo, en sintonía con el reproche social existente. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que el mercado del sexo siga creciendo. Una vasta jurisprudencia nacional e internacional refleja las diferentes opiniones sociales. Basta con
recordar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 2004, por la que se obligaba a un empresario a dar de alta en la Seguridad Social a doce mujeres que ejercían la prostitución en un local de su propiedad, tras
la cual fue acuñado el término de camareras de alterne. Por otra parte, en una sentencia de 20 de noviembre del año 2000, dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo, se declaró que la prostitución formaba
parte de las actividades económicas ejercidas de manera independiente y que, por lo tanto, la única exigencia radica en que se demuestre ante el juez nacional que el servicio que se presta bajo responsabilidad es propio, sin vínculos de
subordinación, y a cambio de una remuneración pagada íntegra y directamente.
Creemos que esta moción debe ser sin duda bien recibida porque el fondo denota un gran interés en el asunto, aunque también convendría analizar de una manera más global la propia iniciativa. Entendemos que la explotación sexual incluye la
explotación de una persona con fines de prostituirla, pero también incluye espectáculos pornográficos y producción de material pornográfico, tal y como definió la Unión en el año 2000 en el documento sobre trata de seres humanos y explotación sexual
de niños y niñas y pornografía infantil. Además, conviene tener en cuenta en este estudio la opinión de expertos en cuanto a la influencia que cierta
publicidad ofrecida a través de los medios de comunicación difunde, promueve y favorece la prostitución de mujeres muy jóvenes, incluso niñas, utilizando expresiones que como jovencita, quinceañera, colegiala o estudiante actúan de reclamo
verbal para estimular el interés de un público en concreto. Todo ello hay que tenerlo en cuenta y mucho más.
Algunas de estas cosas ya han sido mencionadas por la proponente, pero sobre todo hay que actuar -entendemos desde mi grupo- cumpliendo
los compromisos que se adquieren.
Señorías, lo decente es cumplir esos compromisos. Lo contrario tiene un nombre y se materializa en rechazar o en retrasar injustificadamente, por ejemplo, el plan que con apoyo unánime y a instancias del Partido Popular fue creado al final
de la pasada legislatura sobre tráfico de niñas y mujeres, del que hemos demandado celeridad al ministerio del señor Caldera, tras casi dos años de espera. Señorías, lo contrario a la decencia política también es abrir expectativas únicamente a
mujeres que quieren abandonar la prostitución procedentes de la inmigración -por cierto, el otro día no ponderó aquí el ministro si provenían de la inmigración legal o ilegal o si iba a dirigir estas ayudas a ambos colectivos-, ofreciendo una renta
activa de inserción o salario. Al mismo tiempo que se estaba debatiendo esto en el Congreso, en el Senado se votaba en contra de la proposición de ley que presenta el Grupo Popular para aumentar la paga de 100 euros a las mujeres trabajadoras que
son madres. Por eso, señorías, como no nos fiamos del Gobierno mi grupo desea que el compromiso que aquí se adquiera no sirva para que el Gobierno haga un simple paripé que mañana ocupe una página en los diarios. El Grupo Popular propone a través
de su enmienda que el estudio, que con acierto plantea la proponente, se materialice tras sus conclusiones en un plan que goce de su correspondiente memoria económica, atendiendo a cada uno de los ministerios implicados y escuchando, como no puede
ser de otra forma, a todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades autónomas, que también tienen mucho que decir al respecto.
Lamentablemente esta enmienda no ha sido aceptada, dándose por bueno que el Gobierno está preparando un plan, lo cual inquieta mucho más porque debe estar haciéndose con mucho secreto, ya que ni siquiera lo conocen las comunidades autónomas,
ni las asociaciones ni, por supuesto, este Parlamento. Por tanto, tenga en cuenta la proponente que vamos a votar afirmativamente su propuesta, pero con la clara e inequívoca voluntad de que nuestro voto a favor será dirigido a aceptar una simple
declaración de intenciones y nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Seller.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción presentada por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo hace desde varias convicciones. La primera es que tenemos la seguridad de que el fenómeno de
la prostitución se extiende por todo el mundo y se extendió por todas las culturas y civilizaciones, si bien es cierto que con peculiaridades y con funciones sociales diferentes, que no son baladíes a la hora de juzgarlo, sobre todo si se hace desde
el punto de vista moral. También tenemos muy claro que no podemos vivir en una situación donde un fenómeno o una práctica no es delito -esta es la situación del Estado español, ya que la prostitución está despenalizada desde 1978-, pero al mismo
tiempo se mantiene, en cierta manera, en la clandestinidad, en el anonimato, en la alegalidad, de manera que es el terreno de nadie o el terreno donde se mueve a gusto la hipocresía social, haciendo que no ve, con los ojos cerrados. La prostitución
no es solamente -e incluso hay una cierta tendencia implícita en la moción- un fenómeno que se da con la precariedad y el forzamiento de mujeres especialmente procedentes de la inmigración o con las imágenes, a las que estamos habituados, de mujeres
ofreciendo sus servicios en la calle. La prostitución también es algo que practican las nacionales de los distintos países del Estado español; para muchas de ellas es un modo de vida no totalmente voluntario pero sí querido en términos relativos
frente a otros; es una actividad discutible, pero no condenable solamente desde el punto de vista del pensamiento bien intencionado que se basa en juicios parciales de carácter moral, religioso o incluso filosófico.
Nosotros tenemos claro que hay
mujeres que se prostituyen, hombres que se prostituyen y, si hablamos de identidades, travestis que se prostituyen.
Sabemos que no son solamente las calles, sino también los hoteles y muchas veces las casas dedicadas exclusivamente a la
prostitución bajo otro tipo de amparos o de reclamos. También están los anuncios en los periódicos. Tendríamos que empezar por ilegalizar los anuncios en los periódicos. Yo leo los periódicos todos los días y hay páginas muy abundantes.
Asimismo, todos vimos Eyes wide shut, una película que afecta a las elites políticas y económicas de los países en la que queda clarísimo en qué niveles se está moviendo la prostitución. Por tanto, hacer de este fenómeno una práctica exclusivamente
victimista o en clave de explotación sexual de carácter socio-económico es reducir no solamente su complejidad, sino también su extensión y su importancia. Por eso efectivamente es necesario un debate plural y complejo, pero sin prejuicios.
Nosotros tenemos claro que incluso para llegar a la abolición es mejor pasar por la regularización, porque cuanto menos eso significa que podremos combatir muchísimo mejor el proxenetismo y la corrupción de menores. Podremos combatirlo también
desde el punto de vista de una sanidad pública adecuada, desde la seguridad y desde la vigilancia para luchar contra lo que sea delito y crimen y sobre todo para dar la debida protección social y el debido encaminamiento
profesional a aquellas mujeres u hombres que quieran abandonar este tipo de prácticas.
Señorías, para nosotros la clave está, en todo caso, en que ese debate se dé sin tapujos y al mismo tiempo con dos condiciones: que esté bien planificado en el tiempo y que las medidas que tome el Gobierno -que las debe tomar- incluyan
también el aspecto legal. Debemos definirnos y aclarar si esto es ilegal y decirlo con todas las consecuencias e ir entonces a la ley seca, o si puesto que existe hay que regularizarlo. El Bloque Nacionalista Galego va a optar por esta segunda
vía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Turno de fijación de posiciones. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MÚÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar nuestro apoyo al pedimento de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida que nos parece muy pertinente y oportuno. No es un problema inédito en el que no haya precedentes en relación con el tratamiento
parlamentario de un fenómeno tan complejo como el de la prostitución. Señor presidente, estoy recordando en este momento que la Ley de igualdad aprobada por el Parlamento vasco ya propugna el estudio en ponencia de los distintos matices y
cuestiones que afectan a una problemática tan deletérea y tan compleja como esta. En todo caso, la iniciativa no es mala, es muy buena, es oportuna, y la vamos a apoyar de forma entusiasta.
En este momento la prostitución en nuestro país está en una situación de alegalidad. Esta es una expresión jurídicamente no correcta, pero es la situación en la que nos encontramos. Había un real decreto del año 1956, devenido
inconstitucional tras la aprobación de la Constitución, en el que se identificaba la actividad de la prostitución como un tráfico ilícito contrario a la teología moral y al derecho natural, pero por todos es sabido que la escuela canónica dice que
el derecho natural es el más proclive a lo que se denomina espíritus móviles -spiritus mobilis-, a la modificación por la realidad social de sus requerimientos. En estos momentos los requerimientos hacen que haya una situación de alegalidad a la
que no se provee de regulación normativa ni punitiva, ni reguladora, ni abolicionista ni de ninguna naturaleza en el Estado español, ni los preceptos del Código Penal atinentes a la prostitución -artículos 187 y 188- ni la despenalización del año
1978. En ese ámbito de alegalidad han proliferado actividades absolutamente ilícitas contrarias a los requerimientos más elementales de nuestro derecho punitivo: el proxenetismo, la corrupción de menores, el tráfico de mujeres y seres humanos por
mafias organizadas.
La portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha comentado que están vulnerados o preteridos nada menos que 25 preceptos constitucionales. Hay algunos específicamente preteridos que habría que enfatizar: el derecho a la integridad moral
previsto por el artículo 15 de la Constitución -una ubicación sistemática constitucional privilegiada; es un derecho fundamental-; el derecho a que nadie pueda ser preservado de sus propios bienes, otro derecho fundamental prescrito por el
artículo 33, que contraviene la actitud del proxeneta de forma absolutamente específica; el derecho al trabajo, regulado por el artículo 35 de la Constitución; el derecho a la protección de la salud, consagrado por el artículo 43.
Evidentemente,
señora García, habrá 25 o incluso más preceptos constitucionales preteridos fundamentalmente por una situación de alegalidad. Desde esta perspectiva, el estudio de esta cuestión que ustedes plantean, en concreto en la Comisión Mixta sobre los
Derechos de la Mujer, nos parece particularmente pertinente. Hay distintas escuelas o distintas formas de enfrentarnos a esta fenomenología, distintas posiciones filosóficas, ético-morales, etcétera. En el derecho comparado hay posiciones
abolicionistas, por ejemplo en la legislación sueca, y hay posiciones reguladoras, como en las legislaciones holandesa y alemana.
Todas son pertinentes, todas tienen claroscuros, todas tienen aspectos positivos y negativos. En definitiva, señor
presidente, no es un fenómeno sencillo, y el estudio de la cuestión requiere una cierta ponderación y abordarlo desde la mesura y el consenso parlamentario, no desde la confrontación. Por eso, el pedimento de la moción que nos presenta Izquierda
Unida nos parece particularmente relevante: que en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en el Congreso de los Diputados, se inicie un estudio, un debate y las comparecencias que sean necesarias a fin de ilustrarnos para las
medidas de reforma legislativa y las medidas de actuación gubernamental que sean pertinentes para la regulación y, en su caso, erradicación de los aspectos patológicos -patológicos normativos o patológicos sociales- de un fenómeno de estas
características, que tiene tantos claroscuros y aspectos tan poliédricos como los que hemos citado. Desde esa perspectiva, la moción presentada por Izquierda Unida cuenta con nuestra entusiasta colaboración y en el seno de la Comisión donde va a
ser ubicado el estudio de esta cuestión van a contar con nuestro trabajo más intenso, desde la mejor de las voluntades para afrontar patologías que resultan verdaderamente preocupantes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por Esquerra, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero felicitar a la proponente de la moción por su delicadeza, porque cuando hablamos de prostitución, como muy bien ha dicho ella, hablamos de seres humanos en situación de gran vulnerabilidad.
He experimentado una cierta sorpresa al leer la moción porque parece un poco más de lo mismo. Ha habido un gran debate en este Congreso en la legislatura pasada, las posiciones de cada grupo están ya bastante claras y hay un debate en la
sociedad, y por eso esperaba que la moción fuese más incisiva en pedir al Gobierno que empiece ya a liderar una propuesta, porque a medida que se acerquen las elecciones será cada vez más difícil hacer una propuesta de este tipo. No creemos que el
Grupo Popular cambie su modo de hacer oposición, especialmente cuando están más cerca las elecciones. Por otra parte, no hay soluciones mágicas. Recientemente he hablado con una parlamentaria sueca de izquierdas sobre la propuesta sueca, que ahora
parece ser la panacea, y me decía que la ley era inaplicable y que tenía un cierto valor pedagógico. Por otra parte, países como Turquía o como Holanda, que han legalizado la prostitución, no consiguen superar ni mucho menos el tráfico de mujeres.
Por tanto, la foto que va a salir no será bonita, pero hay que tomar una decisión.
Claro que podemos seguir hablando y debatiendo, pero mientras tanto la alcaldesa de donde yo vivo -que es de Iniciativa per Catalunya- se ha dedicado a ahuyentar a
las trabajadoras del sexo, mandó a la Policía municipal a ahuyentarlas, y ahora ya no hay trabajadoras del sexo en Santa Perpètua, pero no creo que los habitantes de Santa Perpètua dejen de seguir recibiendo servicios sexuales. Con esto se crea un
gran problema de sanidad pública, porque me comentaban las ONG que están trabajando con estas señoras que ahora no hay forma de acercarse a ellas.
Por tanto, cuidado con dejar pasar el tiempo porque la tentación es que un municipio decida limpiarse
de trabajadoras sexuales o relegarlas a otras áreas, como está pasando en Barcelona, con lo cual la policía se dedica a perseguir no a los clientes sino a las trabajadoras sexuales, y como la mayoría son personas que están en situación ilegal porque
no tienen documentos, es muy difícil acceder a ellas para las organizaciones que trabajan en asuntos de sanidad pública.
Naturalmente, votaremos a favor de la moción, pero esperemos que el diálogo no se alargue mucho porque ya todos tenemos nuestra postura decidida y ha habido un debate dentro de cada grupo. Las personas que estamos a favor de los derechos de
las mujeres llevamos trabajando en este tema ya mucho tiempo, cuando empezó la legislatura ya comentamos que esto debería solucionarse, hemos esperado dos años, y creo que el partido del Gobierno ya debe saber que es el momento de traer una
propuesta y no esperar medio año más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió va a apoyar también la moción que estamos debatiendo y vamos a hacerlo porque un tema tan complejo como la prostitución, que engloba realidades sumamente distintas pero ligadas en gran medida a temas de tráfico
y explotación de mujeres y niñas, a la inmigración irregular, al proxenetismo cubierto o descubierto, a las mafias y en general a situaciones de necesidad o pobreza de las mujeres, requiere a nuestro entender, previo a la propuesta de medidas para
hacer frente a este problema, un buen diagnóstico de la situación. Es una situación que es además cambiante, puesto que la tolerancia que a pesar de lo dispuesto en nuestro Código Penal ha existido y existe en España ha ido propiciando el
desbordamiento de una situación que, si bien siempre ha existido, nunca había adquirido la proporción, la dimensión y la crueldad que tiene ahora con el establecimiento de mafias organizadas y la triste realidad de que hoy somos un país de destino
del tráfico de mujeres y niñas. Un estudio completo que me gusta señalar, que no puede partir de la nada porque es preciso recordar que el Senado abordó ya un completo estudio la pasada legislatura, quiero recordar que fue a iniciativa de mi grupo
parlamentario y que el ponente del mismo fue el senador Jordi Xuclà, hoy compañero diputado. Asimismo, se abordó en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, y a lo largo de dos legislaturas, el estudio del tráfico de mujeres y niñas, y quiero
recordar también que se hicieron unas conclusiones y que el ponente en dicha Comisión por parte de mi grupo parlamentario fue el senador Josep Varela.
Vamos pues a dar nuestro apoyo, pero nos gustaría, con carácter general, además de subrayar la necesidad de mantener en este tema también, como no podía ser de otra manera, el respeto competencial, realizar dos consideraciones que sin duda
marcan la posición de mi grupo en cuanto al fondo de este asunto. La primera es que coincidimos con lo afirmado por el ministro señor Caldera el pasado miércoles cuando dijo que la mayoría de las personas que se prostituyen, a su vez en su inmensa
mayoría mujeres, son traficadas; son inmigrantes en situación irregular; están en situación de exclusión económica y social y son prostituidas de manera más o menos forzada en un mercado muy estructurado y monopolizado por organizaciones de
proxenetas. Y frente a estos datos desde Convergència i Unió queremos manifestar de manera rotunda que no es necesario esperar a las conclusiones de ninguna ponencia para actuar de la manera más contundente posible y hacerlo en un doble ámbito, el
penal, con toda su dureza y con toda diligencia, y el de protección social, puesto que por un lado son ya delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal y, por otro, la lucha contra la exclusión social y la pobreza debe ser un claro objetivo de
un Gobierno progresista. En este sentido, valoramos positivamente la medida anunciada de incorporar a las personas que abandonen la prostitución a los colectivos beneficiarios del programa de renta de inserción activa, entre otras medidas que se
anunciaron.
Por último, una segunda consideración, que es la de que mi formación política considera que en este debate no se puede obviar la dimensión ética y de dignidad de las personas, sino que, por el contrario, este debe ser, a nuestro modo de ver,
el eje central del discurso. Porque no podemos olvidar que en nuestra sociedad la ley es fuente de aprobación o reprobación de las conductas, y cuando las barreras legales desaparecen también lo hacen las culturales, también lo hacen las éticas que
podían impedir tratar a las mujeres como productos de consumo. Muchos hombres que no se arriesgarían a pagar por una mujer para tener sexo se atreven si es legal, si está permitido, si está regulado, si está reconocido, y al mismo tiempo nos
preguntamos qué mensaje enviamos a nuestra juventud y si no les enviamos el mensaje de que las mujeres son objetos sexuales subordinados a nuestro deseo y dinero, con todas las consecuencias que de ello se deriva. La proponente nos decía
recientemente que la prostitución debería ser una práctica innecesaria e inexistente, y estamos de acuerdo con ella, coincidiendo también, por otra parte, con el reciente informe del Instituto de la Mujer, que rechaza su regulación por ser una
práctica degradante e incompatible con la dignidad y los derechos fundamentales.
Precisamente por eso, para que sea inexistente, se debe combatir y no protegerla amparándola legalmente. Nos decía también la proponente que debíamos partir del
reconocimiento de una realidad que es la prostitución para hacerle frente. Nos ponía como ejemplo que ya reconocemos estas realidades, por ejemplo, que ya existe la pobreza, que existe la injusticia, que existen los abusos, y estamos también de
acuerdo. Pero es evidente que combatir estas realidades que existen, a pesar de que no nos gusten, que combatir la pobreza, la injusticia y los abusos no pasa ni ha pasado nunca por regular y amparar su existencia, sino por adoptar políticas lo más
eficaces posibles para su erradicación. Y justamente esto, señorías, es lo que creemos que debe hacerse también con la prostitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Grupo Socialista. Señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y les adelanto que mi grupo va a votar a favor
de la moción porque nos parece oportuna. Nos parece oportuno que en el Parlamento tratemos un problema que cada día está más presente en la sociedad, un problema social, un problema de género, un problema de violencia de género, sí, de violencia de
género, porque cuando analizamos la prostitución vemos que la inmensa mayoría de las prostituidas son mujeres y la inmensa mayoría de los prostituidores, clientes o usuarios -podemos llamarlos con cualquiera de los eufemismos que se usan para
suavizar la definición de aquel que obtiene sexo a cambio de dinero- son hombres.
La prostitución que se ha ejercido en España históricamente no tiene nada que ver con el fenómeno actual y estaba relacionada con la marginación y la pobreza y acotada en determinados barrios de algunas ciudades. La prostitución era
entonces un fenómeno marginal que ejercían mujeres españolas; sin embargo, hoy el fenómeno se ha transformado y ha aparecido una prostitución masiva ligada al tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, prostitución masiva que en
algunas ciudades llega incluso a generar graves problemas de convivencia ciudadana. Aunque es difícil precisar cifras, es evidente que este delito ha sufrido un notable aumento en nuestro país y en todos los países de la Unión Europea. La Oficina
Internacional de Migraciones fija en 500.000 las mujeres víctimas de redes de tráfico con destino a la Unión Europea. En nuestro país, apenas el 5 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución afirman hacerlo voluntaria y libremente y más
del 90 por ciento son mujeres traficadas y están por tanto sujetas a redes de extorsión o son vulnerables y, por tanto, la ejercen en situaciones límite.
En nuestro país el marco legal y penal es claro: no penalizamos el ejercicio de la prostitución, que no es algo prohibido en nuestro país, pero penalizamos, eso sí, la explotación que implica el lucro de una tercera persona que se enriquece
a costa del ejercicio de la prostitución de otra, y también penalizamos, obviamente, la trata o el tráfico ilegal de personas. Por tanto, partimos de un marco legal adecuado y adaptado a las resoluciones y directrices de la Unión Europea y del
Parlamento Europeo. Por eso, señorías, lo urgente y prioritario para mi grupo es luchar contra toda forma de explotación y proteger y dar seguridad a las víctimas, facilitándoles una salida a su situación y la recuperación de sus derechos
fundamentales como seres humanos, como muy bien explicó el ministro de Trabajo, señor Caldera, en esta misma tribuna la semana pasada. El Gobierno, pues, está trabajando en un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres con fines de
explotación sexual, y lo hace no solo por un compromiso electoral, que lo tiene, sino también porque así se ha aprobado por unanimidad en la Comisión mixta de este Parlamento y porque Europa solicita a los Estados miembros que afronten esta
problemática. Ahora bien, paralelamente a esto, que, como decía, es lo urgente y lo prioritario, se propone en la moción que abramos un debate en el seno de la Comisión mixta, lo que nos parece adecuado, y vamos a votar a favor fundamentalmente
porque creemos que la compleja realidad de la prostitución que nos encontramos requiere respuestas de toda índole y porque al fin y al cabo estamos hablando de una sociedad en la que, al tiempo que se aumentan cotas de igualdad, de libertad y de
autonomía de las personas, crece el fenómeno de la prostitución no solo ligado al tráfico, sino como fenómeno en sí, también como mercado, un gran mercado
en el que aumenta desmesuradamente la oferta y también la demanda y que genera millones y millones de euros al año. Señorías, debemos darnos alguna explicación, porque cuando nos miramos al espejo como conjunto social no podemos sentirnos
satisfechos de la imagen que refleja de nosotros mismos como sociedad. Y es verdad que es un problema de género y de violencia contra las mujeres, pero es un problema de género también porque son los hombres los consumidores y los más receptivos a
los mensajes y a la oferta de la poderosa industria sexual.
En definitiva, y para finalizar, la prioridad, la urgencia, es luchar contra la explotación, contra la práctica de múltiples delitos contra los derechos humanos, y mientras tanto, y tal y como propone la moción, profundizar en esta realidad
analizando todos los ángulos del problema y las diversas experiencias, con el fin de buscar soluciones que contribuyan a que entre todos generemos una sociedad de la que nos sintamos más satisfechos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora García, ¿cuál es su posición respecto a las enmiendas?
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
No he tomado en consideración ni las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular ni las del Grupo Mixto por motivos que personalmente ya he comentado con los grupos proponentes.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO DESTINADAS A GARANTIZAR A LOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL SECTOR LÁCTEO UN PRECIO MÍNIMO POR LA LECHE. (Número de expediente 173/000111.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto (Señora Fernández Davila), sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche.
Señora Férnandez Davila, tiene la palabra por un tiempo de siete minutos para la defensa de la moción.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subimos a esta tribuna para defender nuestra moción consecuencia de la interpelación dirigida hace una semana a la ministra de Agricultura con motivo de los desequilibrios existentes en el precio de la leche. Lo
hacemos porque la respuesta ofrecida por la señora ministra está muy lejos del grado de implicación política que el tema en cuestión requiere. La situación por la que atraviesa el sector productor de la leche precisa de la ayuda y el sostén de la
Administración del Estado. Dada la crisis que circunda al sector, creo que no es mucho pedir que el Gobierno intervenga desde una labor de mediación entre los productores y la industria con el fin de posibilitar acuerdos para lograr la necesaria
estabilidad que la situación demanda. Debe tenerse presente que estamos hablando de un sector muy relevante en la economía primaria del Estado, en concreto en Galicia, y que a estas alturas no hace caja, no registra más que pérdidas y la crisis
lleva tiempo pisándole los talones. Un detonante de esta situación es la voluntad firme, expresada este mismo lunes por las organizaciones agrarias, de iniciar un calendario de protestas y movilizaciones, de continuar en caída libre los precios que
las industrias lácteas les pagan. Es preciso que el ministerio comprenda de una vez por todas que no se trata de un problema interno del sector, no es un problema residual; es un problema de talla mayor y cuya falta de solución dispara
directamente a la viabilidad del sector productivo de la leche. Además el paso del tiempo juega en su contra. La constante bajada de los precios de la leche en origen repercute en los bolsillos de los ganaderos, que soportan mermas económicas
cuantiosas que tiñen de negro el futuro de sus explotaciones ganaderas. En este marco, llama poderosamente la atención el atrevimiento de la industria láctea, que con todo su desparpajo recoge en una de sus publicaciones que la ayuda comunitaria
directa -lo que se conoce por primas únicas- contemplada por el Ejecutivo europeo para los ganaderos tenga por destino compensar la bajada de los precios. Con este argumento justificarían el descenso de los precios a pagar. De ser cierto que la
denominada prima única es para compensar el bajón de los precios que se pagan a los ganaderos por la leche, lo sería, en todo caso, por la bajada de precios que han sufrido hasta este momento, y no por una nueva bajada como la que pretende la
industria. Señorías, no es de recibo que la industria pretenda beneficiarse de las primas que la Unión Europea establece para los productores, tal y como sospecha a estas alturas el sector ganadero.
Al inicio de esta alocución manifestamos nuestra preocupación por observar en la respuesta de la señora ministra la ausencia de una voluntad de compromiso, la falta de auténtica implicación para encauzar la situación actual del sector
aludido y su desinterés por implicarse en la búsqueda de una solución al conflicto. Es una pasividad que nos pasma, que no alcanzamos a comprender, máxime cuando organizaciones profesionales agrarias afines al partido político que sustenta al
Gobierno claman compromisos e implican a administraciones autonómicas como la gallega, que no tienen el mismo grado de responsabilidad que el Gobierno central.
En este sentido, compartimos y entendemos a la perfección que una organización
profesional no tiene y no debe hacer dejación de sus responsabilidades, por muchas afinidades políticas que tenga con el Gobierno de turno,
pero sí creemos que cuando menos debe mantenerse una coherencia en las posturas. Es lógico que los gobiernos autonómicos actúen en defensa de los intereses de sus sectores productivos, es natural que la Consellería del Medio Rural de la
Xunta de Galicia procure soluciones a los problemas del sector agrario gallego, entra en el orden de las cosas, pero el Gobierno central no puede eludir sus responsabilidades en materia de agricultura, especialmente en lo que concierne a directrices
de la Unión Europea. Cuando planteamos en nuestra moción que se convoque la mesa de precios de la leche es porque consideramos que el Gobierno tiene responsabilidades en la paralización de esta mesa de negociación y porque creemos que debe ser un
motor, un impulsor de esta mesa abandonada a su suerte. El anterior Gobierno no la tuvo en consideración en ningún momento, el actual se limitó a convocarla en una ocasión, y mucho nos tememos, por las manifestaciones de la señora Espinosa, que no
tiene ni la más remota intención de convocarla de nuevo. Nosotros consideramos que esta mesa puede ser un buen marco para el diálogo y la negociación entre el sector productivo y la industria, que contarían con la participación de la Administración
en el desempeño de unas funciones de intermediación entre las dos partes con el objetivo de sentar las bases para un acuerdo.
Nos mueve la urgencia para lograr la estabilidad en los precios. La garantía de un precio justo para los productores es
fundamental para su supervivencia, que, como dijimos en el debate de la interpelación, ha atravesado por importantes crisis como consecuencia de los ajustes marcados por las políticas comunitarias. Hace una semana pusimos sobre esta mesa el número
de explotaciones que abandonaron la actividad agraria en el sector ganadero y en el sector lechero en el periodo 2002-2003.
Fueron 4.035 explotaciones, y el 57,4 por ciento de esta cifra corresponde a explotaciones gallegas.
Señorías, dada la deriva de los acontecimientos, el Gobierno no puede limitarse a expresar su preocupación por la situación, a dar recomendaciones a las partes y a esperar a que se pongan de acuerdo. No cabe escudarse en los acuerdos
comunitarios y en las limitaciones que los acuerdos de la OCM imponen y al mismo tiempo aferrarse con insistencia al no intervencionismo porque estamos en un mercado libre en el que los precios vienen dados por el propio mercado. Es evidente que
para los productores del sector lácteo el mercado no tiene nada de libre; para ellos no hay margen de maniobra, la industria les impone unos precios y ellos se ven impedidos porque carecen de capacidad de maniobra. Hay por tanto reglas en el
mercado. Además, como recordamos a la señora ministra en la pasada sesión plenaria, en la Unión Europea hay países, como Francia, que llevan a cabo medidas para paliar esta situación, que intervienen, por lo que no vale hablar de las restricciones
comunitarias.
Una vía factible sería iniciar negociaciones en la Unión Europea con el propósito de alcanzar acuerdos comunitarios que persigan la estabilidad del precio de la leche, que sirvan para fijar un precio mínimo de este producto básico en
toda la Unión Europea, y no estar en la situación en la que estamos actualmente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz por un tiempo de cinco minutos.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, la enmienda socialista pactada con el BNG asume la gravedad del problema y trata de afrontarlo de acuerdo con el marco legal vigente a través del diálogo y la negociación entre las partes
implicadas, con el apoyo decidido de los poderes públicos. Compartimos con la señora diputada la preocupación por la situación del sector lácteo y en particular por la evolución de los precios de la leche. Los bajos precios de los productos
lácteos en el mercado mundial, junto con el efecto de la reforma de la PAC aprobada en el año 2003, provocaron un cierto descenso en los precios del mercado comunitario, con un impacto variable entre países. En este marco general el impacto en
España debiera ser más reducido debido a la insuficiencia de nuestra producción para cubrir nuestro consumo interno. También porque el proceso acelerado de modernización y ajuste productivo en que están inmersas desde hace años la mayoría de
nuestras explotaciones, en especial pequeñas y medianas, la mayoría de las gallegas, obligó a costosas inversiones aún no amortizadas y a la adquisición de cuota muchas veces a precio elevado en un mercado libre no transparente. Estas inversiones
necesarias repercuten en los costes de producción y no siempre en la producción, pero no pueden repercutir sobre los precios.
Coincidimos también con la señora diputada en la importancia de establecer acuerdos entre el sector productor y el transformador de la leche, para dotar de mayor transparencia al mercado sobre los niveles de precios base y asimismo sobre las
primas de calidad. Por otra parte, es importante que en el seno de la conferencia sectorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, se analicen de modo conjunto las dificultades que atraviesa este mercado para llegar a unas
medidas de apoyo consensuadas. Por el contrario, debido al marco general de la economía de mercado en el que nos movemos, así como a la normativa específica del mercado de productos lácteos de la Unión Europea, no es posible que el Gobierno
garantice un precio justo a los productores y demande de la Unión Europea que revise la PAC y vuelva a fijar un precio mínimo de garantía, y lo sentimos. Con todo, dentro de su margen competencial, el Gobierno está trabajando seriamente en medidas
que ayuden a la viabilidad del sector. Entre estas medidas está el plan de estabilización del precio de la leche, la aplicación del artículo 69 al sector lácteo en apoyo a los ganaderos y otras medidas tendentes a dar mayor transparencia al
mercado.
Señorías, estamos ante un problema que afecta a la supervivencia, como decía la señora Fernández Davila, de miles de explotaciones y ante un problema sobre el que tenemos desde los poderes públicos una capacidad limitada de actuación. Desde
la última reforma de la PAC, las administraciones no pueden intervenir y solo pueden promover y estimular el diálogo y el acuerdo entre las partes. En Galicia, donde cogobernamos con el BNG, empezamos a saber ya de este problema. Como los poderes
públicos tienen limitada su capacidad de actuación y los problemas existen, hay que apostar, como hicieron otros países, por la autorregulación del sector para superar la falta de canales efectivos de negociación. Son necesarias organizaciones
interprofesionales fuertes, con capacidad para establecer acuerdos en su seno. Es necesario ayudar a potenciar la interprofesional del sector y la organización de los productores como la mejor vía para resolver sus problemas. Es la
interprofesional la que debe afrontar entre otros y de modo especial el establecimiento de un marco adecuado de relaciones que posibilite la mejora de la transparencia del mercado y acuerdos sobre el precio de la leche.
Pedimos su apoyo, señorías, para esta propuesta que pensamos que es la propuesta necesaria y la propuesta posible en este momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo está de acuerdo con el planteamiento del problema de fondo que trae esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego. La leche posiblemente sea uno de los productos con mayor intervención normativa por la Unión Europea. Hace lustros
se aplicó la política de reducción del censo de la cabaña ganadera, entonces europea de los países, lo que se llamaba el Plan Sico Manshold, que supuso una gran hecatombe para ajustar estructuras de producción láctea en toda Europa. Había que ver
cómo se podía armonizar lo que es una estructura de producción láctea en Holanda con la que hay, por ejemplo, en cualquiera de las comunidades autónomas españolas de la cornisa cantábrica, del interior de Andalucía o del archipiélago canario. Hemos
tratado de ir acercándonos a una normalización en política de producciones y de precios y no en balde en este momento las quejas que proceden en España del sector lácteo son por las multas que se impone, dentro de la normativa comunitaria, por los
excesos en la cuota láctea. Nosotros quisiéramos que este aspecto se fuera normalizando y participamos de la idea de fondo que ha defendido acertadamente la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, a este respecto.
Nosotros quisiéramos que la moción no fuera solamente una declaración de buenas intenciones, como refleja el apartado a), en el sentido de garantizar el precio justo para los productores y productoras. Estamos de acuerdo con ello
plenamente, sería esto en cualquier actividad agropecuaria, mercantil o comercial, en que se tuviera que estar sometido a una regulación en este caso restrictiva de la normativa de la Unión Europea y del derecho comunitario aplicado en España.
Queríamos saber si el grupo proponente va a aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, porque supondría llevarlo al marco donde tradicionalmente se han llevado estos problemas. En primer lugar, como propone la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, estaría el marco de la reunión interprofesional del sector, en el que están representados los productores, los ganaderos, las centrales lecheras y todo el aparato de distribución. Nosotros creemos que la
Inlac -la interprofesional del sector lácteo- es un escenario donde se puede llegar a fijar una posición. Pero cualquier política que afecte a este sector no puede hacerse sin la utilización del marco institucional que la política de precios o de
producciones agropecuarias forestal tiene en este momento en nuestro ordenamiento jurídico español, que es el seno de la conferencia sectorial. Que se reúna la conferencia sectorial, donde los consejeros de Agricultura de las respectivas
comunidades autónomas puedan plantear las medidas que conduzcan a una política de precios suficientemente satisfactorias para el productor, sin tener que vernos sometidos a cuotas negras, que están en el mercado oculto de productos lácteos, ni
sometidos a las sanciones que impone la Unión Europea y que tiene que ejecutar el Gobierno español. La fotografía que vemos de la estructura agropecuaria productora de leche en la cornisa cantábrica, por generalizar, desde Galicia hasta Navarra, es
totalmente diferente de la que puede tener esta producción en Andalucía o en Extremadura, con las variantes de las cuotas de productividad y de precios.
Desde Coalición Canaria proponemos -nos sentiríamos más cómodos- la sustitución de los apartados a) y b) de la iniciativa del BNG, para que se pudieran adaptar a los escenarios de diálogo existentes, que tenemos que respetar, donde se ponen
encima de la mesa las cifras que trae cada comunidad autónoma, tanto desde la interprofesional del sector lácteo como desde la conferencia sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los consejeros de Agricultura de las
diferentes comunidades autónomas. De ser aceptada esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente esta moción. Aunque es cierto que fijar un precio mínimo de la leche de origen es algo que no permite la legislación vigente, también creemos que no es menos cierto que el Gobierno sí puede realizar una
petición en este sentido ante la Unión Europea y que una negativa no sería muy razonable. Parece asimismo evidente que los productores y la industria no están en condiciones de alcanzar soluciones estables ni un acuerdo que garantice precios
razonables. Sencillamente, no están en situación equiparable ante el hecho mismo de la negociación. Es en esta dirección en la que cabría esperar del ministerio cierta intervención política ante la Mesa interprofesional del sector. Sin esa
intervención, los precios percibidos por los productores están condenados a sufrir una permanente presión a la baja.
En la actualidad, los productores de leche españoles cobran alrededor de 0,312 euros/litro de media, es decir, 51,9 de las antiguas pesetas. Con estos precios los ganaderos se encuentran al límite de los costes de producción, que están
calculados en torno a 0,321 euros/litro. Casi todo el mundo conviene que la leche española debiera tener un precio que fuera como mínimo el precio francés o portugués más el coste del transporte de España. De otra parte, las industrias no
incentivan a los productores de leche españoles con unos precios dignos por su producción y esa debiera ser la razón fundamental para proceder a una intervención política. En realidad, las industrias lácteas siguen la estrategia de conseguir que
muchos pequeños y medianos ganaderos dejen la actividad y la cuota quede en mano de grandes explotaciones, donde tienen acciones o al menos intereses. Debiera ser el Gobierno y no los ganaderos quienes denuncien ante las autoridades competentes las
prácticas contrarias a la libre competencia de mercado por parte de algún Estado miembro.
Otro elemento que señala la necesidad de intervención política en la Administración es la posibilidad, por no decir la evidencia cierta, de que estamos ante un pacto entre las industrias lácteas en la gran distribución para favorecer a
productores y competidores de otros países al norte de España, que tienen una potentísima cadena de distribución alimentaria. Existe la sensación, por no decir la evidencia, de que en España manda la industria láctea de capital francés y esta
quiere que nos ajustemos al modelo francés y que el precio de nuestra leche esté sujeto a la evolución del precio en Francia. Todo esto no es otra cosa que una auténtica falacia; nunca los productores españoles han percibido el mismo precio que
los ganaderos franceses. Lo que se reclama en la moción no es otra cosa que una intervención del Ministerio de Agricultura para trabajar en la continuidad de los ganaderos españoles. Por eso creemos que la moción es conveniente y obligada, aunque
solo sea para favorecer la reflexión y la acción positiva del Gobierno en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Señorías, para no ser repetitivo con lo expuesto ya por la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, la señora Fernández Davila, yo hablaré de la existencia de cinco realidades en las que vengo insistiendo durante los últimos seis años en que
me encuentro en este escenario como diputado. La primera realidad es que la producción real de la leche en el Estado español -me atrevo a decir más del 20 por ciento- es leche sin cuota; es el primer problema. El segundo problema -también me voy
a atrever a decirlo- es que, de la leche con cuota, aproximadamente otro 20 por ciento o más no cumple con los parámetros de calidad impuestos por la Unión Europea. El resultado es que nos encontramos con bastante leche fuera de cuota y fuera de la
calidad de los parámetros, con lo cual esta leche es comprada a los ganaderos por los grandes y pequeños intermediarios -es el tercer problema, la tercera realidad- para fabricar quintas o sextas marcas, líneas blancas, con políticas de precios que
plantean una competencia seria y desleal a las industrias que se ajustan o que desean ajustarse a los parámetros de calidad y de las cuotas establecidas, que sería la cuarta realidad. Si a esto añadimos que una parte importante de la gran
distribución alimentaria con frecuencia utiliza este producto banalizado como reclamo comercial, con una práctica ilegal de venta de leche con pérdidas, la realidad es que nos encontramos con un panorama del sector lácteo desolador. Es una realidad
que mi grupo viene denunciando, como he dicho, desde hace más de seis años, en multitud de intervenciones.
El ministerio conoce perfectamente esta realidad y las comunidades autónomas también, porque la responsabilidad aquí es bastante compartida.
La cornisa cantábrica, que es la gran productora de leche del Estado, viene denunciándolo
básicamente desde hace más de 10 años. Desde mi grupo hemos procurado, y vamos a seguir procurándolo, aplaudir de entrada esta iniciativa y apoyarla sin ninguna duda; total apoyo y garantía. Nos queda hacer saber al Ministerio de Agricultura esta
realidad, en la que venimos insistiendo continuamente y que es una realidad conocida con una problemática muy conocida. O atajamos por lo menos en esas cinco realidades -que no digo que sean todas- la problemática o desaparecerá prácticamente todo
nuestro sector lácteo.
Voy a finalizar con un dato. En los últimos 5 años, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es una gran productora de leche también -lo mismo que el resto de las comunidades, porque este es un problema perfectamente trasladable y permeable
al resto de las comunidades del norte fundamentalmente del Estado-, las explotaciones han bajado a la mitad, en los últimos 10 han bajado a la tercera parte y dentro de 5 años probablemente desaparecerán casi todas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Se nos presenta esta noche en esta Cámara una iniciativa más que busca solucionar los graves problemas económicos que sufre el sector primario en el Estado español. Ya ha habido varias. Hemos estado denunciado sobre todo el problema que
tienen por los bajos precios y por los costes de producción. Hoy otra vez más estamos exigiendo una cosa básica: que trabajemos todos para buscar ese precio justo a los productores en el sector lácteo, según la iniciativa que nos presenta hoy la
señora Fernández Davila. En el texto original que presentaba la señora Fernández entendíamos que era una moción superaceptable, porque los dos primeros objetivos que establece la moción, que son garantizar un precio justo a los productores y
productoras del Estado e intentar buscar soluciones a ese decalaje que hay entre los precios que llega a tener la distribución o la industria y los que se pagan a los productores, o esa presión que tiene la industria para ir bajando cada vez más el
precio del producto lácteo, son objetivos básicos en ese sistema a los que el ministerio se tendría que acoger. No entiendo qué dificultad hay para aprobar esos dos puntos que entendemos que son básicos para solucionar el problema y que se presente
una moción en la que se exija convocar esa Mesa y que busque esos objetivos que son básicos.
El tercer punto podríamos discutirlo más, porque el Gobierno nos puede decir que desde la Unión Europea se prohibe intervenir en un precio mínimo. Nosotros ya hemos presentado otras iniciativas en otros sectores y lo vamos a seguir
haciendo. Vamos a presentar una iniciativa sobre el sector de la fruta dulce en la que exigiremos también ese precio mínimo, porque entendemos que es la única solución. La verdad es que nos va a pasar como en muchos otros sectores, que después
gobiernos, como el Gobierno francés, buscan alternativas para salvar las posiciones que impone la Unión Europea, pero al Estado español de lo único que le sirve es de excusa para decir que nosotros no podemos entrar en eso. Desde los grupos
parlamentarios intentaremos que eso sea así. En ese punto, el señor Díaz comentaba que el Gobierno ya está en varios frentes en esa negociación europea. Nos ha hablado del Plan de reestructuración de la leche 2006-2007, que seguramente es el más
urgente, porque se tendrá que negociar lo antes posible. Ya que usted lo ha mencionado, quiero decirle que desde el grupo parlamentario le pediremos que, en esa negociación que también es muy necesaria para el sector, el Estado solicite a Bruselas
un incremento de la cuota láctea, que es necesaria. Desde Cataluña hemos ido denunciando que se ha de devolver a los ganaderos catalanes los 26 millones de kilos de cuota que perdieron en el antiguo plan de reestructuración y que haya una gestión
autonómica de ese plan. Son tres puntos que le avanzo que vamos a presentar en una iniciativa para intentar primar a ese sector, pero también entendemos que la necesidad de marcar un precio mínimo, como decía la moción del Bloque Nacionalista
Galego, no es solución.
Ustedes han presentado una enmienda a esa moción, que yo les aconsejaría que no fuera de sustitución, sino que se añadiera a la moción que nos presentaba el Grupo Mixto. Es verdad que las reuniones de la interprofesional del sector tienen
como objetivo buscar soluciones a las dificultades que está sufriendo el mercado. ¡Faltaría más! No sé cómo no lo están haciendo. Que el sector busque soluciones a los problemas del mercado tendría que ser un objetivo. Sería un buen punto
añadirlo a la moción que presentaba el Bloque Nacionalista Galego. Si la conferencia sectorial de representantes de comunidades autónomas ya no está analizando en este momento los problemas que está sufriendo el mercado ni buscando soluciones ¿qué
están haciendo las comunidades autónomas? ¿Qué están haciendo los consejeros de Agricultura si no están buscando soluciones a los graves problemas por los que atraviesa el sector?
En definitiva, señoras y señores diputados, entendemos que la moción del Bloque Nacionalista Galego es muy buena y que la enmienda que presentaba el Grupo Socialista también lo sería si se añadiera a las propuestas que está haciendo el
Bloque Nacionalista Galego. Entre todos podríamos hacer una gran moción. Si no es así, pensamos que se están buscando excusas para no aprobar mociones que se están presentando en esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Convergència i Unió. Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
La moción que hoy sometemos a debate viene a constatar una vez más la problemática vigente en el sector lácteo. No es que no se haya actuado en este sector en los últimos años, lo que sucede es que estas actuaciones han tenido un sesgo a
favor de una reorganización en determinadas zonas productivas con el trasvase de cuotas de producción de unas zonas o de unas comunidades autónomas a otras. Se ha intentado en su momento primar pequeñas explotaciones para asegurar la vigencia de
los pequeños productores dentro del concierto europeo. Han sido importantes los montos de cuotas que han cambiado de comunidad. Cataluña ha perdido más de un tercio de su capacidad asignada y ello ha producido un fuerte impacto recesivo en el
sector. Ha pasado lo mismo en Cantabria y, por lo que está explicando el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, también sucede así en el País Vasco.
Hoy lo que nos mueve al debate es la segunda parte de esta reordenación: los precios de venta de la leche. Debería ser una cosa anómala, pues nos encontramos en un país donde hay una sobredemanda frente a la producción, porque la demanda
excede en un 33 por ciento a la oferta; no es coherente que aquí tengamos unas posibilidades
de precios no competitivos y una oferta insuficiente. Entendemos que la interprofesional debería estar mejor estructurada y ser capaz de establecer unos mecanismos para que los precios fueran debidamente aceptables para el sector. La
presión de los fabricantes sobre los productores es excesiva y transformaciones que aparecen regularmente ponen en evidencia los conflictos que existen por parte de la industria sobre los productores de leche. Ello nos hace ver que hay unos matices
de oligopsonio o monopsonio, si son ciertas las informaciones que se producen por parte de la fabricación: pagos con retroacción de precios a periodos anteriores al acuerdo.
La propuesta de la señora Fernández es suficientemente clara para marcar directrices de una actuación y defensa del sector. Lógicamente, la suscribimos plenamente. Su intervención ha puesto de manifiesto la necesidad de tener una posición
favorable por parte del Gobierno, a lo que nuestro grupo también se aviene. Por tanto, vamos a dar soporte a la enmienda del Grupo Socialista de acuerdo con un pronunciamiento de la diputada proponente. A la luz de la propuesta socialista y de su
apelación a la intersectorial Inlac, a la que le falta la inclusión de una asociación tan importante como Prolec y de otras que representan un porcentaje elevado de productores de nivel medio y alto, creo que le resta pluralidad y transparencia a
las decisiones de este sector. Por ello, nuestro grupo, si no se oponen el resto de los grupos de esta Cámara, propondría incluir en la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista un segundo punto, con el siguiente texto: de la
ordenación de la interprofesional del sector lácteo, Inlac, para asegurar la inclusión en la misma de todos los agentes implicados, tanto en producción como en fabricación. Ello en consonancia con la enmienda, que insta también a la mesa sectorial
de las comunidades autónomas a que analice los problemas de este mercado, en el ánimo de encontrar estas soluciones positivas.
Hoy el problema de la leche no va a quedar resuelto ni cerrado, seguramente va a continuar y tendremos que realizar algunas acciones más en relación con el sector para reequilibrarlo. Esta propuesta de moción es una voluntad sin término de
compromiso, algo que es difícil de cumplir por el Gobierno, pero nos hubiera gustado que se comprometieran más firmemente con ello, de la misma forma que actuaron con prontitud en la asignación de cuotas lácteas, que a nuestro entender sí tuvo un
fuerte componente político, que no es el caso que hoy se debate. Si ese fue un primer paso en la reordenación del sector, el compromiso hoy debe ser continuar con fecha y término esta reordenación. Por ello anunciamos nuestro voto favorable y
solicitamos a los grupos que acepten la enmienda transaccional que presentamos a la de sustitución que propone el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en esta moción.
La posibilidad de que las industrias rebajen alrededor de 3 céntimos de euro o más el litro de leche a los productores está ocasionando inquietud y crisis en el sector lácteo. Esta decisión unilateral de las industrias de rebajar el precio
de la leche pondrá en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas de nuestro país. Así, según datos del sector, los productores españoles perderán un 20 por ciento de su renta si se confirma este recorte. Poniendo como ejemplo mi
comunidad autónoma, Galicia, esta bajada del precio de la leche puede ocasionar el cierre de 6.500 explotaciones, según los sindicatos.
El ejemplo de Galicia es de aplicación al conjunto de España, pues en estos momentos el sector lácteo está viviendo una de sus peores etapas.
Mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? La señora Espinosa, ante un tema tan espinoso de resolver,
¿qué nos vino a decir al Congreso de los Diputados la semana pasada? Lo primero que hizo fue reafirmarse en que los ganaderos abandonasen las explotaciones que según ella no son rentables. En segundo lugar, dijo que esto de la bajada de precios de
la leche no iba con ella, que no era de su competencia. En tercer lugar, afirmó que el problema lo resolviera la interprofesional. Por último, dijo que aquel que quisiera acudiese a los tribunales a denunciar.
Señorías, para que una ministra
venga al Congreso a decir esto y dejar el problema como estaba, mejor sería que se ahorrase el viaje. Y no lo digo yo solamente, sino también los sindicatos agrarios. Por ejemplo, Jóvenes Agricultores acusa al ministerio de complicidad en el
desmantelamiento de esta actividad productiva. Según otro sindicato, el ministerio, igual que las industrias, es cómplice y culpable porque se desentiende del problema, solo es intervencionista cuando le conviene y contribuye a la ruina del sector;
lo dice la Asociación de Jóvenes Agricultores. Ayer mismo, las manifestaciones y concentraciones en contra de la bajada de precios de la leche y de la política del ministerio se hacían sentir en casi toda la geografía española, incluso con cargas
policiales en el caso de Castilla y León, donde los ganaderos pedían que, con la misma contundencia con que cargaba la policía contra ellos, actuase el Ministerio de Agricultura. Por si el desastre no fuese suficiente, el ministerio permite una
bajada en los precios que no beneficia al consumidor, pues el consumidor va a seguir pagando lo mismo cuando vaya a hacer la compra y lo único que se consigue es perjudicar al ganadero. Por eso no deja de causar perplejidad la fría respuesta de la
ministra, diciendo que no puede hacer nada, cuando otros países como Francia sí lograron establecer un precio mínimo para la leche, superior incluso al de España. Frente al abandono de España sí hay países europeos que están luchando por la defensa
de esos ganaderos ante la Unión Europea. Así
que desde aquí, señora ministra de Agricultura, le exigimos que ayude al sector lácteo con urgencia y que dé cumplimiento a las iniciativas aprobadas en el Congreso de los Diputados, pues si las cumpliera, como es su obligación, ahora no
estaríamos ante una crisis del sector, ya que aquí se aprobaron hace más de un año una serie de medidas -con los votos del Bloque Nacionalista Galego y del Grupo Parlamentario Popular y en contra por cierto del Grupo Parlamentario Socialista- para
ayudar a dinamizar el sector lácteo. Hasta hoy no se ha cumplido ninguna y así están las cosas.
Para finalizar me parece que la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto se queda en un brindis al sol, pues pedir que la mesa de la leche se reúna y llegue a acordar esos tres puntos que usted solicita la verdad es tener mucha fe,
cosa que no dudo en usted, señora Fernández Davila. Sin embargo, lo más sorprendente es que usted no le solicita ayuda ni implicación a la Administración. ¿Será porque ahora ustedes son Gobierno? Me explico. El BNG en Galicia forma Gobierno con
el PSOE y este a su vez es quien gobierna en España, es decir, son socios.
Usted no puede solicitar que interceda la Xunta de Galicia porque enfadaría a su consejero, ni al Gobierno central porque enfadaría a su socia del Ministerio de Agricultura.
Entonces se acoge a la vía de en medio, que las industrias y los ganaderos lleguen a un acuerdo al que no son capaces de llegar, mientras que quienes tienen el poder de gobernar y decidir miran hacia otro lado. De esta forma le quitamos el problema
de encima al consejero y a la señora ministra de Agricultura. Pedimos ayuda para los ganaderos, pero que resuelvan el problema ellos solitos, ¿no?, en la mesa de la leche, tal como recientemente hizo el consejero de Galicia afirmando que había
llegado a un acuerdo con todo el sector y al día siguiente aparece un comunicado de la Federación Nacional de Industrias Lácteas negando que exista tal acuerdo.
En definitiva, esta moción me parece escasísima en cuanto a objetivos a lograr, sin concretar nada, simplemente aparentar y hacer algo hacia la galería para decir que el Bloque Nacionalista Galego está haciendo algo, pero no se resuelve la
crisis del sector lácteo. Más vale esto que nada, que es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura. En estos momentos los ganaderos de España necesitan que hagamos algo y, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Popular le daremos un
voto de confianza y votaremos afirmativamente.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vázquez.
Señora Fernández, para aceptación o no de las enmiendas.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque la negociamos transaccionadamente y si es posible una transacción de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) porque nos parece adecuada. Compartiendo todo lo que exponía respecto a nuestra moción el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, esperamos y aceptamos esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la
confianza de que lo que hoy aquí se aprueba va a ser llevado a cabo por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Férnandez, está claro ya lo que acepta y no acepta. Es suficiente.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, una breve licencia.
Simplemente por alusiones de la señora García quisiera decir que mi consejero sí intervino, mientras que su consejero no intervino nunca.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, comprendo que ustedes lo tienen que intentar cada vez, y yo lo tengo que impedir cada vez. Ha sido un debate muy pacífico y no creo que se haya producido ninguna tensión en el hemiciclo. Queda clara
cuál es la posición del grupo proponente respecto a las enmiendas. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO SOBRE LA PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (Número de expediente 173/000112.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Para la defensa de la moción tiene la palabra por un turno de
siete minutos el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Señorías, la interpelación que planteamos el pasado miércoles sobre el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no hizo otra cosa sino evidenciar cómo algo de tanta trascendencia como es un proceso de reforma estatutaria se
está convirtiendo en un lamentable juego de intriga política en el que los protagonistas, los ciudadanos, quedamos totalmente relegados a un segundo plano, a merced de las necesidades de supervivencia del Gobierno y de las estrategias partidistas de
quienes aspiran a influir en él. Estamos ante un proceso de reforma que acumula engaños, como el compromiso del señor Rodríguez Zapatero de aprobar el texto según fuera dictaminado por el Parlament de Cataluña; que acumula más engaños, al negar el
propio presidente dicho compromiso en una intervención pública no hace mucho tiempo; acumula menosprecios a esta Cámara desde el momento en que ha ceñido el debate al ámbito privado, ya no entre partidos, sino entre particulares -los señores Mas y
Zapatero-; acumula también surrealismo
al marginar del acuerdo final a quien ostenta el Gobierno en Cataluña para pactarlo con su oposición, y viene acumulando sobre todo mucha irresponsabilidad al pretender afrontar este tipo de reformas de gran calado prescindiendo de quien
representa el sentir de casi la mitad de los españoles, prescindiendo, por tanto, del Partido Popular.
Nos encontramos ante un proceso de reforma que, paralelamente al opaco camino de elaboración que está siguiendo, va dejando un rastro en cuanto a su contenido que no nos puede llevar más que a la preocupación por comprobar que aquellos
cimientos sobre los que se ha sustentado la maduración democrática y el progreso económico-social en España pueden ser puestos en cuestión. Afrontamos un proceso de renovación que, insisto, junto a lo inexplicable de su tramitación y a la
injustificable renuncia a la búsqueda del consenso entre los dos grandes partidos nacionales, tiene de inaceptable la orientación que se le pretende dar de claro cuestionamiento del modelo de sociedad y del espíritu constitucional del año 1978, de
claro quebrantamiento del principio de solidaridad territorial, a la vez que de claro dirigismo político. Un proceso que nos ha dejado dos textos de referencia: por un lado el aprobado en el Parlament de Cataluña, que representa la base sobre la
que ya está trabajando la Comisión Constitucional del Congreso, y por el otro el resultado de un acuerdo privado entre el señor Mas y el señor Zapatero del que no se conocen ni los detalles ni las contrapatidas y que entre otras cosas ha echado por
los suelos el argumento sobre el respaldo del 90 por ciento de la ciudadanía de Cataluña al proyecto. Señorías, el PP no estaba en ese 90 por ciento. De acuerdo, es un posicionamiento político, es legítimo; pero el señor Zapatero y el señor Mas
se han reído de ese 90 por ciento al no hacer caso a ese pronunciamiento, algo que evidentemente es mucho más censurable. Por tanto, dos textos, el primero de los cuales -el del Parlament- es toda una llamada a la ruptura constitucional según
múltiples y solventes voces, sin ir más lejos las de la mayoría de los fiscales del Tribunal Constitucional, por mucho que se empeñe el fiscal general del Estado en neutralizar su opinión; y el segundo, el privado, según afirma uno de los propios
autores, el señor Mas, es un paso previo para llegar al acuerdo del Parlament; por tanto, es un paso previo a la ruptura constitucional. En cualquier caso, ambos textos dejan claro el objetivo que se persigue con el proceso de reforma: una
iniciativa que en manera alguna pretende la definición de un marco y de unas bases para desarrollar el juego político, todo lo contrario; lo que se pretende es conseguir un Estatut que sea un instrumento político en sí mismo, con capacidad de
confrontación con el Estado, con capacidad para rediseñar un nuevo modelo de sociedad y con capacidad de intervencionismo en lo económico y en lo social. Un ejemplo lo tenemos en lo aprobado ayer en el capítulo de derechos y deberes, y al margen
del volumen que ya por sí solo representa este capítulo, el contenido de lo que se llegó a aprobar. Por tanto, este proyecto quiere hacer del Estatut un instrumento político con la voluntad de ser garantista con el poder público y dirigista con la
sociedad. Por todo ello, consideramos imprescindible algo tan sencillo, tan de sentido común pero tan necesario en la actual coyuntura política como es un pronunciamiento de esta Cámara sobre la vigencia de los principios que inspiran nuestro
modelo de Estado. En esa línea va nuestra moción, y nuestras propuestas de resolución no son otra cosa que un claro apoyo a los principales aspectos de la Constitución, concretamente a su título I, artículos 1, 2 y 3. Por cierto, si los demás
grupos parlamentarios se sienten más cómodos, estamos dispuestos a aceptar votación separada de los artículos que SS.SS. quieran para que tengan la oportunidad de sumarse a ese consenso y a esa necesidad de votar e insistir en la vigencia de la
Constitución.
Señorías, la Constitución y la voluntad de que las instituciones sean de todos es lo que nos ha permitido el progreso como país, la convivencia entre sus ciudadanos y la posibilidad de plantearnos retos ambiciosos de futuro. En este
sentido, ni los juegos florales que se vienen desarrollando para fijar el término nación en el redactado del Estatut, ni la imposición del conocimiento del catalán en determinados ámbitos como el de la justicia, ni la no menor pretensión de
establecer en términos de igual a igual la relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat son premisas que vayan en la línea de garantizar este marco de consenso que es la Constitución. Frente a ello no hay mejor receta que la
que se ha demostrado eficaz, aquella que hemos elaborado entre todos, la que nos da cobertura a todos y bajo la que la sociedad en su conjunto ha podido construir una España y una Cataluña, una Cataluña y una España siempre en la línea del progreso
y del bienestar.
Señorías, esta moción no es, como tienen costumbre de decir, un obstáculo al desarrollo de la potencialidad de Cataluña. No es ni tan siquiera un posicionamiento político; todo lo contrario, es un reconocimiento al instrumento que ha
permitido el máximo desarrollo competencial y las mayores cotas de autogobierno que ha tenido Cataluña en su historia, a la vez que ha provocado paralelamente que España haya avanzado de una forma asombrosa. La Constitución es un instrumento que,
estamos seguros, mantiene plena vigencia para dar la estabilidad y las oportunidades necesarias para afrontar los retos de futuro; un instrumento, pues, la Constitución, en el que la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara han creído
refrendándola con su voto. Por lo tanto, señorías, actúen también consecuentemente en esta moción y vótenla favorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricomá.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción consecuencia de interpelación tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
No es intención del Bloque Nacionalista Galego hacer autos de fe, ni mucho menos actos de afirmación nacional en esta sede de representación popular. Consideramos que no es el mejor camino intentar convencernos a nosotros mismos, en una
especie de relación endogámica, de lo que hay en el Estado español, de lo que debe seguir habiendo, en una posición totalmente inmovilista. Como se trata de dar más o menos el diseño de por dónde debe caminar el Estado español, nos hemos permitido
la licencia y el atrevimiento de sustituir los siete puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular por otros siete puntos alternativos y lo hacemos respetando este número cabalístico que tiene mucho que ver con la pasión dolorosa, con la
valentía, pero también con el camino y con el esfuerzo.
En primer lugar, desde el Bloque Nacionalista Galego nos gustaría decir que, en todo caso, el Gobierno debería impulsar todos los proyectos de nuevos estatutos que presenten las nacionalidades y regiones del Estado español tratando de
respetar al máximo la voluntad política que se expresó en sus parlamentos. En segundo lugar, consideramos que la Constitución española no es precisamente la Biblia sagrada, sino un texto abierto que depende de las interpretaciones para que se pueda
avanzar en el autogobierno o simplemente involucionar o, lo que es lo mismo, estar estáticos y sin dar una solución a los conflictos y a los problemas. En tercer lugar, pensamos que el Estado español tiene deberes y que debe vigilar, a través de
sus leyes de bases, exclusivamente los derechos fundamentales y la igualdad en el funcionamiento de los servicios básicos en todo el Estado. Pero estos mínimos nunca deben servir para reducir o vaciar de contenido las competencias autonómicas. En
cuarto lugar, señorías, es claro que aún no hay un rango legal para todas las lenguas cooficiales, incluso en su propio territorio. Sin duda, el Estado español podría colaborar sensiblemente en el logro de esta igualdad legal y, en concreto, en el
ámbito de la Administración de justicia. En quinto lugar, señor presidente, nos gustaría que, al margen de las opiniones de todos los organismos o instituciones consultivas que tiene el Estado, se partiese del supuesto de que en esta Cámara hay
pluralismo político y de que es deber del Gobierno y de todos los partidos llegar mediante un diálogo a acuerdos que sean positivos en relación con una posible reforma de la Constitución, posible reforma que debería contemplar, precisamente, la
adecuación a las nuevas necesidades y realidades de autogobierno de las comunidades autónomas.
Acabo, señor presidente, con dos cuestiones que consideramos fundamentales. La sexta se refiere al problema del modelo de financiación. Es posible que pueda haber muchas interpretaciones, pero está claro que la más ideológica, la más
sectaria, la que es una ficción es la que nos quiere hacer creer que los territorios del Estado vivimos del Estado y no al revés, que el Estado se sustenta precisamente en la capacidad de contribución de todas las naciones que lo integramos. En
este aspecto, pensamos que territorializar los tributos y crear una agencia tributaria en cada uno de los territorios es un elemento fundamental si se quiere descentralizar también los ingresos y no solo responsabilizar de los gastos a los gobiernos
autonómicos. Por último, pensamos que en relación con todo lo que hemos defendido está clara -e incluso es legal hoy en día- la relación bilateral. Hoy es perfectamente legal y les voy a dar un dato. Después de las reuniones e incluso de los
consejos de Política Fiscal y Financiera, son las relaciones bilaterales entre el Gobierno y cada comunidad autónoma las que establecen si esa comunidad autónoma está de acuerdo o no con lo que se ha aprobado y si lo acepta o no, incluso respecto
del sistema de financiación general. Por lo tanto, no se puede andar intentando reducir los mecanismos constitucionales actuales. En todo régimen democrático nada tiene de particular que el Gobierno central dialogue cuando quiera y como quiera con
una comunidad autónoma, aunque sea de forma unilateral, con tal de que después haya aspectos, problemas y soluciones que nos afectan a todos que deban ser discutidos multilateralmente. Hemos hecho esta enmienda para que, en todo caso, quede claro
que los demás también tenemos perfil y lo tenemos dentro de una lectura de la Constitución española, si se quiere excesiva, pero no por eso anticonstitucional, y, en todo caso, desde el criterio de que la historia no está acabada y que tenemos mucho
tiempo por delante para evolucionar y mejorar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Fijación de posiciones. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor Ricomá, la providencia ha hecho que su moción no se discuta en un buen día para ustedes y usted lo sabe. De hecho, el ministerio fiscal, mejor dicho, la Junta de Fiscales de Sala ha decidido por quince votos
contra cuatro inadmitir su recurso. ¿Y saben por qué lo han hecho? Lo sabe, señor Ricomá, ¿no? (Rumores.) Han dicho -escuchen bien- (Un señor diputado: Se ponen nerviosos.) que sus argumentos no eran jurídicos, que esos argumentos eran
políticos, y quince votos contra cuatro creemos que es una votación suficientemente contundente. Por tanto, el señor Ricomá nos ha explicado aquí la inconstitucionalidad de la propuesta, pero nos encontramos con que en la Junta de Fiscales de Sala,
con la abstención del fiscal general del Estado -tomen nota-, ha inadmitido precisamente su recurso. Y el fundamento es muy sólido: sus argumentos son políticos, no son argumentos jurídicos. Ustedes decían: todos los constitucionalistas lo
dicen, es una reforma tácita de la Constitución. Antes teníamos el dictamen del Consultiu, ahora tenemos la decisión de la Junta de Fiscales de Sala y la pregunta que nos deberíamos hacer, señor Ricomá, y que debería hacerse usted hoy y también
cuando vuelva a Tarragona, es hasta cuándo van a aguantar, hasta cuándo van a decir
que la propuesta es inconstitucional, que no se debería discutir, etcétera.
Dicen además algo muy obvio, que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la reforma del Estatuto de Cataluña hasta que sea aprobada por el Congreso y adquiera rango de ley.
Algunos les dijimos que
eso era algo básico y fundamental, que en una clase de primero de derecho ya lo explicaban, pero ustedes se empecinaron en que no, que querían llevar el recurso al Constitucional para que inadmitiese la tramitación del Estatut de Cataluña.
No quisiera perder la oportunidad de hoy, la oportunidad de poderles preguntar hasta cuándo van a aguantar, qué van a hacer con sus campañas e incluso qué van a hacer con sus mentiras. El 2 de noviembre en esta misma tribuna les
preguntamos: si el Tribunal Constitucional resuelve que su recurso no tiene fundamento jurídico, ¿van a retirar la campaña? ¿Van a destinar el dinero que han invertido en decir mentiras a decir que lo que han explicado era precisamente eso, una
mentira? Señor Ricomá, se lo pregunto. Me gustaría mucho que aclarasen una duda fundamental. Ustedes basan su discurso, la moción de hoy y la recogida de firmas en un montón de falsedades y lo cierto es que cuando el Constitucional resuelva
ustedes por decencia lo que deberían hacer es no solo retirar la campaña, sino hacer una campaña para explicar que lo que han estado haciendo es despistar a la gente y decir mentiras. Desde Cataluña lo que hicimos es modificar el Estatut porque
entendíamos que un estatuto se debe adecuar a los tiempos que corren. No es una pretensión catalana, es una pretensión de casi todas las comunidades autónomas, porque el reto de la inmigración y muchos retos que no se daban en 1978 hoy se producen
y porque hay que adecuar el Estatuto a los nuevos tiempos. Lo hemos hecho de forma participativa, desde el Parlament de Cataluña, invitando a todos los grupos parlamentarios a que estuviesen en el Estatut, y seguramente a usted le pesará, a otros
no, a muchos del Partido Popular o algunos del Partido Popular de Cataluña les ha pesado: el Partido Popular de Cataluña o no quiso o no le dejaron estar en el Estatut.
Hemos hecho el Estatut con un proceso participativo. Muchas entidades han participado en su elaboración. Lo hemos hecho en el marco constitucional.
Aquí se habla mucho de la constitucionalidad, pero el único que tiene aval de
constitucionalidad es la propuesta del Estatut y ese aval viene precisamente del Consell Consultiu. Hemos planteado que se reconozca lo que Cataluña siente, y se siente nación. Hemos hablado de derechos y deberes. Ustedes dicen que es un texto
muy de izquierdas, pero nosotros creemos que es un texto avanzado. Seguramente a la derecha lo que le molesta es que los textos según ellos son de izquierdas y nosotros decimos que son avanzados, puramente sinónimo de progresismo; eso es lo que
seguramente les molesta. Hemos decidido un modelo de financiación que garantice suficiencia y que marque principios de solidaridad. Hemos definido un modelo competencial que también se define en el Estatut de Cataluña, porque saben que durante
muchos años las leyes de bases lo que han hecho es recortar competencias. Hemos dicho que hay marcos de bilateralidad y que eso es compatible con la multilateralidad. Es más, hemos estado negociando como negocia todo el mundo, como ustedes
negocian la Ley de Tropa y Marinería: como todo el mundo. Vamos a sacar un buen Estatut. Su problema es que seguramente estos días están hablando de otras cosas porque los argumentos que les quedan son pocos y de aquí a unos meses aún hablarán
menos y de aquí a algunos meses algunas de sus comunidades autónomas se sumarán a la propuesta. La pregunta es, ese día ¿qué hará el señor Ricomá cuando vuelva a Tarragona? Seguramente ese día lo que dirá es que el Estatut es bueno y seguramente
ese día -tarde- el Partido Popular de Cataluña lo que hará es sumarse a la propuesta. No lleguen tan tarde, Ricomá. Hoy la Junta de Fiscales de Sala les da una oportunidad para empezar a cambiar y a rectificar. La propuesta es constitucional, se
ajusta a derecho, es oportuna políticamente, va a servir mucho para Cataluña e incluso va a servir para el resto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Una vez más, a discutir de pájaros y flores, a mayor gloria del Partido Popular, y de las páginas que mañana aparecerán en los rotativos ideológicamente cercanos a este, que se dedicarán a dar vueltas y más vueltas sobre un problema que no
existe, porque lo que es evidente es que Cataluña ha seguido los pasos que marca el ordenamiento jurídico para presentar la reforma del Estatuto de Autonomía y que eso se está continuando aquí también, primero en el trámite de ponencia y después en
Comisión con las correspondientes enmiendas y transaccionales. ¿O es que el Partido Popular cree que el ordenamiento jurídico fija que ese partido tiene que estar de acuerdo para que sea aprobada una ley o una reforma? Son tan legítimas las
mayorías con el Partido Popular como sin el Partido Popular. Curiosamente, en la presentación de la moción el portavoz de ese grupo no ha hablado en realidad de los siete puntos que presenta, sino que se ha dedicado a divagar genéricamente sobre el
Estatuto de Cataluña.
Yo voy a centrarme en lo que se quiere someter a votación, y lo voy a hacer punto por punto, diciendo punto por punto por qué vamos a votar que no.
El primer punto es sorprendente, habla de la soberanía nacional. Dice: 'El Congreso de los Diputados reafirma que la soberanía nacional radica en las Cortes Generales'. Hombre, yo creía que el concepto de soberanía nacional era un
concepto político de finales del XIX y que ahora estamos hablando ya de soberanía popular. Desde luego, no se han debido de leer muy bien el artículo 1.2 de la Constitución, que dice que la soberanía
nacional reside en el pueblo español, no en las Cortes Generales. Y si continuamos leyendo su moción, resulta que dice que estas Cortes Generales 'representan a todos los españoles como inequívoca expresión de la unidad de nuestra nación'.
Hombre, a ver si me he leído yo mejor la Constitución que ustedes. ¿No quedábamos en que el artículo 56 de la Constitución dice que el símbolo de la unidad es la Corona? Yo no es que sea un defensor a ultranza precisamente de la Constitución
española, pero a ver si va a resultar que me la sé mejor que todos ustedes. Por tanto, todas las declaraciones que están haciendo a diestro y siniestro a los medios de comunicación todos los días tienen la misma pobre y nula base jurídica que este
primer punto de su propuesta.
En cuanto al punto segundo, no hace falta que el Congreso de los Diputados considere como absolutamente vigentes los derechos y deberes fundamentales que figuran en la Constitución en todo el territorio del Estado porque están plena y
absolutamente vigentes. Debe ser así y efectivamente son respetados por todas las comunidades y todos los estatutos de autonomía, incluyendo el texto de reforma que se ha presentado para el caso catalán.
El tercer punto dice que el Congreso de los Diputados quiere reafirmar cuál es la patria común de todos los españoles, etcétera. Yo lo que les quiero decir desde el Grupo Vasco es que las patrias no se llevan en el papel ni en las mociones
consecuencia de interpelación; las patrias se llevan en el corazón y en la mente de cada uno. Además, ¿quiénes son ustedes para decir cuál es la patria de los demás, de cada uno de los demás? Ocúpense cada uno de ustedes de pensar, de sentir
absolutamente lo que quieran. Yo no tengo nada en contra de su patria y de su patria común, absolutamente nada en contra, pero dejen ustedes de negar la existencia de mi patria, de la yo considero que es mi patria. Y, desde luego, hablar del
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran ya tiene algo de ironía, porque si fuera por ustedes no se solucionaría absolutamente ninguno de los problemas nacionales que existen en algunas de las comunidades autónomas de
este país. Con su intransigencia, lo único que están acostumbrados a decir es no. Ustedes no reconocen a las comunidades autónomas como agentes políticos no subordinados en sus competencias, ni la voluntad de los ciudadanos de esas comunidades
autónomas.
Punto cuarto. Dicen que hay discriminación del castellano. Si hay discriminación y persecución, es en el uso de los idiomas diferentes al castellano. Aquí, en la Cámara, dejen al señor presidente que nos permita utilizar los idiomas que
deseemos, idiomas oficiales por otra parte, aquí en la Cámara. Sí; no presionen a la Mesa de la Cámara. En los tribunales, discriminación, pero a favor del castellano; en las notarías, en las webs del ministerio, en las delegaciones del
Gobierno, en la abrumadora presencia del castellano en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, en la cerrazón de algunos ámbitos profesionales a la incorporación de esos idiomas a la normalidad diaria.
Quinto punto, informe y reflexiones del Consejo de Estado. ¿Qué informe y qué reflexiones? No hay ningún informe, por mucho que lo digan ustedes en la exposición de motivos. ¿O es que nos tenemos que fiar de las filtraciones que hay en un
medio de comunicación y el Congreso de los Diputados tiene que tomar sus decisiones tomando como base lo que aparece en un medio de comunicación? ¿Qué reflexiones? (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Ni en Internet ni en
nada! Oficialmente no ha salido del Consejo de Estado. Lo que afirman ustedes en este punto quinto es una auténtica chapuza, desde la primera letra hasta la última. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) No me
interpelen ustedes desde los escaños. (La señora Castro Masaveu pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio. Continúe, señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Esta Cámara no tiene que hacer ningún caso a las filtraciones. El Consejo de Estado está para ser oído, no para a hacer lo que él diga, así lo afirmaron los portavoces en la discusión de la Ley Reguladora del
Consejo de Estado.
Por último, puntos 6 y 7. Respecto al sistema de financiación, es evidente que el bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico está compuesto por la Constitución, pero también por los estatutos de autonomía. Esos estatutos de
autonomía se modifican y se aprueban sobre la base de una negociación y un régimen de mayorías. ¿Quién es el Congreso para declarar que es inamovible, que debe ser consensuada multilateralmente la política fiscal, algo que no está recogido en el
bloque de constitucionalidad? ¿Cómo se puede afirmar eso sin reformar previamente el bloque constitucionalidad? Dejémonos de declaraciones grandilocuentes. Si lo que quieren es hacer reformas, demuestren que tienen unas mayorías y llévenlas
adelante, en este ámbito y en otros. No han dado ni una en ninguno de los siete puntos de la moción, con incorrecciones de apreciación y jurídicas en todos ellos.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, debe concluir.
El señor ESTEBAN BRAVO: Acabo en unos segundos, señor presidente.
Ni el mayor amante de la Constitución podría apoyar estos incorrectos puntos de la moción.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, asistimos hoy a un capítulo más, a una entrega más de esta carrera de despropósitos del Partido Popular. Todo vale: el Estatuto, la lengua catalana, la educación... Todo vale para crear un clima de crispación.
El señor Rajoy hoy no está porque está en Barcelona, donde ha asistido a una comida con empresarios catalanes, y por lo que he leído en la prensa amiga del Partido Popular, los empresarios catalanes -por cierto, no todos son de Esquerra Republicana-
le han expuesto lo que pensaban de la actitud del Partido Popular, una actitud de crispación, de catalanofobia, de que todo vale para atacar a Cataluña. (Protestas. -Un señor diputado: ¡Venga ya!) Señoras y señores diputados, hoy es el Estatuto;
hace unos meses fue la Ley Orgánica de Educación. ¿Cuántas veces no hemos leído respecto a esa ley que el estigma principal que tenía la Ley Orgánica de Educación era que estaba pactada con el Gobierno de Cataluña? Todo vale para sustentar el
clima anticatalán y vende; cuando no es el Estatuto es la lengua. Aún se puede decir que no tranquilamente a esta moción porque hoy, pasados unos meses de la toma en consideración en esta Cámara, el portavoz, el dirigente máximo del Partido
Popular, el dirigente supremo -digo supremo, y supongo que me han entendido ustedes, por lo de místico-, el señor Rajoy, todavía no ha respondido a las tres preguntas que desde esta tribuna nuestro grupo le formuló ante la toma en consideración del
Estatuto de Cataluña.
Primera pregunta: ¿Considera el Partido Popular que después de más de 20 años de ejercicio del Estatuto de Cataluña, y después del abuso -digo abuso dos veces- de la legislación básica de los gobiernos centrales españoles
-antes del PSOE, luego del Partido Popular-, el actual texto de Cataluña, que se aprobó en 1979, ha quedado básicamente -y perdonen la metáfora- como un queso de Gruyere? Todo el mundo ha estado de acuerdo en que ha habido un abuso permanente de la
legislación básica, y hoy las competencias que salieron aprobadas en el año 1979 no se sustentan. Esta pregunta no la contestó el señor Rajoy.
Segunda pregunta: ¿Creen ustedes, señores del Partido Popular, que el modelo de financiación actual discrimina a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña? Tampoco respondió el señor Rajoy; sí lo hizo, es verdad, el señor Piqué. En febrero
del año pasado el señor Piqué presentó su propuesta de financiación, una propuesta imaginativa, creativa, tanto que casi le cuesta el cargo, porque cuando recordó que su propuesta era un poco mejor -según el señor Piqué, y a la hemeroteca me remito-
que la que habían aprobado el señor Mas y el señor Rodríguez Zapatero, curiosamente el señor Piqué casi sale por la ventana del Partido Popular. Tampoco respondió a esto el señor Rajoy.
Tercera pregunta: ¿Cree el Partido Popular que en los últimos 15 años Cataluña ha sufrido una discriminación en inversiones públicas? No hace falta buscar cifras. Fíjense en la macroinversión que se inauguraba la semana pasada en la
terminal 4 de Barajas (Rumores.) y en la insignificante y casi inapreciable desviación presupuestaria que significó: el cien por cien. Un billón de pesetas ha costado la terminal 4, y mientras tanto muchos aeropuertos del resto del Estado están
como están.
El señor Rajoy no respondió a ninguna de esas preguntas porque este no era el debate. Al Partido Popular y al señor Rajoy no les interesa el Estatuto, ni les interesa la educación, ni les interesa el futuro que puedan tener -perdonen la
expresión- las demás -como reza el artículo 3 de la Constitución- lenguas del Estado; las demás. En el mismo texto de la moción del Partido Popular han sido incapaces de hacer un cierto paralelismo. Dicen que hay una lengua que hay que defender
que es de patrimonio común, una; las demás están ahí, como dice el artículo 3, las demás. Siempre recuerdo aquella película de terror que se llamaba Los otros; las otras lenguas, casi en ese estilo de terror. Creo sinceramente, señores del
Partido Popular, que se van a quedar otra vez solos porque a ustedes lo único que les preocupa es cosechar votos, sacar tajada electoral de la crispación, sacar tajada electoral del enfrentamiento. Hay un Estatuto que está en fase de discusión,
está en ponencia, va a estar también en Comisión y va a tener su trámite en el Senado. Hoy ha hablado muy claro la Junta de Fiscales de Sala; su recurso ante el Tribunal Constitucional no tiene ningún sentido, ha decaído. Sus mesas petitorias más
que una movilización legítima y democrática dan más sensación de fiesta de carnaval. Sinceramente, plantéenselo, reflexionen, vuelvan a casa y entiendan que esto es un proceso legítimo que ha empezado, que se ha hecho escrupulosamente y en el que
ustedes tienen poco que decir. En todo caso, lo que tienen que hacer es pedir perdón a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que se han sentido insultados permanentemente por su campaña.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Grupo Parlamentario Catalán, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para anunciar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará en contra de esta moción consecuencia de interpelación y para dirigirme a las filas del Grupo Popular y decirles, con todo respeto, que están
instalados en una situación de alta miopía política y de notable pobreza argumental. Nos están diciendo que estamos ante un momento delicado, que España se rompe, que hay una ruptura evidente de la solidaridad; expresiones y frases de la
exposición de motivos. Justo al revés. Estamos inaugurando una nueva etapa de prosperidad y progreso en el Estado de régimen autonómico; una nueva etapa buena y positiva para la profundización de la democracia y del autogobierno
de Cataluña, una actualización de nuestro régimen de convivencia. De la misma forma que reivindicamos nuestro papel positivo en el impulso de la inauguración del régimen autonómico, hoy reivindicamos y coprotagonizamos el impulso de esta
nueva etapa. ¿No les parece, señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, que después de 30 años es el momento de hacer una actualización, una puesta al día de nuestro régimen autonómico, que también es nuestra forma inteligente de
convivencia? En esta materia que parece desde el principio de la legislatura su canción preferida, su argumento preferido, ustedes han practicado el alarmismo, el populismo y el discurso incendiario. Ante esta opción, una amplia mayoría del
Parlamento de Cataluña, el 90 por ciento, ha fijado un horizonte y ha dado una respuesta a aquella pregunta de hasta dónde quiere llegar; un horizonte que proporciona serenidad, confianza y también compromiso en la convivencia entre los distintos
pueblos de España. Ustedes, señorías del Grupo Popular, faltan claramente a la verdad. Nos plantean en esta moción que se está produciendo una negociación secreta y de espaldas al Parlamento. No dudo de su inteligencia y de su formación e
información para saber que hace más de una semana que está trabajando la ponencia nacida de la Comisión Mixta entre la Comisión Constitucional del Parlamento de Cataluña con el tope del 6 de marzo. ¿Ustedes pueden afirmar, manteniendo la
honorabilidad y la certeza, que se está trabajando sin el Parlamento cuando se está trabajando en ponencia en él?
Afirman en su moción liviana que la reforma del Estatuto de Cataluña rompe la solidaridad. No es así, pero sí introduce nuevas bases para la solidaridad. No puede ser que por solidaridad se entienda que personas -quiero insistir y subrayar
esta palabra- de comunidades autónomas que hacen una aportación neta reciban menos inversión per cápita que personas -vuelvo a subrayar la citada palabra- de comunidades receptoras. Esto es claramente insolidario. Señor Ricomá, en su moción
subrayan que el catalán está discriminado en Cataluña. Parece ser que la semana pasada el señor Josep Piqué, presidente del Partido Popular de Cataluña, defendía lo que es evidente y obvio: que el catalán en absoluto está discriminado en Cataluña,
me remito a sus declaraciones. Esta es una moción declarativa que intenta patrimonializar una Constitución española a la cual en algunos aspectos y puntos llegaron tarde. Quizá hoy es un buen momento para recordar que Alianza Popular hasta el año
1987 mantenía en su programa electoral la reforma, para su supresión y rebaja, del título VIII de la Constitución española. Quizá hoy es el día oportuno para recordar que en el debate constitucional Alianza Popular se opuso a la definición de
nacionalidad que hoy convierten en bandera y en elemento de defensa desde esta tribuna. Quizá hoy es un día oportuno para recordar que en el debate del Estatuto del año 1979 diputados de Alianza Popular se abstuvieron. Quizá hoy es un buen día
también para recordar y evocar el discurso de Manuel Fraga, en diciembre de 1979, y sus planteamientos de esta España que se rompe, que no fueron lo mismo que su práctica política posterior como presidente de una comunidad autónoma. Por cierto,
hacen referencia a un informe del Consejo de Estado que aún no se ha hecho público. En todo caso este informe tiene un encargo, el de la reforma del Senado, posición que mantuvo el Partido Popular hasta el año 2000 y en los programa de año 2000 y
de 2004 han convertido han anulado esta reforma. Se lo digo de otra forma. Ustedes están jugando al todo o nada y se están quedando en el nada argumental. Están jugando al todo o nada con una alarma que nada tiene que ver con la realidad y con el
desarrollo de este debate. No sé a quién se le ha pasado por la cabeza esta idea un tanto retro de las mesas petitorias. Lo más grave de las mesas petitorias es que con sus argumentos están engañando a una buena parte de gente de buena fe.
Termino, señor presidente. Señorías, Oscar Wilde dejó dicho que de lo sublime al ridículo solo hay un paso. Quizá la estrategia del Partido Popular era una estrategia de sublime viaje hacia el centro y la centralidad política. Pero,
señorías, del sublime al ridículo solo hay un paso y con sus manifestaciones, con su posicionamiento y con la presentación de esta moción consecuencia de interpelación cordialmente, pero con toda exactitud, están haciendo el ridículo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta Cámara toda iniciativa ha de ser debatida con el debido respeto, también la que hoy nos ocupa, aunque uno al leerla tenga la sensación de encontrarse ante una extemporánea acumulación de obviedades ajena a nuestra mejor
tradición parlamentaria. ¿Qué nos pide el Grupo Popular? Nos pide que este Congreso reafirme que la soberanía nacional radica en las Cortes Generales. Nosotros entendemos que quiere decir que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que
las Cortes Generales representan. Nos pide que los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el título I de la Constitución son absolutamente vigentes.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Nos pide que reafirmemos textualmente el
artículo 2 de la Constitución. Los socialistas nos atreveríamos a reafirmarlos todos, desde el primero hasta el 169, incluyendo el preámbulo, sus cuatro disposiciones adicionales, sus nueve disposiciones transitorias, su disposición derogatoria y
su disposición final.
El Partido Popular en su desenfrenada carrera hacia lo absurdo y lo contradictorio pretende que esta Cámara, en lugar de cumplir su función constitucional, en lugar de debatir, enmendar y aprobar la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña en la ponencia
y Comisión Constitucional junto con la delegación del Parlamento de Cataluña, se pronuncie en otra iniciativa diferente y por otro órgano interfiriendo el normal desarrollo de los trabajos legislativos.
Lo que demuestra esta moción es que el Partido Popular no tiene voluntad de sumarse a un debate sereno, riguroso y orientado a la consecución de amplios consensos en la tramitación parlamentaria del Estatuto de Cataluña. Los socialistas
estamos dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad que tengan a bien brindarnos. Únicamente me permito un consejo: su voluntad de diálogo ganaría en credibilidad si al mismo tiempo que afirman tender la mano, dejan de dar patadas en las
espinillas. (Aplausos.) Lamentablemente, no hay muchas razones para el optimismo cuando el primer partido de la oposición pretende conseguir en mesas petitorias aquello que perdió democráticamente en las mesas electorales (Aplausos.) o cuando
pretende a través de esta moción, que mi grupo evidentemente rechazará con su voto, continuar con la escalada de mentiras, con la estrategia catastrofista que alimenta el enfrentamiento entre territorios y personas respecto a una reforma estatutaria
que sigue escrupulosamente la senda constitucional.
Estoy seguro de que los ciudadanos agradecerán que sus representantes -nosotros- pasemos de la retórica de algunas mociones a la prosa de los dictámenes. Si el Partido Popular es, como así parece, un firme defensor de la integridad de la
nación española, ¿por qué votó en contra de la enmienda transaccional, impulsada por el Grupo Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya-Verds, que recupera la definición de nacionalidad del Estatuto de Cataluña vigente? ¿Ya no les
vale tampoco la definición de nacionalidad del Estatuto de 1979? Y si el Partido Popular está, como así parece, tan preocupado por los derechos lingüísticos en Cataluña -¿no lo estaba cuando gobernaba en España y se aplicaban las mismas leyes que
se aplican ahora?-, ¿por qué vota en contra de la inclusión en el artículo 6 de la propuesta de Estatuto de una referencia explícita que impide cualquier tipo de discriminación por usar el catalán o el castellano? ¿Al PP qué le duele, España o el
hecho de no gobernarla? ¿Les preocupa el futuro del castellano -un futuro espléndido también en Cataluña- o el futuro de una dirección política que les ha llevado de la mayoría absoluta a la oposición agria y solitaria? Por cierto, un partido tan
comprometido con la igualdad de derechos y deberes de los españoles debería explicar por qué votan a favor de los artículos que establecen derechos en el Estatuto de la Comunidad Valenciana y en cambio pretenden eliminar todos y cada uno de los
derechos y deberes incorporados al Estatuto catalán. Más concretamente, ¿qué razón permite al Partido Popular aprobar en el Estatuto valenciano un artículo que establece derechos de protección a la familia y obsesionarse por eliminar los derechos
en el ámbito de las familias del Estatuto de Cataluña? ¿Y la protección a los menores y mayores? ¿Y la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Y el acceso a una vivienda digna? ¿Y los derechos en los ámbitos educativos, de la salud, políticos y de
participación, lingüísticos y laborales? En todos ellos el Partido Popular ha dicho sí en el caso de la Comunidad Valenciana y no en el de Cataluña. Más que mociones para recordarnos que la Constitución de 1978 está vigente, lo que esperamos del
Partido Popular es una respuesta convincente de por qué lo que en un caso no es motivo de discusión en el otro pone en cuestión el modelo de Estado. Los socialistas hemos dicho sí en el caso valenciano y en el catalán a unos derechos, deberes y
preceptos rectores que forman parte del ámbito potestativo de la autonomía, cuyo reconocimiento no supondrá en ningún caso discriminación, y que solo vinculan jurídicamente a los propios poderes autonómicos sin ampliar su ámbito competencial.
Una última reflexión, señorías. El señor Ricomá afirmó la semana pasada al presentar la interpelación que ha originado la presente moción lo siguiente: No queremos que permanentemente se nos diga lo que debemos hacer para ser buenos
catalanes. Esta es una afirmación que comparto plenamente. ¡Faltaría más!. Como catalán jamás he aceptado ni aceptaré que nadie pueda expedir certificados de catalanidad. (Aplausos.) Permítanme que les diga que como español tampoco pienso
tolerar que nadie pretenda imponerme una determinada manera, y a menudo única, de entender España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, debe concluir.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Acabo, señor presidente.
Hoy el viejo sueño de una España constitucional que tanto socialistas, progresistas y liberales alentaron se ha cumplido en buena medida.
(Rumores.) Este éxito colectivo de todos, que nadie puede reclamar en exclusiva y del que no se puede
excluir a nadie, nos permite 25 años después acometer unas reformas estatutarias. (Rumores.) Una respuesta...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, el minuto de cortesía ha concluido y es un debate tasado. Concluya, por favor.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Para los socialistas, señorías -acabo-, esta es la mejor manera de mantenernos fieles al espíritu constitucional, que nadie debería instrumentalizar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ricomá, tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Es obvio que las enmiendas presentadas por el Bloque profundizan en la línea escapista de lo que representa el
espíritu de la Constitución, con el beneplácito de los demás grupos parlamentarios (Rumores.), hecho por el cual...
El señor PRESIDENTE: Señor Ricomá, ¿acepta o rechaza las enmiendas?
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: A ello voy, señor presidente. Resulta claro que no podemos aceptar las enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ricomá.
Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Vamos a realizar tres votaciones. En primer lugar moción, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la prostitución. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la moción, del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche, con la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos de la transacción que ha sido distribuida. ¿Se opone algún grupo parlamentario a la enmienda transaccional? (Pausa.)
Si no es así, se vota ésta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 131; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 146, del martes 7 de febrero de 2006, en la intervención de la señora Batet Lamaña, página 7361, segunda columna, línea 27, donde dice 'durante al año 1984...' debe decir 'durante el año
2004 ...'