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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 148, de 09/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 148
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 137
celebrada el jueves, 9 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-Real Decreto-Ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. 'BOE' núm.
18, de 21 de enero de 2006. (Número de expediente 130/000028.) ...
Dictamenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 196-1, de 15 de julio de 2005. (Número de expediente 127/000002.) ... (Página 7436)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Acuerdo sobre la promoción, suministro y utilización de Galileo y los sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones conexas, hecho en Dromoland Castle, Co. Clare el 26 de junio de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 201, de 18 de noviembre de 2005.
(Número de expediente 110/000120.) ... (Página 7459)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 7426)
Real Decreto-ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto de las labores del tabaco. ... (Página 7426)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone ante la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la adopción del Real Decreto-ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican
los tipos impositivos del impuesto de las labores del tabaco. Destaca que desde la perspectiva del derecho comunitario, los incrementos de tipos impositivos adoptados mediante el presente Real Decreto-ley respetan plenamente las condiciones
exigidas por la normativa comunitaria aplicable. Solicita de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución.
En turno en contra interviene el señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Gobierno interviene el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de réplica interviene el señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Armas Dárias, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 7436)
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
... (Página 7436)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
-Acuerdo de cooperación sobre un Sistema Mundial Civil de Navegación por Satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Estado de Israel, hecho en Bruselas el 13 de julio de 2004. 'BOCG.
Sección Cortes Generales',
serie A, número 202, de 18 de noviembre de 2005. (Número de expediente 110/000121.) ... (Página 7459)
-Instrumento de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), hecho en Marrakech el 18 de octubre de 2002, y Declaraciones que España va a formular en el momento de su aceptación. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 207, de 29 de noviembre de 2005. (Número de expediente 110/000122.) ...
(Página 7459)
-Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Wellington el 28 de julio de 2005.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 206, de 25 de noviembre de 2005. (Número de expediente 110/000123.) ... (Página 7459)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Trillo-Figueroa Martínez-Conde
y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene por alusiones el señor Xuclà i Costa.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 7459)
Real Decreto-ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. (Votación.) ...
(Página 7459)
Sometido a votación el Real Decreto-ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, se rechaza por 152 votos a favor, 169 en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 7459)
Acuerdo sobre la promoción, suministro y utilización de Galileo y los sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones conexas, hecho en Dromoland Castle, Co. Clare el 26 de junio de 2004 ... (Página
7459)
Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Estado de Israel, hecho en Bruselas el 13 de julio de 2004 ... (Página
7459)
Instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), hecho en Marrakech el 18 de octubre de 2002, y declaraciones que España va a formular en el momento de su aceptación ...
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Wellington el 28 de julio de 2005 ...
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 7459)
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
(Votación.) ... (Página 7459)
Se procede a la votación de las enmiendas defendidas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como del texto del dictamen.
Votación de conjunto ... (Página 7461)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 294 votos a favor y 32 en contra.
Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señoras y señores diputados, buenos días. Se reanuda la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación que vamos a realizar hoy respecto al real decreto y la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se
hará no antes de la una, y prevemos que se realice muy probablemente alrededor de la 1,30 ó 1,45, pero en ningún caso votaremos antes de la una. Haremos una única votación, el decreto conjuntamente con el Estatuto, repito, no antes de la una y con
mucha probabilidad a la 1,30.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
-REAL DECRETO-LEY 1/2006, DE 20 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO. (Número de expediente 130/000028.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Punto VII del orden del día.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes, concretamente, el Real Decreto-Ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del
impuesto sobre las labores del tabaco.
Tiene la palabra por parte del Gobierno el vicepresidente segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como bien saben el pasado 20 de enero el Gobierno aprobó un real decreto-ley por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, norma que presento hoy a la Cámara para su convalidación. La
imposición sobre el tabaco constituye una relevante fuente de ingresos tributarios para las haciendas españolas. Sin embargo, su finalidad original no es esencialmente recaudatoria. Hoy sirve básicamente como un instrumento al servicio de la
política sanitaria y ello ha sido recogido en el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, ratificado por España, donde se reconoce la eficacia de los impuestos como medio para elevar el precio del tabaco y,
por tanto, lograr una reducción de su consumo, en particular por los jóvenes. En este marco estimamos que es conveniente que los precios de las labores del tabaco se eleven con el fin de reducir su consumo. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que
de acuerdo con lo establecido en la Directiva 95/59 CEE, del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, y nuestra Ley 13/1998, del 4 de mayo, la de Ordenación del Mercado de Tabaco y normativa tributaria, los precios máximos de venta al público de los
cigarrillos se determinan libremente por los fabricantes o por los importadores de las labores correspondientes. En consecuencia, el Gobierno no puede fijar los precios de venta de las labores del tabaco, pero sí puede fijar los impuestos que
inciden sobre las mismas. A su vez, las compañías tabaqueras pueden decidir trasladar al precio el incremento en positivo o bien absorber la totalidad o parte del mismo en sus márgenes. Como recordarán, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley
12/2005, de 16 de septiembre, que en el marco de la financiación sanitaria ya elevó los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Además de tratar de obtener recursos para la financiación de la sanidad, este incremento buscaba
también una elevación de precios que complementase las medidas contra el tabaquismo luego aprobadas por la Ley 28/2005, de 26 de diciembre.
En este momento, las compañías tabaqueras decidieron en su práctica totalidad absorber la subida impositiva en sus márgenes manteniendo los precios de venta sin variaciones, incluso algunas marcas rebajaron los precios de venta y solo una
compañía trasladó parcialmente a su precio de venta la subida impositiva respecto de sus marcas más significativas. Por tanto, el incremento de fiscalidad que se introdujo en el Decreto-Ley 12/2005 ha sido mínimamente trasladado a precios. En esta
situación el Gobierno ha entendido que los objetivos de política sanitaria y la prevención de la recaudación, exigían un nuevo incremento de la fiscalidad que, insisto, es la única vía que tenemos para influir sobre los precios sin afectar
negativamente a la competencia.
Nuestro objetivo es, por tanto, lograr una elevación de los precios de venta que haga disuasorio el consumo y paralelamente mantener o incrementar los recursos públicos, fundamentalmente para atender a las necesidades del gasto sanitario que
soportan hoy las comunidades autónomas. En este contexto, el incremento de los tipos se realiza mediante la modificación, a través del Real Decreto-Ley que se presenta, de la Ley 28/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, en la que se
regulan todos los tipos impositivos afectados. Concretamente, el precepto que se modifica es el artículo 60, tipos impositivos del impuesto, para fijar los nuevos tipos de este impuesto aplicable en Península y Baleares, ya que dicho impuesto no
rige en Canarias, Ceuta y Melilla.
Les recuerdo que el gravamen de los cigarrillos resulta de la aplicación de dos tipos impositivos: uno proporcional, expresado como porcentaje del precio máximo de venta al público, y uno específico expresado en euros por mil cigarrillos.
La mayor parte de la carga tributaria que el impuesto representa resulta en España de la aplicación del tipo proporcional. De esta manera, el incremento de la fiscalidad aprobada por el Real Decreto-Ley 1/2006 se concreta en cuanto a los
cigarrillos en una subida de un punto porcentual del tipo impositivo ad valorem, es decir, el proporcional, que pasa del 54,95 al 55,95 por ciento, y en una subida de dos euros en el tipo impositivo específico, que pasa de 4,20 a 6,20 euros por mil
cigarrillos. Para el resto de las labores del tabaco se incrementan los tipos impositivos que son exclusivamente ad valorem en una proporción similar a aquella en la que se ve incrementada la fiscalidad global para los cigarrillos. El propósito
era, por tanto, evitar un incremento del diferencial de tributación.
En los días que han transcurrido entre la aprobación del Real Decreto y su convalidación en este acto hemos podido comprobar que una vez más las compañías no han trasladado a sus precios de venta la nueva fiscalidad, incluso todas han
recortado significativamente los precios de sus principales marcas. Es evidente que las principales compañías han demostrado con ello tener
unos márgenes lo suficientemente amplios no sólo para poder absorber estas dos subidas consecutivas de los tipos impositivos acaecidas en septiembre y en enero, sino además para rebajar significativamente sus precios. Como consecuencia, no
estamos obteniendo los objetivos de política sanitaria que pretendíamos, y mientras los precios de venta no se sitúen en un nivel adecuado a los objetivos indicados el Gobierno no descarta continuar utilizando los instrumentos a su disposición para
lograr unos precios del tabaco que desincentiven el consumo.
Finalmente quiero referirme a la oportunidad de acudir a la figura del real decreto-ley para adoptar estas medidas. A estos efectos, he de destacar en primer lugar que se trata de modificaciones que requieren una norma con rango de ley, ya
que afectan a los tipos de gravamen, materia sujeta al principio de reserva de ley, de acuerdo con la Ley General Tributaria. Por otra parte, la duración de la tramitación parlamentaria, en el caso de que se acudiese a una ley ordinaria, podría
provocar un acaparamiento en los productos gravados y otras distorsiones antes de que la subida impositiva se materializase, efectos que previsiblemente se agudizarían en la situación actual del mercado de cigarrillos a la que me he referido. Por
ello el Gobierno considera que el recurso a la figura del real decreto-ley está plenamente justificada, como ya ha destacado en otros momentos el Tribunal Constitucional. En su sentencia 108/2004, de 30 de junio de 2004, que analiza un supuesto
prácticamente idéntico al actual, la subida de los tipos de los impuestos sobre el alcohol y las bebidas derivadas y sobre las labores de tabaco que se llevó a cabo en el año 1996, confirma plenamente la posibilidad de utilizar esta figura para
proceder a un incremento de los tipos impositivos de los impuestos especiales.
Para concluir, señorías, me gustaría destacar que, desde la perspectiva del derecho comunitario, los incrementos de tipos impositivos adoptados mediante el presente Real Decreto-Ley respetan plenamente las condiciones exigidas por la
normativa comunitaria aplicable. Por todo ello, solicito ante esta Cámara la convalidación del presente Real Decreto-Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
¿Algún grupo quiere ejercer su turno en contra de esta convalidación? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Analizamos hoy, tal como nos ha explicado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, el Real Decreto-Ley por el que se incrementan los tipos impositivos sobre las labores de tabaco. La finalidad de este real decreto-ley
que nos ha explicado es doble: por un lado, es recaudatorio, se estimaban en torno a 600 millones de euros lo que potencialmente podría derivarse de este incremento impositivo; y por otro, tiene una finalidad básica, que es contribuir a la
política sanitaria como un instrumento adicional reconocido de que, a través de aumentos impositivo, pueda afectarse el precio, y el precio de las labores de tabaco afecta también reduciendo el consumo de este producto.
A tal efecto, el incremento
de los tipos impositivos se materializa en ambas tarifas del impuesto, tanto ad valorem, la tarifa proporcional, como la tarifa sobre el volumen, la tarifa específica que grava los cigarrillos por el número de los mismos y no atendiendo a su precio.
De forma concordante se incrementa también el impuesto, en este caso ad valorem, sobre otras labores de tabaco como cigarros, cigarritos, picadura, etcétera.
La memoria económica que acompaña a este real decreto-ley analiza con detalle la situación del mercado de tabaco. En este sentido he de decirle, señor Solbes, y con eso anticipo la conclusión de la argumentación que voy a desarrollar, que
ustedes lo que han hecho ha sido distorsionar el mercado de tabaco y generar con este real decreto unos resultados peores, a la vista de los objetivos que pretendían, tanto recaudatorios como de política sanitaria. El resultado final es
contraproducente desde el punto de vista de estos objetivos.
Concretamente en el análisis que realizan, que poca reflexión le ha merecido al señor ministro, se constata que hay una tendencia histórica tradicional al aumento de precios de labores de tabaco hasta el año 2004, en que el precio medio
ponderado del tabaco empieza a declinar suavemente al principio y con mayor intensidad en la segunda parte del pasado ejercicio 2005. Ello tiene causas profundas, tanto en las propias alteraciones en el mercado de tabaco mundial, que se está
produciendo como consecuencia de la reducción en el consumo de tabaco y de las políticas sanitarias para reducir su consumo, como el hecho de que están apareciendo marcas a precios muy reducidos que lógicamente corresponden, en la mayor parte de los
casos, a operadores internacionales para los cuales el mercado español es un mercado residual, y consecuentemente, en ese mercado sin gastos de marketing ni ninguna otra característica pueden vender a precios muy reducidos sus productos.
Pues bien, hasta todo el segundo semestre del pasado ejercicio, coincidiendo, además, con el real decreto ley del pasado septiembre, al que usted ha hecho mención, nos encontramos con un mercado de tabaco en el cual los precios medios se
están reduciendo continuamente hasta llegar al mes de diciembre, con una reducción en torno del 10, 12 por ciento respecto de los precios que seis meses antes había marcado el precio del tabaco; ello a pesar del real decreto ley de septiembre en el
cual se incrementan los impuestos sobre el tabaco. Lo cual, señor ministro, debería haberle sugerido que un nuevo incremento adicional sobre las labores de tabaco, si no se hacía bien, podía tener el efecto contraproducente de reducción del precio
en lugar de ampliación del precio, como en la memoria ustedes dan por descontado que se
va a producir como consecuencia de este real decreto. La causa, como digo, es la consolidación de estas marcas baratas que actualmente copan en torno al treinta y tantos por ciento de mercado y también la reducción de precios que los
operadores, las marcas tradicionales tienen que establecer como reacción a esos precios reducidos.
Ante esta situación, el Gobierno decide en este real decreto-ley incrementar impuestos y, además, viendo la redacción de esta memoria justificativa, se hacía cábalas sobre si el mercado haría repercutir íntegramente el incremento de
impuestos a precio, sobre si no lo haría o sobre si se produciría una situación intermedia de incremento parcial de precios como consecuencia de una repercusión también parcial del impuesto. Y justamente la hipótesis que no se contemplaba era la
reducción de precios como consecuencia precisamente del establecimiento del impuesto, lo cual nos parece sorprendente porque usted, señor Solbes, que de economía entiende -como entendemos muchos de los aquí presentes en este hemiciclo-, sabe que
resulta muy barato reducir el precio cuando el 60 por ciento del precio son impuestos, es decir, reducir 40 ó 45 céntimos la cajetilla de tabaco es fácil cuando la obligación tributaria que repercute sobre el valor de esa cajetilla de tabaco se
sitúa casi en el 60 por ciento, porque es el 60 por ciento de recaudación que se pierde y solo el 40 por ciento de margen que se pierde por reducir el precio. Y eso, cuando se trata de un operador internacional para el cual el mercado español es un
mercado poco relevante, con apenas un 4 por ciento de sus ventas internacionales, es una opción no ya perfectamente legítima, como usted se ha encargado de repetirnos hoy, sino perfectamente racional, y era lo que podía esperarse que se iba a
producir previsiblemente como consecuencia de este real decreto de incremento de impuestos sobre las labores de tabaco en la forma como se ha hecho. De hecho, en su análisis económico sencillamente no se contempla la hipótesis principal que podía
haberse producido, que era el aumento de precios, con lo cual le sugeriría que quien le haga los análisis económicos de los proyectos de ley afine un poco más sobre las hipótesis que se están manejando. Lo que se decía era que si se repercutía
íntegramente a precio, habría cuatro efectos principales: primero, un efecto de 3 décimas sobre la inflación; segundo, un incremento de recaudación del orden de 600 millones de euros; tercero, un incremento del precio medio ponderado del 13,27
por ciento, que sería mayor en el caso de las marcas baratas, que es lo que entiendo que se pretendía principalmente; por último, se produciría una reducción de la demanda del orden del 5,64 por ciento, como consecuencia del aumento de precio. Eso
es lo que dice la memoria económica que acompaña al real decreto. Si no se repercutía al precio, entonces los efectos serían: 274 millones de euros de recaudación, puesto que, aunque no se repercuta a precio, los impuestos son mayores sobre las
cajetillas de cigarrillos, al tiempo que no habría efectos sobre inflación, y entendemos que tampoco sobre demanda de cigarrillos inducida por el aumento de impuestos, por cuanto que no se producían alteraciones de precio. Y la otra hipótesis que
contemplan, el incremento parcial del precio por imputación en torno a la mitad del impuesto, daría lugar a una recaudación de 450 millones de euros, una décima y media de inflación y un incremento del precio que no establecen pero que hemos de
entender que sería aproximadamente de la mitad del contemplado en la hipótesis anterior y, por tanto, también algún efecto disuasorio sobre consumo. Yo le pregunto, señor Solbes: dada la reacción de mercado al real decreto-ley, ¿cuáles son los
efectos previsibles? ¿Va a resultar que el incremento de impuesto sobre el tabaco es deflacionista? ¿Va a beneficiarle su política inflacionista? Ayer mismo se encargó de decirnos el señor presidente del Gobierno que no tienen herramientas ni
instrumento alguno -o por lo menos el Gobierno no piensa aplicarlos- para el control de la inflación y, al tiempo, las reacciones posteriores nos sugieren que ustedes han distorsionado de forma grave -no quiero decir definitiva, puesto que nada hay
definitivo en los mercados económicos- un mercado que ya estaba distorsionado. Como digo, buena prueba de ello es que la aplicación del real decreto-ley de septiembre ya había dado el resultado paradógico de que casi ningún operador -solo uno-
decidió aumentos de precios como consecuencia del incremento impositivo y la mayoría de ellos decidieron encajar el aumento impositivo, y algunos incluso redujeron también el precio del tabaco, de los cigarrillos, como consecuencia del aumento
impositivo. Tenían precedentes, por eso nos sorprende especialmente que en sus análisis económicos no tomaran en consideración la posibilidad -posibilidad que, por otro lado, se justifica en el estricto ámbito de la racionalidad- de que los
operadores de mercado reaccionaran reduciendo precios y no incrementándolos, tal y como ustedes preveían.
Por tanto, con este real decreto-ley más las reacciones de mercado, explíquenos tres cosas: en qué queda la política sanitaria de reducción de consumo a través de incrementos impositivos, que entendemos dirigidos sobre todo a marcas de
precios baratos; en qué queda la recaudación prevista de este incremento del real decreto-ley y sus efectos inflacionistas, y, sobre todo, en qué quedan las alteraciones de precio que se han producido en el mercado.
Como digo, el mercado ha quedado alterado y en estos momentos ningún agente del mercado está satisfecho. Ustedes han conseguido violentar a todos los operadores del mercado, como por ejemplo a los fabricantes que, en unos casos de forma
directa y en otros de forma inducida, han tenido que reducir precios. Bien es verdad que esta es una decisión libre, pero, repito, una decisión libre inducida por una política de Gobierno, en este caso por una norma de Gobierno, el real
decreto-ley. Asimismo, los expendedores de tabaco en nuestro país han quedado muy afectados por una política errática de incremento de impuestos que no necesariamente deriva en incremento de precios -y la experiencia nos dice que en este caso no ha
sido así- y que les sorprende con unos stocks
a precio distinto, toda vez que la forma en que se negocian contratos en este mercado obliga a vender sin precio marcado en cuanto a las unidades físicas de tabaco vendidas y, por tanto, en este caso obliga a vender a pérdidas a los
expendedores de tabaco, con lo cual también en este aspecto el mercado ha quedado enrarecido.
Por otra parte, veo junto a usted a la ministra de Sanidad, que supongo que algo tendrá que decir, porque el objetivo de política sanitaria de este real decreto-ley se ha visto truncado de raíz por los hechos. No hay aumento de precios en
el mercado, sino una auténtica reducción de los mismos y las marcas baratas siguen siendo tan baratas como lo eran y las marcas más caras han reducido el precio y ahora también son más baratas que antes.
Señor ministro, por último, y con esto termino, quiero decirle que si nosotros manifestamos una vez más -y lo vamos a hacer votando negativamente a la convalidación de este real decreto-ley- el desacuerdo fundamental que tenemos con la
política económica que usted está dirigiendo no digo nada nuevo. Desacuerdo tanto en el control de la inflación -y esto, desde luego, alguna incidencia tiene - como en las propias decisiones largamente esperadas de reforma tributaria, y en este
sentido he de recordarle que este real decreto ley lo presentó usted el mismo día que nos presentaba una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ya ha merecido un análisis casi unánime por parte de la profesión de que no
hace prácticamente nada, como ocurre con la reforma del impuesto sobre sociedades, que está demorada para los años venideros y que suscita enormes dudas respecto a su potencialidad para producir efectos reales sobre la coyuntura económica en este
momento. Por tanto, esta, quizá, sea una nueva ocasión perdida. Yo no me cansaré de repetir esa frase; de hecho, cuando usted presentó la reforma fiscal el pasado mes de enero ya dije que lo que teníamos era un aumento de impuestos -el impuesto
sobre el tabaco- y de lo demás ya veríamos. Eso es lo que dije y lo repito aquí. Lo que teníamos era un aumento de impuestos de tabaco, que además no consigue los objetivos que se pretendían de afectar al precio del tabaco y, por tanto, al consumo
del mismo reduciéndolo, y, de lo demás, ya veríamos. Pero, señor ministro, como usted ve, la realidad nos demuestra que ni los reales decretos-leyes que ustedes proponen un día tienen los efectos esperados al día siguiente, como tampoco la reforma
fiscal que han anunciado va a tener efecto alguno para dinamizar la economía española. De la misma forma que está languideciendo una política económica que, en estos momentos, cuando ya se están percibiendo síntomas de que la coyuntura económica se
empieza a debilitar o en definitiva empieza a perder el impulso que desde hace años venía recibiendo, está de nuevo ausente de decisiones necesarias para conseguir los objetivos que se pretenden, y este real decreto-ley es una magnífica muestra de
ello. Se ha conseguido justo lo contrario de lo que se pretendía.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Utrera.
¿El Grupo Socialista quiere autorizar el turno a favor de la convalidación? (Pausa.) Si es explicación de posición, lo haremos a continuación. ¿El Gobierno quiere intervenir? (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): El señor Utrera sabe tan bien como yo de qué problema estamos hablando, y es cierto que el aumento de los impuestos puede traer consigo una bajada
de precios, siempre y cuando los márgenes sean muy altos, y esa es la situación que se está produciendo.
A las afirmaciones que ha hecho y a las preguntas que ha planteado me gustaría hacerle unos comentarios. En primer lugar, en cuanto a la evolución o al impacto sobre la recaudación, no es un tema que nos parezca especialmente significativo.
Nuestra pretensión es que los precios reflejen al final una realidad, especialmente la impositiva, que nos permita reducir el consumo tanto de las marcas baratas como en las altas. Lo que no nos parece correcto es la afirmación, que he creído
entenderle, de que solo las marcas baratas son dañinas para la salud; las altas también son dañinas para la salud. El tabaco es igual de malo en un caso que en otro. Hay operadoras internacionales y otras que lo que pretenden es que evitemos solo
las marcas baratas y no las marcas altas, y evidentemente esa no es la tesis que nosotros planteamos. Por lo tanto la medida que se ha adoptado es correcta, y lo que nos demuestra es que el margen que tienen las empresas todavía es muy alto. No
puedo más que repetir lo que he dicho anteriormente, y es que si la política de precios no refleja esta realidad lógicamente tomaremos en cuenta estas decisiones para adoptar otras futuras.
Por último, en cuanto a sus comentarios sobre el IRPF, del que ya tendremos ocasión de hablar, me extraña que diga que no tendrán efectos sobre la coyuntura. Me extraña que lo diga no porque no sea cierto, sino porque es absurdo que lo
diga, pues tanto usted como yo sabemos que no tiene efectos sobre la coyuntura. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Utrera, en turno de réplica.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Hago uso de un brevísimo turno de réplica para decirle al señor ministro que no me saca de ninguna duda ni me resuelve ninguna de las preguntas que le había planteado; eso sí, deja en el ambiente que se tomarán decisiones futuras. Sabemos
por la prensa, y además por aquella que tiene información más próxima al Gobierno, que quizá esté pensando ya en otra acción, en otro incremento de impuestos sobre el tabaco, y me gustaría que
el señor ministro nos lo aclarase hoy. Incido sobre la tesis básica que he defendido. Ustedes han fracasado con este real decreto-ley. Pretendían un aumento de precios y estos se han reducido. ¿Que hay márgenes en las empresas
productoras de tabaco? No me cabe ninguna duda, y si no los hay tendrán que presentar a sus accionistas unas cifras negativas de resultados. En cualquier caso, lo que el mercado a día de hoy nos dice -entiendo que es consistente, es decir, no es
una decisión de una semana ni de dos, sino que es estructural- es que los precios han bajado y que, por tanto, el objetivo principal pretendido de política sanitaria no se ha cumplido ni se va a cumplir con este real decreto-ley. Eso es lo que le
estoy diciendo, señor Solbes, y a lo cual tendrá que dar alguna respuesta. Me gustaría saber -quizá también a todos los grupos presentes en esta Cámara- si la respuesta es que como este real decreto no vale y ustedes lo van a aprobar por puro
trámite nos van a traer otro; que nos van a traer otro incremento de impuestos, este sí basado en el precio unitario, al que usted ha hecho alguna mención sin nombrarlo expresamente. Al final, lo del precio unitario no deja de ser una terminología
moderna para un problema antiguo, porque el impuesto unitario usted ya lo tiene, es el impuesto específico, es decir el que grava volumen, el no vinculado a precio y que generaría ese objetivo, que alguna vez hemos oído a las autoridades sanitarias,
de que las cajetillas de tabaco no se vendieran a precio inferior a dos euros por unidad.
Vuelvo a repetirle que este real decreto no consigue los objetivos que pretende; usted no nos da aquí una explicación real, simplemente nos dice que los operadores tienen margen y libertad para fijar los precios y anuncia veladamente
acciones futuras que quisiéramos conocer, para que esto no se convierta en algo como el Estatuto de Cataluña u otros proyectos que a día de hoy todavía no sabemos en qué consisten.
(Rumores.) Insisto en que debería explicar en qué consiste, entre
otras cosas porque los operadores lo demandan, lo demandan todos los fabricantes y los expendedores; debería ser un precio unitario, o algo parecido, que diera estabilidad a los precios en el mercado, porque un mercado con precios como los
actualmente vigentes, con marcas que están copando porcentajes cada vez mayores de mercado, cuya procedencia es exótica -por decirlo de alguna manera-, a los operadores tradicionales -no quiero decir con esto que haya que proteger a operadores
tradicionales, pero en cualquier caso son los que han estado actuando en España desde hace mucho tiempo- les está perjudicando gravísimamente, sobre todo -no lo olvide, señor Solbes- a los concesionarios de la expendedurías, a los que usted con esta
política les está obligando a vender a precio inferior al de coste, incumpliendo la Ley de Comercio, y va a haber procedimientos judiciales en ese sentido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Utrera.
Para fijación de posiciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, la diputada señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar la posición de mi grupo a favor del real decreto para el que hoy se pide la convalidación; sin embargo, quiero hacer algunas consideraciones que nos parecen oportunas. Cuando en el mes de septiembre el Gobierno
aprobó, junto con las comunidades autónomas, los márgenes adicionales de la financiación sanitaria, algunos ya decíamos que una de las cosas que se indicaban como un gran valor en la mejora de esa financiación, que era la transferencia a las
comunidades autónomas de parte de la recaudación de los impuestos sobre el tabaco, no iba a ser tal mejora para esa financiación en la medida en que inevitablemente, y después de la aplicación de la Ley contra el tabaquismo, tendría que verse
minorada. Eso tendría que ser así si la ley cumpliera uno de sus objetivos, que es persuadir al fumador de no seguir siéndolo. Por otro lado, también se valoraba que el mercado del tabaco iba a tener alteraciones, que iba a vivir una convulsión,
porque no solo estamos hablando de un problema de menor número de fumadores en el Estado español por la aplicación de la ley, sino que es una dinámica que se extiende por la Unión Europea, incluso por otros países de fuera de la Unión Europea, por
lo que el mercado inevitablemente tiene que verse alterado. Por tanto, la cuestión impositiva en materia de tabaco también tendría que verse alterada.
En este momento no vamos a considerar si la subida de este impuesto debería ser mayor que la que plantea el Gobierno por una razón, porque en estos momentos tenemos que tener en cuenta que existe una parte de población, la fumadora, que se
siente agraviada y agredida por una ley, y que evidentemente se sentirá agredida y agraviada si el elemento recaudatorio, aunque sea con objetivos o fines sanitarios, se incrementa en el tabaco. Por tanto, quiero manifestar nuestra posición
favorable al real decreto porque es un impuesto sobre un producto que no es de primera necesidad y tiene objetivos sanitarios que paliarán incluso los efectos nocivos del producto que se consume.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Para fijar posición, tiene la palabra el señor Mardones por el Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde 1982, en que se aprobó la Ley de transferencias de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma
de Canarias, la fiscalidad en su capítulo de los impuestos sobre las labores de tabaco ha sido seguida en Canarias con especial sensibilidad, ya que nuestro régimen económico y fiscal tiene una estructura diferente, como es el caso del IVA,
que no actúa en la fiscalidad del comercio en Canarias. Efectivamente, el real decreto-ley que hoy se trae a convalidación invoca dos leyes de características y naturaleza fiscal, como son la Ley 38/1992, que es la que en los impuestos especiales
se va a modificar con este real decreto-ley, y la Ley 13/1998, que se invoca también en el preámbulo de este real decreto-ley, referido al mercado de tabacos y normativas tributarias. Esto significa que, si el Gobierno del Estado democráticamente
toma una decisión fiscal, esa decisión tiene que ser mantenida por un principio de autoridad frente a empresas privadas que plantean un pulso para desviar la intencionalidad de la ley, que en este caso fue la Ley antitabaco de protección de la
salud. No hay régimen democrático que se haga valer que acepte ese envite por esa vía que han planteado las empresas tabaqueras; es decir, la de poner en circulación marcas baratas o la reducción de precios para neutralizar un proyecto de ley en
su momento, hoy ya ley, de prevención de la salud pública, de lucha contra el tabaquismo, y recuerdo los argumentos que aquí -celebro que este presente la señora ministra de Sanidad- defendió mi grupo al considerar como bien jurídico, sanitario y
humano proteger la salud frente a los efectos nocivos del tabaquismo. Qué cosa más curiosa, ahora, por una vía torticera de las marcas baratas o de la reducción de precios, unas empresas privadas que mantenían unos niveles de precios sobre la
cajetilla de cigarrillos de repente de la noche a la mañana son capaces de bajar estrepitosamente esas cifras, en una economía libre de mercado.
Nosotros entendemos que políticamente esto es una especie de pulso al Estado, de pulso al Gobierno, de
pulso al Parlamento, porque eso se produce después de que el Parlamento haya aprobado una ley de prevención sanitaria de la salud frente al tabaquismo.
Cuando tuvimos ocasión aquí de debatir esa ley la justificamos como protección de la salud pública, los 50.000 casos de cáncer de pulmón por efecto del tabaquismo que se producían, pero era una ley que situaba la lucha contra el tabaquismo
solamente desde el punto de vista normativo disuasorio; tocaba todos los aspectos de la comercialización, de la venta, de la distribución, etcétera, era una ley de efectos penalizadores, una práctica perfectamente acompasada con las normas
sanitarias, pero no entraba en el principio de la fiscalidad. Nosotros siempre hemos pensado que la disuasión del hábito pernicioso de fumar tenía dos áreas: la punitiva, que es la que la Ley antitabaco ha producido, y la fiscal, la disuasión no
solamente por una pedagogía sanitaría, sino por un efecto fiscal de política de precios. Si mantenemos en ese principio no podemos tolerar que empresas privadas, las tabacaleras, traten de sortear con una política de precios precisamente las
bondades que aquí habíamos justificado. Si el Gobierno no hubiera tomado unas medidas antitabaco, no solamente las de la ley aprobada en este Parlamento por iniciativa del Ministerio de Sanidad, el Gobierno estaría incumpliendo el principio que le
obliga por vía de la disuasión fiscal. Por esta razón mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. Además, con respecto a las prerrogativas de la fiscalidad en el archipiélago canario el diferencial se mantiene.
Todas las leyes canarias que tienen efectos sobre los impuestos especiales aplicados a los productos del tabaco: cigarrillos, puros o cualquier otra labor de picadura, etcétera, quedan también dentro del ámbito de competencias del Gobierno autónomo
de Canarias a través del impuesto general indirecto canario, el IGIC. Por tanto, manteniéndose el diferencial de precios -unos precios que, debido a esta cuestión fiscal, siempre han sido más bajos: con el régimen de puertos francos de Canarias,
con las leyes que he citado de 1982 o con las leyes de reforma fiscal sobre las labores y productos del tabaco que se han ido produciendo-, nosotros somos solidarios con este principio de protección de la salud y también de protección del principio
de fiscalidad reguladora que tiene que tener todo Gobierno. Por estas razones, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señora ministra de Sanidad, mi grupo se siente perfectamente identificado con estas medidas
y votaremos favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Señora García Suárez, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señor ministro, diputadas y diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar, como no podía ser de otra manera, a favor de la convalidación del real decreto-ley que estamos discutiendo en estos momentos y lo haremos por
varias razones que manifestaré brevemente, como también pasaré a comentar algunos interrogantes que tenemos y algunas de las cuestiones que más nos preocupan, sin que esto signifique que haya un cuestionamiento de la decisión que se toma ni de la
propuesta que se realiza con el real decreto. El Gobierno, de hecho, justifica las medidas debido a que el incremento de la fiscalidad que grava los cigarrillos se ha complicado, primero, por la aparición en el mercado de nuevas marcas de bajo
precio y, segundo, por la reducción del precio de otras ya existentes. Con posterioridad a esta subida impositiva ha habido una respuesta en forma de bajada de precios fundamentalmente de la multinacional Philip Morris y una reacción ulterior en el
mismo sentido de otras marcas. Es indudable que la reducción de precios de venta del tabaco
perjudica los objetivos en materia de política sanitaria del Gobierno. Nos sentimos totalmente solidarios con la medida y con los objetivos, como lo manifestamos y seguiremos haciéndolo en cualquier ocasión en la que haya un debate en el
que aspecto económico tenga una influencia clara y directa sobre la política sanitaria. En la exposición de motivos del real decreto se reafirma la finalidad recaudatoria, el tributo, pero también servir como instrumento de la política sanitaria,
como se recoge en el convenio marco de la OMS, ratificado por nuestro país, que reconoce la eficacia de los impuestos como medio para elevar el precio del tabaco y, por tanto, intentar reducir al máximo su consumo, sobre todo en la población más
joven. Todos somos conscientes de que este segmento de población es al que más puede afectar la reducción del precio del tabaco y la aparición de unas marcas que de alguna forma quieren romper el juego del mercado. Por tanto, nada que objetar en
este sentido, señor ministro y señora ministra, pero haré algunas consideraciones. Primero, tenemos una serie de interrogantes sobre la efectividad de la medida. Nos preocupa que esto continúe pasando, porque pensamos que puede volver a ocurrir.
Este es un pulso que se está echando al Gobierno y a una política sanitaria. Nos preguntamos si esto va a ir en la misma línea, incrementando impuestos, porque, si no, tendríamos que plantearnos otras medidas fiscales y no fiscales. Nos
preguntamos hasta qué punto no tiene que haber un gran acuerdo -quizás esto suponga, como se suele decir, ir con el lirio en la mano-, pero desde luego no puede ser que se eche un pulso a la salud, y está claro que esto es lo que está sucediendo.
Hay cuestiones que se han tratado en mucho foros y sobre las que ha habido propuestas en esta línea que tendrían que considerarse. Todos sabemos que hay sustancias adictivas -se pueden comprobar claramente, y están comprobadas- en
determinadas marcas de tabaco mucho más que en otras. En este sentido, también habría que profundizar en la posibilidad de introducir un impuesto -impuestos especiales- en aquellas marcas en las que se comprobara la existencia de sustancias
adictivas declaradas como materia absolutamente negativa para la salud. Quizás también sería preciso plantearse la introducción de un impuesto mínimo fijo -se utiliza ya en algunos países de la Unión Europea- con el fin de gravar más las cajetillas
de tabaco más baratas, ligadas también muchas veces a la generación de mayor adicción. Es probable que compaginar modificaciones en los tipos impositivos con la introducción de un impuesto mínimo por cajetilla sea una medida efectiva que contribuya
a sostener, por un lado, las expectativas recaudatorias del impuesto y, por otro, a lograr también unos objetivos en la política sanitaria. De todas formas, todo lo que acabo de señalar no nos evita tener que reflexionar también en otro sentido.
Primero, entendemos que sea preocupante el impacto de la menor recaudación, aunque usted, señor ministro, ha comentado que no es esta la preocupación más importante del Gobierno; sin embargo, a nosotros sí nos preocupa. A mi grupo parlamentario,
señor ministro -se lo digo desde el punto de vista económico-, le ha preocupado siempre que el Estado recaude menos impuestos. Nos ha preocupado en este tipo de impuesto, sobre todo porque tienen una doble finalidad, y nos preocupa enormemente
cuando hablamos del IRPF. La reforma que plantea el Gobierno va a significar como mínimo la recaudación de unos 4.000 millones de euros menos. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque no creemos en los milagros económicos, y consideramos que no será
posible -como también ha dicho la diputada del Grupo Mixto- mantener unas políticas de bienestar social y sanitarias, en su conjunto, con unas políticas fiscales en las que en lugar de intentar elevar los ingresos para poder tener no gasto social,
sino mayor inversión social, planteamos medidas que conllevan tener una menor capacidad recaudatoria y, por tanto, una capacidad inferior de inversión social. Aprovecharemos cualquier ocasión para dar todo nuestro apoyo a las políticas sanitarias y
vamos a recordar en todo momento aquellas contradicciones económicas que tiene con frecuencia el Gobierno.
Por último, ya que también nos acompaña la ministra de Sanidad, como no podía ser de otra manera pues este es un real decreto que afecta claramente a la sanidad, aprovecho para decir que estamos preocupados por algunas medidas que contempla
la Ley Reguladora del Consumo del Tabaco, que aprobamos recientemente, porque no están funcionando. Nuestro grupo parlamentario señaló insistentemente en todas las ocasiones que pudo diciendo que estas medidas iban a acarrear muchos problemas y que
no iban a funcionar. Hoy, la mayoría de bares de menos de 100 metros cuadrados son insoportables, muchísimo más insoportables de lo que eran antes de la Ley del tabaco; allí están yendo los menores y las familias, y la ley se está incumpliendo y
todos lo sabemos; se está incumpliendo porque, como nosotros decíamos, delegar la responsabilidad de decisión en los empresarios de la restauración no es lo que corresponde a una ley que pretende atajar el consumo del tabaco. Hoy, la mayoría de
restaurantes -lo dicen los estudios, las estadísticas, la prensa- de menos de 100 metros cuadrados son bares y restaurantes en los que está permitido fumar, y hoy aquellos que no fumábamos y que podíamos ir a algunos de estos bares y restaurantes
tenemos el gran problema de que nuestra salud y nuestras posibilidades de ocio se han visto empeoradas, por tanto algo está fallando. Yo, señora ministra, le diría con todo cariño que tenemos que reflexionar sobre estas medidas; seguramente
rectificar es de sabios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig para fijar posición.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señora ministra, nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del real decreto, pero querríamos manifestar algunas preocupaciones o dudas que tenemos ante la situación que ha producido la propia Ley del
tabaco y la actuación de las multinacionales o fabricantes de tabaco. Es evidente que los impuestos del tabaco son una fuente de ingresos tributarios, pero también -y es lo más importante- un instrumento para una política sanitaria correcta. Así,
la mayoría de observadores coinciden en que el medio más eficaz para reducir el consumo del tabaco es el incremento de su precio, con el añadido de que esto resulta especialmente efectivo respecto a la reducción del consumo de tabaco en segmentos de
la población como pueden ser los adolescentes que se inician en este hábito y a los que se pretende proteger del tabaquismo. Los últimos movimientos que se han producido en el mercado del tabaco, como la aparición de marcas llamadas baratas o el
desencadenamiento de una guerra de precios entre las empresas dominantes del sector en el mercado, aconsejan una subida de impuestos mucho más efectiva puesto que los actuales niveles de imposición son insuficientes, no terminan de producir el
efecto deseado, porque esta estrategia comercial, como usted muy bien ha dicho, señor vicepresidente, estos márgenes elevados que se ha demostrado que tenía el tabaco les ha permitido hacer esa rebaja de precios y en definitiva que los consumidores
del tabaco se diesen cuenta de cierta tomadura de pelo que había hasta ahora en el precio del tabaco. Comparativamente el precio de las cajetillas de tabaco es mucho menor en el Estado que en el entorno europeo y hoy es posible coger un vuelo
barato para viajar y comprar tabaco en el Estado español y volver a su país para hacer negocio con esta compra por la diferencia de precio existente, por ello harían falta medidas coherentes con la Ley del tabaco que se aprobó en este Parlamento.
Tenemos una Ley del tabaco para luchar por la reducción del consumo de tabaco y creo que son necesarias medidas fiscales que puedan hacer posible esa reducción en el consumo. Esta Ley del tabaco que fue aprobada después del debate social relativo a
lo malo que puede ser el tabaco merece que las medidas económicas nos ayuden. En Europa, en los países que gravan el tabaco, la reducción que se ha producido por el alza del precio ha sido evidente. La duda que plantea nuestro grupo parlamentario
es si este real decreto va a ser efectivo o el pulso de las tabaqueras, el pulso de las grandes multinacionales va a permitir seguir manteniendo esta guerra de precios. Nuestro grupo cree que seguramente será necesario adoptar nuevas medidas; no
sé si hablar de precio mínimo pero sí de afrontar con valentía el proceso de que las medidas impositivas en las labores del tabaco terminen con ese pulso de las empresas del tabaco de reducir el precio para intentar corregir lo que la ley quería,
que es la reducción del consumo de tabaco. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente la convalidación del real decreto pero me parece que seguramente habrá que afrontar, con otras medidas mucho más efectivas, una subida de los impuestos del tabaco
para que se haga realidad la reducción del consumo, que es lo que todos los que apoyamos la ley del tabaco queríamos. En ese sentido, votamos favorablemente pero también creemos que si no es suficientemente efectivo habrá que tomar nuevas medidas
para afrontar este problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señora ministra, señores y señoras diputados, Convergència i Unió quiere fijar su posición respecto a la convalidación del Real Decreto-Ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del
impuesto sobre las labores del tabaco.
En primer lugar, manifiesto nuestra gran preocupación por la motivación y por los defectos que ha tenido la aplicación de este real decreto en el sector de la distribución del tabaco. Nos han llegado diferentes sensibilidades desde los
distintos puntos de venta, de comercialización y de distribución del tabaco y los 15.000 o 16.000 estanqueros han hecho llegar sus inquietudes a la sociedad a través de los medios de comunicación. Por estas cuestiones vemos que existe en el mercado
una gran incertidumbre respecto a la motivación y a la aplicación de dicho real decreto, que existe en el mercado una gran inseguridad y un cierto desorden, motivado también por la aplicación de este real decreto.
Nosotros lo que queríamos evitar
es que por dicha situación de inseguridad e incertidumbre pudiera llegar a formalizarse un caos en la comercialización del tabaco. Señora ministra y señor vicepresidente, quizás el Gobierno no ha tenido en cuenta el poder de las multinacionales
porque es cierto que por la aplicación de este real decreto y por las consecutivas subidas de los impuestos -en algunos cigarrillos en el último año se ha producido un incremento del 55,38 por ciento- no se ha conseguido uno de los objetivos que
ustedes pretendían con el real decreto, que era el incremento del precio del tabaco para que así pudiera aplicarse con más facilidad la Ley del tabaco. El resultado final es que por este poder de las multinacionales, que en cierta medida ustedes no
han tenido en cuenta, en vez de incrementarse los precios se han producido rebajas importantes en la venta de los cigarrillos, con las consecuentes pérdidas que el poder de estas multinacionales ha ocasionado a muchísimos puntos de venta del Estado
-16.000 estanqueros- que están ejerciendo sus funciones en todo el territorio español. Esta pérdida de capacidad adquisitiva por parte de dichas pequeñas empresas les va a ocasionar, sin
ninguna duda, unas pérdidas notables en sus cuentas de explotación, por lo que entendemos que valdría la pena que el Gobierno tomara otra vez la iniciativa. No sé si la iniciativa va a ser lo que hemos leído en diferentes medios de
comunicación, así como otras cuestiones que nos han llegado, esto es, que los estanqueros ya han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que se produzca otro incremento impositivo y las multinacionales dejen de presionar a través de la rebaja de
los precios y se pueda conseguir el objetivo previsto por el Gobierno de que el precio de los cigarrillos suba. Tampoco es esta una cuestión que planteemos como un interrogante ante esta convalidación. Hasta ahora las medidas y los incrementos
impositivos que iban dirigidos a que los precios disminuyeran no han dado resultado; en vez de dar lugar a un orden y a una seguridad en el mercado, se ha provocado incertidumbre, inseguridad y desorden.
Nosotros pretendemos que no se genere un
caos y por eso la semana pasada hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que comparezca ante la Comisión de Economía el secretario de Estado de Economía y explique los efectos negativos hasta la fecha de las decisiones
tomadas por el Gobierno y al mismo tiempo instamos al Gobierno a que ponga orden en este sector. Somos conscientes, por las sensibilidades que nos llegan, de que existe incertidumbre y una gran preocupación por los estanqueros, que son los que en
definitiva comercializan en el territorio español una parte importante de la venta del tabaco, y no queremos, como ha ocurrido hasta la fecha, que se hagan huelgas encubiertas en algunos territorios del Estado español para así demostrar el mal
ambiente y el desorden que existe en este sector por un poder muy importante de las multinacionales, cuyas decisiones en cierta medida el Gobierno tenía que haber controlado y al final se ha visto impotente ante ello. El resultado actual en el
mercado es que el incremento del precio del tabaco que se preveía con la subida impositiva no ha dado el fruto apetecido y en vez de subir los precios se ha empezado a vender marcas de cigarrillos a precios muchísimo más bajos, con lo cual la
aplicación y el resultado de la Ley del Tabaco también queda en entredicho.
Señor vicepresidente, usted sabe que mi grupo se había comprometido a convalidar el real decreto y nuestro voto será favorable, pero al mismo tiempo Convergència i Unió les insta a que pongan orden en el sector y a que tomen todas las
medidas oportunas para que se puedan alcanzar los objetivos no conseguidos hasta la fecha y no medidas precipitadas que puedan ser contraproducentes para este mercado y que den lugar a pérdidas e inestabilidades que en ningún momento favorecerían el
sostenimiento de un sector que hasta ahora, con múltiples variaciones legislativas que hemos tramitado en esta Cámara, ha demostrado ser sostenible en el mercado y también, señor ministro, muy rentable para las arcas del Estado.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene ahora la palabra para fijar posición por el Grupo Socialista el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, señora ministra de Sanidad, subo a esta tribuna para apoyar el real decreto-ley del Gobierno que ha presentado el ministro de Economía
y vicepresidente segundo del Gobierno, quien ha explicado y justificado esta medida tanto los objetivos que pretenden como las razones por las que se rige la figura del real decreto-ley. Además, desde un punto de vista jurídico, atiende, como ha
explicado, a los preceptos constitucionales y a la comentada sentencia del Tribunal Constitucional dictada en aplicación de un recurso, que por cierto presentó el Grupo de Coalición Canaria ante un real decreto-ley también impositivo no solo sobre
el tabaco, sino también sobre el alcohol, por la que se reconocía que la figura del real decreto-ley se ajusta perfectamente al artículo 31.1 de la Constitución. Como ha explicado el señor ministro, se trata de evitar el importante riesgo de
acaparamiento de muchas marcas de tabaco y, con ello, un enriquecimiento ilícito por parte de los expendedores de tabaco.
Quiero empezar manifestando nuestro agradecimiento a todos los grupos de la Cámara -excepto al Grupo Popular, lógicamente- que han manifestado su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno y, además -que es importante-, a lo que significa
de rechazo al enorme pulso que este real decreto ha suscitado por parte de las multinacionales para obligar al Gobierno a adoptar una serie de medidas en contra de lo que tiene que hacer un Gobierno. Mi paisano y representante de Coalición Canaria,
señor Mardones -es una lástima, señor Utrera, que no haya escuchado su intervención- ha explicado muy bien la resistencia que puede ejercer el Poder Legislativo, o el Poder Ejecutivo en este caso, ante el enorme poder de las multinacionales. No nos
extraña que el Grupo Popular se quede solo, una vez más, en este intento de culpar al Gobierno de todos los males. Lo lamentamos, pero realmente se está convirtiendo ya en una costumbre por parte de su grupo y lo acabarán incorporando a su propia
cultura. Además, señor Utrera, en este caso usted se ha puesto del lado de las multinacionales que echan un pulso al Gobierno y a este Parlamento para intentar que modifiquen la ley que todos los grupos de esta Cámara apoyamos prácticamente por
unanimidad, atribuyendo al Gobierno, y no a las multinacionales, la bajada de precios que se ha originado y que dice usted que ha puesto en riesgo todas las medidas que tenían como objetivo la Ley antitabaco y este real decreto-ley. Se ponen del
lado de ese pulso que se le echa al Gobierno, y también al Legislativo, con el riesgo añadido de que esa bajada pueda provocar la desaparición de la necesaria competencia, cuando uno de los objetivos
de este real decreto-ley es el mantenimiento de una competencia necesaria e imprescindible para todo sector económico, y este lo es. Lo más grave es que si se mantiene este pulso y continúan bajando los precios y desaparecen todas las
marcas de no tan bajo precio, puede desaparecer la agricultura del tabaco en lugares como Granada, Extremadura o Canarias, porque ahora esas marcas están comprando el tabaco a los productores de un tabaco adecuado pero no de tan bajo precio. Usted
decía que ese tabaco venía solamente del exterior, pero no es así, aquí también tenemos productores a los cuales esas marcas les compran tabaco para poderlo manufacturar.
El análisis de la propuesta que trae el Gobierno ha de hacerse -y así se ha hecho- desde un punto de vista dual, tanto recaudatorio como sanitario. Como ya se ha recordado, la recomendación de la OMS dice claramente que la subida del tabaco
a través de los impuestos es una medida disuasoria, única vía que tiene el Gobierno para incidir en el precio del tabaco porque la normativa comunitaria establece que el precio del tabaco será libremente fijado por los productores de tabaco.
Usted también señala, señor Utrera, que eso se veía venir, que el Gobierno lo tenía que haber previsto. Desde que ustedes hicieron la primera subida de esos impuestos, en el real decreto que le indiqué antes, hasta ahora en que el tipo
impositivo se había trasladado a precios, por tanto, no era tan previsible. Además todo ha sido así y a lo largo de estos dos años ha habido una tendencia al alza. Solo a mediados del 2004 se empieza a advertir una tendencia al mantenimiento,
incluso a mediados del 2005 a la baja, y después de la Ley sanitaria vuelve a producirse una tendencia a la baja que es lo que intenta corregir el Gobierno con este real decreto-ley, pese a que desgraciadamente en el 2005 hubo una subida de
recaudación respecto al año anterior y un mantenimiento del consumo. Con esta medida de subir los precios que el Gobierno pretendía, usted también analiza que, como fijan los precios y el tipo impositivo es ad valorem sobre el precio de venta al
público, era previsible que bajaran los precios. No obstante, si hubiese leído detenidamente este real decreto-ley habría visto que el impuesto que más sube no es el que está sujeto a precio, sino el específico que sube un 47 por ciento, de 4,20 a
6,20, dos euros; mientras que el ad valorem que sí está sujeto a precio sube una cantidad mínima. Por tanto, no era previsible, como dice, esa tendencia a la baja porque el objetivo era conseguir una igualación de los precios, subir un poco más
las marcas de bajo precio para reducir su consumo entre la gente joven y lograr que el diferencial de precios entre las marcas más vendidas y las menos vendidas fuese más reducido. Ese era el objetivo. Es cierto que ese objetivo no se ha
conseguido, pero por lo que hemos explicado y han entendido todos los grupos de la Cámara a excepción del Grupo Popular, es un pulso que tenemos que rechazar y desde aquí rechazo enérgicamente el pulso que las multinacionales intentan echar al
Gobierno y al Legislativo para que modifiquen su política sanitaria, su política presupuestaria y su política de impuestos.
Nuestro grupo va a votar favorablemente este real decreto-ley y compartimos su petición de que no sea tramitado como proyecto de ley, lo que en mi opinión sería en un error. Tampoco los otros grupos lo han solicitado y por eso agradecemos
su apoyo a esta medida y también a su no convalidación como real decreto-ley, a lo cual se opone nuestro grupo.
Por todo lo dicho anteriormente lamentamos una vez más esa oposición que por costumbre hace el Grupo Popular, pero aun teniendo en cuenta lo que ha pasado y analizando que el señor ministro ha anunciado que hay que dar un tiempo prudencial y
no tomar medidas coyunturales, ya que puede haber otro tipo de soluciones dependiendo de los resultados de los dos o tres próximos meses, nuestro grupo entiende que hay que dar un tiempo para que el Gobierno pueda reaccionar y tomar meditadamente
una decisión igual a la que ha adoptado de subir este tipo de impuestos con esta tipología o adoptar otro tipo de medidas conducentes a lograr los objetivos marcados: recaudación para aplicarlo a la sanidad y también la reducción del consumo
especialmente en la gente joven para lograr los objetivos marcados por la Ley sanitaria.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Señor Utrera, un segundo. En el turno de fijación de posiciones no es habitual su petición, pero le doy dos minutos. Por favor, sea muy breve en su réplica.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente, menos de dos minutos.
Quería hablar toda vez que el portavoz socialista ha dicho que me he puesto del lado de las multinacionales, y en materia de tabaco hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo cuando se menciona a las multinacionales. Quiero
recordarle a usted, lo mismo que al ministro de Economía, que en el año 1996 el mercado del tabaco en España, y por tanto el consumo de tabaco en España, estaba en más de un 15 por ciento suministrado o atendido por importaciones ilegales, es decir,
por contrabando de tabaco que provenía de multinacionales, y que ya en los años 2001 y 2002 la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se encargaba del control del fraude fiscal y también, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, del
control del contrabando de tabaco, había conseguido reducir ese consumo a menos del 2 por ciento, problema que ya está resuelto, que el señor ministro de Economía se ha encontrado resuelto, que en la pasada década ha sido un factor muy
distorsionante del mercado del tabaco y que efectivamente ya no existe.
A partir de ahí, todos, por lo menos los que nos dedicamos a esto y tenemos racionalidad para analizar los
problemas y, por cierto, me gustaría que el señor Solbes nos dijera ahora si él participa de la tesis...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Utrera, usted debe contestar al señor Armas, no al señor ministro, usted está interpelando al señor Armas. Por favor, acabe, porque además lleva ya un minuto.
El señor UTRERA MORA: Nos gustaría que se dijera desde el Gobierno si se participa de la idea de que se está echando un pulso al Gobierno por parte de empresas que fijan sus precios libremente y lo hacen de acuerdo con una racionalidad que
yo antes ya les he descrito, pero mucho cuidado con decir que estamos de parte de unos o de otros. Nosotros estamos de parte del mercado, y ya he dicho que con este real decreto no bajan los precios ni se reduce el consumo, se afecta a los
operadores nacionales del mercado de tabaco y se ha creado el desconcierto en el sector expendedor del mercado de tabaco, precisamente por la volatilidad de precios que ha creado. Esas son justificaciones más que suficientes para oponerse a un real
decreto-ley que no ha cumplido nada de lo que pretendía. Ahí tiene usted la racionalidad, y no diga, porque es una simpleza, que nos hemos puesto del lado de las multinacionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Utrera.
(El señor Armas Dárias pide la palabra.)
Señor Armas, tiene usted también un turno de réplica de dos minutos.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para ratificar que lo que usted ha hecho a lo largo de todo su discurso ha sido justificar la postura de las multinacionales echando un pulso, insisto, y no sólo he sido yo, todos los demás grupos parlamentarios lo han citado.
Lamento, como también dije antes, que usted no haya escuchado la intervención del señor Mardones, porque mientras él intervenía usted estaba hablando con un compañero de escaño todo el tiempo (Protestas.); por tanto, no se entera de lo que los
demás grupos le han dicho, no solo yo.
En cuanto al contrabando de tabaco, el real decreto hace una subida moderada en el precio, en el tipo impositivo proporcional, precisamente para no provocar una subida espectacular de los precios del tabaco que sí supondría el riesgo de la
aparición del contrabando o del mercado transfronterizo y que puedan irse a comprar tabaco a otros países. Ese es el riesgo, pero esta medida ha sido muy moderada, y precisamente por ese pulso del que él ha hablado y que yo creo que existe, a
todos, no solamente al Gobierno, sino también a los estanqueros y a otras empresas que no puedan aguantar esa bajada de precios para sacarlas del mercado -y no me extrañaría que apareciera pronto alguna OPA hacia alguna de esas empresas que venden
en este momento también marcas de tabaco para quedarse en exclusiva con el mercado-, precisamente por eso, es por lo que sería más necesario el apoyo a estas medidas del Gobierno y a las futuras que pueda tomar.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Armas.
Tal como hemos acordado al inicio de la sesión, votaremos esta convalidación no antes de la una de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Entramos en el punto IX del orden del día: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Turno a favor de las enmiendas presentas.
Grupo Parlamentario Mixto. ¿Quién desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presentó una serie de enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, siguiendo las líneas y los intereses de una organización política nacionalista, como el Bloc
Nacionalista Valencià. Lo hicimos en la medida en que, al no haber representación de esta organización política en el Congreso de los Diputados, consideramos que podíamos cumplir esta función sustitutoria. Queremos dejar claro que no es norma del
BNG interferir en las decisiones de los parlamentos autonómicos sobre cuestiones que se refieren a sus realidades nacionales o regionales y a las formas de pretender desempeñar el autogobierno. Por este mismo motivo siempre dimos nuestro voto
favorable a la libre decisión de esos parlamentos, como forma de respeto institucional por la expresión de la voluntad popular que allí está representada.
Nosotros presentamos estas enmiendas en consonancia con los intereses de un sector del pueblo valenciano y queríamos defender específicamente tres. Dos de ellas se refieren a la denominación del valenciano, de tal manera que no figure como
idioma sino como caracterización de una forma de hablar en Valencia que corresponde a un sistema lingüístico de ámbito mayor, que es el que se conoce en filología con el nombre de catalán, y que abarca un territorio lingüístico tan amplio como son
Cataluña, las Islas Baleares y Valencia, por no
salir del Estado español. Este aspecto para nosotros es crucial y consideramos que se debería de haber tenido en cuenta en concreto en la reforma del Estatuto. Por eso hay una enmienda al artículo 7 donde proponemos el siguiente texto:
Valenciano es la denominación histórica que en el País Valencià se le otorga a la lengua común compartida y considerada como propia en las comunidades autónomas de Cataluña, Illes Balears y País Valencià.
En relación con esta cuestión tan importante pensamos, en consonancia con este sector del pueblo valenciano del cual intentamos transmitir aquí sus demandas, que la Generalitat debería garantizar el uso normal y oficial de las dos lenguas,
tomando las medidas necesarias para asegurarse, a través de políticas activas, su conocimiento y creando las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de su uso y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos del País Valenciano.
Específicamente está claro que una lengua propia necesita un impulso para acabar con su situación de anormalidad. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
El otro aspecto, para nosotros clave, de las enmiendas es precisamente la representación en el Parlamento valenciano de todos los segmentos ideológico-políticos de cierta relevancia que existen en Valencia. Para eso es fundamental
posibilitar, ya que se trata de incitar a la mejora del contexto democrático, la presencia de todos estos segmentos significativos y que no se siga excluyendo a fuerzas políticas por el hecho de no tener el 5 por ciento. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Discúlpeme, señor Rodríguez.
Señorías, ruego que se mantenga el ruido ambiental en condiciones que permitan al interviniente expresarse con claridad. Gracias. (Pausa.)
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que se modificase el criterio de que para tener representación en el Parlamento valenciano haya que alcanzar el 5 por ciento, no en las respectivas circunscripciones electorales sino en el conjunto de la comunidad autónoma. Nos
gustaría que por lo menos estas cuestiones fuesen tomadas en consideración. Hemos visto que de forma desconsiderada no fueron atendidas por los dos grandes partidos que tienen hoy la hegemonía política en Valencia, y todos estos impedimentos al
servicio de una estrategia bipartidista se agudizaron con comportamientos que consideramos poco transparentes y de apropiación indebida de enmiendas de otros grupos políticos, no para favorecer precisamente el pluralismo sino para seguir
garantizando que el control del proceso democrático en Valencia lo siguen teniendo el Partido Popular y el PSOE. Por eso no podemos apoyar el dictamen de la Comisión. Nos gustaría que se utilizase esta sesión para acercarse, si es posible, a una
posición más plural en estos dos temas que hemos señalado, lo que permitiría el apoyo del Bloque Nacionalista Galego al dictamen de la Comisión y, por tanto, al Estatuto de Valencia que hoy se va a someter a votación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Con permiso de la señora Barkos, antes de su intervención quisiera dar la bienvenida en nombre de la Cámara a la representación de les Corts Valencianes y del Consell de la Generalitat valenciana, que nos honran con su presencia.
A continuación, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Para fijar posición, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): En ese caso, señora Barkos, tendríamos que dar primero la palabra a los intervinientes del Grupo Mixto que tienen enmiendas y, por tanto, la tiene el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera saludar a los representantes de las Cortes Valencianas e indicarles que Chunta Aragonesista sí defiende el derecho de cualquier Parlamento, sea el valenciano o cualquier otro del Estado, a formular sus modelos de
autogobierno y a presentar sus propuestas de estatutos de autonomía.
Chunta Aragonesista defiende el derecho al debate democrático, a la defensa de las propuestas en los ámbitos político-parlamentarios que correspondan, a que se siga el procedimiento establecido en la propia Constitución para su tramitación y
debate y posterior votación democrática. Por eso quisiera recordar palabras ya citadas en otros debates parlamentarios: Chunta Aragonesista apuesta por un modelo de Estado que se basa en un federalismo solidario. Defendemos la búsqueda de amplios
acuerdos que sientan detrás el respaldo de la sociedad a la que representan. Ahora bien, quiero recordar que durante el debate de presentación plenaria de este texto anunciamos una enmienda parcial de Chunta Aragonesista destinada a modificar el
artículo de esta reforma de Estatuto que explícitamente se refiere a impulsar el transvase del Ebro.
Decíamos entonces que no podríamos dar el voto favorable de Chunta Aragonesista a esta reforma si en todo el trámite parlamentario se seguía
manteniendo esta referencia tan explícita a la demanda de la posibilidad de volver a retomar el transvase del Ebro como elemento clave de política hidrológica. Por este motivo mantenemos la enmienda parcial de Chunta Aragonesista que no fue
aprobada por la Comisión Constitucional. Chunta Aragonesista solo quiere ser coherente con su compromiso con los electores,
con su trayectoria política, con los principios reguladores de la Directiva marco del agua y, por si quedaba alguna duda, no creo que haga falta recordarles el informe jurídico de los propios servicios de la Cámara ante la propuesta pro
transvase que se va a aprobar, lamentablemente, donde se cuestiona abiertamente lo planteado en el artículo 17 del dictamen de la Comisión y se explica, entre comillas: Mayores dificultades encuentra, por ello, el reconocimiento del derecho de
redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, que si son extracomunitarias superan además el ámbito competencial y si son intracomunitarias podrían configurarse más como un objetivo de la gestión pública del agua de la comunitat
que como un derecho público subjetivo.
Repito que no es un informe de ecologistas radicales ni de nacionalistas aragoneses furibundos, sino de gente que ha demostrado sobradamente su valía profesional en esta misma casa.
En definitiva, con esta enmienda parcial que defendemos queremos ser consecuentes con la nueva cultura del agua, que no pasa por los transvases ni por los blindajes sino por el uso racional del agua, por entender la unidad de cuenca como
elemento básico de gestión hidráulica que nos obliga a todos los territorios a entendernos; una nueva cultura del agua que apuesta por el uso sostenible, por la modernización del regadío y por los planes especiales contra la sequía, abandonando la
aberración y la tentación transvasista. Por este motivo y por otras razones que se van a exponer en esta Cámara, como la cuestión de la barrera electoral, un mejor tratamiento del tema de la lengua o la propia cuestión de la financiación, votaremos
no a esta propuesta de reforma, precisamente porque sí queremos un Estatuto de primera para Valencia pero que no pasa por mantener viva la esperanza del transvase y que solucione favorablemente para las gentes del País Valenciano los temas
planteados en los apartados superiores. (Rumores.)
Muchas gracias, señora presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Labordeta.
Es muy incómodo para la Presidencia tener que estar reclamando un nivel de audición que permita que las señoras y señores intervinientes puedan hacerlo con tranquilidad, por lo que rogaría a SS.SS. que se autorregularan.
Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
La señora NAVARRO CASILLAS: Señorías...
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señora Navarro.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Simplemente me gustaría que quedase claro que luego tendremos el tiempo correspondiente -que nadie se preocupe porque no vamos a consumir más tiempo que los demás grupos- a la fijación de posición. ¿Esto es así?
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Efectivamente, señora Lasagabaster.
Tengo que decirle que ha habido telepatía entre S.S. y la Presidencia porque al interrumpir a la señora Navarro iba a recordarles que la Mesa y la Junta de
Portavoces acordaron aplicar con cierta flexibilidad los tiempos fijados en función de la importancia del debate. Solamente pido que esa flexibilidad la autorregulen las señoras y señores intervinientes a los efectos de limitar la intervención de
la Presidencia.
Continúe, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, como saben, hoy nos acompañan representantes del pueblo valenciano del Pepesoe, unidos de nuevo en su romance para defender su propuesta de Estatuto valenciano. Las preguntas inevitables y obligadas son: ¿Qué representa este
Estatuto? ¿En qué modelo de Estado se inscribe? ¿Qué ofrece a los valencianos? ¿En qué avanza respecto a la situación actual? Es difícil de saber porque ustedes, representantes del Partido Popular y del Partido Socialista, se presentan ante la
ciudadanía como ejemplo de acuerdo y consenso reflejado en este Estatuto, pero cuando hablan del contenido mantienen discursos muy dispares, discrepan. Cuando se habla de los derechos reconocidos en este Estatuto, el señor Pla dice que son grandes
avances en cuanto a derechos sociales plenamente garantizados; sin embargo, el Partido Popular dice que en ningún caso hay derechos en este Estatuto sino principios rectores, porque los derechos son los que se recogen en la Constitución española.
En cuanto a la lengua, según el Partido Socialista, como recoge expresamente la Academia Valenciana de la Lengua y ésta ha manifestado en su dictamen la unidad lingüística, no hay ningún problema, no hay pasos hacia el secesionismo lingüístico; en
cambio, el Partido Popular defiende que es todo lo contrario, es decir que gracias a establecer el término idioma delante de valenciano se deja claro que el valenciano y el catalán para ustedes no es la misma lengua. Como digo, discursos dispares.
Uno de los dos miente.
Para nosotros este Estatuto se enmarca simple y llanamente en un lugar en ninguna parte, como son las estaciones de tren o los pasillos de los aeropuertos mientras se espera. ¿Viaje de ida o de vuelta? Este es ya, antes de su aprobación
definitiva, un Estatuto del pasado; este sí que tendrá que ser reformado pronto -nosotros desde luego lo pediremos, lo exigiremos- para adaptarse a la nueva generación de estatutos, al nuevo Estado español
de las autonomías, que avanza a través de la reforma de sus estatutos a pesar del Partido Popular. Este Estatuto no está elaborado pensando en el País Valenciano, ni hacia ni para ni por los valencianos, porque no mira hacia nuestra tierra
sino hacia la escenificación pública del acuerdo Pepesoe que necesitaban unos y otros por motivos seguramente antagónicos: un PSOE preocupado por escenificar un pacto y un Partido Popular preocupado -según dicen- por la unidad de España,
supuestamente amenazada. Tan preocupados estaban ustedes que nos han condenado a un Estatuto exprés para que saliera el primero de todos, como si fuera un sencillo formulario de la Administración, un formulario sin rellenar, sin nombre, sin
aspiraciones, sin exigencias, un formulario en blanco. Esto es lo que es este Estatuto. Se ha elaborado en el peor contexto posible al estar en manos de dirigentes políticos carentes de una visión clara de qué propuestas ofrecer a los valencianos
como pueblo, más allá, eso sí, de la demagogia del agua y de la capitalización del secesionismo lingüístico. De ahí, por supuesto, deriva la famosa cláusula Camps, una evidencia de que los autores del texto no saben ni lo que quieren ni lo que
viene para todos los estatutos. Y así los valencianos volvemos a frenar noves glòries a Espanya, como canta el llamado himno regional. Sin exigencias, sin reivindicaciones, nos condenan a un Estatuto sin Estatuto.
Señorías, a esta carencia de contenido hemos de añadir desafortunadamente la carencia de ética democrática seguida en su tramitación por ambos grupos, sin ética y con prisas. Y no hay que olvidar la carencia absoluta de firmeza del
secretario general del Partido Socialista del País Valenciano, Joan Ignasi Pla. Este se comprometió pública y voluntariamente con Izquierda Unida a aceptar dos enmiendas a cambio de que pasáramos a la abstención. Este compromiso, como ustedes
saben, generó mucha ilusión y expectativas entre muchos valencianos, incluso votantes del Partido Socialista, una expectativa de mejora del texto que no se ha dado. Se trataba, como saben, de la famosa barrera electoral y, en cuanto al valenciano,
como mínimo volver a la redacción del Estatuto vigente para evitar reabrir la batalla judicial que lleva más de 23 años, culminada, eso así, con el cien por cien de sentencias, incluida la del Tribunal Constitucional, que otorgan la razón a la
unidad lingüística. El PP utilizó como siempre sus amenazas de retirar el texto y habló, cómo no, de catalanismo, despreciando una vez más la inteligencia de los valencianos en los dos sentidos del término. Despreció, en primer lugar, la
inteligencia de los científicos más autorizados para hablar de cuestiones filológicas y lingüísticas: las universidades de Baleares, Cataluña, País Valenciano, la Real Academia de la Lengua y un largo etcétera, porque ustedes legislan aquí, hoy y
ahora contra la realidad científica, contra las academias y contra las universidades. Así, también desprecian la inteligencia y capacidad de comprensión de los valencianos de que su lengua es la misma que la que hablan en Tortosa, en Lérida o en
Mallorca. Sencillamente hacen como la Inquisición romana, que juzgó a Galileo por divulgar que la tierra no era el centro del universo sino un planeta que rotaba y el centro era el sol. La amenaza de la retirada del Partido Popular es muy
indicativa del escaso valor que le dan ustedes al Estatuto, a todo su contenido. ¿Por qué retiran el Estatuto si se quita la barrera electoral del 5 por ciento y se pasa al 3 por ciento? ¿Qué valor le dan entonces al Estatuto? ¿Qué valor tiene el
resto del Estatuto? Está claro que, para ustedes, ninguno.
En definitiva, creemos que ha quedado claramente demostrado que nosotros, Izquierda Unida-Esquerra Unida, sí teníamos una auténtica voluntad de diálogo y aspiración de mejorar el texto estatutario, y ha quedado claro tanto en este acuerdo
con el Partido Socialista del País Valenciano como en la tramitación del texto de la ponencia; tramitación, eso sí, exprés, que por cierto requirió de enormes subsanaciones de errores por la mala redacción, indigna de un texto de esta naturaleza:
la Carta Magna, señorías, de todos los valencianos. Y para eso, poco más que para eso ha servido el Congreso de los Diputados, para corregir su deficiente redacción y los artículos inconstitucionales que alegremente pactaron en las Cortes
Valencianas. El debate en Comisión, como están denunciando los grupos que están interviniendo, no fue más que un rodillo bipartidista, rápido y a sangre fría para acabar pronto con el Estatuto sin Estatuto. A nosotros, a pesar de nuestra voluntad
de diálogo claramente demostrada y de todas nuestras contribuciones y propuestas positivas, se nos ha negado la posibilidad de formar parte de este Estatuto, de tener un reflejo en este Estatuto. Se han truncado así las aspiraciones de miles de
valencianos que seguirán sin tener voz en el Parlamento, señorías. Al final, a unos y a otros se nos condena a tener el Estatuto de Autonomía español por excelencia, tal y como no deja de señalar el señor Camps, presidente de la Generalitat
valenciana, en las entrevistas.
Permítame, señor Camps, que le diga una cosa directamente. Hay leyes que tienen por objeto proteger los intereses de España y otras regular las competencias, instituciones, cultura y particularidades de una comunidad, y usted utiliza lo
segundo para lo primero. Encima pretenden aprobarlo el 25 de abril, fecha de conmemoración de la derrota de la batalla de Almansa y punto de partida de lo que se ha llamado la nueva planta, esto es, el conjunto de medidas jurídicas, políticas y
administrativas dictadas por el Gobierno de Felipe V para la reorganización de los territorios forales de la Corona de Aragón. Como decía Felipe V: Reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y
tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla. Seguro, señor Camps, que el señor Rajoy le está muy agradecido por su trabajo. Como decía el diputado del Parlamento Europeo, Xavier Rubert de Ventós,... (La señora Navarro
Casillas pronuncia palabras en catalán o en valenciano.) No sé si lo he dicho en valenciano o en catalán y si me habrán entendido todos los que hablan esta lengua, que es la misma con dos
denominaciones, eso sí, ustedes ya lo contarán como quieran en Canal Nou.
Respecto a la identidad, se dice que la identidad de un pueblo está por encima de sus gobernantes. Otros, sin embargo, hacemos balance y observamos que el trabajo
que lleva a cabo el Partido Popular de censura y persecución de los símbolos históricos culturales del pueblo valenciano, la marginación de las diversas manifestaciones de cultura, como la canción en valenciano, la escuela en valenciano, la
literatura en valenciano, está causando un daño irreparable que impide un entendimiento entre las distintas posturas enfrentadas en la sociedad valenciana, que impide su eventual conciliación. Se niega nuestra historia y en el Estatuto nos llaman
nacionalidad histórica. Resulta realmente irónico. Es más, se fomenta el enfrentamiento por parte de la derecha más extremista, con una actitud totalitaria ante una concepción legítima que busca sus fundamentos en el rigor y la racionalidad, y no
en la mitología ni en la deformación interesada de los hechos, para elaborar un proyecto político solidario que responda a nuestras peculiaridades y necesidades, sin recurrir a ninguna forma de xenofobia.
Señorías, mientras no tengamos un Estatut en el que nos encontremos cómodos todos los valencianos de sectores culturales, políticos y sociales distintos, donde todos encontremos un espacio, aunque sea un hueco, se seguirá alimentando el
enfrentamiento y los conflictos sin mirar nunca hacia el futuro y hacia su solución. Ese modelo de Estatuto era ya nuestra aspiración en el año 1982, como se refleja en las actas de este Congreso, y 23 años después poco hemos avanzado, seguramente
porque al Partido Popular el conflicto le da votos y por eso lo alimenta. Lo que no entendemos es cómo el Partido Socialista se subyuga a ello. Prueba de ello, además, son las actitudes de censura; de censura, sí, porque a nuestro grupo
parlamentario le impiden la utilización del término País Valenciano, incluso se pretendió mantener este veto aquí en el Congreso de los Diputados. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Para impedir eso intentamos
hablar con el Partido Popular y con el Partido Socialista y poder incluir el término País Valenciano no solo en el preámbulo sino también en el texto normativo, hacer alguna referencia a ello. Se nos ha negado esa posibilidad. Nos impiden entrar
en la negociación del Estatuto y nos censuran la utilización del término País Valenciano. De verdad que son ustedes muy demócratas.
En este Estatuto, como vemos, no hay avances significativos ni soluciones a las cuestiones identitarias básicas de nuestra comunidad, pero tampoco se avanza en derechos, señorías. A la vista de las competencias exclusivas o compartidas que
se ejercen por las comunidades y la evidente dificultad de modificar la Constitución española, el Estatuto se erige como instrumento óptimo para recoger y garantizar la nueva generación de derechos; derechos que nos acerquen a un concepto más
amplio de ciudadanía, que nos enriquezcan en cuanto a la democracia. Voy a dar dos ejemplos: la no discriminación por razón de orientación sexual y el derecho a un medio ambiente adecuado y sostenible; nuevos derechos con garantías, como se ha
hecho y se está haciendo en otros estatutos, como el que está ya en la Cámara, el Estatuto catalán, y como se está redactando en el andaluz y las propuestas que vienen de Galicia, de Canarias, etcétera, como en todos los demás, pero no en este
Estatuto. En este Estatuto solo hay principios rectores con un redactado vago e inconcreto. Ustedes, los autores del texto, ni siquiera admitieron una enmienda para que no dijera solo protección integral de la familia, sino que dijera: en
cualquiera de sus manifestaciones. Voy a leer el texto porque queda así: La protección integral de la familia y los derechos de las situaciones de unión legalizadas. Vaya, es que las uniones legalizadas no son familia para este Estatuto. Ello
pone de manifiesto que este Estatuto representa las ideas del Partido Popular, implica una concepción muy limitada de la familia, a saber, la que dice el Papa Benedicto XVI, muy alejada por cierto de la realidad social valenciana. Y las preguntas
que cabe plantearse son: ¿Hay que proteger a la familia? ¿Está realmente en peligro la familia? ¿O era más necesario, ante los ataques homófobos que se están padeciendo en el País Valenciano, un Estatuto que deje clara la obligación de los
poderes públicos de impedir cualquier discriminación por razón de orientación sexual? ¿Qué era más relevante? ¿Qué hacía falta? Desde luego, cobardía del Partido Socialista y mucha coherencia del Partido Popular. Yo se lo reconozco. Y así, lo
que tenemos es un Estatuto donde no se menciona una de las mayores lacras de nuestra sociedad actual, la homofobia y la transfobia. Pero no hay que desesperar, señorías. Tenemos un nuevo derecho, el único que viene precedido del término
garantizará, el derecho al agua y el derecho de redistribución de sobrantes de agua de cuencas excedentarias. Ante esta cláusula, los servicios jurídicos de la Cámara alertaron de que, siendo el agua de dominio público, difícilmente se podía hablar
de derecho de los ciudadanos y, en consecuencia, aún es más cuestionable jurídicamente hablar del derecho a los transvases. ¿El derecho de quién? ¿De los ciudadanos? ¿Cuál es el sujeto jurídico? Pero a ustedes eso les da igual; les da igual que
jurídicamente no sea aceptable. Lo que ustedes hacen, como siempre, es pura demagogia, incluso la incluyen y la elevan a la categoría de ley orgánica en este Estatuto de Autonomía. Nosotros desde Izquierda Unida-Esquerra Unida reclamamos
sencillamente una buena gestión de los recursos hídricos, porque tenemos las aguas más contaminadas del Estado en cuanto a nitratos y fósforos seguramente por su sobreexplotación, porque perdemos el 28,4 de agua en las conducciones frente al 18,7 de
media del Estado, porque el acuerdo de modernización de regadíos de 2001 está casi sin empezar, porque tiramos al año 173 hectómetros cúbicos de aguas depuradas. A ello hay que añadir que más del 60 por ciento de los planes urbanísticos que se
están aprobando y a los que el Consell da el visto bueno
tienen un informe desfavorable de las confederaciones hidrográficas que dice que no va a haber agua para esas viviendas. Pero a ustedes eso no les importa porque, señorías, ustedes creen que las mentiras repetidas una y otra vez se hacen
verdad. Pues no, señorías. Las mentiras repetidas una y otra vez, aunque sea en televisión, aunque sea en Canal Nou, no se hacen realidad. Dejen de hacer demagogia y enfrentar a los valencianos y pónganse a trabajar para resolver los problemas y
necesidades de los ciudadanos, pero ajustándose a los hechos y a las realidades con las que nos encontramos, porque las mentiras no permiten regar los campos.
En resumen, protección integral de la familia, derecho de los transvases, idioma valenciano, un monasterio como centro espiritual de todos los valencianos. ¿Hay alguien que duda de quién es este Estatuto? ¿Hay alguien que duda de su
autoría y a quién representa? Está hecho a imagen y semejanza del Partido Popular y lo que se preguntan muchos valencianos es qué pinta aquí el Partido Socialista. Pero ustedes sabrán. Lo que nosotros tenemos claro, como Izquierda Unida-Esquerra
Unida, es que ni por su contenido ni por su forma merece nuestro voto, lo que merece es el voto en contra. Eso sí, hubiéramos deseado que no fuera así. Si cuando menos se hubieran aprobado las dos enmiendas que propusimos, aun distando mucho de
ser satisfactorio para nosotros, hubiera significado al menos el reconocimiento de la importancia de que la izquierda valenciana formara parte del Estatuto de todos los valencianos. Pero ello, según las amenazas del Partido Popular, implicaba la
retirada, o al menos así lo creyó el Partido Socialista del País Valenciano. Ni por el contenido ni por la forma de su tramitación, ni por el escaso respeto que han tenido ustedes hacia las reglas mínimas de la democracia merece este Estatuto el
voto favorable. Señorías, tienen un suspenso en todos estos aspectos y no creo que lo aprueben en septiembre; un suspenso que, al parecer, les otorga la mayoría de los grupos de la Cámara porque lo que han conseguido con esta tramitación, según
anunciaban ayer los grupos parlamentarios, es ampliar el rechazo. Llegó aquí con el voto negativo únicamente de mi grupo parlamentario y hemos pasado al rechazo de casi todos los grupos de la Cámara. Desde luego, no han hecho un gran trabajo. Lo
que han demostrado es su intransigencia, su falta de diálogo, el bipartidismo y sencillamente el rodillo.
Tras dejar en evidencia la inexistencia de avances en derechos de los ciudadanos, veamos qué han acordado sus ilustrísimas en cuanto a financiación. ¿Con qué nos encontramos? Ninguna referencia a un sistema de financiación que garantice la
prestación de servicios públicos en nuestra comunidad; no ya el 50 por ciento ni el 35 ni el 40. Los valencianos no reclamamos nada. ¿Será porque nos sentimos bien tratados? Si es así no deja de ser sorprendente, ya que somos la comunidad
autónoma peor financiada per cápita de todo el Estado y de las tres más endeudadas. Pero la cosa no queda ahí. Además de ser los peor financiados, venimos disfrutando de grandes líderes políticos que confunden el interés general con el particular,
y así, por ejemplo, el señor Zaplana, ex presidente de la Generalitat valenciana, se endeudó en un 122 por ciento mientras que la media del Estado fue de un 47 por ciento, es decir, más del doble. Señor Zaplana, ¡qué manera de gastar! ¿Pero en qué
se gasta el dinero el Partido Popular? ¿Acaso en sanidad? Estamos a la cola en número de camas por hospital y en centros de salud.
¿En servicios sociales? Estamos a la cola en número de plazas de residencia para la tercera edad. ¿En educación?
Tenemos un número muy elevado de estudiantes en barracones. Tenemos la industria valenciana en crisis, el mayor número de expedientes de regulación de empleo de todo el Estado y somos la única comunidad donde el paro se incrementa mientras se
reduce en el resto del Estado. Repito, pues, la pregunta: ¿En qué se van gastando ustedes el dinero, señor Zaplana y señor Camps? En los ciudadanos valencianos está claro que no.
Señorías, la lectura del debate que se produjo en el año 1982 en este mismo lugar sobre el Estatuto del País Valenciano es tristemente actual, pero especialmente en cuanto a una de las mayores controversias que ha tenido la reforma
estatutaria: la barrera electoral. Veintitrés años después podría limitarme a leer las palabras del portavoz del Partido Comunista, que no han perdido nada de su validez y actualidad porque el Estatuto tampoco ha variado en la práctica. La
consecuencia sigue siendo la misma injusticia, pues dejar la mayoría de dos tercios en el Estatuto para modificar la Ley electoral requerirá el consenso del Partido Popular, que ya ha dicho una y otra vez, por activa y por pasiva, que nunca lo va a
aceptar. Las palabras del portavoz del Partido Comunista denunciaban el número de valencianos que se iban a quedar sin voz en el Parlamento valenciano; una barrera que, como saben, impide que uno de cada diez valencianos tenga voz en las Cortes
Valencianas. Veintitrés años después el Partido Popular sigue amenazando con retirar el Estatuto si se rebajaba la barrera electoral. ¿Y el pluralismo político, señorías del Partido Popular? ¿Es que le tienen miedo? La democracia no es solo
permitir que se vote, también incluye las reglas del juego, también incluye las leyes electorales. Ustedes dicen que es tan democrático el 3 por ciento como el 5 por ciento. Y yo les digo: ¿Por qué no el 10? ¿Y por qué no incrementan el
porcentaje a su gusto y así se escuchan ustedes solos? Sin duda de esta manera se sentirán más cómodos, así no tendrán que escuchar ninguna voz crítica que cuestione sus actuaciones y sus decisiones. También en el año 1982 el Partido Comunista
insistió en la necesidad de un referendo para ratificar el Estatuto y tampoco tuvo éxito, ni lo hemos tenido nosotros en esta tramitación. Resulta curioso que los valencianos no nos podemos manifestar sobre nuestro propio Estatuto, pero piden que
toda España se manifieste sobre el Estatuto catalán. Dos varas de medir para tantas y tantas cosas. Demasiadas incoherencias, demasiadas mentiras y solo 20 minutos de intervención.
Menos mal que, como dijo Antonio
Machado: 'Todo llega y todo pasa. Nada eterno: ni gobierno que perdure, ni mal que cien años dure.'.
Concluyendo, señorías, este no es el Estatuto de los valencianos sino un texto que no recoge la diversidad cultural del pueblo valenciano, sus distintas maneras de sentirlo y entenderlo; no avanza en derechos con garantías; no resuelve el
problema de la financiación; no avanza en democracia; consolida en su articulado el secesionismo lingüístico y promociona la demagogia del PP acerca del agua, elevando ambas cosas a la categoría de ley orgánica. Señorías, este es el Estatuto del
Partido Popular, por y para su visión particular y anacrónica de España, y solo merece el voto en contra.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Continuamos con el turno del siguiente grupo enmendante, que es el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
Como ya manifesté en el trámite de toma en consideración, el Grupo Parlamentario Vasco siempre ha querido mostrarse respetuoso con la voluntad emanada de los parlamentos autonómicos en los trámites de aprobación de sus respectivos estatutos.
En todo caso, nuestra única reserva se refiere a cuando pueda suponer límites a la propia voluntad del pueblo vasco o al desarrollo natural de lo que debería ser el Estado de las autonomías. Si ha quedado algo claro en el desarrollo de la
tramitación de este Estatuto en ponencia y sobre todo en Comisión -que de verdad ha sido acelerada- es que los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, se lo han guisado y se lo han comido, y no ha habido margen para
ninguna aportación de los partidos minoritarios, que en muchas ocasiones solo trataban de trasladar opiniones que sectores minoritarios pero presentes en la sociedad valenciana querían hacer llegar y hacer reflejar con modestia en el texto
estatutario. No se ha dejado aportar aun cuando, según parece, en un momento determinado muy próximo a la Comisión había un principio de acuerdo y, sin embargo, la Comisión fue bastante agitada. Lo que ha ocurrido finalmente es que ha habido un
acuerdo PP-PSOE, pero no nos equivoquemos, no ha sido acordado en Valencia, sino en Madrid. Eso fue así en el mes de abril de 2005, en el momento en que se dio luz verde, a través de una reunión en Madrid, a la presentación del Estatuto Valenciano,
y eso ha sido también lo que ha ocurrido ahora en la Comisión, que de un supuesto acuerdo que había la víspera de celebrarse la misma se ha pasado a una ruptura de esas posiciones para reforzar el acuerdo de Madrid PP-PSOE. El señor Trillo lo dejó
muy claro en la Comisión cuando dijo que las Cortes son soberanas para modificar conceptos, puntos y comas. No nos atan ni los puntos ni las comas. Lo que sí resulta sorprendente es leer algún artículo en el ABC como, por ejemplo, el de la semana
pasada del señor González Pons, conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación y portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, en el que hace una defensa a ultranza de la voluntad del Parlamento valenciano cuando se preveía que se
podía llegar a algunos acuerdos en el Congreso. Dice: que el Congreso apruebe una reforma en contra de la Generalitat y de la mayoría absoluta de las Cortes Valencianas va un trecho en el que el Estatuto deja de ser una norma pactada y se
convierte en una imposición ilegítima, en un decreto de nueva planta en el siglo XXI. La verdad es que yo advierto bastante contradicción entre esas posiciones y las que he mencionado anteriormente que se manifestaron por el Partido Popular en la
Comisión. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos que respetar la voluntad de los parlamentos autonómicos? ¿Verdaderamente hay esa voluntad dentro de los grupos mayoritarios o cuando se hacen reclamaciones por parte de otros lugares como, por ejemplo,
Euskadi, se las tacha de ser una voluntad de segunda supeditada a la voluntad soberana de las Cortes? ¿O resulta que ahora el Partido Popular ha cambiado de opinión? Desde mi punto de vista, la opinión es la ya manifestada por el señor Trillo,
porque también otro representante del Partido Popular manifestó tajantemente: nos oponemos a que conste que los poderes de la Generalitat emanen del pueblo valenciano. Yo no les oculto que a mi grupo le preocupa la situación y el posible
desarrollo del Estado de las autonomías, tal y como quiere concebirse y como ha sido desarrollado en estos últimos años en términos de igualación, pero igualación con límite hacia abajo, de freno a las posibles reivindicaciones o necesidades de
alguna parte de la sociedad del Estado, de algunos pueblos del Estado. A mí me parece que la denominada cláusula Camps no es en absoluto prudente porque adelanta acontecimientos, fijando un camino, una voluntad para el desarrollo de ese Estado
autonómico y me parece en gran medida demagógica porque es muy fácil argumentar que nadie tiene que tener más competencias que el otro y que por qué van a tener los catalanes o los vascos más competencias que los otros, cuando lo que en realidad
existe en el Estado son unas sociedades diferentes, con aspiraciones diferentes, con voluntades diferentes, con necesidades diferentes. Esta cláusula está enmarcada en la parte dispositiva del texto. Ya sé que se ha dicho una y otra vez por parte
de los portavoces de los grupos mayoritarios que es una cláusula que carece de efectos prácticos, que no trae per se ninguna consecuencia.
Permítanme que discrepe o que al menos manifieste que tengo grandes dudas porque los tribunales, cuando
interpretan la parte dispositiva de las leyes, siempre piensan que cuando los legisladores y las Cortes lo han aprobado así lo han hecho por algo, lo han hecho con alguna intención y lo han escrito con alguna voluntad. Yo lamentaría que a través de
la jurisprudencia pudieran sacarse consecuencias equivocadas a tenor de lo que parece ser la voluntad que se expresa en los órganos de la Cámara en estos
momentos diciendo que no tiene efectos prácticos, lamentaría que las consecuencias jurídicas fueran otras. ¿Y por qué en la parte dispositiva, si ustedes ya han descubierto todas las posibilidades que ofrecen los preámbulos? Ahora resulta
que los preámbulos abren posibilidades a nuevas alternativas. En el caso de otros estatutos incluso se manifiesta que no es recurrible. El portavoz socialista decía hace unos días en una rueda de prensa que los preámbulos están abiertos, que no es
posible su interpretación y aplicación directa por parte de la jurisprudencia ni de los poderes públicos. Aquí no, aquí se mantiene en la parte dispositiva.
Además, el punto tercero de la disposición adicional segunda obliga a impulsar desde las
instituciones del País Valencià una igualación que no atiende a las verdaderas aspiraciones del pueblo valenciano porque puede haber reclamaciones en otras comunidades que no tengan por qué coincidir con las del pueblo valenciano. Lo que sí puede
suceder con ese automatismo que obliga a las instituciones valencianas es encender la llama de los falsos agravios y de las falsas comparaciones; en ese sentido, me parece una cláusula muy delicada, muy peligrosa y demagógica.
No entendemos
tampoco la necesidad de esa disposición adicional para volver a revitalizar el derecho civil de Valencia. Ahora se ha quitado la referencia expresa a la disposición adicional primera pero, en todo caso, los mecanismos que ofrece el artículo 149 han
posibilitado que en otras circunstancias, en otros ámbitos territoriales, pueda hacerse ese desarrollo, y nos parece que sería lo más adecuado, tal como se denomina en Cataluña: derecho civil catalán, derecho civil aragonés, derecho civil de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. No entendemos ese empeño por subrayar la foralidad. Ha habido también algunos problemas en la discusión del Estatuto y en su redacción final que no entendemos, como puede ser el tema de la lengua. Después
de todos los debates que ha habido en diversos órganos de la Cámara -en Comisión, en Pleno- e incluso aprobando algunas resoluciones, viéndose que la voluntad mayoritaria de la Cámara era atender que, tal y como se subraya en todos los ámbitos
académicos y científicos, existe una unidad de lengua y existen diversas denominaciones para denominar ese idioma, que de repente se rompa ese consenso mayoritario y aparezca oficializada una división del idioma es un tema delicado y que duele.
Tampoco ha sido un dechado de virtudes la tramitación en la Comisión, porque la interpretación que se realizó acerca del Reglamento y de la posibilidad de presentar enmiendas transaccionales y su confirmación, como parece que ha habido, por
parte de la Mesa de la Cámara lo que abre es una situación de inseguridad jurídica que deja al albur de la voluntad de los grupos -sobre todo de los mayoritarios, que son los que más fácilmente pueden formar mayorías- la introducción de cualquier
enmienda que no es conocida con anterioridad y que tampoco puede ser limitada por los grupos pequeños. Nos parece bien, estas serán las nuevas reglas del juego pero, desde luego, no serán las reglas del juego que nosotros entendíamos que eran las
que estaban siendo aplicadas de manera rutinaria en la Cámara y tampoco nos parece que sea la tramitación más justa. Desde luego, no deja de tener una pizca de mal gusto -por denominarlo de alguna manera- que se aprovechen enmiendas de grupos
minoritarios con los que se había llegado a un acuerdo la víspera para introducir transaccionales que no están de acuerdo con la voluntad del compromiso suscrito y que de ser así se hubiera roto la noche anterior. Es de mal gusto, lo voy a dejar
ahí, pero debería entenderse por parte de la Cámara que no puede ser de ninguna manera agradable para los grupos minoritarios que se aprovechen de sus enmiendas para algo semejante.
Aunque no hemos enmendado este punto, siguiendo con las pautas mencionadas anteriormente de respetar la voluntad del Parlamento valenciano en todo lo que no podría afectar al concepto del Estado de las autonomías, sí debemos denunciar la
regulación que había en el texto inicial y que tampoco se modifica sustancialmente en el texto que ha salido del dictamen de la Comisión acerca de la Ley electoral, porque aunque es cierto que se ha modificado el tope del 5 por ciento -que es el más
restrictivo en las leyes electorales de los Parlamentos autonómicos y comparándolo con el Parlamento del Estado-, en el conjunto de todas las circunscripciones, sí es verdad es que se han mantenido los dos tercios de la mayoría del Parlamentario
valenciano para esa modificación, lo que hace que prácticamente con la voluntad de un único grupo queda paralizada la reforma de la ley. También es conocida la voluntad dentro del pacto de los dos grupos mayoritarios suscrito en Madrid de mantener
ese 5 por ciento en la ley. Por lo tanto, lo que se ha hecho, a nuestro entender, es un paripé, un cambio de estética pero, aunque parezca más tragable el texto, las consecuencias que se persiguen en el fondo son que se mantenga la situación
presente y no haya ninguna modificación. La verdad es que sorprende esta voluntad cuando se hace una lista extensa de derechos sociales y políticos. Que luego se haga una ley electoral restrictiva y que se pretenda mantener, no parece que va en
consonancia con este sentido de apertura y ampliación del ámbito de los derechos y libertades.
En definitiva, ha sido un trámite muy rápido, que se ha guisado, cocinado y comido desde los dos partidos mayoritarios en Madrid, en el que nosotros no hemos participado y otros partidos tampoco. He de manifestar que el Partido Nacionalista
Vasco y el Grupo Vasco no van a participar en la consolidación de un Estado de las autonomías que intente hacer tabla rasa, que intente mantener la dinámica actual y que no entienda los derechos diferenciales y las personalidades de las distintas
comunidades autónomas. No cuenten con nosotros para reforzar ese concepto de Estado de las autonomías. Estaremos dispuestos, eso sí, a apoyar la autonomía, a apoyar un desarrollo del título VIII más acorde con la realidad de los pueblos y las
naciones del Estado. En ese
sentido, mantenemos nuestras enmiendas, haciendo hincapié en las números 27 y 131.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Muchísimas gracias.
Continuamos con el siguiente grupo enmendante, que ha sido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: (Empieza su intervención en valenciano.)
Señorías, cuando la proposición de ley llegó aquí, empecé mi intervención con motivo de su toma en consideración saludando al presidente Camps, que hoy no está, como tampoco hay casi nadie en la bancada del Grupo Popular.
Este es el interés
que tiene este grupo por un Estatuto del cual ha hecho una inmensa bandera. Decía que empecé saludando al presidente Camps, que, a pesar de ser de un partido diferente, es el presidente de todos los valencianos y así lo reconocemos. Yo como
valenciano lo reconozco, porque, a pesar de todo, es nuestra institución y yo creo que nuestras instituciones son importantes para los valencianos a pesar de todos los pesares. Y comencé diciéndole al presidente Camps que los valencianos nos
merecíamos alguna cosa más y sigo pensándolo, entre otras cosas que estuviera aquí el presidente Camps y que también hubiera más gente en la bancada del Grupo Popular. Por no estar no está ni el señor Martínez-Pujalte, que siempre me acompaña con
sus críticas, gritos y alguna interrupción más. En fin, esto es lo que hay. Esta es la importancia que ustedes le dan al Estatuto valenciano, de chirigota. Por citar a un difunto líder valenciano como fue el señor González Lizondo, esto es, como
decía él, un bon y una empastrá. Es exactamente lo que ustedes han pretendido con todo esto, un bon y una empastrá, ni más ni menos. Desde el principio se ha tramitado en función de los intereses de personas, de instituciones o de partidos, al
albor y al calor de lo que se está haciendo en el Estatuto catalán, para marcar entre los dos grandes partidos nacionales y nacionalistas españoles el tope que ustedes iban a permitir para cualquier reforma y fijar de alguna manera entre los dos un
modelo de Estado. Y tenían que ejemplarizarlo otra vez, por enésima vez, en base a los valencianos, utilizándolos como moneda de cambio para otras interlocuciones, para otros intereses que no son estrictamente los de los valencianos. A las pruebas
me remito, esto es lo que da de sí. Ha habido otras leyes, incluso promociones de la creación de una carretera con más público en el PP que en el Estatuto valenciano.
Esto es lo que hay y, por si fuera poco, cuándo y cómo llega, sin tener no ya
las explicaciones de nuestro grupo, sino de grupos que tienen representación en las Cortes Valencianas, como Izquierda Unida, con total desprecio a sus apreciaciones y a sus aportaciones. Cuando llega aquí, tenemos que ver el espectáculo que hemos
visto: rápido en la Comisión y lento en la ponencia, cuando tenía que haber sido al revés. En la ponencia se alargó porque eran otros los tiempos que medían este Estatuto. Era el Estatuto catalán, que aún se estaba negociando, el que marcaba el
tiempo y había que alargar la ponencia y preguntar si sí, si no, si esta enmienda o la otra cuando todo estaba prefijado con mucha antelación y en función de otros intereses. Y cuando llega a la Comisión, que era el lugar en el que había que
negociar, en el que -ahora lo comprobaremos con las enmiendas- transaccionar algunas enmiendas, en el que incorporar otras sensibilidades, en el que ampliar -nos decían- el consenso sobre la base de esta ley fundamental de los valencianos, no solo
amplían el consenso, como decía muy bien mi compañera la diputada Isaura Navarro, sino que además los que lo han ampliado son los dos grupos parlamentarios. Ustedes dos lo van a aprobar. Ya se lo dije: Que ustedes lo pacten bien, pero en función
del modelo de Estado que ustedes tienen, que no tiene nada que ver con esa cacareada España plural. Es España plural ma non tropo. Vamos a aceptar aquello que hay inevitablemente, Euskadi y Cataluña, y el resto, nacionalidades y regiones. Ese es
su modelo, pero no es el nuestro. Y no depende de admitir o no una transaccional u otra, depende de que nuestros modelos, nuestra concepción de cómo ha de ser la convivencia entre pueblos y sensibilidades diferentes efectivamente no tiene nada que
ver. Para ustedes es la España una, aceptando lo que es inaceptable democrática y aplastantemente, Euskadi y Cataluña como realidades, lo reconozcan o no, nacionales. A Cataluña le han negado lo que es, una nación; lo que somos, una nación. Al
País Valenciano nos han negado lo que somos y cómo nos llamamos. ¿Cómo se llaman ustedes? Nos llamamos kurdos, porque han hecho ustedes exactamente lo mismo que hicieron los turcos con los kurdos.
¿Sabe cómo llama el Gobierno turco a los kurdos?
Turcos de montaña. No les reconocen ni el nombre. Igual que ustedes, que no nos reconocen ni el nombre, el nombre de País Valenciano. Incluso, en algún momento, alguna de SS.SS. del Grupo Socialista nos dijo: ¡Hombre, ahora recuperas las
banderas de hace 25 años! Es que no son las banderas de hace 25 años, son las banderas de hace miles de años, son las que hemos tenido, las que nos dan acta fundacional, las que dicen exactamente lo que somos. Son cuatro barras limpias, el primer
código de barras de la historia, el que dice exactamente qué somos y a dónde vamos, les guste o no les guste.
Lo que nos sorprende de alguna manera es que el Partido Socialista haya hecho buenas las tesis del Partido Popular, cuando las tesis del Partido Popular no van a ningún sitio. No hay proyecto político, es un proyecto a la contra. Si lo
dijo el señor Trillo perfectamente: Esta barrera del 5 por ciento es un blindaje para que no haya ningún grupúsculo nacionalista, por lo menos en mucho tiempo. Lo dijo en Las provincias anteayer. Efectivamente es así. Ustedes les han reído la
gracia y después nos pedirán que hagamos piña conjuntamente para echar al Partido Popular de la Generalitat valenciana. Difícil,
muy complicado. No nos pueden pedir lo uno y lo contrario. ¿Cómo se lanzan a las ubres del Partido Popular para luego pedirnos a la izquierda y a los nacionalistas que hagamos un no sé qué para echarles? ¿Para qué? ¿Pero qué nos están
proponiendo? No nos han dado ni una coartada. Y al mismo tiempo nos han dibujado un escenario -perdonen que se lo diga- lamentable. Era el baile de la yenka, que sí que pactamos, que no pactamos, que el 3 por ciento, que rebajamos la barrera, que
mantenemos el valenciano. ¿Saben ustedes lo que quieren? Sí, sí que lo saben, lo malo es que ya sabemos todos lo que quieren. Durante mucho tiempo ha habido mucha gente en el País Valenciano que ha creído que ustedes eran parte del muro de
contención de esta oleada blabera -decimos allí-, que la pagarán, más tarde o más temprano, también les vendrá mal al Partido Popular. El presidente Camps dice en sus declaraciones, por ejemplo, que todo el que no está a favor del Estatuto
valenciano no cree en la comunidad. Esto es una constante durante 25 años, igual que se ha dicho que todo el que no está a favor de determinadas políticas, está en contra de la comunidad; todo el que no está a favor de la política hídrica, está en
contra de la comunidad; todo el que no está a favor de la bandera con azul, está en contra de la comunidad. En fin, todo el que no está a favor de los intereses del Partido Popular, está en contra de los valencianos.
Esto es lo que hemos tenido
que aguantar durante 25 años. Algunos compartíamos banderas y nombres. Usted recuerda -como yo, señor Císcar- que hace 10, 20 años, cuando uno se hacía militante del Partido Socialista del País Valenciano, que en gloria esté, era automáticamente
militante del Partido Socialista de Cataluña, porque es también su proyecto político. Sí, el señor Ernest Lluch, por ejemplo, fue militante del Partido Socialista del País Valenciano y fue militante del Partido Socialista de Cataluña. Esto era
así. Estas son las banderas que compartimos y ustedes ahora han preferido asumir las banderas de Estado.
Nosotros mantendremos y la vamos a mantener durante mucho tiempo, porque al final las mayorías se imponen y, como usted decía también esta
semana a la prensa, la realidad del País Valenciano es la que es o es la realidad del País Valenciano. Pues sí, es la que es y la que todos hemos contribuido a hacer también. Aquí hay problemas graves, porque si resulta que la realidad y la
captación de lo que es el País Valenciano y cómo se articula, cómo articula y encaja su ámbito de convivencia junto con el Estado español y con el resto de comunidades autónomas, es la misma la de ustedes que la de ustedes, creo que no solo van a
recibir mi crítica sino la de muchos de sus votantes, de sus militantes que no acaban de entender cómo es posible este amor con el Partido Popular, entre otras cosas, después de lo que oímos ayer aquí y de cómo está de montaraz y subido a la montaña
el Partido Popular pidiendo firmas para cualquier cosa. En fin, que después se encaja mal. Porque el mismo respeto, y lo ha apuntado Aitor Esteban, el mismo respeto que pedían para el Parlamento valenciano lo niegan para otros parlamentos como el
vasco o como el catalán. Aquí depende de dónde venga y de si me conviene o no, hago o no hago, acepto o no acepto y aquella mayoría que se presenta en unas instituciones autonómicas es buena aquí y allá y depende de si me conviene o no.
Resulta -y
está aquí el señor González Pons- que la defensa de lo que salió en Valencia era lo que tenía que defender, pues igualmente que con el Estatuto de Cataluña e igualmente con la reforma que vino aquí del Estatuto de Gernika. Igualmente, ¿por qué no?
¿O es cuando me viene bien y, cuando no me viene bien, no? ¿Acaso aquí no se cambió justamente la denominación de País Valenciano después de haberlo aprobado allá en las Cortes Valencianas? Se cambió aquí y nadie se rasgó las vestiduras. Esas son
las reglas de este juego. Pues si son las reglas de juego, lo son siempre y en cualquier caso. No cuando me viene bien, sí y, cuando no me viene bien, no. No me lo argumenten ustedes, por favor.
Hay algunas cosas que quiero que queden claras. Son muchas las enmiendas vivas que ha presentado y tiene mi grupo. Ayer dije que quería ver cómo los diputados del PSOE valenciano y cómo los diputados del Partido Socialista de Cataluña y
cómo los diputados PSIC votaban en contra de la unidad de la lengua. Lo quería ver, aunque la verdad es que no quiero verlo; es un día triste para nosotros. No lo quiero ver, me gustaría ahorrarme este bochorno nacional para nosotros. Sé que lo
voy a ver, que este 9 de febrero va a ser triste para mucha gente, y no me digan que exagero. Siempre me dicen que exagero, pero el idioma valenciano va a traer consecuencias graves. Hoy mismo el señor Enrique Crespo, secretario de organización
del Partido Popular en Valencia, ha pedido ya, antes de que aprobemos esto -no con nuestro voto, eso ya lo tienen ustedes claro-, que se distinga entre filología valenciana y filología catalana al Ministerio de Educación. Hoy mismo, no se ha
esperado ni a mañana. Aún está el cuerpo caliente, no se ha esperado ni a que muera. Así que no me digan que exagero porque las consecuencias son graves y se las tendrán que explicar a mucha gente de sus propias filas que han estado juntamente con
mucha de nuestra gente batallando por que haya escuela en valenciano, batallando por que esa ley que hizo usted, señor Cipriá, Ley d'Uso y Enseñanza del Valencià, fuera una ley vigorosa, seria, potente, que permitiera la recuperación y la
normalización del valenciano, del catalán hablado en Valencia, a todos los niveles. Y claro que se lo agradecemos, lo que no entendemos es este paso atrás. Y hay con nosotros miles de profesores, miles de estudiantes, miles de padres, mucha buena
gente de ese país que ha hecho buena aquella ley, que la ha hecho válida, que ha hecho del valenciano una lengua de acogida, de fraternidad, de lo que somos los valencianos: un pueblo abierto y también festero. Me parece que esta es una concesión
excesiva a una gente que no lo habla nunca, solo les interesa para la confrontación, no es una propuesta en positivo, no va a relanzar el uso social de la lengua, no lo va a hacer, es sencillamente ir a la contra, para dividir, para
romper, para segmentar, porque cuanto más débil y más dividida está más fácil es de tumbar, más fácil es desaparecer, y en un mundo globalizado como el que vivimos esto es parte de un genocidio cultural programado a lo largo de mucho tiempo
y, si no, compruébenlo ustedes: desde que se hizo la Ley de uso y enseñanza del valenciano hasta hoy el uso social del valenciano ha disminuido -esto nos tendría que hacer reflexionar-, y va a disminuir más -¡cómo me gustaría equivocarme en esto!-
porque no hay ninguna promoción desde las instituciones de una lengua que es compartida con Cataluña y con las Islas Baleares, les guste o no; políticamente podrán hacer otra cosa y de hecho lo harán, pero efectivamente la lengua es la misma y nos
vamos a entender igualmente, la gente al final se entiende, y hablando -y en catalán más- se entiende la gente. Vamos a seguir hablando con el resto de territorios y la gente va a seguir funcionando, pero ustedes van a ser responsables de lo que es
un paso muy importante hacia la ruptura de la unidad de la lengua y por tanto hacia su debilitamiento. Se lo tendrán que explicar a mucha gente, y lo saben, porque tampoco lo entienden, y no son votantes nuestros, son también votantes suyos, y creo
que esto tiene graves consecuencias. Alguien lo decía de otra manera: ustedes han cruzado la raya, están en la otra parte de la raya, y a partir de ahí es difícil crear complicidades con depende qué grupos y para depende qué cosas. Yo se lo digo,
no le amenazo porque las amenazas no son buenas en política, hay que ir poco a poco, pero ustedes han cruzado una raya importante.
Quiero pasar de estas cosas, y quiero que me expliquen, por ejemplo, el tema del reconocimiento de Valencia como la capital del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, del Reino de Valencia, como ustedes le quieran llamar -llega un
momento en que me da lo mismo, porque al final en los medios de comunicación acaba siendo la comunidad, ni valenciana-, e imagino que ponerle valenciana era justamente en referencia a la importancia de la capitalidad de Valencia, porque la tiene, la
ha tenido y la seguirá teniendo a pesar de todos los pesares, una Valencia que además fue la capital de la república en un determinado momento, todo un símbolo de resistencia, de coraje, de libertades, y era elevarlo como lo han hecho los catalanes:
Barcelona, capital de Cataluña. Pues sí, ¿es que somos menos los valencianos? Yo creo que no somos menos, y había muchas de nuestras enmiendas literalmente iguales al Estatuto de Cataluña. ¿No se pueden extrapolar cosas? Claro que se puede,
sobre todo si son buenas, y las ofrecíamos con toda humildad, y sobre todo si ustedes piensan -como pensábamos nosotros- que podía haber todo un periplo de transacciones en la Comisión: ni una sola, ni una sola voluntad de negociación. ¿Para qué?
Justamente para recoger el espíritu de esa famosa cláusula Camps que decía que podíamos incorporar aquellas competencias que fueran buenas para los valencianos, y esto que nosotros hemos puesto literalmente igual que aquello que salió del Parlamento
de Cataluña era y es bueno para los valencianos.
No se ha considerado así, muy bien, pero ¿también me van a votar en contra, sobre todo ustedes, de todo un paquete de derechos que son gratis, como el derecho a decidir la orientación sexual y a estar en contra y poner condiciones para
eliminar la homofobia y la transfobia, que son enmiendas que nos han venido de los colectivos a los cuales hicimos caso para aprobar la Ley de los matrimonios homosexuales? ¿Nos van a votar en contra también del derecho a vivir con dignidad todo el
proceso de la muerte? ¿Nos van a votar también en contra del derecho al libre desarrollo de la sexualidad de las mujeres o del derecho a una educación de calidad, en condiciones de igualdad, pública, laica y en valenciano? ¿Nos van a votar en
contra también del derecho a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad y de gratuidad? ¿Y nos van a votar también en contra de la recuperación de la memoria histórica? Esto era gratis. Era justamente lo que hace que un texto jurídico
tenga un ámbito de concordancia entre fuerzas de izquierda. Era parte de aquello que le poníamos fácil para llegar a acuerdos. Era parte de la coartada que sabe que necesitamos para actuar en determinados momentos conjuntamente en el País
Valenciano. Y sigo diciendo que ustedes han preferido la complicidad del PP. Pues bien, pero esa es su elección.
Igual que en un momento determinado a ustedes les pusimos delante, y no digo que fuera este, otro modelo de financiación acorde con
las necesidades que entendemos que tiene el País Valenciano. Necesidades en un campo en el que se hizo la primera deslocalización: la agrícola.
Muchas veces nos decían: están ustedes plantando naranjas en Marruecos.
Efectivamente, eran
empresarios valencianos que se iban a Marruecos a plantar naranjas en mejores condiciones. Luego vino la deslocalización industrial y mucha gente ha tenido que cerrar su industria: la textil, la cerámica, del mueble, del juguete y del calzado.
Esto es lo que tenemos en este momento y no hay una financiación adecuada para hacer frente a esta crisis del sector industrial ni hay tampoco ninguna perspectiva de que todo esto se arregle. No hay legislación para hacer frente a esto ni para
amortizar problemas que tenemos sustanciales. Si al País Valenciano vienen a vivir por miles gentes de la tercera edad de Europa y consumen nuestra sanidad, y no hay ninguna cláusula por la que lo que se recauda en la Seguridad Social vaya a
compensar el impacto que esto tiene sobre la nuestra, al final, va a haber lo que hay: un déficit en el sistema sanitario, un déficit educativo y un déficit importante en el sistema asistencial. Esto es lo que han pactado ustedes. Esto es lo que
van a tener en cuenta, no hay -y se lo dije en público y en privado- ningún instrumento, ni político ni económico, para aceptar el importante flujo de inmigración que sostienen las tierras valencianas, que es un problema muy grave. Todo el programa
social está desmantelado. No hay soluciones.
¿Para qué se hacen reformas legislativas si no se dan
soluciones a los problemas más acuciantes que tenemos en estos momentos los valencianos?
No me voy a extender más porque no tengo más tiempo. Pero le voy a decir una cosa: En el año 1982 aquello que llegó de las Cortes Valencianas se cambió aquí. Tienen ustedes aún la oportunidad de hacerlo. Aquello que ha llegado de las
Cortes Valencianas una minoría de izquierdas en este Parlamento puede cambiarlo. Ustedes eligen. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
El turno a favor de las enmiendas lo finalizamos con el último grupo enmendante, que ha sido el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Para ello tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante esta votación final en el Pleno del Congreso. El día 20 de septiembre intervine también en nombre de mi grupo para fijar la
posición, para anunciar un voto favorable a la toma en consideración y para formular el deseo de que durante esta tramitación pudiéramos resolver los dos aspectos que podían condicionar nuestro voto final, especial y singularmente el tema del
reconocimiento de la unidad de la lengua de forma clara y explícita y también, si era posible, un perfeccionamiento en la calidad democrática del sistema electoral.
Este grupo parlamentario tiene un principio que es el de respeto a las propuestas que vienen de los parlamentos autonómicos, como queremos también que, al máximo, este Congreso de los Diputados respete el planteamiento de lo que venga del
Parlament de Catalunya. Ciertamente con una presencia del valencianismo político en las Cortes Valencianas el Estatuto que hubiera llegado aquí seguramente habría sido bastante distinto. Si Valencia no tuviera el sistema proporcional electoral
menos proporcional de Europa, formaciones políticas electoralmente relevantes como el Bloc Nacionalista Valencià, tendrían presencia en las Cortes Valencianas. Pero hoy, señorías, este principio, esta máxima tendrá su excepción. Hoy, en el debate
y votación de este Estatuto, no podemos dar un voto favorable ante estas dos situaciones que apuntaba el día 20 de septiembre y a las que no se ha dado razonable satisfacción durante la tramitación parlamentaria. Señorías, hablamos de cosas muy
sencillas y muy razonables. Hablamos de un ámbito lingüístico compartido; sí, señores, de un ámbito lingüístico compartido entre el País Valencià, Catalunya, Illes Balears y Catalunya Nort, el Roselló. Al escritor Josep Pla algunas veces le
preguntaban dónde estaba su país y él respondía: Mi país es donde digo bon dia y me responden bon dia. Y, señorías, hay un ámbito lingüístico compartido, porque cuando uno dice bon dia le pueden responder bon dia en Olot, en Elche, en Alcúdia, en
Prada de Conflent.
Después de más de 25 años de avance de la democracia en este país, se trata de reconocer esta realidad.
Sus señorías saben perfectamente que en el año 1982 el Estatuto de Autonomía del País Valencià apostó por la expresión valenciano, la expresión histórica con la cual se ha referido a la lengua valenciana, expresión correcta y pacífica en
estos momentos. Después de 20 años, señorías, se ha consolidado claramente la idea de que estamos ante una lengua, ante un idioma, con dos denominaciones indistintas, pero SS.SS.
saben también que hasta llegar a este punto hemos transitado por una
larga batalla judicial, por una judicialización de lo que hemos llamado la batalla de la lengua. Una batalla que ha llegado, desgraciadamente -y estamos hablando de un tema identitario muy importante, pero también de reconocimiento entre el
conjunto de la comunidad lingüística-, hasta el Tribunal Supremo y que solo consiguió la pacificación judicial a través de la Sentencia 75/1997, del Tribunal Constitucional. Pues bien, ahora, después de esta desagradable batalla de la lengua, se
nos somete a consideración y a votación un proyecto de Estatuto de Autonomía que hace referencia en la reforma de su artículo 6 a la expresión de idioma valenciano. Nos debemos formular la siguiente pregunta: ¿Consagra esta aprobación el
secesionismo lingüístico? Señorías, nosotros no lo queremos pensar ni avalar; había quedado bien como estaba ahora. No lo queremos pensar ni avalar, simplemente complicamos aquello que era sencillo, simplemente reabrimos de nuevo la puerta del
conflicto, esa puerta que se había cerrado. Esta puerta se vuelve a abrir y se seguirá otra vez la batalla y el debate en el ámbito político y en el ámbito judicial, por una irresponsabilidad, señorías, compartida entre el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el Partido Popular de Valencia históricamente tiene un expediente, si me permiten la expresión, de coqueteo con esta ambigüedad y con esta idea. Ustedes se acordarán de aquel criterio de que hablamos
una lengua filológicamente, pero no políticamente; peligrosa distinción entre filología y política. Pero, señorías, ¿y el papel del Partido Socialista?, ¿y el papel del Partido Socialista del País Valencià? Desde mi grupo parlamentario,
consideramos que el principal responsable de dejar aprobar ahora la expresión idioma valenciano es el Partido Socialista del País Valencià en la tramitación en las Cortes Valencianas, a través de una postura frívola y poco diligente, con este tema
tan sensible, por parte de los líderes del socialismo valenciano en el País Valencià. Señorías, tenemos la confianza de que inmediatamente después de la votación hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, después de la tramitación en el Senado,
después del debate parlamentario, el debate volverá a donde no tendría que haber salido nunca, esto es, al ámbito académico, es decir, al ámbito filológico. Señorías, la filología para los filólogos; la física para los físicos. Este Congreso de
los Diputados nunca sometió a votación la ley de la gravedad. Señorías, este Congreso
de los Diputados nunca tendría que haber entrado a discutir, rebatir y poner en duda criterios claros, científicos o filológicos. Esto es una irresponsabilidad y que cada cual cargue con su parte alícuota de responsabilidad; no queremos
que esta sea la responsabilidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Hoy nos preguntamos, ¿puede ser que el partido de Alfons Cucó vote favorablemente este proyecto de reforma del Estatuto valenciano? ¿Puede ser que el partido de Cipriá Císcar, impulsor de una buena ley, la Ley de usos y enseñanza del
valenciano, de 1983, se sienta identificado y se reconozca en este texto? Señorías, desgraciadamente nos encontramos -utilizando la figura de derecho civil- ante un contrato de adhesión incondicional del Partido Socialista a los planteamientos del
Partido Popular en materia lingüística y en materia identitaria. Lo lamentamos porque se ha perpetrado por aquel Partido Socialista del País Valencià que fue, y que ya no es, una claudicación y una entrega a las posiciones del Partido Popular.
Asimismo, sea dicho de paso que esto abre camino a un nuevo espacio político de expresión del valencianismo político. Y permítanme terminar respecto a la lengua con una última consideración.
Desde siempre ha habido un criterio de respeto y
pulcritud absoluta por parte del Partido Socialista y del Partido Socialista de Cataluña hacia este reconocimiento que les decía antes de que cuando uno dice bon dia le responden bon dia en Olot, en Elche y en Alcúdia.
Hoy quiero apelar en este trámite final de debate en el Congreso de los Diputados a la conciencia política de los diputados catalanes del Partit dels Socialistes de Catalunya. Quiero hacer un llamamiento a los diputados Meritxell Batet,
Montserrat Colldeforns, Juan Carlos Corcuera, Carme Chacón, Esperança Esteve, Daniel Fernández, Isabel López, Elisenda Malaret, Jordi Marsal, Manuel Mas, José Montilla, Lourdes Muñoz, Jordi Pedret, Dolores Puig, Montserrat Palma, Àlex Sáez, Teresa
Cunillera, Esperança Farrera, Ernest Benito, María Luisa Lizarraga y Francesc Vallès. Quiero hacer una apelación a la conciencia de estos señores y señoras diputados a la hora de formular su voto y a la hora de mantener la coherencia respecto a lo
que siempre ha mantenido el Partit dels Socialistes de Catalunya sobre lo que es evidente, esto es, la unidad de la lengua.
Señora presidenta, señorías, paso a otro tema que ha ocupado parte de nuestra defensa de posiciones en la ponencia y en la Comisión Constitucional. Hago referencia a la Ley electoral. El portavoz del Grupo Socialista, señor Pérez
Rubalcaba, en el debate de toma en consideración del 20 de septiembre expresó la posición favorable del Partido Socialista a considerar que la barrera electoral se debería fijar en el 3 por ciento. La noche del miércoles de la semana pasada se nos
expresaba a distintos grupos parlamentarios la posición favorable del Partido Socialista ante la posibilidad de adecuar la Ley electoral al criterio del 3 por ciento. El discurso del Gobierno en su conjunto y el del presidente Rodríguez Zapatero
singularmente, siempre ha sido un discurso de profundización en la mejora de calidad democrática. Pues bien, la representación en las Cortes Valencianas de minorías no tan minoritarias, de minorías que pueden tener el 7 por ciento de los votos en
Castellón, por ejemplo, y que por aplicación de la Ley D'Hont con un 3 por ciento tendrían directamente dos diputados en las Cortes Valencianas y que los dos últimos diputados adjudicados por Castellón del Partido Socialista y del Partido Popular
tienen menos votos que esta formación política, es una cuestión de exigencia de calidad democrática en la línea de los planteamientos del presidente del Gobierno y del conjunto del Gobierno.
Si no, señorías, aplicando este criterio de la Ley
electoral al conjunto de las Cortes Generales, ahora estaríamos ante un Congreso bipartidista o con tres partidos. Señorías, aplicando este criterio al Parlamento de Cataluña, habríamos vivido 25 años de democracia con mucha menos pluralidad
democrática. Los dos autores del proyecto inicial y los dos autores del pacto final nos propusieron en Comisión, a través de una más que accidentada tramitación a la cual no quiero hacer referencia, un cambio: la modificación del artículo 23, que
modifica al artículo 27 del proyecto del Estatuto vigente, por el cual se remite a la Ley electoral, pero esta tiene que ser aprobada por dos tercios de las Cortes Valencianas.
Señorías, estamos ante una magnífica metáfora lampedusiana, ante una sublimación lampedusiana: que todo cambie para que todo siga igual.
SS.SS. saben que esta modificación supone mantener exactamente, por el derecho de bloqueo de una de
las dos partes y concretamente en frente de la posición del portavoz señor Pérez Rubalcaba el criterio del Partido Popular de mantener el 5 por ciento, este planteamiento más propio del siglo XIX que de una democracia más moderna y más profundizada
del siglo XXI, este particular gatopardo valenciano protagonizado por el presidente Camps y por el líder de la oposición, Joan Ignasi Pla. Consideramos desde nuestro grupo parlamentario que en este particular gatopardo valenciano de que todo cambie
para que todo siga igual hay alguien que sale bastante más beneficiado que otro, pero permitirán que mi punto de pudor no siga por este camino.
Unas últimas consideraciones, señorías, más allá de los dos temas nucleares que fijaron nuestra intervención inicial, esto es, la lengua y la Ley electoral. En esta tramitación en el Congreso de los Diputados, en primer lugar, señorías, el
Partido Popular y el Partido Socialista han practicado el autogol. Incluso ustedes, el grupo de la mayoría y el primer grupo de la oposición, que pactaron este Estatuto en las Cortes Valencianas, han limitado su pacto y han presentado enmiendas que
limitan sus propias ambiciones y sus propios planteamientos en las Cortes Valencianas.
Incluso más allá de estas limitaciones, este es un Estatuto que para los catalanes, para otras comunidades históricas y para el desarrollo autonómico nos es interesante en algunos puntos de vista. En el texto que votaremos hoy, señorías,
hay un reconocimiento explícito al
derecho foral valenciano, al derecho foral en materia civil. Esto nos parece bien, muy bien, nos parece un ejercicio de autorreconocimiento de la realidad valenciana como de otras realidades existentes, nos parece un reconocimiento de los
derechos históricos en esta materia. Precisamente por esto nos preguntamos desde las filas del Grupo Parlamentario Catalán por qué tanta excitación por parte de algunos desde las filas del Partido Popular cuando se plantea exactamente esta misma
materia, los derechos históricos, en la tramitación del Estatuto de Cataluña. Incluso más. Se llegó aquí en la votación inicial del texto, el día 20 de septiembre, con una derogación expresa del Decreto de Nueva Planta valenciano, de 25 de abril
de 1707. Nos parece bien esta sensibilidad del Grupo Popular, del Grupo Socialista en el reconocimiento de este continuo histórico, de esta realidad histórica que conforman los distintos pueblos que integran España. Nos preguntamos, pues, por qué
esta postiza indignación cuando se habla de algo parecido, respeto a los derechos históricos, en el Estatuto catalán.
Tercera consideración -que ya es la final-. Señorías, en su toma en consideración inicial se nos presentó este Estatuto como el que fijaba las líneas rojas del desarrollo autonómico de presente y de futuro en España. Esto era a finales del
mes de septiembre; estamos en el mes de febrero del año 2006 y celebramos -creo que lo podemos celebrar muchos grupos parlamentarios, desde el grupo de la mayoría hasta mi grupo parlamentario- que hoy han quedado superadas estas teóricas líneas
rojas del desarrollo del Estado en el régimen autonómico. Hemos superado positivamente esto gracias a la tramitación del Estatut de Cataluña, que marcará -no tengan ninguna duda sus señorías- la actualización del autogobierno de Cataluña, pero
también una razonable actualización del conjunto del Estado de las autonomías para los próximos años; que marcará tendencia, tendencia buena para Cataluña pero también para el conjunto del Estado español y para su desarrollo. Tendencia que se debe
formular a través del legítimo derecho de los parlamentos autonómicos de plantear reformas estatutarias; tendencia, sea dicho de paso, señorías, que no se puede liquidar a través de una cláusula de dudoso valor jurídico y de alto valor estético,
naif, como es la cláusula Camps: todo lo que tengan los otros también para mí, sin más argumento, sin más fundamento. Así no se hace, así no se construye el Estado de las autonomías; el Estado de las autonomías se construye a partir del
argumento, del argumento que dará el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la actualización de otros estatutos, y a través de lo que se nos presentó como el primer Estatuto de nueva generación, el Estatuto valenciano -y creo poder
vaticinar acertadamente que nos encontramos ante el último Estatuto de vieja generación-, ante el debate del Estatuto de Cataluña, el primer Estatuto de nueva generación.
Termino, señora presidenta. En un intenso e importante debate que tuvimos en la Comisión Constitucional el jueves de la semana pasada, el señor Trillo hacía referencia a mi persona y me decía que yo hablaba simple y únicamente desde los
sentimientos, mientras que otros -haciendo referencia, supongo, a su señoría- hablaban desde la racionalidad.
Permítanme hablar, para terminar, de sentimientos, pero también, evidentemente, de racionalidad. Dejamos para otro día, si les parece
bien, el debate sobre la concepción que puede tener en relación con el nacionalismo español el señor Trillo, excelente parlamentario y compañero de Comisión, y el concepto que yo puedo tener sobre el nacionalismo cívico; dejémoslo para otro día.
Pero consideremos lo que ha sido una larga tradición del socialismo democrático, y concretamente del socialismo democrático en el País Valencià, de coincidencia con el valencianismo político. Raimon, el cantante pero también poeta, tiene un
magnífico verso, que es también canción; aquel que dice: (Pronuncia palabras en valenciano.) Yo vengo de un silencio profundo y muy largo.
El Partido Socialista del País Valencià había caminado con el valencianismo político a partir de estos planteamientos; viniendo de este silencio profundo y muy largo y avanzando hacia la democracia y hacia la profundización del
autogobierno. Pero lamentablemente creemos que con la votación de hoy ustedes han puesto el intermitente y han abandonado este camino que supone un lenguaje, que supone también unos sentimientos, pero que supone, sobre todo, una idea de país.
Esperemos que en el futuro, en el nuevo Estatuto de una nueva generación volvamos a encontrar un camino que saliendo de un silencio profundo y muy largo dé un futuro de esperanza, de autorreconocimiento como país e identidad al conjunto del País
Valenciano.
Por estas razones, lamentándolo mucho, señorías, el voto de este grupo parlamentario hoy será un voto contrario al Estatuto valenciano.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos por el Grupo Mixto al que le quedan, como saben, diez minutos de intervención y que repartiremos entre la señora Barkos, en primer lugar, y la señora Lasagabaster, en
segundo lugar.
Adelante, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño para fijar la posición de Nafarroa Bai y expresar, en primer lugar, la sorpresa por la deriva que la tramitación de este proyecto de reforma ha sufrido en esta Cámara. Entendemos que no es este el papel de las
Cortes españolas, pero en esta ocasión ha sido el juego que se ha llevado a cabo. No llegamos a entender que una reforma que no necesitaba de una mayoría cualificada, de una mayoría de dos tercios, por poner un ejemplo, sin embargo no haya tenido
suficiente
con ella y con más que ella y hayamos tenido que asistir durante estos últimos días, durante estas últimas horas, a una suerte de trapicheo -y lo hemos escuchado en muchas ocasiones a lo largo de la Comisión- con las enmiendas de los grupos
menores.
Como seguimos sin tener una explicación convincente, satisfactoria y menos todavía una explicación razonable en torno a lo ocurrido, máxime por lo que entendemos que es un defecto de forma muy grave -y a ello asistiremos en próximas
sesiones, sin duda, a lo largo de esta legislatura-, votaremos que no a la propuesta del Partido Socialista y del Partido Popular.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Barkos.
Continuamos con la señora Lasagabaster, siguiendo, evidentemente, con el turno del Grupo Mixto.
La señora LASAGABASTEROLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los representantes de las Cortes de Valencia, de las instituciones valencianas.
Comenzaré diciendo que no tengo enmiendas porque las he retirado, y lo he hecho porque, de verdad, llegó un momento en el que no sabía ni qué enmiendas estaban vivas ni qué uso se había hecho de ellas, ni si alguna de mis enmiendas había
podido servir a una enmienda transaccional sin mi consentimiento y después de estar retirada. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor, señorías.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que no ha sido el mejor procedimiento, sobre todo cuando tenían los votos suficientes para hacerlo de manera clara, notoria, limpia; no había ninguna necesidad de haber hecho todo esto. Como dije en la Comisión, me parece que
no se ha respetado suficientemente en el procedimiento a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Valencia, del Reino de Valencia o del País Valencià, lo que ustedes quieran.
Pero no quiero referirme a este único tema, porque me parece, con ese respeto que tengo, como creo que debe tener todo el mundo, con Cataluña, con Euskadi o con cualquier otro lugar, que hay que hablar del contenido, y me referiré solo un
minuto al procedimiento. En el contenido quería plantearles cuál ha sido la posición de Eusko Alkartasuna.
En primer lugar, procedimos a dar un sí a la toma en consideración porque nos parece la forma más democrática, la única que conocemos, el diálogo y el debate, para entendernos y para determinar cuáles habían sido las aportaciones que el
Parlamento de Valencia había tenido a bien considerar para solventar, para gestionar, para determinar su autogobierno en el futuro. Esta es una cuestión de principio democrático que nosotros no aplicamos arbitrariamente. Cuando entendemos que
puede ser una buena ocasión para el debate lo hacemos siempre; no así otros grupos parlamentarios, que no tuvieron esa virtualidad para dar una oportunidad a la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika. Lo lamentamos, pero fue así. Nosotros,
en cambio, entendimos que sí había que dar una oportunidad para conocer, para intercambiar puntos de vista y hacer aportaciones constructivas en un tema de tanto calado.
Nuestra estrategia a la hora de presentar enmiendas fue muy clara: íbamos a hacerlas en lo que se refería exclusivamente a cuestiones o bien de principios básicos, que pudieran afectar de forma general a toda la sociedad, o bien que
afectaban a temas que iban más allá de la propia Valencia o temas que afectaban más que a la política a la propia cultura general, como podía ser el tema de la unidad de la lengua, que no podía referirse exclusivamente a Valencia. Por eso hicimos
enmiendas a muy pocas cuestiones pero que hacían referencia a esos principios.
Presentamos una enmienda a lo que debía ser, desde nuestro punto de vista, una representación más democrática, en definitiva, lo que existe en todas aquellas comunidades
autónomas que tienen varias provincias, es decir, una barrera electoral no del 5 por ciento, sino del 3 por ciento, para que pudiera ser un sistema proporcional -que no hay que comparar con los sistemas mayoritarios como hacen algunos, porque tienen
otro calado diferente-, con una barrera que permitiera una representación más democrática de unos territorios. Otra de nuestras enmiendas hacía referencia, como decía antes, a un elemento que va mucho más allá de lo que es incluso la política -lo
han explicado perfectamente mis compañeros, que conocen mucho mejor que yo el tema, y no lo volveré a citar-, que es la unidad de la lengua o la interferencia innecesaria de la política en materias que no le deben interesar, en el buen sentido de la
palabra. El resto, principios de igualdad de género, principios diferentes a los principios básicos, fueron nuestras únicas y exclusivas enmiendas.
No entramos a determinar si ustedes se consideran Reino de Valencia o no.
No entramos a considerar si sus derechos históricos existían o no. En definitiva, fuimos mucho más respetuosos que lo que había sido el portavoz del Grupo Popular
con relación a nuestro propio Estatuto de Autonomía, donde cuando hablaba de derechos históricos o hablaba de nuestro concepto de nación, hacía referencia a conceptos pasados, a volver al siglo XVII, a las fantasías que nos habíamos creado,
etcétera, un sinfín de lindezas que no nos merecíamos ni nos merecemos. ¿Se imaginan ustedes que yo en esta intervención hubiera hablado en esos términos de los derechos históricos de Valencia o de la apelación o nombre del Reino de Valencia?
Hubiera sido poco respetuoso. Eso es lo que hizo el parlamentario señor Rajoy, líder del Partido Popular, respecto de nosotros. Si a ustedes no les hubiera parecido bien mi intervención en esos términos con
relación a Valencia, reflexionen sobre cómo nos debemos sentir nosotros, los vascos, cuando sobre los mismos conceptos, nación o reino y derechos históricos, las mismas palabras, se nos hacen tantos y tantos insultos y tantos y tantos
reproches absolutamente injustificados. No nos parece bien lo que se nos hizo, por tanto no lo vamos a hacer. Lo respetamos totalmente, lo respetamos porque hay que respetarlo.
Esas fueron nuestras enmiendas. Evidentemente no salieron. Yo no voy a entrar en reflexiones más profundas sobre el Estatuto -que creo que durará poco, porque no tiene demasiado calado y porque hay demasiados manchones en cuanto al
procedimiento o incluso en cuanto al poco consenso, no por número pero sí por diferentes formaciones políticas-, sólo quiero decir unas breves palabras con relación al procedimiento. Un procedimiento tachado, desde nuestra perspectiva, de
irregularidades. Ha sido un procedimiento en el que se han utilizado nuestras enmiendas sin nuestro consentimiento, sin habernos dicho cuando defendíamos nuestras enmiendas, si no no lo hubiéramos hecho, que se iba a hacer esta triquiñuela; en
definitiva, en contra de nosotros y con poca defensa de la dignidad parlamentaria. No podemos compartir este tipo de actuaciones, crean precedentes peligrosísimos para el propio sistema parlamentario. Ya les anuncio que si estudiando la materia
consideramos que existen posibilidades jurídicas, acudiremos al Tribunal Constitucional en defensa de nuestros derechos.
Termino. Señorías, también considero que este debate tendría que haber sido el único punto del orden del día, porque el Estatuto de Valencia tiene importancia y así lo merece, y lo decimos aquí sinceramente. Para nuestro Estatuto nos
habría gustado que el debate final en esta Cámara hubiera sido el único y exclusivo punto del orden del día, y esto fue lo que también defendimos para el Estatuto de Valencia en la Junta de Portavoces. Queríamos que el Estatuto de Valencia se
debatiera el próximo jueves como punto único y exclusivo del orden del día. Pregúntense quienes se opusieron. El Grupo Socialista. Que no nos tachen a nosotros de poco respetuosos con ninguna comunidad autónoma. Somos los más respetuosos.
Pregúntense ustedes lo que hacen otros grupos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y tiene para ello la palabra el señor Mardones.
(Rumores.)
Les ruego silencio, señorías.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias va a votar favorablemente esta ley orgánica que nos traen a la Cámara para establecer un nuevo y avanzado Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Sean mis primeras palabras de bienvenida a los honorables representantes de las Cortes Valencianas ante quienes me siento comprometido a demostrar nuestra identidad. El portavoz de mi grupo en el debate de toma en consideración que
celebramos aquí el pasado 20 de septiembre ya fijó unos aspectos comparativos e insinuó el apoyo que íbamos a prestar a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Posteriormente, en la constitución de la ponencia el día 30 de
noviembre, también fijamos unos criterios de respeto al texto que nos venía de las Cortes Valencianas. Nosotros hemos establecido unos parámetros de medir.
En primer lugar, que, el documento elaborado por las Cortes Valencianas se ajustara a los
principios de la Constitución española, y a nuestro juicio lo cumple perfectamente; en segundo lugar, que respetara los principios de solidaridad, y en tercer lugar, que reconociera las peculiaridades que cada comunidad autónoma de España tiene.
Desde Canarias nosotros también estamos elaborando nuestro proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y aceptamos unas normas de referencia comunes, que son las constitucionales y el principio de solidaridad, es decir, que hay que
cuidar y ajustar las formas a un principio democrático y, después, el contenido variará según las peculiaridades culturales, históricas, económicas, sociales y de ubicación que cada comunidad autónoma tiene. Cómo podríamos decir que se pueden
identificar en un factor común peculiaridades históricas, culturales o económicas entre comunidades de un ámbito continental, como la Comunidad Valenciana, y de un ámbito archipielágico, como es el caso de las sietes islas del Océano Atlántico que
constituyen la Comunidad de Canarias. Por tanto, una cosa será lo diferencial y otra lo que aceptamos. De ahí que nosotros, al dar esta conformidad a unos principios, estemos dispuestos a votar favorablemente esta iniciativa de las Cortes
Valencianas que nos llega al Pleno, previo paso por la ponencia y la comisión parlamentaria.
La Comunidad Autónoma de Valencia y la Comunidad Autónoma de Canarias compartieron iniciales tiempos democráticos en 1981 y en 1982. No es cuestión baladí decir por qué sus estatutos de autonomía, aprobados en julio y en agosto de 1982, se
hicieron en aquella fecha y que además fueron acompañados de unas leyes orgánicas de transferencia de competencias, la denominada Lotrava para la Comunidad Valenciana y la denominada Lotraca para la Comunidad Autónoma de Canarias, que venían a
complementar sus respectivos estatutos de autonomía. La cosa tampoco fue fácil en aquellos comienzos porque, como recordaremos, señorías, en la primera votación que se realizó en la Cámara no se alcanzó la mayoría suficiente y hubo que devolver el
texto a la Comisión Constitucional, siendo después aprobado mayoritariamente, creo recordar que por unos 250 votos favorables, por las fuerzas políticas mayoritarias. Este es el sendero, aunque en el debate de
la fórmula del Estado español a veces parece que algunos quieren que se transmita el mensaje de que estamos transitando más por caminos de herradura tortuosos que por autovías y autopistas.
Además, señorías, si el proyecto de Estatuto que sale de las Cortes Valencianas trae una mayoría democrática, que es lo que legitima -con respeto a las minorías que hayan votado otra cosa-, mi grupo parlamentario opta por la posición de
respetar esta soberanía de las Cortes Valencianas y del Parlamento no presentando enmiendas, ya que estamos conformes con los principios formales, constitucionales y de solidaridad. Nosotros no queríamos ser intrusos diciéndole a la Comunidad
Valenciana cómo tenía que instrumentalizar jurídicamente sus peculiaridades. En este Parlamento debe haber también una memoria histórica, no solamente basada en el 'Diario de Sesiones'. Yo me congratulo de que el presidente de la Comisión
Constitucional haya sido don Alfonso Guerra, que curiosamente fue ponente del Grupo Parlamentario Socialista en 1981 y 1982 en el debate del Estatuto de la Comunidad Valenciana. Asimismo, he visto por aquí al senador Lerma, que fue otro ponente.
Yo, como originario diputado del grupo Unión de Centro Democrático, quiero rendir un homenaje a todos aquellos diputados -sobre todo a uno por su ausencia, el diputado por Valencia don Fernando Abril Martorell, con quien me honré en colaborar- que
tuvieron el sentido común de lograr el consenso para obtener un documento de arranque de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana para que, democráticamente, los valencianos se sintieran a gusto con él, y el resto de las comunidades
autónomas de España se sintieran también reconfortados en un principio de seguridad jurídica. Esas razones y también otras de índole histórica llevan a afirmar a mi grupo parlamentario que es necesario que aquel espíritu de hace 24 años se traslade
a esta actual mayoría. Por tanto, queremos dar este testimonio de solidaridad desde nuestra lejana y ultraperiférica región de Canarias -como dicen los estatutos de la Unión Europea- con este principio de identidad, dentro de la Constitución
española, con la Comunidad Valenciana y apoyar con nuestro modesto voto, pero con pleno significado democrático y de solidaridad con el pueblo y con la comunidad valenciana, la pluralidad de sus señas de identidad, dentro del concepto general de
Estado español, de Reino de España. Para Coalición Canaria-Nueva Canarias supone hoy una gran satisfacción democrática dar su voto favorable a la aprobación mayoritaria y democrática del nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana.
Que seáis felices
en la aplicación democrática de este principio.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y su tiempo se dividirá entre el señor Trillo-Figueroa y el señor del Burgo.
Tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señora vicepresidenta, señorías, señores representantes de la Generalitat y de las Cortes Valencianas, el Pleno debate hoy el proyecto de reforma del Estatuto valenciano, que tomó en consideración el
pasado 20 de septiembre. En primer lugar, quiero expresar en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestra gratitud a todos los que se han esforzado en la tramitación del Estatuto que, con toda probabilidad, alcanzará la mayoría absoluta exigida
por la Constitución en esta sesión parlamentaria. De manera particular déjenme dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de mi gratitud al ponente del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, y a quien nos ha acompañado al
señor del Burgo y a mí mismo, nuestra compañera de escaño, Soralla Sáenz de Santamaría.
Señorías, éste es un Estatuto de consenso, un Estatuto que llegó con el consenso de quienes representan en las Cortes Valencianas a más del 90 por ciento de los valencianos, que en su toma en consideración alcanzó un amplísimo consenso y que
hoy mantiene el apoyo de quienes representan prácticamente el 90 por ciento del conjunto de la soberanía nacional: el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria.
En consecuencia, señorías, hemos cumplido el objetivo de reforzar el consenso básico y de alcanzar lo que el presidente Camps enunció como un deseo: conseguir el doble consenso de inicio y de salida del Congreso de los Diputados. ¿Y qué
significado político tiene el consenso? Es ni más ni menos que un compromiso de estabilidad sobre la que ha de ser la regla institucional básica de la comunidad autónoma. Estoy seguro que para el Grupo Socialista, y desde luego para el Grupo
Popular, el Estatuto nuevo, el último en reformarse de la etapa anterior, aquella que unió al Partido Socialista y al Partido Popular, o si lo quieren el primero de los de primera generación, no es para nosotros un punto de partida para no se sabe
qué aventurismo y qué final; es un punto de partida para el autogobierno dentro de la Constitución.
Señorías, se han oído muchas cosas esta mañana y yo no pretendo ahora rebatirlas todas. Me referiré solamente a aquellos grupos parlamentarios que prestaron su apoyo en el momento inicial y que ahora lo retiran.
Quiero decirles
sencillamente que no lo entiendo, y no creo que puedan escudarse -con independencia de los incidentes procedimentales que ha resuelto la Mesa del Congreso- en la introducción en el texto de la enmienda sobre el 5 por ciento electoral y los dos
tercios que garantizan la estabilidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular porque, señorías, para quienes apoyan y apoyaron de entrada el Estatuto mayor tranquilidad habría de ofrecerles la actual redacción. Si se habla en términos de
blindaje, que no es el término mejor, como ya dije en Comisión pero que se me ha imputado, comprenderán
que es mucho mejor, para quienes mantienen la posición de que haya menor blindaje, la redacción actual -si es que creen que hay menor blindaje- que aquella que la reforzaba con el 5 por ciento. Por tanto, no tiene explicación; la puede
tener política, y algunos intervinientes se la han dado, aquellos que han querido excluirse hoy, que no durante la ponencia, y a los que me voy a referir, porque quiero agradecer muy sinceramente su participación, su presencia y sus enmiendas en
ponencia y en comisión, que han sido la señora Navarro, el señor Cerdà y el señor Xuclà, y a quienes no han venido a la ponencia o lo han hecho durante diez minutos, como algún representante interviniente durante veinte, queden contestados con lo
dicho hasta acá.
La señora Navarro ha intervenido con su característica vehemencia, pero hay algo que no se explica con la vehemencia ni se puede admitir, si me lo permiten, en un sistema parlamentario normalizado, y son esas apelaciones permanentes a que
quien no coincide con su criterio está fuera de la democracia o quiere imponerse de manera totalitaria. Ya sabe que se lo digo siempre con la máxima cordialidad. Dejemos esos términos.
Su señoría recordaba al constituirse la ponencia la
distinción entre democracia y demagogia, y yo le añadía la distinción clásica desde Aristóteles entre la oligarquía y la tiranía. Señora Navarro, lo que acuerda una cámara como la valenciana, que representa a más del 90 por ciento de los
valencianos, no puede ser tachado de antidemocrático. Usted tiene pleno derecho a mantener sus opiniones y a discrepar, pero tratar de imponérselas a la mayoría eso sí es demagogia y eso sería tiranía, y hacerlo contra la mayoría de los
representantes de la soberanía nacional que representan a más del 80 por ciento, tratar de imponerlo e ir contra la mayoría sería demagogia y sería tiranía. Por tanto, mantenga su criterio en otros términos, pero no trate de conservar usted la
patente de la democracia porque, señora Navarro, a estas alturas del desarrollo democrático de España, sinceramente, hasta su argumento pierde credibilidad y fuerza.
El señor Cerdà no ha estado en la vehemencia, ha estado en la nostalgia de las viejas banderas que él mismo reconoce milenarias. Ya sabe que tiene absoluto respeto por mi parte en el orden personal y también en la historia a la que S.S.
dice representar en no sé qué términos. Pero, señor Cerdà, tampoco pretenda dar lecciones de construir el autogobierno valenciano a las Cortes Valencianas y a quienes aquí sumamos una mayoría mucho más que suficiente. Y no pretenda hacerlo con
materiales históricos foráneos, porque el querer demostrarle a un pueblo que se autoorganiza, que proclama su identidad y su autogobierno, cómo debiera hacerlo con materiales foráneos, a eso se llama importación, señor Cerdà, y no quiero ir más
allá. No discuto la legitimidad de S.S. para defender, desde su escaño por Barcelona, lo que quiera sobre el Estatuto valenciano, pero por favor no lo haga a base de trasponer fórmulas, que por lo demás rompen la Constitución -pero de eso ya
hablaremos otro día-, del Estatuto catalán a un Estatuto querido por la mayoría de los representantes valencianos.
El señor Xuclà ha dicho dos cosas que no puedo pasar por alto, pero también se lo digo con todo afecto. Primero ha dicho que otra cosa hubiera sido si el valencianismo político estuviera en las Cortes Valencianas. Señor Xuclà, ¿quién es
usted para dar patente de valencianismo político? En las Cortes Valencianas está el valencianismo político que han querido los valencianos y que son los que constituyen la mayoría aquí y allí. Segundo, señor Xuclà, usted sabe que ataca
directamente mi sensibilidad citando a Josep Pla, magníficas crónicas parlamentarias que siempre he leído en castellano pero que el Grupo Parlamentario Popular del Parlamento catalán este año me ha regalado en catalán. Señor Xuclà, también aquí en
el Congreso: bon dia, señor Xuclà.
La diferencia es que para mí mi país es Madrid, es Barcelona y es Valencia. Para mí mi país es el suyo y lo que me gustaría es que usted admitiera que el suyo también es mi país, señor Xuclà, (Aplausos.) no solo
allá donde usted quiere llegar.
Señorías, ese consenso entre las fuerzas mayoritarias, apoyadas hoy en el Parlamento por Coalición Canaria, ha posibilitado y potenciado la autonomía, el consenso y la recepción de los signos de identidad. Al hacerlo, los valencianos, ni
quienes aquí hemos trabajado en el Estatuto que aprobará la mayoría, no han tratado de buscar una redefinición ni de Valencia ni de España, porque, sencillamente, los valencianos -así lo pensamos la mayoría- no tienen problemas existenciales. Los
valencianos saben lo que son y saben lo que quieren y ser valencianos para ellos es su manera de ser españoles. Esto no les molesta, al contrario, no es que sea compatible, sino que es inescindible, es decir, cuanto más valencianos se sienten más
españoles se afirman. En consecuencia los signos de identidad que recoge este Estatuto no son signos de exclusión.
Los valencianos subrayan lo positivo, lo que une, no tanto como diferencia sino como afirmación de lo propio.
Se ha puesto especial énfasis en la lengua valenciana. Vuelvo ha hacer recepción en el Pleno de aquellas citas de los clásicos valencianos del siglo de oro, el siglo XV, que fueron los primeros en denominar como tal al valenciano, desde
Martorell a Isabel de Villena, desde Ausiàs March a Corella o a Roig. Quiero volver a decir que es plenamente compatible con aquellos grandes escritores de la lengua castellana, desde Guillén de Castro a Miró, a Gil Albert, a Miguel Hernández o
Azorín. Y citando a un compañero mío de escaño, al señor Calomarde: la cultura valenciana no puede ser subsumida como un epifenómeno menor o subordinado de ninguna otra manifestación cultural por muchos y especiales lazos históricos que comparta
con ella.
Señorías, hoy se han vuelto a detener en el debate lingüístico como si se tratara de académicos. Yo no lo soy, ya me gustaría, y desde luego, no pretendo enmendar la plana a quienes lo son. Estamos regulando políticamente un hecho como
quiere el pueblo valenciano, y es
razonable porque está dentro de la Constitución, que se regule. El propio Sanchís i Guarner decía en 1933: La lengua de los valencianos es el valenciano. Somos valencianos y nuestro idioma es el valenciano -repito, y nuestro idioma es el
valenciano-. Desde el punto de vista del reconocimiento por los castellanos de esa identidad propia del valenciano creo que les bastarán al menos estas citas. Nada menos que don Julio Casares afirmaba en 1959: Y no está exento de alcance político
la rectificación que se ha hecho en las definiciones del catalán, del valenciano, del mallorquín y del balear con el fin de ajustarlas a las exigencias de la lingüística moderna, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las
respectivas regiones. Un gran liberal -convendrán conmigo que lo fue-, don Salvador de Madariaga, nada menos que en su libro España recordaba lo siguiente: Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la
valenciana, difiere lo suficiente de la catalana para poderse permitir gramática y vocabulario propios. En fin, no creo que nadie pueda poner en cuestión ni por un lado ni por el otro al señor Menéndez Pidal, nada menos que director eximio de la
Real Academia Española de la Lengua, que reconocía que la lengua valenciana es la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no solo aprendieron catalanes, sino incluso castellanos. Baste recordar a Ausiàs March, primero en
escribir en pura lengua valenciana y a su Tirant lo Blanc, que Cervantes salvó de la quema de libros en su Quijote.
Señorías, este Estatuto está en fin redactado con lealtad a la Constitución, desde la Constitución, desde la legitimidad constitucional, no dando a los derechos históricos ni valor de rencor, ni valor de agravio, ni reivindicación pendiente,
ni de nostalgia, dándole sencillamente el que le da la Constitución española; no pretendiendo darle al derecho histórico valor metajurídico, sino sencillamente reconociendo por primera vez, en efecto después de los decretos de nueva planta, que se
pueda recopilar, actualizar el derecho civil foral valenciano. No les faltarían a los valencianos títulos de agravio que tanto se invocan, ni los antiguos, después de la Guerra de Sucesión, ni los últimos tampoco en otras guerras más recientes,
pero, señorías, prefieren actuar desde la lealtad. Ha sido siempre su norma de conducta, desde la Constitución, en la Constitución y por medio de la Constitución.
En fin, señora presidenta, señorías, con este Estatuto los valencianos reafirman su
identidad, amplían su autogobierno, garantizan su libertad y su igualdad con los demás españoles y contribuyen solidariamente a hacer una España sencillamente más justa. Esta es, en suma -preguntaban por qué-, la vía valenciana, que en efecto
nosotros consideramos ejemplar en procedimiento y en contenido para las reformas de los estatutos de autonomía que hayan de venir. No se queda a medio camino de nada y mucho menos que de nada de no se sabe qué destino confuso fuera de la
Constitución. Los valencianos, porque saben lo que quieren, porque no practican ni quieren el aventurismo, parten y llegan a la Constitución española; o, mejor, la Constitución es punto de partida y la España democrática, plural y europea es el
punto de llegada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Trillo.
Señor Del Burgo, es su turno por el Grupo Popular. Le recuerdo que le quedan a usted cinco minutos de intervención.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señora presidenta.
Después de la brillante exposición de mi compañero Federico Trillo, la verdad es que pocas cosas habría que añadir a lo que él ha expuesto, pero algunas tendríamos que decir desde el punto de vista del contenido en cuanto a los títulos II al
X del Estatuto. En primer lugar haré una consideración de carácter general. Ni en ponencia ni en Comisión tuvimos la pretensión de enmendar la plana al texto aprobado por las Cortes Valencianas, donde el proyecto obtuvo, como ya se ha destacado,
el consenso de casi el 95 por ciento de los representantes del pueblo valenciano. Nuestra función ha sido, y no es poco, analizar su contenido desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución y tratar de mejorarlo desde el punto de vista
técnico, cosa esta última que hemos conseguido gracias a la inestimable colaboración del letrado Peñaranda.
Por eso anuncio nuestro rechazo a todas las enmiendas defendidas, como es obvio, tendentes a quebrar ese consenso básico alcanzado en el
seno de la Comunidad Valenciana. Pues bien, parafraseando al presidente del Gobierno, estamos en condiciones de afirmar que el Estatuto de la Comunidad Valenciana está limpio como una patena. No somos el Tribunal Constitucional, pero ni en la
definición de los derechos de los ciudadanos valencianos, ni en la regulación de sus instituciones de autogobierno, ni en la concreción de las nuevas competencias que confieren a la Comunidad Valenciana plena autonomía política, ni por supuesto en
el capítulo relativo a la financiación, existe el menor roce con la Constitución. Contiene el Estatuto una regulación de los derechos de los valencianos y de las valencianas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Todos ellos tienen un profundo contenido social, informarán la política social de la Generalitat y deberán desarrollarse en una futura carta de derechos sociales. Nada tiene que ver todo esto -quede bien claro-
con la pretensión de establecer una verdadera tabla de derechos y libertades fundamentales, como si de un país soberano se trata, porque para eso están las constituciones, pero no los estatutos de autonomía. En relación con uno de esos derechos
sociales, destaco el que confiere a los ciudadanos
valencianos el derecho a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Llamo la atención sobre el hecho de que partidos supuestamente progresistas se hayan opuesto a reconocer el derecho de los ciudadanos valencianos a la
distribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias. Nada hay más reaccionario que oponerse a la aplicación del principio de solidaridad a la hora de repartir un bien escaso como el agua.
En cuanto a las instituciones de la Generalidad, cuyos poderes no emanan del pueblo sino que se ejercen conforme a la Constitución después de constatar la voluntad estatuyente de los ciudadanos valencianos, destaca como novedad más
sobresaliente la supresión del límite del 5 por ciento para obtener la representación de las Cortes Valencianas. La representación no tiene por qué estar reñida con otros principios dignos de protección como son la gobernabilidad y la estabilidad
institucional, pero en cualquier caso en lo sucesivo la fijación del porcentaje mínimo exigido para obtener representación será de la exclusiva competencia de las Cortes Valencianas.
La regulación estatutaria de la Administración de Justicia se adecua a nuestro juicio a los parámetros constitucionales. Nosotros entendemos que la justicia es una competencia exclusiva del Estado; que los consejos autonómicos de justicia
no pueden ser otra cosa que órganos de colaboración, pues la Constitución atribuye al Consejo General la función de gobierno del Poder Judicial; que el Tribunal Supremo no puede quedar reducido a una especie de docta academia de jurisprudencia para
la unificación de doctrina en la aplicación de un derecho estatal, en franca retirada; que no se puede imponer a los jueces y magistrados la obligación de conocer los idiomas de las distintas comunidades, pues ello conduce a la discriminación en el
acceso a la carrera judicial. Todos estos criterios se respetan en el nuevo Estatuto y celebro que el Grupo Socialista los haya compartido.
En el título relativo a las competencias, se profundiza de una manera rigurosa en el derecho al autogobierno, sin pretendidos blindajes innecesarios e inconstitucionales; blindajes, por cierto, a los que algunos renuncian sin rechistar
cuando desde Bruselas se dictan reglamentos y directivas y, en cambio, pretenden convertirlos en baluarte inexpugnable cuando se trata de eludir las políticas comunes acordadas no por Madrid, como se dice, sino por las instituciones representativas
de la soberanía nacional, es decir de estas Cortes Generales. Las Cortes Valencianas han demostrado cómo es posible armonizar el derecho a una autonomía plena con la lealtad constitucional. Los representantes del pueblo valenciano no han puesto en
duda la existencia de un Estado fruto de la soberanía de la nación española, que puede y debe llevar a cabo políticas comunes para garantizar en todo el territorio español el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, la cohesión social y
el principio de solidaridad.
Los demás títulos también son impecablemente constitucionales. La Generalitat Valenciana quiere participar a la hora de fijar la voluntad del Estado en las instituciones europeas cuando estén en juego competencias propias, pero sin
condicionar la política exterior del Estado español. Por supuesto, existirá un importante campo para la relación bilateral entre el Gobierno valenciano y el Gobierno de la nación, a fin de coordinar de manera adecuada las respectivas competencias.
Esta colaboración deberá ser especialmente fluida cuando se trate de implantar el nuevo modelo de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas de régimen general, pero no se discute ni la unidad de la soberanía ni la sujeción al
principio de multilateralidad.
Una última reflexión, señora presidenta. Este Estatuto se elaboró por consenso en las Cortes Valencianas. Allí mereció el apoyo casi unánime de los representantes del pueblo valenciano. Esto fue posible porque los dos partidos de ámbito
nacional, el Partido Popular y el Partido Socialista, mantuvieron su fidelidad al espíritu de la transición. No es, pues, un Estatuto nacionalista, ni de izquierdas, ni de derechas. Es el Estatuto de una nacionalidad histórica española, que no
aspira a convertirse en nación ni siquiera de forma vergonzante, ni quiere expulsar al Estado español de su territorio, ni pretende convertir a la Generalitat en un Estado, ni mucho menos avanzar hacia metas de soberanía y, digámoslo sin tapujos, de
secesión. El mismo consenso alcanzado en las Cortes Valencianas se va a mantener en las Cortes Generales. Entre tanto anuncio de dislocación constitucional al que estamos sometidos en estos tiempos, esto es una buena noticia. El pueblo valenciano
y sus representantes, señorías, nos han dado a todos una gran lección de patriotismo constitucional. No en vano la primera estrofa de su himno, aunque tal vez a alguno le moleste, expresa una de las señas de identidad del pueblo valenciano: para
ofrecer nuevas glorias a España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Del Burgo.
Finalizamos, señorías, con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra el señor Ciscar. Adelante, señor Ciscar, cuando quiera.
El señor CISCAR CASABÁN: Señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados, delegación de representantes de las Cortes Valencianas, bienvenidos. Antes de iniciar mi intervención quiero dirigirme al señor Xuclà y decirle, en primer
lugar, que no ha habido en España un Gobierno que haya hecho tanto por las lenguas propias de las comunidades autónomas como el actual Gobierno presidido por el presidente Zapatero. (Aplausos.) Quiero decirle también que no ha habido nadie en la
Comunitat Valenciana, desde el tiempo que usted quiera, que haya hecho tanto por la lengua propia de los valencianos como el Gobierno socialista desde el año 1983 hasta el año 1995. (Aplausos.) Quiero pedirle,
señor Xuclà, que después de la mención a mis 21 compañeros y compañeras del PSC que ha dirigido con carácter conminatorio reflexione, pida disculpas y lo retire, porque no es propio de su actitud y de los usos que ha venido demostrando en
este Parlamento. (Aplausos.)
El 20 de septiembre pasado el Pleno del Congreso de los Diputados admitía a trámite la propuesta de las Cortes de reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana. La propuesta ha seguido el trámite correspondiente y tras su paso por la
Comisión Constitucional el pasado día 2 llega hoy a este Pleno del Congreso. Intervengo en nombre del Grupo Socialista y quiero, en primer lugar, dejar constancia de que la propuesta de reforma que hoy nos ocupa viene referida a un pueblo, hombres
y mujeres que sienten su historia, su lengua, su cultura, la tradición de autogobierno y el derecho histórico, que constituye dentro de España una nacionalidad histórica y que todos estos elementos diferenciales son merecedores de ser recogidos en
su Estatut. Nos encontramos ante una propuesta de reforma amplia, la primera que puede ser aprobada en esta legislatura por el Parlamento, que refleja la voluntad de avanzar y recuperar el terreno que no fue posible alcanzar al principio de los
años ochenta, después de que la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de Valencia, Alacant y Castelló se pronunciaran expresando el deseo y la solicitud de una autonomía plena. Después de un proceso no exento de conflictos y algunas frustraciones el
firme compromiso de consolidación de la democracia hizo que se llegara en 1982 al acuerdo y a la aprobación del Estatuto de Autonomía vigente. Ese Estatuto vigente junto con la Ley de Transferencias a la Comunidad Valenciana ha permitido la
conquista importantes niveles de autogobierno y ha contribuido a la consolidación de la democracia y al incremento de los niveles de bienestar y vertebración social de los valencianos y las valencianas. Es comprensible que tras 23 años se haya
optado por la reforma amplia con el propósito de alcanzar mayores niveles de autogobierno, mejorar las condiciones de vida de los valencianos y valencianas y conseguir mayor cohesión social, a la vez de ver cumplido el objetivo de la consecución
plena, formal y real de los efectos del artículo 151 de la Constitución que no fue posible en el año 1982.
Señorías, cada pueblo, cada autonomía, tiene su propio camino; el que hoy nos ocupa es el escogido por los valencianos y las valencianas, expresado por sus representantes políticos de manera muy amplia. Mi grupo valora de forma muy
positiva esta propuesta de reforma en la que se cumplen los requisitos enunciados en el debate de investidura cuando el presidente del Gobierno afirmó en esta Cámara que apoyaríamos las reformas estatutarias que se plantearan desde las distintas
comunidades autónomas siempre que concurrieran dos condiciones: la primera, que se inscribieran en el marco y dentro de los límites de la Constitución y, la segunda, que llegaran a estas Cortes con un consenso político y social suficientemente
amplio, es decir en el marco de la Constitución y con consenso político amplio. Las dos condiciones se cumplen en la propuesta que llega de las Cortes Valencianas al Congreso de los Diputados: sí, en el marco de la Constitución supone en todo caso
que ha de ser un elemento común de todas las comunidades autónomas en la reforma de sus estatutos, y en el caso concreto del consenso la propuesta que viene de las Cortes Valencianas supone más del 90 por ciento de las propias Cortes Valencianas,
que a su vez representan más del 80 por ciento del voto emitido en las pasadas elecciones autonómicas. Este Estatut es hoy posible por una decisión muy mayoritaria, por la voluntad del Partido Popular que gobierna la Generalitat y por la voluntad y
el compromiso con los intereses generales de los socialistas valencianos desde la oposición. Sin esa doble concurrencia no hubiera sido posible, sin esa doble concurrencia no estaríamos hoy debatiendo y decidiendo en torno a la propuesta de reforma
del Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Permítanme, señorías, que, en primer lugar, porque es de justicia, destaque la actitud de los socialistas valencianos con respecto al Estatut que hoy
vamos a considerar.
Los socialistas valencianos, lejos de dedicarse a la agitación y a la propaganda, han realizado una contribución sin la cual hoy no estaríamos debatiendo y acordando este nuevo Estatut. Hubiera sido fácil tratar de no implicarse en ese
proceso, organizar a través de toda la Comunidad Valenciana, pueblo a pueblo, mesas petitorias pidiendo que los valencianos y las valencianas se pronunciaran y firmaran acerca de la alta deuda que mantiene la Generalitat Valenciana, la primera de
todas las comunidades autónomas; que se pronunciaran acerca de los planteamientos que en urbanismo mantiene la Generalitat; que se pronunciaran acerca de la falta de transparencia o acerca de la utilización partidista de los medios de comunicación
pública (Aplausos.), pero hay algo que Joan Ignasi Plá y los socialistas valencianos plantearon de forma clara desde el primer momento: que actuarían desde la oposición como si fueran Gobierno en defensa del interés general de los valencianos.
(Aplausos.) El que actúa desde la oposición defendiendo el interés general como si fuera Gobierno merece ser Gobierno, y en el tiempo necesario será Gobierno; y creo que esta es una de las primeras cuestiones que tendrían que tener en cuenta el
Partido Popular y el señor Rajoy respecto a las actitudes que actualmente están manifestando con relación a cualquier otra reforma de estatuto o en el caso concreto del Estatut de Catalunya.
Permítanme, señorías, que me centre en algunos aspectos que a lo largo de este trámite hemos podido considerar. Más de la mitad de las enmiendas que en este momento se mantienen tienen que ver con aspectos identitarios y algún aspecto
organizativo. Prácticamente la otra mitad tiene que ver con competencias, con organización de la justicia o con aspectos económico-fiscales que, como se ha dicho, son una traslación literal del
Estatut catalán al Estatut valenciano. No es que este sea el problema fundamental, sino que este estriba en que algunas de estas cuestiones hoy mismo parece que tienen poca vigencia, poca actualidad y poca previsión en su resultado. Como
les decía, mas de la mitad de las enmiendas tienen que ver con aspectos identitarios: denominación de la comunidad, delimitación territorial, bandera y hasta himno -no figura en el Estatut-, lengua propia y derechos históricos. Permítanme decir
que en la Comunidad Valenciana conocemos bien lo que significa esto. Conocemos también que media sociedad no puede imponer a otra media determinadas cuestiones identitarias, que tienen que estar establecidas en un acuerdo que sin duda implica y
supone cesiones; esto lo conocemos desde el año 1982. Baste recordar, cuando ahora determinados grupos, desde su legitimidad, plantean enmiendas para que se cambie el nombre de la autonomía de la comunidad, que ese fue el problema que en el año
1982 paralizó el Estatuto de Autonomía en esta Cámara. Cuando se inició el debate del Estatuto de Autonomía, en el que no se había podido llegar a un acuerdo sobre alguna de estas posiciones, llegó por una exigua mayoría, mínima, a este Congreso de
los Diputados una propuesta que determinaba que el nombre era el de reino de Valencia. El Congreso de los Diputados se pronunció y había dos opciones: reino de Valencia o país valenciano. Mi grupo en aquellos momentos entendía que la denominación
más adecuada era la de país valenciano, otros que la de reino de Valencia. Se produjo la primera votación en este Congreso de los Diputados y hubo más votos en contra de la propuesta de reino de Valencia que a favor. Por tanto, el Estatuto se
devolvió. Un Estatuto que pudo haber sido aprobado de los primeros tuvo que conseguir su aprobación en octavo lugar por el conflicto que se generó en torno a unas cuestiones de carácter identitario, como era la denominación de la comunidad. Ni que
decir tiene que ello llevó a un acuerdo posterior, que supuso una denominación que no tenía que ver con su referencia a su sentido histórico ni tampoco con nada de lo que en ese momento se estaba defendiendo. La denominación que se acordó en el año
1982 fue la de Comunidad Valenciana que es la que ahora viene en el propio Estatuto con su adecuación a la terminología valenciana propia. Comunitat Valenciana es lo que viene en estos momentos de resulta de la decisión del año 1982, que sin duda
fue controvertida.
Les podría ir así diciendo cada una de las cuestiones que configuraron este carácter identitario, pero, señorías, una primera cuestión es ver esto de forma positiva y no negativa y entender que en la Comunidad Valenciana hay distintas formas
de denominar a una misma realidad; que en la Comunidad Valenciana hay quien denomina a su comunidad como país valenciano, hay quien lo denomina como reino de Valencia, y todos sabemos que su denominación oficial es la de Comunitat Valenciana.
Ninguna de estas denominaciones entra ya en contradicción con otra, porque ya se ha conseguido la suma e integración suficiente de lo que es referirse a una realidad con distintos nombres. Lo mismo ocurre cuando alguien habla de España, de Estado
español o de Reino de España, hay una evidente referencia a una realidad igual. En el caso de la Comunitat Valenciana ocurre, y cada vez ocurrirá más, ese sentido de integración junto al nombre oficial de denominaciones que completan el mismo. Lo
mismo podríamos decir de cada uno de estos elementos identitarios básicos.
Señorías, hay una cuestión evidente: en el actual Estatut todo el apartado identitario se mantiene como estaba en el año 1982, porque 23 años de vigencia han permitido
resolver bastantes de estos problemas.
Quizás alguien dirá que si contamos la palabra idioma aparece alguna vez más que antes; cierto, porque se ha completado con otros aspectos el artículo sexto, que antes no se contemplaban, y se han añadido
algunas palabras -idioma más veces- que las que había en aquel momento. Esta denominación de idioma, de lengua o simplemente de valenciano también es indistintamente utilizada en la Comunidad Valenciana.
De todo este conjunto de elementos identitarios hay dos que merecen especial referencia y en los que me voy a detener. Uno es precisamente la lengua y su denominación y el otro es el límite o barrera electoral desde el punto de vista
organizativo que trae la propuesta. Mi grupo ha mantenido siempre -así lo expresó nuestro portavoz, el señor Rubalcaba- que íbamos a ser profundamente respetuosos con todas las propuestas de reforma de estatutos de autonomía en el apartado
identitario y en el organizativo, porque entendíamos que el consenso, siempre dentro de los límites de la Constitución, estaba y se producía en el ámbito propio, es decir en la propia comunidad autónoma. En ese aspecto, hemos tratado de mantener a
lo largo de todo este trámite ese respeto, intentando sumar más consenso si era posible y pidiendo al Grupo Popular que, manteniendo el consenso básico, se pudiera incrementar en el Congreso de los Diputados sumando a otras fuerzas políticas o a
otros grupos que podían hacer sus aportaciones. En el caso concreto de la lengua, con independencia de la aparición de una o dos veces más de la palabra idioma, lo esencial es que a partir de ahora este Estatuto establece que es fundamentalmente la
Academia Valenciana de la Lengua la que tiene que determinar todas las cuestiones relativas a la normativa lingüística y a las posibles identidades. Quiero también informarles a este respecto que la Academia Valenciana de la Lengua se ha
pronunciado ya en una resolución concreta. La resolución, que me permito leer, es la siguiente: La denominación valenciano y también las denominaciones lengua propia de los valencianos o idioma de los valencianos u otras avaladas por la tradición
histórica valenciana, el uso popular o la legalidad vigente, no son ni han de ser objeto de polémica; todas sirven para designar nuestra lengua propia. El valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana, forma parte del sistema
lingüístico que los correspondientes estatutos de autonomía de
los territorios españoles de la antigua Corona de Aragón reconocen como lengua propia. Si hemos decidido a partir de ahora o han decidido los valencianos -y este Congreso así lo asume- que sea la Academia Valenciana de la Lengua la
institución de la Generalitat con carácter público que defina lo que corresponde a la propia determinación de la lengua, hemos establecido el primer paso para separar de las decisiones y del debate político estas cuestiones y llevarlas
fundamentalmente a donde corresponden, que es a la decisión serena, científica, filológica o propia de los académicos. (Aplausos.)
Señorías, tenemos una lengua que evidentemente es compartida; además es cierto que nos entendemos cuando hablamos entre nosotros. Compañero de escaño mío es el señor Antich, de las islas Baleares, y cuando hablo con él no tengo que pedir
traductor, nos entendemos perfectamente; compañero también de mi grupo es el señor Becana de Huesca, de la franja o el lugar de habla catalana, y cuando hablo con él, desde que nos encontramos hasta que nos separamos, no pedimos traductor para
entendernos. Ocurre lo mismo con el señor Xuclà cuando estos días hemos intercambiado opiniones en la Comisión. Es evidente que tenemos una lengua de entendimiento, no de enfrentamiento, y que puede haber modalidades o fonéticas diferentes, pero
esas modalidades o fonéticas diferentes son las mismas que también puede observar un castellano viejo con un andaluz o con un canario. Son modalidades, son fonéticas, son peculiaridades, pero cada uno estima lo propio y, sobre todo, históricamente
hay denominaciones que han calado en la ciudadanía y que son las que se emplean cuando se habla de una lengua.
Tenemos, por tanto, una vía de solución. Nuestro grupo pedía más al Partido Popular; pedía un esfuerzo mayor para sumar. El Grupo
Popular no lo ha hecho y se ha estimado oportuno no romper el consenso básico, y, sobre todo, se han creado en el propio Estatuto las salidas para resolver este problema alejándolo del propio debate político.
En cuanto al límite electoral del 5 por ciento que figura en el Estatuto de Autonomía, mi grupo pidió al Grupo Popular la reducción del 5 al 3 por ciento y estuvimos hasta el último momento, como también lo pidieron los socialistas
valencianos desde el primer día hasta el último. Hasta el último momento estuvimos intentando una solución para reducir el 5 al 3 y que quedara el 5 por ciento en el ámbito de la circunscripción o que saliera del Estatuto el tratamiento del límite
electoral. Al final fue posible esto último, pero, señorías, a quien no ha apreciado la importancia de esa decisión quiero decirle lo siguiente: si esto hubiera continuado en el propio Estatuto, como parece que algunos dicen que debería haber
sido, los obstáculos para su cambio serían cinco. El primero, el acuerdo de inicio de reforma en las Cortes Valencianas; el segundo, el acuerdo de aprobación de la reforma; el tercero, el trámite de la reforma de acuerdo en el Congreso de los
Diputados; el cuarto, el trámite en el Senado y el quinto, el referéndum en la Comunitat Valenciana. Cinco obstáculos que con esta decisión se apartan del Estatuto. Y ahora queda únicamente una cuestión, y es que en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, en las Cortes, sean los representantes de los valencianos y las valencianas los que decidan cuál es su límite, si lo quieren, y cuál debe ser. (Aplausos.)
Señorías, recordaba el señor Xuclà -y termino- aquello que Raimon decía: (Pronuncia palabras en valenciano.) Yo también quiero recordar palabras del mismo Raimon: (Pronuncia palabras en valenciano.) Por tanto, creo que la esperanza en el
futuro que podamos conseguir, los cambios que el futuro pueda deparar y, sobre todo, la fe, la confianza en los ciudadanos -en este caso en los valencianos y en las valencianas- tienen que ser los elementos fundamentales. La Comunidad Valenciana ha
acordado su reforma estatutaria. Sin mirar a los demás, sin esperar a otros, resolviendo sus problemas con sus propias soluciones y ha insertado así este proceso de reforma del Estatut por derecho propio en el centro del debate autonómico actual
español aportando soluciones. En mi opinión, las fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana han hecho un ejercicio de responsabilidad y de iniciativa política. Todos sabemos que algunas comunidades tienen sus proyectos en el cajón a la espera de
lo que ocurra en Cataluña y que nadie se atrevía a exponer sus posiciones autonómicas por temor a quedarse corto. Por eso es destacable el arrojo político de los valencianos en cuanto a la propuesta de reforma que se nos ha presentado para resolver
sus problemas pendientes. (Rumores.) Señorías, la Comunidad Valenciana ha dado un paso con el que se abre un tiempo de reformas para consolidar la España plural, que es posible gracias a la posición política y a la visión abierta que está
impulsando el actual Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero.
Señor presidente, señorías, gracias. (Aplausos.-El señor Xuclà i Costa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, pido la palabra por alusiones directas, de acuerdo con el artículo 71, hechas al principio de la intervención de don Cipriá Císcar.
Señor Císcar, usted y yo compartimos nuestra admiración por Raimon. Solo tres breves consideraciones. Primero, reconozco el papel jugado por el Partido Socialista del País Valencià en su época de Gobierno para la normalización lingüística,
y he hecho referencia en mi intervención a su protagonismo en la Ley de normalización lingüística del año 1983.
Simplemente pongo en duda que con este nuevo instrumento y con sus protagonistas, en este nuevo Estatuto esta tradición pueda continuar.
Segundo, reconozco también los esfuerzos hechos por este Gobierno para el reconocimiento del carácter plurilingüístico del Estado español. Le recuerdo simplemente que aún nos queda trabajo por hacer, por ejemplo, en el Parlamento Europeo o en el
Senado, pero que se
ha avanzado en esta materia. Finalmente, he hecho una referencia nominal a algunos diputados, a los diputados del Partido Socialista de Cataluña, apelando a su conciencia. Parece ser que esto ha violentado su conciencia o la cortesía
parlamentaria. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que retiro esta referencia directa a estos nombres, pero que mantengo evidentemente la invitación a la apelación a su conciencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Así constará en el 'Diario de Sesiones'. Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
-REAL DECRETO-LEY 1/2006, DE 20 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO. (Número de expediente 130/000028.) (Votación.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votación relativa a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 152; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda derogado el real decreto-ley.
(Rumores.-Aplausos.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
-ACUERDO SOBRE LA PROMOCIÓN, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE GALILEO Y LOS SISTEMAS GPS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE Y LAS APLICACIONES CONEXAS, HECHO EN DROMOLAND CASTLE, CO. CLARE EL 26 DE JUNIO DE 2004. (Número de expediente 110/000120.)
-ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL CIVIL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y EL ESTADO DE ISRAEL, HECHO EN BRUSELAS EL 13 DE JULIO DE 2004. (Número de expediente 110/000121.)
-INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN Y AL CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), HECHO EN MARRAKECH EL 18 DE OCTUBRE DE 2OO2 Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU ACEPTACIÓN. (Número de
expediente 110/000122.)
-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN WELLINGTON EL 28 DE JULIO DE 2005.
(Número de expediente
110/000123.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.)
¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de algunos de los dictámenes referidos? (Pausa.)
En tal caso se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Quedan aprobados los referidos
dictámenes.
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000002.) (Votaciones.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, y tal como han sido ordenadas y distribuidas las enmiendas a los distintos portavoces, comenzamos con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 24; en contra, 294; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. Votación de las enmiendas 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 32; en contra, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de la enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 18; en contra, 300; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de la enmienda número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 13; en contra, 303; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 294; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de la enmienda 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 31; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de las enmiendas 12, 21 y 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 20; en contra 292; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 24; en contra, 294; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de la enmienda número 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 12; en contra, 293; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 24; en contra, 294; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de la enmienda número 131.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 19; en contra, 294; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 304; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de la enmienda número 64.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 31; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas 81 a 94, 98, 102, 109, 112, 117, 118, 122 a 124 y 128.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 10; en contra, 292; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 126.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 10; en contra, 297; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 14; en contra, 294; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda número 170.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 22; en contra, 293; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 173.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 21; en contra, 294; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 27, de los grupos parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Mixto, señora Barkos Berruezo, señora
Lasagabaster Olazábal y señor Labordeta Subías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 31; en contra, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del dictamen. En primer lugar, votación del artículo 7, por el que se modifica el artículo 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 292; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En segundo lugar, votación del artículo 27, por el que se modifica el artículo 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 293; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 303; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Debido al carácter de ley orgánica, debemos proceder ahora a la votación final de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 294; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.