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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 137, de 14/12/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 137
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 129
celebrada el miércoles, 14 de diciembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 6904)
Interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política que piensa adoptar el Gobierno frente a las situaciones de pobreza y de exclusión social. (Número de expediente 172/000141.) ...
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dignificar la situación de las viudas y viudos en el Estado español. (Número de expediente 172/000143.) ... (Página
6934)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que aclare las responsabilidades políticas en relación con la detención ilegal de dos ciudadanos que ejercían libremente su derecho constitucional a manifestarse. (Número de expediente
172/000144.) ... (Página 6940)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 6904)
Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿En qué plazo va a remitir a la Cámara el informe de situación y el Proyecto de Ley comprometidos por el
Gobierno en relación con las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista? (Número de expediente 180/000996.) ... (Página 6904)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Con qué objetivos afronta el Gobierno las negociaciones sobre las Perspectivas Financieras de
la Unión Europea, para el período 2007-2013, que está previsto debatir en el Consejo Europeo de los días 15 y 16 del presente mes? (Número de expediente 180/000998.) ... (Página 6905)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Podría aclarar el Presidente del Gobierno qué tipo de contactos se han mantenido o se están
manteniendo con Batasuna? (Número de expediente 180/001023.) ... (Página 6906)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno mantener su alianza política con ERC?
(Número de expediente 180/001003.) ...
(Página 6907)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Se siente el Gobierno condicionado por los acuerdos
del Pacto del Tinell también en la reforma del Estatuto de Cataluña? (Número de expediente 180/001004.) ...
(Página 6908)
De la Diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Está dispuesto el Gobierno a utilizar una fórmula financiera similar a la
prevista en la Adicional Cuarta del Concierto Económico para eventuales obras en Navarra? (Número de expediente 180/000995.) ... (Página 6909)
De la Diputada doña Rosa María Bonàs i Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo piensa afrontar el Gobierno español el
progresivo cambio en el reparto de los fondos europeos? (Número de expediente 180/001022.) ... (Página 6910)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Comparte el Gobierno la opinión del Presidente de
que el crédito del PSC 'ha sido transparente al Tribunal de Cuentas'? (Número de expediente 180/001005.) ... (Página 6911)
Del Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cómo valora el Ministro la reunión de Ministros de
Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas la semana pasada para abordar las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013? (Número de expediente 180/001006.) ... (Página 6912)
Del Diputado don Manuel Huertas Vicente, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Ministerio de Asuntos Exteriores de los resultados de la
Cumbre Euromediterránea de Barcelona, celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 2005? (Número de expediente 180/001011.) ... (Página 6913)
De la Diputada doña María José Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué opina el Gobierno de los resultados de las recientes elecciones
legislativas de Venezuela? (Número de expediente 180/001012.) ... (Página 6914)
De la Diputada doña Antonia García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con la aprobación del Real Decreto 1263/2005 por el
que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales? (Número de expediente 180/001017.) ... (Página 6915)
Del Diputado don Siro Torres García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con la anunciada Ley Básica del Gobierno y de la
Administración Local? (Número de expediente 180/001018.) ... (Página 6916)
De la Diputada doña María Gloria Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué medidas están previstas en la Ley Orgánica de Educación para mejorar el éxito
en la educación secundaria? (Número de expediente 180/001014.) ... (Página 6917)
De la Diputada doña Manuela Holgado Flores, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué medidas están previstas en la Ley Orgánica de Educación para la prevención del fracaso
escolar en la educación primaria? (Número de expediente 180/001015.) ... (Página 6918)
De la Diputada doña Celia Villalobos Talero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Desde cuándo conoce la Sra. Ministra de Medio Ambiente los daños producidos por las obras del
AVE en el acuífero de la Sierra de Abdalajís en Málaga? (Número de expediente 180/001009.) ... (Página 6918)
De la Diputada doña María del Carmen Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son las razones que han llevado al Ministerio de Medio Ambiente a anunciar la
expropiación de una parte del Hotel de Algarrobico en el término municipal de Carboneras, Almería, actualmente en construcción? (Número de expediente 180/001019.) ... (Página 6919)
Del Diputado don Sebastián Fuentes Guzmán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son las actuaciones puestas en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente para solucionar
los problemas de agua en la provincia de Ciudad Real? (Número de expediente 180/001020.) ... (Página 6920)
Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Va a plantear el Presidente del Gobierno una reforma laboral en los próximos
meses? (Número de expediente 180/001000.) ...
(Página 6921)
De la Diputada doña Carme García Suárez, en sustitución del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para terminar con la pobreza? (Número de expediente 180/001021.) ... (Página 6922)
Del Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
materia de accesibilidad? (Número de expediente 180/001016.) ... (Página 6923)
De la Diputada doña María del Mar Arnaiz García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio del Interior para luchar contra la
siniestralidad vial vinculada al trabajo? (Número de expediente 180/000986.) ... (Página 6924)
Del Diputado don Federico Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar la trágica lista de víctimas en carretera como se ha
producido en el reciente puente? (Número de expediente 180/001024.) ... (Página 6925)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cómo valora el Ministro la agresión a dos miembros del Parlamento Andaluz en la localidad de Gibraleón?
(Número de expediente 180/001008.) ... (Página 6926)
De la Diputada doña María Escudero Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál es el contenido del nuevo Plan de Centros Penitenciarios aprobado por el Consejo de Ministros el
día 2 de diciembre de 2005? (Número de expediente 180/001013.) ... (Página 6928)
Interpelaciones urgentes ... (Página 6929)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política que piensa adoptar el Gobierno frente a las situaciones de pobreza y de exclusión social. ... (Página 6929)
Presenta la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se refiere a la encuesta de condiciones de vida del año 2004 presentada por el Instituto Nacional de Estadística, que
pone de manifiesto lo que todo el mundo sabe, y es que en España hay pobres, pero la encuesta pone cifras a esa realidad. Así, nos recuerda que una de cada cinco personas residentes en España se encuentra por debajo del umbral de pobreza relativa y
que el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres; también nos indica que la tasa de riesgo de pobreza en las personas menores de 16 años es del 24,3 por ciento. Estos datos son los que refuerzan la necesidad de esta interpelación. Señala
que la política de lucha contra la pobreza y la exclusión debe ser una responsabilidad compartida con los gobiernos autonómicos, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen competencias en asistencia social, vivienda y educación,
entre otras. Finaliza resaltando algunas de las preocupaciones de su grupo en esta materia, como es la necesidad de contar con mayor información, y más sofisticada, sobre la situación de la pobreza y la exclusión social en España. Es
necesario el pleno apoyo a la sociedad civil, ya que está convencido de que una sociedad civil comprometida a fondo con la lucha contra la pobreza y la insolidaridad es una sociedad civil útil en términos de calidad democrática y en términos
de articular la participación de las propias personas excluidas.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). Agradece al interpelante su intervención y le manifiesta estar tan preocupado como él por estos índices de pobreza relativa. Le informa de que en el código
genético-político de su organización está combatir las desigualdades, por lo que le señala que la encuesta de 2004 está realizada con datos de 2003 y desde esa fecha se han producido importantes cambios en España, que se van a ir acentuando en el
futuro en el combate contra la pobreza. El Gobierno ya ha aprobado el tercer plan de acción para la inclusión social 2005-2006 para que esta situación cambie absolutamente. Tanto el Estado como los ayuntamientos, las comunidades autónomas y ONG
están actuando contra la pobreza y la exclusión social, aunque es verdad que hay que seguir profundizando todavía más. Hace un repaso de las políticas que en el año 2004 no existían en España para combatir la pobreza y que hoy están encima de la
mesa, como mejorar las condiciones de vida de las personas que disponen de menos recursos, corregir el sistema de pensiones, compatibilizar la percepción de la pensión de viudedad y el Sovi, el aumento de nuevos contratos para discapacitados, así
como la puesta en marcha de una política de apoyo a las familias. El Gobierno está preocupado y ha tomado medidas respecto a las mujeres víctimas de la violencia de género, con los inmigrantes, con los mayores y desde hace tiempo está trabajando en
la elaboración de una propuesta sobre empresas de inclusión social.
Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dignificar la situación de las viudas y viudos en el Estado español. ... (Página 6934)
Presenta la interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Inicia su intervención saludando a las organizaciones representativas de las viudas del Estado español presentes en la tribuna de
invitados, señalando que su presencia seguramente se justifica porque necesitan ilustrarse sobre los compromisos concretos y específicos que quien tiene la responsabilidad y también la posibilidad de resolver sus problemas está dispuesto a asumir.
Y quien tiene la responsabilidad y la posibilidad de resolver los problemas atinentes a la viudedad es el señor ministro. Señala que en relación con la pensión de viudedad se está manteniendo un sistema materialmente injusto y además
inconstitucional, sobre todo cuando las viudas lo son de una persona que estaba ya jubilada, que no murió en activo. Manifiesta que hay un millón y medio de personas que viven bajo el umbral de la pobreza por efectos de la configuración normativa
de una particular pensión. Esta situación de absoluta injusticia no solo vulnera los artículos 33, 41 y 50 de la Constitución sino el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución. Finaliza señalando que su grupo va a luchar
por la justicia, que significa ubicar las pensiones de viudedad por encima del salario mínimo interprofesional.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Le aclara que el único partido que sube las pensiones en este país por encima de la inflación es el Partido Socialista. Quiere la
igualdad y mejorar la situación de las viudas, pero con responsabilidad. No comparte con el interpelante que la Ley del año 1985 supusiera una expropiación de derechos, pues hoy todo el mundo reconoce que aquella ley salvó el sistema público de
pensiones. El Gobierno está subiendo más que nunca las pensiones más bajas de las viudas en España, y aunque sea insuficiente hay que reconocer que existen unas limitaciones, y que la principal es la estabilidad del sistema, en las que ponen sus
cimientos las organizaciones sociales, que son las que cotizan, los trabajadores y los empresarios, y hay que contar con ellos.
El Gobierno tiene previsto adaptar la pensión de viudedad a las situaciones actuales, y así lo ha presentado en un
documento a los agentes sociales, y espera que en poco tiempo se puedan tomar medidas a fondo. Finaliza señalando que comparte le necesidad de reformular la pensión, de garantizar a quien no tiene otros ingresos una pensión mejor, pero al mismo
tiempo reformularla para aquellos que sí tienen ingresos suficientes porque, de lo contrario, el sistema quedaría lastrado en el futuro y sería imposible de mantener.
Replica el señor Olabarría Muñoz y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que aclare las responsabilidades políticas en relación con la detención ilegal de dos ciudadanos que ejercían libremente su derecho constitucional a manifestarse. ...
Presenta la interpelación urgente la señora Sánchez-Camacho Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que hoy se vuelve a tratar en la Cámara una de las actuaciones más graves, lamentables, vergonzosas e
indignas que pueden ocurrir en un Estado de derecho, como es la detención ilegal y la privación de los derechos de manifestación y libertad de dos ciudadanos libres de este país por el solo hecho de estar afiliados a un partido político, el suyo.
La detención de estos ciudadanos fue ilegal y señala que ha existido una falsificación del expediente, y no lo dice el Partido Popular sino un órgano colegiado. Resalta la gravedad de lo que está diciendo y de que se va a poder demostrar por vía
judicial que se ha utilizado de forma partidista a la policía de este país. Pide respuestas claras y responsabilidad no solo para las dos personas a las que se les privó de libertad sino para todos los ciudadanos.
Contesta el señor ministro del Interior (Alonso Suárez), en nombre del Gobierno. Manifiesta a la señora diputada que él siempre ha dicho lo mismo, y así lo ha explicado en tres o cuatro interpelaciones distintas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que se remite a las explicaciones que ha dado. La manifestación del 22 de enero de 2005, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo cumplía los requisitos legalmente
establecidos y en esa manifestación el ministro de Defensa del Gobierno de España fue sujeto pasivo de insultos y agresiones, según él mismo ha reiterado y ha quedado acreditado en las imágenes, en las investigaciones realizadas en sede judicial y
por lo demostrado por el ministro del Interior en sede parlamentaria, pero sobre todo porque el ministro de Defensa lo ha reiterado significativamente y con todo lujo de detalles. En el curso de las diligencias policiales, declararon en calidad de
implicados dos personas citadas para ello por la policía, pues la policía entendió que había motivos suficientes como para sospechar de su participación en esos hechos. Finaliza queriendo dejar claro que el servicio jurídico del Estado, que es del
Estado y es de todos, sin que el Gobierno lo manipule en absoluto, dice que no hay delito, que la Fiscalía General del Estado, dice que no hay delito y que la Junta de Fiscales de Madrid dice que no hay delito. Quien dice que estos policías han
cometido un delito es, de momento, el Partido Popular, que acusa de un modo muy grave a policías que ejercieron las funciones propias de su cargo de una manera autónoma y soberana.
Replica la señora Sánchez-Camacho Pérez y duplica el señor ministro del Interior.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ PLAZO VA A REMITIR A LA CÁMARA EL INFORME DE SITUACIÓN Y EL PROYECTO DE LEY COMPROMETIDOS POR EL
GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000996.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Control al Gobierno: Pregunta al señor presidente del Gobierno del diputado don Josu Iñaki Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, a impulsos de una iniciativa de mi grupo parlamentario que yo mismo tuve el honor de defender desde la tribuna, el Pleno de la Cámara aprobó el 1 de junio del año 2004, es decir, hace ya año y medio, una
resolución por la que, entre otras cosas, se instaba al Gobierno que usted preside a elaborar y a remitir a la Cámara un informe de situación sobre las reparaciones morales, sociales y económicas que se debían, y se deben, a las víctimas de la
guerra civil y de la represión franquista; un informe que, como se decía en la resolución, debía contener propuestas concretas y programas específicos a efectos de mejorar la situación actual y cubrir las lagunas existentes; un informe, en fin,
señor presidente -me interesa destacarlo-, que había de estar presente en la Cámara ya para fin de año, pero para fin del año pasado no de este que concluye. Llevamos, por tanto, un año de retraso. Por eso, señor presidente, le formulo la pregunta
que aparece en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Erkoreka, en efecto, como usted ha recordado acertadamente, hace más de un año esta Cámara encargó al Gobierno elaborar un informe y la creación de una comisión interministerial para estudiar la situación de las víctimas de la guerra
civil y de la dictadura franquista. Movía a esta Cámara desde el principio el espíritu de reconciliación que ha actuado desde la transición, honrar la memoria histórica y restituir derechos y también la dignidad de muchas personas. La comisión,
presidida por la vicepresidenta primera, ha venido trabajando con diversos ministerios en los temas relacionados
con esta problemática y ha empezado sus trabajos valorando que era muy conveniente recibir y escuchar a numerosas asociaciones y organizaciones que agrupan a los colectivos afectados. Puedo informarle a este respecto de que han sido en
torno a 40 asociaciones con las que se ha tenido relación y que ha habido cientos de comunicaciones por parte de los ciudadanos sobre la problemática que nos ocupa y que afecta, en el conjunto del análisis de las cuestiones, a situaciones muy
distintas: unas, relativas a derechos económicos, pensiones e indemnizaciones; otras, de contenido simbólico; otras, de recuperación de la dignidad de quienes sufrieron penas y sanciones dictadas irregularmente; otras, a localización de
desaparecidos, y un número muy elevado también de acceso documental a distintos archivos. En esta tarea se ha ido pidiendo colaboración a diferentes órganos de la Administración General del Estado, a comunidades autónomas y a la Federación Española
de Municipios y Provincias. S.S. puede comprender que el trabajo ha sido arduo, que el análisis de situaciones tan diferentes de un largo periodo de tiempo ha exigido el rigor y la dedicación, tratándose de la naturaleza del tema de la propia
comisión interministerial. Le puedo expresar y anunciar hoy a la Cámara que el Gobierno remitirá en el próximo periodo de sesiones el informe pedido por esta Cámara con las propuestas concretas al objeto de resolver la cuestión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señor presidente.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, el reconocimiento moral y político de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista no es -y usted lo sabe bien-, como algunos pretenden hacer creer, un acto de resentimiento o de venganza;
tampoco es, no debe serlo, no puede serlo, un empeño en reabrir viejas heridas o en estimular el enfrentamiento civil. Es un acto de justicia, de estricta justicia, de justa reparación que viene exigido por la razón moral y sobre todo por la razón
democrática. Por eso, señor presidente, me alegra su respuesta, pero permítame que le exhorte y le impulse a que lo haga con rapidez. Hágalo pronto y sin demora, porque el colectivo de afectados avanza en edad y todos los años registra bajas
dramáticas. Los actos de justicia solo pueden ser considerados realmente como tales si llegan a tiempo. La justicia a destiempo no es tal justicia, señor presidente, y a este paso corremos el riesgo de cometer una gravísima injusticia con este
colectivo que mantuvo la llama de la democracia en tiempos oscuros de totalitarismo y a los que la democracia les debe un tributo. Usted, como presidente del Gobierno del Estado, debe liderar este proceso y hacerlo, insisto, con rapidez y sin
demora.
Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CON QUÉ OBJETIVOS AFRONTA EL GOBIERNO LAS NEGOCIACIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS
DE LA UNIÓN EUROPEA, PARA EL PERIODO 2007-2013, QUE ESTÁ PREVISTO DEBATIR EN EL CONSEJO EUROPEO DE LOS DÍAS 15 Y 16 DEL PRESENTE MES? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000998.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, ¿con qué objetivos afronta su Gobierno la negociación del presupuesto europeo para el periodo 2007-2013 que va a tener lugar en el Consejo Europeo que se inicia mañana?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rivero, el objetivo para el Gobierno de España es que haya un acuerdo en torno a las perspectivas financieras que sirva para relanzar el proyecto europeo, que reparta equitativa y gradualmente lo que representan los compromisos de la
ampliación y que permita una estructura de gasto capaz de hacer frente a los nuevos retos de la sociedad. Por ello, vamos a defender un marco financiero que tenga una dotación presupuestaria suficiente en cuantía, que sea equilibrado en la
distribución por partidas y objetivos y justo en la posición financiera resultante para cada Estado miembro. El Gobierno considera asimismo irrenunciable que la distribución de las cargas del presupuesto sea equitativa y que nuestro saldo neto se
mantenga positivamente a lo largo de todo el periodo 2007-2013. Además, como usted conoce, el Gobierno va a defender un régimen especial para Canarias en los términos de la última propuesta de la Presidencia. Se mantiene un marco positivo para
dicha comunidad autónoma que se beneficiaría del régimen de las regiones que superan por crecimiento natural el límite del 75 por ciento de la renta media europea. Este régimen especial más favorable para Canarias se aplicaría durante la totalidad
del periodo y Canarias podría también participar en los programas de cooperación transfronteriza.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, mi grupo parlamentario apoya la voluntad de acuerdo, de
diálogo y de entendimiento que lleva el Gobierno de España a esta reunión, pero con el mismo énfasis le pedimos al Gobierno que defienda con firmeza los intereses de España y de sus territorios y de Europa. No se contribuye mejor a hacer
más Europa ni se es más europeísta si se aceptan propuestas que rompan con los principios de cohesión y de convergencia y, por tanto, en una Europa que crezca desde la solidaridad. Para nosotros es básico la defensa de algunos puntos, con algunos
de los cuales coincidimos en los planteamientos que ha hecho el presidente: en la defensa de un presupuesto suficiente para seguir creciendo en los criterios de convergencia y atender a las necesidades de la Europa de los Veintisiete; el rechazo a
cualquier propuesta que trate de una forma discriminatoria y negativa a España o a algunos de sus territorios respecto a países o territorios que tengan similares condiciones; que se respeten los acuerdos que en estos momentos están en vigor en la
política agraria común y que el coste de la ampliación se reparta equitativamente entre todos los Estados miembros de la Unión. Debe producirse la aplicación del criterio de gradualidad desde el punto de vista de la minoración de la percepción que
recibe el Estado español de la Unión Europea y hacerla extensiva a los fondos de cohesión. Por otra parte, se deben defender los intereses de las regiones ultraperiféricas, como bien indicaba el presidente, desde el punto de vista de las
necesidades que tienen estos territorios en igualdad condiciones y de trato. La propuesta de la última Presidencia es buena, pero hay que corregir algunos aspectos.
Señor presidente, si no se dan estos criterios básicos, España debería vetar la propuesta porque es preferible seguir creciendo en una Europa con criterios de solidaridad.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.
Señor Rivero, comparto con usted los principios que deben defenderse en esa negociación y quiero decirle claramente que ha habido algún paso positivo en las últimas horas. En primer lugar, la propuesta en materia de inmigración, que sin
duda alguna va a ayudar a España y de manera singular a la Comunidad de Canarias, y, por supuesto, la última propuesta de la Presidencia británica, que extiende el periodo para la obtención de fondos de cohesión a nuestro país de 2007 a 2013, cuando
eso hace un tiempo se consideraba algo imposible de alcanzar. Este es un paso de lo que tiene que ser el acuerdo final para que España apoye las perspectivas financieras para el periodo 2007-20013.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PODRÍA ACLARAR EL PRESIDENTE QUÉ TIPO DE CONTACTOS SE HAN MANTENIDO O SE ESTÁN MANTENIENDO CON BATASUNA?
(Número de expediente 180/001023.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, su llegada al Gobierno supuso un cambio en la política antiterrorista. Había un pacto y usted lo rompió. (Protestas.) Uno de los puntos clave del pacto era decirle a los terroristas que, gobernase quien gobernase,
en España no habría nunca una negociación política con ellos. Lo tenían claro y eso debilitó mucho a esta organización terrorista; esto y otras cosas. Señor presidente, ahora ya no lo tienen claro; se felicitan por la ruptura del Pacto
antiterrorista e incluso públicamente le elogian a usted y además dicen que hablan con ustedes.
Señor presidente, quiero preguntar -porque tenemos derecho a saberlo- qué hacen ustedes; de qué hablan con Batasuna, que no olvidemos que es una organización terrorista; a dónde van, y sobre todo quiero que garantice en esta Cámara que no
va a haber ninguna negociación política con organizaciones que son declaradas terroristas por los tribunales de justicia españoles y que figuran en la lista europea de organizaciones terroristas. Ese es el compromiso que quiero de usted esta tarde.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el Partido Socialista de Euskadi, al que se ha referido indirectamente, igual que el Partido Popular y que muchos servidores públicos han pagado un alto precio por defender la libertad, la Constitución y oponerse a los
violentos. Si el sentido común y el decoro presidieran siempre la vida pública, usted no habría hecho esta pregunta.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Desde aquí me veo obligado a reivindicar la dignidad, el coraje y la entrega de
todos los militantes del Partido Socialista de Euskadi de los que me siento muy orgulloso. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿sabe quién carece de sentido común y de decoro? Se lo voy a decir. (La señora Sánchez Díaz: ¡Tú, tú!) El que rompe el Pacto antiterrorista; el que deja que ETA vuelva a las instituciones
democráticas; el que le invita al diálogo en un Parlamento; el que le devuelve la esperanza de que haya un precio político; el que divide a las víctimas; el que hace el ridículo en Europa, señor presidente del Gobierno.
(Rumores.-Aplausos.) Su política es turbia, es equívoca, es oscura y no cuenta con la oposición. No solo no cuenta con ella, sino que excluye a la oposición. Quiero decirle una cosa, mi obligación no es apoyarle a usted, mi obligación es apoyar
políticas conocidas, eficaces y que persigan la derrota definitiva del terrorismo. Señor presidente, sus políticas no son conocidas y, de momento, no son eficaces.
Con meridiana claridad quiero decirle que ETA tiene hoy un protagonismo mucho mayor que nunca. (La señora Sánchez Díaz: ¡Tú se lo estás dando!) Y usted está generando un problema de credibilidad en el conjunto de la sociedad española.
Sería de agradecer que en este asunto y en otros temas de Estado donde siempre hubo acuerdo entre los grandes partidos nacionales, usted no rompiera un consenso que exige la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, en 20 meses que llevan en la oposición han criticado todos los días al Gobierno por la política antiterrorista. (Un señor diputado: ¡Bla, bla, bla!) En 20 meses que llevan en la oposición usted diariamente ha hecho oposición
en el Parlamento con la política antiterrorista y se han manifestado en la calle contra el Gobierno por la cuestión antiterrorista. (Protestas.) En 4 años que estuve en la oposición nunca critiqué al Gobierno en temas antiterroristas.
(Aplausos.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Anda ya!) En 4 años que estuve en la oposición nunca pregunté al Gobierno sobre política antiterrorista. En 4 años nunca utilicé un comunicado de ETA. En 4 años nunca utilicé contra su Gobierno
declaraciones de miembros de Batasuna. (Protestas.) En 4 años nunca me manifesté contra el Gobierno por el terrorismo de ETA, me manifesté al lado del Gobierno contra la violencia. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) ¡Qué
diferencia! ¿Sabe cuál ha sido mi comportamiento y por qué ha sido así? Porque para mí, por encima del interés partidista está la vida, la libertad, la seguridad de los españoles y España. Esa es la diferencia. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO MANTENER SU ALIANZA POLÍTICA CON
ERC? (Número de expediente 180/001003.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
El Pleno debe continuar. (Rumores.) Por favor, vamos a reducir las emociones un momento.
Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la presidencia del diputado don Ángel Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno mantener su alianza política con Esquerra Republicana de Cataluña? (Un señor diputado: ¡Sí o no!)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): El Gobierno está satisfecho de sus apoyos parlamentarios. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Es difícil de entender, señora vicepresidenta, tanta satisfacción. La semana pasada esos socios de los que S.S. está tan satisfecha no quisieron asistir a los actos de celebración de la Constitución, pero sí
convocaron una manifestación inconstitucional -como ellos mismos denominaron- donde los lemas y los gritos de sus socios -con los que están satisfechos- eran: No a la Constitución; basta de españolismo y ataques al Rey y a España. Les pareció
poco y a continuación celebraron otro acto público que consistió en arrancar las páginas de nuestra Constitución, al más puro estilo fascista. Gesto para provocar y ofender a todos los españoles, comportamiento con el que, según usted, están muy
satisfechos. Es sorprendente que estos actos no merecieran ni los reproches ni las descalificaciones del Gobierno; reproches e insultos, sin embargo, muy abundantes al Partido Popular por celebrar, precisamente, un acto de apoyo a la Constitución
de todos. Es una campaña del Gobierno y sus socios contra el Partido Popular porque somos la única oposición a un proyecto que rechazan la mayoría de los españoles de fragmentación en varias naciones.
La política de Zapatero ha provocado que sus socios cada vez estén más envalentonados. Hoy mismo han visto los insultos que les dedica Carod-Rovira. Sí, envalentonados y desafiantes en un proceso corrosivo para España. Se ha puesto en
marcha en Cataluña, en el País Vasco, con Batasuna, y ahora, también, sin ningún disimulo, en Galicia; proceso que ustedes saben muy bien que es cada vez más irreversible y del que son directamente culpables y responsables, aunque estén muy
satisfechos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VIDEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, aunque a usted no le guste, contamos con un amplio apoyo parlamentario de Esquerra Republicana,
Izquierda Unida-les Verds, Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió y los diputados que integran el Grupo Mixto. (Rumores.) Esto no significa que siempre estemos de acuerdo ni en los contenidos ni en los gestos.
¡Faltaría más! Por eso hay grupos parlamentarios diversos que representan la pluralidad que integra este Parlamento, porque este es el Parlamento que han querido los ciudadanos.
Y lo han querido los ciudadanos con sus votos. Esto es lo que ustedes
se niegan a reconocer: la fuerza y el valor de los votos. Señorías, respetar la voluntad de los ciudadanos es lo que nos lleva a alcanzar acuerdos a casi todos. Y digo a casi todos porque ustedes se empeñan en quedarse solos. Lo siento,
señorías, porque los ciudadanos prefieren una oposición capaz de decir sí para defender los intereses de España y no cuando hay otras alternativas. Lo que no cuela, señor Acebes, es el no a todo y por todo. No a defender una enseñanza que dé
estabilidad.(Rumores.) No a apoyar al Gobierno en materia antiterrorista. (Rumores.) No a defender los intereses de España en el exterior. (Rumores.) Mientras ustedes están en el ruido, en la bronca, en el insulto y en la descalificación, el
Gobierno detiene etarras (Rumores.); coopera e incrementa su cooperación internacional (Rumores.); mejora las relaciones con otros países en la lucha contra el terrorismo y va dando pasos y acuerdos para obtener buenas perspectivas financieras
respecto de cosas a las que, como decía el presidente, ustedes ya renunciaron.
Ustedes son ya el no, no, no y no. Ahora han pasado del no a otra cosa peor, la insumisión. ¡Quién les iba a decir a ustedes, unos señores de orden y de ley como Rajoy, Acebes y Zaplana, que se iban a declarar insumisos! (Rumores.) Pues
sí, señorías, se han declarado insumisos. ¡Ver para creer! ¿Sabe lo que ocurre? Que los ciudadanos cuando les miran ya no les creen. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿SE SIENTE EL GOBIERNO CONDICIONADO POR LOS ACUERDOS
DEL PACTO DEL TINELL TAMBIÉN EN LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/001004.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana.(Rumores.) Silencio, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Doy por reproducida la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VIDEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): A lo que me pregunta, no, señoría. (Un señor diputado: ¡A todo, no!)
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, que el Gobierno está sometido al pacto que firmó en su día el Partido Socialista en Cataluña es algo conocido y expresamente establece que les obliga aquí, a los diputados que forman parte de esta Cámara. Lo que no es
tan conocido y los ciudadanos han empezado a conocer ahora es que ese es un acuerdo contra la Constitución, contra el entendimiento que daña gravemente la convivencia de los españoles, como estamos comprobando. Tenemos un presidente de Gobierno que
dice que no puede censurar cuando se produce un ataque claro a la libertad de expresión porque lo han realizado personas a las que votan unos miles de ciudadanos españoles y que, sin embargo, no tiene ningún tipo de reparo en romper todos los
puentes de diálogo y de consenso con quien representa a la mitad de los ciudadanos de este país. Da igual que se trate, como aquí se ha dicho, de terrorismo, de justicia o de nuestro propio modelo territorial. A ustedes lo que les gusta, lo que
quieren, lo que han elegido es pactar y acordar con los que les dieron la mano a los terroristas en Perpiñán. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Terra Mítica!) Si, como ha dicho el presidente del Gobierno, también existiera en su grupo la decencia,
hoy, en vez de levantar tanto la voz, hubiera utilizado medio segundo para decir que esas acusaciones y esas manifestaciones, que dicen que ustedes estaban hablando con los terroristas hace 5 años, eran falsas. Porque les han acusado de una gran
deslealtad y traición, probablemente la mayor, de ser ciertas, que se hubiera producido en este país en los últimos o en muchos años. (Protestas.)
Le voy a decir una cosa, señora vicepresidenta. Cada vez que están ustedes en un aprieto, lo que hacen es intentar insultar y agredir (Rumores.), llegando hasta extremos de ridículo. Eso es lo que hace S.S., lo que suele hacer en todas las
sesiones de control, precisamente usted -¿se acuerda usted?-, la autora del bien detenido y bien capturado. Esa es su forma de actuar, siempre disimular e intentar que se mire para otro lado cuando se ve en apuros. Pero yo no se lo voy a tener en
cuenta, porque sé a qué responde su estado de ánimo. Lo ha dicho hoy -es verdad que en palabras poco educadas- Carod Rovira, que les conoce mejor.
Su estado de ánimo -yo no digo esas palabras, las dice él- es que están ustedes acojonados.
(Rumores.) Motivos, desde luego, tienen. Lo triste, señoría, es que esa sensación, desgraciadamente, la tengan también, por su culpa, los ciudadanos españoles. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): ¡Ay! (Varios señores diputados: ¡Ay! ¡Ay!.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Manca finezza, señor Zaplana. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Zaplana, el único pacto que tiene el Gobierno es el que firmó con los ciudadanos que nos otorgaron su
confianza mayoritaria. Más de 11 millones de ciudadanos apostaron por un Gobierno progresista. Por tanto, las únicas condiciones que nos obligan son: la defensa de los intereses generales, de la Constitución y de nuestro programa electoral.
(Rumores.) A ustedes les respaldaron muchos ciudadanos, ya lo sé, a los que respetamos y a los que el Gobierno defiende por igual, pero fueron más los que apostaron -esas son las reglas de la democracia- por un proyecto progresista, y muchos más si
sumamos los que optaron por aquellas fuerzas políticas que apoyaron nuestro proyecto en la investidura, nuestro programa de Gobierno, y otras con las que hoy llegamos a acuerdos. Señorías, les guste o no, son muchos más los ciudadanos que apuestan
por construir que por destruir, como ustedes. (Rumores.) Son muchos más los ciudadanos que creen en el valor del diálogo y el acuerdo que los que creen en la imposición. Son muchos más los ciudadanos que confían en el valor del trabajo que en el
de su confrontación permanente, en donde intelectualmente no aportan ustedes nada. Son muchos más los ciudadanos que apuestan por el respeto personal, el respeto a las reglas del juego y no prefieren el insulto.
Por cierto, señor Zaplana, visto que tiene usted tanto interés por los pactos y que, más recientemente, le oigo hablar de las reglas, de la salud democrática y de la decencia, precisamente por salud democrática, por decencia, por
transparencia y por ética, debería explicar ese pacto que tantos miles de millones de euros nos va a costar a los ciudadanos, que es el pacto de Terra Mítica. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
-DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿ESTÁ DISPUESTO EL GOBIERNO A UTILIZAR UNA FÓRMULA FINANCIERA SIMILAR A LA PREVISTA EN
LA ADICIONAL CUARTA DEL CONCIERTO ECONÓMICO PARA EVENTUALES OBRAS EN NAVARRA? (Número de expediente 180/000995.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda de doña Uxue Barkos.
Adelante.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señor vicepresidente, ¿está dispuesto el Gobierno a utilizar una fórmula financiera similar a la prevista en la adicional cuarta del Concierto Económico para eventuales obras en Navarra?
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, su turno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la disposición adicional quinta del Convenio económico con Navarra contempla el supuesto de financiación conjunta por ambas administraciones de inversiones a realizar en esa comunidad autónoma.
Esta financiación, al no disponer
taxativamente de otra fórmula, deberá realizarse con cargo a los presupuestos de ambas administraciones.
Situación diferente es la prevista en la disposición adicional cuarta del Concierto económico con el País Vasco, que es la que S.S. invoca y
que contempla, leo textualmente, que las aportaciones tendrán la incidencia en el cupo que se convenga en cada caso. En consecuencia, los casos del País Vasco y Navarra no son equiparables, puesto que los mecanismos previstos en el concierto y en
el convenio no son idénticos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esa era la razón de enumerar en la pregunta la adicional cuarta del concierto, ya que en el
convenio navarro no tenemos en estos momentos una herramienta que permita que la voluntad política se pueda llevar a cabo más allá de acuerdos, de la mano de una herramienta, como digo, prevista en el mismo concierto, pero ese es el objeto
de la pregunta, señor vicepresidente. No cabe en este caso decir que no existe herramienta. Cabe la voluntad y una voluntad que puede verse expresada a través de lo que dibuja, la ha mentado usted, la adicional quinta del Convenio económico, lo
que ya dibuja el Convenio navarro, que puede ser llegar a un acuerdo mediante voluntad política para poder financiar obras. Nos encontramos con que el peculiar sistema financiero y fiscal navarro, lo mismo que ocurre con el de los otros tres
territorios forales, vizcaíno, guipuzcoano y alavés, se utiliza en muchas ocasiones como parapeto, señor vicepresidente, para escudar el retraso de obras fundamentales con cargo al Estado que no acaban siendo financiadas, repito, utilizando ese
parapeto. No debiera ser tal si, como hemos visto en los recientes presupuestos o en los acuerdos que se han llevado a cabo para 2006 -todavía hoy proyecto de presupuestos-, la buena voluntad permite llegar a acuerdos. Una de las partes, la parte
navarra, ha expresado ya su voluntad en ese sentido.
Hemos conocido recientemente una carta que el presidente del Gobierno foral remitía a la titular del Ministerio de Fomento. Hoy mismo hemos conocido unas declaraciones del consejero de Obras
Públicas del Gobierno de Navarra que decía que sería un motivo muy serio de crisis -insisto, es un entrecomillado del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, señor Miranda- entre las dos administraciones que no se llegara a un acuerdo
similar existiendo, y puede ser, voluntad política por las dos partes para, como digo, llegar a financiar. Es una herramienta que se ha conseguido en acuerdo con el Grupo Vasco y que nosotros entendemos perfectamente posible para Navarra si existe
esa voluntad. La adicional quinta del convenio dibuja el camino. Existiendo esa voluntad, señor vicepresidente, es perfectamente posible.
El señor PRESIDENTE: Su tiempo terminó. Lo lamento.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.
De acuerdo con mi información, evidentemente se están llevando a cabo las inversiones que corresponden al Estado en Navarra en el ámbito de su competencia. Es cierto que no hay ningún convenio específico para otro tipo de temas, pero no es
menos cierto que este año se ha hecho un esfuerzo especial con Navarra, dado que Navarra, con un punto de partida relativamente bajo, es en términos de inversión regionalizada la comunidad autónoma que crece más para el año 2006. En cuanto a otras
posibles inversiones, que son las que S.S. plantea, lógicamente dependerán de los planes, de los programas y de las previsiones que dispongamos para el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA BONÁS PAHISA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO PIENSA AFRONTAR EL GOBIERNO
ESPAÑOL EL PROGRESIVO CAMBIO EN EL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS? (Número de expediente 180/001022.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosa María Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Señor vicepresidente, durante el período de programación 2000-2006 Cataluña no se ha beneficiado mucho del grueso de las ayudas que recibe el Estado español de la Unión Europea, ya que queda fuera del Objetivo 1, que
concentra el grueso de los fondos estructurales, como usted sabe, el 89 por ciento. Cataluña sí se ha beneficiado del 39,4 por ciento de los fondos estructurales para regiones Objetivo 2, que, como usted sabe, suponen la parte minoritaria, es
decir, el 11 por ciento de los fondos estructurales que recibe el Estado español. Al final del periodo 2000-2006, Cataluña se habrá beneficiado de 2.500 millones de euros del total de los 18.000 millones que el Estado ha de recibir por fondos de
cohesión. En el conjunto del Estado, mientras que entre 2003 y 2006 se habrán recibido 60.200 millones de euros en fondos estructurales, entre 2007 y 2013 es previsible que solo se reciban 36.000 millones. En definitiva -depende del tipo de
estimación- se pueden llegar a perder entre 24.000 y 33.000 millones de euros.
Con ocasión de las negociaciones en curso sobre las perspectivas financieras de la Unión, Cataluña puede acabar perdiendo una parte significativa de las ayudas europeas de las que se podría beneficiar, ya que podría acabar perdiendo gran
parte de los fondos estructurales que ha recibido como región Objetivo 2 y probablemente el total de los fondos de cohesión, pero esto, señor vicepresidente, no será el problema principal, ya que Cataluña nunca ha sido gran receptora de fondos, y la
reducción más significativa se ha de dar en el caso de las regiones Objetivo 1. Se trata más bien de las consecuencias indirectas que puede acarrear esta deducción de fondos. Algunas voces indican que la pérdida significativa de fondos europeos
deberá ser compensada con recursos internos del propio Estado español. Con el actual sistema de financiación autonómica este hecho implicaría una presión insoportable para Cataluña, que actualmente ya debe soportar un déficit fiscal que pone en
serio peligro sus posibilidades de crecimiento económico y su capacidad para dar respuesta a sus necesidades sociales. En
definitiva, más que la reducción significativa de fondos para Cataluña, lo que realmente nos preocupa es que la reducción de las ayudas a otras regiones del Estado, que por efecto estadístico han caído del Objetivo 1, puede significar para
Cataluña y otras regiones de los països catalans un aumento de su esfuerzo fiscal, lo que añadido al déficit fiscal que viene arrastrando esta zona podría incidir negativamente en el desarrollo económico del arco mediterráneo y también del Estado
español.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Yo creo que su preocupación está totalmente injustificada. Es cierto que hemos recibido unos fondos muy significativos procedentes de Europa para objetivos determinados y con condiciones específicas. Es evidente que Cataluña, dadas sus
características y su nivel de riqueza, no podía ser receptora de fondos de Objetivo 1, sí podía ser receptora de fondos de Objetivo 2 y sí podía ser receptora del fondo de cohesión. Se han recibido en términos de cohesión, básicamente para temas
medioambientales, pero también para infraestructuras, algunos recursos y también para aquellos objetivos de tipo social, que han afectado especialmente a Cataluña.
A partir de ahora, ¿qué va a suceder? Lógicamente, hay algunos cambios desde el punto de vista de la estructura del gasto comunitario, fundamentalmente optando por el nuevo Objetivo 1.A, que tiene mucho que ver con términos de
competitividad y de nuevas tecnologías, donde Cataluña puede tener un mayor margen de maniobra; se va a mantener el fondo de cohesión, aunque posiblemente en cuantías algo distintas de las actuales e incluso las nuevas noticias es que llegarán a
2013, y, en tercer lugar, en ningún caso estamos pensando modificar el actual sistema de financiación en esa dirección que usted plantea. Lo único que hemos hablado es que si existieran excedentes de los ingresos del Estado, podríamos plantearnos
la posibilidad de utilizar esos fondos para infraestructuras del futuro tomando en consideración todas las cifras globales de que se pueda disponer en ese momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE DE
QUE EL CRÉDITO DEL PSC 'HA SIDO TRANSPARENTE AL TRIBUNAL DE CUENTAS'? (Número de expediente 180/001005.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias.
Señor vicepresidente, le leo textualmente lo que dijo el PSC al Tribunal de Cuentas con referencia al crédito del caso Montilla: En relación al endeudamiento con entidades de crédito, queremos manifestar que a finales de 2004 se ha llegado
a un acuerdo con la entidad financiera con la que tenemos suscritas las dos pólizas de crédito por importe de 7.800.000 y pico euros, iniciando en 2005 los pagos. Como ve, señor vicepresidente -esta es la carta del PSC-, no habla de la condonación,
no habla del incumplimiento de la legalidad por parte del señor Montilla de la Ley de órganos reguladores de las cajas de ahorro, no habla, señor vicepresidente, de la rebaja de tipos y no habla tampoco de los diez años en que estuvo en situación de
morosidad. ¿Cree el señor vicepresidente que el PSC, el señor Montilla, fue transparente con el Tribunal de Cuentas y dijo toda la verdad? (Un señor diputado: ¡Sí!)
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señoría, de acuerdo con los datos de los que dispongo, en el informe de fiscalización de la contabilidad de partidos políticos del ejercicio 2002,
que el Tribunal de Cuentas aprobó en octubre de 2005, figura que en el trámite de alegaciones el PSC informó del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004, con efectos económicos en el ejercicio 2005, respecto a la deuda
correspondiente a dos pólizas de crédito concedidas en 1989 y vencidas en 1994. En la comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, su presidente manifestó que el crédito renegociado en 2004 se
analizará cuando se realice el informe de fiscalización del ejercicio correspondiente. Por tanto, ese será el momento en que se plantearán los problemas que a S.S. le preocupan.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor vicepresidente, el Tribunal de Cuentas recibió esta carta del PSC, le han hecho mal la nota, recibió esta carta y no se habla ni de cuándo venció ni de cuántos años estuvo en situación de morosidad.
Señor vicepresidente, no se informó y el Tribunal de Cuentas hará la auditoría cuando le toque, pero el señor presidente del Gobierno dijo en una entrevista pública que el PSC había sido absolutamente transparente con el Tribunal de Cuentas y eso es
mentira.
No hay peor cosa que decir medias verdades, porque mientras le perdonaban el crédito al
señor Montilla, el señor Montilla tomó posesión de su responsabilidad e hizo innumerables favores a esa entidad financiera y a su entorno empresarial. ¿No cree usted, señor vicepresidente, que sería bueno por decencia democrática que el
señor Montilla se inhibiera a partir de ahora en unas operaciones que estamos viendo todos los días que ustedes están politizando? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, su turno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
En sucesivos informes aprobados por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las cuentas anuales y de la contabilidad electoral de los partidos se manifiestan distintas deficiencias e irregularidades. En el pleno del Tribunal del 30
de octubre de 2001 se aprobó una moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de partidos políticos, en la que se sistematizan las citadas deficiencias e irregularidades y en la que se exponen las
recomendaciones encaminadas a la subsanación de las mismas. Estas recomendaciones han sido recogidas en sucesivas resoluciones adoptadas por la Comisión Mixta, y en el proceso de reforma de la Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos
que se acordó por unanimidad el pasado 27 de septiembre su grupo podrá proponer las medidas que estime oportunas para hacer frente a este o a otro tipo de cuestiones.
Su señoría ha hecho por lo menos dos afirmaciones gratuitas, en primer lugar, que el señor Montilla ha dado un trato de favor a una entidad financiera. Eso hay que demostrarlo, no basta con decirlo. En segundo lugar, dice que nosotros
hemos politizado una determinada operación financiera. De politización podríamos hablar mucho. Yo he dicho siempre -vuelvo a mantenerlo- que hay instituciones que hay que respetar. Se está haciendo. El señor Montilla... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo lamento.
-DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO LA REUNIÓN DE MINISTROS DE ASUNTOS
EXTERIORES CELEBRADA EN BRUSELAS LA SEMANA PASADA PARA ABORDAR LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PERÍODO 2007-2013? (Número de expediente 180/001006.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del diputado don Gustavo de Arístegui. Adelante.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: ¿Cómo valora el ministro la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas la semana pasada para abordar las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe, la Presidencia británica el pasado 5 diciembre hizo por primera vez una presentación de su propuesta para alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras. A raíz de esa propuesta formal tuvo lugar en Bruselas un
cónclave en el que los distintos Estados miembros expresaron su posición. Como sabe, el vicepresidente primero ya había expresado que la propuesta británica no resolvía los problemas ni para Europa ni para España y también el Gobierno, a través del
secretario de Estado para la Unión Europea, expresó que esa propuesta era insuficiente y que España no la podría aceptar. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor ministro, si era tan importante la reunión, ¿por qué no estaba usted ahí? ¿Por qué estaba usted de gira? Nadie está diciéndole a usted, señor ministro, que no fuera importante que fuera a África.
Lo que le estamos diciendo es que no fue oportuna su visita. ¿No hay nadie en su equipo que tenga el sentido común suficiente para decirle a usted qué es prioritario y qué no es prioritario en la política exterior española? ¿No hay nadie que le
diga a usted que nos estamos jugando muchos miles de millones de euros (El señor Campos Arteseros: Nadie, nadie.), que usted faltó a una importante reunión, que tenía que haber estado ahí? Faltaron otros cuatro ministros, es verdad, pero quizás
ellos no se jueguen tanto como nosotros. Es verdad que nosotros tenemos que empezar a pensar después de 2013 en un suave y paulatino descenso de nuestras ayudas, pero nos estamos jugando mucho dinero. Hay muchas regiones españolas que siguen
teniendo problemas estructurales, de las que ustedes no se están ocupando. Lo que es peor es que no faltó usted sólo a una reunión, faltó a dos, porque también faltó a una reunión ministerial en el ámbito de la OTAN en la que la secretaria de
Estado de Estados Unidos explicó el tema de los vuelos de la CIA. Pero ustedes siempre culpan a los demás, señor ministro. No sé cómo se las arreglan. El secretario de Estado de Comunicación ya le echó la culpa al Partido Popular. El
campeón mundial de los fracasos en negociaciones comunitarias, que dijo que ni un euro menos de 200 millones para las OCM mediterráneas y volvió con cero euros. Después tuvieron que arreglarlo otros, obviamente. Ese es el problema de
ustedes. Quieren hacer una campaña de los grandes logros y de las glorias del Gobierno y ¿saben ustedes lo que hacen? Tratar de echar basura a los de enfrente. Es lo que hacen ustedes siempre. (La señora Blanco Terán: ¡Qué pesadez!) ¿Por qué?
Porque no tienen ustedes logros, porque no tienen ustedes equipo, porque no tienen ustedes proyecto ni programa ni las ideas claras, señor ministro. Esto está haciendo que tengamos serios problemas en el ámbito europeo. Le digo más, una de las
cuestiones más preocupantes para la sociedad española son los lamentables espectáculos que dan ustedes de constantes y continuas peleas entre los ministros de este Ejecutivo. A mí me parece patético, lamentable y triste que el Gobierno de mi país
esté mostrando una cara tan poco amable, tan poco seria y tan poco sólida. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Eso está costándole solidez, seriedad y, sobre todo, está costándole a nuestro país mucha fuerza en las negociaciones. Rectifiquen, señor
ministro, reflexionen, así no vamos a ninguna parte y desde luego es culpa de ustedes. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
No sé si hablar de coordinación. Le puedo decir que el Gobierno está plenamente coordinado, tanto el vicepresidente del Gobierno como la oficina económica del presidente del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
No sé si ustedes están coordinados porque entre su colega Moragas y usted no saben qué preguntarme. (Risas.) Me preguntaban lo mismo y su colega retiró la pregunta. Sobre coordinación no me tiene que dar ningún tipo de lección.
De nuevo vuelven ustedes a insistir sobre este tema que han sacado absolutamente de contexto. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que defender los intereses globales de España y los defiende en Bruselas y los defiende en África, donde
ustedes ni siquiera dedicaron un minuto para atender a los problemas estructurales graves que podían afectar en el futuro a los españoles. Este ministro y este ministerio tuvieron el compromiso de viajar a África para defender una labor de
compromiso y solidaridad y para atender unas razones vitales para la seguridad de España y, al mismo tiempo, lógicamente para defender los intereses europeos. Usted no sabe lo que es la agenda europea del próximo Consejo Europeo. Hay perspectivas
financieras, hay inmigración y está el tema de África. El ministerio y el ministro defendieron estos tres temas desde el primer momento. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON MANUEL HUERTAS VICENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LOS RESULTADOS DE
LA CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA DE BARCELONA, CELEBRADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2005? (Número de expediente 180/001011.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Manuel Huertas. Adelante.
El señor HUERTAS VICENTE: Señor presidente, señor ministro, han transcurrido diez años desde que se alumbró el proceso de Barcelona en 1995. Es cierto que en este tiempo ha habido luces y sombras sobre los objetivos que se establecieron
entonces, pero quiero hablar fundamentalmente de futuro. Quiero decirle, señor Moratinos, que desde mi punto de vista la cumbre euromediterránea de Barcelona del mes pasado ha sido un éxito, por tres razones, la primera, porque se ratifica la
validez del proceso de Barcelona; segunda, porque se relanza el proceso con dos documentos fundamentales: el plan de acción para los próximos cinco años y el código de conducta contra el terrorismo, que contempla nada menos que 21 compromisos. Se
implica a Europa, sí, al personarse todos los países miembros de la UE con su presidente o con su primer ministro. El Gobierno español, con su presidente y usted, señor Moratinos, ha jugado un papel a fondo a favor de esta iniciativa que
propusieron. En el plan de acción para los próximos cinco años al que antes hacía referencia destacaría el impulso a la democracia y a la defensa de los derechos humanos; se respalda al concepto de Alianza de Civilizaciones, se avanza en el
principio de igualdad entre hombres y mujeres, y resaltaría que en el momento actual se aborda de manera detallada la gestión común -resalto el hecho de la gestión común- de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración ilegal, previéndose
incluso una reunión ministerial monográfica sobre el tema. Por último, el código euromediterráneo contra el terrorismo es un documento único por su valor político y práctico al estar firmado por 40 países decididos a combatir al terrorismo
respetando las libertades y los derechos humanos.
De los 21 compromisos destacaría rechazar el intento de asociar terrorismo con religión, cultura o nación y luchar contra las causas que lo originan reconociéndose las relaciones que hay entre paz,
seguridad, derechos humanos, factores sociales, etcétera. Señor presidente, las Cortes Generales deben felicitarse por esta asamblea y yo también felicito al señor ministro a la vez que le formulo la pregunta que ya conoce.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, agradezco la pregunta porque creo que este Congreso de los Diputados tiene que conocer el resultado y el balance de la primera -y subrayo, la primera- cumbre Euromediterránea. Es verdad que habían transcurrido diez años, pero
también lo es que muchos intentaron convocarla y ninguno lo consiguió. Era la primera vez que jefes de Estado y de Gobierno del espacio euromediterráneo se reunían para definir el futuro escenario de cooperación y diálogo en todo ese espacio
importante y vital para España y para Europa. Estuvieron todos los líderes europeos, lo que demostró que por primera vez quisieran involucrarse determinadamente en favor de esa asociación estratégica entre el norte y el sur del Mediterráneo. Es
verdad que consiguió resultados concretos y que la percepción de algunos medios fue que se consiguieron unos resultados escasos. En el año 1995 se consiguió una declaración, pero no había resultados, no había programa, no había compromiso en la
lucha contra el terrorismo. Yo les preguntaría a todos los escépticos sobre el resultado de la cumbre de Barcelona qué hubiese ocurrido si diez años más tarde hubiésemos conseguido una declaración pero sin ningún resultado.
¿Qué se hubiese exigido
al Gobierno si no hubiera conseguido por fin históricamente que los países árabes islámicos aceptasen un código de conducta en la lucha contra el terrorismo, sin ninguna referencia a lo que siempre hacen en otros foros internacionales en relación
con el derecho a la resistencia frente a la ocupación extranjera? Eso se consiguió en Barcelona. Se consiguieron compromisos, calendarios y responsabilidades durante cinco años. Por tanto, se consiguió avanzar de manera estratégica en lo que es
un escenario vital para todos nosotros. A partir de ahora, tendremos un compromiso de la Unión Europea, tendremos también una corresponsabilidad y tendremos que poner en práctica y seguir aplicando no solamente el código de conducta, sino ese plan
de acción que va a evolucionar y va a acercar dos orillas del Mediterráneo para crear ese espacio de paz, de prosperidad y de justicia que todos deseamos.
(Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ PORTEIRO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DE LAS RECIENTES ELECCIONES
LEGISLATIVAS DE VENEZUELA? (Número de expediente 180/001012.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María José Porteiro.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el objeto de esta pregunta es conocer la opinión del Gobierno sobre el resultado de las elecciones legislativas celebradas en Venezuela el pasado 4 de diciembre, a las que asistió una representación plural de diputados y
senadores en calidad de observadores electorales.
En el momento de nuestra llegada, nos encontramos con un clima de gran crispación porque se acababa de retirar la coalición opositora de los comicios con graves acusaciones de irregularidades en el
procedimiento electoral. Meses antes de nuestra llegada estaban allí ya observadores electorales de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, que hicieron un importante papel de intermediación entre la comisión nacional electoral
y la oposición consiguiendo superar algunos de los obstáculos que se ponían al proceso, como las maquinas captahuellas o consiguiendo que casi el 50 por ciento de las urnas fueran sometidas a un recuento manual para confirmar que el voto electrónico
coincidía con el voto emitido. Asistimos a un sistema de votación electrónico que nos parecía complejo y que el Gobierno justificaba como un mecanismo precisamente para garantizar el secreto del voto, algo que históricamente en Venezuela ha podido
ser vulnerado en ocasiones. Hubo otra objeción que tampoco fue posible vencer, como era la superación del sistema de coaliciones entre listas de partidos y candidatos nominales, allí llamados morochas, que significan gemelas -ese sería el sentido
en nuestro idioma-, y que es un sistema que prima a los más votados y que también cuenta con una tradición en el país anterior a la llegada de Chávez al poder. Tuvimos una apretada agenda que nos organizó la embajada, nos entrevistamos con
representantes de la oposición, del Gobierno, de organizaciones no gubernamentales, de la Iglesia, del mundo económico, y percibimos una falta de diálogo importante que nos ha dejado sumamente preocupados, en un clima de gran crispación que también
se traslada a la batalla que se da en los medios de comunicación.
Señor ministro, le insisto en que volvemos seriamente preocupados por el futuro del pueblo venezolano y dispuestos a trabajar conjuntamente, como expresaremos en una declaración que mañana vamos a hacer pública, para facilitar una nueva
situación donde reine el diálogo y la estabilidad política. Por ese motivo, le formulo la pregunta cuya respuesta agradezco de antemano. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, en primer lugar, déjeme agradecer y felicitar a la delegación parlamentaria plural que visitó Venezuela y que participó en esa misión de observación internacional electoral. Su presencia en ese momento crítico e
importante para el futuro de Venezuela fue extremadamente positiva. La delegación del Parlamento español permitió no solamente hacer un seguimiento del desarrollo de las elecciones, sino también pulsar ese clima político que lógicamente nos
lleva a todos a trabajar para lograr crear la atmósfera, las estructuras y el método de trabajo para garantizar que las próximas elecciones presidenciales puedan celebrarse con las mayores garantías. Como S.S. ha mencionado, es cierto que ha
existido una enorme desconfianza en el sistema político venezolano y que esa desconfianza se tradujo en una bajísima participación, un 25 por ciento. Es lógico que su delegación, como lo han expresado o lo van a expresar mañana en la declaración
conjunta, mostrase su preocupación por el futuro del diálogo y de la articulación del sistema institucional venezolano. Por ello, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos han mostrado, por una parte, ese clima de crispación
existente en Venezuela y, al mismo tiempo, ese clima de desconfianza, pero también subrayaron que las elecciones se celebraron en un clima pacífico, con transparencia, después de que el consejo nacional electoral tomase en consideración algunas
quejas y algunas críticas por parte de la oposición. Por tanto, lo que cabe hacer a partir de ahora es que el Gobierno español, las fuerzas políticas españolas, y este Parlamento, este Congreso de los Diputados, nos pongamos todos a trabajar, para
que los objetivos de transparencia, de garantías jurídicas y de garantías electorales puedan darse y que esas elecciones presidenciales se lleven a cabo con el mejor resultado. Animo a que trabajemos juntos Parlamento y Ejecutivo español para
ayudar a los venezolanos a encontrar ese clima de diálogo y cooperación necesario para el futuro de Venezuela y para el futuro de las relaciones entre España y Venezuela. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA GARCÍA VALLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL GOBIERNO CON LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO 1263/2005 POR EL
QUE SE REGULA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A LAS INVERSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES? (Número de expediente 180/001017.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Administraciones Públicas, de la diputada doña Antonia García.
La señora GARCÍA VALLS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, es notorio y conocido que entre sus prioridades y objetivos se encuentra el impulso a lo local. Por una parte, la profundización de la democracia mediante el acercamiento de la acción pública a la ciudadanía; por otra, la
mejora de la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento y la modernización de la Administración más próxima y que mejor conoce los problemas de los ciudadanos. En esta línea, el Gobierno viene dando pasos importantes en lo
que supone la conciliación de la vida laboral y personal y también, a través de la aprobación del real decreto que modifica los criterios que regulan la cooperación económica del Estado, en las inversiones de las entidades locales, criterios que
venían establecidos en el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, que establecía una línea de ayuda para incluir proyectos singulares en materia de desarrollo local y urbano que pudieran contribuir a dinamizar el crecimiento de la correspondiente
zona. Sin embargo, la experiencia, después de un año, no se puede considerar positiva, pues las expectativas que la falta de concreción de este tipo de inversiones generó en las entidades locales motivaron la presentación de gran número de
proyectos sumamente heterogéneos, circunstancia que, unida a la escasez de recursos asignados, dificultaba su adecuada selección.
Con esta reforma se concreta, por una parte, este tipo de inversiones dirigidas a la cofinanciación de proyectos de modernización administrativa a través de la utilización de tecnologías de la información y, por otra, se introduce un nuevo
capítulo que regula la cooperación económica local del Estado, con la finalidad de financiar proyectos con participación de la sociedad civil local en consejos y otras estructuras reguladas por las corporaciones locales en el ámbito de sus
competencias. En definitiva, modificaciones sustanciales que nos llevan a preguntarle, señor ministro, ¿qué objetivos persigue el Gobierno con la aprobación del Real Decreto 1263/2005, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las
inversiones de las entidades locales? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señoría.
Este Gobierno, con ideas, con proyectos, con equipos, con apoyo creciente por parte de los ciudadanos, está persiguiendo en todas sus actuaciones mejorar propuestas que permitan facilitar la vida de los ciudadanos en su relación con las
instituciones, en su relación con las administraciones públicas y en todo lo que significa la conciliación entre su vida familiar y su vida personal.
Sabe S.S., lo ha mencionado, que recientemente hemos aprobado el Plan Concilia, para que 500.000 funcionarios puedan ver más fácil esa conciliación entre sus obligaciones familiares y sus obligaciones profesionales y que también va a servir
de manera clarísima para facilitar la promoción de las mujeres en la Administración pública. Con la misma idea de servicio a los ciudadanos es con la que el Gobierno ha abordado la modificación de las líneas de ayuda que hasta ahora se estaban
prestando a los ayuntamientos, quizá muy centrado hasta el momento en financiar obras, obras al viejo estilo -asfaltados, alumbrado, abastecimiento de aguas-. Siguen siendo desgraciadamente muy importantes en amplias zonas de nuestro
territorio, pero hemos creído que hacía falta, además de cerrar el pasado, abrir vías de futuro para muchas administraciones locales. Por tanto, hemos introducido 13 millones de euros en el presupuesto de 2006, para una modernización tecnológica de
los municipios que permita que sean puertas de entrada al conjunto de la Administración, y también 5 millones para proyectos de participación ciudadana, para que los municipios, especialmente los pequeños, sean escuelas de democracia además de
escuelas de participación ciudadana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON SIRO TORRES GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL GOBIERNO CON LA ANUNCIADA LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL? (Número de expediente 180/001018.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Siro Torres.
El señor TORRES GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace más de una década que se viene demandando insistentemente desde todos los ámbitos del mundo local una reforma en profundidad del Gobierno local en España. No obstante, durante el periodo 1996-2004, con gobiernos del
Partido Popular, no se impulsó esta importante y necesaria reforma, quedando limitadas sus actuaciones en este campo a algunas medidas puntuales, que, además, en poco o en nada contribuyeron a mejorar una situación que se hacía insostenible. Más
bien al contrario, empeoraron la situación, especialmente en lo referido a la financiación. Con el cambio de Gobierno, consecuencia de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, se abre una nueva etapa en relación con los poderes locales, ya
que en su discurso de investidura el presidente Zapatero, cuando habla de mejorar la participación de todos y la coordinación de todas las administraciones públicas, dice que, para asegurarlo, es necesario dar respuesta a una deuda pendiente, el
reconocimiento efectivo del papel de los ayuntamientos. Pocas semanas después, señor ministro, conocemos sus primeras iniciativas para poner en marcha un proceso abierto y participativo encaminado a tal fin. Hoy, transcurridos poco más de 15 meses
desde que se creara la comisión encargada de redactar el borrador del Libro Blanco para la reforma del Gobierno local, podemos hablar de un trabajo serio y riguroso presidido por el diálogo, en el que están teniendo un papel muy destacado las
corporaciones locales a través de la FEMP y de las federaciones de municipios autonómicas así como de las propias comunidades autónomas. En el libro blanco se hace un merecido reconocimiento a los hombres y mujeres que, desde su compromiso cívico y
político, han trabajado desde los ayuntamientos con ilusión y eficacia a lo largo de los últimos 26 años, diciendo a continuación que, para dar respuesta a las nuevas necesidades y demandas que los ciudadanos plantean ante la Administración más
cercana, es necesario profundizar en la autonomía local, teniendo en cuenta para ello que hay que fijar con claridad las competencias y garantizar su financiación.
Pues bien, señor ministro, cubierta ya esta primera etapa, este amplio proceso...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado, su tiempo concluyó.
(Aplausos.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, hacía ya falta remozar la articulación de nuestro Gobierno local, que es una pieza esencial del funcionamiento institucional de nuestro país. Siempre he dicho que es un país con tres administraciones y que hay que prestar
toda la atención debida a las tres. El proceso de reforma del Gobierno local, cuyo borrador ya se está presentando por parte del Gobierno -tuve ocasión de presentar sus líneas esenciales en la Comisión de Asuntos Locales del Senado hace escasos
días-, ha venido precedido de un amplio proceso de debate y de participación, como cree este Gobierno que debe hacerse cada vez más con todas las normas que son importantes y que requieren un amplio consenso.
Las ideas básicas consisten, en primer lugar, en el respeto institucional.
Este va a ser un proyecto de ley que apuesta claramente por la autonomía municipal, que apuesta claramente por reconocer que tenemos un Estado autonómico y que, por
tanto, aquello que se reguló hace 20 años como Ley de Bases del Régimen Local tiene que adecuarse a la realidad autonómica de nuestro país, que apuesta firmemente por la propia autonomía municipal. En segundo lugar, tiene que cumplir ese compromiso
que yo mismo asumí de competencias claras y financiación suficiente para nuestros ayuntamientos, algo que, por cierto, no existía hasta ahora. En este proyecto vamos a hacer un catálogo de las competencias que, desde el punto de vista de lo que es
una legislación básica, se pueden regular para el conjunto de los municipios en algo que algunos han llegado a llamar el estatuto de autonomía de los municipios. Y el tercer gran eje es precisamente democratizar, fortalecer, favorecer el mejor
funcionamiento de las instituciones municipales, modernizando sus usos y sus costumbres, fortaleciendo la posibilidad de control por parte del pleno
municipal respecto a lo que es la autoridad municipal, elaborando el estatuto del concejal electo y participando más y haciendo más viable la participación de los ciudadanos en la vida municipal y en todo lo que significan las iniciativas
municipales. Es una pieza clave de cómo este Gobierno entiende que hay que hacer las cosas, con diálogo y con consenso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GLORIA GÓMEZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN PARA MEJORAR EL ÉXITO
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA? (Número de expediente 180/001014.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de la diputada doña María Gloria Gómez Santamaría.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, presidente.
Señora ministra, es una realidad que muchos de nuestros alumnos tienen serias dificultades para superar con éxito las exigencias y los objetivos del sistema educativo y que estas dificultades implican no solamente factores individuales del
alumno, sino también factores educativos, sociales y culturales. Es por tanto un problema multidimensional, con muchas causas que interactúan entre ellas y que deben ser tenidas en cuenta para superarlo. No podemos conformarnos y pensar que es
inevitable. Sabemos que la falta de una capacitación básica puede convertirse, en una sociedad como la nuestra, en el mayor riesgo de exclusión y marginación social.
Señora ministra, mañana se debate en esta Cámara la Ley Orgánica de Educación, una ley que, a diferencia de la presentada por el Partido Popular -la mal llamada Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza-, no pretende excluir del sistema
educativo a los alumnos con dificultades de aprendizaje; una ley que en sus principios fundamentales deja muy clara la intención de conseguir que todos los alumnos alcancen el desarrollo máximo de sus posibilidades, recibiendo una educación
adaptada a sus necesidades, mejorando el nivel educativo de todo el alumnado, en definitiva conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. También es necesario, y así lo contemplan los principios fundamentales de la Ley
Orgánica de Educación, que para conseguir ese objetivo tan ambicioso colaboren todos los componentes de la comunidad educativa, yo diría que la sociedad en su conjunto como responsable de ofrecer ese compromiso con la calidad del sistema educativo.
Otro principio fundamental de esta ley es acomodar las actuaciones del sistema educativo español en los próximos años a los objetivos compartidos con nuestros socios de la Unión Europea y que tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad y la
eficacia de los sistemas de educación y de formación.
Señora ministra, las cifras que tenemos de diferentes estudios e informes respecto a la educación secundaria son preocupantes en cuanto al abandono de los estudios y a no conseguir una formación adecuada. Por todo ello, nos gustaría que nos
explicase qué medidas están previstas en la Ley Orgánica de Educación para mejorar el éxito en la educación secundaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, es un placer hablar de educación en esta Cámara, que creo que es donde hay que hablar de educación por el interés de todos los ciudadanos; además, hacerlo sobre las medidas que de verdad pueden cambiar los resultados educativos y
hacerlo para todos los territorios. De lo que estamos tratando, como usted muy bien recuerda y mañana se va a debatir en esta Cámara, es de cómo mejorar nuestro sistema educativo y ofrecer auténticas oportunidades de cualificación al mayor nivel
para todos los ciudadanos de este país.
Ha destacado usted uno de los problemas que merecen la atención de todos: cómo conseguir el éxito de nuestros jóvenes en una formación como la educación secundaria obligatoria, que sabemos que hoy les va a ser imprescindible para su
desarrollo profesional y para su futuro en todos los ordenes de la vida. Esta ley que mañana debatimos sigue las propuestas de los modelos educativos de los países que tienen mayor éxito. ¿Cómo? Proponiendo una atención más individualizada. A
los estudiantes les vamos a dar todo aquello que el sistema educativo puede ofrecer para detectar los déficits de aprendizaje y actuar en el momento en que aparezcan. No esperar, no posponer los problemas, no confiarlo todo simplemente a medidas
como la repetición de curso, sino ser más activos, más decididos y poner todos los recursos que nuestro país puede hoy dedicar a conseguir que nuestros alumnos completen la educación secundaria con los objetivos que están programados. Para ello
vamos a invertir en los programas de apoyo y refuerzo, como ya estamos haciendo en todas las comunidades autónomas desde hace unos meses. Vamos a financiar a partir del curso próximo desdobles de grupos, cofinanciarlos entre la Administración del
Estado y las comunidades autónomas. Así se vertebra España, mejorando los resultados de todos nuestros jóvenes. Y vamos a invertir para que nuestra secundaria les ofrezca oportunidades de opción, de orientación, de elegir el mejor futuro en todos
los sentidos a todos los jóvenes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MANUELA HOLGADO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL
FRACASO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA? (Número de expediente 180/ 001015.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Manuela Holgado.
La señora HOLGADO FLORES: Gracias, presidente.
Señora ministra, todos sabemos que la educación constituye uno de los derechos fundamentales del hombre y que es, sin lugar a dudas, la vía más adecuada para eliminar o disminuir los problemas de desigualdades sociales y personales
existentes. Pero no es menos cierto que la educación juega también un importante papel como transmisora de las desigualdades sociales. De ahí que la igualdad de oportunidades constituya la otra cara del derecho de todos a la educación. Según
Otawy, igual oportunidad no puede significar sino que todos tengan una probabilidad de éxito conforme a sus aptitudes. La igualdad de oportunidades no puede entenderse exclusivamente como la posibilidad que el sistema educativo ofrece a todos los
ciudadanos de acceder al mismo, sino básicamente como la posibilidad de que todos puedan llegar a la meta, especialmente dentro de los niveles de educación obligatoria, en los que el principio de igualdad de oportunidades se convierte más que en
ningún otro en un objetivo básico a alcanzar.
En este contexto, el fracaso escolar constituye el principal obstáculo a salvar, porque establece una clara línea divisoria entre los escolares con y sin posibilidades de éxito. Los datos incluidos en el informe Pisa sobre el fracaso
escolar, referido a los alumnos españoles en los niveles de la enseñanza obligatoria, son sin lugar a dudas preocupantes y nos deben llevar a todos -educadores, padres y responsables públicos- a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para
paliar dicha dificultad.
Todos los que ejercen una acción de gobierno deben tener muy claro que no basta con librar los recursos necesarios para financiar los servicios educativos. Resulta además necesario establecer medidas compensatorias, que
discriminen positivamente a quienes se encuentran en situación de desventaja respecto del resto, bien sea esta realidad debida a circunstancias personales, sociales, económicas o culturales, ofreciendo distintos tipos de ayuda en función de las
distintas necesidades.
Señora ministra, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas están previstas en la Ley Orgánica de Educación para la prevención del fracaso escolar en la educación primaria? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, es la primera vez que una ley educativa pone énfasis y se preocupa de la prevención del fracaso escolar, incluso de buscar el éxito, como S.S. señalaba, desde las primeras etapas de formación. Esta es una de las grandes novedades
de la ley y quizás una de las que más prometedores resultados debe ofrecernos en los próximos años. Aunque las necesidades de atención a la diversidad, como decíamos hace unos momentos, se manifiestan de manera muy acusada a veces en secundaria,
sabemos que muchos de los déficits de aprendizaje se pueden detectar ya en primaria; el ejemplo más obvio está en la comprensión lectora. La ley propone que actuemos desde el principio, que no nos rindamos desde el principio de la educación
básica. El objetivo, como S.S. señalaba, es mejorar los resultados de todos los alumnos; tenemos que aspirar a que todos mejoren sus conocimientos y competencias en relación con lo que estamos ofreciendo en estos momentos.
Una gran novedad en primaria es el énfasis que se hace en las competencias básicas. Sabemos que estamos construyendo los cimientos de un edificio de aprendizajes y esos cimientos deben ser muy sólidos. De ahí el énfasis en la comprensión
lectora, que mañana se va a debatir en esta Cámara, el esfuerzo por la lectura y su comprensión, la expresión oral y escrita y las competencias matemáticas. Así sabemos que damos esa base para seguir construyendo el edificio de aprendizajes:
detectar las dificultades, evaluaciones de diagnóstico, centros volcados en esa atención y programas de apoyo y de refuerzo, como ya se está haciendo desde la primavera, desde primaria. Para todo ello sin duda hacen falta muchos recursos. Por eso
esta ley -ésta sí- no utiliza el nombre de calidad en vano y sí que tiene una memoria económica, que es la auténtica esperanza para nuestros centros educativos, para los alumnos y para todos los que necesitan esos recursos que van a mejorar la
calidad de la educación para todos, sin exclusiones; para toda España. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA CELIA VILLALOBOS TALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿DESDE CUÁNDO CONOCE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS OBRAS
DEL AVE EN EL ACUÍFERO DE LA SIERRA DE ABDALAJÍS EN MÁLAGA? (Número de expediente 180/001009.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente, de doña Celia Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Señora ministra, ¿desde cuándo conoce los daños producidos por las obras del AVE en los acuíferos de la Sierra de Abdalajís en Málaga?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Desde el pasado 18 de octubre, señora diputada.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, presidente.
En primer lugar debo decir que reconozco su honestidad a la hora de decir desde cuándo lo conoce. Lo conoce usted por un programa de televisión.
Por tanto, me voy a ahorrar hablar del mismo, porque todos lo vimos.
A mí lo que me preocupa es que desde el 24 de marzo del año 2005 se hayan perdido 10 hectómetros cúbicos de agua en los acuíferos del valle de Abdalajís. Es más o menos lo que es un embalse pequeño. Yo sé que a la señora ministra los
embalses no le gustan mucho, pero esta es la realidad. La señora ministra tiene una nueva política de aguas, que plantea la gestión del agua y el ahorro de la misma; incluso, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Gobierno de la junta, también
de su partido, siguiendo el modelo de la señora ministra, ha presentado un programa contra la sequía, que mantiene incluso multas muy ejemplares para los ciudadanos y los ayuntamientos que incumplan los ahorros de agua y la derrochen. En esta
situación, si los ciudadanos y los ayuntamientos tienen que ser multados ejemplarmente, como dice la señora consejera de la Junta de Andalucía, ¿qué pasa con el Ministerio de Fomento, señora ministra de Medio Ambiente? ¿Ha tomado usted medidas?
Usted también dijo en ese programa de televisión que cada vez salía ya menos agua. Eso fue el 17 de noviembre, cuando le vuelven a preguntar.
Claro que sale menos agua, señora ministra, es que se ha acabado el acuífero. Y corremos el
peligro de que toda la zona de la sierra de Abdalajís pierda todos los acuíferos, porque están todos comunicados y se está perdiendo una base fundamental, en una provincia en la que en este momento los embalses están en el 27 por ciento y los
acuíferos, en el 14 por ciento.
Señora ministra, debe usted tomar medidas y medidas urgentes para que el Ministerio de Fomento trabaje con eficacia y con rapidez. En cualquier caso, no le vaya a echar usted la culpa al Gobierno anterior. El Gobierno anterior hizo el
proyecto, la obra la están realizando ustedes y ustedes se han encontrado con ese problema. Nosotros también nos encontramos, en túneles de la provincia de Málaga, con problemas en proyectos hechos por el PSOE y no le echamos la culpa al PSOE;
simplemente hicimos algo que ustedes no hacen: resolver los problemas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, quizás usted no sepa todavía que se ha transferido a la Junta de Andalucía la cuenca mediterránea andaluza. Ya sé que ustedes no quisieron hacer esa transferencia, pero yo no tengo ninguna competencia de gestión en esa cuenca desde
el día 1 de enero de este año. Por lo tanto, no me corresponde a mí exigir absolutamente nada en una competencia que está ya transferida a la Junta de Andalucía.
Dicho eso, señoría, lo que está pasando en ese acuífero es la consecuencia de la enorme chapuza que ustedes autorizaron en el año 2001. (Aplausos.) En el año 2001 ustedes aprobaron un proyecto constructivo que infravaloraba gravemente el
volumen de los acuíferos afectados. (El señor Atencia Robledo: Eso es falso.) Ustedes autorizaron un proyecto, señoría, que no tenía en cuenta la existencia de una bolsa de metano y ustedes iniciaron las excavaciones correspondientes en noviembre
del año 2003. ¿Y qué está haciendo este Gobierno? Reparar las consecuencias de esa enorme chapuza, señoría. ¿Cómo se está haciendo? El Ministerio de Fomento, a través del ADIF, está poniendo los medios. En primer lugar, para recuperar
plenamente ese acuífero, que ciertamente ha sido dañado por un pésimo proyecto constructivo del Gobierno del Partido Popular. En segundo lugar, ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, está evitando con balsas de decantación la contaminación
producida por los arrastres de áridos y de aceites de la propia excavación, excavación diseñada de acuerdo con el proyecto aprobado e iniciado por el Partido Popular. Y, en tercer lugar, el Ministerio de Fomento, a través del ADIF, está
garantizando el suministro de agua al valle de Abdalajís, primero con carácter provisional con camiones cisternas este verano y con carácter definitivo a través de las excavaciones de pozos que van a comenzar y que van a garantizar que no haya
ningún daño asociado al desastre que ustedes dejaron con la obra ya iniciada.
Esa y no otra es la realidad, señoría. Y recuerde que la cuenca andaluza ha sido transferida, a pesar de que ustedes estuvieron en contra.
(Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A ANUNCIAR LA
EXPROPIACIÓN DE UNA PARTE DEL HOTEL DE ALGARROBICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARBONERAS, ALMERÍA, ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN? (Número de expediente 180/001019.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María del Carmen Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el municipio de Carboneras es un pueblo de algo más de 7.000 habitantes en la provincia de Almería, que es conocido, entre otras cosas, por su desaladora y en estos momentos por la polémica construcción de un hotel de 21
plantas y más de 400 habitaciones en la playa del Algarrobico. Además, como usted bien conoce, el pueblecico -como también se conoce a Carboneras- es un bello pueblo dentro del parque natural de Cabo de Gata, que ha sabido conservar su identidad
marinera en un entorno privilegiado frente al mar -como decía su propio eslogan, Carboneras la mar divina- y en el entorno del parque natural que he citado. Este entorno lo preside la isla de San Andrés.
Señora ministra, en mayo de 2003, a los pies de esa mar divina se empieza a construir el hotel de Algarrobico, con un plan parcial aprobado en el año 1987 y con una licencia de obras del año 2003. La Ley de Costas, de julio de 1988, regula
el dominio público marítimo terrestre. Sin embargo, los procedimientos de deslinde necesarios han estado en los últimos años excesivamente ralentizados. En concreto, en Almería, en el año 2004 solo se había procedido al deslinde de apenas el 50
por ciento de los más de 240 kilómetros de costa que tiene la provincia. En los años de Gobierno del Partido Popular no se supo o no se quiso abordar una cuestión imprescindible para la protección del litoral, no solo de Carboneras y de Almería,
sino de todo el litoral español. Y nos encontramos en estos momentos con una presión urbanística tan insostenible que recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado una iniciativa a favor de una moratoria en las recalificaciones de la Comunidad
Autónoma Valenciana.
Es importante resaltar, señora ministra, la apuesta decidida de su ministerio para defender y preservar el litoral, una apuesta valiente a la que deberían sumarse todas las fuerzas políticas, puesto que la presión se dirige a los
ayuntamientos de todos los colores.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, terminó su tiempo, señora diputada.
(Aplausos.)
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría.
El hotel de Algarrobico no se hubiera construido como está en estos momentos si se hubiera hecho el deslinde a tiempo -y se pudo hacer el deslinde a tiempo-, un deslinde autorizado en el año 1995. (El señor Hernando Fraile: No tiene nada
que ver.) Primer acto de apeo, 1997. Un deslinde cuya tramitación podría haber culminado en uno o dos años, uno de los muchos deslindes que cuando llegamos al Gobierno, al inicio de esta legislatura, a nadie le había preocupado en exceso.
Efectivamente, señorías, nosotros hemos terminado ese deslinde. Si se hubieran hecho las cosas con diligencia, fíjense si había tiempo desde un acta de apeo el año 1997. Habría habido tiempo más que suficiente para evitar que se empezara a
construir en la zona de protección, en la zona que marca la Ley de Costas que debe preservarse respecto al proceso edificatorio. Por eso, el ministerio, no solo ha hecho el deslinde en el marco de tiempo rápido que hemos podido, encontrándonoslo en
el estadio en que estaba, sino que hemos iniciado un expediente de expropiación que puede llevar a la demolición de la parte del hotel que está construida dentro de la zona de servidumbre. Estamos aplicando la disposición adicional tercera de la
Ley de Costas, que faculta al Ministerio de Medio Ambiente a comprar en la zona de protección los terrenos necesarios para preservar valores extraordinarios, como es este caso del cabo de Gata, que suponen un activo para el desarrollo económico de
Carboneras.
Sería bueno saber si el Partido Popular tiene una opinión definida, porque algunos de su partido dicen que cómo no lo hemos hecho antes, y otros dicen que ese deslinde no se debería haber hecho. Espero que en algún momento se aclaren. El
Ministerio seguirá actuando, en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, para fomentar un modelo de desarrollo económico bien distinto del modelo de desarrollo económico basado en el ladrillo en primera línea de playa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN FUENTES GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA ALGOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE AGUA EN
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL? (Número de expediente 180/001020.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Sebastián Fuentes.
El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la provincia de Ciudad Real está afectada básicamente por la cuenca del Guadiana, alimentada por unos afluentes pobres de carácter estacional y con caudales irregulares que no garantizan los abastecimientos a las
poblaciones. La zona se caracteriza por la alta variación de las disponibilidades de agua, resultado de fluctuaciones entre períodos muy secos y períodos de pluviometría normal, que ya de por sí es escasa. El crecimiento de la población ha traído
como consecuencia una mayor demanda de agua para usos urbanos, para usos agrícolas y para usos industriales. Esta mayor demanda ha provocado una disminución de la disponibilidad de aguas subterráneas y un deterioro
en la calidad de las mismas. En definitiva, señora ministra, muchas comarcas de la provincia de Ciudad Real se encuentran en una de las zonas más críticas de la España seca y sin duda uno de los territorios donde se hace más necesaria una
adecuada política hidráulica para garantizar sobre todo el abastecimiento a la población.
Tras la importante sequía que sufrió nuestro país en el período comprendido entre 1992 y 1995, se adoptaron importantes medidas por el entonces Gobierno socialista. Así, en 1995 fue aprobado y declarado de interés general el aprovechamiento
de la infraestructura del acueducto Tajo-Segura para que a través de él se derivaran caudales para garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones de la llanura manchega, Ciudad Real y Puertollano. En esas fechas también fue aprobada la obra
de conducción de agua desde el embalse de la Torre de Abraham hasta el embalse de Gaset para abastecer también a Ciudad Real y su comarca.
Durante los años de Gobierno del Partido Popular, estas infraestructuras han sufrido un importante retraso,
cuando no un total olvido del Gobierno central.
Nos consta que usted ha llegado a acuerdos concretos con el Gobierno de Castilla-La Mancha y quisiéramos saber, señora ministra, cuáles son las actuaciones puestas en marcha por el Ministerio del Medio Ambiente para solucionar los problemas
de agua en la provincia de Ciudad Real. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente está intentando recuperar el tiempo perdido durante los últimos años en política de agua en Castilla-La Mancha. Al inicio de la legislatura, las obras prometidas en la Ley del Plan
Hidrológico Nacional del año 2001 estaban ejecutadas tan solo en un 7 por ciento, y la provincia de Ciudad Real va a ser una de las más beneficiadas de los acuerdos alcanzados entre el ministerio y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Alrededor de 500 millones de euros, de los aproximadamente 2.000 que se han establecido en el marco de ese acuerdo, son para actuaciones en Ciudad Real, algunas de ellas ya en ejecución. Por ejemplo, la presa de Montoro, que va a permitir
garantizar el abastecimiento a Puertollano; actuaciones fundamentales para preservar los acuíferos del alto Guadiana (por primera vez, en el presupuesto hay una partida de 40 millones de euros para el plan del alto Guadiana); se ha puesto en
marcha ya la principal actuación pendiente en esa provincia, que es la conducción desde el acueducto Tajo-Segura a la llanura manchega (en estos momentos se están llevando a cabo las expropiaciones que permitirán iniciar pronto esa obra), y
recientemente hemos firmado un conjunto de acuerdos con la Junta de Castilla-La Mancha y con los ayuntamientos de la provincia por un importe de 104 millones de euros, que van a servir concretamente para mejorar el abastecimiento y la calidad del
agua en el Campo de Montiel, para mejorar la garantía de abastecimiento en la comarca de Almadén, para garantizar el abastecimiento a Ciudad Real y a numerosos ayuntamientos de su entorno, en éste último caso mediante la mejora de la conducción
desde Gaset a Ciudad Real, nuevos depósitos, ampliación de la planta de tratamiento y la conducción desde la presa de Torre de Abraham a Gaset, para favorecer el suministro a Ciudad Real. Aparte de ello, hemos alcanzado un acuerdo con los
municipios de la comarca del Bullaque, que responde a antiguas reivindicaciones también pendientes. Señoría, trabajamos por Castilla-La Mancha y con Castilla-La Mancha, que participa, en numerosas reuniones, en una comisión mixta de seguimiento de
este acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO CON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿VA A PLANTEAR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO UNA REFORMA LABORAL EN LOS
PRÓXIMOS MESES? (Número de expediente 180/001000.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo pretendía formular hoy esta pregunta oral al presidente del Gobierno por parte de nuestro portavoz el señor Duran. No ha sido posible y se la formulo yo al señor ministro de Trabajo porque el tema merece que se sustancie en este
trámite.
Señor ministro, estamos entrando en el ecuador de esta legislatura y el diálogo social está bloqueado, al menos hasta ahora. Las grandes reformas que España necesita en materia de empleo y protección social, que hoy dependen de ese diálogo
y que son absolutamente imprescindibles para el progreso y el bienestar de todos, no acaban de concretarse. Las semanas pasan, los meses pasan, los acuerdos no se concretan y los agentes sociales están realmente preocupados, así al menos nos lo han
manifestado. Para Convergència i Unió es especialmente preocupante la perspectiva de la reforma del mercado de trabajo. A pesar del crecimiento del empleo en España -se lo recordaba hace unas pocas semanas-, nuestra tasa de desempleo es elevada,
nuestra precariedad es récord, generando incertidumbres para miles de jóvenes; la ausencia de flexibilidad es un problema para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas; nuestros servicios públicos de empleo continúan sin tener la
capacidad de garantizar el empleo para aquellas personas que lo pierden; el CIS nos recuerda cada mes
que el paro continúa siendo la principal preocupación de los españoles, y además sabemos que en el medio plazo vamos a afrontar situaciones quizás complicadas para continuar teniendo capacidad de crear riqueza y prosperidad.
Estamos convencidos de que articular un acuerdo sobre la reforma del mercado de trabajo depende de la voluntad política del Gobierno y de la pericia política del Gobierno. Hasta ahora ese acuerdo no ha sido posible y hoy mi grupo le quiere
plantear la siguiente pregunta. Si finalmente los agentes sociales no llegan a un acuerdo sobre la reforma laboral, ¿tiene previsto el Gobierno de España hacer llegar a la Cámara un proyecto de ley que dé respuestas a las necesidades de nuestro
mercado de trabajo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Campuzano, tengo que decirle que el diálogo social no está bloqueado, está funcionando correctamente y ha dado ya excelentes resultados. Por ejemplo, la proposición de ley sobre subcontratación que vamos a tramitar en
este Parlamento ha sido también consensuada con los agentes sociales y va a permitir combatir la precariedad, mejorar la seguridad en el empleo de los trabajadores y mejorar también la tasa de empleo indefinido. Por tanto, el diálogo social
funciona. ¡Claro que queremos una reforma laboral con los agentes sociales! No se embale, señor Campuzano, yo sé que a usted le anima la buena voluntad, pero no me diga usted que tenemos una tasa muy elevada de paro porque es del 8,4 por ciento, la
mejor en 30 años en España. Estamos ya por debajo de la media europea, algo impensable hace tan solo seis, ocho o diez años. Por tanto, estamos caminando, están funcionando las cosas bien. ¿Se precisan reformas? Sin duda. Este Gobierno las
quiere y estoy seguro de que S.S.
también porque le anima una intención positiva. Por eso hemos identificado los problemas, hemos hecho un informe de expertos y hoy mismo, en la reunión del presidente del Gobierno con los agentes sociales previa a
la cumbre europea del próximo fin de semana, hemos acordado impulsar de nuevo en el mes de enero lo que llamamos ya el perímetro, el contorno, del acuerdo de reforma del mercado laboral. Entre tanto, como le decía, estamos tomando decisiones. Este
Parlamento lo va a hacer porque la proposición de ley sobre subcontratación en el sector de la construcción nos va a ayudar mucho a reducir la siniestralidad y a mejorar la calidad de nuestro empleo. Hay caminos, hay propuestas que estamos
explorando. Hemos elegido un método que quizá sea un poco más lento, pero que sin duda nos va a conducir a buen término.
Dado que lo que nos preocupa es la temporalidad, ese es el fenómeno que hay que abordar; el Gobierno ha puesto una propuesta encima de la mesa de diálogo social y esa propuesta está siendo discutida, se están produciendo avances, tengo que
decírselo, y nosotros esperamos que en poco tiempo, en torno a las fechas que le he indicado, en el mes de enero o en el mes de febrero, pueda al menos delimitarse el contorno de acuerdo.
Por último, señor Campuzano, quiero dar un buen dato. Según la encuesta de coyuntura laboral, en el último año en España se han creado 400.000 empleos indefinidos en el sector privado. Es también una excelente noticia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Me gustaría compartir el optimismo del señor ministro. En todo caso sepa usted que, si el Gobierno de España tiene el valor político de traer a esta Cámara un proyecto de ley ambicioso de reforma del mercado de trabajo, Convergència i Unió
está a disposición de trabajar para que ese proyecto de ley llegue a buen puerto.
Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA CARME GARCÍA SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PARA TERMINAR CON LA POBREZA? (Número de expediente 180/001021.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carme García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el INE ha difundido su encuesta de condiciones de vida relativa al año 2004, que usted sin duda debe conocer con profundidad.
Más de 8 millones de personas en nuestro país viven, según esta encuesta, por debajo del umbral de
la pobreza. ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para terminar con este problema?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Ya las estamos tomando, señoría. En primer lugar, quiero recordarle que esa encuesta es del año 2004, pero con datos del año 2003, punto muy importante, cuando este Gobierno no gobernaba. Estamos hablando de la situación de España en el
año 2003. Hemos aprobado un tercer plan de acción para la inclusión social en el Consejo de Ministros el 8 de septiembre de este año y nos preocupa mucho esta situación igual que a usted, mucho. Hay que reducir estas tasas inaceptables de pobreza.
¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el primer camino para combatir la pobreza? El empleo. Desde que gobernamos, con el apoyo de su grupo parlamentario -y hay que congratularse de ello-, en España se han creado un millón y medio de empleos
nuevos, millón y medio de ocupados más, un millón y medio de personas que no dependerán de otros mecanismos de protección social. Como sabe usted, estamos subiendo las pensiones, tanto las no contributivas, las más bajas, como las pensiones
mínimas, la mayor subida de los últimos 25 años de todo el período democrático, subida sostenida, y estamos subiendo el salario mínimo interprofesional, congelado en los ocho años del Gobierno anterior. Le daré una buena noticia, el año que viene,
el salario mínimo subirá de nuevo en el entorno del 5 por ciento, lo que nos permitirá acercarnos a los 600 euros mensuales. Por último, estamos trabajando, señorías -y lo saben ustedes muy bien-, con el concurso de su grupo en la presentación de
una ley que regulará el Plan nacional de atención a las personas sin autonomía personal o personas dependientes, que sin duda nos va a ayudar de forma extraordinaria, en mi opinión, a combatir ese fenómeno de la pobreza que se ubica fundamentalmente
en mujeres y en mujeres de edad. Con este instrumento podremos contribuir claramente a reducir esas tasas inaceptables de pobreza.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señor ministro, respeto su argumentación, pero no la comparto. En primer lugar, me ha dicho que estos datos son del año 2003. No se puede imaginar cómo me alegraría que usted me hubiera podido demostrar, antes o
cuando me conteste nuevamente, que en estos dos años ha cambiado lo que esta encuesta nos plantea. No va a ser así y lo lamento muchísimo. España se ha situado en el puesto número 6 del ranking de los países con mayor riesgo de pobreza. Esto no
ha cambiado en estos dos años. Uno de cada cinco habitantes del Estado percibe ingresos que le sitúan por debajo del umbral de la pobreza, el 20 por ciento de la población en España vive con menos de 400 euros mensuales -ojalá esto también hubiera
cambiado- y este porcentaje comprende a casi 9 millones de personas, a las que deberíamos poner cara, nombre, ojos, etcétera. Los grupos de riesgo -por lo que dice esta encuesta, y ojalá hubiera cambiado- no son los que usted acaba de mencionar,
sino que nos habla de personas mayores de 65 años y menores de 16 años, y en mayor porcentaje -cierto- las mujeres que los hombres. El salario de los hombres era en aquellos momentos -tampoco, por desgracia, ha cambiado- casi un 17,5 por ciento
superior al de las mujeres. Esta situación es insostenible para las personas, señor ministro, y no digamos nada para las familias, que sobreviven con 400 euros al mes, y marca una enorme diferencia, además, entre zonas rurales y urbanas. El 65 por
ciento de estas personas, si han necesitado algún tratamiento médico, no lo han podido seguir y no conoce lo que es el dentista casi un 15 por ciento de personas.
Nuestro grupo parlamentario sabe que en los presupuestos nos preocupó muchísimo un aspecto que también recoge este estudio: las condiciones de vida de las personas que, cobrando pensión no contributiva, no pueden llegar a final de mes
porque están pagando en alquiler la mitad o más de la mitad de esos 300 euros. Nosotros hemos presentado una propuesta y le pedimos que nos diga...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, terminó el tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señoría, tengo que constatar la realidad. Son datos del año 2003, que además no se corrigen rápidamente, pero están mejorando. Por ejemplo, hoy hay casi 100.000 viudas españolas que perciben la pensión mínima de viudedad y la del SOVI, con
lo cual sus ingresos se acercan a los 800 euros mensuales. Hemos sacado de la pobreza a 100.000 personas. Tenemos 700.000 personas que perciben pensiones mínimas de viudedad, con una subida del 6,5 por ciento, y tendremos también la ley de
dependencia, que nos va a permitir, sin ninguna duda, atender a un porcentaje muy elevado de estas situaciones. El gasto social está aumentado en España y lo está haciendo de una forma muy importante. No me pida resultados hoy, pídamelos en un
plazo razonable de tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN
MATERIA DE ACCESIBILIDAD? (Número de expediente 180/001016.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Miguel Ángel Heredia.
Adelante.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, para los socialistas la discapacidad constituye una prioridad. Ya lo dijo el presidente Rodríguez Zapatero cuando afirmó que era un objetivo de este Gobierno eliminar el déficit de ciudadanía al que se ven sometidos los
discapacitados. Además, recientemente ha propuesto cambiar el término disminuidos por el de discapacitados en el artículo 49 de la Carta Magna.
Queremos destacar el trabajo que está llevando a cabo su ministerio impulsando medidas de desarrollo legislativo en materia de discapacidad, facilitando el acceso al mercado laboral de las personas discapacitadas y también consiguiendo
grandes logros en materia de accesibilidad. En nuestro país hay 3.500.000 de personas discapacitadas, lo que representa el 9 por ciento de la población, personas que se enfrentan a diario con barreras arquitectónicas, con dificultades para acceder
a los transportes, sobre todo si hablamos de personas que necesitan para su desplazamiento silla de ruedas. A los socialistas nos parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en edificaciones, en urbanismo, en
transporte, en comunicaciones, para posibilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad.
Hay que recordar lo que hizo el Partido Popular porque el Partido Popular durante ocho años solo hizo una cosa en materia de accesibilidad, mucha demagogia y pocas realidades. Hay que recordar que en julio de 1998 firmó un convenio sobre
esta materia y que más del 33 por ciento de las actuaciones previstas no llegaron a ejecutarlas. En julio de 2001 firman otro convenio, un convenio que tiene más nombre que inversiones previstas y realizadas. Se llamaba convenio para la
cooperación e integración social de las personas con minusvalía para desarrollar un programa de accesibilidad global arquitectónica, urbanística, en la comunicación sensorial, en el transporte, así como en la sociedad de la información y las nuevas
tecnologías. Cuatro renglones de título, pero prácticamente ninguna inversión. Hay que señalar que lo único que hicieron fue ir en plena campaña electoral a muchas capitales españolas, por ejemplo a la mía, a Málaga, y anunciar una lluvia de
millones de euros; era rotundamente falso porque al PP nunca le preocupó la accesibilidad. Baste recordar que durante la pasada legislatura se limitó a aprobar una ley en la que fijaba un plazo de hasta 17 años para la eliminación de barreras;
muchos años para un problema tan importante.
Por todo ello le pregunto qué actuaciones está llevando a cabo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de accesibilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe, para nosotros el concepto de accesibilidad no solo tiene que ver con las barreras arquitectónicas, sino que es un concepto mucho más universal que incorpora el tratamiento dirigido a personas con discapacidad sensorial,
visual, auditiva y cognitiva. En ese sentido, hemos aprobado un anteproyecto de ley importantísimo por el que se reconoce la lengua de signos para la comunidad sorda y sordomuda. Es un avance que venían demandando desde hace muchísimos años.
Estamos generando un ingente cuerpo normativo: anteproyecto de ley de infracciones y sanciones, no discriminación en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal, diversos proyectos de reales decretos que vamos
a poner en marcha inmediatamente, condiciones básicas de accesibilidad en materia de transporte, vivienda, urbanismo, etcétera. Se han creado instrumentos para el debate, reflexión y decisión, como el Consejo Nacional de Discapacidad y la oficina
permanente especializada del Consejo Nacional de Discapacidad, y hemos puesto en marcha un Plan Moncloa que cuenta con una comisión general de seguimiento. También el Inserso está desarrollando programas específicos de accesibilidad, de carácter
transversal y con participación de comunidades autónomas, corporaciones locales, la Fundación ONCE y otras instituciones.
En cuanto a la accesibilidad arquitectónica y urbanística, en el año 2005 se han articulado convenios de colaboración por valor de casi 12.500.000 euros para establecer planes especiales de accesibilidad y ejecución de proyectos de obra.
Por lo que respecta a la accesibilidad en el transporte, por ejemplo por autobús, 3,3 millones de euros para la entrada en servicio de 400 unidades accesibles en municipios con población superior a 10.000 habitantes, autotaxi y ferrocarril. En
todos estos espacios tenemos programas para eliminar todas las barreras de accesibilidad.
Señoría, tengo que decirle que el desarrollo de la idea de igualdad y completa ciudadanía sin duda preside la acción de este Gobierno y todavía nos queda mucho por andar. Sin embargo, no le quepa la menor duda de que la voluntad de este
ministerio y de este Gobierno en su conjunto es seguir con todos los esfuerzos hasta conseguir la eliminación total de esas barreras, que no solo son arquitectónicas, como le decía antes.
Estoy seguro de que al final de esta legislatura el programa
normativo que nos hemos marcado nos permitirá dar un vuelco a la situación de los obstáculos en relación con la gente con discapacidad y sin duda podremos estar entre los países más avanzados de nuestro entorno. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR ARNAIZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LUCHAR CONTRA LA
SINIESTRALIDAD VIAL VINCULADA AL TRABAJO? (Número de expediente 180/000986.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro del Interior. De la diputada doña Mª del Mar Arnáiz.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, estamos sufriendo en nuestro país una realidad tristemente repetida de forma periódica con terribles consecuencias, tanto humanas como económicas, y que podría considerarse de auténtica lacra social; me estoy refiriendo a
los accidentes de tráfico. Aunque las frías estadísticas reflejan una disminución del número de accidentes, sobre todo del número de víctimas mortales, todos consideramos inaceptable la pérdida de vidas humanas en las carreteras.
A pesar de lo dicho, es de justicia reconocer el esfuerzo que nuestro Gobierno realiza impulsando una nueva política de seguridad vial como política de Estado. La seguridad vial tiene carácter prioritario para el Ministerio de Fomento, de
ahí el importante incremento de los recursos dedicados a la conservación de hasta el 2 por ciento del valor patrimonial de la red de carreteras para paliar la deteriorada red que hemos heredado del Partido Popular. El Ministerio del Interior
también ha impulsado significativas medidas como son la mejora de la seguridad pública, tan erosionada en las dos últimas legislaturas, a través del incremento de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de sus retribuciones, la implantación del
sistema de radares fijos que no existían -se han instalado 125 este año-, la disponibilidad de nuevas tecnologías por parte de la Dirección General de Tráfico para información vial al servicio de los ciudadanos y, por supuesto, la reciente
aprobación de la Ley del carnet por puntos que conformará un instrumento muy útil, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea, y tratará de incidir en el comportamiento de los conductores.
Dicho esto, me parecen especialmente preocupantes los accidentes in itinere, así como los relacionados con el tráfico y los desplazamientos de vehículos durante la jornada laboral. Estos últimos suponen casi el 40 por ciento de los
accidentes de trabajo con resultado de muerte en España. Es un tema en el que es necesario profundizar e implicar a los distintos agentes sociales y trabajadores para que la seguridad vial se integre en los planes de prevención de riesgos laborales
de las empresas.
Por ello, le pregunto: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio del Interior para luchar contra la siniestralidad vial vinculada al trabajo? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, las estadísticas de la Dirección General de Tráfico son frías, efectivamente, pero deben ser tenidas en cuenta. Nos dicen, entre otras cosas, que en 2003 se produjeron 566 muertes en accidentes de tráfico de personas
durante su jornada de trabajo y 405 muertes en accidentes de personas in itinere, que iban o venían del lugar de trabajo. En 2004, las cifras respectivas fueron de 547 y 293 personas fallecidas. Por tanto, se ha producido una notable reducción en
la siniestralidad vinculada al puesto de trabajo, al ejercicio de la actividad laboral. Por otra parte, el descenso total de las cifras de accidentes en carretera en 2004 fue de casi el 8 por ciento, mientras que la cifra de reducción de accidentes
de vehículos profesionales, de transporte profesional, fue del 5 por ciento.
Estamos trabajando duro para hacer frente a lo que en efecto es un grave problema, señora diputada. Vamos a seguir mejorando el estado de cosas, en primer lugar, mediante la realización de un estudio sobre los accidentes de tráfico
relacionados con el trabajo en España, en el que van a trabajar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, dependiente del Ministerio del Interior, y también la Dirección General de Tráfico; en segundo lugar, mediante la creación de un grupo de
trabajo compuesto por personal de ambos ministerios; en tercer lugar, mediante la elaboración de un plan de actuación del Gobierno en el que se va a informar sobre las actuaciones necesarias para prevenir los accidentes de tráfico relacionados con
el trabajo que además va a incluir una metodología de actuación que deberán cumplir las empresas y, en cuarto lugar, derivado del plan de actuaciones estratégicas del período 2005-2008, puedo decirle que vamos a potenciar la mesa de trabajo en el
sector del transporte de mercancías y de viajeros y entre ese sector y las direcciones generales de tráfico y transportes. También vamos a seguir estudiando la accidentalidad de los camiones, analizando la información disponible en los
cuestionarios estadísticos de accidentes de circulación con víctimas en el que se ven implicados -esto es importante- vehículos destinados al transporte profesional. En definitiva, vamos a seguir tratando por todos los medios de hacer frente a este
problema para reducir las cifras de accidentes de circulación, tanto en la vertiente general como en la vertiente particular de los accidentes vinculados con el puesto de trabajo, con el ejercicio de la actividad laboral, al que se refiere su
pregunta.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA, DEL GRUIPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA TRÁGICA LISTA DE VÍCTIMAS EN CARRETERA QUE SE HA PRODUCIDO
EN EL RECIENTE PUENTE? (Número de expediente 180/001024.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Federico Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
¿Señor ministro, cómo valora el Gobierno su política de seguridad vial a la vista de sus resultados?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): El Gobierno, como le decía a su compañera de Cámara, está haciendo un esfuerzo extraordinario en materia de siniestralidad vial. Es una auténtica prioridad política de este nuestro Gobierno,
señor diputado.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la inseguridad vial es uno de los mayores problemas que tiene planteado en estos momentos la sociedad española. Tiene que ver con la vida, con la integridad física de las personas, con la integridad moral de los familiares
de las víctimas que, como nos confirman los informes médicos, sufren un trauma y que deben ser considerados también como víctimas, y es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España. Estamos ante un problema serio y grave. Cualquier
ministro o cualquier Gobierno que quiera considerarse a sí mismo responsable debe articular medidas que estén a la altura y sean acordes con la magnitud del problema. No podemos seguir esperando a que los problemas de la seguridad en el tráfico se
arreglen por sí mismos y, mientras tanto, culpar exclusivamente a los ciudadanos de las cosas que van mal. Señor ministro, no tienen ustedes una política de seguridad vial. Tienen una política de control, de vigilancia y de sanción del tráfico,
pero no tienen ustedes una política de seguridad vial, y ese es el problema. Les pido que sean ustedes capaces de articular cuanto antes su política de seguridad vial y de elaborar un plan integral de seguridad vial, que vaya a profundizar en las
causas reales de los accidentes y no se quede simplemente en los síntomas, que incluya medidas como la mejora de las infraestructuras viarias, la mejor coordinación de las urgencias y emergencias sanitarias, un plan de educación vial desde la
escuela, medidas que fomenten la seguridad en la fabricación de vehículos, que mejoren la coordinación en estos temas con las comunidades autónomas, con las diputaciones, con los ayuntamientos, en fin, todo lo que tiene que ver con el tráfico. Les
pido sobre todo que nos digan quién va a tener la facultad de coordinar esas competencias que están repartidas entre diversos ministerios. Si ustedes no son capaces de establecer ese orden o esa coordinación, no tendrán política de seguridad vial.
Prometieron una agencia estatal de seguridad vial en su programa. No lo han cumplido y no quieren oír hablar de eso. Les planteamos una enmienda a los presupuestos y la rechazan sin explicación. Señor ministro, no tienen ustedes una política de
seguridad vial, y es lamentable porque la necesitamos, y los resultados están a la vista.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, usted que es miembro de la Comisión de Seguridad Vial sin duda conoce las iniciativas de este Gobierno, que demuestran objetivamente que tiene una política seria y coherente de seguridad vial y coherente a su vez con la
declaración que le hacía con anterioridad: La seguridad vial es para nosotros una auténtica prioridad política, y debo añadir que por primera vez desde hace muchos años. Sabe usted que hemos creado el Observatorio nacional de seguridad vial; sabe
que hemos sacado adelante la Ley del carné o del permiso por puntos; sabe que estamos aumentando los agentes destinados al control del tráfico; sabe que seguimos trabajando sistemáticamente en campañas específicas de vigilancia y control de
alcoholemia, de control de la velocidad excesiva y, en general, por un mayor y mejor cumplimiento de las normas de la circulación; sabe que estamos poniendo en marcha un nuevo modelo de formación de conductores; sabe que tenemos un plan de
instalación y de despliegue de radares para controlar la velocidad excesiva y un plan de control de la utilización de elementos pasivos de seguridad en los vehículos a motor; sabe que estamos desarrollando toda una batería de respuestas a un
problema que es grave y serio y que esa batería de respuestas, esa política coherente, está dando sus frutos por primera vez en muchos años, porque en 2005 en relación a 2004, a día 11 de septiembre, hay de nuevo una reducción objetiva de accidentes
de circulación: 171 accidentes mortales menos en ese periodo de tiempo; 184 personas fallecidas menos. Si compara el periodo 2005 con el de 2003 se dará cuenta de que el descenso de este año se acumula al descenso que ya hubo en 2004, un descenso
notable de más de 500 fallecidos con relación a 2003. Por tanto, estamos invirtiendo objetivamente y de modo sustancial una curva trágica que llevaba a los accidentes de circulación, a sus secuelas en forma de víctimas mortales, de heridos graves y
de heridos leves, y en forma de secuelas en sus familias, a cifras escalofriantes.
No quiero que los datos fríos escondan el drama que suponen las consecuencias de la seguridad vial, pero estamos trayendo más vida y estamos alejando más muerte.
(Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO LA AGRESIÓN A DOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO ANDALUZ EN LA LOCALIDAD DE GIBRALEÓN?
(Número de expediente: 180/001008.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Luis Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pueblo está tranquilo, decía el señor Serrato, candidato del PSOE, horas antes de la moción de censura. Humillante y terrible uso de la fuerza, decían los medios horas después de la moción de censura. Señor ministro,
¿quién llamó a los antidisturbios desde un pueblo tan tranquilo? ¿Quién envió casi 100 policías a un pueblo tan tranquilo mientras en Huelva se manifestaba un pueblo muy intranquilo por la inseguridad ciudadana? ¿Qué intereses protegía esa fuerza
humillante y terrible en un pueblo tan tranquilo?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, el día 25 de noviembre en el Ayuntamiento de Gibraleón se produjo una gran concentración tanto en el interior, donde había entre 50 y 60 personas, como en la puerta del edificio y en la escalera de acceso al salón de plenos,
hasta totalizar varios cientos de personas. Al parecer el objetivo era impedir que se celebrara un pleno. El ayuntamiento solo contaba con el auxilio de dos policías locales. Ante el riesgo que existía para el orden público y en el cumplimiento
de las misiones que tiene legalmente encomendadas, la Subdelegación del Gobierno ordenó a la Guardia Civil que interviniera. La actuación de la Guardia Civil, señor diputado, y usted lo sabe, fue en todo momento proporcional a las circunstancias y
respetuosa con los congregados en las inmediaciones y en el interior del ayuntamiento. Según los informes de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno tengo que decirle que los parlamentarios por los que se interesa en su pregunta accedieron
al ayuntamiento cuando este estaba abarrotado de público y, según parece, fueron expulsados por la propia presión del público, sin que en ningún momento -le cito textualmente los informes a los que acabo de referirme- fueran expulsados de forma
individual. En cuanto acreditaron su condición de parlamentarios se les informó por parte de la fuerza actuante que en cuanto estuviera despejado el salón se les dejaría entrar, precisamente para evitar cualquier daño a su seguridad e integridad
física, sin ningún tipo de inconveniente. En esta situación, según me informa el subdelegado y la Guardia Civil, el parlamentario don Matías Conde sufrió un posible desvanecimiento con desplome, momento en el que fue auxiliado por los guardias
civiles que estaban próximos a él para evitar su caída al suelo y para ayudarle a ponerse en pie; además, establecieron inmediatamente un cordón a su alrededor para evitar que fuera pisado por otras personas.
Transcurridos unos minutos este
parlamentario se recuperó, por fortuna, y se incorporó, continuando en los alrededores del ayuntamiento. Por tanto, no hubo maltrato ni trato irrespetuoso con la condición de parlamentarios, ni muchísimo menos ningún tipo de agresión a los mismos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez, adelante.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Vaya por delante, señor ministro, nuestro máximo respeto a la Guardia Civil, pero sepa el señor ministro que los demócratas -y usted lo es- queremos ver a la Guardia Civil en los cuarteles y no tutelando las
instituciones.
El señor ministro sabe que el señor Serrato, miembro de su partido, fue elogiado por el PSOE cuando dejó el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista elogia a un señor que siendo presidente del Partido Socialista ampara el sabotaje de la
televisión pública por parte del subsecretario general y elogia a un señor que, cuando llega a la alcaldía, su programa de gobierno consiste en triplicarse el sueldo en el primer pleno? Esto también debe usted explicarlo aquí, señor ministro,
porque es muy importante para la salud de la democracia. Señoría, también debe explicarnos por qué se justifica en el informe de la Subdelegación la agresión a los señores Conde y Rodríguez como la ayuda en un desvanecimiento, tal y como ha dicho
S.S., producido por la presión de la masa, cuando en las fotos se ve claramente que tras ellos están dos enormes policiales -probablemente serían La Masa y Superman-, que los cogen por el cuello y los arrojan violentamente del ayuntamiento. Eso
está en todos los periódicos de la provincia de Huelva. Díganos también, señoría, si el desvanecimiento del señor Conde se puede explicar como consecuencia de una metamorfosis similar a la que se produjo cuando en la dictadura, como S.S recordará,
los ciudadanos voladores caían por tiros que la policía daba al aire, y ahora los ciudadanos se desvanecen por policías que no los arrastran, sino que solamente los amparan. Esta puede ser una metamorfosis extraña. Explique usted además por qué
ordenaron un primer desalojo en el que sacaron a todos los concejales del Partido Popular del ayuntamiento y, sin embargo, no sacaron a los concejales tránsfugas ni a las juventudes socialistas que, curiosamente, vitoreaban y aclamaban a los
concejales tránsfugas. Explíquenos también por qué los concejales tránsfugas llegaron escoltados al ayuntamiento y, sin embargo, los del PP salieron escaldados, a palos y vapuleados.
Señorías, no deben ustedes dar muchas explicaciones sobre por qué se agredió a los señores Conde y Rodríguez, porque realmente a los que arrastraron ustedes fue a los ciudadanos de Gibraleón, al pueblo de Gibraleón; les arrastraron tanto
física como moralmente, y es la segunda vez que lo hacen. Yo creo que lo que les conviene explicar aquí, señorías, es en manos de quién estamos, si estamos en manos del socialismo titubeante y sonriente del señor Zapatero, del socialismo
separatista del señor Maragall, o estamos en manos del socialismo
abusivo y desproporcionado del señor Chaves, al que se le desvanecen inconsecuentemente los parlamentarios cuando se oponen a él. Nos interesa saber en manos de quién estamos, señorías...
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo lamento.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, de nuevo, señor presidente.
Señor diputado, por fortuna para todos, estamos en manos del Gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos de este país (Aplausos.), Gobierno que gobierna, entre otras cosas, a una Guardia Civil que en ese caso que usted dice actuó
adecuadamente -y es de lo que el ministro del Interior tiene que responder- a fin de evitar males mayores. Ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior tienen por qué entrar en cuestiones de política municipal interna, se limitan a garantizar
el orden público y a auxiliar a los ciudadanos que lo necesitan, justamente lo que hizo la Guardia Civil. Por tanto, vuelvo a romper una lanza en favor de esa institución. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ESCUDERO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE PREGUNTA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL NUEVO PLAN DE CENTROS PENITENCIARIOS APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS
EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2005? (Número de expediente 180/001013.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el programa electoral del Partido Socialista que obtuvo la confianza mayoritaria de la ciudadanía en las pasadas elecciones se decía que no puede haber políticas de seguridad reales sin un sistema penitenciario
rehabilitador, recogiendo así el mandato constitucional que en su artículo 25.2 proclama que las medidas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. El Gobierno está demostrando con los hechos que la
política penitenciaria es una de sus prioridades, tal como fue anunciado por el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura y por usted mismo en muchísimas ocasiones. El incremento de un 33,4 por ciento de la población reclusa en
los últimos ocho años en nuestro país, que rebasa en estos momentos la cifra de 60.000 personas reclusas, no se acompañó del necesario acopio de recursos, ni de nuevas infraestructuras, para dar cumplimiento al mandato legal de un preso por celda.
El Partido Popular no dispuso los recursos necesarios, ni realizó una adecuada gestión.
Hablemos del presente. Al día de hoy la situación de nuestro sistema penitenciario es de una gran complejidad y padece sin duda problemas estructurales, como son la sobreocupación, los graves problemas sanitarios de la población reclusa y
el deterioro de muchas de las infraestructuras penitenciarias, a los que hay que añadir el aumento de reclusos extranjeros, la aparición de nuevas formas de delincuencia relacionadas con el terrorismo islamista, el crimen organizado de carácter
internacional, la violencia de género o los delitos sexuales.
Desde el inicio de la actual legislatura la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha realizado un gran trabajo para poder desarrollar un nuevo modelo penitenciario basado en el humanismo y en el respeto a los derechos humanos, un
sistema penitenciario rehabilitador, que concibe el tratamiento como el abordaje integral de la situación de cada interno para poder hacer realidad lo que decía Victoria Kent: odia el delito y redime al delincuente. El esfuerzo ha tenido su
reflejo presupuestario con un incremento de un 7 por ciento en 2005 y una previsión de un 14 por ciento para el ejercicio próximo; se están materializando convenios con las comunidades autónomas para la transferencia de la atención sanitaria y
también en materia educativa; igualmente se ha firmado un acuerdo de concertación con las centrales sindicales que mejora y da estabilidad a la política de recursos humanos en el sistema penitenciario. Señor ministro, se están resolviendo los
déficits acumulados, se atienden las necesidades actuales y, lo que es más importante, se están anticipando a las necesidades futuras.
Por ello le pregunto: ¿Cuál es el contenido del nuevo Plan de centros penitenciarios...?
El señor PRESIDENTE: Terminó ya, lo siento.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Otra vez gracias, señor presidente.
Usted acaba de dar, señora diputada, un dato clave, que es que en el período de tiempo 1996-2004 la población penitenciaria crece un 33,4 por ciento, un hecho tan irrefutable como la ausencia de una estrategia político-penitenciaria acorde
con ese aumento de la población penitenciaria. En otras palabras, cuando llegamos al Gobierno en 2004 la Administración General del Estado disponía de algo más de 38.000 celdas para albergar a una población reclusa, la dependiente de las
instituciones penitenciarias del Estado, de más de 51.000 personas. En consecuencia, estamos haciendo y vamos a tener que seguir haciendo en los próximos años un esfuerzo planificado y sostenido importante. (La señora vicepresidenta, Chacón i
Piqueras, ocupa la Presidencia.) Para eso llevé al Consejo de Ministros de 2 de diciembre un acuerdo que entiendo que es de extraordinaria importancia y trascendencia no solo por la aportación económica,
sino también porque acredita una nueva filosofía de ejecución penal en nuestro sistema penitenciario y va a permitir que se cumplan mejor las finalidades constitucionales de la pena privativa de libertad.
El acuerdo contempla una financiación de más de 1.600 millones de euros para la realización de 55 proyectos constructivos en el período 2006-2012. En concreto, se van a construir 18 centros penitenciarios en régimen ordinario, 32 centros de
inserción social de diferentes tamaños, cinco unidades para mujeres y, por último, diversas actuaciones en orden a garantizar a las zonas de referencia la disposición de unidades de custodia hospitalaria en cantidad y calidad suficientes. Por lo
tanto, vamos a poner a disposición del sistema penitenciario en ese periodo de tiempo la cifra aproximada de 18.000 celdas de diferentes funcionalidades, que van a contribuir decisivamente a que arreglemos un problema que también es serio, que es el
de la ejecución penitenciaria en condiciones, porque una buena ejecución penitenciaria no solo va a permitir la rehabilitación del delincuente, sino también acreditar una mayor y mejor seguridad del Estado, que también es necesaria en muchas
cárceles.
Por lo tanto, hay cinco criterios fundamentales en los que vamos a trabajar: en primer lugar, atajar la insuficiencia actual de recursos en el régimen penitenciario; en segundo lugar, cumplir y sobrellevar la obsolescencia y antigüedad de
las actuales instalaciones, remontando esa obsolescencia; en tercer lugar, una vez acreditada la insuficiencia de instalaciones, remontar la insuficiencia de recursos; en cuarto lugar, prever un mayor crecimiento demográfico; y, en quinto lugar,
hacer frente a los mayores índices de criminalidad. Con esos criterios...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro. Disculpe, se acabó el tiempo. (Aplausos.)
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA POLÍTICA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LAS SITUACIONES DE POBREZA Y DE EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 172/000141.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizado el turno de preguntas de control, señorías, pasamos al punto VI del orden del día referido a las interpelaciones urgentes. Comenzamos con el número 33: Interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política que piensa adoptar el Gobierno frente a las situaciones de pobreza y de exclusión social. Para formular esa interpelación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, si me permiten, aprovecho este inicio de mi intervención para saludar a diversas representantes de colectivos de viudas que están acompañándonos en la Cámara esta tarde para seguir la interpelación posterior, muy interesante, del
señor Olabarría.
Señor ministro, esta interpelación de Convergència i Unió, que la planteábamos en un anterior Pleno y que no tuvimos la ocasión de sustanciar por razones diversas, ha coincidido luego con la presentación por parte del Instituto Nacional de
Estadística el pasado 5 de diciembre de la encuesta de condiciones de vida del año 2004, una encuesta que pone de manifiesto aquello que todos sabemos, que sabe usted, que sabe la Cámara y que saben las viudas que nos acompañan esta tarde en el
hemiciclo, y es que en España hay pobres. La virtud que ha tenido de nuevo la encuesta es ponernos esa realidad en cifras. Nos recuerda que una de cada cinco personas que reside en España se encuentra por debajo del umbral de pobreza relativa y
que el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres: el de mujeres, el 20,8 por ciento, y el de hombres, el 19 por ciento. Además, la tasa de riesgo de pobreza por edad y por sexo nos indica, en el supuesto de personas de más de 65 años, que
estamos en el 29,6 por ciento, y si hacemos una distinción entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres estamos en el 31,8 por ciento También nos indica de manera preocupante que esa tasa de riesgo de pobreza en las personas menores de 16 años
es del 24,3 por ciento. Por tanto, las personas que la encuesta del INE define como pobres se ubican en pensionistas y en niños y niñas que viven en familias. Estas cifras no nos descubren nada nuevo, pero, por desgracia, refuerzan a mi grupo en
la necesidad de esta interpelación. Además, señor ministro, lo hacemos desde una convicción en la que creo que compartimos algunas ideas. En primer lugar, que el crecimiento económico es necesario para reducir la pobreza, que sin crecimiento
económico no hay capacidad de reducir el número de pobres, pero que el crecimiento económico en sí mismo y por sí mismo no es la garantía de la reducción del número de pobres, y las cifras españolas así lo ponen de manifiesto. En segundo lugar, que
en estos últimos veinte años los cambios profundos que ha vivido nuestra sociedad provocan graves trastornos en las biografías de determinadas personas, y creer que la única respuesta a estos graves trastornos que provocan estos cambios de las
personas y que afectan a sus vidas es la respuesta individual de estas personas, sería una manera equivocada de plantear el enfoque que en esta política debemos tener. A pesar de eso, también es cierto que existen responsabilidades de los
individuos frente a las situaciones de pobreza. Por tanto, también en nuestro enfoque de las políticas públicas en esta materia debemos contemplar esa visión: cambios en profundidad, responsabilidades también de las personas, insuficiencia del
crecimiento económico como única garantía para reducir la pobreza.
Todo ello nos lleva a entender que debe existir una política pública de lucha contra la pobreza, de lucha contra la exclusión social. El objetivo de esta interpelación es conocer, dentro de la solemnidad que implica el presentarlo en la
Cámara, la posición del Gobierno en relación con esta cuestión y, posteriormente, a través de la correspondiente moción que presentaremos mañana, plantear a la Cámara medidas que entendemos que todos podemos compartir en la definición de esta
política pública de lucha contra la pobreza y la exclusión.
Señor ministro, las encuestas de INE y todos los estudios que se vienen realizando en España en los últimos años en esta materia nos indican algunas cuestiones -y la siguiente interpelación del señor Olabarría redundará en ello aún con mayor
énfasis, porque es más específica que ésta que estoy yo planteando-: pobreza asociada a personas mayores, que es pobreza asociada a insuficiencias de nuestro sistema de protección social. Nuestro sistema de pensiones, que comparado en el conjunto
de la Unión Europea no es un mal sistema de protección social, continúa sin garantizar que todos los beneficiarios de las pensiones tengan aquellos ingresos mínimos que les permitan vivir con dignidad. Especialmente paradigmático de esta situación
son las pensiones de viudedad, las pensiones contributivas sin cónyuge a cargo, que para este año son 438 euros al mes de pensión mínima, y de manera especialmente dramática las pensiones no contributivas, que no llegan a los 300 euros. De ahí toda
la problemática con relación a estas pensiones, de cómo juega en el sistema de complementos a mínimos, que usted conoce perfectamente y en el que ahora no me puedo entretener. Pero en todo caso, personas mayores y nuestro sistema de protección
social. En segundo lugar, capacidad de generar empleo para aquellas personas que por avatares de la vida, por circunstancias personales, por decisiones equivocadas, se han visto excluidas del mercado de trabajo y que las políticas habituales de los
servicios públicos de empleo, autonómicos o estatal, que la propia dinámica del mercado o la propia capacidad de crecimiento de empleo de nuestra economía no es capaz de absorber. Es decir, personas que provienen de procesos penales, personas que
provienen de largos procesos de exclusión del mercado de trabajo, personas que han vivido situaciones problemáticas con relación a las drogas o al alcohol, etcétera. De ahí, señor ministro, que desde la sociedad civil se vengan reclamando medidas
desde hace muchos años. Yo creo que son más de diez años de debate social y político en esta materia. Antes de que yo accediese a la condición de diputado, creo recordar que fue Izquierda Unida la que ya planteó en esta Cámara una proposición de
ley con relación a la necesidad de regular las empresas de inserción sociolaboral. Esa es una demanda que existe en la sociedad civil que entiende que por la vía del empleo -o por la vía de lo económico, como le gusta afirmar a mi colega, la señora
Esteve- podemos ser capaces de garantizar el empleo de esas personas que la dinámica del mercado ha excluido, porque estamos convencidos, señor ministro -y creo que también lo está su Gobierno- de que para una persona conseguir un empleo es la mejor
política para sacarla de la pobreza, y hay personas que necesitan instrumentos específicos de acompañamiento en esa búsqueda del empleo.
El Instituto Nacional de Estadística hacía hoy un nuevo informe sobre otra problemática oculta en nuestra sociedad, como es la de las personas sin hogar. El Síndic de Greuges de Cataluña esta misma semana presentaba en el Parlament de
Catalunya un amplísimo informe sobre la problemática de las personas sin hogar; aquellas personas que, seguramente debido a la dinámica de nuestra sociedad, quedan en lo más profundo de la pobreza y de la exclusión, en una situación de alejamiento
de las mínimas satisfacciones vitales que una persona puede tener en nuestra sociedad.
En este punto también debemos ser capaces de articular estas políticas públicas por parte del Gobierno de España.
Señor ministro, la política de lucha contra la pobreza y la exclusión debe ser una responsabilidad compartida con otros ámbitos de los poderes públicos: con los gobiernos autonómicos, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos,
que tienen claras competencias en materia de asistencia social, de vivienda, de educación, de salud, es decir, en materias fundamentales para construir una política clara en este campo, pero, en cualquier caso, es evidente que la Administración
central también tiene importantes espacios para construir esa política. El sistema de pensiones y la protección social es una responsabilidad del Gobierno del Estado y, en la distribución de nuestro gasto social, el peso de la Seguridad Social en
los sistemas de protección social es fundamental. En este sentido, vemos cómo justamente el colectivo principalmente afectado por la protección que se deriva de nuestro sistema de pensiones tiene las mayores tasas de pobreza relativa y el mayor
nivel de riesgo de pobreza. Por otra parte, existen ámbitos competenciales como el empleo y la fiscalidad, desde los cuales es posible construir políticas públicas, donde el Estado continúa teniendo un papel principal. Y finalmente, y con todas
las polémicas que tenemos abiertas en relación con algunas competencias que está ejerciendo el Estado a través de su política de subvenciones, lo que es cierto es que mientras el Estado dé subvenciones en el ámbito de las políticas sociales es
obligación de esta Cámara estimular al Gobierno en la orientación de esas políticas.
Señor ministro, le avanzo algunas cuestiones que forman parte de nuestra preocupación en esta materia. En primer lugar, y valorando positivamente la nueva encuesta de condiciones de vida que ha realizado el INE así como el informe del mismo
-si finalmente hoy ya se ha hecho público- sobre las personas sin hogar, estamos convencidos de que necesitamos mayor nivel de información e información más sofisticada, más global y al mismo tiempo más precisa, sobre la situación de la pobreza y la
exclusión social en España. Hoy, buena parte de los instrumentos que a veces todos terminamos
utilizando en este ámbito son iniciativas de Foessa, en el ámbito de Cáritas, de la Fundación Salomón, de la Caixa de Catalunya, de la Fundacio Bofill -y le hablo de lo que más conozco, que es lo que hay en mi país, Cataluña- que desde la
iniciativa social y solidaria realizan este tipo de informes. En cualquier caso, conviene que el Estado sea capaz de conocer con mayor precisión de qué realidad estamos hablando. En segundo lugar, pleno apoyo a la sociedad civil en este ámbito, no
porque la sociedad civil deba jugar un papel subsidiario, sino porque estamos convencidos de que una sociedad civil comprometida a fondo con la lucha contra la pobreza, la exclusión y la insolidaridad es una sociedad civil útil en términos de
calidad democrática; y añadiría algo más: en términos de articular la participación de las propias personas excluidas.
Señor ministro, nos gustaría que el debate de hoy y el del martes que viene nos sirviera para empezar a avanzar en este punto.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Campuzano.
Continuamos con la respuesta a esta interpelación del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.
Señor Campuzano, le agradezco su intervención. ¡Cómo no voy a estar preocupado, como ustedes, por estos índices de pobreza! Pero relativos porque, como sabe, hablamos de pobreza relativa. Quiero indicarle desde el primer momento que en el
código genético-político de mi organización está combatir las desigualdades. Por eso permítame que le diga, primero, que la encuesta de 2004 es con datos de 2003 y desde entonces se han producido ya importantes cambios en España, que se van a ir
acentuando en el futuro en el combate contra la pobreza; y, segundo, las competencias efectivamente son múltiples, también afectan a comunidades autónomas y a ayuntamientos. En este sentido, señoría, claro que nos preocupa esa situación y el
Gobierno ya ha aprobado el tercer Plan de acción para la inclusión social 2005-2006 para que esta situación cambie absolutamente de raíz. No vamos a resignarnos en el combate contra la exclusión social, y por eso es bueno que esta Cámara comience
un debate a fondo sobre la materia. Pero debo decirle, como le indicaba anteriormente, que ya estamos haciendo muchas cosas, tanto el Estado, como los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las ONG. Estamos actuando decididamente contra la
pobreza y la exclusión social. Es verdad que quizá haya que profundizar más todavía y haya que complementar mejor el conjunto de acciones que desarrollamos.
Permítame que le haga un repaso de las nuevas políticas que en el año 2004 no existían en España y que hoy existen y están encima de la mesa para combatir la pobreza. Antes haré una declaración de carácter general.
Nosotros entendemos que
cualquier ciudadano, por el hecho de serlo, tiene unos derechos cuya garantía debe ser procurada y garantizada por los poderes públicos y subsidiariamente por la sociedad civil. Aunque, por supuesto, en el planteamiento que usted me hace le doy un
papel muy importante a la sociedad civil, hay unas garantías que los poderes públicos tienen que poner encima de la mesa para evitar la pobreza.
Primero, y usted lo decía, el mejor modo de evitarla es el empleo. Usted estará conmigo en que en los
años 2004 -especialmente el segundo semestre- y 2005 se está produciendo una emergencia en la creación de empleo desconocida en España. Por tanto, si tenemos un millón y medio de ocupados más en esta legislatura, habrá potencialmente un millón y
medio de personas en menor situación de riesgo de caer en pobreza relativa. En consecuencia, las políticas de empleo, que son responsabilidad del conjunto de la sociedad española, están dando buenos resultados. También está el acceso al mercado de
trabajo de colectivos sociales desfavorecidos. Hay una segunda línea maestra de nuestra política contra la exclusión que es la necesidad de dar un enfoque global. Esta es una materia multidimensional, usted lo decía. La causa no es solo la
ausencia de recursos económicos, sino también otras carencias como las educativas, afectivas, sanitarias, de vivienda, participación de la sociedad, etcétera. Por tanto, la política tiene que ser transversal. Combinando ambas líneas de actuación
hemos elaborado este III Plan de acción para la inclusión social, que pretende fomentar el acceso al empleo y a todos los recursos, derechos, bienes y servicios a las personas en situación o riesgo de exclusión social; prevenir los riesgos de
exclusión; actuar a favor de grupos y personas más vulnerables y movilizar y facilitar la participación de todos los agentes en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Permítame que le haga un relatorio muy rápido de las medidas que estamos tomando para combatir la pobreza. Primero, queremos mejorar las condiciones de vida de las personas que disponen de menos recursos. Por eso, aunque ya sé que es una
verdadera preocupación de todos y usted tiene que entender que los recursos son limitados, estamos subiendo las pensiones no contributivas por encima del coste de la vida. Por cierto, tengo que decirle que hay un dato positivo: en los últimos años
en España no aumenta el número de peticionarios. Eso es un buen síntoma para la sociedad española; que haya cada vez menos personas necesitadas de recibir una prestación no contributiva quiere decir que la situación en términos sociales es mejor.
Ojalá, entiéndalo en este sentido, desapareciera la necesidad de tener que recurrir a este tipo de prestaciones. Por tanto, una subida que va a ser en 2006 del 4,4 por ciento. Pensiones. Tenemos la herencia de un sistema que usted también conoce
muy bien que no es el de la democracia. Estamos sufriendo todavía los efectos de un modelo anterior -me refiero
al sistema de pensiones- que estamos corrigiendo poco a poco. Por eso pensamos que las pensiones mínimas tienen que tener un capítulo especial de apoyo y de solidaridad, y lo estamos haciendo. El programa de mayor aumento de las pensiones
mínimas en España, que afecta a tres millones de perceptores, se está haciendo en esta legislatura, el mayor aumento en los casi 30 años de periodo democrático, con subidas hasta del 8 por ciento anuales para los pensionistas con cónyuge a cargo. Y
así lo vamos a continuar haciendo. Además, hay dos medidas especialmente destacables, y usted las conoce bien: la compatibilidad en la percepción de la pensión de viudedad y el SOVI, que va a permitir a 80.000 personas, la mayoría de ellas viudas,
aunque hay algún hombre, percibir pensiones mucho más dignas y mucho más acordes con sus necesidades. Esto lo hemos hecho desde este año. También en junio de este año este Parlamento, a propuesta del Gobierno, permitió la compatibilidad de las
pensiones no contributivas de invalidez con el trabajo remunerado. ¿Sabe usted cuántos nuevos contratos de discapacitados ha habido este año desde enero a noviembre? 45.000 más, no está nada mal; 45.000 contratos más de trabajo a personas con
discapacidad en los 11 primeros meses del año 2005 sobre los 11 meses anteriores del año 2004. También estamos poniendo en marcha una política de apoyo a las familias. Según la EPA del tercer trimestre de este año, solo tenemos 400.000 hogares en
España en que todos sus miembros están en paro; para ser exactos, 390.000. Está cayendo de forma extraordinaria el número de hogares en que todos sus miembros están en paro. Y tenemos más de 10 millones de hogares en que todos sus miembros tienen
un empleo, cifra desconocida en España que lógicamente contribuye a evitar los riesgos de caer en pobreza relativa.
El 11 de noviembre aprobamos el Real Decreto por el que se regulan las prestaciones familiares, en el que se introducen mejoras sustanciales en la protección social de la familia, y en breve verá la luz el reglamento de desarrollo de la Ley
de protección de familias numerosas. Hemos subido, y mucho, el salario mínimo interprofesional. Lo dije antes en la pregunta y se lo indico ahora. El Gobierno, de nuevo, ha propuesto a los agentes sociales una subida por encima del 5 por ciento
el próximo año, hasta los 540 euros. Cuando yo me hice cargo de esta cartera, hace 17 meses, el salario mínimo en España estaba en 460 euros. En 17 meses hemos producido una subida de 80 euros. Ya sé que nos dirán que son cantidades
insuficientes, pero la que yo recibí, congelada los ocho años anteriores, era de 460 euros. Y el uno de enero de 2006, si tienen a bien aprobarlo los agentes sociales, tendremos un salario mínimo de 540 euros. Poco a poco estamos derribando las
columnas de la pobreza relativa, también por la vía del incremento del salario mínimo interprofesional. No basta con ello. Hay colectivos en riesgo como los jóvenes y las mujeres. Sabe usted que en el plan de vivienda, por ejemplo, tenemos un
capítulo específico para los jóvenes, con un programa de vivienda joven en arrendamiento para que los jóvenes tengan acceso preferente a una subvención de hasta 2.880 euros para ayudar al pago del alquiler de su vivienda. Finalmente, para nosotros
la reducción de la precariedad en el empleo es un elemento sustancial para poder combatir también la pobreza relativa. En cuanto a las mujeres, aún persisten situaciones de discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo que
hacen que la mujer en España tenga un menor volumen de ingresos. Por esa razón estamos ultimando un proyecto de ley que verá esta Cámara en el primer trimestre del año 2006, un gran proyecto de ley de igualdad en el empleo entre hombres y mujeres.
Será una seña de identidad de esta legislatura y nos permitirá combatir con más eficacia esta desigualdad. Estoy convencido que su grupo hará aportaciones muy interesantes a este texto. Las mujeres víctimas de la violencia de género nos preocupan
y hemos tomado dos medidas: la continuación del programa de la renta activa de inserción, que permite percibir 375 euros al mes a casi 5.000 mujeres, y las ayudas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros para mujeres víctimas de
violencia de género que debido a su edad no pueden tener una inserción profesional, que les permitirá percibir durante 24 meses una especie de renta mínima de inserción.
Inmigrantes. Señoría, 600.000 inmigrantes, muchos de los cuales estaban en el umbral de la pobreza relativa, hoy están legalizados, hoy contribuyen al sistema público de protección y en su día percibirán una pensión acorde con esa
contribución. Por ese motivo, los recursos destinados a las políticas de integración de inmigrantes ascienden a 261 millones de euros para el próximo año, cinco veces más, señoría, que las partidas que había en el año 2004. Por tanto, estamos
aportando recursos económicos potentes para combatir esa situación. Y dentro de poco presentaremos el plan estratégico de integración de inmigrantes, que pretende ser un marco general para dar cohesión a las políticas de integración, con un enfoque
global transversal y cuyos ejes son la acogida, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales, la salud, el codesarrollo, la igualdad de trato, la perspectiva de género, la participación y la sensibilización social.
Los mayores, señoría, claro que son una verdadera preocupación para nosotros. Por eso, el plan de acción para personas mayores en el año 2006 verá incrementados sus recursos casi en un 60 por ciento.
Finalmente, sabe usted que, antes de fin de año, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley de atención a las personas en situación de dependencia, con lo que construiremos un derecho universal de los ciudadanos que permitirá
combatir con muchísima eficacia esas situaciones de pobreza relativa. Estas son, señorías, algunas de las medidas contempladas en el III Plan de acción para la inclusión social.
Por último, quiero decirle que desde hace tiempo venimos trabajando en la elaboración de una propuesta
sobre empresas de inclusión social; lo ha dicho usted y me parece muy positiva esa propuesta. El Gobierno lo presentará en esta Cámara. Hemos creado ya, en el Consejo de fomento de la economía social, un grupo de trabajo para que estén
las empresas más representativas de este sector.
Con ello, señoría, y con todas las medidas que le he indicado, estoy seguro de que en pocos años podremos haber combatido con mucha más eficacia la situación de pobreza relativa que hay en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.
Pasamos a los turnos de réplica y comenzaremos, de nuevo, con el señor diputado interpelante, Carles Campuzano.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, gracias por su respuesta. A mí me gustaría situar la cuestión de la pobreza relativa en sus justos términos, primero, para no caer en un falso alarmismo, pero tampoco para minusvalorar lo que estamos hablando. El INE, en la
información que facilita, expresa lo siguiente: El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso equivalente de la persona, se establece en 6.278 euros. Esto quiere decir que una persona con unos ingresos anuales por unidad de consumo
inferior a este umbral se considera que está en la pobreza relativa. Por lo tanto, estamos hablando de personas que están por debajo de esa cifra en su capacidad de consumo, y todos sabemos lo que eso quiere decir en nuestra vida cotidiana.
Pobreza relativa, pero que no debe servir para sentirnos ausentes ante el reto que supone esta realidad.
En segundo lugar, mi grupo no solo comparte buena parte de las acciones que el Gobierno ha impulsado en estos meses, sino que algunas de ellas son fruto también de iniciativas parlamentarias de Convergència i Unió.
Tanto la compatibilidad
del SOVI con la pensión de viudedad, como la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo remunerado, ha sido posible por leyes publicadas en el BOE, que nacen como resultado de proposiciones de ley de Convergència i Unió y de acuerdos
alcanzados con el Grupo Parlamentario Socialista y con el propio Gobierno. Nos sentimos también partícipes de algunas de estas mejoras. Es más, en el balance de nuestra acción política en Madrid desde el año 1993, con gobiernos socialistas y con
gobiernos populares, nos sentimos partícipes de algunas de las medidas que han llevado a esas mejoras. Mi grupo aplaudió en su día la subida del salario mínimo interprofesional, aunque también manifestamos nuestra preocupación por la configuración
del Iprem y por la evolución de la actualización del Iprem que afecta a nuestro sistema de bienestar, que no hemos resuelto bien y que afecta muy claramente a la evolución del propio sistema de protección social. Por tanto, compartimos medidas y
algunas de estas medidas van en la buena dirección, pero usted y yo no nos podemos sentir satisfechos por lo que estamos haciendo, por las cifras que expresa el INE y por aquello que conocemos. Mi grupo se siente satisfecho hoy, y espero que en la
moción seamos capaces de alcanzar un acuerdo en sede parlamentaria en este sentido, de que el Gobierno asuma el compromiso de elaborar una ley de empresas de inserción. Nos parece que esa vieja demanda de viejos luchadores de nuestra sociedad civil
en el ámbito de la pobreza y la exclusión necesita ese amparo de la política pública del Estado, que existen expectativas abiertas importantes en el sector en esta legislatura, que algunas diputadas de la Cámara han insistido en ello desde hace
tiempo en el Grupo Socialista también y que, por tanto, nos gustaría que esa moción expresase ese compromiso de todos en la consecución de ese proyecto de ley. Pero también, señor ministro, necesitaríamos ser capaces, en primer lugar, de configurar
una pensión mínima en nuestro sistema contributivo que efectivamente garantizase esa suficiencia de ingresos que permitiese a las personas mayores vivir con dignidad. Los 438 euros de la pensión mínima de viudedad o de la pensión mínima
contributiva sin cónyuge a cargo hoy son insuficientes. Ahí, en el marco del desarrollo del Pacto de Toledo, deberíamos marcar un horizonte hacia el que avanzar. En segundo lugar, en relación con la pensión no contributiva, y valorando
positivamente el dato que usted apuntaba -que esta semana también me lo recordaban personas que trabajan en estos ámbitos- de que disminuye el número de personas que piden acceder a la pensión no contributiva, toca volver a plantearnos ir hacia el
modelo de la pensión no contributiva como derecho individual. La pensión no contributiva con su actual regla de aplicación no permite que muchas personas que objetivamente están en situación de pobreza, con absoluta falta de ingresos, puedan
beneficiarse de las pensiones no contributivas. Ahí nos parece que también tenemos un terreno por avanzar. Agradezco su tono en su respuesta y creo que podemos ser capaces a través de la moción de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno, el Grupo
Socialista y estoy seguro de que el conjunto de grupos de la Cámara el próximo martes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano.
Finalizamos con la réplica del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Campuzano, por sus planteamientos. Pero permítame que insista en dos hechos. Primero, el tiempo en que se efectúa esta encuesta es un tiempo sociológico, económico y político distinto del actual, de
hace ya dos años, y que desde entonces se han comenzado a tomar medidas -compartidas muchas de ellas con ustedes, con la Cámara- que van a permitir corregir esa situación y van a permitir que se vaya corrigiendo esa situación paulatinamente.
Le pondré un ejemplo. Incluso la pensión mínima sin cónyuge a cargo, la pensión mínima de viudedad, con el incremento que va a sufrir el próximo año estará muy próxima, señoría, a los 6.200 euros anuales que establece los datos de aplicación de la
encuesta como pobreza relativa. ¡Claro que creo que vamos a poder superar a lo largo de esta legislatura y seguramente en las siguientes esa barrera! Desde luego, para las pensiones con cónyuge a cargo ya lo hemos superado, ya estamos por encima de
los 6.000 euros, y el año que viene de nuevo habrá un incremento con cónyuge a cargo del 8 por ciento que supondrá cerca de 50 euros mensuales adicionales para estas personas. Por tanto, permítame que le indique que en materia de pensiones mínimas
estamos trabajando con mucha intensidad y con mucha fuerza. Igualmente en materia de empleo. Le traslado una impresión optimista y, repito, es fruto del esfuerzo de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores y del conjunto de nuestras
instituciones. El empleo hoy en España está creciendo, como usted bien sabe, muy por encima de la media de los países de la OCDE y somos el país de Europa que más empleo crea, y vamos a continuar siéndolo en el futuro. Es, por tanto, otra garantía
para combatir las situaciones de exclusión y de pobreza. Unido a ello, el salario mínimo se va a situar en 540 euros, que por 14 mensualidades va a superar los 7.000 euros anuales de ingreso por persona; por tanto, estará ya por encima del índice
de pobreza relativa, que prácticamente estaba en el mismo hace tan solo dos años. Y, por supuesto, el acceso al empleo en igualdad de condiciones de los hombres y las mujeres.
Me ha planteado la hipótesis en la que ya está trabajando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la regulación mediante ley de las empresas de inclusión social -vamos a llamarlas así-. Señoría, yo quiero romper una lanza a favor del
tercer sector en España, de las múltiples formas de organización colectiva de la solidaridad que tenemos en nuestro país y que están ayudando de un modo extraordinario a combatir esas situaciones de pobreza. A ellos hay que ayudarlos, son el mejor
ejemplo del ejercicio de la solidaridad, junto con una tarea bien desarrollada desde el punto de vista económico y productivo. Usted sabe que alcanza a varios millones de trabajadores hoy en la economía del llamado tercer sector. Hay que dar un
paso más y hay que tratar de favorecer estas nuevas empresas de inclusión social, su adecuada relación con los centros especiales de empleo y con los modelos especiales para combatir la exclusión en materia de empleo que tenemos establecidos, y que
yo creo que están dando excelentes resultados. En todo caso, me comprometo en poco tiempo, una vez que este grupo de trabajo elabore el informe que le he indicado, a enviar a este Parlamento este proyecto de ley, que será sin duda un puntal básico
para combatir estas situaciones de exclusión. Espero que su moción, que seguro que será moderada, como lo es usted, sea realista, de acuerdo con los recursos de que disponemos y las posibilidades que tenemos, y estoy totalmente convencido de que
podemos alcanzar un acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, de nuevo. Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DIGNIFICAR LA SITUACIÓN DE LAS VIUDAS Y VIUDOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000143.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, a la siguiente interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dignificar la situación de las viudas y
viudos en el Estado español.
Tiene la palabra para formular esta interpelación el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, quiero empezar mis palabras saludando a las organizaciones representativas de las viudas del Estado español aquí presentes, cuya presencia seguramente se justifica porque necesitan ilustrarse sobre los compromisos concretos y
específicos que quien tiene la responsabilidad, y también la posibilidad, de resolver sus problemas está dispuesto a asumir. Ello justifica la presencia de organizaciones que son invitadas a esta Cámara y, casualmente, quien tiene la
responsabilidad y la posibilidad de resolver los problemas atinentes a la viudedad es usted, señor ministro, particularmente y de forma muy relevante es usted.
Desde esta perspectiva, quiero comentar que el señor Campuzano ha contextualizado muy bien cuál es el problema de las viudas, un problema de pobreza. Me ha gustado el comentario relativo a la autodefinición que ha hecho de la ideología o de
los planteamientos que metaculturalmente configuran su partido, lo ha autodefinido como un partido que es biológico políticamente, llamado a remover las desigualdades. Lo que pasa es que nosotros no terminamos de percibir, señor ministro -y con
toda honestidad se lo digo-, que este fenotipo ideológico haya aflorado en relación con la problemática de las viudas, porque esta problemática es ya histórica, todavía no resuelta y que está configurando en este momento una situación no solo
injusta materialmente sino además inconstitucional.
En este momento se mantiene normativamente, por imperativo del ordenamiento jurídico, por las previsiones sobre cómo se configura la pensión de viudedad por el ordenamiento jurídico, a más
de 1.500.000 personas que sin ningún tipo de dudas vive por debajo del umbral de la pobreza. Y vivir por debajo del umbral de la pobreza significa pretericiones de mandatos constitucionales que usted y yo conocemos perfectamente, pero es
que estamos hablando, señor ministro, de un problema histórico. Ya Perrault, el famoso autor de cuentos tan conocidos como La Cenicienta y La Bella Durmiente, que simultáneamente era asesor del primer ministro Colbert, se refirió al problema de las
pensiones y de la protección de la supervivencia, de las viudas en concreto. Comentaba que era tan lacerante la situación de las viudas que escribía estos cuentos con finales idílicos, en los que siempre aparecía un príncipe encantador que resolvía
los problemas de las personas, un poco en contraste con la realidad en virtud de la cual tenía que asesorar al primer ministro Colbert. La verdad es que la situación, señor ministro, desgraciadamente no se ha modificado de forma muy sustancial en
relación con las viudas, un segmento que de forma mayoritaria, en un porcentaje altísimo, está empobrecido, además de forma absolutamente injusta, normativamente injusta. Señor ministro, usted sabe que la cuantificación de la pensión de viudedad,
al margen de estos referentes históricos, hoy en día dimana de la circunstancia de que hay un cónyuge supérstite -esto quiere decir que el otro cónyuge ha fallecido- y a esta persona, cuyos gastos suntuarios, sus gastos tributarios, los gastos para
subvenir a las necesidades de la vida no decrecen sustancialmente por la muerte del cónyuge fallecido, se le limita a la mitad, al 52 por ciento en concreto en este momento, sus ingresos familiares. Esto, en primer lugar, vulnera o ignora al menos
tres requerimientos o mandatos constitucionales claros, en nuestra opinión, porque son claros para la jurisprudencia constitucional y para la doctrina elaborada en prolija jurisprudencia por el Tribunal Constitucional. Vulnera el derecho a la
propiedad privada -artículo 33.3 de la Constitución- porque el Tribunal Constitucional en diversas sentencias que usted conocerá con toda probabilidad ha considerado que el derecho a una determinada cuantía de pensión es una específica manifestación
del derecho a la propiedad, derecho a la propiedad que se expolia o se expropia en relación con las viudas limitando la cuantía de sus percepciones económicas a la mitad prácticamente, no sin tener que llegar con el 52 por ciento a sacrificios
notables que usted conoce, señor ministro. Ya conoce que había un acuerdo interprofesional desde el año 2001 suscrito por los interlocutores más representativos, con efectos normativos, que obligaba a presupuestar esta cuantía del 52 por ciento,
que antes era del 45 por ciento, en el año 2002 y hasta tres años después no se logró conseguir que el 52 por ciento fuera el elemento o el índice de imputación para determinar la pensión de viudedad. No obstante, esto supone una expoliación sin
causa de interés público, como establece el artículo 33 de la Constitución, y vulnera por lo tanto el derecho a la propiedad y sin indemnización. Pero vulnera sobre todo los derechos específicos que configuran nuestro sistema público de pensiones,
particularmente dos, el artículo 41 y el artículo 50. El artículo 41, que es el que define el sistema público de pensiones del Estado español, es un sistema inspirado en la doctrina del profesor Berberich, con algunas improntas o algunos tintes
bismarckianos, pero sobre todo establece los siguientes principios y requerimientos, también desarrollados todos ellos ya por muy prolija jurisprudencia constitucional, señor ministro. Los poderes públicos del Estado protegerán de forma suficiente
-quiero enfatizar esta alocución- cualquier situación de necesidad. Una situación de necesidad es la que afecta a las viudas y se las tiene que proteger de forma suficiente. Y atender de forma suficiente la pensión de viudedad desde la perspectiva
de su cuantificación supone establecer una cuantía de pensión, sobre todo cuando estamos hablando de pensiones de naturaleza contributiva, que supere, cuando menos, el umbral de la pobreza. Desde luego, no es congruente con la jurisprudencia
constitucional que prácticamente el 80 por ciento de las viudas que no pueden compatibilizar su pensión con otras rentas, como las del trabajo o las de otra naturaleza, vivan bajo el umbral de la pobreza. Esto vulnera específicamente el principio
de suficiencia consagrado por el artículo 41 de la Constitución en su reinterpretación constitucional, por muy prolija jurisprudencia y por numerosas sentencias que usted conoce. Otra previsión constitucional que se ignora es la consignada en el
artículo 50 de la Constitución que garantiza, en relación con los ciudadanos de la tercera edad -y la mayoría de las viudas lo son-, pensiones adecuadas, suficientes y periódicamente actualizadas con cargo a los poderes públicos del Estado.
Estamos
hablando de pensiones suficientes que de nuevo se ignoran, que son objeto de preterición en un esquema normativo en relación con el sistema de configuración legal que es vulnerado, ignorándose las previsiones y los mandatos del artículo 50 de la
Constitución. En relación con la pensión de viudedad, se está manteniendo no solo un sistema materialmente injusto, sino además inconstitucional.
Inconstitucional, sobre todo -quiero especificar este alegato en pro de la inconstitucionalidad de la
configuración normativa de la pensión de viudedad-, porque las viudas son viudas de una persona que estaba ya jubilada, que no murió en activo. A su vez esta persona sufre un doble recorte, un doble cercenamiento de sus derechos constitucionales en
relación con el quántum de la pensión de viudedad. Primero, el dimanante de cómo se configura la pensión de viudedad reduciendo a la mitad los ingresos familiares o los ingresos que percibía el cónyuge, fallecido en este caso, jubilado. Pero a su
vez ya el jubilado había sufrido los recortes previos que acometieron la Ley de reforma de las pensiones de 1985, que tenía un nombre mucho más farragoso en el Boletín Oficial del Estado, nada menos que Ley para la racionalización de la estructura y
de la acción cobertora del aspecto o de la parte contributiva del sistema público de Seguridad Social. Un nombre de esta naturaleza no cabía siquiera en el rótulo, en la parte superior del Boletín Oficial del Estado y tuvo que ser vulgarizado por
los ciudadanos denominando a esta ley Ley de reforma de las pensiones, y otros más lúcidos la terminaron denominando Ley de recortes de pensiones, porque efectivamente acometía un recorte de la pensión de jubilación incrementando por un
procedimiento un tanto bastardo, que consistía en aumentar el período de carencia elevándolo de 10 a 15 años para causar derecho a la pensión de jubilación. Por si este cercenamiento de la pensión de jubilación del cónyuge llamado a fallecer
después no era suficiente, nos encontramos con la aplicación de lo que técnicamente se denominan medidas anticúmulo, topando con un límite máximo por Ley de presupuestos que no tiene habilitación jurídica para regular este tipo de cuestiones, que
era un tope inferior a lo que habían contribuido personas durante 35 años por los topes máximos de las bases de cotización previstas por la legislación vigente. Por consiguiente, se producía una expoliación de este especial derecho de propiedad que
consiste en el derecho a una cuantía determinada de pensión. Nos estamos encontramos con incumplimientos de naturaleza constitucional que debemos remover. Nos estamos encontrando con una situación que afecta a 1.500.000 personas, que viven bajo el
umbral de la pobreza, por la configuración normativa de una particular pensión. Nos estamos encontrando con un incumplimiento de un requerimiento de una previsión del Pacto de Toledo, en concreto la decimotercera, que alude a la pensión de viudedad
específicamente y a las pensiones mínimas, exhortando a los poderes públicos a que las incrementen hasta el salario mínimo interprofesional. Nos estamos encontrando con que no es dudoso en este momento que personas que cobran pensiones de 348 euros
viven por debajo del umbral de la pobreza, se mida como se mida. Le recuerdo dos informes del Consejo Económico y Social, en concreto los de 1998 y 1999, que nos indican que tener unas rentas inferiores al salario mínimo interprofesional significa
automáticamente ubicarse bajo el umbral de la pobreza. Estamos viviendo en una situación que afecta a un colectivo que desgraciadamente no está vertebrado, organizado y que carece, por tanto, de capacidad de interlocución y de presión política. Si
como usted ha autodefinido a su partido, fenotípicamente se caracteriza por la remoción de las desiguldades, hágalo, no por la capacidad de presión o de interlocución de los agentes, de los interlocutores sociales. Los sindicatos o las
organizaciones sindicales tampoco se han caracterizado -hay que ser honestos y decir las cosas como son en esta Cámara- por defender los intereses de las viudas, porque las viudas no pueden formar parte de una organización sindical, por
requerimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El fenotipo con el que S.S. ha autodefinido a su partido se convertiría en verdadera cobardía si la razón por la cual se mantiene esta situación es porque este colectivo carece de la
interlocución y capacidad de presión política suficiente para remover una situación de absoluta injusticia que, entre otras cosas, no solo vulnera -acabo ya, señora presidenta- los tres preceptos de la Constitución que he citado: los artículo 33,
el 41 y el 50, sino el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución. Vamos a luchar por la justicia, señor ministro. Luchar por la justifica significa ubicar a todas las pensiones de viudedad por encima del salario mínimo
interprofesional.
Desde esta perspectiva, quiero comentar que el señor Campuzano ha contextualizado muy bien cuál es el problema de las viudas, un problema de pobreza. Me ha gustado el comentario relativo a la autodefinición que ha hecho de la ideología o de
los planteamientos que metaculturalmente configuran su partido, lo ha autodefinido como un partido que es biológico políticamente, llamado a remover las desigualdades. Lo que pasa es que nosotros no terminamos de percibir, señor ministro -y con
toda honestidad se lo digo-, que este fenotipo ideológico haya aflorado en relación con la problemática de las viudas, porque esta problemática es ya histórica, todavía no resuelta y que está configurando en este momento una situación no solo
injusta materialmente sino además inconstitucional.
En este momento se mantiene normativamente, por imperativo del ordenamiento jurídico, por las previsiones sobre cómo se configura la pensión de viudedad por el ordenamiento jurídico, a más de
1.500.000 personas que sin ningún tipo de dudas vive por debajo del umbral de la pobreza. Y vivir por debajo del umbral de la pobreza significa pretericiones de mandatos constitucionales que usted y yo conocemos perfectamente, pero es que estamos
hablando, señor ministro, de un problema histórico. Ya Perrault, el famoso autor de cuentos tan conocidos como La Cenicienta y La Bella Durmiente, que simultáneamente era asesor del primer ministro Colbert, se refirió al problema de las pensiones y
de la protección de la supervivencia, de las viudas en concreto. Comentaba que era tan lacerante la situación de las viudas que escribía estos cuentos con finales idílicos, en los que siempre aparecía un príncipe encantador que resolvía los
problemas de las personas, un poco en contraste con la realidad en virtud de la cual tenía que asesorar al primer ministro Colbert. La verdad es que la situación, señor ministro, desgraciadamente no se ha modificado de forma muy sustancial en
relación con las viudas, un segmento que de forma mayoritaria, en un porcentaje altísimo, está empobrecido, además de forma absolutamente injusta, normativamente injusta. Señor ministro, usted sabe que la cuantificación de la pensión de viudedad,
al margen de estos referentes históricos, hoy en día dimana de la circunstancia de que hay un cónyuge supérstite -esto quiere decir que el otro cónyuge ha fallecido- y a esta persona, cuyos gastos suntuarios, sus gastos tributarios, los gastos para
subvenir a las necesidades de la vida no decrecen sustancialmente por la muerte del cónyuge fallecido, se le limita a la mitad, al 52 por ciento en concreto en este momento, sus ingresos familiares. Esto, en primer lugar, vulnera o ignora al menos
tres requerimientos o mandatos constitucionales claros, en nuestra opinión, porque son claros para la jurisprudencia constitucional y para la doctrina elaborada en prolija jurisprudencia por el Tribunal Constitucional. Vulnera el derecho a la
propiedad privada -artículo 33.3 de la Constitución- porque el Tribunal Constitucional en diversas sentencias que usted conocerá con toda probabilidad ha considerado que el derecho a una determinada cuantía de pensión es una específica manifestación
del derecho a la propiedad, derecho a la propiedad que se expolia o se expropia en relación con las viudas limitando la cuantía de sus percepciones económicas a la mitad prácticamente, no sin tener que llegar con el 52 por ciento a sacrificios
notables que usted conoce, señor ministro. Ya conoce que había un acuerdo interprofesional desde el año 2001 suscrito por los interlocutores más representativos, con efectos normativos, que obligaba a presupuestar esta cuantía del 52 por ciento,
que antes era del 45 por ciento, en el año 2002 y hasta tres años después no se logró conseguir que el 52 por ciento fuera el elemento o el índice de imputación para determinar la pensión de viudedad. No obstante, esto supone una expoliación sin
causa de interés público, como establece el artículo 33 de la Constitución, y vulnera por lo tanto el derecho a la propiedad y sin indemnización. Pero vulnera sobre todo los derechos específicos que configuran nuestro sistema público de pensiones,
particularmente dos, el artículo 41 y el artículo 50. El artículo 41, que es el que define el sistema público de pensiones del Estado español, es un sistema inspirado en la doctrina del profesor Berberich, con algunas improntas o algunos tintes
bismarckianos, pero sobre todo establece los siguientes principios y requerimientos, también desarrollados todos ellos ya por muy prolija jurisprudencia constitucional, señor ministro. Los poderes públicos del Estado protegerán de forma suficiente
-quiero enfatizar esta alocución- cualquier situación de necesidad. Una situación de necesidad es la que afecta a las viudas y se las tiene que proteger de forma suficiente. Y atender de forma suficiente la pensión de viudedad desde la perspectiva
de su cuantificación supone establecer una cuantía de pensión, sobre todo cuando estamos hablando de pensiones de naturaleza contributiva, que supere, cuando menos, el umbral de la pobreza. Desde luego, no es congruente con la jurisprudencia
constitucional que prácticamente el 80 por ciento de las viudas que no pueden compatibilizar su pensión con otras rentas, como las del trabajo o las de otra naturaleza, vivan bajo el umbral de la pobreza. Esto vulnera específicamente el principio
de suficiencia consagrado por el artículo 41 de la Constitución en su reinterpretación constitucional, por muy prolija jurisprudencia y por numerosas sentencias que usted conoce. Otra previsión constitucional que se ignora es la consignada en el
artículo 50 de la Constitución que garantiza, en relación con los ciudadanos de la tercera edad -y la mayoría de las viudas lo son-, pensiones adecuadas, suficientes y periódicamente actualizadas con cargo a los poderes públicos del Estado.
Estamos
hablando de pensiones suficientes que de nuevo se ignoran, que son objeto de preterición en un esquema normativo en relación con el sistema de configuración legal que es vulnerado, ignorándose las previsiones y los mandatos del artículo 50 de la
Constitución. En relación con la pensión de viudedad, se está manteniendo no solo un sistema materialmente injusto, sino además inconstitucional.
Inconstitucional, sobre todo -quiero especificar este alegato en pro de la inconstitucionalidad de la
configuración normativa de la pensión de viudedad-, porque las viudas son viudas de una persona que estaba ya jubilada, que no murió en activo. A su vez esta persona sufre un doble recorte, un doble cercenamiento de sus derechos constitucionales en
relación con el quántum de la pensión de viudedad. Primero, el dimanante de cómo se configura la pensión de viudedad reduciendo a la mitad los ingresos familiares o los ingresos que percibía el cónyuge, fallecido en este caso, jubilado. Pero a su
vez ya el jubilado había sufrido los recortes previos que acometieron la Ley de reforma de las pensiones de 1985, que tenía un nombre mucho más farragoso en el Boletín Oficial del Estado, nada menos que Ley para la racionalización de la estructura y
de la acción cobertora del aspecto o de la parte contributiva del sistema público de Seguridad Social. Un nombre de esta naturaleza no cabía siquiera en el rótulo, en la parte superior del Boletín Oficial del Estado y tuvo que ser vulgarizado por
los ciudadanos denominando a esta ley Ley de reforma de las pensiones, y otros más lúcidos la terminaron denominando Ley de recortes de pensiones, porque efectivamente acometía un recorte de la pensión de jubilación incrementando por un
procedimiento un tanto bastardo, que consistía en aumentar el período de carencia elevándolo de 10 a 15 años para causar derecho a la pensión de jubilación. Por si este cercenamiento de la pensión de jubilación del cónyuge llamado a fallecer
después no era suficiente, nos encontramos con la aplicación de lo que técnicamente se denominan medidas anticúmulo, topando con un límite máximo por Ley de presupuestos que no tiene habilitación jurídica para regular este tipo de cuestiones, que
era un tope inferior a lo que habían contribuido personas durante 35 años por los topes máximos de las bases de cotización previstas por la legislación vigente. Por consiguiente, se producía una expoliación de este especial derecho de propiedad que
consiste en el derecho a una cuantía determinada de pensión. Nos estamos encontramos con incumplimientos de naturaleza constitucional que debemos remover. Nos estamos encontrando con una situación que afecta a 1.500.000 personas, que viven bajo el
umbral de la pobreza, por la configuración normativa de una particular pensión. Nos estamos encontrando con un incumplimiento de un requerimiento de una previsión del Pacto de Toledo, en concreto la decimotercera, que alude a la pensión de viudedad
específicamente y a las pensiones mínimas, exhortando a los poderes públicos a que las incrementen hasta el salario mínimo interprofesional. Nos estamos encontrando con que no es dudoso en este momento que personas que cobran pensiones de 348 euros
viven por debajo del umbral de la pobreza, se mida como se mida. Le recuerdo dos informes del Consejo Económico y Social, en concreto los de 1998 y 1999, que nos indican que tener unas rentas inferiores al salario mínimo interprofesional significa
automáticamente ubicarse bajo el umbral de la pobreza. Estamos viviendo en una situación que afecta a un colectivo que desgraciadamente no está vertebrado, organizado y que carece, por tanto, de capacidad de interlocución y de presión política. Si
como usted ha autodefinido a su partido, fenotípicamente se caracteriza por la remoción de las desiguldades, hágalo, no por la capacidad de presión o de interlocución de los agentes, de los interlocutores sociales. Los sindicatos o las
organizaciones sindicales tampoco se han caracterizado -hay que ser honestos y decir las cosas como son en esta Cámara- por defender los intereses de las viudas, porque las viudas no pueden formar parte de una organización sindical, por
requerimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El fenotipo con el que S.S. ha autodefinido a su partido se convertiría en verdadera cobardía si la razón por la cual se mantiene esta situación es porque este colectivo carece de la
interlocución y capacidad de presión política suficiente para remover una situación de absoluta injusticia que, entre otras cosas, no solo vulnera -acabo ya, señora presidenta- los tres preceptos de la Constitución que he citado: los artículo 33,
el 41 y el 50, sino el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución. Vamos a luchar por la justicia, señor ministro. Luchar por la justifica significa ubicar a todas las pensiones de viudedad por encima del salario mínimo
interprofesional.
del Boletín Oficial del Estado y tuvo que ser vulgarizado por los ciudadanos denominando a esta ley Ley de reforma de las pensiones, y otros más lúcidos la terminaron denominando Ley de recortes de pensiones, porque efectivamente acometía un
recorte de la pensión de jubilación incrementando por un procedimiento un tanto bastardo, que consistía en aumentar el período de carencia elevándolo de 10 a 15 años para causar derecho a la pensión de jubilación. Por si este cercenamiento de la
pensión de jubilación del cónyuge llamado a fallecer después no era suficiente, nos encontramos con la aplicación de lo que técnicamente se denominan medidas anticúmulo, topando con un límite máximo por Ley de presupuestos que no tiene habilitación
jurídica para regular este tipo de cuestiones, que era un tope inferior a lo que habían contribuido personas durante 35 años por los topes máximos de las bases de cotización previstas por la legislación vigente. Por consiguiente, se producía una
expoliación de este especial derecho de propiedad que consiste en el derecho a una cuantía determinada de pensión. Nos estamos encontramos con incumplimientos de naturaleza constitucional que debemos remover. Nos estamos encontrando con una
situación que afecta a 1.500.000 personas, que viven bajo el umbral de la pobreza, por la configuración normativa de una particular pensión. Nos estamos encontrando con un incumplimiento de un requerimiento de una previsión del Pacto de Toledo, en
concreto la decimotercera, que alude a la pensión de viudedad específicamente y a las pensiones mínimas, exhortando a los poderes públicos a que las incrementen hasta el salario mínimo interprofesional. Nos estamos encontrando con que no es dudoso
en este momento que personas que cobran pensiones de 348 euros viven por debajo del umbral de la pobreza, se mida como se mida. Le recuerdo dos informes del Consejo Económico y Social, en concreto los de 1998 y 1999, que nos indican que tener unas
rentas inferiores al salario mínimo interprofesional significa automáticamente ubicarse bajo el umbral de la pobreza. Estamos viviendo en una situación que afecta a un colectivo que desgraciadamente no está vertebrado, organizado y que carece, por
tanto, de capacidad de interlocución y de presión política. Si como usted ha autodefinido a su partido, fenotípicamente se caracteriza por la remoción de las desiguldades, hágalo, no por la capacidad de presión o de interlocución de los agentes, de
los interlocutores sociales. Los sindicatos o las organizaciones sindicales tampoco se han caracterizado -hay que ser honestos y decir las cosas como son en esta Cámara- por defender los intereses de las viudas, porque las viudas no pueden formar
parte de una organización sindical, por requerimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El fenotipo con el que S.S. ha autodefinido a su partido se convertiría en verdadera cobardía si la razón por la cual se mantiene esta situación es
porque este colectivo carece de la interlocución y capacidad de presión política suficiente para remover una situación de absoluta injusticia que, entre otras cosas, no solo vulnera -acabo ya, señora presidenta- los tres preceptos de la Constitución
que he citado: los artículo 33, el 41 y el 50, sino el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución. Vamos a luchar por la justicia, señor ministro. Luchar por la justifica significa ubicar a todas las pensiones de
viudedad por encima del salario mínimo interprofesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Continuamos con la contestación a esta interpelación. Tiene la palabra de nuevo el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero también saludar a las representantes de las organizaciones de viudas aquí presentes.
Señor Olabarría, quisiera decirle que claro que está en el código genético del Partido Socialista combatir la desigualdad. Hay muchas cosas que usted ha dicho aquí con las que estoy de acuerdo, pero con otras no. Se las voy a poner todas
claritas. La primera, señor Olabarría, es que el único partido que sube las pensiones en este país por encima de la inflación es el Partido Socialista cuando gobierna. (Rumores.) Esa es la primera consideración. Desde que recuperamos la
democracia en este país solo ha habido ganancias reales de poder adquisitivo de las personas con mayor dificultad cuando ha gobernado el Partido Socialista, y espero que S.S. lo reconozca. (Aplausos.) Claro que quiero la igualdad -le voy a decir
las cosas que estamos haciendo- y mejorar la situación de las viudas, pero con responsabilidad, señor Olabarría. Lo que no puedo compartir con usted es que la Ley del año 1985 supusiera una expropiación de derechos. Hoy reconoce todo el mundo en
España que aquella ley salvó el sistema público de pensiones, y usted no me puede pedir que sea tan irresponsable como para ponerlo en riesgo. Mi Gobierno y yo haremos todo lo que esté en nuestra mano, pero con responsabilidad, señor Olabarría,
pues hablamos de un sistema de reparto en el que la pensión de viudedad no es plenamente contributiva y usted lo sabe muy bien, y garantizando los derechos de las personas que tienen que percibir estas pensiones que estamos subiendo más que nunca.
A pesar de que yo recibí una situación como la recibí cuando me hice cargo del ministerio, estamos subiendo más que nunca las pensiones más bajas de las viudas en España. Dice S.S. que esa situación es insuficiente. Sí, lo es, pero reconozca el
esfuerzo que estamos haciendo; reconozca que tenemos unas limitaciones y que la principal es la estabilidad del sistema en la que por cierto ponen sus bases, sus asientos y sus cimientos las organizaciones sociales, que son las que cotizan, los
trabajadores y los empresarios, con los que tenemos que contar.
Señor Olabarría, total preocupación sobre la situación no solo de las viudas sino de las personas que perciben pensión mínima en España, pero se inscribe, como le decía, en una preocupación más amplia, que es la situación general de los
mayores en España y la necesidad y la obligación de toda la sociedad de atender y dar respuesta a sus problemas y necesidades. Esa es una línea política prioritaria de mi Gobierno. En esa dirección se sitúa la mejora sustancial y sostenida de las
pensiones mínimas, entre ellas la de viudedad, que estamos aplicando en esta legislatura. Le voy a poner un ejemplo, completando lo que decía antes el señor Campuzano. El año que viene la pensión mínima de viudedad para una viuda mayor de 65 años
va a estar por encima del umbral de la pobreza relativa que establece esta encuesta, por primera vez en la historia de la democracia española. Por primera vez en el año que viene se van a superar los 6.200 euros que la metodología comunitaria
considera como el umbral relativo de la pobreza, antes de que acabe esta legislatura, como me comprometí con los españoles en las elecciones del 14 de marzo del año 2004 como coordinador del programa del Partido Socialista. Antes de llegar al 2008,
la pensión mínima de viudedad para una persona mayor de 65 años estará ya por encima de ese umbral relativo de la pobreza. Le he dicho que es una subida sostenida de las pensiones mínimas y, particularmente, de las pensiones de viudedad que vamos a
seguir aplicando a lo largo de toda la legislatura y que va a suponer como mínimo una ganancia real para todas sus categorías del 26 por ciento en esta legislatura y que va a afectar, señor Olabarría, a 730.000 pensiones mínimas de viudedad.
También se pueden tomar otras decisiones. Yo no sé qué propondrá en su moción pero le diré de antemano, señor Olabarría, que por la vía del crecimiento de la aplicación de los coeficientes sobre la percepción de la pensión no resolvemos los
problemas de las viudas en España. ¿Sabe S.S. cómo los resolvemos? Subiendo las mínimas. Si usted me dijera ahora que tenemos que aplicar a una pensión de viudedad en lugar de un 52 por ciento de coeficiente un 75 por ciento, le diría que esa
medida, que pretendidamente alguien podría entender como justa, solo afectaría a un porcentaje ínfimo de viudas en España, a las que tienen mejores pensiones. La posición de este Gobierno no es esa, sino la de ir mejorando en esta legislatura las
más bajas continuamente por encima de la inflación en el seno del marco del Pacto de Toledo. Asimismo, hemos tomado otra decisión, que antes recordaba el señor Campuzano, que es hacer compatible la pensión de viudedad con la percepción del SOVI,
que el Gobierno actual no incompatibilizó y ahora la hemos hecho compatible, de modo que más de 80.000 viudas han visto incrementada su pensión media en 300 euros al mes. Hoy nos encontramos con que esas viudas, legítimamente, con plena justicia,
tienen una pensión media cercana a los 800 euros mensuales, muy por encima del umbral de pobreza relativa que describe la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
Hay que adaptar la pensión de viudedad a las situaciones actuales, y el Gobierno lo tiene previsto. Así lo ha presentado en un documento a los agentes sociales y espero que en poco tiempo podamos tomar medidas de fondo. Permítame que le
marque algunas líneas para garantizar a las personas con más necesidades una mejor pensión de viudedad. Hay que poner al día la pensión de viudedad, adaptarla a nuestra realidad social. Como usted sabe, eso está pendiente porque la pensión de
viudedad no ha sufrido cambios normativos desde el año 1972. Las estructuras familiares en España han variado mucho y las necesidades sociales han sufrido alteraciones de enorme trascendencia. No me tengo que extender mucho para explicarle que hoy
la sociedad española es muy distinta de la del año 1972, y que, por fortuna, la mujer cada vez más se está incorporando al mercado laboral. Usted sabe, señor Olabarría, que hoy podemos tener el legítimo orgullo de contemplar que la tasa de
actividad femenina en España casi está al mismo nivel que la europea -lo que jamás había ocurrido en la historia reciente de España-; casi estamos ya al nivel de los países más desarrollados de Europa. ¿Qué significa esto? Significa que las
mujeres que hoy trabajan tendrán su propia pensión y, por tanto, si tienen la desgracia de caer en la viudedad, al igual que cualquier hombre, no dependerán ya de una renta como la pensión de viudedad porque tendrán derecho a pensión propia. Ese es
el mejor camino para resolver en el futuro nuestras necesidades sociales. Como todos recordamos, la proporción de mujeres que obtenían ingresos del trabajo hace 30 años en España era muy escasa; sin embargo, hoy, por fortuna, está ampliándose.
Además, este fenómeno, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado es progresivo, aumenta de forma continua y acelerada a medida que pasan los meses. Por otra parte, como usted sabe, la incorporación, desde el punto de vista demográfico, de
edades de la población femenina, va aumentando a medida que nuevas cohortes de jóvenes van llegando al mercado laboral. En suma, cambios familiares; la regulación de la pensión de viudedad en estos momentos está ocasionando un déficit de cobertura
social en algunos casos, pero en otros está produciendo sobreprotección.
Repito, en unos casos, a los que usted se ha referido, déficit, pero en otros casos sobreprotección, que genera un enorme gasto al sistema.
Señoría, tenemos que reformar, en
función de lo que nos ha pedido el Pacto de Toledo, la orientación de la pensión de viudedad. Hay que garantizar una pensión de viudedad, por ejemplo, para las uniones de hecho, para las nuevas formas de familia. Ese tiene que ser uno de los
elementos fundamentales de la próxima reforma. Todas estas razones explican bien que el Gobierno esté decidido a reformular la actual regulación de la pensión de viudedad en estos dos sentidos: proteger más y mejor a quienes tienen pensiones
mínimas, las más bajas, a las que lo necesitan, facilitándoles prestaciones suficientes y dignas, y reconocer el derecho en muchos supuestos de vínculo de convivencia, que ahora no están protegidos.
Además de tener en cuenta esta problemática, el Gobierno atiende a lo establecido en el Pacto de Toledo. En el año 2003 la Comisión parlamentaria nos pidió hacer una revisión integral de la regulación de la pensión de viudedad con un doble
objetivo: por una parte, cubrir de forma efectiva las necesidades familiares que se producen como consecuencia del fallecimiento de una persona; y, por otra, mejorar sustancialmente las prestaciones de viudedad cuando se trate de personas mayores
de 65 años que no disponen de otra pensión.
Finalmente, en una línea semejante a la recomendación del Pacto de Toledo antes citada, ya en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2006 se ha incorporado una disposición adicional mediante la que el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que, previo a su análisis con los agentes sociales en el marco del diálogo social, se presente a esta Cámara un proyecto de ley en el que, dentro de una reformulación global de la pensión de viudedad, esta prestación recupere su
objetivo de sustituir adecuadamente las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante, posibilitando a un tiempo el acceso a la cobertura social de las personas que, aun no mediando vínculo matrimonial, conformen un núcleo
familiar en el que se produzca una situación de dependencia económica o en la que existan hijos menores comunes. Por tanto, el Gobierno ya ha iniciado estos trámites. En el mes de noviembre presentamos a los agentes sociales un documento en el que
se proponen una serie de medidas dirigidas a la consecución de estos objetivos fijados en la ley de presupuestos del año 2006. Esa propuesta y las demás que se contienen en el documento entregado a los agentes sociales han de ser consensuadas en el
marco del diálogo social y, obtenido ese consenso, que espero sea rápido, se presentará al Congreso el proyecto de ley para obtener el máximo consenso posible.
Señoría, compartimos la necesidad de reformular la pensión, de garantizar a quien no tiene otros ingresos una pensión mejor, pero al mismo tiempo estimamos que debemos reformularla para aquellos que sí tienen ingresos suficientes porque, de
lo contrario, el sistema quedaría lastrado en el futuro y sería imposible de mantener. De este modo, señor Olabarría, demostramos nuestro sentido social. Estoy convencido de que, también con su moderación característica, en la moción que nos
presente podrá haber puntos de acuerdo para mejorar la situación de las viudas y de los viudos en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.
Continuamos con el turno de réplica. Comenzaremos con la réplica del señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señor ministro, usted ha comentado que iba a ser clarito y menos mal que nos ha dado la alocución clarito y por su orden, parafraseando a un líder político pretérito ya que no se corresponde
seguramente con el genotipo biológico que usted atribuye a su partido. Clarito relativamente, señor ministro. Quizá usted ha sido clarito y yo esté particularmente espeso hoy y mis compañeros de grupo también. Por eso no he sido capaz de
comprender ni una sola medida específica en la resolución de los problemas que le he planteado, que son los atinentes a la pensión de viudedad, tal como las viudas nos han comunicado a usted, a mí y a los demás representantes de los grupos
parlamentarios de esta Cámara.
Señor ministro, yo no sé qué ha hecho, y respecto a lo que va a hacer su intervención no ha podido ser más deletérea. Nos ha hablado de múltiples cosas, de las nuevas realidades familiares que afloran en el Estado español y en el mundo, del
crecimiento del empleo, de la necesidad de acometer algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo que están vírgenes e intocadas, particularmente la relativa a la pensión de viudedad, que es la decimotercera, cuyo incremento es una apelación
que se hace a los poderes públicos en esa ya citada recomendación del Pacto de Toledo. Ha hablado de la voluntad de modificar los esquemas normativos de la pensión de viudedad, pero no nos lo ha comentado en los términos en que he propuesto,
removiendo las dificultades de constitucionalidad que en este momento afectan a la configuración normativa en el Decreto legislativo 1/1994, es decir, la vulneración de tres preceptos de la Constitución; la expoliación, reduciendo los ingresos
familiares a la mitad, en concreto al 52 por ciento, cuando el Tribunal Constitucional ha considerado que el derecho a una pensión determinada es una manifestación específica del derecho de propiedad privada y que su expoliación o expropiación debe
estar motivada por una causa de interés social -un motivo de interés justo o social- y a cambio de la correspondiente indemnización. Esta es la jurisprudencia constitucional con relación al derecho de pensión, tal como configura el Tribunal
Constitucional en su jurisprudencia ya muy prolija: el derecho a determinada cuantía de pensión que el artículo 41 define como suficiente. Suficiente tiene que serlo para subvenir -usando las locuciones de la propia jurisprudencia constitucional-
las necesidades de la vida, que es muy difícil considerar que se puedan subvenir con la cuantía actual de las pensiones mínimas de viudedad cuando éstas no son compatibilizables con otras rentas como las del trabajo, cosa que le pasa a la mayoría de
las viudas de este país, señor ministro.
Su señoría ha hablado del incremento del coeficiente para la determinación de la pensión de viudedad, y nos ha comentado -y eso me preocupa- que no está en sus previsiones incrementarlo. Si es así la verdad es que no van a ser pocas las
viudas que van a seguir gravadas con estas previsiones inconstitucionales, a las que hay que añadir la del artículo 50 que obliga a los poderes públicos a mantener pensiones suficientes para los ciudadanos de la tercera edad periódicamente
actualizadas. Señor ministro, no he sido capaz de comprender cómo normativa, material o presupuestariamente van a acometer este
problema que afecta a 1.500.000 de viudas, al 80 por ciento de este segmento de la población que en este momento vive bajo el umbral de la pobreza. ¿Cuál es el umbral de la pobreza, señor ministro? El que definió el Consejo Económico y
Social en los informes anuales de los años 1998 y 1999, considerando que es precisamente el salario mínimo interprofesional, petrificado por el Gobierno popular durante 8 años efectivamente, pero corregido o elevado de forma muy tímida y modesta por
su propio Gobierno. Las previsiones con relación a su incremento para el próximo ejercicio presupuestario tampoco son para echar las campanas al vuelo. ¿Cuáles son las referencias del INE con relación a la definición del umbral de la pobreza, los
6.400 euros anuales? ¿Cómo una persona que en este momento tiene una pensión mínima de viudedad de 348 euros puede llegar en términos anuales a esa cantidad? Señor ministro, no he observado compromisos específicos que puedan satisfacer a mi grupo
parlamentario ni a la representación de las viudas aquí presentes y que permitan atisbar una solución satisfactoria a corto plazo en relación con una situación de injusticia -y le voy a reproducir mi inquietud, señor ministro- que es absolutamente
incompatible con esa estructura biologico-ideológica que usted atribuye a su propio partido. Es una actitud que debería basarse en requerimientos de reducción de las desigualdades, de justicia material, y no en requerimientos derivados de la
capacidad de interlocución, que es potente en los sindicatos y en las organizaciones empresariales, pero que no lo es desgraciadamente en organizaciones y colectivos como los de las viudas, que no tienen capacidad de organización, que no están
estructuradas, que no están vertebradas ni tienen capacidad de presión política. Esto, señor ministro, tiene una palabra que políticamente -y se lo digo con todos los respetos- es cobardía.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Finalizamos con la réplica del señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.
Como le decía, señor Olabarría, no comparto una parte de sus criterios, mucho menos el que esto se trate de la aplicación de un coeficiente en la percepción de la pensión de viudedad, del expolio de una renta de vida.
No estoy de acuerdo.
Le he dicho, señor Olabarría, que ya estamos haciendo muchas cosas. No me pregunte solo qué vamos a hacer en el futuro. Ya lo estamos haciendo y estamos buscando la suficiencia de las pensiones mínimas de viudedad para que el umbral mínimo se vaya
acercando a la suficiencia, desde el punto de vista de la dignidad de las personas, a los recursos económicos suficientes para garantizar esa dignidad. En términos de los parámetros que utiliza la encuesta del INE, el próximo año todas las viudas
mayores de 65 años van a estar por encima de ese parámetro de pobreza relativa, van a salir de ese espacio. Eso se debe a este Parlamento, al Pacto de Toledo y a la propuesta de mi Gobierno de incrementar cada año -usted dice que tímidamente- un 8
por ciento. Usted lo considerará tímido, pero estuvimos 8 años en el periodo anterior en que no hubo esos incrementos, y vamos a seguir haciéndolo en el futuro.
Pregunta S.S. qué vamos a hacer en el futuro. Hemos presentado un documento a los agentes sociales que dice como punto uno que la pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse -lo he dicho desde la
tribuna- para aquellas situaciones en las que el causahabiente contribuya efectivamente al sostenimiento de la familia. Vamos a garantizar que la pensión de viudedad suba de forma importante en nuestro país para quien tenga necesidad y no perciba
otros ingresos. Para ello seguiremos incrementando las pensiones mínimas con el horizonte ya descrito, así como la discriminación positiva hacia los viudos o viudas con responsabilidades familiares o con discapacidad. Al mismo tiempo, vamos a
incorporar a las nuevas formas familiares. Queremos reconocer el derecho a la percepción de una pensión de viudedad en uniones de hecho cuando la situación sea distinta a la matrimonial y haya necesidad económica, cuando la pensión de viudedad
suponga una renta de sustitución, es decir, no perder esa renta de la que se dependía. Esos son los dos grandes principios que planteamos en la reforma que hay que aquilatar en la mesa de diálogo social y que luego hay que tramitar en este
Parlamento.
Señor Olabarría, créame, le voy a hablar con toda claridad. Si usted pretende que las pensiones de viudedad alcancen un cien por cien del porcentaje de la pensión del causahabiente, el sistema en España se hunde, es imposible, porque dentro
de 15 ó 20 años tendremos múltiples pensiones de viudedad, tendremos la pensión propia del perceptor más la pensión de viudedad; la suma de ambas hará imposible el sostenimiento del sistema. ¿De qué estamos hablando? De garantizar a quien lo
necesita, a quien no tiene otros ingresos, una mejor pensión, pero reformulando esos principios, de forma que para quien no los tenga no sea una renta de sustitución; para quien tenga ingresos propios probablemente habrá que hacer una reforma que
nos permita concentrar los recursos en las situaciones de las viudas y los viudos que tienen más necesidades. A eso me refiero. En esos casos claro que habrá que elevar la pensión de viudedad al salario mínimo interprofesional, pero reformulando
la pensión de viudedad con carácter general en las líneas que estoy indicando y que figuran en la propuesta que ha hecho el Gobierno a los agentes sociales y que estamos dispuestos a traer después a esta Cámara. O sea, mejorar con un tratamiento de
justicia social redistributiva la situación de las personas que más lo necesitan, pero adoptando medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema en el futuro. Esa es nuestra hoja de ruta y
eso, señor Olabarría, no es cobardía, créame, es responsabilidad y justicia social, porque a toda viuda que tenga necesidades en este país le vamos a garantizar una renta de supervivencia acorde con la dignidad humana. Se lo garantizo.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE ACLARE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN RELACIÓN CON LA DETENCIÓN ILEGAL DE DOS CIUDADANOS QUE EJERCÍAN LIBREMENTE SU DERECHO CONSTITUCIONAL A MANIFESTARSE. (Número de expediente
172/000144.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la última interpelación del orden del día de hoy: interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que aclare las responsabilidades políticas en
relación con la detención ilegal de dos ciudadanos que ejercían libremente su derecho constitucional a manifestarse.
Para formular esta interpelación tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, hoy volvemos a estar en este Congreso de los Diputados tratando sobre una de las actuaciones más graves, lamentables, vergonzosas e indignas que en un Estado democrático de derecho puedan ocurrir.
Hoy volvemos a hablar aquí de la detención ilegal y de la privación de los derechos de manifestación y libertad de dos ciudadanos libres de este país por el solo hecho de estar afiliados a un partido político que, como se ha demostrado, a ustedes ni
les gusta ni respetan en democracia. Estamos hablando de dos afiliados la Partido Popular, un partido que no olviden, señorías, señor ministro, representa a 10 millones de personas, que también merece un Gobierno y un ministro del Interior que
actúe vele por sus derechos y no permita que se le prive de los derechos tan fundamentales como es el ejercicio de la manifestación y de la libertad en este país.
El Partido Popular ya les pidió información y responsabilidades desde un primer momento. Lo hicimos por primera vez el 3 de febrero a través de nuestro portavoz, el señor Zaplana; después lo hicimos el 22 de junio y por último en esta
Cámara el 29 de junio, además de realizar múltiples preguntas y actuaciones también en la Cámara Alta. Siempre, señor ministro, hemos dicho exactamente lo mismo frente a las críticas con las que usted nos contestaba diciendo que estábamos creando
una estrategia equivocada, que nada de lo que decíamos era verdad y que todo se había hecho correctamente desde el Ministerio del Interior. Pues lamento decirle, señor ministro, que la verdad es tozuda; que la verdad, aunque ustedes quieran
esconderla, ocultarla o desvirtuarla, gracias a nuestro Estado de derecho y a nuestro sistema judicial, aflora y sale a la superficie. Y miren ustedes por dónde, señor ministro, señoras y señores del grupo de la mayoría, la verdad coincide con la
exposición de los hechos que desde el primer momento hasta hoy ha venido haciendo el Partido Popular. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que realmente ocurrió y no lo que usted ha venido explicando hasta ahora.
Se cometió una inaceptable y repugnante tropelía -y usted lo sabe muy bien- con la detención ilegal de dos ciudadanos, Antonia e Isidoro, solo porque ustedes necesitaban que hubiera detenciones, porque como ya se decía en comisaría y como
así lo demuestran los testimonios de los diferentes juicios que se han producido: el ministro exigía detenciones y las habrá. Señor ministro del Interior, ¿de qué ministro hablábamos? ¿Hablábamos de usted? ¿Fue usted quién dio esa orden o fue el
señor Bono? ¿O es que está siendo usted el que sufre los desmanes de protagonismo del ministro de Defensa, al que le gusta aquí y allá ser siempre el centro de atención y de protagonismo? (Aplausos.) Desde el primer momento le dijimos que no había
indicios racionales para detener a esas dos personas. Ni con las declaraciones de los testigos ni con la visión de las cintas de los vídeos se apreciaba agresión por parte de las dos personas que ustedes detuvieron. Señor ministro, se lo hemos
repetido hasta la saciedad. Pues fíjese, ahí está la verdad, la dicen los jueces de este país, porque seguro que si la decimos solo el Partido Popular usted va a decir que no es cierto. La única verdad siempre es la suya.
En el auto de 14 de junio de 2005 se dice que de la visión de las cintas y de los testigos se increpaba al señor Bono sin llegar a tocarle en ningún momento y habiendo varias personas entre los denunciantes, los detenidos y el ministro. Es
decir, señor ministro, ni se tocaron, ni se rozaron.
Pero además de que eso lo dice el Juzgado de instrucción número 42 en este auto que le acabo de leer textualmente, hay más, está usted de suerte. El Juzgado número 14 de Madrid también visionó
las cintas y no observó acto alguno de agresión por parte de Isidoro Barrios y de Antonia de la Cruz y así lo dice en el auto de 5 de julio de 2005. Se lo leo, señorías, para que puedan apreciar exactamente qué dice ese auto: Lo cierto es que no
se observa en las cintas agresión o amenaza alguna por parte de Isidoro, que se encuentra a varios cuerpos de distancia del ministro, y ni siquiera se ve en ellas a Antonia, aunque aparezca después en fotos publicadas en algún periódico. Es decir,
señor ministro, señores de la mayoría, no existían indicios que imputaran responsabilidad de la agresión que alega el señor Bono. Se lo dijimos desde un primer momento, pero ahora se lo dicen el Juzgado número 14 y el Juzgado número 42. Y para
colmo, señor ministro del Interior, ahora también se lo dice un órgano colegiado, se lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. Le dice textualmente lo siguiente:
En definitiva y siempre de manera indiciaria, ninguna agresión física ni amenaza se había producido por los detenidos hacia el ministro de Defensa, por lo que debe concluirse que no existían motivos bastantes para creer que los dos detenidos
tuvieran participación en los hechos delictivos. Es decir, no existía base para su detención. El Juzgado número 14, el Juzgado número 42, la Audiencia Provincial de Madrid, ¿qué más quieren ustedes, señorías? ¿Solo su verdad y no la que dicen los
jueces? (Un señor diputado: Lo que diga Bono.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Esa detención, de la que ahora va a hacer un año, fue ilegal. Usted podrá explicarles al señor Isidoro Barrios y a la señora Antonia de la Cruz por qué se les detuvo y se les privó de derechos ilegalmente,
como dicen los jueces hoy aquí en estas resoluciones. Por eso todo sale a la luz; la denuncia en los medios de comunicación de que la detención había sido ilegal, de que el instructor fue cesado por ustedes porque se negó a detener ilegalmente a
los militantes del Partido Popular, ya que no había indicios de culpabilidad, también salió a la luz. A partir de ahí empiezan sus problemas, señor ministro, y ahora los tiene usted multiplicados por mil, ya que se está comprobando que todo era
cierto, hecho por hecho y palabra por palabra.
Le recuerdo, señor ministro, que se le están acabando las respuestas ante la evidencia de lo que dicen los jueces. Usted en una de sus últimas comparecencias, la del día 22, nos decía que frente al recurso de apelación que se presentaba al
auto del Juzgado número 14 usted confiaba en los argumentos sólidos de la Abogacía del Estado, porque ustedes también utilizaron a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado; incluso han llegado a hacer que hagan el ridículo, como le
ha ocurrido al señor fiscal general del Estado, diciendo que se apelaba a un delito de vociferación en esa manifestación. Realmente lo suyo no tiene límites. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
Los hechos son los que son. Primero, clarísimamente, no hubo ninguna agresión ni amenaza por parte de los detenidos. Se lo dice el Partido Popular, 10 millones de personas y los jueces. Segundo, se apartó del expediente policial al
instructor que no veía indicios racionales para detener a esos dos ciudadanos. Usted lo negó en esta Cámara. Usted negó que hubiera habido más de un instructor. Usted mintió a esta Cámara y dijo que no se había cesado a ningún instructor.
Responda hoy aquí si hubo más de un instructor, responda hoy aquí si se cesó a ese instructor porque vio que no se podía ni se tenía de detener ni a Isidoro ni a Antonia de la Cruz. Dé usted esa respuesta hoy aquí. Además, y lo peor de todo, es
que ustedes falsearon el expediente policial y rehicieron un documento falso. Sus argumentos, señor ministro, de sólidos han pasado a líquidos y gaseosos, se han esfumado. No existen, no los tiene usted. Se los ha quitado la Audiencia Provincial
cuando le ha dicho clarísimamente que ustedes, en el Ministerio del Interior, han falseado documentos públicos.
Nosotros denunciamos estas cuestiones graves y hoy vuelve a demostrarse que es verdad. Ustedes realizaron esas detenciones con clara intencionalidad política y por eso negaron que ese instructor hubiera cesado porque se oponía a detener a
dos militantes del Partido Popular.
Ustedes solo los detienen porque tenía de detenerse a alguien. Tenían que satisfacer o al ministro de Defensa o a usted mismo, no lo sabemos, pero obligaron a esos policías a que rehicieran ese expediente
policial y ahora están inculpados en un proceso por eso. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) ¿Usted va a dejar a los pies de los caballos a los policías, señor ministro? Si usted no se enteró de esa orden -parece que no se enteró porque tuvo que
pedir información al director general de la Policía-, porque estaba en otros asuntos mayores, que eran, evidentemente, desarticular comandos en la lucha contra el terrorismo, que es su competencia, pero esta también -no lo olvide, usted es ministro
del Interior de todo, no de lo que considera prioritario-, si no se enteró, también es su responsabilidad, porque ni en la policía se puede estar haciendo lo que se hace ni se puede utilizar de forma partidista a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado como el PSOE y su Gobierno lo están haciendo.
Le vuelvo a repetir, la Audiencia Provincial les dice que han falsificado el expediente. Escuchen, señorías, las palabras textuales de la Audiencia: Parece ser que se elabora un primer atestado y cuando el inspector se niega a practicar la
detención de los denunciados al no existir pruebas contra ellos, el atestado inicial desapareció. Ustedes han escuchado desapareció. Seguro que si lo estuviera diciendo el Partido Popular dirían que es parte de la inventiva de este grupo
parlamentario.
Pues no es así, señor ministro. Lo dice un órgano colegiado, lo dicen tres magistrados. Fue sustituido por otro, y sigue diciendo el juez que desaparece ese atestado y se sustituye por uno nuevo en el que instructor y el secretario
son otros agentes y se simula o aparenta una actuación policial que desde el inicio no se hizo. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Se ocultó además -sigue diciendo el auto de la Audiencia Provincial- el cese del inspector -número al que no voy
a referirme- por negarse a practicar la detención de los denunciados. Usted lo negó el día 3 de febrero. Señor ministro del Interior, ¿usted está mintiendo a esta Cámara? Usted dijo que iba a enviar ese expediente, que ese expediente no se había
falseado. Jamás lo envió a esta Cámara, jamás lo remitió al Grupo Parlamentario Popular, porque usted sabía que se había falseado, porque sabía que ese documento se había rehecho. Y usted tiene que ser el responsable de esa falsificación del
documento y de que se estén realizando esas actuaciones en la policía. Le volvemos a decir que esos tres imputados -dice la Audiencia- procedieron a rehacer
las diligencias haciendo constar desde el primer momento y día un instructor y secretarios que no eran los mismos y que confeccionaron íntegramente un nuevo documento falso para hacer figurar como instructor y secretarios a dos agentes que
no lo fueron. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) Señorías, eso es lo que dicen los jueces de este país.
Gracias a Dios, a esos jueces a los que se les mantiene la independencia ustedes no han podido llegar y la verdad sigue siendo la misma que
les dijo el Partido Popular el 3 de febrero, que ustedes habían cesado al instructor, que ustedes no tenían motivos razonables para detener a dos ciudadanos libres de este país y que ustedes querían hacer esas detenciones por motivos políticos.
Señor ministro, no sé si usted es consciente de la gravedad de lo que le estoy diciendo, no sé si es consciente de que se va a poder demostrar por vía judicial que se ha utilizado de forma partidista a la policía de este país. Esas
acusaciones son gravísimas y se las dice hoy el Partido Popular y se las dicen los jueces. Ante esto, señor ministro, usted qué respuestas da, qué argumentos tiene, qué nos va a decir hoy aquí. No me venga ahora con que este procedimiento está sub
iudice, que es lo que usted acostumbra a decir. Tiene ya tres resoluciones de tres jueces. Sabe por su propia experiencia que hemos pasado de tres policías imputados a indicios racionales para abrir un procedimiento oral abreviado por delitos de
detención ilegal y de falsedad documental. Esos policías, señor ministro, siguieron órdenes. ¿De usted, del ministro Bono o del delegado del Gobierno? (Un señor diputado: De Bono.) Ustedes han sido capaces de falsificar pruebas para utilizar con
fines partidistas a la policía, y no solo eso, sino que ustedes están dejando a los pies de los caballos a los policías que siguieron órdenes, las de que el ministro pedía detenciones y habrá detenciones. Recupere usted la dignidad, señor ministro,
métaselo en la cabeza y muy claramente, utilizando sus propias palabras. La verdad es la que le ha dicho este grupo, la que le dicen los jueces. Todo lo que le hemos dicho es cierto. Métase en la cabeza también que la responsabilidad política de
este acto repugnante en democracia es la suya, le guste o no. Por decencia y por dignidad ante esta Cámara, usted ya debería haber dado respuesta y responsabilidad no solo a las dos personas a las que se les privó de libertad sino a todos los
ciudadanos españoles de este país.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Sánchez-Camacho, muchas gracias.
Para contestar a esta interpelación tiene la palabra le señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el 22 de enero de 2005 se celebra una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Era una manifestación que cumplía los requisitos legalmente establecidos. Lo he explicado con motivo
de tres o cuatro interpelaciones distintas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, aquí o en el Senado. Lo he explicado desde el punto de vista de las características de esta manifestación, de la asistencia de personas, del recorrido de
la misma, etcétera. Me remito a las explicaciones que he dado porque, señora diputada, yo siempre he dicho lo mismo, digo, como verá hoy, lo mismo y seguiré diciendo en el futuro lo mismo. Para que vea que me reitero en lo que dije, a la
manifestación asistió don José Bono, a la sazón ministro de Defensa del Gobierno de España. En esa manifestación, don José Bono, ministro de Defensa del Gobierno de España, fue sujeto pasivo de insultos y agresiones, según él mismo ha reiterado y
ha quedado acreditado en las imágenes, en las investigaciones realizadas en sede judicial (Varios señores diputados hacen signos negativos.) y, por lo que yo mismo les he demostrado, en sede parlamentaria, pero, sobre todo, porque don José Bono lo
ha reiterado significadamente de una manera sistemática y con todo lujo de detalles. Por esos insultos y por esas agresiones contra un ministro del Gobierno de España se abrieron de oficio diligencias policiales, como también he explicado
reiteradamente, en cumplimiento escrupuloso de la Constitución y de las leyes penales, tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obligan a la policía, de oficio, a investigar hechos supuesta o indiciariamente
constitutivos de delito, y estos, sin duda alguna, lo eran. Don José Bono, ministro de Defensa del Gobierno de España, fue sujeto pasivo de insultos y agresiones y, por lo tanto, indiciariamente de, al menos, uno o varios delitos de atentado.
En el curso de las diligencias policiales, señoras y señores diputados, señora Sánchez-Camacho, declararon en calidad de implicados dos personas citadas para ello por la policía, contra las que la policía entendió que había indicios o
motivos suficientes como para sospechar su participación en esos hechos. Tengo que reiterarle, como alguna otra vez he hecho con algún otro miembro de su grupo, aquí o en el Senado, que en el curso de las diligencias judiciales que subsiguieron a
esas diligencias policiales, esas dos personas, a las que personalmente no les deseo por supuesto ningún mal, declararon en calidad de imputados. Son hechos explicados de una manera reiterada y sistemática por el ministro que les habla y a esas
explicaciones de nuevo me remito. Como ha quedado claro, señora Sánchez-Camacho, señoras y señores diputados, reiteradamente claro hasta la extenuación, la actuación de la policía fue una actuación exclusivamente profesional, sin lo que ustedes
llaman órdenes políticas de naturaleza alguna, ni de hacer ni de no hacer, y, por lo tanto, sin interferencia política de
naturaleza o de tipo alguno. (El señor Hernando Fraile: ¡Qué barbaridad!) A pesar de ello, usted, señora diputada, y el grupo al que usted representa han pedido y siguen pidiendo reiteradamente la asunción de responsabilidades,
eventualmente, la dimisión del delegado del Gobierno, del ministro de Defensa, del fiscal general del Estado, naturalmente del ministro del Interior que les habla y hasta, en alguna ocasión, han apuntado al propio presidente del Gobierno, y para
ello necesitan una coartada, señora diputada, claro que necesitan una coartada, y la coartada es la utilización en sede política de un proceso judicial. De nuevo, la judicialización de la política (Protestas.-Una señora diputada: Tiene razón.), y
si siguen así, la judicialización odiosa, cabría añadir, de la política.
En estos momentos, lo que tenemos en el proceso penal -ya que ustedes lo traen de nuevo a colación en sede política, yo me tengo que referir al mismo- es un auto, lo único novedoso, de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirma un auto
del Juzgado de instrucción que siguió el proceso al que usted se refiere y que abre juicio oral, que confirma ese auto del juez de instrucción por el cual se abre juicio oral contra tres policías -ahora le diré algo al respecto-. Usted, de todas
maneras, manipula el auto también, cita como hechos acreditados lo que el propio auto declara en veinte ocasiones meros indicios y convierte ese auto en una auténtica sentencia condenatoria contra los policías. Es decir, no solo los acusan, sino
que ustedes mismos, también en sede política, dictan sentencia. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!-Rumores.)
De momento, voy a dejarle claro dos o tres cosas. En primer lugar, que el servicio jurídico del Estado, que es del Estado y de todos, y que el Gobierno no manipula en absoluto (Rumores.), nos dice que no hay delito.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): En segundo lugar, que la Fiscalía General del Estado, que es la Fiscalía del Estado, lo subrayo (El señor Atencia Robledo: Es del Gobierno.-Rumores.), nos dice que no hay delito. En tercer
lugar, que la Junta de Fiscales de Madrid, que es la Junta de Fiscales de una institución del Estado, nos dice que no hay delito. ¿Quién dice que estos policías han cometido un delito? De momento, el Partido Popular (El señor Atencia Robledo: El
juez.-Rumores.), que acusa de un modo muy grave a policías...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): ... que ejercieron las funciones propias de su cargo de una manera autónoma y soberana. Les piden no sé cuantísimos años de condena, sin importarles destruir su vida personal y su vida
profesional... (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): ... con tal de utilizarlos para cargar políticamente contra el ministro de Defensa, el ministro del Interior y contra todo lo que pillen en sede política. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Señora Sánchez-Camacho, y lamento decírselo a usted, una auténtica inmoralidad política y una insensatez en términos institucionales. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señora diputada, señoras y señores diputados, señora presidenta, durante los mandatos del Partido Popular -y es lo último que quiero decirle-, de los gobiernos del Partido Popular, hubo 578
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía denunciados por detención ilegal. (Un señor diputado: De ETA sobre todo.) Naturalmente, la inmensa mayoría de esas denuncias se quedaron en nada, algunas llegarían a exigir las responsabilidades que
fueran, no lo sé, no me importa a los efectos de la argumentación, porque lo cierto, señoras y señores diputados del Partido Popular, es que nadie, nunca, utilizó esas denuncias ni utilizó los procesos que se abrieron para cargar políticamente
contra ningún ministro ni contra el Gobierno del Partido Popular (Rumores.), nunca jamás, ni contra Mayor Oreja, ni contra el señor Rajoy, ni contra el señor Acebes. Esa es la diferencia, señora Sánchez-Camacho, que nosotros no utilizamos a los
policías con finalidad política, y muchísimo menos metiéndolos en una acusación, en un tremendo proceso penal que ustedes están utilizando con finalidad política, ya que lo traen de una manera puramente política a una sede exclusivamente política
como es el Parlamento de la nación. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.) Nosotros, y acabo con ello, señora Sánchez-Camacho, defendemos a las instituciones y también a las instituciones policiales, mientras que ustedes las atacan, como
siempre. Quiero dejarlo muy claro hoy y aquí.
Por lo demás, sí tengo que decirle que lamento algunos insultos que usted ha proferido. Sé que los insultos suplen siempre la carencia de razones, de las razones que yo le he dado hoy aquí. Y lamento que usted se meta también en la
estructura de crispación de la vida pública y que siga utilizando la crispación como herramienta política estratégica.
(Protestas.) No les va les va a dar ningún resultado. Lo único que lamento es que eso lo estén haciendo con un coste
institucional tremendo.
Es lo único que lamento como ministro del Interior del Gobierno de España.
Por lo demás, quiero reiterar la absoluta limpieza del comportamiento de todos los miembros del Gobierno y de toda la estructura política del Ministerio del
Interior.
Señoras y señores diputados, señora presidenta, muchas gracias por su atención. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.
Señora Sánchez Camacho, su turno de réplica. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Señorías, por favor, si un grupo parlamentario hace una interpelación al Gobierno entiendo que es para escuchar las respuestas del mismo, así que, por favor, les pido respeto. Se tiene para la señora Sánchez- Camacho y lo pido también para
el señor ministro. Por lo tanto, antes de interrumpir ni al uno ni al otro y en medio de las dos intervenciones, les solicito, por favor, respeto en este Parlamento a quien está en el derecho de la palabra, que no son ustedes, sino quien está en la
tribuna, ahora la señora Sánchez Camacho. (Rumores.) Por favor. Adelante, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, qué bien le sienta a usted la ruta esa itinerante que les ha hecho hacer el presidente Zapatero para recuperar la credibilidad que están ustedes perdiendo, porque se está volviendo usted (Rumores.) -tranquilos, dejen hablar-
muy mitinero y utilizando las palabras de la crispación, de la estructura de crispación le está yendo muy bien a usted eso de los mítines. Porque ¿sabe qué pasa? Que no da respuestas, porque como no las tiene y como no hay manera de justificar lo
injustificable, usted lo único que hace es lo que seguía haciendo su grupo, que es criticar, insultar y decir que hay una estructura de crispación y no asumir sus propios errores y su propia responsabilidad. Eso es lo que usted ha hecho aquí hoy.
Pero además de eso, señor ministro, de esa nueva ruta mitinera a la que usted se ha apuntado y que le está empezando a dar réditos y resultados -no para bien, porque pierde usted parte de su credibilidad y los réditos de credibilidad que usted
tenía, que era poca, pero alguna de esa la pierde-, ni siquiera actualiza los argumentos que usted tenía. Dice y vuelve a repetir lo mismo que explicó en su momento (La señora Sánchez Díaz: Porque es verdad.) y es que usted el día 22...
(Rumores.) ¿Me dejan ustedes hablar?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: No se pongan ustedes nerviosos, tranquilícense. ¡Si a ustedes no los detienen! Tranquilícense. Ustedes no se pongan nerviosos.(Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, respeten además a su propia diputada. Por favor, señor Albendea, se lo solicito. Dejen ustedes intervenir a la gente que está en la tribuna, por favor. Son quienes están en el uso
de la palabra. Discúlpeme, señora Sánchez- Camacho, no pretendo interrumpirla, pero es que no la dejan intervenir ni unos ni otros. Silencio a una bancada y a la otra. Vamos a intentar acabar esta interpelación pudiéndolo hacer ustedes. No se
preocupe, que sé que tiene usted el tiempo abierto. Por favor, se lo pido.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta, por haberme pasado del tiempo y seguro que usted tendrá benevolencia con el mismo.
Señor ministro, vuelvo a reiterarle que usted no actualiza ni el relato de los hechos. Sigue diciendo lo mismo desde la primera intervención. No sé si es que usted no tiene asesores o es que usted no se entera de lo que le preguntan o es
que a lo mejor no entiende lo que le preguntan, porque, claro, como no puede estar en todas las cosas, no lo entiende. Que se inicie un expediente la noche del día 22 ya le dijimos que eso era verdad, pero le dijimos que en ese expediente se dice
que no hay indicios y usted no contesta a eso. Primera pregunta a la que no contesta. El lunes, cuando se nombra ese segundo instructor y este vuelve a reiterar que no hay indicios para detener a esas dos personas ustedes lo cesan.
Usted, en su
relato, ni palabra, se olvida; su relato, a medias. El martes, cuando se detiene a esas personas y llegan esas dos personas a comisaría ni el instructor sabía que habían sido citadas ni que estaban detenidas. Eso usted tampoco lo cita, se olvida.
Usted sólo se acuerda del secretario general de Las Rozas, que es el que los vio y los identificó, porque sus policías escuchan mucho la radio -esa es la labor de investigación que usted ha ido diciendo en todas las actuaciones que ha tenido-, y que
a partir de ahí se les toma declaración, se los detiene y no se les priva de libertad, porque además usted se contradice en eso.
Pues no, señor ministro. Desde el primer día se dice que no hay indicios, el mismo día 22, el mismo lunes, y ustedes
siguen, insisten y se mantienen. Eso a usted se le olvida por el camino, con lo cual actualice lo que tiene que decir y sobre todo cambie el relato de los hechos, que la verdad es la que es y es la que le dicen los jueces.
En segundo lugar, judicialización. Pero, ¿quién está judicializando nada? ¡Si ustedes desde el primer día están mintiendo a esta Cámara! ¡Si usted no ha permitido a las señorías de este grupo poder hacer su trabajo porque no ha enviado ni
el expediente policial! Si usted hubiera enviado el expediente policial, no hubiera tenido que necesitar el auto de la Audiencia, se hubiera demostrado
con el expediente policial que usted mintió el día 3 de febrero. Pero como no lo ha hecho, hemos tenido que esperar a un auto de la Audiencia Provincial que le digo, señoría, que no está manipulado. Mírese usted los fundamentos quinto,
sexto y séptimo y, le repito, se los he leído textualmente, incluso cuando dice indiciariamente. Señor ministro, qué pena que usted haya pasado de reconocido jurista a interpretar tan mal las decisiones judiciales y, sobre todo, a darles tan poca
importancia a dos decisiones judiciales, la del Juzgado 42 y la del Juzgado 14, y la de un órgano colegiado, que le dicen que ustedes detienen ilegalmente, que ustedes cesan a instructores y que además hay bases suficientes como para demostrar que
han construido documentos falsos, que han falseado documentos y que comenten un gravísimo delito, que es el de falsedad documental. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Eso no lo dice el Partido Popular, lo dicen los jueces de la Audiencia y lo dicen
en este caso, aunque sea indiciariamente, pero usted sabe que lo dicen y que tienen motivos para ello.
En tercer lugar, señor ministro, ¿me va usted a venir a explicar las 578 denuncias por detenciones que se hicieron? ¿Por qué no dice usted que muchos de ellos eran de ETA? ¿Y por qué no dice usted que esas denuncias se archivaron sin
iniciar procedimiento alguno? ¿Por qué dice usted la verdad a medias? ¿Por qué es usted un ministro de tan baja calidad? ¡Dígalo! (Protestas.-Aplausos.) Es nuestra apreciación, y se lo digo muy claramente.
Y, cuarto, señor ministro, la vergüenza y la inmoralidad es que usted hoy no haya dado respuestas aquí, esa es la vergüenza y la inmoralidad, que se detenga a dos personas y que usted espere a que la Audiencia Provincial -y ya sea firme-
condene a tres policías y que deje a los pies de los caballos a tres policías que lo único que hicieron fue cumplir órdenes. Entonces seguro que usted vendrá aquí a darnos la razón en todos los hechos que apuntábamos, ahora sí, ya el auto es firme,
la sentencia es firme y ya se nos ha dado la razón. Entonces usted habrá llegado demasiado tarde: habrá llegado tarde para el Partido Popular y habrá llegado tarde para muchos ciudadanos y, especialmente, para los policías que lo único que
hicieron fue su trabajo y confiar en un Gobierno que los ha utilizado de forma partidista.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sánchez-Camacho.
Finalizamos con el turno de réplica del señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias de nuevo, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestra compañera, la señora Sánchez-Camacho, a la que le demuestro todos mis respetos personales (Un señor diputado: ¡Faltaría más!), como sabe, acaba de decir algo asombroso. Acaba de decir textualmente que
los policías lo único que hicieron fue su trabajo. (El señor Ayala Sánchez: Cumplir órdenes.) ¡Y por hacer únicamente su trabajo, el Partido Popular les pide más de 20 años de condena en un proceso penal! (Protestas.-El señor Ayala Sánchez:
Cumplir órdenes.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Me dice que no le he dado respuestas. Les he dado no sé cuántas veces todas las respuestas. Les puedo resumir todas las respuestas que les he dado no sé cuántas veces ante una actuación
exclusivamente profesional de la policía.
Efectivamente, la policía hizo su trabajo, tiene usted toda la razón. (Un señor diputado: Lo que mandó Bono.) Y esos policías que hicieron su trabajo son respondidos o maltratados por ustedes, como lo
son. (Varios señores diputados: No, no.-Protestas.) Es igual, no les va a salir bien, no se preocupen.
La respuesta es la Constitución, señora Sánchez-Camacho, es la que les he dado, siempre, desde hace muchos meses. La respuesta son las leyes, la respuesta son las instituciones, la respuesta es creerse la Constitución, las leyes y las
instituciones y no utilizar a terceras personas, y mucho menos a policías, para cargar políticamente contra ministros del Gobierno legítimo de España. Si ustedes quieren cargar políticamente, carguen directamente contra los ministros, pero dejen a
los policías en paz, ¡por Dios! (Protestas.-Aplausos.) Para ello, le insisto, señora Sánchez-Camacho -es así, porque está no solo analíticamente sino en la operatividad jurídica tan descrito-, ustedes necesitan el juicio paralelo. Ese es el esquema
conceptual en el que hay que moverse cuando se quiere cargar políticamente contra unos ministros del Gobierno de España y para eso hay que utilizar la sede judicial o hay que utilizar las instituciones judiciales. El juicio lo hacen en sede
política, lo hacen sobre la policía y, por tanto, lo hacen sobre las instituciones. Se convierten en jueces y, ¿para qué? Para conseguir una ventaja política y eso es judicializar la política. Cuando yo le digo que manipula el auto, se lo estoy
diciendo con toda la convicción. ¿Sabe por qué? Uno, porque lo convierte en una sentencia; dos, porque lo hace en sede política y, tres, porque lo hace usted, que es una política y no parte de los jueces encargados del caso. Por eso usted
manipula la justicia, la trae a sede política y por eso yo le hago el reproche que le estoy haciendo, eso sí, con todo el respeto personal que sabe que le tengo.
No se preocupe, señora Sánchez-Camacho, señoras y señores del Grupo Popular, en cualquier caso, en el futuro les seguiré diciendo lo mismo, pero de momento lo que les digo es que no utilicen ustedes una actuación puramente profesional de la
policía, de una institución tan importante para el funcionamiento del Estado de
derecho, para cargar políticamente contra ministros del Gobierno de España y conseguir alguna ventaja política. No merece la pena. Eso es atrabiliario políticamente y es una insensatez en términos institucionales. No sigan por ese camino,
señores del Partido Popular.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, buenas tardes a todos. La sesión continuará mañana a las 9 horas. Muchas gracias.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.