Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 136, de 13/12/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 136
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 128
celebrada el martes, 13 de diciembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
-Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (Orgánica) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 11-1, de 16 de abril de 2004. (Número de expediente
125/000011.) ... (Página 6855)
Modificación del orden del día ... (Página 6867)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la implantación del software libre en la Administración del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 156-1, de 18 de febrero
de 2005. (Número de expediente 122/000136.) ... (Página 6868)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 145-1, de 4 de enero de 2005.
(Número de
expediente 122/000126.) ... (Página 6868)
Proposiciones no de Ley:
-De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y Mixto, a favor de una ley de comercio de armas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005. (Número de expediente 162/000361.) ... (Página 6879)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre políticas de investigación, de prevención y de tratamiento e integración de personas afectadas de VIH/SIDA. (Número de expediente 173/000102.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición de España en la próxima negociación de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013. (Número de expediente 173/000103.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas. ... (Página 6855)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (Orgánica) . ... (Página 6855)
Defienden la iniciativa del Parlamento de Cataluña las señoras Cuenca i Valero y Santos i Arnau y el señor Ridao i Martín.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 6867)
Al haber sido retirada la proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios sobre la tutela de los derechos del niño en las actuaciones judiciales, que figuraba como punto número 5 del orden del día, no procede su debate.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 36, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de
los territorios extrapeninsulares, así como la modificación del orden del día en el sentido de debatir el punto 38, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco tras el punto 49, correspondiente al dictamen de la Comisión del proyecto de ley orgánica de Educación, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 6867)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Votación.) ... (Página 6867)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se rechaza por 30 votos a favor y 274 en contra.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. ... (Página 6868)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la implantación del software libre en la Administración del Estado. ... (Página 6868)
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), de medidas para la implanta-ción del software libre en la Adminis-tración del Estado. ...
(Página 6868)
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, interviene en la defensa de la proposición de ley para la implantación del software libre en la Administración del Estado,
señalando que esta proposición de ley no es nueva, y que no es solamente un modelo operativo de programas informáticos libres en cuanto a licencias de uso, distribución y modificación, sino la libertad de usar el programa con cualquier propósito, es
la libertad de estudiar cómo funciona un programa y adaptarlo a cada una de las necesidades, pero por encima de todo es una exigencia en contra de una práctica monopolística que existe, que influye en empresas, en la economía e incluso en el normal
desarrollo de la Administración. Señala que el software libre supone el acceso del ciudadano a la información pública, perennidad de los datos públicos y seguridad del Estado y de los ciudadanos, mientras que el software propietario, el que se
utiliza en las administraciones del Estado, debe pagar licencias y sus programas están sujetos a limitaciones técnicas, lo que no ocurre con el software libre, donde hay un mayor grado de fiabilidad y operatividad, siendo mucho más seguro.
El señor Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), defiende la proposición de ley para la implantación del software libre en la Administración del Estado presentada por su grupo, señalando que cree necesario
aprovechar la oportunidad del fenómeno del software libre, el conocimiento libre y todos los beneficios que ello reporte, especialmente el uso y fomento por las administraciones públicas. En su opinión, la Administración del Estado no puede
mantenerse al margen, no debe tener una actitud pasiva y no aprovechar las ventajas tecnológicas que ha puesto a nuestro alcance la implantación del software libre. No tener una posición activa en este sentido iría en detrimento del desarrollo
tecnológico y de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías en la sociedad del Estado. Recuerda que las instituciones internacionales desde hace mucho tiempo vienen recomendando el fomento y el uso del software libre por parte de las
administraciones públicas. En el año 2002 ya la ONU advertía, en su informe sobre la brecha digital, que sin una política clara sobre la adopción del software libre por parte de los Estados surgiría una exclusión de amplios sectores sociales y
económicos, incluso de países enteros.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Muñoz Santamaría del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para la implantación del software libre en la Administración del Estado, se
rechaza por 15 votos a favor y 290 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) para la implantación del software libre en la Administración del Estado, se rechaza por 16 votos a favor y 287 en
contra.
Proposiciones no de Ley. ... (Página 6879)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva
Canarias y Mixto, a favor de una ley de comercio de armas ... (Página 6879)
Intervienen en la presentación conjunta de esta proposición no de ley, de mayor a menor, el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la proposición no de ley debatida, se aprueba por 299 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 6886)
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre políticas de investigación, de prevención y de tratamiento e integración de personas afectadas de VIH/SIDA ... (Página 6886)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Bonás Pahisa, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
Manifiesta que esta iniciativa pretende abordar integralmente las problemáticas derivadas de la
infección de VIH/SIDA, así como su prevención. Recuerda lo que expuso la semana pasada cuando presentó la correspondiente interpelación, en el sentido de que existe una fatiga de la prevención que ha provocado unos repuntes preocupantes de la
infección, a pesar de no estar cuantificados por la falta de estadísticas fiables, por lo que reclama se facilite el acceso al diagnóstico, asesoramiento y apoyo oportunos y la creación de un registro anónimo basado en las propuestas de la
Organización Mundial de la Salud en detrimento del actual sistema, que ha sido declarado nulo por la Audiencia Nacional, que evalúe la magnitud de la infección para poder abordarla con mayor eficacia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señora Bonás Pahisa.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición de España en la próxima negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013. ... (Página 6893)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Arias Cañete, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que desde que se presentó en la Cámara la interpelación urgente que ha dado origen a la moción
que hoy se debate hemos asistido a tres acontecimientos extraordinariamente llamativos: la clamorosa ausencia del ministro de Asuntos Exteriores en el cónclave de ministros en que se negociaban estos asuntos; la presentación por la Presidencia
británica de una nueva propuesta en la que España vuelve a perder posiciones en estas negociaciones y la puesta en marcha por parte de portavoces socialistas de una maquinaria de propaganda tratando de preparar un mal resultado de las negociaciones,
asegurando que, en su caso, la causa sería la mala herencia recibida. Su grupo considera que la moción, con las enmiendas que otros grupos puedan incorporar, reforzaría una posición negociadora firme del Gobierno de España en una discusión que
ciertamente es difícil pero vital para los intereses españoles.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Arias Cañete.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre políticas de investigación, de prevención y de tratamiento e integración de personas afectadas de sida, con la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, modificada en el punto 7 por la enmienda transaccional distribuida, se aprueba por 301 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición de España en la próxima negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período
2007-2013, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 140 votos a favor, 159 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
-DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ORGÁNICA.) (Número de expediente 125/000011.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Como es habitual en este tipo de iniciativas, se encuentra con nosotros una delegación del Parlament de Catalunya, a la cual damos la bienvenida, compuesta por doña Eugènia Cuenca i Valero, doña Lidia Santos i Arnau y don Joan Ridao i
Martín, que defenderán la proposición.
Así pues, tiene la palabra en primer lugar doña Eugènia Cuenca i Valero.
Sus Señorías saben que el tiempo de defensa es de 15 minutos, por lo que fijaremos una distribución equitativa para los tres.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Señor presidente, señorías, casi estamos en familia, pero quiero manifestar que es un honor intervenir, de nuevo, en esta Cámara para defender una proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley 2/1979, que fue aprobada por mayoría absoluta de la Cámara catalana. Voy a exponer a SS.SS. el contenido de esta propuesta de reforma y me referiré a
los dos únicos aspectos que contempla esta proposición de ley, pero quiero decir, por adelantado, que en los dos supuestos se invoca la vigencia de la Constitución española, no en el sentido de vigencia como norma aplicable, sino de reconocimiento
de salud de la Constitución española, de utilidad y de ser, y continúa siendo, un instrumento eficaz.
¿Qué se pretende en estos dos supuestos? En primer lugar, proponemos reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la legitimación activa de las comunidades autónomas para interponer conflicto negativo de competencias
ante el Tribunal Constitucional. Esto es en cumplimiento del artículo 161, apartado 1, letra c) de la Constitución, que, como SS.SS. recuerdan, dice que el Tribunal Constitucional es competente para conocer 'De los conflictos de competencia entre
el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.' La ley vigente no contempla esta posibilidad, como les decía, y solo reconoce y legitima la posibilidad de conflictos negativos por parte del Gobierno, pero ¿qué pasa cuando es el
Gobierno el que se inhibe, es que la Constitución española ampara esta desigualdad? No, porque acabo de leer lo que dice el artículo 161,1,c) y no distingue si los conflictos de competencia han de ser solo para el Gobierno y solo negativos o
también positivos para Gobierno y comunidades autónomas.
Señorías, han pasado ya 26 años desde la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y hoy tenemos una ocasión de oro para proceder al desarrollo completo del contenido de este artículo 161,1, c), de la Constitución española,
si SS.SS. aceptan la toma en consideración de esta proposición, que presentamos porque es necesaria para la resolución de algunos conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Podemos decir, señorías, que esto supone cubrir una laguna
legal, cuyo título habilitante es la propia Constitución española. Y en este punto, señorías, porque digo que es el desarrollo completo de este precepto constitucional, entiendo que no debería haber fugas de los constitucionalistas, que en esta
Cámara, por otra parte, somos todos, y quiero manifestar que todos somos constitucionalistas por igual. Una reforma de esta Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya fue operada para introducir la legitimación activa de los gobiernos locales en
defensa de su autonomía. Por tanto, no veo por qué hoy no se podría tomar en consideración esta petición.
El segundo punto al que me refería es el relativo a unos conflictos nuevos, cuya definición y procedimiento introducimos en defensa del ejercicio de competencias de las comunidades autónomas. Fíjense, señorías, que, a diferencia de lo que
he explicado en el primer punto, aquí no se trata de defender el título competencial, no se plantea ningún conflicto sobre quién detenta el título
competencial, porque estos títulos competenciales están recogidos en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta reforma que proponemos si no es defender el título competencial
porque ya existe en sus propios estatutos? El propósito de esta reforma es establecer un procedimiento para que las comunidades autónomas acudan al Tribunal Constitucional a defender sus competencias frente al poder de retención por el Gobierno.
Fíjense que no empleo la palabra bloqueo, porque es inusual pensar que las comunidades autónomas bloqueen ninguna competencia del Estado, pero sí empleo el término de retención por el Gobierno de estas competencias. Si no es así, ¿de qué medios
disponen las comunidades autónomas para impulsar y obtener las transferencias de medios y recursos si no es el acuerdo en el seno de las propias comisiones mixtas de transferencias? No existe ningún mecanismo más. ¿Qué pasa si no hay acuerdo,
señorías?
Presidente, voy acabando. Los desacuerdos siempre son pérdidas para las comunidades autónomas y frustraciones para los ciudadanos y gobiernos y, en cambio, son privilegios para el Gobierno y se ponen de manifiesto en estos desacuerdos. Son
privilegios porque provocan la indefensión de las comunidades autónomas ante la inhibición del Estado y su negativa a transferir los medios y recursos para el pleno ejercicio de sus competencias. En estos casos, señorías, por eso proponemos la
reforma, no hay ni árbitro ni amparo constitucional. Es como si solamente el Gobierno interpretara la Constitución y no el Tribunal Constitucional. Este no es un buen uso de la Constitución, es simplemente un uso desorbitante de los poderes del
Estado sin apoyo constitucional alguno. Los acuerdos, señorías, no son victorias, los desacuerdos tampoco, simplemente los acuerdos serían respeto a la Constitución. Esta vía que proponemos es para resolver unos conflictos.
El señor PRESIDENTE: Señora Cuenca, le di un minuto de cortesía de más.
Concluya, por favor.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Sí, concluyo ya.
El hecho de aceptar esta reforma es un paso más en la profundización democrática y en la confianza en las instituciones. Votar favorablemente su tramitación es que la Constitución española funcione, es contribuir a que la Constitución
española pueda acoger proyectos ilusionantes de futuro...
El señor PRESIDENTE: Señora Cuenca, creo que no me ha entendido.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Gracias.
Espero el voto favorable para hacer posible la defensa de las competencias de las comunidades autónomas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias y disculpe.
Doña Lidia Santos tiene la palabra.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Santos i Arnau): Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera iniciar mi intervención, en nombre del Grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi, diciendo que la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Parlamento de Cataluña presenta y defiende en este
acto es, por encima de cualquier otra consideración, un acto de confianza y un acto de profunda valoración de la Constitución y de los principios y mecanismos constitucionales que nosotros entendemos no tanto como límite sino sobre todo y ante todo
como garantía. El texto que ahora se somete a la toma en consideración de esta Cámara fue aprobado in extremis en el último Pleno de la anterior legislatura, el 26 de junio del año 2003, en un contexto, hablamos de principios del año 2002, en el
que sin una voluntad decidida, sino renuente en muchos casos a la reforma del Estatuto, actitud que mantenía tanto el partido mayoritario en el Gobierno en Cataluña como el partido mayoritario en el Gobierno del Estado, en una situación como ésta
cobraba pleno sentido una propuesta como la que ahora se presenta y como la que planteamos, es decir, reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para incluir un capítulo cuya rúbrica bien pudiera llamarse, como se apunta, De los conflictos
en defensa del ejercicio de las competencias autonómicas. De tal manera se incluiría la necesaria habilitación normativa para que el Tribunal Constitucional, a instancia de las comunidades autónomas, pudiera resolver quizá los improbables
conflictos negativos de competencia, pero sobre todo -y ahí hay un interés muchísimo mayor- los supuestos de omisión, de bloqueo de los traspasos, de los medios y de los servicios inherentes a las competencias de titularidad autonómica, sin duda una
de las rémoras y de los déficit claramente observados en el desarrollo del Estado de las autonomías en estos veinticinco años.
Sin embargo, las circunstancias han cambiado radicalmente, no porque el déficit no exista, que continúa existiendo, sino porque se abren otras perspectivas. En estos momentos está ya en marcha la reforma del Estatuto de Cataluña y en el
horizonte está la reforma constitucional. Este nuevo escenario debería permitirnos abordar una propuesta como la que hacemos en mejores condiciones y con un tratamiento más franco y más global en el marco de dichas reformas. Con toda probabilidad,
un Senado que respondiera y se configurara como una cámara territorial ofrecería sin duda el ámbito y la instancia más adecuados y más apropiados para resolver este tipo de conflictos, seguramente consustanciales al desarrollo constitucional
autonómico. Muchas
de las cuestiones que actualmente se plantean de manera problemática y como dificultades en el despliegue de la articulación entre el Estado y las comunidades autónomas se deben precisamente a la inadecuación e insuficiencia de un Senado que
ya no responde ni se corresponde con el grado de desarrollo alcanzado por nuestro sistema autonómico, materialmente federal. Un Senado mejor adaptado a ese carácter de nuestro Estado salvaría de manera multilateral muchos de los elementos de
confrontación actual. Este déficit, a falta de mejores instancias, quizá fuerza la opción por mecanismos de naturaleza jurídico-procesal más que por mecanismos políticos como una forma de salvar por esa vía las situaciones de bloqueo.
Las circunstancias, decía, han cambiado. En este momento estamos en un proceso de profundización del Estado de las autonomías y de desarrollo constitucional que ha de traernos al conjunto de los españoles mejores instrumentos por más
adaptados a los datos de la experiencia y a las necesidades de hoy, entre ellos y de forma destacada una mejor adaptación del Poder Judicial y de sus instrumentos al Estado constitucional de las autonomías. En este proceso estamos y probablemente
en este contexto debería inscribirse una propuesta como la que defendemos; lo diga Ulises o lo diga su porquero, vendría a colmar una evidente laguna de nuestro sistema, y por eso mismo, sea por la toma en consideración de este texto o sea en el
proceso global de las reformas emprendidas o a emprender, no debe ser echada en saco roto si se quiere mejorar el funcionamiento de los mecanismos del Estado autonómico.
Vean ustedes, señorías, cuál haya de ser la mejor forma de abordarlo.
Nosotros les pedimos evidentemente que voten a favor de esta propuesta, pero en cualquier caso no dejen de tomarlo en consideración y hacer las oportunas modificaciones.
Permítanme que acabe como he empezado, en el mismo sentido que empleó nuestro ponente en el Parlamento de Cataluña, porque no se equivoquen -acabo ahora mismo, señor presidente-, nuestra propuesta y el resto de propuestas que el Parlamento de
Cataluña tiene en trámite en esta Cámara son ante todo y sobre todo una muestra de confianza en la Constitución de 1978, que es perfectamente compatible con la propuesta de las reformas inevitables que reclama el paso del tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Ridao i Martín): Señor presidente, señorías, permítanme antes que nada que diga, aunque quizá no debería hacer falta, que la presente iniciativa no tiene nada que ver con la reforma del
Estatuto. Tiene que ver, eso sí y mucho, con el denominado proceso autonómico y, sobre todo, en el caso catalán, aunque esta no es una iniciativa privativa de Cataluña, por tanto, beneficia al conjunto de comunidades autónomas, tiene que ver con el
grado de cumplimiento y de ejecución de lo prevenido por el propio Estatuto de 1979. Dicho de otra forma, la reforma del Estatuto lo que pretende y lo que plantea en el ámbito de las competencias es una actualización, una mejor definición y mayor
seguridad jurídica de las competencias de la Generalitat recuperando, por tanto, el reparto competencial conferido por el propio Estatuto y la Constitución de 1978 gravemente alterado en contra de la autonomía política. En cambio, lo que pretende
la presente iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es crear una vía de legitimación a favor de todas las comunidades autónomas para acceder al Tribunal en dos supuestos: el primero, ya se ha dicho, para reclamar ante
el propio Tribunal que el Estado desista de prestar servicios que no le corresponden porque la competencia es de la comunidad autónoma; es decir, un conflicto negativo ante el alto Tribunal pero al revés, a favor de la comunidad autónoma frente al
Estado, de lo que se derivaría lógicamente un trato simétrico y equitativo. En segundo lugar, y lo más importante, crear un nuevo cauce procesal para que el Tribunal Constitucional pueda dirimir los desacuerdos en el caso de traspasos; desacuerdos
por lo que se refiere a medios materiales, a traspasos de servicios cuando hay desacuerdo entre la comunidad y el Estado. Fíjense que en este caso no se trata del típico conflicto de competencias porque en este supuesto el título competencial está
debidamente reconocido. Lo que se da en este supuesto es una inhibición, una inacción, un bloqueo o una obstrucción por parte del Estado que, además, genera claramente indefensión para la comunidad, porque a la comunidad autónoma no le queda más
remedio en este supuesto que, o bien plegarse a la voluntad del Gobierno del Estado, o bien persistir en el derecho al pataleo. Estamos hablando de supuestos como traspasos que vienen obligados por el propio Estatuto; en Cataluña, por ejemplo, las
becas, las ayudas al estudio, los paradores de turismo, el servicio de cercanías de Renfe. Estamos hablando de servicios que vienen obligados por sentencias del propio Tribunal Constitucional. Quizá el caso más sangrante, más conocido desde el año
1992, con tres sentencias del propio Tribunal sea, por ejemplo, el traspaso de la formación continua, del Forcem, o materias que vienen vinculadas a subvenciones que figuran en los propios Presupuestos Generales del Estado, el 0,52 del IRPF, los
programas del Imserso, etcétera. Por cierto, ninguna de estas dos propuestas que plantea la iniciativa del Parlamento de Cataluña figuran contempladas en el proyecto de ley que ha traído a esta Cámara el Gobierno socialista y que tuvo entrada hace
pocas semanas, propuestas que plantean unas mejoras procesales evidentes del funcionamiento del alto Tribunal, pero que en ningún caso toman en consideración las dos propuestas que hoy trae el Parlamento de Cataluña. Por tanto, nada obsta que en el
trámite legislativo se pudieran acomodar procesalmente en la Comisión Constitucional ya que ambas propuestas enriquecen el
funcionamiento del alto Tribunal. Se trata de una iniciativa que encaja en una lógica plenamente federal, es decir de un Estado que se dice compuesto y plenamente descentralizado que en especial cobra vigencia ante la ausencia de un
auténtico Senado reformado que pudiera ejercer, en su caso, una función arbitral. De ahí que se trate, señorías, de una propuesta cuya bondad y cuya oportunidad se nos antoja indiscutible que, además, como se ha dicho, beneficia a todo el mundo,
tanto al Estado, como a las comunidades autónomas porque dota al sistema de unas reglas de juego claras, equitativas a través del recurso al árbitro que es el Tribunal. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? Señorías, porque los estatutos, y no solo
la Constitución, son pactos que requieren lealtad mutua, lealtad recíproca y, en muchos casos, es evidente que la voluntad primaria que puso en marcha los estatutos se ha visto gravemente afectada cuando el Estado no cumple con su parte. Ello no es
solo un problema jurídico, también es un problema político y por eso hay que dar la palabra al Tribunal Constitucional que es un órgano con una naturaleza jurídico-política.
Espero que esta iniciativa se tome en consideración, pero si no es así, y parece que no va a ser así, si se hace aduciendo a razones técnicas o de oportunidad política, lo cierto es que aparte de ser un mal inicio, un mal comienzo y un mal
augurio para tantas cosas que ustedes saben, nuestra sospecha estará más que fundada, es decir, quedará bien patente, bien a las claras, que hay quien desde posiciones inmovilistas y centralistas está más interesado en perpetuar una situación tan
ilegítima como injusta, que hay una resistencia numantina a que el Estado se adelgace un solo miligramo.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ridao.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos al turno de fijación de posición.
En primer lugar, Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego comenzaré por saludar de forma respetuosa a la digna representación del Parlamento de Cataluña, cuyos diputados nos tienen ya acostumbrados a presentar en este Congreso de los Diputados iniciativas
que se fundamentan en el desarrollo del Estado de las autonomías, efectivamente con una gran credulidad y una gran confianza en que es posible, dentro del marco constitucional, llegar a un tipo de estructura del Estado que sea satisfactoria para
todos los pueblos que conformamos el Estado español.
Esta iniciativa va en la misma orientación y además, como siempre, es generalizable al conjunto de las comunidades autónomas, por tanto, no hay contradicción entre el carácter pionero o el carácter de vanguardia que tiene el Parlamento de
Cataluña en este aspecto con que sean conquistas que puedan ser extensibles al resto de las comunidades autónomas. Decimos esto porque nos parece importante para asegurar que son siempre iniciativas dentro de una determinada concepción de la actual
Constitución española. En este caso se trata de tres cosas fundamentales y es por lo que la vamos a apoyar con entusiasmo. En primer lugar, considerar que hay competencias del Estado y competencias de las comunidades autónomas y que tanto el
Gobierno del Estado como el Gobierno de las respectivas comunidades autónomas tienen que tener una igualdad de trato y sobre todo estar amparados para defender sus competencias precisamente desde ese terreno de la igualdad y no de la subordinación.
En segundo lugar, no cabe duda que cuando se redactó y aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 1979 había un poso de desequilibrio, de falta de equidad en la concepción de que el Estado somos todos, por tanto, esta iniciativa intenta
laminar las sombras o los vacíos derivados de esta concepción. Y en tercer lugar, algo muy importante es la capacidad de las comunidades autónomas de defender sus competencias o las competencias que le hayan sido transferidas mediante leyes
orgánicas cuando el Estado por omisión u obstrucción intenta dificultarlas. Se trata de acabar con todo tipo de actitud unilateral y vernos todos protegidos de igual manera por lo que es el Tribunal encargado de dirimir las dificultades no en
cuanto a las competencias tal como están distribuidas sino a su aplicación o interpretación en la práctica.
Esta iniciativa, además de complementarse, si va adelante, con una reforma adecuada del Senado, habría que completarla con una reforma de la composición del Tribunal Constitucional porque está claro que tal como se denomina hasta hoy el
Tribunal Constitucional no deja de ser algo así como un baluarte de lo que sería una concepción bipartidista y no precisamente descentralizada del Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Coalición Canaria. Señor Mardones, adelante, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras de cordial salutación a los tres representantes del Parlamento autonómico de Cataluña, entre los que se encuentra nuestra antigua compañera doña María Eugènia Cuenca, a la que saludo con el afecto del reencuentro.
El Parlamento de Cataluña trae hoy aquí una iniciativa similar a la que hace prácticamente tres años, en abril del 2002, trajo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Mi grupo fijó su posición en aquel momento oponiéndose por
las cuestiones que voy a decir ahora y que creo que son consecuentes y congruentes. Esta iniciativa del Parlamento de Cataluña ha entrado también
en nuestra Cámara precisamente en el mes de abril del año pasado. Son documentos que por el trámite parlamentario digamos que han ido envejeciendo de alguna manera en los órdenes del día. Ya en aquella ocasión, en abril del año 2002, al
debatir la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mi grupo quiso señalar una cuestión primordial: cuál era el bien jurídico a defender en este cambio que se propone en la Ley del Tribunal Constitucional para permitir una
legitimación activa de una de las administraciones en litigio. En este caso quien demandaba esta legitimación activa era una comunidad autónoma a través de un Parlamento autonómico como órgano legislativo de esa comunidad.
Nosotros -y lo vuelvo a repetir ahora aquí, quiero que sea el motivo fundamental de la justificación de nuestro voto- no entramos en el fondo de la cuestión, lo respetamos y lo suscribiríamos, pero dentro de otro escenario, dentro de otro
procedimiento formal. Nuestras objeciones son puramente de procedimiento y de formalidad en cuanto a algo que afecta a todo el conjunto del Estado. No es un contencioso entre la Administración General del Estado y el Parlamento de Cataluña, se
extiende a todo el concepto del Estado, pero, a mi juicio, no podemos perder de vista cuál es el bien jurídico que tratamos de proteger. Si se trata de un conflicto de competencias entre administraciones o poderes legales, el bien jurídico a
proteger es el ciudadano, se dirija a quien se dirija, y se han puesto ejemplos de los paradores de turismo o de cualquier otra cosa.
Si se dirige el ciudadano a la Administración para resolver un problema, desde luego que ese ciudadano tiene una
razón moral de exigir a las administraciones que se pongan de acuerdo en ver cuál es la competente a la hora de resolvérselo, pero si entra en la Administración General del Estado le dicen: no, vaya usted a la Administración autonómica; y si va a
la autonómica, le dicen: no, vaya usted a la del Estado que es la competente en este tema. Total, mareamos al ciudadano. Ese es el bien jurídico a proteger fundamentalmente.
Hay otra cuestión, y es precisamente el procedimiento. Si hubiera otro procedimiento nosotros lo suscribiríamos, porque no nos oponemos al fondo, sino a la forma. Dijimos entonces, en el año 2002, que aquí tenía el Senado un buen motivo,
si fuera una Cámara de representación de las regiones, para tratar estos temas. A fecha de hoy, habiéndose propuesto ya y realizado por el nuevo Gobierno del Partido Socialista, en la figura de su presidente, la Conferencia de Presidentes en el
Senado, qué mayor motivo para que haya un consenso de todos los parlamentos autonómicos, de todas las administraciones autonómicas del Estado español, para que en la agenda de trabajo de la Conferencia de Presidentes que anualmente se quiere
celebrar en el Senado entre el presidente del Gobierno español y los presidentes de las distintas comunidades autónomas, se puedan plantear estos temas, como se plantea el de la financiación de la sanidad, que afecta a todo el conjunto del Estado,
el de los posibles contenciosos si no hay una figura de legitimación en los conflictos negativos de competencias entre la comunidad autónoma o el Parlamento autonómico y el Parlamento nacional o la Administración General del Estado, para que esto se
pueda resolver. Por tanto, en primer lugar, proponemos posponer este tema a la agenda de una Conferencia de Presidentes en el marco del Senado y, en segundo lugar, a una reforma general, que la tenemos en puertas, de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional que, entre otras premuras, tiene precisamente la de resolver no tanto los conflictos competenciales contenciosos, sino también el tremendo atasco del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Mi grupo está a favor de esta iniciativa (tanto en la forma en la que en 2002 la presentó el Grupo Parlamentario Catalán, como la que ahora trae la digna representación del Parlament de Cataluña) como una de las prioridades que tienen que
introducirse en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para resolver su acomodo a los tiempos presentes. Ya sea por cuestiones de atasco por recurso indebido al amparo constitucional, ya sea por cuestiones contenciosas, seríamos
los primeros en garantizar para toda comunidad autónoma un principio de legitimidad activa en todo conflicto negativo de competencias.
Por estas razones nuestro voto será contrario a la toma en consideración de esta iniciativa, porque entendemos que debe ser contemplado en una ley orgánica que integre las modificaciones que necesita la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero saludar a la delegación del Parlamento catalán y decirles que nuestro voto será favorable a la toma en consideración de esta iniciativa porque entendemos que es necesario que se aborde una cuestión que viene ya de antiguo. Aunque
reconocemos que el momento no es el más adecuado porque, efectivamente, se encuentra en tramitación la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dado que apoyamos el espíritu de la propuesta del Parlamento catalán, tenemos que votar
favorablemente.
No existe ninguna justificación para atribuir la posibilidad al Estado, como se refleja en el artículo 71, de plantear conflictos negativos de competencias a las comunidades autónomas y que estas -que también las tienen atribuidas- no puedan
hacer lo mismo. Para que el Estado de las autonomías funcione es necesario que todas las partes cumplan con sus competencias y no invadan las que no tienen atribuidas. No puede ser que a una parte se le pueda exigir que cumpla y que no exista esa
posibilidad para la otra. Por lo tanto, es necesario un
mecanismo que garantice el ejercicio de las competencias reconocidas por la Constitución y los estatutos y por eso apoyamos esta propuesta de vía procesal, porque consideramos que es necesaria y adecuada. Eso sí, el momento es inoportuno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Una vez más, una delegación del Parlamento de Cataluña acude a esta Cámara y una vez más me temo que se le dirá que no a una de sus propuestas. La verdad es que tienen ustedes una fe indudable en esta Cámara, desde luego mucho mayor de la
que tiene para determinadas propuestas relacionadas con el ámbito autonómico nuestro grupo en el Congreso. Una vez más me temo que será el PSC el encargado de decir que no y van ya unos cuantos marrones en esta misma legislatura: el PSC
defendiendo el sí y el PSC defendiendo el no, además en un momento como este y a una propuesta que el Grupo Socialista votó a favor en la pasada legislatura en esta Cámara.
Pero estamos acostumbrados a este compor-tamiento en la Cámara.
En principio nos parece que en estos momentos, con mayor razón si cabe que en otros en los que se ha discutido esta iniciativa, sería fácil darle el sí porque, como bien es conocido, hay un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y, por tanto, la reforma de otros mecanismos de trabajo del tribunal va a ser sometida a discusión en la Cámara. Por tanto, por qué no entrar a debatir también este tema, por qué no, dando paso a esta iniciativa del Parlamento
catalán, subsumirla luego en una discusión. Cabría otra posibilidad, y es que el Partido Socialista presentara luego como enmienda esta misma proposición. Ya veremos qué es lo que va a pasar, pero también podría ser lo lógico y se ha apoyado en
Cataluña.
La iniciativa sí que da para reflexionar en el sentido de que hay muchos interrogantes sobre el Estado de las autonomías. ¿Qué es exactamente el Estado de las autonomías? Porque hoy en día si a una persona se le dan todos los textos que
forman el bloque de constitucionalidad -Constitución y estatuto- desde luego no tendría una idea exacta de cuál es el nivel competencial de una determinada comunidad autónoma. Porque muchas de las competencias en varias comunidades autónomas -en el
caso de la Comunidad Autónoma vasca nada menos que 37- siguen todavía pendientes. Por tanto, no es de extrañar que exista un conflicto y una crisis del propio Estado de las autonomías y de la confianza de los ciudadanos en que ese pacto estatutario
al que llegaron sea lo que realmente se está cumpliendo.
Luego volveré a este tema porque también el Partido Socialista se ha manifestado en esta legislatura acerca del pacto y del acuerdo y de la validez superior que tienen los estatutos sobre
otro tipo de legislación.
Evidentemente, la propuesta que hace el Parlamento de Cataluña tiene dos ámbitos: por una parte, la desigualdad o asimetría que se produce en cuanto a la regulación del conflicto negativo de competencias, puesto que parece que se parte de
una presunción de que el Estado siempre responde a todas las competencias y las únicas que se pueden inhibir son las comunidades autónomas. Sí es verdad que hay un canal para que los ciudadanos pongan en marcha este mecanismo, pero parece lógico,
sobre todo con el desarrollo del Estado de las autonomías, que también a las comunidades autónomas se les pueda habilitar la iniciativa en el conflicto negativo y así puedan ser sujetos activos. El incumplimiento del contenido de los estatutos de
autonomía es otro asunto diferente. Se le ha querido dar una solución a través del conflicto negativo. Desde luego, ya el Tribunal Constitucional señaló en una sentencia, la 155 del año 1990, que el conflicto positivo no era el conducto adecuado
para resolver estas discusiones competenciales. Pero se ha intentado buscar el otro lado del procedimiento, el conflicto negativo. ¿Qué debería hacer el Tribunal Constitucional? Debería -y esto no me queda muy claro en el texto de la iniciativa-
disponer la efectiva materialización de las competencias cuya delimitación no es controvertida, y parece que esto es a lo que se refiere la propuesta. Está muy claro que la competencia es autonómica y en qué términos lo es y, por lo tanto, que se
materialice. O alguno podría pensar que el Tribunal Constitucional debería entrar a dilucidar si la reclamación de transferencias es conforme o no al orden constitucional y con qué límites y en qué términos. Nosotros creemos que plantear que sea
el Tribunal Constitucional el que pueda arbitrarlo es una solución, pero es una solución que quizás deba tener sus precauciones. Como grupo parlamentario no nos hace mucha gracia que sea el Tribunal Constitucional quien dilucide estos temas, sobre
todo cuando la designación de sus miembros es igualmente problemática desde el punto de vista de las comunidades autónomas y desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario. Hasta que eso no se dilucide tampoco vemos muy claro que el
Tribunal Constitucional deba entrar en esto. En cualquier caso, no se obliga a ninguna comunidad autónoma a buscar esta vía y, por lo tanto, tampoco pondremos obstáculos. Lo que sí deja clara esta iniciativa es que el asunto de las garantías de
las competencias de las comunidades autónomas es un tema fundamental en el debate actual. No es tanto qué competencia sí y qué competencia no, sino aquellas competencias que han sido pactadas, que han sido acordadas y aprobadas estén absolutamente
garantizadas. La fórmula de como se logre esto puede ser diferente, pero es un tema que tenemos que abordar, porque -yo se lo digo claramente- desde la Comunidad Autónoma vasca hay un hartazgo de que, después de tantos años de estatuto, siendo el
nuestro el primero que se aprobó en el Estado de las autonomías, todavía haya 37 competencias sin transferir y que esas competencias y sus contenidos hayan
sido firmados por unanimidad, insisto, por unanimidad, por parte del Parlamento vasco en dos ocasiones. Esto no es presentable y hace que el Estado de las autonomías no sea creíble. No ayuda tampoco, en absoluto, a que se pueda confiar en
esa estabilidad de los estatutos de autonomía que desde el Gobierno se conteste, por ejemplo, en relación con la competencia de prisiones -que en nuestro estatuto es evidente que la tendría la comunidad autónoma-, que no se va a transferir
simplemente porque no, sin dar ninguna otra razón de ningún tipo; a una ley orgánica que la propia Cámara aprobó y que luego ha sido refrendada, le está diciendo que no, que lo que aprobó no valía.
Por último también quiero señalar que el señor Pérez Rubalcaba, en el debate del Estatuto de Valencia, pero sobre todo en el del Estatuto de Cataluña, en ambos, indicó que los estatutos de autonomía eran algo más que una ley orgánica, que
tenían un carácter paccionado, que tenían un valor específico superior al resto de las normas, que formaban parte del bloque de constitucionalidad y que creaban una obligación superior para todas las instituciones. Bien, ¿dónde quedan estas
afirmaciones? ¿Cómo puede hacerse cumplir ese carácter paccionado? ¿Cómo puede facilitarse que las comunidades autónomas verdaderamente crean que aquello que se ha pactado con las instituciones del Estado después se va a cumplir y que no vamos a
tener que andar diciendo si vamos a votar sí o no a una ley a cambio de que se haga determinada transferencia? Porque ese ha sido el pan nuestro de cada día durante unas cuantas legislaturas en esta Cámara; aquello que ya estaba cerrado en el
estatuto ha tenido que ser conseguido después a través de votaciones a un grupo o a otro, dependiendo de cuál estuviera en el Gobierno, y me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular, para que se pudiera conseguir esa transferencia. Eso lo
que hace es que el Estado de las autonomías hoy por hoy no sea creíble. Insisto, el debate principal son las garantías, no tanto las competencias, que también. Yo creo que en estos momentos no debería tener razones el grupo mayoritario y el
Gobierno para negarse a esta iniciativa. Deben buscarse cauces -no sé si este exactamente u otro- para los traspasos competenciales, pero también es este el momento para poner en un plano de igualdad en el conflicto negativo tanto a los ejecutivos
autonómicos como al del Estado central, porque, entre otras cosas, debemos ir eliminando otro tipo de discriminaciones que no aparecen en la Constitución y que han sido creadas por esta Cámara en la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y
me refiero, por ejemplo, a la abstención del artículo 161.2 de la Constitución, pasando de que los actos y disposiciones sin rango de ley de las comunidades autónomas recurridas por el Gobierno del Estado -en seguida finalizo, señor presidente- sean
suspendidos automáticamente. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional directamente también lo extendió a todas las normas con rango de ley. Sin embargo, a la inversa, el Parlamento autonómico, el Gobierno autonómico no puede hacerlo, puede
reclamar pero no se produce una suspensión automática.
También hay que ir igualando en esos términos a todas las instituciones si queremos hacer más creíble el estatuto de autonomía. Por eso, aunque con reservas de tipo técnico, mi grupo va a dar
su voto favorable a esta proposición del Parlamento de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Esteban.
Esquerra Republicana. Señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señora Cuenca, señora Santos, compañero Ridao, diputados del Parlament de Catalunya, bienvenidos.
Es lamentable que hoy este proyecto de ley no sea apoyado por el Grupo Socialista por cuanto que viene avalado por todas las fuerzas políticas que conforman el catalanismo político; de hecho, tiene el apoyo de la inmensa mayoría de nuestro
Parlamento nacional, los mismos representantes a los que ustedes tuvieron ocasión de recibir en esta Cámara hace pocas semanas con motivo de la presentación del texto estatutario aprobado en Barcelona, tan solo queda al margen el Partido Popular,
partido político que en el momento de la aprobación de esta proposición de ley en el Parlamento de Cataluña gobernaba en el Estado y que ahora se halla, felizmente para nosotros, en la oposición, esperemos que por muchos años.
Es doblemente
lamentable por cuanto esta proposición de ley también viene firmada por Convergència i Unió y el Partido Socialista de Cataluña; es decir, por los partidos políticos que, bien por haber gobernado en la Generalitat de Cataluña, bien por haber tenido
en determinados momentos las riendas del Estado, pueden reivindicar un mayor protagonismo, tanto en el haber como en el debe, en la formulación del Estado de las autonomías. Por esta razón, Convergència y Unió y el Partido Socialista Obrero Español
conocen a la perfección los agujeros negros del funcionamiento del Estado autonómico y una parte de ellos se pretenden superar con esta proposición de ley, y algo de lo dicho debió de pesar para que en la pasada legislatura el Grupo Socialista de
esta Cámara votara a favor de una demanda en el mismo sentido que la que hoy nos ocupa, presentada por Convergència i Unió. No es casual, pues, que coincidieran ya en aquel momento. Pero, además de lamentable, la no aprobación por parte del
Partido Socialista de este proyecto de ley es preocupante, porque si bien es cierto, tal como se ha señalado previamente, que su contenido no tiene relación directa con la reforma del Estatut, ni tan siquiera como pieza accesoria, a diferencia de
otras modificaciones legislativas que exigirá el articulado propuesto por el Parlamento de Cataluña, no podemos negar que tiene por objeto resolver de una vez por todas la indefensión de las comunidades autónomas ante las resistencias centralistas a
transferir servicios, de acuerdo con los marcos competenciales que garantizan los estatutos.
No obstante, hoy, aquí, también se van a calibrar los estados de ánimo y las voluntades políticas, que sí tienen
mucho que ver a la hora de diagnosticar las confianzas políticas con que se encara una negociación, y nadie puede negar que lo que se pretende por el Parlamento de Cataluña es resolver un verdadero déficit acumulado, que no es exclusivo de
Cataluña. Debo recordarles que fue Manuel Fraga, como presidente de Galicia, quien por primera vez planteó la vía del conflicto negativo de competencias en defensa de los intereses de su comunidad autónoma. Ciertamente, en un momento como este, en
que negociamos una reforma estatutaria para Cataluña y se está procediendo a la discusión del Estatut del País Valencià, ¿cómo puede entenderse una posición negativa por parte del Grupo Socialista? ¿Cómo puede desaprovecharse de una forma tan
gratuita la oportunidad que se nos brinda? En consecuencia, que no se pretenda relativizar desde esta tribuna el desencuentro o incluso minusvalorarlo políticamente; sin duda, este desencuentro tiene calado. Buscar la necesaria simetría en la
relación entre las partes -Estado y comunidades autónomas- obliga a posibilitar que las comunidades autónomas también puedan plantear conflictos en defensa de su autonomía cuando el Gobierno obstaculiza con su actividad u omisión el ejercicio por
parte de las comunidades autónomas de las competencias que les confiere el Estatut o la legislación vigente. Eso no puede impedirse, no es defendible políticamente por cuanto implícitamente es negar en parte que las comunidades autónomas son parte
del Estado. Se trata de impedir que los intereses políticos resultantes en una correlación de fuerzas determinada pueda entorpecer el funcionamiento del Estado de las autonomías, que se supone que ha sido diseñado para favorecer la vida de los
ciudadanos.
No hablamos en este caso de competencias, sino de bienes y servicios no transferidos. Se cuestiona el funcionamiento, no la estructura. Dejemos para las reformas estatutarias discernir el alcance y adjetivación de las competencias ante la
permanente amenaza de laminación por parte del Estado mediante la legislación básica, que las comunidades autónomas puedan afrontar los nuevos retos que mandatan las necesidades de la sociedad actual, porque lo planteado es de otro cariz, tiene una
marcada característica reformista, si quieren, incluso regeneracionista. Se trata de acabar, tal como se hacía referencia anteriormente, con la obstrucción, la inacción, la inhibición, acaso, en otras circunstancias, la acción excesiva del Estado
ante las comunidades autónomas, sin que las comunidades autónomas tengan la posibilidad de instar al Tribunal Constitucional a dirimir.
El Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum por la ciudadanía catalana, señala que en dos años se fijará el calendario de transferencias. Transcurrido un cuarto de siglo, existe un largo listado de materias no transferidas. El listado
de temas pendientes sería tan prolijo que si lo leyera sobrepasaría el tiempo de que dispongo, pero podría recitarles un buen número de ellas. Por ejemplo, salvamento marítimo, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, gestión
del 0,52, ampliación de las funciones transferidas del Imserso, subvenciones del Consejo Superior de Deportes en materia de deportes, centros de investigación oceanográfica, becas de ayuda a la enseñanza no universitaria, etcétera. Podríamos hacer
un listado de cerca de un centenar de materias. Esto es obvio y en parte debería avergonzar a la clase política.
El diputado López Garrido, ante la toma en consideración de la proposición de ley de Convergencia i Unió, antes mencionada, que el Grupo Parlamentario Socialista apoyó en la pasada legislatura, afirmaba que cuando los socialistas gobernaran
Cataluña y España este tipo de proposiciones de ley no serían necesarias. Pues bien, el Partido Socialista gobierna en el Estado, gobierna, eso sí, en coalición en nuestro país, pero es el Parlamento catalán quien trae de nuevo a esta Cámara la
misma proposición de ley, con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña. Repito, el mismo texto. Y nos preguntamos: ¿El Partido Socialista tiene verdadera voluntad de descentralizar el Estado y cumplir con la Constitución? Si es así, ¿cómo es
que el Gobierno ha traído a la Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 121/61, que nada dice de la potestad de las comunidades autónomas para instar los conflictos negativos de competencia, ni para el caso
de que el Estado no cumpla con sus competencias, ni para cuando se incumpla la Constitución y no se transfieran las mismas? Creo sinceramente que cometen un grave error, casi me atrevería a decir un gravisimo error, no apoyando esta proposición de
ley. No creo tampoco que sea el momento para desoír al Parlamento de Cataluña, ni consideramos procedente no rectificar el error de no haber incluido en el proyecto de ley el contenido de lo que se demanda. Empezamos mal. Repito, empezamos mal.
Deseo que no acabemos peor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Convergencia i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señora diputada María Eugenia Cuenca, señora diputada Lidia Santos, señor diputado Joan Ridao, bienvenidos al Congreso de los Diputados.
Señorías, debatimos, una vez más, una proposición de ley orgánica presentada por el Parlamento de Cataluña para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta proposición de ley orgánica llega en un momento oportuno. Alguien
decía que el momento no es oportuno. Para Convergencia i Unió el momento no puede ser más oportuno. Les explicaré por qué. En este momento se está tramitando en la Cámara, y está abierto aún el plazo de enmiendas, un proyecto de ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Muchas veces hemos aprovechado la ocasión en esta Cámara para tomar en consideración una propuesta que se dirige a la misma norma a modificar para hacer una ponencia conjunta. Se ha
hecho en todas las legislaturas, aprovechar diversos trámites y buscar una
ponencia conjunta. Haríamos coincidir el plazo de enmiendas e intentaríamos, con una proposición de ley del Parlamento de Cataluña que mi grupo entiende que debe tomarse hoy en consideración, más el proyecto de ley orgánica presentado por
el Gobierno, buscar una solución para que en las enmiendas hubiera el máximo consenso posible. Porque si estuviéramos en un momento procesal en el cual uno de los proyectos de ley ya ha ido caminando, ya está en el Senado o quizá ya está en sus
trámites últimos, se diría que hay una disonancia en el camino, en ese íter legislativo a veces tan complejo. Pero en este momento el calendario nos lo ha puesto fácil, ha facilitado que hoy esta Cámara pudiera tomar en consideración la proposición
de ley del Parlamento de Cataluña y hacer, junto con el proyecto de ley del Gobierno, una reforma amplia y de consenso de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en un aspecto, el que plantea el Parlament de Catalunya, que mi grupo comparte. No
podemos más que votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos trae el Parlament de Catalunya porque compartimos la finalidad de la misma. Si alguien discute la solución técnica de la misma, que es legítimo hacerlo,
para eso está el plazo de enmiendas y esa ponencia conjunta que mi grupo hoy propone a esta Cámara, con lo cual las disonancias técnicas serían resueltas por la vía de las enmiendas al articulado. Estamos ante un debate de toma en consideración en
el que mi grupo pide respetar al Parlament de Catalunya, y respetar al Parlament de Catalunya no es otra cosa que respetar a los tres ilustres diputados de Cataluña que hoy están aquí defendiendo esa propuesta y, en consonancia, tomarla en
consideración cuando los grupos políticos de Cataluña tenemos aquí representación parlamentaria y aseguraríamos hoy una amplísima mayoría; de no hacerlo así, estaríamos haciendo un acto parlamentario legítimo evidentemente, pero que mi grupo
entiende poco respetuoso con la mayoría que se dio en el Parlament de Catalunya.
Si entramos en la finalidad que plantea la proposición de ley que estamos discutiendo, creo que todos la compartimos. Habrá quizá en el artículo 72 algunas diferencias en cuanto a cuál es la mejor solución, pero con respecto al artículo 71
estoy convencido de que nadie discute en este momento que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dio una solución final a los conflictos negativos cuando existe una inactividad de un gobierno autonómico que es una solución muy distinta a la
inactividad de la Administración General del Estado o del Gobierno. ¿Por qué? Porque esa situación de desequilibrio, esa asimetría que existe no tiene solución posible, porque la comunidad autónoma no puede plantear un conflicto negativo contra la
Administración General del Estado o el Gobierno del Estado, en cambio, sí que puede ocurrir al revés, el Gobierno puede plantear un conflicto negativo contra una comunidad autónoma. Esa asimetría, ese desequilibro debe superarse y, por tanto, es
oportuna la propuesta y debería resolverse. Tampoco entendemos la posible solución que a lo mejor después el Grupo Socialista nos argumentará, en el sentido de que ya lo haremos vía enmienda al proyecto de ley presentado en esta Cámara. ¿Y por qué
no se ha introducido inicialmente en ese proyecto de ley, cuando el diagnóstico era por todos compartido en abril del año 2002? El 23 de abril del año 2002 se tramitó una proposición de ley no idéntica, pero con una finalidad similar. En ese
momento la presentó nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió -yo mismo tuve el honor de defenderla ante esta Cámara-, y el Grupo Socialista, entonces en la oposición, criticó muchos aspectos de esa proposición de ley. Recuerdo un debate un
poco agrio con el señor López Garrido, porque incluso alguna discrepancia técnica le condujo en aquel debate a alguna expresión descalificadora que mi grupo no compartía. Además, y como decía ahora el señor Tardá, el señor López Garrido afirmó:
Cuando nosotros gobernemos esto no pasará porque no habrá ningún traspaso pendiente en el inventario de agravios que en muchas ocasiones tienen muchas comunidades autónomas, no únicamente Cataluña, de aspectos que están en los estatutos y que
después pasan los meses y los años y no acabamos de desbloquear. Pero aparte de esa consideración subjetiva que hacía en ese debate, el señor López Garrido llegó a votar a favor, compartiendo por tanto la finalidad que inspiraba esa proposición de
ley, que no era del Parlamento de Cataluña, que era de Convergència i Unió. ¿Por qué decíamos que sí a Convergència i Unió en el año 2002 y decimos hoy que no al Parlament de Catalunya? Creo que refleja una mayor incongruencia por parte del mismo
grupo parlamentario, con una gran salvedad: ese grupo parlamentario ahora ocupa los escaños mayoritarios del Gobierno en esta Cámara, no está en la oposición; cuando estaba en la oposición dijo que sí y ahora que está en el Gobierno dice que no.
Su mismo grupo en Cataluña votó que sí y hoy mismo una diputada del PSC, la señora Santos, se ha pronunciado a favor de que tomemos en consideración esa proposición de ley. Yo propongo a la Cámara esa solución de la ponencia conjunta, que sería
técnicamente viable, absolutamente respetuosa con el Parlament de Catalunya y respetuosa también con cualquier matiz técnico que se quisiera introducir a la proposición de ley que hoy defiende el Parlamento de Cataluña.
Por tanto, señor presidente, señorías, vamos a votar a favor. Esperamos que el Grupo Socialista recapacite, que sea congruente con lo que han votado en mi país, en Cataluña; por tanto, espero que vote lo mismo allí que aquí. Yo no creo
que esto sea una mala premonición, para nada, en esto no coincido con otros portavoces, porque estoy convencido de que este debate nada tiene que ver con otros, como el de propuesta de reforma del Estatuto, que en estos momentos se está tramitando
en las Cortes Generales. Son debates distintos, no debemos mezclar ambos trámites, pero hubiese sido una ocasión propicia, oportuna, para respetar al Parlamento, tomar en consideración su propuesta, hacer una ponencia conjunta, consensuar las
enmiendas y dar una solución que entiendo que es positiva.
En todo caso, señor presidente, anuncio
ya que Convergència i Unió pediría la ponencia conjunta si hoy se toma en consideración esta proposición de ley; si no se toma en consideración, también anuncia Convergencia i Unió que hará enmiendas concretas al proyecto de ley del
Gobierno para solucionar esta petición que venimos haciendo desde hace tantos y tantos años.
Termino ya, señor presidente, señorías, no sin antes -he saludado ya a los tres ilustres diputados del Parlament de Catalunya- hacer una especial mención a la diputada María Eugenia Cuenca, no en su condición de diputada del Parlament de
Catalunya, sino como integrante de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, durante años en este Congreso de los Diputados. Volverla a ver en esta misma tribuna, con micrófonos distintos, pero en el mismo hemiciclo siempre es una
satisfacción para nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular saluda a la señora Cuenca, a la señora Santos y al señor Ridau con toda cordialidad y afecto.
A reserva de que el señor Jané diga que somos poco respetuosos con el Parlamento de Cataluña, anunciaré que nos vamos a oponer a la proposición de ley por la serie de argumentos que ahora desarrollaré. Creo que hoy estamos ante un debate
que como poco cabría calificar de pintoresco.
Hemos conocido esta iniciativa cuatro veces en los últimos tres años, en dos versiones con variantes, como decía el señor Jané. Se rechazó en el año 2002; se aprobó en el Parlamento de Cataluña en el
año 2003; vino aquí y caducó; se ha presentado en el Senado en esta legislatura y se ha rechazado, y ahora estamos en el cuarto debate de la iniciativa. Nosotros siempre hemos dicho que no a esta iniciativa, en el Parlament de Catalunya, en el
Congreso y en el Senado.
Otros grupos de la Cámara han dicho cosas muy curiosas, ya que votando a favor han expresado la dificultad de hacerlo porque la proposición es mala o, como hoy se ha dicho, votando en contra han expresado que se hace por razones adjetivas
pero no por razones de fondo. Algo tiene esta proposición de ley que no gusta, pero además tiene algo que hace que para todos los demás el grupo mayoritario de la Cámara se mueva en relación con la misma en el máximo desconcierto e incertidumbre.
Y no lo digo por la expectativa que hoy han generado alrededor de esta Cámara los pleitos de familia política Partido Socialista de Cataluña-Partido Socialista Obrero Español -qué harán o no harán ahora nos lo dirán-, sino porque me temo que van a
hacer una nueva variante, a pesar de que hasta ahora parecía que habían cubierto toda la gama. En el año 2002 pusieron a caer de un burro -como se ha recordado en la intervención del señor López Garrido- la proposición de ley, razón por la cual,
como gobernaba el Partido Popular, votaron a favor de la misma. En el año 2003 en Cataluña se aprueba la iniciativa de Convergència i Unió porque el PSC presenta una enmienda de sustitución -que es la que hoy tenemos aquí-, respecto de la que
parece ser que van a votar en contra. Y en el año 2004, a propósito de una nueva propuesta de Convergència i Unió en el Senado, Entesa y el Grupo Socialista votaron en contra de la misma. No sé si esto enlaza con eso que ustedes recordaban desde
el PSC al PSOE el otro día de que no tienen 11 millones de votos, pero veremos cómo saldan esta cuestión si restamos el millón aproximado que yo le doy en un tiempo tan complicado para España -este no es un tema menor- como el que estamos viviendo.
En cualquier caso, déjenme que les diga que la fungibilidad de argumentos según su conveniencia particular y partidista es lamentable en esta cuestión como en tantas otras. (Aplausos.)
En cuanto al fondo, aparentemente tenemos una cuestión técnica encima de la mesa. Conflicto negativo de competencias; al legislador se le ha olvidado resolver esta cuestión -o en aquel tiempo no se acordó o no lo pensó- y es necesario
ampliar el conflicto negativo de competencias para que lo interpongan no solo el Estado sobre las comunidades, sino también las comunidades sobre el Estado, con un propósito constitucional claro.
Lo de menos es lo del conflicto y lo de más es
encontrar un mecanismo para ver cómo podemos arrancar al Estado competencias o transferencias de medios materiales, personales o financieros por la vía no política, del acuerdo entre los representantes del Estado y los de la comunidad autónoma, sino
recurriendo al Tribunal Constitucional, a Estrasburgo, a Naciones Unidas o donde sea menester. Esa es la finalidad, lo cual, a nuestro juicio, tiene dos problemas que hemos repetido en todos los debates y que hoy resumo con toda rapidez.
Técnicamente es una iniciativa inaceptable, piénsenlo. Primero, no ha habido olvido alguno en origen. No lo hubo; los artículos 71 y 72 no tuvieron la más mínima polémica ni en el debate constituyente en la parte que les afectaba ni, por
supuesto, en el debate de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tan es así que en el 'Diario de Sesiones' representantes de los grupos que con más intensidad defienden esto declaran su profunda satisfacción porque la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional haya resuelto a plena satisfacción, tras el debate del Senado, las preocupaciones que los representantes de las comunidades autónomas pudiesen llegar a tener. Además les han dicho que esto no es un conflicto negativo. Lo ha
explicado muy bien el señor Mardones: Conflicto negativo es cuando un ciudadano se siente perplejo porque ninguna administración se hace cargo de una competencia, y eso está en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tanto para el Estado como
para las comunidades autónomas; artículo 68 y siguientes. Por tanto, no se trata de un conflicto negativo, pero aunque lo fuese tendería a resolver inactividades del Estado y no la cuestión política de cuál debe ser el ritmo de transferencia de
medios
personales, materiales o financieros que evidentemente no pueden ser dejados en manos de ningún tribunal del mundo porque esta no es una cuestión jurídica que pueda resolver un tribunal. Añado más, flaco favor le haríamos al Tribunal
Constitucional si le metiésemos en el embrollo de decidir mañana, por ejemplo, que el Gobierno socialista transfiera a todas las comunidades autónomas las competencias sobre el Poder Judicial, en los términos de personal, medios materiales y
financieros que demandemos las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular.
Piensen dos minutos. ¿Qué manera es ésa de resolver jurídicamente una cuestión? Técnicamente es lo que es. Esto tiene una relevancia político-institucional de
primer orden y es tan inaceptable en términos políticos como en términos jurídicos. No voy a insistir en ello porque no tengo tiempo, pero es obvio que enlaza en un momento en el que la mayoría de esta Cámara y, desde luego, de la mano de la que ha
venido, de la mayoría del Parlamento de Cataluña, nos ha situado en un escenario de blindajes de competencias, de aseguramiento de competencias a toda costa.
Ustedes suelen decir que las comunidades autónomas son Estado, pero el Estado es el Estado y el Estado tiene las responsabilidades que tiene.
Aquí está el fondo constitucional de un debate que no solo afecta a esta proposición de ley, que
afecta al proyecto de Estatut de autonomía, que es la cuestión de la biteralidad. Ustedes han pronunciado en esta tribuna, hoy y en las ocasiones anteriores, expresiones como injusticia, agravio, desigualdad. No, no. En el modelo constitucional
que tenemos (si se quiere cambiar, ya se sabe lo que se tiene que hacer), el artículo 137 de la Constitución asigna a cada cual la defensa de los respectivos intereses, y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como en el artículo 161.2 de
la Constitución, como en otros artículos de la Constitución y otras leyes del bloque de constitucionalidad, se asigna al Gobierno del Estado la obligación de hacer cumplir la ley también en las comunidades autónomas cuando una inactividad de una
comunidad hace que se dañe el interés general. Y ustedes, legítimamente, dicen: Yo, bilateralidad, en pie de igualdad. Pero eso ya no es la Constitución española, ese es el modelo confederal que ustedes nos han traído en su proyecto de Estatuto
de autonomía.
Termino, señor presidente. Yo no sé -ahora nos lo dirá el portavoz del Grupo Socialista-, al final, cómo va a explicar el no pero sí o el sí pero no que toca hoy, pero digo que si, como parece y anticipan todos los oradores, no se va a
tomar en consideración, el Grupo Popular no se queda tranquilo después de este debate porque mantiene, por no decir multiplica, sus incertidumbres. Previsiblemente, aquí se va a producir, en términos que explicaba el señor Jané, la prórroga para
seguir en los minutos siguientes, en el borrador de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el proyecto de Estatut, donde sea. Metemos esta cuestión en la turmix de la cosmética constitucional que en este momento tenemos en marcha en esta
Cámara, y eso comprenderán que nos preocupa muchísimo, primero, por las explicaciones que se están dando. Empieza a parecer que, saliendo o entrando del proyecto de Estatut y yendo a las leyes orgánicas, está resuelta la cuestión. Pero además por
los precedentes, porque esta no es la única reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se ha debatido en las Cortes Generales en esta legislatura. Se ha debatido otra, en el Senado, sobre la designación por las comunidades autónomas
de los magistrados del Tribunal Constitucional. Iniciativa a la que los señores del Partido Socialista se opusieron insistente y repetidamente en los años noventa -lo recordarán bien los señores del PNV-; iniciativa a la que votaron que sí en el
año 2002, porque gobernaba el Partido Popular; iniciativa a la que han votado que no en esta legislatura, en el Senado, porque gobiernan ustedes, e iniciativa que hoy está aprobada por ustedes en el artículo 180 del proyecto de Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Si en esto va a consistir, en las próximas semanas o meses, la limpieza de la patena, pobre Tribunal Constitucional, pobre Estado de las autonomías y pobre Constitución española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Astarloa.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, honorable diputada María Eugenia Cuenca, ilustre diputada Lidia Santos, ilustre diputado señor Ridao, miren ustedes -sobre todo el señor Ridao-, los augures actuaban antes de abrir la
sesión en el Senado de Roma para decidir si se podía o no discutir. Aquí no necesitamos augurios. Aquí venimos a discutir, con la palabra razonada políticamente, sobre cuáles son las cuestiones que afectan a la cosa común, a la res publica, pero
sin necesidad de augurios, ni buenos ni malos. Por tanto, pediría también, aunque sé que es una petición prácticamente imposible, al señor Astarloa que se tranquilizara. Me sabe mal que el Partido Popular y que el Grupo Popular no se queden
tranquilos. Yo estoy muy tranquilo porque traemos las discusiones al Parlamento y aquí hablamos de las cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, de las cuestiones que afectan a la estructura de nuestro Estado y a los derechos de las personas.
Y esto, como demócrata, me proporciona una tranquilidad absoluta respecto a cómo se van a desarrollar los temas. Sin ninguna duda, señor Astarloa.
(Aplausos.) Ni augurios ni amenazas de falta de tranquilidad en ninguna parte; ni una ni otra.
Señorías, estamos aquí para discutir, no por enésima sino por tercera vez, una proposición de ley muy semejante en ocasiones distintas. Permítanme ustedes que haga en pocos segundos un resumen histórico de lo que estamos discutiendo ahora
con absoluto y pleno respeto no solo a los representantes sino al Parlamento de Cataluña, en el marco de un Estado de las autonomías absoluta, total y completamente creíble, que es el que tenemos
en estos momentos. Convergència i Unió presentó una proposición de ley que se discutió el 23 de abril de 2002 en este Congreso. Convergència i Unió presentó una proposición de ley que se discutió el 19 de mayo de este año, de 2005, en el
Senado. Convergència i Unió, a través del Gobierno de Cataluña, presentó un proyecto de proposición del Parlamento de Cataluña, que se discutió en el Parlamento de Cataluña el 26 de junio de 2003, exactamente en la última sesión plenaria antes de
la anunciada disolución del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué este iter procesal curioso, al menos, en cuanto a reiteración? Porque Convergència i Unió estaba en aquel momento en una situación muy complicada. Estaba absolutamente aherrojada por el
pacto de hierro, conocido por el Pacto del Majestic, y sabía perfectamente que no había ni posibilidades de reforma del Estatuto de autonomía ni posibilidades de modificar la postura y la política estrictamente antiautonómica que ejerció, sobre todo
en la última legislatura, la mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, son circunstancias completamente distintas que hacen comprensible una parte de la historia.
Es cierto que el Grupo Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi a través del diputado, hoy conseller, Josep Maria Vallès presentó una enmienda de sustitución de una parte del proyecto del Gobierno de Cataluña que mejora técnicamente la
propuesta, pero no resuelve la totalidad de los problemas. ¿Por qué lo presentó? Porque sabíamos perfectamente, por la aritmética parlamentaria del Parlamento de Cataluña, que el proyecto iba a ser aprobado y, por tanto, mejor que se apruebe
decentemente, desde el punto de vista técnico, que no volver a pasar el sonrojo de las deficiencias técnicas que todo el mundo, el 23 de abril de 2002, puso de manifiesto en esta Cámara, tanto los que votaron a favor como los que votaron en contra
de la toma en consideración. El 19 de mayo de 2005 -quede claro- la Entesa Catalana de Progrés en el Senado votó en contra de esta proposición como ahora, no por augurios sino porque se ha publicado en la prensa, saben ustedes que el Grupo
Socialista va a votar también en contra de la toma en consideración, respetando absolutamente al Parlamento, señor Jané, porque el respeto democrático al Parlamento es discutir aquí lo que nos propone el Parlamento de Cataluña como cualquier otro
Parlamento. El respeto democrático no es poner un sello siempre a lo que diga otro, es discutirlo seriamente, con tranquilidad, con bases democráticas y llegar al resultado que se crea conveniente por acuerdo de la mayoría posible de los diputados
y de los grupos.
El contenido de la proposición que discutimos ahora, señorías, tiene dos partes absolutamente diferenciadas: una es la atribución de la capacidad de la legitimidad activa a las comunidades autónomas en el denominado conflicto negativo de
competencias -que por cierto tiene un contenido bastante distinto al que me ha parecido entender que el señor Ridao explicaba desde la tribuna, porque no se trata de que invada a alguien, sino de que nadie hace nada-, que se configuró en la Ley
2/1979, del Tribunal Constitucional, como un recurso básicamente en defensa de los intereses del ciudadano que se ve inatendido en sus peticiones ante la Administración porque ninguna administración, sea la del Estado o la autonómica, toma actividad
en aquello que le afecta personalmente, como muy bien explicó el 23 de abril de 2002 el diputado Mardones y ha vuelto a explicar hoy en esta sala. Este fue el intento de la Ley de 1979.
¿Podemos decir que esto supone un desequilibrio entre el
Estado y las comunidades autónomas? Muy seguramente si lo tomamos desde la perspectiva académica, teórica e incluso yo diría estética, y no solo política, existe la posibilidad de que el Estado interponga, no existe la posibilidad de que la
comunidad autónoma interponga, existe la posibilidad de que el ciudadano o las entidades de derecho privado interpongan este recurso.
¿Cuál es la realidad histórica y política que se ha producido hasta ahora? En los veinticinco años de funcionamiento del Tribunal Constitucional se han producido solo tres demandas por este título, todas ellas desestimadas por el Tribunal
Constitucional, y seis recursos de amparo.
De estas tres, ninguna por el Estado, solo por particulares afectados por la inactividad de las administraciones. Es, por tanto, un aspecto importante, pero más teórico que práctico en la realidad.
Podemos discutirlo, seguro que lo vamos a discutir, esté tranquilo, señor Astarloa, lo vamos a discutir democráticamente en esta Cámara con luz y taquígrafos e incluso, si su grupo lo considera oportuno, con la intervención del señor Astarloa en el
debate, en cuanto concluya el debate particular que tiene en este momento.
Por otra parte, el contenido de la proposición se refiere a la creación de un nuevo recurso con el nombre de recurso en defensa del ejercicio de las competencias autonómicas. Este recurso solo en el nombre tiene un cierto parecido con el
aprobado en la Ley 7/1999, de 21 de abril, sobre defensa de las competencias de las entidades autónomas, porque de lo que se trata en la Ley 7/1999 es de recursos contra leyes dictadas por las comunidades autónomas o por el Estado que recorten
competencias, y aquí estamos en un aspecto completamente distinto, aquí no discutimos ninguna interpretación de la norma atributiva de competencias, que es lo único que permite la entrada en la discusión del Tribunal Constitucional, según tiene
dicho el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 76/1983, que declara una reserva material absoluta de esta cuestión para las comisiones mixtas de transferencias, sino que estamos ante una cuestión de transferencia de bienes y servicios, no
de discusión constitucional; estamos por tanto ante una cuestión que pueden ustedes calificar de administrativa o de política, pero no constitucional. Es realmente un problema existente.
Como dijo el senador Isidre Molas, el 19 de mayo de 2005, en el debate en el Pleno del Senado, hay un problema que existe, pero no estamos aquí para discutir cuál es el problema, que sabemos que existe, sino cuáles son las vías o los medios
que ponemos para solucionar este problema, y las vías o medios que se proponen no
nos parecen los más adecuados. En sabias palabras, el entonces portavoz en el Congreso, hoy senador, si no me equivoco, dijo el 23 de abril de 2002 que el Partido Nacionalista Vasco no estaba dispuesto a poner en manos del Tribunal
Constitucional la solución de los problemas de transferencia de bienes y servicios. Nos parece adecuada aquella reflexión, sabias palabras las del portavoz del PNV, que, en cambio, votó a favor de la toma en consideración de la proposición.
Creemos que no podemos llevar al Tribunal Constitucional, dedicado a analizar problemas constitucionales, de derecho constitucional, el hecho constitucional que puede provocar el problema. El Tribunal Constitucional tiene que decir cuáles
son las competencias cuando hay una discusión sobre ellas, pero no podemos ponerle en un brete para decir qué funcionarios, en qué situación administrativa y cuántos van a pasar a una determinada comunidad autónoma, porque esta no es una competencia
que atribuye la Constitución a este alto Tribunal, tiene otras mucho más altas que estas. Es una cuestión del ámbito político y en él se va a resolver. Cuestión que no se resolvió durante las épocas del mandato del Partido Popular y se está
resolviendo en la actual con la retirada de los conflictos positivos de competencias, con el funcionamiento de las conferencias sectoriales y de la Conferencia de presidentes.
Votamos, señorías, lo han dicho todos ustedes y lo repito yo, en 2002 en contra, digo a favor, de la toma en consideración, y dijimos algo más, señores del Partido Popular, dijimos que era imposible en aquel momento desatascar de ninguna
forma el parón autonómico que ustedes habían producido y que está padeciendo este país como consecuencia de los ocho años de centralismo absoluto de su Gobierno. (Aplausos.) Ahora, las proposiciones de este tipo no son necesarias. Lo han citado
otros portavoces, yo voy a citar al que intervino entonces en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el actual secretario general del grupo, Diego López Garrido que dijo: Cuando el Partido Socialista, la izquierda de este país, gobierne, que
será pronto, y cuando el Partido Socialista de Cataluña, la izquierda, gobierne, que será más pronto todavía, proposiciones de ley de este tipo no serán necesarias. No lo son porque nosotros resolveremos políticamente estas cuestiones y
discutiremos jurídicamente cuando toque, cuando tengamos completado el modelo, como lo estamos haciendo en este momento con la tramitación de varios estatutos de autonomía, reformas distintas a la de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo
saben los señores comisionados del Parlamento de Cataluña porque el 1 de diciembre constituyeron, en la denominada Comisión Primera del Parlamento de Cataluña, una ponencia para estudiar, entre otras, otra proposición de modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, debe concluir.
El señor PEDRET I GRENZNER: Termino, señor presidente.
La lógica, la buena ordenación del debate, la defensa del interés público, llevan a que discutamos estas cuestiones armónica y conjuntamente cuando sepamos realmente cuál es el resultado final de los debates que están ahora en marcha.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señorías. (Aplausos.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, dos avisos. En primer lugar, no procede el debate del punto 5 del orden del día, correspondiente a la proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios sobre la tutela
de los derechos del niño en las actuaciones judiciales, al haber sido retirada la iniciativa referida.
En segundo lugar, exclusión de un punto y propuesta de modificación del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la
presente sesión del punto 36, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico en las mismas
condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares, y la modificación del orden día en el sentido de debatir el punto 38, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, tras el punto 49, correspondiente al dictamen de Comisión del proyecto de Ley Orgánica de Educación. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión del punto de referencia y la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
-DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 304; a favor, 30; en contra, 274.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 122/000136.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 122/000126.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debatiremos acumuladamente los puntos 2 y 3 del orden del día, que tienen relación con la toma en consideración de proposiciones de ley, en primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la implantación del software libre en la Administración del Estado y, en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, de medidas para la implantación del
software libre en la Administración del Estado. (Rumores.)
Señorías, por favor, si desean ausentarse del hemiciclo háganlo con rapidez y en silencio.
Comenzaremos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tendrá la palabra el señor Herrera, si es posible que guarden ustedes silencio. (Rumores.) Insisto en que, si desean
ausentarse del hemiciclo, lo hagan rápidamente.
Vamos a intentarlo, señor Herrera. Adelante
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Esta no es una proposición de ley nueva, es una proposición de ley que busca simplemente la implantación del software libre en la Administración central del Estado. Nos tenemos que preguntar algo quizás básico, que muchos ya saben pero que
algunos aún desconocen, simplemente qué es el software libre. No es sólo un modelo operativo de programas informáticos libres en cuanto a licencias de uso, distribución y modificación, es algo más, es la libertad de usar el programa con cualquier
propósito, es la libertad de estudiar cómo funciona un programa y adaptarlo a cada una de las necesidades -por ello, por ejemplo, se plantea el libre acceso al código fuente-, pero por encima de todo eso es una exigencia en contra de una práctica
monopolística que existe, que influye en empresas, en la economía e incluso en el normal desarrollo de la Administración.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Herrera, no quería interrumpirle. Señorías, por favor, es imposible que pueda concentrarse en lo que está diciendo el compañero de ustedes que está en la tribuna tratando de
hacer uso de la palabra. Les ruego silencio, por favor.
Adelante y disculpe, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Es sobre todo algo bien sencillo. Todos podemos tener pantallas delante de nosotros en el hemiciclo, pero sin software libre, sin un normal desarrollo de las nuevas tecnologías de forma democrática, las pantallas,
señorías, sirven de bien poco. De hecho, el software libre hace que una sociedad sea más democrática y más participativa. Lo hacemos mediante una ley porque entendemos que es el instrumento utilizado en diferentes Estados; una ley porque ya el
Decreto-ley 2572/1973 -estoy hablando del año 1973- decía que el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la informática y del mantenimiento y arrendamiento de programas debe ser
mediante aquellos que son libres de uso. Lo decía una ley en el año 1973. Lo hacemos por ley también porque existe legislación en el ámbito europeo y en el ámbito mundial.
Entendemos que la ley es el mejor de los instrumentos para que finalmente
se impulse el software libre.
¿Qué supone esto? Supone libre acceso del ciudadano a la información pública, perennidad de los datos públicos y seguridad del Estado y de los ciudadanos. Mientras que en el software propietario, el software que se utiliza aún normalmente
por las administraciones del Estado, se deben pagar licencias y sus programas están sujetos a limitaciones técnicas, en el software libre nos encontramos con que esas limitaciones no existen, hay un mayor grado de fiabilidad y de operatividad y es
mucho más seguro.
Además, el software libre no es algo exótico que solo practiquen unos cuantos expertos o tecnólogos, el software libre no es algo desconocido hoy en día, ya que diariamente multitud de empresas y organismos hacen un uso intensivo
del mismo. Les podría poner ejemplos de multitud de empresas, pero también ejemplos de administraciones como las de Extremadura o Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la de Castilla-La Mancha, el Ministerio de
Administraciones Públicas, universidades, diputaciones, etcétera. ¿Qué es lo que pide nuestro grupo parlamentario? Precisamente que se legisle para que exista responsabilidad de la Administración.
¿Cuál es la cuestión fundamental de esta ley? La cuestión fundamental de esta ley es que modifica la estrategia seguida desde el año 1996 en toda la Administración pública española. En aquel momento, en el año 1996, precisamente cuando el
Partido Popular accedía al poder, se abandonaba la estrategia de los sistemas abiertos para
poder tomar rápidamente el control y desmontar la herencia de un Gobierno que había avanzado en esta materia. Lo que se decidió es que fuesen los directores generales quienes determinasen en cada momento qué era lo que impulsaban. El
resultado es que la dependencia actual es mayor, que se depende más que años atrás, y mucho más que otras administraciones, del software propietario de determinadas multinacionales mayoritariamente norteamericanas. El ritmo de gasto en TIC de la
Administración se ha doblado desde el año 1996 y no todo obedece a prioridades políticas. Gran parte de ese gasto presupuestario obedece a que no ha habido una política a favor del software libre. ¿Qué supone esta ley? Cambiar eso. Hay que
decirlo, esta ley supondría un paso adelante en esta materia. De hecho, desde el propio Ministerio de Administraciones Públicas se está reiterando que es la única forma de reconducir el asunto y de lograr una convergencia real con la Unión Europea.
La pregunta es: ¿lo que vale para el Ministerio de Administraciones Públicas no vale para el conjunto de la Administración central del Estado?
¿Qué pedimos? Pedimos lo que dice Naciones Unidas, pedimos lo que hoy están diciendo diferentes directivas de la Unión Europea. ¿Qué es lo que solicitamos? Lo que dice la Convención Europea de Patentes, firmada por España. Desde
Hispalinux -auténticos promotores de esta iniciativa- se dice: El software libre ofrece acceso al código fuente, reportando un alto grado de independencia tecnológica para el país, dejando el dinero dentro de sus fronteras y convirtiéndolo así en
un motor de riqueza. La conclusión es clarísima: hoy una compañía no puede decidir el futuro tecnológico de España ni de Europa ni de las diferentes comunidades autónomas. El software libre permite tener un tejido industrial propio y no
dependiente. ¿Y quién debe liderar su implementación y su desarrollo? Nosotros lo decimos de forma muy clara, lo debe hacer el conjunto de las administraciones. Las experiencias existen -antes les ponía los casos-, experiencias también legales en
Italia, en Bélgica y en Polonia. El argumento de que el marco legal no es el apropiado para algunos países no ha valido. También es el caso de Perú o el caso de Brasil. Además, existen experiencias exitosas en Alemania y en Francia. Intel y
Novel han aplaudido las iniciativas del Gobierno brasileño y hoy en Extremadura se ahorran 30 millones por la implantación del Linux en sus colegios, en la Junta de Andalucía se han ahorrado 150 millones con el Guadalinex y el Libro Blanco del
software libre ha llegado a criticar incluso la división de software entre las comunidades autónomas. Más allá de lo acertado o no de la crítica, lo cierto es que falta una acción decidida de la Administración central del Estado.
¿Por qué lo queremos hacer? Por economía. Imagínense ustedes, cuando queremos desarrollar el acceso a las nuevas tecnologías, el coste que supone un ordenador personal que tienen ustedes en casa -500 ó 1.000 euros para dotarlo de todo el
software- comparado con el coste del sofware libre. Es una sangría a cambio de algo que tenemos gratis con las mismas o incluso superiores prestaciones. Hay razones de seguridad porque de todos es conocido que en el software propietario existen
puertas traseras por las que colarse en los sistemas. De esta manera, Microsoft, por ejemplo, puede disponer de la puerta trasera de multitud de usuarios, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio del Interior o del de Defensa.
¿Por qué no ha de ser razonable que nos obliguemos a una ley -ya la mejoraremos- para dotarnos de software libre también por motivos de seguridad? A las razones de la economía y de la seguridad se suma el carácter plurilingüe del Estado; lo que
esta claro es que el software libre no es una oportunidad, sino una obligación para un Estado que es plurilingüe y lo que esta proposición hace es que se implante el software necesario para la realidad plurilingüe de nuestro Estado.
También por
democracia. El Estado debe garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de sus datos velando por su integridad, confidencialidad y por su accesibilidad a lo largo del tiempo. Esos aspectos los garantiza el software libre, no el software
propietario.
Por todos estos elementos creemos que la proposición debería ser aprobada, pero si estos argumentos no son lo suficientemente sólidos, quizás deberíamos ir a los antecedentes. De hecho, no es la primera vez que se discute una proposición de
ley de estas características. En el año 2002, en la legislatura pasada, Joan Puigcercós defendió una proposición de ley que finalmente fue rechazada por el Congreso de los Diputados. Los argumentos fueron variados. El Partido Popular dijo que no
era oportuno porque no era lo más apropiado. Convergència i Unió se abstuvo con el argumento de que la proposición en sí invadía competencias autonómicas, pero esta proposición de ley no las invade. Cuando la gente de Hispalinux hace más de un año
se dirigía a los miembros que firmamos aquella proposición de ley, tanto a Esquerra como a Iniciativa e Izquierda Verde, nos decían que iban a corregir estos elementos. Si se fijan, aquellos elementos que ustedes criticaron en 2002 ya no están,
esta proposición no invade competencias. Finalmente, la señora Pleguezuelos, portavoz socialista, decía que sería importante que esa proposición de ley fuese aprobada por el Grupo Popular porque abría un debate oportuno.
La pregunta es, si a los argumentos de seguridad, economía y más democracia y de que la ley es el mejor instrumento porque lo utilizan en diferentes Estados de la Unión Europea, se suma el argumento del precedente, que el Grupo Socialista
votó que sí, ¿cuál es el auténtico argumento hoy para que esta ley no pueda prosperar? Nuestro grupo parlamentario no lo encuentra. No solo no lo encuentra nuestro grupo parlamentario, desde Hispalinux, cuando nos trasladaron esta proposición, nos
decían que había condiciones objetivas para que España, el Gobierno español se situase en el liderazgo en el ámbito europeo desarrollando una ley como ésta y consiguiendo por ley que lo que tengamos en la Administración central del Estado sea un
software libre apropiado
a nuestras necesidades, a nuestra realidad. La aprobación o no de esta proposición de ley es una de aquellas muestras en las que se ve si hay o no mayoría de izquierdas, es más, si hay o no voluntad de hacer políticas de acuerdo con lo que
la mayoría de izquierdas exige.
Esta es una proposición de ley que apuesta por el principio de lo público también en la informática y, además, con los instrumentos adecuados. Como les decía, la ley se puede mejorar, podemos hacer disposiciones transitorias, pero la ley es
el instrumento adecuado para que la Administración central del Estado se ponga a la altura de las circunstancias. Esta es una ley, y lo digo claro, para recuperar poder de los ciudadanos -cedido, prestado, otorgado a aquellos que detentan
monopolios-, es una ley donde se ve claramente, en este caso en el terreno del software, dónde están los poderosos y con quién nos acabamos alineando, si con los que realmente tienen ese poder o con aquellos que aspiramos a que el poder esté en la
ciudadanía; es una ley que nos sitúa a la altura de los Estados de todo el mundo -porque existen Estados en el ámbito europeo, pero también en el ámbito global, y se ha puesto el caso de Brasil- en los que se apuesta definitivamente por un uso
libre de las tecnologías; en definitiva, es una ley que sirve para hacernos un poco más libres, para hacer que la democracia en su relación con las nuevas tecnologías tenga pilares mucho más sólidos. La cuestión es si nos quedamos mirando cómo
todos los países aprovechan el hecho de conocer los algoritmos y las fórmulas de cómo funciona nuestra civilización o nos adelantamos y nos ponemos a la cabeza para tratar de explotar este hecho y así mejorar nuestra competitividad, nuestra
productividad y, lo que es más importante, nuestra democracia.
De aquí a bien poco va a tener lugar la III Conferencia internacional sobre software libre en Málaga, del 15 al 17 de febrero. La pregunta es: ¿Cómo quiere abordar el Congreso de los Diputados lo que es un reto de la sociedad civil, que lo
ha asumido clarísimamente apostando por el software libre? Nosotros entendemos que lo debe de abordar como los mejores Estados de la Unión Europea y del mundo, desarrollando una ley.
La ley se puede mejorar, la ley -que ahora sí es respetuosa
plenamente con las competencias autonómicas- es una oportunidad. No hagan de una oportunidad, señores diputados, señoras diputadas, una frustración, hagan que tengamos instrumentos para ser más libres también en el acceso a las nuevas tecnologías.
Como les decía, más democracia no consiste solo en tener más pantallas -pantallas de ordenador en el hemiciclo o en cualquier otro sitio-, sino en acceder a nuevas tecnologías libres, accesibles para todo el mundo, que se desarrollen con altruismo,
con libertad y que profundicen en nuestro modelo de sociedad democrática.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Continuamos con el siguiente turno a favor de esta proposición de ley. En nombre Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, presenta hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana esta proposición de ley, como ya lo hizo en la pasada legislatura el diputado Joan Puigcercós y como también lo ha hecho el Grupo de Izquierda Verde,
relativa a la implantación del software libre en la Administración del Estado. Lo hacemos porque creemos que es necesario aprovechar la oportunidad que nos ofrece el fenómeno del software libre y, más ampliamente, el conocimiento libre y todos los
beneficios que esto reporte, especialmente su uso y fomento por las administraciones públicas. A nuestro entender, la Administración del Estado no puede mantenerse al margen, no debería mantener una actitud pasiva y no aprovechar las ventajas
tecnológicas que nos ha puesto al alcance la implantación del software libre. No tener una posición activa en este sentido iría en detrimento del desarrollo tecnológico y de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías. Es necesario
recordar hoy que las instituciones internacionales hace mucho tiempo que vienen recomendando el fomento y el uso del software libre por parte de las administraciones públicas. En este sentido, la ONU ya advertía en 2002, en su informe sobre la
brecha digital, que sin una política clara sobre la adopción del software libre por parte de los Estados surgiría una eminente exclusión de amplios sectores sociales y económicos, incluso de países enteros. Señoras y señores diputados, la
implantación del software libre ha dejado de ser una reclamación simpática de unos cuantos expertos y ya son varios los organismos estatales que hacen un uso intensivo del mismo en su funcionamiento diario: la Junta de Andalucía, la Junta de
Extremadura, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid o la de Castilla-La Mancha. También el Govern de la Generalitat de Catalunya está trabajando en varias iniciativas en este sentido. Muchas otras administraciones públicas, como las
universidades, diputaciones o ayuntamientos, trabajan ya en este sentido. El mismo Ministerio de Administraciones Públicas, como recordaba el señor Herrera, ha reiterado en varias ocasiones que esta es la única forma de reconstruir el asunto y
hacer una convergencia real que necesitamos, tomando como base la experiencia propia en esta materia. Sería, pues, incomprensible, una verdadera lástima -créanme, señoras y señores diputados- que la Administración del Estado se quedara fuera de
esta implantación.
También quiero señalarles que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó en el Parlament de Catalunya una proposición en este sentido, proposición que los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya votaron
favorablemente. En la defensa que hizo la diputada Teresa Serra de este voto afirmativo explicaba lo
que supondría desde el punto de vista económico y también del social la implantación del software libre en la Administración catalana. Y es que desde que fue fundado el proyecto GNU, que marcaba indiscutiblemente el inicio del movimiento de
software libre, son múltiples las ventajas económicas, estratégicas y sociales que este tipo de software ha ido promocionando. Entre estas numerosas ventajas quiero destacar en primer lugar la que representaría para el fomento de las lenguas
oficiales del Estado minoritarias, como pueden ser el catalán, el euskera o el gallego.
Con la implantación del software libre, al contrario de lo que sucede con el software de licencia propietaria, con el que las empresas propietarias tienen los
derechos de traducción, la libertad de la que dispondría la Administración para la traducción o adaptación de cualquier software a todas las lenguas oficiales del Estado sería muy grande. En este sentido, quiero recordarles que el pasado año,
concretamente el día 24 de noviembre, aprobamos en esta Cámara, en la Comisión de Industria, una proposición no de ley que presentaba el Grupo de Esquerra Republicana, y que se aprobó con el voto afirmativo de casi todos los grupos de la Cámara -el
Partido Popular, como es habitual, se abstuvo-, relativa el fomento de los mecanismos que posibilitaran la adecuación, la adaptación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías a favor de la normalización y difusión de la lengua catalana,
proposición no de ley que, como les recordaba, presentó nuestro grupo parlamentario. La finalidad de utilizar aplicaciones propias o utilizar varias aplicaciones linguísticas, debido a que una vez que se genera un nuevo recurso lingüístico queda a
disposición de todos, pudiendo ser utilizado en futuras aplicaciones, podría ayudar a conseguir los objetivos que nos marcábamos en esta proposición no de ley a la que hacía referencia, y, cómo no, ayudaría mucho al fomento de todas las lenguas
oficiales del Estado, fomento que a mi entender debería contar con la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Creo que es de justicia agradecer hoy la labor que han llevado a cabo entidades como Soft Catalá o usuarios
individuales para que se mantengan programarios libres traducidos al catalán. Otra de las ventajas incuestionables que nos proporciona la implantación del software libre es la optimización de la inversión. Si la inversión del software propietario
solo beneficia a la empresa productora del programa, debido a que gran parte de la inversión recae en el costo de la licencia, con la utilización del software libre la inversión que debería hacer la Administración es mínima ya que los programas son
gratuitos o tienen un coste mínimo. No me negarán, señoras y señores diputados, que esta sería una buena manera de ahorrar recursos públicos a la Administración del Estado. Y es que el ritmo de gasto que se ha ocasionado en TIC por parte de la
Administración se ha ido doblando cada dos años desde 1996. Aprobar esta ley supondría que en dos años se podría reducir casi un 40 por ciento de este gasto. El ahorro directo que se ha calculado a las arcas del Estado con la aplicación de esta
ley está estimado en unos 3.000 millones de euros en los próximos dos años, algo que puede hacer cuadrar las cuentas del Estado y que puede significar, por ejemplo, la definitiva tecnificación de la educación o la sanidad, para dar algún ejemplo, y
que estas tecnificaciones podían ser cada vez más eficaces.
Desde nuestro grupo parlamentario también creemos que la aplicación del software libre potenciaría el fomento de la innovación tecnológica. La disponibilidad de un código de fuentes de aplicación permitiría que cualquier técnico, cualquier
empresa estatal pudiera introducir mejoras y no sería necesario encargar estas mejoras a empresas de otros países que trabajan con sistemas propietarios. Qué duda cabe que esto contribuiría de forma decisiva a la formación de profesionales de
nuevas tecnologías y al desarrollo total de nuestros propios planes estratégicos. Se calcula que el impulso tecnológico que se le da a la industria tecnológica local puede suponer una mejora de hasta un 80 por ciento de su competitividad, con lo
que esto supone para el resto de sectores productivos. Se podría conseguir, además, un fuerte impulso que supondría tener una gran infraestructura tecnológica sin apenas costes para el sector privado, liberando Bang con licencia pública general
todos esos desarrollos, pagados también, cómo no, con impuestos de todos los ciudadanos del Estado. Los beneficios que el software libre aporta a un Estado es algo que no puede compararse a lo que se consigue usando, revendiendo o más bien
realquilando tecnología no propia, como lo hemos hecho en el Estado español los últimos 30 años. En definitiva, señoras y señores diputados, que se ponga a disposición de los ciudadanos o empresas aquel software que ha sido pagado por todos
incrementaría la competitividad de nuestro sector productivo y colateralmente haría más fuerte nuestro sector de las nuevas tecnologías de la información, mejorando la capacidad tecnológica y el estímulo de la investigación, el desarrollo y la
innovación. Les recuerdo, señores diputados del Partido Socialista, que este es un compromiso que ha asumido el Gobierno socialista para esta legislatura.
Han sido muchas veces las que hemos oído del ministro de Industria y del presidente del
Gobierno que es condición sine qua non apostar por el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en esta legislatura.
También sería una buena noticia la independencia del proveedor. Sería una gran ventaja porque aprovechar esta ley con el software libre no está supeditado a las condiciones de mercado del proveedor. Los proveedores de software libre
propietarios se ven obligados demasiadas veces a dejar de fabricar un producto por un cambio drástico de las condiciones de mercado o simplemente porque ya no pueden rentabilizar la inversión. Con la disponibilidad que ofrece la tenencia de código
de fuente, el usuario, por el contrario, puede continuar introduciendo mejoras técnicas en el programa. Y es falso que el software libre, señoras y señores diputados, por su naturaleza sea más inestable, más bien al contrario. El software libre
puede seguir siendo utilizado perfectamente
después de haber desaparecido la empresa o el grupo de usuarios que lo han logrado en su origen, y cualquier institución, cualquier técnico o cualquier persona puede desarrollar, usar o incluso mejorar cualquier aplicación de software libre.
Señoras y señores diputados, esta ley garantiza también, como comentaba el señor Herrera, derechos civiles de los ciudadanos en varios aspectos, como la seguridad y la privacidad. Que los sistemas de almacenamiento o de recuperación de
información sean públicos garantiza que cualquier persona pueda ver y entender cómo se almacenan los datos al no estar ligados a sistemas cerrados como los que nos ofrecen los software de licencia propietaria. Además, en el software con licencia
propietaria nunca tendremos la seguridad de que los programas originales no introdujeran lo que se viene denominando puertas traseras que pongan en peligro la seguridad del sistema y la privacidad de los datos.
En resumen, señoras y señores diputados, nuestro grupo entiende que la tramitación de esta ley es una gran oportunidad, y lo es porque cuando un Estado tiene unas buenas infraestructuras públicas el sector privado es el primero en
beneficiarse ya que aumenta su competitividad; porque cuando un Estado no está sujeto como cliente cautivo a los proveedores tiene una mayor capacidad de flexibilidad del gasto y puede focalizarlo en lo que este Gobierno entienda como prioritario
en cada momento, y también lo es porque cuando el software es completamente transparente para el Estado y este tiene capacidad legal para usarlo, copiarlo, modificarlo o distribuirlo sin trabas, una eventual respuesta de seguridad nacional tiene
muchas más posibilidades de ser efectiva que cuando el software es propiedad de una empresa privada, y con lo que les interesa a ustedes la seguridad nacional creo que este sería un buen argumento para votar a favor.
Esta proposición no de ley -también lo decía el señor Herrera- es además una gran oportunidad para que los partidos de izquierdas hagamos políticas de izquierdas. Estamos en una legislatura en la que manda un Gobierno socialista, un
Gobierno de izquierdas, apoyado parlamentariamente por partidos de izquierdas, y en la que podemos encarar políticas como esta, es decir, políticas de izquierdas, de socialización o de democratización de las nuevas tecnologías. Es comprensible que
el anterior Gobierno echara al traste todo lo que se había avanzado en temas de software libre, pero no lo es que ahora el Grupo Socialista no pueda tramitar una ley en beneficio del software libre. Podríamos entender que en la tramitación
parlamentaria de esta ley incorporaran todas las condiciones que la portavoz socialista nos explicará después a la hora de defender su voto afirmativo; podríamos intentar pactar una ley incorporando todas las enmiendas que el Grupo Socialista
entendiera, pero lo que no puedo entender es que hoy no se lleve a trámite o no se vote favorablemente la tramitación de una ley que pueda impulsar el software libre. Como comentaba el señor Herrera, Hispalinux, una de las asociaciones que más ha
trabajado en beneficio del software libre, una asociación de izquierdas que entendía que este cambio de Gobierno podía beneficiar políticas de izquierdas y que tenía una gran aspiración en este sentido con el Gobierno socialista, no va a entender
que el Grupo Socialista no pueda considerar una ley como esta. Señoras y señores diputados, no entendemos que hoy no podamos tramitar esta ley.
Hubiéramos ofrecido cualquier pacto al Grupo Socialista para que en la tramitación parlamentaria
pudiéramos empezar a trabajar desde la Administración del Estado, como muchos Estados en el ámbito mundial han promovido o como también muchas administraciones autonómicas, ayuntamientos y diputaciones lo han hecho, y entendemos que con esto se
pierde una gran oportunidad.
Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señores diputados. Salut y software libre.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.
¿Algún grupo parlamentario, señorías, desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones del resto de grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Mixto, con el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a votar a favor de estas proposiciones fundamentalmente porque cuando el señor Zapatero tomó posesión de la Presidencia del Gobierno le recordamos que íbamos a apoyar el software libre. Lo hicimos exactamente el 16 de abril
de 2004, y cuando ahora vemos que Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Els Verds sacan esto adelante, lo apoyaremos rotundamente. En aquel momento nos quedamos asombrados de la reacción positiva de cientos de jóvenes que se apuntaban al
software libre porque los otros software son excesivamente caros, y por eso lo vamos a apoyar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar las dos proposiciones de ley que se presentan hoy, y lo quiere hacer recordando que en el principio de la informática y de la programación, allá por los años sesenta, los programas eran libres y
cualquier persona tenía acceso al código fuente.
Sin embargo, en los últimos 20 años las empresas de software cerraron esta posibilidad. Se valieron, señorías, de todas las herramientas a su alcance, copyright, patentes, etcétera, para proteger la
propiedad intelectual de sus programas informáticos, con el único fin de impedir que un posible competidor hiciese un producto semejante; también recurrieron a las licencias que
limitan normalmente las condiciones de uso del programa a un solo ordenador. En el contexto actual de concentración del poder económico y empresarial, las empresas de software actúan como monopolios de hecho, alcanzando cotas de uso de sus
programas de un 95 por ciento de los ordenadores de todo el mundo. Lo están haciendo imponiendo estándares no consensuados por la industria del software, fruto de una táctica empresarial basada en la publicidad agresiva, en la revolución incesante
de nuevas versiones, etcétera, una espiral sin fin impuesta por la dinámica de lo que es una de las características del capitalismo, que es el negocio a cualquier precio. Frente a esto, la antítesis, como ya dijeron los dos proponentes, es el
software libre, que tiene un marcado carácter social de cooperación, de transparencia, permite la copia, distribución, instalación y modificación de programas. Pero tiene otras ventajas que para el Bloque Nacionalista Galego son sustanciales y que
conviene remarcar. En primer lugar, el software libre es gratis o de bajo coste, ya que no tiene coste por licencia. Este aspecto es de vital importancia para las economías de países empobrecidos o en vías de desarrollo; desde luego está claro
que ahorrarían los costes de licencias y programas que hoy van a engordar las empresas transnacionales, dineros que podrían ser invertidos en empresas de software local. Pero es interesante también -y este es el caso que nos ocupa- para las
administraciones públicas, incluso de países desarrollados, que deberían impulsar el ahorro y el consumo razonable de tecnologías. Este es uno de los motivos fundamentales de nuestro apoyo a estas iniciativas. Por lo demás, el acceso al código
fuente de los programas favorece el intercambio de información y, por extensión, la innovación tecnológica en el ámbito local, que podrían desarrollar software libre, contribuyendo a la formación de profesionales en el campo de nuevas tecnologías y
al desarrollo de planes estratégicos propios. Y como ya se señala en los artículos 2 y 3 de las proposiciones de ley, el software libre presenta claras ventajas para las lenguas llamadas minoritarias, en particular en el caso del gallego, del
catalán y del euskera, lenguas claramente discriminadas, unas más que otras, por el software propietario, ya que cualquier particular, institución o empresa, al tener acceso al código fuente, puede traducirlo. Por último -ya fue remarcado pero es
especialmente importante para nosotros-, hay que tener en cuenta la seguridad y la privacidad, ya que al estar revisado el código por miles de programadores resulta casi imposible que alguien escriba, desde luego el código espía, con el fin de
obtener datos personales o tener acceso remoto a nuestro sistema. No podemos olvidar que con el software propietario no sabemos exactamente lo que hace nuestro ordenador cuando procesa un programa bajo licencia, ya que es sabido que algunas
empresas de software propietario colaboran con agencias gubernamentales para obtener datos privados de transacciones informáticas de los usuarios en el ámbito planetario.
Resumiendo, las proposiciones de ley significan una opción por el ahorro, la autonomía, la independencia, el pluralismo, el desarrollo tecnológico original y, en definitiva, por una concepción de la democracia merecedora de tal nombre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, mi grupo se va a posicionar en contra de la toma en consideración de estas proposiciones de ley, y lo va a hacer sobre la base de una serie de consideraciones que paso a exponerles
brevemente.
Permítanme hacerlo, para mayor claridad de nuestro posicionamiento, dándoles a entender lo que no significa nuestro voto negativo. En primer lugar, para nosotros no cuenta la opinión y actitud que tenemos sobre el software libre.
Entendemos que hoy ante todo y sobre todo ese es un debate entre especialistas -no de este entorno, sino otro tipo de especialistas- y también un debate entre estrategias comerciales. En la misma medida en que es un debate entre especialistas,
entendemos que este no es un debate cerrado o resuelto, por mucho que a algunos legítimamente les pueda parecer que sí. Asimismo entendemos que hoy este tema es también objeto de muchos equívocos. Por ejemplo, software libre no es software
gratuito; software libre no es equivalente a códigos de fuente abierta; software libre ni de lejos se parece en algo a estándares abiertos de interoperabilidad. Pues bien, a mi entender, las proposiciones que ustedes presentan están llenas de una
mezcla de todas estas confusiones. A nuestro juicio, no es este el foro ni este el instrumento para aclarar este debate, que es relativamente complicado.
Como decía, este es también un debate entre estrategias comerciales, y a esta cuestión me referiré posteriormente cuando diga por qué definimos en los términos positivos en los que lo hacemos nuestro voto negativo. Por tanto, que nadie
confunda nuestro voto no ya con una opinión contraria al software libre, ni siquiera neutra, distante, aséptica y alejada de todo compromiso para el desarrollo del mismo, y mucho menos con una actitud distante o contraria hacia los códigos de fuente
abierta o sobre la conveniencia de que todos los formatos interface y protocolos de interoperabilidad de la Administración con entidades privadas y con los ciudadanos se realicen con estándares de derechos libres de patentes y pago de royalties, y
he leído el artículo 4 de su proposición de ley y tengo que decir que si lo descontextualizamos es perfecto, no hay nada que objetar al mismo. Grandes líderes de opinión en este tema, como el grupo Gardner, han dicho que una de las grandes
tendencias que hoy en día se dan en este mundo es que vamos hacia software de código de fuente abierta. Si ustedes han leído el informe -o algún resumen del mismo- que el Grupo Gardner publicó en el año 2005 habrán visto que esta es una de las
cinco grandes tendencias. El informe dice: Los software
de código de fuente abierta constituyen un catalizador que reestructurará la industria dando origen a software de mejor calidad a coste inferior; no quebrará las estrategias de los gigantes de la industria -y cita a IBM y Microsoft-, pero
revolucionarán los mercados de los software transfiriendo los flujos de ingresos de las licencias hacia los servicios y los soportes. Por tanto, de gratuidad, nada de nada.
Por otra parte, nosotros tampoco valoramos si esta proposición de ley es más o menos constitucional o inconstitucional o si está de acuerdo o no con las grandes directrices europeas de mercado libre. Se podría entrar en ese tema, pero en el
fondo es la misma discusión o una discusión análoga a la que yo señalaba sobre los aspectos técnicos del software libre. Hay razones para opinar que algunos de los artículos de este proyecto de ley serían inconstitucionales, pero no seré yo quien
diga que lo son, que también tienen otro tipo de aplicaciones. No entramos, pues, ni en el debate técnico sobre el software libre ni en el debate técnico sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Cuáles son, entonces, las razones de
fondo por las que mi grupo se opone a la toma en consideración de esta proposición de ley, porque prácticamente es una única la que debatimos, aunque presentada por dos grupos? Básicamente, a modo de resumen y en aras de la necesaria brevedad, una
razón: nuestra profunda disconformidad con lo que entendemos que constituye la columna vertebral de esta proposición de ley, que es la concepción de la sociedad, de cómo se estructura, de cómo funciona, de cómo se desarrolla y del papel de la
Administración en esa sociedad, de cómo la Administración debe intervenir en una sociedad en orden a su estructuración, en orden a su funcionamiento y en orden a su desarrollo.
Porque el software es todo un mundo, no es solo un mercado, y la
Administración debe tener unos criterios de intervención en ese mundo.
Vamos a imaginar que todo el mundo esté de acuerdo con todas las argumentaciones esgrimidas por ustedes en la exposición de motivos, incluso con las razones que hoy nos han
expuesto unos y otros para demandar el voto a favor de esta proposición de ley; que, efectivamente, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Les diré, de paso, que no todo el mundo coincide en esto y que mi grupo, puestos a discutir -que no es
objeto de discusión aquí y ahora-, como mínimo, tendría muchísimos matices que hacer. Pero vamos a suponer que estamos todos de acuerdo. ¿Y de ahí que se concluye? Porque podría concluirse que dejen ustedes estar las cosas como están, que están
bien, porque ya van avanzando en la buena dirección. Sin embargo, ¿por qué ustedes concluyen lo que concluyen? ¿Y qué es lo que concluyen? Un análisis de su propuesta nos llevaría a hablar de varios detalles, pero lo voy a centrar en el artículo
8, que dice: El software, documentación o conocimiento cuya creación ha sido sufragada total o parcialmente con dinero público será patrimonio del Estado, y como tal...sigue. ¿Qué significa esto? ¿Quién de los que aquí está ha adquirido un
conocimiento sin que, de alguna forma, ese conocimiento haya sido sufragado parcialmente por el Estado? ¿Qué pasa, que ese conocimiento, y el de todas las empresas, es patrimonio del Estado? Eso es lo que ustedes afirman en el artículo 8, esa es
la concepción de la sociedad que mi grupo no comparte. Cabría hablar de más artículos, insisto, pero por falta de tiempo no lo haré.
La pasada semana comentaba yo esta proposición de ley con un responsable de los temas y planteamientos informáticos en una institución importante del País Vasco; un responsable que además en el día a día está trabajando para la introducción
progresiva del software libre en determinadas áreas y funciones de esa institución, un comprometido por el software libre.
¿Sabe cuál fue su reacción cuando le leí su texto? Pues se llevó las manos a la cabeza, no por la exposición de motivos,
sino por los artículos. Y ahí decidí mi voto contrario. Nada ganaríamos con la entrada en vigor de este proyecto de ley a favor del software libre. El resultado sería, como también me manifestaban unos empresarios, que entrarían ustedes algo así
como un elefante en una cacharrería, y un elefante en una cacharrería no produce ningún nuevo mundo, lo que hace es destruir todos los cacharros que están ahí. De forma que mi voto, el voto de mi grupo, contrario a la toma en consideración de esta
proposición de ley, significa ese llevarse las manos a la cabeza porque muy buenas intenciones, pero muy mal camino para llegar a ningún sitio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y tiene para ello la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el señor Herrera recordaba que hace dos años nuestro grupo se abstuvo ante una proposición de ley muy parecida. No se ha dicho el motivo por el cual nos abstuvimos,
que en aquel momento era curioso que una proposición de ley, defendida muy bien por el señor Puigcercós, atentaba claramente contra las competencias y ayudábamos a construir una ley que ordenaba cómo debía gestionar la Generalitat sus contratos,
etcétera. Esto está arreglado, pero el fondo de nuestra intervención hace dos años se mantiene en un doble sentido. Primero, no vamos a apoyar esta ley y, segundo, apoyamos el software libre sin fanatismo. Cuando digo sin fanatismo es porque el
Grupo de Convergència i Unió defiende dos cosas: la libre competencia, fomentar la competitividad y la competencia, por tanto el software libre se ha de potenciar y está muy bien que se potencie. En dos años, señor Herrera, señor Ramón, han pasado
muchas cosas en la sociedad de la información, en el mundo de la informática, en el mundo del software. Ustedes hablaban de los antecedentes, que son muy parecidos a los de hace dos años. Decían: el 70 por ciento de internet está hecho en
software libre. Microsoft
era donde íbamos todos o ibais, y se decía que no puede ser que todo dependa de Microsoft. Microsoft está preocupadísimo porque el Google está creando grandes problemas. Las cosas han cambiado de septiembre del 2002 a diciembre de 2005,
han pasado cosas y positivas. El software libre ha crecido, es más competitivo. ¿Qué quiere decir más competitivo? Más eficaz. El software libre, lo decía antes el señor Beloki, era para expertos, pero no ahora; yo personalmente no lo soy
aunque he intentado documentarme. La utilización del software libre era para expertos y se necesitaba un buen informático al lado permanentemente. Esto cada vez ocurre menos y está muy bien, y la filosofía del titular de la proposición de ley de
que hay que poner medidas de impulso para el software libre o el software alternativo es muy positivo y estamos al cien por cien de acuerdo; lo estaba el señor Jané hace dos años y hoy el señor Vilajoana. El Gobierno central, la Administración
General del Estado, y los autonómicos están haciendo esfuerzos para potenciar el software libre, es decir para potenciar un mundo más competitivo en el terreno de los programas informáticos. Bienvenido sea.En cualquier caso, el criterio que ha de
tener la Administración como el que aplica el ciudadano es elegir en función de la eficacia, y esto no es malo. La Administración ha de tener claro que ha de escoger y tomar decisiones cuando toque -la Administración lo hace cada vez más- y donde
es fácil.
En este mismo Congreso estamos en un plan de modernización en el que partes de este proceso se van a hacer por software libre y partes no. Me parece bien que todos conjuntamente tomemos esta decisión, porque el criterio ha de ser la
eficacia, la capacidad, la respuesta y dar soluciones al usuario final y el servicio por el cual está planteado el tema. Esto es un poco el criterio que tiene el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, es decir libertad de elegir por
parte del usuario. Hay otra cosa importante que se ha dicho aquí, que la Administración ha de introducir los sistemas para que el ciudadano o ciudadana se pueda comunicar con la Administración en el sistema que él elija. Por tanto, le ha de dar
respuesta en sistemas en los que el ciudadano se pueda comunicar; los sistemas más eficaces, más útiles, con más capacidad. Segunda cuestión. Hay un tema de coherencia ¿Que ocurriría si aprobamos esta ley? Que sería una gran dificultad a la hora
de implementarla, y haríamos los típicos brindis al sol -a veces hacemos-, con lo que nos quedamos muy tranquilos, todos somos muy progres, pero finalmente no se lleva a cabo. Voy a poner un ejemplo de nuestra casa, Cataluña, donde como decía el
señor diputado se aprobó una proposición de ley de estas características. ¿Qué ocurre de verdad? Que cuando hay una convocatoria para plazas de la Administración de la Generalitat de Cataluña lo que se pone como elemento mínimo para acceder es:
dominio de Microsoft, Office XP, porque este es el sistema operativo. A los que ahora convocamos, el día 8 de noviembre de 2005, se les pide como elemento de base dominar esto, pero no dominar su utilización, sino que, como se presenta mucha gente
y no hay ordenadores para todos en la fase previa, deben dominar de memoria este sistema, sabiendo de memoria la barra, cómo funciona... Estoy hablando de noviembre de 2005. Es muy complicado todo esto. Vamos a hacerlo progresivamente.
Más cosas. El Ministerio de Industria de este Gobierno socialista ha puesto en marcha un plan de convergencia con Europa en la sociedad de la información, plan que yo diría que está correcto. ¿En qué sentido? Tiene muchas medidas, en
muchos sectores, en sectores muy amplios, marcando objetivos temporales y controles de estos objetivos, conseguidos o no. El software libre está en este programa, es allí donde hemos de hablar de software libre, y hemos de ver cómo evolucionamos,
cómo avanzamos, no podemos hacer leyes a medida para hacer cosas concretas que, repito, a la larga no funcionan, no son operativas y no se aplican. Por todo esto, repito, nosotros somos partidarios de potenciar la competitividad, de que la
innovación en el sector de la informática y en el sector del software sea potente; es necesario invertir, creemos en los creadores que hay en nuestro país que son capaces de innovar en estas técnicas, se les ha de apoyar, y este apoyo ha de dar
lugar a programas más eficaces, más potentes, que sean capaces de competir y a que tengamos en general unos sistemas más operativos y mejores.
Un apunte. Hay un aspecto que no puedo dejar de comentar, que es el tema lingüístico. Se decía en los antecedentes -lo decía el señor Puigcercós hace dos años; he leído su intervención- que era cierto que la Generalitat de Cataluña luchó
mucho para que el catalán estuviera presente en los programas informáticos, y en aquella época costaba mucho dinero porque había que rehacer todo el programa. Incluso Microsoft, en la línea del software libre, cambió, y en estos momentos -yo diría
que esto es muy positivo-, cuando se lanza al mercado, no de software libre, un nuevo sistema operativo, sale prácticamente en todas las lenguas porque han cambiado el sistema operativo y es mucho más fácil lanzar un producto de Microsoft o de
cualquier elemento a un coste muy bajo; y ahora se encuentra el sistema operativo en catalán prácticamente al mismo tiempo que en inglés o que en otras lenguas. Esto también ha cambiado en estos años positivamente. En cualquier caso es evidente
que cualquier aportación que mejore el carácter plurilingüe del Estado español, también en el sistema informático, es una gran aportación y nos parece muy positiva. Ha de haber otros sitios en los que hay que potenciar estos factores que se quiere
potenciar, porque ahí no llegaríamos a ninguna parte.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Vilajoana, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información a lo largo de los últimos años se ha podido mejorar mucho la productividad y la competitividad de nuestra economía, la estructura empresarial y la Administración, generando
niveles de bienestar antes nunca conocidos. Por todos estos motivos las iniciativas que hoy debatimos en este Pleno de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida nos parecen un auténtico disparate. Por este motivo sin duda obligan a la
Administración a contratar únicamente software libre en sistemas operativos y en sistemas aplicativos, es decir, cercenan en las cuatro líneas de esta iniciativa política y de un plumazo la libertad y la neutralidad a la hora de elegir entre los
distintos modelos de software, apostando de nuevo por un sistema planificador, regulador, limitador, discriminador y encorsetante, que sin duda es lugar común en su forma de entender la sociedad. No, señorías, los gobiernos y los parlamentos no
deben regular para crear alternativas que ya existen en este momento y que cualquiera puede usar. Los gobiernos y los parlamentos no están para coartar la libertad y hacer dirigismo tecnológico; los gobiernos y los parlamentos deben fomentar la
competencia de todos los tipos de software estimulando la innovación y evitando intervenir con requisitos de adquisición que discriminen y que limiten la libertad. Solo mentes intensamente permeables al dogmatismo pueden presentar una iniciativa
que excluye ciertos modelos de software en los procesos de contratación pública sin atender a los criterios puramente objetivos y sin importarles las consecuencias negativas de esta medida en contribuyentes, en empresas locales que muchas veces
viven precisamente de venderles software a Administración, a la propia Administración a la que obligan a que asuma unos riesgos innecesarios por ley, presuponiendo de una forma absolutamente injustificada que de esta manera descriptiva estén
acertando en su elección y generando unos costes de migración y formación enormemente altos. Tendría consecuencias también en la innovación, consecuencias en las inversiones o en los costes de migración también para las empresas porque el 80 por
ciento de las mismas tienen hoy en día un sistema operativo patentado que necesita conectarse con la Administración, y los desarrollos y el mantenimiento, como ustedes saben, del software libre también precisan de muchas personas y de muchos
esfuerzos.
Señorías, estas iniciativas de ley no existen en ningún país de Europa, ni en el Reino Unido, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en Italia, y en los únicos países donde se han presentado, en Francia y en Bélgica, han sido
rechazadas por su dudosa constitucionalidad. Si, señorías, estas iniciativas no se ajustan, ni al ordenamiento jurídico español ni al de la Unión Europea y vulneran los principios de la contratación pública, la libre circulación de mercancías, la
propiedad privada, la libre prestación de servicios, la libertad de empresa, el principio de igualdad y no de discriminación, la creación científica y técnica y la prohibición de la arbitrariedad en los poderes públicos y la protección de la
propiedad intelectual. No pueden ustedes, señorías, prohibir con una solución informática, con una solución de software porque sí, porque a ustedes no les guste. No pueden ustedes obligar, que es lo que hace esta iniciativa, a usar el que ustedes
digan porque no pueden cercenar el libre impulso de la demanda para meter un único sistema, con calzador, por ley. ¿Explíquenme, señorías, por qué quieren ustedes con esta regulación distorsionar lo que debían ser únicamente decisiones tecnológicas
y de mercado en beneficio de los ciudadanos? ¿Explíquenme, señorías, por qué tiene que intervenir los poderes públicos para imponer por ley unas opciones sobre otras? ¿Explíquenme por qué tienen que intervenir los poderes públicos en un sector
dinámico y competitivo que da empleo a cerca de 200.000 personas en nuestro país de alta cualificación, cuando no lo hace ningún país de la Unión Europea? ¿Por qué quieren ustedes hacer sin duda un daño irreversible al sector de las tecnologías de
la información y la comunicación en nuestro país? ¿Por qué quieren ustedes prohibir el software comercial? Si el software libre es tan bueno, ¿por qué no dejan que compita sin más, sin prohibir, como hace esta ley, las otras alternativas? ¿Saben
ustedes que España podría perder ventajas competitivas y comparativas frente a otros países? ¿Saben ustedes que su ley puede perjudicar a empresas españolas de software comercial y beneficiar a empresas extranjeras de software libre?
Señorías, mi grupo no acierta a entender el porqué de este impulso a una preferencia de naturaleza legal o jurídica como es la licencia a favor de un determinado tipo de software en detrimento de otros. No entiendo que intenten forzar
normas de contratación basadas en una discriminación absolutamente positiva, sin atender a los principios que sí deberían atender, como son el valor añadido, el coste total de la propiedad, el conjunto de las prestaciones, el rendimiento, la
seguridad, la flexibilidad, la funcionalidad, la fiabilidad, la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad o el servicio posventa. No entiendo, señorías, cómo no les importan todas estas cosas a ustedes. El mercado del software y las
tecnologías de la información es suficientemente dinámico sin su concurso y no se justifica una intervención pública en él. En España, señorías, hay distintas opciones desarrolladas, desde comunidades autónomas en que han apostado por la
discriminación legal, como Andalucía, a territorios que se han posicionado a favor del software libre, como Extremadura, el Ayuntamiento de Barcelona, el Principado de Asturias, el País Vasco, a comunidades autónomas que también se han posicionado a
favor del software libre pero sin discriminar otros desarrollos como Castilla-La Mancha, Valencia o la Comunidad de Madrid, buscando soluciones impulsadas por la demanda y no impuestas con calzador.
Señorías, en algunas ocasiones en política se percibe nítidamente de forma meridiana las opciones ideológicas: quienes defienden la libertad (la libertad de elección en este caso), la objetividad, la neutralidad en definitiva, la
posibilidad de optar por lo mejor en función de las características
técnicas; y quienes prefieren discriminar, condicionar, limitar, obligar, restringir, excluir e imponer para acabar con la libertad. La libertad, señorías, no necesita restricciones. Al Grupo Parlamentario Popular siempre le van a
encontrar con la libertad.
Señorías, abogamos por la libertad de elección de los gobiernos, de las empresas y también de los ciudadanos para poder elegir el software que mejor se adapte a sus necesidades y a sus gustos en cuanto al modelo, la licencia o la
infraestructura tecnológica, ya sea patentado, ya sea híbrido o de código abierto que garantice, eso sí, los mejores resultados; creemos por tanto en la responsabilidad de las administraciones a quienes los ciudadanos pedirán cuentas en cualquier
caso de su decisión. Abogamos por la neutralidad en la contratación pública -se ha dicho ya en esta tribuna- y por la elección caso por caso, iniciativa por iniciativa sobre la base de las necesidades y la problemática que se pretende resolver y
por la oferta más ventajosa con independencia de cuál sea el modelo de desarrollo. Abogamos por que los modelos de software puedan competir y desarrollarse libremente, sin las trabas que suponen las opciones o las preferencias de las
administraciones, porque tan lícitos son los unos como los otros, por eso no se debe obligar, no se debe prejuzgar y no se debe discriminar de antemano. Abogamos por la elección basada en los méritos propios de las tecnologías frente a la
competencia basada en las preferencias categóricas y en los principios de precio (licencia de software comercial de sus costes de desarrollo y mantenimiento de las cuentas abiertas del software libre), eficacia y calidad que defiende la Ley de
contratación.
Abogamos, en definitiva, por la libre elección porque potencia la innovación, porque potencia la competencia y porque todos los modelos crean en sí mismo un ecosistema de software en desarrollo que genera beneficios y que añade valor
a la sociedad. Abogamos por un compromiso permanente de la industria del software, eso sí, en la I+D+i. Abogamos por un gobierno que fomente y garantice la compatibilidad y la interoperatividad de los software y de las plataformas de forma segura a
través de pasarelas de software interoperable a la que se ha dado en llamar middelware y que promueva estándares neutros y abiertos sobre la base de la normalización internacional que garantice la igualdad de oportunidades y permita cultivar este
importante desarrollo tecnológico.
Señorías, las políticas de carácter intervencionista que pretenden poner puertas al campo no han funcionado en ningún país desarrollado ni en ningún lugar democrático del mundo, y nosotros tampoco vamos a apoyarlas.
La imposición de un
determinado tipo de software limita la capacidad de los responsables de las tecnologías de información de la Administración para adaptar los sistemas a las necesidades, que son cambiantes en los entornos, y termina por ser altamente ineficaz y
contraproducente. El objetivo final de las administraciones tiene que ser conseguir las mejores soluciones y el mayor valor para los ciudadanos al gestionar los fondos públicos. Por eso, señorías, ni la Administración puede condicionarlos ni
tampoco se les puede obligar a ello. Las administraciones y los ciudadanos deben tener la libre capacidad de elegir también en esta materia.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Echániz, muchísimas gracias.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy la toma en consideración de dos proposiciones de ley de implantación del software libre en la Administración del Estado, por cierto dos redactados idénticos. Lo primero que quiero manifestar es que el Grupo Socialista está a
favor del software libre; está a favor de las políticas de promoción del software libre porque creemos que el software libre tiene ventajas técnicas, sociales y de ciudadanía para nuestra sociedad. La utilización del software libre, el código
abierto, frente al software de licencia tiene ventajas en la sociedad en diversos ámbitos: en la inversión, en la innovación tecnológica, en la independencia, en la seguridad, en la privacidad y en el fomento de las lenguas propias, y existen
diversas iniciativas públicas de soporte al software libre. Una de sus garantías es la adaptabilidad a las necesidades de los usuarios.
Las cosas no deberían seguir siendo como han sido; de hecho, ha habido un monopolio de una única empresa en
materia de sistemas operativos y debemos seguir evolucionando, aunque hemos evolucionado a una situación más flexible, con mayor peso del software libre, y esta evolución debe promoverse. Una cosa es que la Administración pública esté dispuesta a
dedicar recursos y esfuerzos para desarrollar el software libre y otra establecer ex lege en el artículo 6 la obligatoriedad de que a priori las administraciones públicas forzosamente utilicen software libre sin examinar otras soluciones y
adquiriendo una opción que técnicamente más convenga a la Administración.
Nosotros somos coherentes y proponemos el software libre, pero lo proponemos desde la libertad, y queremos expresar cuatro principios básicos de nuestras políticas en este aspecto. Hay que buscar soluciones y términos de eficiencia técnica
y económica teniendo en cuenta siempre el software libre como una fuente de soluciones. Somos defensores de la libertad personal y queremos que la ciudadanía pueda interactuar con la Administración sin tener que pagar una licencia concreta. En el
ámbito de la enseñanza y la formación la Administración debe enseñar conceptos y no programas concretos. Pensamos que los monopolios no son buenos ni para la industria del soft ni para el desarrollo de la sociedad de la información. El Gobierno ha
puesto en marcha políticas en este sentido.
También ha habido un cambio de política en este campo concreto, el del software libre. Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar este Gobierno fue nuestra
postura en la reunión del Consejo de la Competitividad Europeo. En ese caso el ministro Montilla representaba al Estado español, que votó en contra de la propuesta de directiva sobre patentabilidad del software.
También desde el Gobierno
hemos desarrollado, en el Consejo Superior de Administración Electrónica, todo un protocolo para el uso del software libre en la Administración, una serie de criterios para que lo utilicen todas las administraciones públicas y que sean comunes, como
el hecho de que los servicios electrónicos puestos por la Administración a disposición del ciudadano sean accesibles a todos los navegadores, que se pueda entrar a los documentos desde diferentes programas o que los programas de la Administración
funcionen en diferentes plataformas, con lo cual el ciudadano no debe verse obligado a adquirir un determinado tipo de software para acceder a ello. Estamos defendiendo la libertad de opción.
Otra cuestión que contiene estas recomendaciones es que en este desarrollo de la Administración debemos exigir y garantizar en el contrato que el código fuente sea propiedad del Estado y que este se pueda publicar en internet. La
Administración valorará, dependiendo del programa, si lo publica o no y si lo puede hacer accesible para todo el mundo. Estos son avances en este sentido. Tener criterios claros, compartidos resulta básico para el desarrollo, porque desde la
Administración pública hemos de garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestros programas. Son políticas de compromiso con el desarrollo del software libre, pero aquí no estamos valorando este tipo de promoción; lo que estamos valorando son
unas proposiciones de ley concretas, con unos redactados concretos, con las que, una vez examinadas, el Grupo Socialista no está de acuerdo por varias razones; entre otras, porque consideramos que en general existe una falta de coherencia entre los
fines perseguidos y el contenido en sí del articulado. En la declaración de principios de la ley estaríamos de acuerdo, no tanto en el articulado. Si analizamos algunos puntos de la ley -no examinaré todo en detalle- veremos que uno de ellos
restringe la libertad de opción de la Administración. Debemos ser libres y nuestra postura es la llamada neutralidad tecnológica y la eficacia. Debemos elegir el mejor programa, y evidentemente sería positivo valorar programas de software libre,
pero no decidir a priori que utilizaremos un programa de software libre si no es la mejor solución técnica en ese momento para la Administración. El contenido de esta proposición puede vulnerar incluso principios generales del derecho comunitario,
como la libre competencia o de contratación pública, que indican claramente el principio de igualdad y objetividad en los contratos públicos. Además hay otro artículo delicado de esta ley que tiene dos consecuencias: la primera, que la ley, tal
como está redactada, indica que cualquier soft encargado y pagado, costeado por el Estado, debe ser puesto libremente a disposición de todos los ciudadanos, y esto puede influir negativamente en desarrollos realizados por ejemplo en cuestiones
estratégicas como la defensa o la seguridad, en las que evidentemente lo prioritario es la seguridad y la privacidad de los datos, no ponerlos a la visión pública de todos los ciudadanos. Otro aspecto de este mismo artículo es que el software que
hubiera tenido alguna parte de su costo sufragado por la Administración también sería patrimonio público, lo que llevaría a que las empresas de I+D+i, a las que apoya el Gobierno, en tecnologías del software tuvieran que hacer público todo su
desarrollo, su conocimiento y su investigación, lo cual afectaría negativamente al fomento del I+D y al desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país.
Quería detenerme en el tema de las lenguas porque resulta clave fomentar la existencia de tecnologías y aplicaciones en las diferentes lenguas del Estado. Como catalana podría decir que tengo una relativa suerte por disponer de algunos
programas en catalán, porque ha habido muchas iniciativas planteadas desde plataformas ciudadanas, como Softcatalà, que se han dedicado a traducir programas y promocionarlos entre la ciudadanía, y hoy no quería dejar pasar la oportunidad de
reconocer y felicitar su papel en Cataluña. No tienen la misma suerte los programas en gallego y en euskera, de los que hay una presencia mucho menor. Por esta razón creo que relacionamos casi automáticamente el catalán con el software libre,
cuando sabemos que son dos cosas diferentes. Lo que se ha hecho ha sido consecuencia de las ventajas del código abierto, que ha permitido que haya programarios en catalán. Lo que deberíamos promover en otra ley es que todos los programarios
estuvieran disponibles en todas las lenguas del Estado, independientemente de si son con licencia o no.
Me gustaría que todos los ciudadanos del Estado pudieran acceder a programarios en todas las lenguas y que, si deciden comprar programario con
licencia, también lo tengan disponible en todas las lenguas. No hemos de decidir nosotros que unos sí lo tengan en todas las lenguas del Estado y otros no. Repito que existe una falta de oferta en las lenguas del Estado que constituye una de las
barreras para el desarrollo de la sociedad de la información y debemos promover esta oferta, pero desde aquí no podemos decidir en qué software sí y en qué software no; y lo debemos hacer teniendo en cuenta que todas las lenguas -el castellano, el
catalán, el euskera y el gallego- son patrimonio de España y el Estado debe promocionarlas. Cuando leemos el artículo 3 de la proposición de ley, vemos que no están hablando de esta promoción, sino que implicaría que cualquier propuesta de
aplicación y cualquier proyecto que una comunidad autónoma desarrollara con el soporte del Estado automáticamente tendría que estar traducida por esa comunidad autónoma a todas las lenguas del Estado. ¿Queremos decidir desde Madrid y desde el
Congreso qué políticas deben hacer Extremadura, Cataluña o Castilla? ¿Tenemos que decidir aquí que la Junta de Extremadura debe pagar la traducción al catalán de los programas? Yo creo que no; creo más bien que deberíamos fomentar que el software
fuera libre, público y que el Estado lo tradujera a otras lenguas en colaboración con las comunidades autónomas, pero
no decidir desde aquí qué deben hacer las comunidades autónomas en su política de software. Esta no es la línea de la España plural; la España plural es precisamente respetar la autonomía política y no entrar en competencias autonómicas.
Por eso me ha extrañado el contenido de este artículo y sus consecuencias en una propuesta realizada por los grupos de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida.
En resumen, la imposición del uso, mediante una ley estatal, marcando qué tipo de software se tiene que utilizar, para nosotros no es la manera adecuada de promocionar el software libre. Queremos anunciar que debe haber un compromiso mayor
con el software libre, y por eso este grupo presentará en los próximos días una proposición no de ley; por cierto, había ofrecido a los grupos proponentes redactarla conjuntamente para entre todos dar un impulso a este aspecto. Nuestra propuesta
será clara y tendrá los siguientes compromisos instará al Gobierno a mantener un compromiso público con el software libre. Será una apuesta por la neutralidad tecnológica, una Administración pública que garantice la libertad de la ciudadanía para
elegir, un Gobierno que promocione la industria y la existencia de estándares, que todo concurso público o compra de aplicaciones baraje la posibilidad de una opción de software libre pero que no la compre a priori y, finalmente, que todos las
lenguas del Estado puedan estar reflejadas en los diferentes programas. En definitiva, es una opción de libertad. No debemos confundir la libertad con la imposición; eso es no ser de izquierdas. Una política que considera que el acceso al
software es una cuestión de ciudadanía y de la sociedad de la información quiere decir más democracia, más libertad y más oportunidades.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Muñoz. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. Tomen asiento, por favor.
Votación, en primer lugar, de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para la implantación del software libre en la Administración del
Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 15; en contra, 290.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 16; en contra, 287.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA DEL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), VASCO (EAJ-PNV), DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE COALICIÓN
CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO, A FAVOR DE UNA LEY DE COMERCIO DE ARMAS. (Número de expediente 162/000361.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley; de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, a favor de una ley de comercio de armas. Para la defensa de la proposición no de ley presentada por estos grupos interviene cada uno en un turno de
siete minutos; en primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuadrado.
(Rumores.) Por favor, señorías, guarden silencio, continúa el Pleno. Les recuerdo que el turno es de siete minutos.
Señor Cuadrado, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, abro este turno... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Cuadrado.
Señorías, les ruego silencio, por favor.
Adelante.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Abro este turno para explicar la posición del Grupo Socialista sobre el contenido de una proposición, firmada por todos los grupos de la Cámara, que tiene unos antecedentes relacionados con la instancia de tres organizaciones importantes en
esta materia que nos ocupa, como son Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional, para aumentar el grado de transparencia en las relaciones exteriores comerciales en material de defensa, material de doble uso y otro material. Esta proposición no
de ley, que básicamente insta a que regulemos esta materia por ley y no por real decreto, permitirá mejorar la transparencia y el control, permitirá que un comercio sensible, como es el tipo de comercio que regulará esa ley, tenga las máximas
garantías en el contexto internacional. (La
señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La primera consideración, señorías, es que a fecha de hoy España es uno de los países que mayores controles establece en esta materia. Las organizaciones a las que me he referido anteriormente elaboraron un documento que conocemos todos los
grupos de la Cámara que hemos firmado esta proposición no de ley y que tiene dos partes: la primera, cómo están las cosas en esta cuestión y la segunda, cómo se podrían mejorar. Pues bien, en un año las cosas se han mejorado mucho, señorías, y lo
dice el propio documento. ¿Qué aspectos han mejorado en un año, solo en un año? Y digo un año porque es el ciclo que podemos analizar, el comercio del año 2004: las comunicaciones al Congreso de los Diputados y los controles para la autorización
y demás que ha hecho el Gobierno en ese año. Pues lo que ha mejorado es -y lo resumo citando la autoridad que yo creo que para esta proposición no de ley es más importante, que son estas tres organizaciones-, en primer lugar, que durante este año
se ha aprobado un real decreto -se aprobó el 30 de junio de 2004- que establece mejoras sustanciales sobre el control, sobre la transparencia de este comercio.
Por ejemplo -lo destacan ellos-, en el registro y en el control para las autorizaciones
se introducen no solamente quienes hacen un comercio directo de España -empresas españolas- con otros países del mundo, sino también la intermediación, que es muy importante; es decir, empresas españolas que pudieran servir de intermediarias en
este comercio. En segundo lugar, se establece un mecanismo de control y comunicación al Congreso de los Diputados mucho más preciso y exhaustivo, los detalles se han mejorado espectacularmente. Tengo que decir que por primera vez aparece en
nuestra legislación la obligación de la consideración del código de conducta. En el artículo 8 del real decreto que he citado se establece por primera vez que el código de conducta de la Unión Europea ha de ser respetado para poder establecer la
autorización y su inclusión en el registro. Además, durante este año se han incluido mayores precisiones y una información en el primer semestre del año siguiente al Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías, durante un año se ha mejorado
hasta el punto de que el propio informe establece que en el barómetro del comercio de material de defensa en el mundo España ha mejorado sustancialmente su cualificación. Se ha pasado de una valoración de 10,5 puntos sobre 20, que no está mal, a
una valoración de 11,5 puntos sobre 20, que está bastante mejor. Si ustedes quieren, la nota ha pasado de un aprobado a un bien, y en un solo año, que es un aspecto importante.
Este es el contenido del informe referido a qué es lo que se ha hecho
durante este año.
Es verdad que el informe advierte de males del pasado, y eso conviene tenerlo en cuenta para contrastar cómo están las cosas y cómo estaban.
Por ejemplo, conviene que SS.SS. sepan que se cita a cuatro países -no voy a decir los nombres,
solo les diré que entre esos cuatro países no está Venezuela- en relación con los cuales estas tres organizaciones creen que debería haberse tenido más cuidado desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos o, dicho de otra manera, desde
el punto de vista del respeto al código de conducta de la Unión Europea. Repito que no diré cuáles son los cuatro países, solo diré que Venezuela no está entre ellos. No sé si va a haber otros elementos en el debate o en el posicionamiento de los
grupos respecto a esta proposición no de ley. En cualquier caso, señorías, sería de agradecer que no se modificara el contenido objetivo de esa información para sacar conclusiones que pudieran ser erróneas. Pero alguna cosa sí voy a decir. Hay
dos países, que tampoco diré sus nombres, que en el pasado tenían un embargo de la Unión Europea; se hizo comercio en el pasado. No ha vuelto a aparecer este año ningún país que tenga decretado un embargo, sea por la ONU, por la Unión Europea o
por la OSCE. Conviene tener mucho cuidado cuando se da información sobre esta materia. En los años 2000 y 2003 se realizaron exportaciones a países, entre ellos Venezuela, con material muy sensible desde el punto de vista del control de la
seguridad interna. Sería bueno que se olvidara cualquier debate en relación con esa cuestión.
Termino, señorías. ¿Qué se propone en esta proposición no de ley? ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar, por ejemplo, convirtiendo en ley el real decreto, dando la información no cada año sino cada seis meses, precisando mejor la
información del material concreto, definiendo más el material que se exporta. Básicamente eso es lo que propone la proposición no de ley. Por tanto, bienvenida sea una mejora como esta para que España sea no el noveno país en el mundo desde el
punto de vista de la transparencia y el control, sino a ser posible el primero.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cuadrado.
Continuamos con el turno de la señora Oltra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora OLTRA TORRES: Con la venía, señora presidenta, señorías, me produce una gran satisfacción subir a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición no de ley en la que se solicita al
Gobierno que elabore un proyecto de ley sobre el comercio de armas y que ha sido suscrita por todos los grupos políticos de esta Cámara. La iniciativa que debatimos va a suponer el tercer acuerdo de este Pleno del Congreso de los Diputados, y
felizmente va a ser el tercer acuerdo votado por la unanimidad de sus miembros. Los dos acuerdos anteriores, de fecha 18 de marzo de 1997 y 11 de diciembre de 2001, respectivamente, pusieron en marcha un proceso de concienciación sobre la
importancia del control sobre las exportaciones de armas, de transparencia en la información y de compromiso con la sociedad, de dotarnos de unas normas de conducta que impidan que las armas no lleguen a donde no deben llegar. El primero de estos
acuerdos dio pie a
la aplicación en España del que se ha llamado código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, al que más tarde me referiré. En cumplimiento de esos dos acuerdos parlamentarios, cada año se elabora y se remite a
esta Cámara un informe sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso que desde España se efectúan, que año tras año va ganando en detalle y, por ello, en transparencia. También en cumplimiento de esos dos acuerdos parlamentarios,
cada año comparece el Gobierno ante la Comisión de Defensa para explicar los pormenores de ese informe y esas estadísticas. Aunque aquí habrá que decir, señor Cuadrado, que este año el Gobierno no ha solicitado todavía su comparecencia. Esperamos
que en breve el Gobierno cumpla con su obligación y pida comparecer para dar cuenta de las estadísticas sobre exportación de material de defensa y de doble uso del año 2004, año al que ha hecho referencia el informe del que usted ha hablado en esta
tribuna.
No solo el Parlamento español ha instado al Gobierno a llevar a cabo determinadas políticas, como venía diciendo, sino que desde el último acuerdo antes citado esta Cámara ha participado activamente en foros y conferencias en las que se
estudia cómo eliminar la lacra del comercio ilícito de armas, sobre todo de armas ligeras y de pequeño calibre, dando aval así a la importancia del papel que los parlamentarios pueden y deben jugar en esta cuestión. Quiero hacer mención especial al
Foro parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras, que tuvo su reunión fundacional en este Parlamento en el año 2002 y cuyo primer presidente fue el diputado de mi grupo don Rogelio Baón, que ya ha celebrado su tercera reunión los pasados días 19 a
21 de octubre en México. Este foro, impulsado inicialmente por los parlamentos de Suecia y de España para trabajar con los países centroamericanos, ha visto cómo año tras año ha ido ampliando el número de adhesiones con nuevos países,
principalmente iberoamericanos, y ha tenido presencia en la Conferencia preparatoria de la ONU en julio de este año, así como en la Conferencia interparlamentaria sobre el refuerzo de la acción europea en materia de no proliferación y desarme de
armas y material de destrucción masiva, armas ligeras y de pequeño calibre y residuos bélicos explosivos, celebrada en el Parlamento Europeo los pasados días 7 y 8 de diciembre.
Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos insta al Gobierno a que en el plazo de un año presente a esta Cámara un proyecto de ley sobre comercio de armas que garantice un procedimiento trasparente para la autorización de esas
transferencias, que incorpore un control periódico por parte de esta Cámara, que ese procedimiento se base en la aplicación estricta y en la interpretación escrupulosa del código de conducta de la Unión Europea, que la transparencia en la
información se incluya en el informe oficial anual sobre las estadísticas de exportación de material de defensa y de doble uso que emite el Gobierno, así como las comparecencias que deben celebrarse para dar cuenta de las mismas ante la Comisión de
Defensa de este Congreso. Por último, nos vamos a pronunciar sobre el apoyo a la adopción o promoción de un tratado internacional sobre el comercio de armas, iniciativa conocida como la ATT, así como de las iniciativas que se tomen en el seno de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras, que el próximo mes de julio de 2006 revisará los acuerdos tomados en la que se celebró en julio de 2001.
Cabría preguntarse ahora por la oportunidad del momento en el que lo estamos debatiendo. Existe en el seno de la Unión Europea un debate actualmente -incluso alguna resolución reciente del Parlamento Europeo así lo aconseja- sobre la
necesidad de que el código de conducta se trasforme en un instrumento jurídicamente vinculante, y probablemente en el Consejo Europeo que se celebrará en los próximos días se ampliará la estrategia de seguridad, haciendo mención expresa a las
acciones a llevar a cabo respecto de las armas pequeñas y ligeras. Por tanto, podría parecer que no sería descabellado dar un tiempo para ver qué ocurre en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, estamos percibiendo que existen discrepancias
absolutas tanto sobre la interpretación de los ocho puntos del código como de quién es quien tiene que aplicarlo. Por ejemplo, hablando de la venta de armas a Venezuela, y sin entrar en el fondo de la cuestión porque ya ha sido debatido en esta
Cámara, sí creo importante manifestar que, independientemente de la diferencia de criterios sobre la oportunidad o no de la citada venta, a nuestro juicio también ha quedado al descubierto que hay dudas sobre quién debe decidir cuándo se cumple o no
el código de conducta. Por tanto, creemos que va a ser bueno que España dé un paso más dando rango de ley a las normas de conducta que se contienen en el código europeo, y anticiparnos a darle un carácter jurídicamente vinculante sin renunciar,
antes al contrario, a que su aplicación sea cada día más homogénea y más imperativa en los países que conformamos la Unión Europea. Decía el eurodiputado ponente del informe sobre el código de conducta en el Parlamento europeo, el español Raúl
Romeva, que tenemos tres retos a corto plazo en esta materia: la necesidad de un código de conducta reforzado, convertido en posición común, el avance en los objetivos en la próxima conferencia de la ONU sobre armas pequeñas y ligeras y el impulso
del Tratado sobre comercio de armas. Pues bien, el Grupo Popular no puede estar más de acuerdo con estos planteamientos y no dudo de que la votación unánime que hoy se va a producir en este Parlamento va asimismo en esa dirección. Sin embargo, en
este momento no puedo dejar de contestar a la afirmación que se hizo por el portavoz socialista en la Comisión de Defensa, en el transcurso de la última sesión celebrada, en el sentido de que este grupo se estaba apropiando de una iniciativa firmada
por todos los grupos. Señor Cuadrado, este grupo solo ha querido ser el vehículo de la posibilidad de que se debatiese hoy esta iniciativa y, muy al contrario de lo que usted dice, ha facilitado que todos los grupos, incluido el suyo, pudiesen
suscribirla. Repase lo que hicieron ustedes en
el año 2001 y verá cómo no salen bien parados en la comparación.
(Rumores.) No obstante, quiero resaltar el acuerdo y no el desacuerdo porque, si en cualquier ámbito el consenso y el acuerdo son importantes, en este tema nos parecen
necesarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, por favor.
La señora OLTRA TORRES: Termino, señora presidenta.
Quiero que mis últimas palabras sean para reconocer el trabajo y el impulso que las organizaciones no gubernamentales hacen no solo con las campañas sobre desarme sino con su presencia activa en todos los foros que trabajan por eliminar la
lacra de las muertes causadas por la proliferación incontrolada de las armas pequeñas y ligeras, y que han trabajado porque esta iniciativa pueda aprobarse hoy. El Grupo Parlamentario Popular quiere responderles solicitando el voto favorable para
esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Oltra.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo también quiere expresar su satisfacción por esta proposición de ley que estamos debatiendo esta tarde. Llevamos cerca de diez años, desde 1996, desde la primera vez que en el Boletín ICE se publicó un informe sobre esta
materia, desarrollando una política pausada pero sostenida de aumento de la transparencia y el control parlamentario sobre el comercio de armas del Estado español. Esta es una política orientada a garantizar una mayor presencia del Parlamento en la
toma de decisiones de la Administración española en esta materia; a facilitar una mayor información al Parlamento y al conjunto de la opinión pública en este aspecto, reforzando la idea de la transparencia y limitando la defensa de la
confidencialidad de las operaciones de venta de armas al interés general. Estamos convencidos de que la política de venta de armas debe responder también a nuestra responsabilidad en cuanto a las consecuencias de la presencia de armas españolas en
cualquier parte del mundo y, al mismo tiempo, intentamos ser coherentes con el conjunto de las políticas que en el exterior estamos desarrollando.
Insisto en que a lo largo de estos diez años hemos ido avanzando de manera sostenida en este campo y siempre lo hemos hecho desde el empuje de la sociedad civil organizada. Como recordaba el portavoz del Grupo Socialista al inicio de su
intervención, detrás de esta proposición no de ley hay algunas de las organizaciones que desde antes de 1996 reclaman el compromiso de la Cámara en esta materia, Amnistía Internacional, Intermón y Greenpeace de manera muy significativa, y siempre lo
hemos hecho desde el consenso. Las diversas proposiciones no de ley que hemos impulsado en esta Cámara, que han sido las que han sustentado esta política, siempre han sido aprobadas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En este sentido,
en los debates que hemos tenido en el Congreso -creo que el señor Mardones y yo mismo hemos mantenido todos y cada uno de ellos en estos cerca de diez años- siempre se ha querido remarcar el valor de este consenso. Esta tarde repasaba las
intervenciones del entonces portavoz de Iniciativa per Catalunya, señor Saura, y de Izquierda Unida, señor Alcaraz, y los dos remarcaban el valor del consenso que habíamos alcanzado en este aspecto. Asimismo, al hacer nuestras propuestas en esta
materia hemos procurado ser capaces de distinguir qué armas nos preocupaban -en este sentido tengo que decir que las armas ligeras han conformado una preocupación especial tanto para nuestro grupo como para el resto de los grupos de la Cámara-, así
como aquellos instrumentos que pudiesen ser utilizados por parte de servicios de seguridad de determinados países en acciones de tortura. En este contexto, en la pasada legislatura la Administración española llevó a cabo avances interesantes en
esta materia. Nos han preocupado también los países y pretendíamos, por un lado, conocer si estaban recibiendo material de defensa español y, por otro, observar con qué criterios los organismos administrativos competentes autorizaban la venta a
determinados países.
En esa dimensión de a qué países España vende armas, los grupos siempre hemos insistido en que era fundamental aplicar el código de conducta del que se dotó la Unión Europea a mediados de los años noventa, en paralelo con el
proceso de la puesta en marcha de nuestra política.
Quiero hacer referencia a una cuestión que ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista porque mi grupo discrepa de la interpretación que el Gobierno viene haciendo de la utilización de la venta de material de defensa a Venezuela. A
nuestro entender, la venta de material de defensa a Venezuela incumple el código de conducta de la Unión Europea y el lamentable espectáculo de las últimas elecciones legislativas en ese país así lo pone de manifiesto. Mi grupo lamenta que no
seamos tan estrictos como lo somos con otros países y que, desde posiciones progresistas, no se sea crítico con lo que hoy sucede en Venezuela. Qué material de defensa y qué países son dos elementos fundamentales de la preocupación a lo largo de
estos diez años.
Con esta proposición no de ley que hoy vamos a aprobar damos un salto cualitativo muy significativo. Hoy la Cámara pide que esta política se sustente en una ley de las Cortes Generales de España. Hasta ahora, esta política la habíamos
fundamentado en obligaciones políticas que esta Cámara marcaba al Gobierno, y hoy damos el salto hacia delante para que sea una ley la que regule esta política. Una ley que introduzca un procedimiento transparente
para la utilización de estas transferencias y que incorpore un mecanismo de control periódico por parte del Congreso de los Diputados; una ley que dé garantías para que este procedimiento permita una aplicación estricta de ese código de
conducta que, a veces, incumplimos; una ley que dé indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe oficial -hemos avanzado lo largo de estos diez años en una información más detallada, pero aún nos queda camino por
recorrer-, y una ley que contemple ese envío semestral de información al Congreso de los Diputados, tal como hasta ahora se había hecho, pero con obligación legal. Ahí me sumo a la reflexión que formulaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
porque, en esta legislatura, la intensidad del Gobierno a la hora de cumplir esa obligación parlamentaria está siendo menor de la que debería de ser.
Estamos convencidos de que el salto cualitativo de este proyecto de ley va a ser fundamental, así como el apoyo al compromiso español de elaboración de un tratado internacional que regule el comercio de armas. Sabemos, y el precedente del
tratado de prohibición de las minas antipersonales es fundamental, que una política de estas características, para ser eficaz, debe ser una política a escala global. Por tanto, mi grupo también da mucho valor a este compromiso.
Termino, señora presidenta. Estamos convencidos de que un mundo más seguro es también un mundo con menos armas descontroladas. Esta proposición no de ley y ese futuro proyecto de ley nos van a ayudar a ello.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y tiene para ello la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ha firmado esta proposición no de ley conjuntamente con los demás grupos. Es de agradecer este consenso y me parece que es importante que trabajemos en aras de fomentar lo que nos proponen. Desde la sociedad civil lo vienen
haciendo diferentes organizaciones desde hace muchos años, Intermón, Greenpeace, Amnistía Internacional y otras entidades que trabajan por el fomento de la cultura, la paz y, en definitiva, por el fomento del control de la venta de armas y lo que
representa en un mundo como el que tenemos, un mundo en el que en los últimos años la violencia ha estado más presente. Una violencia que lamentablemente en situaciones de conflictos armados tiene una preponderancia y un impacto grave y, además, el
primer mundo ha empezado a sufrir el azote de esa violencia en primera persona. Ese control es necesario. Se ha ido avanzando y esta proposición no de ley que hoy vamos a aprobar todos los grupos de esta Cámara representa un avance, pero también
es necesario decir que la política de control de armas tiene que ir acompañada de una política más global de fomento de la cultura de la paz. Me dirijo a los dos grupos mayoritarios de esta Cámara que firman esta proposición no de ley, para que lo
hagan con cariño, que no solo firmen la proposición no de ley, sino que se la crean y que participen en ese marco global de fomento de la cultura de la paz porque a veces algunos discursos del debate político entran en el enfrentamiento entre el
Grupo Popular y Grupo Socialista, como ha parecido en algunos momentos de las intervenciones de los dos grupos, estableciendo ejemplos concretos. Tendrían que mejorar, tanto uno como el otro, estas actitudes. Está bien que haya este consenso y que
los grupos parlamentarios, Popular y Socialista, firmen esta proposición no de ley, que avancemos en este control, pero también les instamos a que avancemos en otras políticas de fomento de la cultura de la paz y de control en todo lo que sea venta
de armas, en la investigación y desarrollo. No hubo unanimidad entonces por parte de algunos grupos, pero esperemos que dicha unanimidad se traslade al I+D militar, porque es un precedente en la venta y control de armas, ya que a veces la
investigación y el desarrollo en temas militares fomenta la facilidad de que las armas lleguen de una manera mucho más simple a todo el mundo y, en definitiva, a las zonas de conflicto. Nos gustaría que esta unanimidad que hoy se logra se
trasladase también a otros ámbitos de la vida parlamentaria y que llegue un momento en que aquella enmienda firmada por una mayoría de grupos sea signada por todos ellos para mejorar estos ámbitos. Eso ayudaría también al fomento de la cultura de
la paz y del control de armas.
La proposición no de ley representa una mejora en el control, gracias a la presentación por parte del Gobierno del compromiso de establecer por ley en el plazo de un año las garantías máximas en el control de la venta de armas, las
indicaciones y el envío semestral por ley de esa información al Congreso de los Diputados. La proposición dice: El Congreso insta al Gobierno a impulsar los procesos regionales internacionales encaminados a un mayor control del comercio de armas,
lo que también significaría un mayor control en los conflictos, un mayor control del diálogo norte-sur, un mayor control en el diálogo primer mundo y tercer mundo y, en definitiva, una mejora de las situaciones en las zonas de conflicto del tercer
mundo que nos permitirían superar a veces esos conflictos y las necesidades de la venta y compra de armas.
Aquí también se abre un debate que a veces queda en el ámbito de la demagogia, cuando se habla de armas y lo que representa en puestos de trabajo o cuando se plantea la discusión sobre que si se venden armas es porque se crean puestos de
trabajo y, por tanto, se permite una economía de la industria militar. Como reflexión y para ir avanzando, habría que superar este juego a veces hipócrita que se hace cuando se dice que se necesita vender armas porque garantiza puestos de trabajo
en algunos sectores industriales en dificultades.
Habría que superar esta delicada situación y, en ese sentido, esta proposición que hoy firmamos conjuntamente todos los grupos de esta Cámara, y que aprobaremos, es un camino, pero me parece que habría que ampliarlo a otras propuestas más
globales que se tramitan en esta Cámara, como he dicho antes, el I+D militar y otras actuaciones de la industria militar. Habría que buscar otras alternativas para favorecer que vayamos superando ese mundo tan violento que estamos sufriendo en los
últimos años. La sociedad civil nos lo pide, estas organizaciones nos lo van pidiendo, es de agradecer el trabajo que están realizando, pero me parece que los grupos parlamentarios tendríamos que avanzar para superarlo. Hoy aprobaremos esta
proposición no de ley y esperamos aprobar pronto otras iniciativas que nos permitan fomentar la cultura de la paz y no la cultura de las armas para hacer este mundo mucho más seguro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Puig.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Intervengo brevemente porque todos los grupos conjuntamente hemos presentado esta proposición no de ley a resultas de la unanimidad que provoca un asunto de este tipo. Los argumentos son prácticamente los mismos,
simplemente quiero insistir en que es indudable que básicamente en los países así llamados democráticos, Unión Europea y países occidentales, la industria armamentística y sus productos están sometidos a los principios de control democrático. Las
dudas y las certezas surgen cuando dichas armas y su uso se exportan a escenarios en los que dichas garantías y controles no existen o son fraudulentamente obviados: las listas negras, los embargos, son en muchos casos enmascarados y la realidad es
que muchas de dichas armas aparecen en esos escenarios e indudablemente en usos que nada tienen que ver con la defensa democrática y sí con las dictaduras y escenarios totalitarios. No creo que necesitemos ejemplos, porque todos los conocemos y
además los hemos debatido en reuniones anteriores.
Existen además, y ésta sí es nuestra principal preocupación, países y escenarios en donde las garantías como mínimo deberíamos decir que son dudosas y cuyos regímenes no aprueban los exámenes de la democracia, por decirlo de alguna manera,
de una democracia tal como la concebimos, lógicamente. Son países de los denominados políticamente correctos o países grises, en donde la industria armamentística se maneja con evidente descaro y logra introducir sus formas, y además dentro de una
relativa buena conciencia internacional. Pues bien, también nos alegramos de que todos los grupos políticos coincidamos en esta línea, en la que habría que reconocer la labor que han desarrollado las ONG que también se han citado -Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace-, y en la que básicamente proponemos que no quede la más mínima duda sobre que armamento fabricado en el Estado español pueda tener destinos dudosos, aunque estos sean, como antes he comentado, destinos
políticamente correctos.
Indudablemente también todos hemos coincidido en que la mejor garantía es que, además de nuestros controles democráticos, éstos lo sean sobre la base de los cuatro principios que se han establecido en la proposición no de ley: que lo sean
en total transparencia, con una aplicación estricta de los códigos de conducta europeos en esta materia, con información seria y con conocimiento de las operaciones en tiempo por este Congreso de los Diputados. Este es el ánimo y el espíritu de la
proposición no de ley, y por ello nos felicitamos de que tenga un tiempo concreto de respuesta por parte del proyecto de ley que el Gobierno se ha comprometido a presentar en este Congreso, para que no quede en buenas palabras y sin delimitar dicho
escenario, tiempo que, como ya se ha planteado, es de un año. Por tanto, nos felicitamos y esperamos poder seguir trabajando en esta línea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Txueka.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tiene en su nombre la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, también quiero expresar la satisfacción de mi grupo parlamentario con respecto a esta iniciativa, iniciativa muy importante porque convierte en el máximo nivel de garantía, que es el nivel legal, la
regulación del control y de la transparencia en materia de armamento militar, en materia de armas. Este hecho es tan importante que hay que resaltarlo. Esta fecha es muy satisfactoria para mi grupo parlamentario. No minusvaloramos la importancia
de este mandato al Gobierno para que se realice una iniciativa legal del máximo rango con relación a la transparencia y al control del armamento. En ese sentido nos parece parangonable a la iniciativa que recientemente ha aprobado esta Cámara que
permite el control democrático de la presencia española en el exterior y que, por otra parte, remite al control parlamentario ese control democrático en el marco del derecho internacional y humanitario. Nosotros creemos que esta es una nueva etapa
de esa política que intenta abordar a los que han sido en los últimos días protagonistas de la entrega de los premios Nobel: la guerra y las armas. Decía el secretario general de Naciones Unidas que las armas de destrucción masiva hoy, en concreto
en la vida cotidiana de los pueblos y de los pueblos empobrecidos en particular, son las armas ligeras y las armas indiscriminadas que causan anualmente más de medio millón de muertos -y creo que me quedo por debajo en número-. Esas armas son, en
nuestra opinión, una lacra muy importante en estos
momentos para la paz y, por tanto, deberían ser una prioridad en lo que llamamos el control y la transparencia en el comercio de armas.
Nuestro grupo parlamentario saluda esta iniciativa, que finalmente va a incorporar los avances aprobados por un real decreto como una iniciativa legal y que además va a mejorar los controles de ese real decreto, que hoy son mayores que ayer
pero que seguramente tendrán que ser mayores mañana. En ese sentido, pensamos que es imprescindible que la información sea más frecuente, más pormenorizada y que el control parlamentario se atenga claramente al código de conducta europeo y se
oriente por un futuro tratado que firmemos con las cláusulas más exigentes con relación a lo que podemos denominar la venta de armas y el control de las mismas.
No solamente es importante en esta materia el control de la oferta, que es de lo que
estamos hablando, el control de los países exportadores de armas de sus procedimientos para que esas armas no vayan a países en conflicto, ni a países que estén en embargo o que no respeten los derechos humanos, sino que tiene que haber un control
de la demanda de armas, y ahí entramos en una materia a la que se ha referido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que es la cultura de la paz. Es imprescindible que la solución de los conflictos no sea el conflicto y la guerra. Cada
vez debe de haber más mecanismos basados en el derecho y, a veces, en el apaciguamiento civil. En nuestra opinión no ha habido un suficiente esfuerzo en esa materia por parte de los cuerpos civiles en la Unión Europea o de cuerpos civiles en
nuestro propio país. También tiene que haber un control de la demanda de armamento. Ahí nosotros creemos que hay carencias muy importantes no solamente en el ámbito militar sino también en el ámbito civil, porque cada vez más los barrios y zonas
empobrecidas se convierten en verdaderos campos de batalla. En ese sentido se puede decir aquello de que las armas las carga el diablo. Mi grupo parlamentario está satisfecho de esta iniciativa porque es un avance consensuado por todos y porque
significa un mayor control y transparencia de un mercado siniestro como es el mercado del armamento, sea o no realista decir estas palabras.
Termino, refiriéndome a una cuestión que es extemporánea a esta iniciativa y que esperaba que no hubiera salido. Cuando hablamos de las nubes no me gustan las patadas en las espinillas. En todo caso ha surgido en este debate y no puedo
resistir decir una cosa. No voy a entrar en el debate concreto sobre la política de compraventa de armas, de lo que habría mucho que hablar y ya hemos dicho mucho, pero en concreto con respecto a las recientes elecciones en Venezuela, no hay ni un
solo organismo internacional que haya cuestionado su legitimidad, ni un solo organismo internacional.(Rumores.) Podremos tener nuestras dudas con respecto al mecanismo electrónico, podremos tener nuestras dudas con respecto a la participación de
determinadas fuerzas políticas, pero ni la OEA, ni la Unión Europea, ni tampoco nuestro país ha cuestionado la legitimidad de esas elecciones, y me parece extemporáneo y además abusivo utilizar ese criterio y unirlo a un debate tan importante como
es el debate del control y de la transparencia en materia de armamento, asunto sobre el que seguramente tendremos muchas más oportunidades de hablar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el turno del señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, hay actitudes como la que hoy nos está reuniendo en un común denominador para ir contra el tráfico ilegal de armas de solicitar el máximo exponente de ejemplaridad legislativa como es todo un proyecto de ley del Gobierno. Creo que
es la enésima vez, como recordaba el señor Campuzano, en la que él y yo hemos tenido ocasión de debatir desde 1997, y en el año 2001 por segunda vez, iniciativas legislativas para controlar este segmento de un mercado negro y nefasto. Cuando vemos
las estadísticas bancarias en cuanto a la procedencia del dinero negro a blanquear hay dos puntos de origen fundamentales, está el narcotráfico y está el tráfico de armas ilegales. Encontrar la veracidad del último destino del certificado que se
expende desde un país emisor hasta dónde van a llegar las armas en un comercio lícito, lo que se llama el certificado de último destino, es también un objetivo que tenemos que perseguir. Ahora tenemos que dar este ejemplo, yo creo que el primero en
el marco de la Unión Europea, y si el Parlamento Europeo está en el ánimo, como viene demostrando con sus resoluciones, el propio código de conducta, su disposición resolutoria número 8 que viene a marcar esto, las normas sobre corretaje de la venta
de armamento, las actuaciones que en el marco de Naciones Unidas se viene desarrollando, todo esto requiere un compromiso político. Un compromiso político tal como han tenido un compromiso social y humanitario las organizaciones que han sido
citadas prácticamente por todos los compañeros oradores que han subido esta tarde a la tribuna, como puede ser Intermón Oxfam, que viene desarrollando una labor de alto mérito, de toma de conciencia, de estimular la iniciativa política sobre todas
estas cuestiones legislativas, como puede ser Greenpeace, o como puede ser Amnistía Internacional. Pues bien, todo el instrumento político parlamentario tiene que responder a esta exigencia de conciencia y es lo que hoy hace Coalición Canaria, que
muchas veces ha elevado demandas al Gobierno sobre el control de los puertos de nuestro Archipiélago que suponíamos que eran utilizados para travesías de barcos con cargamento de armas que no tenían la claridad del último destino y que nosotros
considerábamos que iban a conculcar derechos humanos. Ese principio está en nuestra propia Constitución y nos obliga a una ejemplaridad frente al resto de países porque no podemos ser hipócritas,
ni podemos ser ignorantes, ni podemos ser unos ingenuos. Lamentablemente es un mercado competitivo, donde a veces socios que hacen las mismas proposiciones de control son los primeros en infringirlas porque es un material muy codiciado
debido a sus efectos económicos o desestabilizadores. Si nosotros contribuimos con esta norma de conducta democrática de un proyecto de ley contra el tráfico ilegal de armas, eso dignifica a la clase política, dignifica a quien ha sabido llevar a
un texto de ley lo que es una normativa de ética imprescindible porque la lucha contra estas armas no es solamente un principio legal o económico, es sencillamente una postura ética.
En esa línea nosotros hemos suscrito con los demás grupos parlamentarios esta iniciativa de la proposición no de ley instando al Gobierno a traer ese texto legal, para que al menos sea un referente de ejemplaridad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto y en su nombre tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Solamente quiero expresar nuestro apoyo a una proposición no de ley que está firmada por el Grupo Parlamentario Mixto y, por tanto, con la anuencia de todos los grupos políticos que lo conformamos. Lo hacemos porque aunque el escepticismo
tiene que ser grande en esta materia e incluso las posibilidades de discriminación o de hacer juicios de valor respecto a lo que representa cada país o cada régimen político, no cabe duda que todo lo que sea transparencia, responsabilidad y por
tanto contribución a que el negocio montado en la venta de armas se haga por lo menos con el control máximo desde el punto de vista parlamentario no puede ser desechado nunca por unas fuerzas políticas que sean conscientes incluso del relativismo de
lo que aprobamos en el Congreso de los Diputado. Por tanto, daremos nuestro apoyo todos los grupos políticos del Grupo Mixto a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Rodríguez.
Vamos a llamar a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la votación de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV),
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, a favor de una ley de comercio de armas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 299.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN, DE PREVENCIÓN Y DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS DE VIH/SIDA. (Número de expediente 173/000102.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre políticas de investigación,
de prevención y de tratamiento e integración de personas afectadas de sida.
Les recuerdo que es un debate tasado. Para la defensa de la moción habrá siete minutos y cinco minutos para el resto de las intervenciones.
Tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que presentamos pretende ser transversal, que aborde integralmente las problemáticas derivadas de la infección de VIH/SIDA, así como su prevención.
Como dijimos en la interpelación, existe una fatiga de la prevención que ha provocado unos repuntes preocupantes de la infección, a pesar de no estar cuantificados por la falta de estadísticas fiables, por lo que reclamamos la facilitación
del acceso a diagnóstico, asesoramiento y apoyo oportunos y la creación de un registro anónimo basado en las propuestas de la OMS, en detrimento del actual sistema que ha sido declarado nulo por la Audiencia Nacional, que evalúe la magnitud de la
infección para poder abordarla con mayor eficacia. Ante el repunte de la infección, como apuntan todos los indicadores, que incluso se da en colectivos que estaban más concienciados, es necesaria y urgente una campaña permanente destinada a la
prevención. Subrayamos que la campaña debe ser permanente y en todo caso reforzada en determinadas épocas como la estival. También reclamamos la campaña de difusión escolar, así como un acceso más generalizado y fácil al uso de los preservativos,
impulsando su distribución en lugares de ocio, centros educativos, de enseñanza y en centros sociales. Igualmente, reclamamos un enfoque específico de las campañas para
las mujeres, las personas inmigrantes, que deseamos que sea transversal y que abarque la prevención, información, la asistencia y el tratamiento integral de las personas afectadas. Deseamos subrayar la importancia de tomar medidas...
El señor PRESIDENTE: Señora Bonás, disculpe. Señorías, hay un murmullo que hace que sea muy difícil seguir el debate. Les ruego, por favor, mantengan silencio.
Continúe.
La señora BONÁS PAHISA: Deseamos subrayar la importancia de tomar medidas para facilitar la inserción social de las personas afectadas y el castigo de las conductas de exclusión. Más allá de la tragedia que supone en sí el conocimiento de
la infección y los problemas sanitarios derivados de ésta, el rechazo social, las dificultades de integración son unos de los grandes obstáculos con los que se encuentran las personas infectadas de VIH/SIDA. Esta exclusión es patente cuando a
menudo el infectado lo oculta incluso a sus círculos familiares e íntimos. Por esta misma razón reivindicamos el reconocimiento de la cobertura por parte de la Seguridad Social de la cirugía reparadora posible de lipodistrofia. Asimismo queremos
subrayar la importancia de la igualdad real y efectiva de derechos de las personas infectadas por VIH. En esta línea, un derecho que nos parece básico es el de tener descendencia y hacerlo sin riesgo de transmisión, con lo cual reivindicamos que la
Seguridad Social contemple las prestaciones del lavado de semen.
En otro orden de cosas hay que señalar y mostrar nuestra preocupación por la coincidencia de VIH/SIDA y su contagio en las cárceles. Las personas encarceladas corren un riesgo especial para contraer la infección, sobre todo a través del
consumo de drogas intravenosas, relaciones sexuales no protegidas, tatuajes e insuficientes servicios de prevención y educación.
El informe del Defensor del Pueblo afirma que una cuarta parte de enfermos de sida entre las personas presas implica
enormes riesgos de transmisión en un medio cerrado y superpoblado. Las recomendaciones de la OMS sobre VIH/SIDA pedían a los gobiernos que se garantizase a las personas encarceladas el acceso a los mismos tratamientos y medidas de prevención a los
que accede el resto de la comunidad. El sida es una enfermedad crónica que necesita de unos seguimientos adecuados en cada fase y que no pueden ser prestados adecuadamente en las cárceles porque no se dispone de los servicios ni de los recursos
necesarios, y las derivaciones hospitalarias mayoritariamente son insuficientes o tardías.
De hecho, a pesar de que el Plan Nacional sobre el Sida insiste en la necesidad de instaurar en las prisiones técnicas de consejo asistido, no han sido
desarrolladas y a la mayoría de las personas infectadas en prisión se les comunica en consultas rutinarias sin la información ni el asesoramiento debido sobre la enfermedad. En este sentido se impide que las personas infectadas accedan al
tratamiento que consideren más adecuado para su salud, no pudiendo cuestionar lo prescrito y llegando al punto incluso de cambiar tratamientos de última generación por formatos ya caducos.
Asimismo la dispensación de medicamentos corre a cargo mayoritariamente de botiquines gestionados y conservados por personal penitenciario y del centro y no por farmacéuticos como sería legalmente oportuno. Además, la estancia en prisión
empeora las condiciones que padecen las personas infectadas, por ejemplo, la mala alimentación, y aumentan los riesgos de contagio de enfermedades infecciosas como tuberculosis o hepatitis. Es por ello que las directrices europeas dictadas en
Ginebra en el año 2003 sobre la infección de sida en las prisiones establecen que en todas las etapas de la enfermedad los detenidos deberían recibir un tratamiento médico y psicosocial apropiado, igual al que se benefician otros miembros de la
comunidad, y recomiendan la libertad condicional anticipada dado que ello no es posible en la cárcel. Sin embargo, el reconocimiento de la atención extrapenitenciaria a las personas toxicómanas y la posibilidad de salida en régimen abierto,
contemplada en el artículo 117 del reglamento penitenciario de 1996, tampoco han sido desarrolladas.
Asimismo es necesario un impulso de los programas de intercambio de jeringuillas para la prevención de las personas drogodependientes, en
particular en las cárceles, en general, en toda la sociedad.
Solicitamos la excarcelación inmediata de aquellas personas en prisión afectadas de un padecimiento grave e incurable de sida. No entendemos cómo desde el punto de vista humanitario a las personas se las excarcelen unas pocas horas antes o
unos días antes de morir y solo con la intención de no empeorar las estadísticas. Igualmente desde el punto de vista humanitario solicitamos el cobro de pensiones no contributivas a que tienen derecho las personas encarceladas con VIH/SIDA y
derivadas de su condición de minusválidas a la derogación del Real-Decreto 1169/2003, de valoración de minusvalías, y el cambio de los baremos de acceso a dicha condición, ya que los actuales baremos son cuantitativos y no cualitativos, es decir,
basados en los días de hospitalización más que en la limitación real y objetiva que tienen las personas. En este sentido una persona con VIH/SIDA, con una evidente limitación para trabajar, podría no acceder a este derecho porque su tratamiento es
con visitas hospitalarias o desde su casa y no requiere hospitalización.
En otros ámbitos presentamos una propuesta destinada a impulsar la investigación de la vacuna contra el sida y también a impulsar la investigación de microbicidas. Reclamamos el complemento exhaustivo de todos los compromisos adquiridos
para la lucha contra el sida. Finalmente hay una propuesta más innovadora, que es la advertencia acompañada con el lazo rojo representativo de la lucha contra el sida en las publicaciones pornográficas. Queremos dejar claro que no es una
identificación de la pornografía con el sida, porque los casos de profesionales
infectados son mínimos; simplemente es aprovechar una advertencia de cara a productos de gran consumo sobre la necesidad de practicar sexo seguro.
Esta propuesta ha sido aceptada por el Grupo Socialista con algunas modificaciones que
creemos que la han mejorado en algunos puntos; en otros, el compromiso parece más suave. Entendemos que este es un documento de trabajo, un punto de partida, no un punto final, una moción sobre la que seguiremos trabajando -espero- todos los
grupos y haciendo propuestas y en relación con la cual iremos haciendo un seguimiento de cómo se facturan las políticas. Por tanto, vamos a aceptar la propuesta de sustitución del Grupo Socialista, a la que hemos presentado una pequeña
modificación, una pequeña transacción relativa al punto 7 y los registros anónimos, que no quedaba suficientemente claro.
Finalmente, quiero reconocer la labor, y trasladarles mi más sincero agradecimiento, de todas aquellas personas y organizaciones que trabajan para la prevención, investigación, asistencia y derechos de las personas con VIH/SIDA, en especial
a la mesa sida Galicia, a la comisión sida cárcel de la coordinadora de solidaridad con las personas presas, a la coordinadora estatal del VIH-SIDA, a la coordinadora de asociaciones de lucha contra el sida de la Comunidad Valenciana y al grupo de
trabajo sobre tratamientos del VIH-SIDA. Muchas gracias a todos por su labor, mucho ánimo y el mejor de los deseos, que hemos pretendido plasmar en esta iniciativa, para las personas que padecen la infección. Finalmente, un recuerdo muy emotivo
para las personas que ya han muerto de la infección, especialmente un recuerdo para mi hermano, Juan Bonás.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por el Grupo Popular, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de esta moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana, que, como su representante nos acaba de decir, renuncia a su propia argumentación a favor de la enmienda del Grupo
Socialista. Hasta hace pocos momentos hemos intentado que hubiera consenso en esta Cámara y que se pudieran incorporar también las iniciativas del Grupo Popular, pero no ha sido posible. Espero que esto no sea otra respuesta más del pacto del
Tinel, donde tan antidemocráticamente se excluye al Partido Popular de cualquier propuesta que se pueda hacer, incluso aquellas que sean a favor de un colectivo como son los enfermos y las personas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia
humana o por el sida. El Partido Popular, siempre votará a favor cualquier iniciativa que favorezca la lucha contra el sida.
Entendemos que esta iniciativa del Grupo Socialista y de Esquerra Republicana es poco ambiciosa porque no aporta nada nuevo a lo que se viene haciendo desde 1997 a través de los planes multisectoriales, el de 1997 a 2000, e incluso en el
actualmente vigente de 2001 a 2005. Nuestra enmienda iba más allá porque proponíamos un incremento de financiación.
No olvidemos que el Gobierno socialista congeló el presupuesto del Plan Nacional sobre el Sida y nosotros, el Partido Popular,
presentamos una enmienda que fue rechazada con el voto del Partido Socialista. Íbamos más allá porque ampliábamos derechos para los pacientes de sida al incluir en la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud, que actualmente está en fase
de proyecto, prestaciones específicas para estos pacientes de sida como las que solicitaba la señora Bonás: el lavado de semen para parejas serodiscordantes, el tratamiento con cirugía reparadora de las lesiones de lipodistrofia facial o incluso la
ampliación de la atención bucodental. Lamentamos que Esquerra Republicana, como siempre, no atienda lo que otros grupos podemos aportar de positivo por el bien de estos pacientes. No obstante, el Partido Popular acaba de presentar una proposición
no de ley y esperamos, por el bien de los pacientes con sida, que en su tramitación no se lleve a cabo este sectarismo que hoy han puesto de manifiesto.
Señorías, España ha sido el país con mayor incidencia de sida de toda la Europa occidental debido a que en los años ochenta e inicio de los noventa hubo un retraso en los programas de reducción de los daños asociados a usuarios de drogas por
vía parenteral y a la gran extensión que se produjo a través de varones con prácticas homosexuales, ambos colectivos de adultos jóvenes y sexualmente activos. Esto dio lugar a la transmisión por vía heterosexual secundaria y a la transmisión por
vía perinatal. Pero cuando llega el Partido Popular al Gobierno en el año 1996, establece como auténtica prioridad la lucha contra el sida, y la establece a través de lo que les decía antes, de los planes multisectoriales. Esos planes
interdisciplinares, transversales e integrales para atender a los pacientes con sida. Planes en colaboración con comunidades autónomas, con entidades locales a través de la Federación Española de Municipios, a través de distintos departamentos
ministeriales, como el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Sociales o el Ministerio de Educación y Ciencia.
Integrados estos planes también por el Instituto de la Mujer, por el Consejo de la Juventud, por el
Plan Nacional sobre Drogas, por Instituciones Penitenciarias, por las ONG que hoy aquí queremos reconocer la importantisima labor a nivel sociosanitario y a nivel de llegar a aquellos colectivos que son de más difícil acceso. En esos planes
multisectoriales se incrementó la dotación presupuestaria en el año 1997 en un 300 por ciento al Plan Nacional sobre el Sida, y las comunidades autónomas produjeron un incremento en recursos financieros para luchar contra el sida de más del 30 por
ciento.
Sé que el tiempo es escaso, pero la labor llevada a cabo en investigación, en cooperación exterior, en asistencia sanitaria, en prevención, a lo largo de los ocho años del
Partido Popular ha merecido el reconocimiento de asociaciones o de entidades como ONU-SIDA. Ese reconocimiento está ahí, aunque algunos con su sectarismo no quieran reconocerlo. Y es una pena porque estamos hablando de personas
vulnerables, de personas que a día de hoy se siguen muriendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Roldós.
Grupo Socialista, señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha costado la vida a más de 25 millones de personas, desde que fue identificado por primera vez en 1981. Centrándonos en España, hemos avanzado mucho en el control de
la epidemia. Ha sido posible gracias a la calidad de los profesionales sanitarios, la labor de las ONG, de otras estructuras de la sociedad civil y al compromiso de las administraciones públicas, en especial del Ministerio de Sanidad, desde donde
se está trabajando muy activamente en la lucha contra el sida. Tan solo voy a mencionar, entre otros, el ámbito asistencial, la investigación con los proyectos en cooperación con otros países para la búsqueda de la vacuna preventiva, la prevención,
realizando campañas informativas específicas para jóvenes, mujeres, inmigrantes, en Instituciones Penitenciarias y por primera vez para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. En este punto, la vía sexual supera cualquier vía de contagio, por
lo que es necesario un esfuerzo como el que ya se está haciendo para promover conductas sexuales saludables mediante la educación de los más jóvenes y el desarrollo de estrategias que permitan una mayor accesibilidad y facilidad para el uso del
preservativo, ya que hoy en día es la mejor solución. Pero aunque se está trabajando mucho y bien, no debemos bajar la guardia porque España sigue siendo uno de los países con mayor incidencia en Europa occidental. Tres de cada mil ciudadanos
españoles están infectados por VIH, razón suficiente para considerar la lucha contra el sida como una prioridad en nuestro país y en el resto del planeta. Con estos datos no podemos descansar en la lucha contra el sida, porque, señorías, son muchos
los problemas a los que se enfrentan las personas que viven con el VIH/SIDA. A la tragedia personal y familiar, hay que unir el rechazo social y las dificultades de integración. El Grupo Parlamentario Socialista así lo entiende, como también el
Gobierno, sea dicho de paso. Es por esto por lo que hemos presentado esta enmienda a la totalidad de la moción, porque compartiendo el espíritu de la moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, hemos creído que se podían mejorar
algunos aspectos, o bien porque el trabajo o las acciones propuestas ya se están realizando, o bien porque determinadas propuestas restarían eficacia a la moción.
Quisiera aclarar la posición de mi grupo respecto a algunos puntos de la moción. El primero es el referido a la condonación de la deuda. Por un lado, la condonación de la deuda indiscriminada a todos los países que tengan más de un 5 por
ciento de su población afectada por el sida no es una medida efectiva, dado que la mayoría de los países con mayor incidencia del sida no tienen deuda con España; por otro lado, los países que tienen problemas de sobreendeudamiento y de sida
simultáneamente ya están beneficiándose de la iniciativa HIPC y de las condonaciones de deuda que se van realizando; por último, en el caso del sobreendeudamiento el destino de los fondos liberados por la condonación se fija con el deudor,
siguiendo el principio de soberanía del país beneficiario, por el cual se respetan las prioridades por él fijadas en su proceso de desarrollo.
En cuanto a lo que ha comentado la señora Roldós, de todo lo que ha dicho me quedo con que va a votar a favor, porque entiendo que el VIH/ SIDA es un verdadero problema de salud, personal y social, y en la lucha contra él todos tenemos que
aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones, de las que usted habla en su enmienda y que sabe que también están recogidas en la nuestra. No hable de sectarismo y de exclusión porque son ustedes los que se excluyen y disfrutan de una postura falsa
de sectarismo. De todos modos, no es lo mismo predicar que dar trigo. Ustedes estuvieron gobernando no hace mucho y todas estas iniciativas que ahora echan de menos, si tan fundamentales les parecían o les parecen, quizás podían estar ya hace
mucho tiempo puestas en marcha.
Señorías, nuestra enmienda habla, entre otros, del plan multisectorial frente al VIH/SIDA, de educación afectivo-sexual, del acceso generalizado y fácil a los preservativos, del enfoque específico de género, de las personas inmigrantes, de
la investigación hacia una vacuna preventiva, de fortalecer la inserción social, de evitar conductas de exclusión de las personas infectadas por VIH/SIDA y de compromisos internacionales con el fondo de lucha contra el sida.
Termino, señor presidente, diciéndoles que quizá plasmar en una única moción todos los problemas y todas las especificidades, deficiencias o necesidades concernientes al VIH/SIDA sea imposible y que seguramente por este formato nos estamos
dejando muchas cosas que tendremos que abordar o mejorar en el futuro, porque la lucha contra el VIH/SIDA no es una lucha superada, sino que estamos inmersos en ella. Señorías, lo que sí refleja esta enmienda es la voluntad y el compromiso que
tenemos con las personas afectadas por el VIH/SIDA y con sus familias. Es un compromiso con el que los socialistas estuvimos, estamos y estaremos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Por el Grupo Mixto, doña Olaia.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subimos a esta tribuna para posicionarnos respecto de la moción que acaba de defender la señora
Bonás; una moción exhaustiva que nos propone 25 puntos que tienen una importancia muy grande en la situación y en toda la cuestión que representa el grave problema del sida. En ese sentido nuestro grupo va a apoyar la moción presentada y
defendida por la señora Bonás.
Bien es cierto que desde el año 1996 con la extensión de los antiretrovirales se disminuyó el sida en el Estado español y también en el resto del mundo. A pesar de eso y de que se disminuyó en aproximadamente un 69 por ciento, no es un
problema menor, sino todo lo contrario, el hecho de que en el año 2004, por ejemplo, en el Estado español los nuevos casos de sida fueran 2.071, independientemente de que eso significara un 6,6 por ciento de casos menos que en años anteriores.
Por
tanto, no deja de ser importante cómo se va reduciendo una enfermedad de estas características, así como que la gravedad de la epidemia continúa en nuestra sociedad. Por eso, nos parecen convenientes las propuestas que la señora Bonás hace en su
moción, teniendo en cuenta que la misma recoge medidas preventivas y paliativas tanto en el aspecto sanitario como en el social. Hay que recordar que no es la primera vez que se produce un debate respecto a cuestiones importantes que recoge la
moción, como las modificaciones establecidas en los reales decretos 1169/2003, 11609/2003 y 1971/1999, relacionadas con la valoración de las minusvalías, algo que denunciamos en el momento en que estos reales decretos fueron aprobados, que
aproximadamente hace un año trajimos a debate a este Parlamento y sobre lo que no hubo acuerdo. Por lo que acaba de decir la señora Bonás y por lo que representa la propuesta que hace el grupo que enmienda la moción, este asunto va a volver a
quedar sin solución, asunto que desde nuestro punto de vista es muy gravoso para los intereses de aquellas personas que padecen esta enfermedad y vieron reducida su capacidad o derecho a que se les reconociera una pensión. Por tanto, lamentamos que
de nuevo, y a pesar de volver a producirse el debate, esta cuestión no sea recogida. Nosotros queremos hacer patente este aspecto, así como resaltar que seguimos sin resolver un problema tan importante, lo cual no va a ser impedimento para que
apoyemos la aprobación del resto de los puntos.
También es cierto que en el aspecto del reconocimiento -no sé si denominarlo solidaridad, cooperación o el esfuerzo internacional que tenemos que hacer todos los Estados-, teniendo en cuenta que esta si es una pandemia que ya se vive desde
hace muchísimos años y que otras zonas del planeta están en condiciones mucho peores que las del propio Estado español, entendemos que la propuesta de la señora Bonás también queda reducida por la eliminación de algunos aspectos que ya recogía y
tenían que ver con la asunción de la deuda externa por parte del Estado español.
En cuanto a cómo afecta el sida a nivel internacional, tenemos que decir que existen datos esperanzadores de la Onusida que efectivamente reconocen que también en las zonas más castigadas, como la africana, se está reduciendo la epidemia,
pero en absoluto como para decir que el problema esté resuelto, ya que dicho problema sigue siendo de una gravedad tremenda porque más de 40 millones de personas en todo el planeta están afectadas por esta enfermedad, por cierto, en este momento la
mitad son mujeres.
Señor presidente, termino diciendo que nos parecen muy interesantes aquellas propuestas relacionadas con la atención a las condiciones de las personas que padecen la enfermedad del sida en el ámbito penitenciario, fundamentalmente las
relacionadas con la atención y las prestaciones sociales. Estoy convencida de que hoy vamos a aprobar esta moción o bien la enmienda de modificación que propone el Grupo Socialista, así como de que este problema no está rematado en cuanto al debate
que debemos llevar a cabo para seguir buscando medidas que mejoren las condiciones de las personas que padecen la enfermedad y ayuden a superarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por Izquierda Verde, tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, votará favorablemente la moción, en principio de Esquerra Republicana y ahora resultado del acuerdo al que han llegado con el Grupo Parlamentario Socialista. Esta
moción es consecuencia de la interpelación que la semana pasada trajo de nuevo a esta Cámara un debate que, aunque no es la primera vez que se realiza, no deja de ser necesario e importante.
En las diferentes legislaturas, por lo que he podido comprobar, en esta Cámara se han aprobado más de 17 iniciativas, se han planteado más de 70 preguntas y unas cuantas mociones en relación con el problema del VIH/SIDA. En concreto, en
esta legislatura se han presentado cinco iniciativas, una de ellas -es lógico que lo resalte- por nuestro grupo parlamentario en la Comisión de Cooperación, para impulsar los esfuerzos de investigación para lograr una vacuna preventiva contra el
sida, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios; por tanto, en estos momentos es de todos los grupos parlamentarios. Ahora bien, a pesar de las muchas iniciativas que se han podido ir presentando a lo largo de las legislaturas, es obvio
que la enfermedad del sida, lamentablemente, continúa siendo una de las epidemias más importantes de la sociedad actual y, numéricamente hablando, una de las más elevadas de la historia, casi 25 millones de personas en todo el mundo en los últimos
25 años; sería difícil encontrar alguna otra enfermedad que nos situara en esta dimensión. Como todos sabemos, con una pérdida de calidad de vida, de marginación social y de muertes, afecta de manera mucho más dura en los países pobres que en los
considerados como países ricos. Sea como sea, tanto en unos como en otros, lo que está claro es que la enfermedad comporta una pérdida de
salud y de calidad de vida en las personas que la padecen, y también comporta dolor e impotencia en las familias y personas cercanas a la que padece la enfermedad.
Hay, por tanto, mucho trabajo por hacer, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En honor a la verdad hay que decir que ese trabajo lo iniciaron ya hace muchos años las asociaciones y voluntarios en defensa de la atención y de la
prevención del sida, que después han seguido impulsando numerosas ONG de nuestro país, sin especificar ninguna de ellas porque han sido numerosísimas en estos 20 años, y desde aquí quisiera alabar su trabajo. Colectivamente, les debemos mucho a
estas organizaciones porque han servido para atender a las personas con problemas, pero también para sensibilizar a la sociedad y para conseguir que el sida sea vivido por la sociedad como una enfermedad a la que todos y todas estamos expuestos,
alejando el estigma que ha tenido y tiene todavía en cierta manera.
Para no alargarme más, quisiera referirme a la moción presentada por Esquerra Republicana. Como pueden imaginarse, nosotros compartimos los 27 puntos de la moción inicialmente planteada por Esquerra Republicana porque seguramente cada uno
de ellos está fundado en necesidades que nosotros compartimos, pero debo decirles que, fundamentalmente por los plazos que plantea, nos parece que la propuesta a la que han podido llegar es un paso un poco más realista en este sentido que el que
inicialmente recogía la moción. Todo lo que signifique apostar por avanzar en la prevención, en la sensibilización y en la investigación para luchar contra el sida es un paso positivo, en este caso a través de la moción consecuencia de la
interpelación y en otros a través de otras propuestas. Quisiera resaltar que en los presupuestos para el año 2006 se ha aprobado una enmienda de nuestro grupo que ha duplicado la partida destinada a favorecer este impulso de trabajo colectivo de
toda la sociedad y de las ONG; por tanto, en total serán tres millones de euros.
Por primera vez en muchos años se ha incrementado esta partida cuyo destino es, concretamente, financiar programas de prevención y control del sida. Creemos que
todos los pasos que se puedan dar son positivos y, lógicamente, nuestro grupo los va a apoyar en todo momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Grupo Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo también va a apoyar la moción que se presenta a instancias de la iniciativa en forma de interpelación, presentada por el Grupo de Esquerra Republicana. La ventaja de pertenecer a un grupo pequeño y llevar además diez
años en esta Cámara hace que las grandes proclamas que se plantean desde los dos grupos de más de cien diputados que existen en esta Cámara las relativicemos bastante. Por eso, oyendo a la representante del Grupo Popular, decimos ahora: qué pena
que en ocho años no le diese tiempo a hacer todas las cosas que ahora pide. Sepa que en idéntico sentido también vamos a apoyar la iniciativa o la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, pero que lo entienda como que de ellos esperamos
mucho en el tiempo que les queda por gobernar.
Nos pareció feliz la idea del Grupo de Esquerra Republicana de presentar, coincidiendo con el Día mundial de la lucha contra el sida, la interpelación que presentó, puesto que a lo largo de 25 años la pandemia de VIH/SIDA no solo no se ha
frenado sino que se ha seguido incrementando de forma exponencial. Sobre todo nos parecen importantes las cuestiones que se proclaman no solo en los países que, como el nuestro, pertenecen al Primer Mundo, sino la incidencia que tiene en
poblaciones y en los países del sur comprometiendo, como así debe ser, cualquier esfuerzo local o internacional en pro del desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. Examinado el contenido de la iniciativa, nos parecía
bien en su conjunto, pero ya indicamos que la votaremos con el texto que se acepta de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Especialmente feliz nos parece lo que se propone en el punto 5, aprovechando que en el año 2006, como he indicado, se cumplen los 25 años de la aparición del sida en el mundo. Nos parece que esto podría ser una puesta al día ante el nuevo
escenario en el que nos encontramos, de la misma manera que nos gusta fundamentalmente el apartado 6 de la iniciativa que se presenta. En cuanto al punto número 7, la existencia de un registro anónimo, debo manifestar, con el orgullo que siempre
nos cabe a quienes tenemos responsabilidades en la gestión de la sanidad en otros lugares, que en Euskadi existe ya este registro anónimo desde el año 1997. En relación con el punto 9, investigación sobre vacunas, no es competencia que incumba a
las comunidades autónomas, pero nos parece excelente y creemos que debiera incrementarse también y tener en cuenta la importancia en la búsqueda de microbicidas. Los puntos 18, 19, 20 y 21 nuevamente me llevan a hacer gala de localismo, puesto que
no me parece justo olvidar -tengo que decirlo en esta tribuna- que fue en la prisión de Basauri donde se puso en práctica en 1997 el primer programa de intercambio de jeringuillas en el Estado. Me ha parecido bien, así lo manifiesto en este momento
y creo que esa es la intención del Grupo Socialista, la manifestación que se ha hecho por parte del Grupo Popular en relación con cuestiones tales como el lavado de semen, lo cual debemos tener en cuenta especialmente en el momento de tramitación
que nos encontramos en esta Cámara con la Ley de Reproducción Humana Asistida, cuya ponencia hemos cerrado en el día de hoy y que llevaremos a Comisión en los días venideros.
Lo he manifestado en el comienzo de mi intervención, por parte del Grupo Vasco no hay ningún problema, simplemente queremos felicitar al grupo proponente. Nos
satisface la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista y que va a ser votada. Nos parece sorprendente, en cierta medida, que en una cuestión como ésta pueda haber proclamas de discusión entre las dos formaciones mayoritarias, insisto,
pero si el resultado final es el de la votación conjunta de todos a favor de la iniciativa, nos felicitaremos por ello.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
De entrada, mi grupo quiere felicitar a la señora Bonás por su iniciativa, tanto por el contenido de la interpelación del pasado miércoles como por el contenido de la moción que nos ha presentado, y evidentemente también por la carga emotiva
de su intervención el pasado día. Mi grupo hubiese preferido votar la moción que Esquerra Republicana presentó originalmente, reconociendo que seguramente los plazos que planteaba tenían sus complicaciones, pero el contenido de esas 27 propuestas
que conformaban esa moción tenía la amplitud de abordar las principales cuestiones que hoy preocupan tanto a los afectados y sus familias como a la sociedad civil implicada en la lucha contra el VIH/SIDA. Hubiésemos preferido aprobar esa moción,
pero respetando la capacidad de la señora Bonás de acordar con la señora Montón aquello que crea oportuno, votaremos favorablemente esta moción.
Sin embargo, nos gustaría manifestar algunas preocupaciones que tenemos sobre el texto que finalmente sea aprobado. En primer lugar, se suprimen los puntos 23 y 24 de la moción de Esquerra Republicana, que planteaban una cuestión polémica
que se viene arrastrando desde hace muchos años, que son los baremos para acceder a la condición de afectado y las consecuencias que tuvieron los baremos que inicialmente formuló el anterior Gobierno, dos cuestiones que preocupan al sector y que
desaparecen de esa moción. En segundo lugar, la redacción del punto 7 de la moción, que, mejorado por la propuesta que formula la señora Bonás, en la propuesta inicial que formulaba la señora Montón introduce elementos de preocupación para mi
grupo. Hemos de ser capaces de garantizar la información necesaria para conocer el estado de la epidemia en España y hay que hacerlo garantizando la confidencialidad de esos datos. A raíz de la propuesta que formulaba el Grupo Socialista aparecían
dudas con relación a esas dos cuestiones. Finalmente, que caigan también los puntos 15 y 16, que hacían referencia a una de las cuestiones que hoy más preocupan a los colectivos, como son las cuestiones vinculadas a la discriminación laboral de las
personas afectadas, también nos preocupa.
Son cuestiones que en el texto de Esquerra Republicana estaban configuradas de manera muy clara e inequívoca y que desaparecen, lo que mi grupo lamenta.
Dicho eso, insisto, votaremos favorablemente. Estamos convencidos de que hoy la sociedad española no puede relajarse frente a la pandemia del sida. A lo largo de los últimos años, como resultado de algunos éxitos colectivos y de las
políticas públicas, ha habido un proceso de relajamiento, como la señora Bonás apuntaba en su intervención de manera meridiana. Somos conscientes además de que a escala global, especialmente en África, la pandemia del sida está destrozando las
expectativas del futuro de ese continente, y ahí debe existir un compromiso claro del Gobierno de España en esta materia. Valoramos los compromisos situados en el fondo global de lucha contra el sida, pero esperamos un mayor compromiso del Gobierno
español en la investigación de la vacuna del sida para los países pobres. En estos momentos en el Senado se está discutiendo una enmienda de Convergència i Unió que no fue aprobada en el trámite de los presupuestos en el Congreso, para financiar
esa vacuna específica para los países pobres.
Finalmente, nos parece que debemos continuar con dos cuestiones que están en el discurso de todos los grupos y que quizá la moción no refleja de manera expresa y que son importantes, y son los siguientes. En primer lugar, el apoyo al tejido
asociativo. Todos estamos destacando en nuestra intervención que detrás del problema del sida existe una sociedad civil fuerte, independiente, con capacidad de hacer llegar propuestas y dialogar con la Administración; la política del Gobierno debe
escuchar más a los sectores implicados. En segundo lugar, el trabajo en contra del estigma, más allá del ámbito laboral, debe continuar marcando nuestras políticas públicas. En la ciudad de Barcelona en las últimas semanas hemos vivido una
reacción ciudadana ante la puesta en marcha de un equipamiento para las personas con problemas de drogodependencia, una reacción ciudadana profundamente insolidaria. En Cataluña, hace unos cuantos años, las fuerzas políticas y sociales alcanzamos
un pacto social con relación a la cuestión de la droga. Con esa reflexión los vecinos rompen con esa idea de actitud respetuosa y solidaria con las personas que padecen el problema de las drogas. En las reflexiones que en los próximos tiempos
hagamos en esta materia de la lucha contra el sida, la posición inequívoca para no estigmatizar a las personas que padecen esta enfermedad debe ser fundamental en nuestra aproximación política. En todo caso, votaremos a favor de esa moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señora Bonás, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas para confirmarnos su posición.
La señora BONÁS PAHISA: Aceptamos la enmienda de sustitución del Grupo Socialista con una transaccional que hemos presentado al punto 7, que tienen todos los grupos, que consiste en la adición de un párrafo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PERÍODO 2007-2013. (Número de expediente 173/000103.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente moción, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición de España en la próxima negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra por el grupo proponente, el señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, señorías, el pasado 30 de noviembre debatíamos en esta Cámara la interpelación urgente sobre la posición de España en la próxima negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea.
Desde entonces hemos asistido a tres acontecimientos extraordinariamente llamativos: En primer lugar, la clamorosa ausencia de nuestro ministro de Asuntos Exteriores en el cónclave de ministros en que se negociaban estos asuntos, lo que pone de
manifiesto el escaso interés del Gobierno en estas negociaciones.
Conociéndose con seis meses de antelación la fecha de una reunión comunitaria de esta envergadura no se explica que nuestro Gobierno considere irrelevante la misma y opte por
periplos africanos que pueden acomodarse en otras fechas. ¿Desinterés, resignación, frivolidad? Elijan, señorías, el calificativo que ustedes quieran pero desde luego ni profesionalidad ni prioridades claras ni responsabilidad.
El segundo acontecimiento ha sido la presentación por la Presidencia británica el pasado 5 de diciembre de una nueva propuesta en la que España, una vez más en estas negociaciones, vuelve a perder posiciones; propuesta que mantenía todo lo
negativo de la propuesta luxemburguesa para nuestro país y, además, empeoraba nuestro saldo neto en más de mil millones de euros sobre la base de incrementar nuestra aportación al cheque británico, reducir las ayudas agrarias y aceptar un recorte
brutal a la política de desarrollo rural.
Y finalmente, dado el cariz de la negociación, el Partido Socialista en boca de sus ínclitos portavoces, los señores Moraleda -conocido héroe de la negociación del tabaco, aceite y algodón- y el no menos imaginativo señor Blanco -cuyos
conocimientos de las materias comunitarias no pueden calificarse de enciclopédicos- han puesto en marcha la maquinaria de propaganda socialista al parecer tratando de preparar un mal resultado de las negociaciones, afirmando que, en su caso, la
causa sería la mala herencia recibida del Gobierno de José María Aznar y que el PP, además, en estas negociaciones tenía mala fe.
Señorías, la herencia del Gobierno de José María Aznar es muy clara: 49.000 millones de euros de fondos estructurales; 12.000 millones de euros de Fondo de Cohesión; 47.000 millones de euros de saldo neto. Todo ello en el periodo
2000-2006. Y además, garantía de las ayudas agrarias hasta el año 2013, que van a ser más de 42.000 millones de euros, y defensa de tratamientos específicos para la convergencia estadística, pese a las críticas del Partido Socialista cuando desde
el Partido Popular se defendió que las regiones que salían del Objetivo 1 por convergencia estadística tenían que tener un tratamiento singular.
Si el señor Blanco quiere saber si el Partido Popular ha tenido mala o buena fe en este proceso negociador debería contactar con los altos cargos socialistas responsables de la negociación, con el secretario de Estado para la Unión Europea
que, incluso por carta, ha agradecido la actitud del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, la actuación del presidente de la Comisión Regional del Parlamento Europeo, miembro del Partido Popular, y la lealtad demostrada a las
posiciones gubernamentales españolas en el curso de la negociación. Dejémonos de propaganda y aproximémonos a la realidad, y la realidad es que con las propuestas que hoy hay encima de la mesa, tras más de un año y medio de negociación por parte
del nuevo Gobierno socialista, y como todo el mundo sabe la negociación comunitaria empieza a partir de la presentación de las propuestas por la Comisión Europea, España puede perder más de 20.000 millones de euros de fondos estructurales, más de
9.000 millones de euros de fondos de cohesión y nuestro saldo neto puede bajar de 47.500 millones de euros a poco más de 3.600 millones.
En este momento, señorías, con la propuesta británica el costo de la ampliación sería aproximadamente de 175.000 millones de euros, y de este costo Alemania pondría 22.000 millones de euros; Francia, 30.000; Reino Unido, nada; Holanda,
2.600; Suecia, 2.000, y España -tomen nota, señorías- 44.000 millones de euros, el doble que Alemania. Ante esta injusta situación, nuestro grupo presenta una moción que tiene por objeto apoyar una postura negociadora firme sobre las siguientes
bases. En primer lugar, rechazar cualquier propuesta que convierta a España en contribuyente neto en cualquier momento del periodo 2007-2013. No tiene sentido que no habiendo alcanzado la convergencia real plena con la Unión Europea a Quince,
España, además de ser el país que más esfuerzos hace para afrontar los gastos de la ampliación, pudiera devenir en contribuyente neto. En segundo lugar, nuestra moción, de acuerdo con lo anterior, entiende que la contribución española a la
ampliación debería ser proporcional a nuestra capacidad económica y a nuestro producto interior bruto. No podemos hacer un esfuerzo doble que Alemania o un 50 por ciento superior al de Francia. En tercer lugar, estimamos que la Unión Europea
necesita un presupuesto suficiente; la propuesta inicial de la Comisión era un mínimo, pero en todo caso reducir el presupuesto por debajo del 1,06 de la renta nacional bruta comunitaria exigiría sacrificios injustificados a las políticas de
cohesión, a la política agrícola común y a la política de desarrollo rural. En cuarto lugar, nuestra moción entiende que España y sus
comunidades autónomas no pueden sufrir discriminaciones respecto a estados o regiones que estén exactamente en sus mismas circunstancias. En quinto lugar, y esto es importante, para dar seguridad a nuestros agricultores, que en este momento
están sumidos en un mar de dudas y confusión por las negociaciones, por un lado, de la Organización Mundial de Comercio y, por otro lado, por las perspectivas financieras en las que se anuncian nuevas revisiones de la PAC en el horizonte 2009,
habría que garantizar la financiación de la PAC en los términos establecidos en el Consejo Europeo de Bruselas en el año 2002. Finalmente, entendemos que no se deben efectuar nuevas reducciones en las políticas de cohesión ni para los Estados de la
Unión a Quince ni para los nuevos Estados miembros. Desde que la Comisión presentó sus propuestas, las propuestas de compromiso que se han puesto encima de la mesa han ido directamente contra las políticas de cohesión, tanto la de la Presidencia
luxemburguesa como la de la Presidencia británica; en un caso la cohesión para los Quince, con Luxemburgo; en otro caso, la cohesión para los países de la ampliación ha sido recortada con la propuesta británica.
Nuestro grupo considera que esta moción, con las enmiendas que otros grupos puedan incorporar, reforzaría una posición negociadora firme de nuestro Gobierno en una discusión que ciertamente es difícil pero que es vital para los intereses
españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente, en turno de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaré por decir, en representación del Bloque Nacionalista Galego, que en este tema sería muy importante que hubiese una posición conjunta de la Cámara porque se trata de un tema crucial para el conjunto del Estado y además un tema a
defender en organismos o instituciones que, aunque no son totalmente externas, sí hay una voz que representa al Estado español.
Pero además lo decimos porque en este caso el análisis del Gobierno, si damos credibilidad al documento de las
perspectivas financieras 2007-2013 y la posición de España elaborada por Alberto Navarro y Enrique Viguera, que son cargos representativos del Estado español en la negociación con la Unión Europea, tenemos que aceptar que se trata de un análisis
ponderado, equilibrado y claramente reivindicativo. En este aspecto, los autores dejan claro que el Estado español en este momento está siendo por lo menos víctima de una interpretación rígida del acervo comunitario; en segundo lugar, del intento
de congelación de los gastos dedicados sobre todo a cohesión en la Unión Europea, y también del incremento desproporcionado de aportación al gasto por parte de algunos Estados del sur de la Unión Europea, específicamente el Estado español. Por
tanto, está claro que hay una predisposición del Gobierno a aceptar que la ampliación de la Unión Europea no puede correr por cuenta básicamente de los Estados del sur y en especial del Estado español. Hay un dato objetivo que manejan que es claro
y contundente, al que también hizo alusión el señor Arias Cañete, que deja claro que los Estados que saldrían más perjudicados serían el Estado español, Portugal, Grecia, incluso la propia Francia, si las negociaciones van por este camino.
En segundo lugar, está claro también que no se puede aceptar, a través de un efecto puramente estadístico que cambió radicalmente la realidad. En este aspecto la convergencia real que habría que juzgar sería con la Unión Europea a quince.
En este sentido, si se tiene en cuenta este criterio o no, el cambio es tan grande que el Estado español en su conjunto representaría el 87 por ciento, y como tal Estado no llegaría a la media comunitaria, pero si se considera la Unión Europea a
veinticinco, sí llegaríamos a ese 90 por ciento que nos excluye de los fondos de cohesión. En tercer lugar, hay un elemento fundamental que es no reducir los gastos en cohesión y, por tanto, que la subrúbrica 1b no sufriese restricciones
presupuestarias, porque vemos que en cada progresiva propuesta -ésta del Reino Unido es la séptima- aparece una disminución, en esta del Reino Unido, la disminución es nada menos que de 21.847 millones de euros respecto a la cifra inicial que había
presentado con anterioridad la propuesta luxemburguesa. Hay otros dos criterios, uno es que se articule la contribución de todos los Estados miembros de forma que paguen progresivamente con relación a su situación económica. Esto está muy
desfigurado precisamente por la presencia del cheque británico, que hipertrofia toda la situación y en especial en contra del Estado español. Por último, hay que tener en cuenta el factor retraso, que puede llevar consigo o bien que se cambien los
datos base, cosa que sería inasumible, o bien incluso que provocase, aunque el Estado español tuviese algún tipo de conquistas positivas en el Fondo de Cohesión, perjuicios respecto de las comunidades autónomas que sí entran dentro de lo que se
consideran regiones de convergencia.
En función de todos estos criterios, que la enmienda del PSOE contempla en gran parte, nosotros presentamos tres enmiendas que intentan que la comparación se haga en relación con la convergencia real, que se tenga en cuenta el criterio de
progresividad, que se tengan en cuenta los datos de Eurostat de abril de 2005 y, en todo caso, si hay algún perjuicio para alguna comunidad autónoma por retrasarse las negociaciones y por defender sus intereses el Estado español, que el Gobierno del
Estado las compense debidamente. Esta sería una opción perfectamente asumible por nuestra parte.
Vuelvo a decir que sería fundamental que saliésemos de aquí con una actitud unitaria, conjunta respecto de este tema, pues no vemos graves contradicciones de fondo entre las distintas perspectivas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular. Estando básicamente de acuerdo con el planteamiento global del Grupo Parlamentario
Popular, hemos intentando incidir en dos aspectos básicos; considerábamos muy necesario que fueran ampliamente debatidos en esta Cámara y al mismo tiempo incorporar el máximo consenso de todas las fuerzas políticas de este Parlamento. El Grupo
Parlamentario Socialista también ha presentado una enmienda, en su caso de sustitución, y creemos que sería muy interesante conseguir el consenso de todos los grupos parlamentarios para que esta semana el Gobierno español pudiera defender una
posición solvente, dura y contundente con vistas a las negociaciones que se producirán en el seno de la Comisión Europea. No sé si será posible, pero nosotros, de entrada, esperamos que el Grupo Parlamentario Popular acepte las enmiendas que
pretenden que, en el contexto de la próxima reforma de las políticas estructurales y de cohesión de la Unión Europea, se pueda mantener una amplia política regional europea que persiga el fortalecimiento del principio de cohesión económica y social
de la política regional de la Unión Europea, a la vez que permita consolidar de forma sostenible los logros que se han conseguido durante el actual periodo de programación 2000-2006 para disponer de un mercado interior más dinámico.
Hemos planteado dos enmiendas de adición a los puntos 4 y 6 de la moción del Grupo Parlamentario Popular que tienen el objetivo fundamental, en primer lugar, de defender ante la Unión Europea la vigencia de un periodo transitorio 2007-2013
en el que hubiera una programación específica de fondos estructurales para aquellas regiones hoy consideradas de Objetivo 2, como pueden ser Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco, que hoy son
receptoras de recursos Feder y del Fondo Social Europeo, para consolidar así los procesos de corrección de desequilibrios económicos y sociales que estas comunidades están alcanzando. Nosotros creemos en la necesidad de defender ante la Unión
Europea un periodo transitorio para estos fondos estructurales. De la misma manera que intentamos promover un periodo transitorio para los fondos estructurales, entendemos que es básico promover también un periodo transitorio, desde el año 2007 al
2013, para la recepción de los fondos de cohesión por los Estados que actualmente los perciben, con el fin de consolidar los logros que se están alcanzando en estos momentos, así como el desarrollo de su capacidad de competir a medio plazo.
Consideramos que este periodo es especialmente necesario en un contexto en el que Europa debe reforzar su mercado interior desde la perspectiva de loss países miembros del sur y vecinos del área mediterránea.
La enmienda de adición en el punto número 6 va en el sentido de que, en el caso de que se pudieran producir estas reducciones en las políticas de cohesión o que estas pudieran quedar desvirtuadas al dirigirse hacia objetivos diferentes a
aquellos para los que fueron diseñadas, exista la posibilidad de complementar estos fondos en este periodo transitorio cuando estos recursos de cohesión vayan destinados a corregir desequilibrios en aquellas materias orientadas a la investigación,
desarrollo e innovación. Esperamos que esta enmienda sea aceptada por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Socialista, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución al texto del Grupo Popular porque nos parece que, a dos días de la negociación tan importante que se va a producir en el
Consejo, esta Cámara debería pronunciarse de forma unánime apoyando a su Gobierno en los objetivos que deben conseguirse en esa negociación, sin colocar ningún tipo de trabas en la estrategia negociadora, que indudablemente es del Gobierno que se
sienta en el Consejo. En este sentido, nuestra enmienda de sustitución recoge todos y cada uno de los elementos que el Gobierno de España - y que ha manifestado ya en reiteradas ocasiones- quiere conseguir en el nuevo marco financiero 2007-2013.
Señor Arias Cañete, en nuestro primer punto, coincidimos en que es elemento necesario que a lo largo del ciclo 2007-2013 España siga teniendo la condición de beneficiaria neta. Debería coincidir esta Cámara con el Gobierno, que ha dicho en
reiteradas ocasiones que no apoyaremos una propuesta que suponga que España a lo largo del periodo deje de ser beneficiaria neta de los fondos comunitarios. Esto es así porque hemos defendido que, en estas nuevas perspectivas financieras a
veinticinco, el coste que indudablemente supone la ampliación debe producirse bajo los criterios de equidad y de gradualidad en la pérdida de fondos. Equidad supone que el coste de la ampliación no lo pueden pagar única y exclusivamente los países
de la cohesión, pues los que son contribuyentes netos aportan lo mismo, pero que ese dinero va a los países de la ampliación. Indudablemente, eso no es equitativo porque llegaríamos a un reparto de cargas claramente injusto por países y por
ciudadanos. El criterio de gradualidad en la pérdida de fondos es un criterio que está claramente imbuido en el acervo comunitario y supone que la pérdida de los fondos debe hacerse de una forma proporcional y gradual en el tiempo para no
comprometer los éxitos económicos y la economía de
los países que han estado beneficiándose de estos fondos.
La enmienda de sustitución que presenta el Partido Socialista no es de mínimos, es una enmienda de máximos. Además hablamos clarísimamente de las situaciones que este Gobierno debe tener en cuenta y debe mejorar, las situaciones de las
regiones Objetivo 1, que salen por el efecto de convergencia real, las que salen por el efecto estadístico de la ampliación, la situación específica de Canarias, que debe ser mejorada dentro del fondo especial para las regiones ultraperiféricas y
hablamos del tratamiento específico que tienen que tener Ceuta y Melilla. Aquí también hablamos de África, señores del Grupo Popular, hablamos de África, sí. Respecto de esta cumbre en la que se van a aprobar las perspectivas financieras, este
Gobierno lleva dos meses trabajando intensamente para trasladar a los socios europeos que el problema de la inmigración ilegal no es un problema de los países que somos frontera de la Unión Europea, sino que es un problema de la Unión Europea y que
el problema de la inmigración ilegal también es un problema importante de integración social. Si comprometemos a los países socios de la Unión Europea -y estamos haciéndolo-, necesitamos programas que tengan su reflejo presupuestario en estas
perspectivas financieras. Por lo tanto, todo es importante.
Dicho esto, quiero comentar una cosa, aunque tengo muy poco tiempo, a los señores del Grupo Popular. Es increíble oír de sus labios y en esta tribuna que el Grupo Popular ha estado actuando de forma honesta a lo largo de este proceso de
negociación; no lo han hecho. Lo realmente dramático, señor Arias Cañete, son sus actuaciones desde que estamos en este proceso de negociación, unas actuaciones irresponsables. Nunca en la vida ningún partido en la oposición ha estado hostigando
a su Gobierno que está negociando (Rumores.) y, además, al presidente de la Comisión Europea que tiene que presentar la propuesta. (Aplausos.) Son ustedes también responsables del problema en el que nos encontramos. La responsabilidad de esta
negociación es del Gobierno Socialista, pero al decirles que en Berlín ustedes incrementaron la participación en el cheque británico en un 47 por ciento, mientras que Alemania, Suecia, Países Bajos y Dinamarca disminuyeron su participación en un 75
por ciento, les estamos recordando su responsabilidad. Se acordarán de lo de pedigüeños, se acordarán de la OPA, se acordarán de lo que han dicho de Barroso y nosotros les recordaremos que, gracias a que tenemos el compromiso de que no aceptaremos
ninguna propuesta que no mejore el saldo de la Comisión y nos haga ser beneficiarios netos a lo largo del periodo, vamos a mantener una posición radicalmente diferente a la que mantuvo el Gobierno Aznar ante la Comisión Europea en febrero de 2004;
no hubo ni una sola reacción en contra ante esa Comisión, ni del presidente ni de ninguno de sus ministros, uno de los cuales era usted.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, gracias.
Por Izquierda Unida, tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, si en el debate del primer punto del orden del día decía un diputado del Grupo Parlamentario Socialista que se iniciaba con los augures, en el debate del último punto del orden del día
terminamos con las profecías autocumplidas. El Partido Popular, a sabiendas de que las cosas van restrictivas en el marco de la Unión Europea -no por casualidad- porque se pretende hacer una ampliación con el mismo presupuesto o menos, dice a esta
Cámara que hay que hacer un ultimátum para que, una vez incumplido por el Gobierno, se cumpla su profecía de que el Gobierno va a fracasar y, además, a cambio de la teoría conspirativa, es decir que el Gobierno va a fracasar a cambio de vestirse de
europeo después de que el Gobierno anterior fuera vestido durante años de norteamericano, o bien va a fracasar porque, a cambio de la reducción de los presupuestos comunitarios para nuestro país, el Gobierno va a obtener el plácet de la Unión
Europea con respecto a no sé qué OPA, que cada vez preocupa más en esta Cámara y me imagino que también tiene que ver con las preocupaciones de los órganos de dirección de las empresas privatizadas.
Pues bien, señorías, nosotros no queremos formar parte de una quimera, no queremos formar parte de una profecía autocumplida, por lo que mi grupo parlamentario, que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo unánime de esta Cámara -igual que
llegamos a uno cuando todavía no estaban caldeados los ánimos en la Comisión de asuntos europeos-, no se va a sumar a un ultimátum que prácticamente está ya predeterminado. Mi grupo parlamentario se sumaría a una iniciativa de las que aprobamos en
la Comisión de asuntos europeos, donde se planteaban los grandes objetivos de nuestro país en los escenarios financieros de la Unión Europea. Sin embargo, no se trata de eso en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, no se trata de marcar
objetivos a una negociación necesaria, a una negociación difícil y a una negociación exigente, se trata de presentar un ultimátum que, al ser incumplible, a la vuelta de unos meses, va a poder ser utilizado como arma arrojadiza en la confrontación
entre el Grupo Parlamentario Popular -ya os lo dije yo- y el Gobierno con relación a esas argumentaciones a que me he referido con anterioridad, que forman parte de la teoría conspirativa de la historia o de la teoría conspirativa de la política.
Nosotros no compartimos esa premisa para la negociación ni compartimos que esta Cámara tenga que presentar un ultimátum al Gobierno en relación con la negociación europea; sí compartimos por el contrario una serie de objetivos que debe
defender el Gobierno en la negociación comunitaria a sabiendas de los pies forzados que se han producido en los escenarios financieros de la Unión Europea, y que no se han producido por culpa de
este grupo parlamentario. Alguien, en el marco de la Unión Europea, ha decidido que la ampliación se puede hacer con menos presupuesto y mi grupo parlamentario no ha defendido esta postura; mi grupo parlamentario ha defendido que las
ambiciones cuestan y que la ambición de la ampliación de la Unión Europea cuesta más presupuesto, cuesta la armonización de las políticas sociales y la armonización de las políticas fiscales. No ha ocurrido así, se quiere hacer una ampliación
restrictiva y, por tanto, a recortar tocan, y ahora toca que nuestro Gobierno negocie lo mejor posible para que el recorte no afecte a nuestras perspectivas de desarrollo. Por una parte, nuestro país se desarrolla, y en ese sentido se aparta de
algunos fondos, pero, por otro lado, no puede ser que esos fondos se recorten de manera drástica afectando a las regiones, a las políticas estructurales o a las políticas agrarias. Por eso, nuestro grupo parlamentario desearía que hubiera un
arreglo en la línea del acuerdo de la Comisión de asuntos europeos. Si no es así, nos quedaremos con aquel acuerdo que será el mandato del Gobierno, que esperamos siga esos objetivos y vuelva, aunque no con mucho éxito -el éxito es difícil cuando
las medidas financieras vienen restrictivas-, sí con una situación digna para nuestras comunidades autónomas, para nuestras políticas estructurales y para las políticas agrarias y, sobre todo, vuelva sin abonar más políticas como las que vimos estos
días con respecto a las quimeras o los ultimátums, que creemos que están de sobra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, Esquerra Republicana considera que la propuesta presupuestaria de la Presidencia de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 es poco satisfactoria. Consideramos que la propuesta de la Presidencia británica, que pretende reducir
el presupuesto de la renta bruta comunitaria al 1,03 por ciento, lejos de la realizada por la Comisión Europea, que la situaba en el 1,24, es una propuesta hecha sin visión de futuro, ya que perjudicará la convergencia económica de los países menos
desarrollados.
La limitación del presupuesto al uno por ciento significa que la Unión Europea ampliada estará por debajo del umbral presupuestario que tuvo en 1985, antes de que Portugal y España entraran en la Comunidad.
Con el gasto agrícola ya comprometido, la cuestión es si las políticas de cohesión y los objetivos marcados por la Agenda de Lisboa podrán hacerse realidad con estos presupuestos y si, en general, el debate presupuestario no está mal
enfocado. El enfoque presupuestario se mantiene concentrado en las contribuciones y no en los objetivos. Los Estados miembros nos estamos desviando del objetivo de abordar los retos reales. Las contribuciones al coste de presupuestos de la Unión
Europea y los gastos del mismo no deberían usarse para calcular los costes y beneficios de la pertenencia a la Unión Europea porque, en comparación con las cifras del mercado interno, las balanzas fiscales entre los Estados miembros apenas tienen
importancia. España registra un déficit comercial mensual con la Unión Europea de 1.700 millones de euros, equivalente al importe que recibe España en fondos de cohesión en un año.
En el escenario más pesimista, el Estado español podría perder
alrededor de 6.000 millones de euros por año. Está cerca del importe que pagó Telefónica en el año 2000 por las licencias fallidas de la telefonía móvil en UMS, del cual la Hacienda alemana cobró 4.700 millones de euros.
Los beneficios de pertenecer a la Unión no se limitan a la balanza presupuestaria y es un gran error para el desarrollo económico europeo en este momento no favorecer la convergencia de los nuevos Estados miembros, recordándole al ex
presidente Aznar que dijo que España el día que fuera contribuyente neto ya sería rica. Hay que recordar que esto es cierto solo parcialmente, porque la renta media de España en este momento es solo superior a la de Grecia y Portugal. Aunque la
renta per capita del Estado español en la actualidad es de un 97,6 por ciento de la media de la Europa de los 25, un tercio de los 24 puntos que el país ha avanzado en los últimos 20 años solo se debe al efecto estadístico. Lo más grave es que
España no ha sabido aprovechar las oportunidades económicas derivadas de la apertura de la Europa central y oriental, España prefirió lanzarse a la reconquista económica de Sudamérica, en lugar de invertir en los nuevos Estados miembros. Por otro
lado, el 15 por ciento de la industria española se enfrenta a un grave peligro de deslocalización hacia estos países. En estos momentos es evidente que el objetivo de la negociación es evitar un cambio brusco, de beneficiario neto a contribuyente,
con el objetivo puesto en la convergencia económica plena con la Unión Europea que, como he dicho, no dependerá exclusivamente de los fondos europeos.
Coincidimos en que es necesaria una reducción progresiva del cheque británico sin olvidarnos de revisar los acuerdos sobre la PAC. De los 15.832 millones de euros que recibió España de la Unión Europea en 2003, la agricultura se llevó solo
en forma de pagos directos cerca de 6.500 millones. ¿A quién ha beneficiado realmente la PAC en el Estado español? A diferencia de la mayor parte de los sistemas de ayudas públicas, las reglas de la PAC concentran los subsidios en quienes menos lo
necesitan.
¿Cómo se han repartido estos fondos entre los agricultores españoles? El 18 por ciento de los perceptores, los más grandes, han concentrado el 76 por ciento de las ayudas. Los siete magníficos de la agricultura, los hermanos Domeq, los
hermanos Hernández Barrera, la empresa Puleva, Cayetana de Alba, etcétera, reciben cada año algo más de 14 millones de euros. Los 14,5 millones de euros que reciben estos siete preceptores son los mismos que se deben repartir entre 12.700
explotaciones españolas pequeñas. La política agraria europea se enfrenta desde hace años a una crisis de legitimidad. Se quiso corregir esta tendencia, pero responsables políticos
europeos podían haber hecho mucho más por reducir los importantes desajustes.
Esperamos que se llegue a un acuerdo para situar el presupuesto europeo a un nivel que permita cumplir las expectativas de crecimiento económico y no los intereses partidistas de los Estados. La pregunta es cómo sostener una Europa ampliada
con presupuestos reducidos. No hemos presentado enmiendas a esta moción porque no coincidimos con sus objetivos. No es el momento de vetos, es el momento de trabajar por objetivos como el que se ha propuesto de la iniciativa de la inmigración e
inversiones en el norte de África. La educación basada en objetivos, el estancamiento de la zona euro, el declive económico de España no lo solucionarán los fondos europeos, sino enfocando la negociación basándose en objetivos de crecimiento y de
convergencia económica, no solo de pedigüeños.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Arias, tiene la palabra a propósito de las enmiendas.
El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, nuestro grupo estaría en condiciones de aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, y las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) No
aceptaríamos la enmienda socialista como enmienda de sustitución, pero sí podríamos aceptar los puntos 3, 5, 6, 7 y 9 de esta enmienda como adición.
El señor PRESIDENTE: Sabe S.S. que para parcelar la enmienda se necesita previamente la conformidad del grupo propietario de la enmienda, entre comillas. No es el caso, ¿no? (Pausa.)
Gracias. Queda claro el sentido del voto.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a efectuar dos votaciones. En primer lugar, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre políticas de investigación, de prevención y de tratamiento e
integración de personas afectadas de sida, con la enmienda del Grupo Socialista modificada en el punto 7 por la enmienda transaccional distribuida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación, de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición de España en la próxima negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2007-2013, con las enmiendas del Grupo
Mixto y Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 140; en contra, 159; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.