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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 133, de 29/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 133
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 125
celebrada el martes, 29 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 132-1, de 19 de noviembre de 2004.
(Número de expediente 122/000116.) ... (Página 6734)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de garantías de la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 87-1, de 18 de junio de 2004. (Número de
expediente 122/000071.) ... (Página 6744)
Modificación del orden del día ... (Página 6755)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas frente a la gripe aviar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 288, de 7 de noviembre de 2005. (Número de expediente 162/000399.) ...
-De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las instalaciones nucleares o radiactivas del ciclo de
combustible. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 228, de 24 de junio de 2005. (Número de expediente 162/000364.) ... (Página 6762)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad
de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarla a la Constitución vigente. (Número de expediente 173/000099.) ... (Página 6769)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno. (Número de expediente 173/000100.) ...
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provoca en el gobierno de las Corporaciones Locales.
(Número de expediente
173/000101.) ... (Página 6782)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley. ... (Página 6734)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. ... (Página 6734)
La señora Navarro Casillas presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley que modifica la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
señalando que durante la tramitación de la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias en el año 2003 distintas fuerzas políticas de la Cámara abogaron por la inclusión de la licenciatura de psicología en las profesiones sanitarias. Pero la ley no lo
recoge, causando un grave perjuicio a los profesionales psicólogos. Pretenden con esta proposición de ley resolver este problema y hacerlo simplemente atendiendo a la realidad de la profesión, pues los psicólogos son profesionales sanitarios.
También piden en esta proposición que se introduzca a los diplomados en obstetricia y ginecología, es decir, a las matronas, recogiendo sus funciones en el ámbito sanitario. Dado que todos los grupos en distintos momentos se han mostrado favorables
a la reivindicación de los psicólogos, dada su indudable aportación profesional, pide a los grupos que reflexionen sobre el tema y voten a favor.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el
señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de garantías de la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género.
... (Página 6744)
La señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la proposición de ley de garantías de la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género, recordando que el 25 de noviembre
celebrábamos el Día internacional contra la violencia de género, fecha que tiene como objetivo suscitar la reflexión de toda la sociedad y tomar conciencia de la enorme gravedad del problema. Recuerda que el año pasado nos dotábamos de un nuevo
instrumento para luchar contra los malos tratos, la Ley contra la violencia de género, que se sumaba a los que ya existían y habían puesto en marcha gobiernos anteriores, como la orden de protección, que ha sido un instrumento eficaz en la lucha
contra esta lacra social. Señala que para su grupo la Ley contra la violencia de género es positiva, pero reconoce que es insuficiente y los meses de aplicación han permitido desvelar sus deficiencias, que su grupo puso de relieve durante la
tramitación parlamentaria. Entiende que el Gobierno pida un tiempo de espera para poder calibrar la efectividad de la ley, pero no entendería que el mismo Gobierno se escudase en esta ley para justificar la falta de apoyo a iniciativas que redunden
en mejorar la efectividad de la propia ley. No quieren utilizar este tema como arma arrojadiza contra el Gobierno, pero es evidente que esta ley no está produciendo los resultados esperados y ello debido, en buena parte, a la ausencia de un
verdadero compromiso del Gobierno en su dotación presupuestaria.
Resaltando que su grupo trata de dar respuesta con esta proposición de ley a las profundas deficiencias observadas en la protección de las víctimas, pide el voto favorable para la
iniciativa que presenta.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); y las señoras Pigem i Palmés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Escudero Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día. ... (Página 6755)
De conformidad con lo dispuestos en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión el punto 35, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativo a la política que piensa adoptar el Gobierno frente a las situaciones de pobreza y de exclusión social, y la modificación del orden del debate de las dos interpelaciones restantes en el sentido de
debatir en primer lugar la que figura como punto 34 del orden del día, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 6755)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, se rechaza por 143 votos a favor y 169 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de garantías de la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género, se rechaza por 131 votos a
favor, 179 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 6755)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas frente a la gripe aviar. ... (Página 6755)
Defiende la proposición no de ley el señor Vadillo Arnáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, resaltando que mientras el secretario general de la ONU señala que el mundo se enfrenta al mayor problema de salud pública desde 1918,
como es la pandemia de gripe, en España estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión propiciada, entre otros, por las ministras de Agricultura y Sanidad. Esta ceremonia de la confusión ayudada por procedimientos irracionales de adquisición de
antivirales sin concretar y sin saber el porqué y el para qué, han perjudicado, entre otros, el consumo del pollo en nuestro país, con el impacto consecuente sobre este sector productivo. La proposición no de ley que presenta su grupo viene a
corregir la inacción y la falta de transparencia en que ha incurrido el Gobierno de España. Solicita la concreción y preparación de
alguno de los puntos básicos de la lista de reivindicación de la OMS para los planes gubernamentales, entre ellos garantizar actividades y vacunas para profilaxis y tratamiento a ciudadanos, grupos de riesgo, criterios de aislamiento y
cuarentena, priorización de enfermos para su tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, almacenamiento de antibióticos y medicamentos básicos y protectores respiratorios, entre otros. Señalando que la responsabilidad de todos está en prepararnos
para este posible o cierto problema, finaliza pidiendo el voto afirmativo para esta iniciativa que permita garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos españoles.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Pozuelo
Meño, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Vadillo Arnáez.
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las instalaciones nucleares o radiactivas del ciclo del
combustible. ... (Página 6762)
Interviene en la presentación conjunta de la proposición no de ley la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, resaltando que a ninguno de los presentes se les escapa la preocupación de los ciudadanos por su
seguridad. En cuanto al estado de salud, cada vez existe mayor conciencia social de la relevancia que tienen las políticas de prevención y la mayor necesidad de información clara y transparente acerca de todos los aspectos que pueden afectar su
salud. Es necesario conocer las situaciones para poder abordar los debates con menor incertidumbre, desde el conocimiento, la objetividad y una percepción más adecuada del riesgo.
Interviene igualmente en la presentación conjunta de la proposición no de ley sobre el estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las instalaciones nucleares o radiactivas del ciclo combustible el señor Herrera Torres, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, resaltando que la propuesta reclama el liderazgo del Ministerio de Sanidad porque el estudio epidemiológico que se está pidiendo debe ser liderado por el Ministerio de
Sanidad y que haya una participación activa de las comunidades autónomas. Su grupo espera la aprobación de esta proposición no de ley para avanzar en estudios epidemiológicos rigurosos que demuestren las consecuencias que tienen las instalaciones
nucleares en la población.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora Velasco García.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas frente a la gripe aviar, se rechaza por 133 votos a favor, 172 en contra y dos
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las
instalaciones nucleares o radiactivas del ciclo del combustible, se aprueba por 303 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 6769)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad
de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarla a la Constitución vigente. ...
(Página 6769)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Manifiesta que esta moción es consecuencia de una demanda ciudadana
y es respuesta también a la necesidad de cumplir la ley y la Constitución y de hacer del Estado español un Estado aconfesional, que consagra la Constitución y que significa que no hay diferencias entre las diferentes confesiones y que no hay
privilegios para confesión alguna. De hecho la Iglesia Católica es la única confesión religiosa de las que existen en el territorio español que no se autofinancia, cuando hoy ningún Estado del mundo de carácter aconfesional financia a la Iglesia
Católica como lo hace el Estado español. Recuerda que en el año 1988 la Ley de Presupuestos Generales del Estado ponía como límite el año 1991 para que la Iglesia Católica se autofinanciara, pero hoy todavía no lo hace. La Iglesia Católica tiene
privilegios y aún no hemos acabado con ellos. Pide que el Gobierno no sobrefinancie la Iglesia, que la Iglesia reciba lo que marcan los contribuyentes, ni un euro más y que establezca nitidez y transparencia en el gasto de la Iglesia, porque hoy el
gasto de la Iglesia Católica no es nítido ni transparente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC) y Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno ... (Página 6775)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que su grupo ha presentado la moción en la que reprueba al ministro de Industria por el
demostrado conflicto de intereses y por reiterados ataques antidemocráticos a medios de comunicación y a profesionales del periodismo. Por la salud democrática de este Parlamento cree que sería conveniente crear una comisión de investigación del
caso Montilla. Hace una enumeración de las vulneraciones a las leyes en las que ha incurrido el señor Montilla, pero resalta que siendo esto grave aún lo es más que desde que es responsable del ministerio ha tomado más de 20 medidas que favorecen a
la entidad financiera que le condonó el crédito o a las empresas de su entorno.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provoca en el gobierno de las Corporaciones Locales. ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Inicia su intervención haciendo alusión a la anterior moción debatida. Entrando en el contenido de su iniciativa
resalta que hay cinco municipios en la Comunidad Autónoma del País Vasco carentes de concejales, por supuesto sin alcalde y están absolutamente desgobernados. Señala que no es un problema baladí, que está provocado por la normativa de excepción en
virtud de una serie de leyes que tienen unas características especiales y que son hijas del Pacto antiterrorista, leyes para ilegalizar determinada organización política. Se dirige al ministro del Interior y le señala que un municipio que se ve
privado de gobernabilidad es un problema, que afecta al ministro, a sus competencias, que afecta al Estado español y al sistema democrático.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Padilla Carballada, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación con carácter secreto la moción consecuencia de interpelación sobre financiación de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad de revisión
del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarla a la Constitución vigente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 32 votos a favor, 280 en contra y tres
abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del
Gobierno, se rechaza por 133 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provocan
en el gobierno de las corporaciones locales, se rechaza por 28 votos a favor y 288 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. (Número de expediente 122/000116.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión correspondiente al martes 29 de noviembre de 2005 con el punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Tiene la palabra para la defensa de la proposición por un tiempo de 15 minutos doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Durante la tramitación de la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias en el año 2003, aprobada con mayoría absoluta del Partido Popular, distintas fuerzas políticas presentes en esta Cámara abogaron por la inclusión de la licenciatura de
psicología en las profesiones sanitarias. Finalmente la ley no lo recoge, quedando como sanitaria únicamente la especialidad de psicología clínica. Por tanto, tenemos una ley actualmente en vigor que no recoge la realidad de una profesión, la
psicología, además de causar un grave perjuicio a los profesionales, porque para obtener el título de psicología clínica la única vía es la PIR, psicólogo interno residente, vía claramente insuficiente teniendo en cuenta la realidad de las plazas
que se convocan: en el año 2005, únicamente 89 plazas; en el año 2004 se presentaron 2.048 candidatos a 81 plazas, una ratio evidentemente muy por encima de cualquier otra especialidad sanitaria.
Estamos ante un problema ampliado por una ley de
este Parlamento que pretendemos resolver a través de esta proposición de ley, y resolverlo atendiendo sencillamente a la realidad de la profesión, porque los psicólogos son profesionales sanitarios que pueden desempeñar todas las labores propias de
la psicología, como además lo ha dicho ya incluso el Tribunal Supremo. El Real Decreto 1428/1990, que regula la licenciatura en psicología, establece que proporciona una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la
psicología.
Actualmente en España se calcula que existen 50.000 profesionales de la psicología; de estos el 60 por ciento quiere desarrollar su labor específicamente en el ámbito sanitario. La formación de la carrera que habilita para ello, según
se acredita tanto por su contenido como por lo que ha ocurrido en los registros de centros sanitarios autonómicos donde se incluyen las consultas psicológicas, debe estar recogida en las profesiones sanitarias. Con la entrada en vigor de la citada
Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias esta situación de los centros sanitarios autonómicos tiene que cesar porque su actividad no encaja en el ámbito sanitario, por lo que de nuevo nos encontramos con una ley que regula en contra de una realidad y
en contra del contenido de una profesión.
Estamos ante una clarísima disfunción que a través de esta proposición de ley tenemos que resolver.
Señorías, las leyes que hacemos en este Parlamento no pueden recoger planteamientos absurdos y contrarios a los ciudadanos, y la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias lo es en este aspecto. Negar la labor sanitaria y la incidencia de la
psicología en la salud de los ciudadanos es sencillamente negar el trabajo que hacen los psicólogos; como ejemplos, la intervención en toxicómanos,
los trastornos alimentarios, estudios sobre el estrés, etcétera, un largo etcétera del contenido de toda una profesión, porque lo cierto es que en toda intervención psicológica el psicólogo lleva a cabo tareas de evaluación del problema,
diagnóstico y análisis de las dimensiones del mismo y el diseño de una intervención dirigida para y por la finalidad de promover la salud, trabajo cuya validez está respaldada por la comunidad científica.
En esta proposición de ley también pedimos que se introduzca a los diplomados en obstetricia y ginecología, las matronas, recogiendo sus funciones en el ámbito sanitario. En este punto, teniendo conocimiento de que existen discrepancias con
algún grupo parlamentario, estamos totalmente dispuestos a una tramitación parlamentaria y a discutir las enmiendas en cuanto a su contenido para llegar al mayor punto de consenso y de acuerdo posible al respecto.
Volviendo al problema que padecen los psicólogos, la categoría de psicología clínica se refiere al campo de los psicólogos más relacionados con la actuación directa en los trastornos mentales y del comportamiento.
Sin embargo, todos los
profesionales de la psicología, además de utilizar básicamente las mismas herramientas (teorías psicológicas, evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico), todos procuran aumentar el bienestar físico, mental y social, esto es, la salud según
la Organización Mundial de la Salud. Así, la licenciatura capacita, pero la ley orgánica no lo reconoce. Seguramente lo absurdo de esta situación legal es lo que llevó al PSOE en la campaña electoral a poner de manifiesto ante los profesionales de
la psicología su decisión de modificar la actual Ley de Profesiones Sanitarias para dar cabida a las reivindicaciones de los psicólogos, dada su indudable aportación profesional a la salud y bienestar de los pacientes y ciudadanos españoles. Con
nota de prensa incluida. Por tanto, estamos ante una modificación legal reivindicada por el grupo que apoya al Gobierno y por el Partido Socialista. Esquerra Republicana de Catalunya presentó también una proposición no de ley en este mismo
sentido, y el Bloque Nacionalista Galego, el Partido Popular, Convergència i Unió, todos se han manifestado. ¿Qué extraño y secreto motivo les puede llevar hoy a cambiar de opinión? Supongo que en breve subirán a este estrado a contarnos los
motivos por los que se cambia de criterio de manera tan radical. ¿Qué les puede llevar a votar en contra de lo que opina el 90 por ciento de los ciudadanos y de una reivindicación que respaldan más de 200 organizaciones sindicales, sanitarias y
sociales en España? Estamos reivindicando lo que ya está reconocido en el ámbito europeo, pues los psicólogos están catalogados en el ámbito europeo como profesionales sanitarios. Los psicólogos tienen conocimientos y herramientas para que las
personas cambien los comportamientos que afectan negativamente a la salud, fomentando que dejen de realizarlos y favoreciendo otros comportamientos más beneficiosos. Seguro que en esa labor que hacen los psicólogos no encaja el cambio de
comportamiento de algunos grupos parlamentarios que puedan votar en contra, pues no será un tratamiento psicológico el que les haya llevado a ese cambio de posicionamiento, ni tampoco una amnesia voluntaria de aquellas manifestaciones y compromisos
que se hacen en campaña electoral, más bien serán intereses ajenos a la lógica y al beneficio de los profesionales que hoy nos visitan en esta Cámara y también en contra de los ciudadanos -como decía, un 90 por ciento- que defienden lo que creen,
esto es, que la psicología es una profesión sanitaria y así debe estar recogido. Reflexionen, señorías, reflexionen. Aquí hay pocas señorías para reflexionar, pero las pocas que hay, que reflexionen. Algo debe de haber ocurrido para que algunos
grupos parlamentarios se hayan vuelto voluntariamente amnésicos, pero aún están a tiempo de recuperar la memoria. Eso sí, para este caso de amnesia voluntaria o cambio de comportamiento no hay fármacos mágicos como para muchos de los tratamientos
que deben llevar a cabo los psicólogos, sino que lo que se requiere es recapacitar para que les vuelva el sentido común. Tampoco hay fármacos mágicos para muchos problemas de salud que, como decía, requieren una atención psicológica para afrontar
con éxito el problema o la enfermedad. En el siglo XXI sabemos que la psicología es imprescindible, démosle por tanto la categoría que merece. No traicionen su posicionamiento ni los avances de nuestra sociedad. Sean, sencillamente, coherentes y
consecuentes con lo que han manifestado previamente y por tanto voten a favor.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer su derecho a turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posiciones.
Señora Fernández, del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente, señorías.
En primer lugar, señora Navarro, quisiera decirle que no es consecuencia de amnesia ni de nada parecido sino que encajaría en recomendaciones del profesional de la psicología la postura que en el día de hoy podemos expresar aquí y que es
consecuencia de algo tan fácil y al mismo tiempo tan difícil a veces para adoptar una posición como es hablar. Hablar, efectivamente, con las psicólogas y los psicólogos fue algo que hizo esta diputada, que se encontró con un problema muy
controvertido entre los propios profesionales, y no es nada extraño, raro o amnésico lo que hizo que en estos momentos optemos por la postura que vamos a exponer, debida fundamentalmente a esas diferencias que, como le decía, encontramos entre los
propios profesionales de la psicología, muchos cercanos a nuestra organización política, otros no cercanos pero sí dentro de la misma problemática. Por un lado están aquellos psicólogos que consideran dañados sus intereses al no ser considerada
esta licenciatura sanitaria, ya que dificulta su derecho a
ejercer su profesión, sobre todo en los casos en que de alguna manera ya la estaban ejerciendo. Por otro lado está el criterio del colectivo de profesionales que considera necesario para el ejercicio de la psicología en el extenso ámbito de
la salud una mayor cualificación, que vendría a ser la especialización de la psicología clínica, esta sí reconocida como profesión sanitaria por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Hace aproximadamente un año nuestro grupo presentó también una propuesta semejante a la que hoy defiende Izquierda Unida-Izquierda Verde, y si renunciamos hoy a defenderla es porque les puedo asegurar, señorías, que tratamos este tema en
profundidad, como decía al principio, teniendo en cuenta las distintas posturas, y de ahí que ya manifestáramos que éramos conscientes de las controversias existentes y, por lo tanto, optáramos por una postura de consenso o, cuando menos,
entendiendo por nuestra parte que podría serlo. Porque si bien reconocemos las reclamaciones o las demandas que los profesionales de la psicología hacen respecto a la consideración de esta licenciatura como profesión sanitaria en la Ley 44/2003,
también es cierto que no podemos dejar de considerar que fue un avance para la psicología en el ámbito clínico y de la salud el reconocimiento legal de la especialidad de la psicología clínica y con ello su institucionalización. Es un avance
histórico que contó en su momento con el reconocimiento unánime de sus representantes tanto académicos como profesionales y por supuesto también con nuestro grupo político, que fue el que presentó en esta Cámara en aquel entonces esa propuesta.
Después de tratar este tema con las distintas partes llegamos a la conclusión de que el problema, desde nuestro punto de vista, no estaba tanto en la consideración de la psicología con toda su polivalencia como profesión sanitaria en la Ley
44/2003, sino que fundamentalmente radicaba en los decretos como el 1277/2003, sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, o el 2490/1998, que es el de la homologación del título de psicología clínica, razón por la que
presentamos en su momento y aproximadamente hace un año una serie de iniciativas destinadas a la modificación de estos decretos. Hay que decir, señorías, que nuestras iniciativas en este asunto no fueron las únicas presentadas. Doña Isaura hacía
referencia a que también otros grupos como Esquerra Repúblicana e Izquierda Unida presentaron iniciativas en este sentido y que, por lo tanto, en la Comisión de Sanidad consensuamos en el debate de alguna de estas propuestas una serie de medidas que
instaban al Gobierno a la reforma de estas normativas.
Bien es cierto que desde marzo, que fue el mes en el que se acordaron estas cuestiones en el Congreso, estamos esperando que el Gobierno lleve a cabo lo que aquí se aprobó y en concreto lo
referente al Decreto 1277/2003. Con fecha 6 de junio de este año se promulgó el Real Decreto 654/2005, que amplia los plazos y los supuestos de obtención del título de especialista para quienes iniciaron su ejercicio profesional en dicho ámbito
antes de su creación. A este respecto tenemos que decir que no estamos totalmente satisfechos con lo que este decreto recoge, ya que continúa siendo una cuestión insalvable para estos profesionales la lentitud de la Administración para resolver
estas solicitudes, estando a día de hoy miles pendientes de resolución. En cuanto al Decreto 1277/2003, aunque sabemos que existe un proyecto de modificación puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, aún no fue aprobado y no sabemos si es que
está de alguna manera bloqueado en otro ministerio. Asimismo, desconocemos los términos de la modificación, aunque esperamos que tenga en cuenta la propuesta parlamentaria aprobada en su día, así como lo que se recoge en el informe técnico
elaborado por el equipo de profesionales a petición de la comisión de recursos humanos, que no es otra cosa que facilitar al colectivo de psicólogos y psicólogas la regularización de sus consultas gabinete como centros sanitarios aun cuando no
ostenten el título de especialistas en psicología clínica.
Por otro lado, nos parece positiva la declaración, redundando en esta misma cuestión, de los decanos de facultad del mes de abril pasado que se pronunciaba por que en los futuros planes de estudio de psicología se incrementen en grado y en
posgrado las materias relacionadas con la psicología clínica y de la salud, de acuerdo con el desarrollo previsto en los reales decretos 55 y 56 de 2005. Esto último debería ser asumido por el Ministerio de Educación con celeridad, ya que
significaría avanzar, si no resolver, en el problema que una parte de los psicólogos plantean.
Dicho esto, señorías, nuestro grupo manifiesta su posición contraria a la consideración al trámite de esta proposición de ley porque entendemos que el camino para dar solución a la controversia planteada, cuando menos en una primera
instancia, está en reforzar los logros obtenidos en la mayor cualificación de la psicología clínica y de la salud, garantizando asimismo el acceso a esta cualificación de los profesionales al mismo tiempo que el ejercicio de su actividad en los
establecimientos sanitarios. Esta es la razón por la que hoy no apoyamos esta iniciativa para su toma en consideración y esa es la razón por la que hoy no estamos defendiendo nuestra propuesta. No la estamos defendiendo en el orden del día de hoy,
pero no la retiramos porque si el Gobierno no resuelve algunos de los problemas que acabamos de reconocer que siguen sin resolver, tendremos que volver a discutir esta cuestión para darle solución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Grupo Vasco. Doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, manifestaré la postura del grupo al que represento en parecidos términos a los que ha manifestado con anterioridad la representante del Grupo Mixto, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, que ha sido objeto de reproche por
parte del grupo autor de la iniciativa. Somos conscientes, como ella, de que estamos hablando de un problema sobre el que existe una incertidumbre, y es la situación en la que se encuentran los profesionales de la psicología en este momento.
Señora Navarro, no existen recetas facilísimas. Usted lo explica de una manera que parecería que todo se puede arreglar con una mera decisión, pero la realidad acredita que hay muchas más facetas de las que usted ha expuesto y que, por tanto, el
asunto del que se trata, importándonos a todos los grupos, no se solucionaría con una proposición de ley como la que hoy se presenta, y es que en esta Cámara han pasado cosas. Por cierto, debo manifestar, haciendo justicia al Bloque Nacionalista
Galego, que cuando se debatió en esta Cámara la Ley de Profesiones Sanitarias fue su portavoz, el entonces diputado señor Aymerich Cano, quien más y mejor defendió esta cuestión como experto que es -y que sigue siendo- en el derecho administrativo
referido a temas sanitarios. Por lo tanto, es una inquietud y una preocupación de este grupo que no ha desaparecido, no se han olvidado de ella, sino que a todos nos importa, pero creemos que otros son los caminos por los que ha de conducirse.
En la Comisión de Sanidad y Consumo, que tengo el honor de presidir, con fecha 15 de marzo de 2005, se debatieron dos iniciativas presentadas, una por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y otra por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que hacían referencia a esta misma cuestión. En ellas fue objeto central del debate una cuestión que usted no ha mencionado y sí la señora Fernández Davila cuando hacía referencia al decreto de autorización de
centros, servicios y establecimientos sanitarios, un poco anterior en fecha a la ley de la que estamos hablando, y que es el Real Decreto 1277/2003, algunos de cuyos contenidos debieran ser modificados para cohonestarse con lo que se pretende en la
iniciativa que usted trae hoy a la Cámara. Es un real decreto y es el Gobierno el que debe modificarlo, no este Congreso de los Diputados, no las Cortes Generales.
En aquella ocasión, por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Fidalgo, don Francisco, se hacía eco de un problema que él consideraba heredado por su partido -y justo es decir que así es, aunque también lleva ya un tiempo gobernando y
algo deberían ir avanzando en esta cuestión- en relación con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, pero también lo enlazaba directamente con el real decreto previo al que yo me he referido. Hacía él referencia a que estamos además en
un marco cambiante de formación, como bien se ha expuesto por otras formaciones políticas, en las enseñanzas universitarias en el ámbito europeo, ya que estamos en la necesidad de cohonestar el espacio europeo en materia de educación superior.
Ciertamente, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias pudo decir algo distinto de lo que dice, pero incluso los colegios profesionales a los que usted ha hecho referencia aceptan el carácter polivalente de la psicología como profesión, y
hoy por hoy sus contenidos académicos no se cohonestan con lo que se exigiría para que una profesión pueda ser considerada estrictamente sanitaria. La propuesta que hacía el Grupo Socialista, y que se aprobó por unanimidad en la Comisión, hacía
referencia al dictamen de una comisión técnica del ministerio que estaba trabajando en estas cuestiones y a los reales decretos que en el ámbito de la educación se habían dictado, el 55/2005 y el 56/2005, en los que se establecía la estructura de
las enseñanzas universitarias de aquí en adelante, cohonestándose con las decisiones que tenemos obligación de cumplir en el ámbito europeo. Se hacía además referencia a la necesidad de modificar el actual marco jurídico regulador de los
establecimientos sanitarios, que es a lo que yo antes he hecho referencia, pero eso es en el nivel reglamentario, no en el legal, que es al que se refiere la proposición de ley que usted nos trae hoy a esta Cámara. Insisto en que esta iniciativa
fue aprobada por unanimidad el 15 de marzo. Por cierto, la iniciativa que usted nos trae hoy a debate tiene fecha de noviembre del año 2004, es decir, casi nada más comenzar la legislatura. Insisto en que se ha andado, quizá no todo lo que se
debiera, pero se ha andado en esta materia, se está andando y mi grupo todavía quiere dar un margen de confianza a las instituciones que tienen encomendada esta cuestión.
Puesto que es un objeto que está siendo tratado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y como yo represento a un grupo que tiene responsabilidades en la sanidad vasca, he pedido opinión sobre esta cuestión,
habiéndoseme manifestado que en la actualidad las diferencias que existen entre la licenciatura en psicología y sus contenidos académicos, por más que se pueda hablar de un 25 por ciento de los 137 créditos obligatorios con contenido sanitario o, en
opinión de otros, 18 más que estos 25, pero tampoco tendrían los porcentajes requeridos, impiden que se pueda considerar profesión sanitaria. Existen también problemas en cuanto a la especialidad de psicología clínica, bien sea por el acceso
directo o por las vías transitorias que se permiten en el Real Decreto 1490/1998 e incluso en la propia configuración de la psicología clínica como especialidad de ciencias de la salud. Todo ello está siendo en este momento objeto de análisis y
consideración, y mi grupo espera que sea resuelto pronto, pero de momento hoy por hoy consideramos que la licenciatura en psicología no puede ni debe equipararse a la especialidad de psicología clínica. Por ello no se aconseja modificar la Ley
Orgánica de Profesiones Sanitarias en el sentido de incluir la psicología como profesión sanitaria regulada hasta tanto no se hayan modificado los contenidos académicos de esta profesión en el sentido en el que se ha indicado conforme a la normativa
europea.
Sí apuntamos aspectos que sería muy interesante retocar en el Real
Decreto 1277/2003 en relación con la posibilidad de que haya profesionales de esta consideración cuando se hace referencia a los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, a los centros de reconocimiento médico psicológico, a
los centros de salud mental, al tratamiento del dolor, a los hospitales de día y a la psicología clínica, pero son disposiciones de índole reglamentaria que en todo caso debieran ser acordadas también en el seno del Consejo Interterritorial.
No quiero concluir sin hacer referencia a la otra parte de la iniciativa que usted trae, no la referida a los psicólogos clínicos sino a los profesionales sanitarios, a los diplomados en obstétrico-ginecología, las llamadas matronas. Desde
la perspectiva de la formación política a la que yo represento, hoy no es posible aceptar la modificación que proponen sin que haya una diplomatura obstétrico-ginecológica que actualmente no existe. Con la regulación actual, es una especialidad
para los diplomados en enfermería, de dos años de duración, y como tal aparece regulada en la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias. En todo caso, siempre debe ser un paso previo para poder considerar a las matronas como profesión sanitaria la
obtención de la diplomatura, que en este momento se está negociando también con el Ministerio de Educación para que pueda incluirse como tal en la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias. Creemos que hay razones de índole técnica, además del
problema real, insisto, del que mi grupo también es consciente, de la necesidad de que cuanto antes se proceda a una regulación adecuada de estas materias para entender que la proposición de ley que hoy nos trae a la Cámara el Grupo de Izquierda
Verde no es el marco adecuado. Por lo tanto, al igual que ha sido manifestado por la formación política que me ha precedido en el uso de la palabra, vamos a votar no a la entrada de esta iniciativa en la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.
Por Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en 1990 se aprueba el decreto por el que se establecen las directrices generales por las que deben regirse los planes de estudio conducentes a la obtención del título universitario de licenciado en psicología. La psicología se ha
considerado como una formación generalista y polivalente que realiza en España el ejercicio profesional de la psicología en una relativamente amplia variedad de actividades y contextos, desde el educativo hasta el escolar, el laboral, el
empresarial, el militar, el judicial penitenciario y el sanitario. La actividad de los profesionales de la psicología en el ámbito sanitario se mantuvo básicamente sin ninguna regulación normativa que estableciera su diferenciación hasta la
creación de la especialidad de psicología clínica en 1998. Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 1277/2003, que estableció las bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Este real decreto
desarrolló la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y pretendió fijar criterios y pacrámetros homogéneos en el Estado para el reconocimiento de actividades profesionales y centros de carácter sanitario. Pero este real decreto
tiene un carácter general y no es específico para la psicología, tiene deficiencias en la definición de unidades y servicios y ha dado lugar a problemas en su aplicación. La Comisión Nacional de la Especialidad propuso en su momento su
modificación. Lo cierto es que hay un acuerdo general entre diversas asociaciones científicas y profesionales acerca de que este decreto es inadecuado. Finalmente se promulgó la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, LOPS, en la
que se define como profesión sanitaria solamente la psicología clínica. Esto naturalmente llevó a un conflicto en cuanto los psicólogos no clínicos no veían reconocida su profesión y solicitaron la modificación de esta ley para que todos los
psicólogos fueran reconocidos como profesionales sanitarios. Esquerra Republicana consideró en ese momento su solicitud adecuada y presentó una proposición no de ley, en marzo de este año, recogiendo estas demandas. A raíz de esta proposición no
de ley se abrió un debate en detalle con todos los afectados: colegios sanitarios, colegios de psicólogos, estudiantes, profesionales y psicólogos clínicos y vimos que el problema, como se ha dicho antes, era un poco más complejo. Entonces
decidimos aceptar las propuestas de la Comisión, que se aprobaron por unanimidad. La primera decía que la licenciatura de psicología debía adaptarse a la normativa europea y había que trabajar en la materia para distinguir diferentes ramas
troncales, una de las cuales debería tener un contenido más sanitario. La segunda propuesta pedía un proceso de homologación extraordinario, teniendo en cuenta que el acceso a las plazas PIR es verdaderamente limitado. Hoy en día un estudiante que
termine psicología tiene difícil acceder a la especialidad de psicología clínica. Por otra parte, ya hemos dicho varias veces en esta Cámara que es necesario un plan de salud mental en el que se deberían evaluar las necesidades reales de psicólogos
y psicólogos clínicos. Hoy sabemos que hay muchas enfermedades en las que la labor del psicólogo es básica, por ejemplo en la fibromialgia y en el síndrome de la fatiga crónica tienen un papel fundamental. Hasta que cada comunidad autónoma no
evalúe las necesidades de psicólogos clínicos, la salida profesional de la psicología clínica es muy limitada. Por otro lado, todos los psicólogos anteriores a 1998 no pudieron acceder a la especialidad, por lo que se debería abrir un proceso de
homologación extraordinario. Sabemos que esto se está cumpliendo. El ministerio ha recibido unas 10.000 solicitudes, la mayoría de las cuales ya se han estudiado, pero quedan 6.000 por resolver que provienen de los psicólogos que trabajan en
empresas privadas. Se está trabajando a un buen ritmo, pero a este
ritmo de 74 por mes hasta el 2012 no se terminarían de resolver todos los expedientes. Durante el debate de presupuestos propusimos que el ministerio disponga de un crédito extraordinario para resolver cuanto antes todos estos expedientes.
Por otra parte, están los licenciados posteriores a 1989 que no pueden acogerse a esta homologación extraordinaria, por lo que no podrán ser especialistas y quedan en un limbo sin saber dónde podrán ejercer si su profesión no es reconocida como
sanitaria. Por eso se aprobó el real decreto que regula los establecimientos sanitarios. Urge modificar este decreto para que los psicólogos que acrediten una formación profesional y una experiencia puedan ejercer en la psicología privada,
teniendo en cuenta que la gran mayoría de los psicólogos no quieren acceder a la sanidad pública, sino qui quieren mantenerse en la privada.
Esquerra Republicana no se ha olvidado de su compromiso con los psicólogos, ni mucho menos, hemos tenido entrevistas con el ministerio, hemos hecho preguntas escritas para saber cómo iba el proceso de homologación, estamos interesados en
cómo se va a producir la modificación del Real Decreto de regulación de centros, sabemos que hay un proyecto de orden ministerial por la que se van a modificar determinados apartados de los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, al que nos hemos
referido. En este real decreto se regulará la situación de las consultas y gabinetes de psicología como centros sanitarios, aun cuando los psicólogos no ostenten el título de especialistas en psicología clínica. A esto nos referíamos, a que no sea
necesario ser psicólogo especialista en psicología clínica para tener un gabinete de consulta privada. Si el Gobierno lleva a cabo este proceso con la celeridad necesaria, solucionaríamos una parte del problema y seguramente tendríamos que volver a
modificar la LOPS, señora Navarro, pero no ahora.
Esperemos a que se modifique el contenido curricular de la licenciatura, a que las ramas troncales, las distintas ramas -una será la sanitaria, con mayor contenido sanitario- sean homologables a las
de la Unión Europea, y entonces podremos modificar la LOPS. En este momento son ganas de volver a revolver un asunto que ahora no podemos solucionar. He propuesto retrasar esta propuesta hasta haber trabajado más en el tema de la licenciatura. En
este momento no se resolvería el problema porque hay algunos psicólogos que no quieren que se abra la LOPS. Hay un grupo de psicólogos que no está interesado, porque no se va a reconocer su trabajo ni su inversión en la especialidad. Como usted
sabrá muy bien, obtener una especialidad no es fácil porque supone inversión de esfuerzo, de años y de dinero. No es justo igualar ahora con el mismo rasero a todos los psicólogos. Estos son los conflictos que han surgido durante el intenso debate
que hemos mantenido estos meses con 300 colectivos y colegios de psicólogos. La solución no es favorable para todos, naturalmente. La solución será favorable cuando todos los psicólogos puedan trabajar, cuando los psicólogos clínicos vean
reconocida su maestría y cuando otros psicólogos, que no han podido ser clínicos o que no quieren serlo porque quieren trabajar en la privada y no lo necesitan, puedan reconocer una cierta experiencia a través de la vía de la maestría. Entonces
serán las comunidades autónomas las que deberán regular los centros autorizados donde la especialidad sea la de psicólogo sanitario. Esta es nuestra propuesta y así la ha entendido el ministerio. En este momento no creemos adecuado tomar en
consideración esta proposición no de ley. No le digo que más adelante, si ustedes la vuelven a presentar, no la podamos votar a favor, pero no actualmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por CIU, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds de modificación de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Este debate de toma en consideración ya fue anunciado por el grupo proponente en su fijación de posición, por la señora García, en la Comisión de Sanidad
cuando en marzo de este año se discutió esta cuestión como proposición no de ley a iniciativa de Esquerra Republicana en términos muy similares, junto con otra proposición no de ley del Partido Popular sobre el mismo tema, aunque tenía un enfoque
menos taxativo. Aquel debate se zanjó con una transaccional que ofreció el Grupo Socialista a Esquerra Republicana y que fue apoyada mayoritariamente. Sin embargo, a la luz de esta nueva iniciativa que ahora valoramos juntamente con la del Grupo
Mixto -con otra exposición de motivos, pero idéntica en la parte dispositiva y retirada a última hora-, se hace evidente que aquella transaccional del mes de marzo, con los tres puntos citados, bien por inadecuada, bien por no haber sido
implementada correctamente o a tiempo, no dejó satisfecho al importante colectivo profesional de psicólogos afectados ni a una parte de los propios legisladores y por eso han presentado esta proposición de ley.
Reitero, una vez más, que el estado de la cuestión y los argumentos esgrimidos para fundamentar el cambio legislativo que propone de incluir la profesión de psicólogos sin mayores matices entre el listado de profesiones sanitarias que recoge
la Ley de 2003, nos parecen repetitivos. Las exposiciones de motivos de las cuatro iniciativas legislativas de los diferentes grupos en forma de proposición de ley o no de ley, así como las intervenciones orales para defenderlas son muy
coincidentes y explicativas, al menos hasta ahora, con un diagnóstico bastante común, hecho que no es de extrañar puesto que los colectivos profesionales colegiados, excepto los que tienen ya la condición de profesión sanitaria que se citaban hace
un momento, han desarrollado una inteligente y legítima estrategia de información y búsqueda
de apoyos en todos los grupos parlamentarios. Ahora bien, el diagnóstico común sobre la situación no comporta en este caso una misma terapia para su resolución, proponiendo, unos, soluciones a medio o largo plazo, especialmente a través de
la reforma de los planes de estudios, diseño curricular de los estudios universitarios de psicología, incrementando los contenidos del ámbito sanitario y, otros, simple y llanamente, la modificación puntual de la Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, incluyendo la profesión de psicólogo y definiendo genéricamente sus funciones.
Nuestro grupo ya se pronunció en este segundo sentido en el debate en Comisión y, lógicamente, hoy mantiene su postura. ¿Por qué? Porque la actual actividad y dinámica del Ejecutivo para dar cumplimiento a los tres aspectos que inspiraron
la enmienda de sustitución en Comisión y que pretendían solucionar la problemática del posicionamiento profesional de los psicólogos llevan un ritmo muy lento y de incierto resultado. Estamos esperando, se ha dicho. Este hecho contrasta con la
puesta en escena formal de esta cuestión por parte de los grupos parlamentarios y la permanente inquietud de los representantes del sector. La iniciativa que nuestro grupo apoyó en su día en Comisión -solo transigió en aceptar la enmienda
transaccional como un mal menor que evitara el rechazo absoluto de la posibilidad de avance en este tema- no pretende más que dar un reconocimiento legal a una realidad cotidiana, como a menudo sucede, como es la existencia de un número importante
de psicólogos que día a día trabaja en el ámbito sanitario, desarrollando sus conocimientos para favorecer y velar por la salud de los ciudadanos, en sentido estricto y en amplio. Son muchos más los psicólogos que están implicados y comprometidos
por la salud de los ciudadanos que los estrictamente reconocidos por la vigente normativa, pues únicamente se reconoce a los que han accedido a la condición de PIR -psicólogo interno residente en la especialidad de psicología clínica-, acceso
restringidísimo, pues únicamente se convocan alrededor de 80 plazas anuales -este año 87-, ni siquiera se reconoce esa condición de profesión sanitaria a los psicólogos que hayan cursado la especialidad de psicología clínica en las universidades en
las que ofrezcan esa posibilidad, teniendo en cuenta lógicamente los contenidos curriculares en el ámbito sanitario.
No vamos a entrar en el debate de los diferentes perfiles profesionales posibles del ejercicio de la psicología, ni vamos a argumentar, como justificación a la pretensión de la proposición de ley, que de una forma u otra todas esas
actividades tienen una relación u otra con la salud en su concepto más amplio, el que define la OMS, pues sería un debate largo, complejo y controvertido. Simplemente queremos apuntar que el reconocimiento de los psicólogos y psicólogas como
profesionales sanitarios no implica necesariamente su identificación exclusiva en este ámbito, sino que es uno más en el que están aportando su actividad profesional, aunque no reconocida como se merecen, independientemente de que otros psicólogos
puedan dedicarse al ámbito escolar o industrial, de igual manera que algunos farmacéuticos pueden dedicarse exclusivamente a la docencia o algunos médicos se dedican a la política o a la gestión hospitalaria y no han visto en su vida a un paciente,
y no por eso la medicina o la farmacia dejan de ser profesiones sanitarias. A nuestro juicio, el criterio no debería ser el nominal del título de la licenciatura, de connotaciones o diseño curricular más o menos sanitarios, sino el funcional, el de
las competencias y tareas realmente ejercitadas. En términos jurídicos, esto pasaría por el reconocimiento genérico de la psicología como una profesión sanitaria, independientemente de los matices ulteriores de desarrollo de una función de pasado,
de presente o de futuro dentro del ámbito sanitario, de salvaguarda y restitución de la salud de las personas en sentido amplio.
Repasando los antecedentes de esta cuestión en el 'Diario de Sesiones' o en el Boletín de las Cortes, vemos que ya se han detallado todos los argumentos a favor de esta modificación legal y algunos en contra que no voy a repetir. Quiero
destacar el papel cada vez más significativo y reconocido por todos de los psicólogos, en un largo, lento y constante proceso, independiente de su reconocimiento legal en el ámbito de la salud, papel que se hace especialmente visible y evidente
cuando hay que abordar colectivamente los traumas de grandes catástrofes, pero que es igualmente reconocido en las catástrofes y situaciones traumáticas, íntimas e individuales que día a día se producen en hospitales, en centros de salud o en los
domicilios de nuestros ciudadanos, amén de tantas otras circunstancias que un correcto abordaje psicológico ayuda a comprender y a superar y que significan un mayor bienestar y felicidad de las personas. No damos por buena ni definitiva la
redacción de la parte dispositiva de la proposición de ley. En caso de ser tomada en consideración, nuestro grupo aportará su visión singular de cómo debe ajustarse y en qué condiciones el reconocimiento legal de la psicología como profesión
sanitaria -decimos legal porque de facto ya se da, teniendo en cuenta la importante cantidad de esos profesionales que trabajan en este campo- y cuál debería ser la definición final de sus funciones. Todo ello desde la colaboración de información y
asesoramiento de los colectivos implicados y también de las comunidades autónomas, pues no en vano son las que deben aplicar cotidianamente las normativas propias desde el Estado, así como implementar sus programas en materia de asistencia sanitaria
y de salud. En definitiva, vamos a dar nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley.
No podemos dejar de manifestar nuestra incomprensión por la actitud del grupo que defendió el mismo contenido en Comisión, Esquerra Republicana, y que hoy cambia de posición aduciendo avances en la solución del problema por parte del
Ejecutivo, que de ser suficientes, a buen ritmo y satisfactorios, no hubieran justificado -como hemos dicho- la presentación de esa
proposición por parte de dos grupos con el apoyo activo, decidido y entusiasta de los colectivos profesionales de la psicología afectados.
Asimismo, esto se puede comprobar con la última intervención de la señora Bonás que manifestaba la
posibilidad de que más adelante esta proposición de ley pudiera ser apoyada, el escepticismo del Bloque Nacionalista Galego y las manifestaciones de la señora Uría que habla de que todavía queda margen de confianza en las instituciones, que se ha
andado poco, pero que confía que en el futuro se ande más y que en un tiempo cercano se consigan resultados. Esto justifica que por nuestra parte queramos presionar para la resolución definitiva de esta cuestión.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Velasco, por favor.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de los psicólogos en la tribuna de invitados de esta Cámara para asistir a este debate. Antes de anunciar la posición de mi grupo en la toma en consideración de esta iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera dejar claro cuál es la postura que ha venido defendiendo el Grupo Parlamentario Popular respecto a los profesionales que nos llevan a una modificación
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias como son los psicólogos y lo que conllevaría el concepto de profesión sanitaria. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución española en la Ley 44/2003, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias se definen cuales son las profesiones sanitarias tituladas y reguladas.
Son profesiones cuya formación pregraduada o especializada se dirige fundamentalmente a dotar de conocimientos, habilidades y actitudes
propias de la atención a la salud, estando organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidas por los poderes públicos. En este sentido, hay que destacar que la psicología es una profesión regulada de carácter colegial para cuyo
ejercicio tanto en el ámbito público como privado se requiere estar en posesión del título de licenciado en psicología. Dentro de las profesiones sanitarias de nivel licenciado que aparecen en el artículo 2 de la Ley 44/2003, no se encuentran como
tales los psicólogos, aunque sí se considera profesional sanitario de nivel licenciado a quienes se encuentren en posesión del título oficial de especialista en ciencias de la salud, título de especialista en psicología clínica, vía PIR, como ya se
ha dicho aquí, siendo esta vía claramente insuficiente para cubrir la demanda asistencial de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud: 89 plazas para psicólogos en la convocatoria 2005. El desarrollo profesional de los psicólogos se
proyecta de manera cada vez más relevante en el ámbito sanitario, desempeñando funciones en los campos asistenciales de investigación, docente, de gestión clínica, de prevención, de información y de educación sanitaria. Esta realidad debe ser
objeto de consideración por parte de la legislación aplicable, lo que conllevaría a la incorporación a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
La psicología se encuentra dentro del catálogo de títulos universitarios oficiales recogidos en el apartado 2, de ciencias sociales y jurídicas, del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre y no se incluye en el área de ciencias
experimentales y de la salud, ámbito al que pertenece según el sistema general de reconocimiento de títulos europeos que establece que la profesión de psicólogo pertenece al sector sanitario.
Así pues, la Conferencia de decanos de las facultades de
psicología y los representantes de los estudiantes, con el apoyo de los colegios oficiales de psicólogos, ha solicitado al Consejo de Coordinación Universitaria que estos estudios se incluyan en el área de ciencias experimentales y de la salud,
siendo este paso trascendental para mi grupo parlamentario en el objetivo de considerar a los psicólogos profesión sanitaria. En la actualidad, ante el diseño de las nuevas enseñanzas con respecto a sus itinerarios y desarrollos curriculares para
adaptarlos al proceso de Bolonia, es un buen momento para abordar y definir cuáles son los cambios que se van a incorporar al nuevo perfil de psicólogo y poderlo incluir dentro del artículo 2.1 de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias.
Señorías, estamos ante unos profesionales donde un número importante de ellos ya están desarrollando actividades clínicas en su actividad profesional cotidiana, tanto en la sanidad pública como en la privada, sin poseer el correspondiente
título de especialista en psicología clínica, no siendo la solución la modificación del Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, para reconocer que los
psicólogos realizan actividades sanitarias y permitir que puedan reconocerse las consultas de psicología como centros sanitarios. El pasado 6 de junio de 2005 se aprueba por parte del Gobierno un real decreto por el que se abre un nuevo plazo para
que los psicólogos puedan solicitar el título de especialista en psicología clínica, demostrando así la falta de concienciación y de voluntad del Gobierno para querer solucionar la situación de la gran mayoría de los psicólogos, como vimos también
en el debate y votación de esta iniciativa que mi grupo parlamentario presentó a través de una proposición no de ley que incluía varios aspectos sobre la situación de los psicólogos en la Comisión de Sanidad y Consumo. Esta situación nos recuerda
lo que vivimos con otros profesionales, como los médicos especialistas sin título oficial, los mestos, problema que fue resuelto mediante las correspondientes normas reglamentarias que establecieron un proceso extraordinario. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular cree que el Gobierno debe establecer para los psicólogos que se encuentren ya desarrollando
actividades clínicas tanto en la sanidad pública como en la privada un procedimiento similar aprobando el correspondiente real decreto.
Los motivos que les he señalado a lo largo de mi intervención son los que le han llevado también al Grupo Parlamentario Popular a presentar una proposición de ley donde se da solución a los problemas por los que pasan los psicólogos en
nuestro país, siendo coherentes con los encuentros que hemos mantenido con estos profesionales y no actuando del mismo modo que otros grupos parlamentarios que dicen y hacen cosas diferentes dependiendo de en qué posición se encuentren. Respecto a
introducir en el catálogo de profesiones sanitarias a los diplomados en obstetricoginecología, matronas, el Grupo Parlamentario Popular no puede estar de acuerdo con dicha medida pues ya se encuentran incluidos en el artículo 2.2, del nivel
diplomado, de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, cuando habla del título de diplomado en enfermería. Los diplomados en obstetricoginecología, matronas, son una especialidad de enfermería según el Real Decreto 450/2005, de 22 de
abril, sobre especialidades de enfermería, por lo que, al igual que el resto de las especialidades de enfermería, ya está incluida como profesión sanitaria y no es preciso hacer una mención específica a las matronas en la Ley 44/2003.
Señorías, el Grupo Popular está a favor de la toma en consideración de dicha iniciativa siempre y cuando en el trámite parlamentario se retire la incorporación de las matronas como profesión sanitaria, porque ya están incluidas en la ley, se
incorporen los requisitos que mi grupo estima necesarios para que los psicólogos sean profesión sanitaria, como es la modificación de su contenido curricular en ciencias de la salud, y se defina un proceso de homologación para todos aquellos
psicólogos que acrediten una experiencia clínica sobradamente reconocida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco.
Grupo Socialista. Don Alberto Fidalgo, adelante.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, señorías, me corresponde a mí fijar posición del Grupo Socialista respecto a la proposición de ley de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la modificación
de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, presentada el 10 de noviembre de 2004, es decir, hace más de un año, posiblemente cuando las demandas de los psicólogos estaban en su momento más álgido. Resulta cuando menos curioso que se
traiga ahora al Pleno, un año después de presentada y seis meses después de que la Comisión de Sanidad haya abierto una vía de solución a las demandas de la psicología. Pues bien, la Comisión de Sanidad ha impulsado, a través de un texto aprobado
en el mes de marzo, la solución a ese problema, un problema complejo que afecta a las expectativas profesionales y laborales de miles de psicólogos, pero que afecta también a un mayor número de estudiantes que vienen optando a unos estudios de
licenciatura universitaria en un modelo que permite al psicólogo ejercer como profesional de carácter polivalente y que, por tanto, puede desarrollar su ejercicio en diversos campos, educativo, trabajo, psicología social, etcétera. Este carácter no
restrictivo permite dar salida a los más de 6.000 nuevos licenciados anuales, y quiero recordar que solo en la UNED hay matriculados más de 20.000 alumnos en psicología.
La polivalencia del actual modelo de psicólogo es aceptada por la propia organización colegial, como aquí se ha dicho, y el hecho de que la formación universitaria de psicología tenga un resultado polivalente está en relación con la
disparidad de materias y créditos, en las que solo el 18 por ciento de las materias curriculares obligatorias de esta legislatura está relacionado con la salud, pudiendo llegar al 30 ó 40 por ciento en algunos casos. También es la consecuencia de
encontrarse incluido el título de licenciado en psicología en el apartado de ciencias sociales y jurídicas, como bien se ha dicho. La LOPS determina que son profesiones sanitarias aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige,
específica y fundamentalmente, a las aptitudes propias de la atención a la salud. Como se ha visto, ni específica ni fundamentalmente, la formación pregrado de psicología va dirigida a la atención a la salud y por ello no cabe la consideración
legal de profesión sanitaria, pero sí los psicólogos clínicos, por especialistas en la salud, a través de las dos vías de homologación y vía PIR. La conferencia de decanos, abundando en lo dicho, insiste en mejorar e incrementar sustancialmente el
peso de las materias relacionadas con la psicología clínica y de la salud. Pero el Consejo Asesor de Sanidad, a solicitud de la comisión de recursos humanos y previa petición de la ministra de Sanidad y Consumo, sobre el reconocimiento del título
de licenciado en psicología como profesión sanitaria, informó en junio de que, tras examinar los contenidos de la actual licenciatura en España y hacer un recorrido por los contenidos europeos, había llegado a la conclusión de que en estos momentos
no puede considerarse al licenciado en psicología como una profesión titulada y regulada conforme a la LOPS.
Añade también que esta licenciatura no ha sido concebida y estructurada para una formación principalmente sanitaria. La comisión técnica
de formación especializada, en las que están representadas, además de los ministerios de Sanidad y Educación, todas las consejerías, ha dictaminado el 10 de marzo, unánimemente, un texto que ha dado lugar después a la aprobación por la Comisión de
Sanidad de las tres recomendaciones o instancias planteadas. La primera de ellas es que en el marco de los reales decretos 55/2005 y 56/2005, sobre estudios de grado y posgrado marcados en el diseño del espacio europeo de educación superior, se
analicen los contenidos de la futura titulación de grado de psicología.
El cumplimiento de este mandado está siendo liderado,
como es lógico, por el Ministerio de Educación y Ciencia y ya ha abierto vías de diálogo con las universidades en estrecha relación con el Ministerio de Sanidad y Consumo y se ha creado una comisión bilateral con el fin de analizar el futuro
de las actuales titulaciones relacionadas con la salud. Si bien hoy por hoy la psicología no puede considerarse globalmente profesión sanitaria, dada la evolución de la licenciatura, seguramente podrá revisarse esta cuestión en el marco del citado
espacio europeo.
La segunda medida de la mencionada proposición instaba al Gobierno a que se modificase el Real Decreto 2490/1998, en cuanto a las disposiciones transitorias, de procedimientos excepcionales de acceso al título de psicólogo especialista.
Este mandato ya ha sido cumplido mediante la publicación en el BOE del Real Decreto 654/2005, que amplía los plazos y garantiza o facilita esta obtención para quienes iniciaron el ejercicio profesional antes de 1998. Además el Ministerio de
Educación y Ciencia ha adoptado algunas medidas para facilitar este trámite apoyando los trabajos de la comisión nacional de la especialidad e incorporando 40 expertos que contribuirán a agilizar los expedientes de reconocimiento de títulos de la
especialidad en psicología clínica. Se ha hecho también un importante esfuerzo en la provisión de plazas MIR, pero hay que tener en cuenta que está condicionada por las comunidades autónomas cuyos servicios de salud fijan sus necesidades
asistenciales en relación con la psicología clínica. Esto es importante si tenemos en cuenta que la demanda-oferta es muy limitada y parece evidente la distorsión que puede producirse entre el crecimiento del número de psicólogos clínicos titulados
y las necesidades de los servicios de salud, si bien los nuevos contextos asistenciales hacen presumir una mayor demanda.
¿Pueden los licenciados en psicología ejercer hoy mismo en el ámbito de la salud? Muchos de ellos lo hacen, pues ninguna norma determina lo que puede hacer un licenciado en psicología frente a lo que podría hacer un psicólogo especialista,
y lo hace en el sector público y también en el privado y pueden, dentro de su ética y responsabilidad, derivar ya patologías al especialista en psicología u otras especialidades. ¿Cuál es el problema entonces? La incertidumbre y cierta inseguridad
jurídica generada al considerar complementariamente el Real Decreto 1277/2003, de centros sanitarios, y la LOPS. Ese decreto tampoco especifica que se requiera autorización para las consultas a gabinetes privados. Solo la aplicación restrictiva y
sesgada de algunas normas ha dado lugar a casos aislados problemáticos. En todo caso, atendiendo a esta inseguridad y a esta alarma, el tercer apartado de la proposición no de ley aprobada insta a modificar el actual marco jurídico de
establecimientos sanitarios y clarifica la situación. Pues bien, el Ministerio de Sanidad y Consumo ya ha elaborado un proyecto de orden ministerial por la que se modifican determinados apartados de dicho real decreto. Está pendiente de informe de
la Dirección General de Universidades y está previsto debatirla con las organizaciones profesionales de psicólogos y aprobarla antes de fin de año, para así regularizar la situación de los gabinetes y consultas de psicología como centros sanitarios,
aun cuando no ostenten el título de especialistas en psicología clínica. Conviene recalcar esta cuestión, pues la clave está en resolver los problemas reales que causan inquietud profesional en el entorno de psicología y no aferrarse, como un
objetivo en sí mismo, al cambio de la ley. El Gobierno ha realizado pues sus deberes en torno a las tres recomendaciones de la proposición no de ley.
Lo hace además mediante la continuidad del diálogo con las instituciones, comunidades autónomas,
colegios, etcétera, y se está dando la solución a un problema, como hemos dicho antes, heredado. Además se hace garantizando con la formación adecuada de los profesionales -en esto coincidimos con casi todos los grupos- el derecho a la protección
de la salud de los ciudadanos y el equilibrio del Sistema Nacional de Salud. Lo hace además dialogando con la celeridad que se precisa para superar las limitaciones administrativas. Por eso no entendemos la presentación ahora de esta proposición
de ley que parece decretar la profesionalización sanitaria sin el análisis debido y con una preocupante desconsideración hacia la protección del interés general. La ligereza queda reflejada también en la segunda cuestión planteada en la proposición
de ley: introducir en el catálogo de profesiones sanitarias a los diplomados en obstetricia y ginecología -matronas-, cuya titulación no existe en España, como bien se ha dicho, a no ser que se pretenda el disparate inviable de crear en la
proposición de ley un nuevo título universitario.
La profesión sanitaria de matrona ya está reconocida al accederse a ella a través de una especialización de los diplomados universitarios de enfermería; ya estaba antes, pero también se reconoce
específicamente en el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería. Su carácter de profesión sanitaria está expresamente reconocido por la Ley 44/2003, y el modelo formativo, diplomatura universitaria en enfermería más
formación como especialista, vigente en España para las matronas, no solo no es contradictorio con la normativa europea, sino que está expresamente previsto en el artículo 1.2 de las últimas directivas citadas.
En conclusión, por los psicólogos y también por las matronas esta proposición de ley es innecesaria. El Gobierno lo está haciendo ya de manera rigurosa, contemplando el interés de los profesionales, pero también y sobre todo el interés
general, que no es otro que la protección de la salud de los ciudadanos y su garantía futura. Por eso nuestro grupo vota en contra. Solamente quiero recordar a la señora Navarro que nuestro grupo no está enfermo; si lo estuviese, hay un
tratamiento clarísimo, que es diálogo y responsabilidad, y por eso lo ofrecemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fidalgo.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE GARANTÍAS DE LA SEGURIDAD PERSONAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.
(Número de expediente 122/000071.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las proposiciones de ley. La segunda es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de garantías de la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género.
Turno a favor por
parte del grupo autor de la proposición de ley. La señora Camarero, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por un tiempo de 15 minutos.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición de ley de garantías de la seguridad personal de las víctimas de violencia doméstica y de género. Hace menos de una semana, el pasado 25 de
noviembre, celebrábamos el Día internacional contra la violencia de género, una fecha que tiene como objetivo suscitar la reflexión de toda la sociedad y tomar conciencia de la enorme gravedad de este problema, y las cifras son más que elocuentes.
A lo largo de este año han muerto en España 59 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, la última en el día de ayer. Una de cada seis mujeres en el mundo sufre malos tratos. Supone la principal causa de mortalidad de las mujeres europeas
entre los 15 y 55 años y en España el número de denuncias crece cada año: si durante 2004 fueron presentadas casi 100.000 denuncias, durante el primer semestre de 2005 se ha producido un incremento del 8 por ciento pasando de 47.592 a 51.382
denuncias, según el Consejo General del Poder Judicial; en los últimos once meses, 28.300 agresores han sido detenidos y las órdenes de protección se han incrementado en un 19 por ciento.
El pasado año nos dotamos de un nuevo instrumento para luchar contra los malos tratos, la Ley contra la violencia de género, que se suma a los que ya existían y que habían puesto en marcha gobiernos anteriores, como es el caso de la orden de
protección, que ha supuesto de momento el instrumento más eficaz en la lucha contra esta lacra social. Hoy quiero manifestar con claridad que para nosotros la Ley contra la violencia es positiva y por eso mi grupo parlamentario la votó
favorablemente, pero aun así reconocemos que es insuficiente, y estos meses de aplicación han permitido desvelar sus deficiencias, deficiencias que nosotros ya pusimos de relieve durante la tramitación parlamentaria. Entendemos que el Gobierno pida
un tiempo de espera para poder calibrar la efectividad de la ley. Sin embargo, no podríamos entender que el mismo Gobierno se escudase en esta ley para justificar la falta de apoyo a iniciativas que redunden en mejorar la efectividad de la propia
ley.
La violencia de género es sin duda un problema complejo, que obedece a impulsos muy arraigados en la forma de entender las relaciones entre los sexos, muy difícil de abordar a pesar de una ley. Por eso, señorías, desde nuestro punto de
vista no se puede ser tan autocomplaciente como lo está siendo el Gobierno respecto a la aplicación de la Ley contra la violencia de género. Nosotros no queremos utilizar este tema como un arma arrojadiza contra el Gobierno, pero es evidente que
esta ley no está produciendo los resultados esperados, y ello, en buena medida, debido a la ausencia de un verdadero compromiso del Gobierno en su dotación presupuestaria. Por ese motivo, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos reivindicado la
necesidad de más presupuesto destinado a desarrollar le ley, de más medios materiales y humanos para que esta ley, que debe ser de todos porque nos afecta a todos, no quede en papel mojado y llegue a ser la ley más útil y más eficaz para las
víctimas. Sin duda, el aspecto en el que la ley resulta más deficiente es el relativo a la protección de las víctimas. Esta no es solo mi opinión personal y la de mi grupo, sino que coincide con la de una personalidad tan acreditada en este campo
como la de Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, del Consejo General del Poder Judicial, que manifestó que uno de los puntos donde más flaquea la ley es en el ámbito de la protección. En este sentido y como
les decía anteriormente, además hay algunas deficiencias en la propia ley porque, por ejemplo, está siendo exageradamente lenta la puesta en marcha de los mecanismos de teleasistencia móviles. El Gobierno reconoció esta semana como gran logro la
entrega de 2.149 mecanismos de teleasistencia. Señorías, quiero recordar que ya se han concedido más de 55.000 órdenes de protección. Las previsiones del ministro Caldera en diciembre del pasado año eran entregar 20.000 mecanismos, 6.000 de ellos
antes de finalizar el año. Al ritmo que vamos ahora esta previsión inicial del Gobierno tardaría diez años en conseguirse. La conclusión, señorías, es bien clara: la teleasistencia no se está gestionando bien. No podemos hablar de la
teleasistencia como de un tema menor con el que se pueda frivolizar, porque estos instrumentos juegan un papel prioritario en la protección de las víctimas. Otro de los aspectos fundamentales es la dotación de un mayor número de agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a la protección de las víctimas. El Gobierno afirma que durante al año 2005 se han incorporado 380 nuevos efectivos, cifras que distan mucho de las que mantienen los sindicatos, pero que, aunque
fueran reales, están muy lejos de las necesarias. Si tenemos en cuenta que en los últimos meses se han incrementado en un 19 por ciento las órdenes de protección, habrá que convenir que es necesario incrementar en una proporción similar el número
de agentes dedicados a la protección y seguridad de estas mujeres, objetivo que desde luego está muy lejano.
Señorías, solo debemos realizar una sencilla operación, dividir el número de mujeres que cuentan hoy con una orden de
protección entre el número de agentes que confirma el Gobierno, para darnos cuenta que ni de lejos son suficientes para cubrir razonablemente las necesidades de protección de las mujeres maltratadas, como aseguró el ministro del Interior
hace unos meses. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
A estas profundas deficiencias en la protección de las víctimas trata de dar respuesta la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular y para la que pido el apoyo de los demás grupos parlamentarios. Es una proposición
de ley que tiene como objetivo optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes para la protección de las víctimas. Para ello partimos de una consideración fundamental y es que la protección integral de las víctimas de la violencia de género
requiere individualizar el riesgo al que se enfrenta cada víctima para garantizar su seguridad de una manera eficaz. El Grupo Parlamentario Popular presentó esta proposición de ley en junio de 2004, hace ya más de año y medio, demostrando la
preocupación real que la violencia de género supone y nuestro firme compromiso en la erradicación de esta horrible lacra social. Ahora, igual que entonces, seguimos manteniendo que la seguridad de las víctimas debe ser nuestra prioridad y debemos
poner todos los recursos necesarios y administrarlos de la forma más adecuada para que las mujeres se encuentren realmente protegidas ante sus agresores. Por eso creemos imprescindible complementar la Ley contra la violencia de género en todo
aquello que hace referencia a la seguridad de las víctimas, porque la ley, señorías, solamente recoge un artículo en su título III, el artículo 31, que establece la creación de unidades especializadas de prevención de la violencia -debemos recordar
que llevan años funcionando tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil-, así como la firma de protocolos de actuación con las policías locales y autonómicas allí donde existen. En una ley que cuenta con 72 artículos, 20
disposiciones adicionales, dos transitorias y siete finales parece un tanto raquítico que se dedique un solo artículo a la seguridad y protección de las víctimas de violencia.
Señorías, la protección integral de las víctimas de violencia doméstica y de género, además de otras medidas como las que se vienen adoptando, requiere una serie de aportaciones complementarias. Consideramos necesario diseñar un mecanismo
capaz de individualizar el riesgo al cual se enfrenta cada víctima para proteger de manera eficaz su vida, evaluación de los riesgos concretos de agresión que debe ser efectuada por quienes cuentan con la experiencia y conocimientos técnicos
requeridos en esta área, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como resultado de esta evaluación individual del riesgo será necesario establecer mecanismos de protección individualizados que entren en funcionamiento desde el mismo momento
en que la víctima lo reclama. Esta es la principal aportación de la ley, un plan de seguridad personal en el que se tendrán en cuenta las necesidades de protección en función de tres aspectos: las condiciones de la víctima, las características del
agresor y las circunstancias familiares y del entorno, especialmente de los menores a su cargo. El diseño, aplicación y supervisión de cada plan de seguridad personal correrá a cargo de un responsable policial que la presente proposición de ley
denomina agente de seguridad personal de la víctima de violencia doméstica, agente que será nombrado entre profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con especialización y experiencia en el área de violencia de género. Sin duda
la protección física de la víctima es el eje en torno al cual gira la presente ley. En la medida en que la víctima se vea protegida por los poderes públicos en su integridad física y la de aquellos menores o ascendientes a su cargo, se sentirá más
segura para iniciar o continuar un proceso penal contra su agresor; de lo contrario puede dudar a la hora de asumir ese riesgo.
Señorías, no debemos olvidar que son muchos los casos, el 10 por ciento, en los que la víctima desiste por miedo y retira la denuncia por temor a represalias en su persona o en su entorno más cercano. El diálogo, el consenso y la unanimidad
en la aprobación de las modificaciones legislativas necesarias han sido los tres instrumentos de trabajo utilizados hasta el momento y en los que se ha inspirado esta iniciativa legislativa. Por ello, quisiera terminar haciendo una invitación a
todos los grupos parlamentarios de la Cámara a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario llevar a cabo mayores esfuerzos en la protección de las víctimas de violencia de
género. Creo que todos estamos de acuerdo en que es un campo en el que todavía queda mucho por hacer y en el que la ley que aprobamos ahora hace un año resulta insuficiente. Por tanto, debemos estar de acuerdo en que es necesario tomar nuevas
medidas, las que la proposición de ley establece o las que los grupos pudieran introducir mediante enmiendas durante su tramitación parlamentaria, pero la toma en consideración de esta proposición de ley sería un buen gesto hacia las mujeres que
viven atemorizadas y que desearían contar con una mayor protección y continuaría con la tradición de consenso en la aprobación de todas aquellas iniciativas que mejoren la eficacia en la lucha contra la violencia de género, consenso que se inició en
la pasada legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno, con la aprobación unánime de la orden de protección y que ha continuado en esta, con el Partido Popular en la oposición, con la aprobación también unánime de la Ley contra la violencia de
género. Señorías, confío en que hoy no se sucumba ante no se sabe qué intereses partidistas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Camarero.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.) Pasaremos a la fijación de posiciones
comenzando con el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Por segunda vez en la tarde de hoy subo a esta tribuna a explicar nuestra posición respecto a una proposición de ley y en las dos ocasiones tengo que empezar por explicar que nuestra postura, que no es la de apoyar la propuesta que se está
defendiendo, no es por ninguna cuestión extraña ni por ningún interés partidista, y valoramos en la justa medida lo que fue hasta ahora el consenso, con el convencimiento de que en asuntos como el que estamos discutiendo sería siempre importante
llegar a los consensos necesarios para poder resolver o cuando menos paliar los problemas. Yo siempre digo paliar los problemas porque tengo la convicción de que en violencia de género no será fácil resolverlos o por lo menos no creo que la
generación a la que pertenezco pueda llegar a vivirlo.
La señora diputada del Grupo Popular que ha defendido esta iniciativa lo ha hecho con unos argumentos que en su mayoría comparto, sobre todo aquellos que ponen sobre la mesa la realidad de la violencia de género, las dificultades de las
mujeres para hacerle frente y resolver la situación de acuerdo con los medios disponibles en este momento en la sociedad, la cuantificación de los delitos, las mujeres asesinadas este año, las órdenes de protección, etcétera; es decir, son datos
que demuestran esa realidad y que, por lo tanto, no podemos obviar y mucho menos dejar de compartir. Lo que hace que tengamos una diferencia respecto a la diputada del Grupo Popular no es ni siquiera por el fondo de la propuesta ni por la
consideración de la necesidad de incrementar las ayudas de protección a las mujeres que padecen la violencia de género. La cuestión es que esta iniciativa fue presentada en julio de 2004, es decir, meses antes de que fuera aprobada la Ley integral
contra la violencia de género. En su momento ya dijimos también desde esta misma tributa que la ley integral no nos satisfacía totalmente porque, desde nuestro punto de vista, no era una ley integral, le faltaban muchos aspectos para que se la
pudiera denominar como tal, pero sí es una ley que todas y todos llegamos a consensuar y que propone sobre la legalidad vigente una serie de medidas que pueden y deben mejorar desde la perspectiva social las condiciones de las mujeres que son
víctimas de violencia de género y, sobre todo, que puede y debe paliar aquellos aspectos que provocan la indefensión de estas mujeres y, por tanto, asegurar el castigo debido a los agresores. No podemos aceptar o estar de acuerdo con la toma en
consideración de esta propuesta porque entendemos que parte de lo que aquí se propone está recogido en la ley integral y si en esta, hace justamente un año, no se incorporaron aspectos que están aquí, fue efectivamente porque en aquel momento no
provocaban, cuando menos, el consenso de todos los grupos, y a nuestro grupo, al Grupo Mixto, al Bloque Nacionalista Galego una de las cuestiones que le preocupan en estos momentos no es cómo modificamos la Ley integral contra la violencia de género
en aquellas insuficiencias de que adolece. Nuestro problema en estos momentos es cómo ponemos en marcha la Ley contra la violencia de género, cómo articulamos realmente y ponemos en práctica todas aquellas cuestiones que la ley plantea y facilita
que legalmente se puedan hacer.
Hace cuatro semanas aproximadamente, fue aprobada en este Pleno y como consecuencia de una propuesta de la señora Barkos, también del Grupo Mixto, una moción para resolver algunos aspectos que evidencian las dificultades de la Administración
de Justicia para poner en marcha lo que en la ley se dice. En otras ocasiones hemos preguntado, unas veces por escrito, otras veces con pregunta oral, por aquellas deficiencias que a la hora de poner en práctica los juzgados específicos contra la
violencia de género se están produciendo en diferentes zonas del Estado español y concretamente en determinadas comunidades autónomas. Bien es cierto que cuando se aprobó la ley se contemplaban una serie de ciudades donde se iban a establecer estos
juzgados y las otras progresivamente y según la demanda, etcétera. Lo cierto es que esta demanda en muchísimas localidades del Estado español y concretamente en mi país, en Galicia, es lo suficientemente importante como para que en este momento se
pusieran en marcha distintos juzgados específicos contra la violencia de género.
Evidentemente, el Gobierno autónomo tendrá que impulsar, como la ley en estos momentos dice, al Gobierno central a que los establezca y tendrá que ser así porque la
demanda no solamente existe, sino que es tal que realmente debe ser prioridad por parte del Gobierno central y, de acuerdo con lo que establece la Ley integral contra la violencia de género, hay que crear estos juzgados específicos contra la
violencia de género. El problema que nosotros nos planteamos a estas alturas del año 2005 no es volver a legislar sobre algo tan grave como es la violencia de género, sino cómo aplicar la legislación que ya elaboramos y que afortunadamente fuimos
capaces de consensuar. Efectivamente, la diputada que ha defendido la iniciativa hablaba por ejemplo de la falta de dotación presupuestaria y de la falta de medios para llevarla adelante y eso lo compartimos, estamos de acuerdo y lo dijimos hace
una año, porque la ley integral no sería realmente útil si efectivamente no contaba con la suficiente dotación presupuestaria y pensábamos que así era. Desde nuestro punto de vista es necesario que por parte de las diputadas y de los diputados
impulsemos las medidas necesarias para que el Gobierno lleve a la práctica lo que está legislado, que además, aunque fue una aprobación de esta Cámara, contó con el impulso del Gobierno en la medida en que fue el propio Gobierno el que presentó el
proyecto de ley.
La señora diputada que me ha precedido da una serie de datos que vienen a demostrar que así como podemos enumerar todas las insuficiencias de la ley, no porque sea deficiente sino por la no puesta en práctica de lo que
en ella se expone, en cambio también hay aspectos positivos que evidencian que su aprobación permitió una serie de medidas que han mejorado las condiciones de las mujeres que padecen violencia de género. El hecho, por ejemplo, de que el
número de denuncias se amplíe en un 8 por ciento no lo entendemos como lo negativo de la ley, sino que en la ley se articulan una serie de mecanismos que facilitan a las mujeres denunciar esa violencia a la que están sometidas, porque además la ley
reconoce una serie de beneficios desde la perspectiva social a estas mujeres que denuncian. Evidentemente, el hecho de que exista un 19 por ciento más de órdenes de protección es algo que también tenemos que achacarle a la propia ley en positivo.
Por lo tanto, señoría, no vamos a apoyar la toma en consideración de esta propuesta porque entendemos que a estas alturas tenemos una legislación suficiente en este momento como para que desde las distintas instancias de la Administración que tienen
que actuar en esta cuestión se puedan adoptar medidas que mejoren las condiciones de las mujeres que viven y están sometidas a violencia de género, entre ellas las propuestas que ustedes acaban de defender.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Continuamos con el turno del señor Mardones en nombre del Grupo de Coalición Canaria. Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo, consecuentemente con el principio que tenemos de la defensa en todos los órdenes de cualquiera de los sexos, en este caso de las mujeres víctimas de una violencia doméstica o de género, votó favorablemente las leyes que en el año
2003 vinieron a este Parlamento, tanto la Ley 11/2003, en que con un concepto mucho más amplio, incluso referido a los extranjeros, tratábamos ya de poner un primer dique de contención a estos actos violentos, como posteriormente la Ley 27/2003, de
31 de julio, reguladora de la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica. Entendimos que esta ley era importante por cuanto ya aparecía una orden de protección que el juez podía dictar al respecto, porque era fundamentalmente esta
cautela y esta precaución en el orden judicial la que iba a permitir al menos poner una barrera entre el agresor y su víctima. Ya con este nuevo Gobierno votamos la Ley 1/2004, reguladora de las medidas de protección integral contra la violencia de
género. Fue una línea consecuente y sobre todo una satisfacción para todos aprobar la Ley 1/2004 contra la violencia de género, porque podíamos disponer de un instrumento fundamental para la defensa de unos derechos contra la violencia doméstica y
de género.
La verdad es que siempre traspasamos una responsabilidad no solamente al Poder Judicial en la administración y aplicación de la ley, sino a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a las policías autonómicas en aquellas comunidades
que las tienen, para tener los medios humanos especializados para la protección de las víctimas que tuvieran el ordenamiento judicial pertinente. En esta línea consecuente, mi grupo apoyará cualquier iniciativa de los grupos de la Cámara que venga
a complementar con las garantías suficientes esta protección de las víctimas contra la violencia de género y doméstica. Lo hacemos por un principio rector de nuestra conducta, lo cual no quita que en la toma en consideración de esta iniciativa o de
cualquier otra podamos presentar en el trámite parlamentario cuantas enmiendas entienda mi grupo que son ampliadoras o correctoras de las garantías pertinentes. Para eso están los trámites correspondientes.
Anuncio que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, porque nos parece que está en la misma línea de lo que hemos venido apoyando en las tres leyes que he citado, dos del año
2003 y una del año 2004, que hemos votado favorablemente. Vamos a apoyar más esta iniciativa, porque trae una figura nueva que se suma a la orden de protección judicial y a la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es el plan
de seguridad personal de la víctima. Está demostrándose con los hechos que no se trata solamente de regular una protección general, como lo puede hacer en este caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que se está dando en el caso de la
violencia de género y doméstica una singularidad de agresor y de víctima; tiene unas características de proximidad y de intimidación muy importantes. Nosotros estamos a favor de todo aquello que podamos hacer, no por generalizar un principio de
aplicación punitiva y concordante con los grandes textos que tratan de la protección de cualquier víctima ante cualquier delito, sea de género o no lo sea, doméstico o no doméstico, sino por singularizar este hecho, máxime cuando no se trata de
poner una especie de escolta personal permanente a la víctima de estos hechos lamentables, sino de aplicar un plan de seguridad personal, porque hoy tenemos medios electrónicos, como el collar o la pulsera, de seguimiento del posible agresor para
respete la distancia que hayan determinado los jueces, etcétera.
Nos parece también consecuente que se trate de hacer la modificación pertinente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permita al juez ordenar la aplicación de estos métodos electrónicos de control para no transformar a la víctima en una
especie de sujeto protegido por una escolta personal y por un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como se respetan las competencias de los órdenes jurisdiccionales y administrativos en las comunidades autónomas que los tengan,
al adoptar estas medidas nosotros entendemos la toma en consideración con los perfeccionamientos vía enmiendas que se pudieran presentar al respecto por los grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, que tendría que hacer algunas observaciones
garantistas aunque en la misma línea, dado que lamentablemente la estadística
y la casuística, después de la aplicación tanto de la Ley Orgánica 27/2003, de la orden de protección judicial, como de la Ley 1/2004, de protección integral frente a la violencia de género, están evidenciando que el hecho lamentable sigue
lamentablemente -valga la redundancia- ocurriendo y toda aportación que hagamos en relación con la protección de las víctimas será de justicia reconocer que es demandada por la propia sociedad. De aquí que reitere que nuestro voto, señora
presidenta, será favorable a su toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Continuamos con el turno de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario quiere manifestar en relación con el punto que estamos debatiendo, la proposición de ley del Grupo Popular, que sin duda el problema de la violencia de género sigue siendo un problema. Los datos, las cifras
y la información que diariamente o con demasiada frecuencia nos llega así lo demuestran. Por otro lado, debo decir que en todo caso este es un problema que tenemos hoy y que teníamos hace seis meses, hace un año y hace bastantes años, y también que
esta diputada dijo, en los debates de la proposición de ley integral de la violencia de género, que solamente una ley ni resolvería de raíz todos los problemas de la violencia de género ni tampoco, aunque pueda resolverlos y los resolverá sin duda,
lo iba a hacer en un tiempo récord ni mucho menos en el tiempo que hasta ahora ha transcurrido, que es algo más de un año.
Dicho esto, queremos que quede constancia de que no es que en estos momentos no nos preocupe la violencia de género, nos ha preocupado antes de la ley, nos preocupa ahora y, si no se resuelve, nos va a continuar preocupando. Este no es el
caso. Lo que pasa es que, aunque no vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición que presenta el Grupo Popular, no quisiéramos que hubiera ninguna duda de que para nuestro grupo parlamentario sigue siendo uno de los
problemas importantes que tiene nuestra sociedad. Sin embargo, hay varios motivos por los que no podemos apoyar la propuesta que ustedes nos hacen. Hay motivos de fondo, en el sentido de que ustedes -ha sido realmente una sorpresa al leerla con
detenimiento- en su proposición no hacen prácticamente mención -yo diría que ninguna- a la Ley integral de violencia, ustedes retroceden bastante en el tiempo, mencionan expresamente la Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección, así como
informes de la ponencia sobre erradicación de la violencia doméstica de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer de los años 2000 y 2002, y retroceden en el tiempo como si no hubieran pasado otras cuestiones. No es que no sea importante, que
todo lo es. De aquí a cinco, seis u ocho años, otros diputados y diputadas que estén en esta Cámara seguramente, en lugar de hablar de la Ley de violencia de julio de 2004, tendrán que referirse a otra normativa, pero es que en estos momentos el
marco que tenemos y que aprobamos con el consenso de todos es la Ley de violencia.
No creemos que sea el momento de empezar a modificar esta ley, de hacer enmiendas o de incluir otras propuestas en la ley, ya que nosotros siempre hemos dicho que
toda ley necesita un tiempo medio para poder hacer una valoración de la misma. Se trata de esperar un tiempo más prudencial y hacer una valoración de lo que todos aprobamos por consenso, de los recursos y programas que se hayan desarrollado, de
cómo y de qué forma se han desarrollado y de cómo se ha desarrollado eso o no en cada comunidad autónoma, para que podamos hacer una valoración de las víctimas o del mapa de muertes que tenemos en estos momentos.
Llegado este momento de hablar de las víctimas, aquí hay otra razón por la que no podemos tomarla en consideración. Personalmente, como persona que ha trabajado mucho en estos temas, le tengo que decir que las propuestas que ustedes nos
realizan y las vías por las que ustedes pretenden abordar el problema de la violencia ni las compartíamos demasiado en el momento de la discusión de la ley ni las compartimos ahora. A mi grupo parlamentario le preocupa, también lo ha dicho la
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, la implementación y el desarrollo de la ley, porque no se ha desarrollado todavía. La ley está en un proceso -aquí sí que hay una crítica en este sentido- demasiado lento en algunos aspectos y
nos parece que no está llegando donde tiene que llegar para que sea efectiva, que es al territorio. Nos referimos a los ayuntamientos, a los municipios, a los departamentos y a los servicios en los que día a día se está atendiendo la problemática
de la violencia de género o la problemática de género en general. La ley no ha llegado allí y esto sí que es un problema; lo digo con conocimiento de causa. No solamente por Cataluña, que lo conozco, sino por otros lugares de los que me he
preocupado. Cuando vas a un servicio de atención primaria de un ayuntamiento, cuando hablas con un equipo de base, porque en algunos sitios se les continúa llamando así, y les preguntas cómo y de qué forma les está repercutiendo en su trabajo la
Ley de violencia, la realidad es que todavía no les está repercutiendo; ni están llegando todavía recursos a esos servicios, ni están notando cambios importantes en esos servicios, ni la ley tiene influencia en esos servicios. Esto sí que es un
problema.
¿Por qué es un problema para nosotros? Porque quiere decir que no estamos haciendo algo que la ley integral se planteaba, porque por algo se llama integral; no estamos haciendo prevención. Realmente no estamos atajando el problema desde
donde podríamos influir para no llegar a tener que utilizar todo esto que ustedes nos están proponiendo. Nosotros no pretendemos tener que
llegar a planificar un servicio de escoltas para no sé cuántas mujeres que tengamos en nuestro país con problemas de violencia, este no es el futuro, este no puede ser el futuro, esto es un futuro horrible, permítame que se lo diga. El
futuro tiene que ser la prevención, el futuro tiene que ser evitar llegar a esas situaciones y el futuro tiene que ser conocer muchísimo antes los problemas de violencia. No cuando ya están en una situación en la que ya hay denuncia. Perdonen que
les diga, pero me da mucha pena leer continuamente, porque parece que es un ranking, cuántas denuncias se han hecho, cuántas personas han tenido que ir a prisión o cuántos casos de muerte ha habido. ¿Por qué no hablamos, por qué no nos interesa más
hablar de cuántos casos hemos conseguido prevenir y que no han tenido que llegar a esa situación? ¿Es que eso no interesa? ¿No es mediático? ¿Ese es quizás el tema? ¿No es mediático hablar de la prevención? ¿No es mediático preocuparnos de
todas las mujeres que están sufriendo violencia, pero que todavía no han denunciado, ni van a denunciar y posiblemente muchas de ellas nunca denuncien? Este es el problema de la Ley integral de la violencia de género, que no está siendo integral y
que todavía no se está desarrollando como pensábamos que se tenía que desarrollar.
Esto no significa que no continuemos pensando que es una ley que tiene que ser efectiva y que lo va a ser, pero no puede ser que a un año y algo de la aprobación de esta ley nos planteemos alternativas como la que nos trae el Grupo Popular.
Además, no podemos aprobarla por otra cuestión.
Una vez más, su proposición de ley no es nada respetuosa con nuestro Estado de las autonomías. Su texto pretende apoyar la aplicación de las garantías de seguridad en instituciones estatales cuando
la labor actual está sumamente descentralizada. Señores del Grupo Popular, no quieren enterarse de que nuestro sistema, nuestro Estado de las autonomías, tiene unas competencias estatales y tiene unas competencias autonómicas, y nosotros
pretendemos y deseamos que los municipios tengan cada vez más competencias, para acercar los servicios, los programas y los recursos a las necesidades. Ustedes traen una proposición de ley que nos lleva a hablar de nuevo de la violencia de género.
Sin duda es conveniente que vayamos recordando que este problema todavía está vigente; sin duda es bueno que vayamos reflexionando y vayamos recordando también que hay aspectos que todavía no se han implementado, pero aparte de eso no nos aporta
ninguna novedad más, no nos aporta ninguna alternativa que signifique ir a la raíz del problema y por tanto no podemos apoyarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra la señora Uría. (Pausa.) Es usted más rápida que yo, señora Uría.
La busco en los escaños y ya está usted llegando a la tribuna. Adelante.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Para ahorrar tiempo voy bajando cuando concluye la intervención anterior.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco también se opone a la toma en consideración de esta iniciativa, si bien agradece la llamada de atención y la preocupación que con ella se traslada. También agradece a las diputadas que han intervenido
en nombre de las formaciones políticas precedentes la llamada de atención sobre esta forma de terrorismo que es la violencia de género, sobre todo teniendo en cuenta que quien la defiende en nombre del Grupo Popular es la diputada señora Camarero,
con la que siempre resulta fácil y grato negociar, aunque en muchas ocasiones, debo manifestarlo, no sea para llegar a un acuerdo. En primer lugar, sorprende -y ella lo ha manifestado así- que la iniciativa está presentada como proposición de ley
nada menos que el 9 de junio de 2004 en el Congreso, es decir, recién terminada la legislatura en la que el Gobierno del Partido Popular había tenido responsabilidades. Lo primero que una piensa es la de cosas que se les ocurre desde la oposición y
que es una lástima que no tuvieran tiempo de hacerlo, según parece, mientras estaban en el Gobierno, aunque todos conocemos que la policía de una determinada época tuvo una ocupación unidireccional, Y a la vista está cómo en determinados sucesos -la
Comisión del 11-M es un ejemplo de ello- y en otras materias no hubo la suficiente atención o no la hubo con la debida dedicación e intensidad.
No se cita en la exposición de motivos, y así lo han manifestado otros portavoces, la Ley integral contra la violencia de género. Evidentemente es anterior, pero sí contiene alguna previsión en relación con la materia policial, previsión
que por cierto, según me recordaba la portavoz del Grupo Catalán, señora Pigem, fue fruto de redacción por esta misma diputada que ahora interviene, que intentó que se salvaguardase en materia de policía, además del requisito evidente de la búsqueda
de eficacia y de prevención, a la que también se refería la señora García, lo ya normado en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la salvaguarda que respecto de determinadas policías se contienen en los propios estatutos de autonomía, como es
el caso de la Policía vasca o de la Policía catalana. El artículo 31.4 es solo un precepto, pero nos parece suficiente en relación con esta cuestión.
Mi grupo, como he dicho, no la tomará en consideración, y es que, a pesar de que la proposición de ley en su artículo 1 establezca como objetivo el derecho a la seguridad personal de la víctima, lo que nos parece una proclama sensata, de la
lectura del articulado posterior se evidencia un modelo de protección a las víctimas que no es el que nuestra formación política sostiene. Por cierto, y dicho sea entre paréntesis, no vemos por qué habría de ser necesaria una norma con rango de
ley, ni siquiera una orden ministerial; bastaría con la existencia de meros planes, puesto que convertir en tan rígidos los planteamientos, como es el de la necesidad de la modificación posterior por otra norma también de rango de ley, haría poco
operativa las adecuaciones o los reajustes
que tuviera que tener una norma de este estilo. Pero es que además no nos parece que se establezca lo que para nosotros es más adecuado o lo que sería más favorable de cara a buscar la mayor protección o la mayor seguridad personal de las
víctimas de la violencia de género. Se busca un modelo concreto de atención policial a la víctima, que se desarrolla en el articulado, que por un lado tiene numerosas lagunas, como trataré de manifestar en el tiempo que me queda, y por otro lado es
excesivo en las concreciones, impropias -como indico- de una norma a la que se pretende petrificar con el nombre de ley. Además, a partir del punto 2 del artículo 3, a pesar de que se salvaguardan las competencias de las policías autonómicas, nos
parece que en modo alguno pueden imponernos el modelo que la ley pretendería extender a todas.
Desde el Gobierno vasco se ha iniciado ya la tarea. No se está por un plan de seguridad personal para las víctimas, sí por un plan integral de atención y protección de la víctima de la violencia doméstica y de género. Para nosotros, el
plan integral debe iniciarse no solo, como se expresa en el punto 1 del artículo 2, cuando la víctima obtiene una orden de protección judicial, al amparo de lo previsto en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento, tal y como se establece, sino ya
-en la Ertzaintza así se intenta, no soy tan imprudente como para decir que esto evita las víctimas-, desde el momento del conocimiento de un posible incidente de violencia doméstica y de género. Y ello por múltiples razones, como puede ser que una
víctima puede no obtener la orden de protección hasta un determinado momento y que sin embargo el caso tenga ya los suficientes antecedentes para que la policía, la Ertzaintza en nuestro caso, haya podido realizar una valoración del caso e incluso
haya establecido ya un nivel de riesgo que haga posibles medidas policiales de protección. Este plan integral, para nosotros, no debe ser aislado, sino que debe estar incardinado en los protocolos interinstitucionales. Sabemos que existen en
muchas comunidades autónomas, pero en el ámbito vasco intentamos que funcionen tanto con la policía como con el Poder Judicial, la Fiscalía, la Abogacía, diputaciones, ayuntamientos, existiendo unos compromisos y acuerdos fuertemente trabados en
esta materia. No podemos estar de acuerdo en modo alguno con la autoridad a la que se atribuye el control y la autorización de los planes de protección individual, que es la Delegación del Gobierno. Con esto por supuesto tenemos absoluta
disconformidad.
Como ya he indicado, esta proposición de ley está formulada para las estructuras y el funcionamiento de unos cuerpos policiales estatales -que no creemos que tampoco sea realidad respecto de ellos-, sin tener en cuenta otros modelos
policiales, como es el de la Ertzaintza, preparado para dar una respuesta integral en un ámbito territorial concreto -a la cercanía hacía referencia la señora García- y con una demanda determinada. Entendemos que la violencia doméstica y de género
no puede ser materia específica y exclusiva de ciertas personas -ese agente individual-, ni siquiera de grupos, secciones o unidades, sino inherente e indisoluble al propio cuerpo policial. No es un problema de policías concretos, ha de ser un
problema de la comisaría, considerando tanto la optimización de los recursos existentes como el logro de cierta corresponsabilidad general, necesaria para conseguir la máxima eficacia.
En nuestro ámbito se están desarrollando ya programas que
pretendemos que obtengan las certificaciones de gestión de calidad, que no detallaré aquí pero que van desde la atención telefónica y personal específica en determinadas cuestiones, la atención a la urgencia, la investigación, la puesta en
conocimiento de la autoridad judicial, las actuaciones con víctima y con familiares, las actuaciones con la persona agresora y la gestión de las ordenes judiciales -esas órdenes de protección que se desarrollaron en la legislatura anterior-, y para
cada una de ellas se establecen después los responsables directos de su realización y control y se alude a la calidad respecto de todas las partes interesadas en estos planes.
Cabe suponer de cuanto he deducido que no es nada acorde con el modelo de policía o el modelo de protección integral no solo policial que desde el ámbito vasco se pretende desarrollar y por tanto no vamos a poder aprobar una iniciativa de
este estilo. Dijimos no al plan de seguridad personal, sí a un plan individualizado pero integral de atención y de protección, siendo el ámbito policial, desde nuestra perspectiva, solo una parte de este plan individualizado que debe existir.
Creemos que deben respetarse claramente las competencias o los modelos policiales que puedan existir y, en nuestro caso, el desarrollo normativo y reglamentario correspondería hacerlo a ámbitos distintos de esta Cámara. Y desde luego no estamos por
la figura del agente, creemos que ha de pivotar -lo he indicado antes- en toda la policía la seguridad personal. Sí a la concreción de responsabilidades de cada parte y puestos dentro de la organización policial.
Por cuantas razones he indicado, aun agradeciendo la llamada de atención que una vez más supone traer a la Cámara una iniciativa sobre esta cuestión de la violencia de género, que además nos oigamos todos los portavoces -antes he hablado
solo en femenino, pero ha habido portavoz hombre por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y no quiero ser injusta-, unos a otros, en cuanto a las necesidades concretas que queremos detectar y que puedan servir, aunque se
rechace por el conjunto de la Cámara, como llamada de atención a que, a pesar de la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género, hay todavía otras asignaturas pendientes. Los resultados habidos hasta ahora nos evidencian que esto es
así y en tal sentido mi grupo, a pesar de oponerse, ya he dicho que felicita la iniciativa que ha traído el Grupo Parlamentario Popular en cuanto llamada, toque de atención o alarma con respecto a estas cuestiones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra don Agustí Cerdà.
Adelante, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora presidenta.
Todos sabemos que cada 25 de noviembre conmemoramos el Día internacional para la no violencia sobre las mujeres. De esta fecha, reconocida por Naciones Unidas, es demasiado constante aún su presencia, su incidencia y ha sido durante mucho
tiempo una violencia invisible para muchos poderes.
Sin embargo, esta efeméride no puede ser a nuestro entender coartada para que el Partido Popular pretenda aprovechar la oportunidad para presentar una proposición de ley sobre las garantías de la
seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género no exenta de una cierta demagogia.
En primer lugar, insistimos en que no se puede estar poniendo en un mismo saco la violencia denominada doméstica con la violencia de género. Es la violencia de género, la violencia machista, la violencia específica contra las mujeres, la
que es objeto de intervención específica en estos momentos. Estas medidas incluyen, como todos saben, la protección de las personas que están alrededor de la mujer agredida: sus hijos, sus padres.
Creemos que esta aclaración también es necesaria,
puesto que al final la ideología y el pensamiento dominante son ni más ni menos que el lenguaje utilizado. En segundo lugar, entendemos que presentar una iniciativa fechada con anterioridad a la aprobación por unanimidad del proyecto de ley
orgánica de medidas integrales contra la violencia es una iniciativa un tanto oportunista. Difícilmente se pueden evaluar los resultados de la aplicación de ley. Nos parece que tiene más la intención de romper la unanimidad que luego cacarean que
de mejorar la ley y las deficiencias de su aplicación.
Desde Esquerra Republicana hemos estado reivindicando durante muchos años que se apliquen medidas integrales y que no se margine a las mujeres de las políticas públicas, que se lleven a cabo medidas valientes y decididas con la finalidad de
luchar en complicidad con la sociedad por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cierto que hoy en día el principal problema de la violencia contra las mujeres es su seguridad y su protección. Somos conscientes del sufrimiento y de
la angustia que padece una mujer agredida y amenazada que pasa diariamente por persecuciones, insultos, continuas miradas hacia atrás mientras va por la calle, porrazos en la puerta, en definitiva, zozobra e inseguridad. La mujer agredida y
amenazada sufre mucha inseguridad y demasiadas veces la amenaza se consuma. Hay demasiadas mujeres muertas víctimas de la violencia machista, una inseguridad física a la que suma la inseguridad personal y psicológica que demanda y necesita
protección.
También necesita inversión. En el año 2005, el presupuesto que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya dedicó a las medidas de la violencia contra las mujeres aumentó ni más ni menos que un 400 por ciento respecto al año anterior.
En el año 2006, el presupuesto continúa aumentando en este ámbito y las inversiones van consolidando un modelo de atención integral a las mujeres en situaciones de violencia que aporta elementos ciertamente innovadores.
El Gobierno español presentó el proyecto de ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género, que fue aprobado por unanimidad por esta Cámara. La ley aprobada hace un año prevé numerosas medidas en el ámbito educativo,
mediático, social, penal y de seguridad. Así el artículo 31, sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, determina que el Gobierno establecerá en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades específicas y especializadas en la
prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. También se prevé la actuación de las policías locales y la adecuación de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al
protocolo de actuación y coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia de género, y extiende su aplicación también -y ustedes lo olvidan- a las comunidades autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las
funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público, o dicho de otra manera de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra.
El protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de la violencia de género fue aprobado del 10 de junio de 2004 y entró en vigor a los 30 días
de su aprobación. El protocolo de actuación ya prevé en el apartado 2 el cumplimiento efectivo de las medidas de alejamiento, que parecen ser el objeto principal de esta ley.
Tal y como informó el Ministerio del Interior la semana pasada, han aumentado el número de denuncias y detenciones y se ha reducido -aunque escasamente- el número de muertes. Queda mucho por hacer, y en eso estamos de acuerdo. Más allá del
papel y de los discursos que cada uno hagamos, vamos a dejar -y esa es nuestra opinión- un tiempo prudencial para que se puedan desarrollar las medidas integrales previstas por la ley. Nos consta que se está invirtiendo desde todos los ministerios
afectados, por lo que damos un voto de confianza al Gobierno y a su actuación contra la violencia ejercida sobre las mujeres, hasta ahora prácticamente inexistentes, sin relajarnos en absoluto; no podemos dejar de denunciar que cada momento que
pasa sin intervenir hay demasiadas mujeres en situación de violencia, y que no se puede dejar de incrementar la inversión en la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género de manera razonable y sostenida, sin demagogias, hasta su
total erradicación. A nuestro entender, la ley es buena y seguramente también mejorable, pero donde hay que hacer fuerza es en su más rápida y eficaz aplicación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en Convergéncia i Unió nos hemos acercado inicialmente a la lectura y al estudio de la iniciativa que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario Popular con una voluntad inicial y genérica de apoyo, tal y como hemos hecho la
mayoría de las veces en que se han propuesto iniciativas que, como la que estamos viendo, tienen como objetivo mejorar la respuesta que los poderes públicos se han de dar en un tema como el de la violencia de género, cuya erradicación -lo he dicho
ya en muchas ocasiones, pero no está de más reiterarlo una vez más-, para Convergéncia i Unió constituye un objetivo político claramente prioritario. Un objetivo que, entre otras cuestiones, se ha traducido no solo en propuestas de mi propio grupo
parlamentario, sino también en el apoyo de cuantas iniciativas se han hecho en este tema, especialmente cuando se han hecho desde el consenso. Llevamos haciéndolo muchos años, desde comienzos de los años ochenta, cuando afortunadamente y gracias no
solo pero en especial a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas, empezó a considerarse que este no era un tema del ámbito de la pareja, un tema del ámbito privado en donde los poderes públicos no debían intervenir -arréglelo usted
con su marido, te decían cuando acudías a la comisaría a denunciar una agresión- sino que era un problema social de una dimensión aún desconocida, pero que se adivinaba alarmante tal y como, desgraciadamente, la realidad se encarga de demostrarnos
cada día. El compromiso de mi formación política nos ha llevado, especialmente estas dos últimas legislaturas, a participar y colaborar de manera muy activa en la configuración de dos instrumentos a nuestro modo de ver capitales en la lucha contra
la violencia de género, como es la orden de protección -y estoy viendo al que era entonces ministro de Justicia, don José María Michavila-, un instrumento buenísimo desde nuestro punto de vista, vigente y potente. Asimismo, hemos colaborado
activamente en la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, muy recientemente aprobada; tan recientemente que algunas medidas, las de orden penal y judicial, no tienen todavía seis meses de vigencia.
Al hilo de la iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular en una fecha singular, como es el 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, es bueno recordar -se ha hecho hoy aquí-
que este tema sigue siendo un drama global de gran magnitud. Según un estudio de la OMS recientemente presentado, en los últimos ocho meses, en el mundo, una de cada seis mujeres ha sido víctima de actos de violencia causados por sus parejas
sentimentales, y ésta es una violencia que causa cada año más muerte que la suma de cáncer, accidentes de tráfico y malaria.
Nos parece necesario recordar -aquí también se ha hecho ya- que en España, en lo que va de año, esta violencia se ha cobrado 59 víctimas mortales, que no es por desgracia una cifra sustancialmente inferior a la del año pasado. Este dato,
unido a las miles de denuncias -creo recordar que casi 44.000- y a las miles de solicitudes de órdenes de protección, nos parecen datos elocuentes para considerar tanto el acierto de la existencia de estos instrumentos, así como quizás la mayor
confianza que, entre todos, hemos sabido transmitir a las mujeres para que denuncien, como ese primer paso para salir de la violencia. Pero también nos recuerdan la necesidad de seguir buscando soluciones que perfeccionen y que mejoren los
instrumentos de los que hoy disponemos para hacer más eficaz, entre otros temas, precisamente el de la protección de las víctimas.
Por ello, y como decía al comienzo de mi intervención, vimos inicialmente con buenos ojos y con voluntad de apoyo una iniciativa como la que estamos considerando, cuyo objetivo, el de una mejor protección de las mujeres, obviamente
compartimos. Pero esta voluntad, señorías, se fue diluyendo a medida que nos adentrábamos en el estudio de la iniciativa.
¿Por qué razones? En primer lugar, porque esta propuesta, que lleva fecha de 18 de junio del año 2004, es una propuesta
anterior a la Ley integral y, como es lógico, el tema de la protección se incluyó ya en las disposiciones de la Ley integral con las aportaciones de todos, entre otras las del propio Grupo Popular. En la Ley integral se incluye, en el artículo 64,
la previsión normativa de la utilización de instrumentos tecnológicamente adecuados para verificar el cumplimiento o incumplimiento de la medida de alejamiento, las llamadas pulseras de control electromagnético. Este tipo de protección -cuyo
objetivo es también parte de la iniciativa que estamos viendo- es algo en lo que insistió reiteradamente mi grupo parlamentario en la pasada legislatura, cuando estábamos viendo la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
desde la perspectiva de la protección de las víctimas de violencia de género. Entonces se consiguió prever la imposición de estos medios tecnológicos, las llamadas pulseras, para controlar las medidas de alejamiento impuestas ya en sentencia, pero
quedaba pendiente la previsión normativa en lo que respecta a las medidas cautelares, lo cual es lo que propone el texto de la iniciativa que estamos viendo y que ya quedó resuelto en la Ley integral contra la violencia.
Propone también la iniciativa un complejo plan para, desde una norma con rango de ley, realizar a cada una de las víctimas un plan de seguridad personal, y ello, francamente, nos parece más apropiado de un plan de actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que de una previsión normativa de rango legal. Creemos que lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley integral, que prevé precisamente que la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tengan en cuenta el protocolo de actuación que se desarrolle a partir de la ley, nos parece más adecuado y más flexible, porque se puede ir reforzando, adecuando y modificando sin acudir a la complejidad de
tener que modificar una ley cada vez que el protocolo de actuación resulte insuficiente o inadecuado, y porque, además, lo dispuesto en la Ley integral supone proteger a todas las víctimas desde que acuden a solicitar protección a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y no solo, como nos propone la iniciativa, a las víctimas que tienen orden de protección. Todo el que denuncia o que pide protección ha de poder obtener protección, no solo cuando se tiene la orden de protección.
Entendemos también que lo dispuesto en la Ley integral es más respetuoso con la existencia y competencias de los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas, pues recordemos que no en vano el punto 4 del artículo 31 de la Ley recordamos que
tiene la buena factura de la diputada Margarita Uría, que se ha referido a ello y cuyas argumentaciones hago mías y no voy a repetir.
¿Quiere decir todo esto que después de la Ley integral está todo hecho? En modo alguno. No es ahora el momento de detallar cuánto queda por hacer, pero hay que dotar de más medios a la ley para que sea efectiva en la prevención y en la
recuperación de las víctimas, algo a lo que ha aludido la diputada Carme García; hay que encontrar una solución para evitar que las mujeres inmigrantes en situación irregular que denuncian puedan ser expulsadas; hay que crear nuevos juzgados
exclusivos, y esto es algo sobre lo que recientemente y por unanimidad aprobamos una moción presentada por la señora Barkos; la necesidad de dotar a los juzgados de más medios personales y materiales y la necesidad de aumentar el número de agentes
especializados en malos tratos son, entre otros cosas, cuestiones evidentes que están encima de la mesa y a las que los poderes públicos deben dar una respuesta. Por otra parte, la Ley integral es muy reciente, hay que darle un respiro para ver
cuál es su eficacia y también sus carencias, que seguro que las hay. Pero ya en este punto me gustaría hacer un ruego, que es también un ofrecimiento: el de que en esta lucha contra la lacra social de la violencia de género no podemos olvidar que
el consenso es también un valor en sí mismo y que las víctimas valorarán, como han valorado hasta ahora, de manera muy positiva, que en este tema sigamos siendo capaces de dejar de lado nuestras legítimas discrepancias partidistas para lanzar un
mensaje de unidad y adoptar medidas por consenso. Por ello, quisiera finalizar mi intervención diciéndole a la señora Camarero que no vamos apoyar su iniciativa, pero sí la vamos a recoger como una propuesta para seguir trabajando en un tema en el
que queda mucho por hacer y también como una propuesta para hacerlo conjuntamente y por consenso. A ello podemos sumarnos todos los grupos de la Cámara, pero también deseo manifestarle que puede contar con la mejor disposición del grupo
parlamentario al que tengo el honor de representar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem, muchas gracias.
Finalizamos este debate con el turno de la señora Escudero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna a exponer la posición de mi grupo en relación con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre garantías de seguridad personal de las víctimas de
violencia doméstica y de género. La violencia de género, que constituye uno de los más graves problemas que tiene nuestra sociedad, se ha convertido en un asunto público y, por tanto, en una responsabilidad del Estado. En los últimos años, la
acción de los diferentes gobiernos ha dado muestras de ello. Los primeros gobiernos socialistas crearon los centros de acogida, las unidades especializadas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se diseñaron planes para la erradicación
de la violencia y se avanzó en la visibilidad del problema. El Gobierno anterior aprobó la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica, que supuso un gran avance en su protección. Por eso
el Grupo Socialista apoyó su aprobación. Igualmente, hoy le reconocemos su esfuerzo para mejorar la protección de estas personas, aunque también le recordamos la escasez de recursos que pusieron a su disposición.
La aprobación por unanimidad de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, constituye el mejor ejemplo de una preocupación compartida por todos los grupos políticos con la
ciudadanía, especialmente con los colectivos de mujeres, en el sentido de situar en el centro de la agenda política esta terrible lacra, poniendo a disposición de los derechos constitucionales de las víctimas a todo el aparato del Estado. Señorías,
como saben, la Ley integral es un instrumento para dar una respuesta global a un fenómeno complejo con raíces estructurales, que ha de acometerse desde muy diferentes frentes. La ley busca dar a las víctimas protección efectiva de prevención,
sensibilización, tutela judicial y recuperación, y también persigue combatir las causas de esta violencia promoviendo un cambio en el modelo social. El Gobierno no solo ha promovido la ley, sino que está comprometido con su eficaz desarrollo,
acopiando recursos y activando las medidas que hay que implementar. Lo más importante es el mensaje de tolerancia cero ante los malos tratos que se ha lanzado a la sociedad. Uno de los efectos positivos de la ley ha sido el aumento, en el primer
semestre de 2005, ya comentado, de un 7, 6 por ciento en las denuncias y, de un 19 por ciento en el número de órdenes de protección. También hay que decir que casi un 30 por ciento de todas las mujeres asesinadas -desgraciada y tristemente
asesinadas- en lo que va de año no habían tenido contacto
con ninguna institución, no sólo no habían puesto denuncia, sino que no habían pedido ayuda. Se ha creado, como también ustedes saben, la delegación especial del Gobierno contra la violencia de género, se han puesto en marcha los juzgados
de violencia sobre la mujer, 19 exclusivos y 421 compatibles. Por tanto, tenemos un juzgado especializado, exclusivo o compatible, en todos y cada uno de los partidos judiciales. También se van a hacer planes de refuerzo para aliviar la carga de
trabajo de algunos de ellos, y además con cargo a los presupuestos generales del año 2006 se pondrán en marcha otros 18 juzgados exclusivos. Se ha nombrado a la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, y ya hay fiscales delegados
en todas las fiscalías de los tribunales de Justicia y audiencias provinciales, en total, 50 nuevos fiscales.
Respecto de la educación, pilar fundamental de la ley, se han tenido en cuenta en el proyecto de ley orgánica de la educación las medidas recogidas en la ley orgánica 1/2004, incorporando la igualdad entre hombres y mujeres de forma
transversal en todo el sistema educativo.
Tanto el Gobierno como el Grupo Socialista creemos en la ley y la consideramos un eficaz instrumento para la lucha contra la violencia de género, aunque sabemos que sus resultados no pueden verse a corto
plazo.
El consenso, en su aprobación, todavía hoy no hace un año, reclama respeto y tiempo para el desarrollo de las medidas y para la disposición necesaria de recursos. El debate que hoy nos convoca está relacionado con la seguridad de las
víctimas, y en la ley integral se establece una pluralidad de medidas específicamente encaminadas a su protección, entre las que destacan las recogidas en el artículo 31 bajo la rúbrica Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las establecidas en
el artículo 32, relativo a la colaboración entre las administraciones implicadas; y muy especialmente -y también se ha citado aquí- las dispuestas en el capítulo IV del título V, tutela judicial de la ley, que recoge las medidas judiciales de
protección y seguridad de las víctimas. La ley, en su artículo 31.3, establece que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los
órganos judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. Este protocolo, aprobado inicialmente el 10 de junio de 2004, ha sido adaptado al contenido de la ley integral con fecha 8 de junio de 2005. En él se abordarán de forma
concreta y pormenorizada -ya se están abordando- los principales aspectos de la actuación policial, judicial y del ministerio fiscal para el efectivo cumplimiento de las medidas de protección a las víctimas, y lo hace con alcance general para todo
el territorio del Estado.
Los y las profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un elemento fundamental de apoyo a las víctimas. Por eso el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo con relación a su formación y al incremento de efectivos, cuyo
número se ha duplicado desde marzo de 2004, en que había 130 efectivos en la Guardia Civil -actualmente las unidades especializadas de este cuerpo disponen de 280-, y con respecto a la Policía Nacional la cifra era, al llegar al Gobierno, de 375
policías especializados, y en la actualidad están a disposición de la protección a las víctimas un total de 842 policías.
Con relación a la violencia de género, se ha detenido este año a más de 28.300 personas por malos tratos en el ámbito nacional. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han atendido 43.861 denuncias de mujeres víctimas de malos
tratos desde principios de año. El Ministerio del Interior destaca de manera muy especial la mejora de las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales penales y las fuerzas de seguridad y la creación del registro central para la protección de
las víctimas, que recoge todas las penas y medidas de seguridad acordadas tanto en sentencia firme como de forma cautelar, y que está resultando de gran utilidad a la hora de prevenir y actuar policialmente.
Señorías del Grupo Popular, no podemos apoyar su proyecto porque, aunque compartimos su objetivo, ya se está trabajando desde la ley en este sentido. En nombre de mi grupo, voy a explicarles muy brevemente por qué vamos a votar en contra de
la toma en consideración. El Grupo Popular presenta esta proposición de ley con el objetivo de garantizar la protección física de las víctimas de violencia de género desde el primer momento -dice el texto- en que estas la solicitan, pero -ya lo
decía la señora Pigem- ese objetivo no se cumpliría con la normativa que se propone, dado que para establecer el plan de seguridad propuesto es requisito previo que hayan obtenido una orden de protección regulada en el artículo 544 ter) de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Hay que proteger a las víctimas desde que estas acudan a la Policía o a la Guardia Civil a pedir protección, incluso antes -por supuesto antes- de que el juez dicte una orden de protección. Por otro lado, el procedimiento
para la elaboración y seguimiento del plan personalizado que presentan resulta rígido y burocrático y, por tanto, escasamente eficaz. Finalmente, la propuesta de asignación de un agente de seguridad personal a cada víctima, por inviable, es una
irresponsabilidad de su parte. Tengo que decirles también que llama la atención que todas las medidas de protección que presentan en su proposición de ley recaen sobre las víctimas, olvidando que es más eficaz y menos gravoso para ellas que las
medidas se establezcan sobre el agresor.
Para finalizar, me gustaría hacer una apelación al consenso en la aprobación de la ley, esta vez para transmitir confianza en las instituciones del Estado, que tienen que tutelar los derechos de las víctimas. Les pido a los grupos políticos
que mantengamos la unidad en la estrategia para luchar contra esta lacra. Sentimos que con esta propuesta el Grupo Parlamentario Popular se sitúe fuera de este acuerdo; por coherencia y responsabilidad no deberían hacerlo. ¿Es que ya no creen en
la ley o es que nunca han creído en ella? La protección de la seguridad de la víctima ya está regulada, y está aplicándose de forma totalmente satisfactoria un procedimiento capaz de individualizar el riesgo al que se enfrenta cada víctima,
procedimiento
cuya aplicación recae, como es lógico, sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes, es común absolutamente a todas ellas -estatales, autonómicas y locales-, y está sancionada con rango legal por la Ley Orgánica 1/2004.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decirles que el Gobierno está trabajando de forma decidida en la protección de las víctimas de la violencia de género, y que la lucha contra esta lacra es una prioridad para la política de
seguridad, que es una política de Estado y, por tanto, no debe ser sometida a coyunturas de oportunismo político. Se está trabajando mucho y se está trabajando bien.
Ahora las víctimas tienen más derechos, mayor protección y más seguridad.
Ahora
es tiempo de generar confianza y de acompañar el necesario recorrido de la ley con una acción decidida de sensibilización social para combatir las causas que están en el origen de este problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Escudero. Señorías, gracias a todos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Antes de la votación, un aviso: exclusión de un punto y propuesta de modificación del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la
exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la política que piensa adoptar el Gobierno frente a las situaciones de
pobreza y de exclusión social, y la modificación del orden del debate de las dos interpelaciones restantes en el sentido de debatir en primer lugar la que figura como punto 34 del orden del día, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia y la modificación del orden del día.
Procedemos a la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. Dos votaciones. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de
modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 143; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de garantías de la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica y de género.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS FRENTE A LA GRIPE AVIAR. (Número de expediente 162/000399.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día, proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas frente a la gripe aviar. (Rumores.)
Señorías, les recuerdo que el debate continúa y rogaría que permitieran al señor Vadillo intervenir con tranquilidad y en silencio. (Rumores.) Por favor, les ruego silencio. (Rumores.) Perdón, señorías, les rogaría a quienes de ustedes
estén haciendo tertulias en los pasillos que terminen, porque si no es imposible que pueda tener lugar el debate. Gracias.
Adelante, señor Vadillo.
El señor VADILLO ARNÁEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mientras el mundo, en palabras del doctor Lee, secretario general de la Organización Mundial de la Salud, se enfrenta al mayor problema de salud pública desde 1918, la pandemia de gripe, en España estamos asistiendo a una ceremonia
de la confusión propiciada, entre otros, por la ministra de Agricultura, señora Espinosa, y por la ministra de Sanidad, señora Salgado. Estas ministras han hecho declaraciones en los últimos tiempos sobre ciencia ficción, riesgo lejano, riesgo casi
cero, diciendo que estábamos razonablemente preparados en fechas en las que ni siquiera se habían tomado las mínimas medidas, las más oportunas o las más cercanas en el tiempo. Esta ceremonia de la confusión, ayudada además por procedimientos
irracionales de adquisición de antivirales diciendo, en fechas como abril de este mismo año, que con 10.000 dosis era suficiente para afrontar oleadas de pandemia -en primera pandemia o incluso en el inicio de segunda pandemia-, para pasar
posteriormente a 2 millones y ahora a la compra de entre 6 y 10 millones de dosis de antivirales -15 o 25 por ciento de la población-, sin concretar y sin saber por qué y para qué, han provocado alarma y han perjudicado, entre otras cosas, al
consumo del pollo en nuestro país, con el impacto económico consecuente sobre este sector productivo.
Señorías, me gustaría, con ánimo de aclarar, decir que la zoonosis llamada gripe aviar es de bajo riesgo humano en Europa y, por tanto, en concreto en España. La transmisión
de ave a persona no es en sí misma una grave preocupación de salud pública; es un problema, pero no es una grave preocupación de salud pública. En cambio, el mayor problema de salud pública con el que nos enfrentamos es el supuesto de
mutación o recombinación eficaz del virus H5N1 o de algún otro y la transmisión epidémica de persona a persona. Es decir, una pandemia de gripe es el problema real al que nos enfrentamos, evitando la confusión de posible zoonosis en mayor o menor
impacto, que no va a ser nunca un gravísimo problema de salud pública. Que va a ocurrir una pandemia de gripe es una certeza y así lo admiten hoy en día tanto la propia OMS, con su secretario general al frente, como numerosos expertos, e incluso en
declaraciones de hace muy poco la ministra Salgado o su director general de salud pública, señor Oñorbe, en comparecencias parlamentarias. Que es una posibilidad, ya no una certeza, sino una posibilidad de que ocurra en un período de dos a cinco
años lo afirman numerosos expertos y entre otros, por ejemplo, el director nacional de gripe de España, el doctor Rodríguez Torres. En la posibilidad de que ocurra esta pandemia en un período inferior a estos dos años están trabajando, por ejemplo,
los gobiernos de Honk-Kong, de Francia y de otros países. Estos gobiernos, a propósito de esta posible previsión, están trabajando a marchas forzadas para afrontar esta posibilidad, aunque solo sea por principio de precaución.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que hoy defendemos viene a corregir la inacción y la falta de transparencia en que ha incurrido el Gobierno de España en este tema, y a su cabeza la ministra de Sanidad. El Ministerio
de Sanidad ha elaborado a toda prisa, y tras iniciativas del Grupo Popular, un plan de preparación de pandemia y unos anexos en desarrollo de este plan que se han hecho sin consenso y aprobación de las comunidades autónomas, y diciendo que sí ha
sido que no. Este plan y estos anexos no son más que vaguedades y generalidades y además de un solo sector del Estado, del sector sanitario. Hoy, por ejemplo, viene ya en la prensa, lo verán mañana, unas declaraciones de la Unión Europea a través
de su comisario europeo, el señor Kyprianou, diciendo, entre otras cosas, que el problema de la pandemia de gripe no es solo un problema de salud, sino que es un problema que abarca a todos los demás departamentos del Estado y que aconseja la
preparación de todos los departamentos y no solo del sanitario.
Con lo organizado actualmente por el Gobierno español está en riesgo la salud de los españoles y el funcionamiento básico del Estado y, por tanto, la seguridad de los ciudadanos en el más amplio término de la palabra. Solicitamos del
Gobierno la concreción y preparación de alguno de los puntos más básicos de la lista de reivindicación de la OMS para los planes gubernamentales como, entre ellos, garantizar antivirales y vacunas para profilaxis y para tratamientos para ciudadanos,
para grupos de riesgo, para trabajadores esenciales, definición exhaustiva de grupos de riesgos y trabajadores esenciales, criterios de aislamiento y cuarentena, criterios de priorización de enfermos para su admisión y tratamiento en el Sistema
Nacional de Salud, adquisición y almacenamiento de antibióticos y medicamentos básicos, adquisición de mascarillas, equipos de protección personal y protectores respiratorios. El otro día decía la ministra que no habría problema porque se podrían
fabricar en cualquier momento y, hoy, máximos representantes de las industrias en este tema han dicho que el Gobierno español debe preocuparse porque ya están limitadas las adquisiciones y fabricaciones de estos productos.
Consideramos además necesaria la creación de una comisión para el debate de estos temas, sobre todo en lo que afecta a libertades públicas individuales, que serían restringidas por este problema. También aceptaríamos, sobre la base de una
enmienda presentada por el Grupo Catalán, otras fórmulas como sería que la Mesa de la Comisión de Sanidad incorporara en todos sus órdenes del día un punto para tratar este tema con una periodicidad mensual.
En definitiva, señorías, la responsabilidad de todos nosotros está en prepararnos para este posible o cierto problema, según el tiempo que dejemos, y la responsabilidad de ustedes pasa por la aceptación de esta iniciativa para que
garanticemos la salud y la seguridad de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vadillo.
Para la defensa de las enmiendas en turno de cinco minutos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, debatimos hoy una iniciativa que trata un tema muy serio y preocupante, porque de plantearse una pandemia de lo que se conoce en estos momentos por gripe aviaria, estaríamos ante una situación de una gravedad muy
considerable, sobre todo teniendo en cuenta las informaciones que nos llegan a través de algunos medios de comunicación con declaraciones de personas entendidas en la materia. Es verdad que no hay coincidencia en todo el mundo científico respecto
de que la gravedad de la situación sea tan grande como se plantea en algunos círculos propiamente científicos o fundamentalmente políticos, pero lo que sí es cierto, y nadie puede decir lo contrario, es que, si mutara el virus de la gripe aviaria,
no se sabe cómo sería esa mutación y, por tanto, qué afectación podría tener esa posible pandemia en los humanos y cuál sería su gravedad. Del mismo modo que nadie puede afirmar que los medicamentos antivirales o las vacunas en las que se está
trabajando en este momento serán realmente eficaces en el momento en que la mutación del virus se produjera. Se está trabajando sobre una base científica correcta en
el sentido de que se toma como elemento de análisis y de investigación el virus de la gripe aviaria que está afectando a las aves y, concretamente, el de aquellas personas que fueron infectadas directamente por estas, que no es lo mismo que
la mutación del virus de la gripe aviaria.
Yo decía el otro día en la comparecencia de la señora ministra acerca de este tema que, dada la dimensión política que se le está dando a esta cuestión con el enfrentamiento político entre el grupo mayoritario de la oposición y el Gobierno,
muchas personas somos escépticas respecto de la gravedad que se plantea, entre otras cosas, porque la situación sanitaria en el ámbito planetario, y mucho más en los países desarrollados, es completamente distinta de la del año 1918 o de la del año
1968 en cuanto a las condiciones higienicosanitarias o a los medicamentos para hacer frente a esta cuestión. Pero no por eso dejamos de estar preocupados y por eso presentamos esta enmienda, porque la preocupación no solamente la tenemos en cuanto
a cómo puede afectar este problema a la sociedad, a nuestras familias, al territorio del Estado español, sino que nuestra preocupación es que, de producirse la pandemia de gripe aviaria en los humanos, estaríamos ante un problema serio a nivel
planetario y, dado que donde se está originando de manera fundamental el problema -no digo exclusivamente, pero sí de manera fundamental- es en las aves, sería en otras zonas del planeta, en otros continentes, concretamente la zona de los países
asiáticos, donde se supone que comenzaría esta mutación en los seres humanos. Se supone, pero eso es tan previsible como lo es la previsión de que, efectivamente, la mutación se va a producir y de que puede darse el caso de que mañana nos
encontremos con un brote de gripe aviaria en el propio Estado español. En ese sentido, es conveniente -además debe ser la actitud ante un problema de esta magnitud- afrontar de manera colectiva el problema a través de la Organización Mundial de la
Salud, con participación tanto en el esfuerzo científico como en el financiero, teniendo en cuenta la repercusión de las necesidades de esta posible pandemia. Hay que afrontar a través de la Organización Mundial de la Salud este problema allí donde
surja, independientemente del país o del continente, y por eso presentamos esta enmienda en relación con la cual el Grupo Popular acaba de manifestar que acepta algunos aspectos.
Sin embargo, al revisar la proposición no de ley del Grupo Popular,
discrepamos en algunas cuestiones, pero estamos de acuerdo con algunos puntos que entendemos englobados en la parte de nuestra enmienda en la que hablamos de reforzar los protocolos establecidos por la OMS.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, debe concluir ya.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Acabo, señor presidente.
Concretamente, discrepamos en aquellos puntos que se relacionan con la cuestión de un mayor esfuerzo económico en la compra de antivirales, pues nos parece que no es realmente el problema al que nos tenemos que enfrentar. No se trata de más
gasto farmacéutico, sino de tener una previsión y estar en condiciones de afrontar una posible pandemia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Pere Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular y lo ha hecho porque en principio cree que las acciones a realizar frente a la protección de los ciudadanos ante la gripe aviar corresponden
básicamente al Ejecutivo y porque ante un problema grave de pandemia como el que amenaza a la sociedad se debe trabajar con transparencia. El Estado español, dadas las transferencias hechas a las comunidades autónomas, debe trabajar con ellas y,
dado que estamos tratando un problema global, mundial posiblemente, también lo debe hacer de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional.
En primer lugar, se están llevando ya a cabo acciones preventivas con retrovirales,
las cuales precisan una mayor explicación. Se empezó modestamente con 12.000 dosis y ahora se está hablando de 2 millones y posiblemente esta cantidad no sea suficiente. En segundo lugar, la Cámara ya ha recibido informes de las ministras de
Sanidad y de Agricultura, a instancias del propio Gobierno y de alguno de los grupos parlamentarios entre los que se encuentra el nuestro. En ambas comparecencias se nos ha explicado que existía un comité interministerial presidido por la señora
vicepresidenta primera del Gobierno. Mi grupo considera que tampoco sería malo -aquí emplazo al Gobierno por si fuera posible- que la señora vicepresidenta del Gobierno nos hiciera un esbozo en esta Cámara, en la Comisión que corresponda, de las
grandes líneas de actuación que va a tomar el Gobierno. Por efectividad y por coherencia con su actuación damos un voto favorable al Gobierno. Nuestra enmienda pretendía dotar a esta Cámara de unos elementos similares a los del Gobierno, con una
atención especial a este problema para que, sin aspavientos, con transparencia, con efectividad y con el consenso de los grupos, se vayan desgranando aquí de una forma periódica y constante todas las acciones del Gobierno y conozcamos de primera
mano que estamos detrás del problema, que lo vivimos, que estamos velando por la seguridad de nuestros ciudadanos y que nos preparamos para la posible o casi segura pandemia que está por venir, aunque no sabemos cuándo porque tiene un futuro
realmente incierto. Insistimos en que esta confianza dada al Gobierno tiene que encontrar una sistemática operativa en esta Cámara para que sea una obligación mutua al servicio de nuestros conciudadanos.
Nuestro voto a la proposición no de ley se dará en función de que se retire la necesidad de crear una subcomisión o una comisión especial.
Entendemos que aquí existen los mecanismos de control suficientes y, de alguna forma, habrá que
dotarles de la periodicidad suficiente para que el Gobierno se sienta amparado, obligado o al menos comprometido a estar presente en esta Cámara, cumpliendo también con una propuesta que nos hizo la semana pasada también la propia ministra de
Sanidad en la que nos ofrecía la posibilidad de venir cuando fuera requerida. Esta es una oferta en el mismo sentido; nos hubiera gustado que hubiera salido como un pacto de Estado, como ha pedido nuestro grupo en educación, de forma que este
sentimiento de normalidad, de continuidad o de perseverancia en el estudio de los problemas fuera transmitido a la sociedad en el sentido de que nosotros seguimos las acciones preventivas, que se están dando los retrovirales que se han discutido
aquí, que se han dotado las partidas presupuestarias y que, en definitiva, se ha conseguido una acción de Gobierno positiva para la seguridad de los ciudadanos. Este es el marco de normalidad. Entendemos que una Comisión es una vía normal, en la
que persisten estos problemas, y en nuestras enmiendas, negociadas con el grupo proponente, se ha intentado recoger la necesidad de incorporar las competencias autonómicas para que el Estado, asumiendo esta coordinación entre las comunidades
autónomas, respete y obligue a todas ellas a estar preparadas y en condiciones de igualdad para un tema que será global dentro del Estado español. Por ello hemos pedido este seguimiento y en aras de ello reitero, si fuera posible, que la señora
vicepresidenta del Gobierno comparezca en la Comisión de Sanidad o donde quiera para dar esta explicación. Nos sumamos a la transacción que nos ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular para incluir nuestras enmiendas y daremos nuestro voto
favorable a la proposición no de ley que se presenta transaccionada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular con el deseo y la voluntad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
El asunto que
estamos debatiendo esta tarde aquí, las medidas de prevención, de precaución y de preparación para afrontar la eventual pandemia de gripe aviar deben ser acordadas y negociadas entre todos los grupos parlamentarios. Asimismo, las acciones que están
desarrollando el Gobierno de la nación, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura, el conjunto de los ministerios y de la Administración General del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, se están haciendo con esa
voluntad de acuerdo y de consenso. El objetivo que tenemos que cumplir, señorías, no es otro que el de preservar la salud pública de todos los españoles y el de estar coordinados con los organismos internacionales, porque la posible pandemia de
gripe aviar no es un asunto local, regional o nacional, sino un asunto global, un asunto de la comunidad internacional. Allí donde surja el problema, allí donde surjan los primeros focos de pandemia en humanos debe intervenir la comunidad
internacional en su conjunto, debe actuar sobre ello y debe atajar los primeros focos para evitar su extensión y su propagación al resto de la comunidad internacional.
Nuestro grupo ha presentado la enmienda con esta voluntad y con esta vocación. Desgraciadamente, no ha sido posible. El Grupo Popular está en otra órbita, no sabemos muy bien en cuál, porque hace solo algunos días pudimos llegar fácilmente
a un acuerdo en el Senado, con la misma voluntad de negociación que mantenía el Grupo Parlamentario Socialista, en unos puntos comunes que todos compartíamos para avanzar y apoyar las acciones que el Estado de España está desarrollando. Cuando
hablo del Estado español no me refiero solo a la Administración General del Estado sino a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, que están trabajando codo con codo, de manera estrechísima, no solamente analizando y
discutiendo sino tomando decisiones muy importantes. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado una serie de decisiones importantísimas, como cuál va a ser el número de antivirales que puede
adquirir el Estado español, cómo van a distribuirse por comunidades autónomas, cómo van a financiarse, cuáles son los grupos de población prioritarios a los que hay que dirigir esos antivirales, en caso necesario, y la vacuna contra el virus que
haya mutado, cuando exista y pueda fabricarse. Aparte de esos ejemplos podría repetirles muchísimos más. En estos acuerdos tomados por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud han participado todas las comunidades
autónomas.
Los acuerdos recogidos por la enmienda que nosotros proponíamos los ha tomado el Comité Ejecutivo Nacional, presido por la ministra de Sanidad y Consumo, en el que han participado hasta diez departamentos ministeriales y, en la última
reunión, una representación de las comunidades autónomas.
Señorías, los españoles tienen que saber que España está trabajando en este sentido, que las autoridades sanitarias españolas -repito que cuando hablo de autoridades sanitarias hablo de la autoridad de la Administración General del Estado y
de las autoridades sanitarias de todas y cada una de las comunidades autónomas- están trabajando conjuntamente y que el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado la actualización y creación de una serie de protocolos para cumplir, entre otros, el
primer objetivo, que es el de establecer los mecanismos más rápidos de detección y de comunicación de los primeros focos que puedan existir, cuando existan, de gripe aviar en nuestro país. Señorías, este no puede ser un asunto de
confrontación política ni puede ser objeto de utilización y manipulación partidaria. El Gobierno ha comparecido hasta tres veces en este Congreso de los Diputados para dar información sobre los trabajos realizados de manera clara, nítida y
transparente. Sus señorías tienen acceso a la información que quieran obtener...
El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Voy terminando, señor presidente.
Repito, SS.SS. tienen acceso a la información de forma clara y transparente. Por tanto, señorías, quien no quiera llegar a acuerdos, quien no quiera llegar a consensos, quien quiera utilizar de manera burda y partidaria un problema ante el
que la población es muy sensible, que no se puede manipular y respecto al cual no se puede crear alarmismo, no estará atendiendo a las necesidades de los ciudadanos ni a lo que lo que la población demanda en estos momentos. Todos los españoles
desearían que hoy, igual que hace unos días en el Senado, nos hubiéramos puesto de acuerdo entre todos. No ha sido posible, pero el Gobierno de la nación y todas las comunidades autónomas seguirán trabajando, en contacto con las organizaciones
internacionales, para prevenir y para preparar a nuestro país de la mejor manera posible y en el peor escenario posible, que ojalá no llegue a darse.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozuelo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para posicionar a mi grupo en relación con un tema de rabiosa actualidad y de seria importancia. Las infecciones, a pesar de la evolución de la tecnología y de
las ciencias médicas en general, siguen siendo una amenaza relevante para la salud de los seres humanos, especialmente en los lugares en los que los medios materiales son escasos. Me estoy refiriendo a los países en vías de desarrollo, en los que
las infecciones siguen siendo la primera causa de muerte, precisamente por los escasos medios materiales con los que cuentan.
Incluso en países como el nuestro, con un alto nivel de desarrollo, en el marco del mundo occidental, las infecciones
siguen siendo una amenaza importante. Podríamos recordar la anterior amenaza que alarmó al mundo entero hace escasas décadas, que fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el sida, hoy encauzado a través de múltiples medidas. Ahora aparece
en el horizonte a medio o a corto plazo, no se sabe, otra amenaza de una pandemia, en este caso de un virus que puede mutar y generar un problema de salud a nivel mundial.
La primera consideración que habría que hacer, además de las muchísimas que se han apuntado en el debate de hoy, es que no podemos perder de vista que estamos obligados, por razones de solidaridad, pero en este caso también de interés, a
cooperar decididamente con los países que tienen este problema endémico desde hace mucho tiempo. Hemos estado mirando para otro lado hasta que nos ha tocado de cerca. El mundo occidental, al que pertenecemos, empieza a reaccionar frente a la gripe
aviar cuando es una amenaza directa para nosotros. Hemos hecho un escaso esfuerzo, yo diría que un nulo esfuerzo, para ayudar a los países en los que este virus es endémico, como hemos podido comprobar los últimos años.
Por tanto, al margen de la
propuesta del Grupo Popular y de las enmiendas que se han presentado, que esencialmente tratan de posicionar a las instituciones públicas españolas en torno a determinadas medidas, tengo plena confianza en los profesionales sanitarios de este país,
que tienen mucho que decir sobre cómo debemos organizarnos frente a este posible peligro, y tengo muchísima confianza en las instituciones sanitarias del Estado español. Por tanto, creo sinceramente que no ponerse de acuerdo en esto es poco
responsable. Es perfectamente posible encauzar un acuerdo en torno a este tema, como ha ocurrido recientemente en el Senado. Lo que hay que trasladar en este momento a la opinión pública son mensajes claros, mensajes tranquilizadores, en
definitiva, mensajes que trasladen la realidad de las cosas sin alarma, sin tratar de asustar a la gente, porque es muy fácil hacerlo en asuntos vinculados a las infecciones, que nos han perseguido a lo largo de la historia de la humanidad como una
verdadera espada de Damocles. Por tanto, señorías, hay que esforzarse para conseguir un consenso y que desde esta Cámara se traslade a la opinión pública una sensación de que al menos en esto, en un asunto de interés general de salud pública,
estamos todos de acuerdo en las medidas básicas que se deben tomar. Quisiera reiterar antes de finalizar mi intervención que necesitamos hacer un esfuerzo no solo en organizar y coordinar nuestras instituciones y poner en marcha los protocolos que
la ciencia pone a nuestro alcance, sino hacer un esfuerzo para que estos medios que vamos a tener, si esta desgracia al final se consolida, los tengan no solo en los países a los que pertenecemos sino también en otros muchos pueblos del mundo que no
tendrán ninguna posibilidad de enfrentarse con mínimas garantías a una pandemia de estas características, de consolidarse en los términos de letalidad que apuntan los datos que tenemos en estos momentos. Por tanto, nuestro grupo hace un llamamiento
a los grupos mayoritarios y al grupo proponente para que hagan un esfuerzo de consenso y al final salga de aquí, al menos en este asunto, una posición unánime que traslade a la opinión pública tranquilidad y que los responsables
políticos en este asunto nos podemos poner de acuerdo, porque estamos hablando de asuntos que necesariamente debieran estar alejados del legítimo debate político. Insisto, no hay que olvidar que no bastará con que hagamos el esfuerzo desde
aquí sino que va a ser necesario que el esfuerzo que hagan España, Europa y los países occidentales incorpore las demandas y necesidades de muchísimos países del mundo que van a sufrir esta pandemia con unas consecuencias devastadoras en el caso de
que llegue a consolidarse. Nosotros, en Canarias, en España, en Europa, seguro que vamos a enfrentarnos a esta pandemia con altísimas garantías porque tenemos un nivel de desarrollo, unos servicios sanitarios y una situación de salud de partida que
hace combatible este fenómeno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Para fijación de posiciones, por Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en política el miedo es muy mal consejero, normalmente apunta hacia la irracionalidad del ser humano y provoca efectos inesperados y, en ese sentido, no se lo recomiendo a ningún grupo parlamentario. Sin embargo, en salud pública
el miedo es letal. Hoy hemos visto en esta Cámara cómo el Grupo Parlamentario Popular, al igual que hizo en la Comisión, nos amenaza con tempestades y además considera que la acción del Gobierno ha sido una acción que ha denominado de ceremonia de
confusión. Pues bien, señorías, desde el punto de vista de salud pública es peor la postura del miedo a la tempestad que la hipotética ceremonia de la confusión. Es mejor la ceremonia de la confusión que el réquiem por etapas, aunque ahora se
lleven las películas de terror. Señorías del Partido Popular, qué difícil es adaptarse a la situación de oposición y qué fácil convertirse en grupo parlamentario irresponsable en términos políticos y en términos de salud pública. Qué fácil es
convertirse en irresponsable. En primer lugar, ustedes tienen que saber, porque tienen técnicos para ello, que en estos momentos estamos ante una zoonosis y no ante una pandemia. En segundo lugar, tienen ustedes que saber también que los datos de
los institutos internacionales dicen que nuestro nivel de probabilidad de conversión de esa zoonosis en Europa en pandemia es mínimo y que los lugares donde se puede producir esa conversión, esa mutación o recombinación, pueden ser, y es probable,
en el ámbito de los países asiáticos. Ahí es donde tenemos que hacer el mayor hincapié, en la solidaridad internacional y en la Organización Mundial de la Salud, ahí es donde tenemos que trabajar. No utilizar estos temas como arma arrojadiza parar
la confrontación entre los partidos. No es bueno hacerlo en política en general, no es bueno hacerlo en materia de salud pública.
Ustedes saben también que la recombinación y la mutación en este virus impiden en estos momentos una vacuna eficaz y,
en mi opinión, todo lo que están diciendo respecto a las vacunas es inexacto. Asimismo, ustedes saben que la experiencia en los antivirales es irregular, en algunos casos con niveles de eficacia del 80 por ciento y en otros con niveles bajísimos de
efectividad.
Señorías, lo más importante es que nuestro sistema de salud esté bien; que nuestro sistema veterinario funcione; que funcione la sanidad exterior; que funcione la prevención en humedales y que nuestro sistema de salud pueda reaccionar
ante una pandemia de gripe en nuestro país, que, como digo, es improbable. Nosotros tenemos un sistema de salud desarrollado, y en ese sentido, más importante aún que las vacunas y que los antivíricos es que exista un sistema de salud capaz de
absorber una poco probable pandemia en nuestro país. Señorías, las iniciativas ya se han tomado por parte de las administraciones, y no digo por parte de la Administración central, sino de las administraciones, es decir, por parte de las
administraciones central y autonómicas, y en ninguna de esas administraciones ni en sus departamentos de salud pública percibo la alarma que hoy ha traído aquí el Grupo Popular, que el otro día decía que estábamos jugando con una pistola en la
cabeza de los ciudadanos a la ruleta rusa. Pues bien, señorías, no estamos jugando a la ruleta rusa, sino que está funcionando el comité ejecutivo que puso en marcha el propio Partido Popular en 2003; se ha puesto en marcha un plan de acción; se
está trabajando en coordinación con los departamentos de salud pública de las comunidades autónomas y también se están llevando a cabo una serie de medidas en materia preventiva y en materia terapéutica. Yo me pregunto si este alarmismo tiene algún
sentido más allá del interés político.
Señorías, en salud pública, alerta, toda; alarmismo, ninguno. El miedo en salud pública es letal. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo no soy médico como los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero mi intervención va a tener muchos rasgos de coincidencia con lo manifestado por ellos.
Se presenta esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Popular después de que se hubiese producido el 26 de octubre la comparecencia del director de Salud Pública en la Comisión de Sanidad, en términos que el grupo al que represento
consideró convincentes, y antes de que el pasado 21 de noviembre se produjese la de la señora ministra, con igual criterio por parte del grupo al que represento. Me parece curioso que el grupo que presenta la iniciativa hable de la preocupación que
tienen las comunidades gobernadas por el Partido Popular; supongo que no excluirá de esta preocupación a las demás administraciones sanitarias que en este Estado
compuesto existen. De la misma manera, me llama mucho la atención cómo habla de una opinión pública española suficientemente alarmada, mencionando opinión pública con mayúsculas; debe ser una opinión conocida, o su opinión pública, tan
traída y llevada respecto de actuaciones del Partido Popular en los últimos tiempos. Coincido con quienes me han precedido en el uso de la palabra en que sobre esta materia no hay que generar confusión; confusión que no queremos aumentar nosotros
con la toma en consideración de esta iniciativa que presumimos de un alarmismo exagerado.
Señorías, la salud pública es un tema muy sensible que siempre ha sido llevado en este país -al menos en los tiempos recientes, y me refiero a España entera- con notable profesionalidad, tanto cuando gobernaba el Partido Popular como ahora
que gobierna el Partido Socialista. Creemos que con igual profesionalidad se están conduciendo en este momento, y nos parecen buenas las afirmaciones que hacía el consejero vasco cuando al dirigirse a la señora ministra de Sanidad le pedía que se
consensúen las recomendaciones y actuaciones a escala europea, de manera que no se produzcan estrategias distintas en cada país y que todas las autoridades sanitarias, agrícolas y alimentarias, actúen al unísono para evitar en lo posible la
confusión entre la ciudadanía, y digo en lo posible porque, como se ha manifestado, este no es un tema que esté exento de incertidumbres. En cualquier caso, queremos trasladar un mensaje de tranquilidad. Creemos que las comunidades autónomas, y en
el seno del Consejo Interterritorial y del ministerio -cada uno en su nivel-, se está actuando con profesionalidad. Hoy mismo, la directora de Salud Pública vasca está en Madrid trabajando en esta materia, y este es el mensaje de tranquilidad que
queremos trasladar. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de medidas de prevención, lo hace dirigiéndose al conjunto de los países del mundo, y yo, al igual que otros miembros de esta Cámara, debo decir que el nivel de desarrollo,
condiciones higiénicas, calidad de vida y sistema sanitario español (y el vasco, al que incluyo y al que legítimamente puedo considerar que tiene, incluso, alguna calificación mejor en determinados aspectos), se encuentran a una altura que no es la
general de los países a los que se está refiriendo la Organización Mundial de la Salud.
He hablado de posibles incertidumbres, pero, como dicen los epidemiólogos expertos, este problema hay que estudiarlo y abordarlo no a través de modelos deterministas, sino como un proceso aleatorio que evoluciona con el tiempo. Estar todos
atentos, estar todos alerta, pero fuera las alarmas. Creemos que es necesaria la precaución en las afirmaciones y que ésta ha de ser la norma y las actuaciones que han de contemplar todos estos escenarios cambiantes posibles. Por eso, señorías,
nuestro grupo no va a votar esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno, más que instar, se le insta para deslegitimar, como en tantas otras iniciativas que como proposición de ley se están tramitando en esta Cámara. Yo no pertenezco
a un grupo de los que habitualmente apoya al Gobierno, soy un grupo de oposición, pero creo que en este asunto lo que le pediríamos al Gobierno, como nos lo pedimos a nosotros mismos, es que en todo momento nos pronunciemos con tanta transparencia
como prudencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Esquerra. Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, parece ser que el Grupo Popular ha adoptado la actitud política de bronca a bronca y tiro a ver si me toca. Ahora le toca a la gripe aviar. En poco menos de un mes ha habido un debate en Comisión con la comparecencia del director
general de Salud Pública, hubo un debate en el Senado, hubo una comparecencia de la propia ministra para hablar de la gripe aviar (a la que no pude asistir, pero he leído detenidamente su comparecencia en el 'Diario de Sesiones'), ahora, en el
Pleno, hablamos otra vez de la gripe aviar y no aceptan una enmienda del Grupo Socialista para, mañana, ir a la prensa y decir que el Gobierno no se preocupa de la salud de los ciudadanos. Señorías, en política no vale todo. Hay que hacer
oposición, pero cuidado con la salud de los ciudadanos.
La situación de pandemia podría producirse si hubiera una nueva mutación del virus con capacidad de transmitirse entre seres humanos, frente a la que la población no tuviera inmunidad. Datos provenientes de la OMS notifican que el virus
H5N1 está mal adaptado a la especie humana. Según el Centro europeo de control de enfermedades, el riesgo de que aparezcan casos humanos por este virus en Europa es muy bajo y limitado a personas que tengan contacto cercano con aves infectadas. En
este momento, según datos suministrados por la ministra en su comparecencia en la Comisión de Sanidad, estamos en periodo de alerta pandémica fase 3, consecuencia de unos casos por este virus que se han producido en Asia. Nadie puede precisar
cuándo llegará una pandemia ni la gravedad de la misma, aunque es evidente que hay que estar preparados.
La Comisión de Salud Pública está impulsando planes autonómicos y garantizando que los planes se adopten coordinadamente, como a ustedes les gusta. La Comisión ha acordado, como medidas de precaución, adquirir fármacos antivirales, aunque
nadie puede decir el alcance de su efectividad. En este momento, todas las comunidades autónomas están elaborando sus planes de asistencia y constituyendo grupos operativos. Se está trabajando en la detección rápida del virus, se están elaborando
protocolos de actuación, algunos laboratorios están trabajando en la elaboración de cepas prototipos para la elaboración de vacunas y el Ministerio de Sanidad se ha puesto en contacto con un laboratorio interesado en instalar una planta en
territorio del Estado. La práctica
inteligente y solidaria es acudir a controlar en este momento los brotes de gripe en donde se produzcan, y alentamos al ministerio a actuar activamente en los mecanismos internacionales de cooperación. En este tema de la amenaza pandémica
es muy fácil crear alarma y ustedes lo están consiguiendo -lo que, dicho sea de paso, no tiene mucho mérito- con afirmaciones, como las que hemos oído hace poco, de que está en peligro la salud de los ciudadanos y, como se oyó en Comisión, que van a
morir cientos de millones de personas.
Mientras tanto, el consumo de pollo ha bajado un 30 por ciento, los productores están acumulando pérdidas, la estancia de los pollos en las granjas se está alargando y hoy las pérdidas de los productores de pollo llegan ya a un 20 por
ciento, y todo ello innecesario ya que la gripe aviaria en el Estado español es inexistente. La gripe aviaria se contagia por el contacto con animales vivos y no por el consumo de la carne de pollo. Si se produjera un brote, se activaría un plan
de emergencia para detectar el foco y proceder a su eliminación. Ya sé que pedir responsabilidad a algunos grupos es inútil. Puede ser que, ya que el 30 por ciento de la producción de carne de pollo está en Cataluña, forme parte de su estrategia
anticatalana de boicot, pero tengan en cuenta que el 70 por ciento no está en Cataluña, por tanto, están perjudicando a otros productores de carne de pollo que no son catalanes. Un poco de responsabilidad. Los organismos internacionales insisten
en mensajes claros, transmitir fielmente la realidad y no crear inquietudes innecesarias, y con ese tipo de propuestas que ustedes están haciendo no contribuyen a ello precisamente. Por tanto, esperamos que su propuesta no prospere y les
recomendamos que mañana no acudan a la prensa a decir que otra vez el Gobierno está jugando con la salud de los ciudadanos cuando los que lo hacen son ustedes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Señor Vadillo, para la aceptación o rechazo de enmiendas, por favor.
El señor VADILLO ARNÁEZ: No aceptamos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego ni tampoco la del Grupo Socialista. Sí hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Catalán para hacer una enmienda transaccional que tienen ustedes en la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vadillo.
-DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES O RADIACTIVAS DEL CICLO DE
COMBUSTIBLE. (Número de expediente 162/000364)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley de los grupos Socialista del Congreso, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, sobre el estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las
instalaciones nucleares o radiactivas del ciclo de combustible.
Para la defensa de la proposición no de ley, los dos grupos proponentes.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista y, a continuación, Izquierda Verde.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Velasco. Le recuerdo que el turno es de siete minutos.
La señora VELASCO GARCÍA: Gracias, señor presidente, señorías.
A ninguno de los aquí presentes se nos escapa la preocupación de los ciudadanos por su seguridad en todos los ámbitos de la vida. En cuanto al estado de salud, cada vez existe mayor conciencia social de la relevancia que tienen las
políticas de prevención y también la mayor relevancia de la necesidad de información clara y transparente acerca de todos los aspectos que pueden afectar su salud. La sensibilidad es muy alta y más cuando se trata de conocer la influencia de las
radiaciones ionizantes sobre los habitantes que viven en el entorno de las instalaciones nucleares. Debe ser, por tanto, una cuestión de gran interés a tratar por parte de las administraciones públicas. En nuestro país existen muy pocos trabajos
sobre la salud de las poblaciones residentes en el entorno de las instalaciones nucleares. Se puede decir que si bien en alguno de ellos se ha puesto de manifiesto alguno de los resultados parciales, ninguno tiene la entidad suficiente, por su
alcance y condiciones de realización, como para considerarlo un estudio definitivo.
Como constatamos en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, en España ya se han realizado otros estudios, pero estos estudios se utilizaron en la distancia del lugar de residencia a la instalación como medida de la exposición
a las radiaciones ionizantes. Esta forma de clasificar a las personas como expuestas o no expuestas puede conllevar un sesgo de mala clasificación, la limitación que disminuiría la capacidad de los trabajos para detectar una posible alteración de
la salud asociada a la exposición derivada de las instalaciones estudiadas.
No obstante, para hacer estudios con un grado suficiente de fiabilidad es necesario hacer un trabajo bien programado. Sin duda su ejecución supone una labor compleja, ya
que precisa de una gran preparación; identificación minuciosa de todas las variables que intervienen y sus interrelaciones; un análisis detallado de las condiciones del entorno que pueden influir en el estudio; tiempo prolongado de observación;
toma de datos ordenados y completa; medios adecuados y, sobre todo, especialistas debidamente cualificados para interpretar y manejar correctamente los datos, los métodos a utilizar y los resultados obtenidos.
La proposición no de ley que presentamos nace con la vocación de reforzar y precisar una propuesta de resolución aprobada en la Comisión de Industria en diciembre
de 2004 y que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios. Se trata de la trigésimo primera de las que se indicaron después del estudio del informe del Consejo de Seguridad Nuclear del año 2003. En esta propuesta de resolución se
insta a las autoridades sanitarias a colaborar con el Consejo de Seguridad Nuclear para continuar con la promoción y coordinación de un estudio epidemiológico sobre la influencia que las instalaciones nucleares tienen sobre la salud de las
poblaciones que viven en su entorno. Este estudio -decía la propuesta de resolución- se deberá hacer en coordinación con especialistas de reconocido prestigio.
Previamente, en el año 2003, la Comisión de Economía había aprobado también, como
consecuencia del estudio del informe del Consejo de Seguridad Nuclear del año 2002, otra propuesta de resolución en la que se pedía al Consejo de Seguridad Nuclear que promocionara y coordinara estos estudios epidemiológicos.
En la presente proposición no de ley queremos precisar algunos aspectos referidos a estas propuestas de resolución, y en este sentido entendemos la conveniencia de que sea el Ministerio de Sanidad quien realice el estudio a través del
Instituto de Salud Carlos III y que sea el Consejo de Seguridad Nuclear quien colabore con el ministerio, y lo pedimos así porque entendemos que la protección de la salud de los ciudadanos le compete muy directamente al Ministerio de Sanidad; de
acuerdo con la Constitución corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. En este ámbito las comunidades autónomas han asumido en sus respectivos estatutos de autonomía las competencias de
desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica estatal dictada en materia sanitaria.
Por otra parte, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud contiene diversas previsiones directamente relacionadas con el contenido de la presente proposición. De acuerdo con su artículo 44, es responsabilidad del Estado en
materia de investigación de la salud, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, entre otras cosas, establecer las medidas para que la investigación científica y la innovación contribuyan a mejorar de manera significativa y
sostenible las intervenciones y procedimientos preventivos, diagnósticos y rehabilitadores. Asimismo la citada ley prevé en su capítulo V el establecimiento de un sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, creemos que es el Ministerio de Sanidad, como decía antes, a través del Instituto de Salud Carlos III, el que debe dirigir la investigación del proyecto, ya que cuenta con profesionales de reconocido prestigio para poder
trabajar en él, profesionales independientes que tendrán acceso a publicar el estudio en revistas especializadas de ámbito internacional, siguiendo los cauces habituales de las publicaciones científicas, y que por tanto estarán sometidos a una
evaluación independiente. Ello garantizará además la difusión transparente de los resultados. La creación de un comité consultivo de seguimiento de carácter técnico nos parece muy importante para hacer un seguimiento de los trabajos y trasladar a
los agentes más interesados o afectados la evolución del estudio. Asimismo entendemos fundamental la información que han de tener las comunidades autónomas a través del ministerio, así como su participación activa en el estudio.
Señorías, estamos convencidos de que el Parlamento tiene que comprometerse en estos proyectos para proteger la salud de nuestros ciudadanos. Es necesario, por tanto, el conocimiento de estas situaciones para, a partir de ahí, poder abordar
otros debates con menor incertidumbre, desde el conocimiento, la objetividad y desde luego una percepción más adecuada del riesgo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco.
Señor Herrera, su turno, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
La señora Velasco lo ha explicado bien, esta no es una proposición no de ley cualquiera, es una proposición no de ley que trata precisamente de cumplir en aquello en que no se ha cumplido durante tantos años, y en primer lugar quisiera
felicitar en este caso al Grupo Socialista por haber planteado esta proposición no de ley, que fácilmente se hubiese podido tratar en Comisión, pero se ha querido traer a Pleno y se le ha querido dar la transcendencia que tiene. Como la señora
Velasco explicaba, esta es una proposición no de ley firmada por su grupo y por nuestro grupo parlamentario que además obedece a múltiples antecedentes.
En este punto quiero detenerme y relatarles algunos de esos antecedentes.
El primero de ellos
se da en el año 2002, en una ponencia especial encargada del estudio del informe anual realizado por el CSN, una resolución que precisamente instaba al Gobierno a promocionar un estudio epidemiológico y que, en definitiva, trataba de determinar la
influencia de las instalaciones nucleares en determinadas zonas. El segundo antecedente -lo ha citado ya la señora Velasco- es del año pasado y con idénticos términos, pero yo quiero detenerme en otros dos antecedentes.
El tercero de ellos se
produce el 14 de noviembre de 2003, cuando el director ejecutivo de Greenpeace en España le enviaba una carta a la que era entonces no presidenta del CSN sino ministra de Sanidad, Ana Pastor, en la que instaba al Ministerio de Sanidad a abrir un
proceso de investigación sobre peligros ambientales y sanitarios en los entornos de determinadas centrales nucleares. La carta era consecuencia de los datos de un estudio de la unidad de epidemiología del cáncer del Centro Nacional de Epidemiología
del Instituto de Salud Carlos III, que concluía que existía un incremento de la mortalidad por leucemia en el entorno de las instalaciones de combustible nuclear. En esa misma carta se
hablaba también de un informe del año 1999 sobre un incremento de la incidencia de mieloma múltiple en el entorno de la central nuclear de Zorita; se hablaba de datos concluyentes en estudios del año 1999 y 2001 también del Instituto de
Salud Carlos III respecto a que se registraba una tasa inesperadamente más alta de lo normal de cáncer de estómago en el entorno de la central nuclear de Garoña y también se constataba un incremento de los porcentajes de mortalidad por cáncer de
pulmón en el entorno de las centrales de Garoña, Zorita y Vandellós II. También se citaba un incremento importante de cáncer de riñón en La Haba, una zona de minería de uranio, y podría detallarles muchos más estudios que se citaban en ese informe
y que concluían que había datos preocupantes en los entornos de las centrales; también hablaba de Jaraíz de la Vera, con 7.731 habitantes y cinco sarcomas de Ewing detectados -hay que recordar que la frecuencia es de 4,6 casos por millón de
habitantes-, así como de otros entornos de diferentes centrales. A este se le suma un cuarto antecedente de una carta del 10 de agosto de 2004, también enviada entonces a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en la que se realizaba una petición
equivalente. En este caso se insistía en la necesidad de que se establecieran mecanismos de participación pública en el proyecto de realización de dichos estudios, en la necesaria independencia en la realización de los mismos, en que se permitiese
la participación de especialistas independientes a propuesta de las ONG y de otros colectivos, y se pedía que los estudios fuesen liderados por el Ministerio de Sanidad y por autoridades sanitarias de las comunidades autónomas afectadas. A estos
antecedentes deberíamos sumarle otro, el de la resolución tratada el año pasado que también nuestro grupo planteó y a partir de la cual salió esta proposición no de ley conjunta entre el Grupo Parlamentario Socialista y nuestro grupo parlamentario,
el grupo parlamentario de Izquierda-Verde.
Voy ahora a entrar en los detalles. La propuesta reclama el liderazgo del Ministerio de Sanidad porque el estudio epidemiológico que se está pidiendo debe ser liderado por el Ministerio de Sanidad. El segundo elemento fundamental es que
haya una participación activa de las comunidades autónomas y que esa participación se dé también con información a las mismas. El tercer elemento es que el Consejo de Seguridad Nuclear colabore pero que no lidere, que el CSN sea un actor más,
reconociendo el papel de liderazgo del Ministerio de Sanidad. El cuarto elemento es que el estudio actualice los resultados, la historia de exposición de las zonas estudiadas y los datos sobre radiación natural para que realmente se sepa si esos
datos obedecen a la instalación de centrales nucleares o pueden obedecer a otras causas, porque hoy existen dudas profundas y por tanto se requiere este estudio epidemiológico. El quinto elemento y fundamental es que haya comunicación y
participación, que se garantice por tanto la independencia en la investigación. Y el sexto y último elemento es que haya un comité consultivo con expertos independientes, entidades ecologistas y con todas las partes interesadas.
A nuestro grupo
parlamentario le parece relevante no solo aprobar una proposición no de ley genérica sino aprobar esta proposición no de ley porque da garantías a todo el proceso. Por ello, a nuestro grupo parlamentario le ha sorprendido la enmienda que supongo
que defenderá ahora el portavoz del Grupo Popular y en la que no se reivindica el liderazgo del Ministerio de Sanidad, que es el que debe liderar, en la que no hay consejo consultivo y en la que no se elabora desde un punto de vista participativo
dando información y con un fuerte protagonismo de las comunidades autónomas.
Nuestro grupo parlamentario espera que aprobemos esta proposición no de ley firmada por nuestro grupo y por el Grupo Socialista, para avanzar en estudios epidemiológicos que sean rigurosos, que no den datos que no son reales y que en
definitiva demuestren las consecuencias que tienen sobre la población las instalaciones nucleares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Para la defensa de la enmienda presentada, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de defender la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular permítanme dos consideraciones iniciales. Primera consideración. Como saben SS.SS., en el año 2003 instamos desde este Congreso al Consejo de Seguridad Nuclear a
realizar un estudio epidemiológico. Pues bien, inmediatamente se pusieron manos a la obra y, tras 14 meses de negociaciones técnicas, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó por unanimidad el 8 de junio de 2005 firmar este convenio que les
muestro con el Instituto de Salud Carlos III para la realización de un estudio epidemiológico sobre la salud de la población que reside en la proximidad de las centrales nucleares. Sin embargo, y nadie sabe con qué objeto, el PSOE e Izquierda Unida
presentan en el registro esta proposición no de ley seis días después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobase la firma del convenio. Como es natural, esto provoca una nueva convulsión, una más, en el Consejo de Seguridad Nuclear
que termina con un acuerdo de revocación de la firma del convenio. Por tanto, la primera responsabilidad de los grupos proponentes es que han echado por tierra 14 meses de trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear y del Instituto de Salud Carlos
III. Pero además, señorías, los grupos proponentes tendrán que explicar que esta proposición no de ley ha retrasado por lo menos un año, si no son dos, ya veremos, la entrada en vigor y posterior ejecución de los trabajos, y esto, señores
proponentes, es su segunda responsabilidad.
Segunda consideración. A la luz del contenido de la proposición no de ley presentada tengo que decir que
lamentablemente no aporta nada en absoluto al borrador del convenio citado. Por eso, señorías, desde el Grupo Popular hemos presentado una proposición alternativa, porque lo que pide la presentada por el Grupo Socialista e Izquierda Unida
es que hagamos un estudio epidemiológico muy inferior al previsto por el Consejo de Seguridad Nuclear. Por eso en nuestra enmienda pedimos, en primer lugar, que se cumplan las resoluciones de este Congreso, porque la PNL presentada contradice las
resoluciones de 2003 y de 2004, que instan al CSN a la realización de un estudio epidemiológico y a las autoridades sanitarias a colaborar con él, y no lo que ustedes han dicho aquí. Y en lo referente a detalle del estudio, la proposición que hoy
se presenta se queda tan corta que no contempla aspectos importantísimos que son contemplados en el convenio y que no tengo tiempo para enumerar. Esto, señorías, es una demostración clara de que lo que aquí se pretende aprobar es solo con vistas a
la galería porque es de mucho menos calado que lo que tenía preparado el Consejo de Seguridad Nuclear y que representaba un paso adelante de significativa importancia científica.
Por otra parte, nuestra enmienda pretende corregir el segundo apartado de la proposición no de ley que debatimos, que trata sobre la información de las comunidades autónomas y que llega tarde y mal; tarde, porque la información ya había
sido dada por el Consejo de Seguridad Nuclear y mal porque, señorías, ustedes olvidan a los ayuntamientos, que algo tendrán que decir para la coordinación de este asunto. Por cierto, hablando de comunidades autónomas, es conveniente señalar aquí
que, tras la presentación de esta proposición no de ley, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear -como ya he dicho antes, se tuvo que revocar la firma del convenio- ha informado por carta de la paralización de la firma de dicho convenio a
todas las comunidades implicadas, incluidas naturalmente todas las consejerías de Sanidad de las comunidades afectadas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Extremadura.
Esta, señorías, es su tercera
responsabilidad. Como pueden comprender y comprobar SS.SS., la actuación de los grupos proponentes en este tema ha sido un auténtico despropósito. Primero, se echan por tierra 14 meses de trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear y del Instituto de
Salud Carlos III. Segundo, se presenta una proposición no de ley más baja en contenidos que el convenio que se iba a firmar. Tercero, se impide que el estudio esté en marcha y dando sus primeros resultados ya en febrero de 2006. Cuarto, se
contradicen las resoluciones de este Congreso de los Diputados. Y quinto, se introducen sospechas de que las partes actuantes en el convenio no van de buena fe.
Señorías, creo que de mi intervención se desprende con claridad que estamos en absoluto desacuerdo con la proposición no de ley que se presenta a debate, pero también les quiero decir que nadie podrá acusar nunca a mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, de obstaculizar la realización de un estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las instalaciones nucleares o radioactivas, y por eso, señorías, votaremos a favor, pero solo por eso. No obstante, quiero hacer un
último esfuerzo. Les recomendaría que retiren esta proposición no de ley -si querían que la liderara el ministerio, haberlo dicho antes-, cumplan ustedes las resoluciones que este Congreso aprobó y den vía libre para que se realice el estudio
epidemiológico que ya estaba preparado y presupuestado mediante convenio y que además es mucho más completo y exhaustivo que los que ustedes presentan aquí.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Señor Rodríguez, por el Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida para que se realice un estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las instalaciones nucleares o radioactivas
de ciclo de combustible, y lo hacemos porque es una necesidad urgente acometer un estudio de estas características ya que entre estudios oficiales y estudios de carácter privado solamente existe un informe en este sentido desde el año 1975 a 1999,
por lo demás, informes algunos de ellos de dudosa fiabilidad, que es lo que ahora se intenta corregir. Por lo tanto, pensamos que esta proposición no de ley está cumpliendo las resoluciones que se tomaron en los años 2002 y 2004 cuando se
debatieron los informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear y por lo tanto haciendo valer definitivamente, por vía parlamentaria, un tema pendiente. Además de la consecuencia con las resoluciones y el papel del Parlamento en cuanto a impulsar
precisamente que se cumplan, tenemos que decir que es muy importante que las investigaciones se hagan desde el punto de vista de la independencia de criterio y de la mayor fiabilidad. En este aspecto, nos parece correcto que el principal
protagonista sea el Instituto de Salud Carlos III, nos parece fundamental que se participe en el estudio y, por lo tanto, que estén perfectamente informadas las comunidades autónomas afectadas y que además se cuente con la información que se
requiera al Consejo de Seguridad Nuclear. La consideración de que además el informe debe abarcar hasta el año 2002, que es el último año del que tenemos datos, es fundamental y por lo demás que haya por lo menos una cierta conexión con la base
social preocupada por estos temas, en concreto lo que la proposición no de ley llama el comité consultivo. El seguimiento de la investigación y el análisis de los resultados de la misma deben, por lo tanto, ser un motivo de información social y
popular en primer lugar para proteger la salud y en segundo lugar para no obtener prácticas de carácter oscurantista o bien prácticas de ocultación con daño a la salud de terceros, que se puede decir que fue una de las características
hasta ahora por lo menos de la información mayoritaria recibida en relación con la posibilidad de que haya contaminación por motivos de presencia de centrales nucleares en determinadas áreas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo perfectamente que haya defendido esta iniciativa con proposición no de ley el señor Herrera, que tiene plenamente mi respeto, aunque no comparto alguna de las ideas que se exponen aquí, pero es un disentimiento puramente, si se
quiere, incluso técnico administrativo. Lo que no entiendo es la firma conjunta con el portavoz del Grupo Socialista, porque la fórmula que aquí se propone para solucionar este problema técnicamente al final se puede tratar de un problema técnico
con un estudio epidemiológico sobre cuál es la repercusión en la salud de los ciudadanos que están alrededor o en las proximidades de una central nuclear, y considero que la vía que se ha escogido va a ser inviable técnica y administrativamente en
el ámbito de las comunidades autónomas.
Adelanto que mi grupo se va a abstener porque en la Comunidad Autónoma de Canarias no hay centrales nucleares para la producción de energía eléctrica ni cualquier otra actividad de centrales nucleares o de depósitos de residuos radiactivos.
Pues bien, si la vía que se sigue es actualmente por conducto del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas que tienen por sus estatutos de autonomía como ley orgánica las competencias en sanidad, incluidas las de los estudios
epidemiológicos, se van a oponer rotundamente a esto porque las comunidades autónomas con competencia en la materia, a través de las direcciones generales de epidemiología que tienen, van a decir que si ellos son aquí unos simples observadores o
convidados de piedra. Porque no se puede traer ni siquiera como convidado al Instituto Carlos III ni al Consejo de Seguridad Nuclear. Posiblemente, como bien ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y coincidimos, se había
acordado por el Congreso de los Diputados en la Comisión encargar a dos instituciones que están perfectamente ensambladas en unas competencias técnicas en todo el territorio español, como es el Instituto Carlos III o como es el Consejo de Seguridad
Nuclear, porque sus actuaciones no llaman a las comunidades autónomas a la suspicacia de que se está entrando en su terreno competencial porque son dos instrumentos de la solvencia técnica suficiente como para entender que no están haciendo un acto
administrativo de intromisión en las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, si pudiéramos recuperar la vía del convenio entre estas dos instituciones científicas, el Instituto Carlos III y el Consejo de Seguridad Nuclear, las
comunidades autónomas le darían la bienvenida siempre y cuando la comunidad autónoma dé una opinión política. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que no se trata solamente de un puro problema sanitario y médico de determinar en un estudio
epidemiológico si los habitantes que están en las proximidades de una central nuclear pueden recibir efectos negativos de las radiaciones ionizantes sino que va a haber un componente de alarma, y o el tema es tratado con la suficiente inteligencia
para penetrar en el territorio humano de las reacciones emocionales o verdaderamente se le está diciendo a los ciudadanos que viven en los alrededores de una central nuclear que se trasladen de municipio y se trasladen a otro, porque se les genera
una incertidumbre y un alarmismo que si no es administrado políticamente dudo mucho que haya una comunidad autónoma que se juegue una posibilidad política de poder sencillamente por generar una alarma entre sus votantes en este sentido. Por lo
tanto, seamos inteligentes, cautos y prudentes en este tema. Vuelvo a decir que mi grupo se va a abstener, pero no porque en Canarias no tengamos centrales nucleares, sino por la vía que se ha escogido para un problema con el que estaríamos de
acuerdo en el fondo si esto fuese iniciativa de la comunidad autónoma con el concurso del Instituto de Salud Carlos III y del Consejo de Seguridad Nuclear, como organismos institucionales competentes técnicamente en la materia.
Decir en esta iniciativa que las comunidades autónomas afectadas serán informadas por el ministerio es tanto como despreciar el Título VIII de la Constitución. También se dice que la comunidad autónoma va a ser informada por el ministerio y
que le van a hacer un estudio de epidemiología en su propio territorio donde tiene la competencia estatutaria. Vamos a poner sensatez para que esto se pueda reconducir, porque estaríamos de acuerdo si fuera necesario conocer ese dato, pero campañas
de este tipo en contra de la voluntad política y popular de una comunidad autónoma mi grupo no las suscribe.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a nuestro grupo le gustaría que hubiese sido posible el acuerdo entre los dos grupos proponentes y la enmienda que desde el Grupo Popular se ha presentado. Nos hubiera gustado también que los proponentes nos hubiesen contado toda
la realidad sobre el porqué de esta instancia actual al Gobierno existiendo como existen -creo que con el carácter de proposiciones no de ley en Comisión, una de la pasada legislatura y otra de esta- iniciativas con idéntica materia que la actual.
Nuestra formación política tiene, igual que los proponentes y que
el Gobierno, la preocupación social sobre la eventual incidencia de las radiaciones emitidas por las instalaciones nucleares en la salud de la población y en el entorno de las mismas, pero el resto de las cuestiones que se cuentan en la
exposición de motivos y en la parte dispositiva tienen algunas peculiaridades que nos gustaría poner sobre la tribuna -iba a decir sobre la mesa- en este momento. Que se atribuya al Ministerio de Sanidad y Consumo significa que se le quiere dar
prioridad en las competencias de esta índole, y esto debería estar explicado en la exposición de motivos puesto que de salud pública estamos hablando y en materia de salud pública, si se lee el artículo 40 de la Ley General de Sanidad, el Estado
tiene lo que tiene: todo está repartido entre las comunidades autónomas y solo le incumbe la elaboración de informes generales. Por lo tanto, nos parece poco -como decía el señor Mardones- el papel que se da a las comunidades autónomas afectadas
en el sentido de que serán informadas y participarán activamente -¿qué es participar activamente?-, cuando la verdad es que, conforme a la distribución competencial, si es salud pública -y es salud pública-, son las comunidades autónomas las
competentes en el día a día de estas cuestiones. La referencia al Consejo de Seguridad Nuclear descubre, a la luz de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la relación que tiene con la cuestión y el porqué de esta traslación más
al ámbito de las competencias del Ministerio de Sanidad. La creación de un comité consultivo no nos parece ni bien ni mal, todo dependerá de qué acabe trasladándose, desde luego que sea un órgano en el que se debatan muchas cuestiones, un comité de
expertos más no nos parece ni bien ni mal, pero debiera estar en él todo el que tenga algo que decir y no ser un mero foro de teorías -que es lo que es si no se especifica más respecto a su composición-,a lo que parecería que estamos en este caso
abocados. La cita que se hace en el final de la exposición de motivos en ambas propuestas, aprobadas por las comisiones parlamentarias correspondientes, es objeto de aclaración que debía haber hecho la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y
de Izquierda Verde en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular cuando nos cuenta cómo fue la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados en diciembre del año 2003, la que aprobó una determinada materia, y con
posterioridad la Comisión de Industria, Turismo y Comercio -estoy refiriéndome a las comisiones por su denominación de entonces-, la que instaba al Gobierno a otras cuestiones que, según parece -y el señor Gómez Darmendrail perteneciente a estas
comisiones está más informado que yo-, ya habían tenido trabajo efectivo durante 14 meses.
Con el deseo de que la aprobación de la proposición no de ley en el día de hoy no suponga tirar a la basura, como se suele decir en lenguaje coloquial, lo ya trabajado o lo ya elaborado, y con el deseo también de que puesto esto en marcha se
tenga la debida consideración a las comunidades autónomas y se les trate no como meros oyentes o como meros sujetos a los que se les comunicará lo que se vaya avanzando, mi grupo, entendiendo que como la mayor parte de los grupos de la Cámara,
puesto que hasta el Grupo Popular ha anunciado su voto afirmativo, por la preocupación que subyace tras ella, finalmente dará el voto afirmativo a esta iniciativa, pero, eso sí, riñendo -si se me permite utilizar esta expresión- a las formaciones
políticas por no haber sido lo suficientemente transparentes en lo que pretenden, la traslación de la responsabilidad del ámbito del Consejo de Seguridad Nuclear a un ámbito sanitario, que es legítimo pero que debe explicitarse, y que no se pierda
el tiempo, insisto, que hasta ahora se ha empleado para los trabajos, que alguna utilidad tendrá. Insisto en que en el futuro se debería ser más real, más transparente y más veraz en lo que se hace y en que debiera haber sido posible el acuerdo
entre las tres formaciones políticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario preguntó a principios de mayo de este año si se estaban diseñando nuevos estudios epidemiológicos en el entorno de las centrales nucleares. En la respuesta que nos remitía el Gobierno se
comentaba que se estaba trabajando en la redacción de un convenio de colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto de Salud Carlos III para la realización de un estudio epidemiológico de cáncer radioinducido en el entorno de las
centrales nucleares en el Estado. La propuesta de este estudio contempla analizar el entorno de todas las instalaciones nucleares situadas en el Estado, incluyendo todas las centrales nucleares como instalaciones del ciclo de combustible nuclear
que han estado operando en algunos momentos durante los años 1975 a 2002. Este nuevo estudio tiene previsto superar algunas de las limitaciones de un estudio previo, incorporando una mejor valoración de la exposición. El CSN dice que aportará a la
reconstrucción de la historia la exposición a radiaciones ionizantes de las poblaciones a través de medidas dosimétricas en las áreas próximas a las instalaciones nucleares y que aportará los datos de radioactividad de origen natural. Antes del
verano los estudios epidemiológicos encargados por el Parlamento al Consejo de Seguridad Nuclear y al Ministerio de Sanidad y Consumo estaban en fase de diseño y se preveía su ejecución mediante convenio de colaboración entre el Consejo de Seguridad
Nuclear, el Instituto Carlos III y el Ministerio de Sanidad. El convenio dice que contendrán dos subprogramas que intentarán dar respuesta a muchas de las incógnitas planteadas. Uno atenderá al análisis conjunto de la mortalidad por cáncer y la
historia de dosimetrías radiológicas de los municipios del entorno de las instalaciones
nucleares, y el otro a la caracterización sociosanitaria, a la salud autopercibida, a la calidad de vida en los municipios próximos a las centrales nucleares y a la cuantificación de las exposiciones a bajas dosis de radiación ionizante
mediante biomarcadores. Este estudio, señoras y señores diputados, nació de una instancia de esta Cámara al Consejo de Seguridad Nuclear. Han pasado ya más de dos años, y el estudio, atendiendo a esta complejidad en la exposición, todavía no
existe y tan solo consta el convenio firmado. Además, en la respuesta recibida por nuestro grupo parlamentario se sigue sin mencionar si se tendrá en cuenta a la población estacional no residente y cuyos expedientes médicos e historial se
encuentran en ciudades alejadas de la zona de exposición. Tampoco nos respondieron si la modelación de los vientos y el ciclo de agua se iban a considerar en los nuevos estudios.
Preguntábamos también cuál sería la participación de las comunidades
autónomas, cómo tenía previsto el Gobierno que se lleve a cabo la coordinación de los estudios epidemiológicos y si se había pensado en constituir una Comisión de seguimiento con participación de técnicos independientes. La respuesta fue que,
teniendo en cuenta este carácter interautonómico, los estudios se harían desde una institución de carácter estatal, como es el Instituto Carlos III, y las comunidades autónomas y la sociedad en general serían informadas convenientemente tanto del
diseño como de sus resultados. Se decía que la coordinación del estudio sería llevada a cabo por los propios responsables del diseño quienes, en caso necesario, podrían solicitar la colaboración de las consejerías de Salud de las comunidades
autónomas. Consideramos adecuado el texto de la proposición no de ley que hace de esta eventual relación una obligación.
Aparte de la publicación y de la evaluación de los resultados, también es necesaria la participación de las comunidades
autónomas en el diseño de la ejecución del estudio. La respuesta que se nos daba en relación con el comité consultivo o comisión de seguimiento era que el Instituto Carlos III no debería formar parte de esta comisión en aras de su independencia.
Mi grupo entiende que los ejecutores del estudio pueden participar en esa condición sin excluir la posibilidad de que otros expertos independientes puedan también participar, así como la administración de las comunidades autónomas. Cabe recordar
que la proposición de ley de modificación del Estatut de Cataluña prevé en el artículo 132.3, sobre emergencias y protección civil, que corresponde a la Generalitat de Catalunya la ejecución de la legislación del Estado en materia de seguridad
nuclear.
Consideramos que dicha competencia debería acompañarse de una presencia más activa en estudios como el que hoy se nos propone en esta Cámara.
En resumen, señoras y señores diputados, compartimos la necesidad de un nuevo estudio, pero nos gustaría que nos aclararan la demora de su redacción respecto a pronunciamientos anteriores de esta Cámara. También nos parece necesario prestar
atención a la complejidad de la exposición poblacional que, por las respuestas recibidas por mi grupo, no parece que esté claramente considerada en el proyecto del estudio actual.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, vaya concluyendo.
El señor RAMÓN TORRES: Acabo, señor presidente.
En este sentido, y para evitar la demora, es oportuno que se señale un plazo para la ejecución de este estudio en la parte dispositiva de la proposición no de ley. También coincidimos con los mecanismos de información y comunicación
plasmados en la proposición no de ley y con la constitución de un comité consultivo en el que se incluya a las administraciones autonómicas competentes.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ramón.
Por Convergència i Unió, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo, de nuevo, esta vez para fijar la posición de mi grupo ante la proposición no de ley presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la que se plantea la necesidad de realizar estudios epidemiológicos en las zonas de influencia de las instalaciones nucleares o radioactivas. La posición de mi grupo va a ser la
de apoyar esa iniciativa sin paliativos, porque entendemos que tener información exhaustiva, conocimiento profundo y datos científicos sobre los efectos de las centrales nucleares o radioactivas del ciclo de combustible en la salud de las personas,
tanto en mortalidad como en morbilidad, es absolutamente trascendente. No lo es, ni mucho menos, en clave de pasado, de historia, aunque mirar hacia atrás sea inevitablemente parte de la metodología del estudio, sino que es trascendente en clave de
presente y sobre todo de futuro, porque disponer de estudios, de información contrastada y de calidad es la base para la toma acertada de decisiones y qué duda cabe que en el ámbito de la reducción de la energía nuclear o radioactiva hay que tomar
decisiones permanentemente, ya sea para mantener instalaciones, corregirlas, mejorarlas, desmantelarlas o, por qué no, plantearse futuras nuevas instalaciones, teniendo en cuenta la valoración y seriación de estudios epidemiológicos o de otra
índole. La información y la percepción que llegan a la opinión pública sobre los efectos y las consecuencias sobre la salud de la cercanía de instalaciones nucleares son siempre sensibles, controvertidas y manipulables en uno u otro sentido, como
también está sucediendo con los efectos sobre la salud de las radiaciones no ionizantes de las antenas de telefonía móvil o tendidos eléctricos de alta tensión, si bien estos últimos tienen una perspectiva
temporal mucho menor. Por eso, la información sobre esta cuestión, siempre y cuando sea contrastada, de calidad, reconocidamente neutra, independiente, imparcial y transparente, debe colaborar a que la percepción de las cosas que no son lo
que son sino lo que parece que son, sea real. Esa realidad, y no las apariencias o los supuestos, es la que va a afectar o no a la salud de los ciudadanos, y eso solo se sabrá con los correspondientes estudios epidemiológicos y la repetición en el
tiempo de los mismos, como en parte se ha venido haciendo. En aras de la necesaria credibilidad de esos estudios, valoramos positivamente la existencia de un comité consultivo -como lo titula la proposición- u órgano similar que permita en este
estudio o en los posteriores una participación externa de personas y colectivos interesados y afectados, amén de la comunidad científica experta en la cuestión. Nuestro grupo no va a considerar los detalles de la organización del estudio, ni la
metodología de los protagonistas del mismo, ni los contenidos precisos que se contienen en la enmienda del Partido Popular, así como sus antecedentes. Esto es materia de decisión del Ejecutivo. Apoyaremos su realización siempre y cuando se lleve a
cabo con el escrupuloso respeto a las competencias autonómicas en este ámbito para que éstas no sean meras observadoras. Apoyamos el estudio, su contraste con estudios anteriores y que se realice con la mayor brevedad y calidad posibles.
Apoyaríamos también una transaccional, si se hubiera dado, porque los estudios epidemiológicos en centrales nucleares es una materia que debería estar por encima del debate partidista.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
¿Señora Velasco? ¿Señor Herrera? Entiendo que no aceptan la enmienda.
(Pausa.)
La señora VELASCO GARCÍA: Señor presidente, no podemos aceptar la enmienda del Partido Popular porque no mejora ni completa en ningún caso nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: Se trata de decir si se acepta o no. Gracias.
Vamos a votar. (Pausa.)
Votamos las dos proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas frente a la gripe aviar. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún
grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es el caso, votamos la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 133; en contra, 172; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre estudio epidemiológico en las zonas de influencia de las instalaciones
nucleares o radioactivas del ciclo de combustible.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 303; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA Y DEMÁS CONFESIONES RELIGIOSAS A COSTA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD
DE REVISIÓN DEL CONCORDATO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE PARA AJUSTARLA A LA CONSTITUCIÓN VIGENTE. (Número de expediente 173/000099.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la
Iglesia católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarla a la Constitución vigente.
Para la defensa de la moción presentada por el grupo proponente, señor Herrera. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, continuamos con la sesión plenaria. Les agradecería, si lo desean, que abandonen el hemiciclo con rapidez y en silencio, por favor. (Rumores.)
Señorías, por favor.
Señor Herrera, ¿lo intentamos? (Pausa.)
Adelante, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: La semana pasada lo decíamos. Esta moción, consecuencia de la interpelación de la semana pasada, trae causa de una demanda ciudadana y de la necesidad de cumplir la ley y la Constitución,
de acabar con los privilegios y de hacer del Estado español un Estado aconfesional; un Estado que consagra la Constitución y que significa que no hay diferencias entre las distintas confesiones ni privilegios para confesión alguna. De
hecho, aún hoy la Iglesia católica es la única confesión religiosa de las que existen en el territorio español que no se autofinancia, cuando en la actualidad ningún Estado del mundo de carácter aconfesional financia a la Iglesia católica como se
hace en el Estado español. En este sentido, cada vez hay más personas laicas y no creyentes -incluso yo diría que más creyentes, más cristianos- que se cuestionan los privilegios que tiene la Iglesia en el Estado español.
En la interpelación citábamos a Salvador Giné y hoy podemos citar, por ejemplo, a Luis de Sebastián, catedrático de economía de Esade, ex jesuita también, que denuncia los privilegios que hoy tiene la Iglesia católica en el Estado español.
El Estado recauda a través de un impuesto sobre el que tiene derecho exclusivo recursos para la Iglesia católica y asegura un nivel de recaudación que la Iglesia no podría obtener en ningún caso. En este sentido, Luis de Sebastián nos recuerda que
cada año se compensa a la Iglesia católica yendo más allá de lo que la misma recauda, es decir, entre un 30 y un 40 por ciento anual. Añade que a la Iglesia católica se le exime del pago del IBI, del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre el
patrimonio, del impuesto sobre sucesiones y donaciones e incluso del IVA, cosa que no gusta mucho en la Unión Europea. Tienen recursos para los profesores de religión y para las órdenes religiosas que regentan escuelas concertadas.
Pues bien, nuestro grupo parlamentario entiende que en el año 2005, a las puertas de 2006, estos privilegios no son razonables, no tienen sentido alguno, están fuera de la ley, y, lo que es más grave, están también fuera de esa Constitución
que algunos reclaman tanto pero de la que veces -y en este caso lo podemos ver- se olvidan de forma flagrante. En el año 1988 la Ley de Presupuestos Generales del Estado ponía como límite 1991 para que la Iglesia católica se autofinanciara y hoy
todavía no lo hace.
De hecho, si hoy tenemos este debate, si este debate es de radiante actualidad, ello se debe a dos elementos: primero, porque en el pasado la Iglesia católica utilizó los recursos que tenía de más con objetivos fraudulentos.
Acuérdense del caso Gescartera, que hizo que las aportaciones de los ciudadanos disminuyesen de forma vertiginosa. Por otra parte, si hoy este debate es de actualidad es porque la Iglesia católica no gasta sus recursos en propagar el evangelio,
sino que los orienta también en dar dinero para propagar las ondas del odio, las ondas del rencor; para aquellas frecuencias, ondas y palabras que no propugnan ni el evangelio ni los argumentos de Cristo. Debido a estos dos elementos esta
interpelación hoy es de radiante actualidad.
Diputadas y diputados, lo decía el otro día y lo vuelvo a decir hoy, en el año 1979 Jordi Solé Tura decía: Estamos ante un Estado aconfesional y laico y esto supone dos consecuencias importantes: la primera que el Estado ya no puede
identificarse ni proteger discriminadamente ninguna confesión religiosa, y la segunda que todas las confesiones religiosas tienen reconocida su independencia y el derecho a una plena libertad en el desarrollo de su misión con las debidas garantías.
Lo decía él en el año 1979. Pues bien, en el año 2005, con la Constitución que tenemos desde hace más de 25 años y con la ley que aprobamos en 1988 lo que decía Jodi Solé Tura en el año 1979 hoy es plenamente vigente: la Iglesia tiene privilegios
y lo que no hemos hecho aún es acabar con ellos. La justificación de los privilegios -lo decíamos también el otro día- es muy variada, pero lo cierto es que la función social de la Iglesia se cumple por otras vías, no por la vía de la financiación
de la jerarquía de la Iglesia católica. Nos decían también que la financiación de la Iglesia tiene sentido en función del derecho a la libertad religiosa, pero la realidad es que hoy se sobrefinancia a una confesión mientras que el resto no tiene
financiación alguna. Ante esto, nuestro grupo mantiene y reitera su compromiso, un compromiso en cuatro puntos que queremos que se voten, que tengan un fuerte apoyo. Un primer compromiso, que planteaba el otro día el ministro de Justicia, y tres
compromisos más que suponen, en primer lugar, que el Gobierno no sobrefinancie la Iglesia, que hagamos lo que decíamos en el año 1988 y que, por tanto, la Iglesia reciba lo que le marcan los contribuyentes, ni un euro más, no 40 millones de euros
más, como hoy pasa. En segundo lugar, que se establezca nitidez y transparencia en el gasto, porque hoy el gasto de la Iglesia católica no es nítido ni transparente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe usted finalizar, señor Herrera, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.
Por último, que se denuncien los acuerdos del Estado con la Santa Sede porque, como bien saben ustedes, para revisar un acuerdo es necesaria su denuncia. Ese acuerdo es preconstitucional, está fuera -como algunos portavoces ya denunciaron
en el año 1979- de lo que acordaron en el marco de la Constitución. Nuestro grupo parlamentario entiende que el Estado español tiene que estar a la altura de las circunstancias y debe denunciar y revisar ese acuerdo. Por todo ello, pedimos el
apoyo a una moción que lo que hace es cumplir la ley, cumplir la Constitución, hacer del Estado español un Estado aconfesional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. (Pausa.)
Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Rodríguez, tiene la palabra. Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds porque si hay un axioma claro es el de que la Constitución española de 1978 establece
que ninguna religión tendrá carácter estatal. Sin embargo, señorías, seguimos viviendo bajo la sombra del Concordato de 1953, que hacía una identificación del Estado con la Iglesia católica, a todas luces incompatible con un Estado democrático. Y
seguimos viviendo bajo esa sombra porque durante el periodo constituyente se hicieron algunos acuerdos, desde nuestro punto de vista incompatibles con el proceso democrático, en concreto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1976,
del que derivaron tres de una importancia fundamental para el tema que ahora nos ocupa: el acuerdo de enseñanza y de asuntos culturales, de 1979, al igual que el de asuntos económicos y el de asuntos jurídicos.
El Estado no se puede identificar con ninguna religión y hay que respetar, ya que es aconfesional, todas ellas y también las premisas constitucionales propias de un Estado democrático. La Iglesia católica tiene hoy en el Estado español
instrumentos excepcionales, al margen del sometimiento que tenemos todos los ciudadanos, y los poderes públicos en general, al espíritu y la letra de la Constitución española y al ordenamiento jurídico que de ella se deriva. Realmente, hoy hay un
apoyo a la enseñanza religiosa privada, sin control democrático y sin que se rija por los criterios que se rigen los institutos o las escuelas públicas. Se mantienen los bienes de la Iglesia católica, que son bienes de carácter privativo, sin
suficientes contrapartidas. Hay un régimen económico especial para la Iglesia, a todas luces disfuncional y fuera de la órbita de lo aceptable en un Estado democrático y equitativo, y todo el mundo sabe que incluso hay trabajadores, designados por
los obispos y pagados por todos los ciudadanos, que no se rigen tampoco por el ordenamiento jurídico vigente para el resto de los trabajadores. Está claro, por tanto, que incluso hay desvío de fondos del Estado para tramas de especulación
financiera y, es más, está claro también que la legalidad del Estado en asuntos de matrimonio y las reformas legales al respecto no coinciden con muchos aspectos que la Iglesia católica sigue manteniendo como explícitamente privativos y contrarios a
este ordenamiento legal. Si la financiación se hace trasparente, si es equitativa -en todo caso debe haberla para todas las corrientes religiosas-, en este momento oportuno, si el IRPF queda circunscrito a lo decidido por los contribuyentes, esto
sería aceptable, pero no podemos aceptar ningún otro de los mecanismos que existen, porque la Iglesia católica, señorías, interpreta la aconfesionalidad como especial preferencia para el Estado, según ellos por su importancia numérica e incluso a
veces por la tradición del catolicismo dentro del Estado español. Esto lleva a que pretenda que su estatus esté por encima de los derechos y deberes de toda la sociedad e incluso por encima no solamente de los valores constitucionales, sino de las
leyes que aprueba este Parlamento, y eso lleva a que los púlpitos se conviertan en armas de agitación política propias de un partido político.
Nosotros en este momento pensamos que no es de recibo no el criterio discrepante de la Iglesia católica
con determinadas leyes, sino su participación abierta en el debate político de forma insidiosa y, vuelvo a repetir, utilizando medios del Estado y utilizando los púlpitos. Todos sabemos cuál fue su posición y cuál sigue siendo, no de discrepancia
sino de ataque al matrimonio homosexual. Todos sabemos cuál es su posición en relación con la asignatura de religión, que la hay y la va a seguir habiendo. Quieren que tenga consecuencias para los que no queremos que nuestros hijos reciban
religión católica o tenemos una concepción de la sociedad distinta de la de ellos. Quieren que se pague por el erario público a profesores por ellos designados y que no se sometan al Estatuto de los Trabajadores y, en fin, señorías, muchos más
problemas. Por tanto, acabo ya, al margen de la actual situación conflictiva, pero precisamente por ella y porque las situaciones no pueden ser estáticas, o se avanza y se democratiza la relación con la Iglesia católica o retrocedemos.
Estamos por
avanzar, por el bien de la Iglesia, por el bien de las religiones y por el bien de la propia democracia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo de Coalición Canaria. Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señora presidenta, para decir que la materia objeto de esta moción consecuencia de interpelación que nos presenta Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en mi grupo ha sido
declarada de libertad de voto, voto en conciencia, y este diputado votará que no.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Vasco. ¿Fijará posición el Grupo Vasco, señorías? (Pausa.) Continuamos con el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Será el señor Cerdà quien fije posición. Adelante, su turno.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidenta, señorías, estamos de acuerdo, señor Herrera. Es un tema que está en la calle, que es de debate cotidiano, que está ahí incluso para muchos católicos practicantes que no tienen o que tienen vergüenza de lo
que recibe la Iglesia católica en detrimento de otras religiones o de otras creencias. Además es un tema que tiene un recorrido bastante largo, porque se trata de acabar con el privilegio de una entidad como es la Iglesia católica. Mire si viene
de lejos que ya
el régimen instaurado por el general Franco, que se autoproclamaba como nacionalcatólico, acabó con la voluntad democrática republicana de una definitiva separación entre la Iglesia y el Estado, así como con la supresión de los privilegios.
Mire si viene de lejos. En efecto, la Constitución de la II República española proclamaba en su artículo 26 que todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las
provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. La Constitución republicana establecía en este mismo artículo que una ley especial debería regular la total
extinción del presupuesto del clero en un plazo máximo de dos años y que deberían estar sometidos a todas las leyes tributarias. Este régimen nacionalcatólico, no obstante, decidió acabar con la voluntad democrática expresada en la Constitución
republicana y restaurar los privilegios de la Iglesia católica en todos sus ámbitos -político, social, económico, educativo-, determinando la configuración y el modo de ver -te guste o no- de varias generaciones. Fue después, en la llamada
restauración monárquica, también llamada transición democrática, cuando se intentó conciliar los posicionamientos al respecto pactando con los poderes fácticos del momento, como la Iglesia, y así, a pesar de que la actual Constitución española no
parece establecer privilegios al determinar en su artículo 16 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, los acuerdos con la Santa Sede mantuvieron y mantienen una serie de privilegios económicos, fiscales y educativos para la Iglesia católica.
Lejos de caminar hacia la limitación de estos privilegios, en los últimos años los gobiernos del Partido Popular más bien los han ampliado, introduciendo la enseñanza de la religión como asignatura troncal en las escuelas mediante la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación, exceptuando de fiscalización y control a las fundaciones de la Iglesia católica mediante la Ley de Fundaciones, creando condiciones especiales y favorables para las cajas de ahorro de la Iglesia católica en la Ley de la
reforma financiera y ampliando las subvenciones a las organizaciones católicas, como las de solidaridad o servicios sociales.
Menos mal que su reino no era de este mundo.
Vamos a centrarnos en los privilegios financieros y fiscales a los que alude la moción que debatimos. No vamos a entrar en debates sobre la suma que comporta la financiación del Estado a la Iglesia católica en detrimento de otras
confesiones o asociaciones no confesionales, que consideramos, dicho sea de paso, excesiva. Queremos centrarnos en un debate sobre el concepto y desde este punto de vista apostamos por tres ideas que queremos dejar claras: laicismo, transparencia
y fiscalización.
Laicismo que ponga punto final a los privilegios de la Iglesia. Estamos hablando de igualdad, ni más ni menos. El laicismo no es por definición antirreligioso. Es, efectivamente, un espacio de convivencia y de respeto entre
todas las creencias, sin privilegios para ninguna, e implica necesariamente la neutralidad del Estado como única garantía de la libertad, de la igualdad y de la pluralidad que se ha de esperar de un Estado de derecho. La transparencia debe primar
como principio rector de cualquier subvención que otorgue una Administración pública. La fiscalización tiene la finalidad de que las aportaciones del Estado se destinen a los proyectos espirituales y sociales para los que se han concedido. No se
puede, pues, consentir que la financiación de la Iglesia católica se destine a financiar manifestaciones que pretenden influir en la política del Gobierno, a emisoras de radio que pueden fomentar la intolerancia y el odio (Rumores.) o a inversiones
en Bolsa irregulares, de dudosa ética, como quedó patente en la Comisión de investigación de Gescartera en esta misma Cámara. Así, sobre estos pilares y en virtud del cambio sociológico e ideológico que se está produciendo, treinta años después de
que se firmaran los acuerdos con la Iglesia católica, es el momento de restablecer la neutralidad religiosa del Estado como valor democrático supremo. Jubilemos ya la transición, hagamos luz sobre la sombra del Concordato. Desde el Grupo de
Esquerra Republicana, tal y como hemos manifestado en numerosas iniciativas e intervenciones, consideramos que el Estado español debe ser verdaderamente aconfesional y caminar hacia un Estado laico en el que las creencias religiosas o no
confesionales formen parte de la esfera privada, apostando por la igualdad y no por los privilegios de ninguna creencia en concreto. De ahí que apoyemos su iniciativa, que además aplaudimos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señora presidenta.
No es cuestión de entrar ahora a fondo, pero, desde el respeto, expreso en cualquier caso la preocupación por algunas de las manifestaciones que se vierten cuestionando algunos aspectos básicos para mí. Yo no deseo jubilar la transición, la
transición tuvo defectos, pero si hoy estamos en esta Cámara discutiendo precisamente acerca de la oportunidad o conveniencia de establecer un nuevo sistema de financiación de la Iglesia, es gracias a la transición, y no solamente eso, sino otros
efectos que comportó la transición y la Constitución democrática que no todos votaron.
Quiero recordar, ya que se cita a personas en este debate, algo que escribió Jean Daniel, fundador y director de Le Nouvel Observateur. Decía que Francia estaba cada vez más deteriorada como nación porque fallaban los cuatro pilares
fundamentales de Francia, un país laico-: Iglesia, la Armada, sindicatos y escuela. La Iglesia debe respetarse y una gran mayoría entiende la
función social y pública que ejerce. No es simplemente la función de culto. Ya que hablamos de opiniones, estos días en los medios de comunicación personas distinguidas de la izquierda, algunos militantes de partidos de izquierda españoles
han expresado ese respeto a la función asistencial de la Iglesia y, por tanto, es un deber el que ejerce la Iglesia que de no ejercerlo ella ejercería el Estado. Me sorprende que se cite el coste de los conciertos escolares como subvención a la
Iglesia.
Lo que hace la Iglesia es aportar al erario público un ahorro, en tanto que todo el mundo sabe, y si no se debería saber, que la Iglesia atiende -informe del Ministerio de Educación- al 25 y algo por ciento de los alumnos en toda España y
recibe a cambio solo el 15 y algo por ciento del gasto en educación. Todo el mundo conoce la aportación de la Iglesia en la obra asistencial-sanitaria; todo el mundo debería saber que hay muchos centros de asistencia a enfermos del sida, centros
que administra la Iglesia; todo el mundo debería conocer otras aportaciones que en el terreno asistencial realiza la Iglesia.
No es cierto que la Comisión de Gescartera concluyera que hubo una malversación de fondos por parte de la Iglesia. La Comisión de Gescartera concluyó que la Iglesia, como otros clientes, había sido engañada, evidentemente sin perjuicio de
destacar una mala administración por parte de quien correspondiera, pero de eso a hacer generalizaciones desde luego es algo que nuestro grupo parlamentario no puede compartir.
En definitiva, se trata de respetar un derecho, que es el derecho fundamental a la libertad religiosa. Ese respeto no puede quedar simplemente como un derecho meramente formal; hay que garantizar también el derecho de manera real y social.
En cualquier caso, esa es la posición que lleva a nuestro grupo parlamentario a no aceptar ninguno de los puntos que propone el grupo proponente de la moción consecuencia de su interpelación. Esta concepción social y no meramente formal del derecho
a la libertad religiosa es la que está presente en la Constitución española, está presente en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, señorías, también está presente en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España.
Léanse los artículos 94 y 96 de la Constitución respecto a lo correcto en cuanto a tratados internacionales; léanse la Convención de Viena, de mayo de 1969, ratificada por España, y, en cualquier caso, léanse el acuerdo del año 1979, que no es
preconstitucional sino posconstitucional, y verán que no afecta ni al artículo 14 ni al artículo 16.2 de la Constitución española. Desde esa perspectiva, estamos de acuerdo en que se puede cuestionar el método de financiación de la Iglesia, pero de
ninguna manera podemos compartir ni tan siquiera aceptar, dicho sea con todo el respeto, que se presente a la Iglesia como alguien que está constantemente chupando o viviendo de unos privilegios especiales respecto lo que es gasto y, en cualquier
caso, recursos públicos. La Iglesia realiza, reitero, al erario público una significativa aportación social, que debe ser reconocida por el Estado como tal. Cosa distinta es que se cuestione el método que hoy se utiliza para su financiación. Es
la propia Iglesia la que desearía no recibir dinero directamente del Estado; es la propia Iglesia la que ha sugerido en más de una ocasión que se eleve el porcentaje del 0,52 por ciento que se dedica en la casilla del IRPF a un 0,8 por ciento, que
quienes creemos podemos destinar a la Iglesia católica, quienes creen en otra confesión religiosa podrán destinarlo a dicha confesión religiosa y quienes quieran hacerlo a otros fines sociales podrán hacerlo así. No compartimos tampoco que se
incluyan otras casillas: por qué dos, por qué no más, por qué no incluir también una casilla para aquellos que deseamos que se apoye a las familias y que se dedique parte del IRPF a la familia, y como esa otras tantas actividades. Por tanto,
estamos en contra de esta iniciativa, la respetamos y, en cualquier caso, valdría la pena un día profundizar en la búsqueda de un sistema alternativo, que la propia Iglesia demanda, para reconocer la aportación que realiza al gasto social del
conjunto de la sociedad española.
Gracias, señora presidenta. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Duran.
Continuamos con el turno de la señora Báñez en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición sobre esta moción relativa a la financiación de la Iglesia católica. Creo que para abordar este tema lo primero que tenemos que hacer es acudir a la
legislación vigente, donde nos encontramos con unos acuerdos de derecho internacional público entre el Estado español y la Santa Sede, de 1979, como decía el compañero Duran i Lleida (Rumores.-Risas.), posconstitucionales, y uno que se denomina
Acuerdo de Asuntos Económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.
Señorías, no sé por qué se ríen, porque somos todos compañeros en esta Cámara. Si ustedes no lo entienden así, allá ustedes.
(Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: En el artículo 2 de dicho acuerdo se señala, primero, que el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de
libertad religiosa. En el apartado segundo se señala que transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o del
patrimonio neto u otra de carácter personal por el procedimiento
técnicamente más adecuado. En el apartado cuarto se dice que en tanto no se aplique el nuevo sistema el Estado consignará en sus presupuestos generales la adecuada dotación a la Iglesia católica con carácter global y único, que será
actualizada anualmente. En el apartado quinto se dice que la propia Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Estos acuerdos fueron ratificados por esta Cámara con el
apoyo de los distintos grupos parlamentarios de entonces y mientras no se modifiquen nos vinculan a todos.
¿Qué ha pasado desde 1979? Hasta 1988 no se pone en marcha la campaña de asignación tributaria vía IRPF que se recogía en dicho acuerdo y es en ese momento cuando el Gobierno socialista de entonces decide en una ley de presupuestos, la de
1988, que el porcentaje de aportación será el famoso 0,5239 por ciento que persiste hasta hoy. ¿Qué balance podemos hacer desde entonces? Según los datos oficiales que posee el Ministerio de Hacienda, desde 1988 hasta 2003 el tanto por ciento de
contribuyentes que eligen a la Iglesia católica vía IRPF ha pasado del 50 por ciento en 1988 al 85,4 por ciento en el año 2003, datos que corrigen las imprecisiones que se dijeron en el debate de la interpelación; es decir, las aportaciones de los
contribuyentes vía IRPF se han ido incrementando año tras año hasta situarse en el 85,4 por ciento en 2003. Por el contrario, el complemento presupuestario directo vía Presupuestos Generales del Estado ha disminuido progresivamente en estos años,
pasando de 41 millones de euros en 1988 a 19 millones de euros en 2003. ¿Por qué se produce esta aportación complementaria vía presupuestos cada año? Porque como se recoge en el apartado cuarto del artículo 2, durante el proceso de sustitución la
dotación presupuestaria se minorará en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia católica, ya que, como se recoge en el punto primero, el Estado se comprometió entonces a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de
un adecuado sostenimiento económico.
No entraré, señor Herrera, en las afirmaciones gratuitas que hace usted sobre a qué dedica la Iglesia esos recursos, qué opinan los miembros de la Iglesia católica o cuáles son los supuestos privilegios que tiene, porque eso simplemente no
responde a la verdad, y tampoco entraré, señor Herrera, en la inmensa labor social que la Iglesia realiza, que además es impagable, como se ha dicho desde esta tribuna, y que por otra parte conocen muy bien todos los ciudadanos. Nada de
privilegios; simplemente la Iglesia se rige por los acuerdos suscritos con el Estado español que son conocidos por todos. Esta es la situación. El Gobierno de España está vinculado por los acuerdos internacionales que suscribe y está obligado a
su cumplimiento.
¿En qué momento estamos? La Ley 52/2002, de presupuestos para el año 2003, en su disposición adicional vigésima tercera, señalaba una prórroga por tres años. Dicha prórroga en 2005 se ha hecho por un año más y ahora toca, en 2006, que
atendamos al final de esa última prórroga suscrita, y caben dos opciones, o la prórroga o la revisión del sistema. ¿Qué pide el Grupo Parlamentario Popular? Con toda claridad, queremos que se respete escrupulosamente la legislación vigente, y lo
cierto en este tema y en este debate es que la financiación de la Iglesia está sujeta a un marco jurídico y que la revisión pasa por una negociación rigurosa y seria entre las partes.
Señorías, en España hay mucha sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, y cada una tiene un marco financiero propio y determinado y son ellos los que tienen que funcionar con libertad. No se puede
amordazar a nadie. Lo demás son comportamientos partidistas, demagógicos y oportunistas que, lejos de buscar una solución definitiva, buscan liar más este asunto mezclándolo con esa corriente falsamente laicista y manipuladora de ir por todo aquel
que opine en contra de lo que piensa el Gobierno.
Señorías, señoras y señores diputados, actualizar y revisar, se revisa lo que haya que revisar, siempre respetando la ley, pero hacer demagogia barata, manipular y amenazar a las instituciones no se lo perdonarán los ciudadanos, y el Partido
Popular no se va a prestar a ese juego; más bien al contrario, estaremos siempre para denunciarlo. Por tanto, el voto del Partido Popular a esta moción será negativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Báñez.
Finalizamos con la intervención de la señora Hermosín en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene S.S. la palabra.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señora presidenta.
Seguimos con este debate, aunque sea ya en su finalización, un debate que, desde luego, tiene interés, que se inició la semana pasada con la interpelación del Grupo de Izquierda Unida y que ocupa la atención de sectores de nuestra sociedad.
Por supuesto, es una moción absolutamente legítima y respetable, pero en su expresión literal, lo que conocemos, se aleja desde luego de la posición del grupo parlamentario que en este momento tengo el honor de representar. El marco de referencia
al abordar este tema no puede ser otro que la propia Constitución y los acuerdos que de manera soberana el Estado español tiene suscritos con la Iglesia católica. El artículo 16 de la Constitución garantiza, como sabemos, la libertad religiosa de
los individuos y de las comunidades. Igualmente, establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y menciona de manera particular las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y también con las demás confesiones religiosas. Es
verdad que la aconfesionalidad del Estado no puede ser un mero enunciado declarativo sino una consecuencia de principios y derechos fundamentales proclamados en nuestra Constitución y que están en la base de nuestra convivencia: la igualdad, la no
discriminación por razón de
religión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de culto. Por ello, podemos comprender alguna de las preocupaciones que están contenidas en los argumentos que ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida, pero desde luego no
creemos que el remedio, la solución a la situación en este momento esté en el tenor de esta moción. Más bien lo que se podría deducir de la moción es que tendríamos que cambiar el actual modelo de cooperación por otro de total indiferencia
religiosa del Estado sobre las religiones, que no encajaría bien en nuestra Constitución, y tampoco, como parece que puede deducirse de la moción, desarrollar con las confesiones no católicas un grado de cooperación que nos llevara a una
multiconfesionalidad de hecho; no queremos eso tampoco.
Creo que la solución debe ser introducir elementos para que realmente nos vayamos acercando a una aconfesionalidad real del Estado. Por eso no vamos a apoyar esta moción en los términos en
que se ha planteado.
Hechas estas consideraciones y respondiendo al punto cuarto, que es el núcleo duro de la moción, porque no tengo tiempo para mucho más, quiero decir con toda claridad que la denuncia de los acuerdos no entra en el horizonte de esta
legislatura, como reiteradamente ha mantenido ante esta Cámara el presidente del Gobierno, ni se contiene en el programa electoral del Partido Socialista. Los acuerdos con la Santa Sede son lo suficientemente amplios como para poder contemplar
cambios sustanciales en la forma en que se han venido desarrollando o aplicando. Lo tenemos en los propios presupuestos generales para el año que viene, donde el acuerdo económico va a ser prorrogado, no sé exactamente cómo va a quedar, pero tiene
plazo, se prorroga un año solamente. Por eso, con esta medida no se pretende perpetuar el actual modelo, que es transitorio y que tiende a la autofinanciación del culto, sino que se pretende disponer del tiempo suficiente para clarificar y mejorar
el sistema acercándolo a la consecución de ese objetivo propio del Estado aconfesional que nuestra Constitución en su espíritu propugna. Este proceso, como no puede ser de otra manera, requiere la apertura de una negociación con la Iglesia católica
que permita llegar a un nuevo acuerdo económico para el bienio 2007-2008. Lo que habrá que revisar, pues, no son tanto los acuerdos sino el modelo, que es transitorio y hay que revisarlo, como digo, para adecuarlo a los propios objetivos de los
acuerdos, que son la autofinanciación del culto. Para ello sí que es imprescindible generar un clima de confianza y de mutua lealtad institucional con la Iglesia católica que permita desde la negociación y el acuerdo llegar a soluciones dialogadas,
adecuadas y asumibles. Lo que en ningún caso puede ponerse en duda -así lo quiero dejar claro en esta Cámara- es que dichos acuerdos y soluciones a las que se puedan llegar se harán en el ejercicio de la obligación constitucional impuesta al Estado
de colaboración y cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones religiosas. Para llevar a cabo esta negociación tendríamos que contemplar, desde mi punto de vista, todo el conjunto de aportaciones que el Estado y las comunidades autónomas
hacen hoy día a la Iglesia católica, incluidas las exenciones fiscales directas e indirectas, y, por otro lado, valorar, que creo que nunca se ha hecho con rigor, igualmente las aportaciones que la Iglesia católica y sus instituciones hacen a la
sociedad. A partir de ahí creo que la Iglesia católica y el Estado español ganaríamos en libertad si pudiésemos diferenciar las contribuciones que van a obras sociales y culturales y las que se aplican directamente al sostenimiento del culto
propiamente dicho. Esta vía, que lógicamente tendremos que explorar, nos facilitará sin duda una mejor y más correcta aplicación del principio de igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución respecto a las demás confesiones socialmente
significativas en nuestro país. Por todo ello, no coincidimos con los planteamientos que hoy trae Izquierda Unida y no vamos a apoyar esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Hermosín.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CONFLICTO DE INTERESES Y LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LOS QUE HA INCURRIDO UNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000100.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al debate de la siguiente moción consecuencia de interpelación, que lo es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la
libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno. Tiene la palabra para la defensa de dicha moción el señor Martínez-Pujalte. Adelante, señor Pujalte, su turno.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías -muchas gracias, señor ministro, por su presencia-, mi grupo ha presentado una moción en la que reprobamos al ministro de Industria por el demostrado conflicto de intereses y por
los reiterados ataques antidemocráticos a medios de comunicación y a profesionales del periodismo. Además, creemos que sería conveniente, por la salud democrática de este Parlamento, crear una comisión de investigación del caso Montilla.
Está absolutamente contrastado que el PSC, siendo primero secretario de organización y posteriormente primer secretario el señor Montilla, recibió un trato de favor de una entidad financiera. (Rumores.) El PSC estuvo con un crédito vencido
y sin pagar más de una década.
Posteriormente renegocia ese crédito, le bajan espectacularmente los intereses y le condonan más de 1.000 millones de las antiguas pesetas (Fuertes rumores.), y eso a pesar de que el PSC tenía capacidad
económica suficiente. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Cuando se publican los informes primero dicen que es mentira. Luego se ha demostrado que es verdad y los que mentían eran los que acusaban a otros periodistas de mentir. Después dicen que era práctica
habitual. Y todavía estoy esperando que algún ciudadano diga que se lo han hecho a él. Y, en tercer lugar, dicen que es un problema de todos. Ahora estamos hablando de un crédito que le dan al Partido Socialista de Cataluña, y si quieren hablamos
del pasado, de hace 10 años o de hace 15, y hablamos de financiación ilegal y de quién ha ido a la cárcel y de qué partido era, pero creo que eso ya se ha pasado.
(Aplausos.) Hoy estamos hablando de la responsabilidad del señor Montilla en la
función que ahora desempeña.
Quiero hacer algunas consideraciones. Primera, el señor Montilla vulnera los artículos 7 y 10 de la Ley de órganos reguladores de cajas de ahorros, de la Ley catalana de cajas de ahorros y de los estatutos de La Caixa, porque, encontrándose
en situación de morosidad su partido, del que era responsable, no dimite. Además, la Ley del Mercado de Valores señala como falta muy grave, en su artículo 10b), que no figure en la memoria de la caja de ahorros las condiciones del crédito o que se
haga de forma engañosa. Y se hace de forma engañosa, porque no figura ni renegociación, ni bajada de tipos de interés, ni condonación. En tercer lugar, se ha vulnerado el artículo 5.3b) de la Ley de financiación de partidos políticos.
Siendo esto grave, señorías, lo más grave es que el señor Montilla, desde que es responsable del ministerio, ha tomado medidas -más de 20 tengo aquí- que favorecen a la entidad financiera que le condonó el crédito o a las empresas de su
entorno. Voy a decir algunas, solo algunas, porque no hay mucho tiempo. El Gobierno ha subido reiteradamente, con la firma del señor Montilla, las tarifas de gas, que suponen un incremento de más del 50 por ciento de promedio desde el pasado mes
de enero. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Han supuesto un ingreso adicional para los comercializadores de gas de 82,7 millones de euros, más de 14.000 millones, y le recuerdo, señor Montilla, que esa empresa, Gas Natural, tiene una
cuota de mercado del 84,5. Mientras que la empresa mejora sus beneficios un 17 por ciento y su volumen de negocio en más del 30, autorizan subidas perjudiciales para pymes y consumidores de más del 50.
Se ha limitado en el real decreto-ley de
competitividad, que usted votó favorablemente, la capacidad de transferencia del mercado libre al mercado de tarifa a las empresas, beneficiando a la empresa distribuidora y perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. Lo ha denunciado, por
ejemplo, el sector azulejero, que dice que usted beneficia a algunos y pone en riesgo el empleo. Una orden firmada por usted, la 103/2005, ha permitido el trasvase de gas en las plantas de regasificación para su venta en el mercado libre. Es
decir, el contrato que consigue el Gobierno Socialista, por cierto, (Rumores.) de Argelia, para beneficiar a familias y pymes, por una decisión suya, señor Montilla, permite a las empresas que lo venda en el mercado libre, obteniendo cuantiosos
beneficios y sin embargo obliga a las familias y a las pymes a soportar esos incrementos de tarifas. (Rumores.) Se ha permitido, señor Montilla, hacer inversiones a la empresa en otros sectores e incluso aumentar su volumen de endeudamiento cuando
hay comunidades autónomas en las que el gas no llega ni al 6 por ciento de los hogares; exactamente al 5,7 en Extremadura, al 7,2 en Andalucía, al 10,6 en Galicia o al 10,4 en Murcia.
Señor Montilla, usted, además, ha permitido con otras medidas subir el gas butano a otra empresa ligada a esa empresa, con un beneficio de 54,5 millones, con subidas muy por encima del nivel del IPC. A usted, señor Montilla, se le han
condonado créditos, ha cometido ilegalidades (Rumores.) y da trato de favor a las empresas que le han condonado el crédito. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio! Vaya terminando, señor Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No he querido hablar de dar facilidades a la OPA, porque eso lo saben todos. Ha nombrado a amigos. (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sí, ha nombrado a amigos en órganos reguladores. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Señorías, silencio, por favor!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Enfádense, enfádense, señorías. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio! Señor Pujalte, disculpe un momento.
¡Señorías, por favor, silencio!
Señor Pujalte, por favor, vaya terminando. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy a ir concluyendo, señora presidenta.
Han colocado a amigos en órganos reguladores. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Señorías!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Han aumentado el precio de los productos de la empresa opante y han congelado los precios de la empresa opada y además están poniendo todos los medios para que esa empresa gane. Les voy a leer una cosa y
acabo, señor Montilla. (Rumores.) Ustedes querrán que se la lea, es un periódico.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Para terminar, por favor, señor Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Y acabo.
¿Cuál es la actitud del Ministerio -esté atento, señor Montilla, porque es interesante- de Industria frente al encarecimiento de las tarifas? Y responde: Con el Ministerio de Industria había una buena sintonía en temas como la aplicación
del protocolo de Kioto o la reciente firma de un convenio para el desarrollo de nuestra competitividad, pero en el caso del gas hemos advertido que todos los movimientos que está ejecutando el ministerio son contrarios a los intereses de los
pequeños y medianos consumidores industriales. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Señorías, por favor!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Las decisiones que usted está tomando, señor Montilla, están contaminadas. Esto no lo digo yo, lo dice el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Cerámica.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Pujalte, termine, por favor. ¡Señorías, silencio!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Blanco y en botella. Por salud democrática, señor Montilla, usted debería dimitir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pujalte.
Continuamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones.
Comenzaremos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Mixto y tiene para ello la palabra el señor Rodríguez. (Rumores.)
¡Silencio, señorías, por favor! (Pausa.)
Vamos a intentarlo, señor Rodríguez. Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego se va a posicionar contrariamente a esta moción del Grupo Parlamentario Popular y lo va a hacer porque nosotros hacemos un análisis político. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Señorías, por favor! ¡Señor Madero, por favor! (El señor Madero Jarabo hace gestos negativos.) Señor Padilla, disculpe.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nosotros hacemos un análisis político de la situación en base a tres factores. El primero de ellos es el uso del tema del nuevo Estatuto para Cataluña como arma de agitación para provocar miedo con la tesis de
la desmembración de España y con todos los prejuicios adherentes a la visión de Cataluña desde la españolidad más tradicional e intolerante. El segundo de ellos es la guerra entre las oligarquías por la conformación de conglomerados
trasnacionalizados, oligopólicos, en particular la que se evidenció en relación con la OPA de Gas Natural-Endesa, pero no la única. Por cierto, Endesa, una empresa privatizada que recuerdo perfectamente cómo fue privatizada y cómo se colocaron al
frente de ella todos los amigos del Partido Popular. Sin duda, operación legítima, que yo respeto, pero que no comparto. Por lo demás, pensamos que el tercer elemento es la apuesta por la involución ideológica, por la oposición frontal a las
reformas del Gobierno en materia de derechos civiles, a los que ya nos referimos muchas veces, con la colaboración impagable en este caso de la Iglesia católica y siempre, en los tres casos, con la colaboración impagable de muchos medios de
comunicación. Sin duda, hay más crispación en los medios de comunicación que en la sociedad, pero, señorías, está claro que en la sociedad cada vez habrá más crispación si muchos medios de comunicación siguen actuando como lo hacen. La mayor parte
de esta posición del Grupo Parlamentario Popular está determinada por la OPA de Gas Natural a Endesa, que puede ser discutible desde muchos puntos de vista, pero que no se puede sustentar como un arma exclusivamente política de una parte y no
política de otra, porque sería exactamente igual defender la posición de Endesa, al frente de la cuál está un conspicuo personaje favorable a la españolidad más rancia y más agresiva. Por cierto, por primera vez, cuando hubo esta OPA, se acordó de
Galicia y de ir a visitarla diciendo que prometía el oro y el moro, después de habernos tenido abandonados durante muchísimos años.
Les digo esto porque está claro que en la moción hay algo que no podemos compartir. Otras cosas pueden ser dudosas o discutibles, pero hay una cosa que no se puede compartir, que es el odio, el insulto personal, lejos de toda actitud
democrática e incluso diría cristiana, que adoptan muchos medios de comunicación y en especial algunos medios radiofónicos.
(Aplausos.) Si uno legítimamente se defiende de esos ataques políticos, tiene todo el derecho a hacerlo. No es nada
inaudito atacar cuando le atacan y en este aspecto, en la balanza, desde el punto de vista de la dignidad personal y del respeto a las personas
y las ideologías, observo una diferencia cualitativa a favor de una parte que no voy a citar. En todo caso, es llamativo y a mí me sorprende que nada menos que una autoridad como el señor Caruana se baje a participar en política, nada menos
que un hombre que tiene el exclusivo deber de ser una entidad reguladora vinculada a la Unión Europea y solamente para política monetaria. Esto sí que me asusta y por tanto considero normal que un ministro del actual Gobierno pueda decir que el
gobernador del Banco de España agradece los servicios prestados a quien lo puso, el Partido Popular. Exactamente. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Igual que si se afirma que el Grupo Parlamentario Socialista o el PSOE coloca a sus hombres en las empresas que hoy tienen una gran importancia transnacionalizada y que antes fueron empresas públicas. Señorías,
recordarán que nosotros, cuando debatimos la proposición de ley de Esquerra Republicana, hicimos ver a toda la Cámara que el problema no estaba en la corrupción personal a la hora de financiar los partidos políticos, sino que estaba en la
dependencia de los créditos bancarios que se condonaban. Por cierto, a unos partidos, sí; no a todos. A nosotros nunca nos condonaron un solo crédito y eso que los tenemos muy pequeños. (Rumores.) Esto es un problema que afecta a todas las
fuerzas políticas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Igual que las donaciones, que también afirmamos que debían hacerse siempre con transparencia. Y estuvimos en contra de la posición de que fueran limitadísimas a unas cantidades muy bajas, como decía Esquerra
Republicana.
Señora presidenta, con insultos y descalificaciones que llegan a la violencia moral y al desprecio físico y psicológico por las personas no van a contar con nosotros para nada. Es normal que haya debate político, pero también es normal que
uno se defienda de las mentiras, de las medias verdades, de las verdades contadas de una determinada manera fuera de contexto o de las manipulaciones groseras. Cuenten con nosotros si quieren cambiar el sistema financiero español y su control para
que cumpla una función social, cuenten con nosotros para que se respete el derecho a réplica en los medios de titularidad pública y privada; por cierto que buena falta hace. Hay muchos que nos vemos indefensos para defendernos de cualquier tipo de
ataque, porque no nos publican ni siquiera las cartas de réplica que podemos escribir. Pero no cuenten con nosotros para legitimar una política que en este momento para nosotros es claramente antidemocrática por los métodos que utiliza y porque
está basada en atacar la falta de coherencia del partido en el Gobierno, apoyándose en los poderes fácticos y en los estereotipos y los prejuicios no destruidos en estos años de democracia que no rompieron con una forma unilateral e intolerante de
concebir España. Pero si ustedes quieren que vuelvan las empresas privatizadas al sector público, también van a contar con nuestro apoyo, por una cuestión fundamental. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Porque es fundamental como sector estratégico de la economía. Pero no cuenten con nosotros para una liorta partidaria, porque, teniendo responsabilidades -y no las negamos- y cuestiones discutibles, sería
guiarnos por algo que va con unos objetivos totalmente distintos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La desestabilización antidemocrática del actual momento político en el Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señora Navarro, ¿será usted quién fije posición en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds? (Pausa.) Tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario anuncia el voto en contra de la moción presentada por el Grupo Popular. Por ahora no triunfan, señorías del PP. (Rumores.) Se trata de una moción que confunde debates de manera interesada y que se enmarca en esta
estrategia del todo vale para desgastar al Gobierno, sin que exista una argumentación rigurosa, sino mucho ruido que algo queda.
Nuestro grupo parlamentario presentó una proposición de ley para regular de manera más exhaustiva y restrictiva los conflictos de intereses y las incompatibilidades de los parlamentarios, miembros del Gobierno y los altos cargos de la
Administración del Estado. El Partido Popular, por supuesto, la votó en contra porque no le interesan restricciones a sus relaciones entre el mundo económico empresarial y los cargos políticos.
Lo más sorprendente es que ustedes, que siempre están
en ese lado, vengan aquí de la mano, como hicieron la semana pasada, del protagonista permanente de escándalos diarios de corrupción, directa o indirectamente, como es el señor Zaplana, quien presuntamente regaló
a su amigo Julio Iglesias 900 millones de pesetas distribuidos en paraísos fiscales y que está relacionado presuntamente con facturas falsas de Terra Mítica, que estamos pagando todos los valencianos.
(Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora NAVARRO CASILLAS: Todo es siempre a costa del contribuyente valenciano. El protagonista de todo esto viene a erigirse aquí ¿en nombre de qué, señorías del Partido Popular? La verdad es que a nosotros no nos entusiasman las
condonaciones de intereses bancarios ni las renegociaciones de deudas, pero está bien claro que a ustedes no les preocupa porque las conocen muy bien puesto que las utilizan muy a menudo. Nos traen una reprobación al ministro Montilla sin ningún
pudor y de manera totalmente oportunista. Nosotros sencillamente reclamamos transparencia máxima y control en estas operaciones, pero para todos, también para ustedes. Más increíble nos parece aún tratar de establecer una relación causa-efecto
entre financiación y un tema muy distinto, que incluso responde a otros tiempos políticos, como es el de la OPA en el sector energético. No pasamos por ahí, señorías del PP, ni vamos a dar aire a estas teorías de la conspiración a las que nos
tienen, más que acostumbrados, aburridos.
Finalmente, nos parece una burla la pretendida reprobación relacionada con supuestos ataques a la libertad de prensa y libertad de expresión. En esto desde luego ustedes no pueden venir aquí a dar lecciones. (Rumores.) Desde luego que no.
Nosotros defendemos firmemente la libertad de expresión, pero no de forma oportunista sino para todos y en todos los casos, con el único límite que establecen nuestras leyes cuando se trata de calumnias o injurias punibles penalmente. El Partido
Popular cree que la libertad de expresión es solo para aquellos que cuestionan el Gobierno y a los socios del Gobierno, a los grupos que les apoyan. La libertad de expresión también es nuestra y de cualquier ministro. Pueden opinar, y más cuando
se trata de responder a opiniones sobre su gestión. Hoy por hoy, como no debe ser de otra manera, hay diversidad de opiniones a diario, hay incluso una batalla mediática y hay confrontación política, pero no creemos que se haya cercenado la
libertad de expresión de nadie, sino que muchos faltan al respeto, insultan al amparo de un derecho tan fundamental contaminando nuestra democracia y demostrando día a día que están cargados de odio. Por ello a nosotros sencillamente nos dan pena,
lástima, porque es gente cargada de odio. Eso es lo único que nos inspiran. Ustedes pretenden que los insultos y manipulaciones atroces de la realidad queden sin respuesta, réplica o contradicción. Nosotros, como cargos públicos, estamos sujetos
a esta crítica. Nuestras opiniones trascienden a lo público y deben ser objeto de debate, algo positivo por salud democrática, pero también tenemos libertad de expresión y la obligación de rebatir determinadas informaciones e insultos por higiene
intelectual y democrática, y por eso rechazamos su moción.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
Continuamos con el turno del señor Beloki. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Disculpe, señor Beloki.
Señor Martínez-Pujalte, ¿por qué artículo me pide usted la palabra? (Rumores.-El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.)
Señorías, silencio. Señor Padilla, por favor, otra vez no.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Artículo 71, por alusiones a un diputado ausente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Como usted sabe, señor Martínez-Pujalte, eso solo lo puede hacer el diputado que podría estar presente y no lo está. Es así, léase usted bien el Reglamento.
(Aplausos.)
Adelante, señor Beloki. Su turno.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, tampoco mi grupo va a apoyar la moción que, como consecuencia de la interpelación urgente presentada la pasada semana con el enunciado de: Sobre el conflicto de intereses y los ataques a
la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno -que eso decía textualmente la interpelación-, ha presentado hoy el Grupo Popular. Nosotros también vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra porque, dicho
resumidamente, no queremos apuntarnos ni a una ceremonia de la confusión, ni a la desmesura por la desmesura, ni al todo vale. La moción que hoy debatimos constituye, a decir verdad y a nuestro entender, un cierto paradigma de todos. Lo
lamentamos, porque con esta actitud, lejos de posibilitar y promover un debate sobre problemas como los que formalmente enuncia el Grupo Popular -un supuesto conflicto de intereses y cómo se resuelve ese conflicto en función del interés general y un
hipotético ataque a la libertad de expresión-, se consigue justamente lo contrario de lo que se dice perseguir. Se alude a supuestos intereses particulares que se defenderían desde un lado y se hace en nombre de otros intereses no menos
particulares y en no menor contradicción en su caso con el interés general. Se alude a un supuesto ataque a la libertad de expresión y se le contrapone una libertad, al parecer absoluta para algunos, que no tiene por qué sujetarse a nadie, lo cual
puede ser normal, pero tampoco a nada, ni siquiera a un mínimo código deontológico a la hora de informar.
Mi grupo a eso no juega. No sé cuál es el interés político que puede hacer pensar a alguien que actuar en estos
términos, con esta desmesura, con esta ceremonia de la confusión, con este todo vale, puede merecer la pena.
Mi grupo tiene experiencia reciente de lo que es padecer esto en carne propia. Sabe qué significa estar sometido a un acoso y derribo desmesurado, yo diría que incluso más desmesurado que este que ahora vivimos, porque en aquella ocasión
los que hoy pueden estar de acosadores y acosados competían a ratos contra nosotros y por supuesto, en el campo mediático no había prácticamente ninguna excepción, todos iban al acoso y derribo, un acoso y derribo constituido en una enorme y excelsa
ceremonia de la confusión, un acoso y derribo en el que todo valía, todo, prácticamente sin límites. Todo ello era en nombre del interés general -se decía-, en nombre de la libertad y en nombre de conceptos generosos y excelsos, como pueden ser los
del patriotismo constitucional. Así se argumentaba, pero la realidad era otra; lo que se perseguía era simplemente desalojar del poder -un auténtico acoso y derribo- a quien con todo derecho lo ocupaba. Hay que reconocerlo, es lícito perseguir
este objetivo; era lícito allí y entonces y es lícito aquí y ahora, pero jamás, al entender de mi grupo, justificará la desmesura, la arbitrariedad, la ceremonia de la confusión y el todo vale que se practicó con nosotros y que ahora se practica
aquí, de forma que lo que entonces dijimos que era injusto con nosotros, ahora decimos que es injusto con aquel a quien se le aplica. No lo quisimos para nosotros, no lo queremos para nadie, no lo queremos en absoluto en ninguna ocasión.
Porque no
hay beneficio particular que merezca la pena hacer eso ni hay beneficio particular que pueda contraponerse a las pérdidas que ello provoca en todos los órdenes y muy principalmente en el plano político.
No sé si alguien, algún grupo político, gana,
no sé qué gana y no sé a qué plazo gana qué, pero es seguro que todos perdemos y mucho. No solo en el plano político; también se generan pérdidas en el plano económico, no menos preocupantes, donde con enorme ligereza e injusticia se someten
legítimos intereses económicos privados a un vendaval político partidario. En general se pierde en el plano social, donde la perplejidad de los ciudadanos alcanza límites absolutamente incompresibles. Nuestro no a esta moción es un no a todo esto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Beloki.
Señorías, continuamos con el turno del Esquerra Republicana de Catalunya.
Para ello tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, están en el uso de la palabra.
Señor Puigcercós, disculpe. (Rumores.) Adelante.
Señorías, por favor.
Adelante, señor Puigcercós, lo intentamos.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, hasta hoy el Partido Popular nos había ofrecido muestras de lo que podíamos llamar pensamiento binario, es decir, bueno-malo, creyente-infiel, español-mal español, constitucionalista-no
constitucionalista, nacionalista-no nacionalista.
Hoy hemos podido ver una sofisticación del sistema (El señor Hernando Fraile: ¿Cómo?), es decir, el silogismo. Si uno tiene relaciones y pide créditos a una entidad de ahorro, a un banco, o
intenta renegociar una deuda acumulada de los años setenta, donde había unas leyes fatales de financiación de partidos políticos, mucho peor que la vigente, cuando se renegocia esto y esta entidad de ahorro o banco tiene participaciones industriales
y esas participaciones industriales llevan a cabo o lanzan una OPA, ergo, tenemos hoy planteada esta moción. Es el silogismo y el silogismo tiene reducciones al absurdo.
Señoras y señores diputados del Partido Popular, llevar este esquema a situaciones como el señor Martín Villa al frente de Endesa, llevar este esquema a situaciones como el señor Pizarro al frente de Endesa, o un compañero de pupitre al
frente de Telefónica. (Aplausos.) Siempre nos hemos preguntado: ¿Cuántos compañeros de pupitre había en esa clase? (Risas.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Pujalte.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: No sabemos si había la masificación de las aulas que hay hoy en día, por eso hemos hecho una ley a favor de la escuela pública; no lo sabemos. (Aplausos.)
Señoras y señores del Partido Popular, sinceramente les han faltado cuatro años para bloquear y cerrar a cal y canto el sistema. Ustedes seguirían mandando económica y financieramente este país si no hubieran perdido las elecciones del 14
de marzo. Les han faltado cuatro años para quitar de en medio las golden shares, las acciones de control de sectores estratégicos en materia de telecomunicaciones y de energía. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se
perciben.-Rumores.) Y ahora, cuando vienen condiciones de igualdad y de mercado, ustedes no juegan. Se van a acordar perfectamente de cómo tramitó la Comisión de la Energía, cuando ustedes colocaban a sus amigos al frente de la Comisión de la
Energía, la OPA de Gas Natural a Iberdrola. Usted sabrá qué relaciones laborales y profesionales había tenido con Iberdrola el consejero que tramitó esa OPA. Si esto no puede generar también un silogismo, no sé qué usos hacen ustedes de la lógica
aristotélica. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señoras y señores del Partido Popular, les han faltado cuatro años para mantener y consolidar su alta concentración
de poder. Incluso intentaron concentrar más poder en medios de comunicación. Al final los accionistas de este grupo de telecomunicaciones les tuvieron que decir basta. Basta de intentar concentrar la opinión pública en pocas manos, basta
de concentrar el poder económico y financiero en pocas manos. Fíjense ustedes qué pasa cuando, además de llevar a cabo este satánico silogismo, andan además catalanes por en medio. (Risas.) Ya está servida una historia terrible.
Para ustedes
todos los catalanes son sospechosos, excepto los que son del Partido Popular, que también los hay. (Protestas.-Aplausos.-El señor De Luis Rodríguez: ¡No señor! ¡No señor!) Fíjense ustedes qué diferencia con otra OPA que hemos visto estos días de
un grupo de construcción ante un grupo energético de Galicia. No ha pasado nada. Un 35 por ciento de cuota de este grupo eléctrico, y no ha pasado nada. (Un señor diputado: Porque no estaba implicado Montilla.) Esta es la diferencia cuando hay
catalanes de por medio y cuando no los hay. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sinceramente creo que aquí lo que hay es un intento de seguir manteniendo el poder pese a que las urnas se lo quitaron el 14 de marzo. Este es
el debate, y ustedes no piensan aceptarlo. (Aplausos.) Señoras y señores del Grupo Popular, en democracia no vale todo. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Ustedes tienen que aceptar el papel de las instituciones, y el
debate lo tienen que traer aquí, no basarse en medias verdades, insinuaciones y silogismos, que, repito, son muy pobres, y la filosofía ha avanzado lo suficiente para no recurrir a esta formulación y al silogismo, sino a la lógica. (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha
incurrido uno de los miembros del Gobierno, por las siguientes consideraciones y por los siguientes motivos.
Señorías, en primer lugar, porque el estilo de Convergéncia i Unió es un estilo totalmente diferente al de ustedes, señores del Grupo Popular, que hoy están en la oposición, como también es diferente del estilo que tenía el Partido
Socialista cuando estaba en la oposición. Son dos maneras de actuar totalmente diferentes. Nuestra manera de posicionarnos por completo diferente a la que ustedes practican cuando están en la oposición, ya que buscan únicamente unos mecanismos
como la reprobación y las comisiones de investigación con el único objetivo de desgastar al Gobierno de turno. Señorías, la posición de Convergència i Unió ha sido siempre la misma; nunca hemos planteado una reprobación a un miembro del Gobierno,
nunca hemos presentado una propuesta de comisión de investigación y nunca las hemos votado favorablemente. Señorías, la reprobación es un mecanismo que no está previsto en la Constitución; el único mecanismo legal que prevé la Constitución si uno
quiere reprobar a un ministro o si un grupo parlamentario pierde la confianza en un ministro del Gobierno es la moción de censura, mecanismo que, como digo, sí está previsto constitucionalmente. En este caso la moción de censura se plantea al
presidente del Gobierno y se propone un candidato alternativo, pero, como digo, nosotros nunca hemos creído que la reprobación o la creación de comisiones de investigación fuesen los mecanismos más satisfactorios para tratar temas como los que hoy
discutimos en esta Cámara. Estas son algunas de las cuestiones fundamentales por las que nosotros vamos a rechazar esta moción, en la que se plantea una reprobación al ministro Montilla, la creación de una investigación por diferentes aspectos que
ha explicado perfectamente el portavoz del Grupo Popular, así como una inhibición. Nosotros entendemos que estos tres ámbitos están perfectamente delimitados por organismos independientes del Estado, por organismos reguladores y por el Tribunal de
Cuentas.
Nos gustaría hacer algunas consideraciones al ministro Montilla. Señor ministro, en la federación de Convergència i Unió no somos personas viscerales, somos fieles a nuestros principios y obramos en consecuencia, de acuerdo con nuestra
conciencia y nuestra responsabilidad.
Probablemente, señor Montilla, en las mismas condiciones, en Cataluña, ustedes habrían actuado de forma diferente: Habrían pedido nuestra dimisión, probablemente habrían votado nuestra reprobación. En una
palabra, señor ministro, creo sinceramente que ustedes habrían criminalizado políticamente nuestra actuación al máximo nivel. Nosotros, señor ministro, como he dicho al principio de mi intervención, queremos hacerle notar solamente nuestro talante,
nuestro estilo, nuestra forma de actuar, que siempre ha sido la misma. Tanto cuando ustedes estaban en la oposición, como cuando estos señores estaban en el Gobierno y en la oposición, nuestra conducta ha sido siempre la de abstenernos en estas
circunstancias, ya que nosotros entendemos, señor ministro, que de lo que a usted se le está acusando en estos momentos, el planteamiento que hace el Partido Popular hacia su persona y hacia su Gobierno, es injusto y está totalmente injustificado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ministro Montilla, hoy hemos podido ver en esta Cámara, como otras veces, la división en dos de este hemiciclo. Por una parte, la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, alineados en torno a una manera
positiva de hacer política, contrastando, debatiendo, llegando a veces a acuerdos, y cuando no llegamos a acuerdos, intentando también seguir trabajando en un horizonte de futuro de convivencia y progreso. Por otro lado, tenemos un solo grupo
parlamentario, instalado en la destrucción del adversario -al que se trata como enemigo-, instalado en un sentido de la propiedad del país y de la verdad absoluta, que lo lleva a la descalificación de todo aquel que ose contradecirlo, y no digamos
cuando, encima, se osa ganarle unas elecciones, porque en aquel momento empieza la cruzada de expulsión del Gobierno del atrevido, que pasa a ser considerado un usurpador de aquello que ellos creen que les pertenece por derecho. (Aplausos.) Y para
conseguir esa expulsión, se utilizan todos los instrumentos que se tienen a mano, da lo mismo el respeto a la verdad, el respeto a las instituciones o, simplemente, a aquellos a quienes representamos hoy aquí, porque el objetivo está claro y los
medios utilizados para conseguirlo los tenemos todos igualmente claros. Una muestra clara de lo dicho es la moción que hoy nos presenta el Grupo Popular. Se crea un falso caso a partir de una situación que se puede uno explicar tanto como quiera:
desde el Gobierno, desde las empresas, desde las instituciones. Da lo mismo, el dato no interesa, la argumentación no se escucha, el PP y sus acompañantes van a lo suyo y a su objetivo. Y se invocan para ello conceptos tan serios como el de la
libertad de expresión, de los cuales me permitiré darles algunos ejemplos, en los que voy a dejar de lado las lindezas que desde el Grupo Popular se han dedicado al presidente del Gobierno o al ministro Montilla, entre otros miembros del Partido
Socialista. Por ejemplo, un dirigente popular que ha pedido que el presidente del Gobierno sea acusado por delito de alta traición.
Siempre según el PP, la libertad de expresión se ejerce cuando uno dice que el PSOE quiere romper España, cuando se dice que la Cataluña dibujada en la reforma del estatuto es una dictadura o cuando se dice, refiriéndose a una información de
algún otro medio: No sé si nos quieren asesinar, les falta poner la diana, como hacen los etarras. José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla son los que dirigen la operación. Esa es la libertad de expresión que el Partido Popular defiende
(Aplausos.), por ejemplo, cuando se llama al presidente del Gobierno masón de provincias.
No sé dónde está el insulto si en masón o en ser de provincias. Yo soy de provincias, y estoy muy orgullosa de ello. (Aplausos.) Sin embargo, no acaban aquí las cosas. Es libertad de expresión, por ejemplo, llamar al señor Pérez Rubalcaba
pérfido, (Rumores.) o cuando se dice aquello de que la serpiente del paraíso a su lado es un gusano intransitivo. Libertad de expresión. O cuando al señor Duran Lleida -siento que no esté aquí porque para él también hay- se le llama síntesis de
todas las inmoralidades. O cuando dicen que el señor Carod-Rovira quema católicos en la puerta de la iglesia. O que el señor Bargalló es un terrorista. Y así podríamos seguir y no podría olvidar, pero tampoco las podría resumir, las libertades de
expresión dedicadas al Gobierno vasco o al PNV, pero no me cabrían los ejemplos. Pues bien, cuando alguien, sin necesidad de esconderse detrás de falsos frailes ni esconder su opinión, dice pura y simplemente que esto es una amoralidad,
inmediatamente es acusado de querer coartar la libertad de expresión. Para ustedes es su concepto de la libertad de expresión, para nosotros es la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, que dice que por el Convenio de Derechos Humanos se puede
proteger el derecho de la prensa a exagerar y a provocar, pero no a pisotear la reputación de los individuos. (Aplausos.) No querría acabar sin contestar la petición de creación de una comisión de investigación, porque no son ni originales. Esta
no es la primera vez que sucede.
Ustedes, algunos de los todavía aquí sentados, se inventaron en el año 1996, recién llegados al Gobierno, la infamia y la calumnia de que el Gobierno socialista había distraído 200.000 millones de pesetas para
dárselas a sus supuestos amigos. La comisión de investigación demostró la falsedad de los datos, pero sirvió para algo: para demostrar esa falsedad, para que alguno siga sentado en esos bancos dirigiendo el Grupo Popular y para que alguna llegara
a presidenta de la CNMV. Claro que no hay que olvidar que esa petición de ese grupo viene de un grupo que ha ido arrastrado a la Comisión del 11-M y no ha aceptado las conclusiones porque no le daban la razón. Sin embargo, ustedes no quisieron
nunca investigar ni el Prestige ni el Yakolev-42 porque no les interesaba.
(Rumores.) ¿Saben, señorías del Grupo Popular? Eso tiene un nombre, eso es hipocresía y cinismo. Y esto se lo reservamos para ustedes, no los vamos a seguir. Por si se me
había olvidado, vamos a votar en contra de la moción del Grupo Popular. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNVY), RELATIVA A LAS DISFUNCIONES QUE LAS REFORMAS INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PROVOCA EN EL GOBIERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
(Número de expediente
173/000101.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Vasco, relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182, de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, provoca en el
Gobierno de las corporaciones locales. Para la defensa de la moción, por un tiempo de
siete minutos, tiene la palabra el señor Olabarría. (Rumores.)
Señorías, el señor diputado desearía comenzar su intervención. Silencio, por favor. Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Efectivamente desearía comenzar mi intervención, y seguramente las señorías aquí presentes también desearían que la comenzara para acabar cuanto antes el Pleno. Es una especie de reflexión preambular el que uno ya
se va acostumbrando a intervenir en las mociones o interpelaciones referidas al señor Montilla, y esto va creando un cierto estilo parlamentario incluso. Vuelvo a repetir lo que hemos comentado antes. La señora Cunillera ha tenido una intervención
brillante reproduciendo la retahíla de insultos que el señor Montilla ha recibido por parte de medios de comunicación significados políticamente, y el único comentario que se nos ocurre con relación a este aspecto es que son comentarios más propios
de las santas madres ursulinas que de un medio de comunicación o de otros partidos políticos o grupos parlamentarios si los comparamos con los que mi grupo parlamentario tuvo que oír en la legislatura pasada auspiciados por ciertos medios de
comunicación a través de los correspondientes impulsos políticos por todos conocidos, por estrellas mediáticas cuya identidad política tampoco vamos a descubrir, pero con relación a los cuales tampoco encontramos una particular protección desde la
perspectiva del contenido esencial del derecho a la libertad de expresión por parte de otros grupos parlamentarios presentes en esta Cámara.
Señor presidente, nosotros queremos hablar de temas serios. Creo que lo que se ha comentado hasta ahora es un problema inflado mediáticamente, merecedor de responsabilidades políticas, técnicamente de difícil depuración. De lo que he oído
en la intervención del señor Martínez-Pujalte lo único que he podido colegir a ciencia cierta es que hemos descubierto que el señor Rodríguez Zapatero también tenía un compañero de pupitre que parece ser que es el ministro del Interior, el señor
Alonso, pero es un compañero de pupitre que no pensamos que esté vinculado a la cuestión que hemos debatido en la anterior moción. No pensemos que sus tentáculos institucionales y gubernamentales lleven a la cuestión de las OPA que antes se ha
comentado, pero siempre es bueno ser ilustrado con informaciones complementarias.
Nosotros estamos interesados en algo que sí afecta a las competencias del señor Alonso y sobre lo cual esperamos de los grupos parlamentarios de esta Cámara una satisfacción que resuelva un problema político que tiene dimensiones
verdaderamente profundas. Señor Alonso, usted recordará que la semana pasada utilizó una palabra particularmente desafortunada en opinión de nuestro grupo. Usted habló de supuestos problemas políticos provocados por la legislación que regula el
régimen de funcionamiento de los partidos políticos en el Estado español, y no tengo que reproducir las expresiones de Max Weber, muy conocidas y que se pueden reproducir otra vez porque son paradigmáticas, de que el sistema o la regulación jurídica
del régimen de funcionamiento ordinario de los partidos políticos constituye la clave de bóveda, el núcleo fundamental jurídico de cualquier sistema político democráticamente representativo.
Desde esa perspectiva, nosotros ya denunciamos un problema institucional que deriva de la regulación en este momento, que es una regulación de excepción, del funcionamiento de los partidos políticos en el Estado español, y se lo voy a decir
con brevedad, señor ministro. En este momento no es un supuesto problema; si usted considera esto un supuesto problema me gustaría conocer qué considera un problema real. Hay cinco municipios en la Comunidad Autónoma del País Vasco carentes de
concejales, no tienen ni un solo concejal, por tanto tampoco tienen alcalde, están absolutamente desgobernados. Esto no es un problema baladí, esto es un problema provocado por la normativa de excepción en virtud de una serie de leyes que tienen
una serie de características especiales y que son hijas del pacto antiterrorista, podríamos usar la expresión un poco dura -si se me permite, señor presidente, la licencia literaria- de hijas bastardas del pacto antiterrorista, son leyes de
excepción, leyes concebidas intuitu personae, leyes para ilegalizar determinada y específica organización política, puesto que la ley de partidos políticos, la ley 6/2002, establece en el artículo 9º como elementos que instan o legitiman para instar
la ilegalización judicial de un partido político aquellos que coinciden exactamente con la actividad política normal de la organización política batasuna, luego esta es una legislación que no pretende regular el funcionamiento ordinario de los
partidos políticos en el Estado español, sino que pretende ilegalizar determinada organización política, y es esta.
Además se prevé, mediante un mecanismo basado en la arbitrariedad judicial más estricta, más pura y dura, y por otra serie de mecanismos de manera que, en opinión de los jueces que entienden de esta cuestión, que no son aquellos jueces
naturales previstos en la ley, ya que se vulnera el derecho al juez natural previsto por la ley, este órgano judicial, esa sala especial del Tribunal Supremo que entiende de estas cuestiones, permiten, mediante una laxitud en cuanto a las causas
para entender cuándo se sucede fraudulentamente a la originariamente ilegalizada Batasuna, qué organizaciones suceden o no suceden fraudulentamente, desde una perspectiva de la más pura arbitrariedad judicial, a la ilegalizada previamente
organización Batasuna. Otra ley posterior, la Ley 1/2003, Ley para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, en la revisión que hace del artículo 182 de la Loreg, del año 1985, prevé mediante un
procedimiento que es perfectamente legítimo, que es perfectamente legal, que cuando miembros de una corporación local no toman posesión, porque voluntariamente deciden no hacerlo, de sus cargos electos o cesan en dichos cargos también
voluntariamente,
se expolia a las diputaciones forales, que hasta esta ley tenían la competencia para nombrar gestores para cubrir esas vacantes, y se obliga a los partidos políticos que hayan concurrido a esas elecciones y que pierden esos concejales, que
pierden esos municipios, a nombrar a otros que solo tienen que cumplir dos requisitos: en primer lugar, ser mayores de edad y, en segundo lugar, ser elegibles. Desde esa perspectiva aquí se incumplen -y acabo con estas palabras, señor presidente-
dos requerimientos constitucionales. En primer lugar, no hay ningún precepto en nuestro ordenamiento constitucional que obligue a los partidos políticos a designar representantes electos entre personas que no se han presentado a las elecciones; es
más, esto es una perversión de la propia noción del sufragio pasivo. ¿Cómo puede un partido político, señor ministro, señores portavoces que me van a responder, nombrar como representantes electos a personas que no se han presentado a las
elecciones? Esto pervierte la mera noción del derecho al sufragio pasivo.
Además es una función que no está prevista ni en el artículo 6 ni el artículo 22 ni el artículo 23 de la Constitución, que es el que regula las facultades, el funcionamiento
y el contenido esencial, ya muy desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional de los partidos políticos. Pero aunque los partidos políticos quisieran cumplir esta función de rellenar hasta el máximo o hasta la previsión legal -y acabo,
señor presidente, es una promesa formal- y quisieran cumplir este requerimiento, cumplimentando hasta el número legal de miembros de la corporación local y nombrándolos entre personas elegibles, si estas personas se niegan, los partidos políticos no
pueden disponer sobre un derecho personalísimo, como es el que corresponde a una persona individual a participar o no en los asuntos públicos. Por tanto, este es un problema no resuelto, y la solución que proponemos es restablecer a las
diputaciones forales...
El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... la competencia que ostentaban antes de la ley de 1985, la Loreg, la posibilidad de nombrar gestores en los municipios que se ven privados de gobernabilidad. Un municipio que se ve privado de gobernabilidad es
un problema, señor ministro, que le afecta a usted, que afecta a sus competencias, que afecta al Estado español y que afecta al sistema democrático.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Intervengo para manifestar que nosotros seguimos en nuestro posicionamiento respecto a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los
Concejales. Entendemos que hay un problema y que es necesario abordar reformas legales que permitan salir de esta situación de callejón sin salida en la que se ven determinados municipios en Euskadi en los que no es posible conformar un gobierno
local por la ilegalización de los partidos y por la renuncia de parte de sus concejales. Por ese motivo vamos a apoyar esta moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, la actual Ley Orgánica 1/2003 inició su trámite parlamentario mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, proposición de ley que fue recibida por
Esquerra Republicana, entonces integrada en el Grupo Mixto, con un gran escepticismo. Por un lado, veíamos conveniente tomar medidas de protección a cargos electos que pudieran sufrir coacciones y amenazas en favor de la libertad de expresión y de
la libre participación en los procesos electorales; por otro, no es menos cierto el afán de criminalización del independentismo vasco por parte del Partido Popular y del Partido Socialista en la legislatura anterior, que conllevó la ilegalización
de Batasuna y una legislación que la amparaba, la del año 2002, es decir, la vergonzosa Ley de partidos que fue aprobada en esta Cámara, lo cual nos lleva a plantear hoy que lo que nos proponen los compañeros del Partido Nacionalista Vasco tiene
todo el sentido común que somos capaces de alcanzar. Fueron diversos los grupos parlamentarios que en el proceso de tramitación de la Ley Orgánica 1/2003 vinieron a cuestionar la actual redaccción del artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, entendiendo que este no tenía encaje constitucional, sobre todo por ser contrario a lo establecido en el artículo 6 y en el artículo 23. Efectivamente, la Constitución no otorga ninguna facultad a los partidos políticos para la
designación de cargos electos sino que son concebidos como la expresión del pluralismo político y la manifestación de la voluntad popular, siendo el instrumento para la participación política, pero en ningún caso para la designación de los cargos
electos, cuya elección corresponde a los ciudadanos mediante elecciones periódicas por sufragio universal. Bien es cierto que las instituciones no pueden estar sumidas en el desgobierno por falta de miembros suficientes y, por ende, el Estado debe
articular los mecanismos para que esto no ocurra, y en el caso que nos ocupa, a través de las instituciones forales vascas, que son las que deberían nombrar las comisiones gestoras. Pretender que esta medida excepcional de designación de cargos
electos sea reservada a los partidos políticos nos parece inapropiado. Entendemos, pues, que esta moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Vasco va en la línea de corregir las disfunciones creadas por la Ley Orgánica 1/2003 y, por tanto,
nuestro grupo parlamentario votará favorablemente
la citada propuesta. Y, por supuesto, hay que terminar de una vez por todas con la criminalización del independentismo vasco, del ideario independentista, hay que terminar con la ilegalización de Batasuna, y hay que derogar la vergonzosa
Ley de partidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Tiene la palabra el señor Jané, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro del Interior, a quien agradecemos su presencia, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar a favor de la
moción que hoy presenta el Grupo Vasco, defendida por su diputado Emilio Olabarría en esta Cámara. Convergència i Unió votará a favor porque entiende que si nos basamos en un principio tan básico como el derecho al voto, artículo 23 de la
Constitución, donde reconocemos el derecho al sufragio activo -todo elector tiene derecho a elegir- y el derecho de sufragio pasivo -derecho a elegir a aquellos que desean presentarse a un proceso electoral, desean ser candidatos y desean, por
tanto, en uso de ese derecho constitucional al sufragio pasivo, ser elegidos para el cargo para el que se presentan-, éste queda roto de alguna manera por el actual sistema vigente, por lo que compartimos plenamente la inquietud que el Grupo Vasco
nos traslada hoy a esta Cámara. Una inquietud que provoca un efecto no deseado, el efecto de un desgobierno en algunos ayuntamientos, y entendemos que cuando se da ese desgobierno, debemos confiar la tutela de aquellos municipios y de aquellos
ayuntamientos a los órganos forales propios del País Vasco, tal y como solicita el Grupo Vasco en su moción. Yo me atrevo incluso, señor presidente, señorías, a manifestar que la moción del Grupo Vasco es una moción sensata y prudente porque en
lugar de plantear ante el Pleno de la Cámara una regulación rígida de cómo debería arbitrarse esa solución, lo que hace es dar una orientación de hacia dónde debe ir la solución, a través de la tutela de las diputaciones forales, pero pide al
Gobierno, respetuosamente, que emprenda las modificaciones normativas necesarias para llevar a cabo esa situación puntual que se da lamentablemente en muchos ayuntamientos y que debemos suplir, y lo debemos hacer, pero no por la vía de los partidos
políticos, porque en muchas ocasiones son unos partidos que no desean proponer ya más candidatos para ese municipio y no se puede obligar a ello. Entendemos que es más respetuosa con el orden institucional del País Vasco la solución que nos propone
hoy el Grupo Nacionalista Vasco, PNV, en su moción. Por tanto, vamos a darle apoyo.
Hubiéramos deseado que estuviera también aquí el ministro de Administraciones Públicas porque entendemos que afecta de manera directa a lo que es una ordenación
del régimen local y esperamos que si, finalmente, esta moción encuentra hoy un punto de consenso en esta Cámara se pueda llegar a una solución satisfactoria, teniendo en cuenta el horizonte de las próximas elecciones municipales que se convocarán en
los próximos 18 meses.
Por tanto, nada más, señor presidente, señorías, solo manifestar ese apoyo a la moción y esperar que la misma pueda ser objeto finalmente de un consenso en el Pleno del Congreso.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Señor Padilla, por el Grupo Popular.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
La verdad es que no tenemos la clarividencia del señor Jané y no entendemos muy bien esta iniciativa en los términos en que se plantea.
Pensamos que si el Grupo Vasco, PNV, tenía tan claro lo que quería plantear, lo que debió hacer es
utilizar el instrumento idóneo que era una proposición de ley en la que, naturalmente, concretara los términos de su proposición, por cierto un poco extraña y parcial porque estamos hablando de una norma jurídica que se aplica en todo el territorio
nacional y parece que quieren restringir a no se sabe exactamente qué concretas apreciaciones solo para el País Vasco. Les conviene aplicarse, señor Olabarría -y se lo decimos con cortesía pero también con certidumbre en nuestra apreciación-,
aquella vieja máxima que decía que sería más ventajoso manifestarse tal como somos que tratar de parecer lo que no somos. Eso se deduce claramente de su intervención de hoy y de su intervención de la semana pasada. Aparte de dedicar la mitad de su
tiempo a charlar de la iniciativa anterior, usted no ha hablado para nada de esto. Usted ha venido a recordarnos lo que ya sabemos, que no les gusta la Ley de partidos políticos, que no les gustan el resto de las normas que emanaron de ese pacto
legítimo entre las fuerzas mayoritarias de la Cámara para asegurar que puedan votar todos, porque naturalmente la vida y la libertad de los que tienen que votar ha de ser preservada por el Estado, que es su obligación, y es el objetivo de esta
norma. Lo que está bien dicho es mejor repetirlo para ver si se fija en las conciencias y en la memoria. Decía el señor Vera, con ocasión del debate en el Pleno de la norma que tanto le disgusta al señor Olabarría y a su grupo, que se imaginaba
que lo primero que sorprendería a cualquier observador ajeno a nuestra realidad política es el propio título de la proposición de ley, la que hemos citado sobre la democracia municipal. En circunstancias normales sería inimaginable que hubiera que
articular un texto legal para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Sin embargo, esta iniciativa es de todo punto necesaria y conveniente en estos momentos en España. ¿Se acuerdan que era para eso? ¿O
cuando les conviene no se acuerdan? ¿Han constatado que esta norma ha desplegado efectos razonablemente beneficiosos, aunque todo en el mundo es perfectible? Y les
consta que esta norma se ha aplicado no solamente en el País Vasco, señor Olabarría. Esta norma, desde las elecciones de 2003, por supuesto que se ha aplicado en Elgoibar, en Lizarza, pero también en Villares de Órbigo en Palencia, y en
Ansó en Huesca y en varias poblaciones de Alicante como Oñil, en Puerto de Santa Cruz en Cáceres, en Carreño, en Candás, Asturias, etcétera.
Señor Olabarría, está clara una cosa, lo que subyace detrás de esta iniciativa -y parece que le molestó la insinuación que le hizo el ministro del Interior-, ustedes y nosotros sabemos lo que es y, desde luego, no es nada de esto. Y es hora
de que ustedes -lo que por otra parte es legítimo, naturalmente- no oculten las razones que les mueven a actuar, y saben perfectamente cuáles son las razones que les mueven a actuar. Por eso usted estuvo hablando de Batasuna durante toda la
interpelación de la semana pasada en vez de hablar de esto. ¡Si es que les traicionan los hechos!
A veces es necesario mucho hablar, aunque a veces también mucha verdad nos proporcione pocos amigos, pero yo creo que ustedes, de una vez por todas, al servicio del pueblo vasco, tienen que asumir que parte de la curación está en la voluntad
de sanar, señor Olabarría. Nosotros, desde luego, votaremos en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señora Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre de mi grupo quiero exponer la posición contraria a la moción presentada por el Grupo Nacionalista Vasco por estar en desacuerdo tanto en el fondo como en la forma de dicha moción. Señor Olabarría, no son
las normas, no son las leyes democráticas las que crean problemas de gobernabilidad, vacíos de poder o disfunciones. En Guipúzcoa cinco ayuntamientos carecen de gobierno municipal por la presión violenta, por la presión terrorista, por la presión
antidemocrática, no por el artículo 182 de la Loreg, y por esto no comparto con usted ni el título de su moción. La ley no genera estas disfunciones. Le insisto, estos problemas son generados por comportamientos antidemocráticos, que usted conoce
también como yo porque los padecemos en nuestra tierra, y afectan indiscriminadamente a distintos partidos. Pero quiero continuar con la argumentación que yo le estaba dando. Por este motivo, por estos problemas, por estos comportamientos
antidemocráticos se debatió y se aprobó por mayoría en esta Cámara la ley de la que hoy estamos hablando, la Ley Orgánica 1/2003. Por cierto, una ley que se aprobó con el consenso de los siguientes grupos que voy a citar: Grupo Popular, Coalición
Canaria, Izquierda Unida, Grupo Catalán y Grupo Socialista. Solo hubo nueve abstenciones: siete del Grupo Nacionalista Vasco y dos del Grupo Mixto.
Saben perfectamente que ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, no presentaron ninguna objeción al
artículo 182, que ustedes no lo enmendaron y entre las razones por las que se abstuvieron no figura este artículo. Tengo algunas reflexiones que hacer en alto. ¿No presentaron objeción porque el problema no les afectaba, señor Olabarría?
Quiero continuar con el contenido, analizando la parte expositiva de su moción. Creo no equivocarme, pero me da la sensación de que usted entiende sensu contrario lo que pone en la literalidad de su moción, que del artículo 182 se deriva
que las organizaciones políticas pueden imponer a sus militantes la obligación de tomar posesión de un cargo político. Si usted no ha realizado una interpretación sesgada e interesada -voy a presuponer que no ha sido así-, le aseguro que este
artículo respeta la naturaleza de las organizaciones políticas que, evidentemente, no son ni poderes públicos ni órganos del Estado, porque la influencia que ejercen se legitima solo en virtud de la libre aceptación de sus propias normas o
estatutos. Por ello, señor Olabarría, en virtud de una opción personal y libre se es miembro de un partido político; en virtud de una opción personal y libre se forma parte de una candidatura; en virtud de una opción personal y libre se toma
posesión de un cargo político, y no por imposición. Le vuelvo a insistir, señor Olabarría, que esto no es consecuencia del artículo 182. Ahora bien, si lo que usted está planteando aquí es quién nombra a los cargos cuando se produce una renuncia
masiva por la presión antidemocrática o cuando no tenemos cargos para sustituir, si las diputaciones o los partidos políticos, podemos debatir sobre ello.
Yo le voy a plantear sucintamente dos elementos porque veo que no tenemos tiempo. En nuestro entramado institucional -y no voy a hacer referencia a la herencia de la Ley de bases de 1955- las diputaciones forales tienen un contenido
político, puede ocurrir que incluso tengan una mayoría absoluta y esas son las que, de acuerdo con la legislación que usted pretende que vuelva a estar en vigor, deben nombrar a personas de adecuada idoneidad y de arraigo social. Lo que contiene
esta ley cuando dice que los nombramientos los propongan los partidos ante la Junta Electoral es que sean los partidos que han recibido el voto los que propongan. Por cierto, al recibir el voto ya tienen una legitimación democrática, pero hay otro
argumento, son partidos que la presión antidemocrática quiere que queden excluidas de la participación política y precisamente eso es lo que esta ley pretende evitar. Esta ley pretende que esto no ocurra, esta ley pretende dar esa garantía a los
ayuntamientos y esa seguridad a los concejales.
Para terminar, quiero hacer una interpretación. Si volvemos al sistema antiguo, yo entiendo que la posición para el nacionalismo es mucho más cómoda que la que tienen en estos momentos, porque esto les permitiría eludir responsabilidades
como partido y responsabilidades como militancia. Todos sabemos el esfuerzo y la valentía democrática que en nuestra tierra hay que tener en ocasiones para ejercer la política.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. Son tres votaciones y la primera de ellas, a petición de dos grupos parlamentarios, tendrá carácter secreto y se hará por el procedimiento electrónico. Se trata de la siguiente moción: Del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Iglesia católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad de revisión
del concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarlo a la Constitución vigente. Insisto en que es una votación con carácter secreto y que la haremos por el procedimiento electrónico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 32; en contra, 280; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 133; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)
Tercera y última votación, moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provocan en el gobierno de las corporaciones
locales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 28; en contra, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.