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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 130, de 22/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 130
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 122
celebrada el martes, 22 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 104-1, de 26 de julio de 2004. (Número de expediente 122/000088.) ... (Página 6596)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de beneficios fiscales a determinados actos de disposición de bienes que conforman el patrimonio inmobiliario personal para asistir las necesidades económicas de la vejez y la
dependencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 211-1, de 21 de octubre de 2005. (Número de expediente 122/000171.) ... (Página 6604)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 288, de 7 de noviembre de 2005. (Número de
expediente 162/000400.) ... (Página 6611)
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre integración en la región euromediterránea de los derechos de las mujeres. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005. (Número de expediente
162/000358.) ... (Página 6618)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre planes del Gobierno para dar una solución a los problemas de impacto acústico provocados por el paso de vuelos militares sobre las zonas habitadas, especialmente en la ciudad de
Zaragoza. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 283, de 28 de octubre de 2005. (Número de expediente 173/000096.) ...
(Página 6626)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la mejora del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 283, de 28 de octubre de 2005. (Número de expediente
173/000097.) ... (Página 6629)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que con carácter urgente se deben adoptar para compensar los efectos en la economía de la subida del precio del petróleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
283, de 28 de octubre de 2005. (Número de expediente 173/000098.) ... (Página 6634)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley. ... (Página 6596)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica) ... (Página 6596)
La señora García Suárez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley que modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 29 de junio, del Régimen Electoral
General. Inicia su intervención agradeciendo la presencia en la tribuna de los representantes de la Propuesta Ciudadana en Defensa del Voto Secreto, verdaderos impulsores de esta iniciativa.
Cree que esta proposición va a dar satisfacción, si es
aprobada, puesto que la finalidad de esta iniciativa es dar respuesta a un derecho constitucional que todos los ciudadanos deberíamos tener, pero que por el momento está vedado al colectivo de personas invidentes en nuestro país.
El artículo 23 de
la Constitución recoge el derecho de sufragio libre y secreto. Además los artículos 68 y 69 de la Carta Magna reconocen que el voto es un instrumento de expresión de la voluntad popular que para ser realmente libre debe ser un acto personal y
secreto. Sin embargo, en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se vulneran estos preceptos. Este artículo es contradictorio con el acto personal y secreto del ejercicio del voto, puesto que contempla el voto asistido por
persona de confianza, pero quiere aclarar que no plantean crear unas papeletas especiales para personas invidentes, pues como ha informado la Junta Electoral, eso precisamente no garantizaría el voto secreto, y además introduciría otros problemas,
como podría ser la necesidad de traductores. Por ello, para garantizar el secreto de todos, tanto videntes como invidentes, debemos utilizar las mismas papeletas para votar. En otros países europeos esto es ya una realidad. Si hoy se aprueba esta
proposición de ley, estaremos dando respuesta no solamente a una reivindicación del colectivo de invidentes, sino logrando la igualdad que propugna nuestra Constitución.
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Vela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió), de beneficios fiscales a determinados actos de disposición de bienes que conforman el patrimonio inmobiliario personal para asistir las necesidades económicas de la vejez y la
dependencia. ... (Página 6604)
Presenta la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que califica esta proposición de ley como hipoteca inversa. Señala que en España estamos huérfanos de una ley de la
dependencia, a pesar de la promesa del presidente del Gobierno, y espera que el Gobierno cumpla su promesa y la traiga al Parlamento para debatirla con el máximo consenso de las formaciones parlamentarias. Se trata de una demanda de la mayor parte
de la sociedad española que está en edad de jubilación, con unas necesidades que no están cubiertas por las pensiones que cobran. Pone de manifiesto una serie de datos importantes, como son que más de siete millones de personas tienen más de 65
años y se prevé que dentro de cinco años se llegue a los ocho millones de personas, y que alrededor del 60 por ciento de los pensionistas españoles tienen unos ingresos inferiores a 793 euros. Otro dato que demuestra la utilidad de esta iniciativa
es que entre los ciudadanos de más de 65 años, alrededor de 5.926.000 personas son propietarios de viviendas de residencia habitual y de este porcentaje, alrededor de 5,5 millones de personas, esta residencia no está hipotecada. Esta hipoteca
inversa, como la han definido, pretende que una persona con una edad determinada, con una pensión determinada y que no llega a cumplir sus necesidades vitales, pueda dirigirse a una entidad financiera para recibir un complemento mensual sobre la
base de su propiedad durante 10, 15 ó 20 años para que durante este tiempo, sin gastar el total de la propiedad, pueda vivir con dignidad. Ello serviría como complemento a una pensión totalmente insuficiente para poder cubrir sus necesidades
vitales. Finalmente, comunica que su grupo ha mantenido conversaciones con diferentes grupos parlamentarios y ha llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para retirar esta iniciativa, pero no quería dejar de explicar la propuesta,
dada la expectación de la iniciativa en este hemiciclo y en la sociedad civil.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, manifestando que mal puede fijar su posición sobre una iniciativa que no existe. El señor presidente le informa que dado que el grupo parlamentario no ha comunicado a
la Presidencia la retirada de la proposición de ley antes de iniciarse el Pleno, sino que lo ha hecho al final de su intervención, entiende que queda vivo el derecho de los grupos parlamentarios a expresarse.
Intervienen también en turno de fijación de posiciones las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Arnáiz García, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, se aprueba por 305 votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley. ... (Página 6611)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España. ...
(Página 6611)
Defiende la proposición no de ley el señor De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que esta propuesta pretende ser de integración. Quieren que sea una propuesta genérica, no quieren
ponerle nombre y apellidos; quieren que todos los grupos se unan al suyo en censurar a los ideólogos del terrorismo, pues no hay terrorismo sin ideología radical y es esta ideología islamista radical la que justifica la barbarie. No hablan de una
religión, ni del Islam, ni siquiera del Islam ultraconservador o ultrarrigorista, sino de personas que tienen causas abiertas con la justicia de algunos de los países más importantes del mundo. Pide a la Cámara una reflexión en profundidad y desde
la más absoluta serenidad en un tema que nos atañe a todos. No habrá margen de maniobra para el terrorismo yihadista si vamos cerrando las espitas que llenan de odio a aquellos
productores de la ideología del terror. No critica las ideologías como fuente de violencia, critica la ideología, critica al islamismo radical como alimento y como combustible del terror. Por ello, por encima del partidismo, desde el
sentido de Estado, desde la unión de las fuerzas políticas para luchar contra el terrorismo y contra los que lo apoyan y justifican, pide el respaldo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre integración en la región euromediterránea de los derechos de las mujeres. ... (Página 6618)
Presenta la proposición no de ley la señora Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. En ella se pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a impulsar activamente el desarrollo de los derechos
civiles y políticos de las mujeres en el mundo árabe con motivo de los acuerdos a desarrollar en la cumbre euromediterránea; promover que los Estados que forman parte del proceso de Barcelona levanten las reservas interpuestas a la convención sobre
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y que ratifiquen su protocolo adicional y defender la universalidad de los derechos humanos frente a la consideración de los derechos de las mujeres en dicha región como asuntos
referidos a las normas religiosas y a las tradiciones culturales, entre otros. Justifica la presentación de esta iniciativa recordando que en 1991 nacía, con la Conferencia de Paz de Madrid, un proceso que culmina en Barcelona en 1995, con el
acuerdo de los países de la Unión Europea de entonces y sus socios mediterráneos para actuar de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los problemas con los que se encuentra la mujer en los
países árabes están muy bien definidos y se conocen perfectamente, como la discriminación legal en materias de nacionalidad y ciudadanía, violencia doméstica, leyes de familia, legislación penal o incluso ausencia de mecanismos de representación
política. A las mujeres españolas este conjunto de discriminaciones no les puede resultar ajeno; son discriminaciones que afectan a cada uno de los aspectos sustanciales de la vida y del estatuto personal de millones de mujeres. Finaliza
solicitando el apoyo a esta proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Méndez Monasterio,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señora Porteiro García.
Sometidos a votación por separado los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España, son rechazados.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre integración en la región euromediterránea de los derechos de las mujeres, se aprueba por 302 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 6626)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre planes del Gobierno para dar una solución a los problemas de impacto acústico provocados por el paso de vuelos militares sobre las zonas habitadas, especialmente en la ciudad de Zaragoza.
... (Página 6626)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Labordeta Subías, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Da la bienvenida a
los distintos representantes de las asociaciones de vecinos de Zaragoza que se encuentran en la tribuna de invitados presenciando el debate. Esta iniciativa pretende que se tomen medidas para minimizar el impacto que provoca un deterioro
evidente en la calidad de vida de miles de vecinos.
La institución del Defensor del Pueblo, en un informe que complementaba un documento extenso sobre el problema del ruido, ha indicado que las administraciones públicas no pueden inhibirse ante
este problema. Los vuelos militares son los que más problemas de ruido causan en su sobrevuelo de la ciudad, y ante esta situación su grupo propone una serie de medidas que van desde lo puntual a lo general, que requieren la voluntad política de la
actuación del Ministerio de Defensa y la postura favorable de la Cámara con el fin de hacer cumplir al Gobierno sus obligaciones con la ciudadanía.
En defensa de la enmienda presentada, interviene el señor Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente, interviene el señor Labordeta Subías.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió), sobre la mejora del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña ... (Página 6629)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que existe una situación de colapso en los servicios de cercanías de Barcelona, pues en los
últimos 12 años la demanda se ha incrementado un 80 por ciento mientras que la oferta lo ha hecho tan solo en un 2 por ciento. La moción de su grupo propone una serie de apartados o puntos, como son incremento de la capacidad de transporte de
viajeros en horas punta; cumplimiento en las estaciones de las demandas de accesibilidad para personas con movilidad reducida; cumplimiento de los compromisos presupuestarios que se liciten para 2006; atención a las quejas del usuario, como las
faltas de puntualidad, comodidad y puntos de información, así como el traspaso de las cercanías de la Generalitat de Catalunya. Finaliza celebrando la voluntad de consenso que pueda haber alrededor de esta moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y
la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Jané i Guasch.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que con carácter urgente se deben adoptar para compensar los efectos en la economía de la subida del precio del petróleo. ... (Página 6634)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que su grupo presenta esta moción con un objetivo clarísimo, y es que la política
económica se haga pensando en los ciudadanos y se traduzca en bienestar para las familias. El hecho incuestionable de la subida del precio del petróleo y el nivel de inflación, que es el más alto de Europa exceptuando Luxemburgo, están deteriorando
enormemente la capacidad adquisitiva de las familias. Pide al Gobierno que se preocupe por los problemas del conjunto de los ciudadanos y no de los problemas de algunos. Pide que por un minuto dejen de pensar en unos pocos, piensen en el conjunto
de los ciudadanos españoles y aprueben la moción que hoy presenta su grupo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Torres
Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez-Pujalte López.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre planes del Gobierno para dar una solución a los problemas de impacto acústico provocados por el paso de vuelos
militares sobre las zonas habitadas, especialmente en la ciudad de Zaragoza, a la que se han presentado enmiendas a los puntos 4 y 5, así como una transaccional al punto 7, se aprueba por 300 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la mejora del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña, a la que se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 301 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que con carácter urgente se deben adoptar para compensar los efectos en la economía de la subida del precio
del petróleo, a la que se han presentado enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 142 votos a favor, 151 en contra y ocho abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000088.)
El señor PRESIDENTE: Da comienzo la sesión correspondiente al martes 22 de noviembre de 2005. En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley, del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme saludar a los representantes de de entidades en defensa del voto secreto que hoy nos acompañan y que son los verdaderos impulsores de esta iniciativa. Sin ellos, hoy no estaríamos debatiendo esta
proposición de ley, igual que debatimos en su momento una proposición no de ley. Esta proposición de ley sin duda nos va a dar satisfacción, sobre todo si es aprobada finalmente, como esperamos. Deseo que cuente con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios puesto que la finalidad de esta iniciativa, de esta proposición, es dar respuesta a un derecho constitucional que todos los ciudadanos deberíamos tener, pero que por el momento está vedado al colectivo de personas invidentes de
nuestro país. El artículo 23 de la Constitución recoge el derecho de sufragio libre y secreto. Además, los artículos 68 y 69, también de la Constitución, reconocen que el voto es un instrumento de expresión de la voluntad popular que, para ser
realmente libre, debe ser un acto personal y secreto. Sin embargo, en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se vulneran, a nuestro entender, estos preceptos. Este artículo es contradictorio con el acto personal y secreto
del ejercicio del voto, puesto que contempla, señorías, algo que se llama voto asistido por persona de confianza.
Señorías, a pesar de que estamos seguros de que la intención que subyace en este apartado de la ley es de carácter garantista o incluso si quieren de protección in extremis del derecho de sufragio de los electores que por su situación no
pueden elegir por sí mismos la papeleta, pensamos que introduciendo este sistema de ayuda, de confianza, lo que se consigue es una vulneración de un derecho constitucional. Esta no es la mejor solución para respetar ese derecho. Son varias las
razones que sustentan este argumento. Primero, a nuestro entender, el concepto de persona de confianza es subjetivo y de difícil aplicación en una cuestión tan delicada como es la ideológica y que yo me atrevería incluso a catalogar de pasional, ya
que la expresión de la opinión, como todos sabemos, es algo que intentamos tener en la más absoluta intimidad, si es posible, o como mínimo que nadie nos obligar a ello. Pensamos que tener que confiar en otra persona para poder ejercer el derecho a
votar de forma secreta, como todos los demás ciudadanos y ciudadanas, es un atropello. Además esta propuesta de la Loreg no resuelve todas las situaciones que se pueden dar como consecuencia de la imposibilidad de ejercer el derecho al voto, ya que
por el hecho de que una persona sea invidente no se puede presuponer que comparta su vida con alguien que goce de su absoluta confianza. Es más, no estamos diciendo que no puedan tener personas de su absoluta confianza, el problema está en que
incluso nadie
puede garantizar que esas personas se encuentren precisamente en aquellos momentos en el lugar de residencia de la persona invidente o cercano a ese lugar.
Por otra parte, creemos que vulnera los derechos porque trata a todos los discapacitados por igual cuando la realidad es variada. Es cierto, y así lo reconocemos y lo contemplamos en la proposición, que pueden producirse situaciones
extremas en las que una persona ciega no pueda ejercer el derecho a voto de manera totalmente libre por encontrarse en una situación de gran dependencia. En esos casos no negamos que la fórmula del artículo 87 de la Loreg pudiera mantenerse de
manera residual para asegurar todas las variables y situaciones que pueda haber, pero que la gran mayoría de personas discapacitadas, ciegas, en la sociedad tecnológica en la que vivimos, no puedan ejercer el derecho al voto secreto como cualquier
persona más es hoy injustificable y difícil de argumentar. No podemos olvidar los avances técnicos existentes y las posibilidades de integración y respeto a la diversidad que se han abierto gracias al trabajo realizado por el conjunto de la
sociedad, por los poderes públicos, por las asociaciones y por las fundaciones en defensa de la igualdad de derechos. El reconocimiento de los derechos humanos va más allá de las condiciones personales, físicas o sociales y nos iguala a todos en
las cuestiones básicas y fundamentales. La clave del problema y la razón que justifica nuestra iniciativa parlamentaria es que sea posible un derecho constitucional para todas las personas por igual.
Podríamos, y así lo haremos si esta iniciativa supera la toma en consideración, discutir cómo se debe desarrollar ese derecho y por tanto cuál va a ser el sistema o sistemas que se deban implantar. Nosotros proponemos uno en esta
iniciativa, pero sin duda puede haber varios.
Estamos abiertos a cualquier propuesta y nuestra idea de hoy es simplemente hacer algo que no por simple deja de ser importante, es trascendente, es abrir un debate e iniciar un trámite parlamentario.
¿Para qué? Para avanzar hacia el cumplimiento de los preceptos que estipula la Constitución en sus artículos 23, 68 y 69. Lo que no nos parece correcto es dar largas una vez más a una reforma electoral que está totalmente justificada y que
simplemente pone de manifiesto una disfunción democrática, algo realmente crudo, que es que hoy los ciegos votan a ciegas, no votan con garantías democráticas. Son ellos, el colectivo, los que están reclamando ese derecho, lo que nos debería
enorgullecer porque es un síntoma de deseo de participación, de implicación completa en la sociedad. Es una reivindicación con un gran calado democrático y nuestro deber como representantes públicos es responder también democráticamente a este
deseo y a esta petición. La sociedad evoluciona y avanza, aunque en ocasiones nos parezca que se experimentan retrocesos, pero la realidad es que en nuestra sociedad los derechos civiles, sociales y humanos por suerte son cada vez más
irrenunciables y deben avanzar al mismo ritmo para todas las personas, con independencia de su situación, porque con ello obtenemos sociedades cohesionadas y que comparten valores. Señorías, lo contrario nos lleva a la segregación, a la exclusión y
a la falta de identificación con un modelo social.
Estamos a punto, señorías, de debatir la futura ley para la autonomía personal, conocida también como la ley de la dependencia, una ley que abordará muchas de las necesidades de las personas con dependencia del tipo que sea. Sin embargo,
tenemos un colectivo, integrado por un elevado número de ciudadanos y ciudadanas, que viven de forma autónoma, integrados en centros de trabajo ordinario, jóvenes estudiando en la Universidad que no pueden ejercer libremente un derecho tan básico,
tan participativo y con una trascendencia democrática tan importante como es votar. Esto no nos parece lógico.
Señorías, debo explicar que el Pleno del Congreso ya se ha pronunciado sobre esta materia en dos ocasiones, que seguramente todos ustedes recordarán, una el día 29 de septiembre de 2004 y otra el 8 de marzo de 2005. En ambos casos fueron
proposiciones no de ley, presentadas por otros grupos y que nosotros también apoyamos, en las que se instaba al Gobierno a actuar en este sentido. El problema, señorías, es que hasta la fecha -y ya han transcurrido bastantes meses de la segunda
ocasión y muchos más de la primera- el Gobierno no ha planteado ninguna propuesta para responder a estas iniciativas. El 8 de marzo, en la última proposición no de ley, aprobamos todos los grupos que en esta legislatura se abordaría este problema y
que para las próximas elecciones municipales fuera una realidad el cumplimiento del derecho del voto secreto para el colectivo de personas ciegas. Por eso, señorías, no podemos dejar escapar la oportunidad que tenemos de nuevo con esta proposición,
esta vez de ley; su aprobación ha de ser una realidad y debemos iniciar un trámite parlamentario que lleve a esta modificación.
Nuestra proposición de ley plantea unas reformas de la Loreg, y rápidamente voy a mencionar los artículos para que quede constancia: el punto 1 del artículo 86, el 87, los puntos 2 y 3 del artículo 172, el punto 1 del artículo 32, el punto
2 del artículo 70, el punto 4 del artículo 71, el artículo 72 y el punto 2 del artículo 73. Con estas reformas pretendemos establecer de manera efectiva varias cuestiones.
Primero, el carácter secreto del voto, un principio general de
obligatoriedad de los poderes públicos de garantizar la accesibilidad del voto a todos los discapacitados, el carácter de cláusula residual que antes comentaba -la aplicación excepcional y restringida del sistema de voto asistido por persona de
confianza en el caso en que la adaptación sea del todo imposible- y un modelo de voto accesible a los invidentes a través del sistema Braille.
Mi grupo parlamentario y las entidades defensoras del voto secreto adelantamos -lo hago también en nombre de ellas- que cualquier otro sistema o sistemas que garanticen el carácter personal y secreto del voto será de nuestro agrado.
Nosotros hemos creído por diferentes motivos que el mejor sistema, y por eso lo hemos presentado, es el Braille. Lo hemos querido porque puede
adoptarse modificando lo menos posible el modelo vigente de papeletas de votación, porque es el más económico de todos los hoy posibles, porque reúne los requisitos de secreto y accesibilidad y porque es el método de lectura y escritura de
los invidentes. Tengo que aclarar, porque sé que lleva a confusión, que estamos planteando incluir el lenguaje Braille en las papeletas normales de votación, no estamos planteando crear unas papeletas especiales para las personas invidentes, ya
que, como todas SS.SS. deben conocer y ha informado de manera muy correcta la Junta Electoral en sus resoluciones, eso precisamente no garantizaría el voto secreto y generaría otros problemas como podría ser la necesidad de traductores. La clave
está en que, para garantizar el secreto del voto de todas las personas, tanto de las que vemos como de las que no ven, debemos utilizar las mismas papeletas y sobres para votar. Esta es la clave.
Quisiera añadir solamente que no estamos planteando nada que no sea ya una realidad en otros países. Aunque no seamos pioneros porque en Alemania, Suecia y Francia es una realidad, seríamos uno de los países europeos que llevaría adelante
una de las reivindicaciones de la mayoría de los invidentes de toda Europa.
Para acabar, quiero volver a reiterar que la participación en las elecciones generales, las autonómicas o las municipales es una pieza fundamental en el funcionamiento de la democracia. El proceso electoral es el instrumento que debe
garantizar la máxima concordancia entre los gobernantes, representantes, y los gobernados, representados. El colectivo de invidentes espera de nosotros que cumplamos nuestro papel.
Ellos desean de manera responsable, y yo considero que admirable,
cumplir con el suyo. Por eso, señorías, si hoy aprobamos esta iniciativa estaremos no solamente dando respuesta a una reivindicación del colectivo de invidentes, sino cumpliendo la igualdad que proclama la Constitución y dando respuesta a una
petición que no tiene en estos momentos ninguna razón para no ser respondida por esta Cámara.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora García.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de organizaciones invidentes, gracias a los cuales por tercera vez vamos a ver este tema en el Congreso, y manifestar el apoyo de Chunta Aragonesista a esta proposición de ley de Izquierda
Verde- Izquierda Unida.
Esta propuesta es un paso más pues se han aprobadosendas iniciativas en el Congreso, el año anterior en la Comisión Constitucional y a comienzos de este mismo año una proposición no de ley de varios grupos parlamentarios en este mismo Pleno
del Congreso. Creemos desde Chunta Aragonesista que el disfrute por los discapacitados, y en concreto de los ciegos, de los mismos derechos y garantías en los procesos electorales que el resto de los ciudadanos, en concreto el derecho a la
privacidad del voto, es una cuestión compleja pero necesaria que los poderes públicos de los Estados democráticos deben abordar y tratar de resolver inmediatamente, pero es que en este caso ya hemos cubierto muchas etapas en este proceso de toma de
decisiones. Existe una demanda social clara; hay distintas soluciones técnicas que, como ha dicho la representante de Izquierda Verde, ya se están aplicando en países europeos, como pueden ser Francia, Suecia, Alemania, etcétera; hay también un
requerimiento unánime por parte de la Cámara al Gobierno; hay un coste económico asumible para el Estado. Por tanto, no podemos aceptar que se demore esta actuación y entendemos que se debería actuar en consecuencia para que este objetivo se
cumpla y esta iniciativa también tenga el respaldo unánime de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Labordeta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que presentó el Grupo de Iniciativa per Catalunya- Izquierda Verde. Lo vamos a hacer porque compartimos que la Ley Electoral debe de ser modificada
siempre que se trate de garantizar la seguridad, la libertad y la privacidad en la emisión del voto, uno de los argumentos fundamentales que nos llevó a nosotros a intentar la reforma de la Ley Electoral en relación con los residentes ausentes. En
este caso se trata de un grupo, dentro del conjunto del Estado español, afortunadamente más reducido, sin embargo, un grupo importante desde el punto de vista del derecho a la igualdad, a la autonomía en cuanto a su actuación y, por supuesto, como
en todos los casos de ciudadanos, derecho a la libertad y al secreto en la emisión del voto. Por eso las propuestas que se hacen de modificación de la Ley Orgánica del Régimen General de 1985 pasan por una serie de modificaciones, todas ellas
suficientemente contrastadas desde el punto de vista técnico, que van desde la aplicación del método de lectura y escritura, el llamado método Braille, hasta otro tipo de instrumentos tecnológicos basados en grabaciones o en informaciones de
carácter global que serían facilísimamente utilizables en este contexto.
Hasta ahora se da una contradicción entre lo que es el voto secreto, en el caso de los invidentes, y la necesidad perentoria e inevitable de ser acompañados por personas que pueden ser o no de su confianza. Sin embargo, aunque sean personas
de su confianza, el hecho en sí de
tener el derecho a poder emitir el voto con total privacidad es algo que debe de tener preeminencia absoluta. Por eso, vamos a dar nuestro voto favorable a esta modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y lo hacemos
conscientes de que no puede haber exclusiones ni marginalidad ni casos excepcionales a la hora de emitir el voto, sobre todo cuando estamos ya en una sociedad suficientemente avanzada, desde el punto de vista tecnológico, para que no tenga que ser
así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque
hemos mantenido siempre esta postura. Hace 20 años, en 1985, cuando se aprobó la Ley Electoral General, se planteó este tema, del que se habló -se ha recordado aquí- en los artículos 86 y 87, quiero recordar. El artículo 86 es el que garantiza el
voto secreto en todo proceso electoral y el artículo siguiente recoge la excepcionalidad de que de quien tenga algún defecto físico que le impida, bien la elección de la papeleta, bien su introducción en el sobre correspondiente, puede ser
acompañado de una persona de confianza. En esa línea hace 20 años se buscó la solución a la limitación de este segmento del electorado, que puediera ser acompañado por persona de confianza. Nosotros hemos dado siempre por bueno, aceptando un
principio de subjetividad, que una persona entienda quién de su entorno inmediato, familiar o partidista, merece su confianza, sobre todo en el sector de los invidentes. Quisiéramos también que esos principios de garantías democráticas se
extendieran a cualquier persona que tenga una limitación física que le impida saber, con plenas garantías y al cien por cien de su satisfacción, que lo que está eligiendo en el material electoral corresponde a sus deseos. De aquí la causa
fundamental de nuestro voto afirmativo.
Como esta iniciativa tuvo su entrada en julio del año pasado, esperamos que si es aceptada a trámite, se hagan las correcciones pertinentes de adecuación, porque en el artículo 71 se habla de los gobiernos civiles, que hace tiempo que han
desaparecido del ordenamiento administrativo español; existen las delegaciones del Gobierno, las subdelegaciones o las juntas electorales provinciales y locales que son las que tienen que entender de estas cuestiones. Hechas esas adaptaciones y
yendo al fondo de la iniciativa, mostramos nuestra conformidad con la misma y la votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente, para manifestar, como los portavoces que me han precedido, el voto afirmativo de nuestra formación a esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida.
No voy a reiterar las razones esgrimidas por nuestro grupo en ocasiones anteriores en debates de iniciativas con el mismo contenido, en aquellos casos a través del señor Olabarría, puesto que son razones que constan en el 'Diario de
Sesiones' de forma reiterada, tanto en la proposición encabezada por Convergencia i Unió, que se aprobó en su momento en comisión, como después en las iniciativas del Grupo Mixto, señor Labordeta, y de mi propio grupo, que culminaron con una
aprobación en marzo pasado en el Pleno. Se trata de una cuestión de igualdad y de justicia, de la que solemos hablar una y otra vez en esta Cámara, y creo que ya es hora de ir concretando este asunto. No vale, como se ha esgrimido en algunas
ocasiones, que se deba esperar a una reforma más amplia de la Loreg para enfrentar este tema, creemos que hay un consenso lo suficientemente establecido como para que se pueda hacer una modificación puntual de la ley. Repito que ya son demasiadas
iniciativas; de hecho, después de tantas aprobaciones en el mismo sentido, la presentación de este asunto una vez más -presentación de justicia- chirría considerablemente. Parece que los goznes de la democracia necesitan un cierto engrase porque,
a pesar de que este Congreso una y otra vez ha solicitado medidas en este sentido, es necesario que por enésima ocasión se vuelva a presentar una iniciativa de este tipo.
Creemos que ya ha pasado la fase de posible estudio por parte del Gobierno para presentar un proyecto, porque desde la última iniciativa que se aprobó, que fue en marzo, han pasado ocho meses y todavía seguimos esperando a ver si el Gobierno
dice a o b sobre el asunto. Por lo tanto, la propuesta que hace el grupo de Izquierda Unida es correcta y oportuna.
Vamos a empezar a echar a rodar todo esto porque vemos que, si no, ningún momento va a parecer adecuado para el Ejecutivo. Aparte
de esas adaptaciones temporales que ha mencionado el portavoz de Coalición Canaria, básicamente la propuesta que se hace es técnicamente correcta y, salvo por ese tipo de pequeños ajustes, puede ser perfectamente válida para esa modificación de la
Loreg, que se podría tramitar rápidamente.
Reitero una vez más que votaremos a favor, tal y como lo hemos venido haciendo hasta la fecha en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por Esquerra Republicana, el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, intervengo muy brevemente en nombre del Grupo de Esquerra Republicana para señalar que coincidimos con lo dicho por nuestros compañeros que me han precedido; de hecho, ya anunciamos
nuestro voto favorable a la proposición que ha presentado nuestra compañera
Carme García, de Iniciativa per Catalunya Verds. Coincidimos plenamente con lo que ha manifestado y con lo que nos propone. Se trata de profundizar en el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, en este caso de las personas
invidentes. Entendemos que la bonanza de lo reivindicado es coherente con nuestra posición como grupo parlamentario; de hecho, hace unos meses ya presentamos una proposición no de ley, que fue aprobada en la Comisión Constitucional, que instaba al
Gobierno a fomentar el uso del sistema Braille en las administraciones públicas.
También apoyamos y felicitamos al compañero Jordi Xuclá, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que presentó una proposición no de ley justamente en ese
sentido, instando al Gobierno a la modificación de la ley a fin de superar esta contradicción que supone no poder ejercer el voto tal como debe ser, es decir, en secreto.
Esta propuesta de los compañeros de Iniciativa per Catalunya Verds se añade a esta voluntad, a esta corriente de opinión compartida por todos los grupos parlamentarios, de hacer posible que se salve esta contradicción. Ya es hora de que
procedamos a la modificación del artículo 87 de la actual ley orgánica que regula el comportamiento electoral para hacer accesible el voto secreto a los ciudadanos que por dificultades naturales no pueden ejercerlo, tal como mandata la misma
Constitución. Ciertamente, ha habido muchas entidades y asociaciones, algunas de las cuales hoy están presentes en este hemiciclo, que han empujado, reivindicado y presionado, tal como debe hacer la sociedad civil organizada, para que el Parlamento
se pronuncie; es más, instamos al Gobierno a no demorar más esta demanda, repito, compartida por el resto de grupos parlamentarios.
En cada una de las convocatorias de las contiendas electorales algunos ciudadanos se ven obligados a buscar el amparo de la Junta Electoral porque creen vulnerados sus derechos, pero normalmente esta se desentiende, puesto que no puede
acogerse a la legislación. Es evidente que estamos ante un déficit de carácter legislativo que ya no puede demorarse más.
No quisiera extenderme más puesto que, tal y como he manifestado al principio, los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han expuesto ya los mismos argumentos. Habrá que buscar una fórmula que permita aunar lo reivindicado
con los criterios de carácter técnico y quizás económico, pero esto es importante y estamos convencidos de que durante el trámite legislativo sabremos encontrar una fórmula que permita resolver la contradicción que todos queremos salvar con la
funcionalidad.
Habrá que ver cómo lo han resuelto otros Estados ya que tenemos ejemplos distintos, pero estamos convencidos de que sabremos encontrar la fórmula más correcta. Ha habido dos proposiciones no de ley que ya ser discutieron el pasado
año y esta propuesta la traen nuestros compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Mientras tanto, hubo un compromiso del Gobierno, pero, como por una causa o por otra esto se demora, no podemos esperar más. Por tanto, o damos
luz verde a esta propuesta Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds o el Gobierno manifiesta que dentro de pocos días nos trae la solución, porque no puede existir una parálisis en ese sentido y que los perjudicados vean cómo
sus derechos no son reconocidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Me alegra que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds haya mantenido esta proposición de ley desde
julio del año pasado, que no la haya dejado decaer y haya aprovechado el tirón que han representado todos los compromisos que ha adquirido esta Cámara. Como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es la tercera vez que se
debate esta materia en la Cámara. Se debatió en Comisión una propuesta de mi compañero el señor Xuclà, en concordancia con el programa electoral, que lógicamente generó una proposición no de ley que también fue aprobada por consenso en Comisión, y
después existen las iniciativas presentadas aquí por el Grupo Vasco y por el Grupo Mixto. En ambos casos hubo consenso de todos los grupos y consideramos que desde el 29 de septiembre de 2004 hasta abril de este año ha habido tiempo más que
suficiente para cumplir el compromiso del Gobierno de resolver la reforma de esta ley. Entonces se recordó la necesidad de buscar una solución en esta legislatura, se rebatió con propiedad la carestía del sistema y que la preservación de derechos
justificaba el establecimiento de este sistema para invidentes.
Entonces se reiteró que existían más de 21.000 firmas a favor de la ley y estaban presentes las asociaciones para oír de esta Cámara que se adelantaba en este asunto; hoy también
están presentes -aprovecho para saludarles y agradecerles su presencia- y espero que esta vez encontremos una solución definitiva. Si nuestro grupo no ha dicho que no a ninguna de las iniciativas anteriores, si no hemos negado la mayor, nos
corresponde ahora dar curso a este proyecto de ley que hoy se nos presenta. Creemos, señorías, que hasta hoy no se han dado los pasos suficientes para encontrar solución a este problema. No es menos importante recordar que cada vez que se trata en
esta Cámara se ha obtenido el consenso necesario para que el Gobierno actuara en consecuencia. Conocemos la dificultad de implementación de esta medida, pero en los diferentes debates se ha tenido en consideración y ha prevalecido, incluso con el
apoyo del partido en el Gobierno, la necesidad de llevarla a cabo. Hubiese sido
lógico que estas iniciativas anteriores hubiesen tenido eco en el seno del Gobierno de España para darle una solución, que la proposición de ley hubiera partido del Gobierno con el posterior debate de la Cámara. La realidad no ha sido así,
y hoy nuevamente nos encontramos votando sobre este tema. Hoy se nos presenta a votación una proposición de ley que esperamos se tome en consideración, en la que todos los grupos podamos participar y que con nuestra aportación hallemos el consenso
necesario.
Nuestro grupo parlamentario considera que ya se han dado suficientes argumentos para esperar una propuesta del Gobierno, de manera que fuésemos los diputados los que la corroboráramos. Hubiera sido una propuesta ortodoxa. No quiero
restar ningún reconocimiento a la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que hoy se nos somete a votación. Reitero mi agradecimiento por haber mantenido viva esta proposición de ley,
cuando fue presentada en julio del año pasado, para que hoy podamos debatirla.
No es argumento suficiente invocar la necesidad de una reforma global de ley para incluir esta votación para los invidentes. Es un derecho que hay que asumir y hay que
dárselo ya. En opinión de nuestro grupo, el voto accesible para los invidentes, que garantice su carácter secreto y personal, se encuentra amparado en los artículos 23.1, 68 y 69 de nuestra Constitución. Tampoco se puede retrasar la votación de
los invidentes a la espera de la implantación de sistemas electrónicos. Aunque estamos a favor de su implantación en el futuro, no podemos obviar la necesidad de poner en práctica las papeletas para invidentes. Seguramente, la solución de la vía
electrónica será bastante más asequible, pero no dudamos de que las papeletas se utilizarán aún por mucho tiempo. Por ese motivo, daremos nuestro voto favorable a esta proposición de ley, y a ver si se cumple ese dicho de que a la tercera va la
vencida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
La señora García Suárez decía al inicio de su intervención que le gustaría que todos los grupos votásemos favorablemente su propuesta de reforma. A mi grupo no le costaría votar a favor de esa iniciativa porque comparte el espíritu que la
impulsa. Señor presidente, a todos nos preocupa este asunto y a nuestro grupo le gustaría que quedara resuelto cuanto antes en la legislación electoral, pero de verdad que no entiendo a qué viene en estos momentos su presentación. No alcanzo a ver
cuál es el verdadero interés del grupo proponente.
Como ya se ha recordado, no es la primera vez que abordamos este tema en la presente legislatura. La primera vez fue en la Comisión Constitucional ante una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
el señor Xuclá, y, en el mes de marzo, se vio en este Pleno entre las proposiciones de no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por el Grupo Parlamentario Mixto, y aprobamos por unanimidad el siguiente texto: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que, previo diálogo con las asociaciones más representativas del colectivo, estudie y a lo largo de esta legislatura impulse una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a los efectos de
incorporar a la misma las modificaciones necesarias para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a votar sin discriminación y en condiciones de igualdad, a fin de facilitar su participación en los procesos electorales,
y en particular el derecho a la privacidad de las personas invidentes en el momento de efectuar su voto y el derecho a la accesibilidad a las papeletas electorales mediante el alfabeto Braille u otro método que garantice el secreto del voto de las
personas invidentes. Este fue el acuerdo que firmamos todos los grupos en el mes de marzo. Siendo este el acuerdo al que llegamos, no me parece oportuno ni razonable que uno de los grupos partícipes de aquel consenso presente en el día de hoy una
iniciativa proponiendo unas reformas que todos, por unanimidad, encargamos que estudiase y que propusiese el Gobierno. Me parece sencillamente incoherente, tanto más cuanto que fue precisamente en aquel debate la portavoz de Izquierda Unida, la
señora García Suárez, quien manifestó: Ahora sí, con esta enmienda, estamos dando un paso adelante, refiriéndose al acuerdo al que acabo de dar lectura. Sinceramente, yo hoy esperaba escuchar aquí las razones de peso que han llevado al Grupo de
Izquierda Unida a romper el consenso que alcanzamos en aquella ocasión y que tan favorable acogida tenía entonces de la señora García Suárez, pero las que he oído no me convencen. Decir que han pasado cuatro meses, no me parece convincente.
No han
dado, a mi juicio, ninguna razón convincente, tan solo que es un asunto que les llena de preocupación (también al Grupo Parlamentario Popular) y que hay que resolver con urgencia.
Señorías, sabemos que estamos ante un asunto serio, tan serio como todo aquello que afecta a las personas con discapacidad. Es un asunto serio que nos preocupa a todos y también es un asunto extraordinariamente complejo pues a nadie se le
puede escapar las dificultades de todo orden, tanto formales como técnicas, que conllevaría la introducción sin más del alfabeto Braille en el proceso electoral, como bien se puso de manifiesto en el debate del pasado mes de marzo. Dada esa
complejidad y precisamente por ella, acordamos encargarle al Gobierno la correspondiente propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De hecho, está solicitada en la Comisión Constitucional la comparecencia de la
vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, señora Fernández de la Vega, para que informe sobre las gestiones y los trabajos realizados por el Gobierno para cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno de la Cámara a los que antes me he
referido. Por ello insisto en que me parece extemporánea la proposición de ley presentada por Izquierda Unida.
Desconocemos
los verdaderos motivos que les han llevado a mantener viva esta iniciativa rompiendo el consenso alcanzado tanto en la Comisión Constitucional como en el Pleno de esta Cámara.
Señora García Suárez, usted nos decía en aquel debate del mes de marzo que su grupo tenía viva una proposición de ley con los mismos planteamientos y que esperaba que no llegara al hemiciclo para no tener que defenderla.
Siendo esto así,
¿por qué no han esperado a traerla a esta Cámara, dándole tiempo al Gobierno para que nos presentara sus trabajos? Me parece que es incoherente. Quizás eso se podría esperar del Grupo Parlamentario Popular, pero no de uno de los grupos que da
soporte a este Gobierno. ¿Se imaginan ustedes lo que hubieran dicho si fuera el Grupo Parlamentario Popular el que hubiera presentado esta iniciativa? Nos hubieran acusado de todo, nos hubieran dicho de todo y por su orden. Por cierto, que lo que
he dicho sobre posturas incoherentes es válido para todos los grupos que han manifestado su posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley porque absolutamente todos los grupos participaron, como era deseable, de aquel
consenso, un consenso que innecesariamente hoy puede quedar maltrecho. Sinceramente, no entiendo que lo que a todos nos parecía bien en el mes de marzo ahora no nos valga. Y, finalmente, ahora nos queda por ver lo que va a hacer el Grupo
Parlamentario Socialista. Sería esperpéntico que apoyaran esta iniciativa por no contrariar a su socio parlamentario. No sé, señor Torres Vela, qué ganarían ustedes con ello pues aquí quien va a quedar malparado es su Gobierno. Si votan
favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley y le endosan al Gobierno un texto articulado (el que presenta esta iniciativa) querrá decir que su grupo parlamentario no se fía de su propio Gobierno o, lo que es peor, que conocen
y saben que su Gobierno no está haciendo los deberes y que por tanto está incumpliendo un mandato de esta Cámara. Tendría gracia, señor presidente, que al final el único grupo que le esté otorgando al Gobierno socialista el beneficio de la duda
fuese el Grupo Popular. A lo mejor va a resultar que hasta cuando queremos darle un margen de confianza al Gobierno socialista -bien es verdad que por cumplir un acuerdo alcanzado por todos los grupos, un mandato unánime de esta Cámara- también nos
pudiésemos quedar solos. Al Grupo Parlamentario Popular le gustaría una vez más poder ser coherente con la palabra dada y con los acuerdos que en su momento alcanzamos en esta Cámara. En todo caso, lo que no se nos puede pedir es que confiemos en
el Gobierno cuando ni su propio Grupo Parlamentario confía en él, y encima que puedan decir ustedes que el Partido Popular pone trabas a que se facilite la participación de los invidentes en los procesos electorales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Vela.
El señor TORRES VELA: Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley formulada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El objetivo de la proposición de ley, el fondo de lo que hoy debatimos es garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio por parte de las personas con discapacidad, incluidas los invidentes, que es el colectivo al que
sustancialmente va dirigida la propuesta de reforma. Hay que comenzar diciendo que no es la primera vez que se suscita este debate en esta Cámara. Si mis notas no me engañan, se planteó ya en la V Legislatura, en la VI, en la VII y digamos que en
esta legislatura se ha convertido ya en un clamor. Ha habido varias proposiciones no de ley, una de CiU, que permitió un consenso al que se ha referido el señor Vera y que compartimos, que se aprobó el 21 de septiembre de 2004 en la Comisión
Constitucional; otra de Esquerra Republicana de Cataluña y otra del Grupo Vasco (EAJ-PNV). En todas ellas se venía a instar al Gobierno a que, tras el diálogo con las asociaciones representativas del colectivo de invidentes, se proceda a la
modificación de la Loreg para incorporar a la misma todas las reformas necesarias que permita a las personas con discapacidad ejercer en condiciones de igualdad su derecho a voto.
Es verdad que deberíamos superar la ansiedad. Señor Vera, le puedo reconocer que puede ser razonable -y desde mi punto de vista lo es- decir que podíamos haber esperado a que el Gobierno diese cumplimiento a la proposición no de ley, máxime
cuando estamos hablando de muy pocos meses.
La propuesta se aprobó en marzo y todos sabemos que la Dirección General de Política Interior tiene constituido un grupo de trabajo sobre accesibilidad y procesos electorales en el que están integrados
representantes de la dirección general, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Oficina del Censo Electoral, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de Correos y Telégrafos, junto a organizaciones sociales representativas
-que era el mandato de esta Cámara- de los colectivos afectados, como son el Cermi y la ONCE. Este grupo de trabajo está funcionando desde el 1 de julio de 2004, inmediatamente después de la aprobación de la ley; grupo de trabajo que ya ha
realizado diversos estudios y que incluso planteó algunas innovaciones cuando la campaña electoral para la ratificación de la Constitución Europea.
Esta iniciativa nos llega aquí y ahora y debemos pronunciarnos en este momento. Quiero anunciar a todos que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Vamos a votar que sí
porque, como ya hemos reiterado en los debates anteriores, compartimos el fondo de sus objetivos, que no es otro que la ampliación de derechos, en este caso la igualdad de sufragio y la garantía del secreto del voto a colectivos en los que las
soluciones técnicas contempladas en la legislación vigente pueden
parecer insuficientes, y la ampliación del derecho de ciudadanía a más colectivos es el mejor itinerario del camino de la democracia. Vamos a decir que sí porque lo contempla nuestro programa electoral, que en el capítulo sobre la
discapacidad como prioridad política se propone reformar la legislación electoral para garantizar el derecho al sufragio para las personas con discapacidad. Y vamos a decir que sí para trasladar a todos estos colectivos -y aquí está la Plataforma
por el voto secreto, a la que saludo- que se sienten preocupados por este asunto y que reclaman la ampliación de sus derechos, que el Grupo Socialista, las Cortes Generales, todos queremos darles una respuesta. Es un sí, por tanto, a abordar una
solución al problema de fondo, no es un sí exactamente a la propuesta concreta de solución que se contiene en esta proposición de ley.
Le agradezco, señora García, que haya manifestado en su presentación la apertura de su grupo a contemplar otras posibilidades como soluciones, no solo por lo que ha dicho el señor Mardones con relación a los gobernadores civiles; esta
solución no se contempla en las elecciones al Parlamento Europeo o lo que me parece más grave, tiene algún déficit importante en materia de garantías para el conjunto del proceso electoral. Vamos a votar que sí a la toma en consideración de esta
proposición de ley, pero quiero dejar clara nuestra posición, que es abordar esta reforma en el marco de la subcomisión que hemos propuesto constituir junto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que aprobó el conjunto de la Cámara el pasado 19
abril; subcomisión que espero que, cuando lo apruebe la Mesa de la Cámara, se pueda constituir en este periodo de sesiones y en la que abordemos esta reforma como el conjunto de las reformas que hay planteadas.
Permítanme que aproveche la ocasión para reiterar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la reforma de la Loreg. Hemos de hacerlo porque en estos momentos se han presentado en la Cámara numerosas iniciativas de reforma, dos
proposiciones de ley de los parlamentos autonómicos, cuatro proposiciones de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, así como numerosas proposiciones no de ley tanto en Pleno como en Comisión. Sabemos que los programas electorales de las
distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara y en concreto la del partido al que represento, proponen modificaciones sustanciales de la Ley electoral. Baste hablar en nuestro caso de la posibilidad de apertura de las listas electorales,
de la elección directa de alcalde o la garantía de los debates en televisión; o en el caso de Izquierda Unida, un cambio estructural del sistema en lo relativo a la proporcionalidad de los resultados electorales. Este cúmulo de iniciativas nos
lleva a fijar unos principios mínimos que nos permitan afrontar colectivamente este debate. Ya los abordé en el Pleno del 19 de abril y hoy los reitero. El primero viene de la consideración que tengamos de la Ley Electoral General. Para nosotros
es una ley nuclear del sistema político. Es una ley cuasi constitucional, no solo por su carácter de orgánica, sino porque fija las reglas de la competición política democrática y en consecuencia avala la legitimidad de los resultados electorales,
lo que permite que sea aceptado por todos. No está demás recordar que fue aprobada por una amplísima mayoría de esta Cámara y que así lo han sido también sus reformas. Esto nos debe llevar a considerar que cualquier propuesta de reforma ha de ser
el resultado de un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y, por supuesto, que el contenido de la reforma mejore el ejercicio del derecho al voto y las garantías y transparencia del proceso electoral. Esto nos lleva a dos consideraciones.
Primero, que las reformas han de ser profundamente estudiadas y meditadas, y segundo, que el procedimiento para llevarlas a efecto concite el apoyo de una amplia mayoría. Por ello, hemos propuesto la creación de la subcomisión, cuyo objetivo es
recabar la información que resulte necesaria y suficiente para elaborar un informe con el que encarar las iniciativas parlamentarias de reforma de la Loreg con el suficiente consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
Llegado a este punto permítanme una reflexión sobre el consenso, con la que quiero terminar mi intervención. En los últimos días estamos hablando mucho del consenso, también de la transición española en la que éste se practicó mucho y bien,
pero a veces se olvida su significado más profundo, que es que el consenso significa transacción. El consenso no puede ser invocado permanentemente como derecho a vetar los deseos reformistas de amplios sectores de la sociedad española, sea en los
estatutos de autonomía, en la Ley Orgánica de Educación o en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El consenso no puede ser el argumento para el inmovilismo. Si se hubiese utilizado así no les quepa la menor duda de que no habría salido
tan bien la transición española.
Hace unos días nos lo recordaba uno de los políticos de la transición, el que fuera ministro en los gobiernos de Unión de Centro Democrático, don Alberto Oliart. Con sus palabras quiero terminar: Lo esencial para
que haya consenso -decía Oliart- es, como decía Jean Monnet, que ante un problema no se sienten las partes que discuten unas enfrente de otras, sino que se ponga el problema a uno de los lados de la mesa y enfrente se sienten todos juntos a intentar
resolverlo. Y lo más importante es que sean todos, repito, todos los afectados por el problema los que se sienten juntos. Esto es lo que queremos hacer con la propuesta de la subcomisión para la reforma de la Loreg: situar los problemas que los
deseos de reforma plantean y abordar juntos las posibles soluciones; en este caso, sobre la garantía del secreto de voto para las personas con discapacidad. Con ese espíritu va el Grupo Parlamentario Socialista a la subcomisión. Espero que este
sea el espíritu de todos los que asistamos a ella.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE BENEFICIOS FISCALES A DETERMINADOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO PERSONAL PARA ASISTIR LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA VEJEZ Y LA
DEPENDENCIA. (Número de expediente 122/000171.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del primer punto del orden del día, a continuación, segunda proposición de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de beneficios fiscales a determinados actos de disposición de
bienes que conforman el patrimonio inmobiliario personal para asistir a las necesidades económicas de la vejez y la dependencia.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición de ley que nosotros calificamos de manera resumida como hipoteca inversa por varias consideraciones. En primer lugar, porque en España estamos huérfanos
de una ley de la dependencia, a pesar de la promesa del presidente del Gobierno. Convergència i Unió espera que en el menor plazo de tiempo posible el Gobierno cumpla su promesa y la traiga a este Parlamento para debatirla con el máximo consenso
entre todas las formaciones parlamentarias. Por lo tanto, ubicaríamos esta iniciativa parlamentaria dentro del contexto de la dependencia.
En segundo lugar, a pesar de que esta propuesta la presenta y defiende el Grupo de Convergència i Unió es una demanda importantísima de la mayor parte de la sociedad española que está en edad de jubilación y que tiene unas necesidades no
cubiertas por las pensiones que cobran en la actualidad. Desde esta perspectiva, han sido multitud las asociaciones, las organizaciones y las ONG las que se han interesado por este aspecto y las que han permanecido en constante contacto con nuestro
grupo parlamentario. Querríamos recalcar en esta Cámara el papel que han jugado en la presentación de esta iniciativa parlamentaria la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña, que está confederada con otras asociaciones del
Estado español, también de gente mayor; organizaciones como Cruz Roja o como Caritas u organizaciones empresariales especializadas en servicios empresariales para la tercera edad como es Edad y Vida. Todas ellas, además de otras organizaciones
crediticias y financieras, con el máximo consenso e ilusión, se han dirigido a este grupo parlamentario para debatir con todos los grupos parlamentarios una proposición de ley de esta profundidad social.
En tercer lugar, hemos presentado esta iniciativa porque es una medida de una gran dimensión social que pretende incidir en el problema de la dependencia, básicamente de personas mayores, de más de 65 años y, por qué no decirlo, también de
personas discapacitadas, fundamentalmente con ingresos y pensiones por debajo de los límites para llevar una vida digna. Nosotros, con esta proposición de ley, también pretendemos resolver estas carencias mediante estímulos fiscales complementarios
a la protección de la dependencia y del envejecimiento.
En cuarto lugar, a nuestro entender, este mecanismo es innovador y moderno, se está aplicando con mucho éxito en algunos países de la Unión Europea, básicamente anglosajones, y también en España por varias entidades crediticias con un cierto
éxito, a pesar de lo costoso que es hacerlo, ya que la legislación vigente penaliza estas operaciones, por lo que su utilización es escasa. Por este motivo, con nuestra propuesta, después de exponer cuál es la situación en que se encuentran
muchísimas personas españolas, pretendemos implementar beneficios fiscales importantes para su utilización por toda la sociedad española.
En quinto lugar, hemos intentado complementar nuestras informaciones con algunos datos muy relevantes, que ustedes entenderán perfectamente y que demuestran la oportunidad de dicha iniciativa. Por un lado, en España hay aproximadamente más
de siete millones de personas que tienen más de 65 años y probablemente dentro de cinco años llegaremos a los ocho millones.
En los hogares españoles cuyo sustentador principal es un pensionista o una pensionista de más de 65 años, en el 86,4 por
ciento de los casos la pensión de jubilación es la principal fuente de ingresos de esta familia que tiene solamente un sustentador. Otro dato también muy relevante es que alrededor del 60 por ciento de los pensionistas españoles tienen unos
ingresos mensuales inferiores a 793 euros. Esta es una cantidad que tendría que hacernos recapacitar a todos nosotros. Por último, otro dato que demuestra la oportunidad y la utilidad que podría tener esta iniciativa en caso de que gozara del
consenso de todas las formaciones políticas es que en España entre los ciudadanos de más de 65 años, el 85 por ciento, alrededor de 5.926.000 personas, son propietarias de viviendas de residencia habitual. De este 85 por ciento, alrededor de 5,5
millones de personas, tienen una propiedad que no está gravada, es decir, no está hipotecada ni pesa ningún gravamen sobre la misma. Estas asociaciones y estas organizaciones sociales que existen en todo el conjunto de España se han dirigido a
nosotros para poder plantear lo que ya es una realidad y un éxito social en algunos países de la Unión Europea. Como de lo que se trata aquí es de ser innovador y de ir un poco por delante de los acontecimientos, nosotros hemos entendido oportuna
una operación financiera que hemos definido como una hipoteca inversa, de forma que una persona con una edad determinada y con una pensión que no llega a cubrir sus necesidades vitales se puede dirigir a una entidad financiera para hacer una
hipoteca a la inversa, que no es otra cosa que recibir un complemento mensual sobre la base de esta propiedad durante
diez, quince o veinte años, según su esperanza de vida, para que, sin poder en ningún momento gastar el total de la misma propiedad, pueda vivir con dignidad durante todo este tiempo, complementándola con una pensión que, por los datos que
tenemos y por las experiencias que nos han comentado, es totalmente insuficiente para poder cubrir sus necesidades vitales. La propiedad inmobiliaria de residencia habitual no deja de ser un activo, la canalización de todos sus ahorros durante toda
una vida laboral para que cuando lleguen a la jubilación aquellas personas que disponen de un único activo, el inmobiliario, puedan utilizarlo mediante esta operación financiera, canalizando sus ahorros que están totalmente inmovilizados y
convirtiéndolos en complementos de pensión monetarios que ayudarán a esa persona a vivir con dignidad. Ya lo he dicho anteriormente, la legislación vigente penaliza esta figura y desde Convergència i Unió entendemos que el apoyo fiscal, el apoyo
administrativo y el apoyo financiero de la hipoteca inversa permitirá, señorías, facilitar la atención a personas que tienen una propiedad y cuya pensión y otros ingresos les resultan insuficientes para cubrir sus necesidades.
Entendemos, señorías, que este mecanismo financiero tiene unas cualidades muy importantes muy valoradas por estas organizaciones sociales que nos han presentado esta iniciativa. En primer lugar, la persona que pudiera hacer esta operación
va a mantener la propiedad de su inmueble.
Psicológicamente es atractiva para la persona que va a hacer esta operación porque no va a perder en ningún momento la propiedad del inmueble; económicamente le va a permitir aprovecharse de la
revalorización de la vivienda de su propiedad. También hay otro aspecto a nuestro entender muy importante y es que socialmente una operación de esta envergadura, señorías, no va a perjudicar desde ningún punto de vista a sus futuros herederos. Por
último, hay otro aspecto importantísimo que he especificado en mi introducción y es que vamos a permitir dar liquidez a un patrimonio inmovilizado, que finalmente no deja de ser el resultado de los ahorros de una vida laboral de muchísimas personas,
que, llegada la edad de jubilación, no pueden vivir con una cierta dignidad, porque la pensión no les llega a los mínimos exigibles que nosotros consideramos básicos.
Señorías, lo ideal hubiera sido tener la ley de dependencia para poder debatir, con la máxima amplitud y profundidad, una cuestión de una relevancia tan importante como es esta iniciativa que ha presentado Convergència i Unió. Hemos hablado
con diferentes grupos parlamentarios, concretamente también con el Partido Popular, estaban de acuerdo en apoyar esta iniciativa, pero si hoy no se hubiera aprobado una iniciativa de este calibre, no hubiéramos dado la talla frente a muchísimas
personas que están esperando con gran alegría un mecanismo tan rentable para sus posibilidades de futuro. Dentro de la negociación y de las conversaciones que hemos sostenido con los diferentes grupos parlamentarios, como no podía ser de otra
forma, también hemos hablado con el Grupo Parlamentario Socialista y hemos llegado a un acuerdo para que hoy podamos retirar esta iniciativa. Hemos acordado con el Grupo Parlamentario Socialista, e invitamos al resto de formaciones políticas que se
quieran apuntar, que presentaremos una proposición no de ley, que veríamos inmediatamente, para poder facilitar beneficios fiscales a todas aquellas personas dependientes y que lo requieran para que sobre la base de sus posibilidades económicas
puedan utilizar sus bienes patrimoniales y resolver sus problemas de dependencia dentro de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que, si no he entendido mal, por las conversaciones que he tenido con el Grupo Socialista, el
Gobierno va a presentar en el mes de diciembre en esta Cámara de los Diputados.
Señoras y señores diputados, no hemos querido perder la oportunidad de explicar esta propuesta con detenimiento ante sus señorías, dada la expectación que tenía esta iniciativa fuera de este hemiciclo y en la sociedad civil, así como la
posibilidad de este pacto con el Grupo Parlamentario Socialista, para poderla materializar en una proposición no de ley dentro de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que brevemente entrará en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Entonces solo queda fijar la posición. Señor Mardones, ¿desea fijar la posición?
El señor MARDONES SEVILLA: Entiendo, señor presidente, que si la iniciativa está retirada, mal puedo fijar una posición sobre algo que no existe procedimentalmente sobre la mesa de debate. Si tengo que enfocarlo de otra manera, lo diría,
pero una iniciativa que ha sido retirada deja de existir para el debate, a juicio de este diputado y con el Reglamento en la mano.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, si antes de empezar el Pleno, que sería lo razonable, un grupo parlamentario comunica a la Presidencia que tal punto queda retirado, resolveríamos esta situación que es parlamentariamente difícil de
explicar, pero teniendo en cuenta que ha sido retirada al final de la intervención, la Mesa, después de consultar a los servicios de la Cámara, entiende que por lo menos queda vivo el derecho de los grupos parlamentarios a expresarse, si bien es un
ejercicio que desde el punto de vista parlamentario es mas que discutible, pero las cosas son como son. Yo tengo que ofrecer a los grupos parlamentarios al menos la posibilidad de explicarse.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En ese caso, diría que mi grupo ve con reservas esta iniciativa que no votaremos. Si va a haber un acuerdo
con el Grupo Parlamentario Socialista para traer una iniciativa sobre la que los grupos parlamentarios estemos de acuerdo, la votaríamos. Nuestra oposición, en este caso, sería frontal porque introducir con esta iniciativa en el derecho
civil o mercantil español la figura de la hipoteca inversa me parece entrar en un terreno de la elucubración jurídica llevada a su máximo exponente. De lo que se trata aquí es de que las personas mayores de 65 años que tengan un patrimonio
inmobiliario puedan ponerlo a disposición de las instituciones financieras, de los bancos y de las cajas. Con esta iniciativa estamos legislando para los bancos y cajas un producto financiero que podría ser una especie de fondo de pensiones sin
aportaciones anuales, desgravables incluso en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, ojo al porcentaje del IRPF que financia a las comunidades autónomas y que tendría que ser objeto de un pronunciamiento del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para dar a esto unos visos de garantía y de que lo acepten las comunidades autónomas. Además, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto que administran las comunidades
autónomas. ¿Cómo vamos a modificar por esta vía a las comunidades autónomas una fórmula de financiación legal que tienen reconocida en este momento? Lo que se quiere hacer con esto es una aportación en especie, es decir, en patrimonio
inmobiliario, a un banco o una caja como garantía, lo que se llama hipoteca inversa, un fondo de pensiones en el que en vez de pagar periódicamente unas cantidades, se ofrece a la entidad bancaria, caja o entidad financiera un bien inmobiliario, que
será sometido a tasación, y sobre ese valor hacer las correspondientes asignaciones a una especie de fondo de pensiones una vez que se haya alcanzado la edad de jubilación. Es un verdadero entramado de complicaciones y tengo que mostrar el rechazo
de mi grupo a dar paso a una iniciativa parlamentaria de este tipo, pero como encima se ha retirado, valga lo dicho para expresar un pensamiento pero para nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Pensaba que al decir el señor Sánchez i Llibre que la retiraba, no correspondía pronunciarse, pero entiendo perfectamente lo que acaba de explicar y también tenemos interés en expresar algunas cuestiones, entre
otras cosas porque las propuestas del señor Sánchez i Llibre nos parecían interesantes en cuanto a debate y en cuanto a avanzar en las discusiones de aquellos aspectos que tienen que formar parte de lo que nosotros esperamos sea la ley integral para
la atención a las personas con discapacidad. De parecernos interesante la aceptación a trámite de esta propuesta, sería con una idea muy clara y es que la propuesta tendría que ser tremendamente enmendada porque si la dejáramos como está, más que
una cuestión de atención social a las personas con discapacidad, parecería otra cosa. Por tanto, no tenemos que pronunciarnos sobre esta proposición de ley, pero sí nos pronunciamos por la urgencia de que el Gobierno presente la ley de la
discapacidad y por que esta oportunidad sirva para avanzar también en lo que debe ser el debate de la propia ley integral.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
En nombre de nuestro grupo, a pesar de haberse anunciado la retirada de la proposición de ley, aprovechamos el turno, ya que es cierto que se tenía que haber retirado anteriormente, para que quede constancia en todo caso de cuál es nuestro
posicionamiento con relación a esta iniciativa, que seguramente, como le veo sonreír, usted se imagina cuál es, señor Sánchez i Llibre. Les voy a decir lo que pienso. Nos parece que ustedes, señores de Convergència i Unió, con esta propuesta
-quizá nos equivoquemos- ya están prejuzgando qué tipo de ley de dependencia o para la autonomía personal vamos a tener en nuestro país. Ustedes están adelantándose a algo que para nosotros sería una mala noticia y que haría que seguramente no
tuviera nuestro apoyo esta futura ley, están adelantándose al convencimiento de que no va a ser un nuevo derecho, tampoco un derecho universal, y que la equidad va a brillar por su ausencia en la futura ley. Ustedes están deduciendo que esta futura
ley no va a ser garantista de unos servicios públicos, sino que quien pueda y tenga recursos tendrá servicios y quien no pueda y no tenga recursos lo que habrá de hacer es hipotecar su domicilio, su propiedad, que posiblemente habrá tardado cuarenta
o cincuenta años o los que sean en poder tener, su única propiedad, porque lógicamente las personas que tengan dos, tres, cuatro o veinticinco propiedades no tienen necesidad de realizar lo que ustedes proponen en su iniciativa, porque seguramente
ya tendrán unas rentas suficientes para poderse pagar la residencia si la necesitan. Ustedes a esto, señores de Convergència i Unió, lo llaman innovador. Ahora resulta que lo de las hipotecas es una propuesta innovadora. Por los años que tengo,
que son bastantes -ya son 48-, mis padres ya conocían de sobra lo de las hipotecas. Por tanto, esta propuesta, de innovadora, no tiene nada.
Señores de Convergència i Unió -comparto totalmente la intervención que ha realizado la portavoz del BNG-, no corran tanto. Nosotros reiteramos que es absolutamente urgente que el Gobierno nos traiga ya una propuesta sobre la ley de la
autonomía personal. Es en ese marco donde nosotros creemos que tenemos que debatir cuantos proyectos, recursos y nuevas actuaciones se tengan que realizar para poder desarrollar
todos estos derechos. En ese marco se tendrá que ver si alguna propuesta -no de esta índole, que no la compartiríamos- y para según qué sectores se puede o no contemplar en la discusión de la futura ley para la autonomía personal. Esto que
ustedes plantean demuestra cómo ven esta ley. También nos interesa saber qué piensa el Grupo Socialista sobre su propuesta, porque nos empezaría a dar pistas de por dónde van las alternativas en la futura ley de la dependencia. Nosotros hubiéramos
rechazado rotundamente su propuesta, primero, porque no compartimos la filosofía, el fondo, el método e incluso el planteamiento que realizan, y, segundo, porque no es oportuna. Están hablando de las necesidades para hacer frente a los problemas de
dependencia, cuando estamos a la espera de un compromiso por parte del Gobierno de una propuesta de ley. Creemos que es en ese marco donde se ha de hacer y no contarán con nosotros, ni ahora ni en la futura ley de la dependencia, con medidas de
este tipo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que el lenguaje utilizado por el señor Sánchez i Llibre ha resultado un tanto perifrástico y en este momento no tengo ideas claras sobre si la propuesta ha sido retirada ex ante, ha sido retirada ex post o va a ser reubicada,
como él mismo ha comentado, en una proposición no de ley posterior. En todo caso, estamos hablando de una iniciativa de naturaleza un tanto híbrida reglamentariamente. No sé si tiene una ubicación clara en los preceptos reglamentarios a los que
todos nos debemos o si lo que estamos haciendo no es más que una especie de reflexión académica por parte del señor Sánchez i Llibre que requiere o bien la laudatio de los demás grupos parlamentarios o la refutación en su caso. Estamos un poco
perplejos con relación a esta iniciativa, y a los grupos que no estamos sobrados de efectivos humanos ni de energías no nos gustaría realizar un esfuerzo estéril o superfluo a efectos de fijar la posición en esta materia. Desde esta perspectiva, si
resulta pertinente, indico cuál es la opinión de nuestro grupo parlamentario respecto a este peculiar instituto jurídico que se pretende regular. Es una opinión preñada de reservas intelectuales, en primer lugar, porque el grupo propietario de la
iniciativa, siguiendo el nomenclátor que a usted tanto le gusta utilizar, señor presidente, hubiese aceptado todas aquellas enmiendas vinculadas a que los tributos a los que se refiere el señor Sánchez i Llibre en su iniciativa son tributos
concertados y tendrían que estar sujetos a los requerimientos o bien de la Ley de convenio económico con Navarra o a la Ley de concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Me imagino que con el Grupo de Convergència i Unió
problemas de esta naturaleza hubiesen sido solubles.
Respecto a la hipoteca inversa, a la llamada en el derecho anglosajón reverse mortgage, que es una institución ajena a nuestra tradición jurídica, nosotros tenemos reservas. Para poder tomar en consideración esta proposición de ley nos
hubiese tenido que gustar la figura, y, honestamente se lo digo, señor presidente, no nos gusta. Le vemos muchas dificultades, sobre todo porque nosotros somos tributarios de un sistema de Seguridad Social que está configurado por la sacrosanta e
incorruptible Constitución española en dos preceptos, en los artículos 41 y 50, que establecen que son los poderes públicos del Estado los que protegerán a través de un sistema público de Seguridad Social, de forma suficiente -y esto, en su perfil
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, hace referencia a la suficiencia económica-, cualquier situación de necesidad. Luego si la Constitución española, teóricamente inmutable, incorruptible e irreversible debe de ser objeto de respeto
también en este ámbito, son los poderes públicos del Estado, y no estos en colaboración con ciudadanos que tienen que hipotecar su patrimonio inmobiliario, los que deben atender a cualquier situación de necesidad, también las que se consignan en el
Libro Blanco sobre la dependencia y también las que vamos a regular en la futura ley sobre la dependencia.
Por tanto, no se puede presentar una iniciativa que relativiza el contenido esencial de un derecho previsto en un precepto de la relevancia
del artículo 41 de la Constitución, que es el que regula el sistema público de Seguridad Social, que es algo conceptualmente más amplio que el sistema público de pensiones, que está previsto en cuanto a las contingencias protegidas en un Real
Decreto legislativo, el 1/1994, y sobre todo el artículo 50, que establece que también los poderes públicos del Estado -y no estos en colaboración con ciudadanos que tienen que hipotecar su patrimonio inmobiliario-, mediante pensiones suficientes y
periódicamente actualizadas, garantizarán los derechos económicos de la tercera edad. Como no nos gusta, nosotros nos íbamos a abstener, pero yo no sé si esta abstención tiene alguna relevancia jurídica, puesto que no sabemos en este momento cuál
es la situación que reglamentariamente afecta a esta iniciativa parlamentaria. Si se trata de una reflexión académica, felicito al señor Sánchez i Llibre. La reflexión académica ha sido brillante y, por tanto, coherentemente con ello nosotros
vamos a hacer la correspondiente laudatio, pero con las reservas y críticas que hemos hecho, porque también hay elementos de refutación que usted ha podido comprobar que no son baladíes, es la posición de nuestro grupo.
También, señor presidente,
le pediría que seguramente hay otros foros más adecuados o más indicados, sobre todo los de naturaleza universitaria, académica, etcétera, para hacer reflexiones de esta naturaleza.
Nos gustaría que en el caso de una iniciativa parlamentaria, sobre todo de la dimensión y de la profundidad que esta tiene, que afecta a derechos sociales de gran profundidad, trascendencia y relevancia, configurados constitucionalmente de
forma muy clara y perfilados de
forma más clara todavía por la jurisprudencia constitucional, se sepa con cierta antelación, si es posible, si la iniciativa se va a mantener, se va a retirar, si se va a reconvertir o novar en una reflexión de naturaleza académica, para que
todos sepamos cómo tenemos que intervenir posteriormente. Sólo le pido ese favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Atiendo gustoso, porque no quiero que se genere ninguna confusión. Yo he entendido que el grupo proponente la retira, y así lo he dicho, pero teniendo en cuenta que el anuncio de la retirada se ha producido al final de la intervención,
obviamente el proponente ha intervenido, y si hay algún grupo parlamentario que quiere explicarse, yo no se lo puedo negar.
Eso sí, fijar ahora la posición no es obligatorio, con lo cual si alguno de los grupos que quedan no quiere hacerlo, no es
relevante, que quede claro, pero no la vamos a votar. Dicho esto, comprendo que es un ejercicio de habilidad parlamentaria, pero no le puedo negar a ningún grupo parlamentario el derecho a explicarse, creo yo.
Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Hemos entendido la estrategia parlamentaria del Grupo de Convergència i Unió, que nos ha anunciado su retirada. Hubiésemos votado favorablemente a la toma en consideración de su proposición de ley. Es un tema interesante, que está en el
mercado y que es una realidad que una vez más va por delante de los grupos políticos y de las propias leyes. Por tanto, es un tema que preocupa. La propia Federación de Asociaciones de la Gent Gran de Cataluña reclama a las administraciones
públicas que actúen y que potencien las hipotecas inversas. Sin lugar a dudas hay controversias.
Ausbanc alerta ante las hipotecas inversas de un posible fraude en el uso de las mismas y, por tanto, me parece que es razonable que el Gobierno y las
administraciones regulen y actúen sobre esta operativa que en Europa hace tiempo que está funcionando, y en el Estado español hace ya algunos años que algunas entidades financieras están presentando este producto conocido como hipoteca inversa. Es
una de las popuestas que su grupo nos viene presentando aprovechando que la famosa ley de la dependencia o la ley de la autonomía personal se retrasa, y lo que tenía que haber llegado a esta Cámara hace unos cuantos meses el Gobierno anuncia que
llegará antes de final de año. Esta proposición de ley que ustedes nos presentan entraría de lleno en lo que nos puede afectar sobre la ley de la autonomía personal o ley de la dependencia. Por lo tanto, aprovecho esta intervención para decir que
esperamos que el Gobierno cumpla su palabra, que entre esta ley en el Parlamento y que se pueda afrontar la autonomía personal en todas sus características. Ustedes han retirado esta proposición de ley y han acordado presentar una proposición no de
ley con el Grupo Parlamentario Socialista para instar a seguir trabajando. Vamos a esperar, pero me parece que se ha perdido en parte la oportunidad de avanzar en un tema que está en la opinión pública, que está en el mercado, que las entidades
financieras lo están ofreciendo y que algunas personas ya lo están utilizando. Hubiese sido interesante que esos beneficios fiscales de los que habla en su proposición de ley se hubiesen regulado. Esperaremos a conocer el nuevo texto que nos ha
anunciado su grupo y el Grupo Socialista, pero vamos a seguir trabajando para que cuanto antes podamos disponer de esa ley de la autonomía personal y vamos a seguir trabajando en todos aquellos factores que van a favorecer a los ciudadanos en esas
demandas. La petición está en la calle, los ciudadanos piden que se regule, e insisto en decir que se ha perdido la oportunidad de avanzar para poder dar respuesta a lo que nos piden los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Popular, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía Víctor Hugo que no existía en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Creo no equivocarme al afirmar en esta Cámara que una gran mayoría de diputados coincidimos -al menos coincidíamos hace
unos minutos, hasta que el Grupo de Convergència i Unió ha retirado la iniciativa- en la oportunidad y en la necesidad de avanzar en el marco legal y también en el fiscal de nuevos productos que permitan responder con acierto y agilidad al problema
de la dependencia o, dicho de una forma más oportuna, de una vida autónoma de las personas.
El proyecto que debatíamos hoy, si bien con una concepción más amplia en el sentido de impulsar en todos los órdenes el mercado general de las rentas vitalicias para las personas mayores, para hacerlo más ágil y más flexible, ya fue
presentado por el Grupo Parlamentario Popular hace ahora algo más de un año, concretamente figura en el boletín de esta Cámara del 8 de noviembre de 2004. Señorías, lamentablemente y por sorpresa hemos tenido noticia de la retirada. Esta cuestión
no tendría mayor importancia si no se hubiera hurtado en la tarde de hoy la posibilidad de introducir en esta Cámara la proposición de ley, con el ánimo de que los grupos y la sociedad civil en su conjunto pudieran, a través de las enmiendas,
mejorar este texto, hacerlo integral, porque hay más de una fórmula, más de un instrumento que abordan esta cuestión, y consensuarlo como hemos hecho con el resto de las cuestiones que tienen que ver con los mayores y por tanto con el Pacto de
Toledo. Desgraciadamente, el Grupo de Convergència i Unió, con esta práctica mala y poco seria, ha hurtado, repito, este debate.
Los datos que dan una idea de la nueva realidad social que contempla nuestro país, del aumento de la longevidad y de la edad relativa de la población, son absolutamente incontestables. El aumento de la esperanza de vida, gracias a los
avances médicos y científicos, la cronificación de enfermedades y la disminución de la natalidad, está produciendo un envejecimiento relativo de nuestra población. En España ya hay más personas mayores de 65 años que menores de 16; hay 7,5
millones de personas mayores de 65 años y más de 1.700.000 españoles octogenarios.
Eurostat ya dice que España será el país más envejecido en el año 2050.
Por otra parte, la incorporación de la mujer al mercado laboral está cambiando el panorama
con respecto a los cuidadores informales de estas personas de forma muy rápida. A la vez, el Centro de Investigaciones Sociológicas dice que el 76 por ciento de los españoles cree que es una prioridad la atención a las personas dependientes.
Señorías, todos estos datos ponen de manifiesto una nueva realidad social y configuran la dependencia como una de las principales prioridades en el abordaje de las políticas sociales de este nuevo siglo y por tanto es necesario la puesta en
marcha de una nueva legislación que aborde el problema de la dependencia en su integridad, como venimos reclamando, eso sí, con poco éxito, a pesar de los compromisos personales del señor Rodríguez Zapatero, en el debate de investidura o en el
debate del estado de la nación, y a pesar de las manifestaciones del Grupo Parlamentario Socialista, a la vez que es también necesario dotar de los créditos comprometidos para comenzar a financiar un problema que ya hoy afecta a más de tres millones
y medio de españoles. Como consecuencia de todos estos incumplimientos del Gobierno, se hace necesario por parte de los grupos parlamentarios que, sin renunciar a los compromisos adquiridos, pongamos en marcha nuevos recursos y nuevas soluciones a
un problema que ya no admite más demora.
En otro orden de cosas, señorías, en España no existe la cultura, muy extendida en otros países, de la planificación financiera de la jubilación, es decir, el valor de la tranquilidad del futuro, o, dicho en términos coloquiales, aquello de:
yo, de mayor, quiero... Señoras y señores diputados, si la pensión mínima de jubilación en nuestro país se sitúa en torno a los 438 euros y el precio medio de un centro en torno a los 1.600 euros -porque los públicos no pueden acoger más que a una
pequeña proporción de la demanda, como conocen-, es evidente que muchos mayores se quedan fuera de esta solución social. Sin embargo, se da la circunstancia de que existen ejemplos de multitud de personas, por ejemplo, viudas, que viven con un
nivel de ingresos muy bajo, rayando a veces la subsistencia, y que sin embargo residen en una vivienda de varios cientos de miles de euros, que en la mayor parte de los casos han pagado ya en su integridad y que solo una actitud cultural, yo diría
que muy generosa, hacia sus herederos hace que no la empleen en mejoras de su renta y de su calidad de vida.
El 73 por ciento de los jubilados españoles vive prácticamente al día, sin ninguna capacidad de ahorro, pero son precisamente ellos los grandes titulares de derechos de propiedad sobre activos reales, fundamentalmente inmuebles, sobre
activos financieros y de riqueza implícita, es decir, de derechos de pensiones. En los últimos años, junto a un incremento del esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda, se ha producido una intensa revalorización, sin precedentes, de
estos activos inmobiliarios, que configuran el patrimonio más importante de un buen número de ciudadanos. Casi el 80 por ciento de los activos de las familias corresponden a propiedades inmobiliarias, independientemente de la renta. Esta es sin
duda una de las peculiaridades de nuestra cultura española y, si el 82,6 por ciento de los españoles son propietarios de su vivienda, en el caso de las personas mayores el porcentaje asciende al 85,4, con la característica, además, de que esta
propiedad no genera en muchos casos rentas para atender a sus necesidades económicas y sociales, sino que, por el contrario, genera gastos.
Simultáneamente, el crecimiento económico de nuestro país en los últimos años ha generado algunos efectos menos positivos en la evolución de los recursos de estos mayores, como son un mantenimiento de tipos de interés bajos, que retribuyen
poco a sus conservadores ahorros, la mayor dependencia de los beneficios sociales y la cada vez mayor diferencia entre salarios y pensiones. Frente a todas estas nuevas realidades, es evidente que, mientras no se constituya una alternativa desde el
ámbito público para la dependencia, es imprescindible dar pasos, desde el punto de vista jurídico y fiscal, que mejoren la situación de estas personas.
Señorías, los anglosajones ya llevan muchos años trabajando en esta dirección a través de los
equity release y por tanto sería sumar a nuestro país a una tendencia que lleva muchos años en curso en nuestro continente. Estos instrumentos, que sin duda son una solución e introducen elementos sociales y económicos positivos, no se han
desarrollado en nuestro país. ¿Por qué? Precisamente por la falta de información y de un cambio cultural, desde el punto de vista de las entidades aseguradoras y de las crediticias, sobre todo en el ámbito de las personas mayores; y ante todo,
señorías, porque no existe un marco jurídico suficiente, un marco fiscal apropiado, que no penalice esta figura, que representa gastos elevados frente a otras opciones menos apropiadas.
¿Qué creemos en el Grupo Parlamentario Popular que se debe hacer? En primer lugar, generar una neutralidad fiscal ante las rentas devengadas por todo este tipo de instrumentos y, además, generar beneficios fiscales en el IRPF para estas
personas respecto de las rentas percibidas, cargas fiscales iniciales, costes financieros, pólizas de seguro y de otros impuestos, como los de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, aranceles notariales y registrales sobre un
patrimonio, repito, que ya generó en su día ingresos para el Estado en la operación de compraventa y en la hipoteca y que
además integra nuevas rentas en nuestro sistema productivo, con un efecto general muy positivo para nuestra economía.
Señorías, estábamos ante un buen punto de partida, muchos de nosotros compartíamos que podíamos haber mejorado esto en la tramitación parlamentaria, pero lamentablemente no va a ser así. El Gobierno ha traído una iniciativa en el ámbito
fiscal que va a incorporar este ámbito y esperamos que pueda ser debatido con detalle. Como quiera que el Gobierno tiene aparcada la ley de dependencia y autonomía personal, que tampoco puede esperar, y como quiera que han aparcado muchas leyes que
demanda la sociedad para traer algunas modificaciones legislativas tan innecesarias como contestadas socialmente, consideramos que avanzar en una norma que permita disponer de los activos inmobiliarios con garantías y con beneficios fiscales puede,
en el futuro, suponer un avance considerable en el abordaje real de este problema. Repito que lamentablemente en la tarde de hoy el grupo proponente ha retirado esta proposición de ley, priorizando las prisas sobre hacerlo bien y con un acuerdo de
máximos. Lo lamento profundamente, señor Sánchez i Llibre. La excusa es la puesta a disposición del Parlamento de una ley en el ámbito de una reforma fiscal. A nosotros nos parece que esto significa que no se van a abordar integralmente todos los
instrumentos necesarios y suficientes en el ámbito de los beneficios fiscales en esta materia, que los grupos no van a poder hacer las enmiendas necesarias para la búsqueda del consenso en una materia como esta, que afecta a los mayores y al Pacto
de Toledo, y que la sociedad civil en su conjunto no podrá participar a través de sus enmiendas y de los grupos parlamentarios en conseguir una ley y un consenso en una cuestión tan importante para los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.
Finalmente, tiene la palabra la señora Arnáiz.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae nuevamente a colación un compromiso del Gobierno recogido en su programa electoral, por tanto, asumido por los ciudadanos españoles, y que comporta
una prioridad absoluta en su agenda: la atención a las personas dependientes. Asistimos en nuestro país a un proceso de envejecimiento de la población. Si en 1960 los mayores de 65 años suponían el 8,2 por ciento de la población total, en el
momento actual representan ya el 17 por ciento; también ha aumentado el número de las personas mayores de 80 años, hasta llegar a 1.100.000. Pero este intenso proceso no debe ser considerado un problema, sino un éxito. El aumento de la esperanza
de vida es la expresión de una conquista, es el fruto del desarrollo económico y social de nuestra sociedad.
Afortunadamente, hoy no solo vivimos más, sino que vivimos mejor. Sin embargo, también es cierto que el aumento de la esperanza de vida en
las sociedades desarrolladas se ha visto acompañado por numerosos cambios sociales, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado laboral o familias monoparentales o sin descendientes, que nos hacen idear políticas públicas para atender las
necesidades de una población dependiente creciente. Por ello, el Gobierno de España tiene el firme propósito de dar un nuevo paso para profundizar en el Estado del bienestar, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante el
desarrollo de un sistema de protección a las personas en situación de dependencia y a sus familias.
Con respecto a la proposición de Convergència i Unió, que pretende fomentar la denominada hipoteca inversa para conferir rentas al segmento de población dependiente a través de la obtención de pólizas de crédito con garantía inmobiliaria,
tenemos que decir que una primera lectura podría llevar a estimar que la misma debiera merecer un juicio favorable, avalada por los argumentos contenidos en su exposición de motivos. Sin embargo, tal impresión favorable queda matizada si se analiza
con mayor detenimiento el contenido de la proposición. Sinceramente, creemos que a un problema de envergadura como el que contempla se da una respuesta parcial y con graves deficiencias técnicas. Como cuestión de partida, mi grupo no advierte la
gravedad de los problemas señalados en la exposición de motivos respecto de los costes fiscales que penalizan la constitución de la hipoteca inversa, especialmente en lo que se refiere a la imposición directa. Así, tanto la constitución de la
hipoteca como la disposición del préstamo, la devolución del mismo y su eventual cancelación no tienen implicación alguna en el IRPF, por lo que no existe obstáculo para su celebración. Pero, ¿cabría introducir incentivos fiscales para fomentar la
contratación de este producto?
Pasemos a analizarlo. En primer lugar, la definición del posible beneficiario resulta excesivamente genérica, ya que no establece ningún elemento que permita valorar o cuantificar la importancia de la existencia que se necesita,
vinculándose además a la fórmula imprecisa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Por tanto cabe preguntarse: ¿Quién puede y quién no acogerse a los incentivos fiscales? ¿Cuál es el elemento subjetivo de la proposición que
nos ocupa? En segundo lugar, tampoco parece conveniente que el producto que se propone se aplique indiscriminadamente a todos los mayores de 65 años, sin tener en cuenta su nivel de renta. No entendemos que tan solo se exija el único requisito de
alcanzar una determinada edad. En tercer lugar, la proposición permitiría que se aplicase a los contribuyentes que fueran propietarios de varios inmuebles, en vez de restringirse a aquellos sujetos que posean tan solo su vivienda habitual como
patrimonio inmobiliario.
Mantenemos asimismo que esta es una propuesta con muchos problemas, ya que la reducción del IRPF se realizaría sobre la base imponible y no sobre la cuota íntegra, por lo que el sujeto pasivo de mayor renta experimentaría
una deducción efectiva mayor, más cuando no se establece ningún límite máximo de deducción. Por otro lado, en la exposición de motivos se mencionan como costes fiscales los gastos de constitución de la hipoteca, pero el texto de la
propuesta va más allá e incluye los intereses devengados por la disposición del principal. Al mismo tiempo, cuanto mayor fuese el valor de la vivienda, mayor sería potencialmente el importe de la póliza de crédito concedida y por tanto los importes
a deducir. O sea que a mayor riqueza patrimonial, mayores posibilidades de deducción. Si simultáneamente, tal y como hemos mencionado anteriormente, la propuesta adolece de muchas lagunas en cuanto a los requisitos que deben cumplir los sujetos
pasivos, podemos concluir sin exagerar lo más mínimo que se podrían cometer enormes excesos en la utilización de este producto. Podríamos encontrarnos con que, amparándonos en la protección de las personas más necesitadas, acabásemos beneficiando a
las clases sociales más acomodadas, mientras paralelamente acortamos los recursos públicos, recursos que, señorías, bien podrían utilizarse en políticas más eficaces en lo que a la atención de personas dependientes se refiere.
La preocupación del grupo al que represento es cubrir las necesidades de dependencia de toda la población, tanto de quienes pueden desgravarse como de los que no. La hipoteca inversa es un producto financiero no generalizado y no es el
único instrumento financiero ligado a la vivienda para generar y diversificar el ahorro, ya que convive con otro tipo de productos tales como la pensión hipotecaria o la renta vitalicia, que goza de una exención en el IRPF. Respecto a la incidencia
económica y presupuestaria de la propuesta formulada, debe significarse que carece de una memoria económica que permita evaluar la repercusión que tal aplicación supondría. Sin embargo, sí entendemos la oportunidad de que este tipo de productos
financieros tenga un tratamiento fiscal favorable por su objetivo de contribuir a la cobertura de las necesidades de las personas dependientes en la futura reforma del IRPF.
Por último, la proposición de ley que se plantea no se justifica actualmente, toda vez que entre las prioridades del Gobierno en materia social figura la presentación del proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas dependientes. Este texto está prácticamente elaborado y en estos momentos es objeto de conocimiento y debate por parte de la mesa del diálogo social, en la que están presentes agentes sociales y económicos, sindicatos y empresarios.
Son
ellos quienes deben avalar tanto la naturaleza del sistema como su financiación. Dicho proyecto se recibirá en esta Cámara previa negociación con las comunidades autónomas, dado que es una competencia autonómica. Significará, sin ninguna duda, que
el número de personas dependientes que hay en España y que carecen de los servicios sociales y de la asistencia necesaria para ello, 1.200.000, puedan tener un horizonte de esperanza. Afortunadamente, este Gobierno socialista ya está haciendo
política de dependencia. En el presente año hemos contado con un fondo de 50 millones de euros y la previsión para el próximo año es que aumente a 200 millones de euros. Hemos pasado de ver cómo el Gobierno del Partido Popular no destinaba ni un
euro a la atención de los dependientes a contar con 200 millones de euros para el próximo ejercicio. Además, quiero recordarles que está previsto invertir 19 millones de euros en la construcción de siete centros estatales de referencia, que
desarrollarán programas orientados a la atención de las personas dependientes; también 170.000 personas se van a beneficiar de la teleasistencia y 1.003.000 personas mayores y discapacitadas participarán en programas de envejecimiento activo para
prevenir las situaciones de dependencia. Queda patente el grado de compromiso con las nuevas necesidades sociales de la dependencia, objetivo en el que deberíamos sentirnos implicados todos, porque será un logro de todos, logro que conformará el
cuarto pilar del Estado del bienestar y que se caracterizará por su carácter público y universal, por la igualdad en el acceso a los servicios, por la gestión descentralizada y la financiación compartida entre las distintas administraciones, por la
participación de los usuarios en el pago y por la sostenibilidad de las prestaciones.
Finalizo mi intervención compartiendo con el grupo proponente la necesidad de incluir en la próxima reforma del IRPF un tratamiento fiscal favorable a estos productos financieros cuando su objetivo sea cubrir las necesidades de las personas
dependientes, por lo cual presentaremos conjuntamente una proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arnáiz.
Pasamos a votar. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA A LOS IDEÓLOGOS DEL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000400.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: proposiciones no de ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España.
Quiero recordar el acuerdo de la Junta de Portavoces para estos debates, que son tasados. En consecuencia, siete minutos la propuesta, cinco minutos los portavoces.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.
La propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular pretende ser una propuesta de integración. No queremos ponerle un nombre y un apellido a esta propuesta, señorías. Queremos que sea genérica. Queremos que a los heraldos del terror,
del odio, del miedo, aquellos que fabrican la ideología islamista radical, aquellos que son los que crean y fabrican el combustible que utiliza el terrorismo yihadista, les sea prohibida la entrada a países democráticos como el nuestro. Esa medida
se ha adoptado ya en no pocos países de nuestro entorno, y no queremos que esta sea la proposición no de ley de la polémica sobre Tarik Ramadan. No es ese el nombre que queremos poner encima de la mesa hoy. Les quiero recordar otros muchos nombres
mucho más peligrosos, mucho más radicales, que son los verdaderos heraldos del terror. Yo he acusado al señor Ramadan de tener doble lenguaje, de decir cosas muy favorables en unos foros y decir otras muy distintas en idiomas diferentes que son
mucho más radicales y que son también censurables, pero no es a eso a lo que nos referimos. Por eso no hemos propuesto nombres y apellidos en la proposición. Queremos que los grupos se unan a nosotros en censurar a aquellos ideólogos del
terrorismo. No hay terrorismo sin ideología radical. Esta ideología islamista radical es la que justifica la barbarie. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando del islam, no estamos hablando ni siquiera del islam ultraconservador
o bien del islam ultrarrigorista, estamos hablando de personas que tienen causas abiertas con la justicia de algunos de los países más importantes del mundo, de algunas de las democracias más consolidadas del planeta, por ejemplo Reino Unido,
Estados Unidos o Francia. También tienen prohibición de entrada en algunos de sus países de origen. Me refiero especialmente a Omar bin Bakri, que es una persona que intenta justificar que existe en el mundo por parte de todos los occidentales sin
excepción, con independencia de la ideología que profesemos, una guerra mundial en contra del islam.
Obviamente, no es contra el islam sino contra lo que él considera que es el islam. Omar bin Bakri, en unas declaraciones ya famosas en el año
2001, dijo, sin recatarse un ápice -y cito textualmente, abro comillas-: Utilizaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia. Cierro comillas. Hoy Omar bin Bakri está en Líbano, es doble nacional sirio y libanés. Era residente en
Reino Unido y debido a todas sus declaraciones brutales de justificación del terror, de su negación de la existencia de atentados y de responsabilizar de esos atentados a gobiernos occidentales o a sus servicios de inteligencia y de información, el
Gobierno británico decidió que no pudiera volver a su país de residencia. Hoy el señor Bin Bakri está en Líbano y no se puede mover de allí. El señor Bin Bakri ha alimentado el odio, el fanatismo y la radicalidad y es uno de los verdaderos
monstruos y heraldos del terror. Hay otros, está Abu Katada, un jordano palestino y uno de los predicadores de la famosa mezquita de Finsbury Park. Abu Katada es el ideólogo de un grupo terrorista bárbaro y sanguinario llamado Grupo Salacista de
la Predicación y el Combate, creado en el año 1998 como una escisión del también barbárico Grupo Islámico Armado de Argelia. El Grupo Salacista de la Predicación y el Combate es uno de los grupos terroristas que más y mejores redes de células
terroristas activas tiene en Europa. Abu Katada es quien da el alimento ideológico a estas células. Francamente, señorías, creo que él tampoco merece estar en España. Por cierto, tiene varios procesos judiciales pendientes con la justicia de
varios países. Por último está Abu Hamsa al Masri, quizá el más famoso de todos, un hombre de origen egipcio, nacido en Alejandría, extraordinariamente violento y radical que justifica lo injustificable.
Pero estas son las caras conocidas, y yo creo que casi todos los que estamos en esta Cámara estaríamos de acuerdo en definir a estas personas como verdaderos heraldos del terror. Lo que yo pido hoy es para aquellos que no se conocen;
aquellos que hacen exactamente lo mismo que estos que están recogidos en los medios de comunicación; aquellos que incitan al terror, a la violencia, al odio y a la confrontación; aquellos que quieren reventar no solo las sociedades democráticas
avanzadas -que es una obviedad-, sino que quieren empezar con la suya propia. No olvidemos, señorías, que los objetivos del terrorismo yihadista son muy claros. No son nihilistas, como alguno ha dicho alguna vez de manera ingenua -y a mi juicio
muy absurda-, sino que tienen objetivos claros. El primero es derrocar, asesinar y destruir los regímenes que ellos consideran corruptos, impíos, antiislámicos y apóstatas. La apostasía es importante en casi todas las religiones monoteístas, pero
para los islamistas implica que todo aquel acusado de apostasía debe ser asesinado, debe ser destruido. El segundo objetivo, señorías, es el de la reconquista de cualquier territorio que alguna vez estuviese bajo el dominio del islam.
El tercero,
la reinstauración, como dicen ellos -yo digo la instauración-, de una califato islamista. Y el cuarto es la extensión de su opresión y de su dominio terrorífico al mundo entero.
Esta tarde pido a la Cámara, señorías, una reflexión en profundidad y desde la más absoluta serenidad sobre un tema que nos atañe a todos. No habrá margen de maniobra para el terrorismo yihadista si nosotros vamos
cerrando poco a poco esas espitas que llenan sus tanques de odio a aquellos productores de la ideología del terror. No estoy criticando las ideologías como fuente de violencia; estoy criticando esta ideología; estoy criticando el
islamismo radical como alimento y como combustible del terror. Por eso, señorías, por encima del partidismo, desde la responsabilidad, desde el sentido de Estado, desde la unión de las fuerzas políticas para luchar contra el terrorismo y contra
aquellos que lo apoyan y lo justifican, pido a SS.SS. que respalden la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para que a todo aquel que, de forma conocida y demostrable, ha incurrido en la incitación a la violencia, al odio y al
terror le sea prohibida la entrada a países democráticos como el nuestro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor De Arístegui.
Grupo Mixto. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Hacer un juicio por la forma de pensar se puede hacer incluso desde una posición que practica lo que dice condenar: el odio, el fanatismo, el fundamentalismo, la agresividad y el terror. Ciertamente, señorías, hay ideólogos
fundamentalistas y fanáticos, los hay en muchas partes, en muchas religiones; se puede incluso citar la prohibición del evolucionismo para el hombre; se puede considerar biológicamente inferior la conducta homosexual; se puede sublimar la
contención sexual; se puede identificar a Dios con el propio país y su oligarquía; se puede reducir la libertad y la democracia a intolerancia, a dominio, a control, a guerra y a ocupación, incluso se puede segregar a los hombres de las mujeres y
hacer inaccesible los sacramentos de una determinada religión a las mujeres. ¡Cuánta anormalidad que sin embargo pasa en muchos círculos que dicen luchar contra el odio y el fanatismo por normalidad! Uno de estos círculos es precisamente el que se
alinea en este momento histórico con la política oficial de Estados Unidos, incluso en el combate contra las personas por su manera de pensar, lo cual demuestra no solamente seguidismo sino también manipulación y muchas veces difamación goebbeliana,
que consiste en repetir la misma mentira 50.000 veces.
Porque, evidentemente, en el caso que nos ocupa la conclusión genérica se saca a partir de un caso particular que tengo que decir que desconocía plenamente, con lo cual este tipo de iniciativas
me están obligando a hacerme algo experto en los especialistas del islam, en concreto en el señor Tarik Ramadan, un académico suizo al que le fue retirada la visa USA por el departamento de seguridad nacional el 28 de julio de 2004.
Pues bien,
señorías, fui a la fuente de información de Daniel Pipes, que no debe de ser un alma cándida precisamente, pues es un ideólogo de la política oficial norteamericana, y hemos observado que entre las principales acusaciones, después de dejar claro que
el señor Ramadan era un científico y pensador que estaba dispuesto a explicarse en Notre Dame respecto a los problemas de la religión, del conflicto y de la pacificación, está la de que el señor Ramadan defiende que no hay pruebas concluyentes de
que Bin Laden esté detrás de la masacre del 11 de septiembre. Años después de que ocurriese esa masacre, realmente uno tiene que pensar que hay demasiadas cosas míticas o misteriosas en esta figura, y espero que no se considere que soy un adicto al
terrorismo, cuando menos soy una persona a la que le gusta que no haya mitificaciones y que haya racionalidad y que me expliquen cómo puede haber una persona tan importante que no son capaces de controlar ni de coger precisamente los imperios más
fuertes del mundo. Habrá algo de dudas respecto a esta personalidad mítica. La segunda acusación grave es que los argumentos del señor Ramadan rozan la aprobación en cuanto a su posición respecto al 11 de septiembre, los atentados de Bali o los de
Madrid. Lógicamente, este tipo de acusaciones por lo menos deben ser contrastadas con la lectura de los textos directos, porque si no estaremos haciendo caso a un discurso que puede pecar de irracionalidad. Lo que hemos comprobado en nuestra
información plural es que el señor Ramadan pasó de ser protegido de Estados Unidos a ser proscrito. Es decir, les valió mientras defendía y defiende la occidentalización de todo el mundo árabe, pero no les vale cuando el señor Ramadan defiende el
derecho a una cierta soberanía en el proceso de globalización y a una democracia no tutelada. Tampoco les vale porque hace sus juicios desde una posición radicalmente confesa de la Revolución Francesa y desde el punto de vista de un islamismo
crítico y evolutivo. Pero el problema está en que el señor Ramadan combatió denodadamente la ocupación, la agresión y la tortura en Irak, como combatió también la de Afganistán. Por lo tanto, a un señor que visitó 20 veces Estados Unidos en los
últimos cuatro años, que fue convidado por el ex presidente Clinton, que habló ante los agentes de la CIA, que es un hombre voluntariamente proclive al diálogo con los norteamericanos resulta que se le aplica la Patriot Act precisamente sobre la
base de acusaciones nunca explicitadas de una forma directa y casi siempre anónima, y hemos podido comprobar en muchos escritos que condenó por activa y por pasiva los atentados del 11 de septiembre, que condenó el antisemitismo, que está a favor
del derecho de las mujeres y del feminismo islámico y que su único pecado es luchar contra el unilateralismo político y cultural también en relación con la valoración de las distintas religiones. Por lo tanto, saco la conclusión...
El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señoría.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señor presidentePor lo tanto -decía- saco la conclusión crítica de que se le ataca porque en cierta manera apoya planteamientos antiimperialistas y anticoloniales en los
países árabes. En consecuencia, señorías, desde nuestro punto de vista no podemos precisamente avalar la persecución de la disidencia en el seno de la Unión Europea nada menos que de un ciudadano europeo suizo porque es de determinada
religión y la interpreta de determinada manera. Y si se quiere enfrentar esto con la Alianza de las Civilizaciones, como hace el señor Aznar al intentar convertir la OTAN nada menos que en un torpedo contra esa teoría, mucho menos. Necesitamos
pensadores, necesitamos debates, necesitamos...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo ya ha concluido. Gracias, señor Rodríguez.
Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Materia delicada esta que tenemos que tratar con la responsabilidad consecuente con su importancia. Tengo que manifestar en primer lugar que en el fondo de la cuestión de la lucha contra el terrorismo coincido plenamente con la preocupación
que el señor Arístegui, como portavoz del Grupo Popular, ha planteado al defender esta iniciativa. Mi grupo está en una oposición frontal contra el terrorismo, contra los que lo que lo prediquen, contra cualquier persona que tenga el discurso
incendiario y preocupante, asesino y, sobre todo, en lo que se está refiriendo aquí, a una representación del islamismo más radical en la interpretación del Corán. Pero España es un Estado democrático de derecho y como tal tiene que cuidar las
formas, y así como he dicho que participo con el señor Arístegui de esta preocupación y de buscar todos los medios legales y objetivos -sacar la subjetividad y lo emocional-, en todo lo que sea colaborar en un espacio europeo de justicia y de
seguridad como uno de los pilares de la Unión Europea ahí estaremos nosotros, buscando la normativa europea, porque Europa tiene un sistema de cultura y de civilización cristiana, occidental, democrática, como se la quiera llamar en todos los
sentidos, y opuesto a una interpretación ideológica, doctrinal y religiosa sobre la base del Corán o como lo interpretan algunos de sus panegiristas radicales aquí. Si tenemos que tomar unas decisiones tanto en el ámbito europeo como en el ámbito
español, y empezando por las del ámbito español, que son las inmediatas a este Parlamento, tenemos que exigir el cumplimiento de las formas de un Estado democrático de derecho para objetivar el impedimento por parte de las autoridades de nuestro
país de la entrada en el mismo de una de esas personas a las que no sabemos con qué criterios de objetividad se las puede encasillar. Si la tenemos que encasillar, hay que tener la base jurídica que permita aplicar la norma. Nosotros tenemos un
código penal.
Si alguien penetra en la jurisdicción de nuestro Estado y hace un discurso de estas soflamas que entra de lleno en nuestro Código Penal, en los títulos correspondientes de los delitos de terrorismo, ahí está la exégesis del mismo.
Todo procedimiento argumental, cuando lo hemos aplicado contra la banda terrorista ETA y contra los que hacen prédica de levantamiento de ánimos a favor del terrorismo, tiene que estar reflejado en un código penal para que en un Estado de derecho
tanto el poder judicial, los jueces y magistrados, como el ministerio fiscal saquen adelante la figura de apología del terrorismo, porque lo que vienen a hacer, entiendo yo, según la iniciativa que se nos presenta aquí, es apología del terrorismo,
del que sea, islamista o no islamista.
Pues bien, si hay causas objetivas para que, a través del ministerio fiscal, de los jueces, de los institutos de seguridad policial de España, se entienda que se hace apología del terrorismo, inmediatamente lo que se tiene que aplicar en un
Estado de derecho es una norma objetiva, como es el Código Penal, en los artículos correspondientes de los delitos de terrorismo, de apología del mismo, y poner a este señor en la frontera más inmediata, que no sea tampoco de uso de la Unión Europea
si tenemos las mismas normas de aplicación al respecto. Tenemos que defendernos del terrorismo no aplicando subjetividades sino objetividades. Esa objetividad en un Estado democrático de derecho, como es España, es el Código Penal y la
tipificación de la figura de apología del terrorismo.
Al que venga con cualquier pasaporte o nacionalidad a nuestro territorio, o venga de otro, con una acusación y una reclamación en los sistemas policiales de Interpol de búsqueda y captura por
apología del terrorismo, aplíquesele el Código Penal con los artículos y consecuencias correspondientes. Esta es la manera de que el sector cultural normal musulmán, islámico, de países que respetan el derecho a la vida humana, que no hacen
apología del terrorismo entiendan que el Estado español ejerce también este principio desde un punto de vista objetivo, formal y democrático y que el Gobierno español ordena la expulsión o la no entrada en territorio nacional de un apologeta del
terrorismo aplicándole sencillamente el Código Penal. Por tanto, nosotros votaríamos en contra de esto mientras no se rectifique en la medida que proponemos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por Izquierda Unida, el señor Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta desafortunada iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Es una iniciativa desafortunada porque se sitúa al margen del acuerdo de
los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Hay que decir que en relación con la lucha frente al terrorismo yihadista existe un amplio acuerdo en esta Cámara; un amplio acuerdo que ha recomendado una serie de medidas al Gobierno a raíz de la
Comisión de investigación del 11 de marzo; una amplio acuerdo que además ha tenido una primera valoración en la reciente comparecencia del ministro del Interior ante la Comisión de Interior. Nos encontramos sorprendidos de que de nuevo el Grupo
Parlamentario Popular, en algo
que debería ser una materia de acuerdo entre las fuerzas políticas de la Cámara, intente hacer patrimonialización de partido, es decir, intente de nuevo patrimonializar la política antiterrorista como política de partido. Lo hizo en el
Gobierno y continúa haciéndolo en la oposición.
¿Para qué? El problema no es solo de forma. El problema es de fondo, señorías, porque ustedes nos proponen que, al margen de los mecanismos de un Estado de derecho, que son la legislación y la
aplicación de la misma por parte de los jueces, se elabore una lista de ideólogos islamistas, y no solamente se criminaliza a ideólogos islamistas al margen de sentencias judiciales, sino que además subrepticiamente se criminaliza a plataformas que
sirvan a estos ideólogos islamistas. ¿Qué plataformas? La que dice la iniciativa parlamentaria de su señoría. Esta iniciativa no es pacífica, es una iniciativa contra el Gobierno y contra las fuerzas políticas que apoyamos la Alianza de
Civilizaciones. Ustedes dicen en los puntos 1 y 2: Identificar a los ideólogos y crear una lista al margen de procedimientos judiciales. Y en el punto 3 dicen: Impedir que la iniciativa Alianza de Civilizaciones se convierta en una plataforma
desde la que puedan expresar sus ideas los más radicales opositores a los valores de la libertad y de la democracia. Señorías, esta no es una iniciativa pacífica. Es una iniciativa, en primer lugar, de patrimonialización de la política
antiterrorista y, en segundo lugar, de confrontación con otras fuerzas políticas, en este caso con el Gobierno, en relación con la Alianza de Civilizaciones, en relación con el diálogo de civilizaciones. Por tanto, comprenderá, señoría, que no
compartamos esta iniciativa.
A grandes rasgos se podría decir que por esta iniciativa el Grupo Popular pretende crear el comité de actividades antidemocráticas en el ámbito de la Unión Europea, que pretende a continuación desarrollar lo que podemos denominar una caza de
brujas ideológica antiislamistas radicales, al margen de cualquier procedimiento legal y judicial, y que, no contento con ello, el Grupo Popular pretende establecer algunos conniventes o flojos en la lucha antiterrorista, entre los cuales identifica
al Gobierno y a los grupos parlamentarios que estamos de acuerdo con la Alianza de Civilizaciones. Comprenderá el Grupo Parlamentario Popular que por razones de forma y de fondo no vamos a seguirle en este camino y que por suerte este camino cada
vez es menos transitado. Por suerte, el camino de la guerra, de la seguridad al margen de la libertad, de la utilización de mecanismos incisivos, como dicen el Gobierno norteamericano y otros gobiernos, está cada vez más de capa caída,
recientemente rechazado en el Parlamento británico y recientemente cuestionado por el propio Parlamento norteamericano. Creemos que no solamente hace el Grupo Popular una iniciativa que es de patrimonialización, no solamente hace una iniciativa al
margen del Estado de derecho, sino que su iniciativa es anacrónica, por suerte, porque los tiempos parecen ser los de la lucha contra el terrorismo, sí, pero escrupulosamente dentro del Estado de derecho, preservando las libertades, que es la mejor
forma de acabar con la violencia y con los terroristas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Arístegui, yo sé que usted se ha dedicado muchos años a estudiar la fenomenología islamista, y por lo tanto mi perplejidad ante la proposición de esta iniciativa es mayor, me provoca mayor perturbación y esquizofrenia intelectual.
Nosotros no podemos convalidar absolutamente nada, empezando por la exposición de motivos, incluso el propio título, pasando por su contenido dispositivo material, no podemos compartir nada de lo que usted expone en esta proposición, absolutamente
nada.
Yo no voy a glosar la figura del señor Tarik Ramadán -ya lo han hecho otras personas-, solo sé que no tiene ninguna causa incoada en España y por tanto su acceso al Estado español es libre, y lo contrario sería incluso relativizar preceptos
constitucionales respecto a los cuales entiendo que usted no está en condiciones en este momento de establecer un posicionamiento crítico. Usted es una persona que yo quiero seguir presumiendo que respeta la Constitución en su espíritu y su
contenido material. Usted de alguna forma sintetiza en esta proposición lo que un criminalista, quizás el más respetado que existe en este momento, Gunther Jacobs, denomina derecho penal del enemigo, la criminalización de la disidencia política.
Lo denuncia además como un fenómeno de creciente conservadurismo que algunos países de tradición democrática están incorporando a sus ordenamientos penales y lo advierte diciendo que no se puede criminalizar la disidencia, porque esto es la negación
del Estado de derecho, de uno de los principios axiológicos del Estado de derecho, y esto es el paradigma y la quintaesencia de la criminalización de la disidencia política. Günter Jacobs estaría pensando seguramente, cuando criticaba este tipo de
formulaciones, en una iniciativa de estas características, una pura criminalización penal con relevancia penal punitiva de la mera disidencia política, ideológica o religiosa.
Pero sobre todo me provoca verdadero pavor -y se lo digo con todo el respeto, señor Arístegui- cuando usted dice que no solo hay que impedir la entrada en el Estado español de los terroristas o de los apologetas del terrorismo conocidos,
sino también de los desconocidos. ¿Qué quiere decir usted con esto de los desconocidos? ¿Usted está presumiendo, iuris tantum o iuris et de iure, que los islamistas son terroristas por definición? ¿Incluso los no conocidos, los que practican,
incluso desde una perspectiva ultraortodoxa u ortodoxa, la religión musulmana o la ideología islamista son terroristas o pueden ser potencialmente terroristas y por tanto hay que hacer un listado de prohibición de entradas? Es una inversión
de la presunción de inocencia, que está consagrada por todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Usted está inspirado no en la Patriot Act o en la non nata, afortunadamente, y abortada en el Parlamento británico ley antiterrorista
presentada por Blair. Por cierto, ha sido particularmente inoportuno citando este ejemplo de referencia, porque esto le ha provocado al señor Blair su primer conflicto político serio con su propio partido y ha puesto en entredicho su porvenir como
líder político; ha sido particularmente inoportuno poniendo este ejemplo, no es el ejemplo de referencia que usted debería haber utilizado. Usted está vulnerando preceptos de la propia Constitución española como son el de libertad religiosa,
consagrado por el artículo 16; el de la prohibición de discriminación por razones religiosas o ideológicas, previsto por el artículo 13, y su contenido esencial muy bien perfilado por la jurisprudencia constitucional; el artículo 23, que proclama
que los extranjeros gozarán en el Estado español de los mismos derechos que POSEEN los ciudadanos del Estado español en materia ideológica, y numerosos preceptos de la Constitución cuya relación resultaría un tanto exhaustiva pero que, sobre todo,
proclamada por usted lo coloca en una posición manifiestamente inconstitucional. Le aconsejaría que debatiera sobre estas materias, señor Arístegui. En este momento, usted no puede hacer una proclamación de esta naturaleza, que es manifiestamente
inconstitucional. Se lo digo con toda honestidad y desde el respeto que sabe que le profeso. Conozco al Partido Popular y la vocación expansiva que en materia de apología del denominado terrorismo ha practicado tradicionalmente. Ustedes
modificaron el título penal, previsto en el Código Penal en el artículo 18, en concreto el delito de apología del terrorismo, convirtiendo lo que era originariamente en el Código Penal español una subespecie de la provocación en un delito autónomo.
Ya la pura manifestación apologética se convierte en delito cuando, a su vez, da lugar a otro delito, que era lo que preveía originariamente el Código Penal del año 1995. Desde esa perspectiva, su vocación expansiva está provocando la
criminalización de segmentos importantes de la población, que se están dilucidando en la Audiencia Nacional en macrosumarios perfectamente conocidos. Conocemos su vocación expansiva. Por favor, lo que han hecho en el Estado español no lo extiendan
al mundo, al ámbito islamista, porque bastantes problemas tenemos y bastante delicada es la cuestión como para entrar en iniciativas manifiestamente inconstitucionales como estas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Grupo de Esquerra Republicana. Señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, es verdad que el fenómeno del terrorismo fundamentalista islámico golpea con fuerza a nuestras democracias, y es cierto que debemos armarnos delante de esta amenaza. Pero la paradoja se
produce justamente cuando, para defender la libertad y la democracia y aquello que es más valioso que son todas las garantías que este sistema ofrece a la ciudadanía, estas se conculcan para combatir a aquellos que van a atacar al sistema. Es una
paradoja en bucle que lo único que hace es reforzar en estos momentos una reacción mundial contra fenómenos que no son, ni más ni menos, que recortes de garantías y libertades visibles en todas partes: en Estados Unidos, en Inglaterra o en Gran
Bretaña y en el Estado español. Nosotros no vamos a entrar en este juego. Además, el Código Penal español da respuesta sobrada, como lo ha indicado en alguna puntualización exquisita el señor Olabarría, para este tipo de fenómenos y para esta
tipología delictiva.
No vamos a agrandar más todavía el recorte de libertades. Pero es que, además, nuestro grupo ya expresó en las conclusiones de la Comisión de Investigación del 11-M que teníamos que desligar -y era necesario hacer una cierta
pedagogía- el nombre del Islam del terrorismo de organizaciones como Al Qaeda u organizaciones de similares características de individuos y de grupos relacionados con estructuras terroristas o inspirados en este tipo de ideologías. Del mismo modo,
tampoco debíamos dar pábulo a aquellos pretextos que, de una manera interesada, se utilizan como causa para justificar una violencia terrorista. No cabe justificación delante de una actividad terrorista.
También quiero hacer alguna puntualización más, y esta es una reflexión que hago a la Cámara. Utilizamos las dos palabras como sinónimos, y no son lo mismo. Me parece una cierta perversión del lenguaje, con todo lo que eso implica.
Hablamos siempre de islamismo radical, y tendríamos que hablar de extremismo y no de radical. Son justamente dos palabras contrarias: radical viene de raíz, y extremista, de los extremos. Creo que tendríamos que hablar estrictamente de extremismo
y no de radicalismo, porque el lenguaje se va pervirtiendo con el empleo de dos términos que son antitéticos y que se utilizan con la misma acepción.
Esto se tendría que corregir a nivel pedagógico, porque va calando en la conciencia la idea de que
todo aquello radical es, por definición, violento. A nosotros nos parece que no, que un problema planteado desde sus raíces es justamente el problema planteado con toda su profundidad, y, por tanto, aquel que da una solución de continuidad.
Extremismo es otra cosa: es irse a la situación de conflicto, que es exactamente la contraria a la radicalidad.
Igual que abogábamos por estas conclusiones en la Comisión de Investigación, también hablábamos, y me parece que se tendría que tener en cuenta en estos momentos, de la actualización de los acuerdos entre el Estado español y los responsables
de la religión musulmana, así como del reconocimiento de una manera compatible con un régimen democrático del respeto a la libertad, y de buscar lugares de encuentro entre las distintas religiones que se profesan de hecho en el Estado español.
Tenemos que apoyar y considerar con respeto a aquellos que realizan labores directivas en la región musulmana como medio para aislar al conjunto de los creyentes de los grupos estrictamente violentos. No cabe ninguna duda de que esto se
quedaría cojo si no entráramos también a reforzar la coordinación en materia antiterrorista, tanto con los países miembros de la Unión Europea como a escala internacional, especialmente a través de convenios con los países que nos son más cercanos,
como Marruecos, Argelia o Túnez, pero también implicando de una manera decidida, con intercambio de enlaces policiales y judiciales, no solo a Marruecos, que ya se está haciendo, sino a través de la puesta en común de los servicios de inteligencia y
de las Fuerzas de Seguridad de los países del Mediterráneo de una y otra orilla. A nuestro entender, es necesario promover el diálogo intercultural desde el reconocimiento de la diversidad y promover la integración social, económica y cultural de
la comunidad musulmana en el Estado español. Se debe evitar la marginación, la miseria y la desesperación, que son un auténtico caldo de cultivo de estas políticas extremistas y fundamentalistas.
En definitiva, Esquerra Republicana aboga por el derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, ahora bien, en el límite siempre están los derechos humanos. El Código Penal ya recoge la respuesta legal a la apología del
terrorismo, incluso de forma bastante laxa. Es necesario tomar conciencia y reaccionar enérgicamente ante el terrorismo fundamentalista, utilizando como altavoz las propias y diferentes religiones. Por ello, creemos ante todo que es necesario el
fomento del laicismo en la sociedad como principal arma contra la promoción del odio, y no lo que nos plantea el Grupo Popular en esta proposición no de ley en la que, por supuesto, votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdá.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
En una de las conferencias de Amorós, recientemente publicadas en España, el escritor Erle afirma, en relación con la lucha contra el terrorismo internacional, en concreto contra el fanatismo, que se trata de una lucha entre los que piensan
que la justicia es lo que se entiende por dicha palabra y que es más importante que la vida, y aquellos que, como nosotros, pensamos que la vida tiene utilidad sobre muchos otros valores, convicciones o credos.
Creo que todos los grupos de la Cámara compartiríamos que, frente al fenómeno del terrorismo internacional, nos encontramos también frente a una lucha contra cualquier tipo de fanatismo, y el fanatismo que expresan los terroristas que, en
nombre de una determinada fe han masacrado a cientos de personas en Estados Unidos, en Gran Bretaña o en España, merecen nuestro absoluto rechazo, también desde el terreno político, intelectual y el de las convicciones. Nos equivocaríamos si no
asumiésemos esa dimensión profundamente ideológica de lo que nos plantea el fanatismo, esa lucha entre los que piensan que la justicia está por encima de la vida y aquellos que defienden la vida por encima de la justicia. También nos equivocaríamos
si no fuésemos capaces de entender que cualquier injusticia que legitime el terrorismo debe ser combatida en esa lucha contra él. Seríamos ingenuos si no asumiésemos esa dimensión.
Es evidente también que en nuestras sociedades complejas, donde la
diversidad de opciones religiosas y culturales va aumentando, se va desarrollando, deberíamos tener el sentido común, la falta de oportunismo que evitase mezclar islamismo con terrorismo. En una sociedad como la española, que hoy ya es plural en su
diversidad y que lo va a ser más en el futuro, aquellos que tenemos responsabilidades públicas en la conformación de la opinión de los ciudadanos debemos ser especialmente cuidadosos en el tratamiento de esas cuestiones. Dejarnos llevar por la
corriente fácil que vincula, aunque sea suavemente, islamismo con terrorismo o islamismo con fanatismo es equivocarse de manera radical.
Los señores Olabarría y Mardones han planteado en sus intervenciones reflexiones de fondo sobre la necesidad de que, frente al fenómeno del terrorismo y el fenómeno del fanatismo, utilicemos los instrumentos del Estado de derecho. Mi grupo
va más allá. Si alguien cree que los actuales instrumentos del Estado de derecho son insuficientes, que plantee su reforma, porque aquella iniciativa del Gobierno Blair, que ha sido mencionado en la Cámara, tiene relación justamente con una
modificación del ordenamiento legal británico para, según dicho Gobierno, hacer frente de manera eficaz a esta cuestión.
También nos equivocaríamos -y se ha dicho- si planteásemos esta cuestión como una caza de brujas con relación a determinadas personas. Y más nos equivocaríamos si planteásemos esta iniciativa ad hóminem, dirigida en concreto al señor Tarik
Ramadan. Creo que es una persona controvertida, pero que hoy forma parte del entorno de personas que están asesorando al primer ministro británico, Tony Blair, con relación a las cuestiones de integración de la comunidad musulmana en Gran Bretaña.
Nos equivocaríamos también.
Todo ello hace que mi grupo no pueda votar la totalidad del texto de esta proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular y que, por tanto, pidamos una votación separada en sus diversos puntos.
Porque mi grupo, en
coherencia con aquello que defendimos en los debates del 11 de marzo, va a votar favorablemente al primer punto de la proposición no de ley, no por lo que aporta de nuevo, sino por lo obvio que es y porque no queremos que quede ninguna duda en la
Cámara sobre nuestra posición al respecto. Estamos convencidos de que esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular tiene mucho más de oportunista que de oportuna.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Arístegui, ha oído a siete portavoces que le han hablado del compromiso de esta Cámara y de todos los grupos sin excepción en la firmeza de la lucha contra el terrorismo, contra el extremismo, contra quienes
alientan, financian o cooperan con el terrorismo. También ha oído usted el compromiso de los siete grupos que han intervenido en la defensa del Estado de derecho y en la convicción de que este cuenta con instrumentos suficientes para, garantizando
principios como el de la libertad de expresión, el de la libertad religiosa, el de la presunción de inocencia, poder utilizar los instrumento que ofrece a través de nuestro sistema jurídico para defendernos frente a estas amenazas. Por lo tanto,
¿es injustificada su propuesta? Es una propuesta que, además, supondría incluso la suspensión o la denuncia de algunos instrumentos internacionales de los que España forma parte. Pero es que, además, su propuesta es absolutamente superflua e
innecesaria, porque existe un plan de acción de la Unión Europea contra el terrorismo, cuyo objetivo es precisamente combatir el radicalismo o el extremismo y el reclutamiento, que cuenta con medidas y con acciones comunes que se han ido
incorporando, especialmente a partir de los atentados del 11 de marzo. Por lo tanto, no es necesario lo que proponen, como tampoco lo es elaborar listas de personas que puedan estar vinculadas o cooperando de un modo u otro con el terrorismo. Esas
listas existen ya. Hay unas listas -no sé si usted lo sabe- de organizaciones y otras de personas estén o no vinculadas a esas organizaciones; son personas que o bien son terroristas o son sospechosas de terrorismo, que cooperan, financian, y a
las que se las considera vinculadas a él. Esas son listas europeas. En su proposición se habla de que no se permita la entrada de esas personas por las fronteras de España, pero por mor de la libre circulación, señor Arístegui, no son las
fronteras de España sino las de la Unión Europea. Piense usted en Europa como espacio de esa actuación, y lo que ustedes proponen aquí sobre que se colabore para elaborar una lista -el señor Campuzano sabrá por qué lo hace- no tiene ningún sentido.
¿Qué es un ideólogo? ¿Cómo vamos a establecer esa censura previa en la que detectamos el paso del umbral de pensador o de periodista al de ideólogo? ¿Quién va a definir esas listas? ¿Las define usted con los nombres que aquí nos ha dado, algunos
de los cuales se encuentran en las listas de la Unión Europea, y usted probablemente lo sabe? ¿Va usted a ser el que defina eso?
Ha dicho que esta no era una proposición no de ley sobre una persona concreta; sin embargo, en el texto que han presentado se hace mención expresa exclusivamente de esa persona concreta. No lo voy a defender. Hay muchas cosas que dice que
me parecen interesantes, pero hay otras muchas con las que estoy en total desacuerdo, y creo que usted dice unas cosas aquí y otras cuando pasa al otro lado del Mediterráneo. Pero dudo mucho de que eso sea motivo para que, por ejemplo, el señor
Blair deje de contar con él como asesor o para que el señor Sarkozy se niegue a sentarse con él en un debate de la televisión o para que la policía metropolitana de Londres deje de utilizarlo para conferencias y charlas o para que el Gobierno de
España le niegue la entrada en su territorio. Si yo lo tuviera, desde luego no perdería ni un minuto, llegaría antes que usted a denunciarlo ante el juez directamente.
Ha manifestado usted que a esta persona en cuestión se le ha negado el visado y la entrada a un país, a Estados Unidos, y es cierto. Ha sido el mismo país que, con la misma legislación, con la Patriot Act en la mano, le denegó la entrada
hace una semana a un científico cubano, descubridor de una vacuna. Respeto y admiro la democracia americana, pero creo que la Patriot Act es un torpedo en la línea de flotación de ese sistema democrático que yo admiro. Por lo tanto, no me sirve de
modelo, no es el modelo de referencia de este país donde el Estado de derecho está ante todo y sobre todo.
Creo que ustedes, con su iniciativa, no pretenden alterar la ley de extranjería, que establece instrumentos suficientes para que las autoridades puedan tomar medidas con respecto a aquellas personas que supongan una amenaza contra los
intereses de España o la seguridad nacional, según informaciones fundamentadas de Interpol; creo que usted no quiere denunciar el pacto de derechos civiles y políticos ni denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni pretende hacer, desde
luego, una reforma encubierta de la Constitución. Por lo tanto, le voy a pedir, junto con los demás grupos, que se haga un favor a usted mismo, a su grupo y a la unidad de esta Cámara, frente al terrorismo en todas sus expresiones y en todos sus
instrumentos, y retire esa proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estrella.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN EUROMEDITERRÁNEA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. (Número de expediente 162/000358.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre integración en la región euromediterránea de los derechos de las mujeres.
Les recuerdo que es un debate tasado: siete minutos para quien presenta la proposición y cinco minutos para cada portavoz.
Tiene la palabra la señora Porteiro.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar por el final, recordando los asuntos que pretendemos que sean objeto de consenso y de acuerdo en esta proposición no de ley. Se trataría de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a impulsar activamente el
desarrollo de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el mundo árabe con motivo de los acuerdos que hay que desarrollar en la cumbre Euromediterránea; promover que los Estados que forman parte del proceso de Barcelona levanten las
reservas interpuestas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y que ratifiquen su protocolo adicional; defender la universalidad de los derechos humanos frente a la consideración de los
derechos de las mujeres en dicha región como asuntos referidos a las normas religiosas y a las tradiciones culturales; incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas de los países euromediterráneos incrementando los programas
específicos a favor de las mujeres, incluyendo asimismo el capítulo correspondiente referido al seguimiento de estas cuestiones en el informe anual MEDA; incluir en el proceso los correspondientes mecanismos de consultas regulares entre los
gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres de la región; y promover encuentros político-técnicos entre España y los países de la región para compartir conocimiento y experiencias en materia de avances sociales de la población
femenina.
Justifico la presentación de esta iniciativa, que creo que se entiende perfectamente y que de antemano espero que cuente con el apoyo de toda la Cámara, recordando cómo en 1991 nacía, con la Conferencia de Paz de Madrid, un proceso que
culmina en Barcelona en 1995, con el acuerdo de los países de la Unión Europea de aquel entonces y sus socios mediterráneos para actuar de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el
marco del resto de las obligaciones internacionales. Esto suponía un acuerdo trascendente, implicaba la transformación de la región de Oriente Medio y del Norte de África en un espacio de paz, de estabilidad, de prosperidad, basado en el
fortalecimiento de la democracia, en el respeto de los derechos humanos, en el desarrollo humano y sostenible, en la reducción de la pobreza y en el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento y comprensión intercultural en la región.
Pese a los compromisos adoptados, señorías, hemos de reconocer que las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres recibieron escasa atención en la década que ahora se cumple. Es cierto que este ha sido un tiempo especialmente
agitado, con la ampliación de la Unión Europea, el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí, la amenaza terrorista o la guerra de Irak, pero tuvieron que pasar 6 años, mucho tiempo, señoras y señores diputados, hasta que, en noviembre de
2001, se mencionara por primera vez la cuestión de género en el programa de trabajo de la asociación Euromediterránea que preparaba la cumbre que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Barcelona, ya con carácter de encuentro de los jefes de
Estado y de Gobierno de los países que conforman la asociación.
Y es lo cierto que la situación de la mujer en numerosos países árabes es especialmente difícil y preocupante, incluso en algunos países todavía no se reconoce el derecho al sufragio para las mujeres. Estoy segura de que van a coincidir
conmigo, señorías, en que no puede haber democracias dignas de tal nombre si se ignoran los derechos políticos y civiles de la mitad de su población, y sin democracias fuertes va a ser imposible avanzar en la lucha contra la pobreza, en la garantía
de los derechos humanos y en el encuentro entre civilizaciones. Las democracias occidentales tenemos el compromiso de impulsar y cooperar para que se avance más rápidamente en materia de igualdad de derechos de las mujeres árabes y corresponder así
a nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, lo que es coherente también con el papel relevante que España puede desempeñar en la superación de las barreras culturales, religiosas, económicas, entre el mundo occidental y el
mundo árabe, papel bien definido por el presidente Rodríguez Zapatero ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando propuso una alianza de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe y cuando puso como marco de referencia
precisamente la conferencia Euromediterránea de Barcelona, que serviría de experiencia previa a esta propuesta.
La verdad es que los problemas con los que se encuentra la mujer en los países árabes están muy bien definidos, se conocen perfectamente gracias a estudios de organizaciones internacionales independientes, y en ellos se constata la
existencia de discriminaciones legales en materias tales como nacionalidad y ciudadanía, violencia doméstica, leyes de familia, legislación penal, carencia de mecanismos para la defensa e información de las mujeres de la región, sobre todo en cuanto
a su salud reproductiva, y debilidad o incluso ausencia de mecanismos de representación política. A las mujeres españolas este conjunto de discriminaciones no nos puede resultar ajeno ni lejano, la consecución de la igualdad legal y real en nuestro
país es tan joven como nuestra propia democracia. Son discriminaciones, señorías, que afectan a cada uno de los aspectos sustanciales de la vida y del estatuto personal de millones de mujeres, y eso convierte la carencia de derechos en el obstáculo
más importante para toda reforma democrática. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
Además de los estudios cualificados a los que hemos hecho referencia, esta iniciativa se inspira en acuerdos
de encuentros sociales como el Foro Civil Euromed, que tuvo lugar en Luxemburgo en abril pasado, donde se pedía la ratificación de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en materia de política
de vecindad para los 35 Estados que conforman la región Euromed, o en el reciente Foro Social Mediterráneo, celebrado en Barcelona en junio pasado, que ponía el acento en problemas como la debilidad democrática, ciudadanía, derechos humanos, papel
de las mujeres en migraciones y conflictos, tráfico de mujeres, etcétera, o en la reciente resolución, que no quiero olvidar, aprobada en este Parlamento al hilo del debate sobre el estado de la Nación, referida a la cumbre donde se destacaba la
importancia del papel de las mujeres en sus objetivos, y que va en esta misma dirección. El ministro de Asuntos Exteriores decía recientemente que el proceso de Barcelona no puede limitarse en exclusiva al ámbito intergubernamental y oficial, y que
también debe continuar extendiéndose en el de la sociedad civil. El señor Moratinos decía que hay que involucrar a más ciudadanos en este proceso, en una zona tan vital para nosotros. El Plan Director de la Cooperación Española también dice que la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye un objetivo de desarrollo y es un factor fundamental para luchar de forma eficaz y sostenible contra la pobreza. La comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea dice también que
hay que orientar eficazmente las políticas de partenariado para poder trabajar efectivamente en la educación, en el empleo, en la igualdad. En eso estamos, señoras y señores diputados. Si el partenariado es entendido como una verdadera alianza
política y estratégica de organizaciones civiles y políticas para la transformación social, estamos en el marco adecuado para trabajar en la buena dirección. Por ello, solicito su apoyo para esta proposición no de ley. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Porteiro.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor vicepresidente.
Como no podía ser menos, vamos a apoyar la propuesta que acaba de defender la señora Porteiro. Explicamos la enmienda que presentamos porque, con independencia de que estemos de acuerdo no solamente con lo que se enuncia en la propuesta
presentada sino también con todos los argumentos que se acaban de explicitar desde la tribuna, consideramos, y así lo expresamos en la enmienda que proponemos, que, dada la complejidad de muchos de los países por el hecho de tener una cultura
diferente a la mayoritariamente europea, no se puede hacer ningún tipo de políticas relativas a las mujeres, orientadas a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, sin contar con las propias mujeres y con aquellas personas u organizaciones
que, en los países concretos donde es necesario llevar a cabo esa actividad -en realidad es necesario en todos los países pero, en concreto, me refiero a los países del Mediterráneo-, puedan orientar, expresar y plantear el modo más pedagógico de
realizar ese trabajo en dichos países. Cuando hablamos de esos países, nos referimos evidentemente a aquellos que mayoritariamente o de manera importante tienen una cultura islámica, que hace que el avance de los derechos de igualdad entre hombres
y mujeres esté muy por detrás de su situación actual en los países de la Unión Europea o en los países europeos del Mediterráneo, a pesar de que algunos no tienen el mismo nivel en cuanto a igualdad de géneros. Nuestra enmienda va en ese sentido,
convencidos, además, de que por parte de la señora proponente no va a haber ningún problema en aceptarla, porque conocemos su opinión a este respecto, pero con ella queríamos hacer patente que tenemos que ser conscientes de que las formas de avanzar
en la igualdad, en la democracia y en los derechos no se pueden imponer a ninguna sociedad, sino que debemos hacerlo de tal manera que la sociedad a la que van dirigidas tiene que verse absolutamente implicada y ser participativa en ese proceso.
Nos parece fundamental que toda la labor que se haga en estos foros euromediterráneos -compartimos, repito, la propuesta de que no puede obviarse la política orientada y dirigida a las mujeres-, que todo ese trabajo tiene que tener en cuenta las
realidades concretas de esos países y no hay nada mejor que contar con la colaboración y orientación de aquellas personas u organizaciones que están trabajando en esos países en relación con los derechos de igualdad de las mujeres, porque son
quienes conocen mejor no solamente las condiciones de esos países sino las características culturales y psicológicas de las propias mujeres, y sobre todo la forma de llegar a convencer a estas para exigir esa igualdad. Por todo ello presentamos
esta enmienda y esperamos que se entienda perfectamente lo que queremos decir con ella porque nos parece importante, incluso para el trabajo que desde la perspectiva de la igualdad de género tenemos que hacer en el Estado español con respecto a
estas culturas que viven en el Estado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señora Fernández Dávila.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a decir que la proposición no de ley que ha defendido la señora Porteiro nos parece importante, necesaria y oportuna porque nunca serán
demasiadas las ocasiones en las que tengamos que recordar y lamentar que todavía tenemos mucho que avanzar y hacer en cuanto a los derechos en general y de la mujer en particular, y mucho más en cuanto a los derechos de la mujer en
determinados países, sobre todo de las mujeres árabes.
Como se ha dicho, en noviembre de 1995, los doce países integrantes de la Unión Europea firmaron la Declaración de Barcelona; una declaración que llenó de optimismo en aquellos momentos a
todos los foros que estaban trabajando para conseguir estos objetivos; una declaración que implicaba ni más ni menos que transformar la región de Oriente Medio y Norte de África en un espacio de paz, estabilidad y prosperidad, lo que se pretendía
hacer basándolo en fortalecer la democracia y el respeto de los derechos humanos, el desarrollo humano y sostenible, y sobre todo la reducción de la pobreza y la participación en aquel caso de la mitad de la población, de las mujeres. Muchos años
han pasado pero poco se ha avanzado y es necesario que vayamos presentando iniciativas que vayan de nuevo situando la necesidad de este avance. También es importante resaltar -creo que la diputada Porteiro lo ha hecho pero he llegado tarde al
hemiciclo y no lo he podido escuchar- que como expresión de este movimiento nacido en Portoalegre, del 16 al 29 de junio se va a celebrar en Barcelona el Foro Social Mediterráneo, que pretende profundizar e intentar dar saltos cualitativos
importantes en las políticas de derechos humanos, en las políticas de igualdad, en las políticas de avance en todos los sentidos.
Nuestro grupo ha presentado tres enmiendas y creo haber entendido que van a ser aceptadas. Si es así, mejor que mejor porque tanto nuestras enmiendas como otras enmiendas que se han presentado seguramente van a conseguir que exista un
consenso más amplio y que todos los grupos nos veamos reflejados en la proposición. Para nosotros estas tres enmiendas, aunque puedan parecer insignificantes, tienen un fundamento y una razón que las justifica.
Vuelvo a insistir en que vamos a votar a favor de la proposición no de ley, felicitando a la señora Porteiro por su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora García.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, señorías, celebramos que el Grupo Socialista abandone, aunque sea por un momento, las extravagantes estrategias que le llevan a aliarse con los regímenes que sistemáticamente conculcan los
derechos de la mujer. Por tanto, en este caso alabamos su incoherencia.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha formulado el Grupo Socialista, aunque nosotros hemos presentado a la misma tres enmiendas.
Podemos decir que esta proposición efectivamente es apropiada y muy oportuna, porque dentro de unas
semanas se reúne la Asociación Euromediterránea para proceder a la celebración del décimo aniversario de su constitución. Como usted bien ha dicho, de esa asociación forman parte diferentes países del Mediterráneo sur y todos los países de la Unión
Europea y, desgraciadamente, en algunos de esos países la realidad de la mujer es dramática, padece injusticias y vejaciones, a menudo amparadas en usos sociales o tradiciones.
Es evidente que hombres y mujeres no somos iguales, somos equivalentes, tenemos igual valor como seres humanos y, por tanto, somos sujetos de iguales derechos, no por concesión de nadie sino estrictamente por justicia. Lo intrínseco del ser
humano no es solo la racionalidad sino la libertad, la libertad para desarrollar esa razón; y la libertad, señorías, ni se concede ni se pacta, es consustancial al ser humano y debe exigirse en los lugares donde no la hay o, en última instancia,
ayudar a conseguirla a quienes no pueden hacerlo solos porque su voz no existe.
Estamos de acuerdo con los seis puntos de su proposición que usted analiza, sin embargo, en nuestra opinión se han quedado cortos y por eso hemos presentado tres enmiendas; y se han quedado cortos porque parece sorprendente que no incluyan
en apartados específicos referencias y propuestas sobre la lucha contra la violencia de género, la obligatoriedad de la escolarización femenina y, por supuesto, incidir en que todas estas realidades deben tenerse en cuenta a la hora de firmar
tratados y realizar proyectos de cooperación con países que no respetan los más elementales derechos de la mujer.
Nuestra primera enmienda propone defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género en los países árabes y del norte de África. La segunda trata de promover la escolarización obligatoria
de las mujeres en dichos países para que puedan acceder a todos los niveles educativos; porque nuestro grupo está absolutamente convencido de que todos los problemas derivados del incumplimiento de los derechos humanos vienen dados por la falta de
educación. El acceso a la educación de la mujer le concede independencia intelectual, le lleva a hacerse preguntas, a intentar responderlas, a actuar en diferentes situaciones, le lleva al asociacionismo, a hacerse oir, a conseguir el apoyo de la
sociedad civil y además a implicar a los hombres en ese reconocimiento de equivalencia e igualdad ante la ley, respetando sus diferencias. Tenemos la prueba, por ejemplo, en Marruecos, donde hubo unas asociaciones -creo que fueron 22- que desde
1992 estaban luchando en pro de los derechos de la mujer y al final, hace muy poco, han conseguido lo que se llama la mudawana, que es el código de familia donde se conceden una serie de derechos a las mujeres como individuo.
La tercera enmienda que nosotros proponemos es que antes de la firma de un acuerdo internacional con algún país que no se haya adherido al protocolo de la Cedac se requiera un informe sobre los derechos de la mujer en dichos países, porque
la Cedac representa, como ustedes bien saben, el instrumento más completo y sólido para la promoción del derecho de las mujeres, que aunque ha sido ratificado por numerosos miembros de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en varios casos se ha
hecho con una serie de reservas que hace que se pueda limitar su impacto. Asimismo, sería importante conseguir que se ratificara el protocolo facultativo de la Cedac, que fue aprobado por Naciones Unidas en 1999 y ratificado por el Gobierno en ese
mismo año, que además lo difundió entre diversas ONG de nuestro país. Me gustaría resaltar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada por muchos países islámicos, pero no basta con firmarla, las declaraciones están para
cumplirlas e impulsar y controlar su cumplimiento. Esta declaración es la base para conciliar las culturas y religiones. Los derechos humanos, señorías, son el fundamento de la única alianza posible, la que se cimenta en el respeto básico a la
dignidad humana y su universalidad es irrenunciable. Igualmente, llamo su atención sobre el importante documento que ha emitido el Parlamento Europeo precisamente como consecuencia de esta reunión que se va a realizar en Barcelona. La Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género hace tan solo dos meses expresó su preocupación por la gran discriminación que sufren las mujeres, precisamente existen en ese documento una serie de sugerencias que por falta de tiempo no puedo examinar
pero que les animo a que lean. Termino, señor presidente, haciendo notar que me sorprende que este grupo parlamentario que sustenta al Gobierno se empeñe y le dé ahora tanta importancia a la igualdad de las mujeres en el mundo árabe, lo cual
alabamos, y sin embargo no haya propiciado ninguna política de igualdad en España, tal y como se había comprometido, ni en el área laboral, ni en la social, ni en la económica, ni en la educación, no han puesto en marcha la ley de igualdad a la que
se comprometieron. Por tanto, señores del Grupo Socialista, los derechos de la mujer se defienden sin cuotas, sin demagogias, sin leyes nacidas para el marketing y es eslogan, se defienden porque se cree en ellos, porque son fundamentales, y eso se
hace desde el Gobierno, desde la oposición, desde los medios y desde la calle, aunque ello tenga un coste electoral, que es prescindir del apoyo de aquellos que, en nombre de utópicas alianzas, consienten usos contrarios a la dignidad de la mujer.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Méndez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente, señora Porteiro, por la oportuna presentación de esta iniciativa. La primera Conferencia Euromediterránea, celebrada en Barcelona el 27 y 28 de noviembre del 1995, marcó el inicio
del partenariado euromediterráneo, proceso de Barcelona, un amplio marco de relaciones políticas, económicas y sociales entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países socios del Mediterráneo. El proceso de Barcelona es una singular y
ambiciosa iniciativa que sentó las bases de una nueva relación regional y que representa un cambio decisivo en las relaciones euromediterráneas. En la Declaración de Barcelona los socios euromediterráneos establecieron los tres objetivos
principales del partenariado: uno, colaboración política y de seguridad para definir un espacio común de paz y prosperidad; dos, colaboración económica y financiera para creación de una zona de prosperidad compartida, y tres, colaboración en los
ámbitos social, cultural y humano para el desarrollo de los recursos humanos, fomento de la comprensión entre las culturas y de los intercambios entre las sociedades civiles. Después de diez años de tímidos avances hoy los habitantes de la Europa
del sur sabemos que la consecución de estos objetivos condicionará el bienestar de la Europa del futuro. Señorías, el terrorismo encuentra su abono en la injusticia y en la pobreza.
Frente a la presión inmigratoria en la frontera sur de Europa y frente a la carencia de instrumentos para canalizarla, hay consenso hoy en Europa en que la única solución es reducir la diferencia en el PIB entre las dos riberas del
Mediterráneo. El crecimiento económico para que revierta en la mejora de la calidad de vida debe ir ligado a mejoras democráticas, y para que una sociedad pueda progresar hacia un sistema democrático es imprescindible establecer unas condiciones de
paz y seguridad. Pero avanzar en las condiciones de paz, democracia y crecimiento económico es imposible sin contar con el 50 por ciento de la población, es decir, las mujeres. Por esto es oportuna esta proposición, ya que en estas fechas en que
se está a punto de celebrar la Conferencia de Barcelona, con motivo del aniversario de la Conferencia Euromediterránea, es importante que los conferenciantes tengan en cuenta este aspecto. El progreso en la zona Euromed irá de la mano de cómo
progresan las mujeres, de cómo avanzan en el reconocimiento de sus derechos, en el acceso a la educación y a los servicios de salud y en el derecho al trabajo. En las sociedades donde más ha avanzado la mujer en sus derechos civiles y políticos
-tenemos el ejemplo de Túnez-, donde las mujeres acceden a estudios universitarios y a puestos de responsabilidad, se avanza también en la creación de riqueza. En los países de la ribera sur, también en España, las mujeres siguen siendo las más
pobres de la sociedad. En muchos países son tolerados los crímenes de honor que violan el derecho fundamental de la seguridad y de la vida. Las mujeres son aún forzadas a contraer matrimonio en contra
de su voluntad. El Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres considera que la edad mínima para contraer matrimonio debería ser los 18 años, cuando hombre y mujer han alcanzado la suficiente
madurez para ser conscientes de sus actos. La poligamia es otra forma de discriminación contra la mujer. El matrimonio polígamo discrimina a la mujer y puede tener fatales consecuencias financieras y emocionales para ella y sus descendientes.
Otra forma de discriminación presente en todos los países de Euromed, también en España, es la violencia ejercida dentro del matrimonio, lo que llamamos violencia de género.
La discriminación contra la mujer existe en todos los países del Mediterráneo y sus raíces profundas vienen del modelo de sociedad patriarcal, en el que el varón ha heredado unos privilegios que la mujer no tiene. Por ello en esta enmienda
pedimos cambiar la denominación de países árabes por países de la zona Euromed, ya que consideramos que la discriminación contra la mujer no es exclusiva de los países árabes.
Mención especial merecen las mujeres víctimas de conflictos armados.
Las mujeres son las víctimas silenciosas de los conflictos armados y los pilares que sustentarán la recomposición del tejido social, una vez finalizado el conflicto. Las mujeres son las grandes mediadoras y no son tenidas en cuenta en los procesos
de paz. Por ello hemos aportado otra enmienda de adición para recordar a los participantes en la conferencia que no olviden el importante papel que pueden jugar las mujeres en los procesos postbélicos. Con ello queremos rendir homenaje a las
mujeres palestinas e israelíes que, contra los vientos violentos de la zona, luchan por una sociedad justa donde puedan educar a sus hijos en paz y prosperidad. Vaya nuestro saludo para las Mujeres de Negro que llevan años levantando la antorcha de
la paz y la reconciliación. También queremos felicitar a las dos diputadas afganas elegidas en las pasadas elecciones, especialmente a Malalai Joya, que ya ha recibido amenazas de muerte por parte de la Loya Jirga. A todas estas mujeres valientes
vaya nuestro reconocimiento y admiración.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, otra vez incurren en el error de hablar solo de la discriminación de las mujeres en los países árabes. Creemos que debemos sustituir países árabes por países de la zona
mediterránea. Después de haber escuchado a la portavoz del Grupo Popular la sensación es agridulce. Teníamos una propuesta consensuada con todos los grupos para avanzar en la zona Euromed, no para lanzar disputas sobre quién ha hecho más por los
derechos de las mujeres.
Todos hemos hecho muy poco: los que gobernaban antes y los que gobiernan ahora. Sigue habiendo violencia de género en España y sigue habiéndola en Iltalia y en Grecia; no solo la hay en los países árabes. Para avanzar
hay que analizar las circunstancias de por qué hay discriminación y no seguir con conflictos parlamentarios que no lleguen a ninguna solución.
Por tanto, espero que se aprueben las enmiendas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Bonás.
Finalmente, en este turno de defensa de enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Agradecemos la iniciativa del Grupo Socialista porque nos da la oportunidad en estos días previos a la reunión de Barcelona, de abordar un aspecto concreto del diálogo euromediterráneo. Además, desde la perspectiva de Convergència i Unió,
que fue actor activo en la configuración de aquella reunión en Barcelona hace 10 años, durante la última legislatura del Gobierno socialista tan tumultuosa -en la que mi grupo apostó justamente por la estabilidad gubernamental para permitir que la
Presidencia española de la Unión se produjese con todas sus consencuencias-, nos parece oportuno y relevante tener este debate, reivindicando la importancia del proceso de Barcelona y también mostrando nuestra frustración -como ya se ha dicho a lo
largo de esta tarde- por los pocos avances concretos que en estos últimos 10 años hemos tenido, a pesar del empuje que Barcelona supuso en cuanto al compromiso del conjunto de países de la Unión Europea y de los países del sur del Mediterráneo para
avanzar en cuestiones determinadas.
Además, la cuestión que específicamente nos plantea esta iniciativa del Grupo Socialista, que son los derechos de las mujeres en la zona euromediterránea, responde a un análisis compartido también por mi grupo y por todos los grupos de la
Cámara, en el sentido de dar importancia trascendental al desarrollo de los derechos de las mujeres en el futuro de los países del sur del Mediterráneo y en general en los países del mundo árabe. Ahí es bueno recordar los informes del PNUD en
relación con el mundo árabe donde justamente sitúan el empoderamiento de las mujeres como uno de los elementos estratégicos básicos para el futuro de dichos países. Sin capacidad de empoderar a las mujeres, los países árabes no tienen futuro. Por
tanto, compartimos no solo la oportunidad del debate sobre la cumbre de Barcelona, sino también la oportunidad de que esta iniciativa se centre en este aspecto de los derechos de las mujeres.
Además, señorías, en los últimos tiempos, quizás
tímidamente respecto a nuestras aspiraciones y seguramente insuficiente desde la perspectiva de las mujeres en los países árabes, es cierto que en algunos de estos países se empiezan a producir avances en sus legislaciones en el ámbito del derecho
de la familia que apuntan en la buena dirección. En este sentido, la reciente legislación aprobada en Marruecos, con todas las limitaciones que ustedes quieran, va en esa buena dirección que creemos que debemos reclamar a los países del mundo árabe
y musulmán.
También se ha recordado -creo que lo ha dicho la señora García- que en estos mismos días va a tener
lugar, impulsada por el Gobierno de Cataluña, una conferencia euromediterránea de mujeres que pretende avanzar en el ámbito de los derechos de las mujeres, en la contribución de las mujeres en los niveles micro y macroeconómico como garantía
de desarrollo sostenible y también en el acceso de las mujeres a la formación, la educación y la cultura como instrumentos fundamentales para mejorar la ocupación, la competitividad y la aportación cultural de las mujeres a los cambios en sus
sociedades. Por tanto, es una proposición no de ley que encaja con esa iniciativa que el Gobierno de Cataluña está impulsando estos días.
Finalmente, la enmienda -que mi grupo quería agradecer que el Grupo Socialista haya aceptado literalmente- al texto que finalmente vamos a votar pretende, recogiendo un mandato del Parlamento Europeo muy reciente, reforzar y ampliar el
programa regional que sobre esta materia viene impulsando la Unión Europea en el campo del desarrollo económico y social a través de la participación de las mujeres y, al mismo tiempo, remarcando la necesidad de introducir en esas políticas de la
Unión Europea mecanismos e instrumentos que nos permitan evaluar cualitativa y cuantitativamente los avances que se están produciendo. En este campo el riesgo es que todos nos instalemos en las declaraciones y en la retórica y que nos cueste
avanzar en los hechos. Espero que esta iniciativa sirva para lo contrario, para que el conjunto de Estados europeos y del sur del Mediterráneo concretemos, en el marco del proceso de Barcelona, cambios reales en nuestras sociedades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Campuzano.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo quiere dejar clara aquí su posición, que va a ser favorable a la iniciativa. Nos congratulamos de la misma, nos sumamos plenamente a su contenido y fondo. En relación con las enmiendas presentadas, si el grupo proponente las
acepta, nosotros no tenemos ninguna objeción a ninguna de las enmiendas que a nuestro juicio enriquecen al propuesta.
Queremos plantear dos cuestiones desde Coalición Canaria. Se está hablando de una manera muy topográfica o geográfica del área euromediterránea.
Nosotros somos una comunidad que estamos allí, en el Atlántico, a cien kilómetros de África.
Queremos reivindicar que también hay unos países musulmanes o islámicos enfrente de nosotros, por poner un ejemplo, Mauritania, país islámico o musulmán, que está ahí, y empiezo por el reconocimiento a la mujer del pueblo saharaui, que también lo
necesita.
Dicho esto, también quiero hacer una observación a estos países. En Canarias nos consideramos políticamente integrados en esta parte del norte de África para que los derechos de la mujer sean plenamente reconocidos. ¿Por qué razón?
Porque la iniciativa se está refiriendo fundamentalmente a la protección de los derechos civiles, políticos y democráticos de la mujer. La única observación que le hago es que se tenga cuidado con las palabras cuando se habla de las mujeres en el
mundo árabe. El mundo árabe es una parte del mundo islámico o musulmán.
Marruecos no es un país árabe, Mauritania tampoco, Túnez tampoco, son países musulmanes o islámicos, pero no árabes, como lo son otros. Los árabes son una parte del mundo
musulmán. Pediríamos que se tuviera en cuenta el mundo del islam, es decir, el mundo sometido a los preceptos que muchos cadíes y jueces musulmanes interpretan desde el Corán. Todo país con religión coránica, si no es árabe, será islámico o
musulmán; todos los países árabes son islámicos o musulmanes, pero no todos los países islámicos o musulmanes son árabes. Era la observación que queríamos hacer respecto a esa palabra. Nos queremos sumar plenamente al sentido que subyace en el
fondo de esta iniciativa, que, como he dicho, vamos a votar favorablemente desde el reconocimiento de una parte de la cultura euromediterránea, aunque la geografía nos ha situado en el Atlántico y al norte de África.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones. No he querido interrumpir el discurso del señor Mardones, pero rogaría a la Cámara que guardáramos la solidaridad auditiva debida al orador de turno.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para fijar su posición, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Ese murmullo al que usted se ha referido y no otra cosa es lo que hace que esta diputada suba hasta la tribuna para poder manifestar no con más tiempo pero sí por lo menos con mayor concentración cuál es la postura de mi formación política.
Queremos felicitar al Grupo Socialista por esta iniciativa. La diputada que la ha traído a esta Cámara, la señora Porteiro, lo ha hecho con la convicción y el entusiasmo de quien presenta algo en lo que cree, a diferencia de lo que ocurría semanas
pasadas cuando desde mi grupo se criticó aquella iniciativa que yo llamé de la igualdad de las señoras marquesas. En este caso encaja lo que nos trae el Grupo Socialista, con un gobierno del sesgo que una cree que ha de tener un gobierno
socialista, social y solidario. Se podría manifestar que un gobierno debería hacer estas cosas sin necesidad de ser instado a ello por el grupo parlamentario que le apoya, pero es que también, señorías, todos conocemos que la utilidad de las
proposiciones no de ley no solo es conseguir el voto de la Cámara -que espero
que en esta ocasión sea por unanimidad- para hacer una determinada cuestión, sino publicitar determinadas acciones. El que hoy se debata aquí sobre esta cuestión es importante, puesto que así tendrá una mayor plasmación en lo que luego se
vaya a llevar como acuerdo del Gobierno a la reunión de la que se trata en la iniciativa. Es más, mañana mismo en la sesión de control al Gobierno, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor
Duran Lleida, hará una pregunta al Gobierno sobre cuáles van a ser las cuestiones que el Gobierno va a llevar a esta cumbre. Bueno sería que, además de lo que el señor presidente del Gobierno tenga a bien sugerirle, haya un acuerdo unánime,
insisto, de esta Cámara respecto de esta cuestión y también sea obligatorio para él trasladar la cuestión que hoy nos trae.
También se han referido todos los portavoces a los diez años que se cumplen ahora de la primera reunión que en noviembre de 1995 hubo entre los países de la Unión Europea y los 12 países socios del Mediterráneo, en la que se hablaba de que
se iba a actuar de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estas proclamas, sin embargo, no han sido bastante para no poder manifestar hoy que las cuestiones relativas a los derechos de las
mujeres han recibido una bastante escasa atención. Se ha tratado de ellas de manera muy marginal y nos parece que justo es ahora el momento de hacer ahora centralidad de estas cuestiones en estas cumbres. Estamos en un contexto especialmente
preocupante, lo han manifestado todos y no me voy a repetir yo, en cuanto a circunstancias vividas recientemente e incluso hay que señalar la circunstancia que la exposición de motivos trae hoy también a la Cámara de que situaciones vividas
recientemente por países como Afganistán o Irak han permitido la participación de la población femenina en el fortalecimiento de la democracia.
Señorías, somos todos conscientes de esto, todos creemos que es imposible la construcción de una sociedad sin que sean respetados los derechos civiles y políticos de la mitad de la población. Se criticaba por la representante del Grupo
Popular que no hubiera ninguna mención a la violencia doméstica; no la hay en la parte dispositiva, pero sí en la exposición de motivos. Hay un catálogo de carencias y en ese catálogo, bastante amplio, en la iniciativa del Grupo Socialista está
explicitada esta cuestión. Cierto es que la proposición no de ley estaba pensada para una reunión del foro social a celebrar en los días 16 a 19 de junio próximos, pero viene magníficamente bien para la circunstancia que va a celebrarse los días 27
y 28 de este mes. De la misma manera, nos parece adecuado que haya traído a colación que también con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, en esta Cámara, se aprobó una cuestión que hacía referencia a las circunstancias de la mujer, si
bien era también tangencial porque se hablaba de uso de instrumentos de microfinanzas y se decía que en estas iniciativas se debía prestar especial atención a la mujer emprendedora cabeza de familia como motor de cambio social en los países del sur
del Mediterráneo.
Del conjunto de las cuestiones que se traen, las seis nos parecen bien, puesto que se pretende dar ahora centralidad en los debates a las cuestiones referidas a los derechos de las mujeres. No hemos presentado enmiendas y nos parecen bien
las presentadas por los demás grupos. Ojalá se aprueben y así sea posible la unanimidad. Ojalá hubiese habido alguna referencia también a la igualdad y en esto sí que le reprocho, aunque en términos distintos de los empleados por el Grupo Popular,
que estamos esperando en esta Cámara esa iniciativa que, como ley de igualdad, se nos prometió y casi llegados al ecuador de esta legislatura todavía no hemos visto. Mi grupo tiene la esperanza de que, como ya existe en el País Vasco, existirá
finalmente una ley de igualdad.
Nos gustaría hacer también alguna referencia a encauzar esta cuestión en relación con la cooperación al desarrollo, a cómo se puede ayudar a concienciar a los países a los que nos estamos refiriendo y qué recursos se van a emplear para
concienciar lo que aparece perfilado en el texto de la enmienda que se presentaba por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Concluyo, señorías, en el tiempo que se me ha dado, con la manifestación de que ojalá se hubiesen podido incluir en la iniciativa algunos avances que se hacen sobre valoraciones de Beijing más diez. En todo caso el Grupo Vasco
considerándolo un avance importante, considerándolo una llamada a la conciencia en relación con la cumbre que se va a celebrar, va a votar favorablemente la iniciativa que hoy nos trae el Grupo Socialista al que de nuevo doy la enhorabuena.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Uría.
Finalmente, para la estricta aceptación o rechazo de las enmiendas que han sido formuladas, tiene la palabra la señora Porteiro.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Vamos a aceptar todas las enmiendas que han sido presentadas. Hemos elaborado una redacción transaccional en la cual se incorporan las aportaciones, que quiero agradecer vivamente, de todos los grupos políticos, defendidas aquí
magníficamente por los portavoces, señoras y señores diputados, que han intervenido. Espero que la votación pueda ser tan unánime como provechosa para el fin que pretendemos conseguir.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Porteiro.
Los servicios de la Cámara me indican que no ha hecho llegar a la Presidencia la enmienda transaccional.
Si es tan amable, hágala llegar. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España. Se ha solicitado
votación separada del punto 1, que votaremos en primer lugar; a continuación, votaremos los puntos 2 y 3.
Punto 1. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 133; en contra, 167; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación de los puntos 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 126: en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre integración en la región euromediterránea de los derechos de las mujeres. Existe una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a
su tramitación? (Pausa.) Si no es el caso se vota la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 302.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE PLANES DEL GOBIERNO PARA DAR UNA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE IMPACTO ACÚSTICO PROVOCADOS POR EL PASO DE VUELOS MILITARES SOBRE LAS ZONAS HABITADAS, ESPECIALMENTE EN LA CIUDAD DE
ZARAGOZA. (Número de expediente 173/000096.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario mixto (Señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para dar una solución a los problemas de
impacto acústico provocados por el paso de vuelos militares sobre las zonas habitadas, especialmente en la ciudad de Zaragoza. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta. (Rumores.)
Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo en silencio, continuamos con la sesión plenaria.
Señor Labordeta, es su turno, vamos a intentarlo. (Rumores.) Silencio, por favor, señorías.
Adelante.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de comenzar quisiera dar la bienvenida a los distintos representantes de las asociaciones de vecinos de Zaragoza que hoy están en la tribuna de invitados presenciando este debate. Quiero agradecérselo expresamente a ellos porque, como
en el caso de una anterior proposición de ley debatida esta tarde en el Pleno, también se ha dado un ejemplo de lo que es la política con mayúsculas, de lo que es la participación ciudadana en la democracia. Ellos son responsables de que hoy
estemos debatiendo este tema concreto. Nosotros como partido político nos hemos limitado a cumplir lo que dice la propia Constitución: ser cauce de participación política de la ciudadanía.
Por este requerimiento vecinal, el pasado 19 de octubre de 2005 se debatía en este mismo Pleno del Congreso una interpelación sobre las medidas que tenía previstas el Gobierno para intentar paliar el paso de los aviones militares sobre la
vertical de los barrios de la ciudad de Zaragoza.
Fruto de la dinámica parlamentaria, de las reformas de estatutos, de los presupuestos y demás festividades variadas, es precisamente hoy, un mes más tarde, cuando se debate y vota la moción
dimanante de la citada interpelación. Aquel día planteábamos que este era un tema antiguo y recurrente en la ciudad de Zaragoza, que los vecinos y vecinas de los barrios de Casablanca, Montecanal, Oliver, Valdefierro, Miralbueno, Garrapinillos y la
Venta del Olivar eran los que más directamente lo llevaban soportando desde hacía décadas, y es que el aeropuerto de Zaragoza tiene una utilización militar muy importante en una zona cercana a lugares habitados.
Conscientes de ese problema, las asociaciones de vecinos habían reclamado medidas a las distintas administraciones públicas implicadas para tomar medidas que pudieran minimizar este impacto que provoca un deterioro evidente en la calidad de
vida de los miles de vecinos, pero fue la institución del Defensor del Pueblo la que ha permitido dar un aldabonazo importante a este problema. El informe elaborado, que complementaba un documento extenso sobre el problema del ruido, indicaba que
las administraciones públicas no pueden inhibirse ante este
problema. El Defensor del Pueblo exponía toda una serie de recomendaciones que las diversas administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, tenían que cumplir. El responsable de esta cartera, el ministro señor don José
Bono, nos respondió en este mismo Pleno con motivo de la interpelación aportando toda una serie de datos que desconocíamos, como el proceso en el que se encuentra inmerso el ministerio para elaborar mapas de ruido, por no olvidar unas cifras que
dejaban bien a las claras la importancia cualitativa y cuantitativa del problema. Estamos hablando -según los datos oficiales que se expusieron en la anterior sesión del Pleno- de unos 23.000 vuelos militares en un año, 17.120 vuelos civiles y
12.600 sobrevuelos de la ciudad, lo que supone un total de 52.795 vuelos, en cifras que, para que nos podamos entender mejor, suponen al día una media de más de 144 vuelos sobre Zaragoza. Ya explicamos que nos referíamos más al problema de los
vuelos militares, en este caso no por una cuestión de pacifismo, que también lo somos, sino que en esta ocasión la interpelación y moción se debían a una mera cuestión de impacto acústico, y es que estos vuelos son los que más problemas de ruido
causan en su sobrevuelo de la ciudad.
Ante esta situación, proponemos hoy una serie de medidas en esta Cámara para la aprobación del Pleno del Congreso, medidas que van desde lo puntual a lo general, soluciones que requieren de la voluntad política de la actuación del Ministerio
de Defensa y una postura favorable de esta Cámara sería un punto de inflexión importante a la hora de hacer cumplir al Gobierno con sus obligaciones para con la ciudadanía. Pedimos transparencia e información; proponemos medidas técnicas
consultadas con expertos técnicos en materia aeronáutica; reclamamos impulsar el proyecto de medidas correctoras del impacto acústico como marco de referencia a la hora de diseñar un plan completo de actuaciones; demandamos medidas destinadas a
facilitar la transparencia e información de la que han carecido hasta la fecha los vecinos y vecinas de la ciudad. Queremos que se apruebe una serie de puntos destinados a impulsar la participación ciudadana creando vías de comunicación y de
conexión directa con el Gobierno mediante la implicación en una mesa de trabajo y seguimiento específico sobre este tema en Zaragoza. Aportamos una serie de propuestas técnicas para aprovechar la pista sur del aeropuerto, más alejada de la zona
habitada de la ciudad, que por tanto podrían minimizar el impacto acústico de los aviones militares. Otro de los puntos iría referido a limitar el vuelo de los aviones militares durante el horario nocturno, uno de los aspectos esenciales, dado que
es el momento en el que se deteriora más la calidad de vida de los vecinos afectados. Finalmente, exponemos en esta iniciativa una recomendación: evitar al máximo la aproximación en formación al aeródromo de utilización conjunta de Zaragoza, ya
que el impacto acústico de estas naves que vuelan con este tipo de formación se multiplica.
En definitiva y para concluir, creemos que son unas propuestas asumibles, que es una iniciativa razonable que podría servir para paliar el problema del impacto acústico. Por tanto, pedimos el voto favorable de todos los partidos políticos
representados en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta, muchísimas gracias.
Continuamos, señorías, con la defensa de las enmiendas presentadas.
Comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista; en su nombre, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Señora presidenta, señorías, comprenderán que mis primeras palabras como diputado por la circunscripción de Zaragoza sean para dar la bienvenida a los representantes del movimiento vecinal y decirles, citando en
este caso palabras del ministro, que sería contradictorio que quien ha de defender a los españoles no fuera sensible a los trastornos en su vida cotidiana que produce la actividad de los ejércitos. También sería contradictorio que los políticos,
sus representantes, no pudiéramos ponernos de acuerdo para intentar solucionar, paliar al menos, los problemas que esa actividad produce.
Quiero recordar la frase de un viejo amigo: para decir que sí pocas palabras bastan. Mi grupo parlamentario va a decir mayoritariamente sí a la propuesta que hoy nos ha traído el señor Labordeta como moción, resultado de una interpelación,
que supongo que todos ustedes conocen y que se desarrolló en ese ambiente constructivo que he querido citar al principio de mi intervención. Debo decir que apoyamos los puntos 1, 2, 3, la mitad del 4 y el 6 de la moción que ustedes conocen porque
los ha explicado bien y como corresponde el autor de la misma. Sin embargo, también tenemos algún pero que poner y es nuestra obligación hacerlo en estos momentos. En cuanto al apartado 5, hemos presentado una enmienda de supresión justificada por
razones de seguridad y de orden meteorológico, según nos explican los expertos. No crean ustedes que este diputado ha hecho un curso acelerado de piloto de caza, en absoluto. Afirman los expertos que es preferible que los aviones despeguen y
aterricen con viento en contra, y que aumentan los riesgos cuando el aterrizaje se produce con viento de cola, riesgos que afectan obviamente a todos los implicados. Por lo tanto, no es un problema técnico ni de falta de ayuda, sino meteorológico y
de seguridad. Al solicitar la supresión del apartado 7, y me remito a lo escrito, lo hacíamos porque el aterrizaje de un número alto de aviones en un corto espacio de tiempo, en malas condiciones atmosféricas, es siempre preferible a la otra
hipótesis; porque con el aterrizaje en formación se reduce el número de sobrevuelos; porque la toma de tierra en formación por los cazas es práctica habitual y, además, se realiza como entrenamiento en todos los ejércitos.
Aprovechando que
estamos en el Año Mundial de la Física, debemos recordar que dos aviones en formación no producen doble sensación de ruido, aunque
aparentemente esa sería la primera explicación. Eliminando este punto, se reduciría a la mitad el período de tiempo de exposición al ruido y se incrementaría la seguridad de las operaciones.
El señor Labordeta nos ha ofrecido una transacción en este punto. Quiero, en primer lugar, afirmar la voluntad del Partido Socialista de aceptar esa transacción, y llamar al conjunto de los partidos políticos a esa transacción porque sería
demostrar, en una segunda votación, que el acuerdo es posible, que el acuerdo es bueno, que responde a una demanda ciudadana, que mejora el nivel de vida de los ciudadanos y que da una imagen de que los políticos nos ocupamos de buscar soluciones,
aunque es cierto que también hacemos otras cosas. Hoy, en esta moción y con estos temas, se podría llegar a un acuerdo que nos permitiera expresar a la población de Zaragoza, preferentemente a aquellos ciudadanos que están afectados, una doble
condición que todos compartimos: el respeto por nuestros ejércitos, el respeto profundo por todos los ciudadanos y la voluntad de mejorar sus condiciones de vida, especialmente la de aquellos que representamos en nuestras circunscripciones.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Arola.
Señora Uría, ¿desea fijar posición por su grupo? (Pausa.)
Señor Jané, ¿lo va a hace usted por su grupo parlamentario? (Pausa.)
Finalizamos con la fijación de posición del señor Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.
Quisiera que mis primeras palabras, como ha hecho el resto de portavoces, sean para dar la bienvenida a las asociaciones vecinales de Zaragoza que hoy nos acompañan.
Tras pasar más de un mes de la interpelación del señor Labordeta al ministro de Defensa, hoy el miembro del Grupo Mixto nos presenta una moción que no es ninguna novedad en este Parlamento. Digo esto porque son no voy a decir innumerables,
pero sí muchas, las iniciativas presentadas en este Parlamento en torno a la contaminación acústica en Zaragoza, ya sean proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones o simplemente preguntas que ha formulado prácticamente la totalidad de los
grupos parlamentarios durante estos últimos años.
El 10 de septiembre de 2002, como consecuencia de una moción sobre un tema casi igual al que hoy nos referimos y también presentada por el señor Labordeta, el portavoz de entonces y de hoy del Partido Socialista, el señor Arola, comenzaba su
intervención diciendo: Al salir a la tribuna tengo la sensación de que la suerte está echada, es decir, sospecho que o se acepta la enmienda del Partido Popular o decaerá la moción que ha presentado el señor Labordeta en nombre de su grupo
parlamentario. Las palabras -¿verdad, señor Arola?- sirven para todos y este es el caso, porque hoy o se admiten las enmiendas del Partido Socialista o sobra lo que le digamos, aunque voy a intentar exponer nuestra posición.
Comenzaré por asegurarle, señor Labordeta, que después de oírle el pasado día 19 de octubre tengo la sensación de que la interpelación al ministro de Defensa se la habían dictado desde el propio ministerio; es más, previa autorización de
este para que se la hiciera. Le aseguro que si mañana nos contaran que ha pasado usted a formar parte del Grupo Parlamentario Socialista a nadie -se lo aseguro, a nadie- le iba a resultar extraño, salvo -supongo- a los responsables de su partido y
a sus votantes.
Dicho esto y pasando de lleno al texto de la moción, creo que es justo recordar que ya el anterior Ejecutivo demostró sobradamente la sensibilidad al impacto que, tanto en el medio ambiente como sobre las personas, pudieran tener las
operaciones que realizan las aeronaves civiles y militares, en este caso en el entorno de la base aérea de Zaragoza. Muchos son los ejemplos que podemos dar y que se han venido desarrollando en los últimos años, como la utilización de la pista más
alejada de las áreas habitadas para despegue de los cazas, así como recuperar los F-18 en tráficos visuales para la misma pista con virajes a la izquierda para reducir así al máximo el posible impacto ambiental o la programación de vuelos nocturnos,
preferentemente en las épocas en que el ocaso se produce más temprano, al objeto de poder finalizar dichos vuelos antes de las cero horas. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. También es importante reseñar que el Ejército del Aire
dispone en la actualidad de una estricta normativa que limita y regula el sobrevuelo de poblaciones y núcleos urbanos con el fin de evitar en la medida de lo posible molestias a los ciudadanos y garantizar la seguridad de estos y de los vuelos,
medidas que se revisan continuamente para asegurar su cumplimiento y, en su caso, su mejora.
Por otra parte, es bueno resaltar que nuestro aeropuerto no tiene una pista estrictamente civil y una pista militar, sino dos pistas que, de acuerdo con la legislación vigente, se utilizan conjuntamente para vuelos civiles y militares. Es
bueno recordarlo porque tanto unos como otros no superan el nivel de ruido máximo que pueda suponer un riesgo para las personas, aunque posiblemente sí una incomodidad, como así quedó reflejado en un informe técnico elaborado por la Universidad
Politécnica de Madrid sobre este hecho. Esto no quiere decir, señorías, que no se tenga que seguir trabajando para obtener las condiciones que hagan posible conseguir mejores y más efectivos sistemas de aproximación, que se adquieran y se pongan en
funcionamiento equipos que cada día elaboren un más preciso mapa de ruidos -por cierto, señor Labordeta, entre en la página web del ayuntamiento de Zaragoza y se dará cuenta de que su propuesta número 2 ya está en activo desde hace bastante tiempo-,
así como la obtención de la huella sonora de cada modelo de avión en plantilla sin descartar otros
posibles focos sonoros contaminantes. Ahí, señor Labordeta, siempre nos va a encontrar. Por eso, su moción, que -creo- busca puntos de encuentro, no debería haber sido una retahíla de obligaciones que de alguna forma y en algunos puntos
hace dudar de la profesionalidad de controladores, pilotos, militares y responsables del aeropuerto de Zaragoza.
Sinceramente, ha llegado usted hasta un punto a la hora de precisar, y por tanto obligar, que le propongo que suba a la torre de
control y autorice cómo, cuándo y por dónde, siempre que a usted le parezca bien, deben tomar tierra o despegar los aviones, dependiendo, eso sí, de si son civiles o militares, porque de todos es conocida su diferente opinión sobre unos y otros.
En cualquier caso, señor Labordeta, sería bueno destacar que algunas de las propuestas que usted formula en su iniciativa ya fueron puestas en práctica por el anterior Ejecutivo -como decía al principio de mi intervención-, como ocurre con
los puntos 1 y 6, y hay documentación que así lo corrobora, igual que ocurre con su apartado 2, al que ya me he referido con anterioridad. Por todo ello, señor presidente, el Grupo Popular va a seguir apostando por medidas que resuelvan en lo
posible este problema y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el entorno del aeropuerto de Zaragoza, que -recordemos- la mayoría fueron a vivir allí mucho después de la instalación de la base aérea, pero eso no quita que se deba
y se pueda buscar fórmulas que satisfagan a todos.
Acabo, señora presidenta, dejando claro que, una vez escuchadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, el Grupo Popular votará favorablemente, siempre y cuando la moción quede en los términos descritos en las enmiendas.
Si no es así y se vota en su conjunto, votaremos desfavorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Moreno.
Señor Labordeta, tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a aceptar las enmiendas. El punto 5, efectivamente se puede retirar y en el punto 7 hemos llegado a la transaccional con el Grupo Socialista.
No merece la pena hacer más comentarios; yo podría ir hacia el PSOE, pero él podía ir más a
la derecha de donde está.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA MEJORA DEL SERVICIO FERROVIARIO DE CERCANÍAS EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000097.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto siguiente del orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la mejora del servicio ferroviario de
cercanías en Cataluña.
Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 19 de octubre, con la presencia de la ministra de Fomento, debatimos en este Pleno la interpelación sobre los servicios de cercanías en Cataluña y compartimos con la citada ministra un diagnóstico objetivo, diagnóstico
que hoy es unánime: que existe, especialmente en las horas punta, una situación de colapso en los servicios de cercanías de Barcelona. Existe una situación de colapso que de tan objetiva que es, quiero recordar simplemente unos datos: en los
últimos 12 años la demanda se ha incrementado un 80 por ciento, mientras que la oferta lo ha hecho un 2 por ciento. En el año 2004, el pasado año, hubo el doble de usuarios en el servicio de cercanías que en 1991. Por tanto, existe esa realidad
compartida por la propia ministra de Fomento en la interpelación, y existe también una petición de la sociedad civil en Cataluña. Sindicatos, asociaciones, plataformas, como pudimos destacar en la interpelación, insisten en esa petición de mejorar
el servicio y de dar soluciones.
Durante la interpelación Convergència i Unió afirmó que el ánimo de nuestra interpelación no iba contra nadie, sino que intentaba consensuar medidas para mejorar la situación. Esto es lo que queremos hacer hoy en
este Pleno con la moción que presentamos. Es una moción que no va contra nadie, sino a favor de los usuarios, de la mejora del servicio, para dar una respuesta a una reclamación muy extendida del conjunto de los usuarios de cercanías en Barcelona.
¿Cuáles son los puntos que hoy propone en su moción Convergència i Unió? Concretamente son 15 los apartados, que se dirigen a distintos ámbitos.
Un primer ámbito es el que podríamos llamar el ámbito del material móvil, quizás el más
urgente. Para dar respuesta en las horas punta deberemos incrementar la capacidad de transporte de viajeros y, por tanto, aumentar el material móvil; doblar en las horas punta la composición de los trenes y, sobre todo, a medida -y eso también
quedó muy claro en el debate con la ministra- que sea posible por el proceso de fabricación de nuevas unidades, incorporar esas unidades al servicio de manera inmediata. Este es uno de los puntos que nuestro grupo parlamentario propone en la
moción. También pedimos que se cumplan otras proposiciones no de ley ya acordadas previamente en esta Cámara, en concreto, la aprobada en la Comisión de Fomento del pasado 1 de junio del año 2005, defendida por el señor Herrera, proposición no de
ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds -que quede clara su autoría-, que, al igual que la moción de
hoy, incidía en esa demanda de mayores dotaciones para hacer frente a lo que todos definíamos como una situación de colapso. En esa dirección va nuestra moción de hoy. También en el ámbito de la accesibilidad. Debemos señalar que, de 98
estaciones comerciales, solo un 36 por ciento cumple plenamente las demandas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Quiero señalar también otro concepto en esta materia. El señor Herrera y yo hemos compartido en muchas ocasiones un
diagnóstico sobre lo que ocurre en temas de movilidad en Cataluña. A veces se afirma que la accesibilidad supone también el que una estación esté próxima al polígono industrial. Abriendo una puerta de esa estación en otro lado habría una
accesibilidad directa para que muchos trabajadores accedieran al polígono. En definitiva, temas de movilidad que también nos preocupan.
Hagamos lo que parecía ser una apuesta al inicio de esta legislatura por el ferrocarril. Es también una
apuesta por la seguridad vial, porque si damos un buen servicio de cercanía serán muchos los usuarios que dejarán de utilizar su coche y, por tanto, tendremos menos contaminación atmosférica, pero sobre todo mandaremos un mensaje a favor del uso
responsable del transporte público, que es inherente en la moción que hoy defendemos.
Otro apartado importante es el de las inversiones, en el que pedimos que se liciten en el año 2006 los compromisos presupuestarios a los que finalmente se llegue. Aquí también hay una vía importante. Asimismo, pedimos la extensión de los
servicios de cercanías a las ciudades de Girona, Lleida y Tarragona. Quizás no esté todavía maduro hoy acordar esa extensión, pero sí podemos acordar el estudio de la misma y comprobar su viabilidad de acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya.
Otro bloque de nuestra moción se dirige a la atención al usuario. Son muchísimas las quejas de los usuarios: faltas de puntualidad, fallos en la comodidad, supuestos de no información, que es lo que en muchas ocasiones angustia más al
usuario y que provoca que deje de utilizar ese servicio porque, cuando no recibe una información, se cansa de esa prestación pública, hecho que no nos podemos permitir. Pedimos expresamente que cada tres meses se realice un informe sobre la
puntualidad del servicio de cercanías de Barcelona y sobre las causas de las incidencias y retrasos acontecidos durante el período.
Hay otras propuestas, una de ellas muy clara. Pedimos el traspaso de las cercanías a la Generalitat de Catalunya. Tanto nuestro grupo parlamentario como otros grupos lo hemos solicitado y en todos los trámites en los que se ha planteado en
esta Cámara: estamos a favor del traspaso de las cercanías. Es un debate que quizá deberemos aplazar de manera inmediata hasta que tenga lugar el debate del Estatuto de autonomía que se va a realizar en las próximas semanas y meses, pero es una
demanda que Convergència i Unió defiende totalmente. Hay asimismo una serie de medidas presupuestarias que podremos negociar el Senado en forma de enmiendas, toda vez que anuncio, señora presidenta, que Convergència i Unió, no va a presentar
enmienda de veto en el Senado a los Presupuestos Generales para así poder negociar enmiendas importantes para el soterramiento de líneas, para mejora de estaciones como la estación de Castellbisbal o Martorell y el soterramiento de la línea de
Vilanova i la Geltrú, y tantas otras que nuestro grupo quiere defender. No es una propuesta en contra de nadie. Mi grupo celebra la voluntad de consenso que finalmente pueda haber en esta moción que defiende y quiere agradecer al Grupo Socialista,
en concreto a la señora Cunillera, el ánimo de intentar hoy un acuerdo sobre la moción que ha presentado nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jané, muchas gracias.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas, comenzando con la del señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas que finalmente no va a someter a votación dado el consenso al que han llegado en este caso el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió. Hoy mismo tenemos una
información sobre la llegada del ferrocarril de cercanías al aeropuerto del Prat, donde hay dificultades a partir de la entrada del AVE en el área metropolitana; para aquello que sabíamos que iba a ocurrir desde hace mucho tiempo hoy aún no hay
soluciones y esperemos que las haya próximamente. Saben SS.SS. que hemos estado discutiendo sobre la ejecución de aquello que aprobamos en 2005 en materia de ferrocarril, concretamente en ferrocarril convencional y cercanías en el área de
Barcelona. Muchos de ustedes saben que en el área de Barcelona está produciéndose un fenómeno nuevo, y es que por primera vez hay un desplazamiento de usuarios del ferrocarril al vehículo privado debido al colapso que existe en cercanías, con unas
líneas que en horas punta están ocupadas entre el 90 y el cien por cien; no son mis datos sino que son los de la PTP (Plataforma para el Transporte Público) y de Comisiones Obreras. Esta situación es la que nos hizo presentar enmiendas a esta
moción.
Nuestro grupo parlamentario presentó también una proposición no de ley en Comisión, que finalmente se aprobó, en la que planteábamos la necesidad de adoptar medidas urgentes puesto que el ferrocarril es un tema en el que venimos trabajando
desde hace muchísimo tiempo, situando al ferrocarril convencional como prioridad. Además, presentamos una interpelación en el Pleno a la ministra de Fomento en la que hacíamos un planteamiento parecido al que hoy hace el señor Jané. No sabemos si
nosotros hemos ido a las tesis del señor Jané, si el señor Jané ha venido a las nuestras, o si finalmente ambas han convergido en este tema.
Decíamos
que era necesario material móvil y por aquel entonces planteábamos un plan Renove que hiciese que en 3 años tuviésemos más material móvil y que en esos 3 años los trenes 440 continuasen funcionando. Por aquel entonces el señor Andreu (lo he
podido leer hoy en el 'Diario de Sesiones') señalaba como no realista la opción, pero lo cierto es que lo era y hoy lo vamos a aprobar. Proponíamos una mejora de la infraestructura viaria que entonces no se estudiaba de forma realista. Hoy no la
planteamos del todo, pero vamos a realizar algún avance. Hablábamos de la necesidad de solventar los cuellos de botella que existen en el área metropolitana de Barcelona, y la nueva infraestructura ferroviaria va a solventar algo tan simple y tan
sencillo como la señalización semafórica en los túneles que pasan por Barcelona; y, además, hablábamos de la necesidad de estudios sobre nuevas cercanías en áreas como Girona, Lleida y especialmente Tarragona, un área donde viven unas 500.000
personas, donde existe el debate sobre la ubicación de determinadas estaciones y donde esperemos que finalmente se imponga lo que es razonable para articular ese modelo de movilidad.
Planteábamos esos estudios en la proposición no de ley, en la
moción y también en los presupuestos. Sabemos que esto es un avance, aunque no todo lo que nuestro grupo parlamentario quisiera, pero nos felicitamos del paso adelante que se da. Nos felicitamos por una razón, porque este es un debate que venimos
suscitando desde hace tiempo y la portavoz socialista, señora Cunillera, lo sabe. Es un tema que para nuestro grupo parlamentario es fundamental. Estamos contentos de que finalmente se den estos avances, aunque sean insuficientes. Tengo que
añadir que a esta felicidad, fruto de la coyuntura, del momento, de las circunstancias del debate presupuestario y seguramente también del debate en el Senado -las cosas son así- se le suma otro elemento de escepticismo debido no a este Gobierno
sino a gobiernos pretéritos en los que el ferrocarril convencional se aparcó de forma reiterada.
Quiero decir que nuestro grupo dará apoyo a la transacción, al acuerdo pactado, que esperamos que se cumpla y que en el próximo debate de los presupuestos en el Senado no solo se ponga negro sobre blanco en la letra, sino también en las
cifras. Para dar hoy este impulso al ferrocarril convencional nos falta la letra y, sobre todo, nos faltan las cifras.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Continuamos con la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos produce sorpresa comparar el texto original de la moción consecuencia de interpelación urgente de Convergència i Unió -a lo mejor es por el poco tiempo que este diputado ha estado en este hemiciclo- con la transacción que en
este momento han aceptado todos los grupos. Es difícil encontrar tanta diferencia entre el radicalismo inicial de la moción y el pacto o consenso global. En vista de lo que planteaba inicialmente la moción nosotros presentamos una enmienda a lo
que consideramos la espina dorsal, que es el traspaso de las competencias en cercanías Barcelona-Tarragona-Girona-Lleida a la Generalitat de Cataluña.
En la transacción cualquier referencia al traspaso de competencias en cercanías ha desaparecido.
Ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, señor Jané, que este tema se debería debatir en otras etapas; quizá esto venga al socaire de nuevos vientos. Ahora podremos aprobar el Estatut por etapas, esperemos que no sea por entregas o por
próximas generaciones. Lo mismo está pasando entre el radicalismo, la exigencia inmediata de lo que inicialmente solicitaba esta moción, y lo que queda definitivamente plasmado en la transacción. Respecto al servicio de cercanías de Barcelona
tengo que decir que de los de todas las ciudades españolas el que tiene más alto índice de ocupación es el de Barcelona; el que tiene menos déficit es el de Barcelona, que funcionan relativamente bien, aunque tenemos que subsanar muchas de las
deficiencias. Falta material móvil por parte de Renfe Operadora y falta infraestructura. En una moción anterior, a la que ha hecho referencia el señor Herrera, Esquerra -también por esta inmediatez exigida de trenes en tres meses cuando todos
sabemos que se necesita un año desde el contrato- votó no, pero el señor Herrera se ha olvidado me ncionar que también votó no el Grupo Parlamentario Socialista.
Me preocupan varias cuestiones en esta moción. Nosotros la apoyaremos, porque no nos cuesta nada apoyar las buenas voluntades, pero que mañana no salga nadie -si quiere salir usted, señor Jané, no hay ningún problema- a decir que con esta
moción hemos conseguido tantas cosas. Esta iniciativa ha quedado tan diluida que son buenas voluntades pero nada más. En lo que era la espina dorsal, que es la transferencia de competencias en cercanías a la Generalitat -y en este sentido iba
nuestra enmienda, que mantenemos-, mucho me temo que nos va a pasar como en el ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, que las transferencias no vendrán en lo que es decisivo e interesante para la ciudadanía y en lo que puede ser influyente en la
movilidad, que son las cercanías, sino que la absorción de competencias de la Generalitat vendrá en las líneas obsoletas por falta de inversión durante muchos años del Gobierno central, sea del signo que sea. Desde aquí les queremos decir que si
tenemos que hacer algún traspaso a la Generalitat, aun pagándolo, sin partida para los déficit de explotación ni para las nuevas inversiones que hay que hacer en las vías, como se hizo en Lleida-La Pobla de Segur o en Lleida-Calaf-Manresa o en
Barcelona-Vic-Ripoll, no contarán
con nuestro grupo. Nosotros queremos traspasos, pero de aquello que es sustancial. Lo que no puede ser es que se nos traspase todo aquello en lo que hay déficit, ya sea en infraestructura, en inversión o en gestión a cero pesetas. Por
este camino Esquerra Republicana no va a entrar por más competencias que se quieran dar al ferrocarril de la Generalitat.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Andreu.
Continuamos con el turno de la señor Cunillera para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a esta moción.
Adelante.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ha dicho el portavoz del grupo proponente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución, que esperamos que sea votada a favor por el resto de los grupos de la Cámara. Como han dicho los intervinientes anteriores, el
debate de cercanías ferroviarias de Barcelona se ha repetido aquí muchas veces, especialmente nuestro compañero de Izquierda Unida, el señor Herrera, lo ha planteado en este ámbito y en presupuestos. Los grupos de este hemiciclo hemos podido formar
nuestra opinión, formular propuestas y, en la mayoría de los casos, llegar a acuerdos. Y cuando no ha sido así es porque seguramente las concepciones de las que partíamos no lo han hecho posible. Es verdad que tenemos un problema con las cercanías
ferroviarias de Barcelona. La enmienda de sustitución que hemos presentado sigue la misma estructura en que la había dividido el grupo proponente, porque es una manera clara de poner en evidencia los problemas y sus soluciones. Si hoy aprobamos
esta moción habremos dado un paso adelante de cara a las posibilidades de futuro que puedan tener las cercanías de Barcelona, al igual que la proposición no de ley de Izquierda Unida a la que se ha hecho referencia, que se aprobó en la Comisión de
Fomento y Vivienda el día 1 de junio de este año. Pero nos ha parecido oportuno -agradecemos que el grupo proponente lo haya visto también- salvaguardar el debate de los presupuestos. No parece oportuno que aprobemos hoy aquí una moción que
interfiera en el ámbito de discusión de los Presupuestos Generales del Estado. Quiero aprovechar para dar las gracias al señor Jané por el anuncio que ha hecho de que su grupo no vetará los presupuestos este año en el Senado, porque ahí tendremos
ocasión de seguir hablando de éste como de tantos temas. (Rumores.) Perdón si no lo he entendido bien, me ha parecido entenderlo así. Si es así, apechugaremos con el veto. Es evidente que, igual que se dijo el día que se presentó la
interpelación, el día 19 de octubre, de aquí han salido unos Presupuestos Generales del Estado en los que ya se ha hablado de este tema. También se habló el día que se presentó la interpelación y podemos seguir hablando en el Senado.
Ahí todavía
tenemos un ámbito de debate y de acuerdo sobre las cercanías ferroviarias de Barcelona y sobre todas las iniciativas que se quieran presentar. No voy a repetir todos los datos que la ministra de Fomento dio aquí. Sé que este es un tema que ha
preocupado a Convergència i Unió.
Su pronunciamiento en esta interpelación e incluso en esta moción podría provocar que dijéramos aquello de: cómo me alegro de que me haga usted esa pregunta. Efectivamente, sería muy bueno que alguna vez nos
preguntáramos muy en serio por qué estas infraestructuras y tantas otras de Cataluña están en esa situación. Se ha criticado por parte del Grupo de Convergència i Unió que en estos presupuestos había muchos estudios informativos sobre las
cercanías, pero es que para ejecutar una obra hay que empezar por el estudio informativo, desarrollar los trámites reglamentarios que luego permitan hacer el proyecto constructivo y construir la obra. Si en este momento hay que empezar por los
estudios informativos será porque en el pasado eso no se hizo y, al no haber nada previsto, hay que empezar a poner hilo a la aguja.
Nosotros hemos presentado esta enmienda de sustitución porque, respetando el espíritu y el objetivo del grupo proponente, creemos que aporta más solución y, sobre todo -como decía antes-, no invade los ámbitos de competencias. Hay algo que
no me gustaría dejar de decir aquí y que vale para la obra, para el material móvil y para todos aquellos temas que se han suscitado en la moción. El portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ha hablado de la
transferencia de infraestructuras. Se podrá criticar la política de transferencias y podrá gustar más o menos, pero lo que es evidente es que con este Gobierno hay transferencias. Con este Gobierno, después de años y años de hablar de la
transferencia de la línea de La Pobla, la línea de La Pobla está transferida. Lo que debería satisfacer a cualquier diputado de Cataluña, igual que me satisface a mí, es que todas estas iniciativas se producen en un ámbito de colaboración y
cooperación entre los dos gobiernos, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno central. Estamos ante un Gobierno que ha demostrado que tiene credibilidad porque ha puesto de relieve su interés y su disposición no solo para abordar los problemas
que, sin duda, tienen las cercanías ferroviarias de Barcelona sino, sobre todo -y debería ser lo más importante para nosotros-, para hacerlo en colaboración y en coordinación con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Eso debería merecer, como
mínimo, el respeto y la consideración de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Cunillera.
Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Señora Lasagabaster, ¿desea usted fijar posición? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)
Señor Azpiazu, tiene usted la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Con ocasión de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que se debatió hace más de un mes en el Congreso, todos pudimos observar que, en nombre de preocupaciones que se
decían compartir tanto por parte del interpelante como de la interpelada, la visión de la jugada era realmente diferente.
El representante del Grupo de Convergència i Unió, mirando lo mucho que quedaba por hacer, buscaba y sigue buscando
compromisos nuevos y más fuertes hacia el presente y, sobre todo, hacia el futuro. Aludía no en vano y repetidamente al proyecto de presupuestos, que cuando se debatía la interpelación estaba aún por ver en qué quedaba. La ministra, aludiendo a
compromisos ya contraídos y comparándolo sobre todo con lo ocurrido en el pasado, subrayaba lo que se estaba haciendo. No parece haberse encontrado un punto de equilibrio y compromiso mutuo en esa doble visión, como lo demuestra que hoy estemos
debatiendo y vayamos a votar en los términos en que, al parecer, se hará la moción que presenta el Grupo de Convergència i Unió. Quisiera adelantar que nuestro voto será favorable. Es cierto que en la moción del Grupo de Convergència i Unió
observamos un cierto nivel de detalle y previsión que, aunque no sea más que por costumbre contraria a este grupo, nos extraña y de cuya utilidad y permanencia nos asaltan a ratos dudas. A ratos nos parece que constituye un nivel de precisión y
detalle más propio de una gestión ejecutiva -como quien dice del día a día- que de una moción que situara en su caso al Ejecutivo en la obligación de presentar él mismo tal nivel de detalle si fuera el caso. En todo caso, del Ejecutivo hemos visto
actuaciones que se plantean en términos de tal generalidad e imprecisión que se entienden más por su deseo y voluntad de huir del compromiso que por adoptarlo con firmeza, claridad y decisión. Ejemplo de esta huida es una respuesta que recibió mi
grupo de Renfe cuando se le pedía información acerca de los proyectos de modificación y/o mejora que prevé desarrollar Renfe en Guipúzcoa entre Brinkola e Irún, así como de los planes de ejecución de los mismos en los próximos cuatro años. Aquí
tengo la respuesta, lo más claro está en el último párrafo, en el que se decía que en relación con las actuaciones previstas en pasos a nivel, actualmente en la provincia de Guipúzcoa existen catorce, todos situados en la línea Madrid-Hendaya, dos
de ellos antes de la estación de Brinkola y los doce restantes entre Brinkola e Irún. De estos catorce pasos a nivel seis tienen en marcha actuaciones de supresión. Desde luego, con esta claridad no hacen falta más preguntas. Ante esta
imprecisión no es extraño que haya quien se incline y decida equivocadamente por un tipo de actuación y compromiso contrario como es el que busca Convergència i Unió y, por lo tanto, contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Azpiazu.
Finalizamos con el turno de la señora Nadal, que fijará posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señora presidenta.
Ha quedado clara la decisión que ha tomado el grupo proponente, el grupo de Convergència i Unió, de aceptar la enmienda que le ha presentado el Grupo Socialista. Estamos hablando de una enmienda a la totalidad con texto alternativo
prácticamente, porque la moción que nos había presentado el señor Jané era una moción de máximos, pero muy de máximos, y realmente el texto que vamos a aprobar va a ser un texto de mínimos, pero muy mínimos. Siguiendo la terminología de Esquerra
Republicana, es una moción que puede aprobar todo el mundo, porque se trata de aprobar buenas voluntades, con las que estamos de acuerdo, pero es eso, una moción de buena voluntad. Lo digo señor Jané no por el trabajo que ha hecho. Digo que es de
mínimos no porque se hayan recortado o minimizado algunas cuestiones que usted plantea. Está bien que las medallas en una determinada materia no se las ponga siempre un determinado grupo parlamentario, que todo el mundo tiene interés en las
cercanías de Barcelona y hoy se demuestra. Si es de mínimos es porque el Gobierno hoy no va a adquirir ningún compromiso. Más allá de algún estudio o informe que sí que tienen un plazo, usted habla de reforzar la composición de los trenes en las
horas punta, y los socialistas le dicen: bien, si es posible. Usted pide incrementar el material móvil, y los socialistas dicen: bueno, cuando llegue. Usted pide paliar los colapsos de las horas punta mediante la adquisición de material, y los
socialistas le dicen: bueno, en el plazo más breve posible. Cuando habla de accesibilidad se refiere a trenes, estaciones, y los socialistas le dicen: la accesibilidad según la disponibilidad presupuestaria. En definitiva, señor Jané, mucha
ambición inicial para tan poca concreción final.
En cualquier caso sí que hay un apartado en el cual creo que es importante detenernos, que son las inversiones. Hay un punto en el que el Grupo Socialista, explicando su propia mala conciencia, dice que se insta al Gobierno a licitar en el
año 2006 todas las actuaciones referidas a las cercanías de Barcelona que cuenten con la adecuada dotación presupuestaria. Quiero recordar en este punto, para que no se diga que es una cuestión del Grupo Popular sino que se dijo en el debate de
presupuestos, lo que dijo un miembro del Gobierno, concretamente la ministra Espinosa, y le alabo el gusto: A la hora de valorar la credibilidad de un Gobierno, coincidirán ustedes conmigo en que tan importante es el volumen de crédito como el
grado de ejecución del mismo.
Este último índice mide la capacidad de gestión de una administración y es el mejor indicador objetivo de valoración de los resultados obtenidos.
En fin, nosotros lo compartimos, pero quien seguro, seguro, seguro que
no lo comparte es su compañera de banco azul, la ministra de Fomento, la señora Álvarez.
Señorías, intentaré resumir lo que no tiene nada que envidiar al mejor de los culebrones. Iniciativa per Catalunya denuncia que la inversión en cercanías casi cae la mitad en un año y que, además, el año 2005 solo se
ejecuta el 23 por ciento; exactamente igual hace Esquerra Republicana, le da pábulo en la prensa. El día 18 Nadal califica de imperdonable que el Gobierno tenga un nivel de ejecución de obras anual que, como mucho, se queda en el 50 por
ciento. Dice Nadal: Si solo se ejecuta la mitad de lo presupuestado, estos proyectos pasan de un año al otro y en el proceso va decayendo un volumen de obra que correspondería a Cataluña y que acaba no haciéndose. Estas declaraciones no las hizo
Nadal popular, las hizo Nadal socialista, que además es conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. El conseller Nadal sigue diciendo: Nos hemos dirigido al Gobierno para que incremente el ritmo de fabricación
de proyectos, porque ¿saben lo que pasa? Que sin estos no se pueden gastar las partidas económicas. La respuesta a esta falta de ejecución la dio la señora Cunillera, portavoz hoy del Grupo Socialista, y dijo lo siguiente: Hombre, es cierto que
es desesperante, pero la realidad es la que es -palabras de la señora Cunillera-. Decía la señora Cunillera: Herrera pide imposibles, Herrera dice que incrementemos a 40 millones de euros para este año, cuando el año pasado no pudimos ejecutar más
que el 23 por ciento. He de decir que, como el algodón, la señora Cunillera no engaña respecto a la incapacidad del Ministerio de Fomento de que tiren hacia delante los proyectos que Cataluña necesita. Como les diría una ministra de su Gobierno,
señorías, la ministra Espinosa, en credibilidad, un 23 por ciento. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Nadal.
Señor Jané, entiendo que ha sido aceptada la enmienda. Solo para aceptación o rechazo, no para explicación ajena al mismo.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervengo para pronunciarme sobre las enmiendas que están vivas en este momento del debate. Convergència i Unió va a aceptar la enmienda que propone el Grupo Socialista porque va más allá de buenas voluntades, hay
compromisos concretos y, por tanto, en este sentido la va a aceptar. En relación con la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana, compartimos al cien por cien su texto. Nos extraña que el propio señor Andreu votara en contra de un texto igual el
pasado periodo de sesiones que defendía el señor Herrera.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Jané, por favor, céntrese usted en las enmiendas.
El señor JANÉ I GUASCH: Nosotros lo compartimos. En aras del consenso, vamos a aceptar la enmienda que propone el Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané. Ya que tomó la palabra para hablar de las tres, se dejó usted la enmienda del señor Herrera.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, el señor Herrera ha retirado durante su intervención las enmiendas que había presentado. Por eso no me he pronunciado sobre las mismas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo. Muchas gracias y disculpe en este caso mi solicitud.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE CON CARÁCTER URGENTE SE DEBEN ADOPTAR PARA COMPENSAR LOS EFECTOS EN LA ECONOMÍA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO. (Número de expediente 173/000098.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el último punto del orden del día de hoy, señorías, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que con
carácter urgente se deben adoptar para compensar los efectos en la economía de la subida del precio del petróleo. Para la defensa de dicha moción, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo ha presentado una moción que tiene su origen en una interpelación de hace ya casi un mes, porque como no hay sesiones de control últimamente -el PSOE no quiere sesiones de control-, se ha dilatado en el tiempo.
Presentamos esta moción con un objetivo clarísimo y es que la política económica se haga pensando en los ciudadanos y se traduzca en bienestar para las familias. Señorías, hay un hecho incuestionable. La subida del precio del petróleo y del nivel
de inflación, el más alto en la Europa del euro exceptuando Luxemburgo, está deteriorando enormemente la capacidad adquisitiva de las familias. Con los precios actuales una familia que llene el depósito de su coche tres veces al mes, que es lo
normal, tiene que pagar 500 euros anuales más. Un transportista paga el 35 por ciento más por el diesel que en marzo de 2004. Los precios están subiendo por encima de los incrementos salariales y eso conlleva pérdida de poder adquisitivo. El
Gobierno no puede volver la espalda a un problema como este, a un problema que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de España. No es la primera vez que sucede y cuando hace unos años sucedía el señor Sevilla decía: Ya sabemos lo que ocurre
cuando se dispara el precio del petróleo. Empecemos a trabajar para contrarrestarlo, para atenuar su impacto social y económico.
Mientras
que entonces sí se hizo, sí se trabajó para atenuar el impacto, en el año 2000 se tomaron medidas, ahora el Gobierno no está haciendo nada. El Gobierno está absolutamente insensible ante la situación de los ciudadanos y solamente reacciona
cuando hay movilizaciones, cuando hay huelgas, cuando hay manifestaciones, pero no está haciendo nada motu proprio tomando medidas que afecten a todos. No es casual que hoy haya salido el indicador de confianza que publica alguien tan poco
sospechoso como el Instituto de Crédito Oficial y diga que estamos en caída libre, tanto en confianza de los inversores como en confianza de los consumidores. Desde septiembre a octubre los índices de confianza han caído en más de siete puntos, de
agosto a septiembre otros siete puntos.
Eso pasa porque el Gobierno sólo tiene ahora mismo una fijación en política económica, hacer posible la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Ya sé que queda ridículo, porque es ridículo, pero es el único
objetivo que tiene en materia de política económica, y para eso cambian a los presidentes de los órganos reguladores y ponen a personas con carné.
Hacen que los órganos reguladores pierdan la independencia. Suben el precio de los productos de la
empresa opante y, sin embargo, congelan los precios de la empresa opada, para que suban las acciones y sea más fácil la OPA. Influyen en Bruselas para que no se tome allí la decisión y no sea una decisión independiente y algunos analistas, no lo
quiero pensar pero ya empiezo a hacerlo, incluso dicen que el Gobierno está dispuesto a sacrificar fondos estructurales para hacer posible la OPA. (Rumores.)
Me parece, señorías, que esta situación de un Gobierno sólo preocupado por ese problema y no por los problemas que afectan a los ciudadanos lleva a esa pérdida de confianza. Por eso creemos que es necesario empezar a tomar medidas, volver a
centrar la política económica con medidas que de verdad sean útiles a las pequeñas y medianas empresas y se traduzcan en bienestar de los ciudadanos. No podemos esperar más. Por eso mi grupo presenta un elenco de medidas que suponen apoyos claros
y concretos a pymes y familias. Son las medidas que nos reclaman los españoles y no las que ustedes ponen en marcha, que van en la dirección contraria y me voy a referir a una. Nosotros creemos, por eso lo pedimos en nuestra moción, que no tiene
sentido la desmesurada, y sospechosa por cierto, subida de la tarifa del gas, una subida que está entre el 8 y el 16 por ciento y que ha aprobado el señor Montilla. El señor Montilla no se ha inhibido como le sugería el señor Solbes, la ha
aprobado. El señor Solbes subió a esta tribuna hace un mes y la justificó, dijo que él no la entendía. Leo textualmente sus palabras, señor Torres, para que luego me pueda contestar. Dijo: Yo hubiera preferido no hacerla -la subida- en este
momento por las razones a las que usted se ha referido, pero hay un pequeño problema y es que si no lo hacemos ahora, dejamos en quiebra o en dificultades a las empresas. Esto dijo el señor Solbes. Ponía a una empresa por delante de los
consumidores. Yo fui a la página web de la empresa, porque me dio pena una empresa que iba a entrar en quiebra con una moción de mi grupo. Y entro en la página web y leo: Hay una mejora en la cifra de negocio del 30 por ciento y en los beneficios
del 17 por ciento -y dice la empresa- gracias al crecimiento del suministro de gas, tanto por los consumos superiores al año anterior como al entorno de precios altos de gas natural. Señorías, suben a los consumidores un 17 por ciento, que es la
subida de los beneficios empresariales. No tenía ningún sentido y así lo entendí yo. Después de esa interpelación hemos conocido que el señor Montilla tenía unos créditos, su partido, que se los han condonado, una cosita normal, como hacen a todos
los ciudadanos; seguro que a todos los ciudadanos les condonan los créditos como al Partido Socialista. (Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya terminando, señor Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Entonces sí que se entiende lo que está haciendo el señor Montilla en esta operación y lo que está haciendo el señor Montilla con las tarifas del gas. No me gusta decirlo así y la verdad es que cuando me he
preparado esta intervención no lo quería decir así porque no me parece apropiado (Un señor diputado: No lo digas.), pero no encuentro otra afirmación: con el PSOE ha llegado nuevamente la corrupción. (Aplausos.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, señor Pujalte, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Es que es así de claro: favores a cambio de financiación ilegal; desprecio a los problemas de los ciudadanos y orientación de las decisiones públicas a favor de intereses privados.
Señorías, y
apréndanselo para decírselo al señor Solbes, hubo 200.000 razones para dar el crédito y una OPA para condonarlo. Díganselo de mi parte.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor, señor Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Esto no solo lo decimos desde mi partido político. El año pasado el propio partido catalán de Convergència i Unió decía, sobre los créditos que recibía y no pagaba el PSC, que implicaban una peligrosa
adulteración por parte del PSC-PSOE de las normas que regulan la financiación de los partidos políticos. Y seguía diciendo el diputado de CiU, el señor Martí: Suponen un fraude político que inhabilita a Maragall para ejercer la Presidencia de la
Generalitat. Hoy, señorías, sabemos que los créditos van acompañados de favores políticos.
Yo les pediría una cosa y es que dejen de preocuparse de los problemas de algunos y se preocupen de los problemas del conjunto de los ciudadanos.
El incremento del precio del petróleo afecta a millones de ciudadanos.
Yo les pido que por un minuto dejen de pensar en unos pocos, esos pocos amigos a los que ayudan, y piensen en el conjunto de los ciudadanos españoles y aprueben la moción que hoy les presentamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pujalte.
Pasamos al turno de la defensa de las enmmiendas. Comenzaremos por la presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Para ello tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Me parecía que la mayoría de los grupos parlamentarios éramos conscientes de los posibles efectos que el encarecimiento de los productos del petróleo puede tener en nuestra economía y en definitiva en la de los ciudadanos, pero oyendo al
portavoz del Partido Popular no sé si quería hablar aquí de condonación de créditos, de Terra Mítica, de deudas (Rumores.), porque me parece que ha empezado a hablar de cosas que no correspondían a lo que les interesa a los ciudadanos. (Continúan
los rumores.) Me parece de poca valentía política, aprovechando un tema que teóricamente afecta a los ciudadanos, empezar a hablar de otras cosas haciendo caso de aquellos medios mediáticos que dan las órdenes al Partido Popular una y otra vez.
(Protestas.)
Nuestro grupo no escapa a las dificultades que este encarecimiento provoca en los sectores pesquero, agrícola o de transportes. Prueba de ello es que ha presentado ante esta Cámara distintas iniciativas que, al igual que la que pretendía el
Partido Popular con esta moción, tenían el objetivo de buscar soluciones para paliar la grave crisis que padecen esos sectores, aunque debemos reconocer que la moción que se presenta es generalista y contempla medidas que el Grupo de Esquerra
Republicana podría llegar a compartir. No obstante, debemos indicar que la iniciativa para el sector de la pesca y de los transportistas es un tanto extemporánea, ya que ambos colectivos, después de salir a la calle, han acercado posiciones y han
llegado a acuerdos con el Gobierno, y también porque hace unos días se aprobó una moción de nuestro grupo parlamentario que preveía toda una serie de medidas para paliar la grave crisis que padece el sector pesquero y que también han tenido reflejo
en los Presupuestos Generales del Estado mediante enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario. Por este motivo, habiendo sido aprobadas recientemente por esta Cámara una serie de medidas presentadas y consensuadas por nuestro grupo
parlamentario, algunas de las cuales coincidentes y por tanto hoy redundantes en la moción que discutimos, e incluso algunas contradictorias, hemos presentado varias enmiendas de supresión, concretamente a los apartados 3, 4, 5 y 7 de la moción que
presenta el Partido Popular.
En otro orden de cosas y respecto a las bonificaciones en el gasóleo utilizado en la actividad agrícola, dicha medida no es compartida por nuestro grupo parlamentario, pues entendemos que lo verdaderamente reclamado por el sector es la
creación de un gasóleo profesional agrícola, ya que esta sí es una manera definitiva de dar ayudas al sector. Ya tuvimos ocasión de discutir en comisión una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario sobre medidas para paliar las periódicas
escaladas del precio del gasóleo agrícola, que fue transaccionada y aprobada y en la que ya se instaba al Gobierno a adoptar toda una serie de medidas tendentes a paliar dichos efectos. Por tanto, cuando hoy nos propone el Partido Popular la
adopción de medidas en el sector redundamos en la redundancia. No obstante, en la línea de la proposición de ley que en su día se puso a discusión por nuestro grupo, hemos presentado una enmienda de adición por la que se insta a la creación de un
gasóleo profesional agrícola. Dicha medida sustituye a la propuesta por el Partido Popular sobre bonificaciones para el gasóleo, puesto que consideramos una mala política la de la bonificación, porque es pan para hoy y hambre para mañana. La
medida en concreto trata de la creación del tan reclamado gasóleo profesional agrario, que debe quedar exento de los impuestos especiales sobre hidrocarburos y del impuesto sobre la venta a minoristas de hidrocarburos, y que se le aplique un tipo
reducido del IVA del 7 por ciento.
Por lo que se refiere a las otras medidas, nuestro grupo parlamentario podría estar de acuerdo. Podríamos estar de acuerdo si verdaderamente esta fuera la opción que el Partido Popular presentara en su moción, pero hemos visto, tal como se
ha expresado su portavoz, que la intención no era la de preocuparse por los ciudadanos y ciudadanas de este país, sino utilizar hoy aquí una actitud claramente política, y en ese juego nuestro grupo parlamentario no va a entrar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias.
Continuamos con la defensa de la otra enmienda presentada, que lo ha sido por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para ello el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación en algunos puntos y de adición en otros a la moción subsiguiente a la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No voy a
entrar en la introducción que ha hecho don Vicente Martínez-Pujalte, que no tenía absolutamente nada que ver con la moción que hoy debatimos, respecto a la OPA de Gas Natural, a la financiación de partidos, etcétera. Me voy a centrar única y
exclusivamente en nuestra enmienda y en el texto de su
moción, para que no pueda haber malas interpretaciones respecto a la orientación de nuestro voto, que en caso de que el Partido Popular aceptara nuestras enmiendas sería favorable a la moción que han presentado ante esta Cámara. El primer
punto de la enmienda va dirigido a incrementar la competencia y la liberalización de todos los aspectos que puedan suponer reformas estructurales para que puedan bajar los precios no solamente del petróleo, sino también del gas, la electricidad y el
butano. Es una enmienda con la que profundizamos en mayor medida en todos los aspectos que hacen referencia a que exista más competencia en la distribución de estos suministros básicos.
En segundo lugar, hemos presentado una enmienda de adición porque creemos oportuno que se establezca de una vez por todas en España la utilización del gasóleo profesional. En la Comisión de Industria se aprobó en su momento una iniciativa
de Convergència i Unió, con el voto en contra del Grupo Socialista, sobre la posibilidad de que existiera un gasóleo de uso profesional para todos los sectores que se estaban viendo afectados por el incremento desmesurado de los productos derivados
del petróleo.
Nosotros recogíamos las sensibilidades de los sectores agrarios, ganaderos y pesqueros, del transporte y del taxi y de los profesionales que necesitan el automóvil como herramienta básica para trabajar, para que en España, al igual
que existe en algunos países de la Unión Europea, pudiera procederse a la utilización del gasóleo de uso profesional.
En otra enmienda de adición hemos recogido algo que se hace en otros países europeos, para que se realicen todas aquellas modificaciones legales que sean necesarias con el propósito de otorgar incentivos fiscales a las cantidades destinadas
a las adaptaciones de los vehículos agrarios y tractores, a fin de que puedan utilizar biocarburantes y biocombustibles como carburantes sin mezclar con carburantes convencionales. Esta es una idea innovadora que, repito, se utiliza en otros países
de la Unión Europea y entiendo que ha llegado un momento en que también en España podemos proceder a la utilización de estos biocombustibles para que los sectores que padecen una crisis por el incremento de los precios petrolíferos puedan mejorar
sus rentabilidades.
Finalmente, hemos presentado una enmienda de adición clásica de Convergència i Unió, sobre un tema que venimos reiterando desde la época en que ustedes gobernaban y que tampoco fue posible conseguir, como es que el Gobierno, en este caso del
Partido Socialista, pueda promover ante la Unión Europea la reducción del tipo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido a los servicios básicos de electricidad, gas y butano para que en España tanto a las economías domésticas como al tejido
industrial se les pueda rebajar el IVA del 16 al 7 por ciento.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones para finalizar y comenzaremos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, para lo que tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creo que hay que ir acostumbrándose ya a este tipo de mociones, es la moción semanal revolucionaria del Partido Popular, que está bien y que hay que comprender en el marco de que también tienen derecho a entrenar aquí en el hemiciclo,
porque luego los fines de semana están muy movilizados, están de manifestaciones y si no se entrenan cogen agujetas, esto es comprensible. (Aplausos.) Por tanto, estamos ante una moción de las que tendremos muchas.
Yo creo que es una muestra de plena actualidad de lo que está sucediendo y que ha generado movilizaciones de sectores afectados por los precios del petróleo, pero no estamos solo ante el problema del gasóleo o de la gasolinas. Es también un
modelo económico de los últimos años en nuestro país, un modelo económico heredado, del que hemos hablado ya muchas veces, que se ha basado y se basa en la construcción y en el consumo privado, con débil demanda de inversiones y con un déficit
exterior francamente abultado. Como puede suceder, y me gustaría equivocarme, que los tipos de interés se incrementen, habrá repercusión directa en la capacidad de consumo e inversión de familias y empresas, con lo cual la situación tenderá a
empeorar. Es una realidad además que en nuestro país está creciendo la economía desde hace años por encima de la media de la Unión Europea. Tan cierto como que eso ha tenido hasta hoy más repercusión en los beneficios empresariales que en los
contenidos salarios. Francamente, no vemos por dónde aborda su moción la realidad a favor de las familias, de las pequeñas y de las medianas empresas. Cogen ustedes las reivindicaciones justas de sectores concretos. Nosotros no nos oponemos a que
se ayude a sectores concretos afectados directamente por la subida del petróleo, pero lo que no se puede hacer es coger esas necesidades, esas reivindicaciones sociales, para colocarse en la pancarta sin más, porque, cuando no se tiene mucha
práctica, la pancarta se coge al revés. ¿Y qué es lo que ocurre? Que finalmente nos propone la receta de siempre, más liberalización, dicen que para bajar los precios; yo no conozco experiencias de que más liberalización haya conseguido reducir
precios. Menos impuestos, regalar energía y beneficiar a las empresas distribuidoras; esa es la receta de siempre. Ese no es nuestro modelo y por lo tanto no lo podemos apoyar y votaremos en contra de la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchas gracias.
Señor Azpiazu, su turno en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo esperaba, como el resto de los grupos, que el señor Martínez-Pujalte hiciera un esfuerzo para explicar el contenido de la moción. Sinceramente, debo decirle que he hecho el esfuerzo de intentar entender la moción, tratar de
analizar los contenidos y hacer un análisis ad hoc. El señor Martínez-Pujalte puede decir lo que quiera, pero yo hubiera preferido que me explicara la moción y no que hiciera populismo, buscando un apoyo fácil. La moción tiene mucho de populismo y
mucho de apoyo fácil, porque es verdad que es muy difícil oponerse a sus contenidos materiales. Lo es porque es cierto que hay sectores afectados por la marcha del petróleo, sectores como el agrícola, el pesquero, el del transporte; eso es
absolutamente cierto. Hay que tomar medidas encaminadas a paliar los efectos negativos que tiene en estos sectores la subida de los carburantes.
Sabe usted, señor Pujalte, que la Unión Europea dificulta, si no impide, que se adopten medidas fiscales para paliar este tipo de efectos. Ustedes mismos, cuando gobernaban, el señor Rato no era partidario de hacer rebajas impositivas a
estos sectores por las subidas del petróleo, porque entendía que aplicar medidas de carácter estructural para solucionar problemas que pueden ser coyunturales, desde el punto de vista de la política económica no era apropiado. Entonces defendían
aquella posición y ahora defienden la contraria. Es verdad que la subida de los carburantes en ciertos sectores tiene un efecto importante y que, a través de estos sectores, incide también directamente en la subida del IPC, siendo la subida del IPC
uno de los problemas básicos de la economía española en los últimos años.
Nuestro grupo también está preocupado por los sectores agrícola, pesquero, y otros, porque, como usted sabe, en los Presupuestos Generales del Estado presentamos una enmienda para dotar con 50 millones de euros un fondo que sirviera para
compensar a los sectores más afectados por la subida de los carburantes. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, el conjunto de la propuesta me parece excesivo y un tanto optimista. Podemos apoyar medidas tributarias concretas orientadas a paliar
estrictamente la subida de los costes imputables al petróleo o al gasóleo, pero no estamos de acuerdo con adoptar medidas de carácter general. Quiero insistir, como decía antes, en que el señor Rato estaba en contra de estas medidas.
Además,
algunas de las medidas que plantean en la moción ya se están llevando a cabo y hay un acuerdo con los sectores. Es positivo dejar que esos acuerdos vayan funcionando y esperar para hacer una evaluación.
También hay que recordar que hace ya unos
años se rebajaron los módulos a los transportistas y esa medida se viene practicando. Igualmente, desde el año 2002, ya se aplica el ocho por ciento que reclaman ustedes hoy como compensación a tanto alzado, para que lo perciban los agricultores y
ganaderos incluidos en el régimen especial del IVA. Lo que le quiero decir es que aquí hay un batiburrillo de medidas y que con unas se puede estar de acuerdo y con otras, menos. Está todo relativamente confuso y lo que procede es aclarar.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario, estando de acuerdo con muchas de las medidas, no comparte algunas por demagógicas y otras porque ya están en marcha; tampoco comparte que el listado sea tan amplio, tan heterogéneo y, señor
Pujalte, tan poco cuidado. Si realmente queremos tomar medidas eficaces en favor y en defensa de estos sectores que han sido tan afectados negativamente por la subida de los precios del petróleo, podríamos intentar hacer otra cosa, podríamos
intentar hacer una proposición no de ley razonable, fundamentada y pactada con la mayoría de los grupos de esta Cámara, de manera que se instara al Gobierno a que acometiera una serie de medidas fundadas y coherentes con el fin de solventar esta
cuestión. Por lo tanto, estando de acuerdo en muchas de las cuestiones que usted plantea, pero teniendo en cuenta nuestras enormes dudas y recelos no solamente por lo que ha dicho en su intervención sino por lo que la propia moción incorpora,
nuestro grupo se va a abstener.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiazu.
Muchas gracias.
Finalizamos las mociones del día de hoy con el turno del señor Torres en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
Tengo que confesar que la intervención del señor Pujalte me ha dejado absolutamente atónito. Estaba advertido, pero nunca pensaba que podía llegar tan lejos. Pienso sinceramente, señor Pujalte, que si la derecha económica hubiese escuchado
su intervención, hubiese sentido vergüenza.
(Aplausos.) Le voy a recordar, simplemente para que quede claro, cuál era la posición que ustedes mantenían. Cuando ustedes gobernaban, el proceso de privatizaciones estaba dirigido por un diputado, que
era el presidente del Consejo Consultivo, que se sentaba aquí, aquí -se sigue sentando, pero en aquel momento, que era un momento clave, se sentaba-, y decidía, y eso era independencia. Más bien parece, señor Pujalte, que a usted le está
preocupando defender a sus amigos, que en su día pusieron al frente de las empresas privatizadas. Porque su intervención no ha ido dirigida al contenido de la moción; ni una sola vez ha nombrado el sector transporte, ni una sola vez ha nombrado
usted el sector pesquero. Le importaban a usted un rábano los sectores. (Aplausos.)
Tengo que decirle que lo que a mí me preocupa es que usted, que conoce perfectamente algunas cuestiones, diga aquí lo contrario, porque usted conoce cómo se fija el precio del gas, y lo conoce porque se fija de acuerdo con una fórmula
polinómica -sí, señor Pujalte-, que ustedes fijaron y que saben que tiene referencia en el mercado del gas internacional. Lo sabe perfectamente.
No hay ninguna discrecionalidad, solo la que usted quiere darle. (El señor López-Amor García pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor López-Amor, por favor.
El señor TORRES BALAGUER: Nada más. La que usted quiera darle por sembrar la duda -y me atrevo a decir que incluso la insidia- respecto al ministro de Industria. (Aplausos.) Por eso usted siembra la duda. Usted sabe que no es así. Va a
tener oportunidad de escucharle, porque ha formulado dos preguntas y se lo explicarán con detalle.
En el tiempo que me queda tengo que referirme al fondo del asunto como mínimo, porque es una moción, señor Pujalte, absolutamente mal estructurada y mal hecha. Y le voy a decir por qué. La mayoría de las cosas que ustedes piden o están
hechas o contienen errores, porque no han puesto ningún interés, no tienen interés en solucionar el problema de estos sectores. Muy rápido, señor Pujalte. Piden revisar la estimación objetiva del régimen simplificado del IVA, etcétera. El
Ministerio de Agricultura pactó ya en noviembre de 2004 esta revisión de la que usted habla; ya están pactadas las desgravaciones del 35 por ciento del gasóleo o del 15 por ciento de los fertilizantes y los plásticos. (El señor Martínez-Pujalte
López: ¡Por eso se están manifestando!) Ya están pactadas, no tiene que pedirlo. Esté tranquilo. En el sector pesquero, por ejemplo, es un error pedir la exención del impuesto sobre hidrocarburos, porque ya están exentos; o que no esté incluido
en el régimen de estimación objetiva, porque no está incluido. En el sector transporte, los módulos definitivos de 2005 y para 2006 se fijarán con los precios medios del gasóleo en el año 2005; no tiene por qué pedirlo porque está acordado.
Tampoco tiene por qué pedir el gasóleo bonificado del transporte, porque el acuerdo del Ministerio de Fomento con el Comité Nacional de Transporte en Carretera ya lo contempla. No se preocupe, ya están estudiando los mecanismos de deducción de la
Agencia Tributaria.
Por otra parte, ya se ha solicitado aumentar el mínimo de las ayudas comunitarias. Usted lo puede decir, pero ya está solicitado.
Le quiero decir también que continúan teniendo los mismos errores que en la ley de presupuestos. Piden elevar del 5 al 8 por ciento la compensación a tanto alzado de los agricultores en el régimen especial de agricultura; del 5 al 8 por
ciento. Ya están en el 8, señor Pujalte. No pone ningún interés. Están en el 8 desde el año 2000 y ustedes continúan pidiendo una y otra vez que se eleve a tanto alzado; no tienen ningún interés. Ustedes piden que las cooperativas puedan vender
gasóleo a terceros no socios. Señor Pujalte, la Ley de impulso a la productividad ya la aprobamos en esta Cámara; ya lo pueden hacer. ¿Por qué repiten una cosa que está aprobada por esta Cámara y que a usted le parecía bien? Porque no tienen
interés en lo que están pidiendo; ustedes tienen interés en montar jaleo y sembrar dudas, absolutamente infundadas, sobre el ministro de Industria. Su interés es: cuanto peor, mejor. Eso es lo que ustedes piensan, pero los ciudadanos y los
sectores se van a acoger al trabajo serio de este Gobierno, que les da soluciones y no insidias, rumores y malas formas, como las que ustedes tienen.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Torres. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Martínez-Pujalte, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: A los solos efectos de decir que mi grupo aceptará todas las enmiendas presentadas, tanto las de Esquerra Republicana como las de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias. (Pausa.)
Señor Pujalte, haciendo comprobación de las enmiendas presuntamente por usted aceptadas, llegamos a la conclusión de que ambas son incompatibles.
La segunda enmienda de Esquerra es incompatible con el punto 4 de Convergència i Unió.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El punto 4 de CiU se retira en pro de la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De su originario punto 4 quedaría exclusivamente la enmienda presentada por Esquerra Republicana.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Exactamente, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): En esos términos se votarán las enmiendas. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Tres votaciones.
Primera votación. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre planes del Gobierno para dar una solución a los problemas de impacto acústico provocados por el paso de vuelos militares sobre las zonas habitadas, especialmente
en la ciudad de Zaragoza. Se vota con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los puntos 4 y 5. Existe una transaccional al punto 7. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es el caso, se votará también en
la misma votación la enmienda transaccional al punto 7, que pasa a ser el 6, porque de esta manera el 5 se suprime, fórmula muy interesante.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la mejora del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña, que se votaría con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que con carácter urgente se deben adoptar para compensar los efectos en la economía de la subida del precio del petróleo, con las enmiendas del Grupo de
Esquerra Republicana y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en los términos indicados en el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 142; en contra, 151; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.