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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 127, de 14/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 127
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 119
celebrada el lunes, 14 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 53-1, de 29 de septiembre de 2005. (Corrección de errores en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A-53-3, de
11 de octubre de 2005 y A-53-6, de 3 de noviembre de 2005). (Número de expediente 121/000053.) ... (Página 6337)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 6337)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 ...
(Página 6337)
Antes de iniciarse el debate sobre el proyecto de ley de Presupuestos interviene el señor Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para retirar una expresión pronunciada en la sesión del pasado día 2 de noviembre,
desde la desesperanza que le produce el que su actitud no se vea acompañada de un gesto análogo por quienes desde la bancada del Grupo Parlamentario Popular alentaron su actitud.
El señor Presidente agradece al señor diputado que haya retirado ese término, ciertamente excesivo, y como tal no figurará en el 'Diario de Sesiones'.
Títulos I y II ... (Página 6337)
La señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendida la enmienda de Eusko Alkartasuna.
El señor Rivero Baute da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias que quedan vivas en lo que se refiere a la educación.
El señor Sánchez i Llibre defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), destacando por su importancia la número 1463 al artículo 10, por la que piden una transferencia de las partidas correspondientes a la
asistencia al autoempleo.
La señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende las 12 enmiendas presentadas a estos títulos, en su mayoría al artículo 14 y relativas al módulo económico de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados, pidiendo fundamentalmente mejorar la transparencia. A continuación formula una serie de consideraciones generales sobre el proyecto de ley, criticando su carácter claramente expansivo, en un momento de
deterioro de la confianza de los ciudadanos en la economía y estancamiento del índice de producción industrial, no solucionando los graves desequilibrios que hoy tiene planteados nuestra economía.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título III ... (Página 6340)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las dos enmiendas presentadas al título III, señalando que no comparte la interpretación que del concepto legislación básica se viene haciendo de manera tradicional.
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, da por defendidas todas las enmiendas presentadas a este título III.
El señor Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), da por defendidas las enmiendas 1474, 1475, 1476 y 1477 al título III en los términos en que han sido presentadas.
El señor Guerra Zunzunegui del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende las enmiendas presentadas por su grupo a este título III, señalando que el conjunto del presupuesto en el título III, concretamente los gastos de personal,
los funcionarios y el personal al servicio de las administraciones públicas, se basa sobre un incremento del IPC del 2 por ciento.
En turno en contra interviene la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Títulos IV, VIII y sección 07 (Clases pasivas.) ... (Página 6344)
El señor Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), da por defendidas, en sus propios términos, las enmiendas presentadas a los títulos IV y VIII.
El señor Azpiroz Villar defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se trata de unas 30 enmiendas, cuatro relativas a la discapacidad, tres sobre autónomos y maternidad, dos sobre familias numerosas, dos
referentes a bonificaciones de contratos, dos sobre el Fondo de Garantía
Salarial, cuatro sobre la eventual inconstitucionalidad de determinadas disposiciones adicionales del proyecto, una relativa a la dependencia, pidiendo un incremento de 500 millones de euros para comenzar de una vez a abordar esta cuestión
y, por último, una sobre la subida de las pensiones que excedan del IPC previsto para el ejercicio entrante.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, la señora Sánchez Rubio.
Para fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Título V y sección 06 (Deuda Pública.) ... (Página 6348)
Al no haber enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, intervienen en turno de fijación de posiciones los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Folgado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, así como el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título VI ... (Página 6350)
El señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, da por defendidas seis de las enmiendas presentadas a este título, centrando su intervención en relación con tres enmiendas que tienen que ver con las tasas
aeroportuarias de aproximación, aterrizaje y seguridad, que su grupo propone congelar para facilitar la cohesión territorial del Estado y la cohesión social, sobre todo para facilitar la movilidad desde los territorios más alejados, insulares y
fragmentados.
El señor Puig Cordón defiende las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, números 902 a 906, limitándose a reseñar el contenido concreto de cada una de ellas.
El señor Sánchez i Llibre defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), todas ellas destinadas a la supresión del incremento de las tasas aeroportuarias, ya que de aprobarse el texto del dictamen supondría una
acción negativa para el transporte de mercancías dentro del Estado español, con un importante incremento de los costes, lo que no dejaría de ser un impuesto contra la industria turística española.
El señor Utrera Mora defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Destaca en primer lugar aquéllas que piden una mejora de los medios personales y materiales para la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
su lucha contra el fraude fiscal. Por otro lado, mantienen las 25 enmiendas referidas al título VI en los términos en que están redactadas, por las que tratan de actualizar todos y cada uno de los parámetros del impuesto sobre la renta de las
personas físicas. Anuncia que retirarían estas enmiendas si en este momento les anuncian que por fin va a presentarse una reforma sobre este impuesto, reforma que está anunciada desde hace un par de años y cuya concreción material no acaban de
conocer. Finalmente mantienen alguna otra enmienda relacionada con el impuesto sobre sociedades, importante en este momento con problemas de competitividad, y sobre las tasas para el sector aeroportuario, que consideran que no se deben incrementar
en los términos que propone el proyecto de ley.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor Torres Balaguer.
Título VII y secciones 32 (entes territoriales) y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial) ... (Página 6354)
El señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, da por defendidas sus enmiendas al título VII y a la sección 32, centrándose básicamente en la enmienda presentada a la sección 32 que tiene que ver con los
desequilibrios producidos en algunos territorios, particularmente en Canarias, en el mantenimiento de los servicios esenciales por crecimiento de la población.
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, da por defendidas las enmiendas presentadas.
El señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), defiende las cuatro enmiendas presentadas a este título.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las cuatro
enmiendas que mantiene vivas a este título VII, de los entes territoriales, que son continuación de las enmiendas que ha presentado en reiteradas ocasiones en el debate presupuestario, referidas al planteamiento para cambiar la consideración
de los municipios turísticos en España.
El señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende las enmiendas presentadas a este título VII, refiriéndose a la financiación de las comunidades autónomas y a la necesidad de introducir una financiación
para las corporaciones locales, especialmente para las que tienen problemas con instalaciones militares o por el número de habitantes.
En turno en contra interviene la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos ... (Página 6358)
La señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendida la enmienda 200.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las 16 enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales referidas a cuestiones de naturaleza bien distinta, como la ley de memoria histórica, actualización de
pensiones mínimas y de viudedad, seguros de vida para La Naval de Sestao y cuestiones relativas a I+D+i, entre otras.
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, anuncia la retirada de las enmiendas 467 y 468, que forman parte de los anexos. Defiende la enmienda 447, relativa al
programa de fomento del empleo para 2006; 448 que se refiere a la subrogación de la deuda al ente público; la 452, relativa al problema del déficit de personal en servicios básicos de la Administración General del Estado; la 463, que propone la
creación de una nueva disposición adicional sobre la deuda histórica de Andalucía y Extremadura; la 464, que propone la creación de una nueva disposición adicional para el reconocimiento de la compensación económica a todos los hombres y mujeres
que fueron privados de libertad en los batallones disciplinarios; la 465, sobre declaración y registro de actividades de la Casa Real y la 435, relativa a la financiación de la Iglesia Católica.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da por defendidas todas las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales y al resto del proyecto de ley.
El señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), presenta las enmiendas 911 y 938, en defensa de los sectores con dificultades, como el textil y el calzado; la 914, sobre la bonificación de las concesionarias de
autopistas en el IBI; la 917, referida al gasóleo agrícola; la 918, a favor de la productividad y el relevo generacional en el comercio; la 919, en apoyo del sector textil; la 921, referida al incremento de las inspecciones de trabajo; la 923,
de equiparación de los funcionarios de las Islas Baleares con el plus de insularidad; la 924, sobre formación contínua; la 925, referida a RTVE; la 929, de clarificación de la gestión presupuestaria y la creación de la oficina de gestión y
control presupuestario; la 930, referida a la reducción del IVA para las obras de equipamientos deportivos; la 937, de creación de un fondo de peajes; la 979, referida a la amortización en el sector turístico; la 942, que afecta a los impuestos
especiales; la 943, de promoción del sector turístico; la 943, referida a la clarificación de las cuentas del Estado; la 945, sobre la creación del cuerpo de secretarios en las administraciones locales y la 946, de clarificación de la gestión
presupuestaria.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mantiene vivas 76 enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. Defiende aquellas que considera más relevantes, destacando la importancia
de las enmiendas transaccionales que les han sido sugeridas.
La señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señala que su grupo mantiene vivas un total de 69 enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias, que representan una auténtica propuesta de política económica
para solucionar los problemas de nuestra economía y nuestros ciudadanos. En un primer bloque están las enmiendas referidas a la posible creación del gasóleo profesional; en otro la elaboración de un plan de prevención de una posible pandemia de
gripe aviar; en otro van las enmiendas de carácter social, y también las enmiendas destinadas a paliar determinadas situaciones de aquellas comunidades autónomas con mayor índice de paro, entre otras.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006.
(Número de expediente 121/000053.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión correspondiente al lunes, 14 de noviembre.
Punto I, Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas: Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. (El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
Antes de comenzar el debate, don Álvaro Cuesta, por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señorías, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, cuando se refiere al término borracho, dice en su sexta acepción, en sentido figurado y familiar, literalmente: 'Vivamente poseído o dominado de
alguna pasión, y especialmente de la ira'. El pasado día 2 de noviembre me produjo indignación ver cómo un grupo de diputados desde la bancada del Grupo Parlamentario Popular vertían conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, al presidente del
Gobierno, atentando con interrupciones al orden de la sesión. Tanta pasión, señor presidente, excitó la mía llevándome a exclamar: Están borrachos. Lo que procedo a retirar desde la desesperanza que me produce que mi actitud no se vea acompañada
de un gesto análogo por quienes, poseídos o dominados de alguna pasión, desde la bancada del PP, alentaron la mía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Las explicaciones corresponden obviamente al señor diputado, pero, a efectos de acta, lo que interesa, y se lo agradezco, es que el término, que ciertamente era excesivo, ha sido retirado y como tal no figurará en el
'Diario de Sesiones'. Muchas gracias.
Pasamos a discutir el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. La ordenación del debate de la sesión plenaria ha sido distribuida y entiendo que está en posesión de todos los portavoces, porque tiene una cierta complejidad.
Comenzamos con los títulos I y II, que se van a debatir conjuntamente. El procedimiento es el clásico de todos los años. Cada grupo parlamentario dispone de 10 minutos para defender sus enmiendas. Los portavoces de los grupos
parlamentarios intervendrán de menor a mayor y comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Entiendo que vamos a debatir los títulos I y II, por lo que intervengo para dar por defendida la enmienda de Eusko Alkartasuna, dado que la señora Lasagabaster no ha podido llegar por dificultades en el transporte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, intervengo para dar por defendidas las enmiendas que quedan vivas por parte de mi grupo parlamentario en lo que se refiere a la educación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario de Izquierda Verde? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo tiene presentadas a los títulos I y II alrededor de diez enmiendas aproximadamente; quizá la más relevante sea la número 1463, que hace referencia al título I, artículo 10, en la que nosotros pedimos una transferencia de las
partidas correspondientes a la asistencia al autoempleo, a la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, a fin de unificar su gestión y obtener una mayor eficacia en las políticas activas de empleo.
En cuanto al título II, de la gestión presupuestaria, la más relevante es la 1464, al artículo 14, uno, párrafo tercero, sobre la eliminación de la reducción del coeficiente de otros gastos en el concierto de centros de formación profesional
específica que cuentan con autorización para una ratio inferior a los 30 alumnos por unidad, de conformidad con el Real Decreto 777/1998. La enmienda 1466, también al artículo 14, uno, apartado sexto, hace referencia a la prevención de la
transitoriedad de las tablas de módulos para la enseñanza de bachillerato hasta que se desarrolle lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los
centros docentes. La enmienda 1469 es al mismo artículo, punto tres, párrafo primero, y propone la inclusión en la relación profesor/unidad de la concertada para la fijación de los módulos económicos. Las administraciones competentes desde esta
perspectiva podrían incrementar esta relación. Las enmiendas 1472 y 1473, también al artículo 14, la primera al punto cuatro, párrafo primero, y la segunda al punto octavo (nuevo), van en la dirección de mantener la obligatoriedad de incrementar
las relaciones profesor/unidad de los centros concertados para adaptarlos a la realidad y acomodar los módulos de conciertos a dichas ratios, y de ayudar en la financiación del transporte de los alumnos plurideficientes en centros concertados.
Títulos I y II
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Esquerra. (Pausa.)
Señora Báñez, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quisiera referirme a las enmiendas que ha presentado mi grupo a los títulos I y II de este proyecto de ley. Hemos presentado doce enmiendas, once al artículo 14 y una al 18. Con relación a la enmienda 1994, al
artículo 18, sobre las especificidades en materia presupuestaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, hemos procedido a elevar el tope que se establece de recursos propios de la agencia estatal, de 105 a 130 millones de euros, para
mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
En cuanto al resto de las enmiendas, al artículo 14, que como saben sus señorías trata del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, pretendemos fundamentalmente mejorar la
transparencia y conocer los costes reales de la educación concertada adecuando los gastos a la eficacia, prever la financiación de nuevas unidades de formación profesional, mejorar el tratamiento de la educación especial y financiar el transporte de
alumnos con discapacidad motora para mejorar las condiciones de escolarización.
A continuación, señorías, permítanme hacer unas consideraciones generales sobre este proyecto de ley de presupuestos. Este presupuesto que nos presentan es claramente expansivo y procíclico, lo que no se corresponde para nada con las
necesidades actuales de la economía española. El PIB crecerá según sus previsiones un 6,6 por ciento, mientras que el gasto en términos de contabilidad nacional lo hará un 8,4. No hablamos, señorías, de una décima más; hablamos de 1,8 puntos más,
lo que provoca un aumento del peso del Estado en el PIB en detrimento de las familias y de las empresas privadas. Además, estos son unos presupuestos que no responden a los principales desequilibrios de la economía española. El excesivo incremento
del gasto alimenta las tensiones inflacionistas, ahonda el desequilibrio exterior, limita la capacidad de ahorro de la economía y dificulta la reducción de impuestos, mientras que la consolidación presupuestaria, las bajadas de impuestos, la
liberalización de mercados y las reformas laborales, que son los principales factores de la política económica aplicada por los gobiernos del Partido Popular, han demostrado su carácter estructural y su capacidad de influencia duradera sobre el
crecimiento económico y la creación de empleo. Sí, señorías, estabilidad de precios, bajos tipos de interés, impuestos más bajos, sencillos y justos, y todo ello, por supuesto, en un contexto de estabilidad política, han configurado el marco que
está haciendo posible el periodo de expansión más largo de nuestra historia, pero en los dos últimos años se han agudizado los desequilibrios macroeconómicos y el crecimiento ha perdido calidad. Junto a las tensiones inflacionistas y al brusco
incremento del déficit exterior, existen otros motivos de preocupación, como son el deterioro de la confianza de los ciudadanos en la economía y el estancamiento del índice de producción industrial. El IPC está ya en el 3,7 por ciento y todo parece
indicar que terminaremos el año cerca del 4. El efecto es muy negativo, sobre todo para las rentas más bajas, que tienen que hacer frente a la fuerte subida de los precios de los productos básicos, y perjudica además al conjunto de la economía
española, que pierde competitividad respecto a nuestros principales socios comerciales. En cuanto al sector exterior, está empeorando muy rápidamente. Nuestra pérdida de competitividad se advierte en la débil evolución de las exportaciones, y el
correspondiente aumento de la necesidad de financiación frente al exterior se refleja en la necesidad de ahorro de la economía española. En este contexto sería necesario llevar a cabo una política distinta que aumente de forma importante las tasas
positivas de ahorro público y que fomente el ahorro privado; sería necesaria una mayor contención del gasto, sobre todo del gasto corriente, que por primera vez en los últimos ocho años supera al de capital, 6,7 por ciento frente a un 4,5, que
facilitaría a su vez llevar a cabo bajadas de impuestos que contribuyan a mejorar el ahorro de las familias y de las pymes. Además, es necesaria una política presupuestaria de mayor rigor que facilite la reducción de impuestos, en previsión de
futuras subidas de tipo de interés, en un contexto de elevado endeudamiento.
Señorías, el crecimiento y el empleo deben ser los objetivos últimos de la política económica, y la competitividad y la productividad deben ser instrumentos para lograr estos fines, pero lo último que necesita nuestra economía es un fuerte
incremento del sector público, un mayor dirigismo y un mayor intervencionismo. Tampoco es una buena noticia para la estabilidad macroeconómica la reforma de las leyes de estabilidad, que abren grietas a la expansión del déficit público del Estado y
al de las administraciones territoriales. Faltan además en los presupuestos políticas de apoyo a la competitividad de las empresas españolas. Esto es especialmente grave ante el peligro real de deslocalización de empresas e inversiones por la
competencia de los nuevos socios europeos y otros países emergentes. No se trata de competir con estas economías en costes de producción, pero sí es posible ofrecer a las empresas un marco atractivo de estabilidad política y jurídica, unidad de
mercado, estabilidad presupuestaria, impuestos moderados y con tendencia a la baja y estímulos para la investigación, la innovación y las exportaciones. En prácticamente ninguno de estos factores estamos avanzando en este último año.
En relación con los ingresos, hemos de decir que en 2005 han evolucionado por encima del PIB, se ha
incrementado la presión fiscal y han superado la previsión presupuestaria que hicieron ustedes, debido fundamentalmente a la elasticidad de los impuestos derivada de las reformas tributarias de las anteriores legislaturas y, sobre todo, al
efecto de la mayor inflación. Pero a pesar de estos incrementos en recaudación, los presupuestos para el año próximo no bajan los impuestos. La reforma del IRPF y del impuesto sobre sociedades son solo de momento mera declaración de intenciones;
en cambio, el Gobierno sí que incrementa la fiscalidad de los impuestos especiales, con un coste adicional para cada familia de 270 euros, y además anuncia un nuevo impuesto ecológico, una reforma fiscal verde.
Desde la vertiente del gasto, son unos presupuestos expansivos, como dije anteriormente, y el Gobierno ha señalado como prioridades de gasto la mejora de la productividad a través de los incrementos presupuestarios en I+D+i, educación e
infraestructuras, mejora de la protección social, calidad de los servicios públicos, sanidad y Ayuda Oficial al Desarrollo.
En resumen, todo es prioritario para este Gobierno, que es tanto como decir que nada lo es. No existe una verdadera
selección del gasto; los presupuestos no tienen objetivos claros. A lo largo de esta semana de debate mis compañeros irán poniendo de manifiesto las contradicciones y las carencias de sus políticas de gasto en este presupuesto, con el análisis
pormenorizado de cada una de las secciones.
Quisiera referirme a que pese a los buenos propósitos de transparencia de este Gobierno, los presupuestos contienen numerosos artificios de ocultación del gasto. Se utiliza el sistema de abono total del precio a un nivel muy elevado que
condicionará gravemente los presupuestos del futuro próximo. Se anuncia la creación de nuevas sociedades estatales, como Seittsa, con la pretensión de que sus operaciones no tengan impacto en el déficit. Hay que destacar que tanto el incremento
del 12,4 por ciento en infraestructuras como del 29,7 por ciento en I+D se debe a fuertes aumentos del capítulo 8, de los activos financieros. Es significativo que el capítulo que más se incrementa sea este capítulo 8, tan criticado y denostado por
el Partido Socialista en la oposición como instrumento de ocultación del déficit y de falta de transparencia en los gobiernos del Partido Popular. Parece, señores del Partido Socialista, señores del Gobierno, que han cambiado pronto de opinión,
pues este capítulo tiene un incremento del 24,4 por ciento, alcanzando un importe de 9.600 millones de euros, superior a la asignación destinada a inversiones.
En definitiva, señorías, estamos ante unos presupuestos facilones, electoralistas y cómodos para contentar a sus socios de Gobierno, pero que no solucionan los graves desequilibrios que tiene planteados hoy nuestra economía; que suponen más
peso del sector público en detrimento de la iniciativa privada, es decir, más intervencionistas; que no contienen bajadas de impuestos, todo lo contrario, los suben; y con una ausencia clara de reformas estructurales que mermará nuestro
crecimiento y empleo futuros.
No quisiera concluir mi intervención sin referirme a la gran incertidumbre que late sobre estos presupuestos para el año próximo: la propuesta que se está tramitando en esta Cámara de reforma del Estatuto de Cataluña.
Aunque ustedes lo
nieguen y se rían, la sociedad española está muy preocupada por los efectos institucionales, económicos y sociales que dicha propuesta podría acarrear de aprobarse finalmente en las Cortes Generales.
Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Báñez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ¿se acuerdan de lo que nos decían el señor Rajoy y el señor Aznar hace un año y medio sobre el futuro de la economía española? Nos decían: la economía española se va a ir a pique. Eso es lo que nos decían hace un año y medio
justo. Ahora nos dicen otra cosa: España se rompe.
Hoy vamos a hablar de economía, porque la portavoz del Partido Popular dice que si entrara en vigor la reforma del Estatuto, entonces estos presupuestos no se podrían aplicar. Yo creo que ella
sabe perfectamente que eso no es así. Vamos a hablar de la frase que pronunciaron Aznar y Rajoy hace un año y medio: la economía española se viene a pique. ¿Cuáles son los últimos datos de la economía española? Los datos de la encuesta de
población activa del tercer trimestre de este año son que se han creado 930.000 empleos este último año. Señorías, la tasa de paro se sitúa en el 8,5 por ciento. Ustedes se preguntarán: ¿eso es mucho, eso es poco? Por primera vez en treinta
años, la tasa de paro de la economía española está por debajo de la media de la Unión Europea. Yo creo que es un buen dato. ¿Se acuerdan, señorías, de lo que nos dijeron el año pasado cuando se hablaba del presupuesto? Nos dijeron: la economía
española no va a crecer en el año 2005 al 2,9 por ciento, como tenía previsto el Gobierno de España. Por eso los presupuestos -nos decían el año pasado- no son creíbles. El último dato que esta mañana ha hecho público el Instituto Nacional de
Estadística es que la economía española crece al 3,5 por ciento; no al 2,9 ni al 3 por ciento, como decían ustedes el año pasado: presupuestos no creíbles porque la economía española no va a crecer al 2,9. Pues bien, señoría, está creciendo al
3,5 por ciento.
Además el Instituto Nacional de Estadística ha dicho esta mañana que el crecimiento se produce cada vez más sobre la base de la aportación del sector exterior y menos en relación con la demanda interna. Eso es lo que ha dicho esta
mañana el Instituto Nacional de Estadística. Se están corrigiendo las bases sobre las que se asienta el crecimiento de la economía española: más crecimiento del sector exterior y menos crecimiento de la demanda interna. Estos son los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, por primera vez en treinta años, en 2005 las
cuentas públicas van a contar con superávit. También será así en el año 2006 con este presupuesto.
Señorías, ¿se acuerdan de lo que dijo Rajoy el año pasado cuando se debatieron estos presupuestos y la enmienda a la totalidad? Que los ingresos no iban a cuadrar ni siquiera a martillazos. Eso es lo que dijo.
Pues bien, año 2005:
superávit de las cuentas públicas; se reduce la deuda con relación a la riqueza nacional, y lo mismo ocurrirá en el año 2006. Los dirigentes del Partido Popular no son creíbles; no se pueden anunciar catástrofes permanentemente cuando luego no se
cumplen. Por tanto, más crecimiento ahora que el año anterior, así como más ingresos y unas cuentas públicas saneadas. Cuando gobernó el Partido Popular surgió la mentira del déficit cero, porque hubo más déficit del Estado y de las comunidades
autónomas, fundamentalmente de las gobernadas por el Partido Popular. La mentira del Partido Popular en materia económica fue la mentira del déficit cero. No lo cumplió con el Estado y tampoco cumplieron esa regla fundamentalmente las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Señorías, en este presupuesto no se suben los impuestos, sino todo lo contrario. Ausencia de cambios normativos en materia fiscal. Eso lo saben los ciudadanos. No se lo cree nadie. Hay una deflactación de la tarifa del IRPF del 2 por
ciento que supone un ahorro a los contribuyentes de 227 millones de euros. Este Gobierno y este presupuesto no van a subir los impuestos. Tampoco es verdad que el Estado vaya a ganar peso en el conjunto de la economía española en el año 2006. No
lo ha hecho en el año 2005 y tampoco lo va a hacer en el año 2006. Por tanto, con la credibilidad de este Gobierno en materia económica se presentan unas cuentas públicas para el año 2006 que tienen las siguientes características: primera, el
equilibrio presupuestario. En el conjunto de las administraciones públicas no se va a gastar más de lo que se ingresa; todo lo contrario, va a haber más ingresos que gastos. Segunda, este es un presupuesto que prima lo social.
Señorías, se van a crear más de 460.000 nuevos empleos. Por tanto, este es un presupuesto social. Más de 2 millones de pensionistas van a ver cómo su pensión crece por encima del IPC. Hace un momento la portavoz del Grupo Popular decía
que eso es electoralismo. Que les digan a esos 2 millones de pensionistas si eso es electoralismo o no. Además se van a crear 300.000 nuevas plazas en educación infantil, y eso, según ustedes, es ser electoralista. ¿Las necesita o no nuestra
educación? ¿Las necesitan o no las familias? En este presupuesto va a haber 40.000 becas más para el curso que viene. ¿Eso es electoralismo? ¿Lo necesitan o no los jóvenes españoles? Yo creo que sí. Además, con el presupuesto para el año 2006
se van a construir 74.000 viviendas protegidas para la venta y 47.000 viviendas protegidas para alquiler. ¿Electoralismo, expansionismo de la economía del sector público? ¿No hemos quedado en que nuestra economía y nuestra sociedad necesitan una
política social más expansiva, más intensa? ¿Eso es electoralismo? Todo lo contrario, eso es necesario.
Es más, las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado en la Comisión de Presupuestos y que está dispuesto a negociar con el
conjunto de fuerzas de la Cámara pretenden justamente hacer el presupuesto, en lo posible, más social y contribuir a que nuestra economía sea más competitiva, que el crecimiento sea más sostenido y sostenible en el tiempo.
Señorías, decía la portavoz del Grupo Popular que estos presupuestos no van en la dirección de la modernización de la economía, del I+D, de la apuesta por la sociedad del conocimiento. Señora portavoz del Grupo Popular, si usted cree que lo
que voy a decir a continuación no es así, le pido que me corrija públicamente. ¿Hay algún presupuesto para el año 2006 de alguna de las economías de la Unión Europea donde crezcan más las políticas de I+D, donde crezca más la sociedad del
conocimiento y donde se apueste más por la educación y por las infraestructuras que en este presupuesto? Si hay algún país de la Unión Europea donde el crecimiento del gasto público en educación, en infraestructuras, en sociedad del conocimiento y
en I+D+i sea más intenso que el de este presupuesto, señoría, le pido que me corrija públicamente. En absoluto es así. El esfuerzo que hace en este presupuesto el Gobierno en materia de educación, de infraestructuras y de I+D+i no tiene
comparación con ninguno de los presupuestos del resto de las economías de la Unión Europea.
El presupuesto para el año 2006 es, por tanto, un presupuesto social, un presupuesto de equilibrio presupuestario, un presupuesto que trata de apostar por la productividad, es decir, por seguir cambiando las bases sobre las que se asienta el
modelo de crecimiento de la economía española. Ese es el presupuesto de 2006, un presupuesto que, además, va a tener en cuenta las aportaciones de todos los grupos de esta Cámara, es decir, el Grupo Parlamentario Socialista está abierto a enmiendas
para mejorar este presupuesto en lo social, en lo productivo, en la modernización y en lo sostenible.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Iniciamos el debate del título III. En primer lugar, la señora Lasagabaster, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado en nombre de Eusko Alkartasuna dos enmiendas al título III, en el bien entendido que no compartimos la interpretación que del concepto legislación básica se viene haciendo de manera tradicional en relación con múltiples
cuestiones, independientemente de cuál fuera el Gobierno o la formación que tenga la representación del Gobierno. Este es un ejemplo más que se viene sucediendo a lo largo de los presupuestos y constantemente. La interpretación del carácter básico
ha llevado a que se interfiera incluso en materias
Título III
de autoorganización de las comunidades autónomas determinando cuál es la posibilidad de realizar un determinado tipo de presupuestación para los sueldos de los funcionarios. Nosotros entendemos que esto no es carácter básico porque los
distintos estatutos así lo establecen y hablaré del que conozco más, del Estatuto de Gernika cuyo artículo 10.2 confiere a la Administración del País Vasco la capacidad y la competencia exclusiva para organizarse y determinar qué régimen, qué
funcionamiento deben tener sus propias instituciones en el ejercicio de su autogobierno. Una de las cuestiones que debiera ser más clara es qué emolumentos o sueldos deben tener los funcionarios. En el pasado, cuando hubo que hacer restricciones
porque había que cumplir determinados criterios y porque la economía tenía una determinada fase que hacía necesario que la Administración pública contemplara mayores restricciones para los sueldos funcionarios, la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco así lo hizo.
Pero no parece razonable que cuando hay cosas que hay que hacer, cuando pueden percibir otros salarios no se nos permita por el carácter básico.
La organización, el régimen y el funcionamiento, como dice el
artículo 10.2, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. En virtud de ese carácter debiera desaparecer el carácter básico que afecta a una de las cuestiones más claves, que es la autoorganización de las instituciones autonómicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasa-gabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
En esta primera intervención vamos a dar por defendidas todas las enmiendas, pero también vamos a hacer una valoración global de la situación en la que vivimos este presupuesto. Nuestro grupo entiende que nuestra economía va bien, pero como
decíamos en el debate de presupuestos tiene los pies de barro, mejor dicho, de cemento. Ante una situación como esta, necesitamos un presupuesto con más peso del sector público, con más gasto social, que afronte el incremento de la inversión en
I+D, en educación, en aproximación a Europa en convergencia social. Eso es lo que entendíamos y eso es lo que hemos conseguido parcialmente, pero de forma sustancial, en el trámite de enmiendas. Enmiendas que hacen que la política en materia de
inmigración se sitúe en 180 millones de euros con políticas de integración y educación para la inmigración; políticas de dependencia que se van a situar en 200 millones de euros; en medio ambiente va a haber un fondo de política forestal de 200
millones; va a haber 20 millones para la recuperación del litoral; 25 para vivienda; 12 para la rehabilitación de barrios y podría dar un largo etcétera de propuestas que se han introducido. Sin embargo, entendemos que aún hay recorrido, que
algunas de las secciones son manifiestamente mejorables.
Por eso hemos presentado una enmienda al Ministerio de Vivienda que dice: vamos a territorializar los fondos de una competencia que es claramente autonómica. Estamos a punto de llegar a un
acuerdo para que el Estado ayude a las personas mayores en el acceso a un alquiler. Hemos conseguido un presupuesto social, un presupuesto que hace que la economía empiece a tener bases algo más sólidas, pero nuestro grupo mantiene tres grandes
diferencias. La primera de ellas en materia de empleo. Después, sobre todo mañana, explicaremos cuál es nuestra postura. Nuestro grupo estima que la bonificación en los contratos tiene que darse en el marco de la legislación actual y ésta dice
que los contratos son de 45 días, que lo que no vale es bonificar contratos tal y como al Gobierno le gustaría, por ejemplo, contratos de 30 días o de otro tipo.
Segunda gran diferencia. Nuestro grupo mantiene diferencias en el I+D, y no por el esfuerzo, que coincidimos en que ha sido importante. Ese esfuerzo tiene que ir encaminado al gasto no financiero, a activos para los organismos públicos de
investigación y al I+D+i civil, porque tenemos un precedente, que es un incremento notable del I+D+i militar en más de un 27 por ciento, y nuestro grupo espera que en estos próximos días haya un gesto para la segregación, para diferenciar lo que es
meramente construcción de material militar de lo que es investigación sobre la materia, y haya voluntad de acabarlos separando.
Tercera gran diferencia en el Ministerio de Fomento, un ministerio que invierte poco en ferrocarril convencional, que continúa invirtiendo mucho en autovías, autopistas y en el AVE, pero se olvida en cambio de ese ferrocarril que utiliza el
96 ó el 97 por ciento de los usuarios. Nuestro grupo quiere también gestos en estas tres secciones.
Por último destacaré una enmienda al articulado en la que después nos podremos extender pero de la que nuestro grupo parlamentario quiere hacer bandera, la enmienda sobre la financiación de la Iglesia católica. Estoy seguro de que muchos de
los diputados y diputadas aquí presentes coincidirán con nuestro grupo parlamentario en que no tiene sentido alguno que la Iglesia católica reciba entre un 30 y un 40 por ciento más de lo que le asignan los ciudadanos. Los ciudadanos en la casilla
del IRPF le asignan un dinero y la Iglesia recibe un 30 ó un 40 por ciento más, más allá de los acuerdos con la Santa Sede. Esta es la realidad.
¿Para qué sirven esos 3.000 millones de euros -que se dice pronto-, ese medio billón de pesetas? Para
financiar los gastos de la Iglesia, pero alguna cosita más. ¿Y qué se financia con ese dinero de más, con ese 30 ó 40 por ciento de dinero de más que recibe la Iglesia y que no han decidido los ciudadanos dárselo a ella? Pues bien, hace de partido
político; lo que hace la Iglesia con ese dinero es pagar algún autocar de más. Nos parece muy bien que la Iglesia con sus recursos y sus prioridades haga lo que quiera,
pero nos parece muy mal que lo haga con los recursos de todos los ciudadanos, incluso con los de aquellos que no han marcado la casilla del IRPF para la Iglesia católica. (Aplausos.) Si esta es la realidad, señoras y señores diputados, que
la Iglesia con los dineros de todos los contribuyentes, incluso con los de aquellos que no marcan la casilla del IRPF para la Iglesia católica, paga manifestaciones para decir alguna que otra falsedad, la pregunta es: ¿Por qué tenemos que continuar
sobrefinanciando a la Iglesia católica? (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) El señor Martínez-Pujalte está preocupado y yo lo entiendo, pero nuestro grupo aún lo está más. ¿Sabe por qué, señor Martínez-Pujalte?
Porque no entendemos cómo con el dinero incluso de aquellos que no hemos marcado la casilla del IRPF para la Iglesia católica se está financiando una manifestación como la del sábado. (Aplausos.) No lo entendemos. (El señor Martínez-Pujalte López:
¿Y quién pagaba la manifestación del Plan Hidrológico Nacional?) La Iglesia recibe entre un 30 y un 40 por ciento más de lo que se le asigna en las casillas del IRPF. Tienen ustedes razón, han perdido la cabeza aquellos que legislaban para hacer
eso posible... (Rumores.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Entendemos que es tener la cabeza en su sitio legislar hoy y aprobar hoy la enmienda que hace lo razonable, que la Iglesia reciba tan solo lo que los ciudadanos y ciudadanas le asignan en la casilla del IRPF. (El
señor Martínez-Pujalte López: ¡Izquierda Unida, igual!) Por eso nuestro grupo ha presentado esta enmienda que pretende conseguir que la Iglesia no esté sobrefinanciada, lo que es normal no en un Estado laico, en un Estado aconfesional, y este es un
Estado aconfesional. Nuestro grupo espera que esta enmienda sea aprobada. Es una enmienda importante, sin lugar a dudas, porque lo que hace es concretar el republicanismo cívico, no dar privilegios a nadie. Si tenemos que negociar con la Iglesia,
negociemos en igualdad de condiciones, todos y cada uno de nosotros con marcadores a cero. (El señor Fernández Díaz pronuncia palabras que no se perciben.) Lo que pretendemos, señor Fernández, es que se respeten los acuerdos con la Santa Sede,
porque estoy seguro de que a usted no le parecerá razonable que la Iglesia hoy continúe estando sobrefinanciada. Por eso le pedimos, no a los diputados del Partido Popular, sino a los diputados y diputadas del Partido Socialista que apoyen esta
enmienda. Es una enmienda fundamental, clave, y no entendemos todavía hoy que no se apruebe. Señores y señoras socialistas, hoy, después de saber a qué va destinada la sobrefinanciación de la Iglesia, nos parece bien que se dialogue con ella, pero
no nos parece nada razonable que continúe sobrefinanciada.
Señoras diputadas, señores diputados, les pedimos que esta enmienda sea finalmente aprobada porque es razonable. La mejor forma de acabar la sesión de hoy sería con lo que toca: no
sobrefinanciando a la Iglesia, sino que reciba lo que los ciudadanos han decidido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Herrera.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Vilajoana. (Rumores.)
Espere, señor Vilajoana. Por favor, oigan al interviniente.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para dar por defendidas las enmiendas 1474, 1475, 1476 y 1477 de este título III en los términos en que han sido presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor presidente.
Creía que en el título III veníamos a discutir los temas de gastos de personal, fundamentalmente de la Función pública, pero uno de los anteriores intervinientes nos ha dado un mitin que no venía a cuento.
Puedo asegurarle que, en lo que
respecta al Partido Popular, entraremos otro día en esa demagogia, en ese totum revolutum que ha presentado.
Me voy a referir a los gastos de personal. El conjunto del presupuesto en el título III, concretamente los gastos de personal, de los funcionarios y personal al servicio de las administraciones públicas, se basa en un incremento del IPC del
2 por ciento. Por mucho que se hable de la situación económica, nadie discutirá que la inflación va a estar este año entre el 3,7 y el 4 por ciento, y que el año que viene va a ser prácticamente imposible que se sitúe en el 2 por ciento. No
estamos pidiendo cosas que puedan ser de otro planeta. Estamos pidiendo para los empleados públicos lo mismo que la ley les concede a los pensionistas españoles. Si los precios al final del año son superiores al 2 por ciento, pedimos que haya una
compensación en concepto de desviación. Se puede decir que este año de una forma directa, en retribuciones básicas, en complementarias a través de las pagas o planes y fondos de pensiones para los empleados públicos, pueden subir los salarios hasta
el 3,2 por ciento, pero todo se ha hecho con un objetivo básico que es el 2 por ciento. De tal forma que si falla la cláusula y el aspecto inicial que da pie a todo el montaje de revisión salarial de este año, nos encontraremos con que se ha caído
el invento o pacto firmado con los sindicatos. ¿A los que estaban en la última legislatura del PP les suena esto a algo? Señor Hernández Sanjuán, ¿verdad que
recuerda usted esto? (El señor Martínez Sanjuán: ¡Martínez!) El 17 de noviembre de 2003 se decía este párrafo y hoy lo podríamos repetir puesto que podemos decir qué va a pasar con las retribuciones de personal, incluyendo los pactos con
los sindicatos que se hicieron en el mes de junio cuando todavía la inflación estaba lejos del 3,7 ó 4 por ciento.
Podemos decirlo aun suponiendo que suban las pagas extraordinarias. Por cierto, en una de nuestras enmiendas pedimos que las dos
pagas sean del cien por cien y no del 80 y del cien por cien, con lo cual podría subir al 3,1. Si tenemos una inflación del 3,7 o del 4 por ciento los funcionarios públicos estarán perdiendo poder adquisitivo. Un interviniente decía antes que se
iban a bajar los impuestos porque se deflactaba un 2 por ciento en la base, pero eso no es cierto porque si el IPC sube un 3,7 por ciento, no solamente bajan los impuestos sino que suben porque hay un diferencial del 1,7 respecto del importe que se
deflacta.
Hay una serie de enmiendas que me gustaría tener más tiempo para defender, pero voy a pasar por ellas rápidamente. Aunque las pagas extraordinarias en el mes de junio se pactaron con los sindicatos, pedimos que las dos alcancen el cien por
cien. La enmienda 1997 es importante. En ella pedimos que los funcionarios de las delegaciones españolas o de los institutos españoles especialmente -esto no lo dice la enmienda- en Hispanoamérica gocen de los mismos derechos, garantías y deberes
que el personal contratado en territorio nacional, pues en estos consulados y en otras entidades nos encontramos con que perciben unos sueldos mucho más bajos de los que obtendrían en España, y además están sujetos a unas legislaciones laborales
mucho menos favorables para ellos.
La enmienda 1999, al artículo 20, limita la reposición de los funcionarios -lo cual nos parece muy bien- al cien por cien de la tasa de reposición, pero nosotros pedimos que se haga una excepción respecto a la Agencia Estatal de
Administraciones Tributarias. ¿Por qué? Porque si en España realmente se consiguiera que los españoles no defraudaran se podrían rebajar muchísimo los impuestos. La enmienda tiene como objeto facilitar la lucha contra el fraude fiscal,
permitiendo a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria dotarse de los medios humanos necesarios para la consecución de esta finalidad. La enmienda 2088 pretende favorecer la movilidad de los funcionarios en el ámbito de las
administraciones públicas. Y la número 2089, que se ha presentado en muchos ejercicios, tiene la finalidad de equiparar las indemnizaciones que perciben los empleados públicos de las Islas Baleares a los de las islas Canarias.
¿Por qué van a tener
unas condiciones especiales los funcionarios en las islas Canarias, y no las tienen, teniendo en cuenta la insularidad, los de las Islas Baleares?
Quiero terminar, señor presidente, reiterando algo importante. Hay una serie de enmiendas de otros grupos que inciden en la Función pública.
Elaborar todo el estudio sobre la base de un 2 por ciento de inflación es pura ingeniería
voluntarista. Sabemos que esa tasa de inflación va a ser imposible en el año 2006. Sabemos que se va a aprobar algo en contra del Grupo Popular que va a disminuir el poder adquisitivo de los funcionarios públicos. Yo esperaba del Grupo Socialista
en la Comisión de Presupuestos una actitud más receptiva, no solamente a nuestra enmienda sino a las de otros grupos que piden lo mismo, y podríamos haber alcanzado un acuerdo por el cual si de enero a julio aumentaba un 1,5 por ciento no se tocaba,
pero que si la tasa de inflación era superior al 2 por ciento se pudieran revisar los ingresos de las administraciones públicas. Como nos encontramos ante un tema importante, le voy a hacer una proposición a la portavoz del Grupo Socialista: si en
2006 el IPC aumenta más del 2 por ciento, S.S. y otros tres o cuatro diputados, me pagan una comida y una cena, pero si sucede a la inversa les pago yo la comida y la cena. Saben ustedes que es absolutamente imposible. Los funcionarios públicos
no reciben el cien por cien de las dos pagas extraordinarias, sino el 80 y el cien por cien, con lo cual van a sufrir una pérdida de poder adquisitivo. Respecto de las otras enmiendas, tengan en cuenta la que defendemos de los funcionarios
españoles en el extranjero. Españoles o de otras nacionalidades, pero que trabajan para las embajadas, consulados u organismos españoles, ya que reciben un trato diferente del de los españoles que trabajan en estos mismos consulados. Tampoco
entendemos por qué los funcionarios de Baleares no tienen las mismas características, condiciones y beneficios que los destinados en las islas Canarias.
Finalmente, si están de acuerdo en que hay que luchar contra el fraude, suponemos que admitirán
nuestra enmienda relativa a que el cien por cien corresponda a los demás cuerpos de la Administración, pero no al de inspectores fiscales. Dicho esto, señor presidente, estoy seguro de que oiremos unas palabras positivas del Grupo Parlamentario
Socialista sobre varias de nuestras enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerra Zunzunegui. Tiene la palabra la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Subo a la tribuna para expresar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con relación al título III del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.
Nuestro grupo comparte la propuesta contenida en este apartado relativa al régimen de gastos de personal y, en consecuencia, va a dar su apoyo por las razones que paso a expresar a continuación.
Razones que podemos ordenar en dos direcciones,
sostenibilidad y solidaridad. Sostenibilidad que nos lleva a sentar sobre bases sólidas el desarrollo económico y a presentar unas cuentas públicas saneadas. Por ello, hemos establecido un régimen de los gastos de personal de carácter limitativo
que extendemos a las administraciones públicas, como viene siendo tradicional desde
hace muchos años en el Estado compuesto que nos dimos en su momento. No vamos a aceptar las enmiendas que han presentado distintos grupos que pretenden eliminar el carácter básico de estas reglas mínimas. En el momento actual de
estabilidad presupuestaria, que no solo constituye un objetivo español, sino un objetivo europeo, no nos parece oportuno cuestionar una regla estructural del comportamiento del sector público en nuestro país. Desde 1986, el Tribunal Constitucional
ha establecido la clara adecuación de esta regla con el sistema de distribución de competencias que nuestra Constitución ha diseñado. ¿Por qué? Porque el establecimiento de este límite es con carácter global y no incide en su distribución interna.
Entendido de esta manera, es coherente con la dirección de la política económica general que se fundamenta en el título competencial que establece el artículo 149.1.13 de nuestra Constitución.
El segundo vector de estos presupuestos es la solidaridad. En esta dirección me gustaría señalar dos cuestiones. En primer lugar, son unos presupuestos basados en la confianza que tenemos en la Administración pública como vector del
desarrollo económico-social. El contenido básico del régimen de los gastos de personal está basado en esta confianza y por ello nos parece consustancial que este régimen se haya diseñado a partir del diálogo social, del diálogo con los sindicatos.
El texto traduce el acuerdo con los sindicatos para el año 2006. Como pareció que en la redacción final faltaba una pequeña frase que podía inducir a confusión, introdujimos una enmienda que ya fue aceptada en fase de ponencia para evitar toda
confusión y para que quedase claro que los avances en las retribuciones que contenía el presupuesto de este año no iban a ir en detrimento de los avances que se habían obtenido, basándose en las competencias de otras administraciones públicas. (La
señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, el acuerdo con los sindicatos, que es una pieza fundamental de la política económica de este Gobierno, ha hecho que no podamos aceptar las enmiendas que pretenden alterar el contenido de este acuerdo y que se refleja en el
proyecto de presupuestos; un acuerdo que tiene una coherencia global y que no permite discutir partes del mismo porque cuestionan su globalidad. No aceptaremos las enmiendas que pretenden alterar los porcentajes de incremento total o modificar las
composiciones en la estructura de las pagas extraordinarias. La estructura de las pagas extraordinarias, que es una de las grandes novedades de estos presupuestos y que hacen alterar la cuantía final del aumento, está en el acuerdo con los
sindicatos y nos parece que es más leal respetar este acuerdo tan trabajosamente obtenido. Tampoco aceptaremos la enmienda relativa a la equiparación de sueldos de Baleares. La Comisión de administraciones públicas ya votó en su momento a favor de
un acuerdo que aumentase las indemnizaciones de los empleados públicos de Baleares pero no la total y absoluta equiparación. Por otra parte, este acuerdo fue luego refrendado con los sindicatos y ya se está ejecutando. Los funcionarios del Estado
en Baleares están empezando a cobrar estas indemnizaciones.
Finalmente, la otra pata del acuerdo con los sindicatos, junto al incremento del 2 por ciento y el aumento significativo de las distintas pagas extraordinarias y de su estructura, es una regla básica para luchar contra la temporalidad en el
sector público. Se trata del conjunto de reglas relativas a la política de reposición de activos. Vamos a mantener el texto tal y como está redactado porque satisface plenamente los objetivos que están detrás de este acuerdo. Se trata de luchar
contra la temporalidad en el sector público. Se establece fundamentalmente una tasa de reposición de activos del cien por cien, pero con muchas excepciones, como la que permite que cuando exista dotación presupuestaria se puedan convocar las
plazas, no computándolas a efectos de la correspondiente oferta de empleo público. Este conjunto de razones nos lleva a apoyar decididamente estos presupuestos y a rechazar las enmiendas que se han presentado hoy en este Pleno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Malaret. ¿El Grupo Vasco mantiene sus enmiendas? (Pausa.)
Se mantienen las enmiendas del Grupo Vasco al título III. Pasamos al debate de los títulos IV y VIII y de la sección 07. Comenzamos por los grupos enmendantes. Por Convergència i Unió tiene palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, damos por defendidas nuestra enmienda número 2 al título IV, así como la número 2 al título VIII en los términos en que han sido planteadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.
Señor Azpiroz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nosotros vamos a defender, salvo que haya algún tipo de inconveniente, como es tradicional tanto en Pleno como en Comisión, conjuntamente los títulos a que ha hecho referencia la presidenta, así como las
disposiciones adicionales que traen causa y tienen una conexión directa con la materia de dichos títulos.
Son prácticamente treinta las enmiendas que en este contexto formuló el Grupo Parlamentario Popular: 4 sobre discapacidad; 3 sobre autónomos y maternidad; 2 sobre familias numerosas -por cierto, una en la cual tan solo se demanda al
Gobierno el estricto cumplimiento
Títulos IV y VIII y sección 07
del artículo 9 de la Ley de protección de familias numerosas, que lamentablemente continúa sin verificar, no sé para cuándo será-.
Posteriormente presentamos también unas enmiendas -5 en concreto- relativas a Ceuta y Melilla y a los planes
especiales de empleo que proponíamos y proponemos; 2 referentes a bonificaciones de contratos; 2 sobre el Fondo de Garantía Salarial; otras 4 sobre la eventual inconstitucionalidad de determinadas disposiciones adicionales del texto del proyecto;
2 de carácter técnico; una relativa a la dependencia con la solicitud de incremento de una dotación de 500 millones de euros para empezar a abordar la cuestión de una vez por todas en este año 2006; una sobre complemento a mínimos; una percha
sobre la regularización de las pensiones del año pasado, que ya retiramos en Comisión por haber sido aceptada otra muy similar a la nuestra y por tanto haber quedado resuelto el tema; y una última sobre el pago con imposición de aquellas cuantías
de la subida de las pensiones que exceden del IPC previsto para el ejercicio entrante.
He de decir, señora presidenta, que en nuestra enmienda 2029, sobre el Fondo de Garantía Salarial, planteábamos una reducción del tipo de cotización del 0,4 al 0,2 por ciento, lo cual supondría liberar recursos por más de 400 millones de
euros a los empresarios, que son los únicos que cotizan por esta contingencia, y habida cuenta que, en su comparecencia en Comisión, el secretario general de Empleo expuso cómo con menos de la mitad de las cotizaciones hay dinero suficiente para
afrontar las obligaciones que tiene legalmente establecidas el Fondo de Garantía Salarial, parece que no tiene ninguna razón de ser, cuando además ya hay un fondo de reserva próximo al medio billón de pesetas, que se mantenga esta situación.
Además, en la enmienda 2077 pedimos que se amplíe la cobertura por la cual el Fondo de Garantía Salarial asume el pago del 40 por ciento de las indemnizaciones por despido en el supuesto de empresas que tengan entre 25 y 50 trabajadores; en la
actualidad se cubre tan solo en las empresas de menos de 25 trabajadores, pero históricamente este fondo ya tuvo esta protección a favor de la extinción de los contratos, lo cual facilita la contratación, porque al final es un menor costo para el
empresario y una mayor facilidad para contratar, porque sabe que, si precisa extinguir un contrato, va a tener la cooperación del Fondo de Garantía Salarial. Complementos a mínimos, enmienda 2067, a la que me referiré a continuación.
Revalorización de pensiones por encima del IPC, enmienda 2078, y los planes de empleo de Ceuta y Melilla, así como de aquellas comunidades que el Gobierno entienda que, por razones de tasa de desempleo o circunstancias coyunturales particulares,
precisen en el futuro planes singulares, como los actualmente existentes en las islas Canarias o en Extremadura, o los que se incorporen este año para Galicia, serán objeto de un análisis más pormenorizado en la intervención que efectúe en la
sección 19. Me voy a detener por tanto en este caso.
Quiero traer a colación dos temas que afectan directamente a la Seguridad Social y que me parece que tienen una singular importancia. El primero es el relativo a los complementos a mínimos, enmienda 2067, sobre los cuales voy a hacer una
reflexión. Se viene diciendo que se está profundizando en la separación de fuentes; yo afirmo que esto no es verdad y lo voy a demostrar. En el año 2004, el complemento a mínimos, es decir, la aportación que hace la Seguridad Social para cubrir
lo que no es contributivo de una pensión hasta el mínimo que establece el Gobierno cada año que tiene derecho a percibir un pensionista, fueron 4.000 millones. La aportación fiscal del Estado, el pago con impuestos, fue de 906,35 millones. En el
año 2005 el complemento a mínimos fue 4.350 millones de euros y la aportación al Estado, 1.206,35. La previsión para el año que viene es de 4.750 millones de euros para el complemento a mínimos y una aportación al Estado que se incrementa en 300
millones y asciende a 1.506,35.
¿En qué se traduce esto? En que en el año 2004 la Seguridad Social ha tenido que satisfacer 3.093 millones de euros; en el año 2005, 3.143 y el año que viene tendrá que aportar 3.245 millones. Es decir, de 2004 a 2005 se ha incrementado
en 50 millones de euros la obligación de la Seguridad Social de abono del complemento a mínimos y de 2005 a 2006, en 100 millones. Horquilla 2004-2006, la Seguridad Social va a tener que aportar 150 millones de euros más de lo que aportaba en el
año 2004. Si esto es separación de fuentes, ustedes me lo cuentan. Yo lo que digo es que en el año 2006 la Seguridad Social tendrá que afrontar más dinero para abonar los complementos a mínimos con cargo estricto a las cotizaciones. Y si venimos
diciendo que hay que ahondar en el principio de contributividad, si se vienen haciendo campañas publicitarias y radiofónicas demandando a los ciudadanos, a los autónomos, que coticen más para tener una prestación mayor el día de mañana, es
escasamente comprensible que se den estas situaciones por las cuales, al final, la Seguridad Social tiene que pagar más por complementos a mínimos con cargo a sus cotizaciones, en clara colisión, además, con lo que establecen las recomendaciones del
Pacto de Toledo, aprobadas en el Pleno de esta Cámara por todos los grupos, salvo Izquierda Unida, que se abstuvo positivamente, tal y como manifestó en ese extraño proceder. Dice la recomendación primera del Pacto de Toledo: Separación y
clarificación de fuentes de financiación.
La Comisión reitera el mandato de que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependa básicamente de las cotizaciones sociales y que la financiación de las prestaciones no
contributivas y universales se efectúe exclusivamente -lo digo en negrilla, si cabe decirlo así- a través de la imposición general. La Comisión constata la delimitación definitiva de los complementos a mínimos de naturaleza no contributiva. Esta
Comisión considera conveniente realizar la culminación efectiva dentro del plazo de vigencia de sus recomendaciones, 5 años.
Señores, como los cangrejos, vamos marcha atrás
y la Seguridad Social tendrá que aportar más en 2006 que en 2005, pese al incremento de la fiscalidad de ese año.
Proponemos otra enmienda importante, una enmienda que afecta directamente al núcleo de la filosofía, al núcleo del fondo de la cuestión de la Seguridad Social: la enmienda 2078, que afecta al artículo 48.1.1 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, que en su tenor literal dice en la actualidad que las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del
correspondiente IPC previsto para dicho año. Nosotros añadimos: Cualquier incremento en dicha revalorización por encima de tal índice será financiado con cargo a la recaudación fiscal del Estado. ¿Por qué? Porque nos parece muy bien que se
incrementen las pensiones mínimas, o las pensiones del SOVI, o que en un ejercicio determinado el Gobierno, siguiendo también con las recomendaciones del Pacto de Toledo, alce todavía más las pensiones de viudedad o las de orfandad, pero lo que es
claro es que cualquier medida de justicia distributiva o de protección social que se quiera implementar -como ocurre este año- para que la subida sea por encima del 2 por ciento previsto debe ser con cargo a la fiscalidad y no con cargo a las
cotizaciones del conjunto. Evidentemente, el conjunto debe mantener la solidaridad, pero no se debe resquebrajar el principio, que antes cité, de la contributividad, que cada vez se pretende introducir más en nuestro sistema: usted que cotiza
durante más años y por más cuantía va a cobrar más, pero, si yo cotizo más años y por más cuantía y al final se lo tengo que dar a otros porque usted quiere hacer justicia social -lo que me parece muy bien-, yo voy a ver reducida mi pensión de la
Seguridad Social. Por lo tanto, subida de la pensión mínima, sí, pero ya va siendo hora de que ese tipo de medidas se adopten con cargo a la hucha correspondiente, que es la hucha de los impuestos de todos. Una medida gubernamental que afecta a
todos, por encima de los principios y del contenido estricto de la Seguridad Social, debe ser abonada con los tributos y no debe ser abonada con las cotizaciones, que deben garantizar -esto además serviría a ello- el incremento del superávit, para
aumentar más aún el fondo de reserva, que va a ser preciso dentro de nueve años, cuando empiece a aflorar el déficit, tal y como reconoce el propio Gobierno, para mantener la viabilidad del sistema, viabilidad del sistema que garantice que los que
hoy están jubilados cobren, pero que los que hoy cotizan también tengamos derecho a cobrar. Eso da estabilidad, da seguridad y potencia un factor fundamental de la convivencia social como es el sistema público de pensiones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiroz, muchas gracias.
Pasamos, señorías, a la fijación de posiciones sobre estos títulos.
Comenzamos por la señora Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) ¿Izquierda Verde? (Pausa.) Señora Navarro, adelante.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias.
Únicamente intervengo para mantener las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, si es pertinente reglamentariamente, intervengo para mantener las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Tanto usted como la señora Navarro, en nombre de Izquierda Unida, pretenden mantener las enmiendas. Estos títulos no tienen enmiendas. En cualquier caso, estamos en fijación de posición. Gracias de todas formas, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mantenemos la filosofía.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Puig, ¿para fijar posición? (Pausa.)
¿La señora Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Para fijar posición, tiene usted la palabra. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)
Señora Fernández, ¿me pedía usted la palabra? (Pausa.) Disculpe, señora Sánchez, un segundo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Si es obligatorio para mantener las enmiendas, la pedimos, porque sí mantenemos las enmiendas presentadas colectivamente con otros grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): En absoluto, gracias.
Estábamos en turno de fijación de posición, señora Fernández, pero, al verla a usted, he pensado que tal vez quería fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto.
Adelante.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a fijar la posición relativa a las enmiendas que tienen que ver con los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45. Las disposiciones adicionales serán tratadas con posterioridad por otro portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Los presupuestos de la Seguridad Social para el año 2006 contienen mejoras que inciden directamente en mantener las prestaciones actuales, en mejorarlas, y
reafirman el compromiso del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista de mejorar las pensiones mínimas. El presupuesto de la Seguridad Social representa un incremento del 8,36 por ciento en relación con el ejercicio anterior. Los
ingresos no financieros de la Seguridad Social superan a los gastos; esto supone un superávit en torno a los 7.000 millones de euros, el 0,73 por ciento del PIB, gracias al incremento de las cotizaciones sociales, al aumento del empleo, a la
afiliación y a los salarios, ya que los tipos de cotización no suben en el 2006. Por otro lado, las aportaciones del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social, que financian prestaciones y servicios no contributivos y desarrollan la
recomendación del Pacto de Toledo de 1995, sobre separación de fuentes de financiación, se incrementan un 6,54 por ciento con respecto al ejercicio de 2005. El Estado aumenta este año 300 millones de euros, un 24,9 por ciento, destinado a
complementos por mínimos de pensiones contributivas. Aproximadamente 3 millones de personas que reciben una pensión mínima tendrán, por segundo año consecutivo, una mejora de entre el 5 y el 6,5 por ciento, porcentaje al que hay que añadir la
desviación de la inflación sobre el objetivo del 2 por ciento previsto para 2005, que, como ustedes saben, se sabrá el próximo 15 de diciembre, cuando se dé a conocer el IPC del mes de noviembre. El año pasado el Gobierno aprobó una subida de
pensiones mínimas igual a la de este año, aumento que con la desviación de la inflación tuvo como resultado una subida de las pensiones mínimas en el presente ejercicio de entre el 6,5 y el 8 por ciento. Como ustedes saben, un objetivo para el
Grupo Parlamentario Socialista es que las pensiones mínimas se incrementen un 26 por ciento a lo largo de la legislatura. El resto de las pensiones se incrementarán en un 2 por ciento. El gasto destinado a pensiones contributivas asciende a 73.831
millones de euros, lo que representa un incremento del 7,15 por ciento en relación con el 2005. A esto hay que añadir el incremento del 3 por ciento en las pensiones no contributivas, previsto en la enmienda realizada por los grupos Socialista,
Esquerra Republicana de Catalunya, PNV, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria y Grupo Mixto, así como el establecimiento de una pensión mínima a favor de las personas con discapacidad huérfanas menores de
18 años y un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, pasando de 581,66 euros anuales a 2.800 euros anuales, lo que supone un importante incremento y un esfuerzo de justicia. Una de las enmiendas del Grupo Popular, la 2002, pretende
modificar la pensión mínima a favor de huérfanos con una minusvalía igual o superior al 65 por ciento, sin discriminar en función de la edad. Los huérfanos mayores de 18 años, junto a la pensión de orfandad, perciben la asignación económica por
hijo a cargo en los importes previstos en la disposición adicional segunda de la Ley de Presupuestos.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) he de decirle que la 1478 y la 1479 plantean modificaciones de los artículos 38 y 45 en el sentido de incrementar el 5 por ciento las pensiones no
contributivas y las del SOVI. La enmienda 1910, del Grupo Socialista y el resto de grupos que he mencionado con anterioridad, prevé un incremento del 3 por ciento, un punto por encima del IPC previsto. Hay que tener en cuenta que la reciente Ley
9/2005 ha permitido compatibilizar la pensión SOVI con la de viudedad del sistema de la Seguridad Social, lo que ha beneficiado hasta la fecha a 96.000 pensionistas. La enmienda 1913, presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y otros grupos,
en cuanto a la modificación del artículo 107, relativo a los porcentajes de cotización de trabajadores por cuenta propia del régimen agrario, incide en estas cotizaciones.
Quiero referirme también a la enmienda conjunta que incide en el incremento de las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo en un porcentaje superior al IPC. El límite de ingresos para percibir la prestación por hijo a cargo se ha
incrementado un 2 por ciento con respecto al 2005. En el caso de hijos mayores de 18 años afectados por minusvalía igual o superior al 65 o al 75 por ciento, las cuantías para el año 2006 se han incrementado a través de la enmienda 1914, presentada
conjuntamente, en un 4,15 por ciento y un 2,15 por ciento, en función del grado de discapacidad o de minusvalía. En cuanto a la enmienda 1555, de Convergència i Unió, relativa al incremento de las pensiones de viudedad hasta el 62 por ciento de la
base reguladora -pasan del 52 por ciento al 62 por ciento-, quiero decirles que si nosotros hiciéramos esto estaríamos beneficiando a las pensiones de viudedad que más cobran y no tendrían ninguna subida todas las que cobran complementos a mínimos.
Nosotros vamos a primar subiendo las pensiones más bajas. Este año queremos hacer un esfuerzo muy importante en el tema de viudedad. Se insta al Gobierno, a través de la enmienda 1920, presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y otros
grupos, a presentar ante el Congreso de los Diputados, previa valoración y análisis con los agentes sociales en el marco de diálogo social, un proyecto de ley que, dentro de un contexto de reformulación global de la pensión de viudedad dirigido a la
misma, recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante y posibilite igualmente el acceso a la cobertura a las personas que, sin la existencia de vínculo matrimonial, conformen un
núcleo familiar en el que se produzca una situación de dependencia económica y/o existan hijos menores comunes en el momento del fallecimiento del causante. Consideramos esta enmienda de gran interés, por el calado social que tiene y porque viene a
evitar una injusticia social con las parejas que mantienen un vínculo que no es el de formalidad matrimonial, pero que tienen un vínculo de convivencia y que incluso afecta a hijos.
Termino, señora presidenta. Señorías, entendemos que los presupuestos que tienen que ver con el articulado al que estamos haciendo referencia son un gran avance en
materia de Seguridad Social. Apoyaremos las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Socialista y las que se han presentado conjuntamente con otros grupos, porque consideramos que van a mejorar sensiblemente este proyecto de
presupuestos, pero votaremos en contra del resto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sánchez Rubio.
Fijación de posición finalmente para el Grupo Vasco. Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mi grupo no ha presentado enmiendas a esta sección del presupuesto, porque la línea inspiradora del Gobierno es la correcta.
En relación con las pensiones llamadas de supervivencia, en concreto con las pensiones de orfandad y viudedad, la portavoz del Grupo Socialista sabrá que Perrault, famoso autor de cuentos como La bella durmiente y La cenicienta, que además
de un gran cuentista era el asesor personal del gran primer ministro Colbert, ya aludió a los problemas que afectaban a estos colectivos sociales, en un sistema basado en los principios de Beberich, como el que inspira en este momento el sistema
español de Seguridad Social. Nuestro sistema público de pensiones presenta varias características: en primer lugar, es un sistema público, no privado; en segundo lugar, acoge cualquier situación de necesidad -universalidad- y, en tercer lugar, la
suficiencia. En este tipo de pensiones, tenemos algunas dudas conceptuales sobre el cumplimiento del principio de suficiencia.
Sobre la pensión de viudedad y la pensión de orfandad hay muchas reflexiones que hacer. Habrá que hacer -alguna persona del Grupo Socialista lo ha comentado con lucidez- un debate monográfico algún día, porque se produce la paradoja de que
hay viudas que compatibilizan su pensión de viudedad con rentas del trabajo que superan 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, mientras que hay viudas que viven por debajo del umbral denominado de la pobreza. Desde esa perspectiva, pediría
al Grupo Socialista un esfuerzo de generosidad mayor con estos colectivos. La mayoría de las viudas, las que son supérstites de un cónyuge que murió jubilado, están cobrando el 52 por ciento de la base reguladora de la pensión del jubilado o de la
base reguladora de una persona que trabajaba en el momento de su fallecimiento. Esto crea situaciones de verdadera injusticia. Aquí tenemos que avanzar notablemente más, hay que relativizar estas reflexiones autocomplacientes en relación con el
buen tratamiento de estas contingencias, las de supervivencia. Pediría al Grupo Socialista que no realizase una reflexión de naturaleza apologética sobre lo que está haciendo el Gobierno, porque todo lo que se haga sigue siendo injusto y,
probablemente, no solo sigue siendo injusto, sino inconstitucional. La suficiencia la ha determinado prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional en términos de suficiencia económica cuantitativa, y me gustaría saber, de 1.800.000 viudas que
viven en el Estado español, cuántas se consideran satisfechas suficientemente en términos cuantitativos económicos por el sistema de pensiones articulado en este momento e incluso con estas enmiendas apartadas. Sé que es un problema a corto o a
medio plazo, pero lo que no tiene sentido, señora presidenta, es convivir con unos fondos de reserva dimensionados en este momento, de lo que todos nos congratulamos, con más de 480 millones de euros disponibles, y que haya personas que todavía
vivan por debajo del umbral de pobreza. Esta es una paradoja difícil de comprender y yo hago una apelación a la falta de autocomplacencia, a la autocrítica y a la reflexión ponderada sobre la situación de estos colectivos sociales.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Decaen las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al no haber podido defenderlas ninguno de sus portavoces.
Pasamos al debate del título V y sección 06, sobre la deuda pública, que se realizará, como saben ustedes, de manera conjunta.
Sin enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. ¿Señora Fernández, desea fijar posición? (Pausa.) Tampoco el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. (Pausa.) Tampoco el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. (Pausa.)
¿Señor Olabarría? ¿Se estrena usted en esta sección? Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo posee enmiendas en esta sección, creo que sí que las tiene.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No, no hay enmiendas de ningún grupo parlamentario. Estamos estrictamente en turno de fijación de posiciones.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: De acuerdo.
Mi posición va a ser muy sucinta, señora presidenta, y va a ser concordante con la filosofía inspiradora de estas designaciones y configuración presupuestaria, por entenderla pertinente y correcta. Por tanto, huelgan las palabras; cuando
se puede decir con menos palabras lo que se puede decir con más, hay que recurrir al principio inspirador de la austeridad procesal.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchas gracias.
Título V y sección 06
¿Señor Puig? (Pausa.) ¿Señor Vilajoana? (Pausa.) Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Folgado.
El señor FOLGADO BLANCO: Gracias, presidenta.
En realidad, sobre esta sección 06, de deuda pública, confluyen buena parte de los males que acarrean estos presupuestos para el año 2006 y que nos llevaron naturalmente a presentar una enmienda a la totalidad. El aumento del endeudamiento
neto del Estado en 14.082 millones de euros, en el actual contexto de crecimiento económico, con el contexto que también tenemos de desequilibrio, de inflación y de déficit exterior, es una auténtica barbaridad. No solo lo digo yo, lo dice buena
parte de la academia. En este sentido vamos claramente a peor en relación con ejercicios anteriores.
En primer lugar, a ese abultado crecimiento de la deuda del Estado contribuye su déficit, el déficit del Estado, situado en 5.355,76 millones de euros. Un déficit que no debería existir en el actual contexto de crecimiento económico y
también debido a las propias normas que el Partido Socialista ha introducido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria revisada. El resto del aumento del endeudamiento del Estado, 8.726 millones de euros, se debe al crecimiento de los gastos en
activos financieros, unos gastos que contablemente no generan déficit.
Quizás por eso se les da rienda suelta con un aumento de nada menos que el 21,6 por ciento, por encima de cualesquiera otras partidas presupuestarias, aumento que se añade al
crecimiento que ya hubo en el ejercicio anterior presupuestado, del 34,1 por ciento; son crecimientos claramente superiores a los registrados en años anteriores. Se refuerza así el carácter expansivo de los presupuestos, lo contrario de lo que
necesita la economía española, y se hipotecan presupuestos futuros con más gastos en intereses de deuda. Si el señor Solbes fuera coherente con sus propios planteamientos, debería retirar estos presupuestos, porque el crecimiento programado de
gastos, tanto los que están por encima de la línea, sobre todo los gastos de carácter corriente, como estos que están por debajo de la línea, es decir, que no contribuyen al déficit contablemente, con arreglo a las normas de Eurostat, están
creciendo de manera absolutamente desafortunada y están en las antípodas de lo que requiere la economía española en estos momentos. Y el vicepresidente económico sabe perfectamente esto. Unos presupuestos con esa expansión en el gasto público, que
nos lleva a un aumento de la deuda que apenas se reduce en porcentaje del PIB, 0,4 por ciento, no tienen parangón en ejercicios anteriores. En cuanto a esa contención en términos de producto interior bruto, con ese aumento de más de 14.000 millones
de euros, es hipotecar el futuro, es perder credibilidad, es aumentar en el futuro el capítulo 3 de gastos de intereses y es ir en contra de lo que exige la economía española en estos momentos. Quede constancia de esto.
No se trataba de introducir una enmienda particular a esta sección 06, de deuda pública, sino a todo lo que confluye, que hace que este aumento de la deuda pública sea altamente inconveniente para lo que exige la economía española, sobre
todo en una situación en la cual los presupuestos son el instrumento casi único, habida cuenta que no tenemos política monetaria y habida cuenta que tampoco se llevan a cabo otra serie de medidas en materia, por ejemplo, de reforma laboral o de
reformas estructurales. En ese contexto, nosotros queremos dejar clara constancia de que este aumento de la deuda -lo hicimos en la Comisión de Presupuestos y lo hago ahora en estos momentos- es de lo más dañino que le puede sobrevenir a la
economía española en materia de política económica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Folgado.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Me gustaría matizar brevemente algunas de las cosas que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Señor Folgado, en el periodo 2004-2006 el Estado va a reducir la deuda en 27 millones de euros. La deuda del Estado entre 2001 y 2003 se redujo
en 3 millones de euros, justo cuando el Gobierno del PP hablaba del déficit cero y de estabilidad presupuestaria.
Tres millones de euros en ese periodo, y sin embargo lo previsto por el Gobierno actual es reducir la deuda en 27 millones de euros,
cantidad claramente superior a 3 millones de euros. Le digo más. Usted dice que el planteamiento del Gobierno en materia de déficit y de incremento del gasto público es dañino para la economía española. Pues bien, si este planteamiento de
incremento del gasto público y del déficit previsto es dañino, ¿qué sería en los años 1999, 2000 y 2001, con un crecimiento económico y un déficit mayor? Esos sí eran presupuestos expansivos y procíclicos, señoría. Por tanto, el planteamiento del
actual Gobierno es mucho más riguroso que el del Gobierno anterior. Además, ustedes plantean que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no es rigurosa, y sin embargo ahora dicen que las previsiones del Gobierno no se ajustan a dicha ley.
¿En qué
quedamos? ¿Es o no rigurosa la Ley de Estabilidad Presupuestaria?
Señoría, por otra parte, los planteamientos que esta tarde ha hecho usted aquí en el Pleno de la Cámara no coinciden con los realizados por el resto de diputados del Grupo Popular al plantear las enmiendas a las distintas secciones del
presupuesto. El Grupo Popular no nos propone reducir la deuda, sino distribuir el superávit del Estado y del conjunto de las administraciones en más gasto público. Ese es el planteamiento del Grupo Popular que se desprende de las enmiendas
presentadas a todas
las secciones por los diputados de dicho grupo, es decir, destinar el superávit de las cuentas públicas no a reducir aún más la deuda pública, sino a incrementar el gasto público, todo lo contrario de lo que ha dicho el portavoz del Grupo
Popular aquí esta tarde.
Respecto a la credibilidad, sabe usted perfectamente y lo saben todos los analistas económicos de este país que la credibilidad en los mercados del Reino de España es máxima en relación con la deuda pública. Eso se puede medir y se mide a
partir de dos ideas. La primera es la diferencia entre la rentabilidad de la deuda española y la rentabilidad de la deuda alemana. Esa era una diferencia importante años atrás y ahora es inexistente; no hay diferencia entre la rentabilidad de la
deuda española y la de la alemana. Este es un elemento que ayuda a entender la credibilidad existente en cuanto a las cuentas públicas y la apuesta de estabilidad presupuestaria del nuevo Gobierno de España. Y la segunda es que todas las empresas
de rating dan la máxima solvencia a la deuda pública española. Por tanto, dos elementos, dos señales, dos indicadores que demuestran efectivamente que el Gobierno de España camina por la senda de la estabilidad presupuestaria del rigor y de la
reducción de la deuda, porque -termino, señora presidenta- la deuda del Estado, de la Administración central, en 2003 en relación con la riqueza nacional se situaba en torno al 39,7 por ciento y en 2007 se va a situar por debajo del 13,5 por ciento.
Nada más, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Saura.
Damos por finalizado el debate de este título y sección y pasamos al debate del título VI, señorías, con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Tiene la palabra para su defensa el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Damos por defendidas las seis enmiendas que mi grupo presenta a este título y me voy a centrar especialmente en tres enmiendas que tienen que ver con las tasas aeroportuarias de aproximación, aterrizaje y seguridad, que nosotros proponemos
congelar para facilitar la cohesión territorial del Estado y la cohesión social, sobre todo cuando hay que facilitar la movilidad desde los territorios más alejados, insulares, fragmentados, tendiendo a adoptar medidas que den facilidades y no
sobrecarguen el costo final de todo lo que significa operaciones portuarias. Por eso mi grupo presenta tres enmiendas que consideramos importantes, insisto, para facilitar esa cohesión tanto entre las islas como del Archipiélago respecto al Estado.
Las otras enmiendas se refieren a las tasas sobre el sector de hidrocarburos y a las tasas para equilibrar las cuentas de resultados de la Zona Económica Especial de Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero, muchas gracias.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, que decaerán a no ser que antes de finalizar el debate de este punto soliciten su mantenimiento.
Continuamos con el señor Puig, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, para la defensa de sus enmiendas a este título VI.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario tiene vivas seis enmiendas a este título que paso a defender ante el Pleno. La primera es la 902. El sistema de ayudas y becas para estudios postobligatorios cubre únicamente un pequeño porcentaje de la
población. No obstante, la educación es de interés básico para el país y sus ciudadanos y merece un reconocimiento como tal a través de otros mecanismos de compensación. Por tanto, en nuestra enmienda número 902 pedimos que en la liquidación del
IRPF queden reflejadas estas ayudas a la educación postobligatoria. La enmienda 903 plantea una adición relativa al impuesto sobre sociedades, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. La enmienda 904 seguramente es inédita, pero la hemos
presentado en aras de defender un Estado plurinacional y plurilingüístico. En ese sentido, proponemos una bonificación de un 10 por ciento en la cuota íntegra para aquellas empresas que acrediten que sus productos están etiquetados o que su
información pública está traducida o disponible, además del castellano, en otra de las lenguas cooficiales del Estado, es decir, euskera, catalán o gallego. La enmienda 905 se refiere también al impuesto sobre sociedades y en ella proponemos otra
deducción de la cuota íntegra de un 10 por ciento de los gastos efectuados por la empresa para homologar sus productos a las exigencias de los mercados exteriores. Con esta medida se trata de impulsar la competitividad de los productos para su
venta en el exterior. Entendemos que ayudaría a las empresas a exportar sus productos con las garantías jurídicas que en estos momentos son necesarias. Por último, la enmienda 906 se refiere a una tasa de la Comisión Nacional de la Energía. La
sentencia del Tribunal Supremo de 16 julio de 2001 declaró la nulidad del artículo 43.5 del Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, y dio lugar a una situación un poco extraña porque con posterioridad, para dar cumplimiento a la sentencia, la
Comisión Nacional de la Energía, en la anterior legislatura, elevó esa tasa muy por encima y creemos que quedó completamente hinchada. Entendemos que habría que volver a la situación anterior. En su momento, el Estado perdió ante la sentencia del
Tribunal Supremo, y sería lógico modificar esa tasa, que en definitiva es aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades por la Comisión Nacional de la Energía en relación con el sector de hidrocarburos. Ante la subida
constante de
Título VI
los precios de los hidrocarburos, esta medida favorecería a los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene enmiendas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario tiene seis enmiendas en este título VI. Voy a dar una explicación rápida y motivada respecto a las enmiendas números 1483, 1484, 1485 y 1486. Son enmiendas todas ellas destinadas a
la supresión del incremento de tasas aeroportuarias que se ha planteado en estos Presupuestos Generales del Estado. A través de dichas enmiendas pretendemos que no sea efectivo dicho incremento ya que si se aprueban estos presupuestos va a suponer
una acción negativa para el transporte de mercancías dentro del Estado español, dentro de las diferentes ciudades. Con su aplicación se produciría un incremento de costes muy importante cada vez que haya un transporte aéreo entre diferentes
provincias que tengan que hacer escalas en diferentes ciudades, ya que por cada escala que se hace se produce un incremento de tasas desproporcionado que graba la cuenta de explotación de dichas compañías, al tiempo que no deja de ser un impuesto
contra la industria turística española. Diferentes grupos parlamentarios han presentado enmiendas en esta misma dirección, y nosotros apelamos a la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista para evitar este incremento de tasas que perjudica
notablemente al transporte aeroportuario de mercancías en España. Asimismo, apelamos a la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista, que da apoyo al Gobierno, para ver si existe la posibilidad de revisar en futuras iniciativas parlamentarias,
a través de un estudio que demuestre el impacto negativo por la aplicación de dichas tasas a los diferentes sectores, la Ley de tasas que aprobamos a finales del año 2004, para subsanar esta cuestión que, repito, afecta negativamente al transporte
de mercancías que se realiza a través de servicios aéreos.
Tenemos otras dos enmiendas, la 1481 y la 1482. La primera de ellas va en la dirección de incorporar dentro del epígrafe del impuesto de actividades económicas todas aquellas actividades orientadas a la producción de energía termoeléctrica
en centrales térmicas de ciclo combinado. Y con la 1482 pretendemos reducir el tipo de gravamen de la tasa aplicable a la prestación de servicios y la realización de actividades por la Comisión Nacional de Energía en relación con el sector de
hidrocarburos a los niveles anteriores a la declaración de nulidad del Tribunal Supremo en el año 1995, habiéndose recuperado al mismo tiempo en varios ejercicios las cuotas no ingresadas en el ínterin. Esta es una cuestión que ya debatimos con
detenimiento en la Comisión de Presupuestos, y también apelamos a la sensibilidad del grupo mayoritario para ver si es posible que en aplicación de la legislación vigente y por la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo del año 1995 se
adecuen las tasas a los gravámenes impositivos que están orientados al sector de hidrocarburos en función de las sentencias que se han producido en los últimos años.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre, muchas gracias.
Tiene enmiendas el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este título un total de 25 enmiendas, a las que debemos, por lo menos a efectos de debate, añadir tres enmiendas más en disposiciones adicionales y otras dos en títulos anteriores que tienen
referencia con el órgano administrador del sistema tributario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Me refiero a las enmiendas 1994 y 1999 en concreto, en las que proponemos una mejora tanto de medios humanos como de medios materiales y
por tanto evitamos las restricciones tanto en oferta de empleo público como en cuanto a la financiación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que pueda por lo menos cubrir ese flanco, todavía descubierto, de habilitar algunos
recursos adicionales a la lucha contra el fraude fiscal. Esta sería una argumentación que nos podría llevar algún tiempo. Es verdad que el Gobierno el pasado año presentó un plan llamado de prevención del fraude fiscal, cuya eficacia tememos que
es más que dudosa. Se incidía en que la pura gestión había alcanzado cotas sobresalientes en el pasado y que había que incidir más en la inspección sobre el terreno. Se materializó incluso en una visión muy gráfica, muy óptica, y es que los
inspectores iban a salir a la calle. Pues bien, ni los inspectores han salido a la calle ni se ha percibido mejora sustancial alguna, excepto en algunos sectores para los cuales ya había programas de inspección muy avanzados en este plan de
prevención del fraude fiscal. Al tiempo se nos anunció la creación de determinados órganos, la coordinación con otros órganos de la Administración y la reasignación de medios, sobre todo humanos, dentro de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y en ninguno de esos frentes se ha avanzado sustancialmente. Tanto es así que los propios profesionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria nos han hecho llegar a todos y cada uno de los diferentes grupos parlamentarios
presentes en esta Cámara su queja por la insuficiencia de medios materiales y porque las anunciadas reasignaciones, y por supuesto esos paseos que los inspectores se iban a dar por la calle, no se han producido. Por tanto, estas dos enmiendas
contribuirían al
menos, como digo, a que la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispusiera de más medios para poder llevar a cabo un efectivo plan de lucha contra el fraude fiscal.
En cuanto a las enmiendas al título VI, las podemos resumir en tres apartados principales, van de la 2003 a la 2027 y mantenemos todas ellas en los términos en que están redactadas. De la 2003 a la 2020 se trata de actualizar todos y cada
uno de los parámetros del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Me gustaría hacer referencia con alguna concreción a este concepto de actualización. Desde hace muchos años es una cuestión que ha sido objeto de estudio en la universidad
y por los expertos la constante erosión que el aumento de precios produce en impuestos que están basados en tarifas progresivas, con lo que al pasar de un tramo a otro de progresividad se producen incrementos continuos de presión fiscal que tienen
la única justificación de que los salarios y las demás rentas se han actualizado a la inflación que se va produciendo en la economía. Como eso es fundamentalmente injusto, pero sobre todo genera también efectos distorsionantes muy importantes en la
distribución de la carga fiscal entre las personas físicas -por eso hablamos del impuesto sobre la renta de las personas físicas-, entendemos que esa actualización o ese ajuste tiene que realizarse. Bien es verdad que palabras mayores son la
reforma fiscal, es decir, un proceso de reforma fiscal en el que se considera el impuesto sobre la renta en su conjunto, no solamente en sus elementos de progresividad sino también en todos sus elementos de determinación de la carga tributaria,
suple con diferencia cualquier concepto de actualización anual a la tasa de inflación de un 3, un 3,5, un 2 por ciento, tal como nosotros proponemos en nuestras enmiendas. Por tanto, nosotros con gusto retiraríamos todas estas enmiendas si en este
momento se nos anuncia que por fin vamos a ver una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que lleva anunciada hace un par de años y cuya concreción material no terminamos de comprender. Entendemos que la reforma fiscal es
prioritaria, es preferente y de entidad muy superior a la pura y simple actualización del impuesto sobre la renta. Tal fue la práctica que nosotros desarrollamos en el Gobierno con dos reformas fiscales que supusieron para los contribuyentes
ahorros del orden de 8.000/9.000 millones de euros/año.
Con esta actualización, con la que nos trae el Gobierno en esta ley de Presupuestos Generales del Estado, parece ser que es en torno a 200 millones, se refiere solo a la tarifa, y los
elementos más importantes de progresividad del sistema, como pueden ser los mínimos exentos, tanto personales como por otras razones, familiares de todo tipo, minusvalías, ascendientes, etcétera, todo eso se deja a título de inventario. Por tanto,
ni siquiera se nos ha traído una actualización, no digo una reforma fiscal, que no la conocemos, pero ni siquiera una actualización del impuesto sobre la renta. Y esa actualización es la que con nuestras enmmiendas nosotros materializamos, caso de
ser aprobadas por esta Cámara, y entonces sí se podrá decir a los contribuyentes españoles, que somos la mayoría, que para el próximo año su carga fiscal va a ser ajustada a la tasa de inflación. En caso de que no se acepten esas enmiendas eso no
se puede decir. Se podrá decir que sí, que se ha hecho un pequeño ajuste en la tarifa, pero nada más, no se ha modernizado el impuesto sobre la renta, en definitiva, no se han bajado los impuestos sobre las personas, sobre los sujetos pasivos del
impuesto, sino que se habrán incrementado. Aunque se llame actualización, no es una actualización, es simplemente un ajuste muy parcial que incrementa la carga fiscal para los contribuyentes por el solo y simple hecho de que aumenta en sus rentas
como consecuencia de la inflación.
La enmienda 2021 se refiere a la tributación del impuesto sobre sociedades. El portavoz socialista me llamó la atención en Comisión sobre una corrección técnica que nosotros con gusto introducimos en este mismo acto. Con esta enmienda se
trata de anticipar algunos de los parámetros requeridos de la reforma tributaria al momento actual y concretamente los tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades. Hay que insistir en que es una demanda del sector empresarial tanto esta
modificación en los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades como en las cotizaciones a la Seguridad Social. Refiriéndonos a la primera, a la tributación en el impuesto sobre sociedades, quiero traer a colación los gravísimos efectos de
deslocalización industrial y de pérdida de competitividad de la economía española que se están produciendo en los últimos meses, tal y como refleja el fortísimo déficit de comercio exterior que estamos arrojando en los últimos meses y que está
lastrando la evolución y el propio crecimiento equilibrado de la economía española. Hay un problema de pérdida de competitividad. Hay un problema de falta de recuperación de productividad. Quiero recordar el mensaje del Partido Socialista en la
oposición hace dos años que achacaba a los problemas de competitividad y productividad todos los males de la economía española. Pues bien, no solamente no se ha actuado contra ellos, lo cual es lógico puesto que ni hay reforma fiscal ni medidas
sustanciales de impulso a la productividad, sino que además se está actuando con unos presupuestos que, por el hecho de ser expansivos, por el hecho de hacer crecer el gasto y los ingresos por encima del crecimiento de la economía, lo único que
hacen es perjudicar aun más la competitividad de la economía española. Pues bien, nosotros damos valor a la evolución económica en un contexto de globalización, de dificultades y de endurecimiento en los mercados internacionales, y repito que
retiramos esta enmienda si en las próximas semanas o meses, como se dijo, el Gobierno anunciara aquí que va a haber por fin una reforma del impuesto sobre sociedades que no vemos por ningún lado.
El tercer bloque de enmiendas -y voy a ser muy breve, señora presidenta- se refiere a las tasas. El año pasado ya tuvimos ocasión de discutirlo, no en una ley de acompañamiento, puesto que se convirtió para el
Gobierno y también para los grupos parlamentarios que le apoyan en un argumento principal el que no haya ley de acompañamiento, pero la hubo de hecho a través de la Ley de Tasas, donde bien claro se dijo que el Gobierno podía hacer lo que
quisiera en el futuro con las tasas en cada ley anual. Pues bien, ya lo ha hecho, se actualizan las tasas de utilización del espectro radioeléctrico, se actualizan por encima de la tasa de inflación las tasas para el sector aeroportuario,
precisamente los dos sectores en los cuales deberíamos tener un interés muy especial para que no se produzca un aumento tan sustancial, que en el caso de la utilización del espacio radioeléctrico supera el 20 por ciento el crecimiento de esa tasa,
por lo que nosotros pedimos la supresión de todo incremento que no sea el del 2 por ciento ajustado a la inflación o, alternativamente, que no venga suficientemente explicado. No se nos ha explicado, y por esa razón, y sobre todo en las tasas que
afectan al transporte aeroportuario, proponemos en este caso que no crezcan en absoluto, ni siquiera al ritmo de inflación.
Termino ya, señora presidenta, refiriéndome a las disposiciones adicionales, en las que pedimos tres cuestiones, dos de ellas de gran actualidad. En primer lugar, la enmienda 2060 se refiere a la actualización de los coeficientes de
amortización en el impuesto sobre sociedades, reclamación que ya venimos haciendo desde hace tiempo y a la cual desde los grupos que apoyan al Gobierno se hace caso omiso, pero pensamos que es muy importante precisamente para dotar de competitividad
a nuestras empresas. La 2062 se refiere al régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta, que afecta a los sectores particularmente perjudicados por el crecimiento de los precios de combustibles, para los cuales habría que hacer un
ajuste adicional en los cálculos del beneficio que, como digo, se estima de forma objetiva. Por último, en la 2064 se solicita que el Gobierno se ponga a trabajar y en tres meses dispongamos de un gasóleo profesional aplicable al sector del
transporte y que se ajuste la carga que actualmente soportan los sectores de agricultura y pesca.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Utrera.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, estrictamente sobre este título VI, y no sobre algunas disposiciones que van en el siguiente bloque.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Señor Herrera, por Izquieda Verde? (Pausa.)
Finalmente, ¿por el Grupo Socialista, señor Torres? (Pausa.)
Por parte del Grupo Socialista, señor Torres, para fijar posición, insisto, estrictamente sobre los artículos 57 a 71, título VI.
El señor TORRES BALAGUER: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a tratar de fijar nuestra posición fundamentalmente respecto a las enmiendas que han sido especialmente referidas e intentaré comenzar por el mismo orden de intervención.
En la primera intervención de Coalición Canaria ha habido un interés casi único por las tasas aeroportuarias, que ha sido manifestado también por Convergència i Unió y por el Grupo Popular. Nuestra posición ya es conocida. En la Comisión
dijimos que SS.SS. conocen perfectamente lo que es una tasa y, por tanto, se tiene que tender a cubrir el coste del servicio, y en ese sentido la propuesta que hace AENA viene derivada de los costes que han sido incorporados a este organismo no
solamente en el poco tiempo de Gobierno socialista sino también en la anterior etapa. Por lo tanto, estamos diciendo que con las subidas que se proponen, tanto la general, del 2 por ciento, como las incrementadas, del 3 y del 5, estamos intentando
recuperar el déficit que tiene este organismo autónomo. Si no lo hiciésemos así, estaríamos derivando a los contribuyentes el coste de algo que tienen que pagar los usuarios. Quiero anunciar que vamos a proponer una enmienda transaccional al
artículo 69.2, tarifa E.2, de carga y descarga de mercancías, atendiendo a las reivindicaciones de la mayoría de los grupos, PNV, Convergència i Unió y Grupo Popular.
Proponemos que se suprima la referencia que se hace en ese artículo a la tarifa
E.2, contenido tanto al inicio del artículo 9 bis como posteriormente. Volveríamos, por tanto, a la situación anterior en la que les recuerdo a SS.SS. que estaban contempladas una serie de exenciones.
Quizás tengamos que profundizar más, pero la
ley de presupuestos tampoco es el lugar más idóneo para suprimir tasas. Lo que hacemos es rectificar o suprimir este apartado en el que se eliminaban una serie de exenciones.
Quisiera hacer una mención especial a la enmienda 2022, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, es decir, por la utilización del espectro radioeléctrico.
Esta tasa se deriva de la Ley
23/2001, cuando en aquellos Presupuestos Generales del Estado se establecieron unas subidas a realizar en todo el quinquenio 2002-2006. Es decir, el actual artículo 65 de este proyecto de ley se limita a seguir lo previsto en esa norma que
elaboraron y aprobaron con sus votos, por lo que parece poco coherente que nos imputen a nosotros la trazabilidad de esta tasa, el incremento de esta tasa que, por otra parte, tiende a acomodar los importes con relación al beneficio o utilidad de
sus usuarios. Le pediría al Partido Popular que retirara la enmienda en aras a la coherencia que supone que fue su propia ley de presupuestos y sus propios votos los que la aprobaron.
Siguiendo con la posición que ha mantenido Esquerra Republicana, fundamentalmente en algunos puntos del IRPF, quiero recordarle que la mayoría de las propuestas que hace no están bien ubicadas en el ámbito de la ley de presupuestos. La ley
de presupuestos no está habilitada ni para las ayudas que pretende que se contemplen
mediante algún tipo de exención en el IRPF ni para ayudas en el impuesto sobre sociedades, etcétera, porque ni la Ley del impuesto sobre sociedades ni la Ley sobre el IRPF permite introducir exenciones o bonificaciones de nuevo cuño. Existe
un problema de técnica jurídica que no permite este tipo de juego con la ley de presupuestos. Creo que no es bueno porque llegaría un momento en que convertiríamos la ley, como desgraciadamente ha ocurrido en otros momentos, en un saco donde cabría
absolutamente todo.
Convergència i Unió ha planteado, en primer lugar, el tema de las tasas aeroportuarias. El Grupo Parlamentario Socialista le anuncia una transaccional en la tasa E.2 de embarque y desembarque de mercancías.
Respecto a su posición frente al
IAE, ya le anunciamos en Comisión que discrepábamos de su interpretación, ya que esta situación de las centrales de ciclo combinado ya está contemplada dentro del epígrafe. Por tanto, no hay problema de ubicación. Otra cosa es que plantee una
tarifa más adecuada, pero no solamente tendría que ser usted más claro sino plantearlo en otro ámbito. Quiero recordar a los distintos grupos que el Grupo Socialista no entiende la posición que ustedes mantienen respecto a la tasa de la Comisión
Nacional de la Energía sobre hidrocarburos, ya que dicen que con la sentencia del Tribunal Supremo, en la que en su día se anulaba esta tasa, había necesidad de recuperar y, como ya se ha recuperado, no hace falta mantenerla. Nosotros no tenemos
esta interpretación, porque en la disposición que ustedes señalan que es transitoria no encontramos esa mencionada transitoriedad y, por lo tanto, es una tasa que tiene que cubrir todos los costes, tanto los directos, los indirectos como los
financieros. Si nos demuestran dónde está esa pretendida transitoriedad, estaríamos dispuestos a hablar, pero de la lectura de esta norma no la deducimos por ningún lado.
Entrando ya en las posiciones que ha mantenido el Grupo Popular, también esperaré a las disposiciones adicionales para contestar a alguno de sus planteamientos, pero no quiero dejar de responder fundamentalmente a su posición sobre la
erosión que dice el Partido Popular que se produce por la no actualización de los parámetros, sobre todo en la renta de las personas físicas. Tengo que señalarles, como ya hice en su momento en la Comisión, que vuelven a ser incoherentes, y lamento
repetírselo. Cuando ustedes llegaron al Gobierno la reforma fiscal no la hicieron el primer año, hicieron -quiero recordar- un importante real decreto de medidas urgentes que abordó temas importantes, pero ustedes no abordaron la reforma ni del
IRPF ni del impuesto de sociedades el primer año. El Gobierno ha anunciado reiteradamente que entrará en la Cámara la reforma del IRPF este año y que inmediatamente después entrará la del impuesto de sociedades con una reducción de tipos.
Probablemente a usted no le baste, pero esta es la posición pública del Gobierno y no va a anunciar nada más que ese compromiso que no hago más que recordarle. Sabe perfectamente que no actualizaron los parámetros del IRPF, sino que lo que hicieron
-a nuestro entender es lo correcto- fue dar el salto respectivo en la última reforma -creo recordar que de 2004- y no los actualizaron, entre otras cosas porque tenían los informes técnicos que lo desaconsejaban. Esto es exactamente lo que este
Gobierno va a hacer, es decir, en la reforma fiscal se planteará la actualización de todos los parámetros del IRPF y dentro de la reforma del impuesto de sociedades jugará, como ustedes bien saben, con el conjunto de parámetros, de deducciones de
cuota, de tipos, etcétera. Por lo tanto, no es procedente introducir en la ley de presupuestos un juego parcial de reforma; no lo hicieron ustedes y no lo hacemos nosotros porque es lo correcto y porque sí que da seguridad jurídica.
Acabo, señora presidenta. Independientemente de eso, al Grupo Popular le pediría, si están convencidos y quieren ser coherentes, que retiren estas enmiendas que van en contra de lo que ustedes hicieron cuando estaban en el Gobierno y que,
según he entendido al señor portavoz, es lo que se debe hacer por parte del Gobierno. El Gobierno presentará la reforma y espero que ustedes cumplan ahora su palabra y retiren las enmiendas. En las disposiciones adicionales intentaré contestar a
los señores portavoces.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Torres.
Señor Olabarría, ¿se mantienen vivas las enmiendas del Grupo Vasco?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, las mantenemos vivas y con entusiasmo, señora presidenta. (Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Señorías, pasamos al debate del título VII y de las secciones 32, sobre entes territoriales, y 33, sobre Fondo de Compensación Interterritorial.
Comenzamos, retirada la enmienda del señor Labordeta, con el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria ha presentado tres enmiendas a este título y a esta sección 32 que daremos por defendidas. Básicamente voy a centrarme en la enmienda que presentamos a la sección 33 y que tiene que ver con los desequilibrios que se han
producido en algunos territorios, particularmente en Canarias, en el mantenimiento de los servicios esenciales por el crecimiento de la población. Estamos hablando de un territorio que hace apenas seis años tenía un millón y medio de habitantes y
que hoy supera los dos millones. Hemos crecido en 500.000 habitantes a lo largo de este último quinquenio, lo que ha producido un desequilibrio importante en los servicios
Título VII y secciones 32 y 33
esenciales, en la educación, en la sanidad, que no se han corregido con la propuesta del Gobierno en estos presupuestos, concretamente en el tema sanitario, de incluir una cantidad adicional para financiar la sanidad hasta que se estudie un
nuevo sistema de financiación. No resuelve el problema de Canarias porque los criterios que se han seguido para repartir esos 550 millones no son los que están en vigor en el sistema de financiación de 2001, es decir, con un gran peso de la
población, sino que son criterios que responden a otro tipo de objetivos y, por tanto, salen malparados algunos territorios, insisto en que particularmente Canarias. Por otra parte, porque los criterios de reparto de los 55 millones que se dedican
al Fondo de Insularidad, 52 por ciento para Canarias y 48 por ciento para Baleares, no son proporcionales a la población de uno y otro archipiélago. Por tanto, sin que afecte al reparto al archipiélago balear, lo que se propone es una compensación
a la Comunidad de Canarias, un incremento para poder atender suficientemente a los ciudadanos de Canarias, en igualdad de condiciones con los que viven en territorio continental.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rivero.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Doy por defendidas las enmiendas planteadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo tiene cuatro enmiendas vivas en este título VII que voy a pasar a defender. Estas enmiendas afectan a las administraciones locales, en este caso a los ayuntamientos. La primera es la 907 y lo que proponemos es la supresión en
el apartado A de la letra b), en la que se establece el parámetro de 36.000 unidades urbanas censadas en el catastro para que los ayuntamientos que tienen servicio de transporte público puedan participar de las subvenciones que el Estado traslada a
ese transporte público. Esta es una enmienda que se viene repitiendo año tras año y que es necesaria para un montón de municipios que, sin tener la obligación de prestar el servicio de transporte público, lo vienen haciendo con gran esfuerzo por su
parte. La enmienda 908 también se refiere a la distribución de estas subvenciones para transporte urbano colectivo, y las enmiendas 920 y 922 son enmiendas sobre los ingresos de los entes locales y su distribución en las administraciones locales.
Con esto damos por defendidas las cuatro enmiendas a este título.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario mantiene vivas cuatro enmiendas en este título VII, de los entes territoriales.
Consideramos que dos de ellas son relevantes, ya que son una continuación de las enmiendas que hemos
presentado ante este Pleno en reiteradas ocasiones en el debate presupuestario, y se refieren al planteamiento para cambiar la consideración de municipios turísticos en España.
Consideramos que, siendo España la segunda potencia mundial de la
industria turística, es un contrasentido que tengamos una ley que regule la financiación de los municipios turísticos desde una perspectiva totalmente anticuada y no acorde con la realidad. Por este motivo año tras año nosotros planteamos enmiendas
que recogen la sensibilidad de la mayoría de los municipios turísticos españoles para cambiar las condiciones y las características para acceder a su financiación. Desde esa perspectiva, hemos presentado las enmiendas 1487 y 1512 a las
disposiciones adicionales -aprovecho este turno para defenderlas-, que persiguen la rebaja del número de habitantes de los municipios con derecho a acceder a la financiación en el marco de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Planteamos que
puedan acceder a esta financiación, entre comillas, privilegiada todos aquellos municipios que tengan una población mínima de 15.000 habitantes, pudiéndose también incluir en las plazas de alojamiento de oferta reglada las de los hoteles y campings,
a efectos de superar el número de viviendas principales. Esta es una cuestión demandada por la mayoría de los municipios turísticos españoles y por la mayoría de comunidades autónomas. Este sería el momento procesal oportuno para aprobar dicha
enmienda. La enmienda 1488 hace referencia a la financiación de los municipios turísticos en lo relativo al transporte, fijando el número de habitantes mínimo para poder acceder a aquellas subvenciones a entidades locales por prestación de
servicios de transporte colectivo urbano según el padrón municipal de 2006. La enmienda 1489 también hace referencia a la eliminación del tope de 36.000 unidades urbanas como condición de acceso a las subvenciones a entidades locales por prestación
de servicios de transporte colectivo urbano. La enmienda 1490 es una enmienda clásica que nuestro grupo parlamentario viene reivindicando año tras año y alude a la compensación por parte de la Administración a los ayuntamientos por la bonificación
del
IBI concedida a las concesionarias de las autopistas de peaje.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
El señor Guerra Zunzunegui será el siguiente en intervenir para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Como todos conocemos, en este título VII el capítulo I se refiere a las corporaciones locales y el II a las comunidades autónomas. Así como la financiación de las comunidades autónomas fue ampliamente negociada y acordada por unanimidad en
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y más recientemente, y con la abstención de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, fue aprobada la dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria, en
lo que respecta a las corporaciones locales tenemos un problema importante. Si bien lo que nosotros pedimos sobre las corporaciones locales está de acuerdo con las conclusiones que la Federación Española de Municipios y Provincias ha aprobado,
creemos que es urgente -por no decir muy urgente en algunos casos- que introdujéramos ya una financiación para las corporaciones locales, especialmente para aquellas que tienen problemas con instalaciones militares o por tener menos de 1.000
habitantes, etcétera.
Aunque no es objeto de debate en este título, pues lo será en el momento correspondiente al debate de las disposiciones adicionales y transitorias, es bueno recordar algunos de los aspectos que, afectando al municipalismo, han sido objeto de
enmiendas por parte de nuestro grupo.
En la enmienda número 2252 proponemos una disposición adicional nueva referida a incrementar la participación en los ingresos del Estado para los municipios con instalaciones de interés general que tienen
limitadas sus posibilidades urbanísticas. Asimismo, en la enmienda número 2079 proponemos una disposición adicional nueva para la creación de un fondo de compensación para las entidades locales de menos de 20.000 habitantes, dotado con el 1 por
ciento del total de las transferencias a las corporaciones locales. Como he dicho antes, esta propuesta ha sido realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias con la finalidad de impulsar mecanismos de nivelación entre los
municipios pequeños, medianos y grandes. La mayoría de SS.SS. conocen los problemas en que se encuentran los municipios de menos de 20.000 habitantes. De ahí la razón de nuestra propuesta de esta disposición adicional nueva. La enmienda número
2080 pretende la creación de un fondo, que ya existía con anterioridad, dotado con 10.000 miles de euros y destinado a financiar proyectos de desarrollo local y urbano para municipios de más de 50.000 habitantes. Los criterios para su distribución
estarían de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Supongo que el Grupo Parlamentario Socialista recordará que la enmienda número 2081 fue pactada, pero se debe ratificar aquí, que es la correspondiente a la creación de un
fondo dotado -nosotros decíamos que estuviera dotado con 10.000 miles de euros y se nos dijo que era una cantidad excesiva- con 6.000 miles de euros, con baja en la sección 31, destinado a compensar a las entidades locales con instalaciones
militares en su territorio que dificulten o limiten su desarrollo urbanístico. En dicha enmienda, esto también lo recogemos de la Federación Española de Municipios y Provincias, se hacía una relación de municipios en los que había instalaciones
militares y nosotros hacíamos otra relación, por lo que unas veces coincidían y otras no. Por eso llegamos al acuerdo de incluir todas. Es decir, las que coincidían, por supuesto, y las que fueran nuevas del Grupo Parlamentario Socialista o del
Grupo Parlamentario Popular. Quiero decir a SS.SS. y al Pleno de la Cámara que realmente no se ha visto, ni por parte del Grupo Parlamentario Socialista ni por parte de mi grupo, un tema político en cuáles son los municipios que están gobernados
por unos o por otros, sino que se ha hecho abstracción de ese tema completamente y hemos pretendido hacer una relación de los municipios que realmente tienen una carga encima, como nos lo ha hecho saber la Federación Española de Municipios y
Provincias y ha sido aprobado en sus conclusiones. Supongo que esto, fiel a lo que pactamos en Comisión, se indicará por parte del Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda número 2082 propone una disposición adicional nueva para la creación de
un fondo de ayuda a la inmigración dotado con un crédito ampliable de 18.000 miles de euros, de los cuales 12.000 se destinarían a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Comisión se nos dijo que por vía del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se habían destinado unos fondos a una serie de entidades y organismos de Ceuta y Melilla, pero el problema está -y lo queremos indicar aquí- en que a estas ciudades autónomas no se les ha dotado, a través del Ministerio de Trabajo, de
cantidad ninguna. Todos ustedes conocen, no podemos ampliarlo por el tiempo, las necesidades que tienen y de ahí que nosotros propongamos que de los 18.000 miles de euros, 12.000 sean para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Por otra parte, proponemos también dos enmiendas al título VII. La enmienda número 2028, que establece que hay diputaciones en España, que no son más de tres o cuatro, que no reciben una cantidad mínima en concepto del porcentaje de
participación de las diputaciones en los impuestos. Nosotros proponemos que con cargo a ese fondo se establezca una cantidad mínima de 30.000 miles de euros para compensarlo y que cualquier diputación, por pequeña que sea y que no alcance los
30.000 miles de euros en el porcentaje de participación de las diputaciones provinciales en los impuestos, reciba dicha
cantidad mínima. Lo que va en defensa, como he dicho antes, de diputaciones que no pueden atender sus competencias con menos de 30.000 miles de euros. Finalmente, hay una que a nosotros nos interesa muchísimo. Aunque se nos dice que en el
futuro proyecto de ley de régimen local habrá que buscar una financiación para los ayuntamientos y teniendo en cuenta que están atendiendo en muchos casos competencias que no son suyas, hay un problema tremendo para los ayuntamientos con menos de
1.000 habitantes para poder atender mínimamente a gastos institucionales. Por eso nosotros buscamos aquí ayudar a los ayuntamientos con población igual o inferior a 1.000 habitantes en la atención de gastos institucionales y de funcionamiento, con
una distribución lineal de 6.000 euros -aquí había un error material que ya dijimos en Comisión-, es decir, un millón de las antiguas pesetas. Se nos dirá, y es cierto, que a veces varios municipios de menos de 1.000 habitantes comparten el
secretario o la secretaria del ayuntamiento o que hay algunos que incluso tienen que pagar a la diputación provincial para que haga un trabajo, por ejemplo en los recibos del IBI, pero es que hay otros que necesitan unas cantidades mínimas. Hay que
tener en cuenta, señorías, que hay 5.000 municipios en España de menos de 1.000 habitantes y nuestro grupo cree que debemos ayudarles siguiendo una política muy importante de municipalismo. No nos mueve un tema político, pues algunos de estos
ayuntamientos están regidos por el Partido Socialista, otros por el Partido Popular, otros por partidos nacionalistas, etcétera. No comprenderé que se nos diga que se estudiará la financiación en la futura ley de régimen local porque esto es
urgentísimo. Tengan en cuenta que a lo mejor la nueva ley de régimen local atiende a la financiación en razón de los servicios que presta cada ayuntamiento. Esto es urgentísimo. Estos ayuntamientos no pueden esperar más de dos o tres años. En
este conjunto de enmiendas hay alguna pactada y desearíamos que el Partido Socialista fuera realmente sensible a la relativa a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes.
Antes de terminar, señora presidenta, quiero decir, como ya hice en Comisión -no veo a representantes de Convergència i Unió; señor Sánchez i Llibre, como le veo sentado a la izquierda tenía mis dudas; yo miraba al centro derecha y no lo
encontraba-, que vamos a apoyar la modificación de los censos, no a 1 de enero del 2005 sino a 1 de enero de 2006, a los efectos de la subvención del transporte colectivo urbano. Es de sentido común y el Partido Popular siempre apoyará lo que es de
sentido común.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Guerra Zunzunegui.
Finalizamos con el turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra la señora Malaret en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MALARET GARCÍA: Buenas tardes, señorías.
La financiación de los entes territoriales en estos presupuestos generales para 2006 responde a unas reglas sustantivas fijadas en la legislación específica, básicamente a las reglas que se establecieron en la última reforma de la Ley de
Haciendas Locales y a la última reforma de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas adoptada en un marco de consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado en el
título VII y en las correspondientes secciones recogen básicamente la aplicación pormenorizada de unos criterios establecidos en una legislación sectorial. En este sentido, podemos señalar una vez más que la financiación territorial en nuestro país
responde a unas reglas de estabilidad, si bien es cierto que esta financiación presenta problemas notables en la actualidad, como ha sido puesto de relieve por los representantes de los distintos grupos. En este contexto de estabilidad
institucional que caracteriza a la financiación territorial, debemos señalar que este año se produce un incremento notable y significativo en la financiación de las corporaciones locales, que crece más de un 13 por ciento. ¿Por qué? Porque se
incluye en la misma la compensación por la supresión del IAE fijada en el último acuerdo firmado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias. Este acuerdo es fundamental para entender el notable incremento de la
financiación local, pero también cabe señalar otra modificación que nos muestra la orientación que debe seguir la financiación local, que es el tránsito -que ya estamos viendo en este proyecto de ley de presupuestos- de la financiación condicionada
a la financiación no condicionada. La financiación que se está estudiando en el marco del grupo de trabajo creado entre la FEMP y el Gobierno va a seguir esta orientación y, por tanto, es bueno que este año tengamos un apunte de anticipos en esa
dirección. Los cambios sustantivos van en la dirección que he señalado, pero también se han intentado introducir cambios, como ya se empezó a hacer el año pasado, en el sistema de entregas a cuenta a los municipios en relación con lo que deberá ser
la financiación definitiva cuando se establezca la recaudación final.
En todo caso, tanto el sistema de financiación local como el de financiación autonómica pivotan excesivamente sobre este sistema de recaudación por una entidad y entrega de anticipos a cuenta. Somos conscientes de que la estabilidad es un
valor, pero en este contexto también debemos valorar las propuestas de reforma que he señalado y la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con algunas enmiendas que se han presentado en este título y en las secciones. Me refiero
fundamentalmente a reformas de carácter muy puntual, que pretenden la modificación de la Ley de Haciendas Locales, en relación, en primer lugar, con la definición de municipios turísticos y, en segundo lugar, con la financiación del transporte de
viajeros en aquellos municipios
en los que este servicio no se establece con carácter obligatorio. Este es un debate que deberemos hacer en la Ley de Haciendas Locales, que deberemos hacer cuando se revise el marco general de las competencias municipales y de su
financiación, pero que no parece adecuado abordarlo ahora de manera muy puntual y fuera de contexto. Sería especialmente complicado cambiar el sistema de definición de municipios turísticos, en un país turístico como el nuestro, en una ley como la
de presupuestos, que tiene unos límites bien conocidos, como nos ha recordado el Tribunal Constitucional. Por tanto, no vamos a aceptar las enmiendas que van en esta dirección.
El segundo paquete de enmiendas al que quiero aludir hace referencia al conglomerado de múltiples fondos para la financiación de municipios de distintas características que plantea el Grupo Parlamentario Popular. No compartimos la política
de multiplicar y fragmentar en una diversidad de fondos la financiación local. Creemos -y esto ya lo ha adelantado el representante del grupo parlamentario- que esta es una cuestión que debe ser revisada a fondo y de manera sistemática, no
poniéndole parches, y, por ello, no vamos a aceptar la creación de esos fondos, como tampoco lo aceptamos en Comisión. Es cierto que pactamos unas enmiendas transaccionales, pero como van a la sección 22, las veremos cuando lleguemos a ella. Por
esa razón y para no complicar la votación, no explicito ahora nuestra posición, para no complicar la votación. En todo caso, termino señalando que no nos satisface la financiación local.
Queremos más recursos para los municipios y, por ello, vamos
a abordar la reforma de esta financiación, como han señalado reiteradamente el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda y el ministro de Administraciones Públicas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Malaret.
Finalizamos el debate, señorías, entrando en las disposiciones adicionales, transitorias y anexos que, como saben, vamos a proceder a debatir conjuntamente.
Comenzamos con el turno de la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para dar por defendida la enmienda número 200, de Nafarroa Bai.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Señora Lasagabaster, adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Eusko Alkartasuna ha presentado 16 enmiendas a las disposiciones adicionales que responden a cuestiones de naturaleza bien distinta. Por una parte, entendemos que en estos presupuestos tenían que estar ciertas modificaciones relativas a las
cooperativas y, por otra, hay una serie de cuestiones que hacen referencia a compromisos, que eran difíciles de cuantificar en determinada sección, pero que en todo caso es el propio Gobierno quien tiene que poner negro sobre blanco, porque esta
Cámara ya los ha adoptado. Me estoy refiriendo a la llamada memoria histórica, a los tres compromisos que aquí hemos adoptado con relación a ese resarcimiento -que nunca es tal, pero sí reconocimiento económico, además de social y moral- de las
víctimas de la época franquista, de las víctimas del llamado período de la transición por determinados excesos policiales, en definitiva, cuestiones que no son más que la ejecución de acuerdos de esta Cámara. La ley de memoria histórica ya tenía
que haber sido presentada y es evidente que no ha sido así. Entendemos que este es un tema muy grave, dado que afecta a cuestiones que por el propio paso del tiempo -y no tengo que explicar nada porque se entiende muy bien-, se ve que es mucha la
dilación que tiene y que puede ser mucho más, con efectos en las personas que rondan una edad avanzada que no se pueden permitir tener más retrasos en este tema. Por tanto, entendíamos necesario cuantificarlo a través de la disposición adicional o
cuando menos con un crédito que pudiera ser ampliable, porque no tenemos conocimiento de los estudios que ha realizado el Gobierno en relación con la cantidad que hay que aportar. En definitiva, queríamos dejar constancia de que esta cuestión tiene
que estar en vigor el año que viene, con una tramitación previa parlamentaria, que no veíamos recogida en ninguna parte.
Nuestras enmiendas también proponen una serie de cuestiones relativas a pensiones, temas de política general. Nosotros entendemos que debiera hacerse si no la cuantificación, sí el estudio de cómo poder actualizar las pensiones mínimas y de
viudedad para mejorar la calidad de vida de estas personas. A veces se deja este tema para momentos posteriores, para hacer una globalidad de todo lo que hay que hacer en materia de pensiones, pero creemos que la situación tan tremendamente dura
por la que atraviesan estas personas, que están cobrando realmente cantidades muy bajas, no les permite afrontar una vida digna o cuando menos razonable con el nivel de carestía de la vida.
Por último, existen otros tres temas a los que me referiré sucintamente porque son muy puntuales. Por ejemplo, los seguros de vida para la Naval de Sestao, que era un compromiso pendiente que no hemos encontrado cuantificado, y como tampoco
sabemos cuál va a ser el crédito lo establecemos en las disposiciones adicionales para que pueda ser un crédito ampliable. Además existen determinadas cuestiones relativas a I+D+i, en la medida en que para la comunidad autónoma debiera haber sido
realizada la transferencia de la competencia, que no ha sido así. Se nos señalaba por parte de los servicios jurídicos de la Cámara que como nosotros no queríamos establecer un proyecto concreto, sino que las partes correspondientes a la inversión,
es decir, el Gobierno del
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos
Estado, en la medida en que todavía no ha transferido la competencia, y también la parte de la competencia que hubieran debido tener las instituciones vascas en relación con la comunidad científica y todo el tejido de desarrollo
socioeconómico, empresas, universidades, empleados, etcétera, pudieran llegar a un acuerdo de cuál es el mejor proyecto de inversión para que, si se quiere llevar a cabo, en primer lugar, sea un proyecto equivalente a lo que está pagando en este
momento, el 6,24 por ciento, la Comunidad Autónoma del País Vasco por esta competencia que no le ha sido transferida y, en segundo lugar, sea un proyecto acorde a las necesidades prioritarias por el tejido socioeconómico, por la formación
especializada en la comunidad científica que tenemos en Euskadi y que además sea factible que se pueda realizar con el acuerdo de todas las partes implicadas. Por tanto, no hemos puesto proyectos concretos -podríamos haberlos puesto-, pero hemos
querido dejar que sean las partes las que se pongan de acuerdo sobre cuáles son los mejores proyectos en materia de I+D+i para la inversión. De este modo, lo hemos puesto en la parte articulada, para no señalar ningún proyecto concreto y que en
definitiva el acuerdo, el conocimiento del lugar, el conocimiento que tenemos en cuanto a formación, en cuanto a comunidad científica, en cuanto a necesidades para competitividad, en cuanto a tejido socioeconómico de empresas en el país vasco pueda
ser el mejor para que lo lideren las instituciones vascas y acuerden con el Gobierno del Estado los proyectos prioritarios, los mejores y los más adecuados. Estas son las 16 enmiendas que hemos presentado; todas ellas tienen su propia
justificación más allá de lo dicho en estos momentos, y, desde luego, todas ellas atienden a peticiones muy justas; qué decir, por ejemplo, de las pensiones en la parte de política general. En cualquier caso, todas son justificadas, justas y
acordes con las necesidades que tenemos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Lasagabaster.
No estando presentes los miembros del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias, decaen sus enmiendas. Pasamos, por tanto, a las enmiendas de Izquierda Verde.
Tiene para ello la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quisiera anunciar la retirada de dos enmiendas: la 467 y la 468 que forman parte de los anexos. Dejo para el final la 435, a la que me he referido anteriormente.
Empezaré diciendo que respecto a las disposiciones adicionales nuestro Grupo Parlamentario ha presentado varias enmiendas relacionadas con la política de cooperativas. Nos consta y sabemos que son enmiendas muy parecidas a las de otros
grupos parlamentarios, como las del Grupo Mixto, las de Esquerra Republicana e incluso las del Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió, pero precisamente por ello reiteramos nuestro compromiso en este caso con el mundo de las cooperativas y
nuestra voluntad de que parte de aquello que planteamos definitivamente salga adelante.
En segundo lugar, me gustaría destacar la enmien--da 447, relativa al programa de fomento del empleo para 2006, que va en la línea de lo que vamos a discutir mañana en materia de política de empleo. Pretendemos que las bonificaciones al
empleo estable se hagan de acuerdo con la legislación vigente y no con lo que el Gobierno va a querer que sea la reforma laboral. Para nosotros esta es una enmienda importante. Podemos decir que no nos lo jugábamos todo en estas disposiciones
adicionales porque hay una enmienda igual presentada a la sección de empleo, pero entendemos que este presupuesto no puede imponer una política de fomento de empleo distinta a la de la ley vigente. Dicho de otra manera, lo que no podemos hacer con
estos presupuestos es llevar a cabo una reforma laboral encubierta. Por esta razón nuestro grupo parlamentario entiende que esta es una de las enmiendas importantes, fundamentales, claves para que nuestro grupo no solo se sienta cómodo, sino
también corresponsable en cuanto a las políticas de empleo diseñadas en este presupuesto.
Me gustaría también destacar la enmienda 448, relativa a la subrogación de la deuda al ente público, para seguir después con la enmienda 452, en la que tratamos de solventar el problema del déficit de personal en servicios básicos de la
Administración General del Estado, ya que esta enmienda plantea un plan estratégico de recursos humanos para la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Asimismo destaca la enmienda 463, que propone la creación de una nueva disposición adicional sobre la deuda histórica de Andalucía y Extremadura, así como la 464, que propone la creación de una nueva disposición adicional sobre el
reconocimiento de la compensación económica a todos los hombres y mujeres que fueron privados de libertad en los batallones disciplinarios de trabajadores en cumplimiento, en definitiva, de la sentencia 180/2005, del Tribunal Constitucional. Esta
es una enmienda de bajo coste económico que se ubica precisamente en la enmienda y en la transacción a la que llegamos en Comisión la semana pasada en torno a la tributación del IRPF de los presos. En definitiva esta es una enmienda que sin suponer
un coste excesivo haría justicia a aquellos que lucharon por la democracia.
Señora presidenta, quisiera destacar la enmienda 465, que propone una disposición transitoria nueva, sobre declaración y registro de actividades de la Casa Real. En esta disposición planteamos, simple y llanamente, que los miembros de la
Casa Real se asimilen a los altos cargos de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno de la nación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones previstas en relación con los
registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales. ¿De qué se trata? De que la Casa Real y sus miembros tengan los mismos privilegios y las mismas obligaciones, en este caso, que las que tiene un diputado o un miembro del
Gobierno. Sabemos que nuestra enmienda va en una línea paralela a una enmienda relativa a la Casa Real que el señor Puig defenderá mañana; podemos decir que nuestros grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, coinciden. Creemos que marcamos una tendencia de transparencia y que incluso los monárquicos convencidos deberían sumarse a la misma, porque el hecho de que se
declaren los bienes patrimoniales no debería suponer inconveniente alguno; es más, añadiría transparencia. Por tanto, esperamos que ésta sea una enmienda bien recibida. Sabemos que hoy y este año va a ser difícil que lo sea, pero es una cuestión
de tiempo. Si tenemos una institución del siglo...-pónganle ustedes el siglo-, pero la tenemos en el siglo XXI, si cambiamos la Constitución para que haya igualdad en el derecho de sucesión entre el varón y la mujer, como mínimo, hagamos que
también tengan las mismas obligaciones.
Para acabar, señoras diputadas, señores diputados, insistiré en un número, el número 435. Les sonará poco, pero es el número de la enmienda en torno a los pagos a cuenta de la Iglesia católica en el año 2006. Como les decía en mi
intervención inicial, con esta enmienda queremos cumplir la ley. Estamos convencidos de que hay pocos diputados -alguno habrá, pero pocos- que quieran que cualquier institución se sobrefinancie, y sobre todo que se sobrefinancie más allá de la
voluntad de los contribuyentes.
Hoy la Iglesia recibe entre un 30 y un 40 por ciento más de lo que le asignan los contribuyentes. Esta enmienda pone de manifiesto la voluntad de nuestro grupo parlamentario; es más, después de saber a lo que se
dedica esa sobrefinanciación, ni nuestro grupo ni mucha gente entendería que no se apoyase la enmienda 435, relativa a la financiación de la Iglesia, con el objeto de evitar esa sobrefinanciación de la Iglesia.
Nuestro grupo espera que sea
aprobada, y después de lo acontecido este fin de semana, después del todo vale, después de que los dineros de todo el mundo se destinen a sufragar desplazamientos para decir pocas verdades y muchas falsedades, nuestro grupo se pregunta hasta cuándo.
Nuestro grupo parlamentario entiende que ese hasta cuándo podría ser hasta hoy o hasta mañana si finalmente votamos la enmienda porque, más allá de la necesaria revisión del Concordato y de los acuerdos con la Santa Sede, que nuestro grupo
parlamentario entiende que debería ser inmediata, lo que está claro es que es imprescindible y necesario que la sobrefinanciación de la Iglesia, que no tiene sentido ni lógica alguna, se aborde ya aprobando la enmienda 435.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo da por defendidas todas las enmiendas a estas disposiciones adicionales, y también al resto del proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiazu, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Puig, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Adelante, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo, como la mayoría de los grupos, tiene el mayor número de enmiendas vivas en el apartado de disposiciones adicionales y anexos. Voy a dar un repaso a estas enmiendas que están vivas y que son aún vitales para la defensa de
estos presupuestos. Estamos a la espera de algunas transaccionales que se nos han ofrecido por el grupo mayoritario, pero en principio pasaríamos a destacar algunas de estas enmiendas que tenemos en este apartado.
Las enmiendas 911 y 938 van en defensa de sectores con dificultades como el sector textil y el sector del calzado. Son enmiendas para facilitar la redimensión de las empresas y dar salida a estos sectores que están en dificultades en estos
momentos. Se nos ha hablado de una transacción que vamos a estudiar para poder ponernos de acuerdo en beneficio de estos sectores. Asimismo, la enmienda 912 hace referencia al sector textil y a sus dificultades y va encaminada a la mejora de las
contingencias comunes que se establecen en el apartado de aportación y de cuotas empresariales a la Seguridad Social.
La enmienda 914 versa sobre una reivindicación histórica del municipalismo y hace referencia a la bonificación que tienen las concesionarias de autopistas del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, a pesar de diferentes resoluciones
aprobadas, no sólo aquí en el Congreso sino también en el Senado. Es una demanda histórica de muchos municipios, sobre todo pequeños y medianos, que tienen una merma de sus ingresos por esta exención de la que gozan las concesionarias de autopistas
de peaje.
Otras enmiendas que siguen vigentes y que para nosotros tienen importancia son las que se refieren a los hidrocarburos, al sector del gasóleo agrícola, como la enmienda 917; la enmienda 918 que favorece la productividad y el relevo
generacional en el sector comercio; la enmienda 919 va dirigida también a medidas de apoyo
al sector textil y del calzado, que también está pendiente de una posible transacción, al igual que la 921 que hace referencia al incremento de las inspecciones de trabajo para evitar la siniestralidad laboral que se está produciendo. La
enmienda 923, también presentada por algún otro grupo parlamentario, hace referencia a la equiparación de los funcionarios de las Islas Baleares con el plus de insularidad. La enmienda número 924 está en función del cumplimiento de una sentencia
del Tribunal Constitucional sobre la formación continúa y la financiación de la misma.
Es una reivindicación pendiente en función de una sentencia del Tribunal Constitucional que en su momento dio la razón a la Generalitat de Catalunya.
La enmienda 925 hace referencia a Radiotelevisión Española, para garantizar la pluralidad en el grupo público, cuando estamos hablando de posibles reestructuraciones en Radiotelevisión Española. Lo que pretende la enmienda es garantizar la
programación en las lenguas distintas al castellano y a su programación plural en el ámbito de la misma.
La enmienda 929 es una enmienda de clarificación de la gestión presupuestaria y trata de la creación de la oficina de gestión y control presupuestario dependiente del Congreso de los Diputados. La enmienda 930 es necesaria para el sector
del deporte y hace referencia a la reducción del tipo del IVA para las obras de equipamientos deportivos. Es una enmienda necesaria que favorecería la clarificación en el sector y el hecho de que organizaciones y entidades del ámbito deportivo
pudieran afrontar innovación, puedan afrontar rehabilitación y construcción de nuevos equipamientos deportivos sin tener que buscar salidas como la creación de empresas momentáneas para hacer frente al coste del IVA.
Retiramos la enmienda 931 por un acuerdo con el Grupo Socialista para trabajar en una proposición no de ley que asumirá lo que planteamos esta enmienda.
La enmienda 936, a la que se nos ha ofrecido una transacción, es una enmienda para corregir la fórmula de cálculo actual, que discrimina negativamente a los trabajadores que de forma no continuada realizan trabajos en pluriempleo o en
pluriactividad. Vamos a estudiar esta transacción que se nos ha ofrecido por parte del Grupo Socialista.
Tenemos una enmienda que para nuestro grupo es importante, que es la 937, para la creación de un fondo de peajes, en la que estamos pendientes de poder llegar a un acuerdo. Entendemos que este tema de los peajes, y más en el caso de
Cataluña por el volumen de esos peajes, es una necesidad.
Hemos de recordar en este aspecto que en el Parlamento de Cataluña hay una proposición de ley, firmada por la mayoría de los grupos para ser tomada en consideración en estas Cortes, para la
creación de un fondo de homogeneización y rescate selectivo y la subvención de peajes. Damos importancia a esta enmienda.
La enmienda 939 hace referencia a la amortización en el sector turístico.
Creemos que es importante por lo que representa la industria turística en el sector productivo del Estado. La enmienda 942, sobre temas de productividad, afecta a
los impuestos especiales. La enmienda 943 es una enmienda relativa al sector turístico, para favorecer la desestacionalización de la situación en el sector hotelero, para promocionar a aquellas empresas que alarguen la temporada con una reducción
de cuotas a los trabajadores que tienen contratados, lo que entendemos que fomentaría la ampliación de la temporada, que es una demanda en muchos municipios turísticos, y creemos que potenciaría el propio sector.
Otra enmienda, la 944, hace referencia a la clarificación de las cuentas del Estado y a la publicación de las balanzas fiscales. En esta enmienda solicitamos que anualmente la Intervención General del Estado publique la memoria de la
inversión y el gasto público territorializado de la Administración General del Estado y de los propios organismos autónomos.
La enmienda 945 hace referencia a un tema de administración pública, que es la creación del cuerpo de secretarios en las
administraciones locales, en este caso en la Generalidad de Cataluña, dependiendo de ella. Hay un consenso en el Colegio de Secretarios, y esta enmienda va en el sentido de superar la situación actual en muchos ayuntamientos de falta de secretarios
que ejerzan esa actividad.
Por último, tenemos la enmienda 946 de clarificación de la gestión presupuestaria. Le ponemos el nombre de cláusula de garantía presupuestaria y en ella planteamos el hecho de que aquellas inversiones del presupuesto no ejecutadas por parte
del Estado sean transferidas a las diferentes comunidades autónomas. Sería una manera de comprometer al propio Gobierno en la ejecución del presupuesto y que no suceda luego que los índices de ejecución del presupuesto, año tras año, distan mucho
de llegar a un porcentaje adecuado. Sería una manera de clarificar, de dar respuesta a las inversiones y de que el presupuesto que se aprueba finalmente en este Congreso y en el Senado sea lo más real posible.
Creemos que, junto con alguna otra
enmienda, como la de creación de la oficina de control presupuestario, es una enmienda de garantía, de clarificación del presupuesto, en beneficio de todos los ciudadanos.
Muchas gracias
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias.
Continuamos con la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario tiene vivas en este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, un
total de 76 enmiendas. Inmediatamente pasaré a defender en primer lugar las más relevantes y aquellas en las que a través de un diálogo
intenso hemos podido llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, me referiré a la enmienda 1554, sobre la que el Grupo Parlamentario Socialista nos ha trasladado una transaccional que nosotros consideremos de gran importancia, por la igualación de la retribución que va a suponer la
tramitación de esta enmienda transaccional en todas las aportaciones que va a hacer el Estado a la enseñanza concertada para que finalmente se haga justicia a todo ese profesorado español y pueda disponer exactamente de los mismos incrementos
salariales de que goza afortunadamente el profesorado de la escuela pública. No hemos de olvidar que estas negociaciones son paralelas a las que nuestro grupo parlamentario está haciendo con motivo de la Ley Orgánica de Educación, a la que ha
presentado una enmienda a la totalidad. El presidente de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, en su intervención ya dijo que al margen de la presentación de esta enmienda a la totalidad, también existía una negociación intensa y extensa por
parte de nuestra portavoz Mercè Pigem para intentar llegar a una serie de acuerdos sobre la motivación principal de nuestra enmienda a la totalidad. Hoy, señorías, hemos dado un paso cualitativamente muy importante y agradecemos la sensibilidad del
Grupo Parlamentario Socialista por la presentación de esta enmienda transaccional, con la que, repito, vamos a hacer justicia con un profesorado que está incorporado a la docencia en las escuelas concertadas. Hay que recordar, señorías, que desde
hace diez años aproximadamente los módulos correspondientes a los salarios de la escuela concertada han estado prácticamente paralizados con unos incrementos solamente del 2 por ciento, cuando los docentes de la escuela pública tenían incrementos
superiores al 3,5 por ciento. Por tanto, bienvenida sea esta transaccional y esperemos que este sea un primer paso para que podamos acabar de transaccionar debidamente el resto de aspectos de la ley orgánica de reforma educativa.
Vamos a recibir otra transaccional a la que damos especial relevancia a la enmienda 1516, que reiteradamente desde Convergència i Unió venimos manteniendo sistemáticamente ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una serie de medidas
que entendemos que hay que poner en marcha en todos aquellos sectores industriales que están inmersos en serios procesos de reconversión industrial. En este sentido, consideramos de vital importancia la transacción por parte del Grupo Socialista a
esta enmienda 1516 para efectuar un esfuerzo complementario en todas aquellas acciones de política social, industrial y comercial, a los efectos de promover el mantenimiento de un mayor número de empleos y propiciar incrementos reales de
competitividad internacional del sector. Hemos planteado esta enmienda para el sector textil, pero la transaccional que nos va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista lo amplía a sectores como el del calzado y otros que también están inmersos
en estos procesos de reconversión. Por tanto, también mostramos satisfacción por esta enmienda transaccional que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista.
Otra enmienda transaccional que nos ofrece el Grupo Parlamentario Socialista y que consideramos muy importante hace referencia a nuestra enmienda 1497, cuya finalidad es hacer justicia con un colectivo importante de trabajadores españoles
que cuando llega el momento de la jubilación pueden haber cotizado por un régimen especial o por un régimen general de la Seguridad Social. Al admitir una parte importante de nuestra sugerencia, podremos hacer justicia para que todos aquellos
trabajadores que cuando llega la edad de jubilación hayan cotizado por diferentes regímenes puedan llegar también al cómputo global de jubilación, al podérseles incorporar las cotizaciones provenientes de los regímenes generales y especiales.
Al mismo tiempo va a quedar sin aprobar un conjunto de enmiendas de nuestro grupo parlamentario que en algunos aspectos no dejan de ser clásicas y que hemos presentado a lo largo de estos últimos años en las diferentes tramitaciones de los
Presupuestos Generales del Estado. Quizá las más relevantes hacen referencia a que finalmente se haga justicia en el sector de los trabajadores autónomos. Teniendo en cuenta que hay un informe elaborado por profesores universitarios y expertos
económicos en materia de legislación laboral sobre los trabajadores autónomos, sería de justicia incorporar algunos aspectos sobre este colectivo tan importante que no están en la legislación vigente. Consideraríamos muy importante que de una vez
por todas los trabajadores autónomos pudieran incorporar en el régimen general de su cotización a sus familiares más inmediatos y al mismo tiempo que los trabajadores autónomos pudieran cotizar a tiempo parcial. Asimismo creemos que es de recibo y
de justicia recoger la reivindicación que nos hacen todas las agrupaciones de autónomos del Estado español para que todos aquellos trabajadores autónomos que cotizando quisieran acceder a un fondo de garantías similar a una percepción del subsidio
de desempleo pudieran hacerlo para poder tener los mismos derechos que cualquier trabajador por cuenta ajena.
Dentro de las enmiendas a este capítulo de disposiciones adicionales hemos incorporado, sin el éxito que nosotros habíamos previsto, reformar en el impuesto sobre sociedades el tipo que grava el impuesto de beneficios en España. Desde esta
perspectiva habíamos presentado la rebaja de los impuestos para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas y para las grandes compañías para armonizarlo con el tipo de impuesto que hoy está vigente en la mayoría de países de la Unión
Europea.
También hemos planteado, sin éxito hasta el momento -esperemos ahora gozar de la misma sensibilidad que ha mostrado el Grupo Parlamentario Socialista en algunas enmiendas que hemos presentado reiteradamente-, la posibilidad de que esta
Cámara en esta tramitación aprobara el uso del gasóleo profesional para
los colectivos del sector pesquero, ganadero, de los transportes y de todas aquellas personas que para trabajar necesitan utilizar su automóvil. Esta es una reivindicación y un clamor popular en muchos sectores importantes y sería el
momento oportuno para dar luz verde a esta enmienda que, repito, para nosotros es muy importante.
Finalmente, me referiré a la enmienda 1549, clásica de Convergència i Unió en todas las tramitaciones presupuestarias, sobre la territorialización de los recursos procedentes del 0,52 del impuesto sobre la renta de las personas físicas que
debe destinarse a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Este es un compromiso de nuestro grupo parlamentario con este tejido asociativo tan importante y reclamamos la sensibilidad del Gobierno para su aprobación.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Continuamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a estas disposiciones adicionales y transitorias un total de 69 enmiendas, que representan una auténtica propuesta de política económica que solucione los problemas de nuestra economía y
de nuestros ciudadanos. Por eso, a la petición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de que retiráramos algunas de nuestras enmiendas fiscales, tengo que adelantarle que no estamos dispuestos a hacerlo porque siempre hacen alusión a que
van a presentar en este hemiciclo una supuesta reforma fiscal en el año 2006 y que no entraría en vigor hasta el año 2007 y en el Grupo Parlamentario Popular estimamos que los empresarios necesitan medidas que se tomen ya. Por tanto, no vamos a
retirar ninguna de nuestras enmiendas que proponen bajar los impuestos a los ciudadanos, como lo hemos hecho siempre desde el Gobierno.
Por otro lado, dada la limitación de tiempo y que son numerosísimas las enmiendas que ha presentado mi grupo a estas disposiciones adicionales, voy a intentar hacer un esfuerzo de síntesis y recordar las que me parecen más importantes y que
no han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Presupuestos. De un total de 69 enmiendas que hemos presentado, solo ha sido aceptada una en dicha Comisión demostrando una vez más su voluntad de diálogo, al menos con
el Partido Popular -parece que no les interesa ese diálogo-. Reitero que en esas enmiendas instamos al Gobierno a que revise las tablas de amortización porque la explicación que se nos dio en la Comisión de Presupuestos no fue satisfactoria, puesto
que estas tablas tienen una vigencia de más de diez años y es necesario actualizarlas. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que debíamos de ser nosotros los que hiciéramos los cálculos y nosotros entendemos que es el Gobierno el que
tiene que hacer la propuesta y los cálculos, porque es el que está gobernando.
También nos parece importante la enmienda 2064, que hemos reiterado en numerosas ocasiones y que también ha citado el portavoz de CiU, sobre la creación del gasóleo profesional. Ya lo planteábamos en una enmienda a las disposiciones
adicionales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. En aquel momento, el Grupo Parlamentario Socialista alegó que no era posible la creación de este gasóleo profesional. Debido a las protestas y las manifestaciones en la
calle, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el sector del transporte, y ahora parece que sí es posible crear ese gasóleo profesional. Nosotros lo pedimos para el sector del transporte, para el agrícola, el ganadero y el pesquero, porque les está
afectando gravemente la subida de los precios del crudo y entendemos que es necesario tomar medidas aquí y ahora y no esperar al año 2007.
Hemos presentado numerosas enmiendas relacionadas con la creación de empleo, que doy por defendidas porque ya se han referido a ellas compañeros portavoces en otros títulos de esta ley de presupuestos y no voy a reiterar los mismos
argumentos, pero sí me gustaría destacar dentro de estas y del impulso que siempre se ha dado desde el Partido Popular a la conciliación de la vida familiar y laboral, muy necesaria para conseguir la igualdad en derechos de hombres y mujeres en la
que creemos de verdad, la enmienda 2071, sobre la necesidad de reglamentar la bonificación que se establece en la Ley de familias numerosas de un 45 por ciento de la Seguridad Social de los cuidadores contratados por las familias numerosas en las
que trabajen ambos miembros de la familia. Nos parece muy importante poner en marcha esta bonificación que permite conciliar la vida laboral y familiar, no solo en el caso de familias numerosas sino en el de todas las familias, pero la pereza del
Gobierno está retrasando la puesta en marcha de esta medida que nos parece muy interesante.
Quiero destacar otras enmiendas destinadas a dar respuesta a determinados problemas de actualidad que ya cité en la Comisión de Presupuestos y que me parece importantísimo que se tengan en cuenta en este trámite porque no tendremos otra
oportunidad para poder plantearlas. Son las enmiendas números 2041 y 2043, que están relacionadas con el incendio de Guadalajara y que tratan de equiparar las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos en dicho incendio a otras
indemnizaciones de los trabajadores de la Administración que han fallecido en el cumplimiento de su servicio o de su deber. En el fondo de contingencia creado por el Gobierno creemos que han sido muy cicateros con estas indemnizaciones, pues se
establece una indemnización que nos parece de una cuantía irrisoria. Nunca se puede paliar el
dolor de una familia, pero desde luego no entendemos por qué estos muertos, por decirlo de alguna manera, tienen menos valor que otros. No estamos de acuerdo con el importe y proponemos un aumento de ese fondo de contingencia y una
equiparación de las indemnizaciones. Por otro lado, pedimos la exención fiscal de estas indemnizaciones a los familiares de los fallecidos en el incendio de Guadalajara porque tampoco nos satisface la explicación del portavoz del Grupo Socialista
de que no es posible hacerlo en esta ley de presupuestos, puesto que parece ser que hay una enmienda -no sé si es de Izquierda Unida o de Esquerra Republicana- relacionada con las indemnizaciones de los ex presos políticos de la Ley de Amnistía,
propuesta que además nosotros apoyamos en una proposición de ley en la Comisión de Economía y Hacienda que presentó ese grupo parlamentario. Estamos completamente de acuerdo con que se dejen exentas esas indemnizaciones, pero no entendemos por qué
esas se pueden dejar exentas y estas no.
Destaca también la creación del fondo de ayuda a la inmigración para aquellos municipios que tienen que prestar ayuda humanitaria a los inmigrantes, sobre todo los procedentes de los movimientos de inmigración ilegales, y por eso proponemos
que la mayor parte de este fondo sea destinado a las ciudades de Ceuta y Melilla, porque son las más afectadas por estos movimientos.
Me interesa resaltar la enmienda 2058, en la que proponemos la dotación de 200 millones de euros para elaborar un plan de prevención que nos permita estar en condiciones de afrontar una posible pandemia de gripe aviar. De acuerdo con todas
las recomendaciones de los organismos internacionales, es necesario que España esté preparada ante una posible pandemia de este tipo y creemos que las medidas que se han tomado son insuficientes.
Un tercer bloque lo constituyen enmiendas de carácter social que quisiera mencionar por su importancia, como es la necesidad de crear un fondo adicional de 500 millones de euros para impulsar la ley de dependencia tantas veces prometida por
el Gobierno socialista, pero que aún no ha traído a debatir a este hemiciclo y que se retrasa cada vez más, no parece que esté entre sus prioridades políticas. Creemos que son insuficientes los 100 millones que se han dotado con este fin. Por otro
lado, pedimos 350 millones de euros más destinados al fondo de cohesión del Sistema Nacional de Salud porque en el Grupo Parlamentario Popular estamos especialmente comprometidos en garantizar la solidaridad interterritorial evitando desigualdades
de unos territorios con otros.
Esperamos no estar solos en este empeño.
Existen también importantes enmiendas presentadas por mi grupo destinadas a paliar determinadas situaciones que se producen en algunas comunidades autónomas, como son planes integrales de empleo para aquellas con mayores índices de paro,
subvenciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, o determinados acontecimientos de interés cultural, para los que estimamos que sería interesante establecer unos beneficios fiscales, como puede
ser el V centenario del nacimiento de san Francisco Javier o el V centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón.
Esperamos que en este trámite, ya que en la Comisión no logramos el éxito apetecido, podamos llegar a determinados acuerdos con los otros grupos parlamentarios para que apoyen estas enmiendas que tienen gran importancia y gran relevancia
para nuestra economía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Madrazo.
Pasamos al turno de fijación de posiciones para finalizar y damos por tanto la palabra al señor Torres en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
Realmente es imposible aceptar las enmiendas del Partido Popular porque si no estaríamos ante el presupuesto del Partido Popular. Lógicamente este Gobierno hace su política económica, está convencido de la bondad de este presupuesto y
aborda claramente las cuestiones sociales con una gran sensibilidad. De esta forma empiezo contestando a la señora Lasagabaster diciéndole que las pensiones mínimas se han actualizado un 17 por ciento y que dentro de este presupuesto hemos abordado
temas tan sensibles como son las exenciones de IRPF a que tienen derecho las víctimas de la dictadura que han sufrido privación de libertad. Pero evidentemente este presupuesto no tiene capacidad para dar exenciones a nadie; por eso hemos remitido
a una ley futura el compromiso de dárselas. Espero que le sirva de explicación a la señora Madrazo, para que vea que no discriminamos en función de un grupo, sino que hacemos exactamente lo mismo: lo remitimos a una ley futura.
Quiero decirle que los compromisos de las pensiones y de los seguros de vida de los fallecidos de La Naval están consignados en los presupuestos de la SEPI; por eso S.S. no los encuentra en este presupuesto. Espero que entienda que la
competencia básica del Estado no le permite derivar automáticamente los fondos de I+D+i, lo que no impide un acuerdo bilateral, al que yo sé que el Gobierno está dispuesto en estos momentos.
He resumido mucho porque tengo poco tiempo.
En cualquier caso, voy a centrarme fundamentalmente en las enmiendas transaccionales y trataré de contestar, en la medida de lo posible, a lo que los grupos han planteado, aunque ya de entrada digo que va a ser imposible por la limitación de
tiempo. Nos quedan dos días de discusión de presupuestos y espero que entiendan SS.SS. que en ese trámite de las secciones, de los organismos autónomos y empresas públicas podremos hablar de todo lo que quieran.
Hemos propuesto una transaccional a Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya para las ayudas destinadas al
alquiler para personas mayores de 70 años perceptoras de pensiones no contributivas con escasas posibilidades económicas. Asimismo hemos propuesto transaccionar las enmiendas 1177, 1178 y 1179 sobre separación de I+D+i del diseño de
prototipos constructivos militares. En el primer semestre de 2006 el Gobierno va a crear una comisión interministerial con la participación de todos los ministerios, con el objetivo de analizar la distribución de los créditos de I+D+i,
especialmente su programa afecto, para proceder, en su caso, a una adecuada separación de los gastos de investigación civil de los de la militar.
Por otra parte, también hemos ofrecido unas transaccionales a Esquerra Republicana de Catalunya, fundamentalmente a la 943, del sector turístico, referida al subsidio de desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, que en este sector
son los mayoritarios, distinguiendo en función de la edad para que tengan unas mayores garantías en cuanto a las cotizaciones de sus contingencias de jubilación y otro tipo de subsidios.
También hemos ofrecido una transacción a las enmiendas 911 y 938, a la disposición adicional, referidas a los sectores textil, calzado y mueble, para que el Gobierno pueda adoptar medidas de apoyo a la modernización y mejora de la
competitividad de este sector, sobre todo a los excedentes estructurales de trabajadores que puedan tener, con unas especiales garantías que se pretende que se den desde el Fogasa y la Seguridad Social, todo ello, como no puede ser de otra manera,
dentro del marco de diálogo social. Vinculado a estos sectores, también quiero señalar aquí que nuestra transacción también afecta a la enmienda 1516 de Convergència i Unió, apoyo del ICO a los sectores textil, calzado y mueble. Hay una enmienda
muy amplia de Convergència i Unió que hace referencia a un conjunto de temas vinculados a la competitividad de estos sectores, que es a la que proponemos una transacción.
También ofrecemos una enmienda transaccional al Grupo de Esquerra Republicana sobre la apertura de mercados extranjeros. Proponemos que el Gobierno se comprometa a la adecuación de la normativa respecto a los regímenes de deducción a la
exportación, a la adopción de medidas sobre los incentivos fiscales para la implantación de empresas españolas en mercados extranjeros y, en particular, que dé un especial tratamiento a las cuestiones relativas a los gastos de registro y
homologación exigidos para la apertura de estos mercados.
Hay una importante enmienda a la que ha hecho referencia el señor Sánchez i Llibre, que es la transaccional a la enmienda 1554, relativa a los conciertos educativos. Estamos tratando de cumplir el acuerdo entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y los sindicatos de la enseñanza privada concertada, en el se recoge el anexo de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados. Como decía el señor Sánchez i Llibre, ha habido diez
años de congelación para los profesores de estos centros y resulta una situación paradójica que tenga que ser el Gobierno socialista el que haga el esfuerzo de actualizar los módulos de la enseñanza concertada.
Se han planteado diversos temas en las intervenciones, pero solamente me detendré en los que me parecen más significativos. No quiero que se me olvide que también hay una enmienda transaccional a sendas enmiendas del Grupo de Esquerra
Republicana y del Grupo de Convergència i Unió, la 936 y la 1497, para adecuar la situación en que se encuentran los trabajadores que han cotizado en varios regímenes y que no pueden generar derecho por los dos, articulando una serie de medidas para
que puedan acumular sus diferentes cotizaciones por pluriactividad a efectos de la determinación de la base reguladora, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de la cotización. Es un avance importante para ese colectivo de
ciudadanos que han tenido pluriactividad.
Quiero recordar -porque se ha insistido mucho por parte del Grupo Popular- nuestros compromisos sobre la reforma fiscal. Ya he reiterado en mi intervención anterior que este Gobierno tiene el compromiso de presentar la reforma del impuesto
sobre la renta antes de finalizar el año. Por lo tanto, no puede ser coherente por nuestra parte -ni tampoco por la suya- hacer una reforma con enmiendas a la ley de presupuestos que afecten al conjunto de deducciones fiscales y a la tarifa;
realmente es un cambio radical. No puedo pretender que ustedes retiren sus enmiendas, pero son incoherentes con su posición anterior -insisto, cuando ustedes llegaron al Gobierno tardaron varios años en plantear la reforma- y con sus actuaciones
anteriores, ya que ni siquiera actualizaban o deflactaban la tarifa.
Respecto a la amortización, señora portavoz del Grupo Popular, cuando alguien piensa que algo está mal debe argumentar por qué. Usted sabe perfectamente -me consta que lo conoce- que la amortización que figura actualmente en las tablas es
bajo la presunción de que responde a la realidad, pero cuando la realidad es distinta es posible modificar el régimen sin ningún problema, y es posible tanto porque haya una dedicación extraordinaria de esos activos por turnos como porque se
demuestre que la vida útil es menor o presentando un plan de amortización. Pero si ustedes quieren que se cambie con carácter general, no basta decir que esas tablas han estado diez años en vigor; tienen que decir el motivo. Realmente, si lo que
quieren es una deducción fiscal, lo que no podemos cambiar son las tablas que representan la amortización real. Díganlo ustedes: queremos una deducción adicional. Nosotros les contestaremos: es que ustedes ya la tienen en el régimen de pequeñas
y medianas empresas.
No es cierto que este Gobierno no haya hecho nada. Hoy he escuchado reiteradamente que este Gobierno no ha hecho nada en el ámbito de la fiscalidad, pero no es cierto. Hemos bajado los impuestos a las sociedades. Le recuerdo que en la Ley
de presupuestos del año pasado se modificó la base que tributaba al 30 por ciento, pasando ese tramo de 15 a 20 millones de las antiguas
pesetas. Le recuerdo que hemos incrementado la deducción por nuevas tecnologías en un 50 por ciento. Les recuerdo que hemos cambiado la fiscalidad de las empresas que se dedican al arrendamiento de inmuebles y un sinfín de medidas que
ustedes pueden minimizar, pero que están hechas pensando en las pymes. Se plantea una reforma global cuando el Gobierno, de acuerdo con su política económica, entiende que es más conveniente. Sé que ustedes no quieren verlo, que continuarán
diciendo que no se ha hecho nada y me dejo un montón de medidas que se han tomado. Quiero acabar diciendo que se ofrecen enmiendas transaccionales a los grupos políticos que espero que se acepten en la votación de mañana. Y solo me resta decirle
al Grupo Parlamentario Popular que se calme, que sea más objetivo en las medidas que se han tomado y que respete la política económica de este Gobierno, porque los datos están ahí, cada vez vamos mejor y crecemos más que en su etapa. Lo siento por
ustedes, pero esa es la realidad. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Torres.
Finalizado el debate de hoy, como ustedes conocen, la votación de las enmiendas hoy debatidas y que han sido mantenidas por los grupos parlamentarios se realizará mañana a partir de la una del mediodía.
Suspendemos esta sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 125, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles 2 de noviembre último, en la intervención del representante del Parlamento Catalán señor Carod-Rovira -página 6170,
segunda columna, línea primera-, donde se menciona al cantante Raymond, debe decir Raimon, y en el texto en catalán que figura a continuación, las frases '...grans camitans. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Qui perd els orígens, per
identitat' deben sustituirse por '...grans caminants. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Qui perd els orígens, perd identitat'. Por otra parte, al final de la intervención del mismo orador, en la página 6228, primera columna, la acotación
que dice 'Continúa su intervención en catalán' debe decir 'Continúa su intervención en gallego'.