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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 126, de 03/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 126
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 118
celebrada el jueves, 3 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y
filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 23-1, de 11 de febrero de 2005.
(Número de expediente 121/000023.) ... (Página 6250)
-Proyecto de Ley de reformas para el impulso a la productividad. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 27-1, de 31 de marzo de 2005.
(Número de expediente 121/000027.) ... (Página 6257)
-Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 28-1, de 31 de marzo de 2005. (Número de expediente 121/000028.) ...
-Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 29-1, de 31 de marzo de 2005. (Número de expediente 121/000029.) ...
-Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 30-1, de 31 de marzo de 2005. (Número de expediente 121/000030.) ...
Avocación por el Pleno:
-De la Proposición de Ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias. (Número de expediente 122/000048.) ... (Página 6272)
Tramitación directa y en lectura única:
-Del Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumania. (Número de expediente 121/000055.) ...
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 6272)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 42-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000042.) ... (Página
6275)
-Proyecto de Ley Orgánica de Educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 6293)
-Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 46-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000046.) ...
-Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 47-1, de 26 de agosto de 2005. (Número
de expediente 121/000047.) ... (Página 6315)
-Proposición de Ley del Senado, de modernización del Impuesto sobre el Patrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 194-1, de 12 de julio de 2005. (Número de expediente 124/000012.) ... (Página
6326)
SUMARIO
Jueves, 3 de noviembre de 2005
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 6250)
Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y
filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea ... (Página 6250)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
(ERC) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley de reformas para el impulso a la productividad ...
(Página 6257)
Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad ... (Página 6257)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Arias Cañete y Utrera Mora, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Mendizábal Gorostiaga y el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras ... (Página 6263)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Folgado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos ... (Página 6266)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pérez Laserna, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Avocación por el Pleno ... (Página 6272)
Proposición de Ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias ... (Página 6272)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley sobre delimitación de los espacios marítimos de
Canarias, lo que se aprueba por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única ... (Página 6272)
Del Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumania ... (Página 6272)
La Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de
ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumania, que se aprueba por asentimiento.
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 6272)
En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y
del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.
En segundo lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad.
En tercer lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.
En cuarto lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.
Por último se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 6275)
Proyecto de Ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos ... (Página 6275)
El señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) presenta el proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Señala que este proyecto de ley que el Gobierno presenta hoy a la Cámara pretende
buscar soluciones a la creciente complejidad de la gestión de lo público ante unos ciudadanos cada vez más exigentes. La situación organizativa actual de la Administración General del Estado se caracteriza por una creciente proliferación de
organismos y figuras jurídicas que se rigen por sus estatutos propios, basados más en el derecho privado y con régimen de personal laboral, situación a la que se ha llegado, entre otras circunstancias, por las rigideces de funcionamiento de los
modelos previstos en la Lofage. Se hace preciso, por tanto, reconducir a un modelo común la dispersión organizativa hoy existente en el ámbito de la Administración General del Estado, lo que se puede conseguir a través de las agencias estatales que
el Gobierno propone, que se constituirán en organismos públicos con suficiente nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión. Resalta los principios que orientan este proyecto de ley: poner a los ciudadanos en el puesto de mando del conjunto
de la Administración; garantizar la transparencia y accesibilidad a los servicios públicos; establecer objetivos concretos a alcanzar, previamente planificados y cuantificados; plena asunción de la responsabilidad de los resultados por parte de
los gestores; distribución de funciones entre lo público y lo administrativo o de gestión; cooperación interadministrativa y participación institucional y evaluación contínua de las políticas públicas y la calidad de los servicios que se prestan.
En defensa de la enmienda a la totalidad interviene el señor Padilla Carballada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).
Replica el señor Padilla Carballada y duplica el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Malaret
García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).
Proyecto de Ley Orgánica de Educación ... (Página 6293)
La señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos) presenta el proyecto de Ley Orgánica de Educación. Resalta que esta ley es el instrumento que se necesita para orientar la educación de nuestros jóvenes en la primera
mitad del siglo XXI. Debe permitir desarrollar las políticas educativas, modernas y progresistas que nuestro
país requiere; pretende prestar un servicio educativo de calidad a todos los ciudadanos, sin exclusiones, y se ha elaborado con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento, competente, justa y equilibrada.
Señala que el texto es el resultado de un intenso proceso de reflexión y de diálogo promovido por el ministerio, que ha contado con la participación de las comunidades autónomas, así como con los diferentes sectores de la comunidad educativa. La
aplicación de la ley deberá comportar un ejercicio de corresponsabilidad política de las distintas administraciones, máxime en un sistema descentralizado como el nuestro y en una cuestión como la educativa. Resalta que el proyecto presenta tres
principios fundamentales: la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos; la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para conseguir este objetivo y un compromiso irrenunciable con los objetivos
planteados por la Unión Europea para los próximos años. Finaliza su intervención confiando en que en los próximos días se pueda seguir trabajando para contar con la mejor ley educativa, pues el sistema educativo de calidad que se quiere conseguir
nos necesita a todos.
Se suspende la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen la señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno en contra interviene el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replican la señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y duplica el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).
Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria ... (Página 6315)
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ... (Página 6315)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta el proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y el proyecto de ley orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Señala que estas leyes fueron un hito importante al establecer unas reglas fiscales de las más avanzadas de Europa, introduciendo
conceptos realmente útiles, como el techo de gasto y el del fondo de contingencia.
Resalta igualmente que las comunidades autónomas no han hecho suyas en muchos casos las leyes y diez comunidades autónomas no han cumplido los objetivos
establecidos. Piensa que la necesidad de reforma es compartida por la mayoría de los grupos parlamentarios y el Gobierno es firme defensor de las reglas fiscales que garantizan la estabilidad presupuestaria. Se pretende mejorar la racionalidad
económica, hacer compatible la estabilidad con el aumento de la productividad, respetar más la autonomía financiera en las comunidades autónomas, la separación de objetivos y establecer unos mecanismos preventivos y correctivos, de forma que en el
caso de riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad el Gobierno pueda formular una advertencia a la administración correspondiente. Finaliza destacando que esta reforma nace con vocación de consenso y no de oposición y se modifican los
procedimientos para que sean más racionales y para que los objetivos de estabilidad sean realistas y respondan mejor a las necesidades de la economía en cada momento.
En defensa de la enmienda a la totalidad, interviene la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de Ley del Senado, de modernización del impuesto sobre el patrimonio .
6326
En defensa de la enmienda a la totalidad interviene la señora Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno en contra interviene el señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora Castillejo Hernández y duplica el señor Utrera Mora.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de devolución al proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, se rechaza por 132 votos a favor y 178 en contra.
Sometida a votación la enmienda de devolución al proyecto de ley Orgánica de Educación, se rechaza por 139 votos a favor y 171 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo al proyecto de ley Orgánica de Educación, se rechaza por 131 votos a favor y 180 en contra.
Sometida a votación la enmienda de devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se rechaza por 130 votos a favor y 181 en contra.
Sometida a votación la enmienda de devolución al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se rechaza por 131 votos a favor y 179 en
contra.
Sometida a votación la enmienda de devolución a la proposición de ley del Senado, de modernización del impuesto sobre el patrimonio, se aprueba por 168 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho horas y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar.
Informo a la Cámara que, respecto al orden del día distribuido, la Junta de Portavoces tomó la decisión de acumular, en el capítulo enmiendas del Senado, el proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad y el proyecto de ley
de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, y en el capítulo debates de totalidad de iniciativas legislativas, los dos proyectos de ley relativos a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL DIVERSAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE FISCALIDAD DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS Y ELECTRICIDAD Y DEL RÉGIMEN FISCAL COMÚN APLICABLE A LAS SOCIEDADES MATRICES Y
FILIALES DE ESTADOS MIEMBROS DIFERENTES Y SE REGULA EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS APORTACIONES TRANSFRONTERIZAS A FONDOS DE PENSIONES EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000023.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, dentro del capítulo enmiendas del Senado, comenzamos con el primer punto del orden del día, que es el proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias
en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de
pensiones en el ámbito de la Unión Europea.
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, este proyecto de ley, referido fundamentalmente a la adaptación a la legislación española -la trasposición en el lenguaje habitual- de diversas directivas
comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad, viene sensiblemente retocado de la Cámara Alta. Llama la atención que el Senado haya suprimido todo el preámbulo de esta iniciativa que se toma, digamos, por la
obligación de adaptar el derecho positivo español a las directivas comunitarias, a lo que nos obligan nuestros compromisos como país miembro de la Unión Europea. La supresión de un preámbulo en todo proyecto legislativo de alguna manera produce una
desnaturalización de la interpretación de lo que los estudiosos y eruditos de cualquier código legal tratan de definir como la intencionalidad del legislador. Los preámbulos, las exposiciones de motivos, son los que normalmente informan de cuál fue
el imperativo legal que obligó al legislador a dictar y a aprobar la norma, así como de cuál es la interpretación de los motivos de esa norma, de su aplicación, de su alcance, de sus repercusiones.
Respecto a otras enmiendas, mi grupo cree que de alguna manera se desvían de la directiva comunitaria y haremos llegar a los servicios de la Cámara la relación de enmiendas del Senado de las que vamos a pedir votación separada: de aquellas
que estamos conformes con el pronunciamiento enmendante del Senado y de aquellas otras que no nos parecen adecuadas, en concordancia con la posición que el grupo de senadores de Coalición Canaria adoptó en la Cámara Alta en su momento procesal, que
votaron en contra de la introducción de esas enmiendas. Las que son aptas para que nosotros las votemos favorablemente, de alguna manera, matizan, dan algún principio de garantía jurídica o corrigen textos en los que la interpretación de la
seguridad jurídica pudiera no quedar clara para las partes que la tengan que aplicar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para hablar de algo que no ha gustado nada a mi grupo parlamentario, al igual que tampoco ha gustado a los agentes sociales, a Comisiones Obreras, a UGT. Estamos hablando de una ley que regula materias de política
fiscal, energética, a la que se han incorporado diferentes preceptos. El procedimiento legislativo que se ha empleado nos retrotrae a una técnica que utilizó bastante el Partido Popular en la pasada legislatura. ¿Recuerdan aquello de que la
reforma penal entró en una ley de arbitraje? Seguro que se acuerdan. No es admisible que se emplee el Senado, en este caso, para colar reformas en materias que nada tienen que ver con el proyecto de ley, hurtando el debate en el Congreso e incluso
evitando que se pronuncie el Consejo de Estado.
El contenido de la enmienda 34 del Grupo Socialista, una disposición adicional nueva que habla de la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos individuales o colectivos, no es admisible.
Señores socialistas, estoy seguro de que si la leyeran -he tenido poco tiempo para hacerlo pero lo he hecho- verían que hablar en esta ley de estas materias no es admisible porque afecta al núcleo duro del derecho laboral. Estamos ante una
condonación encubierta de deudas millonarias a la Seguridad Social por parte de grandes despachos de abogados a los que parece ir dirigida esta enmienda. Es un traje a medida hecho para los grandes abogados. No lo digo yo. En los pasados días
Comisiones Obreras y UGT han enviado una carta, especialmente dirigida al Grupo Socialista. En esa carta se dice que esta enmienda declara la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios retribuidos para los despachos
de abogados, negando a estos trabajadores importantes derechos en materia de Seguridad Social e incluso paralizando por ley los efectos de procedimientos sancionadores y de liquidación de cuotas que actualmente ya están en tramitación. En la carta
les dicen que se estaría afectando directamente al derecho laboral, tanto el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Les recuerdan que estamos hablando de una
relación laboral de abogados que en el ejercicio de su profesión trabajan por cuenta ajena en los despachos y en otras entidades y empresas. En esa misma carta les recuerdan que esa calificación implica una regulación con un nivel de protección
sensiblemente inferior a los mínimos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores en derechos básicos, tales como la duración del contrato, el periodo de prueba, el tiempo de trabajo y descanso, las causas de extinción del contrato, los efectos e
indemnización por extinción y despido o los derechos de representación y negociación colectiva.
Esta iniciativa -dicen ellos, no lo digo yo, señores socialistas, lo dicen Comisiones Obreras y UGT- parte de un grupo de presión constituido por importantes despachos de abogados, que pretenden que el legislador les apruebe un traje a
medida que les evite tener que cumplir con sus elevadísimas deudas con la Seguridad Social y que les permita mantener con sus trabajadores una relación laboral a la carta. Finalmente acaban reclamando que este tema sea tratado en el marco convenido
con los sindicatos y las organizaciones empresariales, y dicen: pongámonos a discutir y a hablar. Pero también les avisan que lo que no vale es colar en una enmienda en el Senado una medida de este calado, sabiendo la precariedad que existe en los
bufetes de abogados, sabiendo cómo se trata a los licenciados en derecho que acaban de terminar la carrera. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes -si me pudiesen escuchar-, la mayoría de los portavoces progresistas, coincidirían conmigo en que
esta no es la forma ni la orientación, porque el momento para introducir este elemento no es el Senado, porque
tenemos derecho a discutir sobre la materia, porque no son las formas con las que estamos acostumbrados a trabajar en esta nueva etapa. Estos no son los contenidos por los que tiene que ir una reforma de este calado, porque en un mundo muy
precarizado, como es el de los bufetes de abogados, como son los ejercientes, especialmente cuando terminan la carrera, lo que hay que hacer es garantizar derechos, también los derechos laborales, y lo que no hay que hacer en este caso es, como
dicen Comisiones Obreras y UGT, un traje a medida de los grandes despachos.
Por todo ello, ¿qué les pedimos? En primer lugar, que retiren la disposición adicional nueva, la relación de carácter laboral de los abogados. En el caso de que no la retiren, pese a nuestra decepción y pese a la decepción de los agentes
sociales y de diferentes actores sociales, lo que les pedimos es que la podamos votar de forma separada.
Por tanto, señor presidente, ya anuncio nuestra petición de que la enmienda 34 del Grupo Socialista, que es una disposición adicional nueva en
torno a la relación laboral de los abogados, la votemos de forma separada si no tienen a bien lo que les pedía, que es retirar la enmienda y empezar desde cero, empezar a hablar sobre la materia, pero sobre todo no colarnos esta propuesta en una ley
sobre hidrocarburos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo al que pertenezco no había intervenido de una manera intensa, solo en el Senado, en la tramitación de este proyecto de ley, puesto que, como su título indica, se trata de una materia de fiscalidad, y conocido es por todos
ustedes que solemos mantenernos al margen de estas disposiciones, aceptando y apoyando que se tramiten, por supuesto, pero sin intervenir en ellas, teniendo en cuenta la relación especial de concierto económico que rige en los tres territorios
forales.
El señor Sánchez i Llibre, cuando intervino en Comisión, hacía referencia a la materia de fiscalidad, al régimen fiscal común, y hago insistencia en estos conceptos, en este objeto de la materia que él señalaba, para las indicaciones que
luego haré a todos ustedes. Quien intervenía en nombre del Grupo Socialista, que era el diputado señor Armas, aclaraba también que lo que se regulaba eran aspectos referidos a la materia fiscal de los productos energéticos, y finalmente indicaba
que le era imposible aceptar enmiendas presentadas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) porque sobrepasaban en cierta medida los contenidos de las directivas comunitarias. Insisto, señorías, en el trámite en
Comisión por parte del Grupo Socialista se tenía el pundonor de no sobrepasar lo contenido en las directivas comunitarias, magnífica expresión, pero luego -han oído a los diputados que me han precedido en el uso de la palabra- en el Senado se han
introducido enmiendas regulando materias tan dispares como un régimen especial para la ONCE, unas disposiciones específicas para Córdoba o la que ha sido objeto de alusión tanto por el representante de Coalición Canaria como del Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que hace referencia a la regulación que se da a la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos individuales y colectivos. ¿Qué tiene
esto que ver, señoría, con la fiscalidad de los productos energéticos? No se les escapará que absolutamente nada.
Se me puede permitir una pequeña ironía, puesto que lo que se establece es entender que estas relaciones tendrán cobijo en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y, eso sí, se hace una llamada al Gobierno para que en el plazo de 12
meses haga un real decreto que permita una mayor concreción de la relación laboral a las que se refiere lo que se establece en esta disposición adicional, teniendo cabida en el apartado 1 de este artículo 11. Si se me permite una cierta ironía,
había comenzado a decir que podían haberlo regulado ustedes mejor en la ley de presupuestos, puesto que el régimen que se establece indica claramente que alguna entidad pública va a dejar de percibir unos dineros, puesto que alguien va a dejar de
pagar determinadas sanciones, fruto de expedientes que en este momento están abiertos. Insisto, quizá harían mejor no diciendo que ustedes no hacen ley de acompañamiento, haciendo ley de acompañamiento y dejando de introducir por sorpresa en el
trámite del Senado determinadas disposiciones o trayéndonos un número de decretos-leyes que supera con creces los habidos en anteriores legislaturas.
No dice mi grupo que le parezca mal esta regulación, téngase ello en cuenta. Efectivamente, la situación especial en la que se encuentran determinados despachos de abogados, en relación con la situación de quienes trabajan en ellos, nos
parece también a nosotros atendible. Lo que nos parece relativamente intolerable, desde el punto de vista de la técnica legislativa, de quien tiene la responsabilidad de introducir las materias en el ordenamiento jurídico con una cierta dignidad y
calidad en cuanto a la corrección técnica, es que lo haga a través de enmienda del Senado, crítica que habíamos hecho en numerosas ocasiones respecto a la forma de actuar de quien ostentaba la responsabilidad del Gobierno en tiempos pasados.
Curiosamente, la senadora que interviene en nombre del Grupo Socialista en el trámite de Comisión en el Senado, no dedica más tiempo a justificar la introducción de esta enmienda que decir que había que dar una solución a un problema. No está mal
como razonamiento.
Recuerda aquella otra frase poco feliz del ex presidente del Gobierno cuando dijo que había un problema y lo hemos solucionado. Creemos que algo tan anómalo, como es introducir una materia que nada tiene que ver con el contenido
de lo que se estaba regulando, hubiera merecido mayores explicacione, al margen de
lo que es la propia motivación que acompañaba a la enmienda que desde el Grupo Socialista se presenta.
Ocurre, además, señorías, que aquí todos nos damos lecciones de constitucionalidad, sobre todo se nos da más por los grupos mayoritarios a los grupos pequeños, y debiera tenerse en cuenta que en fecha recientísima el Gobierno actual ha
aprobado mediante resolución un acuerdo del Consejo de Ministros con las directrices de técnica normativa. Se nos dice que lo que se tenía aprobado, y estaba vigente desde el año 1991, relativo a los anteproyectos de ley, había resultado
absolutamente insuficiente en beneficio de la seguridad jurídica. Aquello era poco y por eso se ha aprobado ahora, en julio de 2005, algo que lo completa. Se dice que lo que se pretende es una mejora de la calidad de los productos en todos sus
aspectos y que obligan a ampliar el objetivo de las directrices para lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional, así de pomposamente se reclama, de seguridad jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de
todas las normas de origen gubernamental y legislativo con la homogeneización y normalización de los textos de sus disposiciones. Se dice, además, que se trata de una herramienta que va a permitir elaborar disposiciones con una sistemática
homogénea y va a ayudar a utilizar un lenguaje correcto, de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos. Resulta más sorprendente y llama a mayor sorpresa cuando vemos cómo se regulan lo que han de ser disposiciones adicionales,
transitorias o derogatorias en esta norma tan bien intencionada en pro de la seguridad jurídica. Se dice que este tipo de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales han de introducirse en los textos normativos con carácter
restrictivo. Si ustedes examinan lo que hoy viene devuelto por el Senado verán que las disposiciones adicionales ocupan tanto, son tanto como el propio texto del proyecto de norma que inicialmente se trajo a esta Cámara.
Dentro de este acuerdo de directrices para la mejora de la calidad de las normas, se dice que pueden ser objeto de disposición adicional los regímenes jurídicos especiales coherentes con lo que se regula. No es el caso. En segundo lugar,
las excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma. Tampoco estamos ante ese caso, porque de abogados no habíamos hablado hasta ahora en el contenido propiamente del articulado de la norma. Los mandatos y autorizaciones no dirigidos
a la producción de normas jurídicas. Tampoco este es el caso porque en lo que como apartado d) se considera residual se dice: preceptos residuales que por su naturaleza y contenido no tengan acomodo en ninguna otra parte del texto de la norma.
Evidentemente, lo que aquí se regula no tiene acomodo en ninguna otra parte de la norma.
He indicado que además había otros añadidos contenidos en el texto de la normativa y a mi grupo se le escapa qué alcance tiene lo que se pretende con la regulación específica que se hace en relación con la ONCE, la participación de la
Organización Nacional de Ciegos de España en los beneficios líquidos de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, que también con larga disquisición ha sido introducido en el trámite del Senado. Y sobre todo nos resulta
especialmente curioso que haya una disposición final nueva que va exclusivamente dirigida a la provincia de Córdoba, valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica sitos en esta provincia, disposición casi, casi, si me permiten decirlo, de
carácter particular. No creo que sea ajeno a ello el apoyo que presta al Gobierno el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, conocido el activismo y la tenacidad de la señora alcaldesa de Córdoba, a la que rindo un
cariñosos recuerdo, puesto que fue diputada y compañera durante muchos años en esta Cámara. Quiero aprovechar la ocasión para felicitarla por lo conseguido.
Concluyo mi intervención diciendo que no nos parece mal el contenido de algunas de las cuestiones que se introducen, pero creemos que tienen una triple falla que deben ustedes tener en cuenta cuando se invisten con tanta frecuencia de
ropajes de corrección y coherencia técnica. Me perdonarán el reproche que hago sobre todo, no a las mayorías distintas que se pueden formar en el Senado, sino al grupo mayoritario en esta Cámara y que apoya el Gobierno, el Grupo Socialista, porque,
como he dicho otras veces en esta tribuna, una tiene derecho a esperar de ellos comportamientos de técnica legislativa de corrección, incluso ética, en el hacer de las normas distintas a los que hemos conocido por parte del otro grupo que hoy es el
mayoritario en la oposición. Creemos que con lo que ustedes han hecho en el Senado, en primer lugar, padece la seguridad jurídica, ese valor constitucional que ustedes dicen defender con esas normas de técnica legislativa tan correctas que han
hecho; en segundo lugar, no benefician ustedes en nada la percepción de la dignidad del Senado como Cámara legislativa, puesto que lo están utilizando en esta legislatura, permítanmelo, para actuaciones legislativas chapuceras; y, en tercer lugar,
les pone a ustedes en entredicho cuando hacen esa bonita proclama de que no hacen leyes de acompañamiento; no las hacen pero introducen bloques normativos que nada tienen que ver con el contenido de otras normas a través de esa técnica que
consideramos tan viciosa, tan viciada, de las enmiendas del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.
Por Esquerra, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Brevemente, pero también coincidiendo con algunos de los compañeros que me han precedido. A veces es sorprendente que en un proyecto que viene del Senado se haya introducido una enmienda que no tiene ningún sentido para nosotros y a la que
ya han hecho referencia otros grupos. Hemos recibido una carta de abogados en la que hablan de una enmienda clandestina contra los
abogados. Me parece que todos aquellos que hemos leído la carta entendemos que la introducción de esta enmienda no tiene ningún sentido. Es un grave error introducirla cuando estamos hablando en materia de fiscalidad de productos
energéticos y de electricidad y de otros regímenes fiscales. Si hay que regular debe hacerse con luz y taquígrafos y no amparándose en la oscuridad y de una manera, como dice la carta, que para nosotros es inaceptable. Votaremos en contra de esta
enmienda porque entendemos que es entrar por la puerta de atrás, introducir una problemática y un intento de solución que no favorece al conjunto de los abogados.
Entendemos que en este caso la presión de algunos ha podido permitir introducir esta
enmienda, que para nosotros no es aceptable.
Otras enmiendas que pueden parecer sorprendentes nosotros entendemos que pueden ser positivas y, por tanto, no son tan exageradas como esta, y en alguna de ellas votaremos a favor. En otras a veces es forzar demasiado la máquina al
introducir vía Senado algunas enmiendas que no hacen ningún favor al trabajo de este Parlamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Catalán(CiU), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergencia i Unió, ha incorporado una serie de enmiendas nuevas que hacen referencia únicamente al objeto de la
trasposición de esta directiva. Están relacionadas con cuestiones referentes a la fiscalidad de productos energéticos y electricidad. Algunas de las materias que hemos introducido modernizan, agilizan y equilibran todas las cuestiones que hacen
referencia al sector agrario, al ganadero, al pesquero y al de transportes, modernizando su fiscalidad, básicamente en el sector de los transportes y en el sector agrario, y al mismo tiempo hemos conseguido introducir aquellos aspectos sobre los
que, a lo largo de esta legislatura, nuestro grupo parlamentario, Convergencia i Unió, ha intentado convencer al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, con el fin de incorporar en nuestra legislación, en los sectores más perjudicados por el
alza de los carburantes, los aspectos que hacen referencia a la aplicación del gasóleo industrial. Desde esta perspectiva, hemos incorporado algunas enmiendas que modifican cualitativamente el proyecto de ley que salió del Congreso. Hemos
incorporado un mandato al Gobierno para acometer los beneficios fiscales destinados a las cantidades orientadas a las adaptaciones en vehículos de transporte y agrario para usar biocarburantes y biocombustibles como carburantes, sin mezclar con los
carburantes convencionales. Hemos conseguido aprobar las cuestiones que hacen referencia a las modificaciones legales para crear un nuevo combustible de tipo B, porcentaje mínimo del diez por ciento de biocombustible para el sector agrario, con
exención total de las tasas.
Hemos incorporado también modificaciones legales para crear un combustible profesional para automoción, porcentaje mínimo del diez por ciento de biocombustible, con exención total de las tasas. Finalmente, hemos
incorporado un mandato al Gobierno para realizar estudios con objeto de otorgar la mínima fiscalidad al gasóleo de uso profesional en los sectores agrario, ganadero, pesquero y de transporte. Son un conjunto de enmiendas orientadas únicamente a
sectores que están muy perjudicados debido al alza de los combustibles.
En el proceso legislativo del Senado el Gobierno ha hecho uso y abuso de aquellas cuestiones que, cuando llega la presentación de la Ley General de Presupuestos, el vicepresidente económico del Gobierno acomete con una objetividad
importante, desde su perspectiva, en el sentido de que cada vez que presenta dicha ley, preconiza con gran satisfacción que en los presupuestos para el año 2005 y también para los de 2006, el Gobierno haya dejado de presentar una ley de
acompañamiento. Desde Convergencia i Unió siempre hemos dicho que la ley de acompañamiento era interesante porque permitía plantear modificaciones fiscales y presupuestarias que por la coyuntura económica actual y por algunas cifras macroeconómicas
que en un momento se puedan disparar, como la inflación, le permite al Gobierno implementar, a través de esta ley de acompañamiento, modificaciones fiscales y presupuestarias orientadas a impulsar la economía productiva, a equilibrar aquellas
magnitudes macroeconómicas que se puedan desequilibrar en un momento determinado y que, en definitiva, van en la buena dirección de impulsar la economía productiva y la generación de empleo. Hasta aquí podríamos estar de acuerdo con el Gobierno si
mantuviera su palabra de no hacer uso de las leyes de acompañamiento, aunque no lo compartimos, pero realmente no es así.
Cuando al Gobierno le interesa, y así lo ha estado demostrando reiteradamente en el Congreso y en el Senado a través de
diferentes legislaciones, va aplicando perchas que no son sino parches y que no dejan de ser leyes de acompañamiento, como hoy hemos podido observar en esta legislación que acaban de tramitar en el Senado. En este sentido, el Gobierno ha intentado
camuflar, y lo criticamos en la forma no en el fondo, una disposición adicional nueva que va orientada -y que conste que la vamos a votar favorablemente- a armonizar la regulación laboral de los grandes bufetes de abogados. Desde esta perspectiva
ya habíamos planteado en diferentes ocasiones y en diferentes leyes de acompañamiento en pasadas legislaturas la posibilidad de que esta regulación quedara armonizada y pudiéramos regular esta legislación laboral para los grandes despachos de
abogados, ya que entendemos que la situación actual no es competitiva y probablemente ofrece algunas lagunas legales, pero el Gobierno a escondidas y aprovechando su paso por el Senado ha incorporado esta disposición adicional nueva con la que
estamos de acuerdo en el fondo pero no en la
forma. Le diría al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno que no es ningún descrédito presentar leyes de acompañamiento con los Presupuestos Generales del Estado. Apliquen una ley de acompañamiento en profundidad que abarque todas
aquellas materias que sean susceptibles de ser modificadas a lo largo de la legislatura o del año, abordémosla con transparencia en el Congreso, en el Senado y en las diferentes comisiones para que finalmente pueda revertir en el bien común, como es
el impulso de la economía productiva o la generación efectiva de puestos de trabajo; pero lo que no pueden hacer, señores del Grupo Parlamentario Socialista, es intentar colar a escondidas y a hurtadillas una serie de enmiendas en el Senado, porque
pienso sinceramente que ni el colectivo sobre el que hoy estamos aquí legislando ni tampoco el resto de grupos parlamentarios nos merecemos que se continúen aplicando en el Senado prácticas legislativas oscuras para intentar resolver algunas
situaciones con las que, repito, estamos de acuerdo en el fondo.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular, la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos hace referencia a la transposición a nuestro ordenamiento jurídico, como ya se ha hecho referencia, de diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad.
Nuestro grupo ya manifestó en
el debate que tuvimos en la Comisión de Economía y Hacienda sobre este proyecto de ley que estábamos de acuerdo con la mayor parte de la regulación en cuanto a la estricta incorporación de las directivas comunitarias como, por otro lado, no podría
ser de otra forma, ya que todas ellas van en la dirección de la creación de un mercado único europeo y la necesaria armonización fiscal de todos los países de la Unión Europea. Pero también manifestamos en aquel debate nuestro desacuerdo, como ya
han expresado muchos de los portavoces de los grupos que ya han pasado por esta tribuna, con la forma en que se ha tramitado este proyecto de ley, porque al final hablamos de una auténtica ley de acompañamiento; ya lo manifesté en su momento en la
Comisión de Economía y Hacienda, y les recuerdo, señorías, que fue eliminada por el propio Gobierno socialista, argumentando que estas leyes de acompañamiento creaban confusión e inseguridad jurídica, pues se regulaban materias de muy diversa índole
y creaban auténtico caos jurídico. Pues bien, el mismo argumento que utilicé entonces es válido hoy en este debate, porque en aquel momento de la tramitación estábamos hablando de la modificación de ocho leyes diferentes, pero es que hoy, tras su
paso por el Senado y con todas las enmiendas que se han incorporado, hablamos de importantes disposiciones que regulan aspectos muy diversos y de muy diferentes materias, por lo que ya no podemos decir que esto sea un proyecto de ley que traspone
sólo una serie de directivas comunitarias en materia fiscal sino que hablamos de una ley que engloba un conjunto de iniciativas muy diversas, y hasta el propio título de la norma es poco transparente y aclaratorio del contenido de la misma, porque
habría que incorporar una serie de alusiones que se contienen en la propia ley que sería imposible abarcarlas en el propio título de la norma. Por tanto, la transparencia del Gobierno socialista a la hora de legislar es sólo una declaración teórica
de intenciones que luego no se plasma en la práctica legislativa.
No obstante, el Grupo Parlamentario Popular considera que el paso de este proyecto de ley por el Senado ha supuesto la regulación de aspectos muy relevantes para el buen funcionamiento de instituciones importantísimas para nuestra sociedad,
como es la ONCE o la propia financiación de los ayuntamientos. Por ello mi grupo parlamentario llegó en el Senado a importantes acuerdos con los otros grupos que supusieron la incorporación de 18 enmiendas de las 32 que presentó; para nosotros
esto supone todo un éxito por lo que tiene de entendimiento y consenso para mejorar nuestra economía y la de nuestros ciudadanos.
Me gustaría mencionar aquí la enmienda transaccional aprobada en el Senado, que dice textualmente que el Gobierno, en el plazo de seis meses, realizará todas las acciones necesarias para crear un gasóleo profesional con un tipo impositivo
reducido. La creación de un gasóleo profesional fue una de las enmiendas que presentó mi grupo en su tramitación en el Congreso y posteriormente de nuevo en el Senado. El tiempo parece que nos ha dado la razón y finalmente el Gobierno ha llegado a
transaccionar con nosotros esta enmienda. Ya se ha llegado a acuerdos con el sector del transporte y con el pesquero, y parece que tendrán que hacerlo también con el sector agrario. Todos estos sectores están soportando unos costes elevadísimos en
un combustible fundamental para ellos, como es el gasóleo; el aumento que está experimentando en los últimos meses el precio del petróleo está afectando enormemente a estos sectores, con la consiguiente repercusión para el resto de la economía. El
transporte, señorías, es un sector estratégico que constituye un input para otros sectores, por lo que desde el Partido Popular venimos pidiendo en repetidas ocasiones -lo hemos manifestado a través de varias enmiendas presentadas a la Ley de
Presupuestos para el año 2005, apoyando una proposición no de ley de Convergència i Unió en la Comisión de Economía y Hacienda y con la propia enmienda a este proyecto de ley- la creación de ese gasóleo profesional y vamos a estar atentos para que
el Gobierno cumpla ese acuerdo con el sector del transporte para que en el año 2007 gocen de un gasóleo profesional con el tipo reducido que permite, por supuesto, la Unión Europea. En su momento manifestamos que había margen para establecer ese
gasóleo profesional y el tiempo parece que nos ha dado la razón.
Por otro lado, también hemos conseguido en el Senado que se apoyen varias de nuestras enmiendas de carácter técnico que únicamente pretendían mejorar la redacción de las normas, para que los destinatarios de las leyes, es decir, los propios
ciudadanos, puedan entenderlas y aplicarlas, en línea con lo que recomendaba el dictamen del Consejo de Estado sobre este proyecto de ley. Nos hubiera gustado que apoyaran todas las enmiendas que presentamos con esta misma finalidad, que eran las
enmiendas números 2 a 27 y las números 29 y 30, ya que tenían el mismo contenido aclaratorio, pero finalmente hemos conseguido incorporar la enmienda número 2 a la número 16 y estamos satisfechos por ello.
También debo hacer referencia a importantes enmiendas presentadas por nuestro grupo en el Senado y que han sido incorporadas al texto que hoy se nos presenta en el Congreso. Una disposición adicional nueva que hace referencia a una
compensación adicional a favor de las entidades locales por la pérdida de recaudación en el impuesto sobre actividades económicas, que complementaría la que ya estaba establecida en la propia Ley de haciendas locales y que desde mi grupo
consideramos que garantiza el principio de suficiencia financiera de los ayuntamientos, siendo por tanto importante su aprobación. Además, hemos incorporado también dos disposiciones finales nuevas, la relativa a la Organización Nacional de Ciegos,
que presentamos a través de la enmienda número 32 del Grupo Popular y que coincidía con la número 1 del Grupo Socialista, que supone un desahogo financiero para una entidad que realiza una labor social importantísima con los discapacitados y, por
tanto, merece la pena el esfuerzo de apoyo financiero por parte de este Congreso. Por último, hemos introducido también una enmienda que venía a suplir un vacío jurídico que se creó por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
que anuló los valores catastrales de los bienes inmuebles rústicos sitos en la provincia de Córdoba y que, por tanto, ha impedido a este ayuntamiento la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles al no tener la base sobre la que se aplica ese
impuesto. Consideramos importante, garantizando ese principio de suficiencia financiera para el propio Ayuntamiento de Córdoba, aprobar unos valores catastrales que sirvan de soporte a ese impuesto sobre bienes inmuebles.
Por todas estas aportaciones que he mencionado que consideramos de gran interés y que han sido incorporadas a través de estas enmiendas en el Senado, vamos a apoyar la mayor parte de las enmiendas que hoy son objeto de debate; no sin poner
de manifiesto nuevamente y por última vez que no nos parece la forma más adecuada su incorporación a un proyecto de ley que intentaba trasponer unas directivas comunitarias en materia de fiscalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Señor presidente, señorías, hoy no salgo de mi asombro con lo que oigo. He oído desde esta tribuna que la forma no es la adecuada, sin embargo el Grupo Popular introduce algunas enmiendas, como son la de la ONCE -que
no es una enmienda del Grupo Popular, sino que coincide con una enmienda nuestra- o la aclaración de los valores catastrales de Córdoba; es decir, aunque no es la forma las introduce. No puede criticarse la forma en que se hace cuando ellos la
utilizan: presentan enmiendas a la ley y luego critican la forma en cómo se hace.
También tengo que mostrar mi asombro respecto al resto de los grupos, porque hacen exactamente lo mismo. Algunas de estas enmiendas se han presentado conjuntamente
con otros grupos de esta Cámara. Concretamente, con Izquierda Unida se ha presentado la de los valores catastrales del Ayuntamiento de Córdoba, o la modificación del impuesto sobre actividades económicas para la suficiencia de las corporaciones
locales. Se presentó también la modificación, a la que nadie ha hecho referencia, del Banco de España, que venía de la Comisión, que tenía en aquel momento facultad legislativa plena. También me asombra lo que oigo, porque esta ley salió en el
Senado prácticamente con consenso de todos los grupos, de ahí el que se aceptara gran parte de las enmiendas del Grupo Popular, como son las enmiendas técnicas que ahora hay que cuestionarse, porque son enmiendas que no aportan nada al fondo de lo
que se trata y además más que aclarar pueden crear confusión en el futuro.
No obstante, quiero hacer un inciso para decir que, aunque votaremos a favor, se ha cometido un error al redactar y aprobar el texto en el Senado en relación con la enmienda que se refiere a la modificación del impuesto de actividades
económicas de las corporaciones locales.
Concretamente, se trata de un error técnico por cuanto que en la regla 2.3 se dice: reconocida en el artículo anterior, cuando no hay artículo anterior. Debe decir: en este artículo. En la regla 3.1 debe
añadirse el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, que es a la que se refiere.
Se ha dicho en esta tribuna que las modificaciones se introducen en el Senado por la puerta de atrás y que no se les ha permitido discutirlas.
Eso lo han dicho grupos que están representados en el Senado. Luego sí se les ha dado la
oportunidad: han discutido la norma en el Senado y además la han votado a favor. Por consiguiente, no cabe esa crítica porque sí se ha discutido.
Cuando nosotros decíamos en Comisión -y respondo a la portavoz del Grupo Vasco- que no queríamos traspasar los límites de la normativa comunitaria, no nos referíamos al conjunto de la ley, sino a las enmiendas concretas presentadas por el
Grupo de Convergència i Unió sobre la modificación de los límites de los impuestos sobre los biocarburantes y el gasóleo profesional,
que establecía unos tipos totalmente diferentes, muy por debajo del mínimo admisible por la Unión Europea, tipos que nosotros ya teníamos, pero con un plazo para llegar a ellos, plazo que aún no hemos agotado. Por tanto, sería ir contra la
normativa europea y alejarnos aún más del objetivo que queremos alcanzar, que es llegar a ese mínimo del tipo impositivo para los biocarburantes, el gasóleo profesional y, en definitiva, para todo tipo de combustibles.
Lo que más se nos ha criticado es la incorporación de una norma que regula los despachos de abogados, en concreto los abogados que trabajan por cuenta propia en los grandes despachos profesionales, que antes se llamaban pasantes y que ahora
trabajan para ellos. Esa siempre ha sido una situación laboral que no tenía ningún tipo de regulación. Esta norma es la primera que regula la relación de los abogados no socios de los despachos, convirtiéndoles en trabajadores por cuenta ajena.
Se regula una situación especial para que se pueda convertir en normal lo que era absolutamente irregular. Las sanciones que por esta razón establecía la inspección tenían difícil cumplimiento por cuanto esa relación laboral no estaba regulada, no
existía. Es verdad que con esta regulación puede entenderse que, en cierta medida, se condonan esas deudas, pero se regula y en el futuro se tendrá la seguridad jurídica de qué hacer en esa situación anómala que se tenía antes en cuanto a los
abogados que actuaban por cuenta propia en esos grandes despachos, que se convertían en autónomos,. Es cierto que Comisiones Obreras y UGT no participaron en esta negociación, pero no es menos cierto que la representación de los abogados está
recogida en el Consejo General de la Abogacía, que es el órgano que ha tenido la oportunidad de colaborar con el Grupo Socialista para regular esta materia.
En definitiva, señorías, creo que esta ley, al pasar por el Senado -ya ha sido señalado por algunos portavoces- mejora en algunos aspectos muchos errores o deficiencias que tuvimos en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, no
introduciendo algunos aspectos que era necesario regular y, como ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, garantiza la suficiencia financiera de las corporaciones locales en aquellos temas en los que no estaba garantizada.
También hemos introducido algunas modificaciones, concretamente en lo relativo al Banco de España, obligados también por la normativa europea.
Desde luego, nuestro grupo va a apoyar aquellas enmiendas introducidas en el Senado presentadas
por nosotros y va a insistir en la negociación con los grupos parlamentarios para que pueda entenderse y aprobarse esta ley con el amplio consenso que salió del Senado, intentando convencer a los grupos parlamentarios para que aquellas enmiendas
imposibles de incorporar por cuanto, como ya he dicho, alteran los límites de la fiscalidad que permite la normativa europea en el tema del gasóleo, podamos al final atenderlas.
En cuanto al gasóleo profesional parece que tengamos, en todas las comisiones y en todas las normativas aprobadas y en todos los acuerdos adoptados, un diálogo de sordos. Porque, señora Madrazo, no me diga que en todas las comisiones de
Economía donde se ha discutido la implantación de un gasóleo profesional hemos llegado a un consenso, a un acuerdo y ha habido un mandato, como ustedes pretendían, taxativo y limitado en el tiempo de exigirle al Gobierno la implantación de ese
gasóleo profesional. Se ha llegado a un consenso para que se hagan los estudios necesarios para su puesta en servicio, pero no un mandato taxativo aprovechado por la mayoría que ustedes tienen en el Senado. Volvamos al consenso conseguido en las
comisiones correspondientes. Ese es nuestro espíritu y eso es lo que vamos a defender.
Señorías, señor presidente, muchas gracias. (Aplausos.)
-PROYECTO DE LEY DE REFORMAS PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000027.)
-PROYECTO DE LEY DE REFORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000028.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo al proyecto de ley sobre productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y resto del título que figura en el orden del día, procedemos a
debatir conjuntamente los puntos 3 y 4: proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad y proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.
Advierto que dos grupos parlamentarios me señalan que
dispondrán de dos oradores.
Tiene la palabra por Coalición Canaria-Nueva Canarias el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Las enmiendas que llegan del Senado a estos dos proyectos de ley, el primero referido al impulso a la productividad y el segundo, correlacionado con este, en materia tributaria para el impulso a la productividad,
mueven a mi grupo parlamentario a la siguiente posición con respecto a estas enmiendas que llegan de la Cámara Alta. Aunque quedó aclarada por los servicios de la Cámara nuestra observación y crítica relativa a que en el anterior proyecto llegaba
una enmienda que suprimía nada más y nada menos que el propio preámbulo del proyecto de ley en el sentido de que era un defecto de la comunicación del Senado y que eso no figura como tal enmienda en el anterior proyecto de ley, en la información de
que dispone este diputado en este momento en cuanto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, vemos que aparece una enmienda que
suprime el preámbulo del proyecto de ley. No he recibido ningún escrito de rectificación por parte del Senado sobre que esta enmienda no exista.
Como tenemos la publicación de que la enmienda existe, mi grupo votará en contra de esta
enmienda, porque nos parece un auténtico dislate de doctrina legislativa dejar un proyecto de ley sin la exposición de motivos o sin el preámbulo, ya que, vuelvo a utilizar los argumentos anteriores, el lector y el analista de todo proceso legal no
encontraría cuál fue el ánimo del legislador, cuál fue el espíritu legislativo que llevó a la redacción de los textos ya articulados, que vienen a continuación de todo preámbulo o exposición de motivos de un proyecto de ley. No serían inteligibles
los motivos que tuvo el legislador para dictar la norma en los términos en que se aprueba su texto articulado.
Nuestro grupo, señor presidente, va a votar en contra de la inmensa mayoría de las enmiendas que llegan del Senado, excepto a tres a las que votaremos favorablemente, que son las enmiendas dirigidas al artículo decimonoveno en cuanto se hace
una ordenación del mercado de tabaco y normativa tributaria. En estos puntos y en todo lo que se refiere concretamente a la cuestión de impuestos al tabaco o normativas tributarias correspondientes mi grupo quiere hacer la salvedad de que esta
norma no es aplicable al archipiélago canario, a la Comunidad Autónoma de Canarias, porque en sus competencias estatutarias y en el reconocimiento de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias la tributación al tabaco no es competencia de la
Administración General del Estado, sino de la Comunidad Autónoma de Canarias, por tanto en la norma legislativa al amparo de su norma constitucional y estatutaria del Parlamento autónomo de Canarias. Por consiguiente, esta ordenación del mercado de
tabaco rige en el territorio del antiguo monopolio de Tabacalera de la Península y Baleares, pero no en los territorios de Ceuta y Melilla ni de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, vamos a votar favorablemente estas enmiendas, con este
condicionamiento.
Igualmente quiero hacer esta salvedad de la competencia estatutaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla en el artículo vigésimo primero, que también se refiere a la ordenación del mercado de tabaco.
Votaremos
que no al resto de enmiendas, cualquiera que sea su alcance de técnica de perfeccionamiento o de introducción de otras normativas que no son propias de esta actualización presupuestaria ni del impulso a la productividad y fiscal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señor Pérez, su turno por favor.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el momento de la tramitación en el Congreso de estas dos leyes ya dijimos, y vamos a repetir hoy, que no era una metodología que nos agradara la de las leyes multitemáticas donde todo cabe. También dijimos que muchas de las
medidas de esta ley no tenían nada que ver con la productividad o con la competitividad, y que tenían más que ver con medidas liberalizadoras de ciertos sectores o subsectores de nuestra economía. No estábamos pues contentos con estas leyes, no lo
estamos, pero, viendo lo que nos devuelve el Senado, ciertamente no podemos sino pedir asilo al Gobierno. Es cierto que la ley daba pistas y que lo que ha hecho el Senado evidentemente es adentrarse por esas pistas para intentar una pirueta y
decirnos que mejorar la productividad consiste en incluir demandas particulares o de empresas vinculadas al mercado de valores. Es obvio que cuestiones como la regulación expropiatoria para nuevas instalaciones de residuos nucleares -es una
pretensión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- no ha llamado la atención de la Cámara Alta. Debemos señalar con cierta satisfacción las mejoras introducidas en el sector del tabaco, y hasta ahí es donde llegan nuestras satisfacciones. Más
allá la derecha en el Senado ha desfigurado la ley haciéndola aún más un cajón de sastre. En cualquier caso, esta ley, que desde luego no era ni es el instrumento del cambio en la economía española porque es dispersa, insuficiente y posiblemente
porque tampoco lo pretendía, no mejora con defensas corporativas ni con liberalizaciones sin criterio como las que han impulsado los grupos de la derecha en el Senado. Nuestro grupo votará para recuperar el texto que enviamos al Senado, defendiendo
las enmiendas al artículo decimonoveno en sus puntos cuatro y cinco y a la disposición transitoria quinta, que hacen referencia precisamente al sector de la distribución del tabaco.
En lo que se refiere a las medidas en materia tributaria, el objeto de la ley declaraba que era el establecimiento de incentivos fiscales en sectores como la vivienda, las pymes, textil, correos y mercados financieros. Sinceramente no hemos
creído ni creemos que la fiscalidad haya sido un obstáculo para la actividad fundamental de estos sectores.
Nosotros hubiéramos preferido un debate a fondo, un debate de estrategia, no de retoques fiscales que además solo merman la ya débil
capacidad fiscal española. Así, si la ley abre el mercado inmobiliario a nuevas instituciones de inversión colectiva, y nosotros no dijimos que no, no nos negamos de una manera taxativa, la derecha lo aprovecha para avanzar en mayores ventajas
fiscales para los promotores, que además ofrecen peores productos. Lo que hacen las enmiendas es convertir esta ley en una fiesta desfiscalizadora, ampliando materias deducibles o creando tipos reducidos en el impuesto de sociedades. Cuestiones
como la desgravación de consultorías o de asesorías benefician a empresas de servicios, pero no a las pequeñas empresas que están en el tejido productivo directo. En definitiva, insistimos en que no es la fiscalidad la herramienta que estos
sectores necesitan. Las enmiendas que ha introducido el Senado no ayudan en el sentido que pretendía la ley y desde luego se oponen a lo que debe ser una ley de
estas características. Por tanto votaremos en contra de las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
En relación con los proyectos de ley de productividad que vienen del Senado, como saben, nuestro grupo estaba en contra. Unas leyes dirigidas a la productividad no tendrían que ser unos cajones de sastre que incluyeran un montón de medidas
de dudosa eficacia para luchar a favor de la productividad. Dicho esto, es verdad que cuando estos proyectos pasaron por el Congreso de los Diputados presentamos cinco enmiendas, cuatro de las cuales fueron aceptadas por el Grupo Socialista y una
de ellas transaccionada. En ese sentido, nuestro grupo estaba conforme con la actuación que en ese momento tuvo el Grupo Socialista; dimos el visto bueno, dijimos que sí a estos proyectos de ley. Hoy estos proyectos vienen del Senado
completamente desfigurados, completamente deshechos; han quedado prácticamente sin sentido, por lo que nosotros vamos votar con los grupos que apoyen volverlos a la situación inicial. Nuestro grupo presenta una enmienda al proyecto de ley de
reformas en materia tributaria, que vamos a seguir defendiendo, y por supuesto votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Coincidimos con algunos de los que nos han precedido en el uso de la palabra. La mayoría de enmiendas que vienen del Senado cambian bastante los dos proyectos, por tanto vamos a votar en contra, excepto en el caso de tres enmiendas que
mantienen la línea que defendíamos en el paso de estos proyectos de ley por el Congreso de los Diputados. Una de estas enmiendas se refiere al artículo vigésimo quinto bis y facilita la aplicación de las deducciones en I+D, lo que coincide con
nuestra línea programática por lo que vamos a votarla favorablemente. Otra enmienda que viene del Senado y que vamos a votar a favor es la enmienda al artículo 207, de implantación obligatoria de sistemas telemáticos. Esta enmienda que viene del
Senado coincide plenamente con la que defendimos en su momento en el trámite en el propio Congreso de los Diputados y, como digo, la vamos a votar favorablemente. En cuanto al impulso a la productividad en materia tributaria, vamos a votar a favor
del artículo 54.2, porque mantiene la línea del trámite en el Congreso de los Diputados y coincide con nuestra posición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, nuestro grupo ha incorporado en la tramitación de estas dos leyes en el Senado una serie de enmiendas que complementan y consolidan todos aquellos
aspectos orientados a impulsar las acciones destinadas a incrementar materias como la investigación, el desarrollo y la innovación; a modificar algunas cuestiones que hacen referencia a la tributación de las pymes y de las microempresas con
relación al impuesto sobre sociedades y al mismo tiempo a realizar algunas modificaciones especiales en cuestiones que afectan a la Ley del Mercado de Valores y a todas aquellas adaptaciones de la Ley de instituciones de inversión colectiva. Por
este motivo nosotros lógicamente vamos a apoyar las enmiendas que hemos incorporado en el Senado respecto a la Ley de reformas para el impulso de la productividad y que están relacionadas con aspectos que tienen que ver con el impuesto de
sociedades, tales como vincular las concesiones de ayudas públicas destinadas a actividades de I+D+i con la aplicación de deducciones en el impuesto sobre sociedades.
Concretamente esta hace referencia al artículo vigésimo quinto bis nuevo.
También cabe resaltar aquellas cuestiones relativas al nuevo título III, artículos trigésimo quinto bis y trigésimo quinto ter, correspondientes a la modificación de la Ley del Mercado de Valores para posibilitar que la Sicav o sus sociedades
gestoras puedan llevar un registro de anotaciones en cuenta y al mismo tiempo adaptaciones a las instituciones de inversión colectiva con la ampliación de la regulación de compartimentos en sociedades de las mencionadas sociedades. Asimismo, hay
algún aspecto relevante a nuestro entender como la limitación de costes de exclusión de cotización en Bolsa de valores de acciones en las sociedades de inversión colectivas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Con relación a aquellos aspectos relativos a las modificaciones de las reformas en materia tributaria para el impuesto de la productividad, que sería el otro proyecto de ley, cabría resaltar los que permiten la compatibilidad en el impuesto
sobre sociedades de la aplicación de la libertad de amortización de elementos del inmovilizado material e inmaterial a efectos de actividades de investigación y de la aplicación de la deducción por actividades de investigación, desarrollo e
innovación tecnológicos, permitiendo o previendo al mismo tiempo la libertad de amortización de los gastos de innovación activados como inmovilizado inmaterial. En este aspecto también hemos conseguido incrementar de 6.000 a 9.000 euros la
deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos. Entendemos que este es un aspecto relevante que demuestra la sensibilidad más que probada
de nuestro grupo hacia estos sectores de trabajadores. Al mismo tiempo hemos conseguido implementar las reducciones de los tipos de sociedades en las que nosotros ya en su momento anunciamos que presentaríamos, y así lo hemos hecho, una
proposición de ley relativa a la modificación del impuesto sobre sociedades para posibilitar la asimilación del tipo impositivo de dicho impuesto que existe en la mayoría de países de la Unión Europea al efecto de que nuestro impuesto sobre
sociedades continúe siendo competitivo. Asimismo, y desde esta perspectiva, hemos conseguido incorporar la modificación de dicho gravamen para que pueda ser rebajado del 35 al 30 por ciento, del 30 al 25 por ciento y del 25 al 20 por ciento. Desde
este punto de vista también hemos modificado y hemos hecho más competitivas todas aquellas tributaciones relativas a las sociedades de inversión inmobiliaria y a los fondos de inversión que tienen por objeto la inversión en cualquier tipo de
inmueble urbano para su arrendamiento, planteando en este contexto que la fiscalidad que existe en la mayoría de países de la Unión Europea en los aspectos relacionados con la fiscalidad inmobiliaria pueda asimilarse también a la legislación
española. También hemos conseguido que todas aquellas tributaciones de las sociedades de inversión inmobiliaria y de fondos de inversión inmobiliaria que tienen por objeto la promoción de viviendas para destinarlas al arrendamiento, de este modo,
puedan hacer efectivos todos los planteamientos que desde nuestro grupo parlamentario hemos venido haciendo desde el inicio de esta legislatura con el fin de estimular a las familias españolas y a nuestros jóvenes no a comprar inmuebles, sino a
arrendar inmuebles, y así, digamos, no agravar su economía familiar.
Hemos incorporado también, coincidiendo en ello con otros grupos parlamentarios, que las tributaciones de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas pudieran ser
asimiladas en mayor medida a todas las normas fiscales vigentes en la mayoría de países de la Unión Europea, para poder hacer esta regulación más efectiva y más moderna.
Finalmente, hay otro aspecto que afortunadamente no se ha modificado en el Senado. En el Congreso de los Diputados nosotros conseguimos introducir una enmienda transaccional -fue aprobada por la mayoría de los grupos de esta Cámara- que
supuso la puesta en marcha de una regulación más moderna en todos aquellos aspectos que puedan afectar a determinados incumplimientos relativos a las instituciones de inversión colectiva, como la Sicav. La enmienda transaccionada por nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió y aprobada por la mayoría de los grupos de la Cámara dará a partir de ahora más seguridad jurídica a los millones de ahorradores que están orientando sus ahorros a través de las instituciones de inversión
colectiva. Esto afortunadamente no se ha modificado en el Senado, por lo que saldrá adelante en este trámite parlamentario, y nosotros nos congratulamos por ello.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Popular. Comenzamos con el turno del señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario apoyará en esta Cámara las enmiendas al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad aprobadas por el Senado en su sesión del pasado 20 de
octubre. El Grupo Parlamentario Popular presentó en esta Cámara en su día una enmienda de totalidad, por entender que esta iniciativa legislativa incardinada en el tan cacareado como ineficaz plan de dinamización de la economía española solo
pretendía, como el propio plan del que formaba parte, encubrir la parálisis e inacción del Gobierno en materia económica, su incapacidad para afrontar las verdaderas reformas estructurales que España necesita, tanto en materia fiscal como laboral,
como para la apertura de todos los sectores a una mayor competencia. Comprenderán, señorías, que un proyecto cuyos contenidos básicos son actualizar el régimen retributivo de la Comisión Nacional de la Energía, hacer pequeños retoques en materia de
energías renovables, crear un nuevo monopolio para gestionar los residuos radiactivos, reducir los plazos de las concesiones administrativas de las expendedurías de tabaco, ampliar el radio de actuación de las empresas funerarias y modificar el
régimen jurídico de nuestro sistema registral no parece que tenga masa crítica suficiente para corregir los grandes desequilibrios de la economía española, una inflación descontrolada, una pérdida de competitividad de nuestras empresas en todos los
mercados que nos lleva a un déficit exterior inasumible y un ahorro nacional inexistente.
Pese a esa insuficiencia normativa, nos felicitamos por el hecho de que la Cámara Alta haya introducido mejoras en el proyecto gracias a las aportaciones de todos los grupos. En primer lugar, nuestro grupo apoya las enmiendas
transaccionales al artículo décimo noveno del proyecto, que solucionan los problemas de renovación de las concesiones de expendedurías y de sus procedimientos de aprovisionamiento. Apoyamos igualmente las enmiendas formuladas por el Grupo
Socialista a los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del proyecto, que introducen mejoras técnicas en los artículos 107.3 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y en los artículos 222 y 238 de la Ley Hipotecaria, y esperamos que el Grupo
Socialista mantenga su apoyo igualmente en esta Cámara a estas enmiendas. Nuestro grupo apoyó en el Senado, y seguimos apoyando en esta Cámara, las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado, que
introdujeron mejoras en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, así como las que modifican el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades para mejorar la aplicación de deducciones en el marco de las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Obviamente, nuestro grupo parlamentario reitera su apoyo al grupo de nuestras enmiendas al
capítulo II del proyecto de ley relativo eufemísticamente a la fe pública, aunque se trate de simples modificaciones en materia registral; enmiendas que entre otros objetivos perseguían que la función calificadora no se devaluara en aras de la
mayor seguridad en el tráfico jurídico y que en materia de recursos contra la calificación registral se garantizase la seguridad en el tráfico jurídico evitando la supresión de trámites, como la transcripción de facultades contenidas en los
documentos acreditativos de la representación en las escrituras públicas y el juicio de suficiencia notarial debidamente motivado a tal efecto. Por todo lo anterior, nuestro grupo votará favorablemente las enmiendas introducidas por el Senado en el
proyecto de ley de medidas para el impulso de la productividad.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Arias Cañete.
Continúa su grupo parlamentario. Esta vez será el señor Utrera. Adelante.
El señor UTRERA MORA: Señora presidenta, en relación con el proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, en el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el Senado ha hecho un buen trabajo con este
proyecto de ley. A este respecto permítanme recordarles la argumentación principal que yo utilizaba hace unos meses cuando debatíamos aquí, en el Pleno del Congreso, las enmiendas a este proyecto de ley, que apuntaba, primero, que el título era
engañoso, puesto que no se correspondían los contenidos con este noble objetivo de mejorar la productividad del sistema y, por tanto, la competitividad de la economía española y que, al mismo tiempo, eran cortas y manifiestamente insuficiente las
cuatro o cinco líneas de acción que en ese proyecto se encontraban, precisamente por esa desconexión con la ambición del objetivo apuntado. Esa desconexión se ha solventado en el Senado mediante las enmiendas que nosotros presentamos en el Congreso
y que en el Senado han sido incorporadas, lo que permiten una mejora de competitividad de la empresa española y, por tanto, de la productividad general del sistema en lo que a materia tributaria se refiere. He de recordar muy brevemente que en el
Senado se ha incluido una línea de acción largamente querida por nuestro grupo como es la modificación a la baja de los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades, del 35 al 30 por ciento, creando además dos tipos especiales para la mediana
empresa del 25 y para la microempresa, con volúmenes muy reducidos de facturación, del 20 por ciento. Asimismo, se incorpora la libertad de amortización para las inversiones realizadas en este año 2005 y para el próximo año 2006, así como la
eliminación plena de la doble imposición de dividendos, la doble imposición interna, sobre todo en el caso de que la empresa perceptora de los dividendos no sea dominante en el capital social de la empresa que los genera. Se mejoran las deducciones
por inversión en I+D+i, se establecen deducciones por creación de empleo a favor de minusválidos, se actualiza la adquisición de vivienda habitual en el impuesto sobre la renta, se instruye al Gobierno para que revise las tablas de amortización en
el impuesto sobre sociedades que se han quedado anticuadas, así como se establece la posibilidad de que las microempresas, aquellas que se beneficiarían del tipo más reducido del impuesto sobre sociedades del 20 por ciento, puedan llevar su
contabilidad mediante un sistema simplificado. Todas estas medidas dan consistencia a un proyecto de ley que pretende la productividad y la competitividad, y se consigue por lo menos que el título no resulte engañoso. Por tanto, nos felicitamos
por el trabajo que ha hecho el Senado y manifestamos nuestro apoyo al texto tal como viene de allí porque ha incorporado las enmiendas que el grupo defendía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Utrera.
Continuamos con el turno del Grupo Socialista. En primer lugar, tiene la palabra la señora Mendizábal. Adelante.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: El trámite parlamentario sobre el proyecto de ley de impulso a la productividad que estamos celebrando en estos momentos, que normalmente es para la aprobación o no de las enmiendas incorporadas por el
Senado a las leyes que se envían desde el Congreso, se está convirtiendo actualmente en un trámite que podríamos denominar pintoresco, porque estamos en una situación en la que nos vemos obligados a dar respuesta a una estrategia que consiste en
suprimir en el trámite del Senado el articulado de la ley presentada a través de múltiples enmiendas de supresión. Las enmiendas de supresión son válidas en sí porque pueden contribuir a mejorar un texto, pero cuando su presentación se hace de
manera global y generalizada está claro que no responden más que a la obstrucción, por tanto se puede calificar de un cierto filibusterismo parlamentario. Estamos, por tanto, en un trámite en el que lejos de debatir sobre posibles mejoras
introducidas en el Senado a mi grupo parlamentario no le queda más que proponer la reposición del texto que en su día salió de este Congreso, votando en contra de todas las enmiendas de supresión. Estas enmiendas, como digo, lo único que han
pretendido ha sido desvirtuar el texto, un texto que por cierto fue ampliamente debatido, negociado y consensuado en esta Cámara, tanto en su trámite de Comisión, en el que fueron admitidas múltiples enmiendas de todos los grupos parlamentarios,
como en el Pleno, donde se ofrecieron
diversas transaccionales; negociación que también ha seguido en el Senado, planteándose por mi grupo una serie de enmiendas transaccionales que fueron aprobadas por unanimidad. Me estoy refiriendo a la enmienda al artículo decimonoveno,
sobre el apartado cuarto del artículo 4, de la Ley 13/1998, de ordenación del mercado de tabaco y normativa tributaria, por la que se introduce una modificación en materia de concesión de expendedurías; así como a la presentada al párrafo segundo
del apartado cinco del mismo artículo 4, que incorpora una precisión en materia de precios de abastecimiento; y finalmente la presentada al artículo vigésimo primero, que incorpora una modificación en el párrafo cuarto de la disposición transitoria
de la misma Ley de ordenación del mercado de tabacos. A todas estas enmiendas transaccionales mi grupo votará a favor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Mendizábal.
Continuamos con el señor Torres. Adelante.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
También intervendré con brevedad, porque esta misma presentación y este mismo debate han sido ya efectuados en esta Cámara. Por tanto tengo que volver a insistir en que la reforma tributaria que en este caso se lleva para el impulso de la
productividad es oportuna, aborda temas tan importantes como la limitación de las tasas aplicables por actuación en los mercados de valores, estimula la oferta de alquiler de viviendas, intensifica los apoyos al uso de tecnologías de la información
y la comunicación en las pymes y algunos otros temas vinculados al impuesto de sociedades y a deducción por investigación, desarrollo e innovación. Por tanto estamos claramente ante una ley que impulsa la productividad. Que estemos dentro de un
plan de dinamización en el que haya bastantes más medidas y leyes en marcha no quiere decir que esta ley, cuya convalidación pedimos ahora, no sea oportuna. Quisiera insistir sobre todo en el ámbito de las sociedades dedicadas al alquiler. Se crea
un nuevo tipo de institución de inversión colectiva de carácter inmobiliario que podrá desarrollar la actividad de promoción inmobiliaria de viviendas para destinarlas al arrendamiento con el tipo de gravamen del 1 por ciento. Al mismo tiempo se
modifica el régimen especial de viviendas dedicadas al arrendamiento para estimular la realización de esta actividad y se eliminan algunas restricciones que impedían el correcto funcionamiento de este régimen especial. Se mantiene únicamente la
bonificación del 85 por ciento de la cuota íntegra para las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas. Quisiera pararme brevemente aquí, porque sobre todo el diputado portavoz del Grupo Popular ha querido señalar que no tiene ningún tipo de
valor. En España tenemos un problema cuantitativo de oferta muy serio, y es que el porcentaje de viviendas en alquiler ofertado es muy exiguo, apenas el 11 por ciento. Esto se corresponde con un parque atomizado, donde el segmento minorista o
particular es mayoritario, con una antigüedad elevada y donde no existe industria profesional desarrollada para ofertar viviendas en alquiler, lo que conlleva a que el nivel de precios de alquiler, si lo comparamos en su relación calidad-precio, sea
elevado, aunque su rentabilidad monetaria todavía sea inferior a la opción de compra. Entendemos que la discriminación fiscal positiva que nosotros ahora presentamos al productor de vivienda en alquiler va a tener un efecto importante sobre este
mercado, a modo de imitación, como ocurre en otros países con mercados de alquiler profundos como Holanda y Alemania. Quiero recordarle que el PP fracasó en este intento cuando en el año 2004 trató de modificar el régimen de las sociedades que se
dedicaban al alquiler. En aquel entonces puso tal cantidad de trabas a este tipo de sociedades -pensó solo en sociedades patrimoniales- que no resultó efectivo. Tenemos el dato de que apenas 83 sociedades en todo el Estado, de acuerdo con la
liquidación del impuesto de 2003, se acogieron a este sistema. Por tanto, el Partido Popular lo intentó, lo hizo mal y no lo consiguió. Nosotros, ahora, con esta normativa hemos hecho un esfuerzo para que se puedan acoger a este régimen no
solamente las grandes promotoras, las que tienen medios, sino también las pequeñas y medianas empresas ya que no hay ningún problema en que el número de viviendas que se pongan en alquiler sea a partir de 10 viviendas. Estoy seguro que resultará un
éxito que fomentará el alquiler, necesario para la movilidad de los trabajadores, para la movilidad de todo el mundo, elemento imprescindible en la productividad. No sé cómo puede afirmar que esto no tiene nada que ver con la productividad. Bueno,
sí lo sé: lo afirma desde su interés partidario.
Hemos abordado un montón de cuestiones pequeñas pero que se suman a esa mejora necesaria en la productividad. A título de citación, la exención prevista para los servicios públicos postales que da lugar a que servicios idénticos prestados
por operadores privados queden excluidos de dicha exención. Para corregir dicha asimetría se limita la exención a partir del 1 de enero de 2006. Por ejemplo, hemos actuado también en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados ampliando la exención y la bonificación prevista para entidades dedicadas a la promoción de inmuebles para su arrendamiento. Por fin también, sin ánimo de ser exhaustivo, se modifica la deducción por actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica a los muestrarios textiles y del calzado. No me diga que no tiene una gran importancia, aunque queda mucho por hacer, que a estos sectores que están afectados como sectores manufactureros de una manera profunda
por una crisis, dada la dificultad que tienen de competir por la gran cantidad de mano de obra que requiere sus productos, se les permita que sus muestrarios, tanto textiles como del calzado, tengan una deducción como I+D. Al mismo tiempo, se
incrementa notablemente la deducción
en nuevas tecnologías en el ámbito de las pymes, un 50 por ciento. El porcentaje de deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación pasa del 10 al 15 por ciento. Creo que son cuestiones que afectan
directamente a las empresas y mejoran su posición dentro, lógicamente, de un plan global; nadie puede pensar que aquí están contenidas las medidas suficientes en esta lucha que todos tenemos para aumentar la productividad de las empresas, pero
negarlo, como ha hecho el Partido Popular, me parece que no se ajusta a un rigor ni a un criterio objetivo.
Por último, en las enmiendas que vamos a rechazar del Senado han colocado todo su ideario, que es desfiscalizar la mayor parte de las cuestiones, tanto de sociedades como de IVA, etcétera, y creo que eso debe de ser objeto de una regulación
y de un análisis profundo. Prácticamente han planteado la reforma fiscal en estas enmiendas. Entiendo que eso no es posible ni es el procedimiento y, por tanto, creo que se van a rechazar con justicia, porque sí vamos a analizar el cambio en el
impuesto sobre sociedades, la rebaja de los tipos, también si las amortizaciones, las tablas, son adecuadas o no. Claro que somos sensibles, pero a lo que no lo somos es a meter un mogollón de enmiendas sin posibilidad de debate ni de previsión de
los costes de recaudación que tendrían esas medidas. En consecuencia, vamos a rechazar las enmiendas que vienen del Senado y vamos a recordar que este es un paso pequeño pero importante para la mejora de la productividad de nuestras empresas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres.
-PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO Y SUS SOCIEDADES GESTORAS. (Número de expediente 121/000029.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, damos por finalizados los puntos 3 y 4 del orden del día de hoy, que hemos debatido conjuntamente, y pasamos al punto 5, que es el proyecto de ley reguladora de las entidades de
capital-riesgo y sus sociedades gestoras.
Comenzamos con la fijación de posiciones y, dadas las circunstancias, comenzaríamos con el señor Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. Adelante, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo tiene la impresión creciente de que el llamado capital-riesgo es un recurso fundamentalmente de capital extranjero que se está desnaturalizando respecto a lo que era
su función original. Son cada vez más las operaciones que utilizan este capital para aprovechar su fiscalidad y como un instrumento más de ingeniería financiera, no tanto para favorecer su desarrollo sino para incrementar su valor y obtener
plusvalías. Tenemos la impresión de que las enmiendas que proceden del Senado se incorporan precisamente a este tipo de desnaturalización del capital-riesgo. En una palabra, lo que viene a proponer el Senado es aumentar los beneficios fiscales y
alentar la especulación de los inmovilizados de las empresas.
El crecimiento de capital-riesgo no se está produciendo por la voluntad de los inversores y sus sociedades gestoras de apoyar el nacimiento de eso que en la exposición de motivos de la ley se llama, y nosotros desconocemos el significado, la
vibrante cultura empresarial, sino para fundamentalmente compensar la baja rentabilidad de otro tipo de inversiones, como es el caso de la Bolsa. Se habla de capital-riesgo para Repsol, pero eso es para que las compañías aéreas europeas obtengan
plusvalías saliendo de Amadeus, o para que antiguos responsables de Recoletos vuelvan a adquirir el control de la compañía. Y lo que nos dice el Senado es que además se pretende que los beneficios fiscales se apliquen a estos directivos, o se hace
una definición laxa de lo que son agentes no vinculados, lo que permite acrecentar este carácter de operación financiera antes que productiva. Sin embargo, en los recursos para proyectos entre uno y diez millones de euros, es decir, para la pequeña
y la mediana empresa, no aparece sencillamente el dinero. Los datos disponibles son altamente ilustrativos: en 2004 el capital-riesgo creció un 43 por ciento, pero más del 60 por ciento son adquisiciones por parte de grandes grupos financieros.
Nosotros creemos que la ley es buena porque permite resolver tramitaciones administrativas lentas y complejas, porque se articulan nuevos coeficientes de inversión, es decir, clarifica y da mayor operatividad y mayor eficacia al
capital-riesgo, pero desde luego no se dirige a la mayor parte del tejido empresarial, a esas pequeñas y medianas empresas que precisamente requieren de estos recursos.
Porque pensamos que las enmiendas del Senado lo que vienen a hacer es incrementar los beneficios fiscales a los directivos de esas empresas que hacen este tipo de operaciones y que se favorece menos la economía y más esas operaciones
financieras, es por lo que no nos podemos sumar a este tipo de enmiendas y por lo que las rechazaremos en la votación.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Continuamos con el señor Azpiazu, en nombre del Grupo Vasco. (Pausa.) Bien, ¿señor Román? (Pausa.) Señor Sánchez i Llibre, en nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, en el trámite en el Senado del proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, ha intentado hacer un esfuerzo de imaginación. Es posible
que las dos o tres cuestiones básicas que nuestro grupo ha incorporado en el Senado hubieran tenido que pasar por el trámite parlamentario transparente que se necesita para unas iniciativas del calado de las que hemos incorporado en el Senado con el
apoyo de otros grupos parlamentarios, pero sí han servido para tomar el pulso a diferentes sectores y grupos políticos y, en el caso de que estas iniciativas que voy a explicar inmediatamente no prosperaran en este trámite parlamentario, ya les
anunciamos que presentaríamos otras iniciativas legislativas, como proposiciones de ley o proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que en un futuro inmediato tuviera en cuenta nuevos mecanismos legislativos y jurídicos que pudieran dar más
solvencia y agilidad a las entidades de capital-riesgo y a las sociedades gestoras, dos figuras que ya existen en España pero que están poco extendidas en nuestro mundo económico. Quizás existe un cierto desconocimiento, quizás los mecanismos
jurídicos actuales no les dispensan la solvencia que puedan tener en otros países de la Unión Europea, me refiero a los posibles beneficios que se puedan aplicar desde la perspectiva de los MBO o, como se dice en la práctica de los negocios,
management buyout, que no son más que aquellas operaciones que se producen en nuestro sistema económico de compra de todo o parte del capital de una empresa por parte de su equipo directivo. Son una serie de compras que se producen por parte de los
diferentes directivos de empresas sujetas a procesos de reconversión o de desinversiones corporativas que, en el caso de que no fueran adquiridas por sus ejecutivos o por sus equipos directivos, estas compañías estarían abocadas a una disolución
inmediata, lo que comportaría una serie de perjuicios laborales dentro de la sociedad y entre los agentes económicos y sociales del mundo económico en cuestión. Son cuestiones que hemos intentado incorporar en el Senado para mandatar al Gobierno
que emita un informe sobre la posibilidad de incorporar beneficios fiscales para que este tipo de operaciones o mecanismos jurídicos societarios puedan tener más profundidad en nuestro sistema económico. No deja de ser un mandato al Gobierno. Creo
que sería interesante conocer, desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Hacienda, cuáles han sido las operaciones que se han extendido en España, que ciertamente son pocas, y cuál es la tendencia que existe en los países de la Unión Europea
o en otros ámbitos internacionales, como Estados Unidos y Canadá, países donde estos procedimientos han calado profundamente en sus sistemas económicos.
También hay otra enmienda que hemos incorporado y que entendemos que sería de una importancia vital para todos aquellos futuros emprendedores que sin unos recursos financieros importantes o sin los avales correspondientes, que normalmente
proceden de sus familias o de sus pocas pertenencias inmobiliarias, por la edad no disponen de un patrimonio suficiente para poder emprender negocios de cierta envergadura, como es la figura que hemos incorporado en el Senado, los business angels.
Son unas sociedades que en determinados países de la Unión Europea tienen una importancia vital y que también han tenido un gran desarrollo jurídico y fiscal en países como Estados Unidos o Canadá, y entendemos que, si en España estamos fomentando
la cultura del emprendedor e impulsando todas aquellas iniciativas dirigidas a la economía productiva, pero básicamente orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, tendríamos también que recoger todos aquellos aspectos positivos
que han tenido grandes rendimientos empresariales y han fomentado la cultura del emprendedor en países vecinos por la aplicación de leyes modernas con beneficios fiscales importantes para los emprendedores que se puedan incorporar o emprender sus
negocios dentro de lo que hemos denominado business angels. Son procedimientos, son mecanismos y son sociedades que afortunadamente funcionan en nuestro entorno y que nosotros hemos intentado tramitar en el Senado con un éxito evidente, ya que han
prosperado porque han merecido el apoyo de otros grupos parlamentarios, y entendemos que en el Congreso también sería interesante que diéramos luz verde a este tipo de iniciativas, que no dejarían de tener un calado importante para todo este
segmento tan significativo como son los jóvenes emprendedores y los emprendedores en general que puedan iniciar sus actividades en el mundo empresarial.
Muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para fijar posición tiene la palabra en su nombre el señor Folgado.
El señor FOLGADO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Comparezco, señorías, para defender las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, y me refiero tanto a las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Popular
-algunas consensuadas con el Grupo de Convergència i Unió- como a las presentadas por este grupo, que acaban de ser defendidas y que nosotros también apoyamos. La aprobación por esta Cámara de dichas modificaciones respaldadas en el Senado por
amplia mayoría no solo haría honor a la voluntad de dicha Cámara respetando la decisión democrática de dicha institución representativa del pueblo español, sino que también esta ley se verá claramente enriquecida. Dejo a un lado, señorías, la
modificación técnica bastante evidente del artículo 23 y me centro muy brevemente en las otras cuatro enmiendas.
En cuanto al artículo 33, relativo al patrimonio de los fondos de capital-riesgo, el apartado 4.º afirma que el patrimonio de los fondos de capital-riesgo estará dividido en participaciones de iguales características que conferirán a su
titular un derecho de propiedad sobre el mismo. La modificación aprobada en el Senado consiste en eliminar la exigencia de que las participaciones de los fondos de capital-riesgo tengan que ser de las mismas características. Quitar esta
restricción significa eliminar recelos absurdos y dar mayor facilidad para articular formas de inversión en dichos fondos que sean financieramente eficientes para sus promotores. Esta es una buena práctica del capital-riesgo adoptada por los países
que cuentan con un marco regulatorio más favorable para el mismo. El Senado ha añadido también una disposición transitoria nueva, la número dos, con la finalidad de evitar la aplicación del principio de retroactividad en algunas modificaciones
fiscales no favorables y ser además congruentes con el principio de seguridad jurídica. Igualmente importantes resultan las enmiendas aprobadas en el Senado que afectan a la disposición final primera, apartados 1.º y 6.º En cuanto al apartado 1.º,
se propone suprimir el párrafo cuarto porque no existe ninguna razón para que la ley fiscal entre nuevamente en la regulación de los requisitos que deben cumplir las sociedades en cuyo activo haya bienes inmuebles para poder incluirse en el objeto
de las entidades de capital-riesgo. Por último, resulta grave que el concepto de vinculación, a efectos de no ser aplicable la exención, sea el del artículo 16 de la Ley del impuesto sobre sociedades, concepto muy amplio que limita las
posibilidades de desinversión y que representa un paso atrás en relación con la actual regulación. Por ello el Senado, con buen criterio, propone sustituir la referencia al artículo 16 de la Ley del impuesto sobre sociedades por la homogeneización
con los artículos 55.7 y 55.8 de dicha ley, donde se concreta la vinculación como la participación directa o indirecta en al menos el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
En definitiva, señorías, son unas enmiendas que evitan la aplicación del principio de retroactividad, que dan mayor precisión al concepto de vinculación en una sociedad de capital-riesgo a los efectos de poder beneficiarse del tratamiento
fiscal favorable, y que facilita el proceso de desinversión en estas sociedades evitando una regulación excesivamente restrictiva. Esta ley, señorías, es importante porque lo es el objetivo que persigue: el mayor dinamismo empresarial,
especialmente de las pymes, para las que es vital el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías y de procesos innovadores en un mundo muy competitivo y globalizado. Esta ley es un buen paso adelante, coherente con la Ley 1/1999, en la que
se basa en gran medida, y pretende evitar el todavía pendiente desarrollo reglamentario de dicha ley de 1999. Nosotros la hemos apoyado y quiero aprovechar para felicitar a todos los que han trabajado en ella y agradecer la actitud constructiva del
Grupo Socialista aceptando numerosas enmiendas nuestras que han mejorado el texto. Este proceso no debería verse empañado por no aceptar estas modificaciones, razonadas y razonables, introducidas por el Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Folgado.
Finalizamos con el turno de fijación de posiciones del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señora presidenta, señoras y señores diputados, vamos a acabar el camino que la ley de capital-riesgo inició en esta Cámara, primero en Comisión, después aquí en el Pleno y que más tarde ha venido del Senado con
una serie de modificaciones.
No voy a entrar enmienda a enmienda a justificar cuál es la mejor posición, ya que casi todas ellas son de tipo técnico. Quedan vivas tres enmiendas del Partido Popular y cuatro enmiendas de Convergència i Unió.
Nosotros discutimos en la
Comisión y llegamos, entiendo, a unos acuerdos suficientes. Es evidente que las propuestas del Partido Popular tienen un contenido técnico que entienden que mejora la redacción actual, pero también debe comprender el Partido Popular que el Gobierno
tiene fundadas razones, incluso muchas de ellas técnicas, por ejemplo, que inciden en materias reservadas a una ley sustantiva que regula completamente esta cuestión, refiriéndonos a su enmienda número 5, etcétera. Pero insisto en que no me
gustaría entrar en esto ya que nuestra posición es la misma que la que teníamos cuando salió del Congreso. Es verdad que esta ha sido una ley muy trabajada y muy elaborada por los grupos, especialmente por Convergència i Unió y por el Partido
Popular. Esta es una ley importante, a pesar de sus tecnicismos, porque en el fondo de lo que trata es de dar posibilidades a los emprendedores de nuestro país, y esto es lo que creo que hay que resaltar.
Dentro del paquete de medidas que siempre reseñamos y se nos critica por parte del primer partido de la oposición, había una clara que era la reforma en el mercado de factores; en este caso hablamos del factor capital. Llevamos a esta
misma tribuna la reforma del mercado hipotecario, adelantamos ya una serie de medidas, no las únicas, y hoy nos encontramos con una segunda gran medida que afecta al mercado de capitales. Por eso, no puedo dejar de reseñar que lo que pretende es
proporcionar una clara señal a los mercados y a los agentes económicos de un decidido compromiso de la política económica española con el aumento de la productividad y, en este caso, con el objetivo de configurar un entorno económico que incentive
la inversión privada en capital físico, en capital humano, en capital tecnológico, es decir que impulse el espíritu emprendedor. Más adelante el Gobierno traerá el proyecto de fomento de la actividad emprendedora y allí podremos contemplar algunas
de las sugerencias que en estos momentos se nos
proporcionan por parte fundamentalmente del Grupo Popular y de Convergència i Unió. Pues bien, todos sabemos que los mercados desempeñan un papel fundamental sobre todo en las actividades de investigación, desarrollo e innovación. También
sabemos que estamos hablando de una alternativa a la clásica crediticia o a la Bolsa. Por tanto, estamos pidiendo que los inversores de capital-riesgo incorporen también un valor a la empresa financiada aportando credibilidad frente a terceros y
ofreciendo su experiencia y sus contactos. La inversión de capital-riesgo en España ha sido reducida hasta fechas muy recientes, si la comparamos con las economías de nuestro entorno, y al modernizar su régimen entendemos que va a ser posible, con
toda sinceridad, que haya una nueva vitalidad en todas estas sociedades.
La reforma se inspira en los siguientes puntos: agilización del régimen administrativo, flexibilización de las reglas de inversión e introducción de figuras de la operativa aceptada en la práctica de la industria de capital-riesgo de los
países más avanzados. También se acomete una importante racionalización de las competencias en la materia, atribuyendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como supervisor de capital-riesgo el grueso de las competencias de autorización que
se contienen en la norma. Se amplía el ámbito de asesoramiento de estas entidades y se permite también la inversión de las entidades de capital-riesgo que tomen participaciones de empresas no financieras que coticen en el primer mercado con la
finalidad de excluirlas de la cotización. Es decir, estamos ampliando el marco en el que estaban actuando hasta ahora las sociedades de capital-riesgo. Por tanto, nos encontramos ante una importante reforma de unos instrumentos de inversión que
sin duda, gestionados de acuerdo a este marco jurídico, van a permitir que múltiples proyectos de emprendedores tengan la financiación suficiente para generar valor añadido, para generar negocio, para generar empleo. Yo creo que en eso todos
debemos de sentirnos satisfechos. En este momento se abre de nuevo un proceso para mejorar el mundo de la financiación empresarial. Yo le diría fundamentalmente al señor Sánchez i Llibre que sus afirmaciones a mí me han sonado bien, al Gobierno le
suenan bien y evidentemente vamos a ponernos a trabajar, yo sé que el Gobierno está trabajando ya en todas estas sugerencias de nuevos procedimientos, sobre todo porque quizá para las microempresas, para los emprendedores jóvenes este tipo de
posibilidades que ofrecen las sociedades de capital-riesgo no les sean suficientes. Por lo tanto, en los próximos meses no solamente tendremos encima de la mesa la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) o del Grupo Popular, que también
ha hecho sugerencias en este sentido, o la del Grupo de Esquerra Republicana, que también ha planteado alguna iniciativa, sino que tendremos ocasión de hablar de la financiación necesaria para que ninguna idea de ningún emprendedor, sea joven o no
-aunque va dirigido fundamentalmente a los jóvenes que tengan esta capacidad de impulso-, se quede en el cajón por falta de ayuda. Valdrá la pena que perdamos los euros que haga falta en los proyectos que no salgan porque a cambio habremos obtenido
un tesoro, que son centenares de proyectos que serán la semilla de futuras empresas, que, en definitiva, son las que con los impuestos mantienen todo el sistema público.
Quedo agradecido por su colaboración, especialmente la del Grupo Parlamentario Popular, que ha aportado numerosas correcciones y mejoras técnicas, y a todos los grupos que con sus enmiendas han mejorado esta ley.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres.
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 49/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS. (Número de expediente 121/000030.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos al último punto de enmiendas del Senado, el número 6, referido al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, entiendo que es el turno para hablar sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de arrendamientos rústicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Efectivamente.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Con este trasiego se olvida uno del punto en que estamos.
Mi grupo quiere hacer las siguientes observaciones sobre el proyecto de ley que viene a modificar la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos, para fijar nuestra posición ante las enmiendas. En primer lugar, votaríamos que no a esta enmienda
que viene del Senado porque parece que se está creando una especie de doctrina mediante enmiendas de supresión total de los textos de los preámbulos. Si se pone en circulación y en aplicación una ley sin exposición de motivos o sin preámbulo, a
quien vaya a tener que cumplirla y deba interpretar cuál era la voluntad o el deseo del legislador al redactar tal pieza jurídica de imperativo legal en todo sistema democrático y en todo Estado de derecho, no solamente se le sustraen principios que
son de filosofía del derecho o de claridad y de seguridad jurídica en toda norma, sino que se le somete, si únicamente tiene que interpretar la ley por lo que diga el texto articulado, a la
posibilidad de que se cree una confusión que conduzca a algo que las leyes no pueden permitir como es la inseguridad jurídica.
En la tradición del derecho contencioso-administrativo español ha habido sentencias del Tribunal Supremo muy bien razonadas y estructuradas a lo largo de decenios al interpretar cuál es el alcance que tienen los preámbulos y exposiciones de
motivos de las leyes para que allí esté sedimentada incluso la legitimidad de doctrina que la haga comprensible a quien tiene que aplicar la ley, a quien tiene que hacerla cumplir y a quien tiene que cumplirla con estos principios. Por tanto, nos
parecen inadmisibles las enmiendas que suprimen los preámbulos explicativos de todo proyecto de ley y, en su momento, de toda ley. Sería dejarla coja para la comprensión y, por tanto, con una amplia inseguridad jurídica.
Estamos modificando la Ley 49/2003, que venía a sustituir la Ley 83/1980, de Arrendamientos Rústicos, que desde el punto de vista de la Administración en su momento, para el Gobierno de UCD con el entonces ministro don Jaime Lamo de
Espinosa, para mí significó la introducción de un principio de seguridad jurídica en todos los actos de arrendamientos rústicos en los que España se veía inmersa, al hacerse una actualización de viejas e incluso obsoletas y anacrónicas leyes. Fue
también muy debatido aquí -y tuvimos la ocasión de intervenir como ponentes en la fijación de posición de nuestro grupo- cuando se aprobó la Ley 49/2003.
Quiero recordar que apoyamos indistintamente tanto planteamientos del entonces Gobierno del
Partido Popular, estando como ministro el señor Arias Cañete, como también la posición que en otras enmiendas mantuvo el Grupo Parlamentario Socialista con buenas intervenciones de su portavoz, señor Cuadrado, que apoyamos. Esto nos permitió llevar
adelante lo que entendíamos que era una actualización de las necesidades de los arrendamientos rústicos, todo lo que está afectando a nuestra política de propiedad de la tierra o arrendamiento de la misma, como fundamento de toda explotación
agropecuaria.
En este momento no estamos de acuerdo con la mayoría de estas enmiendas que nos llegan del Senado, que desvirtúan y sitúan en una terminología, que vuelvo a emplear, de inseguridad jurídica y de pasos adelante y de pasos atrás la estabilidad
a la que se ha ido acomodando todo el mercado de compraventa de tierras agrarias o de bienes rústicos y, sobre todo, los arrendamientos, que creemos que deben tener un efecto positivo como instrumento de la producción de las actividades
agropecuarias y forestales en el campo para el que es propia esta atención. Haremos llegar a los servicios de la Cámara las enmiendas cuya segregación vamos a pedir porque vamos a votar en contra de ellas, quitando alguna que pueda tener una
aceptación por mejora técnica o interpretación de seguridad jurídica.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Señor Pérez, su turno, en nombre de Izquierda Verde.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a rechazar las enmiendas. Nosotros estamos de acuerdo con la ley tal y como fue remitida al Senado y el Senado lo que ha hecho ha sido remitirnos en esencia la Ley de 2003 que hizo en su momento el Gobierno del Partido
Popular.
Entre 2003 y 2005 ha habido un año que ha sido 2004, evidentemente, cuando se han celebrado elecciones generales y, como fruto de esto y del cambio de Gobierno, hay una ley que defiende a los agricultores profesionales y que quiere
garantizar sus derechos en la actualidad y en el futuro al tiempo que facilita también el relevo generacional en el campo español.
Por lo tanto, es una ley que se opone a la especulación de las propiedades agrarias, y como eso es lo que viene a
proponernos nuevamente el Grupo Popular mediante sus propuestas en el Senado, es por lo que nosotros rechazaremos las enmiendas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
¿Señor Txueka, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV? (Denegaciones.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy frente a un proyecto de ley consensuado en su trabajo en Comisión y debido a ese consenso intentamos retirar, como comentaba el portavoz anterior, la ley que había elaborado el Partido Popular. Hoy también nos
encontramos, por enésima vez, con que el Grupo Popular ha aprovechado el trámite parlamentario en el Senado para modificar un proyecto de ley que se había consensuado en Comisión, donde habíamos tratado de buscar un texto que agradara a la mayoría
de los grupos parlamentarios. Ha intentado, permítanme que lo diga así, cargarse la faena que hicimos en Comisión. Es lícito, el Partido Popular tiene mayoría en el Senado -mucho le pesa a nuestro grupo parlamentario- pero también es lícito que
cuando regresa a esta Cámara volvamos a poner las cosas en su sitio, a fin de que el proyecto de ley recupere el texto original con el que salió de esta Cámara. Un texto, como comentaba anteriormente, que se consensuó en Comisión. Había varios
puntos que nuestro grupo parlamentario entendía que tenían que mejorarse, también otros grupos parlamentarios; en primer lugar, cómo definíamos de una vez por todas el agricultor profesional. El texto
que salió de la Comisión nos gustó a la mayoría de los grupos parlamentarios. También nuestro grupo parlamentario, en esta tarea de Comisión, expuso la necesidad de que el periodo de arrendamientos rústicos pasara de 5 a 7 años y que las
prórrogas fueran de 3 a 5 años.
También entendimos, buscando el consenso, que podíamos aceptar que el periodo de arrendamientos fuera de 5 años, pero igualmente que era necesario que las prórrogas pasaran de 3 a 5 años también por una cuestión casi
de pragmatismo: muchas de las ayudas europeas medioambientales tienen una duración de 5 años, por lo que entendíamos que estas prórrogas tendrían que ser de 5 años como mínimo. Eso se aceptó en Comisión. Agradecimos en ese momento que los grupos
parlamentarios ayudaran a que cambiara eso y entendimos que era una buena solución.
Asimismo comprendíamos que podíamos aprovechar esta ley para acabar con los contratos de aparcería. Nosotros ya expusimos en la Comisión la necesidad de acabar lo
más rápidamente posible con estos contratos, pero entendimos que el texto transaccional que nos presentaba el Grupo Socialista iba orientado a que los contratos de aparcería fueran limitándose en el tiempo hasta llegar a su desaparición.
En ese momento era un texto importante, con el que acabábamos con una ley que nos había presentado el Partido Popular y que mejoraba en mucho. Los grupos parlamentarios intentamos buscar el consenso para que este texto fuera de agrado para
todos, aunque, como comentaba antes, el Partido Popular ha aprovechado otra vez el trámite en el Senado para cargarse la tarea que hicimos en Comisión.
Por todo lo expuesto no haría falta decirles que nuestro grupo va a rechazar todas las enmiendas que vienen del Senado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón, muchísimas gracias.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra el señor Grau. Adelante.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de nuestro grupo en relación con las enmiendas introducidas por el Senado con respecto al texto que se aprobó en esta Cámara. Ya anticipo que nuestra posición va a ser negativa a las enmiendas que se han aprobado en el
Senado porque la composición de las fuerzas políticas en el Senado ha hecho de esta segunda lectura del texto legal que salió de esta Cámara y que hoy se somete nuevamente a nuestra consideración una suma de desacuerdos y porque, si fueran aceptadas
las enmiendas por este Pleno, darían lugar a una ley absolutamente impracticable, como ya ha anunciado el portavoz del Grupo de Coalición Canaria. Señorías, todo esto va en detrimento de nuestro reconocimiento de servidores públicos. Es muy
importante que aprendamos la lección y que utilicemos debidamente los mecanismos legislativos para aprobar leyes que sirvan a los ciudadanos.
La segunda lectura del Senado debe servir para mejorar, por la vía del debate, el texto de una ley, y ello no ha ocurrido con esta la Ley de Arrendamientos Rústicos. De publicar el texto resultante, esta nueva Ley de Arrendamientos Rústicos
sería absolutamente ininteligible. La discrepancia del partido de la oposición ha cambiado en todo su sentido el texto que salió del Congreso. Si a ello le sumamos los desajustes de las votaciones, con resultados que en situaciones normales no
tendrían que haberse dado, nos encontramos con un texto ante el que los mecanismos de que disponemos solo nos permiten volver a su punto de partida. De ahí que esta sea nuestra posición. Nuestro grupo va a votar en contra del texto que nos
devuelve el Senado. No es una buena ley, es una ley que, como ya dijimos en la anterior legislatura, no se corresponde con la realidad de la agricultura española. El Gobierno y las fuerzas políticas que lo sustentan deben ser capaces en estas
actuaciones o en actuaciones futuras de establecer los canales de diálogo que permitan el mantenimiento de los principios reguladores durante la tramitación de la ley en ambas Cámaras. No es de recibo que una ley proveniente de una mayoría absoluta
en la pasada legislatura no tenga en ésta la búsqueda de mayor consenso y también es lamentable en este caso que el Grupo Popular haya ejercitado una oposición frontal a una propuesta de Gobierno sin ofrecer textos alternativos a uno que no era el
suyo. El texto resultante que nos manda el Senado tiene 31 supresiones y solamente ocho cambios de texto en el articulado, supresiones tan básicas como el preámbulo, que, si lo quitamos, haría esta ley absolutamente impracticable.
Quiero insistir en que hoy solamente cumplimos un trámite, pero no podemos sentirnos satisfechos por el resultado de la tramitación de esta ley. La ley que sale de esta Cámara no es buena, aunque no sea tan mala como la anterior. Se
pretendía modernizar una situación que se da en nuestra agricultura y que, como se ha dicho, venía de una modificación de la Ley 83/1980. Nuestro grupo es partidario de una ley de arrendamientos rústicos que sea para los agricultores: que permita
la mejora de las explotaciones agrícolas y que los jóvenes que acepten el reto de trabajar en el campo dispongan de los incentivos comunitarios que se conceden a los agricultores y especialmente a ellos, a los jóvenes. Esta ley no nos satisface.
No estamos de acuerdo en que cualquier persona sea capaz de arrendar y se creen figuras de posibles arrendatarios intermediarios porque, a la postre, no van hacia el modelo agrícola sostenible que defendemos. Nuestro grupo preservó las competencias
autonómicas en la ley que se aprobó en la anterior legislatura y lo ha hecho en esta. Esta nueva ley asegura el mantenimiento de estas competencias autonómicas y nuestro grupo está en la confianza de que la ley de contractes de conreu que en estos
momentos se tramita en el Parlament de Catalunya
regule los arrendamientos rústicos en Cataluña y se haga con un mayor consenso. Por ello, esta no es nuestra ley. Esperamos que la ley que en estos momentos se elabora en el Parlament, como digo con mayor consenso, sea más efectiva que la
que hoy sale de aquí. Es de esperar que con esta Ley de Arrendamientos Rústicos no se abra una nueva dinámica legislativa en la que las leyes de alto contenido pasen por una nueva redacción con cada cambio de Gobierno. Me refiero, por ejemplo, a
la Ley de Educación, a la que hemos presentado una enmienda a la totalidad que se votará en un punto posterior de este Pleno de hoy. Espero, pues, que esta no sea una situación semejante a la de las leyes de educación. La Ley de Arrendamientos
Rústicos tenía una longeva existencia -desde 1980 hasta 2003- y precisaba una adaptación a los tiempos, pero en estas dos legislaturas ya tiene dos nuevas redacciones antagónicas y no consensuadas. Este no es el camino.
Por ello, nuestro grupo votará en contra de todas las enmiendas del Senado a fin de restituir el texto aprobado en el Congreso de los Diputados y preservar en sus términos originales el marco competencial de las comunidades autónomas, para
que regulen específicamente sobre sus arrendamientos rústicos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez Laserna. Es su turno, señor diputado, para fijar posición sobre este texto procedente del Senado.
El señor PÉREZ LASERNA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente todas las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se pretende modificar la actual Ley de Arrendamientos Rústicos, porque la mayoría de ellas ya habían sido
presentadas por mi grupo en la Comisión de Agricultura con resultado adverso. Me alegra que el Senado haya aprobado todas nuestras enmiendas y espero que esta Cámara, con ese talante, importancia y respeto que se nos quiere mostrar hacia esa
institución, acepte las mismas.
Como SS.SS. saben, en noviembre de 2003 y con el propósito de flexibilizar y dinamizar el régimen de los arrendamientos rústicos en España, el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, que vino a derogar la
anterior ley de 1980. Sin embargo, el Gobierno del Partido Socialista, el del talante, el del diálogo y el consenso, al año de su entrada en vigor y fiel a su política de eliminar todos los logros y avances realizados por el Gobierno del Partido
Popular, plantea la reforma de la misma, más bien por motivos partidistas que por motivos de índole práctica o jurídica. Digo esto porque el propio Ministerio de Economía y Hacienda, en el informe realizado el 6 de septiembre de 2004 a raíz de esta
modificación, dice textualmente: Sería conveniente que se explicara con mayor profundidad la idoneidad de estos para conseguir los objetivos pretendidos y la incidencia que previsiblemente van a tener los mismos en la movilidad de la tierra en el
sector agrario y en la economía en general.
No les voy a hablar esta mañana de la filosofía y de las bondades de la actual Ley de Arrendamientos Rústicos, ya que están suficientemente recogidas en los 'Diario de Sesiones', tanto del Senado como del Congreso, cuando se tramitó la misma
y a los cuales me remito. Sin embargo voy a proceder a la defensa de alguna de las enmiendas aprobadas en el Senado remitiéndome respecto a las demás, debido a la premura de tiempo, a lo ya manifestado por este portavoz tanto en ponencia como en la
Comisión de Agricultura.
Con relación a las enmiendas números 11 a 18, ambas inclusive, y que afectan preferentemente al artículo 9 de esta ley, son varias las modificaciones que plantea el Gobierno y con las cuales no estamos de acuerdo. Pasaré a analizar algunas
de ellas. La primera de ellas es la inclusión de la figura del agricultor profesional a efectos de otorgarle ciertos privilegios respecto de aquellos agricultores que no lo son. La ley de 1980 exigía este requisito, sin embargo dicha norma fracasó
en su aplicación práctica ya que la misma ley había desvirtuado su alcance al permitir que fueran arrendatarias las sociedades con requisitos mínimos, bien fáciles de constituir, amén de carecer de sanciones adecuadas al incumplimiento de tales
normas. Debemos partir de una realidad innegable del medio rural español, como es el envejecimiento de la población, el desinterés por la actividad de los jóvenes nacidos en el campo y la evidente necesidad de renovación en los métodos de
producción. Señorías, el portavoz del Grupo Socialista, allá en el año 2003, cuando se estaba tramitando la actual ley, decía textualmente: La superficie rural equivale el 90 por ciento del territorio y la población rural al 20 por ciento de la
población total. En consecuencia, el campo no puede subsistir si las actividades económicas del mismo se mantienen cerradas a toda innovación, es decir, a toda savia nueva que puedan aportar jóvenes entidades provenientes de otro sector. El
intercambio de los conocimientos y experiencias de otros sectores solo puede beneficiar a los agricultores españoles. Mi grupo apuesta por la apertura de la actividad sin perjuicio de los programas específicos de formación de técnicas de producción
agrícola que puedan desarrollarse y apoyarse desde las administraciones públicas.
No olvidemos que los programas comunitarios de desarrollo rural vigente en el período 2000-2006 ya no exigen que el agricultor solicitante de las ayudas sea un agricultor profesional. La propia organización Asaja dice que es un concepto
creado ex novo, sin fundamento en precepto legal o reglamentario alguno y sin relación con el derecho comunitario. Es más, el propio Ministerio de Economía y Hacienda manifiesta que hay que aclarar la figura del agricultor profesional, cosa que
ustedes ni han hecho ni hacen ahora. Para colmo de los colmos y dentro
de esa unidad de criterio que ustedes mantienen, el Ministerio de Justicia entiende -me alegro de que esté el ministro aquí esta mañana- que supone cierta incongruencia retomar la figura del agricultor profesional.
Quisiera hacer una especial referencia muy brevemente a la enmienda número 16 para que quede claro de una vez por todas que nada tenemos que objetar a la aparición en el artículo 9, párrafo 4.º, de la palabra madre que ustedes añaden a la
figura del padre, pero en una correcta aplicación de la gramática castellana lo más oportuno sería hablar de padres o tutores; por cierto, como dije anteriormente en Comisión, parece ser que ustedes en esta ley no reconocen los matrimonios gays.
Igualmente estamos de acuerdo con la enmienda del Senado número 17 porque creemos extraordinariamente negativa la vuelta de las superficies máximas de arrendamiento. Esta es una norma contradictoria con los mismos fines declarados en la
exposición de motivos y que ha sido incumplida sistemáticamente desde 1980. El mismo Consejo de Estado en el dictamen emitido sobre el anteproyecto de ley de arrendamientos rústicos manifestaba entre otras cosas lo siguiente: Lo que se pretende
ahora es constituir y arrendar fincas eficientes y rentables, por lo que no puede haber límites a la superficie. Muy al contrario, siendo la pretensión constituir empresas agrarias eficientes y competitivas en el entorno europeo, lo que se busca es
precisamente un volumen de tierra suficiente o adecuado a tal finalidad. Es más, destacados autores expertos en materia arrendaticia, entre otros Agustín Luna Serrano, De los Mozos o García Cantero, consideraron este requisito impropio de una
agricultura dinámica y empresarialmente competitiva e incluso contraria a los artículos 14 y 38 de nuestra Constitución española. Una vez más se nota su descoordinación, su falta de criterio único y su interés por eliminar todo lo que aquí se ha
legislado por el Grupo Popular. Les digo esto sencillamente para recordarles que ha sido el mismísimo Ministerio de Economía y Hacienda el que ha manifestado -y así viene recogido en el informe del Consejo de Estado- que las grandes explotaciones
son las que permiten una mayor rentabilidad y competitividad, lo cual encaja perfectamente con los objetivos de nuestra política comunitaria.
Señorías, ¿en qué quedamos?
Respecto de las enmiendas 20 y 21 del Senado, referentes a la duración del tiempo del contrato, mostramos nuestra conformidad con las mismas toda vez que la experiencia ha demostrado que la introducción de excesivas cautelas, supuestamente
protectoras, del arrendatario acaban volviéndose en su contra al desanimar la puesta en sus manos del cultivo de las fincas. No olvidemos que la reforma operada por la Ley de 1995, de modernización de explotaciones agrarias, bajo el Gobierno
socialista, acometió ya una importante liberalización, reduciendo el plazo de duración del contrato y suprimiendo las prórrogas legales, lo que produjo efectos beneficiosos, incrementándose, al igual que está ocurriendo ahora, el número de
arrendamientos. Ustedes no tienen claro este aspecto, cada vez dicen una cosa. Primero querían cambiar a un plazo de siete años, luego a cinco. Repito, ustedes no tienen criterio, no saben el porqué de esta modificación, salvo lo que comentaba al
principio, su idea de querer eliminar todo lo legislado por el Partido Popular.
El propio Ministerio de Economía y Hacienda, su ministerio, les ha recordado su propuesta de modificación de la duración del contrato diciendo que en los años noventa, coincidiendo con un plazo mínimo menor, se produjo una fuerte expansión
del arrendamiento, y añade el ministerio en su informe que no se aporta información de cómo incidirá en los jóvenes agricultores o en el pequeño agricultor la modificación que ustedes pretenden. Hasta el punto -y esto es muy importante- de
recomendar la propuesta del principio de libre contratación en la duración de los arrendamientos que rige en algunos países de la Unión Europea.
Termino, señorías, defendiendo las enmiendas números 26 y 27 del Senado, referentes a los derechos de tanteo y retracto. Los derechos de tanteo y retracto no son esenciales para el acceso a la propiedad por el arrendatario, ni le coloca en
inferioridad de condiciones frente a las grandes compañías, puesto que la legislación en vigor no obliga al arrendador a ofrecer una rebaja del precio al arrendatario. Además, la adquisición o explotación de la finca por un tercero no impide la
continuación del arrendamiento. En cambio, la supresión de los mismos permite que el traspaso de la tierra se haga de manera más fácil y que haya mayores posibilidades para el acceso de los jóvenes agricultores, incluidos los inmigrantes, que están
contribuyendo a rejuvenecer y dinamizar el campo español. Por cierto, dentro de ese talante que ustedes dicen tener, se han olvidado consultar con todas las comunidades autónomas, algo que sí hizo el Gobierno del Partido Popular, la tramitación de
la actual ley.
Por último, una simple y llana observación. Esta mañana vamos a oír que la modificación que se plantea por parte del Gobierno va dirigida a defender a los arrendatarios, a los jóvenes agricultores, a las explotaciones familiares, en
resumen, al campo, y yo les digo que los agricultores españoles ya saben cómo les defienden ustedes. ¿Quizá con esas raquíticas ayudas para la sequía, quizá con ese incremento desmesurado de los precios del gasoil o quizá con esa regulación que han
hecho ustedes de la OCM de la remolacha? A ustedes se les llena la boca erigiéndose en defensores de la agricultura, pero a la hora de la verdad les niegan lo fundamental para sus cultivos y desarrollo, les niegan el agua mediante la vergonzosa
derogación del trasvase del Ebro. Por ello -y ya termino, señora presidenta-, desde esta tribuna y en defensa de los agricultores, reivindico el agua para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera saludar y dar la bienvenida al Congreso a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de la Confederación nacional de cooperativas que nos
acompañan en este debate, que va a culminar con la aprobación de una nueva ley de arrendamientos en el ámbito rural.
En relación con el agua, señora presidenta, para su tranquilidad y la del Partido Popular, a todos los portavoces nos han puesto agua, agua para todos. Señor portavoz del Grupo Popular, tenga la tranquilidad de que este Gobierno y el Grupo
Socialista así lo garantizan. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)
En representación del Grupo Socialista subo a la tribuna a defender la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos conforme al texto que fue aprobado por el Congreso de los Diputados y, por tanto, a manifestar en la línea que ya lo han
hecho todos los portavoces que han intervenido, excepto del Grupo Popular, nuestro voto negativo a todas y cada una de las enmiendas que han sido introducidas en el trámite del Senado.
Pretendemos volver al texto que fue pactado después de una
amplia negociación entre todos los portavoces en la Comisión de Agricultura, excepto el Grupo Popular, y que en su trámite permitió mejorar la ley remitida por el Gobierno y posteriormente enviada al Senado. En nombre del Grupo Socialista agradezco
la disposición a la negociación y al pacto del señor Ramón, de Esquerra Republicana, del señor Grau, de Convergència i Unió, del señor Txueka, del Partido Nacionalista Vasco, del señor Pérez, de Izquierda Unida, y del señor Mardones, de Coalición
Canaria, que junto con la persona que les está hablando elaboramos un texto que fue posteriormente remitido al Senado y que ahora, por voluntad y por los votos del Grupo Popular, vuelve al Congreso no enmendado, sino destrozada la ley. Lo que trae
hoy el orden del día del Pleno es un conjunto de enmiendas que no se puede votar, no se puede ni leer, como ya han dicho algunos de los portavoces. (Aplausos.) Ustedes están utilizando de mala manera su mayoría en el Senado, porque si nos
volviéramos locos aquí y aprobáramos lo que han aprobado con sus votos sería remitir a la calle, a los agricultores, un texto legislativo que no tiene ni pies ni cabeza, que sería inaplicable, ininteligible y produciría la hilaridad en todo el
sector. Su irresponsabilidad les lleva a hacer este tipo de cosas en este caso en el Senado.
Las modificaciones que se han introducido con los votos del Grupo Popular proponen, de aprobarse, señoras y señores diputados, una clara limitación de derechos y oportunidades que se abren con la ley a los agricultores profesionales que
desarrollan su actividad en superficies agrícolas arrendadas. Señores del Grupo Popular, deberían ser honestos y decirlo abiertamente a los agricultores españoles. Gobernar, legislar es priorizar y con esta Ley de arrendamientos deberían decirles
a los agricultores que para ustedes lo prioritario es el propietario, el rentista de tierras, y que no están dispuestos a introducir ninguna ventaja, ninguna prioridad, ninguna medida a favor del agricultor profesional, el arrendatario de tierras
que tiene que tener, como así lo va a ser porque tenemos votos y mayoría suficiente, una prioridad en el acceso a la tierra para incrementar su dimensión en las explotaciones y garantizar la viabilidad de las mismas. Ustedes están optando
claramente por el propietario rentista de tierras, ya lo hicieron con su ley aprobada en la pasada legislatura y ahora querían volver a repetirlo.
Señores del Grupo Popular, con sus enmiendas han eliminado de un plumazo los derechos del
arrendatario a la hora de formalizar los contratos de arrendamiento; han eliminado la definición de agricultor profesional y han hecho una defensa absolutamente indefendible de la no necesidad de diferenciar el profesional del resto; han
modificado el tiempo mínimo de los contratos pasándolo de cinco a tres años; han eliminado el derecho de tanteo y retracto en favor del arrendatario; han eliminado la regulación de la aparcería y, en definitiva, han impedido que se transformen ese
tipo de contratos. Han aprobado enmiendas también -y usted ha tratado de justificarlas- que podríamos decir curiosas y que ya nadie las entiende.
Se empeñan en eliminar el término madre cuando se habla de menores sobre los que se ejerce su tutela,
y se han empeñado en eliminar e impedir la posibilidad del arrendamiento de las comunidades de bienes sabiendo, o deberían saberlo, que la comunidad de bienes es una fórmula tradicional en el campo español, y que si prosperara su enmienda de impedir
los arrendamientos para las comunidades de bienes estarían obligando al fraccionamiento de la tierra, a la distribución de propiedad entre hermanos, entre familias, medida claramente regresiva para las explotaciones familiares españolas.
Señores que representan a los agricultores y ganaderos y señores diputados y diputadas, tengan la tranquilidad de que vamos a aprobar una ley que responde a un compromiso electoral del Partido Socialista, que por boca de su portavoz el señor
Cuadrado ya anunció en su momento, cuando se aprobó la ley del Partido Popular, que cuando ganara las elecciones, como efectivamente las ganamos, se modificaría aquella ley del Partido Popular que se aprobó con los votos exclusivos de su partido y
que fue fuertemente criticada por todo el sector agrario y por todas y cada una de las organizaciones profesionales representativas en el sector. Vamos a aprobar una ley que introduce avances evidentes y que supone garantías para los agricultores
profesionales. Vamos a aprobar una ley que amplía la duración mínima de los contratos, que se fija en cinco años frente a los tres de la anterior ley del Partido Popular, un plazo prorrogable de cinco en cinco. Vamos a aprobar una ley que
introduce el derecho de tanteo y de retracto para el arrendatario en caso de venta. Vamos a aprobar una ley que define lo que es un agricultor profesional y establece mecanismos para priorizarlo: el agricultor profesional,
según la ley que aprobaremos, es el que obtenga unos ingresos brutos anuales procedentes de la actividad agraria superiores al duplo del indicador público de renta, el Iprem, y cuya dedicación directa y personal a estas actividades suponga
al menos el 25 por ciento de su tiempo. Vamos a establecer un límite máximo de arrendamiento por persona que se fija en 500 hectáreas de secano y 50 de regadío. Vamos a regular la aparcería para propiciar la transformación de estos contratos de
aparcería en contratos de arrendamientos y vamos a introducir también el derecho de enervación de la acción de desahucio con un tratamiento idéntico al que se produce en la Ley de arrendamientos urbanos.
En definitiva, y con esto acabo, señora presidenta, nuestra posición es clara en el sentido de reponer el texto inicialmente aprobado aquí en el Congreso, un texto fruto del consenso y del trabajo conjunto, y vamos por tanto a rechazar con
los votos del Grupo Socialista y también, por lo que he oído, con la mayoría de votos del resto de los grupos parlamentarios esas modificaciones introducidas en el Senado por el Grupo Popular, que más que enmendar la ley lo que han hecho ha sido
destrozarla, con un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Alonso.
Vamos a proceder a las votaciones.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
-PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000048.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Comenzamos con una avocación por el Pleno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final
de la proposición de ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y DE LA REPÚBLICA DE RUMANIA. (Número de expediente 121/000055.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con un acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado
someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria
y de la República de Rumania.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a las votaciones. Me consta que todos los portavoces y SS.SS. tienen también conocimiento del guión de votación de las enmiendas. Comenzamos con el guión de votación de las enmiendas
del Senado al proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices
y filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.
Se someten a votación las enmiendas a los artículos 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Enmiendas a la disposición adicional nueva sobre gasóleo profesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 151; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas a la disposición adicional nueva sobre relación laboral de carácter especial de abogados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 305; en contra, 13; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a la disposición adicional nueva sobre compensación a entidades locales por reforma del IAE con la corrección distribuida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición adicional nueva sobre incentivos fiscales a la adaptación de vehículos de los sectores de transporte y agrario; a la disposición adicional nueva sobre combustible de tipo b) para el sector primario; a la
disposición adicional nueva sobre combustible profesional para automoción; y a la disposición adicional nueva sobre estudio del gasóleo profesional para tipo mínimo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 155; en contra, 157; abstenciones, siete.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Finalmente, señorías, votamos las enmiendas a la disposición final cuarta sobre modificación de la ley de autonomía del Banco de España; a la disposición final nueva sobre participación de la ONCE en beneficios de liquidación de Loterías y
Apuestas del Estado; y a la disposición final nueva sobre valoración de inmuebles rústicos en Córdoba.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 316; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Señorías, pasamos al guión de votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, que tienen ustedes, y comenzamos con las enmiendas al capítulo I del título I, artículos primero al
decimoséptimo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 133; en contra, 176; abstenciones, nueve.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas al artículo decimonoveno sobre comercio al pormenor de las labores del tabaco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo vigésimo, modificación de infracciones y sanciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 138; en contra, 181.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo vigésimo primero, reducción del plazo de concesiones a 25 años.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo vigésimo quinto bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 150; en contra, 169.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Procedemos a votar las enmiendas al artículo vigésimo séptimo apartado dos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 133; en contra, 169; abstenciones, 17.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas al Título III nuevo, artículos trigésimo quinto bis y ter nuevos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 141; en contra, 178.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas a la disposición adicional nueva sobre modificación de la Ley concursal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 140; en contra, 178.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Enmiendas a la disposición transitoria nueva sobre exclusión de sociedades de inversión colectiva de cotización de la Bolsa de Valores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 142; en contra, 177.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.
Comenzamos votando las enmiendas al preámbulo en lo referente a la supresión de los párrafos primero
y tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 133; en contra, 179; abstenciones, siete.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 1.4 en lo relativo a la modificación de los artículos 53.1, 53.2. d) y e), 53.4, 54.3 y 54.5 de la Ley del impuesto sobre sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 133; en contra, 180; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas al artículo 1.4 en lo relativo a la modificación del artículo 54.2 de la Ley del impuesto sobre sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 156; en contra; 162; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas al artículo 1.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 141; en contra, 172; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas al artículo 2.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 138; en contra, 180.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Continuamos con la votación de las enmiendas al artículo 3 y título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 179; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas al artículo 4 y título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 138; en contra, 171; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas a las disposiciones adicionales primera y segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 131; en contra, 178; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas a la disposición transitoria nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 130; en contra, 170; abstenciones, 14.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas a las disposiciones derogatoria y finales primera a tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 179; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Finalmente, señorías, pasamos a votar el resto de las enmiendas. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 139; en contra, 170; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas las enmiendas.
Pasamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. Comenzamos votando las enmiendas al artículo 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 309; en contra, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 140; en contra, 173; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
Comenzamos con la votación de las enmiendas a la disposición adicional nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 135; en contra, 185; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Finalmente, señorías, votamos el resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 132; en contra, 186.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000042.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto III del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Comenzamos con el proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Debo informarles que las votaciones no se producirán antes de las cuatro de la tarde.
Para la presentación de dicho proyecto de ley por parte del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías presentes.
La ley de agencias que el Gobierno somete hoy a esta Cámara pretende buscar soluciones a un problema conocido y reconocido por todos los gobiernos, la creciente
complejidad de la gestión de lo público ante unos ciudadanos cada vez más exigentes. Cómo gestionar unos servicios públicos de manera eficiente y con buenos resultados, buenos resultados percibidos como tales por los ciudadanos, es un
problema transversal que recorre países, gobiernos y épocas, y en cada momento la gestión de esa complejidad ha encontrado distintas soluciones, la del Gobierno anterior fue la Lofage. Pronto se vieron sus insuficiencias y el propio Gobierno del
Partido Popular recurrió de manera reiterada a soluciones con comillas fuera del marco de esa propia ley. Así, en los nueve años de Gobierno se aprobaron 47 organismos con un estatuto específico ad hoc, es decir, que el 34 por ciento del total de
los organismos que existían se regían por normas propias, no por las normas que quedaban reflejadas en la Lofage. Por tanto, si la Lofage no se aplica salvo supletoriamente a una buena parte de los organismos públicos con los que cuenta la
Administración General del Estado, no es difícil concluir que la actual regulación no ha servido para los fines que pretendía. Así, a fecha de hoy, la Administración General del Estado cuenta con 76 organismos autónomos, más 15 entidades públicas
empresariales, además 47 organismos de estatuto específico, además 141 sociedades mercantiles y además 54 fundaciones del sector público estatal.
La actual situación organizativa de la Administración General del Estado se caracteriza, pues, por una creciente proliferación de organismos y de figuras jurídicas que se rigen fundamentalmente por sus estatutos propios, basados más en el
derecho privado y con régimen de personal laboral. Esta es una situación a la que hemos llegado, entre otras cosas, por las rigideces de funcionamiento de los modelos previstos en la Lofage y por la escasa autonomía de gestión que en la misma se
reconocía. En esta situación pretender, como se pretende desde la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, que el proyecto de ley de agencias que hoy presentamos y defendemos es inútil porque ya contamos con un modelo articulado y
homogéneo de organismos públicos en el que todo funciona con coherencia y eficiencia parece, a la vista de los datos que existen, cuanto menos una afirmación poco rigurosa. Se hace preciso, por tanto, reconducir a un modelo común la dispersión
organizativa hoy existente en el ámbito de la Administración General del Estado. Ello se puede conseguir a través de las agencias estatales que el Gobierno propone, que se constituirán en organismos públicos con suficiente nivel de autonomía y de
flexibilidad en la gestión. Así, las agencias se crean para el cumplimiento de políticas públicas que hoy son competencia del Estado.
Señorías, en mi primera comparecencia ante la Comisión de Administraciones Públicas de esta Cámara en junio del año pasado adquirí el compromiso de -cito- impulsar una cultura de la calidad en la gestión en la Administración pública. Se
trataba y se trata de mejorar los servicios que los ciudadanos reciben y en los que en buena medida se basan sus derechos y sus libertades. Queremos introducir esa nueva cultura de la gestión de lo público en la Administración española porque lo
público nos preocupa, y entendemos como fundamental que la sociedad disponga de un sector público eficiente y eficaz, moderno y plenamente legitimado, capaz de cumplir con su función de asegurar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
Para el Gobierno lo público, la Administración es una auténtica fábrica de derechos y garantía de libertades que debe contar con recursos y sistemas adecuados que aseguren su funcionamiento de una manera plenamente satisfactoria.
La ley de agencias que hoy presento es una pieza fundamental de ese esfuerzo, el de introducir una nueva cultura que permita aplicar en nuestra Administración lo más avanzado de las experiencias desarrolladas en todo el mundo, las mejores
prácticas de la gestión pública y también de la privada; una nueva cultura que quiero resumirles en siete principios que orientan de un modo particular este proyecto de ley. En primer lugar, queremos poner a los ciudadanos en el centro de nuestras
preocupaciones, en el puesto de mando del conjunto de la Administración; no a los cuerpos administrativos, no a los directivos, no a la regulación, sino a los usuarios, que en nuestro caso son los ciudadanos, y que estos puedan participar con su
opinión en la elaboración de las prioridades y de los estándares de calidad del servicio que reciben.
En segundo lugar, la garantía de transparencia y accesibilidad de los servicios públicos, de manera que ese ciudadano pueda visualizar fácilmente cuáles son los organismos responsables de cada uno de los servicios públicos, así como los
compromisos que asumen dichos organismos en la prestación de estos servicios.
En tercer lugar, el establecimiento de objetivos concretos a alcanzar, previamente planificados y cuantificados, así como la existencia de controles mediante los correspondientes indicadores de gestión sobre los productos y los resultados
logrados.
En cuarto lugar, la plena asunción de la responsabilidad de los resultados por parte de los gestores, para lo cual deben disponer del necesario nivel de autonomía sobre los medios puestos a su disposición para alcanzar los objetivos
comprometidos, es decir, la autonomía de incidir en los mecanismos de gestión económico-presupuestaria y de personal. En la gestión económico-presupuestaria, porque tenemos que pasar del modelo actual donde el gestor es únicamente un ejecutor
mecánico del presupuesto asignado a otro en el que el directivo, dentro de unos límites globales fijados, tenga capacidad para reasignar internamente los créditos en función de las necesidades de gestión que vayan surgiendo y de los ingresos que se
vayan generando, con lo que incentivaremos la obtención de esos nuevos recursos financieros. Y en la gestión de los recursos humanos, porque tenemos que sustituir el actual modelo rígido por otro en el que el directivo disponga de una mayor
flexibilidad para programar, organizar e incentivar a su personal, todo ello
en el marco de los planes generales establecidos conjuntamente con el Gobierno.
En quinto lugar, este nuevo modelo de administración consiste en la clara distribución de funciones entre lo político y lo administrativo o de gestión, de manera que, por una parte, en los departamentos ministeriales se potencien los
instrumentos de diseño de estrategias, formulación de políticas y control de resultados y, por otra, la responsabilidad gestora esté depositada en las organizaciones autónomas responsables de la prestación de los servicios.
En sexto lugar, el principio de la cooperación interadministrativa y participación institucional, lo que conlleva la articulación de mecanismos de colaboración y de cooperación entre los distintos niveles de administración y entre estos y
los agentes sociales para hacer frente a desafíos cada vez más complejos.
En séptimo y último lugar, es preciso que nuestro modelo de Administración permita la evaluación continua de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos que se prestan, es decir, que se mida el nivel de eficacia con el que
se prestan estos servicios públicos y el grado de satisfacción de los ciudadanos, de los agentes económicos y de la sociedad en general en relación con el funcionamiento de las administraciones públicas.
El proyecto de ley de agencias estatales que hoy presento es una herramienta importante para el desarrollo de esa administración orientada al ciudadano, adaptada a las exigencias de nuestro tiempo; una administración más eficiente, más
flexible pero también con más controles democráticos y que promueva la responsabilidad del gestor y la evaluación continua de sus resultados. Permítanme describirles algunas de las principales características de este proyecto de ley. En primer
lugar, como indica su título, su ámbito está ceñido a las agencias estatales.
Por tanto, este proyecto se refiere a las agencias que desarrollan las competencias del Estado y gestionan servicios propios de la Administración General del Estado,
aunque se prevea la participación de las comunidades autónomas en el consejo rector de algunas de estas agencias en los casos en los que sea conveniente y útil como, por ejemplo, ocurre ya hoy con la Agencia Tributaria. Las agencias estatales son,
ante todo, una fórmula organizativa dotada de mayor autonomía y flexibilidad para la gestión, a través de instrumentos que deben producir una mejora en los servicios públicos, reforzando también la responsabilidad del gestor y los sistemas de
control de sus resultados a través del contrato de gestión, pieza clave del funcionamiento de las agencias.
En el contrato de gestión se recogerán, por una parte, los compromisos concretos de la agencia y, por otra, los medios necesarios para cumplirlos, con lo que se equilibra el binomio autonomía-responsabilidad.
El contrato de gestión deberá
contener los objetivos a perseguir, los resultados a exigir y la gestión a desarrollar, así como los planes necesarios para obtener esos objetivos con sus marcos temporales y proyectos asociados, con planes e indicadores. El contrato de gestión
también tendrá que recoger los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos fijados, por lo que exige la responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y del personal directivo, así como la determinación de los mecanismos
concretos que hagan efectiva la exigencia de esas responsabilidades en el caso de que haya incumplimiento de los objetivos. Será, por tanto, el contrato de gestión un documento que comprometerá a todas las partes implicadas en la puesta en marcha y
en el funcionamiento de cada agencia y que también vinculará a la agencia con los ciudadanos a quienes presta los servicios.
Junto al contrato de gestión, la agencia tiene que potenciar y potenciará el papel del directivo público, haciéndole verdaderamente responsable de los resultados de su actividad y facilitándole la capacidad para adoptar las decisiones sobre
los medios que tiene que manejar, con el fin de alcanzar los resultados sobre los que ha asumido un compromiso. Para reforzar ese sentido de responsabilidad y su vinculación con los resultados, en el modelo retributivo de los directivos se vincula
el complemento de productividad a percibir, de acuerdo con criterios y porcentajes que establezcan los máximos órganos de la agencia, al grado de cumplimiento de esos objetivos fijados en el contrato de gestión, como se hace en las empresas privadas
serias.
Por otra parte, y en relación con el marco jurídico general, el proyecto de ley fija un régimen de organización y funcionamiento que no admite excepciones. Las agencias, por tanto, tendrán que regirse por estas normas y no por otras, a
diferencia de lo que ocurría con la Lofage, que admitía no solo a los organismos públicos exceptuados, sino también que, para los incluidos, pudieran establecerse peculiaridades en su régimen de personal, contratación, en su régimen patrimonial y
fiscal. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda ocupa la Presidencia.) En este marco solo podrá crearse una agencia si el Parlamento concede la autorización para su objeto, autorización que tendrá su reflejo en la correspondiente ley aprobada en
esta Cámara.
El Gobierno con la ley que trae hoy a la Cámara puede también transformar en agencias a los organismos públicos existentes, cuyos objetivos y actividades se correspondan más y mejor con los de las agencias estatales. Lo que se hace con ello
es habilitar al Gobierno para la adaptación, en aras de la racionalidad, de los organismos existentes a la nueva categoría que se crea. En este sentido, el modelo de agencias que hoy presento tiene vocación de irse generalizando a todos los
organismos públicos existentes que puedan transformarse en agencias, para lo que se concede al Gobierno un plazo de dos años. En suma, el proyecto de ley no prevé la derogación del título de la Lofage referido a los organismos públicos, sino que
incluye entre los mismos a las agencias estatales, que se regirán por esta ley y que tenderán a ser el único tipo de organismo público que se creará a partir de la entrada en vigor de esta ley, para intentar ir poniendo orden en el marasmo
organizativo que hoy tiene nuestra Administración.
Con respecto al régimen del personal al servicio de las agencias estatales, quiero destacar que será predominantemente funcionario público y excepcionalmente personal laboral, lo que supondrá el final de una práctica generalizada, que no
tenía justificación de adoptar el régimen de personal laboral cuando se creaban organismos con estatuto específico.
Lo más novedoso es que habrá una regulación del personal directivo, directivos que serán con carácter general funcionarios públicos,
pertenecientes a la propia agencia, si bien se permitirá la existencia de puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir en régimen laboral, con carácter excepcional, mediante contratos de alta dirección que deberán estar previstos en el
estatuto de la agencia. En suma, podemos decir que se incrementa sustancialmente la autonomía de las agencias para la gestión de su personal en tanto que, por ejemplo, la productividad o concepto equivalente del personal laboral estará vinculada al
grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión y será la propia agencia quien apruebe su relación de puestos de trabajo, es decir que tendrá capacidad de decidir el empleo de este recurso esencial para el cumplimiento de
los objetivos.
Con relación a la gestión presupuestaria, ámbito fundamental de la gestión pública, el proyecto introduce importantes novedades respecto del régimen actual previsto en la Lofage para los organismos autónomos. En primer lugar, el presupuesto
de gastos de las agencias tendrá carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, salvo los gastos de personal, que serán limitativos y vinculantes por su cuantía total.
Otra importante novedad que introduce el proyecto consiste en que el director de la agencia podrá hacer variaciones presupuestarias cuando estas sean financiadas, bien con ingresos propios procedentes de la contraprestación por actividades en virtud
de contratos, convenios o disposición legal, bien con aportaciones voluntarias, como, por ejemplo, donaciones, o bien con ingresos como consecuencia de patrocinio, siempre que el importe de estos ingresos sea superior a la cantidad presupuestada y,
además, existan garantías suficientes sobre la efectividad de tales ingresos. Esta novedad no solo pretende incrementar la autonomía de las agencias y la agilidad en la gestión, sino también incentivar a las agencias a que busquen, cuando sea
posible, fuentes de financiación propias compatibles con la naturaleza de sus actividades. Por último, en el apartado presupuestario se prevé que los remanentes de crédito no afectos a la financiación del presupuesto en ejercicio puedan aplicarse
al presupuesto de ingresos en el ejercicio siguiente y destinarse a financiar incremento de gasto, a diferencia del régimen actual, más limitativo, aplicable a los organismos autónomos.
Respecto del control de las agencias, son dos los aspectos que hoy quiero destacar. El primero es la creación de un órgano en la propia agencia, la comisión de control, constituida por miembros del consejo rector, cuya función es apoyar al
consejo en su tarea de control de los órganos gestores en lo que se refiere a la ejecución del contrato de gestión y en todos los aspectos de la gestión económico-financiera que debe conocer el consejo. El segundo aspecto que deseo remarcar, por lo
que supone de novedad sobre la actual situación de los organismos autónomos, es que el control interno de la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la intervención delegada en cada agencia, se realizará bajo la modalidad
de control financiero permanente y de auditoría pública y no habrá, por tanto, un control previo, como en la actualidad.
En lo que afecta a la contratación, me parece importante subrayar el artículo 16 del proyecto de ley, que dice textualmente: La contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable a las administraciones públicas. Fin
de la cita, que solo admite un comentario breve, que las agencias estatales no van a contratar por el derecho privado.
Finalmente, voy a referirme a otro aspecto relevante del proyecto que presentamos, y es que esta ley de agencias supone ya la inmediata creación de 10 agencias, por lo que la entrada en vigor de la ley tendrá desde el principio un amplio
ámbito de aplicación mediante un conjunto de agencias. De todas ellas, quiero hacer especial referencia a la Agencia de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios no solo porque vaya a estar adscrita al departamento que
dirijo, sino porque va a suponer un importante impulso para la satisfactoria implantación del conjunto de las agencias y, en general, de la nueva cultura de gestión de lo público. Esta agencia está destinada a la promoción y realización de
evaluaciones de las políticas y programas públicos, lo que favorecerá el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.
El proyecto dispone también que el Consejo de Ministros aprobará anualmente aquellos programas y políticas públicas, cuya evaluación incluirá la Agencia estatal de evaluación de políticas públicas en su plan de trabajo, debiendo presentar
anualmente un informe a este Congreso de los Diputados acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. De esta forma se fortalece la rendición de
cuentas al Parlamento, convirtiéndose la agencia de evaluación en una pieza clave de desarrollo de los nuevos procesos de gestión que deben protagonizar el conjunto de las nuevas agencias estatales al servicio de una mayor transparencia y de una
mejor calidad democrática. La Agencia de evaluación forma parte de un proyecto de largo recorrido para impulsar un sistema público de evaluación en España y para propiciar que el nuevo gerencialismo público se desarrolle a la altura de las nuevas
necesidades sociales y económicas, promoviendo simultáneamente mejoras en la transparencia y en la información ofrecida a los ciudadanos.
Señorías, entiendo que todos compartimos el objetivo de mejorar la Administración pública española, incluido el Grupo Popular, pese a algunas iniciativas que tengo
que reconocer que no entiendo, como la enmienda a la totalidad que hoy presenta a este proyecto de ley. Les puedo asegurar que tras los últimos años nuestra Administración necesita como agua de mayo una ley como esta.
Una ley que va a
permitir que con las agencias estatales se dote de verdadera autonomía a los actuales organismos autónomos. Una ley que va a permitir que con las agencias estatales se avance hacia un modelo organizativo más acorde con la realidad y las necesidades
actuales de la Administración general del Estado. Una ley que va a permitir que con las agencias estatales se profundice más en una nueva cultura de gestión en la que el ciudadano sea el jefe máximo. Una ley que va a permitir que con las nuevas
agencias estatales se introduzca como elemento innovador el contrato de gestión que permita equilibrar el trinomio autoridad-autonomía-responsabilidad. Una ley que va a permitir que con las agencias estatales se propicie mejor que en la actualidad
la motivación de los gestores públicos por la consecución de los objetivos.
Espero y deseo que el Grupo Popular, cuando supere el noismo en el que está instalado y que les lleva a presentar enmiendas a la totalidad a todo lo que se mueve, como la que ha presentado a esta ley, esté dispuesto a llegar a acuerdos en la
fase de negociación de enmiendas parciales para mejorar un texto que sin duda, y como todos, siempre admite mejoras. Lo que pedimos y lo que ofrecemos desde el Gobierno es voluntad de mejorar la Administración pública; es creer en lo público y en
la posibilidad de avanzar en su gestión para que responda con más precisión a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos de hoy. Lo que pedimos y lo que ofrecemos es en definitiva consenso para seguir adelante en este gran proyecto
democrático, compartido por todos, que iniciamos hace algo más de 25 años y que tanto necesita de unos servicios públicos más eficientes, más modernos y más abiertos a todos los ciudadanos; unos servicios públicos como los que queremos tener
mediante iniciativas como la que hoy presento en esta Cámara.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.
Al proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa el señor Padilla tiene la
palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores diputados, es patente que hoy de alguna manera vamos a hablar de descentralización -de otro fenómeno descentralizador- y es patente también que el interés por esta
descentralización es ciertamente menor.
Por tanto, no parece que la cuestión de la descentralización sea la que preocupe, sino que son otras cosas.
Señor ministro, como hace esa apelación reiterada a su perplejidad por esta enmienda de totalidad, yo, cortesía por cortesía, voy a intentar explicarle por qué hemos deducido este instrumento parlamentario. El primer motivo es puramente
posicional, no en el noismo, sino en la posición parlamentaria. El Gobierno, y en este caso el ministro que acaba de intervenir, que es el que en definitiva impulsa y trae este proyecto de ley, es muy dueño de concretar los apuntes, las
negociaciones previas con quien quiera, lo que no puede sorprenderle es que el primer grupo de la oposición de la Cámara, con el que no ha tenido ni siquiera una aproximación en la gestación de esta norma, ni siquiera en sus vectores principales, no
deje de cumplir, como cumple, con su lógica obligación, que es plantear esta enmienda de totalidad. Además, está justificada por el propio texto, por las insuficiencias del texto, señor ministro, porque si S.S. se creyera lo que ha dicho con
convicción absoluta, no habría tenido esa intervención de perfil bajo que ha tenido. Yo ya le voy conociendo mejor y sé cuándo usted está convencido, entusiasmado con algo y cuándo solo cumple con su obligación, que además lo suele hacer muy bien.
Realmente S.S. no ha transmitido una convicción personal fuerte.
En el texto que formalmente ha servido para deducir esta enmienda de totalidad, en el último párrafo, en términos políticos, en términos de claridad, le decimos, señor ministro: Si este proyecto de ley no aporta en el ámbito de los
organismos públicos una innovación que encare una reforma en profundidad del sector público -que no la encara, señor ministro- y no supone una reforma en profundidad de la Administración general del Estado, de la Administración institucional, si
solo supone una enmienda desordenada en ese sector -que lo es, señor ministro-, pues haber reformado la Lofage. Yo ya sé que ustedes están ahora muy animados, que les gustan todo tipo de variantes, con lo cual nos extraña que ahora no les gusten.
Es decir, les gusta el mundo variado, el mundo diverso, ahora están instalados en la diversidad vocacional, y no entendemos que ahora le parezca que hay muchos modelos en este momento en el panorama, que los hay; que hay desorden, que lo hay
-aunque hay otros muchos desórdenes-, pero, señor ministro, con esto ustedes no arreglan nada.
Ustedes enriquecen lo que hay -ahí sí hay que reconocer que realizan su vocación. Seguimos con los organismos públicos, seguimos con los organismos de
estatuto singular, a todos esos que S.S. ha dicho añadimos ahora un nuevo modelo que pretende ser el modelo principal, sin excluir a los otros y sin que S.S. sea capaz de decirnos tan siquiera cuáles serían los supuestos de excepcionalidad y
cuáles serían los cánones de generalidad en la creación de estas agencias.
Señor ministro, se han puesto en contacto conmigo funcionarios, personal de distintos institutos que me animan a preguntarle ¿es usted capaz de decirme por qué de entre los ocho -si no recuerdo mal, son ocho- organismos públicos actuales, a
los que ya les va a aplicar la ley de agencias estatales si el Parlamento le da luz verde,
incorpora usted el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y no contempla al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias? ¿Está seguro, señor ministro, de que este texto va a poner coto a la duplicidad de funciones
descentralizadas en distintos organismos autónomos? Yo tengo que convenir con S.S. en que el panorama no era el mejor, que todos los instrumentos legales a los que se ha acudido, ya desde la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958,
efectivamente no han servido para reducir, digamos, a una eficacia en la organización al fenómeno de la descentralización funcional o de la administración institucional, como se llamaba antiguamente. Por eso le decimos en nuestra enmienda de
totalidad y en la parte que resume políticamente el motivo por el que la planteamos que si esto supone solo una enmienda desordenada en ese sector, si no es claro que pretenda acometer un programa bueno o malo, pero alguno, que merezca el
calificativo de una mejor Administración pública, y si ni se explica ni se justifica que eso pudiera ser así, es patente que una iniciativa tan jurídicamente tosca, señor ministro, como políticamente desorientada, es merecedora de una enmienda de
totalidad de devolución. Y vaya si lo es.
Señor ministro, le ha delatado el subconsciente porque nos ha hablado enseguida de la Agencia de calidad de los servicios públicos, a la que ha dedicado en muchas ocasiones especiales citas en todas sus comparecencias en el Parlamento, y
fundamentalmente en la Comisión. Tendría que decirle que tengo una sospecha: ha hecho un traje pequeño y, con toda cortesía, a nuestro juicio, malo para su agencia de calidad de los servicios públicos. Eso es lo que ha hecho, con lo cual casi
está usted en trance de incorporar a la riqueza multicolor de los modelos de administración institucional uno nuevo para una agencia que es el testamento político, en su día, del ministro Sevilla como ministro de Administraciones Públicas, cosa a la
que deben aspirar todos los ministros, y lo subrayo con mucho gusto, pero que no nos parece que justifique que nos sumemos gozosos a esta norma. Nos ha hecho muchas canciones al respecto. Yo le tendría que preguntar, ¿por qué convierte en agencias
esas ocho y las demás no? ¿Qué características comunes comparten el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el Boletín Oficial del Estado? Como les gusta tanto hablar del pasado, voy a ser cortés y solamente lo voy a citar de pasada.
En el Boletín Oficial del Estado, en otros tiempos y con otros gobiernos del Partido Socialista, pasaron cosas donde precisamente no parece que fuera apropiado aligerar los controles. Le pido que me diga qué elementos de conexión hay entre el
Boletín Oficial del Estado y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Creo que pocas, como pocas son a veces las circunstancias en que las palabras no se vuelven contra uno, señor ministro. En el primer debate que tuvimos en la
Comisión, cuando usted expuso su programa en el que nos habló de esta vocación de agencia que S.S. nos transmitía, nos decía que iba a modernizar nuestra administración, que iba a aparecer un panorama de agencias que le iban a dar otra cultura de
gestión. Por cierto, ahí me reprochó que estábamos instalados en nuestra posición política en algo que se definiría, por algunas citas que le hice y algunas preguntas que le planteé, como una proximidad a la idea del poder y del conflicto. Eso nos
decía cuando yo le hablaba del problema que tiene en este ámbito la crisis constante en las competencias. Nos dijo: nos han ofrecido la peor cara. Señor ministro, si estuvo aquí ayer en el debate, quisiera que me dijera de qué se habló, y si
escuchó al señor Puigcercós en una cadena de radio, comprobaría que decía que el problema era de poder. No le endose a usted a la derecha conservadora su identificación con el concepto del poder como elemento de ejercicio de las potestades
públicas, porque es doctrinal, señor ministro, y porque eso fue, sabe que siempre digo las cosas con cortesía y sin ánimo de ofender, un cierto gesto de desvergüenza política; política, pero desvergüenza. Sabe S.S. que en la crisis competencial
late la voluntad del ejercicio de las potestades públicas y no puede despachar eso en el modo en que entonces lo despachó.
Le querría preguntar, señor ministro, sobre la doctrina general de control. ¿Cree que nos explica aquí para qué va a ser la
agencia esa que le gusta tanto? Ni siquiera con la adición de las palabras absolutamente redundantes con que una y otra vez se refiere a ella. ¿Cree que es suficiente, cuando se dice que se mantiene el principio de autorización legal, que nos
despachen con cinco líneas la transformación en agencia de esos organismos públicos y la propia creación de la Agencia estatal de calidad de los servicios públicos?
Nos habla usted de nuevas culturas de gestión. ¿Esa agencia de calidad, además de ser otro elemento de control, qué más hace, señor ministro? ¿Y de aquella cogobernanza qué queda, de aquello que nos explicó, de aquella invitación, aquella
llamada a sus socios parlamentarios para que participaran en esto? Por eso nos habían preparado ustedes un adolescente y nos han traído aquí un niño pequeño, y además malo. ¿Y se pregunta por qué presentamos la enmienda de totalidad? Pues para
ayudarle. Si tuviéramos además un criterio tan eficientemente claro en este momento, que hay que reconocer que es muy complicado, de cómo se podría sistematizar mejor este sector del Estado y hubiéramos tenido un momento de oportunidad y un
conocimiento real de lo que usted quería hacer, además de presentar la enmienda de totalidad de devolución le habríamos apuntado un texto alternativo, pero para eso tendríamos que saber qué quiere hacer usted, que es el que lo tiene que hacer,
porque es usted quien tiene la responsabilidad de Gobierno y el que ha comprometido lo que ha comprometido en este ámbito.
Señor ministro, voy terminando. Sobre lo que sería el principio general de esta enmienda totalidad, la norma que la informa, le tendría que preguntar cómo se plasman textual, formal y rigurosamente en Derecho positivo, en esa norma, los
principios -que quedan muy bien- que se recogen en la exposición de motivos y a los que ha vuelto a hacer referencia, y francamente no vemos
mucha armonía entre el texto y esa realidad. Nos complace, no porque tengamos una proximidad a la idea de lo que deben hacer los funcionarios públicos, pero si usted dice que algunas competencias de gestión directa en este momento se pueden
descentralizar lo que no nos resulta atractivo es que no pudiendo, como no puede con el principio general que informa la Lofage, designar director general a ningún amigo que pase por allí, designe usted para dirigir una agencia a ese mismo amigo
porque cuando pasó por allí usted ya había creado la ley de agencias. Preferimos que la situación en ese caso quede como está.
Nos parece bastante descontrolado y poco inteligible el aligeramiento de los sistemas de control. No entendemos por qué suprimen el recurso de alzada impropio, sobre todo si, como dice, estos organismos públicos, las agencias -de nombre
americano y modernizador-, van a seguir rigiéndose fundamentalmente en su actuación por cánones jurídico-públicos; no entendemos por qué desaparece. No entendemos por qué la norma pretende dotar de algo que para lo que son los fines de una agencia
no parece muy necesario, que son mayores facultades y mayor autonomía para disponer de bienes propios o bienes asignados a la agencia por parte de sus órganos rectores, y no entendemos, en fin y definitivamente, ese alejamiento del patrono general
en cuanto a la adjudicación de plazas en las agencias, desplazando a los órganos de gestión directos de su ministerio, y por tanto de usted mismo, si no cree en ellos, como no entendemos tampoco para qué despejan fuera de la norma y de la necesidad
de autorización de esta Cámara la modificación sustancial de estas agencias. Si ya no sería precisa la autorización legal para esa modificación sustancial, prácticamente habríamos deslegalizado la mitad de las decisiones relativas a estas agencias.
Le pongo un ejemplo. Del mismo modo que ahora nos pide una ley para que el Boletín Oficial del Estado, de infausta memoria en algunos aspectos, pase a ser agencia en el futuro, la modificación estructural absoluta del Boletín Oficial del Estado no
precisaría de autorización legal.
De manera que concluimos, señor ministro. Le agradeceré, si es tan amable, que nos clarifique un poco. Ofrecemos nuestra voluntad, y lo habrá visto.
Hemos hecho un número nutrido de enmiendas particulares a este texto.
Ponemos nuestra
mejor disposición para mejorarlo, para que su orientación complete de alguna manera esta realidad. Termino diciéndole, señor ministro, ya sabe -como decía Gracián- que saber y saber decirlo vale dos veces. En este caso, no sabemos si no lo saben;
no sabemos si no lo saben decir, pero este proyecto vale bien poco y ese es el motivo que determinó nuestra enmienda de totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Padilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.
Brevemente porque ahora ya lo he entendido. Tengo que reconocer que el texto de la enmienda a la totalidad que han presentado no era fácil de entender y con su exposición ya me ha quedado claro. Ustedes no quieren cambiar nada en la
Administración, a pesar de reconocer que es un desorden lo que nos dejaron. Ahora ya he entendido que para el Partido Popular la Administración no es una prioridad. Prestar unos buenos servicios públicos no es una prioridad. Mejorar la calidad de
nuestros servicios públicos no es una prioridad. Incorporarse a la corriente de modernización de administraciones públicas, que está traspasando Europa y el mundo entero, no es una prioridad para el Partido Popular. Ahora lo entiendo. Ahora
entiendo la enmienda de totalidad. Ustedes quieren que las cosas sigan como las dejaron. En palabras suyas: un desorden.
Exactamente así es cómo lo dejaron.
Para el Partido Socialista, y creo que para más grupos también de la Cámara, el tema no sólo es importante. No solo es importante tener unos buenos servicios públicos, no solo es importante que la gestión de esos servicios públicos sea
buena, no solo es importante poner a los ciudadanos en el puesto de mando de la prestación de esos servicios públicos sino que, además, es posible hacerlo. No hay nada inherente a la gestión pública que haga que necesariamente sea un desorden. No
hay nada inherente a lo público que haga que necesariamente sea peor, en su gestación, en su gestión, en su eficacia, en los servicios que presta, que lo privado. Eso lo piensa ideológicamente, al menos, una parte del Partido Popular para el que
siempre, por definición, lo privado es mejor, pero no es lo que piensa el Partido Socialista y otra mucha gente. Por tanto, insisto, ahora ya entiendo que lo que no quieren es que mejore la Administración pública, no quieren que se puedan prestar
mejores servicios.
Es verdad que seguramente, tal y como dejaron ustedes las cosas, la Administración pública española necesite una reforma de mayor calado que la que presentamos en esta ley. Usted lo ha dicho. Tiene razón. Tal y como ustedes dejaron la
Administración pública hace falta una reforma de mucha más profundidad que la que representa esta ley. Por eso esta ley solo es una de las muchas que el Gobierno socialista piensa traer a esta Cámara. Esta ley solo es una de las muchas iniciativas
de reforma y de modernización de las administraciones públicas que este Gobierno, que sí que cree en lo público, que sí que cree en la buena gestión de lo público, va a traer a esta Cámara, para que ese desorden que ustedes nos dejaron quede al
final como una Administración pública moderna, avanzada, eficaz, de la que los ciudadanos se sientan orgullosos y no de la que los ciudadanos huyan cada vez que tienen que hacer alguna gestión con ellos.
Tengo que reconocer que sus enmiendas parciales son mejores que la enmienda a la totalidad, seguramente porque cuando dejan al margen el noismo político y los
prejuicios ideológicos y entramos a hablar de lo concreto es más fácil que nos podamos poner de acuerdo. Por cierto, señor Padilla, he hablado de esta ley al menos con cuatro portavoces de su grupo, alguna vez fuera de la Cámara, pero
también en ella. El 'Diario de Sesiones' registra intervenciones de responsables del Grupo Popular en la Comisión de Administraciones Públicas diciendo que les parecía bien la ley de agencias, que les parecía bien lo que el Gobierno estaba
proponiendo en la misma. Por eso también me ha sorprendido la enmienda a la totalidad.
Da la sensación de que hay una parte del Grupo Popular que estaría de acuerdo con modernizar la Administración y que les parece que en ese sentido una pieza
importante es este proyecto de ley, y hay otra parte, que usted encabeza, que le parece que no hay que modernizar nada o que, en todo caso, éste no es el camino. Para jurídicamente tosco y políticamente desorientado lo que tenemos, ese caos
administrativo de organismos autónomos y entidades empresariales, sobre todo 47 organismos de estatuto específico. Cada vez que ustedes tenían un problema, yo no sé si para colocar a amigos o no, creaban un estatuto ad hoc, hacían un traje a la
medida a cada uno de los problemas que querían resolver -eso es discriminación-; organismos y regulación que además no traían a este Parlamento, hurtando el debate a este Parlamento. Ahora sí, la transformación de estos organismos en agencias
tendrá que aprobarse por el Parlamento. ¿Y 54 fundaciones, fundaciones públicas? Eso sin duda debe de ser jurídicamente muy preciso y políticamente orientado, no digo que no, pero desde luego en una dirección política radicalmente contraria de la
que defiende este Gobierno.
Hay algunas cosas que voy a dejar pasar como que no las he oído. Dos comentarios respecto a cuál es la conexión entre el CSIC y el BOE para que vengan aquí con urgencia a transformarse en agencias de lo que en este momento son. Se lo digo
con toda claridad, que ya no aguantan más la situación en la que ustedes les dejaron, que ya no resisten más. En un país que quiere convertirse en la punta de lanza de la investigación y el desarrollo, el CSIC ya no aguanta más con las normas de
funcionamiento que ustedes les dejaron; no pueden seguir; no pueden competir internacionalmente; no pueden hacer frente a lo que organismos similares en otros países europeos están planteándose, organismos que se están organizando, se están
reformando, para dar respuesta a uno de los retos más importantes que tiene cualquier país moderno, como es la investigación, el desarrollo y la innovación. No pueden más. Por tanto, el Gobierno ha hecho una propuesta que intenta respetar la
capacidad que le atribuimos a este Parlamento, para que sea él el que, a través de leyes, cree las agencias con las urgentes necesidades de algunos organismos autónomos, reforma que, por cierto, en este momento, con la ley que usted ha defendido no
tocar, tampoco tendría que traerse a este Parlamento.
Por último, una mención a la Agencia de evaluación. Créame que me siento muy joven, tan joven como para no pensar en mi testamento, y desde luego si pienso en él lo hago más en términos personales y familiares que políticos, y es muy
poquito lo que tengo que dejarles a mis hijos, salvo una cierta idea de la dignidad, de la justicia y de la honestidad.
(Aplausos.) Pero le diré algo sobre la agencia que he defendido estando en la oposición y que defendí en esta Cámara frente al
ministro Montoro, porque yo no entiendo un país que se gasta el dinero que se gasta en políticas públicas y no analice si se lo gasta bien. No digo si se lo gasta legalmente o no, que por supuesto, que para eso ya están las normas, las leyes, la
Intervención y el Tribunal de Cuentas, digo si se lo gastan bien. En el año 1997, cuando se puso en marcha, de acuerdo con los interlocutores sociales, un pacto para reducir la elevada temporalidad de nuestro mercado laboral, se firmó un acuerdo
para que se subvencionaran con dinero público y se pagaran cotizaciones sociales de la contratación indefinida. Desde 1997 hasta aquí hemos dedicado mucho dinero público a ese objetivo. ¿Se ha conseguido? ¿Es ese el mejor instrumento para
conseguir la reducción de la temporalidad? ¿Es esa la mejor política a la que hemos dedicado tanto dinero para conseguir el objetivo de reducir la temporalidad? Convendría que alguien lo mirara; convendría que alguien lo estudiara, lo analizara y
nos hiciera sugerencias, por si acaso nos hemos equivocado, por si acaso ese mismo dinero destinado de otra manera pudiera ayudar a conseguir mejor el objetivo de lo público. Eso no se puede hacer en este momento en España.
No hay un órgano
especializado para hacernos ese análisis de la eficacia de las políticas públicas. Un país que tiene un sector público importante como el nuestro, con un presupuesto importante como el nuestro, que actúa sobre zonas relevantes de la vida de
nuestros ciudadanos, es razonable que se sume a la gran corriente que existe en todo el mundo de mecanismos, de análisis y de evaluación de sus políticas públicas, que además incrementan las posibilidades de control democrático de este Parlamento
sobre el Ejecutivo, sobre el Gobierno. Lo mismo sería con el análisis de la calidad de los servicios públicos. ¿Funcionan bien? ¿Funcionan todo lo bien que pueden funcionar nuestros servicios públicos? ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿En qué
podemos mejorarlo? Para quienes creemos -a diferencia de otros miembros destacados del Partido Popular que cuando inauguran un hospital público dicen que va a funcionar tan bien como uno privado; yo creo que los hospitales públicos funcionan y
pueden funcionar mejor que los privados- que para eso el Gobierno, el organismo administrador, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el que sea que tenga la competencia y la responsabilidad, necesitará elementos, instrumentos, personal,
metodologías de análisis de evaluación de la calidad de esos servicios públicos, y para eso se crea por primera vez la agencia; y digo por primera vez, porque es uno de los casos en los que ya estamos llegando tarde a lo que está siendo una
corriente recomendada por la OCDE, recomendada por la Unión Europea y puesta en marcha por los principales
países, aquellos a los que en tantas otras cosas nos queremos igualar. Eso significa que nos preocupa una buena gestión de lo público; eso significa que nos preocupa que los servicios públicos que se prestan tengan una alta calidad; eso
significa que queremos hacerlo bien con la gestión de lo público. Si eso no forma parte de los presupuestos políticos de una actuación, si eso no es prioritario para un partido político, si eso no es lo que guía las reformas de las
administraciones, entiendo que presenten una enmienda a la totalidad; es coherente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.
Entiende esta presidencia que la intervención del señor ministro ha constituido un auténtico turno en contra de la enmienda de totalidad. En consecuencia, tiene la
palabra el señor enmendante por cinco minutos.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, francamente no consigo nunca que lleguemos por lo menos en el debate a un punto de encuentro, porque su capacidad de imaginación es realmente muy fecunda en cuanto a cosas que yo no digo.
Cuando ya empezamos a
debatir sobre lo que usted dice que yo he dicho y no he dicho el punto de encuentro es bastante complicado. Es además un experto en parapetarse en banderas de conveniencia, de esas que andan siempre por ahí. Si cree que le va bien y que refuerza
el argumento de su discurso, hágalo; es su derecho. Quisiera saber qué tendrá que ver con este debate que alguien haya dicho -que no me consta que lo haya dicho, señor ministro- que un hospital público es tan bueno como uno privado.
Cosas sí
vemos de algunas de SS.SS. y de sus familiares directos, que no van a hospitales públicos, y algunas de SS.SS. y de sus familiares directos, -normalmente no tendrán ya edad de ir a la escuela-, algunos de sus hijos no van a la escuela pública; es
su derecho. Eso ni afirma ni niega nada, pero no remueva simplezas, señor ministro, se lo digo con toda cortesía; no remueva simplezas, porque ya estamos muy mayores para esto. He tenido la honestidad intelectual y política de decirle que
ciertamente el ámbito de la Administración institucional subsiste hoy todavía con el agobio de una incontestable fórmula que permita sistematizarla de manera positiva; se lo he dicho. Yo no he dicho que la Lofage no mejorara, que mejoró, señor
ministro; he dicho que desde 1958 se viene trabajando en este campo y desde luego le reto a que coja el 'Diario de Sesiones' y me señale dónde he dicho yo que no había que modificar nada y en qué inmovilismo estoy inscrito. Puede ser que fruto de
alguna vanidad piense -que lo pienso- que a lo mejor podríamos tener ideas tan buenas como las suyas, no mejores, pero algunas. Le he dicho que la enmienda de totalidad no responde a ningún inmovilismo. De todas las prédicas con que nos ha
obsequiado en la Comisión y fuera de ella, en el Pleno y fuera de él y en la prensa, a la que usted se dedica con notorio esfuerzo, nos ha anunciado fenómenos. Nosotros nos hemos puesto a mirar el firmamento y tales fenómenos no discurren, y luego
se queja de que le digamos que echamos en falta los fenómenos. Usted me puede venir con un recurso retórico de vía estrecha. Usted, yo y todos lo que estamos aquí sabemos que el BOE y el Consejo de Investigaciones Científicas no tienen nada que
ver ni en sus objetivos, ni en sus fines, ni en su estructuración, ni en su lógica de actuación, ni en nada -usted me dirá qué tiene que ver un organismo investigador con un organismo que tiene como fin editar el Boletín Oficial del Estado y las
publicaciones que entiende oportunas para completar esa información al público en general-, pero nos viene con el recurso barato de que no podían soportar más la situación en la que lo habíamos dejado. Que Dios nos coja confesados por cómo van a
dejar todo esto. Esa no es una respuesta ni políticamente correcta, ni propia de la agudeza que usted muestra cuando quiere, ni desde luego propia de un debate. Le vuelvo a preguntar: Señor ministro, ¿por qué el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, que también lo habremos dejado en una situación insoportable -todo lo habremos dejado en una situación insoportable-, no necesita esa actuación urgente? ¿O es que no lo sabe? ¿O es que no lo saben? ¿O es que entre los
ministros de su gabinete esa gloriosa ministra de Agricultura, que cada día ilumina más -de sol generalmente no- los campos de nuestro país sobre todo con la esperanza, no le ha dicho nada? ¿No lo sabe ella? ¿Otro sí? ¿O el presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas es más amigo de algunos que de otros? (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) He actuado con honestidad y con intención constructiva. La responsabilidad de S.S. es naturalmente
medir y administrar la suya.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Padilla.
Muchas gracias.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor Padilla. Me quedo sin saber si quiere que el INIA sea agencia o que el CSIC no lo sea, pero reconózcame que las dos cosas a la vez es un poquito
difícil. Por eso, cuando me acusa de remover simplezas, piense si no es que solamente son simplezas lo que me está planteando.
Piénselo. ¡Cómo no voy a aceptar que ustedes pueden tener ideas tan buenas como las nuestras! ¡Cómo no! Hasta ahora no
las hemos visto, tengo que reconocerlo, pero tiempo habrá, tramitación tendremos, de esta y de todas las demás cosas que yo he ido anunciando, para ver si efectivamente tienen esas mejores ideas. Insiste usted en la pregunta de qué tienen en común
el CSIC y el Boletín Oficial del Estado. Si usted no lo sabe se lo digo: que son organismos públicos que tienen objetivos que marca el Gobierno, que tienen personal que regular
con unas normas, que tienen presupuestos que gestionar de una manera determinada; todo eso queremos que lo hagan de una manera mejor que como lo hacen ahora, todo eso queremos que lo hagan de una manera más flexible, con mayor capacidad de
control democrático y con mayor autonomía de gestión. Eso es lo que tienen en común. Supongo que también me reconocerá que algo tienen en común el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Cultura para que los dos sean ministerios y se rijan por
normas parecidas, aunque sus finalidades no parezca que tengan mucho en común -estoy seguro de que al señor Bono se le ocurriría contradecirme en este punto-; pero admítame, señoría, que es posible dedicarse a cosas distintas y tener elementos
sustanciales en común, como es en este caso ser organismos públicos.
Si de verdad estamos todos animados a mejorar lo que exista, me encontrará, señor Padilla, y me encontrará dispuesto a asumir, a aceptar, a discutir y a mejorar el proyecto de esta ley con las aportaciones que todos los grupos, y por
supuesto el suyo, hagan. Siempre lo he dicho y lo repito, creo que la obligación de un ministro es intentar traer a la Cámara proyectos de ley que mejoren lo existente, que lo mejoren para los ciudadanos y a ser posible que obtengan la unanimidad
de la Cámara.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el señor Mardones en nombre del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Administraciones Públicas, mi grupo valora muy positivamente esta iniciativa del Gobierno y la considera muy necesaria.
El debate de la calidad, de la modernización de la función de los servicios públicos está
prácticamente abierto en todos los países avanzados y civilizados de Europa. Es un debate permanente, recurrente en España; lo es en la Administración pública francesa, en su sistema centralizado; en el Gobierno que ha hecho Tony Blair en
Inglaterra, en el Reino Unido, donde la función pública británica es un debate abierto en cuanto a la calidad de los servicios que presta al ciudadano y su control parlamentario; en los países nórdicos, en Suecia, por poner un ejemplo, es un debate
permanente la simbiosis función pública-servicios públicos-funcionarios públicos; en la República Federal Alemana también, así como en Italia. A veces en Italia, si no han querido entrar en el problema, este se termina comiendo la eficacia del
caudal público de las administraciones públicas y se entra más en una especie de caos administrativo.
Los principios que inspiran este proyecto de ley, según su propia exposición de motivos o preámbulo, merecen nuestro apoyo; creemos que hay que reconocer que estos principios no solo son bien intencionados, sino necesariamente exigibles en
una administración pública moderna. Qué duda cabe de que en España, antes de la democracia y después de ella, prevalece el sentido de la racionalidad. Esto no viene solo desde hace unos años, porque ya cuando en España se empieza a hacer un
regeneracionismo legislativo de lo contencioso-administrativo, fundamentalmente en el siglo XIX, se ve la necesidad de acabar con aquel turno de los partidos de Práxedes Mateo Sagasta y de Cánovas del Castillo en el que los funcionarios públicos
eran desalojados del ministerio cuando entraba un nuevo gobierno. Nosotros queremos apoyar la idea expresada por el señor ministro de que hay que reconducir la verdadera selva acumulativa que se ha ido produciendo en los organismos públicos de
distinto carácter jurídico, en los organismos autónomos, los administrativos, los ejecutivos, etcétera, porque ahora hemos llegado, como bien se recuerda en la propia exposición de motivos, a tener un censo de 138 organismos en la función pública.
Lo grave es que además de esos 138 organismos se dice que hay 47 que tienen su propio reglamento; o sea, hay 47 uniformes distintos, diferenciadores, no se sabe muchas veces en qué, sino en un momento de circunstancias políticas, que tienen su
régimen regulador propio. Así es imposible funcionar con coherencia. Esto no es un holding de empresas. Incluso la empresa privada cuando actúa en una pirámide de holding tiene unos mecanismos reguladores, porque cualquier empresa del holding
tiene que ser sociedad anónima, tiene que tener el mismo reglamento de su consejo de administración cualquiera que sean las actividades a que se dedique. Por tanto, nuestro grupo parlamentario entiende que era necesario reconducir y racionalizar
esta selva de 138 organismos, tuvieran o no tuvieran sus propios reglamentos individualizados, y poner la figura de las agencias en el vértice a iniciativa de los ministerios competentes al respecto.
En este sentido, mi grupo ha querido mantener, siendo un grupo pequeño, al ocupar la presidencia de la Comisión de Administraciones Públicas -que preside mi compañero de grupo Román Rodríguez-, una especie de comportamiento institucional
para no ser juez y parte en muchas cuestiones que se dilucidaran en la comisión respectiva. Valoramos muy sustantivamente esto. Habrá un reto, pero con las garantías en cuanto al manejo de caudales públicos de la Intervención delegada del
Gobierno, de la Intervención del Gobierno radicada en los Ministerios de Hacienda y después en todos los ministerios que generen estas agencias. Esto es una garantía imprescindible, a la que se va a sumar uno de los propios instrumentos de la
Cámara, como es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas va a entrar con todas las consecuencias como está entrando actualmente. Lo que tampoco podíamos pedirle al Tribunal de Cuentas es que fuera incapaz, porque de hecho lo es, de poder
tener la auditoría de 138 entidades de organismos autónomos en la actualidad. Pierde la doctrina el propio Tribunal de Cuentas al tener que auditar los resultados económico-financieros de 138 entidades, y no digamos
cuando entran los 47 que tienen cada uno su uniforme y reglamento de andar por casa o por fuera de casa. Por tanto, creemos que hay un principio político de modernización de la actividad pública, de la Función pública en este momento.
En este sentido, señor ministro, me gustaría hacerle unas reflexiones. En primer lugar, compartimos que los contratos que se hagan no se vayan a regir por el derecho privado, sino por el derecho público. La Función pública tiene que tener
control público y tiene que regir sus contratos por derecho público, sea personal laboral o sea perteneciente a los cuerpos de carrera de funcionarios del Estado de las distintas administraciones públicas; hay que huir de los contratos que se rijan
por derecho privado. Lo único que nos faltaba era encontrarnos con los contratos blindados de una entidad privada. Es imprescindible garantizarlo, y mi grupo se va a sumar a la defensa de esta idea, al igual que cuando se vea la abstracción del
personal que va a prestar su servicio en las agencias. Nos parece que el proyecto de ley entra con prudencia respetando la situación administrativa o laboral que tengan los servidores públicos que están ahora en los organismos correspondientes, y
cuando pasen, si pasan a ser agencia, se debe mantener el estatus laboral. Creemos que este respeto a unos derechos funcionariales es positivo. Después, cuando sea un personal propio de la agencia, debe tener también su sistema. Lo que sí le pido
al señor ministro es que el Estado, la Administración confíe también en sus cuerpos de funcionarios, confíe en sus funcionarios de carrera del Estado -el que le habla también pertenece al cuerpo de la Administración pública en situación de servicios
especiales, como marca nuestra Ley 30/1984, de la Función pública-, porque precisamente hay un patrimonio y hay que utilizarlo.
Igual que hemos aprobado una profesionalización de las Fuerzas Armadas y no se entendería que tuviéramos soldados de
reemplazo, no se entendería que tuviéramos funcionarios públicos de reemplazo, entre comillas, sino un régimen de selección y de profesionalidad, porque esto da garantías, incluso la de poderle aplicar al funcionario que se desvía los reglamentos
disciplinarios de la Función pública o cualquier otra medida correctora que se tenga que hacer.
También habrá que ser cuidadoso, señor ministro, con los consejos rectores de estas agencias y la personalidad de las instituciones que se puedan sentar allí. Dado que la iniciativa de generación de una agencia será de cada ministerio por
vía de ley, y después por el real decreto que fije su reglamento, debe tenerse en cuenta que estamos en el Estado de las autonomías, que hay unas comisiones sectoriales, posiblemente las comisiones sectoriales de agricultura, de fomento, de
comunicaciones, de sanidad, etcétera, que muchas veces tendrán dentro de su cartera de trabajo la obligación de pronunciarse porque una agencia no está al servicio de una entidad privada. La agencia que se contempla en el proyecto de ley -que
merece nuestro apoyo- son agencias de servicio público y están, por tanto, al servicio del ciudadano y de todas las administraciones, ya sea la estatal o la correspondiente a las comunidades autónomas o a las corporaciones locales. Nos encontramos
con una empresa como Tragsa que se dedica a las obras públicas y que lo mismo atiende a la recogida del chapapote del Prestige como a abrir caminos rurales o a proyectar construcciones de regadío, etcétera, a demanda de una parte que puede ser una
comunidad autónoma o la propia Administración central. Por tanto, habrá que vigilar por que el servicio de las agencias esté a favor del ciudadano por su naturaleza pública e institucionalmente, o bien al servicio de las competencias que tiene
reservadas la Administración central o al servicio de aquellas demandas que le generen las comunidades autónomas también en el ejercicio de sus competencias y buscando un servicio especializado. Al final esta agencia es un instrumento profesional
especializado para atender determinadas actividades, ya sean de fomento, de comunicaciones, agrícolas, de lucha contra los incendios forestales, de investigaciones agrarias o de cualquier otra actividad en la que sea necesario llegar a un grado de
racionalidad y de profesionalización.
Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y ampararemos, con las enmiendas que se presenten, este proyecto muy necesario, señor ministro. Frente a las acusaciones que a veces se hacen
de burocratización de los servicios públicos, es imprescindible que hoy día una administración pública de un país democrático esté modernizada, sea ágil, eficaz y eficiente en la utilización de los recursos económicos o jurídicos porque, a final de
cuentas -repito- se trata sencillamente de lo más noble en un Estado democrático: el servicio público a los ciudadanos y a sus instituciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Señorías, continuamos con la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Asistimos al debate de totalidad del proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, al que se ha presentado una única enmienda a la totalidad, cómo no, por parte del Grupo Popular.
Nuestra posición respecto
al proyecto de ley en su conjunto se enmarca, como no podía ser de otra manera, dentro de nuestro compromiso en la defensa y promoción de los servicios públicos y en la necesidad de modernización de la gestión y mejora de la eficacia de la
Administración pública; de ahí, señor ministro, que hayamos presentado 40 enmiendas al proyecto. La diversidad de organismos públicos y de figuras jurídicas implicadas existentes, desde el tráfico aéreo, el BOE, el Instituto Cervantes, hasta
organismos de investigación, requiere
un profundo análisis de los organismos a la hora de regularlos; un análisis asimismo de sus funciones y objetivos para facilitar la actuación de esta ley como paraguas común, pero, eso sí, respetando las características distintivas y
funcionales de cada uno de estos organismos. Esto nos lleva a no apoyar la enmienda a la totalidad, pero tampoco a entusiasmarnos con el proyecto que presenta el Gobierno. Desde nuestro punto de vista puede ser mejorado y debe serlo en su
tramitación parlamentaria. Así, en una primera toma de contacto como es este debate, podemos compartir una buena parte de los objetivos y traer un proyecto de ley a esta Cámara que regule las agencias estatales. Superada la toma de contacto y
entrando en el análisis del contenido del texto respecto a determinados objetivos programáticos, como establecer mecanismos de control de eficacia y abordar la necesidad de promover una cultura de responsabilización de resultados, nuestro grupo
observa serias carencias y serias contradicciones. Es decir, para nosotros el articulado no da una respuesta suficiente y adecuada a los objetivos que la propia ley persigue y que sin duda compartimos. Así, este proyecto de ley que nos han
presentado resulta mucho menos ambicioso que el inicialmente propuesto.
Entre otros aspectos negativos que nos parecen que deben ser corregidos en la tramitación parlamentaria se encuentra la inexistencia de mecanismos de relación y coordinación con las comunidades autónomas. También, respecto al ámbito de
aplicación queda sin precisar el destino de las grandes agencias existentes, como la Agencia Española de Administración Tributaria o la Agencia del Medicamento. Para nosotros es más importante que tampoco queda claro la situación de las 54
fundaciones del sector público estatal, muchas vinculadas, cómo no, a organismos públicos y que entendemos deberían estar incardinadas en esta ley. Asimismo, otro de los puntos negativos es que en el proyecto de ley se ha introducido el
nombramiento directo por el ministro correspondiente de la mitad de los miembros del consejo rector, convirtiendo a las agencias en organismos ligados al poder político. Señor ministro, si el Gobierno nombra al presidente y a la mitad del consejo
rector tiene asegurada la mayoría absoluta del máximo órgano de gobierno, imposibilitando desde el inicio la independencia de la agencia y además sometiéndola a los conocidos vaivenes típicos de los cambios de Gobierno.
Otro de los puntos negativos y que nos parece muy alarmante es que en el proyecto tampoco aparece reflejada la participación de los trabajadores a través de sus representantes en el consejo rector ni en ningún otro órgano de las mismas
agencias. Esto es una evidente regresión respecto a la situación existente en la mayoría de organismos públicos y en las propias empresas. En esta materia lo que le exigimos no es solamente la aplicación estricta de la Ley 9/1987; no, le exigimos
más. Le exigimos que se avance, que esté garantizada la participación permanente de los representantes de los empleados públicos. Por lo tanto, se han de concretar y ampliar los espacios de participación sindical con garantías para todas las
agencias afectadas por esta ley. Según el proyecto, los representantes sindicales solo serán informados en los procesos de selección personal. Señor ministro, eso es muy poco y hemos avanzado mucho más a lo largo de estos años de democracia como
para que ahora se presente una ley con esta mera referencia. El Gobierno con esto parece insistir en el desconocimiento de la capacidad y el derecho a la negociación colectiva y a la participación de los trabajadores en la Función pública. Como le
digo, esta es una situación que creíamos muy superada e impropia también de un Gobierno que se califica de progresista y que habla permanente de la concertación social, que debe estar reflejada en esta ley. Por eso, le invito a la negociación con
este grupo parlamentario sobre las enmiendas presentadas a este respecto.
Igualmente, otra de las críticas que manifestamos al texto es que el órgano ejecutivo de la agencia es el director, nombrado y separado por el consejo rector, abriendo el camino a una figura que concentra el poder político y la capacidad
ejecutiva. Si esta figura se suma a la falta de participación de los trabajadores y a la ausencia de control parlamentario, hay un excesivo peligro de conflicto y autoritarismo que debe ser modificado en esta tramitación parlamentaria que se
avecina.
Otra de las críticas son los cambios esenciales respecto al régimen retributivo. Dice el proyecto que los conceptos retributivos del personal funcionario y estatutario y sus cuantías se establecerán en el marco del correspondiente
contrato de gestión. Esto significa que cada agencia establecerá sus propias retribuciones. Señor ministro, esto supone una ruptura de los criterios de homogeneidad en las retribuciones y el establecimiento de marcos retributivos dispares en la
Administración del Estado, con los evidentes riesgos que acarrea. Asimismo, la falta de claridad en los sistemas de provisión y promoción de personal generan inquietud sobre las formas de gestión y organización de personal. No podemos compartir
estas medidas, esta ruptura con los elementos básicos de gestión de personal de la Función pública. Pero, teniendo en consideración estas cuestiones negativas, siendo insuficiente el proyecto de ley y no siendo nuestro texto, participamos
seriamente de la necesidad y la oportunidad de su debate. Creemos que este proyecto puede suponer, si existe diálogo en la tramitación parlamentaria, un primer paso en la regulación del funcionamiento de los entes de la Administración para
gestionar alguna materia en régimen de descentralización funcional.
Igualmente, como decía, coincidimos en la necesidad de uniformar las características de los organismos públicos en la figura de la agencia estatal. Por lo tanto, hay medidas
positivas y, además de avisar sobre la necesidad de mejorar el texto, vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad. Es imprescindible establecer garantías y cautelas en aspectos clave para nuestro grupo parlamentario que están retratadas en
esas 40 enmiendas. Sencillamente, vamos a dar una oportunidad a este proyecto
de ley, pero esperamos que sea altamente mejorado en toda la tramitación que nos espera.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Continuamos con el señor Olabarría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nosotros no tenemos grandes reproches que hacer a la filosofía que inspira este proyecto de ley ni a su contenido material. De hecho no hemos presentado más que seis enmiendas que usted conoce, y además, desde una
perspectiva puramente táctica, y con toda honestidad se lo voy a decir, dadas las expectativas razonables de que estas seis enmiendas sean aceptadas, no parece tampoco muy prudente que en este trámite le metamos demasiado el dedo en los ojos; desde
esa perspectiva vamos a hacer una reflexión no apologética pero sí positiva porque nosotros compartimos su filosofía en cuanto a cómo entender la prestación del servicio público, sobre todo porque usted ha heredado una verdadera miscelánea
institucional difícil de abarcar y difícil de controlar. Usted tiene que gestionar la Administración General del Estado, organismos administrativos, organismos autónomos, organismos u órganos constitucionales, entidades gestoras, fundaciones
públicas, empresas públicas... Esto es inabordable, y permite parafrasear a Hobbes: nos encontramos ante el gran Leviatán, que además va creciendo ininterrumpidamente. Luego hay que introducir algún elemento de corrección que de alguna forma
adelgace una infraestructura institucional tan compleja de controlar y tan disfuncional. Por lo tanto, desde esta perspectiva, esta apelación a la creación de agencias, que funcionan con mucha más agilidad y con mucha más eficiencia, nos parece
filosóficamente pertinente.
Nosotros, además, le queremos felicitar particularmente por lo que le reprochaba el Partido Popular. Nos parece que la agencia más interesante de las que se prevén de nueva creación en este proyecto de ley es la que se denomina agencia
estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios. Estamos hablando de un derecho ya constitucionalizado por algunas de las constituciones de los países más avanzados de nuestro entorno, de nuestro contexto, que es el
derecho subjetivo, incluso constitucional, de los ciudadanos al buen gobierno; es un derecho que está ya constitucionalizado por constituciones como la alemana, como la de Canadá, como la de Noruega y como otras importantes; es una derecho que
impregnó y se incorporó al denominado Plan Ibarretxe, a la reforma estatutaria o reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika, que, por usar perífrasis perfectamente entendible, no corrió la misma suerte en su tramitación parlamentaria que la
reforma del Estatuto de Cataluña. Estamos hablando, en definitiva, de un derecho de los llamados de nueva generación, que se evalúa o controla mediante una agencia que precisamente garantiza o evalúa que el buen gobierno es un derecho realmente
material y del que puedan disfrutar los ciudadanos. Yo no descartaría, incluso, la incorporación a textos de rango normativo, de rango jurídico formal más elevados que esta propia ley; estamos hablando en algunos países de nuestro contexto, en los
que se puede inspirar nuestra normativa, de un derecho constitucional. Hay que reconocerlo, es una enmienda que nosotros le sugerimos a la disposición adicional primera, que se reconozca como derecho subjetivo de los ciudadanos el derecho al buen
gobierno, derecho controlado mediante esta agencia denominada de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos. Ahora, hay que hacer una acotación -y es la primera enmienda que nosotros le presentamos en relación con
la disposición adicional primera-, que esta competencia de control de los servicios públicos, de las políticas públicas y de la calidad de las mismas debe acotarse a aquellas políticas públicas que corresponden a la Administración Central del
Estado. Por lo tanto, hay que reservar o salvaguardar las que corresponden a otras administraciones como las autonómicas y quizá la Administración local; será uno de los temas a debatir más sugerente seguramente en los trámites legislativos que
nos esperan. Las demás enmiendas tienen naturaleza competencial y parece que la predisposición de su Gobierno es favorable a su toma en consideración, en el sentido de que cuando los estatutos de autonomía prevean que existe una potestad, una
competencia de participación en los consejos rectores de las agencias públicas, sobre todo de las que están más vinculadas o ejercen competencias más atinentes a las previstas en los estatutos de autonomía, que corresponden, por tanto, a las
comunidades autónomas, que se reconozca y se posibilite la presencia de representantes de las administraciones autonómicas en los consejos rectores de las mismas y que esto ocurra en todo caso, señor ministro, cuando estas agencias desenvuelven su
actividad en el ámbito de las competencias concurrentes o compartidas con las administraciones autonómicas. Si estamos hablando de competencias que se ejercen conjuntamente entre la Administración Central del Estado y una administración autonómica,
necesariamente tenemos que prever el mecanismo para que las agencias que evalúan y controlan esta actividad administrativa también posibiliten la presencia de representantes de las comunidades autónomas, que, además, y esta es la segunda enmienda,
tienen que ser designados, por pura congruencia, por las propias administraciones autonómicas que van a estar presentes en dicho consejo rector. Esto nos obliga también, siguiendo con este tracto sucesivo de acontecimientos, que nosotros
consideramos perfectamente coherentes, a pensar que si las comunidades autónomas van a poder nombrar representantes en el consejo rector de las agencias estatales, la presidencia de este consejo rector debería ser rotatoria, para posibilitar que
también,
esporádica y eventualmente, los representantes autonómicos puedan presidir dicho consejo rector.
Por último, señor ministro, nos parece que, resueltos estos problemas de naturaleza competencial, que dimanan del bloque de constitucionalidad y que se incardinan en la propia filosofía, en el propio espíritu, en la propia ontología del
proyecto de ley que usted nos presenta aquí, estamos dispuestos, desde una posición leal, a colaborar, a mejorar en los trámites parlamentarios sucesivos una ley que se nos antoja absolutamente necesaria para mejorar la eficiencia de una
administración, sobre todo la Administración del Estado, y digo la del Estado porque es más antigua en el tiempo; las administraciones autonómicas tienen otra dimensión al ser administraciones de nuevo cuño, de nueva creación y, por tanto, son más
simples, con procedimientos administrativos más ágiles, con estructuras administrativas menos voluminosas. Yo me he permitido el lujo de hacer una especie de cálculo, de cómputo, de comparación aritmética y, entre las estructuras u órganos
institucionales que corresponde gestionar a la Administración del Estado y las que corresponde gestionar al Gobierno vasco, el porcentaje es de 50 a 1, señor ministro. Esto ya acredita cuál es la dimensión de la Administración Central del Estado en
toda esa miscelánea de órganos institucionales que le he citado antes y cuál es la dimensión institucional de una administración autonómica, en este caso la Administración autonómica vasca. Este es un buen elemento de corrección y, por tanto, le
felicito por la oportunidad. Estos aspectos que son mejorables -los que yo les he indicado y algunos que han sido indicados con lucidez y pertinencia por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- seguramente posibilitarán que
hagamos una buena ley, pero, sobre todo, que prestemos a los ciudadanos un servicio de calidad, que es nuestra obligación; es su obligación particularmente, pero es también nuestra obligación como legisladores y este es un buen instrumento. Vamos
a acabar con estos residuos de una administración de origen filosóficamente napoleónica, pero que se ha sobredimensionado y se ha hecho una administración difícilmente gobernable, y vamos a garantizar eficiencia en los servicios porque esto, aunque
no esté escrito en la Constitución como un derecho subjetivo positivo, sí es un derecho de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Señor Canet, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, la valoración global que hace nuestro grupo del proyecto es positiva. La eficiencia en los servicios públicos, como se ha comentado anteriormente, es un objetivo al que todos debemos tender y la figura de la
agencia estatal nos parece un buen modelo, sobre todo en aspectos como el grado de autonomía que se prevé, las previsiones en materia de personal, etcétera, y también vemos interesante la incorporación de fórmulas propias de los consorcios, artículo
14.3, que van en la línea de poder utilizar el modelo de gestión más adecuado en cada caso. Por tanto, vamos a formular algunas observaciones que desarrollaremos en el trámite parlamentario y una pequeña reflexión, seguramente producto de una
lectura que a lo mejor no es la suya, sobre una posible ambigüedad de la relación con la función pública de las comunidades autónomas.
El proyecto de ley no podrá impedir la creación de nuevas figuras instrumentales, como ya sucede actualmente respecto del modelo que prevé la Lofage. Por otra parte, el modelo de autonomía y de contrato de gestión tendría que ser predicable
en principio para todos los organismos autónomos, punto que no se prevé en el proyecto de ley. Asimismo nos parecería conveniente que dentro de los primeros artículos se precisara claramente el ámbito de estas agencias para que se ajustase al de
las actuales entidades públicas empresariales y al de los actuales organismos autónomos con funciones preponderantemente de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
No queda claro quién ostenta el papel de principal -lo pongo entre comillas- dentro del modelo propuesto en el proyecto de ley, si el consejo de administración, que aprueba la propuesta del contrato de gestión, o los ministerios de
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, que aprueban el contrato de gestión mediante orden. Tampoco queda claro quién representará a la agencia. El contrato de gestión, como tal contrato, implicaría un compromiso de al menos dos partes
que tendrían que suscribir un documento definitivo y no una simple propuesta y en este sentido nos gustaría que nos aclarase quién firmaría dicho contrato. El hecho de que sea el estatuto el que determine el personal directivo de la agencia puede
provocar una excesiva proliferación de dicho tipo de puestos, con un modelo diferente para cada agencia y con la consiguiente proliferación de contratos laborales de alta dirección.
Seguramente se debería modificar expresamente la Lofage en el
sentido de precisar claramente el ámbito de los organismos autónomos y eliminar expresamente la figura de la entidad pública empresarial. Antes de llegar al trámite parlamentario en el que tendremos tiempo de discutir estas concreciones o
inconcreciones técnicas, haré una reflexión sobre la posible ambigüedad interpretativa que podría colisionar, como decía antes, con la función pública de las comunidades autónomas, aunque seguramente usted me aclarará después que no hay, entre
comillas, motivo para susceptibilidades.
En la disposición adicional se autoriza la creación ex novo de la agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, que tiene como objetivo, y cito literalmente, la promoción y realización de evaluaciones
de las políticas y programas públicos,
favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad en los servicios. En principio, al tratarse de medidas de autoorganización de la Administración General del Estado, no habría nada que decir
desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Por tanto, el papel de las agencias se debería circunscribir al ámbito competencial propio sin invadir la administración de las comunidades autónomas. En este sentido, el artículo 2 del
proyecto, naturaleza y régimen jurídico, dice claramente que las agencias son creadas por el Gobierno -y cito también literalmente- para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle el Estado en el ámbito
de las competencias que le están constitucional y legalmente atribuidas. Fin de la cita. En este sentido, la propia ley limitaría el alcance de las agencias a las políticas públicas del Estado, sin embargo, es preciso tener en cuenta el doble
contenido de la referencia Estado, que puede aludir tanto al Estado central en contraposición a las comunidades autónomas como al conjunto de la organización pública, la que hace, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat, en el caso catalán,
sea el representante ordinario del Estado en Cataluña. Curiosamente el proyecto de ley distingue en la exposición de motivos y en diversos artículos entre Estado y Administración General del Estado, concepto este último mucho más concreto e
inequívoco. En ningún momento se explicita el título competencial al cual se acoge el Gobierno para formular el proyecto de ley, y no podemos saber si lo ha pensado a través del artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, que es el que reserva
al Estado -ahora entendido como Estado central- las bases del régimen de las administraciones públicas. Este título lógicamente le habilitaría -en una interpretación expansiva no infrecuente- para extender la actividad de la agencia de evaluación
al conjunto de las administraciones públicas, incluidas las de las comunidades autónomas. Curiosamente -o no- la única vez que en la exposición de motivos se habla de Estado y no de Administración General del Estado es al referirse a esta agencia
de evaluación. Por otra parte, el objeto concreto de la agencia se establece en el punto segundo de la disposición adicional primera, que dice que anualmente el Consejo de Ministros aprobará los programas y las políticas públicas, cuya evaluación
se incluirá en el programa de trabajo de la agencia. En ningún caso se dice que se trate de programas y políticas públicas del ámbito competencial estatal o, más concretamente, ejercidas por la Administración General del Estado. En definitiva,
podría haber -no afirmo que haya- una ambigüedad calculada en el uso del término Estado y en el alcance del ámbito de la agencia de evaluación, que podría dar lugar -y subrayo siempre el condicional- a una interpretación expansiva que la habilitase
para evaluar las políticas públicas de la Administración, de las comunidades autónomas -caso de Cataluña y la Generalitat- o aquellas cuya ejecución correspondería a las comunidades autónomas. Este último aspecto es el más preocupante -o podría
serlo- porque, si bien no resulta imaginable que quieran evaluar, pongamos por caso, el Institut Català del Sol, resulta menos claro el caso de la evaluación de las universidades autónomas sobre las cuales tiene competencia la Generalitat, o la
misma asistencia sanitaria, en tanto que el Institut Català de la Salut es una entidad gestora de la Seguridad Social. Es preciso puntualizar el alcance del conjunto de la ley en la Administración General del Estado, y específicamente en el objeto
de la agencia de evaluación. Por pasiva, se podría añadir que la agencia podrá extender su actividad a las políticas públicas gestionadas -no solo de titularidad- por las comunidades autónomas mediante convenio. En todo caso, si la fórmula fuese
diferente, se podría configurar como un sistema para que las comunidades autónomas participaran del diseño de las políticas de competencia exclusiva del Estado, como, por ejemplo, la de inmigración, mediante la creación de una agencia para o de la
inmigración.
En conclusión, observamos en el proyecto algunas inconcreciones técnicas, esa posible ambigüedad calculada que le comentaba en las relaciones con las comunidades autónomas, pero, en cualquier caso, tiempo habrá para poder debatirlo y
concretarlo porque evidentemente, como ya le he anunciado, votaremos en contra de la enmienda de totalidad.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Canet.
Continuamos con el señor Jané, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Administraciones Públicas, bienvenido a este debate, porque es su primer proyecto de ley que presenta en esta legislatura. No es el primer proyecto de ley, porque ya ha presentado el proyecto de ley de la Carta de
Barcelona, pero al no recibir enmienda a la totalidad, no hemos tenido oportunidad de debatirlo en el Pleno. Esto me lleva, señora presidenta, señorías, a recordar la necesidad de modificar el Reglamento de la Cámara. Es útil realizar un debate en
Pleno sobre un nuevo proyecto de ley, pero solo podemos realizarlo si algún grupo presenta enmienda a la totalidad. Y los que en este caso no lo hemos hecho, hoy tenemos la oportunidad de debatirlo gracias a que el Grupo Parlamentario Popular sí ha
presentado enmienda a la totalidad de devolución. Con independencia de que se pretenda o no la devolución del proyecto, sería necesario establecer en el Reglamento de esta Cámara siempre un debate de entrada.
Esta es una de las innovaciones que
si, finalmente, señora presidenta, llegamos a un acuerdo en el Reglamento, tendremos la oportunidad de tener a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.
El ministro de Administraciones Públicas nos presenta un proyecto de ley de agencias estatales y yo lo primero
que quiero recordar es que el Gobierno tiene título competencial para hacerlo. Antes se discutía qué título competencial hay. Este Parlamento tiene una competencia absoluta para legislar sobre la Administración General del Estado. ¿Qué
otro parlamento puede hacerlo? Estas Cortes Generales somos el Poder Legislativo en el ámbito de la Administración General del Estado, y al no citar -como no cita- el artículo 149.1.18ª, entendemos que en ningún caso este proyecto de ley tiene la
vocación expansiva de ser legislación básica. No la tiene, así lo interpreta el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y por este motivo no hemos presentado enmienda a la totalidad, porque entendemos que es un proyecto de ley que, de
acuerdo con las competencias que tiene este Parlamento, pretende regular la figura de las agencias estatales en el ámbito de la Administración General del Estado. Y ningún otro parlamento es competente para hacerlo, sino éste. En el Parlament de
Catalunya no podemos regular las agencias estatales en el ámbito de la Administración General del Estado, no puede hacerlo el parlamento de otra comunidad autónoma, lo tiene que hacer el legislador de la Administración General del Estado. Es bueno
recordarlo, porque en muchas ocasiones los funcionarios de la Administración General del Estado se sienten olvidados por el legislador. Solo se incluye a través de normativas que después tienen el carácter de básico también para otras
administraciones. Bueno es hoy dirigir, señor ministro, un proyecto de ley a un ámbito concreto, en este caso a la Administración General del Estado. Por este motivo, mi grupo va a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha presentado el
Grupo Popular y vamos a discutir aspectos concretos del proyecto de ley que nos presenta.
En primer lugar, hay un aspecto al que hacía referencia el señor Canet y que mi grupo comparte. A veces el término Estado tiene un significado ambivalente y queremos clarificar que estamos legislando única y exclusivamente para la
Administración General del Estado. Algunas de las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario se dirigen precisamente a esa necesaria acotación para evitar posibles interpretaciones que estoy convencido de que el ministro de Administraciones
Públicas y el Gobierno no comparten. Sin embargo, le pido expresamente que en el turno final de cierre del debate tenga la oportunidad de especificarlo así a aquellos portavoces que no presentando enmienda a la totalidad, como no la presentamos,
entendemos necesaria esta clarificación. Asimismo, ante lo que es esa nueva agencia de evaluación de los servicios de la Administración General del Estado, no es que no compartamos la finalidad de evaluar la buena gestión de los servicios y la
creación de esa agencia, pero no sería oportuno que una agencia que aprueba este Congreso y después el Senado tuviera por misión evaluar, fiscalizar las administraciones autonómicas que tienen competencia exclusiva en autoorganización, porque ya
crearán ellas sus propias agencias si en aras de sus competencias así lo estiman oportuno.
No seremos nosotros desde las Cortes Generales los que vayamos a imponer ese parámetro, que creo que es necesario, como hace este proyecto de ley, que además
lo hace donde debe hacerlo, en estas Cortes Generales, para la Administración General del Estado. A todos nos une aquí un objetivo común, mejorar la Administración pública, la Administración General del Estado en este caso, mejorar su
funcionamiento, mejorar su estructura y las condiciones del personal funcionario o laboral que presta sus servicios en esa Administración General del Estado. Es necesario hacer un chequeo y crear una agencia, como decía el señor Olabarría, que se
dirija hacia ese derecho que tiene todo ciudadano al buen gobierno, lo compartimos, señor ministro, es una medida acertada, pero le pedimos además que acotemos bien incluso la nomenclatura, lo decía también el señor Canet, porque es una nueva
agencia útil, necesaria, que se crea en el ámbito de la Administración General del Estado.
Asimismo, queremos precisarle, señor ministro, que nuestro grupo celebra que este proyecto de ley venga como finalmente se ha presentado por el Gobierno, sin la pretensión de crear lo que sería la regulación de las agencias consorciadas. Ha
sido útil no mezclar los debates. El debate del impulso a las agencias consorciadas es otro debate, debate que ya le adelanto que desde Convergència i Unió afrontaríamos con un recelo inicial. Por tanto, sin anticipar lo que es una regulación que
en todo caso en este momento no se presenta, le queremos manifestar ya un enorme recelo a lo que podría ser una ley de agencias consorciadas, porque sería muy difícil crear una ley así sin interferir en las competencias autonómicas, en este caso
exclusivas, en materia de autoorganización. Por tanto, celebramos también que este proyecto de ley se centre en la Administración General del Estado.
Hay algunos aspectos que el proyecto de ley no regula, pero estoy convencido de que a través de las enmiendas que hemos presentado Convergència i Unió, quizá también otros grupos, seremos capaces de mejorar. Me estoy refiriendo a un tema
importante, de especial sensibilidad, a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que actualmente tienen unas garantías en el ámbito de las administraciones públicas y que deben tenerlas, y debemos avanzar siempre en todo debate a favor
de esas garantías para las personas que padecen algún tipo de discapacidad, desde el momento de su selección hasta el momento de su adaptación a los puestos de trabajo, a las garantías de su movilidad, y en este sentido se formulan por parte de
Convergència i Unió una serie de enmiendas parciales que entendemos que serían útiles y positivas y que mejorarían el proyecto de ley inicialmente presentado.
También -y ha hecho referencia a ello la señora Navarro- realizamos una enmienda concreta a lo que debería ser la necesaria intervención de los trabajadores en la elaboración de los estatutos de las agencias de la Administración General del
Estado. Entendemos que es
necesario e imprescindible, casi obligado, introducir esa participación, ya sea a través de representantes profesionales o sindicales, del personal de esas agencias en el proyecto de ley en el momento en que deben elaborarse los estatutos,
que no dejan de ser una norma importante para el funcionamiento de esas agencias y que después esos trabajadores tienen que hacer cumplir y adaptarse a los mismos. Por tanto, bueno es que puedan intervenir, estoy convencido de que el señor ministro
lo comparte, pero bueno será que intentemos introducirlo también de manera expresa en el proyecto de ley.
Voy terminando ya. Señor ministro, dos últimas precisiones. Crea usted una serie de nuevas agencias que autoriza el proyecto de ley. Nada tiene que decir Convergència i Unió si somos escrupulosos en el ámbito de aplicación de esas nuevas
agencias, todas ellas circunscritas a la Administración General del Estado, y le hacemos un llamamiento desde Convergència i Unió. Ayer se tomó en consideración en esta Cámara el Estatut de Autonomía de Catalunya, la propuesta presentada por el
Parlament de Catalunya. En muchos ámbitos competenciales la propuesta de Estatut del Parlament de Catalunya va a intervenir en aspectos como la política de inmigración o emigración. La política de inmigración es uno de los aspectos que contempla
el estatuto como nuevas competencias de futuro para Cataluña, y si creamos una agencia, como otras muchas, en el ámbito de la meteorología o en este caso de inmigración y emigración, bueno será que dejemos muy claro que se va a ceñir a la actuación
de la Administración General del Estado y que no va a interferir en futuras competencias que puedan asumir las comunidades autónomas.
Una última precisión, y termino ya. Hay demasiada atomización en estos momentos en la Administración General del Estado, hay demasiados organismos autónomos y empresas públicas. Debemos poner un cierto orden, y entendemos que en esa
dirección va el proyecto que usted presenta, intentar evitar esa excesiva atomización. Hagámoslo con consenso, estudiando las enmiendas parciales, dejando claro que se circunscribe a la Administración General del Estado, y mi grupo hoy con esa
esperanza, con esa voluntad constructiva, va a votar en contra de la enmienda a la totalidad y va a dar apoyo inicial a que se tramite en las Cortes Generales este proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jané.
Finalizamos con la intervención de la señora Malaret, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo hoy a la tribuna de esta Cámara para explicitar la posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de agencias para la mejora de los servicios públicos, para mostrar nuestro apoyo claro y decidido a un
proyecto que responde a un compromiso con la reforma de los servicios públicos, a un compromiso con la reforma de la Administración pública, una cuestión estratégica en nuestro compromiso con los ciudadanos.
Antes de exponer las razones que justifican nuestro apoyo a este proyecto, permítase mostrar nuestra extrañeza ante la enmienda de totalidad que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, que no se debe a que ello nos haya permitido
debatir en su totalidad este proyecto de ley. Como bien ha señalado antes un portavoz, este es un buen trámite para discutir en general los proyectos de ley. Mi extrañeza obedece al dato de que en fechas muy recientes el portavoz del Grupo
Popular, con ocasión de la comparecencia del secretario general de Administraciones Públicas, con motivo de la presentación de la ley de presupuestos, afirmó explícitamente que el Grupo Popular apoyaba el proyecto de ley de agencias. Por tanto, la
sorpresa obedece a este dato. Espero y deseo que en la fase final el Grupo Popular apoye este proyecto de ley. Creo que la mejora de la Administración pública merece el esfuerzo de todos.
Asimismo, me sorprende y hay razones de fondo que también
causan mi extrañeza ante la posición del Partido Popular porque si examinamos el contenido y los objetivos de este proyecto, veremos que es difícil entender su posición.
En efecto, esta es una reforma prudente y respetuosa con el marco que tradicionalmente ha disciplinado la Administración pública española. Es una reforma ambiciosa en sus objetivos. Se pretende, como se explicita en la exposición de
motivos, introducir una nueva cultura administrativa, una cultura de rendición de cuentas, de responsabilidad. La lectura de la exposición de motivos me ha traído a la cabeza un trabajo seminal de una ilustre jurista europea, Carol Harlow, cuando
precisamente examinando las reformas inglesas ponía de relieve la dificultad que tiene el constitucionalismo contemporáneo para determinar claramente de qué hablamos cuando decimos rendición de cuentas. Ella lo señalaba con relación a las reformas
inglesas precisamente destinadas a crear agencias ejecutivas. Pues bien, se pretende introducir una nueva cultura administrativa y, por ello, esta, como la reforma es ambiciosa en sus objetivos, es muy prudente y limitada en su campo. Es una
reforma que se ciñe a la Administración General del Estado, por eso no hace falta apelar a ningún título competencial, porque es inherente al papel de este Parlamento, tal y como se ha señalado aquí. Solo si se pretendiera ampliar el ámbito de esta
ley tendría sentido la apelación al artículo 149.1.18.ª que explicita las competencias estatales.
Se trata de una reforma limitada que, además, pretende ir avanzando paulatinamente y quiere ir creando agencias, organismos de nuevo cuño para que respondan a las finalidades señaladas. Se pretende ir haciendo camino, construir organismos
que puedan paulatinamente ampliar el campo de esta nueva cultura administrativa. No se quiere dar la vuelta a la Administración.
Es una reforma realista. Es una reforma que recoge las enseñanzas de los procesos iniciados en Europa a finales de los ochenta del siglo pasado.
Es una reforma que pone de relieve cuánto hemos aprendido de los éxitos y los fracasos de
estos países. Ahora que el benchmarking se aplica también a las administraciones públicas y que tenemos foros para analizarlo y para experimentar -la OCDE, las reuniones informales de ministros de Función pública de los países miembros- tenemos que
aprovechar la experiencia de otros, y así se ha hecho en este caso.
Esta reforma parte, como ya se ha señalado, de la Lofage, por cierto, una ley que vemos ahora reivindicar pero que no podemos olvidar, como ya se puso de relieve en el debate de la propia Lofage, que partía del proyecto de ley que presentó
el último Gobierno socialista antes de que ganara las elecciones el Partido Popular. Sintomáticamente la parte que no se tocó fue la parte de regulación sustantiva de los organismos públicos, pero en el proceso se añadió una disposición adicional a
la que luego volveremos.
En todo caso, me interesa señalar -ahora lo haré muy sintéticamente, tiempo habrá luego en debate en Comisión para entrar en un análisis minucioso del texto- las claves de esta reforma. En primer lugar aludiré a cuestiones
contextuales, algunas ya las he señalado de pasada, y luego daré las razones de fondo. Cuestiones de carácter contextual, de carácter general y de carácter concreto.
Desde mediados de los años ochenta las administraciones públicas de los países de nuestro entorno, y estoy pensando en un ámbito que va más allá del europeo, por ejemplo, la reforma de Nueva Zelanda es el caso más conocido y el caso de
referencia, han entrado en procesos de reforma y un excelente estudioso de los mismos identificó cómo ya precisamente caracterizaban la era de las reformas. En efecto, las reformas de las administraciones públicas son ahora un proceso permanente y
constante, un proceso de adaptación a los cambios que generan las nuevas demandas sociales y económicas. El objetivo eficacia y eficiencia que complementa el tradicional modelo weberiano y su postulado de racionalidad legal exige reformas, reformas
sustentadas en la confianza en las administraciones públicas, pero reformas puntuales y limitadas, reformas centradas en la innovación, en la gestión de los recursos presupuestarios, personal, patrimonio, unos recursos escasos para unas tareas
ambiciosas: la garantía del bienestar y del desarrollo económico sostenido. Por eso estas reformas son prudentes y ya no tienen la ambición de épocas anteriores. Por eso no podemos dejar de sorprendernos cuando no se es consciente de que la
Lofage en su ambición de tipificar y simplificar ya no respondía a algunos de los rasgos que, según señalaban todos, caracterizaban las administraciones contemporáneas: fragmentación y policentrismo. Precisamente la constatación de estos rasgos es
lo que explica la reforma que ahora emprendemos. Debemos dar respuesta a lo que se respondió de manera rápida y fragmentaria con la disposición adicional de la Lofage, que contemplaba un enunciado de organismos denominados atípicos, que si bien
inicialmente estaban concebidos para responder a la novedad que eran las autoridades independientes, una independencia que solo se justifica constitucionalmente cuando responde a funciones determinadas, no es coherente en cambio con el listado que
engloba también empresas públicas. Por tanto, esto que terminó siendo un cajón de sastre requiere ahora ser revisado y actualizado en términos de lo que hemos aprendido de los países de nuestro entorno.
¿Cuáles son, muy rápidamente, los objetivos de esta reforma? Son unos objetivos que nos permiten afirmar que existe un modelo de Administración pública; un modelo que se explicita en la exposición de motivos; un modelo en sintonía,
insisto, con las reformas de los países de nuestro entorno; un modelo que vive de las enseñanzas de estas reformas, una reforma que tiene seis aspectos esenciales, que creo que es útil recordar, y que vemos luego plasmados en el articulado concreto
de la ley. La reforma supone seis objetivos: reconsiderar los procesos de toma de decisiones separando la fase de elaboración de la política de la fase de ejecución; descentralizar la gestión operativa, la idea de autonomía operacional es clave;
crear nuevos mecanismos de planificación y control que permitan medir la responsabilidad de los gestores mediante la determinación previa de los objetivos; crear mecanismos de control y evaluación; establecer un marco de gestión más flexible
ampliando la autonomía operativa y, finalmente, crear un modelo de relación entre Gobierno y agencias de carácter contractual que, si bien no se trata técnicamente de un contrato, sí que se pretende superar el viejo modelo de la tutela
administrativa. Pues bien, más control, más responsabilidad, más transparencia, más autonomía operativa, son los ejes de la reforma que se propone.
Por último, quiero agradecer el apoyo de todos los grupos, excepto el que ha presentado la enmienda de totalidad. Ahora se inicia la fase de debate y discusión en la Comisión. Estoy convencida de que todos vamos a trabajar para lograr una
ley lo mejor posible y dar una respuesta satisfactoria a las demandas ciudadanas de mejora en la prestación de los servicios públicos. A esta tarea les convoco. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Gracias, señora Malaret.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias a todos los grupos que consideran que este proyecto de ley es mejorable pero necesario, mejorable pero útil, mejorable pero
oportuno. Es un proyecto de ley que tiene enmienda, que tiene mejora, que tiene arreglo, pero que no merece ser devuelto al Gobierno. Muchas gracias por compartir esa
idea que tiene el Gobierno de que los ciudadanos son importantes y que poner a los ciudadanos al mando de la gestión pública es mejorarla y modernizarla.
Se han hecho algunos comentarios que comparto y los tomaremos en cuenta en todo el trámite parlamentario, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia de los trabajadores de la agencia, con las promociones, con el acceso y con las
retribuciones. Se ha mencionado también una reflexión que me ha parecido muy sugerente respecto al nuevo uso político y parlamentario del concepto de Estado. Supongo que no vulnero el secreto del Consejo de Ministros si digo que esa misma
reflexión la hice cuando se aprobaron por el Gobierno para remitir a esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado, que seguramente tengamos que empezar a llamarlos los presupuestos generales de la Administración General del Estado.
Efectivamente, si queremos ser coherentes con lo que dice la Constitución, tendremos que empezar a hacer ese tipo de correcciones o apreciaciones. Esta ley se trae aquí, donde el Gobierno central ejerce su autonomía y ante quien se somete al
Gobierno central, y tiene que ver con lo que son las competencias del Gobierno central o del Gobierno de la Administración General del estado. No es una ley de bases, pero es, y estoy seguro que será, una buenísima ley. Por tanto, no descarto que
sea imitada por otras administraciones. Incluso no descarto que si, como estoy convencido de ello, hacemos una buena agencia de evaluación, haya otras administraciones autonómicas o locales que pidan a esa agencia que les evalúe. ¿Por qué no
podemos pensar en mecanismos voluntarios de cooperación entre administraciones? Unas podrán crear sus propias agencias, otras podrán pedir a la agencia de la Administración General del Estado que les haga esas evaluaciones a petición siempre de
quienes son los máximos responsables. ¿Por qué no? Tenemos que abrir nuestra mente a nuevas posibilidades que surgen desde la cogobernanza y desde la gestión de un Estado compuesto y complejo como el que tenemos, y que no se agotan con el proyecto
de consorcios interterritoriales, que adelanto a la Cámara sigue siendo intención de este ministro traerlo en breve. No quiero extenderme más. Solo me queda agradecer a todos los grupos, y ahora sí a todos, su voluntad de mejorar el texto en el
trámite parlamentario. Estaba convencido de que como representante del Gobierno traía a esta Cámara una buena ley para los ciudadanos. Ahora estoy convencido de que de esta Cámara saldrá una ley todavía mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000043.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al número 8 de este punto III del orden del día de hoy, proyecto de ley orgánica de educación.
Comenzaremos con la presentación del proyecto por parte de la ministra de Educación, pero dado que han sido presentadas dos enmiendas a la totalidad, señorías, permitiremos que la señora ministra haga su presentación, suspenderemos el Pleno
por una hora y todo el debate de los grupos parlamentarios lo pasaremos a una hora más tarde.
Señora ministra, tiene su turno para presentar este proyecto de ley.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en esta Cámara para presentar el proyecto de ley orgánica de educación que aprobó el Gobierno el día 22 del pasado mes de julio. Deseo que esta ley sea aprobada, pues estoy convencida de que es el
instrumento que necesitamos para orientar la educación de nuestros jóvenes en la primera mitad del siglo XXI. Con este propósito ha sido concebida. Es un proyecto que debe permitir el desarrollo de las políticas educativas, modernas y progresistas
que nuestro país requiere. Es un proyecto que pretende prestar un servicio educativo de calidad a todos los ciudadanos sin exclusiones y que se ha elaborado con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento, competente,
justa y equilibrada que debe ser la española en este siglo que comienza. Es un proyecto consciente de que la tarea de mejora que propicia la ley reclamará desde el día siguiente de su aprobación esfuerzos de toda la sociedad, incluyendo esfuerzos
presupuestarios continuados. No cabe duda de que la educación ha experimentado un progreso espectacular en España en las últimas décadas y a ello han contribuido las leyes que esta Cámara ha aprobado y el crecimiento del gasto público educativo,
que representa el esfuerzo de toda la sociedad en este terreno. Un progreso en la formación de nuestro capital humano que nos ha permitido recortar la distancia que nos separaba históricamente de los países de nuestro entorno, pero que no nos ha
hecho alcanzar aún el nivel al que aspiramos en conocimientos y en competencias y a lo que no debemos ni podemos renunciar.
Antes de entrar a detallarles el contenido del proyecto de ley, debo señalarles que el texto que tienen ante ustedes es el resultado de un intenso proceso de reflexión y de diálogo promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia desde
hace un año y que ha contado con la participación de las comunidades autónomas -cuya colaboración quiero agradecer- y de los diferentes sectores de la comunidad educativa, que han cooperado generosamente. Es un proceso en el que el ministerio ha
aportado documentos de propuestas, definición de objetivos y cálculo de costes. La respuesta a la consulta ha sido significativa tanto en cantidad -conocen más de 200 documentos escritos y publicados, decenas de miles de intervenciones en los foros
de internet- como en la calidad de las reacciones producidas, y la consecuencia de todo ello es el texto que hoy tengo el honor de presentar ante sus señorías.
La aplicación de la ley una vez aprobada deberá comportar un ejercicio de corresponsabilidad política de las distintas administraciones. No puede ser de otra manera en un sistema descentralizado como el nuestro y en una cuestión como la
educativa, que pone en juego derechos fundamentales, horizontes de bienestar y retos de cohesión social y de competitividad, todo ello en un triple plano: el nacional, el regional y el europeo. Con esa perspectiva hemos cuantificado el coste de
las medidas de mejora que el proyecto incluye en 6.000 millones de euros -un billón de las antiguas pesetas- en los próximos cinco años, y la aportación de esta cantidad deberá ser compartida entre el Estado, el 60 por ciento aproximadamente, y las
comunidades autónomas, aplicando criterios de corresponsabilidad que nos implican a todos en la tarea a realizar en los próximos años.
En estos momentos el conjunto de la sociedad española tiene la convicción de que es necesario mejorar la calidad de la educación y superar los resultados de PISA 2000 y PISA 2003, pero también de que ese beneficio debe llegar a todos los
jóvenes sin exclusiones. En este momento histórico, con los objetivos de la Unesco y de la Unión Europea sobre la mesa, ofrecer calidad sin equidad sería un fraude que no nos podemos permitir. Algunas evaluaciones internacionales, como el mismo
estudio PISA, han puesto de manifiesto la posibilidad de combinar calidad y equidad, puesto que tenemos países avanzados que las alcanzan simultáneamente. No se trata, por tanto, de conceptos antitéticos sino perfectamente complementarios. En la
sociedad del conocimiento las exclusiones están contraindicadas y PISA ha mostrado que las estrategias de separación temprana de los alumnos no ofrecen buenos resultados.
Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada
uno de sus ciudadanos. Del reconocimiento de este desafío deriva la necesidad de proponerse la meta de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.
Estoy convencida de que les presento una ley que facilitará la puesta en marcha de esas políticas educativas avanzadas. Es una ley para todos, que ha sido pensada para toda la población a la que el sistema educativo atiende, no solo para
una parte de ella. Es profundamente progresista porque está concebida para contribuir a la modernización de nuestra sociedad, para mejorar nuestra competitividad y para reforzar la cohesión social. Es, además, una ley que clarifica el panorama
legislativo, que sustituye a las tres últimas leyes: la Logse de 1990, la Lopeg de 1995 y la Loce de 2002, aunque respeta todos los puntos que se han revelado útiles y suscitado consensos que nos han ayudado a convivir en los últimos quince años;
consensos sobre las enseñanzas de las religiones, sobre el reparto de competencias entre las administraciones. Aprende de la experiencia reciente y mantiene parte de los contenidos de las tres leyes, pero ordenados en un nuevo marco legislativo, y
junto a ellos se incluyen importantes novedades orientadas a dar respuesta a los nuevos desafíos que se plantean en el inicio del siglo XXI. Si queremos mejorar los resultados de toda la población, sus conocimientos y competencias, necesitamos
impulsar todo el sistema de educación y formación de nuestro país hacia la construcción de un edificio de aprendizajes ambicioso y coherente, con programas, recursos y esfuerzos que lo hagan posible en contextos y situaciones diversas.
Señorías, tres son los principios fundamentales que sustentan el proyecto.
El primero es la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, una educación de calidad en todas las etapas del sistema educativo, pero
especialmente en las que constituyen la educación básica. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades y para ello debemos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la
calidad de la educación con la equidad de su distribución, siguiendo en este sentido las orientaciones trazadas en los foros internacionales más relevantes.
(El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora ministra.
Señor Padilla, cuando usted intervino hace un rato toda la Cámara le escuchó en silencio. Le pido el mismo respeto, por favor.
Adelante, señor ministra. Disculpe.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa, sin excepción, colaboremos para conseguir este objetivo tan
ambicioso. El esfuerzo es importante, pero es necesario realizar ese esfuerzo compartido si queremos aspirar a metas tan exigentes como las que nos estamos planteando. Debemos reclamar el esfuerzo de las administraciones, el de las familias, el de
los profesionales de la docencia, el de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, como no podría ser de otro modo, el de los destinatarios de la educación, esto es, los estudiantes; ellos son más propicios a realizar esfuerzos si además de
reclamárselos mostramos nuestro propio esfuerzo en la mejora de la educación de las nuevas generaciones.
Este proyecto de ley persigue propiciar el éxito educativo y todos somos conscientes de que para lograrlo son necesarios recursos y programas adicionales. Por ello, se establecen programas de apoyo y refuerzo de las competencias básicas
cuando se detectan los déficit de aprendizaje en primaria y en secundaria; también se fijan actividades de recuperación para todos los alumnos que no superen los objetivos de áreas o materias.
Por si estas actuaciones no resuelven las carencias de
conocimiento y competencias, se establecen normas de repetición de curso similares a las de muchos países europeos de nuestro entorno; no confiamos todo a la repetición sino que proponemos estrategias más exigentes, pero también
más efectivas, como les señaló recientemente en su comparecencia el señor Schleicher, de la OCDE.
Otra de las consecuencias importantes de este principio del esfuerzo compartido de toda la sociedad es la necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado. La Constitución española reconoció la existencia de una doble
red de centros escolares públicos y privados, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso en 1985 un sistema de conciertos para conseguir hacer efectivo este derecho de manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el marco de la
programación general de la enseñanza.
Con la ampliación de la edad de la escolarización obligatoria, el acceso generalizado a la educación, objetivos estos compartidos por todos, las condiciones en la que los centros desarrollan su tarea se han hecho más complejas, como nuestra
sociedad. Por este motivo, la sociedad española actual necesita contar con todos los centros, tanto los de titularidad pública como los concertados, para conseguir la educación de calidad para todos y realizar una escolarización sin exclusiones,
acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares. Las administraciones por su parte deben apoyar con recursos las necesidades de atención al alumnado diverso, como recoge la ley. De todo ello depende en buena medida nuestra
cohesión social, nuestro futuro como país desarrollado en todos los órdenes. El tercer principio que sustenta el proyecto radica en un compromiso irrenunciable con los objetivos planteados por la Unión Europea para los próximos años. La meta
europea de convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido acompañado de una mejora del empleo y una mayor cohesión social, se ha traducido en
la definición de unos objetivos educativos y formativos comunes para el año 2010. No tendrían sentido reformas educativas en España ajenas a este proceso. Por ello, nuestras propuestas, como las que se están haciendo en otros países, son
plenamente coherentes con el logro de esos objetivos europeos, y se nos plantean tres metas irrenunciables: primera, aumentar la escolarización en las edades tempranas y en las enseñanzas obligatorias; segunda, conseguir el éxito de todos los
alumnos en la educación obligatoria, y tercera, promover el aprendizaje a lo largo de la vida, la formación ciudadana, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Es difícil no asumir como propias tales metas y por ello las administraciones
central y autonómicas, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto quedan convocadas a participar en esta tarea colectiva. Por supuesto, el logro de tales objetivos no implica solamente realizar reformas legales, sino que exige la puesta en
práctica de políticas orientadas a su consecución, como ya hemos comenzado a hacer con los programas de apoyo y refuerzo y como recogen diversas partidas presupuestarias ya para el año 2006. El proyecto de ley que hoy les presento propicia el
desarrollo de este tipo de políticas, que se ven apoyadas en la memoria económica y en los objetivos de mejora para 2006-2010 que hemos presentado y debatido con las comunidades autónomas en los últimos meses y en nuestros recientes acuerdos con los
sindicatos de profesores.
Para hacer realidad estos principios españoles y europeos hay que actuar simultáneamente en varias direcciones. Ante todo es necesario concebir la educación como un proceso permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Adoptar
esa concepción implica proporcionar a los jóvenes conocimientos y competencias básicas necesarias para desenvolverse con autonomía en la sociedad actual, que les permitan desarrollar los valores que sustenta la ciudadanía democrática y la vida en
común y estimular en ellos el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de hacerlo por sí mismos. Además, supone ofrecer la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral que desarrollen en su vida activa. Este
objetivo implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas a otras y también facilitar la definición de una trayectoria formativa a lo largo de la vida de cada persona. Como les recordaba Andreas
Schleicher hace unos días, hace falta un mayor grado de individualización del aprendizaje para mejorar los resultados educativos.
Reforzar la flexibilidad del sistema educativo implica reconocer el espacio propio de autonomía de que deben disponer
los centros docentes.
Para ello debemos proporcionarles los recursos y los medios que necesitan y a cambio debemos pedirles que los utilicen con rigor y eficiencia para alcanzar esta meta. Es tan necesario fijar las normas comunes que todos los
centros tienen que respetar como reconocer la autonomía de que deben disponer. Convergemos así con las prácticas más habituales en los países de nuestro entorno, especialmente de los países con mejores resultados educativos.
La combinación de unos objetivos y unas normas comunes con la autonomía de los centros docentes obliga a adoptar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Los importantes desafíos que afronta el sistema educativo exigen una
información pública y transparente acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a su disposición, así como una valoración justa de los resultados alcanzados. Estaremos todos de acuerdo, señorías, en que la evaluación se ha
convertido en un instrumento indispensable para valorar los resultados obtenidos y también para mejorar la práctica que permite obtenerlos. Por este motivo resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y
agentes de la actividad educativa: alumnado, profesorado, centros, currículo y administraciones, y comprometer a las autoridades correspondientes en la rendición de cuentas en materia de educación. Les daré un ejemplo. La LOE establece
evaluaciones de diagnóstico en cuarto curso de primaria y en segundo curso de secundaria en todos los centros.
Esta Cámara deberá tener puntual información todos los años del resultado de estas evaluaciones, así como de los
indicadores del sistema educativo español. La mejora continua de la educación y la rendición de cuentas recorrerán, así, todas las instituciones y administraciones y llegarán al Parlamento.
No podemos olvidar, señorías, que la calidad de la educación que proporcionan los centros docentes descansa en última instancia en la actividad que realizan sus maestros y profesores. Si aspiramos a conseguir que todos los jóvenes
desarrollen al máximo sus capacidades en un marco de calidad y equidad, si pretendemos convertir los objetivos generales en logros concretos, si queremos conseguir que las familias se impliquen cada día más en la educación de sus hijos, necesitamos
un profesorado bien preparado, reconocido y comprometido con su tarea docente. El sistema educativo que aspiramos a construir requiere los docentes mejor formados que hayamos tenido nunca. El proyecto prevé la adecuación de la formación inicial
del profesorado al sistema de grados y posgrados del espacio europeo de educación superior. Se trata, sin duda, de una buena ocasión para plantear sobre bases nuevas la formación de nuestros profesores, armonizando su preparación científica con su
capacidad pedagógica. Por otra parte, el desarrollo profesional de los docentes exige un compromiso por parte de las administraciones educativas que debe tener reflejo en la formación continua y en la carrera docente, y para ello resulta necesario
el reconocimiento social de la función que los profesores desempeñan y de las tareas que desarrollan. Como saben, ya estamos trabajando en esa dirección y nos hemos comprometido a la elaboración del estatuto de la Función pública docente en los
próximos meses, según el acuerdo recientemente firmado por el Ministerio de Educación y Ciencia y seis de los sindicatos más representativos.
Entrando en algunas de las novedades más relevantes del proyecto, quiero comenzar subrayando la apuesta que realiza por la mejora de la implantación y la calidad de la educación infantil, que se organiza como una etapa educativa con dos
ciclos de tres años cada uno. Es sabido que la escolarización temprana favorece el desarrollo personal y social de los niños y niñas y que esta circunstancia se convierte en determinante ante situaciones de desigualdad de orden social, económico o
cultural. El segundo ciclo de la educación infantil se configura en la ley como gratuito y susceptible, por tanto, de acogerse al régimen de conciertos, y por primera vez este compromiso legal tiene un reflejo presupuestario en los Presupuestos
Generales del Estado que se encuentran en esta Cámara. Señorías, la ambición que queremos dar a todo el proceso educativo debe comenzar desde la etapa infantil porque es importante para todos. En las etapas obligatorias del sistema, la educación
primaria y la educación secundaria obligatoria, el dominio de las competencias básicas se convierte en un objetivo irrenunciable, siguiendo la senda trazada por los países más avanzados y por la Unión Europea. La enseñanza básica que ofrecemos a
toda la población debe contener un edificio de aprendizajes ambicioso y coherente. Hay que partir de la definición, evaluación, apoyo y refuerzo de las competencias básicas. En la enseñanza primaria debemos destacar, en primer lugar, la
comprensión lectora como cimiento de nuestro edificio. En secundaria resaltan también la expresión oral y escrita y las competencias matemáticas. Todas estas destrezas y capacidades básicas abren la puerta a conocimientos diversos que sin ellas no
serían posibles. Son la clave sobre la que seguir construyendo conocimientos y competencias en todos los campos: en humanidades, en ciencias, en idiomas, en tecnologías y artes. La ley busca preparar a unos jóvenes que van a requerir una
formación que no descuide ni las humanidades ni las ciencias. Idiomas y nuevas tecnologías son otras áreas sobre las que la ley hace una apuesta decidida. Se adelanta la enseñanza del primer idioma a infantil y la del segundo al final de primaria.
Ambos aspectos, idiomas y tecnologías, están contemplados en la memoria económica y reciben dotación presupuestaria desde 2005 en el caso de internet en el aula y para los idiomas desde el curso 2006-2007, como se recogía en la memoria económica.
La educación secundaria obligatoria se organiza siguiendo las mejores prácticas de los países con éxito educativo, de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Para lograr estos objetivos se
propone una concepción de las enseñanzas de carácter más común en los tres primeros cursos -con programas de refuerzo de las capacidades básicas para los alumnos que lo requieran- y un cuarto curso de carácter orientador tanto para los estudios
posobligatorios como para la incorporación a la vida laboral, ofreciendo mayores posibilidades de elección a los alumnos en función de sus expectativas futuras e intereses. Para contribuir de manera efectiva a la mejora de los aprendizajes, en los
dos primeros cursos se establece una limitación del número máximo de materias que deben cursarse y se ofrecen posibilidades para reducir el número de profesores que den clase a un mismo grupo de alumnos. Abordamos así una de las razones que se ha
identificado como causante de problemas de rendimiento académico en la transición de primaria a secundaria. Me imagino que estaremos de acuerdo en acometer las reformas de organización docente que, sin reducir las horas totales asignadas a las
materias, permitan resolver este problema que tanto perjudica al rendimiento académico de nuestros jóvenes en la ESO. Las administraciones educativas deberán regular medidas de atención a la diversidad que permitan a los centros una organización
flexible de las enseñanzas, tales como adaptaciones del currículo, agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Por
otra parte, la ley prevé organización de programas de cualificación profesional inicial para los jóvenes que no hayan obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Estos programas comportan la novedad de estar orientados a la
adquisición de cualificaciones del catálogo
nacional de cualificaciones profesionales. Abren así la posibilidad de una inserción laboral y facilitan, por su estructura modular, la continuidad del alumnado en el ámbito de la formación profesional.
El bachillerato de dos cursos se organiza en tres modalidades: artes, ciencias y tecnologías, humanidades y ciencias sociales, cada una de las cuales podrá desdoblarse en vías diversas con el objeto de preparar de manera rigurosa las
diferentes perspectivas de estudios futuros. El acceso a la universidad se regulará sobre la base de una única prueba que versará sobre los contenidos del segundo curso y será organizada de manera coordinada por las universidades y los centros de
secundaria.
Velamos así porque el acceso se base en una prueba objetiva dando transparencia y garantías de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la transición de secundaria a la universidad.
El informe a la Unesco de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI nos recordaba que los objetivos educativos deben llegar más allá del estricto campo del conocimiento, y más concretamente señalaba la necesidad de que
los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu que impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos. Si nuestros jóvenes aprenden a convivir,
configuramos una sociedad más justa, más solidaria y más democrática, donde el respeto a las personas sea la condición fundamental de la convivencia en un contexto social cada vez más diverso y complejo pero también más rico. La LOE refuerza la
educación en valores haciendo que además de su inclusión de manera transversal en el currículo aparezca un espacio específico para su análisis y debate. Como es común en la mayoría de los países europeos y como recomiendan organismos
internacionales como el Consejo de Europa -las competencias básicas de la Unión Europea-, se incorpora la educación para la ciudadanía a la enseñanza obligatoria para transmitir valores éticos, individuales y sociales a unas generaciones que van a
vivir en una sociedad desarrollada, democrática, diversa y compleja. En consecuencia, la educación para la ciudadanía se incluye como área nueva en un curso de primaria y como materia en dos cursos de educación secundaria obligatoria y uno de
bachillerato. La materia adoptará denominaciones y contenidos específicos adecuados a las edades del alumno y al conjunto de la oferta curricular de las etapas respectivas.
En materia de formación profesional este proyecto de ley es respetuoso con lo que dispone la Ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional, y a ella se remite desde el compromiso de trabajar, como estamos haciendo, en su
desarrollo reglamentario. En todo caso, el proyecto incluye medidas de flexibilidad para permitir la circulación del alumnado dentro de la formación profesional y entre ella y el resto de las enseñanzas.
En nuestros proyectos educativos para los próximos años se deben combinar, junto a la mejora general de las competencias básicas, propuestas de impulso a enseñanzas como las artísticas. A la formación existente en la educación primaria hay
que añadir reformas en secundaria con la educación plástica y visual, que junto con la música tienen que ser materia troncal y obligatoria. En bachillerato debemos abrir en la modalidad de artes una nueva vía de música y danza, además de la vía de
artes plásticas. En la educación superior es imprescindible aprovechar todas las oportunidades que reporta el espacio europeo para ofrecer créditos ECTS, suplemento europeo al título; en definitiva, movilidad en todo el continente para nuestros
estudiantes y titulados en enseñanzas artísticas. La ley crea el consejo superior de las enseñanzas artísticas y hace un planteamiento nuevo de las enseñanzas artísticas superiores, cuyo contenido y estructura se separan del marco escolar en el que
todavía están ahora y se acercan a la ordenación de la educación superior española dentro del marco europeo.
Quiero destacar especialmente, señorías, que el proyecto de Ley Orgánica de Educación dedica un título a la equidad en la educación. Este hecho no es casual. El propósito de que el principio de la equidad impregne el conjunto del sistema
forma parte inseparable de la intencionalidad política que lo inspira. Es sabido que la sociedad del conocimiento que pretende ser Europa, y España dentro de ella, no admite la exclusión social y que la educación debe contribuir a impedir las
exclusiones, y no todos los alumnos se sitúan en plano de igualdad ante las exigencias del sistema educativo. Este debe dar respuesta ponderada y flexible a las necesidades de cada uno. El proyecto de ley incluye soluciones para los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo y compromete a las administraciones en la disposición de recursos materiales, personales e institucionales para hacer efectivas tales soluciones. Componen dicha categoría de alumnos aquellos que presentan
necesidades educativas especiales, los que tienen altas capacidades intelectuales o los alumnos inmigrantes, por ejemplo, que se integran tardíamente en el sistema educativo español. En este mismo orden de cosas, el de la equidad, el proyecto de
ley dispone del desarrollo de acciones de carácter compensatorio en relación con las personas y ámbitos que se encuentren en situaciones desfavorables. Dispone asimismo que el Estado y las comunidades autónomas fijen sus objetivos prioritarios en
educación compensatoria, con el fin de evitar desigualdades derivadas de los factores sociales, económicos, culturales, étnicos o de otra índole.
La participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos es un elemento de calidad educativa. Por ese motivo, la ley subraya el papel de los órganos de gobierno
de los centros -el consejo escolar, el claustro de profesores, los órganos de coordinación docente- y destaca en particular las competencias de la dirección de los centros públicos, el procedimiento de selección de directores y el reconocimiento de
la función directiva, todo ello en el marco de refuerzo de la autonomía de los centros docentes al que antes
hacía alusión. Nuestros centros necesitan implicar a toda la comunidad educativa en los proyectos de mejora de aprendizajes y resultados que buscamos. Aunque los aquí presentes sabemos cuánto ha contribuido el Estado de las autonomías a la
atención a las necesidades educativas, a mejorar el servicio en cada territorio, surgen entre los no tan convencidos con la descentralización especulaciones sobre la desvertebración del sistema educativo. En mi opinión, nada hay más vertebrador que
la equidad ni más desvertebrador que la falta de igualdad de oportunidades, por eso las políticas de equidad, de cohesión social y territorial nos unen. Para alcanzar este objetivo resulta fundamental la cooperación entre administraciones. La ley
incorpora importantes compromisos en este sentido, más allá del necesario equilibrio y respeto a las competencias de todos, de las comunidades autónomas y de la Administración central. El principio de cooperación entre administraciones educativas
debe jugar un papel cada vez mayor en la identificación de necesidades y objetivos comunes, en la definición, ejecución y evaluación de programas de actuación compartidos o en el establecimiento de convenios con las corporaciones locales. En los
meses pasados ya hemos comenzado a mostrar las posibilidades de este método de trabajo compartido, que nos ayuda a mejorar los resultados en todos los territorios. El Plan de refuerzo, orientación y apoyo, cofinanciado al 50 por ciento por el
ministerio, cuya primera evaluación aventura unos resultados prometedores, es una magnífica demostración de las posibilidades que se abren. Trabajando juntos somos más fuertes, y esta ley dedica una atención novedosa a este tema y compartimos
proyectos que nos unen a todos en la búsqueda de mejoras de aprendizaje. Especial interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo por cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la formación que
deben recibir todos los estudiantes. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la homologación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los aspectos básicos del
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas y a las administraciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas.
Recogemos así el consenso que ha existido en los últimos 15 años sobre los contenidos mínimos que
fija la Administración central e incorporamos la importante novedad de las competencias básicas, acorde con las tendencias europeas de reforma educativa.
En definitiva, la ley parte de los avances que el sistema educativo ha realizado en las últimas décadas, incorporando todos aquellos aspectos estructurales y de ordenación que han demostrado su pertinencia y su eficacia y proponiendo cambios
en aquellos otros que requieren revisión.
Se ha huido de la tentación de pretender cambiar todo el sistema educativo y se ha optado en cambio por tener en cuenta la experiencia adquirida y los avances registrados. En última instancia, la ley se
asienta en la convicción de que las reformas educativas deben ser continuas y paulatinas, y el papel de los legisladores y de los responsables de la educación no es otro que favorecer la mejora continua y progresiva de la educación que reciben los
ciudadanos. La educación es una de las herramientas más potentes que tiene una sociedad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, para difundir los principios y valores democráticos, para superar los retos que plantea
la innovación y el desarrollo tecnológico y para lograr, en fin, mayores de cotas de eficiencia, bienestar y verdadero progreso. Al igual que los países de nuestro entorno debemos ser muy ambiciosos en nuestros objetivos, rigurosos en los proyectos
y programas y exigentes con nosotros mismos para garantizar que las administraciones, los centros educativos, la sociedad en su conjunto, todos realicemos los esfuerzos necesarios para mejorar la formación de nuestros jóvenes. Hemos configurado, en
fin, un modelo de sistema educativo orientado sobre la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, con independencia de sus condiciones personales o sociales de partida. Insisto en algo que dije antes: es necesario
el concurso generoso de todos los componentes de la comunidad educativa desde el convencimiento de que los importantes retos de la educación en el momento histórico que nos ha tocado vivir exigen la colaboración decidida de toda la sociedad. Hoy
algunos de ustedes van a manifestar sus discrepancias con el proyecto de ley y es legítimo que así ocurra. Confío en que en los próximos días podamos seguir trabajando todos para contar con la mejor ley educativa que seamos capaces de ofrecer a
toda la población. Les agradezco de antemano su colaboración en esta tarea. El sistema educativo de calidad con equidad que queremos conseguir nos necesita a todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora ministra.
Señorías, se suspende la sesión, que reanudaremos a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Presentado el proyecto por la ministra de Educación, procede el turno a favor de las enmiendas a la totalidad. En primer lugar, trataremos la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra la señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, señora ministra, a pesar de que ustedes han decidido que este debate se celebre a menos de 24 horas del día triste que para nuestro sistema constitucional y para
nuestra democracia ha vivido esta Cámara (Rumores.-Aplausos.), hoy es uno de los días más importantes de la actual legislatura porque debatimos aquí el futuro de la educación en nuestro país, porque ahora más que nunca el futuro de una nación se
juega en la educación. Nuestro mayor patrimonio común es la formación que reciben las personas.
Señora ministra, bienvenida al debate educativo. Me alegra que hoy nos pueda acompañar en esta Cámara para presentar una ley que si me lo permite, con todo el respeto, ni usted misma ha sabido cómo defender en los últimos meses y yo creo
que hoy no ha convencido a nadie más. Sus silencios a lo largo de todo este tiempo han sido elocuentes. La sociedad española está ciertamente perpleja. Y desafortunadamente hoy se presenta usted ante el Congreso con las manos vacías. Viene usted
aquí con una ley que no es buena, sin ningún acuerdo, tras un falso debate y sin el apoyo de la comunidad educativa. Puso en marcha un debate que resultó ser un falso debate, virtual, con reducida participación; intentó un pacto social por la
educación con las organizaciones, pero también fracasó su intento. Ha ninguneado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y ni siquiera las socialistas le han prestado el apoyo incondicional que usted hubiera deseado. Antes bien, el
silencio también ha sido la respuesta. En esa búsqueda denodada del acuerdo social, su Gobierno se olvidó del partido que representa a más de 10 millones de españoles y es la garantía de la estabilidad política educativa. Su jefe, el señor
Zapatero, le pidió a usted que trajera a esta Cámara un pacto, pero hoy no han logrado ese pacto y tienen a la comunidad educativa soliviantada. La mejora de la educación constituye, señora ministra, una prioridad para el Partido Popular. Por
ello, el presidente Rajoy ofreció al presidente del Gobierno un pacto por la educación. El señor Rodríguez Zapatero designó una interlocutora, la vicepresidenta primera del Gobierno, pero, lamentablemente, todo ha quedado en una mera representación
de talante y de diálogo sin resultado alguno. De haber aceptado nuestras razonables propuestas, que son públicas y transparentes, hoy no comparecería usted ante esta Cámara con las manos menos vacías y la educación en España tendría más futuro,
pero no se han movido ni un milímetro. Está usted todavía a tiempo. Nuestra enmienda a la totalidad es una oferta a la sociedad española, al mundo educativo y a ustedes, con una sola pretensión, mejorar nuestra educación.
Decía que hoy es un día triste -lo pienso de verdad- y subo a esta tribuna a defender aquello en lo que creo. El Gobierno acude al Parlamento a defender una ley que no solo implica, a mi juicio, la ruptura del sistema educativo español,
sino que camina en dirección contraria al progreso y a la modernización; una ley que no sirve para resolver problemas porque algunos los empeora y creo que estamos condenando al fracaso a miles de jóvenes de nuestro país. Hace 15 años este
Parlamento aprobó la Logse y la experiencia de todos estos años ha demostrado el fracaso de esta ley.
Hace apenas una hora, antes de interrumpir el debate, cerré los ojos y me imaginé que estaba aquí hace 15 años. Los abrí y me encontré con que
era hoy, el 2005. Han pasado 15 años, las mismas ideas y todavía algunos se siguen sentando en los mismos lugares. (Aplausos.)
Nuestra visión del sistema educativo es realista y responsable. Los informes nacionales e internacionales demuestran que nuestra educación no va bien y que se sitúa por debajo de los países de inferior nivel de desarrollo. Lo sabe bien,
señora ministra. La OCDE, a través de su conocido programa PISA, y la Unión Europea dicen que nuestros indicadores reflejan un abandono educativo temprano, una insuficiente graduación en educación y sobre todo, señora ministra, no puede usted venir
a aquí a hablar de equidad. Equidad es algo que no se dice en una sola palabra.
¿Sabe lo que significa? Dar oportunidades a todos los niños de nuestro país para que no sean más desiguales por la educación que reciben. Eso es equidad, señora
ministra, y no lo que he oído hoy aquí esta mañana.
(Aplausos.) La sociedad española está muy preocupada por estos datos. Las familias quieren -fíjese qué sencillo- que los colegios funcionen y que haya más orden para que los profesores puedan
desempeñar su función. La pasada legislatura intentamos corregir con prudencia y con sentido de la responsabilidad esta situación. Había que hacerlo y presentamos una reforma educativa que se basaba en cosas que son obvias y de sentido común como
mejorar la calidad, que haya enseñanzas comunes en nuestro país para todos los chicos, potenciar la labor del profesorado, libertad de enseñanza y el fortalecimiento de la escuela pública. Ustedes lo saben bien. Estos objetivos son compartidos por
la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la actitud irresponsable del Gobierno con su decretazo ha impedido la puesta en marcha de esas imprescindibles medidas y ha provocado incertidumbre e inestabilidad. Señorías, la paralización de la
LOCE ha producido daños irreparables. Hemos perdido dos años en la mejora del sistema educativo y si ustedes no rectifican perderemos toda la legislatura.
La educación no se encuentra ni a la izquierda ni a la derecha del tejido social de nuestro país. Solo posiciones sectarias pueden sostener lo contrario. La educación es patrimonio de toda la sociedad y ocupa el centro mismo de la
sociedad, como lo ocupa la libertad por cierto. La libertad no consiste en lo que ustedes llaman redes complementarias de centros. La libertad es mucho más. La libertad es algo más profundo. Es el derecho constitucional, ese que se recoge para
todos. Es centros con entidad propia, que las familias puedan elegir entre titularidad pública o privada. Hay que favorecer la libertad porque es el centro el núcleo y el corazón de la educación de nuestro país. (Aplausos.) Ustedes han fracasado
en la consecución del consenso y permítanme recordarles
que fue precisamente la exigencia del consenso su argumento principal.
Vuelven a confundir el fin con los medios. Una ley que se presentó al Consejo Escolar del Estado con cerca de 2.000 enmiendas y que no ha atendido prácticamente a
ninguna. Una ley que ha sido criticada por expertos en educación, por docentes, por padres y por alumnos. El propio Consejo Escolar del Estado les ha dicho -y leo literal- que habría sido deseable mantener en vigor la Ley de Calidad. ¿Qué
hubieran dicho ustedes si nos lo hubieran dicho a nosotros? ¿Qué hubieran dicho? Estamos ante un proyecto de ley que es una vuelta a la Logse, que no aporta nada, aunque yo creo que sí que aporta algo: menos calidad, menos libertad y más
desigualdad. Menos libertad para los padres para elegir centro, menos cohesión territorial. ¿Me pueden decir cómo van a asegurar que a partir de ahora esta ley no permitirá que haya 17 versiones distintas de la historia y la geografía de España?
Menos esfuerzo. Por cierto, esto de los menos exámenes y los más suspensos ¿no conducirá a que se generalice lo que ayer oímos en esta Cámara, con estupor, acerca de la Inquisición y el siglo XIX? ¿No hará que lo confundan todos los españoles?
(Aplausos.) Menos igualdad, señora ministra, y menos cohesión social, menos apoyo al profesorado y menos profesionalización. Por si fuera poco todo esto, para empeorar la calidad de nuestro sistema, ustedes se empecinan en mantener su modelo
fracasado de comprensividad. Señor Rubalcaba, no está usted en su asiento, pero se lo recuerdo. Todos los alumnos en la misma clase, estudiando lo mismo, hasta la misma edad o aprenden por ósmosis o no aprenden nada. Esto no pasa en ningún rincón
del mundo, señorías.
Pretenden empobrecer las materias humanísticas y científicas. Diseñan un modelo de bachillerato que, además de ser el más corto de Europa, es de baja calidad. Imponen una asignatura de adoctrinamiento: Educación para la
ciudadanía.
Señoras y señores diputados, señora ministra, si algo resulta especialmente llamativo y preocupante es la quiebra del consenso constitucional en materia educativa al permitir la ruptura de la educación en 17 trozos. Durante meses nos
habíamos preguntado el porqué de ese empecinamiento del Gobierno en no asegurar las enseñanzas comunes en sus propios términos y su posición en el debate de ayer nos lo aclaró, por si teníamos dudas. Usted sabe como yo que estamos debatiendo una
Ley Orgánica de Educación de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, cuando la realidad nos dice que si el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña es aprobado, Cataluña tendrá su propio sistema educativo al margen del español y
establecerá un modelo intervencionista que no es propio de sociedades libres. (Rumores.-Protestas.-Aplausos.) Esa es la verdad, señorías.
Este proyecto de ley constituirá la primera aplicación práctica del modelo de Estado contenido en el proyecto de Estatuto impulsado por el Gobierno y por sus socios. Aquí está la clave, señorías. Aquí está la clave para entender por qué se
trae aquí este proyecto de ley, que es malo para todos, sencillamente, porque es el peaje y el pago a quienes les apoyan en el Gobierno. (Rumores.-Protestas.) ¡Sí, no se enfaden! Existe un modelo educativo diferente al de ustedes y es el que
garantiza unas enseñanzas comunes. ¿Por qué les molesta que tengamos todos los españoles enseñanzas comunes? Es el sistema que permite a los padres elegir centro público o privado, el que quieran, es el que determina que los ciudadanos tengan
igualdad de oportunidades. Que en España haya velocidades distintas en educación es un verdadero desastre.
Necesitamos calidad, necesitamos un sistema moderno, flexible, eficaz, que acabe con el fracaso escolar, que dignifique la labor del
profesorado, que asegure su reconocimiento social, económico y profesional, que asegure la carrera docente que, por cierto, no está en su ley. Para nosotros es fundamental que se apruebe el estatuto de la función docente, y por eso lo vamos a
defender. Nosotros defendemos que se prime el esfuerzo de los alumnos y, aunque ustedes lo intentan aclarar, no han sido capaces de explicar por qué los alumnos ahora van a pasar de curso con más suspensos y por qué les gusta tan poco a ustedes los
exámenes. Los exámenes, señora ministra, van bajando, por arte de magia, cada vez más en sus propuestas. Defendemos un modelo de centro público de calidad, en el que confíen los padres, los profesores y los alumnos y, si no le importa, señora
ministra, quite usted de la ley el derecho a los novillos, que eso es letal para la escuela pública.
Señoras y señores diputados, estamos hoy aquí defendiendo aquello en lo que creemos, un modelo educativo para la Unión Europea, para todos, abierto, que mejore la calidad y la eficiencia, que permita el acceso de todos a la educación; un
sistema educativo abierto al mundo exterior que nos permita cumplir los objetivos hasta el 2010. Señora ministra, mi grupo defiende la calidad, la equidad y la libertad, tal y como hemos recogido en esta enmienda de sustitución que hoy estamos
debatiendo. No tengan miedo a estos principios, acéptenlos y, si pueden, rectifiquen porque aún están a tiempo. No es una buena ley, señora ministra. Para padres no es buena, para profesores tampoco y lo peor es que es mala para los alumnos. ¿Es
esta la ley que nos decían que era de todos y para todos? (El señor Campos Arteseros: ¡Sí!) Pues bien, si es de todos, que hoy aquí haya dos grupos parlamentarios defendiendo una enmienda a la totalidad y lo que piensan, lo que creen y lo que
sienten millones de españoles, significa que ustedes no representan a todos con esta ley. Los españoles van a acordarse del día de ayer y del día de hoy. Nosotros estamos hoy aquí defendiendo un sistema educativo de calidad y en libertad y
seguimos aquí. Si ustedes pueden avanzar no unos milímetros, sino unos metros, se lo agradeceremos. La distancia será más corta.
Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Pastor.
¿Turno a favor de la enmienda a la totalidad? (Pausa.)
Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, hago uso de la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a este proyecto de ley presentado por el Gobierno. Le pido excusas por no haber llegado al
principio de su intervención, pues lo lógico cuando un ponente presenta una enmienda a la totalidad es estar presente desde el inicio de la sesión, pero me ha sido imposible. No obstante, por una de las últimas expresiones que he oído, es cierto
que hay dos enmiendas a la totalidad, pero también es verdad, como se verá en función del contenido de la exposición de una y de otra, que dentro de las posiciones comunes existen diferencias, especialmente en algo que no podemos compartir, como es
que ayer se violara el consenso constitucional o que sea un peligro la creación de 17 sistemas educativos distintos por razones que después intentaré explicar.
Todo el mundo conoce la importancia que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha atribuido a la educación, una educación entendida no simplemente como un instrumento de instrucción -valga la redundancia- sino como un conjunto de
conocimientos y valores que determinan y son claves para el futuro de cualquier sociedad. La educación no es un elemento inocuo simplemente porque se conozcan más o menos matemáticas, sino por los valores que acompañan durante el ciclo de formación
a nuestros jóvenes en sus centros escolares. La primera interpelación que mi grupo presentó -ello testifica y autentifica el interés del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- en la actual legislatura fue a la ministra de Educación
acerca de la necesidad -todavía sigue siendo desgraciadamente una necesidad- del consenso en estas cuestiones.
Decíamos que no era positivo para un país -sin duda ello había tenido su reflejo en la calidad del sistema educativo- que cada gobierno
apareciera con una ley de educación debajo del brazo. Eso provocó que la UCD elaborara una Ley de educación; que cuando el PSOE llegó al poder hiciera otra y que el PP elaborase una tercera o una quinta. Deseábamos y deseamos estabilidad en el
sistema educativo. Es algo que no ayudaría solo a garantizar la calidad del mismo, sino que al mismo tiempo daría una clara tranquilidad a los padres, a los profesores, a la comunidad educativa, en definitiva, y al conjunto de la sociedad.
Recordamos que durante el debate de la moción, Convergència i Unió hizo un llamamiento al consenso y, con las lógicas transacciones posibles, así se acordó.
Es cierto que el Gobierno, el ministerio en particular, abrió un período para conocer las opiniones de los sectores educativos, pero también lo es, a juicio de este grupo parlamentario y de quien les habla, que fue incapaz de recoger las
principales preocupaciones. No se trata simplemente de dialogar, sino de dialogar y consensuar con el conjunto de la comunidad educativa, con las comunidades autónomas y consensuar políticamente el proyecto de ley en esta Cámara. Hoy por hoy
-después hablaré de los pasos dados por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista- no existe consenso en esta ley y ese es un factor que este grupo parlamentario quiere resaltar negativamente. La falta de consenso y el contenido de la ley
en los términos que establece el proyecto remitido por el Gobierno, le llevan a nuestro grupo parlamentario a no votar a favor y justifica, consecuentemente, la presentación de nuestra enmienda a la totalidad.
Me permito recordarle a la señora ministra y a SS.SS. algo que no es propiedad intelectual del grupo parlamentario que tengo el honor de representar, sino del Consejo Escolar de Estado, cuando dice que la ausencia de ese consenso puede
hacer que sea un proyecto más, coincidiendo con nuestra tesis de que sería conveniente una nueva ley de educación pactada que olvidara cuáles son las posiciones partidistas y que intentara situar la educación, los alumnos y el futuro de nuestra
sociedad por encima de intereses legítimos de partido. La denuncia de esa falta de consenso la explicita después el propio Consejo Escolar del Estado en algunos apartados, a algunos de los cuales a su vez voy a hacer referencia. En este contexto
de denuncia de falta de consenso, que no es simplemente una opinión política de Convergència i Unió, sino que también es reflejo de la posición institucional del Consejo Escolar del Estado, debo admitir, señora ministra, que por parte de su
ministerio -no digo estrictamente de la señora ministra- y del Grupo Parlamentario Socialista se han aproximado a Convergència i Unió para intentar aproximar posiciones mediante el diálogo. El hecho de que esté defendiendo aquí una enmienda a la
totalidad equivale a reconocer -más que a explicitar esa voluntad y agradecerla por parte del Gobierno- que no hemos sido capaces -pluralizo- de llegar a un acuerdo. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero sigue habiendo diferencias sustanciales
que hacen imposible que hoy podamos sostener esta ley.
¿Por qué Convergència i Unió no puede sumarse al consenso de lo que establece la ministra o el Gobierno en su proyecto de ley? En primer lugar, por algo que para nosotros es fundamental y es que no configura un sistema educativo que
realmente respete la libertad de los padres para elegir centro. Este no es un elemento más de los que configuran las connotaciones de un sistema educativo. Para el grupo parlamentario que tiene el honor de dirigirles la palabra es el elemento
fundamental y también lo es para la reiterada jurisprudencia expuesta tanto por el Tribunal Supremo, como por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, que lógicamente conozco más que la que hayan podido proyectar otras sentencias de otros tribunales superiores de Justicia. De entrada, por ejemplo, califica la educación de servicio público y hay que explicar qué significa eso.
Servicio público es tanto como decir que esto le pertenece a la Administración, quien discrecionalmente va a conceder a una escuela o a un centro escolar la capacidad de que, si cumple determinadas reglas -muy restrictivas en este proyecto de ley-,
pueda ser una escuela concertada. Esa no es nuestra filosofía. Admito que el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a retirar esta denominación de servicio público, pero aunque se retire esa expresión, en la ley todavía existen elementos
que le afectan restrictivamente, porque afectan a la definición de programa, al proceso de admisión de alumnos y a los criterios de libre concertación de los centros escolares. Es verdad que la ley contiene el derecho de los padres a escoger
centro, pero no es menos cierto que en los artículos 109 y 116, a los que también hace referencia el informe del Consejo Escolar del Estado, ese derecho está filtrado, está disminuido por la llamada a la equidad, por limitaciones materiales de la
capacidad de los centros -lógicas, por otra parte-, por la invocación de los principios de economía y eficiencia en el uso de los recursos y, sobre todo y especialmente -lo subrayo-, por la atención a las necesidades cuantitativas. No se admite en
la ley la propia voluntad de las familias, no se tiene en cuenta el deseo de las familias, simplemente acentúa -insisto- las necesidades cuantitativas en el proceso de escolarización. Todo ello configura un modelo que no podemos compartir, en el
que los centros escolares aparecen como subsidiarios de la iniciativa pública y precisamente nuestro modelo es contrario. Es el principio de subsidiariedad el que sitúa en primer lugar el respeto a la iniciativa privada, el respeto a la creación de
centros, religiosos o no religiosos, y es la Administración quien subsidiariamente debe actuar para garantizar el derecho a la educación. Desde esa perspectiva, quedaría la posibilidad de que existieran centros concertados, pero a partir de unas
potestades de la propia Administración, que ejercería desde la discrecionalidad, y eso es algo que nuestro grupo parlamentario no puede aceptar y con lo que no está de acuerdo. He hecho referencia a que el Consejo Escolar del Estado en su informe
hace mención a los artículos 109 y 116 y precisamente respecto al 116 dice: En la medida que sustituye la expresión podrán acogerse por podrán solicitar, se está mermando el derecho de los padres a elegir. Por tanto, está abundando y reforzando
esa potestad discrecional, que nosotros no compartimos.
También admite que la interpretación del artículo 109, a través de la restricción de los recursos dedicados a los conciertos o de la reducción drástica de los mismos, provoca una limitación de
la libertad de elección de centro porque crea una situación sociológica negativa en torno a la libertad de enseñanza.
Señora ministra, lo peor que le podría suceder a nuestra sociedad, hablando de progresismo y, por tanto, de progreso y de calidad en la educación, es que configuráramos un sistema educativo que al final hiciese tan difícil la existencia de
centros concertados que solo pudiéramos optar por escuela pública gratuita o escuela privada. Así sí que romperíamos la cohesión social del país y crearíamos una división entre ricos y pobres. Mientras tanto, hay que garantizar a la gran mayoría
de clases medias de este país y especialmente, por la representación que ostenta este grupo, de Cataluña su derecho a poder asistir a centros concertados que, a su vez -y tampoco lo garantiza la ley-, garanticen el modelo filosófico, pedagógico o el
propio modelo religioso, según el artículo 27.3 de la Constitución, que establece el derecho que asiste a los padres a escoger la enseñanza religiosa o moral que consideren necesaria para sus hijos. El Gobierno debería tener en cuenta eso de cara
al futuro, que no es algo que pueda defenderse puramente desde la perspectiva del cristianismo, de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa tradicional en España. Cada día tenemos una mayor presencia de inmigrantes con una
religión distinta a la nuestra. ¿Qué preferimos, que la enseñanza religiosa se imparta en las mezquitas o que se pueda establecer en los colegios? ¿Qué preferimos, una enseñanza, si los padres tienen derecho a solicitarla, que pueda darse desde
los centros, públicos o concertados, o que en cambio se retire la religión de la escuela y que esa enseñanza, que -insisto- afecta a una buena parte de la inmigración, pueda darse desde lugares no controlados en el futuro? Señora ministra, reitero
que estamos en un proceso de negociación con ustedes. Existen todavía diferencias notables con la posición de su grupo parlamentario y de su partido. En cualquier caso, esperamos poder llegar a acuerdos, pero hay más motivos de desacuerdo.
Hemos recalcado desde nuestro grupo parlamentario la importancia de la calidad en la escuela y reconozco que la Ley de Calidad de la Educación, no en lo autonómico pero sí en sus contenidos, tenía elementos sustancialmente positivos, pero no
la votamos porque no había un acuerdo ni había coincidencias, como se vuelve a poner de relieve hoy, en los ámbitos competenciales. Hablando de calidad, señora ministra, deberíamos asumir todos -nosotros votamos la Logse- que nos equivocamos al
introducir determinados criterios autodenominados progresistas que han sido un fracaso para nuestro sistema escolar. Por tanto, reivindicamos el retorno al refuerzo de principios como el de autoridad, esfuerzo y trabajo bien hecho, que -insisto- en
los últimos tiempos han desaparecido, principalmente de la escuela de titularidad pública, no por culpa de los profesionales, que son excelentes y que habría que tener más en cuenta, sino por culpa de las reglas del juego que desde este Parlamento
establecimos -mea culpa- y que han hecho muy difícil, en algunos casos imposible, a determinados centros y a determinados directores mantener la garantía de calidad en su escuela.
Retomo el tema de las escuelas concertadas, donde hay otros aspectos en los que reconozco que hemos
avanzado aunque de manera insuficiente, como es lo que debe incluir el concierto. Entendemos que debería incluir la amortización, la responsabilidad civil de los centros, el alquiler y los riesgos laborales. Reconozco que aquí hay un
avance: en el capítulo titulado otros gastos hemos abierto la negociación con los socialistas y, tras la rúbrica, existe la posibilidad de introducir otros conceptos, pero, a nuestro juicio, todavía de manera insuficiente.
Por último, coincidiendo con el final de mi tiempo, permítame que le haga una reflexión política. Más allá de reiterar la necesidad de reforzar al director y al claustro y dejar al consejo escolar simplemente las capacidades de control y de
supervisión, pero no la gestión del día a día; más allá de reiterar algunos conceptos ya especificados sobre la necesidad de reforzar muchísimo el reconocimiento social del maestro y del profesor, más allá de todo esto, quiero hacerle una reflexión
política, señora ministra. Sería bueno para el sistema educativo que todos los componentes de esta Cámara pudiéramos coincidir, pero si piensa el Gobierno que puede hacer compatible una ley en la que quepan -con todo mi respeto, pues cada uno tiene
su modelo y democráticamente no tengo nada que objetar, simplemente no lo comparto- el modelo educativo de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana y el de Convergència i Unió, se equivocan ustedes, se equivocaría Esquerra Republicana e Izquierda
Unida y se equivocaría Convergència i Unió. Para eso no cuente con nosotros.
Para intentar llegar a un acuerdo para perfeccionar la ley puede contar con nuestro grupo. El Grupo Socialista tiene experiencia en este sentido.
Ya lo hicimos con la
LODE, defendimos una enmienda a la totalidad y, después, llegamos a un acuerdo y votamos conjuntamente la ley. Si eso es posible ahora, se hará, pero teniendo en cuenta los parámetros que acaba de explicar este portavoz en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho a turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar agradeciendo la presencia de algunas organizaciones políticas y sociales que nos acompañan.
El Partido Socialista ha hecho diversas propuestas sobre educación desde el Gobierno, desde la oposición y de nuevo desde el Gobierno a los ciudadanos de este país. Todas ellas creemos que han supuesto una evolución social que ha tenido
como referencia siempre un sistema educativo vinculado tanto a la sociedad del conocimiento como a los objetivos de la Unión Europea para el año 2010. En los últimos años, desde el Partido Popular hemos recibido, primero desde la oposición, después
desde el Gobierno y últimamente de nuevo desde la oposición, dos propuestas: la LOCE, que creyó inmutable y perdurable porque se basó exclusivamente en una mayoría aritmética sin la base política suficiente, y ahora un texto alternativo a la Ley
Orgánica de Educación presentada por el Gobierno. También desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tenemos no una alternativa pero sí una posición distinta con relación a los supuestos de la Ley Orgánica de Educación.
Acabamos de
escuchar algunos de los argumentos que nos ha explicado el señor Duran i Lleida, como siempre muy bien, pero que no justificamos del todo y haré alguna referencia posteriormente a ese tema.
En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, creemos que agrava la propuesta que ya en su día teníamos con la LOCE.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la misma y solicitamos al
resto de los grupos de la Cámara que también lo haga. Nosotros creemos que agrava la propuesta de la LOCE porque, en primer lugar, es políticamente más regresiva; en segundo lugar, es competencialmente más agresiva; en tercer lugar, es
socialmente más engañosa; académicamente es más selectiva; estructuralmente es más invasiva, y, financieramente, por desgracia no podemos decir más increíble porque es la primera vez que conocemos cuáles son las propuestas económicas del Partido
Popular; por tanto, solamente podemos decir que es increíble. (Aplausos.)
Decía que era políticamente más regresiva porque no es novedad comprobar precisamente hoy en esta Cámara que el Partido Popular no cree ni en los instrumentos ni en los mecanismos de la democracia. No cree y lo vimos precisamente ayer
cuando se oponía a un debate que aun con las perspectivas suficientes de respaldo autonómico, creía que no era conveniente traer a esta Cámara. La propuesta que nos hace el Partido Popular agrava las condiciones porque pasa de ser conservadora a
ser autoritaria y lo hace en un tema tan fundamental y tan sensible para la comunidad educativa como es su participación y, dentro de la partición, en la elección del director. Cuando en la LOCE se dejaba una puerta abierta para que las comunidades
autónomas -y así lo hicieron las comunidades socialistas- pudieran elegir al director con más de un 30 por ciento, y las comunidades socialistas llevaron a la comisión que elige al director a una mayoría absoluta procedente del consejo escolar, aquí
en cambio en esta nueva propuesta se cierra al 30 por ciento limitando absolutamente la posibilidad de que sea la comunidad educativa la que elija al director. Nosotros creemos que eso va dirigido exclusivamente a coartar esas posibilidades de las
comunidades socialistas.
En segundo lugar, creemos que se descalifica la participación social y en este caso referida a los alumnos. Se descalifica porque para el Partido Popular parecen que han vuelto los tiempos en los que dos ciudadanos eran una manifestación,
la reunión de tres ya tenía la impresión de piquete y, en cualquier caso, dentro de la
opción de la oposición, parece que todo es huelga cuando curiosamente nada lo era, señorías, cuando estaban en el Gobierno. Todos nos acordamos que nos negaron -incluso a través de la televisión- que hubiera una huelga, cuando todos
sabíamos también que estaba sucediendo. Con relación a esas competencias que quieren limitar a los alumnos tenemos que decirles que están impidiendo que la democracia en la escuela sea realmente una escuela para la democracia, de tal manera que los
alumnos puedan aprender a participar. Hemos oído decir a la señora Pastor que para ella hacer huelga era que la escuela enseñe a participar a los alumnos, cuando, por cierto, son las comunidades autónomas las que van a tener que regular -por tanto,
invasión de competencias- esa participación de los alumnos en la comunidad educativa.
Competencialmente es más agresiva porque interviene haciendo un intrusismo educativo en las competencias de las comunidades autónomas e interviene más acusadamente a como lo hacía en la propia LOCE. Estamos ya hartos de oírles decir que el
sistema educativo, mejor dicho, que nuestro país, España, se va a romper también educativamente en 17 sistemas distintos.
La primera pregunta que me hago es: ¿es que las comunidades autónomas en donde gobierna el Partido Popular también van a
romper España? Porque si son 17, aquellas en las que gobierna el Partido Popular también romperán España. Eso en primer lugar. (Aplausos.) En segundo lugar, dentro de su afán de oposición llegan a rechazarse a sí mismos, porque ustedes han
gobernado ocho años con una propuesta de reparto competencial educativo exactamente igual al que ahora se les propone. Ustedes que han gobernado ocho años ¿han visto cómo se deslizaba este país por la pendiente de la división y a pesar de eso han
mantenido esa propuesta, hasta que la mayoría absoluta hizo que provocaran a las comunidades autónomas -porque nadie les pedía ni les pidió que hicieran otra cosa- estableciendo unos límites que en cualquier caso todo el mundo respeta del 55 y 65
por ciento? Todavía hay más. Ustedes, en el año 1990 -y ahí están los diarios de sesiones para demostrarlo-, votaron a favor de ese reparto competencial exactamente con la misma definición que tiene ahora en el proyecto de ley que se les propone.
Que ustedes hayan cambiado después el giro en relación con las comunidades autónomas no quiere decir que en un momento determinado no compartieran esa situación que ahora volvemos a proponerles.
Establecen unos mínimos, unas enseñanzas comunes las llaman ustedes, cuando no son ni comunes ni mínimas. Les recuerdo que todas ellas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional, en todas las leyes educativas que ustedes plantearon a
la sociedad española. Por tanto, no tenían ningún tipo de amparo constitucional, ni ningún tipo de amparo autonómico en cualquier caso.
La propuesta que nos hacen es también socialmente engañosa. Por cierto, esperábamos escuchar a la portavoz del Partido Popular defender algo más la propuesta que nos estaba haciendo como alternativa a la LOE, pero a lo que se ha dedicado
-exactamente igual que hicieron ayer- ha sido exclusivamente a descalificarla. Bien, es su opción, pero nos habría gustado saber qué es lo que nos proponían ustedes. En cualquier caso, yo estoy procurando hacer lo contrario, decir qué es lo que no
nos conviene, lo que no conviene a la sociedad española de lo que ustedes nos proponen.
Es socialmente engañosa porque ustedes han pretendido instalar en la sociedad que el Partido Socialista está en contra de la distribución pública-privada que
este país ha conseguido y de una forma equilibrada.
No es así, señorías, y no es así porque ustedes, para instalar esa concepción, han pretendido decir que no hay un equilibrio, que no hay una consideración, que no hay un diálogo, que no hay una
coordinación entre la libertad de elección de centro y el derecho a la educación. No es cierto. Hay un equilibrio racional entre esos dos principios -y con esto le contesto de alguna manera también al señor Duran- y, abiertos como estamos al
diálogo con todos los grupos de esta Cámara, por supuesto también con el Partido Popular -señora Pastor, usted sabe que eso es cierto y que no se nos puede achacar que no haya habido contactos, propiciados por ambas partes pero con la mejor
disposición desde el Grupo Socialista-, no se nos puede achacar esa falta de diálogo o de coordinación entre esos dos principios. Ustedes quieren hacer aparecer al Partido Socialista con un gesto enemistoso hacia la enseñanza privada concertada.
No es cierto porque la enseñanza privada concertada está gobernada por las mismas normas que el Partido Socialista estableció en su momento y ustedes han gobernado con ellas. En segundo lugar, esas normas han hecho posible que en nuestro país haya
una enseñanza privada concertada que es la tercera en extensión de la OCDE y no sería así si el Partido Socialista persiguiera a la enseñanza concertada.
Pretenden que su propuesta sea socialmente engañosa porque dicen que la sociedad exige más autoritarismo, más autoridad, más disciplina. Para ustedes, decir que hay más disciplina y más autoridad significa que hay más exámenes, más
suspensos, más repeticiones, más itinerarios en definitiva. Para nosotros, no. Pero lo importante no es tanto cuál es la percepción y cuál es la valoración que hagamos sobre el informe PISA, que es el que ustedes utilizan para su argumentación.
Contra el fracaso escolar estamos todos y, por tanto, esa pancarta la podíamos llevar absolutamente todos. Lo importante es cómo salimos al paso de esa situación. Ustedes salen con exámenes y con repeticiones, nosotros con un esfuerzo que creemos
que debe ser compartido por toda la sociedad.
En relación con las condiciones académicas de los alumnos ustedes nos proponen más selección, más segregación. Empiezan por cambiarle el nombre -y va más allá de lo estrictamente terminológico- a la educación secundaria obligatoria y la
denominan educación secundaria general. Y digo que ese cambio de nombre no es
estrictamente formal porque cuando la sociedad le dice a una Administración que debe remover los obstáculos en el camino de los alumnos para obtener esa educación obligatoria y por tanto para conseguir un resultado final, la Administración
sabe que está obligada a hacerlo, porque obliga a unos ciudadanos a estar presentes en el sistema educativo. Que ustedes nos lo cambien por la denominación de general no nos gusta y creemos que no le gusta a la sociedad española tampoco. La
obligatoriedad en la secundaria es un aspecto fundamental y universal.
Por cierto, el carácter básico de la educación lo indicó hasta la Ley de 1970 el franquismo, que hizo básica la educación general. Ustedes en cambio le quitan el carácter de
básico y de obligatorio para denominarla exclusivamente educación general. Van mas allá, porque en cuarto de la educación secundaria obligatoria refuerzan el carácter de preparatorio que ya anunciaban en la LOCE y el carácter preparatorio tiene
unas connotaciones de final o de inicio y de no estar vinculado a las etapas que vienen posteriormente. Mantienen la reválida también procurando más selectividad para muchos alumnos y más selección para todos. Más selectividad para muchos alumnos
porque les van a obligar a hacer dos pruebas, lo hemos repetido hasta la saciedad cuando ustedes nos presentaron la LOCE, pero también tienen más selección para muchos alumnos. ¿Por qué? Porque la reválida es una prueba que no tiene en cuenta las
características conseguidas a través de muchos años de experiencia de las pruebas de acceso a la universidad y, además, es estructuralmente invasiva. Han ido recogiendo con una mano por el cielo y la otra por la tierra absolutamente todo lo que les
salía al paso en educación, de tal manera que nos encontramos con una ley, señorías, que tiene todo lo conocido del Partido Popular más todo lo que desconocía el Partido Popular, empezando por el profesorado. Ustedes no incluían al profesorado en
su propuesta de la LOCE prácticamente. En cambio, aquí, dentro de una rigidez extraordinaria, le empaquetan y le sirven unas soluciones cerradas que no tienen en absoluto en cuenta la posibilidad de negociación del sistema educativo, del Ministerio
de Educación, con las organizaciones sindicales. Por cierto, señora Pastor, el Ministerio de Educación ha llegado a un acuerdo con las organizaciones sociales, con una gran mayoría de sindicatos, con relación a la escuela pública y ayer mismo este
Grupo Socialista, al que represento hoy, llegó a un acuerdo con algunos de los sindicatos de la escuela concertada que se va a procurar extender institucionalmente por el ministerio al resto de sindicatos. Por tanto, hay un apoyo social importante
que, por otra parte, casi llegó a conseguirse también, como usted sabe, en este caso sin ningún tipo de intervención administrativa, por otras organizaciones.
En definitiva, es una situación la que nos plantean que incluye una serie de cuestiones
con las que no estamos de acuerdo.
Vamos a hablar inmediatamente, con esto voy concluyendo, del fondo de cohesión interterritorial que ustedes nos presentan. Además de cuarto de educación secundaria obligatoria como curso preparatorio, limitar la participación o que los
itinerarios aumenten la segregación, financieramente es una propuesta increíble, porque nos presentan un fondo de compensación que llaman de cohesión interterritorial educativo que obvia la situación preexistente del Fondo de Compensación
Interterritorial que lleva también a esas soluciones que ustedes pretenden, con una salvedad, que ustedes de una manera parcial intentan desregular unas trasferencias que el sistema político español ha derivado hacia las comunidades autónomas
procurando un mecanismo indirecto, a través de ese fondo de compensación, de invasión de esas competencias. A lo mejor conocemos hoy la memoria económica que el Grupo Popular nos propone. Usted misma, creo recordar, ha dicho que no la habían
presentado cuando estaban en el Gobierno porque no tenían tiempo. En dos años de Gobierno, de 2002 a 2004, no tuvieron tiempo de hacer esa memoria económica y ahora, en un año y medio, parece que sí. La conclusión es inmediata. A la sociedad
española le conviene que ustedes estén en la oposición porque así conoce mucho mejor cuáles son sus propuestas económicas.
El señor PRESIDENTE: Señor Benzal, tiene que concluir. Lo siento, terminó ya el minuto de cortesía.
El señor BENZAL ROMÁN: Concluyo inmediatamente.
Con relación a las propuestas que se nos hacían desde Convergència se ha pretendido explicarnos cuáles eran, fundamentalmente eran dos relacionadas con lo que nosotros proponemos en nuestra ley, una ley que por cierto ha sido explicada con
un carácter riguroso y profundo por parte de la ministra y que por tanto todos conocemos perfectamente. En cambio, no conocemos todavía cuál es la propuesta del Partido Popular, porque no se nos ha explicado por sus autores.
Esas dos cuestiones fundamentales se refieren en primer lugar a que parece que tienen algún tipo de dudas sobre el reparto competencial. Creemos que estamos bastante próximos a esos criterios. En segundo lugar -lo he dicho anteriormente
con relación al Partido Popular- había algún tipo de diferencias también con relación a la libertad de elección de centro.
El señor PRESIDENTE: Señor Benzal, lo lamento, una frase.
El señor BENZAL ROMÁN: Concluyo diciéndoles, señoras y señores diputados, especialmente a los dos grupos que nos presentan enmiendas a la totalidad, que tienen toda nuestra disposición, y lo saben ambos, para continuar en un diálogo abierto
para llegar a acuerdos. Ayer lo hicimos así...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, la frase ya es muy larga. Este es un debate tasado. Lo siento de verdad.
El señor BENZAL ROMÁN: Ayer lo hicimos así, mañana lo haremos así también.
Hoy en cambio tenemos que decirles que votaremos en contra de sus propuestas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Habiéndose producido turno a favor y turno en contra, proceden réplicas o rectificaciones de los dos grupos que han presentado enmienda y después pasaremos a fijación de posiciones. Rogaría que en la medida de lo posible hagan un esfuerzo
por respetar los tiempos establecidos. La réplica es de cinco minutos. Señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subí hace unos instantes a esta tribuna y expliqué con absoluta claridad qué propone el Partido Popular, pero por si a alguien le quedara alguna duda, lo voy a repetir. Defendemos un modelo que cree en la libertad, defendemos un
modelo que apuesta por la calidad de la escuela pública, defendemos un modelo que apuesta por una carrera docente, que por cierto no sé por qué hablan de que está encorsetada, porque es una carrera docente que lo que pretende es el reconocimiento
social, profesional y económico de los maestros y de los profesores de nuestro país. Si esto es encorsetarse, que baje Dios y lo vea. Esto es lo que quieren los profesores de toda Europa. El cuarto tema importante es que nosotros defendemos algo
fundamental. Por cierto, ayer el señor Zapatero defendió aquí que no está de acuerdo con la legislación básica, pero es que vivimos en un país en el que hay legislación básica, y si yo les leo textualmente lo que dice el Estatuto de Cataluña y lo
que dice esta ley, yo les diría que la aplicación práctica del Estatuto de Cataluña va a empezar por la ley de educación, porque realmente las competencias del Estado desaparecen y pasan a la Generalitat de Cataluña. Eso es lo que dice la ley. Por
tanto, nosotros queremos un sistema vertebrado donde los niños de nuestro país tengan conocimientos comunes, cuando menos del 55 por ciento, que los padres puedan elegir, que tengamos profesores más formados y que los niños sean evaluados y el
esfuerzo prime. El esfuerzo es algo fundamental para que un niño pueda adquirir conocimientos. Por tanto, nuestro modelo está claro.
Le voy a hablar de financiación. Ustedes han presentado una memoria económica en la que dicen que van a destinar miles de millones a la educación. Pues como obras son amores y la realidad es testaruda, si usted ve el anteproyecto de
presupuestos que presentó el Gobierno a esta Cámara, se encontrará con 170 millones de euros, es decir, que para llegar a esos miles de millones de los que ustedes hablaban necesitamos 35 años: todos calvos. E sa es la financiación que propone el
Partido Socialista. (Aplausos.-Rumores.) Yo ya sé que hay cosas que no gusta oírlas, pero hay que escucharlas.
Quiero recordarles que el presupuesto en Educación en este país creció en el año 2002, 7,61 por ciento; en el 2003, 7,81; en el 2004, 6,30; en el 2005, 7,03; en cuatro años, el total del periodo, y ahí están los datos de ejecución
presupuestaria, el incremento ha sido de 9.358 millones de euros. Eso no es nada. Si ustedes quieren calificar lo que se ha traído como propuesta regresiva, propuesta agresiva, propuesta engañosa, propuesta invasiva, yo les quiero recordar que
para nosotros solamente hay una propuesta regresiva, a la que he dedicado una parte de mi intervención, y con todo el respeto se lo digo, que es la propuesta que ustedes han presentado. Yo entiendo que su propuesta tiene mucho que ver con los
apoyos que ustedes tienen para gobernar, pero tienen que pensar conmigo, pienso que como la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no parece razonable, ni siquiera medianamente razonable, que uno esté dispuesto a hacer que nuestros chicos no tengan
derecho a tener enseñanzas comunes. No es de recibo, como ha señalado el portavoz de CiU, que no haya libertad de elección de centro educativo. Y es que es así, se dice en los artículos. Y a ustedes les molesta que lo digamos con tanta claridad.
Si para explicar las cosas, no hay que estar 20 años. Si cuando tu dices a la gente y a los padres -que, por cierto, lo saben bien- que no va a haber libertad, solo tienes que decir la palabra libertad. Y cuando quieres decir calidad, en este país
todo el mundo entiende qué es calidad. Calidad es tener profesores que no sean expulsados del sistema educativo, que tengan mejores salarios, que tengan mejor formación, que sean reconocidos socialmente. Es necesario que la gente quiera ser
maestro, porque sea una profesión honorable, como para mí lo es, porque soy nieta de maestro. Además, hay que decir a los padres, señorías, que es engañar cuando uno pretende decir que va por el buen camino y está uno yendo en el camino contrario.
Yo les decía que, si cerrara los ojos, esto me recordaba la situación de hace 15 años; a lo mejor, los vuelvo a cerrar y me encuentro mucho más atrás.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Pastor.
El señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
Voy a utilizar estos cinco minutos para acabar de rematar la fijación en alguna de las cuestiones que afectan al contenido de este proyecto de ley.
Hace referencia el señor Benzal, cuyas palabras y tono respecto a Convergència i Unió agradezco, a que ya existe la escuela concertada y que, si existe, es gracias al Partido Socialista. Como mínimo, gracias también a Convergència i Unió.
No, también no, prácticamente a... Porque la LODE inicialmente, cuando se presentó, no contenía ese respeto a la existencia de escuelas concertadas. Fue la participación de Convergència i Unió la que
modificó e hizo posible la existencia de la escuela concertada, mejor dicho, la garantía, porque existir, afortunadamente, especialmente en Cataluña y en otras partes de España, hace años que existe.
Presentaremos enmiendas al articulado que reflejarán nuestra posición, también en el ámbito autonómico, pero ahora quiero centrarme en dos cuestiones: primero, reitero que este proyecto de ley, tal como está hoy al menos, no permite el
derecho de las madres y padres, en la practica, a elegir colegio para sus hijos en la medida en que no prevé que se tengan en cuenta la atención de la demanda, la petición, las solicitudes por parte de las familias. Si esa demanda se tiene en
cuenta, evidentemente estaremos ante una garantía real. Mientras no se tenga en cuenta -y hoy en nuestras conversaciones no ha sido posible articularlo- es puramente una garantía formal, no es garantía real de capacidad de elección por parte de los
padres. Haciendo hincapié en esta cuestión, en la medida en que no simplemente no se corrige el artículo 88, sino que otros artículos inciden en lo que es el concierto, se establece, para que pueda existir la capacidad y el derecho de elección de
centro por parte de los padres, un cierto peaje, de un importe o de otro, pero un peaje. Por tanto, reitero que el derecho constitucional de los padres, tanto por lo que establece el artículo 27 como por remisión del artículo 10 a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y pactos sociales y civiles, está limitado, reitero, por ese peaje que hay que pagar para poder asistir a una escuela concertada con ideario propio y consecuentemente con un proyecto de valores y un proyecto
filosófico de futuro.
Hay otra cuestión a la que quiero referirme. No lo hice antes, pero en el transcurso del debate se suscitó y, sin duda, también ha formado parte de las conversaciones, como usted bien sabe, señor Benzal, entre Convergéncia i Unió, el Grupo
Parlamentario Socialista y el Gobierno. Me refiero a la necesidad no simplemente de evaluar el rendimiento y esfuerzo, sino de reorientar esta valoración, de tal manera que no simplemente atendamos criterios de evaluación de sentimiento y esfuerzo,
sino también de rendimiento. Hemos avanzado, hemos aproximado alguna posición al respecto, pero hoy por hoy no existe un acuerdo entre ambas partes que permita que yo no defienda esta enmienda a la totalidad.
Deseo hacer una reflexión global. Señora ministra, creo que nos equivocaríamos si con esta ley se pretendiera simplemente sustituir la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza del anterior Gobierno; sería un error. Hay que contemplar un
sistema educativo global de futuro y no simplemente sustituir unos artículos por otros en función de no estar de acuerdo -en algunos nosotros tampoco lo estamos- con la anterior ley del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, contemplemos el
futuro no simplemente como deshacer lo que hizo el anterior Gobierno, sino sentando las bases sólidas para que pueda existir un sistema educativo que garantice todo aquello en lo que coincidimos los diversos grupos parlamentarios.
Finalmente, permítanme también que explique nuestra posición respecto a una cuestión, hoy hay otra enmienda no simplemente de totalidad sino con texto alternativo. Lo lógico, por coincidir con algunos aspectos de esa enmienda, es que
pudiéramos votar a favor, pero sinceramente es imposible, una vez escuchado y oído -con todo mi respeto y afecto- lo dicho por la portavoz del Grupo Popular, que podamos aceptar un proyecto de ley que no garantiza lo que nosotros entendemos que son
y deben ser competencias de las comunidades autónomas. Por cierto, Estados Unidos es una gran potencia con un nivel de educación sin duda superior al nuestro y algunos de sus Estados federados no tienen simplemente sistema educativo, sino que
tienen cheque escolar para las escuelas concertadas y otros ni siquiera tienen escuelas concertadas, solo tienen escuela pública, y no se está produciendo una desintegración de Estados Unidos, no se ha roto Estados Unidos y, reitero, hay capacidad
de competitividad también desde el aspecto de la educación de este país.
No nos gusta la ley tal y como está; intentamos mejorarla, pero tampoco nos gusta la alternativa de la ley por razones ya expuestas.
Consecuentemente, y habida cuenta que no se puede más que modificar la que hay presente, desearíamos que
todos pudiéramos ponernos de acuerdo para modificar y hacer realmente una ley que garantice la estabilidad del sistema educativo, una ley que garantice el derecho de los padres a escoger, una ley de calidad para la escuela de titularidad pública y
para la escuela concertada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
Adelante, señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.
La portavoz del Grupo Popular nos ha vuelto a insistir -ahora de una forma un poco más específica- en los tres elementos que argumentan en los últimos tiempos. Permítame decirle que algunos de ellos -dentro de esa perspectiva a la que hacía
referencia anteriormente de ir asociando al Partido Popular todo lo que se movía- están recogidos de otras iniciativas. En concreto, hablan ustedes de calidad -lo ha vuelto a decir-, equidad y libertad. Si de alguien puede proceder y puede tener
como característica fundamental la autoría con relación al binomio calidad y equidad es el Ministerio de Educación. Bienvenidos sean ustedes al consenso que esas dos palabras significan y bienvenidos sean para que esas dos palabras les aproximen a
unas soluciones educativas que consideramos más importantes para nuestro país, pero desde luego ustedes no pueden reivindicar la autoría con relación a las mismas.
Respecto a la libertad, ya se lo dicho antes, pero se lo voy a repetir ahora específicamente. Ustedes están procurando instalar en la sociedad una situación en la que la libertad de elección de centro parece que les va a hacer
posible entrar en el centro que quieran. Eso no es así, ustedes lo saben, y lo ha dicho muy bien el portavoz de Convergència i Unió. Al menos hay dos limitaciones -como en todas las libertades- importantísimas: una, la capacidad de los
centros y, dos, la capacidad económica de las administraciones educativas. Ustedes, en la propuesta alternativa que presentan al texto del ministerio, dicen, textualmente, que van a procurar que los padres entren en el colegio de elección en la
medida de lo posible. Utilizan una terminología tan jurídicamente precisa como esa, de tal manera que seguramente en la instancia de solicitud los padres pondrán una cruz o indicarán el colegio al que quieren ir y, a la derecha, pondrán eso: en la
medida de lo posible. Nos parece que ustedes están reconociendo implícitamente la falsedad que están pretendiendo instalar en la sociedad de que todo el mundo va a entrar en cualquier colegio. Eso no es cierto, y ustedes lo saben.
Con relación a la financiación, pretendí indicarles, no porque yo sea muy hábil, pero sí porque está bastante bien explicado en la memoria económica que acompaña nuestro proyecto de ley, que el Ministerio de Educación está cumpliendo
religiosa y taxativamente lo que se indica en la memoria económica. Dicha memoria dice que en el año 2006 va a haber 171 millones de euros y, en los cinco años siguientes, hasta el año 2010 -cuatro años más-, se indica qué es lo que va a invertir
el Ministerio de Educación en cada uno de ellos. Por el contrario, ustedes hacen una división, desde mi punto de vista demasiado simplista, si me permite decírselo, por la que si eso se siguiera invirtiendo cada año, evidentemente llegaríamos a 35,
pero eso no está previsto. De momento el ministerio está cumpliendo con una financiación tal y como la había previsto. Por cierto, en un año, el 2006, en el que, desde el punto de vista educativo y financiero, la educación no ha conocido nada
igual en ningún momento de la democracia. En los programas relacionados con los ámbitos que estamos indicando, la subida que se produce en el año 2006 con relación al año 2005 es de casi un 25 por ciento. Señores del Partido Popular, entiendo
perfectamente que en su memoria económica se salten el año 2006, porque no quieren ni verlo. En su memoria económica, evidentemente empiezan a programar la financiación en el año 2007; ustedes olvidan el año 2006, que es un año financieramente tan
importante para el sistema educativo de este país. No les conviene al Partido Popular, pero sí les conviene a los ciudadanos. Sobre los conocimientos comunes, les vuelvo a indicar lo mismo. Ustedes han gobernado con un sistema que tenía un
reparto competencial idéntico al que ahora se les propone, y no han tenido ningún problema. Es más, este país no ha tenido ningún problema con ese reparto competencial; no se ha derivado una división educativa en este país, entre cosas porque no
lo han derivado las comunidades en que ustedes gobiernan.
Concluyo diciéndoles de nuevo, señora Pastor, señores del Grupo Popular, que se aproximen a una situación de consenso. Aproxímense, porque tienen nuestros brazos abiertos y por supuesto tienen abiertas las posibilidades para que, con el
Partido Socialista, procuremos llegar a un diálogo y a una estabilidad del sistema educativo que nos exige toda la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Por una cuestión de disponibilidad, comenzaremos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente, y gracias también por su cortesía a los grupos que todavía no han intervenido y que han permitido que adelantara mi intervención.
Estamos debatiendo una ley muy importante pero a nosotros nos parece que a la hora de valorar ese texto del proyecto presentado por el Gobierno es inevitable compararlo con la ley anterior, con la LOCE, con la ley que actualmente está en
vigor, puesto que, si este proyecto no fuera adelante, lo que tendríamos hasta que otro en su caso pudiera hacerlo es la anterior LOCE dentro del ordenamiento jurídico y con los esquemas en desarrollo del sistema educativo que está implantado. Por
tanto, si es inevitable compararlos, a nosotros nos parece más positivo el texto del proyecto que presenta en estos momentos el Gobierno.
Las razones de nuestra oposición a la LOCE ya fueron explicitadas en su momento. Se ha hablado de falta de diálogo por parte de algunos portavoces en la elaboración de este proyecto. La verdad es que la Ley actualmente en vigor sí que
careció de todo tipo de diálogo; fue producto del rodillo de la mayoría absoluta de la Cámara. Y parece mentira que ahora se puedan echar en cara esas cuestiones. Nosotros aprobamos en su momento la propuesta socialista a través de una
proposición de ley para alargar los plazos de entrada en vigor de algunos aspectos de la LOCE porque creíamos que era un objetivo positivo ganar tiempo para el consenso. Pensamos que se ha producido un diálogo en algunos ámbitos más profundo que en
otros, pero lo que es indudable es que sí ha habido un diálogo, que sí se ha hablado. Además, entendemos nosotros que todavía hay margen, y quizá sea el momento más productivo a partir de ahora para continuar en ese consenso y para llegar a unos
acuerdos. Aquellos reparos que teníamos con respecto a la LOCE siguen en vigor, desde la filosofía propia de la ley hasta invasión competencial en multitud de temas -becas de ayudas al estudio, educación preescolar, educación primaria, libros de
texto, plantillas-. Se habían calificado como artículos básicos innumerables artículos que no lo son stricto sensu. De hecho, a nosotros nos parece que la actual Ley infringe el derecho a la educación en condiciones de igualdad que proclama el
artículo 27 de la Constitución española y que el afán reglamentista de la Ley era evidente.
El texto inicial que aspiramos a enmendar y mejorar en la línea de lo que nosotros consideramos correcto es razonablemente respetuoso con las competencias autonómicas, razonablemente respetuoso con el bloque de constitucionalidad. Otra
cuestión es que entendamos que hay algunos puntos concretos que precisarán nuestras enmiendas, señalando dónde entendemos que se rompe ese espacio competencial y ese bloque de constitucionalidad. Que los sistemas educativos autonómicos sean
homologables nos parece algo deseable, nos parece un objetivo a alcanzar, pero eso no quiere decir que tengan que ser miméticos, y de hecho, si así se pretendiera a través de una ley, lo que se estaría infringiendo es el bloque de constitucionalidad
y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Hay por tanto que respetar los niveles competenciales y hay que garantizar también el carácter pluricultural y plurilingüe de la enseñanza que en sí, para nosotros, constituye un valor y que nos gustaría
que se viera un poquito más reflejado en el actual proyecto de ley. Es uno de los pilares fundamentales en el que nos hemos fijado para hacer esta valoración, pero hay otro pilar fundamental como es la forma de entender la educación. Más que como
servicio público, como se afirma en algunos artículos de la ley, nosotros diríamos que es más bien servicio de interés general, en el sentido de que, si lo público puede entenderse únicamente como un servicio que se ofrece solo desde instancias
públicas, sería incorrecto.
Nosotros pensamos que hay que partir de una complementariedad de las dos redes, de la red pública y de la red privada. Es posible, a pesar de que hay que retocar aspectos del texto, acercar posturas, porque, entre otras causas, la realidad
es la que es y existe una red concertada y una red privada que están dando un servicio, que es muy amplia, y habrá que llegar a un término intermedio. Desde luego, en el caso de la comunidad autónoma de la que procedo, el concertado tiene una
importancia amplísima, el 53,6 por ciento en estos momentos. Para nosotros es fundamental encontrar esa vía. También hay que explicitar un poco más en el texto, porque puede haber dudas en cuanto a la interpretación, el principio de libre elección
de centro por parte de los padres. Hay que encauzar esta idea y creo que es posible. La concertación es una realidad que está ahí y hay que enfrentarse a ella. A nuestro entender, facilita el pluralismo y además, seamos sinceros, también ahorra
dinero a la Administración, porque seguramente si ese servicio se tuviera que dar desde la Administración costaría más de lo que cuesta a las arcas públicas. Estos dos ámbitos son fundamentales para nosotros, pero estamos convencidos de que existe
un margen para la negociación.
No voy a ser exhaustivo, pero, por citar algunos ámbitos, el ámbito de la cooperación internacional habla de currículos mixtos entre distintos sistemas de enseñanza de los países, etcétera. Ahí las comunidades autónomas también tienen algo
que decir, desde el momento en que, como hemos dicho antes, el sistema educativo no es uniforme. Advertimos alguna tendencia a la reglamentarización en el texto de la ley; por ejemplo, tenemos el artículo 34.8, que da competencia al Gobierno para
regular a través de reglamento el régimen de reconocimiento recíproco entre los estudios de bachillerato y los ciclos formativos de grado medio; el artículo 38, y otros. Hay otro punto de discrepancia. La formación del profesorado a nuestro
entender debe corresponder a las comunidades autónomas. En este punto nos da la sensación de que se pretende reproducir por parte del Gobierno la política que se efectúa en el campo laboral en materia de formación ocupacional y continua.
La disposición adicional decimoctava nos parece que sobra. Nosotros no negamos la función y la necesidad de la conferencia sectorial. Nos parece que tiene su campo de actuación, pero al mismo tiempo a lo que puede inducir el texto, tal y
como está, es a la negación absoluta de la bilateralidad. Nos parece que, en algunos aspectos, esa bilateralidad, por pura práctica y necesidad, es realmente conveniente. La supresión de esa disposición no anularía la existencia, el funcionamiento
y la labor que puede hacer la conferencia sectorial y yo creo que allanaría bastantes problemas. Algunos artículos que se califican como básicos no lo son, aunque también les digo que otros que no están calificados como tales quizá lo deberían ser
y en ese sentido van a ir nuestras enmiendas.
Los artículos 5, 24, 25 y 108 de ninguna manera se pueden calificar como básicos.
La educación en valores debe impregnar todo el sistema educativo, que no debe concentrarse en una asignatura. Nuestra posición -no tengo mucho tiempo para explicarla- en principio es contraria a la creación de la asignatura como tal, a no
ser que por parte del Gobierno se explique con mucha más precisión, exactamente, qué es lo que se pretende. A nosotros nos parece que es cierto que hay que educar en valores, pero que esa educación tiene que trascender a todo el sistema educativo.
Es una gran oportunidad para solucionar el problema del profesorado de religión. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Es injusta la situación de un profesorado que está viviendo durante años y años en la más absoluta precariedad, que está
dando un servicio, que está discriminado con respecto a sus compañeros y que su trabajo pende de las decisiones subjetivas que se puedan tomar desde algún ámbito. Nos parece que hay que objetivizar mucho más esa relación y hay que dar cobijo a
través del Estatuto de los Trabajadores también a esos trabajadores, a los profesores de religión. Vamos a ofrecer alternativas y espero que podamos llegar a un acuerdo, pero, de verdad, es un momento muy importante para llevar esto adelante.
Quería señalar también que el gasto medio en educación hay que aumentarlo, con referencia al PIB es el 4,4, y, después del informe PISA hay países tótem como, por ejemplo, Finlandia, que está en un 6,4 por ciento. El gasto medio por alumno,
repito, hay que aumentarlo. Quisiera señalar que en nuestro caso sería a través del sistema de concierto, en el caso navarro me imagino que sería a través de convenio, pero entendemos que tenemos
que participar con el resto de las comunidades autónomas en este aumento presupuestario. Nos parece bien, creemos que es necesario aumentar el grado de equidad en el sistema educativo y que ello debe hacerse desde las dos redes: la pública
y la privada. Nadie puede esquivar el bulto.
Además, tenemos que ayudar a la gente con pocos recursos económicos, a la gente con handicap y a toda esa importante población inmigrante, y la mejor forma de integrarla será a través de la escuela y de
la educación.
Es muy importante para nosotros que se hable de escolarización de 0 a 2 años con carácter educativo, y haremos alguna precisión en nuestras enmiendas. Siempre hemos creído que eso debía ser así. Cada vez hay una mayor demanda de las
familias. Si queremos ser justos y si queremos realizar una labor de conciliación con el empleo, tendremos que atender cada vez más a esas demandas, que en Cataluña y en Euskadi son tasas ya muy altas, del 28 y del 25. En Euskadi más de un 70 por
ciento en centros públicos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Una última frase.
En consecuencia, vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas y confiamos en que habrá un margen para la negociación y para un acuerdo en el próximo debate de enmiendas parciales. Si es así, se podrá contar con
nuestro apoyo. Lo que no podemos hacer ahora es comprometer nuestra votación final para ese momento sin saber qué es lo que va a suceder con las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Esteban.
Grupo Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en octubre de 2002, en este mismo lugar, se nos presentaba la LOCE y hoy nos volvemos a encontrar con una nueva reforma de la educación. Yo, que he sido enseñante durante 30 años, he tenido que sufrir demasiadas reformas y por eso
me parece que sería bueno que por una vez encontrásemos un factótum, para que no tuviésemos que estar cambiando en cada legislatura o en cada cambio de Gobierno de sistema de educación, que significa un desastre y un despiste para profesores,
alumnos, padres, etcétera.
Era necesaria una reforma amplia de la ley, aprobada en la etapa de la mayoría absoluta del PP, pero también es necesario un acuerdo estable, porque este tipo de normas no puede estar al albur de las coyunturas políticas. La educación
necesita más estabilidad temporal en sus leyes y la adecuada financiación para poder tener alguna posibilidad de éxito. La reforma es necesaria, pero ha tenido sus críticas, también en los sectores más progresistas entre los propios colectivos de
afectados. Es tiempo de aunar esfuerzos, de atender las demandas y de escuchar a todas las partes implicadas. Todos coinciden en la necesidad de la reforma, pero ven algunas cuestiones que ahora vamos a exponer y para cuya corrección queremos
actuar. Vemos una serie de carencias a corregir, porque, frente a un proyecto como el que se nos trae, que plantea una equiparación entre la red de centros públicos y la red de centros privados concertados, consideramos necesario el incondicional y
absoluto prioritario apoyo a las medidas que suponen el fortalecimiento de la escuela pública; precisamente durante los últimos ocho años hemos asistido a la pérdida de calidad, debido a una serie de circunstancias que mejoraban la enseñanza
privada frente a la enseñanza pública.
El proyecto que estamos hoy debatiendo deja las puertas abiertas a reforzar el sistema concertado, algo que siempre sería en detrimento del sistema público. Es tibio en muchas cuestiones, no viene avalado por un verdadero deseo de cambio,
se fija demasiado en la LOCE, que ojalá nunca hubiera aparecido, porque ello impide un verdadero debate sobre la educación que queremos para los nuevos tiempos. Nos gustaría que se hiciera una apuesta más fuerte por la escuela pública y laica como
eje vertebrador de la educación por ser la única que garantiza por principio una educación en igualdad y sin discriminaciones. Propondremos -así lo expresamos en distintas enmiendas- un compromiso del Gobierno para que se tienda a incrementar
paulatinamente la oferta pública frente a la privada concertada, y no estamos de acuerdo con financiar la enseñanza privada en los niveles no obligatorios. Nos gustaría que la ley recogiera un mayor compromiso con la calidad de la escuela del medio
rural. Propondremos medidas para que principios como la igualdad de oportunidades o el propio derecho a la educación no se vean mermados en el medio rural -algo que sucede en el momento actual y de una manera tremenda-, donde la oferta educativa es
bastante menor. Propondremos también la adopción de medidas para estabilizar la plantilla del profesorado en esos ámbitos, donde la inestabilidad provoca serios problemas, e incentivar su trabajo en los centros rurales. Nos gustaría que el
problema de los interinos se pudiera solucionar a través de esta ley o por lo menos en este momento.
Consideramos que hay que hacer una apuesta para reforzar las medidas de apoyo para el alumnado que más lo requiera. Nos gustaría un sistema
educativo más participativo que el que plantea el proyecto y que refuerce el protagonismo de los consejos escolares. Apostamos por una política coherente de la enseñanza y del aprendizaje de las lenguas extranjeras porque las competencias
lingüísticas y de comunicación intercultural resultan fundamentales para la ciudadanía del siglo XXI. Hay que incorporar dos lenguas extranjeras obligatorias, algo que lleva promoviéndose en muchos países europeos desde hace muchos
años. Queremos la mejor formación en este sentido para el alumnado.
Apostamos asimismo por una educación que no olvide el valor de las artes en el sistema obligatorio de los primeros niveles, y nuestras enmiendas nombran esa realidad.
Queremos una mayor y mejor utilización de los medios informáticos, una adecuada educación para poder participar en la sociedad del conocimiento y de la información. Existen además otras enmiendas que presentaremos, pues son carencias de esta ley
que tienen que ver con viejas reivindicaciones que hemos apoyado, como la del colectivo de profesores pertenecientes al régimen de la Seguridad Social, que no gozan de la posibilidad de jubilarse anticipadamente en las mismas condiciones que sus
compañeros. Hemos apoyado la propuesta que nos han presentado. Hay carencias, en definitiva, que creemos que hay que debatir, corregir y votar y por eso, para dar una oportunidad a que puedan afianzarse en la reforma de la ley, vamos a rechazar
las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, el Partido Popular, y por CiU.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Creemos que en este momento habría que tomar un partido más decisivo entre el avance democrático y la adaptación del sistema educativo en un Estado plurinacional o bien involución democrática, confesionalidad religiosa y recentralización.
Decimos esto porque el proyecto del Gobierno recupera el espíritu de la Logse, pero incrustando elementos fundamentales de la LOCE. Así, de la LOCE se mantiene el proceso de privatización con conciertos educativos en la etapa infantil, que no es
obligatoria, aunque sea gratuita, y en la enseñanza postobligatoria; la formación de los cargos directivos responde a un criterio de concurso de méritos, a una profesionalización burocrática; se mantiene la Alta Inspección del Estado y la
evaluación de diagnóstico, aunque sea con fines aparentemente más benéficos; por supuesto sigue en manos estatales el control del sistema de becas y además se opta por una carrera docente burocrática sin que sin embargo se opte por una misma
formación inicial para el profesorado con el título de licenciado, y por último no se reconoce la formación en horarios lectivos y la ratio profesor-alumno queda sin modificar en relación con la LOCE y con la Logse.
Es cierto que de la Logse se restaura la mejora competencial, es decir, un marco de competencias que realmente no es la descentralización curricular a la que nos tenían habituados las intenciones, la práctica y la legalidad del Partido
Popular, sin los decretos por lo tanto de enseñanzas mínimas que tan abusivos y agresivos eran. Por lo demás, se restaura el estatus de la asignatura de religión como oferta obligada de los centros y de elección libre para los alumnos sin
alternativa del hecho religioso. Hay una reducción sensible de los itinerarios, aunque queden presentes en el último curso de la ESO, y afortunadamente no se opta por la prueba de bachillerato, la famosa reválida, y además se hace una apuesta
teórica por la enseñanza diversificada y comprensiva. Digo teórica porque esto va a quedar ahogado precisamente por el aspecto burocrático que la ley sigue manteniendo. Tampoco hay que olvidar la mejora de la jubilación de la Logse con la
integración de colectivos que hasta ahora estaban discriminados. Sin embargo, señorías, el nuevo proyecto no asume en absoluto que tengamos un sistema educativo aconfesional y, por tanto, en el que la asignatura de religión no sea una asignatura y
no figure en el currículum académico. No solamente son intocables los acuerdos de la Santa Sede, sino que se interpretan de una manera en que la Santa Sede estaba de acuerdo perfectamente en los años noventa, y ahora por lo que se ve no lo está.
Se sigue manteniendo a los profesores de religión en un estatus claramente feudal; se olvida la problemática de los profesores interinos y, por supuesto, no se considera que los servicios complementarios tengan un carácter universal, en concreto el
transporte escolar, el comedor y también los libros de texto.
Por lo demás, aunque sí es cierto que la LOE tiene una memoria económica que no tenía la LOCE, hay que decir que no tiene el valor de obligación de una ley de financiación de la educación y que carga sobre las espaldas de las comunidades
autónomas prácticamente el 40 por ciento del gasto que provoque la aplicación del nuevo sistema educativo. Nos llama la atención, señorías, que la equiparación de los centros concertados privados con los públicos vaya a seguir ahondando en un
proceso que no es teórico, que ya está plasmado en la sociedad del Estado español, y es que la enseñanza pública en las ciudades y en los centros urbanos para las clases medias ya es hoy subsidaria de la enseñanza concertada. No hay ninguna ciudad
gallega en la que no ocurra esto. Si después se desequilibra en el conjunto es por culpa de la enseñanza rural, en la que por supuesto ni la Iglesia católica ni nadie tiene interés en llevar iniciativas educativas precisamente en nombre de la
libertad de centros.
¿No vamos a reclamar ninguna exigencia de gestión democrática a los centros pagados con dinero público? ¿No les vamos a exigir transparencia y publicidad en los contratos de sus profesores? ¿Es que el ideario puede estar por
encima de la personalidad de los niños y la educación que vayan a recibir y el respeto por su cierta autonomía? ¿Es que la admisión de los alumnos no va a estar condicionada a que carguen con todo el espectro social o por lo menos que esté en el
área de influencia del colegio? ¿Es que no se van a controlar fundaciones que cobran en colegios concertados? ¿Es que se va a seguir permitiendo la separación de niños y niñas? ¿Es que pueden imponer el calendario escolar ampliado que les
apetezca a libre capricho? Señorías, este es un proceso
de privatización imposible de aceptar. Es cierto que ahora tal como está el debate, tan empobrecido, vemos que la gran tensión va a existir entre el modelo del Partido Popular y el modelo de la LOE, por lo que a nosotros nos lo ponen muy
complicado. Pero está claro que ante el involucionismo reaccionario y confesional tenemos que optar, por lo menos, por no hacer el caldo gordo a ese involucionismo reaccionario y confesional. Porque, señorías, la base social que apoya la
alternativa del Partido Popular es la Iglesia católica que se manifiesta el día 12, solo porque nos devuelven a la década de los noventa, en la que precisamente ellos estuvieron perfectamente bien asimilados. Lo que dicen sobre la asignatura de
religión es mentira, porque sigue siendo una asignatura académica. Es increíble que defiendan privilegios feudales en relación con el nombramiento de los profesores de religión. Es increíble que los centros concertados no estén sometidos a los
mismos criterios que los públicos, y lo que es intolerable, porque es hacer política desde el púlpito y desde la escuela, es que se utilice el tema de las enseñanzas comunes en nombre de la defensa de la unidad de España. Por lo tanto, a nosotros
no nos quedará más remedio que presentar 153 enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, pero desde luego vamos a votar clarísimamente en contra de un modelo educativo que no se caracteriza ni por ser democrático ni por ser respetuoso con las
creencias de todo el mundo y que además está claramente politizado.
Acabo ya, señor presidente, diciendo a toda la Cámara lo siguiente: si hay que juzgar un sistema educativo por los libros de texto pretenciosos, por exámenes y por aprobados o suspensos a tutiplén, el sistema educativo del Estado español es
el mejor del mundo. No sé si podremos continuar por este camino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías y señores representantes sociales que nos acompañan, a quienes saludo, este es un debate muy importante pero que no es el debate estrictamente de la LOE sino el de las enmiendas a la totalidad que han presentado el
Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Pasaré rápidamente, porque el tiempo es oro y tenemos muy poquito, a explicar cuál es nuestro posicionamiento.
Quiero dejar claro que nuestro voto, como no podía ser de otra
manera, será en contra de ambas enmiendas a la totalidad. Comentaré y razonaré por qué, aunque me extenderé un poco más con la propuesta de enmienda a la totalidad del Grupo Popular porque ha presentado un texto alternativo que da mucho más que
decir. De todas formas, señor Duran, después de escucharle pienso que muchos de los razonamientos que utilizaré con el Grupo Popular pueden ir dirigidos también al grupo que usted representa, y lo digo porque ha superado bastante mis expectativas
con sus planteamientos.
En primer lugar quisiera decirle a Convergència i Unió que su grupo no se ha destacado nunca por la defensa ni de los temas sociales ni de los educativos. Tanto ustedes como el Partido Popular aterrizan aquí como si no hubieran gobernado
nunca, y la realidad es que ustedes han gobernado mucho -por suerte, ya no es así-. Ustedes nos han presentado cuatro folios, señor Duran, y en ellos me entretuve ayer -ayer tuvimos un día muy interesante pero muy largo- para ver cuánto han
dedicado y en qué se han repetido más. En cuatro folios hay ocho veces en las que ustedes se dedican a hablar de su preocupación y a hacer propuestas por la escuela concertada. Usted ha dicho, y es cierto, que son los artífices fundamentales de la
escuela concertada en Cataluña. Seguro que están muy orgullosos, pero este también es un debate falso. Ustedes se han preocupado de fomentar de una manera inmensa los conciertos, pero después no se han ocupado para nada ni de las condiciones de
los trabajadores de estas escuelas concertadas ni tan siquiera de la calidad de la enseñanza que se está dando en ellas. Por tanto, el interés también es relativo en todo esto.
Señores del Grupo Popular, ustedes tienen otro problema, y es que no quieren darse cuenta de que ya no están gobernando, y esto es una suerte para la escuela, para la pública fundamentalmente, para la enseñanza de este país, para una
enseñanza de calidad -pero de calidad de verdad, señora Pastor-, para el aprendizaje a través de toda la vida y para los valores de la igualdad de oportunidades, de la cohesión social, de la equidad y de la corresponsabilidad. Para todo esto,
señora Pastor, es imprescindible que la escuela pública actúe de garantista del derecho principal, el derecho a la educación, que ustedes interpretan de determinada manera según la Constitución y que nosotros interpretamos de otra. Ayer pudimos ver
cómo y de qué manera tan diferente se puede interpretar la Constitución en este país. En este sentido también se interpreta de manera diferente. Pero nosotros queremos resaltar una cuestión de su propuesta. De lo que estamos hablando es de un
modelo educativo. Su diferencia y la de Convergència i Unió en relación con la LOE, que nosotros pensamos muy mejorable pero que indudablemente es diferente a la que nosotros podríamos presentar, es que estamos hablando de modelo educativo, que no
es el nuestro. Como es lógico, todo modelo educativo responde a un modelo social y todo modelo social responde a una concepción de la sociedad, de la economía, de la política y a todo eso se le llama ni más ni menos que ideología. No tengo ninguna
intención, señora Pastor y señor Duran, de censurar su modelo educativo y social.
Estamos en un país democrático y de derecho y eso permite que en una sociedad libre cada uno tenga sus propias ideas y las defienda. Ustedes lo han hecho durante
ocho años. Han defendido sus ideas, las han impuesto y las han llevado a la práctica.
He leído su exposición de motivos y el articulado con una cierta profundidad. He tenido la voluntad de leerlo porque creo que los textos se han de leer; nos evitaríamos muchos problemas como los de ayer si lo hiciéramos. Es lógico que
ustedes hagan una defensa clara y diáfana de la libertad de la enseñanza, de la formación religiosa y de que los poderes públicos han de garantizar el derecho de los padres a escoger, pero todo esto es falso. Perdonen que les diga, pero ustedes han
llegado a desprestigiar ciertas palabras, porque todos hablamos de lo mismo pero el contenido es diferente. Ustedes hablan de calidad, hablan de equidad, hablan de igualdad, pero ¿de qué estamos hablando? Déjenme darles rápidamente algunas cifras.
La realidad es que ustedes han tenido durante ocho años su oportunidad, y las cifras demuestran que su modelo ha sido nefasto, totalmente nefasto para la escuela pública, que es lo mismo que decir nefasto para la educación, el desarrollo y el avance
de nuestro país. ¿Quieren datos? Se los vamos a dar.
El indicador más utilizado internacionalmente en todos los estudios comparados para medir el esfuerzo social es el gasto en educación, el gasto público; yo prefiero llamarle inversión pública, pero es igual, lo dejaremos en gasto público.
Hay otros, sin duda, pero tanto en la Unión Europea como en la OCDE este es el que se considera de los más importantes. Su modelo ha llevado a que España esté en estos momentos en el número 26 de los 40 países contabilizados. ¿En cuanto a qué? Se
lo explico: en cuanto a rendimiento en matemáticas y en comprensión lectora.
Con la misma rotundidad de estas cifras, España se sitúa en el puesto 20 de los 25 países de la Unión Europea en gasto social, el 4,41 por ciento del PIB. ¿Se imaginan
qué vergüenza? Ustedes nos han llevado a esta situación durante los ocho años de su Gobierno. Han conseguido que bajáramos a unos niveles increíbles en cuanto al gasto social y a la inversión social en educación. ¿Y ustedes nos vienen a dar
lecciones y a hablarnos de calidad, de equidad, de poder decidir y de poder escoger escuela? ¿De qué nos están hablando? ¿Cómo es posible que nos hayan colocado donde nos han colocado y que ahora nos vengan dando estas lecciones? Es inaudito, de
verdad. No le hablaré de Finlandia porque ya sabemos en qué porcentaje está, pero es que Dinamarca está en el 8,50 por ciento; Suecia, en el 7,31; Bélgica, en el 6,11 y nosotros estamos en la cola total, con Grecia, Luxemburgo e Irlanda. Ustedes
han contribuido directamente y son responsables, muy responsables del deterioro educativo de nuestro país. Desde el año 1970 -y estos son datos oficiales, pueden buscarlos, porque seguro que los tienen- el incremento del PIB tuvo un proceso muy
positivo hasta el año 1995; en aquel tiempo se pasó del 1,7 al 4,7 por ciento. A partir de ese año y gracias a ustedes se descendió 2 décimas y ahora se ha estancado en el 4,5 por ciento. Fíjense en una cuestión. El PIB previsto para el año 2005
es de 896.700 millones; un punto de este PIB significa 8.967 millones. ¿Se imaginan lo que es esto para la educación? ¿Se dan cuenta de todo lo que se ha perdido en inversión en educación en nuestro país durante estos años, gracias a ustedes?
Esta es su responsabilidad, y mientras hacían esta reducción, nos presentaban leyes como la LOCE. Voy a exponer algo que es importante y que pensando en la juventud merece la pena decirlo, aunque lo voy a tener que leer muy rápidamente. Ustedes
nos dicen en la página 10 de su propuesta: En primer lugar, resulta imprescindible plantear a la sociedad española y al conjunto del mundo educativo que los valores del esfuerzo y de la exigencia personal constituyen condiciones básicas para la
mejora de la calidad del sistema educativo. Estos valores, por la concurrencia de diversos factores, se han ido devaluando en los últimos tiempos y a la vez se han ido debilitando los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al profesor.
Sí. ¿Saben por qué? Gracias a ustedes, ni más ni menos, gracias a ustedes. Ustedes están reclamando un esfuerzo personal y familiar del que como Administración pública, como Estado, tenían que haber sido los principales responsables. No lo han
cubierto y están depositando la responsabilidad de todo esto en las familias y están diciendo a nuestros jóvenes que no se esfuerzan. (Aplausos.) El esfuerzo no tiene nada que ver con las clases sociales. El esfuerzo tiene que ver, en todo caso,
con las condiciones de vida, con las condiciones económicas y con cómo se desarrollan esas condiciones de vida. Lo que ustedes están planteando en estos momentos no tiene parangón. Perdonen que se lo diga.
Nosotros estamos trabajando por esta ley. Quizá no sea la ley que nosotros hubiéramos presentado, es lógico; puede que tampoco sea la ley que el Partido Socialista presentaría si pudiera, pero va a ser la mejor ley que vamos a tener. Y va
a ser la mejor ley porque vamos a garantizar que todo lo que hemos perdido durante estos años con ustedes podamos ponerlo otra vez de nuevo en la línea de una mejora en la calidad y de un progreso real en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, después de los acalorados debates sobre el modelo educativo les pido disculpas porque desde Esquerra Republicana vamos a hacer seguramente algo bastante distinto. Simplemente vamos a fijar posición respecto a dos
enmiendas a la totalidad, dejando para los debates, que se presumen, a la vista de lo que ocurre, intensos en la Comisión de Educación, la discusión de todas las enmiendas, que por lo visto son muchísimas. Por tanto, tendremos tiempo de entrar a
fondo en el modelo educativo que defiende cada uno de los grupos políticos representados en esta Cámara.
Voy a hacer tres afirmaciones que intentaré argumentar. En primer lugar, anuncio que vamos a votar en
contra de las enmiendas a la totalidad por coherencia con nuestros planteamientos educativos y también porque creemos que aunque no suscribiríamos ahora el proyecto de ley tal como está redactado, es evidente que menos todavía podemos
suscribir la liquidación del mismo porque significaría, como ya alguien ha recordado antes, volver a dar vigencia a corto o medio plazo a una ley respecto a la que Esquerra Republicana manifestó siempre su desacuerdo, como era la LOCE. En segundo
lugar, pese a que no es la ley de educación que haría Esquerra Republicana, por descontado, respecto a la ley anterior representa un mayor respeto competencial que queremos valorar. Y en tercer lugar, porque en aquellos aspectos de contenido de
modelo educativo, pese a que tampoco coincidimos con el planteamiento, al menos en términos absolutos, sí que pensamos que existe la posibilidad de acercar posiciones para llegar a aquello que todo el mundo preconiza y predica, que es el consenso.
Sin embargo, como se demuestra día a día en esta Cámara, las palabras pueden coincidir pero las realidades no. Por tanto, las palabras, como libertad, consenso constitucional, etcétera, pronunciadas por diferentes grupos no significan precisamente
lo mismo. Por tanto, el consenso supongo que será imposible y la ley tendrá que salir adelante por el juego de mayorías-minorías, como es habitual.
Esquerra Republicana votará en contra por coherencia. Siempre se mostró claramente partidaria de derogar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que fue elaborada en los tiempos de la mayoría absoluta del Partido Popular, y sería ahora
incongruente por nuestra parte facilitar su eventual supervivencia. La LOCE se hizo desde la pretensión de convencer a la comunidad educativa de ciertos males de la Logse a los que la LOCE ponía remedio. Esos supuestos males de la Logse, a nuestro
modo de ver, o no eran tales, o no eran tan graves, o al menos no eran consecuencia de la Logse. El discurso de la LOCE se articulaba en torno a la nefasta -y pongo comillas- promoción automática, la defunción de la cultura del esfuerzo, el
alarmante descenso del nivel de los alumnos y el deterioro del clima escolar, y entre otras medicinas se propuso el retorno al autoritarismo en la dirección de los centros, la implantación de los itinerarios y la selección de los alumnos, y como no
compartíamos esa filosofía, ahora votaremos en contra de una propuesta alternativa que se le parece bastante.
Nos satisface el mayor respeto competencial que vemos en el proyecto del Gobierno respecto a una realidad, que es la España de las comunidades autónomas o la España plurinacional, que tanto molesta a algunos. En ese sentido, nos parece que
la derogación de la LOCE y la simplificación, aunque no sea muy completa, de la legislación orgánica con la derogación de la Logse y la Lopec contribuye a mejorar el marco legal, pese a la vigencia parcial de la LODE y de la Ley de Formación
Profesional del año 2002. Decía también en relación con el aspecto legislativo que observamos un mayor respeto competencial. Valoramos positivamente la inclusión de una disposición final mediante la cual se delimitan los preceptos con carácter
básico y el ámbito competencial de las comunidades autónomas, porque si se atribuye el carácter no básico a la regulación de materias sobre las que la LOCE atribuía competencia al Estado, como la formación dirigida a las personas adultas, la
formación permanente del profesorado, la regulación de la autonomía de los centros, la evaluación de los centros, la función directiva, etcétera, en algunas de estas materias de carácter no básico se ha seguido el criterio de dejar al Estado el
establecimiento de los principios orientadores y el desarrollo a las comunidades autónomas.
El proyecto del Gobierno, además, implica una reducción de los motivos de presunta inconstitucionalidad respecto a la LOCE. Queremos recordar que el Govern de la Generalitat -y Esquerra Republicana no tenía la consellería- presentó un
recurso de inconstitucionalidad contra la LOCE aduciendo 32 motivos. El actual proyecto ha dejado sin resolver de manera correcta, a nuestro entender, nueve de ellos, pero significa un avance.
También consideramos un avance la reducción en el
proyecto de ley de las remisiones a la potestad reglamentaria del Gobierno central. Este es un aspecto importante porque las leyes orgánicas de educación han comportado el establecimiento de normas básicas mediante reglamentos y otras normas sin
rango de ley. La LOCE es el último ejemplo de utilización expansiva de esta técnica. Nos satisface también el retorno a una concepción de la regulación curricular de la Logse en relación con las enseñanzas mínimas.
La filosofía de la LOCE, con su
apelación a contenidos comunes, no mínimos, acentuaba el carácter centralista del sistema educativo.
Entrando en el terreno de los contenidos, nos parece positiva la vinculación -muy tímida, pero vinculación- de los conciertos educativos a las necesidades de escolarización y a la programación educativa. Esquerra Republicana asume sin
ningún complejo la necesidad del concierto educativo, pero también apuntamos la necesidad de avanzar en la espinosa cuestión del necesario equilibrio entre la libertad de elección de centro y el principio de igualdad de oportunidades. No podemos
olvidar que la intervención del Estado ha de tender a garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos. El proyecto admite el principio de programación de la oferta educativa por parte de las administraciones educativas, con lo que se puede conciliar
mejor el principio de libertad de elección de centro con el principio de equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El proyecto apunta también en la dirección de asegurar la igualdad en la aplicación de las normas de admisión del
alumnado, para favorecer una escolarización que asegure la cohesión social e impida la formación de guetos de alumnos con necesidades educativas especiales, que siempre suelen acaban concentrándose en la escuela pública.
Hay aspectos con los que, evidentemente, Esquerra Republicana manifiesta su absoluta disconformidad, por
ejemplo, el tratamiento de la enseñanza de la religión confesional. Pese a ello, queremos ver en el proyecto la eliminación de algún modo del carácter obligatorio de la enseñanza de la religión, que prevé la disposición adicional segunda
del proyecto, porque al menos representa una vuelta a la situación anterior a la LOCE.
Nos preocupa, pese a que se están dando cifras -veremos en qué se concreta al final del proceso-, la cuestión de la financiación de la ley. En el caso de Cataluña (donde, como todo el mundo sabe, el peso de la escuela concertada es
altísimo, en algunas zonas es superior al 40 por ciento) estamos ya empezando a hablar de una deuda histórica: los conciertos de educación infantil que se legislaron no hace mucho tiempo y que no han sido pagados a la Administración educativa
catalana por parte del Gobierno central, ni del Partido Popular ni ahora del Partido Socialista.
Nos preocupa también que esta ley pueda acabar no regulando el acceso a la Función pública docente de un colectivo en situación muy precaria que es el
de profesores interinos. Por tanto, es necesario buscar un acceso a la Función pública docente a medio y largo plazo, pero también hay que buscar una solución excepcional, de unas cuantas convocatorias, para resolver un problema que actualmente es
lamentable y lacerante por la precariedad laboral en que se encuentran miles de profesores de la escuela pública.
Finalmente -para ajustarme al tiempo que nos queda-, por lo que se refiere a los aspectos curriculares, intentaremos introducir algunas variaciones con la presentación de determinadas enmiendas. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, una plantilla de profesores de pretecnología que se formó con especial cariño y mimo es difícilmente compatible con la ordenación curricular que hasta ahora se ha propuesto.
Por tanto, consideramos que ha de ser una de las
áreas básicas, como ya lo era en la Logse.
En resumen, vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad por motivos -tiene razón el señor Duran- absolutamente distintos, pero nos parece que tiempo hay para modificar ese proyecto que seguramente no satisface, como ha dicho
doña Carme García, ni siquiera al Grupo Socialista. Sin embargo, a lo mejor somos capaces de conseguir entre todos una ley que satisfaga un poco a casi todos, porque parece ser que a todos es imposible. A veces las razones no son educativas, sino
que son puramente políticas.
Muchas gracias. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.
Perdónenme, quien decide si se abre el debate o no es el presidente.
Quiero que quede rotundamente clara esta regla. Se lo agradezco en el alma.
Muchas gracias.
El Gobierno tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a todos los grupos su participación en este debate. Como he manifestado al final de mi intervención inicial, hoy celebramos una sesión en la cual algunos grupos legítimamente presentan sus discrepancias con el proyecto de
ley, pero a partir de mañana empieza el trabajo de toda la Cámara para conseguir la mejor ley posible. De nuevo quiero agradecer el esfuerzo de todos para esa tarea de futuro porque, reitero, necesitamos el esfuerzo de todos. Estamos en una época
en la que no podemos permitirnos algo que no sean las máximas ambiciones para nuestro sistema educativo, porque todos los países prácticamente coinciden en apostar en la mejora de la educación para las nuevas generaciones, y nosotros no podemos
quedarnos atrás. Estamos trabajando, como muchos de ustedes recordaban, para el futuro y merece la pena que seamos tremendamente ambiciosos; ambiciosos atreviéndonos a buscar calidad en los aprendizajes, a mejorar las competencias y conocimientos
de todos los jóvenes; ambiciosos en la búsqueda de la equidad con calidad que todos hemos coincidido en resaltar; ambiciosos porque todos también hemos hablado de que las Cámaras y las administraciones van a tener que mantener un esfuerzo
continuado de aportación de recursos, porque sabemos que cualquier reforma educativa es mucho más que una ley. Si necesitamos el trabajo de la Cámara y de todos los grupos, que agradezco, para acertar con la mejor ley posible, también vamos a
necesitar ese trabajo para completar el resto de los esfuerzos, para que cada vez que tengamos un presupuesto en las Cámaras todos apostemos por esa ambición que queremos para nuestro sistema educativo, para que cada vez que estemos debatiendo
distintas cuestiones que afecten a cómo llevar a cabo nuestras políticas, entre todas las administraciones apostemos y tengamos en mente de nuevo esa ambición que queremos para nuestro futuro.
Por todo ello, les doy las gracias por su colaboración y estamos, como siempre, encantados de seguir trabajando con todos los grupos de esta Cámara para mejorar el proyecto de Ley de Educación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000046.)
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
(Número de expediente 121/000047.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con los puntos nueve y diez, que se van a debatir conjuntamente. Primero, proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y segundo, proyecto de ley
orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señorías, es un honor comparecer en esta Cámara para defender los proyectos de ley de reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria de 2001.
Estas leyes fueron un hito importante al establecer unas reglas fiscales de las más avanzadas de Europa, innovadoras, introduciendo conceptos realmente útiles como el de techo de gasto y el del fondo de contingencia. Otros aspectos de las mismas,
sin embargo, han resultado ser insuficientes. Las leyes de 2001 se basan excesivamente en el fondo público nominal sin tener en cuenta la necesidad de evitar sesgos procíclicos en las fases de bajo crecimiento del ciclo y además permiten a la
Administración General del Estado compensar su déficit con los resultados de la Seguridad Social.
Por otra parte, las comunidades autónomas no han hecho suyas en muchos casos las leyes y han incumplido los objetivos individuales, diez comunidades autónomas de diecisiete no han cumplido los objetivos establecidos. Otro tanto sucede con
las entidades locales; de las 6.425 que remitieron la liquidación presupuestaria del año 2003, más de la mitad presentaron déficit. No se puede, por tanto, defender que el sistema ha funcionado, que ha cumplido. Yo creo que tiene insuficiencias y
hay que modificarlas tomando en consideración los requerimientos de una política fiscal ortodoxa, el alto nivel de descentralización alcanzado en nuestro país y la coordinación de nuestras iniciativas de disciplina fiscal con la Unión Europea.
Yo creo que la necesidad de reforma es compartida por la mayoría de los grupos parlamentarios y el Gobierno es firme defensor de las reglas fiscales que garantizan la estabilidad presupuestaria. Esas reglas de estabilidad eliminan
incertidumbre y dotan a la política fiscal de mayor credibilidad y de mayor capacidad de actuación en las distintas fases del ciclo económico. El compromiso del Gobierno con la estabilidad, por tanto, es claro, y la reforma persigue cinco grandes
objetivos. En primer lugar, mejorar la racionalidad económica, y para ello modificamos el principio de estabilidad refiriéndolo al ciclo económico. La estabilidad debe consistir, por tanto, en el equilibrio o superávit a lo largo del ciclo, y la
Seguridad Social debe recibir un tratamiento diferenciado teniendo en cuenta su distinta naturaleza y la necesidad de preservar la financiación futura de las pensiones. Para la Seguridad Social, por tanto, se define un tratamiento especial. Las
leyes actuales parten de una definición estanca al referirse a la estabilidad como equilibrio presupuestario, independientemente de la situación económica. Restan, por tanto, capacidad para suavizar el ciclo. El nuevo principio de estabilidad
significa que en épocas de bajo crecimiento económico se podrá presentar un cierto déficit, reducido, pero también que en épocas de expansión hay que contar con un superávit.
Para fijar el objetivo de estabilidad es esencial, en consecuencia, determinar la fase del ciclo económico en la que se encuentra la economía. Por ello, el Ministerio de Economía y Hacienda elaborará un informe de situación y previsión en
base a las informaciones recibidas del Banco de España, del Banco Central Europeo y de la propia Comisión Europea. De acuerdo con ese documento, el Gobierno, previo informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de
Administración Local, fijará dos umbrales de crecimiento: uno superior, por encima del cual el objetivo de estabilidad será necesariamente de superávit, y otro que podrá permitir un cierto déficit. Estas tasas de crecimiento serán la referencia
durante tres años y se revisarán al final de los mismos. Durante ese periodo solo se podrá modificar de acuerdo con circunstancias excepcionales. Para los tres primeros años los umbrales de crecimiento se fijan en el 3 por ciento para la banda
alta y en el 2 por ciento para la baja.
Por otra parte, la reforma no permite, en modo alguno, un recurso arbitrario al déficit. Una administración podrá incurrir en déficit cuando causas cíclicas y objetivamente constatadas lo justifiquen.
Además, se establecen dos cautelas
adicionales: la administración que prevea déficit deberá presentar una memoria plurianual que ponga de relieve la evolución de los saldos presupuestarios para volver al equilibrio. Además, se establece un límite cuantitativo al déficit para no
poner en peligro la estabilidad a medido y largo plazo. Ese límite para todas las administraciones es de un máximo de un 1 por ciento.
El segundo objetivo es hacer compatible la estabilidad con el aumento de la productividad. Eso quiere decir que los límites cuantitativos a los que acabo de hacer referencia podrían en algún momento limitar la capacidad de la política
presupuestaria para aumentar los recursos más relacionados con eficiencia económica y productividad. Por ello, la ley introduce otra novedad, y es la de presentar un déficit para financiar incrementos de inversión en programas que tengan un impacto
significativo en la mejora de la productividad. Es equivalente a la regla de oro de las finanzas públicas existente en otros países. La desviación por este concepto no podrá ser globalmente superior a medio punto del PIB. Los programas de
inversión que tengan que acogerse a este déficit adicional deberán ser financiados al menos en un 30 por ciento con ahorro de la administración correspondiente y ser previamente aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda; para su aprobación
tendrá en cuenta el nivel de endeudamiento de las administraciones
afectadas. La reforma introduce una mayor flexibilidad, pero con sólidos elementos de vigilancia y de cautela.
Además del déficit para inversiones productivas, la reforma también prevé que cuando la situación económica exija superávit el objetivo de estabilidad se fije teniendo en cuenta el grado de convergencia de la economía española con la Unión
Europea en materia de investigación y sociedad de la información. Por tanto, en fases de fuerte crecimiento las administraciones deberán, como norma, tener superávit y cuando el crecimiento sea bajo las administraciones podrán incurrir en déficit,
pero estará limitado al 1 por ciento, además de la excepción del medio punto al que anteriormente hacía referencia. El tercer principio sería respetar más la autonomía financiera en las comunidades autónomas.
El sistema aplicado hasta ahora ha planteado dificultades en su cumplimiento, posiblemente como consecuencia de la unilateralidad en la fijación de los objetivos. Todo ello ha supuesto una poca o nula identificación de las comunidades
autónomas con las leyes. Lo que planteamos hoy es la idea de una mayor participación de comunidades autónomas y corporaciones locales en la fijación de los objetivos. En primer lugar, a través de un procedimiento para determinar el objetivo de
estabilidad de las administraciones territoriales que, respetando el principio de autonomía financiera de las mismas, refuerce su indispensable compromiso con la estabilidad presupuestaria, aspecto que es fundamental en la reforma. Además, en todo
el proceso el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local es fundamental. El procedimiento requerirá un período de consultas con cada comunidad autónoma, que propondrá su objetivo individual.
Posteriormente se definirá un objetivo global y se negociarán bilateralmente los objetivos individuales que serán expresados en porcentaje regional y tendrán en cuenta el esfuerzo fiscal realizado en el pasado por la comunidad. La idea de tener en
cuenta el esfuerzo fiscal individual responde, entre otras razones, a la necesidad de reconocer y primar el esfuerzo que algunas comunidades realizan al utilizar su capacidad normativa para financiar sus necesidades de gasto frente a aquellas que
prefieren acudir al endeudamiento. Por último, el mayor protagonismo y presencia de la Administración territorial se refleja en otros aspectos del proceso, como los informes previos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión
Nacional de Administración Local.
Un cuarto punto fundamental es la separación de objetivos. Separamos los objetivos de Estado y de Seguridad Social a diferencia de lo que existe en la Ley del año 2001. Con esta separación permitiremos que el Fondo de reserva de la
Seguridad Social desarrolle todo su potencial económico para garantizar las pensiones futuras. La contrapartida del refuerzo del sistema de Seguridad Social será evidentemente unas obligaciones más exigentes para la Administración Central del
Estado, que deberá equilibrar su presupuesto. Se establece además un mecanismo adicional para reforzar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y de las entidades locales al disponerse de forma explícita que el Estado no asumirá ni
responderá de los compromisos de comunidades autónomas y entidades locales. Es una cláusula semejante a la cláusula de no respaldo financiero -no bail out- que rige en la Unión Europea.
Como quinta idea se establecen unos mecanismos preventivos y correctivos de forma similar a la idea de la alerta temprana del Pacto de Estabilidad, que prevé que en caso de apreciar riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, el
Gobierno puede formular una advertencia a la administración correspondiente. Evidentemente en esos casos habrá que elaborar un plan económico y financiero de reequilibrio que incluye también algunas novedades, y es que no se exigirá ante cualquier
situación de déficit, tal como contempla la ley actual, sino únicamente cuando el déficit suponga incumplimiento del objetivo de estabilidad fijado, y eso nos permitirá tomar en consideración la evolución real de la economía de una determinada
comunidad de acuerdo con la previsión inicial.
Como última idea voy a hacer referencia a la transparencia. La transparencia es un elemento necesario para el buen gobierno y por ello desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo ha planteado varias iniciativas en este terreno. También
esta reforma va a dar un paso adelante al establecer nuevas obligaciones y requerimientos de información para todas las administraciones públicas, lo cual contribuirá, por una parte, a una mayor reciprocidad y fluidez en las relaciones entre la
Administración del Estado y las administraciones autonómicas y locales, y, por otra, supondrá suministrar información sobre algunas variables relevantes para todos nosotros. Las nuevas obligaciones persiguen aportar información suficiente para
verificar de forma efectiva y en tiempo adecuado el cumplimiento de nuestros compromisos.
Señorías, concluyo mi intervención destacando que esta es una reforma que nace con vocación de consenso, no de imposición, en la que se modifican los procedimientos para que sean más racionales y para que los objetivos de estabilidad sean
realistas y respondan mejor a las necesidades de la economía en cada momento y en la que vamos a contar con una regla fiscal más eficaz, creíble y aceptada por todas las administraciones. Todo ello permitirá aplicar una política fiscal más adecuada
para todos, respetando las competencias de cada administración y teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades específicas de cada territorio en cada momento.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Turno a favor de las enmiendas a la totalidad. Tiene la palabra, por un tiempo de quince minutos, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Señor presidente, señor vicepresidente, señorías, hoy debatimos la reforma de unas leyes que aprobó esta Cámara en diciembre de 2001 y que entraron plenamente en vigor con la aprobación y ejecución de los
presupuestos de 2003. Aunque ahora de pronto, en tan poco tiempo, nos dicen que no funcionan, la verdad es que no nos extraña mucho, porque solo en 18 meses se las han saltado dos veces en la Administración del Estado. En algo sí tiene razón,
señor vicepresidente, y es que son unas leyes que marcaron un antes y un después en nuestra normativa presupuestaria y son el mejor exponente del interés y el compromiso de los gobiernos del Partido Popular con el equilibrio presupuestario, con la
estabilidad presupuestaria. Unas leyes que supusieron un cambio profundo en las reglas de juego de la política presupuestaria española.
Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 1996 se encontró con unas finanzas públicas que tenían como denominador común año tras año un procedimiento perverso que, al amparo de una interpretación relajada de la Ley General
Presupuestaria entonces en vigor, lo que hacía era enviar facturas de un ejercicio al siguiente. Un procedimiento que, a pesar del saneamiento que se realiza en el año 1993 con el cambio de Gobierno, en el que usted, señor vicepresidente, se hace
cargo de la cartera de Hacienda, produce un efecto bola de nieve que trae como consecuencia que, en junio de 1996, se tenga que aprobar un real decreto-ley que saque esas facturas de los cajones y las coloque en sus ejercicios de procedencia.
Tras
un fuerte ajuste en el Estado -le recuerdo que además no se aprobó el presupuesto-, pudieron cumplirse los requisitos que en ese año, y en especial en 1997, nos permitieron entrar en la unión monetaria europea con los países de la primera velocidad.
No es baladí ni casualidad que para defender esta enmienda haga un poco de historia porque, aunque los relojes no retroceden y no se puede demostrar, tengo serias dudas respecto a lo que hubieran hecho ustedes de seguir en el Gobierno, dada su
trayectoria y sus hechos -los proyectos de ley que hoy discutimos son un buen ejemplo-, y qué es lo que hubiera pasado si España se hubiera descolgado en 1997 del euro o si no se hubiera producido el drástico saneamiento de nuestras finanzas
públicas. Desde luego, no estaríamos económicamente como estamos ahora.
Como les decía, se aprueba el Real Decreto-ley que regulariza gastos por más de 1 punto del PIB; se aprueba la Ley de Disciplina Presupuestaria, que clarifica los mecanismos mediante los cuales se podían aplicar presupuestariamente gastos
que correspondieran a períodos anteriores y, además, se da un paso importante en la transparencia de las cuentas públicas al determinar que esas operaciones habrían de ser objeto de expedientes específicos o estar soportadas por normas con rango de
ley.
Las facturas de sus gobiernos continuaron apareciendo durante los siguientes tres años y se ha dado cumplida cuenta a esta Cámara, bien mediante las oportunas normas o en las liquidaciones presupuestarias. La incorporación a la moneda única
europea como consecuencia de la clara apuesta por la estabilidad fiscal y la propia estabilidad fiscal por sí misma, como les decía, han sido la causa principal del crecimiento y de la creación de empleo de los últimos años. Sin esa apuesta que
produce, permítame el exceso verbal, el repliegue del sector público, la posibilidad de bajada de impuestos y la atención de todas las obligaciones de una Hacienda pública responsable, nuestra evolución hubiera sido muy diferente. Así, se consigue
el equilibrio de las cuentas públicas, ese al que, a pesar de lo que dicen ustedes ahora, renuncian.
Se camina por una senda en la que año tras año cae el peso del sector público en nuestra economía. Se llevan a cabo dos reformas fiscales que
suponen un ahorro consolidado para los españoles de 900.000 y 600.000 millones de pesetas respectivamente, y se producen mejoras reales en los gastos sociales y en la calidad de vida de los españoles. Saneadas las cuentas públicas y el ejercicio de
las competencias que le da la Constitución a la Administración General del Estado se dictan las leyes de estabilidad presupuestaria que ahora se pretenden modificar. Sanear las cuentas públicas, conseguir el equilibrio e incluso un superávit no
tendría mayor transcendencia ni política ni económica si esto sucediera en un ejercicio aislado y luego se volviera a las andadas. La formalización legal del equilibrio presupuestario fue la mejor ayuda para mantener el crecimiento estable y
duradero que nos hace converger con Europa e impulsa nuestra creación de empleo, porque no es casualidad que nos haya ido mucho mejor que a los que eligieron el desequilibrio de sus cuentas como forma de gobierno. Señorías, el déficit solo debe
admitirse como algo excepcional, como respuesta a una circunstancia verdaderamente extraordinaria. Lo que en realidad protege a nuestra economía frente a las coyunturas adversas no es el déficit sino el superávit.
Señor presidente, señor vicepresidente, señorías, las leyes que ahora se pretenden reformar introdujeron, junto a la estabilidad presupuestaria propiamente dicha, nuevos principios en nuestra normativa fiscal, nuevos principios que
informarían la política presupuestaria desde su aprobación: La plurianualidad para reforzar la previsión presupuestaria y normalizar el procedimiento de todas las administraciones públicas con los programas de estabilidad y crecimiento; la
transparencia para garantizar la verificación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, transparencia para los contables pero también transparencia para los agentes implicados, para los analistas y para los ciudadanos; la eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos, que además de orientar las diversas políticas de gasto, ha de tenerse en cuenta en relación con la eficiencia general de la economía que se deriva del cumplimiento estricto de la estabilidad
presupuestaria.
Y esto último porque cuando se ha reducido el déficit público es cuando se ha conseguido crear empresas, generar empleo y hacer de España uno de los primeros países inversores del mundo.
De la mano de la austeridad presupuestaria, la reducción año tras año de la participación del gasto público en la economía se centró en la contención del gasto corriente; el ahorro público incrementó la financiación de la economía y fue
motor de impulso para el crecimiento de nuestro PIB, y con la reducción de impuestos también se transfirió ahorro público para esa financiación. La disciplina en el gasto fue el gesto inequívoco de los gobiernos del Partido Popular a favor de la
iniciativa económica de la sociedad y movilizó de hecho las expectativas de los agentes, la inversión, el crecimiento y el empleo. Por eso nos preocupan decisiones como la del diseño de los presupuestos para el año que viene con un fuerte
incremento del gasto público, especialmente el corriente, porque todos sabemos -y algunos por propia experiencia- que la tendencia del gasto es muy difícil de corregir y que el déficit público, sea del Estado, de las comunidades autónomas o de los
ayuntamientos, hay que pagarlo al final; hay que pagarlo con impuestos más altos, con más inflación o con tipos de interés más elevados. El gasto excesivo de cualquier Gobierno terminan pagándolo todos los ciudadanos.
Así las cosas, el Gobierno trae a la Cámara dos proyectos de reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, dos proyectos que vienen precedidos de una proposición no de ley que se aprobó hace poco más de un año por la que se le instaba
a plantear estas modificaciones a partir de los siguientes criterios. Los voy a contar de otra manera, señor vicepresidente, porque fue la PNL que ustedes aceptaron. Primero, establecer la estabilidad a lo largo del ciclo -decía- que permita a
cada comunidad autónoma fijar un objetivo anual en función de sus necesidades.
Segundo, reformar el marco legal de los procedimientos de fijación del déficit de comunidades autónomas y corporaciones locales para respetar su autonomía con órganos de
negociación bilateral entre el Estado y las comunidades autónomas y con atención de las necesidades financieras y el esfuerzo fiscal de cada una para el cálculo de los objetivos particulares. Tercero, reformar los procedimientos de tramitación
parlamentaria para facilitar la elaboración de los presupuestos de los distintos niveles de las administraciones públicas. Cuarto, introducir y potenciar en la ley el principio de transparencia y en este sentido -decía la proposición- se separarían
los objetivos de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social. Y por último, abordar las modificaciones con el máximo consenso.
Una lectura sosegada de la proposición no de ley y la simple atención de lo que les he resumido nos lleva de forma rápida a la conclusión de que los primeros enunciados podrían parecer razonables en cuestión de criterio, pero su desarrollo
demuestra lo contrario. Señorías, los procedimientos o son objetivos o no lo son, o son transparentes o no lo son, o son participativos o no lo son y eso es con lo que nos encontramos. Los proyectos, como no podía ser menos, no defraudan a la
proposición. Primero, se flexibiliza el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el crecimiento de la economía -superávit en épocas de bonanza económica y déficit en caso contrario- y se permite un déficit adicional para lo que se
denominan actuaciones productivas que quedan sujetas a la aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Un paréntesis. Con las expectativas de crecimiento que se prevén para 2006 el presupuesto que ahora discutimos en esta Cámara debiera haberse diseñado con un superávit notable, pero se ha tomado una decisión que no parece muy adecuada para
prepararnos para las obligaciones que se derivarán del envejecimiento de nuestra población, prefiriendo buscar beneficios políticos a corto plazo, es decir, votos y voluntades que pueden comprometer el futuro y la prosperidad de todos.
Se determina un procedimiento de negociación bilateral con cada una de las comunidades autónomas, tanto para la determinación del objetivo global -para todas-, como para el individual de cada una de ellas. Si no se llega a acuerdo, el
ministerio fijará unilateralmente el objetivo aplicable a la comunidad o comunidades autónomas. En cualquier caso, dice la ley, para la fijación del objetivo se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal diferencial derivado del ejercicio por la comunidad
autónoma de su capacidad normativa. ¿Y esto quién lo controla o lo mide? El ministerio, claro, el ministerio -permítanme- unilateralmente de forma bilateral.
Se determina un procedimiento de alerta temprana -lo de temprana es mío en terminología comunitaria- por parte del Gobierno para las administraciones que estén en riesgo de incumplir la estabilidad presupuestaria. En una reforma que es tan
prolija en otros extremos, en este se deja todo absolutamente abierto, con riesgo nuevamente de caminar por la senda de lo subjetivo. Además, se recoge que, para determinar el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por las
comunidades autónomas, se tendrá en cuenta la evolución real de la economía y, atendiendo a estas circunstancias, el Gobierno podrá proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera la no aplicación a determinadas -y esto es literal del texto-
comunidades autónomas de la exigencia de presentar los planes de reequilibrio. Quizá para compensar la pérdida de transparencia de los procedimientos a lo que nos lleva la bilateralidad, se incluye una serie de prescripciones obligando al envío de
información cuya intención queda clara en el inciso que añaden a la definición del propio principio de transparencia y que dice: Y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional. ¿Qué
significa esto? ¿A quién imponen obligaciones contables las normas comunitarias? Al Ministerio de Hacienda claro, que es el que tiene la competencia y la obligación en materia de contabilidad nacional referida a las administraciones públicas.
Se determina que la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las asociaciones de entidades locales en ella representadas, establecerá aquellas que, comprendidas en el artículo 111 de la Ley de Haciendas Locales -las grandes
ciudades-, deben
presentar sus presupuestos en posición de equilibrio. Es decir, se le da a esta comisión la posibilidad de discriminación y, como el acuerdo parece muy difícil en este ámbito, el Gobierno nuevamente se reserva la competencia para determinar
cuál de las grandes ciudades pueden incurrir en déficit. Asimismo, estas grandes ciudades son las que pueden acudir al déficit para financiar actividades productivas. El resto de municipios ha de ajustar sus presupuestos al principio de
estabilidad presupuestaria.
¿Es la población un criterio de diferenciación para que las corporaciones aprueben sus presupuestos con déficit o superávit? ¿O es que sólo interesa controlar a las grandes ciudades porque son las únicas que podrían tener impacto
significativo en los datos agregados? Sinceramente, la lectura de las modificaciones me produjo la primera vez una especie de estupor o de melancolía, seguramente porque fui protagonista de las leyes originales, pero analizadas, el estupor fue
consecuencia de la mezcla de rigor y relatividad, de la subjetividad frente a la objetividad y de la carga de obsesión estadística de la que están imbuidas.
Al margen de las sensaciones y con la credibilidad que avalan los cambios efectuados en la política presupuestaria española, reconocida por todos los organismos internacionales e incluso por usted, señor vicepresidente, desde su posición
como comisario europeo, este grupo defiende la enmienda a la totalidad de los proyectos presentados porque suponen terminar con el concepto de equilibrio presupuestario que tan buenos resultados ha dado a nuestra economía en términos de crecimiento
y de creación de empleo; porque sustituyen un procedimiento sencillo y objetivo, con determinación legal en caso de falta de acuerdo, por un procedimiento subjetivo y con exceso de competencias para el Ministerio de Economía y Hacienda; porque
eliminan la transparencia de los procedimientos y la confunden con una reglamentación exhaustiva de las obligaciones de rendición de información de las distintas administraciones al ministerio -quizá es por eso por lo que, después de anunciarlo
comparecencia tras comparecencia, no se han atrevido a incluir en el título de la ley este principio-; porque respetan poco la autonomía de las administraciones a cambio de permisividad -y saben, señorías, que la mezcla de rigor con relajación lo
que produce es irresponsables-; finalmente, porque la regulación relativa a las corporaciones locales da lugar a diferencias que nos parecen claramente anticonstitucionales.
Para resumir, esto no es disparar contra todo lo que se mueve -en terminología del ministro Sevilla, esta mañana-, sino preservar lo que tenemos porque realmente es mucho más adecuado para conseguir los objetivos que se pretenden -creación
de riqueza y de empleo-, por tanto mucho mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Grupo Mixto, doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente, tenemos que reconocer, y así lo hacemos, que en los proyectos que hoy nos presenta se recoge una serie de cuestiones que son positivas, una serie de cambios que nuestro grupo político siempre había reclamado
en debates anteriores como, por ejemplo, la flexibilidad en el concepto de la estabilidad presupuestaria, que sustituye a esa idea rígida del déficit cero en cada ejercicio presupuestario, de tal manera que se permite el objetivo de la estabilidad a
lo largo del ciclo económico. Por otro lado, abre la posibilidad de hacer presupuestos con déficit si tienen por objeto acometer determinadas inversiones productivas. Regula unos procedimientos de consulta con las comunidades autónomas, ausentes
hasta el momento, más acordes con el respeto a los marcos competenciales de cada una de las materias económicas y presupuestarias. Garantiza mejor que en las anteriores leyes un mayor nivel de transparencia en la elaboración, aprobación y control
de las decisiones relativas a los escenarios macroeconómicos y acorde con los niveles de déficit o superávit.
Votaremos en contra porque defendimos que se modificaran estos aspectos en las leyes vigentes -y en el último debate presupuestario usted se comprometió a hacerlo-, porque no compartimos la idea que acaba de exponer la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, porque no compartimos los criterios que tenía el Gobierno del Partido Popular en cuanto a su idea de superávit, que parece que era el objetivo máximo de los presupuestos anuales. Se puede alabar desde el Partido Popular que
se consiguieron unos presupuestos con superávit, pero nosotros entendemos que es necesario garantizar el bienestar social de los ciudadanos desde la Administración pública, desde los poderes públicos y desde el Estado y no podemos dejar de
evidenciar, porque así lo expresaron aquellos presupuestos, que el Estado español hizo una reducción importante en el gasto social e incrementó la diferencia con el resto de la Unión Europea.
Por tanto, los presupuestos que tan vigorosamente
defiende la portavoz del Grupo Popular no son los más adecuados para una política social pensando justamente en la ciudadanía y en su bienestar. Por eso vamos a votar en contra de la enmienda de devolución que presenta el Grupo Popular,
independientemente de nuestra posición final respecto de este proyecto de ley, dado que, a pesar de lo positivo que encontramos en él, continúan algunas rigideces anteriores, rigideces que tienen que ver con las limitaciones competenciales, sobre
todo la cuestión conceptual de la conocida lógica neoliberal, pero, señor vicepresidente, tenemos que reconocer el esfuerzo y desde luego expresar nuestra total oposición a los criterios manifestados por la portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por Izquierda Verde, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer el tono de la portavoz del Grupo Popular. Yo no diría que no estamos de acuerdo con nada, pero sí con pocas cosas, aunque, señora Rodríguez, quería agradecerle el tono.
En segundo lugar, quiero manifestar que esta también es nuestra ley. Sin lugar a dudas no es la ley que mi grupo parlamentario, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, hubiese hecho, pero supone un avance importante
y lo supone porque la Ley 18/2001, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y la ley orgánica complementaria a la misma, determinan un marco de actuación en materia de política presupuestaria que es inadecuado y rígido, que en definitiva no se
adecua a la realidad de cada momento. ¿Qué propugna? El déficit cero en cualquier circunstancia, independientemente del momento económico y al margen del modelo de crecimiento que en su lugar tenga en este caso la economía española. Nosotros
entendemos que eso está fuera de toda lógica.
Ningún agente económico, por supuesto ninguna administración y tampoco ninguna familia puede endeudarse de forma indefinida y ese es un principio que compartimos. Entendemos que el déficit excesivo es
un lastre importante para cualquier economía, también para la economía de un Estado y para el desarrollo de cualquiera de las administraciones públicas, pero lo cierto es que en momentos en que no se crece como se debería crecer y yo me atrevo a
decir en momentos en que se crece mucho, pero con bases poco sólidas, se tiene que recurrir al déficit no como el único, pero sí como uno de los instrumentos, precisamente para revertir ese momento, para reorientar esas circunstancias. La ley que
modificamos, la Ley 18/2001, era una ley que propugnaba el dogma de la estabilidad presupuestaria, una norma -dicen algunos- de política económica, pero una norma que roza lo absurdo, porque simplemente cuando una familia no va bien, cuando una
economía no va bien, cuando las bases de crecimiento son poco sólidas, la familia, la economía y la Administración deben endeudarse, no es que puedan endeudarse es que deben endeudarse.
¿Cuál es la novedad de la propuesta que hoy presenta el ministro Solbes? Que afecta a principios básicos, a la estabilidad presupuestaria. Por supuesto que sí, pero la ubica en el ciclo, donde la tiene que ubicar, porque la estabilidad
presupuestaria puede ser un instrumento positivo, pero no puede ser un elemento en todas y cada una de las circunstancias.
En una economía que crece poco y que tiene bases poco sólidas, la estabilidad presupuestaria es absurda, es simple y
llanamente absurda.
Por eso nosotros consideramos que es bueno que se asuma la estabilidad en el ciclo y, en definitiva, que se entienda cuál es la realidad de cada momento. Lo que hacía la anterior ley era ser más papistas que el papa e ir más
allá de lo que ha ido cualquier país de la Unión Europea. Lo que hacíamos por aquel entonces, en definitiva, era atarnos de pies y manos para afrontar los retos que tenía la economía española, los retos que tenían los ciudadanos y las ciudadanas.
En estos últimos años además nos hemos encontrado con otra realidad, porque nos decían que realmente había estabilidad presupuestaria, pero nos encontrábamos con que había más déficit del que anunciaban, había mucho más déficit del que decían. Ese
es otro elemento hay veces que también se les debería recordar, porque ustedes son muy categóricos en el dogma, pero poco rigurosos en las cifras. La señora Rodríguez dice que no con la cabeza, pero ella conoce la deuda de Radiotelevisión Española
y de Renfe y el señor Solbes las sufre.
En cualquier caso, nosotros entendemos que esta propuesta da más márgenes.
Esta reforma define un objetivo de estabilidad -como les decía- en el ciclo para la Administración Central del Estado, para las comunidades autónomas y para los
entes locales. Esto es importante, porque todas las administraciones son un conjunto y asumimos que las comunidades autónomas y -lo que es muy importante para nuestro grupo parlamentario- los entes locales puedan también asumir parte de ese
déficit. Lo que teníamos hasta ahora también era otra trampa: la compensación con el superávit de la Seguridad Social. Ustedes lo sabrán y lo que permitimos en este caso a las comunidades autónomas y a los entes locales es que puedan hacer lo que
llevamos haciendo desde la Administración Central del Estado, es decir, que en determinadas circunstancias puedan incurrir en déficit.
Segundo elemento positivo, el incremento de la transparencia. Esta es una ley que da más transparencia, que establece marcos de coordinación entre las diferentes administraciones, que establece principios rectores.
Además esta mayor
transparencia la exige a los entes locales, a las comunidades autónomas, que cada vez tienen más peso, y también a la Administración Central del Estado, fijando exigencias que al principio las situamos sólo para las comunidades autónomas y al final
también las hemos establecido para la Administración Central del Estado.
Tercer elemento positivo, dar margen precisamente para poder financiar determinados proyectos de inversión. Lo que el señor Solbes decía que era la norma de oro, la golden rule, también se aplica en este caso a las comunidades autónomas.
Este es un elemento novedoso. Señor Solbes, nosotros hemos presentado una enmienda -tal y como lo habíamos hablado y tal y como se lo reclaman las comunidades autónomas- para que esa golden rule, esa regla de oro, que permite poder asumir proyectos
de inversión con un incremento de la deuda se aplique a partir de 2006, a partir del próximo año, porque las comunidades autónomas lo necesitan ya y sería un absurdo que aprobásemos una ley que no permitiese eso.
Por último -voy acabando, señor presidente-, quiero recordarle lo que le decíamos hace apenas una semana. Nosotros les decíamos que estas reglas, que estas normas, se deben de hacer con un horizonte y con un objetivo, el de la equiparación
en gasto social.
Creemos que un sector público potente es garantía de más equidad, de más justicia y los últimos episodios han demostrado que aquellos que teorizaban sobre un sector público enclenque han visto que esto -lo hemos visto en Estados Unidos-
acaba suponiendo más desigualdad para los sectores más desfavorecidos.
La ley que aprobamos hoy da más márgenes y nos permite el endeudamiento cuando tengamos que acudir a él, pero a la hora de afrontar los retos que tenemos como sociedad debemos incorporar un elemento a este instrumento que hoy implementamos
para comunidades autónomas, para entes locales y para la Administración Central del Estado, incrementar el gasto social.
Como les decía la semana pasada, nuestro compromiso con esta ley, al igual que nuestro compromiso con el presupuesto, depende
de otra cosa, depende de que incrementemos ese gasto social con un incremento de los ingresos, de que el diferencial que tenemos con la Unión Europea en gasto social, de casi 6 puntos, lo reduzcamos a partir de un incremento en los ingresos. Eso
solo se puede hacer con otra política fiscal, con una política fiscal más redistributiva, con un mayor peso de las rentas de capital, en definitiva, con una política fiscal justa y equitativa. Por eso, nuestro compromiso con la ley, nuestro
compromiso con el presupuesto también va a depender de la próxima reforma fiscal. Como les decíamos la semana pasada, es nuestro compromiso de hoy, pero también lo es para el Gobierno y para el Grupo Socialista, para que el marco de esa reforma
fiscal que va a llegar este próximo año, porque tiene que llegar, se dé en el terreno de la izquierda, en el del progresismo y en aquel que quiere más gasto social a partir de más ingresos de las rentas de capital, más ingresos de aquellos que en la
época del PP han pagado menos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco. Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, pero creo que es importante hacerlo hoy en este debate. En primer lugar, señor vicepresidente, quisiera felicitarle y hacerlo de verdad porque era hora de que se cambiaran las leyes de estabilidad anteriores y
este ha sido un punto de partida. Es verdad que se podían haber hecho nuevas leyes en lugar de reformar las anteriores, incluso que se podía haber hecho simplemente una ley por la que se derogaran las anteriores porque con colaboración y
coordinación interinstitucional, entendida de manera adecuada, se podría haber conseguido el objetivo de la estabilidad macroeconómica. Nuestro grupo siempre ha estado por la estabilidad macroeconómica, a pesar de que muchas veces se la ha
malinterpretado. Estábamos en contra de las leyes de estabilidad presupuestaria porque entendíamos -y lo seguimos entendiendo mientras sigan en vigor- que eran leyes que no tenían sentido económico ni respetaban las competencias autonómicas. No
tenían sentido económico puesto que no se puede plantear el déficit cero pase lo que pase y estemos en la situación económica en la que estemos. Tiene todo el sentido económico adecuarlas al ciclo económico, y además es coherente con el discurso
que se está llevando adelante en Europa en esta materia, con lo cual nos estamos adecuando a Europa y al sentido económico, que no es poco. Además, se es más respetuoso con las comunidades autónomas y corporaciones locales, aunque posiblemente haya
que corregir algunas cuestiones en el proceso de debate de enmiendas. No solo se ha de ser más respetuoso, sino que hay que serlo completamente, y queremos que sea así.
Nuestro grupo se siente de alguna forma implicado en este proceso puesto que con el resto de los grupos de la Cámara, a excepción lógicamente del Partido Popular, peleamos intensamente, en primer lugar, para que estas leyes no se aprobaran
y, en segundo lugar, para que se modificaran lo antes posible. De ahí que una proposición no de ley inicialmente de Izquierda Unida fuera apoyada por todos los grupos de la Cámara en el sentido de sentar las bases de modificación de estas leyes de
estabilidad. En este sentido, nos sentimos implicados y que de esta forma estos proyectos son un poco del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Es de agradecer, señor vicepresidente, que a lo largo de este proceso usted nos haya informado de cuáles son las intenciones de los borradores, de manera que nuestro grupo, al igual que el resto de los grupos, ha ido interiorizando y
asumiendo las modificaciones que se iban planteando. Es verdad que vamos a plantear alguna enmienda, que vamos a debatir y defender, y vamos a entrar en el debate de la cuestión a través de las enmiendas de los demás grupos, pero es verdad también
que era hora ya de que esto se produjera. No se ha producido en el mejor momento, este debate se podía haber hecho en febrero puesto que a algunos grupos pequeños como el nuestro no les viene nada bien que esto coincida con el debate de totalidad
de los presupuestos, es decir, con todo este proceso que estamos viviendo, pero más vale tarde que sea ahora, no vaya a ser que más adelante se les olvide. De manera que debatiremos las enmiendas parciales en Comisión y en el Pleno posterior.
Entendemos, pero no compartimos la postura del Grupo Popular en relación con estas leyes.
Vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad y damos la bienvenida a la normalidad, al sentido económico y al respeto competencial.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Puigcercós. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vamos a dejar claro de entrada que vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Vamos a hacerlo por coherencia, porque como ha dicho muy bien el
portavoz del Grupo Vasco, en la pasada legislatura fuimos nosotros -el señor Azpiazu debe recordarlo bien-, junto con el Grupo Socialista, los promotores de una proposición no de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Consideramos
que es una necesidad y hay tres razones por las que creemos que es necesario reformar la ley.
En primer lugar, creo que todos los grupos de esta Cámara estamos de acuerdo con los criterios de estabilidad y de rigor presupuestario que impidan un uso discrecional de los saldos presupuestarios. Esta es una buena y saludable política, y
creo que casi todos estaremos de acuerdo, pero no podemos confundir esta buena política con el dogmatismo que conlleva el déficit cero para todos los ejercicios presupuestarios. Esto sería confundir racionalidad con fanatismo o positivismo con las
tinieblas medievales. Desde este punto de vista, lo razonable, y así lo explicita la reforma de la ley, es flexibilizar la aplicación del concepto de ciclos plurianuales, es decir, que el horizonte temporal de referencia sea plurianual, permitiendo
saldos presupuestarios positivos en las fases de crecimiento y negativos en las fases de recesión, manteniendo el objetivo de estabilidad a lo largo del ciclo. Esto es lo racional, esto es lo que en su momento acordamos en la proposición no de ley
y esto es lo que va a conllevar la reforma. Vale la pena destacar que la mayoría de los expertos ha calificado de inalcanzable el objetivo presupuestario de la Ley de Estabilidad, cosa que quedaría muy clara si la economía entrase en una fase de
recesión, con un crecimiento que no superara el 1,5 por ciento del producto interior bruto. Esperemos que no sea así y que no podamos constatar el ejemplo, pero se vería claramente cuál sería el fracaso de esta ley.
Esta reforma que se va a tramitar es está más cerca de la interpretación real del espíritu del Pacto de Estabilidad que nace con la moneda única, es la que mejor responde a él, mucho mejor que la interpretación de la maximalista del déficit
cero. Repito, este es el auténtico espíritu del Pacto de Estabilidad y no el espíritu de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si el Pacto de Estabilidad ya era para muchos un corsé, esto sería un corsé dentro de otro corsé. El Pacto de
Estabilidad ha sido muy cuestionado en Europa por países con una economía incluso más saneada que la española, pero el planteamiento que hizo en su momento el Partido Popular, ese planteamiento dogmático, repito, era un corsé dentro de un corsé, un
rigor presupuestario con un precio muy alto: dejar casi nulas las posibilidades de llevar a cabo políticas anticíclicas.
Vale la pena reflexionar y no mantenerse instalados en el error, señoras y señores diputados del Grupo Popular y, en su momento, de Convergència i Unió. España es el único país de la unión monetaria que ha llevado a cabo una ley de estas
características. Alguien podría preguntar qué tiene que ver el ferrocarril con la estabilidad presupuestaria; pues manteniendo esta ley, podíamos quedarnos con un ancho de vía diferente del europeo.
No hay ningún país europeo que haya aplicado a
rajatabla una ley como esta. No hay ningún país europeo, el espíritu del Pacto de Estabilidad iba por otro lado. Llevando a cabo una de estas leyes, creemos sinceramente que la convergencia europea también empieza poniéndonos al mismo nivel en
materia de estabilidad presupuestaria.
La segunda razón es que impedía las inversiones. Las necesidades y los déficit en materia de inversiones, sobre todo en I+D y en grandes infraestructuras, no son para tirar cohetes hoy en el Estado español.
Este era un sistema que impedía
a las administraciones locales y a las comunidades autónomas hacer propuestas de largo alcance. Tenía dos claros defectos. En primer lugar, un problema de deficiencia porque impedía buscar políticas de largo alcance en materia de grandes
inversiones y, en segundo lugar, de equidad porque cargaba sobre las generaciones contribuyentes todo el peso de estas inversiones y no permitía que las futuras generaciones pagaran las grandes infraestructuras que -repito- eran las que son y que
eran necesarias para la economía. Ahora esto se podrá solucionar con la nueva ley. La nueva permite la llamada golden rule, la regla de oro, facilitar el déficit para grandes inversiones siempre y cuando tengan el control necesario que ya programa
la ley y haya acuerdo entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Ministerio de Economía. Sinceramente creemos que para las inversiones, para las grandes infraestructuras, para la investigación y desarrollo es una buena noticia la
reforma de esta ley.
Finalmente, una tercera razón, porque era una ley centralista. La ley aún vigente fue definida en su momento como una loapilla financiera. En verdad su filosofía era clara: se alimentaba de la desconfianza en las comunidades autónomas.
Hay quien cree que las comunidades autónomas no son los suficientemente maduras para aplicar criterios de estabilidad presupuestaria, para control, para la autodisciplina. Este es el espíritu que en su momento tenía esta Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Y la razón la vemos cada día. Cuántas veces leemos titulares sobre el déficit de las televisiones autonómicas, como si Radiotelevisión Española no tuviera déficit. Cuántas veces hemos leído los titulares de esta campaña que se
desató en su momento, que al final parece que todo el mundo se ha olvidado, cuando el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana u otros grupos catalanes pidieron una solución al déficit sanitario, al mal sistema que se aplicó en el año 2001. Se
decía que era despilfarro catalán, la sanidad de los catalanes, el problema catalán. Desconfianza otra vez sobre la gestión que pueden hacer las comunidades autónomas, como si algunos entes del Estado, algunas empresas públicas del Estado no
hubieran concurrido nunca en déficit. Esta es la desconfianza y sobre esto se basaba: control y tutela sobre las comunidades autónomas. Con esta reforma también se crean
mecanismos de cooperación y de confianza mutua, y lo más importante, de autodisciplina sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ser corresponsables, este es el mecanismo.
A manera de reflexión, existen dos mecanismos. Ante las leyes de 2001 y de 2005, en la futura ley habrá una diferencia evidente. Hay un choque de modelos: del Estado centralista, que vigila, sanciona y crea dependencia, en el que hay una
tutela permanente sobre las otras administraciones por parte de la Administración central del Estado y el del Estado descentralizado. Es la apuesta que se ha hecho en esta segunda ley. Si fuera por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
hubiéramos ido más lejos en este modelo de cogestión, de cooperación. Sin embargo, todo forma parte de los acuerdos, del pacto. Es evidente que es un choque de modelos: el modelo -repito- centralista ante el modelo descentralizado.
Aún así, esta
ley es aún perfectible y debe mejorarse con enmiendas al articulado. Su puesta en vigor y algunos aspectos del cálculo del ciclo, el ciclo sobre el cual tiene que habilitarse los objetivos de estabilidad presupuestaria, son mejorables.
Sinceramente creemos que esta reforma era necesaria para la confianza entre las diferentes administraciones y para garantizar criterios de inversión que faciliten el desarrollo, la productividad de la economía y de las grandes infraestructuras.
Muchas gracias señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puigcercós.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para ello tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señoras y señores diputados, he creído entender que el señor Puigcercós, que me ha precedido en el uso de la palabra, hacía alusión a las anteriores leyes presentadas por el Gobierno al que apoyaba el Partido Popular,
la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, y la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. Si no he entendido mal, el señor Puigcercós ha aludido a que Convergència i Unió en aquellos momentos había apoyado las leyes para las que hoy el vicepresidente
segundo del Gobierno propone en esta sesión una profunda reforma. Como no hay que confundir al personal, a través de mis manifestaciones yo le aclararía al señor Puigcercós que Convergència i Unió no estuvo a favor de la tramitación de dichas
leyes, sino que estuvo totalmente en contra de los dos proyectos que presentó en su momento el Partido Popular. Tanto es así que Convergència i Unió, a través del Govern de la Generalitat, presentó sendos recursos de inconstitucionalidad en el
momento oportuno. Es importante que esto quede muy claro ante esta Cámara. Probablemente, el señor Puigcercós en la anterior legislatura no estaba al corriente de las leyes económicas que se discutían en el Congreso de los Diputados, y a nosotros
nos interesa aclarar ante esta Cámara estas afirmaciones que alteran la veracidad de los hechos.
Nosotros saludamos con objetividad el nuevo texto presentado por el Gobierno socialista porque, como dije al comienzo de mi intervención, estábamos totalmente en contra de las leyes que hacían referencia a la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, ya que eran unas leyes que iban contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Nosotros las definíamos como unas leyes que laminaban, invadían y cercenaban las competencias financieras de las comunidades autónomas, y
al mismo tiempo laminaban, cercenaban e invadían las competencias financieras de las entidades locales. Esperamos que este proyecto de ley que presenta hoy el Gobierno subsane algunos aspectos importantes que iban en contra de las competencias
financieras de las diferentes comunidades autónomas.
En el proyecto de ley que hoy debatimos aquí el Gobierno ha recogido algunos de los planteamientos que Convergència i Unió, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, como han manifestado el señor Puigcercós y el señor Azpiazu en sus
intervenciones, hacíamos en una proposición no de ley, en la que instábamos al Gobierno a modificar dichas leyes. Por este motivo, vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Esperamos que
en el debate en Comisión podamos incorporar aspectos que complementarían algunos de los principales objetivos que planteábamos en la iniciativa parlamentaria que pudimos consensuar con diferentes grupos parlamentarios, y que también asumió en su
momento el Grupo Parlamentario Socialista. En el proyecto que hoy nos ha presentado el señor vicepresidente del Gobierno existen algunas limitaciones de las competencias otorgadas en las leyes al Gobierno central en aquellos ámbitos que perjudican
la autonomía financiera de las comunidades en una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno a modificar dichas autónomas, y nos interesaría corregirlas. Sería interesante estudiar la modificación del concepto de estabilidad
presupuestaria previsto en las leyes para acercarla más al ámbito comunitario. El Gobierno en este aspecto se circunscribe, por los posibles déficit, a unos objetivos determinados, pero valdría la pena circunscribirse al espacio europeo. Como
todas SS. SS. saben, saben los objetivos están entre el 1 ó el 0 por ciento de déficit público.
Tendríamos que garantizar una participación más equilibrada del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, tanto en la
fijación de los objetivos de estabilidad como en la adopción de medidas de saneamiento en aquellos casos en los que una administración haya incumplido los objetivos de déficit marcados de acuerdo con el procedimiento previsto en las leyes.
Con las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley vamos a intentar poner en marcha algunos aspectos con los que en su momento se comprometió el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía en el Pleno y en la Comisión de
Economía para hacer compatible la estabilidad con la inversión, para que puedan adoptarse medidas de estímulo a la inversión de acuerdo con algunos planteamientos que hoy están vigentes en diferentes Estados de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre. Muchas gracias.
Finalizamos con el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, ¿por qué se plantean estas reformas a las leyes de estabilidad presupuestaria del Grupo Popular? Porque los resultados de estas leyes en vigor son muy pobres. Porque la mentira económica del PP es el déficit cero. No
cumplieron las leyes en los años 2002 y 2003 y hubo un déficit del conjunto de las administraciones. No termina ahí la cosa, dejaron debajo de las alfombras más de 15.000 millones de euros sin incluir en dicha valoración ni el asunto del lino ni la
sentencia del IVA. Me refiero a Renfe, al aval del préstamo de Argentina, grupo de Radiotelevisión Española, Navantia, etcétera. De tal manera que presupuestaron para 2004 un déficit del Estado del 0,4 por ciento del PIB cuando tendría que haber
sido presupuestado por encima del 1 por ciento del PIB. Eso no es transparencia.
Decía la portavoz del Grupo Popular que el déficit debería ser una excepción, pero ha sido la norma en los años de Gobierno del Partido Popular y también en los años de aplicación de estas normas. En la primera rendición de cuentas de estas
leyes 10 comunidades autónomas no cumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria. Quienes más incumplieron las normas fueron las comunidades autónomas del Partido Popular. Hablando de inconstitucionalidad, señora portavoz del Grupo
Popular, hubo 15 recursos de inconstitucionalidad del conjunto de comunidades autónomas a estas normas del Partido Popular. ¿Qué ha dicho la OCDE de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular? Leo literalmente: La norma implica el
riesgo de que fomente operaciones fuera del presupuesto, lo que suscita problemas de transparencia y podría poner en entredicho la credibilidad de la norma. No lo dice el Grupo Socialista, lo dice la OCDE. Pero también el Fondo Monetario
Internacional respalda la decisión del Gobierno de modificar las leyes de estabilidad presupuestaria para introducir el concepto de estabilidad a lo largo del ciclo. Hay otra mentira económica del Partido Popular, y lo ha dicho también la portavoz
del Partido Popular: el equilibrio presupuestario ha contribuido al crecimiento económico. Falso, lo contrario. El crecimiento económico ha contribuido a reducir el déficit.
Lo contrario de lo que venden los portavoces del Partido Popular. Esa
es otra de las mentiras económicas del Partido Popular. También he escuchado a la portavoz del Partido Popular decir que se pone en peligro la estabilidad presupuestaria. Todo lo contrario. La ley refuerza la estabilidad presupuestaria, ya que
supone ir incluso más allá. En situaciones buenas desde el punto de vista económico cada una de las administraciones tendrá que tener no equilibrio presupuestario en el sentido de déficit cero, sino superávit presupuestario; por tanto va más allá.
Como ha dicho el vicepresidente económico del Gobierno, el déficit del Estado no podrá ser compensado con el superávit de la Seguridad Social. Es más, se ponen en marcha mecanismos de alerta temprana para evitar los déficit no queridos.
Yo he oído a la portavoz hoy del Partido Popular hablar de que la reforma pone en peligro el crecimiento económico y el empleo. Todo lo contrario.
Esta reforma va a utilizar la política presupuestaria y la política fiscal para contribuir a
un crecimiento sano y equilibrado que genere empleo. Ahora sí. ¿Qué sucedía con las normas del Partido Popular? Que cuando había más crecimiento, más gasto público; con menos crecimiento, tocaba menos gasto público, no funcionaban los
estabilizadores automáticos. ¿Qué se plantea ahora con estas reformas de las normas del Partido Popular? Lo contrario. Dicho de otra manera, que se gaste más cuando la economía lo necesita y que se gaste menos cuando la situación económica lo
permita, es decir, cuando la situación económica sea boyante. Ese es el planteamiento de racionalidad económica, lo otro no era racionalidad económica, lo otro es plantear un déficit cero que no tiene que ver con lo que dice ninguno de los manuales
de economía. Por otra parte, se pone en marcha la regla de oro de las finanzas públicas, limitada evidentemente al 0,5 por ciento del producto interior bruto, de tal manera que los proyectos que tengan que ver con la productividad se podrán
financiar con un déficit limitado y con el compromiso de las administraciones, que dispondrán de su ahorro en la financiación de esos proyectos que tienen que ver con la productividad. Se dice que se pierde transparencia. Todo lo contrario. Como
ha demostrado el vicepresidente económico del Gobierno, se gana en transparencia.
Ha dicho la portavoz del Partido Popular que el Gobierno no cumple su nueva ley presupuestaria en 2006, y parece que tampoco la cumpliría en 2007 y en 2008. Aquí hay una evidente contradicción del Partido Popular.
Dicen que unos
presupuestos como los de 2006, 2007 y 2008, con superávit de las cuentas públicas, no cumplen con la filosofía que impregna estas leyes de estabilidad presupuestaria. Antes había déficit, ahora hay superávit. Eso quiere decir que esta reforma es
más exigente con la estabilidad presupuestaria que la norma del Partido Popular. Hay una evidente contradicción.
Entonces sí es una norma que garantiza la estabilidad presupuestaria, entonces sí hay rigor. Se ha dicho asimismo que se vacía de competencias al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque se determina de forma bilateral y el objetivo
de estabilidad se fija de forma discrecional.
Todo lo contrario. El Consejo de Política Fiscal y Financiera sigue teniendo un papel central en la determinación de los objetivos y la nueva ley establece que, en caso de no llegar a un acuerdo, el
Ministerio de Economía y Hacienda da seguridad jurídica y tiene la cláusula de cierre del sistema. Bilateralidad que no elimina la relación multilateral. Por tanto, se tiene en cuenta la autonomía financiera que tienen nuestras comunidades
autónomas reconocidas en nuestra Constitución. Estamos hablando de reformas que van en la dirección correcta, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, en la dirección de la racionalidad económica. Que el gasto público va a auxiliar a la
economía, cuando ésta lo necesite, y cuando la economía sea boyante y estemos en la parte alta del ciclo, el gasto público tiene que ser menor. Se atiende a la mejora de la productividad porque es fundamental que las finanzas públicas atiendan a la
mejora de la productividad; se garantiza al máximo el respeto de la autonomía financiera y la capacidad de decisión de las comunidades autónomas -ahí está nuestra Constitución y ahí están los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado-;
y se separan claramente los objetivos de estabilidad presupuestaria de cada una de las administraciones, no como se hacía anteriormente. Es un elemento de rigor y de transparencia, se refuerza la transparencia. Es una reforma que va en la buena
dirección.
Todos los grupos de la Cámara, excepto el partido Popular, estamos de acuerdo. Nuevamente el PP se queda en solitario. Es un camino peligroso.
Les pido a los del Partido Popular que reflexionen porque la soledad no es el mejor camino.
(Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Saura.
-PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, DE MODERNIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. (Número de expediente 124/000012.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto 11 del orden del día, que es el último del día de hoy: proposición de ley del Senado de modernización del impuesto sobre el patrimonio.
Comenzamos con el turno a favor de la enmienda a la totalidad.
Tiene la palabra la señora Castillejo.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dispongo a defender la enmienda de totalidad a la proposición de ley de modernización del impuesto sobre el patrimonio, iniciativa que fue presentada y tomada en
consideración por el Senado a instancias del Grupo Popular. La proposición de ley cuya devolución solicitamos en este acto, supone duplicar el importe máximo de exención por la vivienda habitual; eleva el mínimo exento por obligación personal a
reducir de la base liquidable; establece una nueva escala de tipos impositivos que supone una reducción generalizada de la tarifa del impuesto; reduce en un 25 por ciento el límite conjunto de cuotas íntegras suprimiendo la tributación mínima por
el impuesto; aumenta la bonificación de la cuota aplicada en Ceuta y Melilla y, por último, modifica el artículo 37 a) elevando el valor de los bienes o derechos al doble del actual. Todos estos cambios se justifican en la exposición de motivos de
la iniciativa del Grupo Popular por cuatro razones: la necesidad de modernizar el impuesto sobre el patrimonio, el objetivo de gravar exclusivamente los grandes patrimonios, resolver el supuesto peligro de confiscación que el impuesto conlleva,
alegando la existencia de muchas voces alzadas, solicitando su modernización y actualización, cuando no su supresión. Podría decirse que en estas condiciones y a la vista de la proposición que hemos estudiado con sumo interés, ninguna de ellas se
resuelve.
Nos encontramos ante un tributo en cuyo origen, el año 1977, se estableció con carácter excepcional y transitorio; un carácter transitorio que se resolvió con la Ley del año 1991 y que durante su vigencia ha dado cumplimiento a sus
objetivos de equidad de gravar la capacidad de pago adicional que supone la posesión del patrimonio, de actuar complementariamente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y de lograr una mayor justicia redistributiva. A pesar de estas
características, en distintas ocasiones el propio Grupo Socialista ha planteado ante estas cortes iniciativas con el objetivo de mejorar la gestión y la eficiencia del impuesto sobre el patrimonio, porque cualquier medida que conlleve incrementar y
mejorar la eficiencia de un tributo, mejorar la coordinación entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las comunidades autónomas y, en el caso que nos ocupa del impuesto sobre el patrimonio, que permita mejorar la suficiencia como
instrumento censal y de control del fraude es plausible desde nuestro punto de vista, como lo ha manifestado el propio Gobierno en respuesta a distintas preguntas de los grupos parlamentarios.
Nosotros consideramos que lo que se propone en esta iniciativa no es una mejora de la eficiencia, porque alegando en su propio título una supuesta modernización y con la modificación de los aspectos que he citado al principio, lo que
realmente encierra esta proposición es una reducción del gravamen sobre los grandes patrimonios. Una crítica recurrente a la actual configuración de este impuesto, incluso a su propia razón de ser, es la
supuesta vulneración del artículo 31.1 de la Constitución referente al carácter confiscatorio del mismo. Como expresamos en nuestra enmienda de totalidad, las críticas a la alegada confiscatoriedad han quedado resueltas en distintos
pronunciamientos de los tribunales. Las sentencias de la Audiencia Nacional de 22 de noviembre de 2000 y 16 de enero de 2001, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no pueden ser más claras, y cito textualmente: Difícilmente
puede suponer la privación del patrimonio la aplicación de un tipo de gravamen progresivo cuyo último tramo de la escala constituye un porcentaje del 2,5 por ciento que, con la aplicación de un límite de reducción del 80 por ciento, supone un tipo
real y efectivo de gravamen del 0,5 por ciento.
Así pues, la merma del patrimonio en un 0,5 por ciento en el tramo más alto de la escala a partir de 1.600 millones de las antiguas pesetas de base liquidable, dista mucho de privar al sujeto pasivo
de sus propiedades. Si tomamos las consideraciones anteriores sobre los tipos efectivos y los relacionamos con los datos del año 2003, observamos que la cuota a ingresar representa sobre la base liquidable un tipo efectivo medio global de la tarifa
del 0,41 por ciento; un porcentaje que, si lo ponemos en relación con el conjunto de bienes y derechos sujetos a gravamen, sin excluir todas las exenciones, representa el 0,23 por ciento.
Quiero hacer una consideración. Con las distintas reformas introducidas a lo largo del tiempo, como son la exención de la vivienda habitual o el mínimo exento, podemos afirmar que el patrimonio de una familia media ya está fuera de la
tributación por este impuesto. También les recuerdo que durante la última etapa de Gobierno se continuó con la reforma del impuesto sobre sociedades del año 1995, que ha llevado a que una buena parte de los patrimonios empresariales queden también
exentos cuando reúnan determinados requisitos. Con estas afirmaciones quiero mostrar que no parece razonable manifestar que estamos ante un impuesto confiscatorio. Asimismo quiero recordar a esta Cámara que estamos ante un tributo cedido a las
comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ostentan no solamente las competencias relativas a su gestión, liquidación, inspección y recaudación, sino que además tienen competencias normativas sobre todos los elementos que determinan la
cuantía de la obligación tributaria a satisfacer, como el mínimo exento, tarifa, deducciones y bonificaciones en la cuota de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades autónomas. Por tanto, hay otra razón de peso para rechazar esta proposición de ley.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que cualquier
modificación de este tributo, como de otros tributos estatales cedidos, debe realizarse con el mayor consenso posible con las comunidades autónomas si nos creemos además el principio de corresponsabilidad fiscal, que fue el inspirador del actual
sistema de financiación autonómica.
Por ende y en resumen, por entender que esta iniciativa no supone una modernización ni mejora la eficiencia del impuesto sobre el patrimonio, porque entendemos que lo que encierra esta proposición es una reducción generalizada del gravamen
sobre los grandes patrimonios, porque consideramos, como reiteradamente han manifestado distintas sentencias, que este impuesto no tiene carácter confiscatorio y, sobre todo, porque cualquier modificación debe realizarse desde la lealtad
institucional y, por tanto, desde el consenso con las comunidades autónomas, solicitamos a SS.SS el apoyo a la enmienda de devolución que presentamos a esta iniciativa del Senado.
Muchas gracias. (Un señor diputado:¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Castillejo.
¿Algún grupo desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señora vicepresidenta.
Estamos viendo una iniciativa legislativa que viene del Senado que consideramos oportuna en el tiempo y también y sobre todo oportuna en su contenido. Está abierta a modificaciones parciales, que posteriormente podrían hacerse si superara
este debate, y, en ese sentido, algunas enmiendas parciales han sido ya transcritas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que anuncio que consideramos positivas para el enriquecimiento de este texto.
Permítanme realizar primero una reflexión general sobre lo que es el impuesto sobre el patrimonio, que va a ser muy breve, para posteriormente llegar a una conclusión. El impuesto sobre el patrimonio, señorías, es un impuesto extraño;
históricamente ha sido siempre un impuesto extraño. Lo es por la pura incoherencia respecto de los objetivos que alumbraron su nacimiento en España. Cuando a finales de los setenta se estableció el impuesto sobre el patrimonio se dijo que iba a
servir al control de bases imponibles, a efectos sobre todo del impuesto sobre la renta de las personas físicas; se dijo también que debería servir como norma valorativa común de elementos de activos a todos los demás impuestos y que, en
definitiva, iba a ser una pieza técnica que iba a hacer mejor nuestro sistema tributario. Ninguno de esos objetivos se ha satisfecho y, prácticamente, ninguno de esos objetivos se recuerda en este momento dentro del acervo de lo que el impuesto
sobre el patrimonio puede hacer por nuestro sistema tributario.
En segundo lugar, se le denominó entonces extraordinario. Se pensó en un impuesto que tendría una vigencia temporal muy limitada, que no sería recurrente
en el tiempo, y desde entonces, y sobre todo a partir de la reforma del año 1991, quedó como una pieza de nuestro sistema tributario. Además, es un impuesto muy poco frecuente, prácticamente en desuso. Tuvo su razón de ser y, de hecho,
existe en la tradición tributaria española hace muchos siglos -siglos XII y XIII-, en concreto, como una de las piezas del sistema tributario del viejo Reino de Aragón, donde constituía un elemento clave, ya que entonces se contaban ovejas,
ventanas, elementos físicos de los activos patrimoniales y era fácil recaudar una parte de aquellos activos sin meterse en complejidades de determinar rendimientos.
Eso forma parte de la historia, como forman parte los usos y costumbres del antiguo
régimen y, por tanto, no podemos alegar esa inspiración histórica dentro del impuesto sobre el patrimonio. En tiempos más modernos pocos países lo utilizan, prácticamente ninguno como figura tributaria de alcance nacional. Ha quedado limitado o
arrumbado bien a tributación local o cantonal y, desde luego, ocupando una posición muy débil y menor dentro de los sistemas tributarios modernos.
Otra de las características de este impuesto extraño como es el impuesto sobre el patrimonio es la transformación que ha venido registrando esta figura tributaria sobre todo en los países de tradición anglosajona y de tradición centro y
norteeuropea, que lo han venido utilizando tradicionalmente. Esa transformación se puede resumir en cuatro elementos. En primer lugar, ha ido de más a menos como impuesto recaudatorio; en segundo lugar, ha ido de mayor a menor nivel de aplicación
en su ámbito territorial: de ser nacional ha pasado a ser local; en tercer lugar, ha ido de más a menos en número de contribuyentes, bien porque para algunos sistemas se ha limitado solo a la tributación de bienes inmuebles, bien porque en otros
sistemas (el francés notablemente, que así lo denomina) se ha convertido en un impuesto sobre grandes fortunas; en cuarto lugar, ha ido de mayores a menores pretensiones técnicas, a lo que hacíamos referencia anteriormente, el control, las normas
valorativas, la redistribución, etcétera, y por supuesto se han reducido los tipos impositivos y actualmente gozamos en España del mérito de tener los más altos dentro de los países que aplican una figura tributaria homologable al impuesto sobre el
patrimonio que se aplica aquí.
Con este planteamiento, si analizamos y repasamos lo que hasta ahora se ha dicho, tenemos que es un impuesto extraño, incoherente con los objetivos con los que nació, que además ha ido de más a menos prácticamente en todos los elementos
(recaudación, contribuyentes, tipos impositivos, etcétera) que yo he descrito de forma muy esquemática y por tanto abierta a algún caso singular que contradiga este esquema simplificado. Por ejemplo, el caso español es un caso que contradice este
esquema, puesto que en ningún país que yo conozca ha nacido el impuesto sobre el patrimonio en época moderna, hace menos de 30 años. Este impuesto estaba ya muy asentado en los sistemas tributarios hace muchos años en los países que lo aplican.
Tampoco me sorprende al releer el programa electoral para estas elecciones del Partido Socialista que ustedes tuvieran una amplísima duda respecto a lo que el impuesto sobre el patrimonio es en la actualidad y lo que debería de ser en el futuro.
Así, hablan de simplificarlo con tipo único, de abaratarlo para la mayor parte de los contribuyentes (todos los patrimonios que llaman bajos y medios), sacar de tributación aproximadamente el 85 por ciento de los actuales contribuyentes por el
impuesto sobre el patrimonio... Todas esas cosas dicen en su programa electoral, que en materia tributaria todavía está inédito en el mundo de los hechos, sí está en el de los papeles y de la escritura, pero está inédito en el mundo de los hechos.
Eso es lo que ustedes decían respecto del impuesto sobre el patrimonio; por tanto, también engarzaría con esta rapidísima evolución que les estoy describiendo sobre los sistemas comparados.
Pues bien, con todo este planteamiento, la iniciativa que se ha presentado en el Senado es absolutamente oportuna y atinente, tanto en contenido como en tiempo. ¿Por qué lo es? Porque esta reforma no es nada más ni nada menos -y además
hecho con mucha suavidad, es mucho menos de lo que pretendía el Partido Socialista y lo que quedó escrito en su programa electoral- que reducir la carga fiscal para los contribuyentes, bajar impuestos. Nosotros, como creemos que los impuestos hay
que bajarlos, proponemos que baje el impuesto sobre el patrimonio. ¿Y cómo ha de bajar? Mediante tres medidas muy blandas. Se aumenta el mínimo exento, que pasa a 150.000 euros, si no recuerdo mal; aumenta la deducción por vivienda habitual
hasta 300.000 euros; al mismo tiempo se reduce el número de tramos y se reducen los tipos impositivos en la línea en que toda esta tendencia internacional que he venido apuntando se ha ido materializando, y al mismo tiempo la doble imposición
patrimonio-renta, que es también una constante desde que nació el impuesto sobre el patrimonio en España, se limita al 51 por ciento, aunque yo creo que esta cifra habría que redondearla al 50 por ciento, lo que sería objeto de enmienda, que es algo
inferior de lo que actualmente se establece, el 60 por ciento.
Habría que quitar también esa pieza absolutamente anacrónica y fuera de toda lógica fiscal del límite del 80 por ciento, esa argumentación que la portavoz del Grupo Socialista decía del
0,5 por ciento. Eso no lo entiende nadie. Eso lo escribió alguien del Tribunal Constitucional porque era un jurista que no entendía de impuestos. (Rumores.) Pero ese bajar al 0,5 por ciento la carga tributaria no es así, se paga al 2,5. El tramo
más alto del impuesto sobre el patrimonio tributa al 2,5 por ciento y no al 0,5 por ciento. Diremos que en esta proposición lo que se han incluido son reformas muy modestas y muy moderadas en la dirección adecuada. Si nos atuviéramos al programa
electoral del Partido Socialista, la reforma tendría que ser mucho más importante en cuanto a la elevación de mínimos exentos y a la reducción de tipos impositivos.
Eso es lo que tenemos, eso es lo que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado ha plasmado en esta iniciativa y lo que nosotros defendemos.
En cuanto al hecho de que ha sido transferida a las comunidades autónomas, como es obvio, no solamente la competencia de gestión sino también normativa y la recaudación, ciertamente buscando en un ámbito multilateral del Consejo de Política
Fiscal y Financiera el acuerdo de las comunidades autónomas, estamos convencidos de que no sería óbice para encontrar un entendimiento que permitiera en la fase de desarrollo, de estudio, de enmienda y de aprobación de esta proposición de ley
conciliar perfectamente las posiciones de modificación de un tributo anacrónico en el tiempo como el que tenemos actualmente sobre el patrimonio con el hecho de que esté transferido a las comunidades autónomas, y en ese sentido alguna disposición se
incluye en este mismo texto e incluso alguna de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también apuntan en la dirección correcta.
En definitiva, rechazamos la enmienda, mantenemos y apoyamos la proposición de ley en la forma que nos la envía el Senado y una vez más consideramos que desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde el grupo que sustenta al Gobierno se
comete un nuevo error no tanto en cuanto a la figura en sí misma, ya he dicho que es marginal dentro del sistema tributario, sino porque, como antes señalaba, su reforma fiscal está inédita, todavía no han hecho nada y mucho nos tememos que va a
llegar el final de la legislatura y no van a hacer nada en materia tributaria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Utrera.
Señora Castillejo, su turno de réplica, por cinco minutos. Adelante.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
En esta segunda intervención quiero aprovechar la ocasión para aportar alguna consideración más y dar respuesta a alguna de las cuestiones manifestadas por el portavoz del Grupo Popular. El principal argumento que ha empleado ha sido el de
calificar el impuesto sobre el patrimonio como impuesto extraño. A mí personalmente me preocupa ese tipo de argumentos, porque en general los impuestos no son algo popular, y cuando desde una tribuna como esta se reiteran argumentos de este tipo se
hace un flaco favor a nuestro sistema fiscal. Quizá podríamos emplear todos el mismo ardor en hacer más pedagogía para que los ciudadanos sientan el sistema fiscal como algo propio, como algo suyo, que lo es, porque el mantenimiento del Estado del
bienestar depende de ese esfuerzo colectivo.
Cuando se aduce esa cualidad de extrañeza para reformar este tributo quiero suponer que esta no es una consideración que ha surgido en el escaso tiempo que lleva gobernando el Partido Socialista, por lo
que creo que durante los larguísimos ocho años de Gobierno del señor Aznar perdieron ustedes la ocasión de poner en práctica la reforma que hoy proponen, cuando no, si es lo que en realidad persiguen, de eliminar y suprimir esta figura de nuestro
sistema fiscal. Pero es que además desde la capacidad normativa que poseen las comunidades autónomas me pregunto por qué las comunidades gobernadas por el Partido Popular no han promovido, salvo una excepción, un anuncio puntual, reformas como las
que aquí se plantean.
Efectivamente, nuestro programa electoral recogía una propuesta de reforma del impuesto sobre el patrimonio con el doble objetivo de eliminar la tributación por los patrimonios medios y bajos y fomentar el ahorro y la inversión. Lo que
usted no ha dicho es la condición previa que se daba: que se promueva de forma consensuada con las comunidades autónomas, cuestión que no cumple esta iniciativa.
Señorías, no creemos necesario modificar la actual configuración del impuesto sobre el patrimonio, tal y como se nos propone, pero no nos cerramos a estudiar medidas que faciliten la gestión y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Este es un impuesto que lo determinan en gran parte los ayuntamientos con las ponencias de valores que realizan con el Ministerio de Economía y Hacienda. Los valores de patrimonio son referencia a efectos de los impuestos de sucesiones y donaciones
y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y este es el gran impuesto de cierre del sistema fiscal porque permite, mediante su comparación en los distintos ejercicios, detectar rentas ocultas o incrementos patrimoniales. De ahí el
gran interés de todas las administraciones públicas de gestionarlo bien, por la gran fuente de información que proporciona, y la importancia de la eficiencia en su funcionamiento más allá de su capacidad recaudatoria. No olvidemos además que las
modificaciones de este tributo no debieran realizarse sin una visión global con la reforma del IRPF por su estrecha vinculación. Por tanto, pensamos que podemos discutir de la propia idiosincrasia de este tributo, pero a juicio del Grupo Socialista
lo que no es discutible, dado que afecta de lleno a su financiación, es que cualquier modificación debe hacerse con la concurrencia de las comunidades autónomas. Reitero, por tanto, nuestra solicitud a los grupos de la Cámara de apoyo a nuestra
enmienda de totalidad de devolución de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Castillejo.
Adelante, señor Utrera, su turno.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.
He oído la argumentación de la portavoz socialista, que agradezco por la forma en que nos ha explicado que
es un impuesto transferido a las comunidades autónomas, eso lo sabemos; que durante ocho años ha habido ocasión de hacer muchas cosas -y no le digo nada en los últimos 25-, que de hecho se hicieron. Durante los gobiernos del Partido
Socialista se hicieron algunas cosas y durante los gobiernos del Partido Popular también: se elevó el límite de deducción por viviendas, se elevó mucho el mínimo exento; prácticamente entre el 50 y 60 por ciento de los contribuyentes salieron del
impuesto sobre el patrimonio como consecuencia de las modificaciones que se realizaron ahora hace seis años. Por tanto, ha llegado el momento de hacer algo.
Me sorprende la posición de ustedes, que se atreven a tomar en consideración proyectos que van mucho más allá de lo que en principio se puede prever que sea el resultado final de la toma en consideración de esos proyectos, en una cuestión
que está incluida en su propio programa electoral y con una modificación mucho más intensa que la que está incluida en esta proposición de ley, que además viene del Senado. A este respecto, permítame que le haga una breve reflexión sobre el muy
deslucido papel al que hemos asistido en el debate de todas las proposiciones y proyectos de ley que vienen del Senado que ustedes están haciendo respecto de dicha institución. Además, argumenta que las comunidades autónomas no están haciendo uso
de sus capacidades normativas, por lo que precisamente esta proposición de ley podría ser el elemento para que hicieran uso de esas capacidades normativas o aceptaran la modificación normativa que la propia proposición incluye. Llegamos a la
conclusión de que no nos convence, de que es necesaria la reforma y de que es conveniente hacerla. Si usted nos dice que dentro de tres meses nos van a traer la reforma del impuesto sobre la renta -nos lo han dicho tantas veces-, que va a llevar
unida a la reforma del impuesto sobre el patrimonio y que va a estar en la línea de lo que ustedes recogen en el programa electoral que debe ser el impuesto sobre el patrimonio, yo daría por muy bueno que no se tomara en consideración, siempre y
cuando usted me lo garantizara. Pero dudo mucho que usted ni nadie de los que están sentados en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista me puedan garantizar que de aquí a unos meses veremos ni la reforma del impuesto sobre el patrimonio ni
siquiera la reforma del impuesto sobre la renta con toda probabilidad. Por tanto, nosotros mantendremos nuestra posición de dar pasos modestos en materia de reforma tributaria, como este, pasos no tan modestos, pero necesarios para la economía
española, como los que incluimos en el Senado en las medidas tributarias de fomento de la productividad, y ustedes están en su papel de decir que los españoles, las empresas y los particulares paguen más impuestos. Ese es el papel que a ustedes les
toca desarrollar en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Utrera.
Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el turno del señor Pérez, en nombre de Izquierda Verde. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ya saben, el nuestro es un grupo parlamentario con ciertos valores antiguos en estos temas. Nosotros creemos que el que más tiene tiene que pagar más. Evidentemente, es una cuestión muy antigua y lo verdaderamente moderno sería que
algún día nos hicieran caso. Lo cierto es que cuando algo apunta en esa dirección, la derecha normalmente, el Partido Popular, habla incluso de confiscación, y, fieles a aquel viejo adagio de que la mejor defensa es un buen ataque, se presentan
iniciativas de estas características, como el caso de la proposición de ley que nos ocupa y que quiere hablar de la modernización del impuesto sobre el patrimonio.
Esta proposición es el abecé de la táctica a que nos referíamos. Hablamos de un
impuesto que afecta a unos 900.000 declarantes de un total de unos 15 millones, que tiene una recaudación no despreciable, pero baja, que puede estar en torno a unos 1.000 millones de euros, y nosotros creemos que con estos datos habría que
cambiarlo para que sirva para algo, pues la verdad es que hasta ahora sirve de poco. Es más bien un adorno dentro de nuestro sistema fiscal. La función que podría ejercer de control del propio IRPF y otros tributos tampoco creemos que esté
cumpliendo sus objetivos, pues solo un impuesto que recoja los valores reales y que sea eficazmente gestionado podría hacerlo. El otro objetivo de equidad, gravando la capacidad de pago adicional que supone el patrimonio, tampoco se alcanza con el
actual impuesto. Lo cierto es que el centro de nuestra imposición directa es un impuesto que a quien mejor controla es a aquellos cuya fuente de ingresos es una nómina, ignorando casi por completo otras manifestaciones de capacidad económica.
Nuestra propuesta sería un impuesto que actuara a modo de censo de bienes y derechos de las personas físicas, facilitando la labor del resto de impuestos. Lo que nos plantea la proposición de ley es diferente y es que desaparezca el impuesto en la
práctica, que nos quedemos con el de transmisiones previa fiscalización de las plusvalías y el del patrimonio lo eliminamos tranquilamente después en las comunidades autónomas. Esta es una estrategia.
En cuanto a lo que se pretende modificar, ya se ha especificado aquí por los portavoces, lógicamente en un tono crítico por la portavoz del Grupo Socialista y en un tono de bastante tranquilidad por el portavoz del Grupo Popular. Yo no voy
a calificar esta proposición de ley en términos clásicos porque luego el señor Sánchez i Llibre, de manera amistosa, porque nos llevamos muy bien, me regaña porque le molesta que yo englobe a Convergència i Unió en la derecha. Por lo tanto, no haré
una calificación clásica de esta ley, sino que diré que es una ley
igualitaria, selectiva y progresista y que además genera amplias expectativas.
Creemos que es una ley igualitaria porque elimina tramos, de tal manera que da lo mismo tener cero que 100 millones de pesetas: cotización, 0,3 por ciento, por lo que es ampliamente igualitaria. Entre cero pesetas y 100 millones, todos
iguales. Señorías, no nos podemos quejar. Esto es dar pasos en la igualdad. Empiezan por la igualdad fiscal, pero por alguna había que empezar. Ellos empiezan por esa, que evidentemente es contraria a la nuestra, pero lo cierto es que en esto,
todos iguales. Se reduce el tipo máximo y el portavoz del Grupo Popular se quejaba de que algún argumento dado por la portavoz del Grupo Socialista podría ser farragoso.
Yo voy a intentar explicarlo en palabras de nuestro portavoz en el Senado.
Un patrimonio de 151.000 euros pasaría, de pagar un 0,2, a pagar un 0,3. Un patrimonio de 250.000 euros se quedaría como en la actualidad, con el 0,3. Ahora bien, un patrimonio de 11 millones de euros pasaría a pagar del 2,5 al 1,5, sabiendo que
ese no es el tipo efectivo. Por eso decimos que es una ley igualitaria, porque coloca a todos por igual, entre cero y 100 millones de pesetas. Pero además es progresista porque de aprobarse una proposición de ley de estas características, habría
unos pocos, de manera selectiva, que progresarían ampliamente -esto es cierto-, y genera amplias expectativas porque los demás nos quedaríamos boquiabiertos y absolutamente espeluznados ante una proposición de ley que nos dejaría un cierto sabor de
boca a tomadura de pelo. Por tanto, este tipo de igualitarismo que se nos propone, este tipo de selectividad y este tipo de progresismo que genera este tipo de expectativas no nos gusta, sobre todo después de discursitos como los de ayer acerca del
igualitarismo, acerca de la solidaridad y acerca de cómo tenemos que ser todos los españoles y españolas, independientemente de donde vivamos, con respecto a la fiscalidad, a las políticas públicas, a los servicios públicos y, en definitiva, con
respecto a la generación y al reparto de la riqueza.
Muchas gracias. Evidentemente, apoyaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) ¿Convergència i Unió? (Pausa.) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a apoyar la enmienda a la totalidad que ha defendido muy bien la diputada socialista, doña Carolina Castillejo, porque en su momento apoyamos la proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ya que entendíamos que este era un momento procesal oportuno para que el Grupo Parlamentario Socialista aceptara esta toma en consideración. Aquí no estamos aceptando la aprobación definitiva de esta
proposición de ley. Se trata de tomar en consideración la misma, ya que probablemente la prometida reforma fiscal que nos ha plantado el Gobierno difícilmente la podamos ver plasmada en esta legislatura, porque siempre se habla del próximo período
de sesiones para ponerla en marcha en el año 2007-2008, por lo que quizá se debería aprovechar este momento para iniciar ya la reforma fiscal con una reforma profunda del impuesto sobre el patrimonio.
Agradezco también al representante de Izquierda Unida, don Ángel Pérez, que en este caso haya deslindado y diferenciado de la derecha a un grupo político como Convergència i Unió, porque nos consideramos un grupo progresista en cuestiones
sociales, económicas y en todas aquellas que hacen referencia a tipos impositivos como este, que nosotros no definimos solo como inútil, como ha defendido el señor Utrera. Nosotros iríamos incluso un poco más lejos. El impuesto sobre el patrimonio
es un impuesto inútil y también es un impuesto confiscatorio, injusto, desfasado, recaudatorio e incluso, diría más, es un impuesto que penaliza el ahorro de todas las familias españolas, independientemente de cuál sea su nivel de renta. Por tanto,
entendemos que ahora sería el momento oportuno de que se tomara en consideración esta proposición de ley que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y de que el Grupo Parlamentario Socialista fuera sensible a esas promesas
continuadas para que la reforma fiscal se pueda empezar en un momento determinado.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Vamos a votar. (Pausa.)
Procedemos a la votación de los debates de totalidad. En primer lugar, enmienda de devolución al proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 132; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Votación de la enmienda de devolución al proyecto de ley de orgánica de educación. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, hay dos enmiendas a la totalidad.
El señor PRESIDENTE: Ya sé que hay dos; en primer lugar, devolución y, en segundo lugar, alternativo. Para eso no hace falta una cuestión de orden.
(Risas.)
Votación de la enmienda de devolución al proyecto de ley orgánica de educación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 139; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.
Enmienda de texto alternativo al proyecto de ley orgánica de educación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de texto alternativo.
Votación de la enmienda de devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 130; en contra, 181.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.
Votación de la enmienda de devolución al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 131; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.
Última votación. Enmienda de devolución a la proposición de ley del Senado, de modernización del impuesto sobre el patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 168; en contra, 140; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda de devolución.
No habiendo más asuntos que tratar, muy buenas noches.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.