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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 123, de 25/10/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 123
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 115
celebrada el martes, 25 de octubre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 53-1, de 29 de septiembre de 2005. (Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A-53-3, de 11
de octubre de 2005). (Número de expediente 121/000053.) ... (Página 6089)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 6089)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 ...
(Página 6089)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta ante la Cámara los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Gobierno y remitido al
Congreso de los Diputados en cumplimiento del mandato constitucional. Inicia su intervención señalando que los presupuestos para el año 2006 son unos presupuestos comprometidos con la disciplina fiscal, que mantienen el esfuerzo de orientación del
gasto público hacia la innovación tecnológica, el fomento del capital humano, la inversión en infraestructuras y la provisión de servicios públicos de calidad. Se refiere a su comparecencia en la presentación de los presupuestos del año 2005 en la
que describió lo que ya entonces era una evolución satisfactoria de la economía española, tanto en términos de crecimiento como de empleo. Señaló entonces la necesidad de adoptar una política económica ambiciosa que generase bienestar para todos
los ciudadanos en el medio y largo plazo. El refuerzo de la sostenibilidad del modelo de crecimiento español exigía profundizar en dos líneas básicas: en el campo fiscal renovar el compromiso con la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo,
apoyar el gasto público productivo y promover la transparencia en las cuentas públicas en todos los niveles de la Administración. En el campo institucional económico, necesidad de mejorar el entorno regulador para aumentar la competencia de los
mercados y hacer más eficientes los procesos de formación de precios y salarios.
Doce meses después puede decir que el Gobierno ha avanzado de forma decisiva en ambos campos. Señala que los presupuestos de 2005, a pesar de todas las críticas que
generaron en su momento se cerrarán con superávit en el conjunto de las administraciones públicas, algo que no ha sucedido antes en la historia de nuestra democracia. Por primera vez España va a contar con una regla fiscal que reforzará los
requisitos de transparencia presupuestaria y exigirá a las diferentes administraciones la consecución de superávit públicos en las fases de crecimiento alto. Manifiesta que la estrategia de política económica del Gobierno otorga continuidad al
prolongado periodo de crecimiento económico de nuestro país que dura ya más de once años. En el último año nuestro ritmo de crecimiento ha aumentado hasta alcanzar tasas del 3,4 por ciento, que triplican las tasas de crecimiento de la zona euro.
Igualmente el comportamiento del empleo está siendo enormemente positivo y ello en un entorno internacional difícil por el encarecimiento del crudo, las dudas que despiertan los desequilibrios globales y la atonía económica que afecta a nuestros
principales socios comerciales. El impacto inflacionista del aumento del crudo está limitado por ahora al grupo de los carburantes y combustibles, sin que se perciban señales de contagio a otros precios o a los salarios. Ello es una respuesta
económica positiva, que demuestra la capacidad de la economía española para adaptarse a las perturbaciones de un modo eficiente. En cuanto al mercado de trabajo, los datos muestran una tasa de aumento del empleo en torno al 5 por ciento, aumento
que viene acompañado por una caída del desempleo hasta cifras que en el momento actual se sitúan en el 9,3 por ciento. En resumen, el comportamiento de la economía española en los últimos años ha sido muy favorable y va a mantener esta línea en el
futuro. En el próximo ejercicio, el ritmo de crecimiento económico se mantendrá en torno al 3,3 por ciento. La esperada recuperación del área euro ayudará a mejorar la aportación del sector exterior al crecimiento. A continuación repasa las
dificultades que se plantean en el ejercicio 2006. Empieza por la inflación, cuyo repunte ha venido provocado fundamentalmente por el alza del crudo, y si bien no conviene menospreciar el posible efecto de nuestra inflación diferencial sobre la
competitividad, no es adecuado establecer correlaciones simplistas entre el comportamiento de los precios, la competitividad exterior y el déficit por cuenta corriente en nuestra economía. Señala que el Gobierno mantiene su compromiso con la
estabilidad presupuestaria para evitar presiones indebidas sobre la demanda agregada y contribuir así a la moderación de los precios y la contención del desequilibrio por cuenta corriente. Manifiesta que varios de los factores que han impulsado el
crecimiento español en los últimos ejercicios, desde el descenso de los tipos de interés reales a medio y largo plazo hasta la importante recepción de fondos estructurales procedentes de la Unión Europea, tenderán a debilitarse en los próximos años,
algo que acabará sucediendo también con los flujos migratorios. Por ello el Gobierno es consciente de la necesidad de profundizar en medidas que favorezcan la transición de la economía española hacia un modelo de crecimiento, basado en el dinamismo
de la productividad y la creación de empleo de calidad. Los presupuestos para 2006 proyectan un superávit
del 0,2 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas y atacan los dos retos fundamentales que tiene ante sí la economía española, y refuerzan el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo,
evitando ejercer presiones indebidas sobre la demanda agregada y contribuyendo a la moderación de precios. Son unos presupuestos que contribuyen a que nuestro país fundamente su crecimiento económico en bases más sólidas, a través de un apoyo
decidido al gasto productivo en tareas tan decisivas para el futuro como son la innovación tecnológica, las infraestructuras o la formación de capital humano. En definitiva, son unos presupuestos que además de asegurar la estabilidad presupuestaria
buscan contribuir a que el crecimiento español se fundamente en bases más sólidas y perdurables en el tiempo. En materia de ingresos se caracterizan por la ausencia de cambios en la normativa fiscal. En materia de gastos pide a las comunidades
autónomas que hagan todo lo posible para respetar el objetivo del 0,1 por ciento del déficit en términos de PIB e incluso, si pueden, mejorarlo. Finaliza señalando que los Presupuestos Generales del Estado para 2006 acentúan las prioridades que se
apuntaron en el ejercicio anterior para seguir contribuyendo a que España pueda crecer más y distribuir mejor su riqueza y, en primer lugar, la productividad. Contienen importantes aumentos en los gastos relacionados con investigación, innovación
tecnológica, desarrollo de la sociedad de la información, inversión en infraestructuras y educación, áreas en las que hay que incidir para incrementar la tasa de crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. Finaliza analizando los
diferentes capítulos presupuestarios.
Se suspende la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor Rajoy Brey defiende la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Destaca la importancia de este debate anual en las democracias parlamentarias, en el que se establece lo que los ciudadanos han de pagar
como impuestos y el uso que se va a hacer de los mismos. Sin embargo, sobre el debate de este año gravita una poderosa incógnita, ya que el mismo Gobierno que presenta los presupuestos impulsa y apoya una proposición de ley que, de aprobarse,
convertiría estos presupuestos en papel mojado en el segundo semestre del próximo año. Salvo que esa proposición de ley se rechazase en esta Cámara, cualesquiera que fuesen las modificaciones que pudiera sufrir, alteraría sustancialmente tanto el
capítulo de ingresos como el de gastos de estos Presupuestos. Se trata de un punto crucial, del que depende nada menos que la supervivencia de la función y la labor del propio Ministerio de Hacienda. Asimismo se trata de saber si los españoles
pagarán los mismos impuestos y recibirán las mismas prestaciones y servicios durante todo el año 2006 o solo durante un periodo de éste.
Ahora bien, imaginando por un momento que esa espada de Damocles no pendiese sobre nuestro sistema fiscal y presupuestario, reconoce que nuestra economía va bien - aunque podría ir mejor- si la comparamos con la de otros países cercanos
miembros también de la Unión Monetaria, pero pregunta al señor Solbes por alguna medida concreta de política económica, alguna actuación de este Gobierno que haya contribuido a la consecución de esos buenos datos. Alude también al hecho de que cómo
se explica que con esas buenas cifras de crecimiento los ciudadanos valoren como peor la situación económica, como detectan todos los estudios.
Se refiere por otra parte a las subidas de los precios, con un 3,7 por ciento de tasa interanual, al balance de nuestras relaciones económicas con el exterior, que se han deteriorado de forma progresiva durante el último año y medio, lo que
es la muestra más palpable de nuestra pérdida de competitividad y que todos coinciden en señalar como el talón de Aquiles de nuestra realidad económica. Denomina como un tancredismo feliz la política del Gobierno durante el último año y medio, al
no hacer absolutamente nada para corregir los desequilibrios.
En definitiva, el presupuesto no despeja ninguna de las incertidumbres que se ciernen sobre nuestra economía ni sirve para corregir los problemas que padecemos de inflación, pérdida creciente de competitividad y déficit exterior.
Lamentablemente tampoco se observa un incremento de las inversiones, que lo hacen en un 6,6 por ciento, mientras que el gasto público consolidado crece en un 7,3. Respecto de los ingresos, se prevé un incremento de los ingresos tributarios en un 10
por ciento, cuando el crecimiento nominal de la economía previsto por el Gobierno es de un 6,6, lo que lleva a la conclusión de que crece la presión fiscal, en contra del compromiso del presidente del Gobierno en el debate de investidura.
En cuanto
a las previsiones para el año próximo, no las va a discutir, limitándose a señalar que como estén hechas como las del año anterior poca credibilidad pueden tener.
Termina señalando que este debate materializa la voluntad de conformar una sola nación soberana tal y como acordamos en 1978, voluntad que lamentablemente se está cuestionando en estos momentos, en que por caminos oblicuos se pretende
parcelar esa voluntad soberana de los españoles. Está seguro de que la madurez demostrada por éstos a lo largo de estos años no consentirá frivolidades que den al traste con nuestro modelo de Estado y sequen las raíces de lo que constituye nuestra
principal riqueza.
En nombre del Gobierno, contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Replica el señor Rajoy Brey, duplicando el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Intervienen de nuevo brevemente los señores Rajoy Brey y vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Continúa con el turno de defensa de las enmiendas a la totalidad el señor Duran i Lleida, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Empieza señalando que viene a hablarle de los presupuestos, no del próximo estatuto,
pero a la vista de las afirmaciones vertidas por el portavoz del PP quiere hacer algunas observaciones. La primera es que su grupo no está dispuesto a que se le presente, en tanto que coautor del proyecto de reforma del estatuto de Cataluña, como
alguien que quiere saltarse las reglas de la Constitución de 1978. En segundo lugar, le parece una falta de respeto a las instituciones y en particular al Parlamento de Cataluña decir que el estatuto ha sido aprobado por el señor Rodríguez
Zapatero. No, el estatuto ha sido aprobado por 120 diputados del Parlamento de Cataluña. En tercer lugar, se hace referencia a que este presupuesto no contempla los gastos e ingresos que modificarían el modelo de financiación en el supuesto de
aprobarse tal como está previsto el proyecto de reforma del estatuto, pero si se aprobase tal como está hoy, todos saben que no entraría en vigor el próximo año, por lo que no alteraría los gastos e ingresos del año 2006.
Igualmente señala que si bien es cierto que en el proyecto de estatuto se contempla que los impuestos van a cobrarse y gestionarse por la Generalitat de Catalunya también es cierto que contempla que Cataluña no va a pagar simplemente los
gastos que continúe prestando la Administración del Estado, sino que además Cataluña reportaría a los ingresos generales de la caja común una cantidad en concepto de solidaridad. Entra en el debate típico de los presupuestos señalando que si bien
siempre se ha entendido que el debate anual de los Presupuestos Generales del Estado constituía el principal debate económico de esta Cámara y era el foro desde donde el Gobierno marcaba la dinámica de la política económica que pensaba aplicar al
año siguiente, ahora no es así.
Desde la perspectiva de su grupo parlamentario ahora el debate levanta muchas menos expectativas y, entre otras razones, ello se debe a que en el proyecto de ley no hay una sola medida de futuro para la economía
española. El Gobierno decidió el año pasado suprimir la llamada ley de acompañamiento, que cada año se unía a los Presupuestos Generales del Estado, y sin medidas de acompañamiento no hay posibilidades de incorporar, junto a los presupuestos, un
conjunto de propuestas dinamizadoras capaces de corregir los errores y los problemas que aparecen en nuestra economía o de impulsar medidas de futuro que nos permitan ser más competitivos. Su grupo cree que esta no es una buena forma de legislar y
entiende que se pierde la oportunidad de dar celeridad a la acción de gobernar. Señala igualmente que si los presupuestos no contienen propuestas de futuro habrá que valorarlos desde la perspectiva de lo que reflejan, desde las partidas de ingresos
y gastos que contienen y que no eran contempladas en ejercicios anteriores.
Estos son ya los segundos presupuestos que presenta este Gobierno y deberían reflejar los principales cambios de políticas sociales y económicas puestas en marcha por el
Gobierno, cosa que no hacen, pues si se hubieran puesto en marcha los presupuestos reflejarían un incremento en gasto social, y no es así. No cree que exista una política integral de apoyo y protección a la familia; no se ha hecho una ley de la
dependencia; no se han hecho leyes para estimular el crecimiento económico; tampoco ha habido medidas activas para mejorar la calidad del empleo; no se ha atendido a la justa demanda de los trabajadores autónomos, que también tendría un reflejo
en estos Presupuestos Generales del Estado. Pasa a analizar los presupuestos y la situación de la economía española a finales de 2005 y señala que el futuro económico de España tiene riesgos graves. El primero, la inflación; el segundo, el
déficit exterior; el tercero, el empleo; el cuarto, la innovación; el quinto, los tipos de interés; el sexto, la productividad; el séptimo, el precio del petróleo. Finalmente pasa a comentar los elementos puramente presupuestarios.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Replica el señor Duran i Lleida, y duplica el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
A continuación interviene en defensa de la enmienda a la totalidad la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto. Empieza su intervención señalando que no pensaba que a estas alturas tuviera que presentar una enmienda de
totalidad y manifiesta que no observa modificación alguna respecto de anteriores presupuestos. Le gustaría tratar tres puntos, dos referentes a la Comunidad Autónoma del País Vasco y un tercero referido a los riesgos que tiene que afrontar la
economía del Estado español con relación a determinadas vicisitudes. Una vez más tiene que poner de relieve el incumplimiento de las transferencias, y señalar que por las
competencias que no tienen los ciudadanos vascos están pagando y no reciben la correspondiente aportación. Su comunidad se encuentra en el mismo punto de partida que en el año 1993, o incluso peor. No se invierte, no se paga, no se
transfiere un instrumento y además se recurre lo que otras instituciones a cargo de su propio presupuesto están haciendo. Resalta que no hay partida presupuestaria para los tres centros penitenciarios de Martutene, Nanclares de Oca y Basauri, que
se encuentran en situación deplorable. Doce años después sigue pendiente el saneamiento y depuración en las obras de interés general como consecuencia de la transferencia de la competencia en aguas al Gobierno vasco, y tampoco hay partida
presupuestaria. En cuanto a las políticas sociales, las pensiones de viudedad y las pensiones mínimas todavía necesitan un esfuerzo financiero. Finaliza señalando que si de aquí a diciembre el Gobierno tiene una posición diferente de la que
presentaron el 30 de septiembre podrán llegar a un acuerdo.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Replica la señora Lasagabaster Olazábal y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006. (Número de expediente 121/000053.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
El debate, tal y como ha sido establecido en Junta de Portavoces, tendrá el siguiente formato: en primer lugar, presentación del proyecto de ley por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Concluida su
presentación, se suspenderá la sesión, que comenzará de nuevo a las 16:00 horas y que se iniciará con los turnos a favor de las enmiendas a la totalidad que han sido presentadas, por un tiempo de hasta 40 minutos, comenzando por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y siguiendo con el Grupo Parlamentario Catalán y con el Grupo Parlamentario Mixto. Turno en contra, en su caso, y réplicas, en su caso, por cinco minutos. A continuación, el resto de los grupos parlamentarios
que deseen intervenir para fijar su posición, por un tiempo de hasta 25 minutos. Este es el formato que ha sido aprobado por la Junta de Portavoces y que esta Presidencia hace suyo.
Dicho esto, tiene la palabra, por parte del Gobierno, el señor vicepresidente segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, cuyo proyecto ha sido aprobado por
el Gobierno y remitido al Congreso en cumplimiento del mandato constitucional. Como SS.SS. tendrán la oportunidad de comprobar a lo largo de mi intervención, son unos presupuestos comprometidos con la disciplina fiscal, que mantienen el esfuerzo
de orientación del gasto público hacia la innovación tecnológica, el fomento del capital humano, la inversión en infraestructuras y la provisión de servicios públicos de calidad.
El pasado año comparecí ante esta Cámara para describir lo que ya por entonces era una evolución satisfactoria de la economía española, tanto en términos de crecimiento como de empleo. Señalé la necesidad de adoptar una política económica
ambiciosa, capaz de garantizar que nuestro país siga generando bienestar para todos los ciudadanos en el medio y largo plazo. El refuerzo de la sostenibilidad del modelo de crecimiento español exigía profundizar en dos líneas básicas de actuación,
que se convirtieron desde ese momento en los elementos fundamentales de la actuación del Gobierno en materia económica. En el campo fiscal, el reto era renovar el compromiso con la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, apoyar el gasto
público productivo y promover la transparencia en las cuentas públicas a todos los niveles de la Administración. En cuanto al marco institucional económico, había una clara necesidad de mejorar el entorno regulador, para aumentar el grado de
competencia de los mercados y hacer más eficientes los procesos de formación de precios y salarios en nuestra economía. Doce meses después, podemos decir que el Gobierno ha avanzado de forma decisiva, tanto en una mejor disciplina fiscal como en el
campo de las reformas de los mercados.
Los presupuestos para este ejercicio de 2005, pese a todas las críticas que generaron en su momento, se cerrarán con superávit en el conjunto de las administraciones públicas, algo que no ha sucedido nunca en la historia de nuestra
democracia. Además, el Gobierno ha diseñado en los últimos meses una reforma ambiciosa de las leyes de estabilidad presupuestaria. Por primera vez, el país va a contar con una regla fiscal que, además de reforzar los requisitos de transparencia
presupuestaria, exigirá a las diferentes administraciones la consecución de superávit públicos en las fases de crecimiento alto. Pero si los resultados en el campo presupuestario están siendo alentadores, el progreso en el ámbito estructural ha
sido también significativo. Aparte de otras iniciativas, el lanzamiento del plan de dinamización, presentado en febrero de este año, supone el inicio de una nueva forma de hacer política económica basada en la transparencia y con un horizonte
temporal de medio plazo.
El plan contempla un gran número de actuaciones concretas y requiere de los departamentos responsables su adopción dentro de calendarios preestablecidos. De esta forma, se dota a la política económica de certidumbre y se facilita la
rendición de cuentas a los ciudadanos, motivo que ha llevado a instituciones como el Fondo Monetario Internacional a valorar de forma muy positiva esta iniciativa. Durante los últimos meses, el plan de dinamización ha cumplido puntualmente el ritmo
inicialmente previsto. Las más de cien medidas contenidas en el primer paquete de normas de impulso a la productividad están ya en marcha o en avanzado estado de tramitación, y ese es el caso de las tres leyes cuya discusión acaba de finalizar en
el Senado. A estas medidas iniciales se han unido otras iniciativas, que por su relevancia han adquirido entidad propia. Me refiero al Plan estratégico de infraestructuras del transporte, al programa de actuaciones para la gestión y utilización
del agua, a la estrategia de ahorro y eficiencia energética, al Plan de energías renovables, al Plan Ingenio 2010 sobre innovación, investigación y sociedad de la información, y a las reformas de los mercados audiovisual y farmacéutico. Quiero
destacar también las actuaciones encaminadas a la mejora de la acción reguladora de la Administración, como son las iniciativas referidas a la transparencia de la información económica, la reforma del sistema de defensa de la competencia o el
proyecto de la modernización de la Administración, este último con valiosos instrumentos como la nueva Ley de Agencias. Como SS.SS. conocen, el Consejo Europeo de marzo de este año aprobó la reorientación de la Estrategia de Lisboa, estableciendo
como pieza central los nuevos planes nacionales de reforma. El plan español, que engloba y amplía el plan de dinamización, se remitió a Bruselas el pasado 15 de octubre y será el elemento clave de actuación en materia económica en los próximos
años.
Señorías, la estrategia de política económica del Gobierno otorga continuidad al prolongado periodo de crecimiento económico, que dura ya más de once años en nuestro país. En el último año transcurrido, nuestro ritmo de crecimiento ha
aumentado hasta alcanzar tasas del 3,4 por ciento, que triplican las tasas de crecimiento de la zona euro. A su vez, el comportamiento del empleo, como estoy seguro que SS.SS. conocen, está siendo también enormemente positivo. Todo ello en un
entorno internacional difícil por el sustancial encarecimiento del crudo, por las dudas que despiertan los desequilibrios globales y por la atonía económica que afecta a nuestros principales socios comerciales. La respuesta de la economía española
ante este difícil contexto ha sido notable. El vigor de la demanda interna se mantiene, y ello permite preservar una alta tasa de crecimiento económico, además de contribuir al de los países de nuestro entorno. Por otra parte, el impacto
inflacionista del aumento del crudo está por ahora limitado al propio grupo de carburantes y combustibles, sin que de momento se perciban señales de contagio a otros precios o a los salarios. Es una respuesta económica positiva, que demuestra la
renovada capacidad de la economía española para adaptarse a las perturbaciones de un modo eficiente. El dinamismo de la inversión es también un elemento favorable, con tasas de aumento cercanas al 10 por ciento en bienes de equipo y otros
productos.
De esta forma, el país se capitaliza y expande sus posibilidades de crecimiento futuro, además de reforzar sus tasas de aumento de productividad. Por encima de todo, la inversión es una muestra palpable de confianza por parte del
empresariado en el futuro de la economía nacional.
En cuanto al mercado de trabajo, tanto la encuesta de población activa como los datos de afiliación muestran una tasa de aumento del empleo en el entorno del 5 por ciento, que viene acompañada además de una intensa caída del desempleo hasta
cifras que en el momento actual se sitúan en el 9,3 por ciento. Quiero destacar especialmente la caída del número de parados, que refleja tanto los datos de paro registrado como los de la EPA. Estos datos cobran especial importancia ante el rápido
ritmo de aumento de la población activa y esta dinámica se va a mantener previsiblemente en los trimestres venideros, lo que ha llevado ya a algún organismo internacional a pronosticar una tasa de paro en nuestro país del 8 por ciento para el año
2006. En los últimos meses hemos escuchado con cierta frecuencia relativizar esas cifras de empleo, atribuyendo su buena marcha al proceso de normalización de inmigrantes.
Tengo que decirles, señorías, que se trata de una posición no justificada.
En primer lugar, la normalización de inmigrantes, que recae sobre personas con al menos seis meses de permanencia en España, supone la creación de empleo legal, con
todo lo que ello conlleva en términos de dignidad para el trabajador, aportaciones a la Hacienda pública y desaparición de distorsiones a la libre competencia. Puede que para algunos sea indiferente tener
trabajadores en la economía sumergida, al margen de la estadística oficial y de la legalidad, o tener trabajadores legales, protegidos por la normativa laboral y al corriente de pago con la Seguridad Social, pero para nosotros no lo es. Por
otro lado, las afiliaciones muestran que la ocupación, depurada del efecto del proceso de normalización, avanza también a un ritmo satisfactorio, cercano al 3 por ciento y en línea con lo que ha venido sucediendo en meses recientes. Lo que tenemos
por tanto es un crecimiento del empleo muy notable, temporalmente acelerado por una deseable legalización de inmigrantes que antes trabajaban en la economía sumergida. Aunque subsisten todavía deficiencias estructurales significativas relacionadas
con el alto nivel de temporalidad, el mercado laboral está jugando un importante papel en la respuesta positiva de la oferta a los impulsos de demanda que nuestra economía está experimentando.
Señorías, en resumen, el comportamiento de la economía española en los últimos años ha sido muy favorable y va a mantener esta tónica en el futuro. Así, en el próximo ejercicio, el ritmo de crecimiento económico se mantendrá en el entorno
del 3,3 por ciento, pronóstico que podrá cumplirse incluso en un escenario de subidas moderadas de los tipos de interés. La esperada recuperación del área euro, apuntada en los últimos indicadores de producción industrial y confianza empresarial,
ayudará a mejorar la aportación del sector exterior al crecimiento. Por su parte, las medidas que está adoptando el Gobierno servirán de acicate para un comportamiento progresivamente más dinámico de la productividad. En contextos económicos
favorables, como el actual, donde los ingresos públicos presentan un comportamiento claramente positivo, existe la tentación de llevar a cabo aumentos excesivos de gasto público o, por el contrario, de acometer rebajas impositivas sin tener en
cuenta los retos que a largo plazo tiene nuestra economía y la generación de efectos procíclicos indeseables. De ambas cosas tenemos ejemplos en el pasado más o menos reciente.
El actual Gobierno muestra ante este tema una actitud diferente. La idea fundamental que soporta estos presupuestos es la de aprovechar el buen momento por el que pasa nuestro país para prepararnos con vistas al futuro. El superávit
previsto para el año que viene, junto con la apreciable reducción del endeudamiento público, aumentará la capacidad de nuestro país para enfrentarse a posibles desacelaraciones económicas. Más a largo plazo, esta apuesta por la estabilidad generará
márgenes de maniobra con los que poder hacer frente en buenas condiciones a los retos presupuestarios asociados al envejecimiento de población. Desde el punto de vista cualitativo y respetando el compromiso con la disciplina fiscal, los
presupuestos para el año 2006 ponen el énfasis en aquellos gastos más susceptibles de generar un impacto positivo sobre el comportamiento de la productividad y con ello sobre la propia sostenibilidad del modelo de crecimiento español. Como ya tuve
oportunidad de comentar el pasado año, nuestro país continúa teniendo ante sí retos muy importantes, que es preciso afrontar con decisión si queremos preservar la capacidad de nuestra economía para generar bienestar económico y social en los años
venideros. Me gustaría referirme brevemente a algunas de las dificultades que tenemos planteadas.
Empezaré por la inflación, cuyo repunte en los últimos meses ha venido provocado fundamentalmente por el alza del crudo. No podemos estar satisfechos con el comportamiento de la inflación en nuestro país, pero al hablar de este tema debemos
esforzarnos por evitar análisis superficiales. Es cierto que no conviene menospreciar el posible efecto de nuestra inflación diferencial sobre la competitividad, pero establecer correlaciones simplistas entre el comportamiento de los precios, la
competitividad exterior y el déficit por cuenta corriente en nuestra economía, sencillamente no es adecuado. Señorías, a la hora de diseñar una respuesta adecuada a la evolución de los precios en nuestro país en los últimos años, la pregunta que
debemos hacernos es la siguiente: ¿Dónde está el origen del comportamiento en los precios en España, en comparación con otros Estados miembros de la unión monetaria?
En mi opinión, la causa última hay que buscarla en el crecimiento de la economía española y en la fortaleza de nuestra demanda interna, que se traduce en una presión evidente sobre la oferta agregada y por tanto sobre los niveles de precios.
No se trata de una evolución inadecuada de precios y costes, la inflación de costes en terminología tradicional, que esté generando déficit exterior, sino de una evolución expansiva de la demanda, que simultáneamente está dando lugar a un déficit
por cuenta corriente y a una moderada presión inflacionista. La responsabilidad de cualquier Gobierno en este tipo de contextos es tratar de garantizar que la evolución de la inflación se mantiene dentro de límites razonables y no va más allá de
reflejar el libre juego de la oferta y de la demanda.
Consciente de ello, y como tendré la oportunidad de exponerles a continuación, el Gobierno mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria para evitar presiones indebidas sobre la
demanda agregada y contribuir así a la moderación de los precios y a la contención del desequilibrio por cuenta corriente. Junto a esto, vamos a seguir adoptando medidas de carácter estructural, para aumentar la competencia en los mercados y
mejorar los procesos de formación de precios y salarios. Gracias a la moderación salarial, la inflación subyacente se está comportando bien y es una muestra clara de que hasta la fecha no están apareciendo los efectos de segunda ronda,
tradicionalmente asociados a las alzas del crudo. Apelo, pues, a la responsabilidad de los agentes sociales, la que han mostrado durante los últimos años, para que sean conscientes de esta circunstancia y sigan manteniendo la misma línea, de forma
que los efectos asociados al mayor precio del petróleo sean los mínimos posibles también durante 2006. Los intentos
de recuperar, vía salarios, la pérdida de poder adquisitivo asociada al encarecimiento del crudo, no solo están condenados al fracaso, sino que pueden ser muy nocivos para la competitividad exterior de nuestra economía y para nuestra
capacidad de generación de empleo en el marco de una economía abierta.
El segundo de los retos al que quiero referirme es el carácter perdurable o no de nuestro actual modelo de crecimiento económico. Varios de los factores que han impulsado el crecimiento español en los últimos ejercicios, desde el descenso
de los tipos de interés reales a medio y largo plazo hasta la importante recepción de fondos estructurales procedentes de la Unión Europea, tenderán a debilitarse en los próximos años, algo que va a acabar sucediendo también con los flujos
migratorios.
En este contexto, el Gobierno es consciente de la necesidad de profundizar en las medidas que favorezcan la transición de la economía española hacia un modelo de crecimiento, basado en el dinamismo de la productividad y la creación de
empleo de calidad. Seguiremos impulsando la mejora del marco regulador a través del plan de dinamización, ya en marcha, y del plan nacional de reforma. De acuerdo con las previsiones de este último, y en el marco del diálogo social, el Gobierno
pretende culminar un ambicioso proceso de reforma de nuestro mercado de trabajo, que apostará por el empleo estable y por lograr un adecuado equilibrio entre la necesidad de proteger a los trabajadores y la conveniencia de dotar a nuestras empresas
de las herramientas necesarias para adaptarse a un entorno en continua transformación. Se acometerá también la reforma fiscal, dentro de las líneas que ya han sido avanzadas, con objeto de mejorar la eficiencia y equidad de nuestro sistema de
impuestos así como para impulsar la oferta de trabajo, el ahorro y la inversión empresarial.
Los presupuestos para 2006, que proyectan un superávit del 0,2 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas, atacan los dos retos fundamentales que tiene ante sí la economía española. Los presupuestos refuerzan el compromiso
de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, evitando ejercer presiones indebidas sobre la demanda agregada y contribuyendo por tanto a la moderación de precios. Son, además, unos presupuestos que contribuyen a que
nuestro país fundamente su crecimiento económico en bases más sólidas, a través de un apoyo decidido al gasto productivo en tareas tan decisivas para el futuro como la innovación tecnológica, las infraestructuras o la formación de capital humano.
Los indicadores de saldo presupuestario estructural ponen de manifiesto que la orientación de la política fiscal durante el año que viene será esencialmente neutral y compatible con el juego de los estabilizadores automáticos. Nos encontramos por
tanto ante unos presupuestos que evitan incurrir en sesgos procíclicos y contribuyen con ello a moderar la evolución de los precios en nuestro país.
La ejecución presupuestaria del año actual nos permite ser optimistas respecto al cierre del presente ejercicio. Al elaborar los presupuestos del pasado año preveíamos un superávit de una décima del PIB en el conjunto de las
administraciones públicas. Puedo afirmarles con total seguridad que este objetivo se cumplirá, marcando así un cierto hito en nuestra Hacienda pública. Por primera vez desde la llegada de la democracia, las administraciones públicas españolas
cerrarán el ejercicio con un saldo positivo que probablemente excederá en alguna o algunas décimas nuestras previsiones iniciales. La deuda pública, por su parte, continuará perdiendo peso en nuestro PIB, con una caída acumulada de más de 17 puntos
porcentuales desde 1999, año de nuestra incorporación al euro. Lógicamente, estos mejores resultados se proyectarán también hacia 2006, de forma que el objetivo de superávit del 0,2 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas que
adoptaron SS.SS. el pasado mes de junio puede considerarse como un objetivo prudente y que permitirá además continuar reduciendo el endeudamiento público hasta el 43 por ciento del PIB a finales del año 2006. El objetivo de endeudamiento que este
Gobierno se ha marcado para el final de la legislatura es sin duda ambicioso: situar la deuda del Estado por debajo del 30 por ciento del PIB y, por tanto, la deuda de todas las administraciones claramente por debajo del 40.
Señorías, los presupuestos generales de 2006 hacen algo más que asegurar la estabilidad presupuestaria y buscan también contribuir a que el crecimiento español se fundamente en bases más sólidas y perdurables en el tiempo. ¿Y cómo lo hacen?
Aprovechando el margen que otorga el dinamismo de los ingresos públicos para poner énfasis en aquellas áreas de gasto con más capacidad para impulsar el crecimiento futuro de nuestra economía y la generación de empleo de calidad. Me refiero, por
ejemplo, a los gastos en I+D+i y sociedad de la información, que crecen casi un 31 por ciento; a la formación de capital humano, que lo hace en el 16 por ciento; o a la inversión en infraestructuras, que el año próximo verá aumentada su dotación
presupuestaria en un 12,4 por ciento en el presupuesto del Estado. Con este esfuerzo el Gobierno afianza un nuevo modelo de crecimiento de la economía española que debe basarse en la innovación tecnológica, la productividad y la calidad, y
diferenciación de productos.
Señorías, permítanme ahora pasar a analizar las distintas partes de los presupuestos, y comenzaré hablándoles de los ingresos. Quiero destacar, en primer lugar, que el comportamiento que se espera de los ingresos por impuestos en el año
2006 descansa en un análisis coherente, marcado por la prudencia e inscrito en una coyuntura macroeconómica que contempla el mantenimiento de la actividad real y la atenuación de tensiones inflacionistas. Esta misma prudencia fue la empleada para
realizar las previsiones que se contemplan en los presupuestos de 2005, previsiones que entonces fueron
tachadas por algunos, tanto dentro de esta Cámara como fuera de ella, de irreales y de excesivamente optimistas. Sin embargo, las cifras de recaudación están superando esas previsiones calificadas de irreales.
Para el próximo año nuestra
previsión contempla las cifras que consideramos más probables. Solo al final del año podremos confirmar lo acertado de nuestras previsiones, pero sí les sugeriría que tengan en cuenta lo sucedido este año cuando analicen o descalifiquen las
previsiones actuales, que están construidas sobre bases sólidas y prudentes.
Igualmente quiero destacar que en materia de ingresos el anteproyecto de ley de presupuestos de 2006 se caracteriza por la ausencia de cambios en la normativa fiscal otra que las actualizaciones a las que me referiré más adelante.
Consideramos que la estabilidad en las normas que regulan los impuestos que satisfacen los españoles es un valor en sí mismo y que las reformas fiscales han de someterse a un análisis riguroso por las Cortes Generales y no ser incluidas dentro de
una ley de acompañamiento, cuya tramitación no permite una discusión en profundidad. Las únicas medidas que es necesario destacar en este ámbito son las siguientes. Al igual que el pasado año, se deflacta la tarifa del IRPF en un 2 por ciento,
para evitar los aumentos encubiertos de impuestos. Adicionalmente se mantienen inalterados los tipos de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, por segundo año consecutivo. Por último, se actualizan la mayor parte de las tasas de cuantía
fija en un 2 por ciento. Los ingresos financieros en 2006, antes de la participación de administraciones territoriales, alcanzarán la cifra de 176.129 millones de euros, con un crecimiento respecto al avance de liquidación previsto para 2005 del
5,9 por ciento, que se obtiene como resultado de un aumento del 7,6 por ciento de los ingresos impositivos y una reducción del 14,3 por ciento del resto de los ingresos. Los ingresos no financieros del Estado previstos para el año 2006 ascenderán a
128.590 millones de euros, después de descontar la participación de comunidades autónomas y corporaciones locales, lo que representa un crecimiento del 5,3 por ciento sobre las cifras de avance de liquidación para el año 2005.
Para analizar la evolución de cada una de las distintas figuras impositivas que integran el presupuesto de ingresos, me permitirán que me refiera a la recaudación total, esto es, antes de descontar la participación de los entes
territoriales, ya que es esta recaudación total la que refleja de forma más adecuada el comportamiento de la economía. En el próximo año se espera una recaudación por el IRPF que registrará un aumento del 9,5 por ciento sobre las cifras de avance
de liquidación. Este impuesto se va a ver impulsado por el comportamiento de las retenciones del trabajo y por las retenciones de capital mobiliario y de fondos de inversión. El impuesto de sociedades crecerá al 10 por ciento sobre el avance,
manteniendo el dinamismo que presenta este ejercicio, si bien se espera una leve moderación de los ingresos por pagos fraccionados y un mantenimiento de la cuota diferencial en el año 2006. Por su parte, la recaudación por IVA presentará un
crecimiento del 4,8 por ciento, lo que implica una reducción respecto a la tasa con la que se espera finalizar este año, debido, por una parte, a la ligera desaceleración del crecimiento nominal de la demanda interna y, por otra, al incremento de
las devoluciones. Los impuestos especiales se calculan con un crecimiento del 5,6 por ciento sobre la recaudación del año 2005, contemplada en el avance de liquidación. Ello es debido al impacto recaudatorio de las subidas de tipos impositivos
aprobados para el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas y en especial en el impuesto sobre labores del tabaco. La recaudación por ingresos no impositivos registrará un descenso del 14,3 por ciento, que se explica fundamentalmente por una
cuestión de calendario que afecta a las diferencias que se producen entre los valores de reembolso y de emisión de deuda pública.
Quiero pasar ahora a comentarles el presupuesto de gastos. En cuanto al límite de gasto no financiero, como SS.SS. conocen, las Cortes Generales aprobaron el pasado 23 de junio el objetivo de estabilidad para el año 2006, así como el
límite de gasto no financiero en un total de 133.947 millones de euros, que supone un crecimiento del 7,6 por ciento respecto al año 2005. España es hoy un país fuertemente descentralizado en el que el gasto del Estado es solo una fracción del
total del gasto público.
Junto con la Administración General del Estado se sitúan las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local, todas ellas con autonomía financiera constitucionalmente
reconocida.
En términos de contabilidad nacional y sin tener en cuenta los intereses de la deuda pública, la Administración central gestiona solo el 20,7 por ciento del total del gasto consolidado de las administraciones públicas, frente al 30,7 por
ciento que representa la Seguridad Social, mientras que la proporción de recursos gestionados por las administraciones territoriales alcanza el 48,6 por ciento. Las cifras anteriores son bastante elocuentes. Por tanto, quiero aprovechar la
presente ocasión para solicitar de todos los entes territoriales, pero en especial de las comunidades autónomas dada su importancia, una actitud de sobriedad y preocupación por los retos de futuro de la economía española similar a la que planteamos
para la Administración General del Estado. Espero que las comunidades hagan todo lo posible no solo por respetar el objetivo del 0,1 por ciento del déficit en términos de PIB que en conjunto tienen establecido para el año próximo, sino, si tienen
posibilidad, por mejorarlo.
Señorías, del total del presupuesto no financiero del Estado para 2006, prácticamente el 63 por ciento son gastos obligatorios. En ellos se engloban los siguientes conceptos: los gastos de financiación de las administraciones territoriales
-que suponen un 33,4 por ciento del presupuesto no financiero-, los intereses de la deuda,
las pensiones de clases pasivas, las aportaciones a la Unión Europea y la dotación del fondo de contingencia, que en su conjunto representan otro 29,4 por ciento. Por lo tanto, el Gobierno dispone solo del restante 37,2 por ciento para
realizar las políticas públicas prioritarias, es decir, gastos de infraestructura, investigación y desarrollo, becas para la educación, vivienda, complemento de pensiones mínimas, así como los gastos relacionados con ciertas operaciones de
saneamiento que se están acometiendo. Este es el caso, por ejemplo, de Radio Televisión Española, para la que este presupuesto recoge el compromiso de una financiación más transparente, en línea con lo indicado por la Unión Europea, y que se
concretará en el futuro convenio a suscribir por parte del Estado con el ente público.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2006 acentúan las prioridades que ya se apuntaron en el año anterior, para seguir así contribuyendo a que España pueda crecer más y distribuir mejor su riqueza, y en primer lugar está la
productividad. Estos presupuestos contienen importantes aumentos en los gastos relacionados con investigación, innovación tecnológica, desarrollo de la sociedad de la información, inversión en infraestructuras y educación en el margen de
responsabilidad del Estado.
Estas son las áreas fundamentales en las que hay que incidir para incrementar la tasa de crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. En investigación, desarrollo e innovación y desarrollo de la sociedad de la
información es imprescindible reducir la brecha que separa a España de los países de nuestro entorno. Por ese motivo, los presupuestos para 2006 realizan un esfuerzo sin precedentes, destinando a esta política un total de 6.500 millones de euros,
es decir, una cifra superior al billón de las antiguas pesetas. Las tres cuartas partes de esta dotación son para investigación civil, que aumenta un 31 por ciento respecto a 2005 y más de un 65 por ciento respecto a 2004. Con ello el Gobierno
sigue en el camino de cumplir el compromiso de duplicar en esta legislatura los recursos públicos destinados a investigación. Además, y con objeto de lograr un mayor equilibrio entre los componentes financieros y no financieros de I+D+i, en el año
2006 se incrementan muy notablemente los recursos no financieros, que crecen un 28 por ciento, frente al 12 por ciento que aumentaron en el año 2005. El Gobierno tiene presente que España necesita generar ventajas comparativas en sectores con alto
contenido tecnológico, para lo que resulta imprescindible que se involucren, además del Estado, el sector privado, la universidad y también las restantes administraciones públicas. Para lograr esa movilización de recursos y una participación más
activa de los distintos sectores de la sociedad, el Ejecutivo ha aprobado el programa Ingenio, cuyo objetivo es alcanzar en 2010 una inversión en I+D+i equivalente al 2 por ciento del PIB. Una de las prioridades será la concentración de recursos en
líneas estratégicas que favorezcan la colaboración público-privada, ayudando a que el sector privado aporte el 55 por ciento del gasto total en I+D+i también en el año 2010. Además de seguir aumentando los recursos para proyectos que ya están en
marcha, en 2006 se financiarán nuevas actuaciones como el plan Avanza, al que se destinan 635 millones de euros, para promover la incorporación de los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas a las nuevas tecnologías de la sociedad
de la información. Se ponen en marcha también el programa Cénit, que financia grandes proyectos de investigación estratégica público-privada, y el programa Consolider, que pretende aumentar la masa crítica y la suficiencia investigadora.
En segundo lugar, infraestructuras. Es la segunda gran línea de actuación relacionada con la productividad. El Gobierno va a seguir haciendo un esfuerzo en esta área que resulta vital para la modernización de nuestra económica y su
integración en Europa, pero también para conseguir una vertebración más equilibrada del territorio y un funcionamiento más eficaz de los mercados. Al conjunto de la política de infraestructuras se destinan 12.800 millones de euros, lo que supone un
aumento del 12,4 por ciento respecto a 2005. Si se tiene en cuenta el sector público empresarial, la cifra aumenta hasta 19.800 millones de euros, con un crecimiento algo más reducido, del 6,4 por ciento, que se explica por la disminución que se
produce en el sector público empresarial, fundamentalmente en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y en las sociedades de aguas, al llevar los cálculos presupuestarios con mayor grado de realismo en función de las inversiones realmente
realizadas, ya que en los últimos años estos organismos han venido no ejecutando o ejecutando solo parcialmente el total del presupuesto previsto. La caída en la inversión en las sociedades de aguas se debe a la reorientación de la política
hidráulica, que está poniendo el énfasis en la necesidad de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos. Como actuaciones principales para el año 2006 debe mencionarse, en primer lugar, la inversión de 3.452 millones de euros en carreteras,
con lo cual se va a aumentar la red estatal, mejorando su conservación y seguridad.
En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, la inversión total prevista asciende a 5.700 millones, de los que su mayoría se destinarán a la alta velocidad.
También deseo destacar la puesta en marcha de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, mediante la que se instrumentarán proyectos de colaboración público-privada, ampliando las posibilidades financieras para canalizar estas
inversiones.
Por último, como les comentaba, la política de inversiones hidrológicas es objeto de una importante reformulación orientada hacia una mejor gestión del agua. Para 2006 se destinan 2.365 millones, que alcanzan los 3.605 millones de
euros con las inversiones de las sociedades de aguas.
El tercer elemento clave al que quería referirme es educación, fundamental para garantizar incrementos sostenidos de la productividad. El Estado tiene una responsabilidad
clara como garante de una educación de calidad y de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el territorio nacional, aunque SS.SS. conocen bien que la mayoría de las competencias de ejecución han sido transferidas a las
comunidades autónomas. La principal actuación que se va a realizar el próximo año es la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación, que dará lugar a un aumento del 17 por ciento de los recursos para las acciones destinadas a esta política
respecto a lo contenido en el presupuesto del año 2005. Dentro de este importe se prevé un aumento del 9,5 por ciento en los créditos para becas, lo que permitirá la concesión de 40.000 nuevas becas y la dotación de 150.000 millones de euros para
garantizar la gratuidad de la enseñanza infantil.
Una preocupación constante de este Gobierno es también el gasto social, el desarrollo de políticas que permitan mejorar el bienestar y la cohesión social de forma que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos.
El gasto social supondrá un 50,2 por ciento del presupuesto consolidado, 135.340 millones de euros, con un incremento del 8,1 por ciento respecto a 2005 y 1,5 puntos por encima del crecimiento nominal de la economía. Los objetivos principales en
este ámbito son continuar reforzando la estabilidad financiera del sistema público de pensiones, aumentar la calidad de los servicios sociales, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar una cobertura sanitaria adecuada.
En primer lugar me referiré a las pensiones. En materia de pensiones, además de garantizar el poder adquisitivo, se mejoran por segundo año las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas se incrementan un 6,5 por ciento si el titular tiene
cónyuge a su cargo, y un 5 por ciento las restantes. El Estado va a incrementar la financiación de los complementos para mínimos en 300 millones de euros, lo que supone una aportación total en el año 2006 de 1.500 millones de euros, es decir, casi
un 25 por ciento más que en el año 2005, reforzando por esta vía la separación de las fuentes de financiación del sistema. Además, el superávit de la Seguridad Social permitirá una aportación adicional al fondo de reserva de al menos -y quiero
subrayar lo de al menos- 6.300 millones de euros, con lo que la cuantía de dicho fondo a finales del año que viene superará también al menos 32.900 millones de euros, es decir, 3,5 puntos del PIB.
Otro ámbito de los servicios sociales que nos
preocupa especialmente es la dependencia. La aprobación en esta legislatura de la ley de dependencia constituye una de nuestras prioridades. La gestión de las prestaciones de servicios se desarrolla básicamente en el ámbito autonómico y local, y
vamos a respetar totalmente la distribución competencial existente. Por eso, en ese marco se contemplan ya en los presupuestos, aunque todavía no esté aprobada la ley de dependencia, dotaciones iniciales por valor de 100 millones de euros para el
desarrollo y cofinanciación de programas negociados con comunidades autónomas y corporaciones locales. En cuanto a las actuaciones de integración de inmigrantes, tienen su reflejo presupuestario principalmente en la dotación para el fondo de
acogida e integración de inmigrantes, que para el año 2006 se consolida y actualiza sobre la base de la dotación del año 2005 hasta llegar a 122,4 millones de euros. Pero también hay otras cuantías destinadas al desarrollo y promoción de acciones
en materia de canalización de flujos de inmigración, integración social de inmigrantes y cooperación con países emisores, con otros 10 millones de euros adicionales. En la política de vivienda la dotación prevista para el año 2006 asciende a 1.059
millones de euros, un 20,6 por ciento más que el año pasado. Casi la totalidad de este importe se destina al Plan de financiación de vivienda 2005-2008, del que cerca del 40 por ciento se destina a ayudas directas para el pago de entradas en la
vivienda. En el ámbito sanitario, como SS.SS. conocen, el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 13 de septiembre aprobó diversas medidas de mejora de financiación sanitaria sobre la base del consenso de la Conferencia de Presidentes
que supondrán una mejora de los recursos que reciben las comunidades autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1.677 millones de euros. El acuerdo supondrá en la práctica que las comunidades autónomas, al disponer de la
posibilidad de recibir anticipos en los años 2005 y 2006, dispondrán de casi 4.400 millones de euros adicionales en este periodo. En estos presupuestos, por otra parte, la política de sanidad cuenta con una dotación de 3.959 millones de euros, que
suponen un incremento del 8,5 por ciento respecto a 2005. En este importe solo se recogen 95 millones de euros, de los que corresponden al Fondo de Cohesión 45 y al Plan de calidad 50, del acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para
financiar la sanidad. El resto de las aportaciones se canalizarán, obviamente, a través de la sección 32, que afecta a los entes territoriales.
Un comentario sobre la ayuda oficial al desarrollo. La política exterior del Gobierno persigue contribuir a un orden internacional solidario utilizando para ello los instrumentos de cooperación internacional de que disponemos y entre ellos
el de ayuda oficial al desarrollo. La dotación total prevista para cooperación internacional en el presupuesto asciende a 2.423 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,1 por ciento. Si a este importe agregamos las condonaciones de
deuda y las aportaciones a organismos internacionales, el importe total es de 2.830 millones de euros, con una tasa de variación del 32,4 por ciento. En dos años el Gobierno del PSOE ha aumentado la ayuda oficial al desarrollo en casi un 54 por
ciento. Si además incluimos las aportaciones previstas por las comunidades autónomas, la ayuda al desarrollo se elevará a 3.345 millones de euros, equivalentes al 0,35 por ciento del PIB, lo que nos permite
avanzar claramente para conseguir nuestro compromiso del 0,5 por ciento para el año 2008.
Para contribuir al incremento de la productividad y la mejora de la atención al ciudadano creemos que es imprescindible disponer también de servicios públicos de calidad, y en ese sentido se incrementan las políticas públicas en justicia,
seguridad y defensa. La dotación para la política de Justicia crece un 12 por ciento como consecuencia de la dotación de efectivos de nuevos órganos judiciales, la consolidación de algunas mejoras retributivas y el aumento del personal sustituto.
Los recursos destinados a la seguridad ciudadana tienen un crecimiento del 11,9 por ciento respecto al ejercicio anterior debido al incremento de efectivos así como a las diversas mejoras retributivas. El presupuesto del Ministerio de Defensa crece
un 6,1 por ciento para hacer frente al nuevo diseño del ejército profesional. En este periodo SS.SS. discutirán el proyecto de la ley de agencias, que permitirá dotar a determinados organismos públicos de una estructura organizativa más flexible y
ágil que conllevará una prestación de servicios más eficiente. Al amparo de esta nueva ley se creará la agencia para la evaluación de la calidad de los servicios y las políticas públicas, que jugará un papel fundamental en la tarea de mejorar la
calidad de nuestro gasto público. Asimismo, el plan Conecta contempla nuevas inversiones para continuar con la modernización tecnológica de la Administración, actuando de motor para la introducción de nuevas tecnologías en nuestro país.
Para terminar esta exposición de las grandes partidas del presupuesto haré muy rápidamente algunos comentarios sobre la presupuestación por capítulos. Del total del presupuesto no financiero del Estado, las operaciones corrientes aumentan
un 6,7 por ciento, en línea con el aumento del PIB nominal, mientras que las de capital crecen en mayor proporción, un 9,1 por ciento, lo que explica en gran medida el crecimiento total del 7,6 por ciento del gasto no financiero. Con el objetivo de
mejorar la calidad de los servicios públicos, los gastos de personal activo aumentan en un 8,7 por ciento, pero con carácter general los sueldos de los funcionarios aumentarán en un 3,1 por ciento. El resto del incremento se debe al esfuerzo al que
ya me he referido de incremento de efectivos y aumento selectivo de retribuciones en Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administración de Justicia.
Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan el 5,5 por
ciento, y dicho aumento obedece a la mayor dotación para los tribunales de Justicia y a la mejora de los recursos necesarios para la seguridad ciudadana y la seguridad aeroportuaria. Los gastos de intereses disminuyen un 9,6 por ciento debido a la
evolución de los tipos de interés y a la reducción de los rendimientos implícitos de la deuda. Las transferencias corrientes aumentarán un 11,3 por ciento. El 64 por ciento de este incremento se destinará a las administraciones territoriales. La
aportación a la Unión Europea se incrementa en 825 millones de euros, y el resto del aumento de este capítulo se destina fundamentalmente a financiar los complementos para pensiones mínimas, los nuevos gastos en Radiotelevisión Española, las
diferencias de cambio de autopista de peaje, la Agencia Española de Cooperación Internacional y organismos públicos de investigación y becas.
Las inversiones reales crecen en términos homogéneos un 8,5 por ciento y se destina a atender fundamentalmente las políticas de infraestructura del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Medio Ambiente. Las transferencias de capital
aumentan un 14,4 y sus dos componentes fundamentales serán los programas de investigación y las ayudas para adquisición de vivienda. Finalmente, los activos financieros crecen un 24,4 por ciento. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento
de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, a la política de fomento de la investigación y a las aportaciones a Renfe Operadora y a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre.
Para concluir, señorías, quiero reiterar que estos presupuestos responden a los principios básicos de la política social y económica del Gobierno: estabilidad presupuestaria, incremento de la productividad y mejora de la protección social.
Los presupuestos se cerrarán con superávit y permitirán al mismo tiempo una reducción continuada del endeudamiento público, mejorando los ya positivos resultados que se lograrán al cierre de este ejercicio 2005. El compromiso con la disciplina
fiscal es compatible con una necesaria orientación del gasto público a favor de actuaciones en el campo de la innovación tecnológica, la sociedad de la información o la promoción del capital humano. El objetivo del Gobierno es mejorar la calidad de
las finanzas públicas españolas poniendo el énfasis fundamental en aquellos tipos de gasto con más capacidad para consolidar un modelo de crecimiento económico sostenible, equilibrado y duradero que garantice el aumento de la renta, el empleo y la
cohesión social. El Gobierno se propone aprovechar el buen momento actual de la economía para hacerla capaz de enfrentarse tanto a perturbaciones adversas que puedan presentarse en el futuro cercano, como a los retos que a largo plazo plantea el
envejecimiento de la población. Por todo ello, porque tenemos la firme convicción de que estamos presentando la mejor opción para avanzar en el crecimiento económico y en la creación de empleo, pedimos su voto para apoyar el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado que hoy he tenido el honor de presentarles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Muchas gracias, señorías.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Era la una y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Turno a favor de las enmiendas a la totalidad de mayor a menor hasta un tiempo de 40 minutos. En primer lugar, intervendrá el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para la defensa de su enmienda a la totalidad tiene la palabra el señor Rajoy. (Rumores.) Guarden silencio, por favor.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señorías, estamos celebrando un debate que en las democracias parlamentarias se considera, con razón, el más importante de cada año. Se trata, ni más ni menos, de establecer lo que los ciudadanos
habrán de pagar como impuestos y de concretar el uso que se va a hacer de los mismos. Hasta que se inicia con este debate el proceso de trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, todo es posible: bellas palabras, promesas
generosas y nobles intenciones. Luego hay que cerrar las cuentas, poner los pies en el suelo y escoger. Y aquí no caben disimulos ni retóricas. Todo gobierno, cualquier gobierno se desnuda cuando hace los presupuestos porque esa es su verdad,
esta es la política real. Un debate, por tanto, muy importante. Conviene hacerlo bien y, especialmente, conviene estar seguros de que lo que aquí se decida podrá ejecutarse.
Digo esto porque sobre el debate de los Presupuestos Generales del Estado gravita este año una poderosa incógnita. El mismo Gobierno que presenta hoy en la Cámara, para su examen y, en su caso, aprobación, las cuentas para el próximo año,
ese mismo Gobierno, insisto, impulsa y apoya una proposición de ley orgánica que, de aprobarse, convertiría estos presupuestos en papel mojado en el segundo semestre del próximo año.
(Rumores.-Aplausos.) No es el momento procesal oportuno para
emitir juicios o tratar ahora esa proposición de ley, pero convendrán SS.SS.
conmigo que, salvo que se rechazase en esta Cámara, fuera cual fuese el conjunto de modificaciones que pudiera sufrir, alteraría sustancialmente tanto el capítulo de
ingresos como el de gastos que el Gobierno nos presenta hoy. Me ha extrañado que el ministro de Economía y Hacienda no haya hecho mención esta mañana a esta importante cuestión, porque esta, señor Solbes, es una cuestión clave; es más, yo diría
que esta es la cuestión. Por eso resulta chocante, señor Solbes, que no haya mentado este punto crucial del que depende nada menos que la supervivencia de la función y la labor del propio Ministerio de Hacienda.
¿Sobre qué estamos debatiendo, señor Solbes, sobre unos presupuestos que tendrán una vida aproximada de seis meses o sobre unos presupuestos que durarán todo el año? No es esta una cuestión menor; sin su esclarecimiento es imposible emitir
un juicio fundado sobre este proyecto de ley. Por lo tanto, señor Solbes, le invito a que en su respuesta no ahorre explicaciones sobre esta materia para que podamos obrar con suficiente conocimiento de las cosas. A título de ejemplo, y conocida
su tesis de que el modelo de financiación de cualquier comunidad autónoma tiene que poder ser garantizado a todas las regiones -cito palabras textuales suyas-, ¿está usted de acuerdo en que todas las comunidades autónomas tengan capacidad normativa,
recauden, gestionen e inspeccionen el cien por cien de los impuestos sobre la electricidad, el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos, el beneficio de las sociedades, el IVA o el impuesto sobre la renta de las personas físicas? Dicho de otra manera,
¿está usted de acuerdo con la desaparición del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España por la extinción de las funciones para las que fue creado? (Aplausos.-Risas.) Sí, ríanse ustedes, es que esto es, lisa y llanamente, lo que establece esa
proposición de ley orgánica cuya admisión a trámite ha sido aprobada por la Mesa de esta Cámara. Una proposición de ley que, además, tiene en el líder del Partido Socialista Obrero Español y actual presidente del Gobierno, el señor Rodríguez
Zapatero, a su más entusiasta impulsor y valedor. Y no estamos hablando de hipotéticos riesgos que pudieran derivarse de una subida de los tipos de interés, de un fuerte ascenso del precio del petróleo o de un mayor estancamiento de la economía
europea. Estamos hablando del riesgo, cierto y cercano, de una voladura interna de nuestro sistema fiscal y presupuestario, y no podemos hablar con seriedad y con rigor de los Presupuestos Generales del Estado sin despejar previamente esta
incógnita.
Su señoría me podrá decir que cada cosa a su tiempo y que momento habrá para debatir y enmendar esa proposición de ley. Yo no pretendo anticipar debate alguno y le insisto que, por respeto al objeto específico de esta sesión parlamentaria,
no emito juicio en este momento sobre una cuestión que se verá pronto en este hemiciclo. Es más, si los españoles decidieran, entre otras cosas, que es conveniente liquidar nuestro sistema fiscal y presupuestario, con todo lo que significa, no
tendríamos más remedio que acatar su soberana voluntad.
De lo que se trata ahora es de saber si estos presupuestos que el Gobierno presenta al Parlamento tienen una sólida base de ejecución anual o servirán solo para seis meses. De lo que se trata ahora es de saber si los españoles pagarán los
mismos impuestos y recibirán las mismas prestaciones y servicios durante todo el año 2006 o solo durante un período de este. No estamos, señor Solbes, como usted afirma, en la defensa inmovilista del statu quo; solo estamos preguntando al ministro
de Hacienda del Gobierno de España sobre el grado de sostenibilidad de estos presupuestos. Esta pregunta no tendría sentido si tuviéramos ese grado de confianza, por mínima que sea, que cualquier ciudadano debe tener en su Gobierno y en el
presidente del mismo. Pero el caso es que el presidente hizo una promesa pública muy
solemne desde determinado balcón, ratificada más tarde y refrendada por sus hechos, de que él y su partido apoyarían cualquier decisión que con una mayoría suficiente llegara a las Cortes desde un Parlamento autonómico concreto. (Aplausos.)
Y una lectura de la parte referida al tema de la financiación en esa proposición de ley no deja lugar para las dudas. Por tanto, si el Gobierno coincide con las tesis del señor Solbes y el modelo de financiación de cualquier comunidad autónoma
tiene que poder ser generalizado a todas las regiones y, por otro lado, el señor Rodríguez Zapatero hace honor a su palabra tan solemnemente empeñada, tendremos que concluir que el actual sistema fiscal y presupuestario y el propio Ministerio de
Hacienda tienen sus días contados. ¿O no, señor Solbes? (Aplausos.)
Pues bien, este y no otro es el contexto inmediato en el que se desarrolla el debate de estos presupuestos. Por eso, salvo que el señor Solbes aclare esta situación, a partir de ahora no estaremos celebrando el tradicional debate de
presupuestos, más bien estaremos entregándonos a un mero ejercicio teórico, eso sí, con mayor o menor alegría, según los casos. Repito, señor Solbes, espero que en su contestación tenga a bien despejar esta incógnita para que podamos saber a
ciencia cierta de lo que estamos hablando.
Y ahora, señoras y señores diputados, permítanme un ejercicio de abstracción. Imaginemos por un momento que esa espada de Damocles no pende sobre nuestro sistema fiscal y presupuestario. Imaginemos que podemos iniciar un proceso de debates
y de enmiendas sosegado y constructivo sobre un proyecto más de los Presupuestos Generales del Estado. Fijémonos, en primer lugar, en el escenario económico sobre el que se desarrolla este presupuesto. Nuestra economía, si la medimos en términos
de crecimiento económico y creación de empleo, va bien. Podría ir mejor, pero va bien, especialmente si la comparamos con la de otros países cercanos, miembros como nosotros de la unión monetaria. Crecemos más que la unión monetaria, aunque menos
que el conjunto de la economía mundial. Dicho de otra forma, ganamos peso respecto a nuestros socios europeos y perdemos peso en el mundo. Eso en parte tiene su lógica. Las economías menos desarrolladas, menos maduras tienen un mayor potencial de
crecimiento y están aprovechando, aunque no todas por desgracia, el proceso de apertura de las relaciones económicas internacionales. De igual manera, nosotros avanzamos con más intensidad que los países cercanos con mayor desarrollo y más nivel de
renta que el nuestro. Eso es algo de lo que debemos congratularnos y luchar por que se mantenga en el futuro. El señor Solbes mostraba su satisfacción esta mañana cuando señalaba los datos del crecimiento económico y del empleo. Yo me muestro
ahora tan satisfecho como él, pero le pregunto: ¿Podría citar alguna medida concreta de política económica, alguna actuación de este Gobierno que explique o que haya contribuido a la consecución de estos buenos datos? Y por favor, no me cite, como
ha hecho esta mañana, las famosas cien medidas, de las que la inmensa mayoría no han llegado al Boletín Oficial del Estado y que no son más que unas bellas declaraciones programáticas cargadas de retórica. Lo cierto es que la economía española
crece todavía por encima de la media comunitaria, pero gracias al impulso que se generó por las reformas introducidas en la segunda mitad de los noventa.
Ahora bien, ¿cómo se explica que con estas buenas cifras de crecimiento los ciudadanos valoren cada vez peor la situación económica? Lo detectan todos los estudios, pero por referirnos solo a las investigaciones de un instituto oficial les
citaré los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En doce meses la percepción de los españoles sobre la situación económica general del país ha empeorado notablemente, reduciéndose en un
12 por ciento los que valoran la situación como buena o muy buena e incrementándose a un tiempo en más del 12 por ciento los que la consideran como mala o muy mala, y peor es la evolución de la opinión que los españoles tienen sobre el futuro
económico inmediato, dado que el indicador negativo casi se triplica en 12 meses.
La única explicación plausible para esta separación entre los datos de crecimiento y la percepción de la opinión pública está en la otra cara de la moneda. Por ausencia de los necesarios impulsos correctores que el Gobierno debería haber
tomado, la economía crece con fuertes desequilibrios. Uno de ellos, el de los precios, está en la base del citado incremento de las valoraciones negativas de los españoles sobre la situación económica. Millones de españoles sienten en su bolsillo
cómo los precios suben por encima del crecimiento de sus ingresos. Las frías estadísticas del índice de precios al consumo se convierten en algo cercano, desagradablemente cercano, en la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Estos días estamos
viendo con mucha alarma, señor vicepresidente, lo que está ocurriendo con el sector pesquero; antes fueron los transportistas, los cementeros y los agricultores. Esto es muy preocupante, señor Solbes, revela mucha falta de previsión, y cunde ya la
sensación de que ustedes no han hecho nada: mucha Alianza de Civilizaciones y poca preocupación por los problemas reales de la gente.
(Aplausos.)
A usted no parecía preocuparle mucho esta subida de los precios esta mañana, pero mire usted lo que está pasando en las calles del país del que usted es vicepresidente económico del Gobierno. En marzo de 2004 el IPC mostraba un crecimiento
de los precios, en tasa interanual, del 2,1 por ciento. El último dato del que disponemos lo sitúa ahora en el 3,7 y el Gobierno teme que ronde el 4 por ciento al terminar el año. La diferencia de crecimiento de los precios con el conjunto de
países de la unión económica y monetaria -nuestros principales clientes y proveedores- era entonces de 0,5 puntos; ahora se ha más que duplicado, alcanzando 1,2
puntos. Y el crecimiento de los precios no es solo un ataque al bolsillo de los españoles, es además el factor que más incide en la pérdida de la competitividad. Si nuestros precios suben más que los de nuestros clientes y los de otros
competidores, nos costará más exportar y, por otro lado, se favorecerán las importaciones, con lo que llegamos al otro desequilibrio que compone, junto con la inflación, la cara negativa de la situación económica: el déficit exterior.
El balance de nuestras relaciones económicas con el exterior se ha ido deteriorando de forma progresiva durante el último año y medio -no habló mucho de este asunto usted esta mañana, señor vicepresidente-; durante el pasado año se
incrementó en más de un 50 por ciento sobre el año 2003, y en los primeros siete meses de 2005 lo ha hecho en un 67 por ciento sobre el mismo período de 2004. Es la muestra más palpable de nuestra pérdida de competitividad, que todos coincidimos en
señalar como el talón de Aquiles de nuestra realidad económica. El señor Solbes mostraba esta mañana, como no podía ser menos, alguna preocupación por estas cuestiones, pero se mostraba optimista sobre su evolución futura. Cree el señor Solbes que
son malos síntomas de una enfermedad, pero que, en cualquier caso, es leve, y ahí nos diferenciamos. Nosotros creemos, tanto por su dimensión actual como por su evolución en los últimos tiempos, que nos encontramos ante dos graves problemas que
pueden dar al traste, más pronto que tarde, con nuestra senda de crecimiento económico. Estas son, pues, la cara y la cruz de nuestra realidad: un crecimiento económico que mantiene el vigor del ciclo que iniciamos hace 10 años y unos desajustes
que, de no ponerles remedio, nos sitúan en serio peligro.
Señoras y señores diputados, la perdida de competitividad, el crecimiento de los precios, el déficit exterior, no son catástrofes naturales, como la sequía o los huracanes, tienen mucho que ver con las políticas internas, con la equivocada
orientación de la política fiscal, con la ausencia de reformas económicas adecuadas; en definitiva, con la falta de reacción de los responsables económicos del Gobierno. Si tuviéramos que definir la política económica del Gobierno en este año y
medio, tendríamos que denominarla como un tancredismo feliz. El señor Solbes, encantado y feliz por la herencia recibida, tan radicalmente diferente a la que él mismo entregó ocho años antes, se ha extasiado en la contemplación del momento, se ha
cruzado de brazos y no ha hecho absolutamente nada. (Aplausos.) La política económica del Gobierno es la de aguantar mientras dura y, si las cosas se ponen feas, ya vendrán otros a arreglarlas, como ocurrió en 1996. (Rumores y protestas.) Y
además, para su tranquilidad, les digo que estamos dispuestos. (Risas.) El equipo económico del Gobierno aplica la vieja máxima latina del carpe diem, vive el momento, y se niega a afrontar los retos de futuro, olvidan quizá que carpe también tiene
el sentido de cosechar, lo cual implica que antes ha sido necesario sembrar, cuidar, tener la paciencia de esperar y ver crecer las plantas y sus frutos, y el Gobierno se limita a comerse las frutas que otros sembraron y cuidaron, sumido en la más
atroz de las indolencias. (Aplausos.)
El señor Solbes sabe -lo ha dicho aquí esta mañana- que el modelo económico de España se encuentra ante una encrucijada. El fuerte crecimiento de la demanda interna, sustentada por unos tipos de interés históricamente bajos, puede terminar
si el dinero se encarece.
Desconocemos en estos momentos el cuánto y el cuándo, pero ya casi nadie duda de la subida de los tipos de interés. Tenemos, por tanto, que buscar un nuevo modelo en el que el sector exterior -las exportaciones- asuma un
mayor protagonismo. Y ahí volvemos a encontrarnos con el problema de la competitividad, tan negativamente lastrada por el diferencial del crecimiento de los precios.
Este nuevo modelo de crecimiento exige, pues, reformas, pero ahí nos volvemos a encontrar con el trancredismo feliz. El Gobierno se queda quieto con la esperanza de que las cosas se arreglen por sí mismas. Es más, cuando el Gobierno se
mueve, vamos a peor. Veamos, por ejemplo, lo que implican estos Presupuestos Generales del Estado cuyo proyecto de ley debatimos hoy aquí. Los gobiernos han tenido tradicionalmente tres instrumentos para corregir los desequilibrios -la inflación,
el déficit público, el déficit exterior- mediante políticas a corto plazo. Si empeoraba el sector exterior, se podía devaluar la moneda, fomentando las exportaciones y restringiendo las importaciones, lo que hicieron ustedes dos veces o, mejor
dicho, tres veces en los dos últimos años en que fueron gobierno, hasta el año 2004. Es la política cambiaria. Si subían los precios, se subían los tipos de interés y se constreñía la circulación del dinero: la política monetaria. Pero estos dos
instrumentos, como todos saben, están ahora en manos de una autoridad supranacional, el Banco Central Europeo, por lo que solo queda en el plazo corto la política fiscal y presupuestaria. Por eso es especialmente relevante lo que el Gobierno haga
con sus presupuestos.
Por otro lado, más del 50 por ciento del gasto de las administraciones públicas lo gestionan ya las comunidades autónomas y los entes locales -usted dio otro dato esta mañana-. Pero para que se vea bien la dimensión de este hecho,
recordemos que el gasto dependiente de la Administración Central, excluida la Seguridad Social, representaba hace 10 años el 25 por ciento del producto interior bruto y, según el proyecto de presupuestos, en 2006 será el 13,4, es decir, se ha
reducido el peso casi a la mitad. Es el resultado, como ustedes saben, del proceso de transferencias realizado durante el periodo 1996-2003 en el que gobernaba en España, como ustedes saben, un partido cerrilmente centralista que negaba el
desarrollo del Estado de las Autonomías. El Gobierno dispone, pues, señor vicepresidente, de menos instrumentos correctores y el que le queda tiene menor capacidad de impacto. Esto le obliga a utilizarlo con
mucha mayor inteligencia y decisión si pretende que sea el idóneo para las exigencias que impone la realidad.
Pues bien, como decíamos antes, la política económica del Gobierno caracterizada por la inacción, se vuelve más peligrosa cuando actúa. El mejor ejemplo es este proyecto de ley. El presupuesto para 2006 no despeja ninguna de las
incertidumbres que se ciernen sobre la economía española, ni sirve para corregir los graves problemas que padecemos: inflación, pérdida creciente de competitividad, déficit exterior. Por ejemplo, si admitimos que el actual nivel de inflación es un
problema, un incremento del gasto público, especialmente del gasto corriente, por encima del crecimiento nominal de la economía es como querer apagar un fuego echándole gasolina. Y el señor Solbes lo sabe, pero a él le habían dado instrucciones de
que trajera a la Cámara unos presupuestos de los que pudiera decir: hay dinero para satisfacer a todo el mundo. Aunque sabido es que ese todo el mundo lo componen, de manera muy principal, las exigencias de sus socios parlamentarios del Gobierno.
(Aplausos.) Bien es verdad, señor Solbes, que, por lo que hemos leído esta mañana en los medios de comunicación, algunos simplemente se limitan a pedir que les cambien la Ley Electoral. En fin, si al menos ese incremento del gasto público se basase
en una fuerte subida de las inversiones, podríamos decir que se está contribuyendo a una mejora de la productividad y la cosa, fíjese lo que le digo, hasta tendría un pase, pero lo cierto es que la inversión pública crecerá en términos homogéneos en
un 6,4; es decir, por debajo del crecimiento nominal de la economía. Y eso aceptando los datos homogéneos por la cesión de recursos hidráulicos a la Junta de Andalucía, porque el incremento de inversión real del sector público estatal, incluyendo
las grandes empresas inversoras (ADIF, AENA, Puertos del Estado y esa nueva empresa de carreteras que ustedes han creado), será solo el 5,1 por ciento.
Además, en el anexo de inversiones a los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno reconoce que solo en el sector público empresarial y fundacional dejará de ejecutar unos 2.000 millones de euros respecto a lo que estaba inicialmente
previsto. Es decir, que no solo se dedica poco crecimiento al gasto dedicado a la inversión, sino que además no se ejecuta en su totalidad. Y la mayoría de estas ejecuciones corresponden a obras e inversiones licitadas por el anterior Gobierno. A
ello hay que añadir que las cifras de licitaciones en 2005 son francamente preocupantes. El Ministerio de Fomento licitó, en los 12 meses transcurridos entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, un 11 por ciento menos que en el mismo período del
año anterior, y ello teniendo en cuenta que en los 12 meses precedentes se produjo el traspaso de poderes, con la lógica paralización de inversiones. Las cifras del Ministerio de Medio Ambiente son aún peores: un 32 por ciento menos de licitación.
En resumen, se presupuesta poco, se ejecuta menos y no digamos lo que se licita.
Señor vicepresidente, si el incremento del conjunto del gasto público consolidado crece en un 7,3 y las inversiones lo hacen en el ya citado 6,4, lo que quiere decir que las mayores subidas se producen en el gasto corriente, salvo que hayan
cambiado los manuales de economía, eso no contribuye a atenuar el crecimiento de los precios, sino más bien lo contrario. Dicho de otra manera, estos presupuestos impulsan la inflación y no la frenan.
Señorías, veamos ahora el capítulo de ingresos. Se fija el incremento de los ingresos tributarios en un 10 por ciento. Recuerden que el crecimiento nominal de la economía está previsto por el Gobierno en un 6,6 por ciento. Conclusión:
crece la presión fiscal. Suben dos impuestos especiales, el del tabaco y el del alcohol, lo que contribuirá a un mayor repunte inflacionista. Como ven, muy adecuado para servir de corrector de los desequilibrios de los que antes hablábamos.
Permítanme en este punto una cita, un compromiso que se completa con otro de igual importancia y expresado con idéntica claridad: El Gobierno no incrementará la presión fiscal. Discurso de investidura del señor Rodríguez Zapatero, 'Diario de
Sesiones', 15 de abril de 2004. La claridad es evidente y el grado de incumplimiento también. Por segundo año consecutivo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero incrementa la presión fiscal. Señoras y señores diputados, a pesar de esta fuerte
subida en el capítulo de ingresos, la no menos fuerte en el capítulo de gastos hace que el saldo presupuestario sea pobre. Si dejamos a un lado la Seguridad Social, el Estado tendrá un déficit de 4 décimas del PIB. Fíjense el contrasentido que
representa que el Gobierno prevea un déficit en sus cuentas públicas cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en proceso de debate en este Parlamento, establece que cuando la economía crezca por encima del 3 las cuentas habrán de cerrarse con
superávit por cada una de las administraciones públicas. Pues bien, la previsión de crecimiento del PIB es del 3,3 en términos reales y, sin embargo, se mantiene el déficit del Estado. Buen ejemplo se le está dando a otras administraciones que, en
aplicación del viejo refrán que ya cité aquí en otra ocasión, si el alcalde se lleva los pinos, qué no harán los vecinos. (Rumores.), lógicamente pueden sentirse legitimados para deslizarse hacia déficits crecientes, y usted hoy encima, señor
vicepresidente, con estos datos hace una apelación a la responsabilidad de las autonomías en su intervención de esta mañana.
(Aplausos.) Si incluimos la Seguridad Social, la previsión para el presupuesto consolidado es que en 2006 acabe con un
superávit del 0,2 del PIB. Todos los expertos coinciden en la conveniencia de haber llevado este superávit muy por encima, en previsión de los tiempos que vienen y por el favorecedor efecto en la corrección de los desequilibrios estructurales.
Pero ya se sabe, hay que dejar contentos a todos, es decir hay que conseguir los apoyos parlamentarios al precio que sea, y con esos condicionantes es imposible realizar la política que demanda este
momento concreto. Sin medidas correctoras el ajuste se acabará produciendo, pero de forma más traumática. Claro es que el Gobierno ya tendrá preparado para entonces una cabeza de turco a la que culpar del desaguisado. Señoras y señores
diputados, ante todo esto el señor Solbes tiene el corazón partido. Como ministro de Economía, por las dramáticas experiencias que le tocó vivir en los años 1993-1996, más su paso por la Comisión Europea, es consciente de la dificultad del momento
y debe estar hondamente preocupado, pero como ministro de Hacienda se le ve un hombre feliz: cuanto más suban los carburantes, más impuestos se recaudan; cuanto más crecen las importaciones, más impuestos se recaudan; cada punto de inflación, mil
doscientos millones de euros más ingresos. Feliz ministro de Hacienda al que los desequilibrios de la economía, sus más graves males, le permiten recaudar más; ahora bien, recuerde, señor Solbes, de momento, solo de momento.
En cuanto a sus previsiones, señor vicepresidente, le digo lo mismo que el año pasado, no las voy a poner en cuestión, ni siquiera la del precio del barril de petróleo. En el debate de octubre de 2004 le dije: por no discutir, no voy a
cuestionar ni siquiera sus previsiones para el precio del barril de petróleo; no lo voy a cuestionar. La previsión que ustedes hicieron era entonces de 35 dólares por barril para este año, y la verdad es que han sufrido un pequeño deslizamiento al
alza del 70 por ciento, pero, en fin, no es cuestión de ponernos a discutir sobre apuestas de datos futuros. Del futuro no, pero del presente sí. En su cuadro macroecononómico se habla de las previsiones para este año en el que estamos, 2005, al
que le faltan solo dos meses para terminar. Ni en el crecimiento del gasto público, ni en el deflactor del PIB, ni en las exportaciones, ni en la aportación negativa del sector exterior al crecimiento del PIB, ni en el crecimiento de la
productividad presentan unas cifras que sean compatibles con los resultados ya conocidos de contabilidad nacional del primer semestre del año. Lo mas chocante es lo que hacen con las cifras de la productividad. En octubre pasado decían que este
año crecería un 0,9; ahora la rebajan hasta el 0,6, pero la contabilidad nacional dice que en el primer semestre creció al 0,2, y para hacer creíble este 0,6 (estamos hablando, no lo olviden, de la famosa productividad) se ven forzados a bajar a
martillazos las previsiones del crecimiento de empleo para este año. Supongo que se trata de que queden bien los señores Sebastián y Rodríguez Zapatero, que tanta matraca nos dieron con la productividad en su momento. (Aplausos.) Las cosas no se
pueden hacer así; no se pueden hacer trampas. Insisto, señor vicepresidente, en que no voy a discutir sus previsiones para el año próximo, pero como estén hechas como las que hacen para este año, cuando ya han transcurrido diez meses, estamos
aviados; así de claro se lo digo.
En fin, señorías, no quiero cansarles en exceso. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Gracias. Estos presupuestos son el ejemplo de una ocasión perdida. Tendrían que haber servido para corregir los graves problemas
que padece la economía española (inflación, déficit exterior, creciente pérdida de competitividad), pero en lugar de eso tienden a agravarlos. Señoras y señores, el Gobierno nos dice que con estos presupuestos se afrontan los problemas reales de
los españoles, por ejemplo en materia de vivienda. Se presume de un porcentaje de crecimiento del gasto en este asunto, pero se oculta que la partida inicial es exigua por ser este Ministerio, el de Vivienda, un ministerio incompetente;
incompetente porque lo que en otro tiempo fueron sus funciones ahora están transferidas a las comunidades autónomas. No vayan a creer que lo califico de incompetente por las actuaciones de su titular (Rumores.); no es ese el caso. Por cierto,
hablando de vivienda, desaparecido el Gobierno -se acuerda, señor Rodríguez Zapatero- que hacía de la especulación y el culto al ladrillo el eje principal de su política ¿cómo van los precios de la vivienda? Según los últimos datos el precio medio
de la vivienda es hoy un 23 por ciento más caro que cuando ustedes llegaron al poder (Rumores.), lo que no está nada mal, dado que bajar los precios lo convirtieron en su objetivo prioritario. (Aplausos.) O se nos habla de los espectaculares
incrementos en los gastos dedicados a educación cuando, lo sabe usted, señor vicepresidente, el 91 por ciento de los gastos educativos los realizan y sufragan las comunidades autónomas. Por cierto, está bien que la Administración central suba su
pequeña partida presupuestaria en esta materia, pero sería bueno que no olvidara que el sistema educativo necesita más dinero -¡claro que sí!-, pero sobre todo ¿sabe lo que precisa? Cordura en sus normas legales; en ese terreno creo que vamos por
muy mal camino, por no hablar del capítulo dedicado a la investigación, el desarrollo y la innovación. Sobre un tema tan serio, tan necesario para la mejora de nuestra competitividad deberían ustedes hacer la menor demagogia posible. No sé a quién
pretenden engañar, pero ¿podría decirme, señor vicepresidente, para qué incrementan esta partida si este año no van a gastar ni el 50 por ciento de lo presupuestado? Estas trampas en el solitario solo pueden obedecer a un motivo: la propaganda,
por muy falaz que esta sea. Son solo tres detalles de la manipulación informativa que se hace con esos presupuestos, pero podría llevarme toda la tarde citar otros ejemplos.
Nada nuevo bajo el sol. Lo hicieron el pasado año, lo hacen este y lo
volverán a hacer el que viene si es que para entonces tenemos Presupuestos Generales del Estado. Poco más, señorías. El Gobierno debía haber aprovechado la bonanza económica para empezar con estos presupuestos una reforma profunda que ayudara a
solventar los graves problemas que representan la pérdida de competitividad, el déficit exterior y la inflación. No lo ha hecho y esta es su responsabilidad, como también lo es haber puesto
en marcha un proceso de inestabilidad institucional que puede ser mucho más dañino para nuestra economía, además de para nuestra convivencia, que todos los demás problemas.
Señorías, pocas cosas pueden expresar con tanta fuerza la existencia de un proyecto común como la elaboración de un presupuesto común, un presupuesto que refleja lo que deseamos hacer juntos, a lo que estamos dispuestos a contribuir juntos y
de lo que esperamos beneficiarnos juntos. Elaboramos aquí las cuentas del Estado como representantes de la voluntad soberana de los españoles porque ellos han decidido que sea así.
Han delegado en nosotros su poder y por eso están dispuestos a
obedecer lo que aquí se resuelva, incluso lo que no les guste. Este debate, pues, materializa la voluntad de conformar una sola nación soberana tal y como acordamos en 1978, una voluntad que ratificamos simbólicamente cada vez que nos reunimos para
discutir uno de los vínculos más sólidos de cualquier sociedad políticamente organizada: los ingresos y los gastos de sus administraciones. En estos momentos, lamentablemente se está cuestionando la voluntad de 1978. Por caminos oblicuos se
pretende, hasta donde se nos permite saber, parcelar la voluntad soberana de los españoles e imponernos un modelo de Estado que responda mejor a la sensibilidad estética y a las emociones privadas del señor Rodríguez Zapatero. Estoy seguro de que
la madurez demostrada por los españoles a lo largo de estos años no consentirá que frivolidades de semejante cariz den al traste con nuestro modelo de Estado y sequen las raíces de lo que constituye nuestra principal riqueza. Esto es lo único que
me tranquiliza: percibir como percibo que los españoles no están dispuestos a renunciar a la única fuerza que les ha permitido, les permite hoy y les permitirá en el futuro conquistar el lugar que se merecen en el mundo moderno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Gobierno, el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Señor Rajoy, quiero agradecer su intervención porque nos da muchos elementos para el debate, el primero su presentación inicial. Le doy la bienvenida al debate del Estatuto; lástima que no sea hoy el día.
(Rumores.-Aplausos.)
Evidentemente, cuando S.S. plantea el tema de cómo van a funcionar los presupuestos de este año mezclándolo con el debate estatutario, parece mentira que un fino jurista y buen conocedor de los procedimientos como es usted sea capaz de hacer una
presentación tan zafia. (Aplausos.) Me he referido en alguna ocasión al debate entre los que querían cambiar y los inmovilistas; nunca me refería a ustedes, aunque si se consideran en ese espacio ustedes sabrán por qué. No voy a entrar en el
debate de fondo (Varios señores diputados del Grupo Popular: No, no.-Rumores.) porque me parece un poco contradictorio que usted diga -cito textualmente-: No voy a anticipar el debate por respeto a esta Cámara, y me pida que yo sí lo haga.
(Aplausos.)
Vamos a entrar en el debate que nos corresponde hoy, que es el tema de la política real y que son los presupuestos (El señor Hernando Fraile: ¿Vas a tener otros ingresos?). Su señoría parte de que es el debate fundamental de cada año,
estoy absolutamente de acuerdo; su señoría nos pide que expliquemos con detalle lo que vamos a hacer y por supuesto lo voy a hacer con mucho gusto. Su señoría comparte conmigo una idea y es que la situación económica y de empleo va bien; hasta yo
utilizaría esa frase, aunque no me gusta utilizarla porque creo que siempre hay problemas y no conviene ser tan tajante; pero, en fin, ya que usted la ha utilizado, utilicémosla. Esto le sirve para decir a continuación que hay un problema de
medidas de política económica que no existen y de falta de confianza. Cada uno puede mirar el vaso como prefiera. Usted dice que las cien medidas no existen. Únicamente voy a hacer referencia a tres, cuatro, cinco, las financieras. El régimen de
emisiones está aprobado; el real decreto sobre oferta pública de ventas está remitido al Consejo de Estado el 22 de septiembre; la Ley del Mercado de Valores está remitida la Consejo de Estado en esa fecha; la facilitación de operaciones
financieras con garantía está aprobada; la modernización de la Ley de Capital Riesgo está en el Senado; la reducción de las tasas de la CNMV está en el Senado y el desarrollo de la normativa que permita la creación de mercados secundarios está
finalizando el plazo de audiencia pública.
(Rumores.-Aplausos.) Si quiere usted seguimos con las otras noventa y cinco medidas para llegar al resultado final.
Ustedes han creado un mundo ideal consistente en que nada existía cuando ustedes llegaron en el año 1996, todo se crea a partir de ese momento y evidentemente nada existe después y el resto vivimos de lo que ustedes hicieron. (Aplausos.) Yo
no estoy totalmente de acuerdo con esa tesis que algunos han utilizado; algún colega mío escribió algún artículo sobre el adanismo político, y yo creo que ustedes siguen pecando de adanismo político. Vayamos al tema y vayamos a los temas de
confianza. Usted me dice: Hay una importante falta de confianza en el país; utiliza datos del CIS, posición de los empresarios. Son datos a tomar muy en consideración.
Yo le doy otros datos, si a usted le interesa, que también tienen un cierto
interés. Le doy un dato de hoy de la Agencia Efe, esta mañana: Confianza de los empresarios repunta el último trimestre gracias a la inversión. El primer párrafo dice exactamente: La confianza de los empresarios en la evolución de la economía se
incrementa en 6 puntos en el cuarto trimestre de 2005 respecto al trimestre anterior hasta alcanzar los 11,8 puntos debido a
las mejoras de las expectativas de inflación. Posiblemente esto también lo tenían ustedes previsto antes de perder las elecciones, pero da la casualidad de que se produce ahora. (Aplausos.) Podemos hablar de otras cosas; podemos hablar,
por ejemplo, del diferencial de los bonos de interés a diez años, que en general para el mundo económico es un indicador bastante sólido. Ustedes lo hicieron bastante bien, redujeron el diferencial con Alemania de los bonos a diez años, pero nunca
consiguieron estar por debajo de los bonos a diez años; aproximadamente llevamos un año por debajo de los bonos a diez años alemanes. El hecho de que, por ejemplo, todas las agencias de rating nos califiquen como triple A tal vez tiene algo que
ver con los temas de confianza. Podemos citar algunos elementos más, pero creo que estos ya son una buena muestra de lo que estamos hablando.
A su señoría le preocupan mucho los precios y yo le he dicho esta mañana que a mí también; le preocupan los precios como si los precios no hubieran existido antes, pero también han existido antes. Su señoría sabe que el mínimo diferencial
que ustedes tuvieron con la zona monetaria fue de 0,9; ahora estamos al 1,2, es verdad. Estamos en el 1,2 como consecuencia de una evolución de dos factores especialmente significativos, que han sido la evolución de los precios del petróleo y la
evolución de los precios de los productos de la alimentación. Por ejemplo, le voy a dar unos datos que a lo mejor pueden ser de interés.
¿Ustedes recuerdan que el petróleo estaba en el año 2002 a 26 dólares? ¿Recuerdan la inflación de aquel año?
El 3,6. Actualmente estamos hablando del 3,3 de media, aunque la de septiembre sea del 3,8.
¿Recuerdan ustedes la inflación subyacente aquel año? El 3,9. ¿Saben de qué inflación subyacente estamos hablando este año? El 2,7. Hablando de
diferencias de la inflación subyacente, en aquel momento estábamos en el 1,4 y ahora estamos en el 1,2, pero hay un elemento adicional interesante. Cuando hablamos de estas diferencias con la Unión Europea ¿recuerdan ustedes cuáles eran las
diferencias de crecimiento en el año 2002? Eran 0,9 puntos a nuestro favor. ¿Cuál es nuestra diferencia de crecimiento en estos momentos? Es 1,2 puntos. Si quieren hacemos el ejercicio con los años siguientes, que creo que son muy ilustrativos,
para ver de lo que estamos hablando cuando nos referimos a estas cosas.
Voy a leerle algo que también puede serle de interés a su señoría. ¿Sabe usted cuál es la inflación en este momento en Estados Unidos, país mucho más abierto que nosotros? El
4,7. ¿Sabe usted cuánto ha subido el impacto de la energía? El 6,9, por tanto ha aportado el 1,9. Dicho de otra forma, no estamos hablando de situaciones teóricas, estamos hablando de situaciones reales con problemas concretos. Por tanto, a
partir de ahí tenemos que pensar que hay un diferencial de inflación con la Unión Europea que sigue siendo aproximadamente alrededor del 1 por ciento, en algún momento algo más, en otros momentos algo menos; evidentemente ese diferencial de
inflación es el mismo en el pasado que en la actualidad, con ligeras variaciones. Su señoría saca una preocupación mayor y dice: Esto es muy grave para la competitividad. Sí y no; es decir, la aproximación simplista de que la competitividad
depende única y exclusivamente de la evolución de la inflación creo que no es correcta.
Su señoría sabe que la competitividad depende también de otros factores.
Es verdad que la competitividad se puede medir de muchas formas, pero midámosla por
ejemplo por precios a la exportación. Si lo vemos con precios de la exportación no hay una caída de la competitividad española en los últimos años a pesar de ese diferencial de un punto. Vemos que desde el año 1999 hemos aumentado el 25 por ciento
la exportación y somos el segundo país en el volumen del aumento de exportación, después de Alemania. Cuando vemos cuál es nuestra cuota de participación de la exportación en el comercio internacional, era el 2 por ciento y ahora es el 1,95,
tampoco es para rasgarse las vestiduras. Si calculamos los costes laborales unitarios vemos que la exportación los está absorbiendo.
Sí, es cierto; hay un punto que me preocupa, y es que están bajando los márgenes de los empresarios, y es
importante que los empresarios ganen dinero para poder seguir exportando. Por tanto, creo que hay que trabajar para avanzar en este sentido, pero no saquemos las cosas de quicio y demos a cada cosa su importancia.
En cuanto al déficit exterior, este es un tema que me interesa especialmente. Yo creo que es un tema que vale la pena ver. La exportación aumenta menos, la importación aumenta mucho; hay un problema de competitividad; hay un problema de
déficit en cuenta corriente. Por tanto, se llega a la conclusión, como dicen los libros de texto de economía, de que estamos en una situación difícil. Comparamos mucho, por ejemplo, con lo que sucede en Estados Unidos. Respecto a Estados Unidos
hay dos diferencias muy importantes, y las van a entender enseguida: primero, que no estamos en una zona en la que nosotros somos titulares de la moneda única, somos cotitulares con otros; de ahí la importancia a la que usted se ha referido del
tipo de cambio en la política monetaria. Y en segundo lugar, y es muy importante el problema americano, hay un exceso de inversión respecto al ahorro, que prácticamente es inexistente en Estados Unidos. En España la situación es radicalmente
diferente. Creo que hay algunos datos que nos explican muy bien lo que está pasando. Es cierto que la exportación crece menos, en parte como consecuencia de la mayor demanda interna que también afecta al crecimiento de la importación, pero también
la exportación crece menos porque nuestro mercado fundamental es la zona euro que está en malas condiciones. Es cierto que hay un turismo que se ha comportado mal hasta los últimos meses, aunque ahora vuelve a comportarse bien. Hay unos españoles
más ricos que salen más al exterior y, por tanto, el saldo neto en turismo se ha reducido. Hay
unos inmigrantes que están en nuestro país y que llevan a cabo salidas al exterior. Hay una inversión extranjera que ha tenido una cierta caída respecto al año tope 2003, año máximo, pero que luego ha mejorado. Si le interesa la inversión
extranjera podemos hablar de ella con detalle, pero en cierta medida se está recuperando. Hay, sin embargo, un cambio sustancial de la financiación de nuestro déficit exterior por entradas en inversión en cartera en estos años. ¿Qué es lo que está
sucediendo en realidad? Lo que está sucediendo en realidad -es muy fácil de explicar- es que, si el déficit por cuenta corriente nos da fundamentalmente el diferencial entre inversión y ahorro en una economía, en España la inversión es mucho mayor
que nuestro ahorro, pero es mucho mayor nuestra inversión que en el resto de Europa y mucho mayor nuestro ahorro que en el resto de Europa. Si vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado la formación bruta de capital desde el año 1999 hasta ahora,
España ha aumentado su formación bruta de capital en un 25 por ciento mientras que Alemania ha caído en un 7,7 por ciento, la unión monetaria ha aumentado en un 5 por ciento, Estados Unidos ha aumentado solo en un 12 por ciento.
Si analizamos qué
sucede entre la tasa de inversión respecto a la evolución del PIB, vemos que la unión monetaria tiene una inversión del 20 por ciento del PIB. En España esa inversión es del 27 por ciento del PIB y nuestro ahorro es una no despreciable cifra del 22
por ciento, mientras que Alemania tiene un ahorro del 20 por ciento, Francia del 19 por ciento, Reino Unido del 14 por ciento y Estados Unidos del 15 por ciento; y estamos hablando de ahorro público y privado, porque también hay un ahorro público
que está cooperando. Me puede usted preguntar si todo esto es por el boom inmobiliario y la especulación de la vivienda.
No, es cierto que en estos momentos el boom de la vivienda tiene una importante participación en nuestra inversión total, pero
también somos el primer inversor en Europa fuera de vivienda, con un 12 por ciento. Eso es lo que nos explica el tema de cuenta corriente, y por eso esta mañana no le he dedicado demasiada atención, pero si a S.S. le interesa, estoy dispuesto a
que sigamos hablando de ello cuando usted quiera.
Su señoría ha hecho referencia a la herencia recibida. Las herencias tienen siempre activos y pasivos y S.S. lo conoce muy bien. Dice que recibieron una herencia muy mala; es verdad, hasta cierto punto. Puede que yo la recibiera peor
que ustedes en aquellos momentos. En el año 1993 la situación era mucho más difícil que en el año 1995. Que yo recuerde, en el año 1995 teníamos un alto déficit público, pero habíamos producido, como usted bien ha dicho, no dos sino tres
devaluaciones, que después vinieron muy bien una vez que entramos en la unión monetaria; empezamos a corregir la evolución del déficit público y en el año 1996 ustedes se encontraron -recién llegados al Gobierno e incluso sin haber hecho el
presupuesto- las cosas mejoradas, lo cual demuestra que no siempre es solo el presupuesto el elemento clave para que las cosas mejoren; hay otros elementos que son fundamentales. (Aplausos.) Lo que fue clave en aquellos años fue el saneamiento de
la economía que se produjo a un coste altísimo como consecuencia de la crisis. Evidentemente, el punto de partida no era bueno pero se habían puesto los cimientos para que las cosas empezaran a marchar mejor. Yo siempre he dicho que esa famosa
frase, que a ustedes les gustaba mucho, de que no se cumplía ningún criterio para entrar en la unión monetaria y con nosotros se han cumplido todos, y es cierta, habría que completarla diciendo que nosotros dejamos el tema al noventa y tantos por
ciento y que ustedes dieron el salto del noventa y tantos por ciento al cien por cien. (Aplausos.) Les guste o no les guste, esa es la realidad y eso es lo que sucedió. Estoy dispuesto a aceptar los elementos positivos de su herencia, pero si
quiere que los acepte me permitirá que cite alguno negativo. Por eso, le puedo citar Izar, le puedo citar Televisión Española, le puedo citar el período en el que no adaptaron los costes energéticos a la realidad y que nos está generando ahora
problemas graves desde el punto de vista de la competitividad. También le puedo citar Kioto, la falta de actuaciones medioambientales, es decir, si quiere hacemos un paquete global y hablamos de temas del pasado pero creo que no es el objetivo de
hoy.
(Rumores.) Encantado, cuando ustedes quieran hablamos.
El modelo económico está en una encrucijada, sí, pero no ahora, estaba ya cuando llegamos nosotros. En ese sentido no hay nada distinto. Su Señoría me dice que hemos perdido dos instrumentos, el tipo de cambio y la política monetaria, y
solo nos queda la política fiscal, que es insuficiente. Eso es discutible. Le voy a hacer dos consideraciones.
Primero, si ustedes recuerdan, en el modelo que ustedes tenían de estabilidad no se hablaba de superávit, se hablaba de déficit cero,
por tanto, aplicando su modelo estarían peor, sobre todo si en su modelo -como ustedes decían- el déficit del Estado se podía compensar con el superávit de la Seguridad Social. Si aplicásemos su modelo, la situación sería claramente peor que la
actual.
Dejemos los debates un poco bizantinos sobre la ley de estabilidad y vayamos al tema de fondo. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Es la política fiscal una política que está suponiendo un impulso, desde el punto de vista expansivo, a la
economía? Lo que he hecho ha sido que mis servicios me analicen exactamente dónde estamos en términos de impulso fiscal, considerando la evolución del potencial de crecimiento de nuestra economía, y los datos me dicen que, tanto en 2005 como en
2006, estamos, sobre la base de los ingresos del presupuesto inicial, en una situación prácticamente de neutralidad. Estaremos encantados de pasarle los estudios porque son los que están reflejando la realidad. ¿Se podía ir más lejos en una
política fiscal más restrictiva? Sí, pero, ¿le parece razonable ir más lejos en la reducción de deuda pública que 3 ó 4 puntos al año? ¿De verdad,
con las carencias que este país tiene, esa es la solución que ustedes plantean? Me parece que tal vez no sea una buena idea. Creo que el equilibrio que hemos pretendido -que tiene que ver con los socios parlamentarios, siempre las mayorías
exigen que se tome en consideración sus puntos de vista, pero evidentemente es el presupuesto que nosotros hemos diseñado-, da como resultado un presupuesto que pretende establecer unas condiciones y una calidad del gasto público altas. Le doy una
cifra, el gasto podía ser menor, pero el incremento en operaciones corrientes respecto a 2005 es del 6,7 por ciento; el de las operaciones de capital, no solo el de las inversiones, es del 9,1 por ciento, en parte son del Estado y en parte de las
comunidades autónomas. Por lo tanto, la calidad del gasto público es alta.
Vayamos a operaciones corrientes, si S.S. quiere que hablemos de eso.
¿Está usted en contra de que aumentemos la financiación de la justicia? ¿Está en contra de que aumentemos los servicios de seguridad del Estado? ¿Está en contra de que
avancemos en la puesta en marcha del ejército profesional? Creo que es muy fácil decir que no se está de acuerdo con los gastos, pero es muy bueno decir en qué gastos no se está de acuerdo.
(Aplausos.) Ese es un punto fundamental para clarificar
de qué estamos hablando.
Respecto a las licitaciones de fomento y de medio ambiente, de acuerdo con mis cifras, es verdad que el año pasado no se hizo al cien por cien, específicamente en medio ambiente porque se cambió el diseño de la política medioambiental, pero
no veo el problema que S.S. ha planteado.
¿Hemos aumentado la presión fiscal? Depende de lo que usted entienda por presión fiscal. Si presión fiscal es ingreso total dividido por población, posiblemente las cifras puedan salir ligeramente superiores, pero si usted analiza conmigo
cuáles son las medidas que hemos adoptado -porque no me dirá usted seriamente que los incrementos de tabaco y de alcohol han aumentado la presión fiscal, estamos hablando de 220 millones de euros- si no hemos modificado la normativa quiere decir que
ese aumento en los ingresos solo es consecuencia de uno o de dos factores: primero, que el país es más rico y en un sistema progresivo de IRPF se aporta más, o, segundo, que lo hacemos mejor y estamos recaudando más impuestos y luchando mejor
contra el fraude. (Aplausos.) Yo creo que esa es la conclusión a la que habría que llegar en esas condiciones.
Voy terminando. ¿Estoy preocupado como ministro de Economía y Hacienda? El ministro de Economía y Hacienda, y estoy de acuerdo con usted, siempre es una hidra de dos cabezas: le gustaría hacer más cosas que tendrían razón económica, pero
no se lo permiten hacer las limitaciones presupuestarias.
A partir de ahí, S. S. ha hecho exactamente el mismo planteamiento que el año pasado. Dijo el año pasado: No voy a intervenir en las previsiones, pero no estoy de acuerdo en esto, en esto
y en esto. Su señoría entonces dijo lo del precio del petróleo -lo ha vuelto a repetir hoy- y dijo que todo sería una catástrofe. Le recuerdo textualmente sus palabras: Será el tiempo, en el debate que tengamos el año que viene, quien dirá si
usted tenía razón o no, lo único que puede añadir ahora es que no hay nadie, ningún organismo, ni siquiera la Unión Europea en el día de ayer, que comparta sus propias previsiones macroeconómicas. Seguía diciendo: Ya he dicho que son sus
previsiones, usted es el responsable. También dijo usted muy taxativamente: Yo no me creo que usted vaya a liquidar el presupuesto con superávit. Usted no se lo creía el año pasado, pero yo le puedo asegurar que este año liquidaremos el
presupuesto con superávit.
(Aplausos.) Además, nuestro problema no es únicamente cerrar el presupuesto con un claro superávit, nuestra idea es más ambiciosa, es que nos gustaría cerrar con superávit también el Estado, no el total; el total por
supuesto que va a cerrarse con superávit, un altísimo superávit.
Reconozco que el tema de la productividad es difícil y complejo, en el que -lo he repetido muchas veces- nunca esperaré resultados de la noche a la mañana. Este es un tema que significa una mentalización de la sociedad, un cambio en las
formas de actuar, ir cambiando lo que podemos hacer. Ni siquiera el presupuesto es el único elemento necesario para poder avanzar y, por supuesto, no es el Gobierno central el único al que le corresponde llevar a cabo actuaciones. Lo que sí puedo
decirle es que lo que está en nuestra mano en cuanto a mejoras de inversiones, en cuando a mejoras en I + D, en cuanto a lo que podemos hacer, lo haremos y acepto con usted que en la educación tenemos muy poquito que hacer. Su señoría aprovecha
otra vez, dentro de su contradicción anterior, para decirme que el sistema educativo necesita más dinero. ¿No habíamos quedado en que lo que hay que hacer es reducir el gasto para no tener tanta presión inflacionista? Una cosa u otra, porque o
reducimos el gasto o no lo reducimos, y si lo reducimos, debemos decir dónde se reduce y no solo dónde se aumenta.
Señor Rajoy, le dije el año pasado que se equivocaban ustedes en el planteamiento. El presupuesto es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto serio, es un presupuesto, yo le diría, en cuanto a su definición básica, moderado en cuanto
al ingreso y en cuanto a las posibilidades de liquidación. Yo no me apostaría con usted, porque no me gusta hacer apuestas, que la cifra de liquidación que le traiga el año que viene será muy claramente mejor a la del año pasado y también mejor a
la de este año.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Su réplica, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, tengo que comenzar mi intervención agradeciéndole que me haya calificado de fino jurista; tiene razón. Desgraciadamente no puedo devolverle el cumplido porque no ha demostrado usted ser un fino jurista, ya que, si no,
no habría dicho que mi introducción en este debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido zafia. Lo siento, pero buscaré un elogio para usted. (Aplausos.)
Señor vicepresidente del Gobierno, le he hablado de un tema muy importante. Le he dicho, y lo sabe, que usted no tiene política monetaria ni cambiaria, que a usted para operar a corto solo le quedan los presupuestos, que los presupuestos de
hoy son mucho menores que los presupuestos que tenía usted en los años 1993 ó 1996, que, por tanto, tiene menos medios para actuar y que puede tener muchísimos menos medios para actuar. Señor Solbes, puede tener muchos menos porque aquí hay una
proposición de ley que dice que una comunidad autónoma recaudará todos los impuestos, es decir, que usted o el ministro de Hacienda no recaudará ninguno. Además esta proposición la han apoyado todos los grupos que respaldan al Gobierno, la ha
promovido el presidente del Gobierno en ese punto concreto. Usted viene ahora a decirnos aquí que del tema más importante que gravita sobre los presupuestos no quiere hablarnos nada, pero usted sí lo ha dicho no hace muchas fechas en un foro
económico, en un foro de un diario nacional, y yo le digo a usted que los 350 diputados de esta Cámara no somos de peor condición que los señores que asistieron al foro económico de ese periódico. Por tanto, yo quiero que me diga usted aquí, en la
Cámara, donde está la soberanía nacional, si ratifica o no lo que dijo en aquel momento.
Usted, además de otras muchas cosas, y solo me refiero a las de tipo presupuestario, dijo lo siguiente. Esta proposición afecta a la unidad de mercado y puede menoscabar el crecimiento económico. Eso lo dijeron usted y el gobernador del
Banco de España. ¿Lo ratifica aquí o no? Usted dijo que el modelo tenía que generalizarse de acuerdo con otras comunidades autónomas. ¿Está de acuerdo o no? Usted dijo que el gravamen de sociedades sobre beneficios no es cedible. ¿Está de
acuerdo o no? Usted dijo que no caben 17 impuestos sobre el valor añadido y que la Agencia Tributaria debía ser estatal y única. Yo quiero que responda aquí a esas preguntas, porque esas preguntas condicionan, y muchísimo, el capítulo de ingresos
y también el presupuesto, y usted es el vicepresidente económico del Gobierno. (Aplausos.)
Asimismo, me gustaría que nos dijese aquí, para que todos pudiésemos actuar con el suficiente conocimiento de causa, si está a favor o no del modelo de financiación que ahí se establece, porque está usted en la Cámara que representa a la
soberanía nacional. Por cierto, también debería decirnos si usted cree que la Lofca se puede modificar o no en un estatuto de autonomía, así como en cuánto se vería afectado el capítulo de ingresos y de gastos de este presupuesto que hoy debatimos
aquí si se aprobara esa proposición de ley. Por tanto, señor Solbes, no me hable de planteamientos zafios, porque este es el asunto más importante y usted tiene la obligación de responder aquí del mismo. (Aplausos.)
Señor vicepresidente, ya le dije el año pasado que no le iba a discutir sus previsiones macroeconómicas y se lo vuelvo a decir este año. Ahora, también le recuerdo lo que acabo de señalarle, y es que no se ha cumplido ninguna: ni el gasto
de las administraciones públicas ni las exportaciones ni el déficit del sector exterior, ni siquiera la productividad, y ya no le hablo del petróleo. Aun así no le voy a discutir nada. Es verdad que el año pasado solo le dije una cosa y usted se
ha referido a ello en su intervención. Le dije que creía que el presupuesto se iba a cerrar con déficit, pero le di un argumento de peso y es que el señor presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, había dicho: Con un Gobierno socialista
no habría superávit mientras tengamos déficit de familias con viviendas, de mayores con plazas residenciales, de escuelas, de becas para estudiantes. Pues bien, o ya no hay déficit de ningún tipo en este tema o es evidente que yo tengo que creer al
presidente del Gobierno. También es verdad que ahora no lo diría porque ya sé el valor que tiene la palabra del presidente del Gobierno.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Señor vicepresidente, usted ha hecho un análisis histórico de la inflación. Yo solo le digo una cosa, yo sí estoy muy preocupado por la inflación y no parece que sea el único. Le he hecho referencia a cosas que ya están sucediendo en este
país en este momento. Usted me habla de estadísticas, me recoge un teletipo de la Agencia EFE y yo le podría traer otro como es la bajada de la producción de automóviles este año en España de un 12 por ciento. Este dato también es de hoy y es muy
preocupante. También le podría recordar que seguramente es la inflación la causante de los problemas que estamos viviendo hoy en España en los sectores, pesquero, agrícola, transportista y cementero, asunto sobre el cual usted no ha dicho ni una
sola palabra a pesar de haber sido requerido por mí en mi intervención primera.
Señor vicepresidente, la vida es muy dura. Usted me habla de las 100 medidas, de las famosas reformas. Lea usted lo que ha dicho el Banco de España sobre este asunto, que ha sido, como siempre es el Banco de España, muy elegante. Es
necesaria una mayor concreción -fíjese, concreción- y profundización de los compromisos adquiridos y acometer simultáneamente otras reformas de mayor calado, que son de vital importancia en el caso del mercado de trabajo.
Actúa usted -lo he dicho antes y lo reitero ahora- con un tancredismo feliz. ¿Me puede explicar cuáles son los frutos del diálogo social? Llevan gobernando año y medio, señor vicepresidente del Gobierno. ¿Cuáles son los acuerdos
importantes referidos al mercado laboral que se han adoptado? ¿Me puede explicar cómo está su
reforma fiscal? Yo le digo que creo que en este momento sería necesario una bajada importante en el impuesto sobre sociedades, sería necesario mejorar el trato fiscal al ahorro, al ahorro de las familias, así habría menos gasto y menos
inflación. Señor vicepresidente, aquí no hay reformas. Usted no puede decir que son reformas las 100 medidas de las que prácticamente nadie habla, ni siquiera usted. Las ha vuelto a sacar aquí ahora a colación en el debate presupuestario porque
tenía que explicar que hacía algo, alguna medida concreta en materia de política económica.
Señor vicepresidente, resumo todo lo que le he dicho antes porque el presidente me llama al orden. Yo he dicho y reitero ahora que la economía española no va mal, pero le advierto que, como en tantas y tantas facetas de la vida, hay que
prever los acontecimientos, hay que darse cuenta de lo que puede ocurrir en el futuro. La inflación, los precios ya empiezan a preocupar a muchas familias, además de que afecten como afectan a la competitividad y también al déficit exterior. Me
parece que hay poca voluntad del Gobierno, mucha inacción y ninguna gana de dar pedales a la hora de abordar los problemas de futuro de la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rajoy. Veo que usted sigue insistiendo en su contradicción. Usted me ha dicho textualmente -y se lo vuelvo a citar- que usted no iba a anticipar el debate sobre el Estatuto por respeto a esta Cámara. ¿Por qué
pretende que yo sí lo anticipe? (Protestas.) Es lo que usted está planteando en estos momentos. Evidentemente, las posiciones que yo he mantenido se han publicado y no tengo nada que objetar respecto a su publicación. No es un problema de que
este foro sea de peor o de mejor condición, el problema es que, como se ha dicho ya en muchas ocasiones en este tipo de debates, hoy es un debate que no toca; cuando toque, no se preocupe, señor Rajoy, que con mucho gusto le contestaré a todas sus
preguntas. (Rumores.)
Respecto al cumplimiento de las previsiones, usted sabe que, por definición, toda previsión está muerta en el momento en que sale porque, a partir del momento en que sale la previsión, lógicamente hay nuevos datos que hacen que se incumpla.
Hay una famosa frase, utilizada por los economistas, que dice que las previsiones o las predicciones son siempre muy difíciles, sobre todo si se refieren al futuro, porque muchas veces ni siquiera tenemos claro lo que ha sucedido en el pasado.
No es bueno tirar la piedra contra otros, como usted ha hecho en éste y en otro caso hoy, sobre las cosas que se han dicho o se han dejado de decir porque, si entramos en esa dinámica, todo el mundo tenemos mucho que aportar. Por ejemplo,
¿prefiere usted el año 2001, el año 2002 o el año 2003 para que le ponga de relieve las contradicciones que ustedes tuvieron en sus previsiones? Por ejemplo, el año 2001, el primero, modificaron el objetivo de crecimiento de la economía cuatro
veces, la primera, en julio de 2000, el 3,6; en abril, el 3,2; en julio, el 3 y el definitivo, el 8. Si quiere usted el 2002, también hubo cuatro previsiones. El tema de las previsiones y de cumplirlas o no plantea problemas y dificultades.
En cuanto a la inflación, claro que me preocupa y claro que estoy trabajando para obtener el mejor resultado posible. La política fiscal va en esa dirección. No nos equivoquemos, en términos macroeconómicos lo relevante para la demanda
agregada no es la posición del Gobierno central, sino la posición de todas las administraciones en su conjunto y, en la medida en que exista una situación superavitaria, es evidente que tendrá un impacto detractor desde el punto de vista de la
economía global. Le vuelvo a decir que en términos cíclicos, estructuralmente ajustados, en estos momentos los cálculos que me dan son de una política fiscal neutral.
Pesca, agricultura, otras cosas. La idea que el Gobierno ha manejado, y espero que la compartan, es que hay que respetar los precios relativos del petróleo. En consecuencia, vale la pena cualquier medida que pueda ayudar a esos sectores y
que no afecte a ese punto fundamental, porque estaríamos cometiendo errores irreparables de futuro, y establecer la discusión para resolver los problemas. Esa es nuestra línea y seguirá siéndolo.
Por último, dice que al Banco de España no le gustan las medidas de dinamización. En unos párrafos sí y en otros no. Por ejemplo, en su informe anual dice que las líneas más generales del nuevo Ejecutivo se adoptan con el plan de
dinamización y luego dice que el primer bloque de medidas que se pondrá en marcha, aunque limitado en su alcance, consta de numerosas actuaciones de carácter social, regulatorio y tributario orientados a facilitar el funcionamiento eficiente de los
mercados. El segundo director de investigación del Fondo Monetario Internacional también dice: Creo que el plan de dinamización que las autoridades han puesto en práctica es especialmente importante. Obviamente, cuando uno no tiene su propia
política monetaria de cambios, necesita seguir de cerca la competitividad interior. Por tanto, como ve usted, hay opiniones de todo tipo.
Sigo convencido de que el presupuesto es el presupuesto que el país necesita en este momento. Estoy convencido de que este presupuesto hará su vida a lo largo del año 2006 y espero, el año 2006 por estas fechas, tener la oportunidad de
seguir discutiendo, yo desde aquí y usted desde ahí, el presupuesto de 2007.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Una breve rectificación. Le responde el vicepresidente y seguimos con el resto de
los grupos porque tenemos todavía mucha tarea por hacer.
Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve.
Quiero que conste en acta mi protesta por que el señor vicepresidente económico del Gobierno no haya entrado a debatir sobre el tema más importante y que más condiciona este debate de presupuestos en su capítulo de ingresos y de gastos. El
que una comunidad autónoma recaude todo el impuesto de sociedades o no, el que recaude todo el impuesto sobre la renta de las personas físicas o no, el que recaude el IVA, el que haya o no una sola Agencia Tributaria no es un tema menor, afecta al
presupuesto de ingresos para el año 2006 y también al presupuesto de gastos. Es la cuestión más importante de este presupuesto y el señor vicepresidente del Gobierno lo ha explicado por la calle, pero se ha negado a dar aquí una explicación, donde
está representado el conjunto de la soberanía nacional, por tanto la voluntad de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rajoy.
Acepto que no soy tan fino jurista como usted, soy simplemente licenciado en derecho. Sin embargo, cuando leo debate de presupuestos, creo que lo que tenemos que hacer es el debate de presupuestos y eso es lo que he intentado hacer hoy.
(Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): A partir de ahí, le repito lo que acabo de decirle en la tribuna: estos son los presupuestos para el año 2006 y estos presupuestos continuarán en
2007 prácticamente de la misma forma que en 2006. No sé si esa respuesta le resulta suficiente o no. Como le he dicho anteriormente, espero volver a exponerlos desde la tribuna y usted rebatirlos desde la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Segunda enmienda a la totalidad, presentada ésta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Duran. (Rumores.)
Señorías, como suele ocurrir siempre, les recuerdo que el debate continúa.
Sería de agradecer que se mantuviera el silencio para que el señor Duran pudiera intervenir con tranquilidad.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente económico del Gobierno, nuestro grupo parlamentario viene a hablarle de los presupuestos, no del próximo estatuto, a pesar de que, por cierto, el interés de que se hable, y cuanto antes mejor, del trámite de aceptación o
no del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña es mucho mayor que el de quien me ha precedido en el uso de la palabra. No obstante, señor presidente, me permitirá, señor Rajoy, que a la vista de alguna de sus afirmaciones añada alguna
observación al respecto, tres en particular.
Nuestro grupo parlamentario no está dispuesto -lo he repetido hasta la saciedad- a que se nos presente, en tanto que coautores de ese proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, como alguien que quiere saltarse las reglas de la
Constitución de 1978. Lo repito y no me cansaré, represento a un grupo parlamentario que desde el primer día ha estado al lado de la Constitución, y no todo el mundo en esta Cámara puede decir exactamente lo mismo. Por tanto, señor vicepresidente
económico, tengo exactamente la misma autoridad yo, en tanto que portavoz de Convergència i Unió, que el señor Rajoy, por supuesto que el gobernador del Banco de España y por supuesto que el Defensor del Pueblo, que creo, dicho sea de paso, harían
mejor en esperar a cuando sea ley y no proyecto para pronunciarse respecto a su contenido.
Segunda cuestión, señor presidente. No está el presidente del Gobierno, pero ya el otro día en la sesión de control lo oí y lo oigo repetidamente. A mí, me parece una falta de respeto a las instituciones y en particular al Parlamento de
Cataluña decir que el Estatuto ha sido aprobado por el señor Rodríguez Zapatero. No, el Estatuto ha sido aprobado por 120 diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, entre los que no se incluye el señor Rodríguez Zapatero, y es una falta de
respeto decir que el Estatuto ha sido aprobado por alguien que ni tan siquiera pertenece a esa Cámara. Después, el señor Rodríguez Zapatero tendrá, en tanto que presidente del Gobierno o mejor en su condición de diputado de esta Cámara, el derecho,
y a lo mejor estimará que el deber, de reformar ese Estatuto, pero mientras tanto la propuesta es de 120 diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña; por favor, que no se manipule para intentar puramente, a costa de nuestro proyecto de
estatuto, erosionar al adversario y sacar cuantos más votos mejor.
Tercera cuestión, señor presidente, si me lo permite. Se hace referencia a que este presupuesto no contempla los gastos o ingresos que modificaría el modelo de financiación en el supuesto de aprobarse tal como está previsto en el proyecto
de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña.
Dos observaciones, señor vicepresidente económico del Gobierno. Si se aprueba el estatuto tal como está hoy, cualquier persona que no quiera echar petróleo al fuego sabe que no va a entrar en vigor
hasta el próximo año como mínimo, cualquier persona sensata que conozca los trámites parlamentarios
sabe que ese proyecto de Estatuto, en el caso de aprobarse tal como está, no va a entrar en vigor el próximo año, es decir, el que en cualquier caso abarca el ejercicio presupuestario cuyo presupuesto estamos debatiendo hoy por primera vez
en esta Cámara. Por tanto, ¿por qué reiterar e intentar hacer creer a la opinión pública que lo que establece el Estatuto de autonomía de Cataluña va a alterar los gastos e ingresos del próximo año?
Segunda observación, es cierto que la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña contempla que los impuestos van a cobrarse y a gestionarse por la Generalitat de Cataluña, pero también es cierto que esa misma propuesta de financiación
subraya que Cataluña no va a pagar los gastos que continúe prestando la Administración del Estado, entendiendo por tal no simplemente el Gobierno, sino la Casa Real, etcétera, y que, en cualquier caso, de esos ingresos Cataluña reportaría a los
ingresos generales de la caja común una cantidad en concepto de solidaridad.
Estando o no de acuerdo con lo que establezca la propuesta del Parlamento de Cataluña, en el caso de aceptarse tal como ha sido aprobada -lo demás es puramente, y lo
subrayo, demagogia-, lo que no conlleva esa propuesta es que Cataluña deje de pagar, y por tanto dejen de ingresar ustedes, tanto en concepto de gasto respecto a los servicios que ofrecerán a Cataluña como en concepto de solidaridad. Señor
vicepresidente, señor Rajoy, es oportuno dejar sentadas tantas veces como sea necesario estas reflexiones previamente al debate de presupuestos.
Entro ya en el debate típico de presupuestos. Siempre se ha entendido que la discusión anual de Presupuestos Generales del Estado constituía el principal debate económico de esta Cámara para contraponer las visiones del Gobierno y las de la
oposición sobre la evolución de la economía. A su vez, solía ser el foro donde el Gobierno marcaba la dinámica de la política económica en su sentido más amplio, presentaba la política económica que pensaba aplicar al año siguiente o incluso lo que
restaba de legislatura y lo ponía en práctica mediante un paquete de medidas.
Pero esto era antes, en la actualidad, el debate presupuestario levanta, al menos a juicio de nuestro grupo parlamentario, muchas menos expectativas. Ciertamente, aquí
se debaten diferentes visiones de una misma realidad económica, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a exponer también su visión en torno a cuál es la situación de la economía española. Pero el debate -lo reconocerá, señor
vicepresidente- nace mucho más debilitado en lo que se refiere a propuestas de futuro o respecto a las medidas y actuaciones que deberían permitir a nuestra economía ser más competitiva y crecer mejor. ¿Por qué nace debilitado este debate? En lo
que se refiere a propuestas de futuro en este proyecto de ley no hay una sola medida de futuro para la economía española. El Gobierno decidió suprimir el pasado año el proyecto de ley de medidas -ley de acompañamiento- que cada año acompañaba,
valga la redundancia, los Presupuestos Generales del Estado y sin medidas de acompañamiento no hay, a nuestro juicio, posibilidades de incorporar a los presupuestos un conjunto de propuestas dinamizadoras capaces de corregir los errores y los
problemas que aparecen en nuestra economía o de impulsar, y de forma ágil, medidas de futuro que nos permitan ser más competitivos. Le pondré un ejemplo, señor vicepresidente. Hace un año, cuando el Gobierno renunció al proyecto de ley de medidas,
manifestó que era -leo textualmente- preciso legislar mejor a través de leyes sectoriales. Pues bien, dos meses más tarde -mes de febrero- el Gobierno aprobó un plan de medidas de mejora de la productividad. De todo aquel plan de medidas -al que
se ha hecho antes referencia-, a 25 de octubre de 2005, día de hoy, únicamente está vigente el Real Decreto-ley de Reformas Urgentes, que en vez de ser tramitado como proyecto de ley, como entendía lógico nuestro grupo parlamentario, fue tramitado
como real decreto legislativo y convalidado en el Congreso de los Diputados sin más debate parlamentario. ¿Es esta una buena forma de legislar? ¿Considera el Gobierno que esta vía mejora la tramitación parlamentaria respecto a la presentación de
un proyecto de ley de medidas, es decir, ley de acompañamiento? Particular y colectivamente -como grupo parlamentario- creemos que no, que perdemos la oportunidad de dar celeridad a la acción de gobernar. Aparte del real decreto-ley, en el mes de
febrero el Gobierno también aprobó tres proyectos de ley de medidas de mejora de la productividad. Transcurridos ocho meses, los proyectos de ley, como ustedes saben, siguen su trámite parlamentario sin estar todavía vigentes. En consecuencia,
debemos manifestarle que este Gobierno, el que usted representa, ha demostrado tener en este sentido mayor lentitud de actuación en política económica que todos los gobiernos de la democracia.
Permítanme que entre en otro capítulo: presupuestos como balance de la actividad del Gobierno. Si los presupuestos no contienen propuestas de futuro, habrá que valorarlos desde la perspectiva de lo que reflejan; es decir, desde las
partidas de ingresos y gastos que contienen que no eran contempladas en ejercicios anteriores. Estos son los segundos presupuestos que presenta este Gobierno, que presenta usted, señor vicepresidente, y deberían -creo que no lo hacen- reflejar los
principales cambios de políticas sociales y económicas puestas en marcha por el Gobierno con relación a los periodos anteriores. En este sentido la presentación de los presupuestos no es más que la presentación de un balance de lo que se ha hecho
durante un año o de lo que se ha hecho incluso durante la legislatura. Si se hubieran hecho, por ejemplo, leyes sociales los presupuestos reflejarían un incremento del gasto social.
Como no ha sido el caso, con puntuales excepciones, como la
compatibilización de la percepción de pensiones de viudedad con el SOVI, de la que nos sentimos promotores como Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el incremento de gasto
social de estos presupuestos es muy moderado. Si existiera una política integral de apoyo y protección a la familia y de fomento de una natalidad que nos es absolutamente necesaria para garantizar el mantenimiento a medio y largo plazo de
nuestro sistema de bienestar, estos presupuestos recogerían los incrementos de créditos necesarios para atender las prestaciones por hijos a cargo de la familia, la conciliación de la vida laboral y familiar, o la especial protección de familias
numerosas. No es el caso. No hay, por tanto, medidas concretas en favor de la familia. Si se hubiera hecho una ley de la dependencia, estos presupuestos reflejarían las correspondientes partidas presupuestarias para dotar las prestaciones de
atención a la dependencia. Como la ley de la dependencia todavía no ha sido presentada, las dotaciones que incluyen los presupuestos corresponden únicamente a planes piloto o a previsiones con muy pocos visos -lo subrayo- de ser ejecutadas. Si se
hubieran hecho leyes para estimular el crecimiento económico habría partidas presupuestarias destinadas a dotar las correspondientes medidas, pero en este caso, como la actividad legislativa ha sido escasa, el reflejo presupuestario es también
escaso. Así podríamos hablar tres cuartos de lo mismo respecto a que si hubiera habido, que no las hay, medidas activas para mejorar la calidad del empleo estarían reflejadas en un incremento de los gastos en servicios de intermediación o de
formación profesional; si hubiéramos atendido a la justa demanda de los trabajadores autónomos, también tendría un reflejo en estos Presupuestos Generales del Estado.
Cuando la política fiscal cambia los presupuestos se refleja en el apartado de
ingresos y a menudo también en el cuadro macroeconómico, pero tampoco es el caso, señor vicepresidente. La reforma fiscal que el Gobierno debía presentar en el primer trimestre de este año en el contexto de los grandes ejes del plan de
productividad todavía no se ha presentado, por lo que, en absoluto, va a ser aplicable en el año 2006.
Más allá del análisis específico de los porcentajes de crecimiento de las diferentes partidas presupuestarias, a las que me referiré, lo cierto
es que estos presupuestos no aportan ni novedades ni cambios sustanciales respecto a los presupuestos del año anterior, y los presupuestos para 2006 mantienen la misma tónica, ya que en estos cerca de dos años de responsabilidad ustedes han puesto
prioridades en iniciativas políticas, alguna de las cuales no hemos compartido -o no he compartido en singular-, las respetamos, pero han dejado los temas económicos al albur del puro ciclo de crecimiento económico.
Permítame que analice ahora los presupuestos y la situación de la economía española a finales de 2005. Las diversas intervenciones de SS.SS., ministro y vicepresidente, han glosado la buena situación de la economía española. Así resulta
más notorio cuando se compara con economías de países de la zona euro. La economía española creció el 3,1 por ciento y según el Gobierno va a crecer el 3,3 el año 2006, con amplia creación de empleo en ambos ejercicios y un significativo incremento
de la formación bruta de capital. Es una posición favorable y envidiable para muchos países, sin embargo, no hay analista económico que se quede solo con esta lectura de la situación de la economía española. (La señora vicepresidenta, Chacón i
Piqueras, ocupa la Presidencia.) Todo el mundo hace objetivamente una lectura dual en la medida en que, junto a estos aspectos positivos, sin duda, el futuro económico de España tiene riesgos y riesgos graves.
Permítame que, en nombre de nuestro grupo parlamentario, le enumere, a nuestro juicio, cuáles son esos riesgos. La inflación. Mantenemos una inflación del 3,7 por ciento, cuando el objetivo europeo es del 2 por ciento. Prácticamente
tenemos el doble de inflación que en Europa. Que nuestros precios crezcan un poco más que en Europa un año no sería problema alguno, pero que esto ocurra un año detrás de otro, es algo grave para nuestra economía. Segundo riesgo, el déficit
exterior. El año pasado -vamos a las cifras concretas, señor vicepresidente- nuestras exportaciones crecieron un 3,3 por ciento, mientras que las importaciones lo hicieron un 9,3 por ciento. Ya ha dicho usted que es producto del fuerte empuje de
la demanda interior. Usted sabe que no es simplemente consecuencia de la demanda interior. Sabe usted también que no es bueno para nuestra economía que el crecimiento económico se fundamente simplemente en la demanda interior y en el buen
funcionamiento del sector de la construcción. Esas no son buenas bases, no son bases sólidas para el futuro de nuestra economía.
Nos dice usted que las exportaciones para el 2006 van a crecer un 1,2 por ciento mientras que las importaciones crecerán un 6,6 por ciento; es decir, las importaciones, señor vicepresidente, lo que importamos de fuera, crecen cinco veces
más que las exportaciones, que la capacidad de nuestras empresas para exportar, para vender fuera. Sé que conoce perfectamente lo que significa esta situación, que no es buena, que no se puede tener un buen sector de servicios; que no hay que
renunciar, señor ministro de Industria, a una capacidad industrial de nuestro país, a una capacidad potente, innovadora y exportadora. Nuestro país no puede ser únicamente un destino turístico de Europa. Como consecuencia de esa realidad que acabo
de recordarle está el déficit comercial exterior español que este año ha aumentado en un 40 por ciento. Acudamos al informe de Naciones Unidas, World Investment Report 2005, sobre la inversión directa extranjera en España cuando señala que en el
año 2004 cayó un 28 por ciento, y cuando añade que esta caída en picado se ha agudizado en los dos últimos años desde que usted está en el Gobierno, sin que podamos observar, al menos a nuestro juicio actuaciones de política económica y comercial
destinadas a cambiar esta tendencia, esta orientación.
Tercer riesgo, el empleo. Sé que prevén -no se sorprendan que lo señale como un riesgo- la creación de
más de 450.000 empleos. Yo le pregunto, señor vicepresidente, ¿cómo justifica -a algo de ello se refirió ya el señor Rajoy- que no sea el empleo un riesgo y que nos quedemos simplemente con la lectura positiva de ese crecimiento de 450.000
puestos de trabajo cuando cualquier encuesta del CIS, de cualquier medio de comunicación, refleja siempre y constantemente que el primero o el segundo de los problemas de los ciudadanos españoles es precisamente la ocupación? El 55 por ciento de
los encuestados en la última encuesta del CIS reflejaba que su principal preocupación era esa y no otra. La cuestión, señor vicepresidente, está en que el mercado laboral no funciona y en que somos el país con más empleo precario de los países
desarrollados. No lo dice el señor Duran i Lleida, no lo dice el portavoz de Convergència i Unió, sino la OCDE y lo constata una gran mayoría de jóvenes y mujeres de nuestro país que no trabajan con mínimas garantías de estabilidad.
Cuarto riesgo, la innovación. Un titular periodístico de la semana pasada: España es un 20 por ciento menos rica por falta de inversión en I+D. Es un titular, pero es la cruda realidad. La batalla para competir internacionalmente se
fundamenta en los bajos costes y en la aportación de un elevado valor añadido. Conocerá el señor vicepresidente por sus responsabilidades anteriores, por su actual conciencia y por la importancia que da a cualquier dato que suministre la Unión
Europea, el informe Eurostat sobre la nueva economía de la Europa de los Quince cuando hace un seguimiento y compara la situación de los países, de los quince miembros de la Unión Europea, a efectos del grado de cumplimiento de los objetivos de la
cumbre de Lisboa. El informe divide a los países en tres grupos según su capacidad de innovación. ¿Dónde está España, cuando Europa hace estudio comparativo dónde está España, en qué grupo aparece? ¿En el primero? No, señor ministro. ¿En el
segundo? Tampoco. En el tercero. Ni Champions, ni UEFA, liga regional, ahí es donde estamos, señor vicepresidente del Gobierno, en materia de innovación según -reitero- no el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sino Eurostat en el estudio
al que he hecho referencia.
Los tipos de interés constituyen para nosotros el quinto riesgo de la situación económica, de esa necesidad de contemplar esa visión dual y añadir aquello que es bueno, que ciertamente lo es, a aquello que supone amenazas o riesgos de cara
al futuro. Gozamos de unos tipos de interés excelentes, más bajos que la inflación. Es más rentable endeudarse para consumir que vivir al día y sin endeudarnos, pero esto no es bueno para el país. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Consecuentemente, nuestra economía se verá abocada a un frenazo mucho mayor al que nos correspondería en la medida en que, como ya anuncia más o menos veladamente el Banco Central Europeo, la subida del tipo de interés es un riesgo inminente.
Sexto riesgo, la productividad. Vuelvo a recurrir a datos objetivos que nada tienen que ver con cuáles sean las posiciones subjetivas de nuestro grupo parlamentario. Ranking de competitividad internacional elaborado por el World Economic
Forum: España ha descendido desde la posición 23 hasta la 29. ¿No le preocupa al Gobierno este descenso en materia de productividad, como señala esta referencia internacional? A la vista del proyecto de presupuestos más allá de que me confirme
con la cabeza que sí le preocupa, a juicio de nuestro grupo parlamentario, el Gobierno no refleja esa preocupación en los presupuestos generales para el año 2006.
Si además tenemos en cuenta que no es simplemente del 23 al 29, sino que se indica
que las razones por las cuales España pierde productividad son: deterioro de la misma productividad, falta de competitividad de las empresas, entorno macroeconómico, capital tecnológico o, incluso, calidad de las instituciones públicas, creemos que
estos presupuestos no están a la altura en cuanto a la respuesta a este riesgo concreto que es la productividad.
No quiero entretenerme, pero sí señalarlo. Séptimo riesgo, precio del petróleo. Lo discutimos con usted y con otros grupos el año pasado. Desde esa perspectiva, ya se ha hecho referencia a lo que significa el coste del barril. Por
cierto, los presupuestos contemplan una estimación del precio del barril a 55 dólares, mientras que la previsión de la mayoría de los países comunitarios es de 61 dólares barril. De entrada, hay una diferencia en cuanto a las previsiones, como la
hubo, y el tiempo ha dado la razón a quienes nos oponíamos a los criterios que usted mantenía con pasión, por supuesto ordenada y sensata, respecto a cuál sería el crecimiento del precio del petróleo. Con más inflación pero creciendo, con más
déficit exterior pero creciendo, con más protestas sociales -se ha hecho referencia a algunas de ellas-, nosotros presentamos el precio del petróleo como otro riesgo importante. Señor vicepresidente, no se puede poner hoy un parche al sector del
transporte, mañana otro al sector de la pesca o pasado mañana otro a la sequía.
Hablando de sequía, permítame abrir un paréntesis que nada tiene que ver con la sequía ni, por supuesto, con el Estatuto. Hablamos de sequía y, por lo tanto, de recursos hidráulicos. Sé que el Gobierno no comparte mi opinión, pero le ruego
que sin hacer ruido, aunque no nos conste a nosotros, vayan estudiando el transvase del Ródano, vayan mirando al norte. Al señor presidente del Gobierno últimamente le gusta mirar al norte, y hace bien en mirar a todas partes. Miren al norte
también en materia de recursos hidráulicos, porque será la manera de evitar mirar al cielo para ver si llueve. España tiene problemas que no son coyunturales sino estructurales de sequía y necesitamos agua. La Europa verde es sobrante en agua. No
tiene sentido que no acometamos esa realidad posible de transferir agua del Ródano a España, que no sería simplemente útil para Cataluña, sino que corregiría también los déficit del Ebro para Aragón, que sería útil para el conjunto del Levante
español y, consecuentemente, reequilibraríamos hidráulicamente una
situación crítica que a menudo provoca debates entre diversas comunidades autónomas.
Hablaba antes del paréntesis del precio del petróleo, y le decía que nos daba la sensación de que acabaría pasando factura a la economía española.
Estos riesgos los padece la economía real y pueden afectar negativamente a nuestra economía
sin más dilaciones. Permítame que le ponga un ejemplo.
Si coge la memoria del año pasado de la empresa Seat, podrá ver que sus resultados son francamente buenos, pero sabe que las últimas propuestas de Seat -de esa empresa cuyos resultados del año
pasado son francamente buenos- son la disminución de empleo o de horas trabajadas y salarios en un 10 por ciento. Por tanto, algo sucede. Lo mismo ocurre -antes ha habido una referencia al sector del automóvil en general- con la planta de Opel en
Figueruelas. Por tanto, no seamos tan optimistas, no veamos solo una parte de la situación económica y seamos capaces de entender y de hacer esa proyección, ese análisis dual de la situación económica de nuestro país. Hay una frase catalana, señor
vicepresidente, que entenderá y que traduciré: Qui dia passa, any empeny. Es decir, cada día que pase nosotros continuamos empujando un año. Eso significa que mientras la bonanza va en términos positivos y asegura el crecimiento económico, mejor
no hacer nada y después Dios dirá. Pues no, la frase: Qui dia passa, any empeny no es una buena receta que deba guiar ni la actitud ni la acción política y económica del Gobierno, del cual usted es vicepresidente.
Me permitirá que haga una referencia concreta a la mejora de la productividad y particularmente a lo que se presentó con bombo y platillo el pasado mes de febrero, que tenía -recuerde- cuatro pilares estructurales básicos: reforma fiscal,
reforma laboral, liberalización de la economía e investigación, desarrollo e innovación. No se ha iniciado la reforma fiscal, señor vicepresidente. Hasta esta semana pasada no se habían esbozado los primeros elementos de la reforma laboral. No se
habían presentado hasta el viernes pasado las primeras iniciativas destinadas a promover la investigación y la innovación tecnológica.
Respecto a las medidas de liberalización se ha dado algún paso, pero permítame que los discuta, ya que las
principales medidas han tenido como destinatario, por ejemplo, la liberalización del sector funerario -muy respetable-, la liberalización del sector del tabaco, y de manera puntual diversos aspectos del sector eléctrico, sobre el cual, por cierto,
el ministro Montilla ya ha anunciado que habrá incremento de tarifas después de años de moderación. ¿Qué impacto tendrá esta falta de actuaciones en apoyo de la productividad en los próximos años? Seguramente el impacto será alto y negativo. Así
al menos lo juzga este grupo parlamentario, y por supuesto la responsabilidad será imputable a este Gobierno. Si en España hemos logrado sortear el estancamiento económico se debe en parte -lo decía antes- a los bajos tipos de interés y también al
flujo importante de inmigrantes que se ha incorporado a nuestra actividad laboral, productiva y de consumo, pero la magnitud de este flujo no puede ser permanente. La propia regularización pasada la primavera debería frenarlo, con lo que
consecuentemente nuestra actividad económica y nuestro consumo van a normalizarse y probablemente también va a tener menos alegría en los próximos años.
Hagamos referencia a los gastos e ingresos de estos presupuestos generales. Observamos que el aumento previsto del PIB en términos corrientes es del 6,6 por ciento; el crecimiento de ingresos, un 8,4 por ciento; y de gastos, el 7,7 por
ciento. La primera conclusión es un año más con aumento de la presión fiscal. La previsión de un incremento del 9,8 por ciento para los impuestos directos sugiere que ya va siendo hora de afrontar una reforma fiscal que reduzca los tipos
impositivos. Señor presidente, sabe que hemos presentado una proposición de ley de reducción del impuesto de sociedades cuyo trámite en esta Cámara espero que el Grupo Socialista vote positivamente para que exprese cuál es su posición, porque toda
Europa, especialmente pensando en los mercados de los países recientemente incorporados, necesita -lo han hecho Alemania y otros países- rebajar el impuesto de sociedades en cualquiera de los tipos actualmente establecidos.
Respecto a políticas de gasto, déjeme, aunque sea rápidamente, repasar de forma breve algunas. Gasto en protección social. Permítame una primera afirmación: las pensiones crecen por debajo de la media del gasto general y del gasto social.
Las actuaciones de protección y promoción social se incrementan en un 7,9 por ciento, es decir, el mismo crecimiento de todo el conjunto del gasto. Por debajo de este porcentaje crecen las pensiones y las políticas de fomento de empleo.
Compartimos el planteamiento del Gobierno de incrementar las pensiones mínimas. Hemos estado parlamentariamente intentando mediante iniciativas legislativas -no ante su Gobierno, sino ante gobiernos anteriores- abundar en esta dirección.
Compartimos que se haga por encima del crecimiento de los precios, pero consideramos que es insuficiente. También en cuanto a las pensiones no contributivas. Por otra parte, este es un país -y usted lo sabe, señor vicepresidente- que tiene
una asignatura pendiente, que es la de las pensiones de viudedad, que suelen conformar los niveles más bajos de todos los sistemas de pensiones. ¿Cuál es la causa que motiva que sean esas pensiones las más bajas del sistema? Sencillamente, que la
pensión de viudedad, como bien sabe, se calcula únicamente sobre el 52 por ciento de la base reguladora, mientras que nosotros hemos propuesto que se haga al menos sobre el 70 por ciento de la pensión causante. Prueba de lo que digo es que la
pensión media de viudedad hoy se sitúa en los 450 euros mensuales, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, y hay 735.000 personas que perciben pensiones de viudedad que no llegan a los 370 euros al mes. ¿Alguien cree que se puede vivir
con 370 euros al mes en el año 2006, para el que sustanciamos la posible aprobación de estos presupuestos? SS.SS. compartirán conmigo que nadie puede vivir con 370 euros al mes. Por otra parte, ¿es difícil mejorar esto en el trámite
parlamentario? No lo creo, pero vamos a ver si es posible y el resultado de las enmiendas que se presenten nos va a dar cuenta de ello.
Hablando de gasto, las políticas activas de empleo y desempleo también ponen de relieve que se da mayor importancia a la protección del paro que a estimular mediante políticas activas la generación de empleo. Es algo que nunca hemos
compartido. Por cierto, hablando de políticas de fomento de la ocupación y de cumplimientos o no de lo que son sentencias del Tribunal Constitucional y, por tanto, hablando de quién es fiel o no a la Constitución, hagan el favor, de una vez por
todas, de transferir a las comunidades autónomas el Forcem; lo incumplió durante años el Partido Popular y lo incumplen ustedes. Quienes quieren dar lecciones de constitucionalismo y de cómo se interpreta la Constitución incumplen flagrantemente
sentencias del Tribunal Constitucional, en este caso respecto a la transferencia del Forcem, porque la sentencia no dice, como ya se prevé por parte de su Gobierno, que participen las comunidades autónomas en la gestión de ese dinero destinado al
Forcem; dice que eso le corresponde a la comunidad autónoma, no que la comunidad autónoma participe en la gestión de acuerdo con el Estado o que sea el Estado quien deje participar a las comunidades autónomas.
Ley de dependencia. Lo dije antes, ¿dónde está la ley de dependencia? ¿Saben lo que incluyen estos presupuestos para la ley de dependencia y saben cuánto costaría realmente la aplicación de lo que podría contener y contemplar una ley de
dependencia que diera respuesta al problema que tienen las personas mayores, las personas necesitadas de una respuesta justa, de una vez por todas, a su realidad? El marco de este objetivo dice que en el informe económico y financiero que acompaña
a los presupuestos se ha incluido para el año 2006 una dotación de 100 millones de euros. Un día leí un artículo que decía: Hemos duplicado la partida en apoyo de la dependencia. Cien millones de euros. ¿Saben cuáles son las estimaciones del
Ministerio de Trabajo y de otros estudios publicados en cuanto al coste público del sistema de dependencia? Entre los siete mil y los diez millones de euros; es decir, que para este Gobierno este no es un objetivo prioritario para estos
presupuestos.
Respecto a la educación se ha dicho -lo comparto, con un matiz que ahora voy a reflejar- que se incrementa el gasto. Sí, pero es que la partida es muy pequeña, porque el gasto está transferido a las comunidades autónomas. Me gustaría que
se aprovechara ese incremento de gasto para tratar mejor a los maestros, a los profesores, porque son pieza clave del sistema educativo, o para incrementar el concierto de los colegios concertados, que son colegios que garantizan el derecho a la
educación; es más, el derecho a la libertad de los padres a elegir esa educación.
Incrementan en becas. Permítame, señor Rajoy, con toda cordialidad.
¿Usted recuerda que usted y yo firmamos la transferencia de becas a Cataluña por unanimidad de
la Comisión Mixta Estado-Generalitat y que su Gobierno no cumplió con esa transferencia que usted y yo presentamos en rueda de prensa? ¿Cómo se nos puede acusar después de no cumplir la Constitución? Usted, como ministro del Gobierno y presidente
de la comisión de transferencias, y yo firmamos y engañamos a la opinión pública diciendo que transferíamos las becas no universitarias y no las han transferido todavía. Por tanto, felicidades por el incremento de becas, pero me gustaría que lo
transfirieran a las comunidades autónomas, no solo a Cataluña sino a todas las comunidades autónomas. Felicidades por el incremento de partidas para el Ministerio de Justicia, esperemos que realmente sean suficientes. No puedo compartir el
incremento de gasto en agricultura, menos después de un año de sequía notable; me parece completamente insuficiente. Me parece insuficiente lo que hay en previsiones de apoyo a la industria. En comercio, turismo y pymes hay mejoras, pero a
nuestro juicio son insuficientes. Hablé ya de lo que implica el apoyo a la inversión y desarrollo de la investigación. Y permítame que acabe con un capítulo específico respecto a la inversión en infraestructuras en Cataluña.
El presidente Maragall, que es presidente de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat, dijo respecto a los presupuestos del 2005: son un año perdido para Cataluña. Pues bien, respecto a lo que es inversión en infraestructuras en Cataluña,
estos presupuestos son otro año perdido para Cataluña. Hace un año, todas las fuerzas parlamentarias, incluso las que apoyaban al Gobierno, lo consideraban así; al menos el presidente de la Generalitat. Si a esta realidad de que estos
presupuestos significan exactamente lo mismo le unimos el hecho de que las obras de construcción del tren de alta velocidad se encuentran prácticamente en el cénit de su ejecución, con unas inversiones que representan prácticamente la mitad del
total de la inversión que efectúa el Estado a Cataluña, llegamos a la conclusión de que el 2006 va a ser un segundo año perdido para la inversión en Cataluña. Expliquemos también esto con pedagogía a la ciudadanía del conjunto del Estado español.
Expliquémosle que se invierte cada año menos en Cataluña y que en cualquier caso siempre se ha invertido por debajo, no ya de lo que aporta Cataluña a España, al PIB, sino por debajo del número de la población. Expliquémoslo, porque quizás esto
ayudará a entender algunos planteamientos de mejora de la financiación y de demanda de mayor inversión pública en Cataluña, en lugar de hacer completamente lo contrario, como están haciendo algunos.
Si por otra parte, y usted lo conoce mejor que yo, el recorrido de cualquier presupuesto, cualquier obra o previsión de obra a partir del diseño, estudio de impacto, proyecto, licitación, expropiación y ejecución, es más o
menos de ocho o diez años, me reconocerá que si estamos dos años con nuevas propuestas de inversión, ya estamos en cualquier caso dilapidando dos años también respecto al futuro. Me dirán que esto lo corregirán a través de enmiendas que se
puedan presentar a lo largo del trámite parlamentario. Pues no me lo creo. El año pasado también se dijo así y al final no fue exactamente esa la realidad definitiva. Le voy a recordar una enmienda. La principal enmienda efectuada a lo largo del
trámite presupuestario por los partidos parlamentarios que apoyan y soportan al Gobierno fue respecto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Entonces lucieron algunos que habían conseguido 36 millones de euros, que comportaba fuertes
inversiones, todas ellas necesarias para el plan de cercanías, para el corredor del Mediterráneo, para el soterramiento de las líneas de ferrocarril, entre otras. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con esa famosa enmienda que lucían había sido el gran
éxito en el trámite parlamentario? Que esa inversión no ha sido ejecutada ni va a poder ser ejecutada. Porque según afirma su Gobierno, señor vicepresidente económico, en una reciente respuesta parlamentaria, la enmienda estaba mal hecha, sin que
nadie hasta el momento hubiese tenido la lealtad de advertirlo a quienes la impulsaron y, consecuentemente, aquel teórico supuesto incremento de gasto o de inversión pública en Cataluña ha quedado absolutamente en nada.
Me referiré a otro caso local pero que clama al cielo: la inversión de 10 millones de euros para la variante de Vallirana. Se suspende la obra y no se sabe cuándo va a volver a empezar, ya que los insuficientes estudios geológicos
impiden...etcétera. Hay otro aspecto a tener en cuenta, que no es culpa de su Gobierno pero sí de los partidos políticos que le apoyan y que singularmente gobiernan en Cataluña; me refiero a lo que se introdujo en la tramitación del proyecto de
ley de modificación del Plan Hidrológico. En ese proyecto había 1.092 millones de euros previstos por parte de su Gobierno para gastos en materia de obras hidrológicas en Cataluña. Pues bien, se presentaron enmiendas apoyadas por Esquerra
Republicana, por Iniciativa per Catalunya, y esas inversiones, a cambio de la garantía de seguir teniendo financiación europea, han sido completamente reducidas hasta un máximo de 640 millones de euros. Nos alegramos de que el cuarto cinturón tenga
una previsión económica. No sé si realmente va a haber apoyo parlamentario. Sabe usted, señor vicepresidente, sabe el Grupo Socialista, que, si les falta, van a tener el nuestro, como lo han tenido siempre, para sacar hacia delante una
infraestructura que consideramos vital para Cataluña y para su propia actividad industrial.
Podría referirme a inversiones en otras circunscripciones. En Lleida, la principal corresponde a la autovía Cervera-Igualada, ya inaugurada por su Gobierno, aunque debiera haber sido inaugurada por el Gobierno del presidente González. (La
señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) Si me lo permite la señora Cunillera, cambio de circunscripción para que no nos peleemos. Hablando de Girona, el desdoblamiento de la N-II recibirá el año 2006 la mitad de la
inversión prevista para el año 2005. No hay inversión para la línea ferroviaria Barcelona-Puigcerdá. En definitiva, como dice la Cámara de Comercio coincidiendo con nuestra opinión, son unos presupuestos negativos para Cataluña, rieras del Maresme
y protección del Delta del Ebro, etcétera.
Señor vicepresidente, creo que no hace falta que siga en esta, que no pretende ser exhaustiva, relación.
Permítame una consideración final y acabo con ello, señor presidente. Los segundos presupuestos de este Gobierno marcan la mitad de la legislatura.
Lo que no impulse este año difícilmente lo va a ejecutar esta legislatura. La economía
crece, es cierto, pero no va bien. El empleo crece, pero no hay plena satisfacción entre los empleados. El país pide impulsos, pide reformas, pide inversión. La estabilidad presupuestaria es importante, pero en momentos de bonanza prefiero un
poco más de déficit y un mucho más de inversión, porque la inversión genera ilusión, genera futuro y posiblemente esto es lo que les falta a estos presupuestos. En definitiva, señor vicepresidente, este Gobierno no tiene otra política económica que
la de ir tirando y afirmar que todo va bien, porque el crecimiento ciertamente va bien. Si no tiene política económica, tampoco puede utilizar, y no utiliza, la política presupuestaria como instrumento de la misma. Recuerde que bajamos en
productividad, que subimos en inflación -estructural, no coyuntural-, que suspendemos en innovación, que el empleo es precario y que contamos con un déficit comercial grave.
Nuestra economía no es competitiva y, utilizando palabras del comisario señor Almunia, vicepresidente de la Comisión Europa, esto puede crear graves problemas económicos a España en el futuro. Usted, señor vicepresidente -y este presupuesto
es la mejor prueba de ello-, ignora las señales de alerta que amenazan la continuidad del ciclo económico favorable que vive la economía española. Les pido que no se arrepientan mañana, sino que actúen hoy. Interesa que lo hagan, le interesa a la
sociedad española, como les interesa a sus intereses electorales, valga la redundancia. ¿Qué es lo que ha movilizado, si no, señor vicepresidente, a la sociedad francesa contra el Gobierno francés? El encarecimiento de la vida, el miedo al paro y
la realidad de la precariedad laboral. Eso es lo que ha sacado a la gente a la calle en Francia contra su Gobierno. Acuérdese, señor vicepresidente, de aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si no
cambian -y concluyo definitivamente-, su política económica, su política presupuestaria, provocarán, a nuestro juicio, esos graves problemas que señalaba el vicepresidente de la Comisión Europea, señor Almunia, a la sociedad y a su partido.
Presentamos esta enmienda a la totalidad y, como sabe, estamos abiertos, en el transcurso del debate parlamentario,
a intentar acercar posiciones y a intentar mejorar, a partir de los planteamientos que podamos convenir como comunes, el contenido de los actuales presupuestos.
Muchas gracias por su atención, señor vicepresidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Duran i Lleida.
Tiene la palabra en su turno de réplica el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Duran i Lleida, empezaré por decirle que comparto su afirmación inicial, ya que hoy hablamos del presupuesto, no hablamos del Estatut.
Habrá tiempo para hablar del Estatut. Comparto prácticamente todas sus consideraciones iniciales.
Su señoría ha empezado con una reflexión que era una especie de preocupación por el viejo modelo de las leyes de acompañamiento. Su preferencia va por ese modelo; no es la primera vez que hablamos de este punto, pero tal vez no hemos
sabido explicarnos suficientemente bien para intentar decir por qué las cosas han cambiado. Cuando el pasado año tomamos la decisión de no poner en marcha la ley de acompañamiento y empezar con el plan de dinamización, lo que estábamos haciendo en
cierta medida era adelantando alguno de los debates que se estaban produciendo en Europa en ese momento, referidos a la necesidad de disponer de planes nacionales de reforma en el ámbito de la Estrategia de Lisboa. Dicho en otras palabras, existe
una especie de consenso comunitario respecto a que sería bueno dejar los segundos semestres del año para el debate presupuestario y los primeros semestres del año para los aspectos que tienen que ver con modernización y dinamización de la economía.
Es cierto que una opción de ese tipo a nivel nacional nos plantea una dificultad, S.S. la ha puesto muy bien de relieve, y es que, siendo más lógico que el debate sobre leyes concretas siga el procedimiento de tramitación normal de esta
Cámara, es cierto que en cuanto a los tiempos se retrasa mucho. Su señoría se ha referido a las leyes de dinamización, que es cierto que, a pesar de los esfuerzos de unos y otros, no se encuentran todavía vigentes y evidentemente no hemos podido
poner en marcha algunos de los puntos fundamentales que nos parecen importantes.
Sin embargo, yo no comparto la tesis de que no hay una política económica. Creo que hay una definición clara de qué pretendemos hacer. Y lo que pretendemos hacer es,
en un marco de estabilidad macroeconómica -y el primer cambio que tenemos es sin duda alguna el de las leyes de estabilidad-, poner en marcha una política que afecte tanto a los factores como a los mercados, a las infraestructuras, al medio ambiente
y a la mejora de la productividad. Cuando se analiza lo que hemos estado haciendo a lo largo del año, todos esos elementos tienen su encaje perfectamente definido en cada uno de esos diferentes conceptos, llámese energías renovables, llámese
modificaciones en el sector eléctrico, llámese normas referidas a los servicios financieros, llámese reducción del consumo energético, llámese plan de infraestructuras o cualquier otra de las medidas de referencia. Por tanto, creo que la política
económica definida y clara está ahí. El modelo es distinto, es cierto, y es verdad que no estamos utilizando alguno de los márgenes que en el pasado se utilizaron para tomar rápidamente decisiones en algún momento determinado. Sin embargo, creo
que podemos discutir en qué medida muchas de esas decisiones se pueden acelerar para que su entrada en vigor se produzca de forma más rápida y no se pierda un tiempo, que yo estoy de acuerdo en que en algunos casos es precioso, sobre la base de su
análisis -que no puedo otra cosa que compartir-, que es que estamos en un buen punto de partida en la situación económica y que hay que utilizar estos años para corregir las deficiencias de nuestra economía, que no son pocas.
A partir de ahí usted ha hecho una reflexión de en qué medida esa política económica se ve reflejada en las políticas de ingresos y de gastos. Desde el punto de vista de S.S., no hay un reflejo específico. Yo discreparía de S.S. Yo creo
que sí hay un reflejo específico, es verdad que en algunos casos de forma muy expresa -llámese el tema de las pensiones de viudedad y de Sovi-, pero en otros no, bien porque no hemos llegado a decisiones concretas, en algunos casos porque no han
sido objeto de negociación entre nosotros, en otros porque hemos adoptado la decisión de dejar ciertos elementos de debate en el ámbito del diálogo social. A mí, como a usted, me gustaría que ese debate en el ámbito del diálogo social culminara
cuanto antes. Me han pasado una noticia a lo largo de esta tarde de una nueva propuesta que podría ayudar a dinamizar la finalización de ese debate, que creo que sería positivo para todos.
Hace S.S. referencia a algunos conceptos que me gustaría aclarar. Uno de ellos es la calidad del empleo, otro es el de los trabajadores autónomos y el último el de la ley de dependencia. Su señoría dice que es verdad que en la ley de
dependencia solo hay 100 millones de euros. Es cierto.
Su señoría dice: los cálculos dicen que harán falta 6.000 ó 7.000 millones de euros. Estamos hablando en un sistema maduro equivalente a los modelos europeos, que tendría la financiación
correspondiente a los utilizadores -en general, el sistema de dependencia tiene una clara cofinanciación con los utilizadores-, que también tendría la aportación de quien tiene la responsabilidad directa en la dependencia, que son las comunidades
autónomas, y un cierto apoyo del Estado. Evidentemente, nunca ese sistema se puede
poner en marcha de la noche a la mañana. La razón. Si analizamos cuál es el sistema actual, en teoría los recursos disponibles para ese tipo de políticas se transfirieron a las comunidades autónomas sobre la base del coste efectivo.
Podríamos lavarnos las manos y decir: no, esta es una responsabilidad de comunidades autónomas, que resuelvan el problema. Yo creo que sería una posición cínica, porque sería no reconocer un hecho evidente, que es que el dinero y los recursos que
se transfirieron para esa política en el momento en que se tomó la decisión nada tienen que ver con la importancia que esa política está adquiriendo en las circunstancias actuales, sobre todo como consecuencia de los procesos de envejecimiento de la
población. Esta es la razón por la que estamos dispuestos a ir adelante en una ley de dependencia, en la que tenemos que ser enormemente cuidadosos con las competencias de las comunidades autónomas, donde radica la responsabilidad fundamental. Esa
ley no está aprobada todavía -su señoría lo ha dicho- y lo que pretenden los 100 millones de euros es empezar a poner en marcha un sistema de programas específicos que nos permitan que, el día que esa ley se apruebe, se pueda poner en marcha de
forma mucho más eficiente. Creo que este es un tema muy importante para todos, porque el sistema de dependencia tiene que definir su perímetro de forma muy correcta para evitar excesos que en el futuro no nos lleven a una financiación insostenible
del mismo.
El tema de las normas de calidad del empleo está en el debate del diálogo social y lógicamente, ahí lo que buscamos, como he dicho en mi discurso de esta mañana, es buscar un equilibrio adecuado entre la temporalidad y la protección adecuada
en términos de despido. Creemos que hay margen suficiente para llegar a un sistema que sea más eficiente que el que actualmente tenemos y nos gustaría que se encontrase una solución a ese problema concreto en las próximas semanas. Si hay una
solución y tiene coste adicional, lógicamente se incorporará al presupuesto, como parece razonable.
Su señoría sabe que el tema de los trabajadores autónomos es mucho más complejo, mucho más difícil, depende mucho de la definición, del control, del sistema de gestión, y yo no me atrevería a avanzar excesivamente en un sistema de esa
complejidad. Preferiría dejar este debate a los responsables de la gestión del tema de los autónomos, dado que es un tema, como S.S. sabe, de importancia mayor. Algunos márgenes existen, se están utilizando ya, pero es muy difícil llegar a una
equiparación total de los autónomos con los no autónomos, por razones financieras, pero también por razones de gestión.
Su señoría ha hecho referencia a la reforma fiscal, y ha dicho bien, aún no presentada. Es cierto. Seguimos pensando de todas formas lo mismo que en ocasiones anteriores hemos dicho. Creemos que en estos momentos el país necesita tomar en
consideración tres elementos, que son el IRPF, que necesita algunos retoques respecto a las rentas del trabajo dependiente, respecto a las condiciones familiares y personales; algo respecto a las exenciones, especialmente los temas del fondo de
pensiones, aunque no tanto en vivienda, y tomar más en consideración abrir el espacio a los temas de dependencia y a elementos de pensiones vitalicias. Creemos -yo estoy de acuerdo con su señoría- que ha llegado el momento de llevar a cabo una
reflexión con detenimiento sobre el impuesto de sociedades. Los comentarios que su señoría ha hecho los comparto totalmente. Hemos pasado de tener uno de los tipos más bajos de la Unión Europea a tener uno de los tipos más altos, pero no olvidemos
que, cuando hablamos del impuesto de sociedades, tenemos que hablar no solo de los nominales sino también de los reales y, en consecuencia, del juego que plantean las exenciones y las deducciones. Y S.S. conoce bien que precisamente ese es un tema
enormemente sensible y que hay que tocarlo con mucho cuidado, para no tener impactos negativos en el sistema que puedan generar dificultades adicionales. Me parece que es importante que nos planteemos toda la complejidad del sistema de los
impuestos medioambientales para el futuro del país. Por tanto, los temas económicos no están al albur de nadie, seguimos las distintas alternativas, las distintas posibilidades, y seguiremos trabajando de acuerdo con lo previsto.
En cuanto a la inflación en España, es verdad que la cifra de 3,7 es una cifra yo diría que mala, incómoda, pero no la comparemos con el objetivo europeo del 2 por ciento. Hoy, la inflación en Europa no está al 2 por ciento;
desgraciadamente está al 2,6, creo recordar. Y también es cierto que lo que es importante es la reducción progresiva de la inflación subyacente. Grosso modo podemos atribuir, del 3,7 actual de inflación, del orden de 0,6 puntos al incremento del
precio del petróleo este año y del orden del 0,9 al impacto de los productos alimenticios no elaborados.
¿Eso qué quiere decir? Que lo lógico es que la caída de la inflación el próximo año sea muy sustancial. Le doy un dato: para mantener la
misma inflación el año que viene que la que tenemos este año tendríamos que calcular un precio del petróleo de alrededor de 100 dólares/barril. Es posible que nuestra cifra de 55 ó 56 dólares se pueda modificar algo al alza o a la baja, incluso al
alza. La sensación que tenemos estos días es que las diferencias respecto a nuestra cifra referencia ahora no son tan significativas. En todo caso no olvidemos que uno de los problemas que plantean nuestras predicciones en precios del petróleo es
que siempre tenemos que trabajar sobre los datos disponibles en el mes de junio, que es cuando se elabora el cuadro macroeconómico, lo que puede dar lugar a discrepancias posteriores, como sucedió el pasado año y ha sucedido este.
¿Cómo se debe
luchar contra la inflación? En mi opinión, con una adecuada política presupuestaria, con un sistema de mercados más flexible, con una mayor competencia y con una adecuada apertura frente al exterior,
lo cual nos plantea problemas a los que S.S. ha hecho referencia y que posteriormente comentaré.
El déficit exterior. Es verdad que, como he dicho antes, cuando analizamos la evolución de las cifras globales en términos de déficit por cuenta corriente no podemos estar satisfechos. Sin embargo, también decía que esto se produce como
consecuencia de la evolución, por una parte, de los costes de la importación y, por otra, de la evolución de una demanda de exportación mucho menor en el ámbito europeo. Hasta los años 2004 y 2005 seguimos teniendo una participación en el comercio
internacional del 2 por ciento. Como decía antes, es cierto que no hay una pérdida de competitividad significativa como consecuencia de la caída de los beneficios de los márgenes de las empresas. Y no es menos cierto que eso debe producirnos una
cierta preocupación, porque esa situación no es sostenible. Sin embargo, de vez en cuando hay alguna buena noticia. Los datos de que disponemos en estos momentos de la balanza de pagos del Banco de España correspondientes al último mes suponen un
cierto cambio en la tendencia. Dicho en otros términos, una cuenta de cuenta corriente y capital y un déficit comercial que estaba cayendo hasta prácticamente el segundo trimestre del año 2005 empieza a mejorar de forma clara en el tercer trimestre
de este año. No es menos cierto que, aunque mejore de forma clara, todavía estamos hablando de un déficit muy significativo, del orden de 4.000 millones de euros/mes. En consecuencia, podemos decir que hay un cierto repunte y un cierto cambio, que
se aprecia tanto en la evolución de la balanza comercial como en la evolución de la inversión extranjera. Le doy un dato. Es verdad que la exportación española en volumen cae un 6 por ciento en los dos últimos meses del tercer trimestre del año
2005, pero por primera vez también cae la importación en volumen, un 2,5 por ciento. Dicho de otra forma, estamos viendo en estos momentos una especie de límite máximo en cuanto a la balanza por cuenta corriente, que lógicamente veremos evolucionar
en el futuro.
En el tema de los servicios, dice S.S. que no es suficiente, que hay que prestar más atención a la industria. No puedo más que estar de acuerdo con esa idea. Algunas cosas estamos haciendo y el propio ministro de Industria ha intentado
poner en marcha algunos planes de acción específicos en sectores tradicionales y no tan tradicionales. No es menos cierto, sin embargo, cuando hablamos del sector servicios, que no estamos hablando única y exclusivamente del turismo. Estamos
hablando también de otros servicios de valor añadido significativos e importantes, que están jugando de forma fundamental en nuestro país. Ahí quiero hacer una referencia también a la inversión directa extranjera, que es verdad que cayó de forma
significativa desde el máximo, en términos de PIB, que alcanzamos en el año 2000. En ese año tuvimos prácticamente un 7 por ciento en términos de PIB, un 5,7 en los años siguientes y ahora estamos hablando de cifras de alrededor del 2 por ciento.
Pero no hay que olvidar que la inversión directa española en el exterior también ha aumentado de forma muy significativa durante esos periodos y en los famosos años en los que recibimos tanta inversión extranjera aumenta más nuestra inversión en el
exterior. Si calculamos, por ejemplo, el diferencial de lo que invertimos fuera y lo que invierten dentro, incluso en años como el 2000 y 2001 -años estupendos desde el punto de vista de la inversión extranjera-, nuestra inversión exterior es
claramente superior y la balanza final es negativa para nuestro país. Todo esto se debe, entre otras razones, al juego de los famosos entes de tenencia de valores extranjeros, que son sociedades que pueden actuar en un país o en otro.
En
consecuencia, cuando hablamos de esas cifras, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para ver cuál es la implicación real. En todo caso, hay datos, como los que S.S. ha puesto de relieve, que yo comparto totalmente. Me parece especialmente
preocupante, por ejemplo, el impacto de la industria del automóvil en este momento. Ese es un tema en el que, tanto el ministro de Industria como yo, estamos intentando ver los márgenes de actuación que tenemos, por otra parte bastante difíciles y
reducidos, dado el contexto de globalización en el que nos encontramos y esa actuación europea global en la que tenemos que respetar las normas de actuación.
Aparte de la inflación y el déficit exterior, su tercer punto ha sido el empleo. Dice S.S. que es un problema de formación y de mercado precario.
Podría estar de acuerdo con las dos afirmaciones. Cuando hablamos de productividad, uno de
los puntos que nos deberían preocupar al ver los indicadores internacionales no es solo que tengamos menos ordenadores, menos conocimiento de informática o menos conocimiento de inglés. Muchas veces tenemos incluso problemas de comprensión lectora
cuando hablamos de los informes educativos respecto a otros países. Y es cierto que si no avanzamos en estos elementos básicos de la educación es muy difícil que podamos obtener beneficios de otro tipo. Pero esto nos lleva a mercados laborales con
una formación relativamente reducida y con dificultades para que esa formación, a lo largo de la vida profesional, pueda irse mejorando. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Mercado precario. Sin duda alguna tenemos la tasa de precariedad más alta de Europa. Sin embargo, en ese punto también hay que introducir, como mínimo, un matiz y es que nuestra estructura productiva, por sus propias características,
facilita la existencia de mayor precariedad que en otros países. Estoy pensando en la agricultura, en la construcción y en cierto tipo de turismo. Sin embargo, a pesar de todo, ni siquiera esos tres sectores son suficientes para justificar la
precariedad que hoy existe en España. Esa es la razón por la que este es un tema fundamental dentro del debate y del diálogo social, en el que nos gustaría avanzar y conseguir resultados para eliminar o reducir de forma sustancial la precariedad.
Innovación. No puedo estar más de acuerdo con usted respecto a sus preocupaciones sobre nuestra posición en Europa. ¿Qué podemos hacer para mejorar la innovación? Grosso modo, cuando hablamos de innovación en Europa y en Estados Unidos,
del PIB utilizado en innovación y en nuevas tecnologías, vemos que más o menos estamos hablando de cifras parecidas, de alrededor del 3 por ciento. Con una diferencia sustancial y es que en Estados Unidos la parte fundamental de esa innovación es
financiada por el sector privado y en Europa es financiada por el sector público. En España estamos en el peor de los escenarios: no estamos en ese 3 por ciento y además no existe tampoco una participación significativa del sector privado, excepto
empresas muy concretas que son magníficas y que tal vez no necesitarían un impacto fuerte, pero que sin embargo no cala en las empresas de tipo intermedio, que son sin duda alguna las que nos van a ofrecer las mejores posibilidades de futuro. Esa
es la razón por la que en toda la estrategia de I+D+i lo que queremos es conseguir dos cosas: primero, llegar en 2010 al 2 por ciento de PIB público en este tipo de actuaciones y, segundo, conseguir que el 55 por ciento de la inversión final en
I+D+i sea privada. Dicho en otros términos, lo que hemos puesto en marcha no es solo dinero, sino toda una estructura de vinculación sector público-sector privado, porque pensamos que hasta ahora ha existido una gran desconexión entre lo que se
hace en la investigación pública y lo que requiere la demanda privada de investigación e innovación para conseguir los efectos previstos.
Se ha referido S.S. a los riesgos derivados del tipo de interés. Sin duda alguna, si me pregunta qué pienso sobre un posible movimiento de tipos de interés en Europa, yo diría, creo que sin riesgo de equivocarme demasiado, que hay que
esperar que el próximo movimiento de tipos sea al alza. Incluso podríamos pensar que, dada la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos y dada, por otra parte, la evolución de la inflación en Europa más las declaraciones que están
haciendo algunos responsables del Banco Central Europeo, esa subida de tipos de interés, seguramente una primera subida, se producirá en un periodo no muy lejano de tiempo. ¿Es mala la subida de tipos de interés? Como siempre en economía, tiene
una doble vertiente. En términos de una economía como la nuestra, con un crecimiento de la demanda interna muy alta y con un tipo de inflación como el que tenemos, pienso que una subida de tipos de interés corregiría parcialmente la existencia de
unos tipos de interés negativos, que sin duda son un elemento fundamental para el incremento de demanda. Y en ese sentido no creo que fuese un elemento necesariamente negativo. Es cierto, sin embargo, que aplicado a sectores concretos,
especialmente al sector de la vivienda, el incremento en las hipotecas puede tener un impacto negativo en este tipo de actividad. En todo caso, cuando hablamos de tipos de interés en el futuro en Europa, hablamos más bien de tipos de interés en
términos de política monetaria del Bundesbank y no del Banco de España en años anteriores. Esto quiere decir que los movimientos serán moderados, reducidos y seguramente dilatados en el tiempo.
En productividad el gran problema con el que nos enfrentamos es que no se puede modificar de la noche a la mañana sino que hay que hacer un esfuerzo durante mucho tiempo, y eso es lo que pretendemos, empezar esa concienciación y ese esfuerzo
para que se puedan conseguir los resultados adecuados. El precio del petróleo -55-61- es relevante, pero no será el tema más importante al final. El tema relevante en precios del petróleo es que consigamos que no se produzcan efectos de segunda
vuelta. Dicho en otros términos, cualquier modelo en el que quien tiene que absorber el impacto del precio del petróleo lo intenta trasladar a un tercero evidentemente genera una espiral inflacionista con unos problemas de ineficiencia para todo el
sector. Esa es la razón por la que hemos adoptado la política a la que me he referido antes sobre sectores específicos, y es evidente que es fundamental que quien utiliza más petróleo reciba un impacto mayor como consecuencia de esa subida. Si no
lo hacemos así y lo hacemos pagar al consumidor, al final haremos más ineficiente todo el sector económico y no conseguiremos los ahorros energéticos en aquellos sectores más utilizadores de energía.
Se pueden hacer más cosas: reforma fiscal, sí, ya se lo he dicho, estamos en ello; en reforma laboral me gustaría llegar a algún acuerdo adicional; integración de mercados mucho mayor, sin duda alguna; yo creo que el tema funerario o el
tema de tabacos son importantes, y estoy de acuerdo con usted en que sin embargo pueden ser más anecdóticos que otros, incluso hay algunos, referidos a la fe pública y a otros, en los que ni siquiera hemos podido avanzar, y veo que las disposiciones
que las Cámaras han adoptado no han ido ni siquiera en las prudentes posiciones que el Gobierno había propuesto. El problema de la I+D+i ya lo he comentado.
Al final habla S.S. de dos problemas: los ingresos aumentan el 8,8 y los gastos aumentan el 7,7 y hay incremento de presión fiscal. Le vuelvo a decir lo que le he dicho al señor Rajoy: si presión fiscal es el ingreso total dividido por
el número de ciudadanos, evidentemente aumenta la presión fiscal; si tenemos en cuenta que no hay ninguna modificación normativa y evidentemente aumentan los ingresos con las mismas normas, quiere decir que estamos luchando mejor contra el fraude
fiscal, con independencia de los efectos consecuencia de la mayor progresividad. En cuanto a políticas de gastos, yo creo que son ambiciosas, pretendemos incluso en algunos casos ir relativamente lejos -mínimos, no contributivas-. Es verdad que en
el tema de pensiones -y yo creo que lo he comentado esta mañana en mi exposición- lo que hacemos es distinguir claramente entre una subida general y una subida específica para los mínimos. En el problema de la subida general lógicamente respetamos
la evolución de la inflación, como
solemos hacer siempre. En el caso de los mínimos, la subida es diferenciada en el caso de personas con cónyuge a cargo y en el de aquellas que no lo tienen, pero en ambos casos sube por encima del 5 por ciento. Por lo tanto, aunque
entiendo que los ingresos al final no son tantos como nos gustaría, son lo que permiten los márgenes financieros actuales.
Política de empleo y desempleo. Con el desempleo se produce una paradoja, y es que tenemos un mayor número de empleados pero al mismo tiempo nos cuesta más el desempleo, y esa paradoja es consecuencia de un factor muy simple, y es que cada
vez hay más gente, precisamente por trabajar más, que tiene más derecho al desempleo y cada vez tienen mayores derechos a cantidades por desempleo, y lógicamente las cifras son la consecuencia de este tipo de modificaciones estructurales.
Educación. Le gustaría un mejor trato a profesores, colegios concertados... Me parece muy bien, es un tema transferido, no es de nuestra responsabilidad. Dice que de acuerdo en Justicia y que le gustaría más en Agricultura. En
Agricultura, en función de las competencias que nosotros tenemos, hemos aportado aquello que creemos que es necesario dentro de un equilibrio razonable, y lo mismo hemos hecho con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde sí hay
actuaciones específicas tanto para sectores industriales como para turismo o para pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a las actuaciones en Cataluña, yo le diría que en nuestra opinión el tratamiento que damos a Cataluña en términos de inversión mejora claramente la situación anterior. La media de los años 1997/2005, respecto a un índice 100, era
del 82,3 por ciento; en el año 2006 está al 91 por ciento. Es verdad que tenemos unas inversiones que, sin contar Medio Ambiente, aumentan el 11,5, y la variación del grupo Fomento es de un 10,5. Si analizamos la inversión per cápita, vemos que
se sitúa a 8,8 puntos por encima del valor promedio del periodo 1997/2005 y es 13,5 puntos superior al promedio del periodo 1997/2003. Junto a eso, podemos discutir si se puede hacer algo más en ferrocarril, podemos discutir sobre la alta
velocidad, si nos permite llegar a Lérida y cuándo, si se prevé la llegada del AVE a Barcelona en 2007 y a Figueras en 2009, qué podemos hacer en cuanto a otro tipo de actuaciones en Medio Ambiente, etcétera. Todos estos son, sin duda alguna,
elementos específicos que se pueden debatir dentro del marco global de inversiones que actualmente tenemos planteado.
Para finalizar le diré que entiendo bien sus comentarios pero no comparto sus críticas. Creo que este es un presupuesto realista que está intentando aprovechar el buen momento del ciclo para ahorrar para momentos difíciles que sin duda
alguna vendrán en el futuro, razón por la que insisto siempre en que un objetivo fundamental de nuestra política fiscal es reducir la deuda pública por debajo del 40 por ciento para todas las administraciones y por debajo del 30 por ciento para el
Estado.
Vendrán tiempos peores necesariamente, tendremos que tener márgenes para afrontar ese momento y creo que lo que hacemos no es una política continuista, sino aprovechar lo positivo que existía en la anterior política corrigiendo no pocos
temas a los que no se había prestado la adecuada atención y conseguir obtener los mejores resultados posibles en un contexto de difícil crecimiento, como en el que nos encontramos en este momento en Europa. Esperamos que la mejora en Europa nos
ayude también a resolver parte de los problemas que actualmente tenemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Duran, su turno de réplica.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor vicepresidente, por sus explicaciones y por sus coincidencias, que son bastantes. A partir de esas coincidencias, notables a pesar de los matices, o usted o yo estamos equivocados en el tipo de
presupuesto que necesita el país en estos momentos. En fin, me quedo con lo expuesto anteriormente y le agradezco sus matices y, por supuesto, sus coincidencias.
Ley de acompañamiento. No es tanto que me preocupe que no exista esa ley de acompañamiento, sino que lo que me preocupa -y usted así lo manifestó- es lo que comporta de retraso en la actuación legislativa en materias sectoriales. Usted
hablaba, y es cierto, de los objetivos de Lisboa y de las previsiones del primer y segundo semestres, etcétera, pero no es que el tiempo sea precioso, es que el tiempo es oro; es que los demás países con los que competimos avanzan en sus reformas
-algunos al menos- y nosotros no. Dicho esto, permítame otra consideración respecto a la ley de acompañamiento. Sin duda, y usted me lo reconocerá, sin ley de acompañamiento lo que hace el Gobierno es ahorrarse muchas enmiendas incómodas de sus
socios, en este caso sus fieles socios, a la hora de votar estos presupuestos, pero cuando les interesa ustedes utilizan instrumentos parecidos a la ley de acompañamiento. Acaba de aprobarse en el Senado una ley sectorial, la Ley del Sector
Energético, y en esa ley llegaron a regular la cotización social de los abogados. Por tanto, no presuman de ortodoxia al no utilizar la ley de acompañamiento para introducir otros elementos que nada tienen que ver con el objeto del debate.
Autónomos. No quisiera que lo de los autónomos fuera un jarro de agua fría, pero acaba de publicarse un estudio de la Comisión de expertos que recoge todas las reivindicaciones de Convergència i Unió -y señaló Convergència i Unió porque es
justo hacerlo en tanto que ha sido el grupo parlamentario que más ha instado esa reforma-, y excepto la de la contratación de familiares, el resto están incluidas en ese informe. ¿Me está
usted diciendo que el coste económico de ese informe o de la ejecución del mismo va a hacer inviable lo que ha dado cierta esperanza al sector de los trabajadores autónomos?
Reforma fiscal: IRPF, sociedades, etcétera. Le tomo la palabra y, por tanto, espero que realmente, señor vicepresidente, tomen en consideración la propuesta de reforma del impuesto de sociedades y que no caigamos en un error, porque, al
margen de deducciones o inversiones, al final el tipo efectivo real español, contando deducciones y exenciones, está muy por encima del tipo que tiene el resto de la economía europea. Está por encima, señor vicepresidente, y usted lo conoce. Por
tanto, no vayamos a decir que rebajamos el impuesto de sociedades, pero después toquemos deducciones o inscripciones y al final nos quedemos igual. Porque precisamente una de las razones por las que nuestra economía no es suficientemente
competitiva es la carga fiscal, que después voy a hablar de ella respecto a estos presupuestos.
Sobre la dependencia, primero, el Gobierno no ha cumplido su compromiso de presentar la ley de dependencia. Segundo, es cierto, señor vicepresidente, que eso no se pone en práctica de un día para otro, de la noche a la mañana, pero entre
los 100 millones y los 6.000 ó 7.000 millones que prevé el Ministerio de Trabajo, quizá requeriría, si realmente es un objetivo y compromiso político de este Gobierno, señalar una cantidad intermedia que permitiera tener esperanza respecto a la
misma.
Sobre la preocupación por la inflación, más allá de la subyacente o no subyacente, yo siempre he aprendido, entre otras personas, de usted mismo cuando era vicepresidente de la Unión Europea, que la diferencia de inflación marca el nivel de
competitividad con los países del mercado de la Unión Europea, y en la medida en que nuestras exportaciones se dirigen, el 80 por ciento más o menos, a la Unión Europea, sé que en una parte importante del pastel al que llegan nuestros empresarios
resulta que estamos capitidisminuidos por la diferencia que comporta la inflación, sea tanta como se dice o menos en función de qué criterios se utilicen. Son el señor Almunia o el señor Rato -al que usted valoró, como yo, altamente cuando se le
hizo una pregunta al respecto al ser designado director del Fondo Monetario Internacional- quienes nos advierten del peligro de nuestra inflación. Por tanto, no es Convergència i Unió.
Recurro a personas más cualificadas seguramente que lo que
usted considerará pueda ser Convergència i Unió.
Respecto a la innovación, considero que tenemos un buen sistema. Ahora bien, hay un problema: ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué solo se han abierto 252 expedientes al respecto en respuesta a una pregunta parlamentaria y que suponen
simplemente unos 155,29 millones de euros? ¿Por qué no se utiliza esto? En primer lugar, porque, a nuestro juicio, hay poca información y porque la Agencia Tributaria ha puesto muchos inconvenientes para que las empresas pudieran hacer uso de
esto. Y si no se utiliza la innovación, en la medida en que no podemos competir en productividad mediante los costes laborales, sino que sabemos que es el valor añadido lo que da la innovación, ahí estamos capitidisminuidos.
Presión fiscal sí la hay. Voy a leerle, señor presidente, no la opinión de Convergència i Unió, sino la del Instituto de Estudios Económicos: La presión fiscal del Estado, según las previsiones contenidas en los presupuestos, vuelve a
incrementarse de forma indeseable puesto que la recaudación crece un punto por encima del PIB nominal, el 7,6 por ciento frente al 6,6 por ciento. Hay incremento de impuestos especiales y de tasas. Por tanto, señor vicepresidente, existe un
aumento de la presión fiscal.
Acabo, señor presidente, y gracias por su paciencia. Incorporo una cuestión: después de tanta coincidencia me gustaría encontrar más puntos de discrepancia. ¿Cómo piensa el Gobierno pagar lo que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal
Europeo de Luxemburgo, le corresponde de devolución de la prorrata del IVA a las entidades sin ánimo de lucro que habían cobrado subvenciones? ¿Con qué calendario y de qué manera propone pagarlo el Gobierno? En cuanto a la inversión en Cataluña,
no me haga juegos de manos con las cifras, señor presidente. La Cámara de Comercio estudia bien estos presupuestos, nosotros también, y dice: La inversión per cápita crece el doble en una cierta comunidad autónoma que en Cataluña y Cataluña está
por debajo de la media en cuanto a lo que es gasto, 414 euros por persona, un 8,2 por ciento menos que la media.
Gracias, señor presidente, por su amabilidad en concederme un minuto y dieciocho segundos más.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe usted, señor Duran, la estima que le tenemos los miembros de la Mesa.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a la ley de acompañamiento y el problema de los retrasos, creo que esto merece un cierto debate entre nosotros en algún momento. Si no somos capaces de que normas de relativa urgencia se puedan adoptar rápidamente utilizando los
procedimientos normales, tendríamos que plantearnos qué hacer en el futuro. Me parece que utilizar el procedimiento del debate presupuestario en función de su rapidez, que muchas veces trae consigo -y hemos visto demasiados excesos en los últimos
años- el debate prácticamente acelerado y las modificaciones de última hora sobre temas de gran envergadura, creo que algo falla. Por lo tanto, yo preferiría que cada tema se discutiera de acuerdo con sus propios méritos y que si lo que tenemos que
hacer es buscar sistemas para que se debatan más rápidamente,
hagámoslo porque será bueno para todos. Usted dice que también nosotros hemos pecado. Yo no pretendo ser perfecto. Tenía un viejo jefe que me decía que un cierto grado de incoherencia es siempre necesario en la vida. Posiblemente el tema
de los abogados es nuestro grado de incoherencia por lo menos en este momento.
Los autónomos. No pretendo echar ningún jarro de agua fría, sino simplemente decirle que no es un tema en el que me pueda pronunciar con conocimiento de causa en profundidad y que prefiero que lo hagan el ministro de Trabajo y el secretario
de Estado de Seguridad Social, que lo conocen mejor que yo.
El tema de los impuestos hay que analizarlo en su conjunto. Su señoría me dice: Si se modifica el tipo y no se tocan exenciones y deducciones no hacemos nada. Yo creo que sí hacemos mucho, y es que a la mayor parte de las empresas de este
país se le reducen los impuestos de forma muy sustancial. Otro problema distinto, y ahí siempre me encontrará usted, es si no tendría mucha más lógica convertir parte de las deducciones que actualmente tenemos en subvenciones directas,
absolutamente compatibles con la legislación comunitaria, lo que nos permitiría controlar mejor su eficiencia y apoyar el proceso de modernización de la economía.
Dependencia. Evidentemente el gran problema es que la ley todavía no está en marcha. Estamos en ello, y cuando esté en marcha podremos decir algo.
Inflación. Yo creo que no hace falta su referencia a personas, dice usted, más cualificadas que nosotros. Yo creo que Convergència i Unió está perfectamente cualificada para decir las cosas que ha dicho y que van en línea con lo que ha
dicho el señor Almunia o pueda haber dicho el señor Rato. Sí es cierto, sin embargo, que la inflación en una unión monetaria, si no hay mejoras de productividad, puede implicar pérdidas de competitividad. Esa es la razón por la que es tan
importante que intentemos mejorar, y además yo creo que cualquiera entiende que si tenemos un producto igual al precio más caro, por razón salarial o de otro coste, evidentemente quedamos fuera del mercado en una unión monetaria, excepto que seamos
capaces de vender, por mayor eficiencia o por mayor capacidad, el producto más caro o producir mejor.
En I+D hemos corregido bastantes cosas. Hemos puesto en marcha programas específicos para vincularnos a los sectores industriales. La idea del Consolider, del Avanz@, del Cénit está dirigida específicamente a empresas y a sectores
concretos, y con estos programas pretendemos poner en marcha una serie de actuaciones concretas. Es cierto, y usted lo ha dicho, que no se ha utilizado demasiado bien en el sistema. Una de las primeras decisiones que tomé hace ya algunos meses es
que la valoración sobre una inversión tecnológica no debería corresponder a la Agencia Tributaria sino al Ministerio de Industria, lo que ya se viene haciendo a lo largo de este año y que espero que nos ayude a utilizar de forma más eficiente y
mejor los fondos.
Yo respeto totalmente las opiniones del Instituto de Estudios Económicos y puedo aceptar que dependiendo de cómo definamos la presión fiscal hay incremento de presión fiscal, pero no me digan seriamente que hay un incremento de presión
fiscal nominal. No aumentamos los impuestos, lo único que hacemos es aumentar en el caso del tabaco y del alcohol 227 millones de euros al año, a comparar con el total de ingresos que recibimos. En cuanto a las tasas, hay un incremento en general
del 2 por ciento. Por tanto, ahí no está el tema. ¿Por qué tenemos más ingresos? Lo he dicho antes y lo repito: porque en la medida en que tenemos un sistema de progresividad, es cierto que con niveles de mayor renta las aportaciones fiscales
son mayores, pero ahí no estamos hablando depresión fiscal sino de que el mismo número de gente con mayores niveles de renta tienen aportaciones mayores. Y, por supuesto, hay un segundo elemento que yo creo que hay que reconocer, y es que está
funcionando mejor la Agencia Tributaria, se está luchando mejor contra el fraude y los ingresos son mayores.
Último tema, cómo vamos a hacer frente a la sentencia de Luxemburgo.
Indudablemente, pagándola. No hay otra alternativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer alguna rectificación, señor Duran? (Pausa.) Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente segundo del Gobierno, señor Solbes, la verdad es que no pensaba que a estas alturas y en nombre de Eusko Alkartasuna tuviera que presentar una enmienda de totalidad. Pensaba que no hubiera tenido que ser así
en la medida en que el año pasado usted mismo reconoció que no eran sus presupuestos cien por cien los de 2005 porque llevaban una serie de cargas y no había podido hacer unos presupuestos como a usted le hubiera gustado. Este año no parece que sea
así, pero en relación con lo que voy a decir, de lo que yo conozco mejor, en definitiva, en lo que puedo representar en una medida, evidentemente no en su totalidad, a un determinado sector de la población, no observamos modificación alguna respecto
a anteriores presupuestos. Y no lo hacemos tampoco en algunos casos respecto a los presupuestos del Gobierno del Partido Popular en relación con inversiones en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Me gustaría tratar tres puntos. Los dos primeros hacen referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y un tercero, en mucha menor medida porque ya se ha citado, a los riesgos de los grandes términos macreoeconómicos o los riesgos que
tiene que afrontar la economía del Estado español en relación con determinadas vicisitudes. El primer punto, que hace referencia a la Comunidad
de Euskadi, trata de los instrumentos jurídicos que tenemos para gestionar unas u otras políticas. Hablamos del ordenamiento jurídico que hay, en definitiva, hablamos de un principio de seguridad jurídica que es una ley. Yo no hablo de
futuribles, como el señor Rajoy, hablo de que hoy día 25 de octubre es el 26º aniversario del Estatuto de Gernika, que a Eusko Alkartasuna le pareció un instrumento realmente bueno. Nunca hemos negado, y nunca lo haremos, lo positivo y lo
importante de aquel acuerdo, materializado a través de una ley orgánica y ratificado por la ciudadanía vasca. El señor Rajoy no tiene que preocuparse de lo que pueda pasar dentro de unos años, sino de qué es lo que pasa con una ley orgánica que 26
años después no está cumplimentada. Habla de cuestiones que claro que hacen referencia al presupuesto. Porque hablar de I+D+i cuando aportamos el 6,24, vía cupo, y nos revierten apenas el 1 por ciento -si es mucho decir 1 por ciento-, o hablar,
por ejemplo, de transferencias en competencias de política penitenciaria -luego hablaré de cómo están los centros penitenciarios-, o hablar de otra serie de cuestiones que faltan por transferir, políticas activas y pasivas, es evidentemente hablar
de instrumento jurídico y es hablar de la subsiguiente financiación que conlleva el instrumento jurídico. Este es un debate endiablado porque yo sé que usted, señor Solbes, saldrá y dirá: Usted tiene su posición, pero no corresponde al debate de
presupuestos, que es lo que siempre se nos ha dicho. Pero curiosamente cuando presento una interpelación para debatir por qué no se ha transferido la inversión en investigación básica y desarrollo tecnológico, la representante del Grupo Socialista
dice que, como no hay que transferir los servicios porque no es necesario, simplemente tendríamos que analizar la correspondiente bilateralidad vía cupo, es decir, en definitiva, vía presupuestos. Si lo presentamos vía transferencia a la
competencia en la Comisión o en el Pleno como una cuestión sectorial y de competencia, no corresponde, es cupo; y si lo presentamos como presupuesto, no corresponde, es debate de transferencias. En definitiva, se trata de quitarse de encima un
tema que es un incumplimiento durante mucho tiempo. A esta diputada le encantaría estar contenta, sonreír, no presentar una enmienda a la totalidad, votar que sí a los presupuestos, pero la verdad es que, me guste o no me guste, la responsabilidad
me lleva a exigir lo que fue un acuerdo y una ley, y la realidad nos dice que por las competencias que no tenemos -algunos nos oyen a lo largo de estos años y nos aburre a todos- por esos instrumentos, por esa financiación, los ciudadanos vascos
estamos pagando -porque alguno creerá que no pagamos por esos temas-, pero no recibimos la correspondiente aportación. Por ejemplo, si hiciéramos unos números globales, observaríamos que aportamos un 6,24 por ciento año tras año para unas
determinadas materias y recibimos apenas un 1 por ciento global. Si uno hace un mero cálculo de restas, es evidente que hay mucho dinero por el cual no estamos percibiendo y que, por el contrario, estamos pagando, y esto tiene que tener
evidentemente una repercusión en los presupuestos.
Además -y voy a la segunda parte de mi argumentación-, podría decirse que el Gobierno del Estado hace una gestión maravillosa en aquellas competencias que por derecho no le corresponden o en aquellas competencias que le corresponden por
grandes infraestructuras o por obras de interés general y, por tanto, está haciendo una inversión ímproba y realmente importante en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero observamos que tampoco ocurre esto, es decir, que no tenemos los
instrumentos de autogobierno, pero tampoco se invierte en grandes necesidades.
Estoy convencida de que me han oído comentar mil y una veces a lo largo de 10 años -y estoy segura de que mis predecesores también- los temas de los que les voy a hablar ahora. Es más, los podrían recitar de memoria, pero lo cierto y verdad
es que al menos desde el año 1996, en el que esta diputada entró en esta Cámara, he tenido -vuelvo a repetir- una vez tras otra las mismas cuestiones, por ejemplo, la de la Y vasca. Desde el año 1993 hay un acuerdo del Consejo Europeo en el que se
dice que una de las redes transeuropeas es Madrid-París vía Dax. No les estoy diciendo nada si entendemos que para bien o para mal la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra en zona transfronteriza y transeuropea en el sentido de corredor
transeuropeo, y es evidente que esta es una cuestión básica a nivel de desarrollo europeo, del Estado español y del Estado del País Vasco. Y sobre este tema, que lo hemos debatido mil y una veces, sobre el que hemos aprobado no sé cuantas mociones,
no sé cuantas proposiciones, para el que han estado consignadas partidas mínimas -todo hay que decirlo- en los presupuestos, nunca se ha hecho nada. Tampoco se ha hecho ningún tipo de gestión por parte de los gobiernos sucesivos, porque desde el
año 1993 coincidimos con Gobierno PSOE, Gobierno PP y otra vez Gobierno PSOE. PSOE-PP-PSOE nos llevan a encontrarnos en el mismo punto de partida que en el año 1993 y, si me apuran, todavía incluso peor que en el punto de partida, porque visto lo
visto y dado que no se hacía nada lo que decidieron las instituciones vascas fue, aunque les costara y no les correspondiera, iniciar las licitaciones para poder tener proyectos y adjudicaciones concretas para empezar por el tramo de Irún. Pues eso
también se recurre. Es decir, no se invierte, no se paga, no se transfiere un instrumento y además se recurre lo que otras instituciones a cargo de su propio presupuesto están haciendo. Es decir, punto cero no, punto menos dos como mínimo. ¿Qué
tenemos hoy en los presupuestos? Me encantaría decir que retiro la enmienda, que han cambiado todo, que presentan un documento en esta Cámara, un cronograma, un plan de ejecución y unas inversiones, pero al día de hoy, y diré que al día de la
cumbre hispano-francesa lo mismo, es decir, no al 30 de septiembre sino al no sé cuántos de octubre, al día de hoy, repito, sabemos dos cosas: primera,
que una infraestructura consignada para finalizar en 2010 va a terminar en 2014, cuatro años más tarde, gran avance; y segunda, que apenas hay consignados 151 millones de euros. Esto es lo que hoy sabemos. Si de aquí a diciembre hay otra
cosa, yo no tengo ningún inconveniente en decir: me alegro, señorías. Pero hoy es lo que hay. Por tanto, eso no es ningún avance, lo mire por donde lo mire, lo mire con música de Bach o lo mire con música de Colplei. En los papeles, negro sobre
blanco, se dice que hay cuatro años de retraso y apenas consignación.
Vayamos a otro proyecto, el tema de los dos grandes puertos de interés general. Saben ustedes que en la negociación del Estatuto se puso en una primera redacción: puertos, todo competencia de la comunidad autónoma.
Luego se dijo: No,
menos los puertos de interés general, que esos se los queda el Gobierno del Estado. En este caso son Bilbao y Pasaia. Esa competencia nos ha llevado a que tengamos una zona en Guipuzcoa con el mayor deterioro y degradación, así como con el mayor
problema de empleo, en la cual la mayor parte de las actuaciones urbanísticas de infraestructuras de puertos, de comercio, de liberación de terrenos corresponde al Gobierno del Estado. Pero tampoco se ha hecho nada. Daré simplemente dos datos.
Primero, para liberar suelo en la expropiación de Molinao, que es una linde de la propia ría, de lo que es Pasaialdea, la zona de toda la comarca de Pasajes, se decidió al final que aunque correspondía al Gobierno del Estado, lo pagarían tres
instituciones: de los 5,4 millones de euros cada una pagaría 1,8 millones de euros. El Gobierno del Estado, que es al que realmente le corresponde, sigue sin abonar nada ni hay partida presupuestaria para abonar este tema; pero no solo sigue sin
abonar nada, sino que en la regeneración de la zona en la comarca más deteriorada de Guipuzcoa, como es Pasaialdea, en la sociedad que tiene que determinar qué destino, qué finalidad, qué tipo de puerto, qué tipo de actividad, cómo van a vivir los
ciudadanos de esa comarca, que es una sociedad en la que intervienen distintas instituciones públicas, qué casualidad también, al Gobierno del Estado es al único que le falta por aportar el dinero que le corresponde, un millón de euros. En estos
presupuestos todavía al día de hoy, con gran retraso, no hay partida presupuestaria alguna.
Vamos a hablar de otro tema. Me encantaría que estuviera el ministro del Interior, porque tuve un pequeño rifirrafe con él. Todos cometemos errores; creo que él no lo pensó y lo dijo porque todos nos equivocamos alguna vez. Dijo que los
nacionalistas vascos -hay nacionalistas españoles también- nos ocupamos de las competencias, como si fuera un cuadro que enmarcamos y no instrumentos de gestión y de políticas concretas; que no nos ocupábamos de las personas que están en las
cárceles y solo nos preocupamos de las competencias. Yo, que llevo haciendo enmiendas parciales, y que este año volveremos a hacerlas -más o menos alrededor de 65 y en materia de instituciones penitenciarias desde luego volveremos a hacerlas-,
observo que en este apartado, Instituciones Penitenciarias, para tres centros penitenciarios, Martutene, Nanclares de la Oca y Basauri, que están en circunstancias deplorables, en los que ha habido un número elevadísimo de suicidios y en los que el
Gobierno debiera tener especial responsabilidad en cuanto a la dignidad de las personas que están a su cargo, hay cero euros; pero cuando les digo cero es cero euros para tres centros penitenciarios con un problema tan grave que la propia directora
general de Instituciones Penitenciarias cuando los visitó por primera vez dijo que los tenía que cerrar porque era imposible vivir en esos centros. ¿Quién se preocupa de la situación de las personas en los centros? ¿El ministro del Interior?
Tiene cero euros en el presupuesto, cero euros.
Podríamos seguir con los compromisos del Estado desde el año 1994, y otra vez hacemos el salto PSOE-PP-PSOE. En saneamiento y depuración, en las obras de interés general, como consecuencia de la transferencia de la competencia en aguas al
Gobierno vasco, el Gobierno del Estado tenía una especial responsabilidad, que es todo el tema de saneamiento y depuración de las grandes obras de interés general. Estamos hablando también del cumplimiento de una directiva muy importante del año
1991 y estamos hablando, evidentemente, de depuradoras, de la calidad del agua, en definitiva, de los ríos, del desarrollo sostenible, del comercio, de todo este tipo de cosas que 12 años después siguen pendientes, 12 años después. En algunos casos
incluso se va a incumplir la propia Directiva de 1991 porque, así como en algunos temas España ha tenido que pedir una ampliación del cumplimiento de la directiva, en otros no se ha permitido, como es lógico y normal, como es el caso, por ejemplo,
en Vizcaya, en el Urdaibai, que es la reserva de la biosfera, de unos humedales. En este caso tampoco hay partida presupuestaria alguna. No es que no podamos discutir la cuantía, es que no hay ninguna partida presupuestaria. Así podríamos seguir
poniendo ejemplos de por qué entendemos que estos presupuestos no aportan la novedad que nosotros entendíamos que debiera existir.
También hay otras cuestiones -y no voy a alargarme más- que hacen referencia de manera global a temas importantes. Aquí se ha hablado de manera reiterada sobre determinados tipos de riesgo que pesan sobre la economía española.
Efectivamente, y yo no voy a volver a citarlos porque comprendo que el señor Solbes tiene un conocimiento muy exhaustivo desde varios puntos de vista de este tema, y también en sus comentarios ha dejado entrever que nada es blanco ni negro en la
vida; puede haber riesgos en determinadas materias, como pueden ser los tipos de interés, el problema de la competitividad y el problema de la inflación estructural. Pero nos gustaría centrarnos en un tema en el que aunque parece que el Estado
español entra modesta o humildemente, todavía creo que falta mucho, hablamos del tema del I+D+i. Es verdad que se ha hecho el esfuerzo de
aumentar una partida importante en lo que se refiere a I+D+i, pero también es verdad que el aumento ha ido casi directamente a inversión en investigación militar. Este es un debate que debiéramos tener porque, curiosamente, salvo Estados
Unidos y quizá Reino Unido, donde el grueso de la investigación es militar, el resto de los países de la Unión Europea no tienen tanto porcentaje destinado a inversión en investigación militar. Si uno analiza, lo hemos hecho hoy, apenas unos datos
en nuestra enmienda de totalidad, observamos, por ejemplo, que uno de cada cuatro euros es para investigación militar. Nosotros tenemos un concepto de investigación básica, de desarrollo tecnológico o de innovación que tiene que estar mucho más
pegado al territorio y al que se tiene que unir otra pata importantísima, que es lo que nosotros denominamos aprendizaje permanente.
¿Cuál es uno de nuestros problemas en el tema de competitividad? Evidentemente, que nuestros productos no son de la gama más alta respecto a los que compiten con nosotros -gama más alta entendida como gama más desarrollada desde el punto de
vista tecnológico-, pero tampoco podemos competir con aquellos productos de otros países que normalmente proceden del exterior de la Unión Europea que tienen costes menos elevados en el mercado laboral. Es evidente que nosotros no queremos competir
rebajando salarios con Taiwan o con Corea. Es evidente que nuestro propósito tiene que ser aumentar nuestra formación, la formación tanto de aquellos que determinan el producto como de aquellos que tienen que hacer el producto, para que podamos
encontrarnos en un nivel de competitividad en relación a productos que están en gamas más altas, pero porque la formación de las personas que tenemos a nuestro cargo, de las cuales van a depender nuestros presupuestos, es más cualificada. Y aquí
interviene ya el territorio. Esto es importante, porque cuando se dice que no importa quién invente con tal de que se invente y luego se aplique, yo entiendo -y desde luego la comunidad científica, que sabe muchísimo más que yo- que no es del todo
adecuado. Es decir, un porcentaje podrá ser verdad, pero hay otro gran porcentaje que no es así.
¿Cómo podemos tener productos de gama más alta cuando tenemos la educación en todos los niveles, no solamente la educación primaria y secundaria, sino especialmente la formación profesional, y tenemos también al territorio, sabiendo
exactamente cuál es el desarrollo tecnológico que en cada momento, incluso a corto plazo, pueda necesitar? Esto es lo que nosotros entendemos como I+D+i apegado a un territorio para que pueda tener un desarrollo tecnológico que no tenga necesidad
de esperar mucho tiempo para pasar de la investigación básica militar a la implantación en el desarrollo empresarial y en el tejido del territorio. Por tanto, este es uno de los temas a los que habría que prestar más atención.
Podríamos hablar de políticas sociales. Es verdad que ustedes intentar distanciarse de lo que fueron otros presupuestos del Gobierno del PP. En algunas cosas creo que efectivamente son mejores, pero hay determinados conceptos, como las
pensiones de viudedad y las pensiones mínimas, que todavía necesitan de un esfuerzo financiero. Es verdad que han dado un pequeño impulso a la ayuda al desarrollo, pero realmente si uno se quiere creer los grandes debates y las grandes
declaraciones en la ONU, tiene que verlo en los Presupuestos Generales del Estado. Parece que pudieran estar en estas cuestiones.
Estas son, brevemente, nuestras aportaciones al presupuesto. Señor vicepresidente segundo, todo lo que he visto, especialmente las inversiones -y, sobre todo, la parte de fuero, es decir, la parte de la Ley Orgánica del Estatuto de Gernika
que debiera haber sido cumplida hace tiempo-, no nos permiten tener otra posición. Si de aquí a diciembre ustedes nos traen una posición diferente de la que nos presentaron el 30 de septiembre, sin lugar a dudas, ya que nosotros somos gente a la
que le gusta negociar, podremos llegar a un acuerdo. Sabemos negociar, pero nos gusta mantener nuestra responsabilidad cuando los números, negro sobre blanco, no cuadran. Estamos abiertos a todo tipo de promesas, pero nos gusta que los trabajos
sean conformes a la realidad y no conforme a cosas que, desgraciadamente, hemos oído decir muchas veces pero que nunca hemos visto cumplidas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasa-gabaster.
Señor vicepresidente, tiene la palabra para su réplica, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
La señora Lasagabaster, como ya hizo el año pasado, parte lógicamente de un análisis de la especialidad que supone el País Vasco y lleva a cabo una reflexión sobre qué aspectos se toman en consideración y qué aspectos no, en función de las
distintas inversiones del Estado y de la ejecución de algunos de los compromisos planteados. Hace, además, una reflexión general sobre I+D+i, políticas de tipo social y ayuda oficial al desarrollo. Iniciaré mis comentarios sobre estos tres puntos,
para entrar después en los otros temas.
En cuanto a la política de I+D+i, creo que S.S. parte de un error y es la existencia de una política de I+D+i en la que la política de apoyo militar juega un papel básico y fundamental, y no es exactamente cierto.
Es verdad que hay una
interrelación entre cierto tipo de tecnología y las actividades militares, pero en estos momentos, del total de gasto en I+D+i previsto en el presupuesto del Estado, solo una parte relativamente reducida -por debajo del 25 por ciento; no dispongo
de
la cifra exacta- es de naturaleza militar, sin olvidar que muchos de los elementos de naturaleza militar vinculados a elementos espaciales, elementos de seguridad, etcétera, también tienen mucho que ver con actuaciones civiles. En este
momento el gran incremento que se produce es en la política de I+D de naturaleza civil. Ahí es donde estamos intentando hacer el mayor esfuerzo y donde se producen los mayores incrementos. Aunque ahora no encuentro la cifra exacta, el incremento
es aproximadamente del 30 por ciento. Como decía antes, la idea es intentar alcanzar en el año 2010 el 2 por ciento en I+D+i. Y lo hemos hecho, como he comentado anteriormente, sobre la base de la puesta en marcha de programas específicos de
naturaleza claramente civil, en la medida en que lo que ponemos en marcha el programa Cenit, que es industria avanzada; el programa Consolider, que es la petición a grupos de investigadores que sean capaces de poner en común un aumento de la masa
crítica y excelencia investigadora para poder llevar a cabo programas de cierta envergadura y el plan Avanza, que está vinculado con la sociedad de la información y que nos permite al final avanzar en todos estos elementos de forma fundamental. Le
doy la cifra en investigación civil, 4.826 millones de euros, que supone un incremento de cerca del 31 por ciento. La investigación militar también aumenta, un 26 por ciento, pero no es la parte sustancial, sino que es solo una parte de estos
programas.
Respecto a los asuntos de tipo social a los que ha hecho referencia, es verdad que en el tema de las pensiones hemos vuelto a asignar otro incremento de 300 millones de euros para las mínimas, lo cual supone una subida muy sustancial en los
dos últimos años de estas pensiones, de tal forma que nos permita que no se planteen, como en el pasado, como pensiones casi de subsistencia. Sin embargo, es verdad que el problema de las pensiones mínimas nos plantea una dificultad que es la
evolución de la no contributiva. Evidentemente, que la no contributiva tenga una naturaleza de pensión digna pero al mismo tiempo no se separe demasiado de las mínimas plantea dificultades de cierta importancia y de cierto interés. En cuanto a la
pensión de viudedad el problema es más complejo porque la viudedad tiene un doble componente, uno específico vinculado a la naturaleza de la muerte de la persona pero eso no va vinculado a la carencia de recursos. Por tanto, parece razonable que
cualquier análisis que se realice sobre las pensiones de viudedad tenga en consideración esa composición de los ingresos de la posible viuda o viudo en función de ingresos propios o incluso de elementos patrimoniales.
Volvemos a hacer un esfuerzo importante en ayuda al desarrollo. Tenemos un incremento del 32,4 por ciento. Eso quiere decir que en dos años el incremento total de ayuda al desarrollo ha sido del 53,9 por ciento.
Cuando hablamos de ayuda
al desarrollo estamos hablando de la ayuda al desarrollo propiamente dicha para otros elementos vinculados a condonación de deuda y también de otros temas. Pensamos que todo ello nos debe permitir llegar al 0,35 por ciento de nuestro PIB, cifra muy
importante si tenemos en cuenta que estamos hablando de una cantidad que se refiere a un PIB nominal claramente superior como consecuencia de la revisión que se ha producido de las estadísticas. Para darle un dato que en mi opinión es enormemente
significativo, el total de ayuda al desarrollo adicional en el año 2006 respecto al año 2005 se acerca a los 700 millones de euros. Basta que S.S. analice exactamente cuáles son los presupuestos de los distintos ministerios para ver que esa cifra
incremental es superior a una parte sustancial de los presupuestos del Estado.
A partir de ahí me ha planteado una serie de actuaciones concretas en el País Vasco y de las que solo le puedo comentar algunas cosas. S.S. sabe que en el proyecto inicial de presupuestos hay una aportación para el País Vasco relativamente
reducida, 360 millones de euros. Ello es consecuencia de la propia naturaleza del sistema, es decir, no tiene el mismo tratamiento el País Vasco que otras partes del país como consecuencia de las competencias propias del País Vasco en cierto tipo
de actuaciones. Pero eso no quiere decir que nos escudemos en algún tipo de problema específico que plantea y de los que únicamente le voy a comentar aquellos de los que tenga información.
En el tema de los puertos, de acuerdo con mi información, se está hablando de la construcción de una sociedad que nos permita de forma eficiente poner en marcha dichas infraestructuras. En el caso de I+D+i se está discutiendo por el
Gobierno vasco la posibilidad de aprobar inversión específica de especial importancia para el País Vasco. También estamos hablando, es verdad, vía convenio, y ese convenio empezaría en el año 2006 e iría aumentándose con financiación del capítulo 8
los años siguientes. Para el caso específico de la Y vasca ya hay en el presupuesto una cantidad significativa para seguir avanzando en el proyecto. ADIF tiene previsto en todo el País Vasco una inversión de 179 millones de euros y, al mismo
tiempo, se está hablando de un convenio que potenciaría la red ferroviaria en todo el País Vasco para la administración de infraestructuras de titularidad del Estado, todo ello sin contar, evidentemente, con la posibilidad que en estos momentos se
está debatiendo sobre la doble pata de la Y vasca, de llevar a cabo una financiación más relevante por parte del Estado.
En los temas de medio ambiente, únicamente haré dos comentarios. En lo que se refiere al saneamiento de Amurrio-Llodio, la información de que yo dispongo es que el tema no ha avanzado porque el plan de saneamiento está pendiente de
decisiones del propio Gobierno vasco. En cuanto al proyecto EDAR de Bermeo, estación depuradora, se encuentra pendiente de aprobación y de posterior licitación. La Confederación Hidrográfica del Norte ha redactado ya el anteproyecto de depuradora
y la declaración de impacto medioambiental fue solicitada
a la Dirección General de Calidad Ambiental en marzo del año 2002.
Estos son los comentarios de los que tengo información y que le podría hacer. Evidentemente, a lo largo del debate presupuestario podremos entrar en algunos de los temas adicionales que pueden haber quedado pendientes, pero esta es nuestra
exposición y estos son los puntos de vista que en el momento actual y en función de la información disponible le puedo transmitir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, los temas de política general. Ya le he dicho que hay un aumento en ayuda al desarrollo. Queremos que el aumento sea bien gestionado desde el punto de vista cualitativo, lógicamente, y que continúe ese aumento. No voy a
entrar en los temas de política general para centrarme en los cuatro temas a los que entiendo que usted no me ha dado ninguna respuesta, para ver si los compromisos estaban realizados o no. En primer lugar, es verdad que el presupuesto asciende a
360 millones de euros -la propia comunidad autónoma tiene su especialidad-, pero lo que también es cierto y verdad es que del año pasado a este el Gobierno del Estado ha bajado de una inversión del 2,1 para el año 2005 a una inversión del 1,8 para
el año 2006, es decir que del 6,24 que aportamos, ustedes iban a invertir 2,1 el año 2005 y para el año que viene, 1,8, con lo cual no solo no hay mejoría, sino que vamos hacia atrás, por tanto, ni tan siquiera al equilibrio mínimo de lo que se
aporta vía cupo.
Otro tema sobre el que le quiero preguntar porque no me ha contestado. Es verdad que en el tema de Pasaialdea hay una sociedad, Jaizkibia, a la que tiene que hacer una aportación la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno vasco, los
ayuntamientos concernidos y el Gobierno del Estado, de alrededor de 1 millón de euros cada una de las partes. Todas las instituciones han hecho su aportación salvo el Gobierno del Estado. Por tanto, al día de hoy está pendiente la aportación para
un tema de tanta trascendencia como es el de Pasaialdea. Primer tema, pendiente. Segundo, en cuanto al importante tema del centro de I+D+i usted ha dicho -me gustaría que me lo confirmara- que están en negociaciones con el Gobierno vasco. Pues
bien, a mí no me consta; ustedes sabrán con quién negocian, pero a mí y al Gobierno vasco esto no nos consta. Tercero, la Y vasca. En un proyecto de tanta envergadura como este 179 millones no dan para nada, y también me gustaría que me
confirmara si es verdad lo que dice el presupuesto sobre que la finalización de dicho proyecto se estima para 2014. Cuarto, en cuanto a la realización de los proyectos de saneamiento y depuración no existe problema alguno ni en el Gobierno vasco ni
en las instituciones vascas; están todos solventados y como sabe la ministra de Medio Ambiente lo único es que está a la espera de la inversión y de la financiación del Gobierno del Estado para que se comiencen dichas depuradoras, y después se
podrán llevar a cabo otras múltiples cuestiones más. Como digo, todo esta pendiente, todo esta arreglado; solo falta el dinero del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasa-gabaster.
¿Alguna precisión por parte del Gobierno?
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy rápidamente para decir que podemos presentar de distintas formas los 360 millones, pero de acuerdo con mi información es cierto que se trata de una cantidad similar al presupuesto del año pasado y 30 millones más que en el
año 2004. En cuando al tema de Pasaialdea falta la aportación del Estado, por lo que no le puedo dar una respuesta ahora pero se la daré posteriormente. Respecto al centro de I+D+i recibo la información del Ministerio de Educación y de acuerdo con
la misma se está hablando con el Gobierno vasco; lo comprobaré. En cuanto al proyecto de la Y vasca la aportación prevista inicialmente en el presupuesto es la que le he dicho. Evidentemente este es un tema que, como S.S. sabe, está abierto y
por tanto existe la posibilidad de acelerar las obras mediante un convenio que permita descontarlo posteriormente del cupo o buscar otra fórmula alternativa de financiación. Por último, en cuanto a las depuradoras, la información de que dispongo la
he recibido exactamente el día 25 de octubre, y así como me dicen que con relación a la Bermeo ya está resuelta la cuestión de la declaración medioambiental solicitada en marzo, en el caso de la de Amurrio y Llodio me dicen que no está resuelta esta
cuestión, sino que está pendiente de una posición a tomar por el Gobierno vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Hemos concluido el turno relativo a la defensa de las enmiendas a la totalidad y pasamos al punto de fijación de posiciones por parte de los demás grupos parlamentarios. El criterio en Junta de Portavoces es de turnos aproximados de 25
minutos. Señalo el orden: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds y cerraríamos el debate de esta noche para continuar mañana por la mañana.
El señor Puigcercós tiene la palabra.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, inevitablemente nuestro grupo parlamentario entiende que la defensa que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular de su enmienda a la totalidad por parte del señor Rajoy
es un paso más hacia la espiral de catalanofobia que la derecha española lleva a cabo. Con intervenciones como las de hoy se podrían ahorrar perfectamente los 500.000 euros que este partido dice que va a invertir en la campaña contra el Estatuto
que legítimamente ha elaborado el Parlamento de Cataluña. Creo incluso que se podrían haber ahorrado 500.000 euros o más si leyeran y escucharan (leer es bueno, todas las administraciones hacen campañas para incitar a la lectura), porque solo
leyendo el 'Diario de Sesiones' de los debates de presupuestos de los últimos diez años hubieran podido observar cómo en esta tribuna todos los grupos catalanes, partidos de la oposición, se han referido siempre al problema de financiación de
Cataluña. Es lo que explica claramente por qué el Estatuto catalán contiene una disposición en materia de financiación: para fijar el sistema, para acabar con las arbitrariedades. Seguramente, la demagogia del señor Rajoy se acabaría leyendo el
'Diario de Sesiones' y escuchando a los empresarios catalanes, a los que seguramente arengó en su reciente visita a Barcelona, pero a los que no escuchó.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no ha presentado este año una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de presupuestos para 2006, y tampoco lo hicimos el año pasado. El porqué lo podemos sintetizar en dos razones. En
primer lugar, por un cambio de tendencia que estos presupuestos confirman -ya se indicaba en los anteriores- en lo que hace referencia al gasto social; cambio de tendencia tímido, pero cambio de tendencia a la postre. Se frena la caída libre del
gasto social de los últimos años. El gasto social, que llegó a su tope más bajo en el año 2000, el 13,66 por ciento del producto interior bruto, ha remontado progresivamente hasta el 14,16 por ciento de los presupuestos previstos para 2006. Desde
1996, cuando se situaba en un 15,19 por ciento del producto interior bruto, el gasto social homogeneizado ha ido cayendo hasta los presupuestos generales de 2005, que marcan un cambio de tendencia; cambio de tendencia tímido, como decíamos, pero un
cambio de tendencia que creemos básico. Lo mismo podríamos decir de lo que hace referencia a los servicios públicos básicos, justicia y seguridad ciudadana, entre otros.
Un segundo aspecto que ha llevado al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a no presentar una enmienda a la totalidad hace referencia clara a la productividad, al gasto productivo. En el año 2000 la inversión se situaba en un 3,5 por
ciento del producto interior bruto, para bajar en el año 2005 al 3,32 por ciento. Hubo una bajada importante; estamos recuperando índices del 3,52 por ciento del PIB, lo que indica un cambio de tendencia en el gasto productivo, necesario para
invertir el patrón de crecimiento. El paso más evidente de esta mejora en la inversión productiva subyace en el cambio de tendencia del 0,68 por ciento del producto interior bruto en investigación y desarrollo. En todo lo que se refiere a gasto
productivo se nota un aumento del 0,12 del producto interior bruto en un solo año. Esto es importante y justifica nuestro apoyo inicial a una parte importante de estos presupuestos.
Estamos lejos aún del 2 por ciento del proyecto interior bruto
-contando con la inversión privada a la que hacía referencia el vicepresidente del Gobierno esta mañana-, pero es evidente que ha habido un cambio de tendencia en esta línea. La inversión social y la mejora de la productividad son los elementos
clave a partir de los cuales mi grupo parlamentario ha renunciado a plantear una enmienda a la totalidad, porque creemos que este proyecto es una buena base para comenzar a trabajar.
Ante la coyuntura actual es evidente que hace falta mejorar aún estos Presupuestos Generales del Estado en cuatro líneas: en primer lugar, la competitividad y la internacionalización de la economía; en segundo lugar, la inversión para la
igualdad de oportunidades; en tercer lugar, el equilibrio territorial en lo que hace referencia a grandes inversiones en infraestructuras y, en cuarto lugar, el pluralismo cultural y lingüístico. Estas son las cuatro bases que nosotros creemos que
estos presupuestos deben mejorar. Hay que mejorar la competitividad y la internacionalización de la economía. Es evidente que el alza del precio del petróleo es un incómodo invitado en este debate, no solo por los efectos ante sectores tan
delicados y tan débiles como el agrario y el pesquero -lo estamos comprobando estos días en la calle-, sino porque el precio del carburante va a significar un grave problema también para la industria. Más adelante me referiré a este tema. Lo que
ya no es coyuntural (la subida del petróleo puede ser coyuntural, y esperemos que lo sea) es el proceso de deslocalización y de nueva competencia proveniente del continente asiático. Es preocupante observar en los últimos seis años la tasa de
crecimiento del producto interior bruto real generada por la economía española. El producto interior bruto crece un 3,08 por ciento; el sector de la construcción un 4,90 por ciento; el sector industrial solo un 2,2 por ciento; el sector de la
construcción crece el doble que el industrial y este se halla muy por debajo de la mediana de crecimiento del producto interior bruto total. No se trata aquí de menospreciar la aportación del subsector de la construcción en la economía a la
creación de empleo y a las industrias auxiliares, sino de visualizar la pérdida de peso de un sector básico. En este mismo debate decíamos, hace un año exactamente, que había una pérdida
importante del valor añadido en el sector industrial, pérdida que podemos observar perfectamente en la tasa de crecimiento de las exportaciones en productos industriales. En bienes de equipo se ha pasado de un 14,02 en el quinquenio
1995-2000 a un 3,29 en los cuatro años que van del 2000 al 2004; en el sector del automóvil del 11 al 4; en bienes de consumo duradero del 12 al 1,9; y en manufacturas del 11,45 al 1,94. La caída es libre; necesitamos recuperar productividad y
competitividad para volver a ganar peso en el mercado exterior. Solo así podremos hacer frente a la amenaza que hoy se cierne sobre sectores enteros. En ese sentido, podemos mejorar estos aspectos en el trámite parlamentario sobre todo en cuanto a
I+D (investigación y desarrollo) y mejorar la capitalización y la reinversión de las empresas.
En primer lugar, parece lógico que hay que plantear ya una rebaja del impuesto de sociedades para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y para empresarios autónomos. Es verdad que ya se produjeron avances en los presupuestos
generales de 2005, pero todavía hoy nos situamos entre los países con una fiscalidad más elevada hacia las empresas, adaptando la clasificación de empresas a las recomendaciones de la Comisión Europea del 6 de mayo de 2003. Con esta definición y un
tipo reducido para pequeñas empresas y uno de superreducido para microempresas podremos poner las bases de un nuevo modelo, de un nuevo patrón de crecimiento. En las conversaciones que este grupo ha tenido ya con el Gobierno ha hecho patente su
voluntad de llevar a cabo esta propuesta en el periodo de sesiones siguiente, pero sería mucho mejor establecer avances ya en esta línea en los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, para facilitar la exportación tenemos que
establecer una deducción similar a la que hoy gozan las empresas en las inversiones de I+D en los gastos de homologación y de defensa jurídica de las empresas en sus exportaciones. Esto facilitaría que muchas empresas pudieran exportar en mejores
condiciones. En tercer lugar, rebajar el nivel de exigencia, que dificulta el acceso de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas a las ayudas y deducciones por I+D e innovación sería un elemento importante. Requerir nuevas
certificaciones a los proyectos que ya han sido aprobados y requerir determinados informes motivados a los que ya han recibido ayudas en el plan nacional o en el programa marco es una reiteración administrativa que acaba configurando un muro
insalvable para muchas empresas. Proponemos en esta misma línea la reducción íntegra del coste de certificación de los proyectos realizados por las pequeñas y medianas empresas. En cuarto lugar, es necesario un plan de apoyo al sector textil y del
calzado. Muchas veces desde esta tribuna este grupo parlamentario ha planteado la necesidad de una reconversión para redimensionar este subsector, para hacerlo más competitivo y que pueda aguantar el embate que viene de los países del Próximo
Oriente. Es un sector nada despreciable que ocupa hoy a 250.000 personas y que puede desaparecer de forma rápida en los próximos años.
Hay tres aportaciones que el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana va a ofrecer a este Gobierno, al grupo de la mayoría y a los grupos que respalden los presupuestos para intentar incentivar y mejorar la competitividad del sector textil.
En primer lugar, hacer un plan de prejubilaciones para poder redimensionar las empresas y hacerlas más competitivas; mejorar las ayudas del Instituto de Crédito Oficial para mejorar su tren productivo; y, finalmente, crear las condiciones para que
aquellas otras empresas de otros sectores que puedan ocupar los excedentes de mano de obra del sector textil y del calzado tengan deducciones o ayudas en materia de cotizaciones sociales. Creemos que la redimensión del sector textil, así como la
del sector del calzado, es una necesidad para conservar el sector. El sector textil debe ser redimensionado para poder aguantar el empuje de los terceros países. Sabe perfectamente el señor Solbes que una de las teorías que manejan en sectores del
textil pero también a nivel europeo es la no valorización exacta de la moneda, por ejemplo, de la República Popular China. El precio del carburante podría producir que se sobrevalorara la moneda china, lo que crearía las condiciones en un futuro
próximo de equiparación de la competitividad con los mercados emergentes. Creemos sinceramente que, si en los próximos años no se produce el paso de redimensión del sector textil, lo que conocemos como desertización industrial, seguramente haría
mella en ese subsector, con lo cual cuando los nuevos países emergentes estuvieran ya en condiciones de igualdad en el mercado, o casi de igualdad, nosotros ya no tendríamos un sector competitivo para entrar en el mercado. Son medidas básicas en el
sector textil, como también adaptar el fondo de garantía salarial -haremos una propuesta en este sentido mediante una enmienda- para que el sector textil pueda acogerse a una parte importante de las ayudas que ya otros países europeos están
recibiendo. Creemos también que la experiencia que introdujo en los pasados presupuestos el Grupo de Esquerra Republicana, la libre amortización de los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, ha dado buenos resultados. Hay que
profundizar en esta línea y apoyaremos también enmiendas para mejorar la reinversión de los beneficios en formación, en tecnología o en este caso en I+D de las pequeñas y medianas empresas.
Un ámbito reiterativo por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana es el turismo. Mi grupo parlamentario introdujo dos enmiendas en los pasados presupuestos, para nosotros importantes en este sector económico: en primer lugar
el Fomit, el fomento para la mejora de las infraestructuras turísticas, que ha tenido buenos resultados en ámbitos muy concretos de la oferta turística, sobre todo del litoral; y en segundo lugar el llamado plan Renove hotelero, la mejora de las
condiciones para ganar calidad en el sector de los hoteles,
sobre todo haciendo hincapié en el sector del litoral. Esta ha sido una buena experiencia que podemos mejorar, en la que podemos profundizar, y que da competitividad a un sector, el turístico, que tradicionalmente no es percibido en algunos
ministerios de la capital del Estado con la importancia que tiene para la economía. Hacemos una nueva propuesta mediante una enmienda sobre la necesidad de crear condiciones para desestacionalizar la temporada turística, que -ha sido una de las
quejas permanentes en todos los informes del sector- es una temporada corta. La crisis de algunos mercados emisores, como el mercado alemán, genera reducciones importantes de las personas que vienen a disfrutar de las condiciones en meses como los
del verano. Alargar la temporada crearía más ocupación y estabilidad para muchas empresas turísticas, y hacemos también la propuesta para crear incentivos en materia de cotizaciones sociales para aquellas empresas turísticas que decidan mantener
los contratos de sus trabajadores más allá de lo que conocemos como temporada estival u otras temporadas como la de la nieve, fuera del verano.
Decíamos al principio que la subida del precio del gasóleo ha tenido efectos nocivos sobre sectores de la economía. Hemos visto estos días cómo el sector de la pesca se ha manifestado por las calles de la capital del Estado. Este es un
debate recurrente cuando la coyuntura es negativa en materia de subida del crudo. Francia ha hecho una experiencia que creemos interesante, ha creado un fondo de contingencias para el sector pesquero, ha establecido un precio mínimo y ha creado
este fondo de garantía para cuando se generen situaciones de riesgo para la flota pesquera, como se ha producido en estos meses. Esta experiencia que ha llevado a cabo el Gobierno francés mediante este fondo de contingencias sería una buena
experiencia para el sector pesquero, que está ya en una situación crítica, más allá de la situación del petróleo, más allá del precio del crudo. Creemos necesaria la creación de este fondo que ayude a mejorar y superar situaciones críticas como la
que se ha producido estos días con la subida del precio del carburante, y hacemos extensiva la misma propuesta al sector agrícola. Creemos sinceramente que hay que dar solución a los problemas que estamos planteando, ya que el precio ha pasado de
0,46 a 0,66 euros, lo que hace imposible que los agricultores se acojan a la cláusula de mínimis pactada en diciembre de 2004. En estos presupuestos hay que tender a un tipo reducido de IVA para que también el sector de la agricultura pueda
aguantar la subida del carburante.
Un segundo bloque al que hacíamos referencia en materia social es la inversión para la igualdad de oportunidades. Decíamos que este era un elemento clave para no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. El cambio de
tendencia en lo que se refiere al gasto social tiene que concretarse en la mejora de estos Presupuestos Generales del Estado. En los pasados presupuestos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana introdujo mediante una enmienda el Fondo para
el acogimiento e integración de la inmigración, que ha dado buenos resultados. Este es el reto social más importante que tiene planteado el Estado español para los próximos 25 años, acoger e integrar una parte importante de la ciudadanía nueva que
se está incorporando a nuestra sociedad. Este fondo ha dado buenos resultados en los ayuntamientos que tenían sus servicios sociales absolutamente desbordados, al borde del colapso, ante el número importante de nuevos ciudadanos que se acogían a
sus servicios. Los modelos escolares, los modelos educativos son parte fundamental para integrar, para incorporar a nuestra sociedad a estos nuevos ciudadanos.
La introducción de este fondo fue un acierto y hay que aumentarlo.
Nuestra idea
inicial no era un fondo parche -perdonen la expresión-, sino crear un fondo que desbloqueara las prestaciones sociales de comunidades autónomas y entes locales. Fue un acierto y hay que mejorar la dotación inicial en los Presupuestos Generales del
Estado. En la misma línea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana introdujo en los pasados presupuestos el Fondo de atención a la dependencia. Para el próximo periodo de sesiones esperamos una ley general de atención a la dependencia que
universalice todos los servicios sociales en materia de atención a la dependencia. Somos conscientes del coste que implica esta ley, pero la aportación de nuestro grupo con su enmienda de creación de un Fondo de atención a la dependencia para
comunidades autónomas fue una buena medida. Mediante enmiendas proponemos aumentar este fondo, creando convenios con las comunidades autónomas, porque nos acerca progresivamente a las modalidades de gasto que tienen otros países europeos en
atención a una realidad social creciente por el envejecimiento de la población y por la aparición de nuevas enfermedades que llevan a la población a necesitar y requerir este tipo de tratamiento. En tercer lugar -seguimos en el apartado de
políticas para la igualdad-, fue un acierto esta legislatura en relación con la subsanación de una injusticia que se venía arrastrando durante muchos años, la complementariedad del SOVI con la pensión de viudedad. Aún quedan algunos flecos. Al
final el redactado de la ley tiene contradicciones, porque la pensión de viudedad y sus complementos mínimos han generado algunas situaciones de injusticia que nosotros pretendemos subsanar definitivamente en estos presupuestos. Además en materia
de pensiones es necesario mejorar las pensiones para las personas con incapacidad permanente. Mejorar las pensiones en situaciones concretas, lo que no implica un gran desembolso presupuestario, genera condiciones de igualdad en sectores que hasta
ahora no habían recibido una parte del gasto social.
En materia educativa hay que adecuar este presupuesto a lo que será la futura ley orgánica de educación. La Logse, que en su momento fue una ley progresista, una ley importante impulsada por la izquierda, fracasó
precisamente por la dificultad de su memoria económica. No hubo presupuesto para ejecutarla, no hubo una ley paralela de acompañamiento para poder llevarla a cabo, y era una ley que requería un importante presupuesto. Ahora estamos a las
puertas de una nueva ley, en el Pleno de la semana que viene se sustancian las enmiendas a la totalidad de la ley orgánica de educación. Es fundamental que en el presupuesto se pongan las bases para asentar la nueva ley educativa y para que algunas
comunidades autónomas, que fueran las víctimas principales de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación del anterior Gobierno -me refiero, por ejemplo, a la obligación de la concertación del preescolar- y que han incurrido en déficit, como es el
caso de Cataluña, puedan partir de cero. Se trata de evitar déficit acumulados y poder aplicar en condiciones la nueva Ley de educación.
En materia sanitaria hay que celebrar que este Gobierno haya aceptado que existe un problema de déficit sanitario por una mala negociación en el 2001 llevada a cabo por comunidades autónomas y el anterior Gobierno. No hemos solucionado todo
el problema de déficit sanitario y habrá medidas que habrá que tomar entre comunidades autónomas y el Gobierno del Estado, pero se ha contribuido con unos recursos importantes a paliar buena parte de la asfixia financiera de algunas comunidades
autónomas. No es una solución definitiva, pero este Gobierno ha contribuido a la propuesta que hizo nuestro grupo parlamentario desde el primer día: ayudar, coadyuvar de forma clara y decisiva a la aportación de un fondo por parte del Estado a las
comunidades autónomas y a su déficit en materia sanitaria.
Tercer punto, equilibrio territorial. En el debate de presupuestos del año pasado, para 2005, desde la bancada del Grupo Popular se criticó con fiereza el hecho de que por primera vez en muchos años la Comunidad Autónoma de Madrid quedara
por detrás de otras comunidades como Andalucía o Cataluña en el capítulo de Fomento. Ustedes pueden recurrir al 'Diario de Sesiones' y verán con qué fiereza se expresaba el Grupo Popular en esta línea. El tiempo los debe de haber consolado, porque
en lo que llevamos de ejecución presupuestaria, a fecha de octubre, la Comunidad Autónoma de Madrid ha visto cómo la ejecución presupuestaria en el mes de octubre era de un 100,1 por ciento, cosa casi increíble, mientras que en Andalucía era del 72
por ciento de la ejecución presupuestaria y en Cataluña del 76 por ciento. Si actualizamos estas cifras y las ponemos en términos absolutos veremos cómo se pueden consolar porque Madrid ha vuelto a ganar a Andalucía y Cataluña en la ejecución del
presupuesto de Fomento. Cataluña y Andalucía en este caso están por debajo de la media del total regionalizado. No es una situación nueva; entre 1992 y 2002 solo hubo una ejecución del 70 por ciento. Como mínimo, para la previsión de este año la
hemos superado. Fueron los famosos pactos entre el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Popular. Hemos mejorado, pero siempre hay criterios de arbitrariedad. Nosotros creemos, y lo decimos en este debate que es el más importante en materia
económica y presupuestaria del año, que ya es el momento de introducir dos pautas de corrección a la falta de ejecución presupuestaria. En primer lugar, la oficina de control presupuestario en este Congreso es una propuesta que ayudaría a saber
cuál es el control del gasto y de la ejecución de los presupuestos; oficina que otros grupos, como es el caso del Grupo de Izquierda Verde, propusieron en su momento y nosotros también lo haremos en estos presupuestos. Finalmente vale la pena
reflexionar sobre la necesidad de la creación de una cláusula de garantía sobre la ejecución en materia de fomento y medio ambiente porque son las que tienen más incidencia sobre el territorio. Por una actitud de dilación, como la de algunos
gobiernos de la pasada legislatura - también por tener la sospecha si no se ejecuta el presupuesto, aunque siempre puede haber contingencias que impidan la ejecución del cien por cien-, evitando una actitud obstruccionista, consideramos sinceramente
que vale la pena crear cláusulas de garantía mediante convenios con las comunidades autónomas para que no se pierda la inversión. Estos presupuestos en materia de Fomento han sido importantes para Cataluña; aun así, nosotros tenemos un paquete
importante de enmiendas en materia de ferrocarriles -en lo que afecta al eje mediterráneo, entre Cataluña y el País Valenciano-, mercancías, mejoras de la conexión con el puerto de Barcelona, en materia de carreteras; sobre todo lo que consideramos
básico es que en materia de ferrocarril tienen que mejorar estos presupuestos, así como en peajes. Cataluña ha sufrido desde hace muchos años el peso de los peajes y ya es hora de que avancemos en su rescate. Concretamente nuestra propuesta es el
rescate del peaje de Mollet en el Vallés Oriental y la creación de un fondo de rescate para aquellas situaciones que no tengan alternativa al peaje.
También vamos a defender una propuesta para actualizar el IBI que pagan las concesionarias de
autopistas a los ayuntamientos para evitar en este caso las bonificaciones de que gozan algunas concesionarias y mejorar las condiciones de los entes locales.
Finalmente vamos a presentar un grupo de propuestas en materia de pluralismo cultural y lingüístico que ya defendimos en la pasada legislatura, como fue la partida del plurilingüismo y nuevas tecnologías.
Este año introduciremos una
propuesta para las deducciones del impuesto sobre sociedades y la cuota íntegra en un 10 por ciento para aquellas empresas que adapten sus productos en materia de logística y servicios comerciales a la pluralidad lingüística del Estado y el fomento
del catalán en el País Valenciano y las Islas Baleares con convenios culturales que se puedan establecer.
Finalmente, ¿son mejorables estos presupuestos? Nosotros creemos que sí, que son perfectibles en el debate de enmiendas. Por esto vamos a presentar 302 enmiendas a estos Presupuestos Generales del Estado, al articulado, sobre todo en
materia de productividad e
igualdad de oportunidades, y a las secciones, en el ámbito de Fomento, Medio Ambiente y Cultura. Este paquete de 302 enmiendas puede ayudar a que, a través de estos presupuestos, tengamos una economía más competitiva, más productiva y con
más igualdad de oportunidades. De la suerte de estas enmiendas dependerá nuestro voto final a los presupuestos. Nuestra voluntad es respaldar estos presupuestos, al mismo tiempo mejorarlos, mejorar nuestro tren productivo, crear condiciones de
igualdad y de inversión equitativa en todo el territorio del Estado en materia de infraestructuras.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Grupo Vasco.
Aprovecho para decirles que, teniendo en cuenta que el debate ha ido más rápido de lo que teníamos previsto, les ruego que informen a sus grupos parlamentarios que vamos a comenzar mañana con Coalición Canaria, seguimos con el Mixto, que
solo habrá dos intervenciones, y luego el Grupo Socialista, con lo cual esta Presidencia había situado la votación en torno a las doce y la una, pero no será así, por lo que les ruego que estén disponibles sobre las diez, diez y media de la mañana,
porque terminaremos muy pronto.
Adelante, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señoras y señores diputados, esta es la segunda vez en la legislatura en la que, como cada año por estas fechas, nos
encontramos en esta Cámara debatiendo los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, en este caso para el año 2006. Todos sabemos que este es un debate muy importante, en el que cada grupo parlamentario trata de explicar y poner
en claro sus preocupaciones, prioridades y posiciones políticas en relación con las cuentas públicas y líneas de política económica que plantea el Gobierno al presentar el documento presupuestario en la Cámara. Como digo, van dos porque, aunque yo
he tenido el honor y la satisfacción de defender en el Congreso las posiciones del Grupo Vasco desde el año 2000, quiero tener la deferencia de no centrarme en las cosas del pasado, ni en el pasado Popular ni en el más remoto Socialista. Eso sí,
comienzo por recordarles la posición de mi grupo el pasado año. Entonces le decía al señor vicepresidente literalmente que tenemos la esperanza de abrir un período de colaboración que, huyendo de posiciones ideológicas, nos acerque a la resolución
de los problemas prácticos. También, que no le pedíamos resultados inmediatos, sino que le otorgábamos un margen de confianza, a pesar de algunos signos de recentralización preocupantes, de los que nos hicimos eco cumplidamente.
Hoy, señor vicepresidente, le damos un nuevo margen de maniobra, un nuevo margen de confianza desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, y lo hacemos porque hemos alcanzado unos compromisos presupuestarios entre el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Vasco, así como entre los máximos responsables del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, unos acuerdos que en algunos casos habrá que concretar y firmar para que sean compromisos firmes y
actuaciones presupuestarias que culminen en proyectos que beneficien a la economía vasca y al conjunto de sus ciudadanos. Estamos hablando de acuerdos para avanzar con decisión en el ansiado proyecto de la Y ferroviaria vasca, en la construcción de
una gran infraestructura en Euskadi en el ámbito de la investigación y acuerdos también en torno al puerto de Pasaia, así como otros de menor cuantía económica pero también importantes. Por ello, no estamos hoy discutiendo una enmienda a la
totalidad, sino que, por el contrario, el Grupo Parlamentario Vasco va a fijar su posición en relación con el texto que el Gobierno ha remitido a esta Cámara, una posición crítica, señor vicepresidente, vigilante y condicionada al avance y a la
concreción de los acuerdos alcanzados; compromisos que nos parecen importantes y que desde el Partido Nacionalista Vasco vamos a tratar de cumplir de aquí en adelante.
Me va a permitir que manifieste con cierta claridad la posición de nuestro grupo con relación al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, que espero que, sobre la base de los acuerdos a los que me he referido, varíen
significativamente. Ya sé que inmediatamente me recordará la reciente firma, el pasado 6 de octubre, del acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto, por el que quedan zanjadas definitivamente las discrepancias entre su Gobierno y las
administraciones vascas en torno al conflicto del cupo, derivado de las desviaciones del gasto en materia sanitaria, el pago de las facturas originadas por la catástrofe del Prestige, las polémicas en cuanto a la financiación de la ampliación de la
Ertzaintza y el establecimiento de un procedimiento ad hoc para acordar las sendas de déficit y endeudamiento entre las administraciones públicas. Sin embargo, seamos serios, señor vicepresidente, eso, a nuestro juicio, eran obligaciones
reconocidas conforme a la ley que no había más remedio que aceptar. Nos congratulamos, sin embargo, sinceramente por la vuelta a la normalidad de las relaciones institucionales entre ambos gobiernos y en el marco de la Comisión Mixta de Concierto.
Así lo cree y así lo expresa nuestro grupo parlamentario.
Era un problema que venía de la legislatura pasada, de una obcecación del Partido Popular, que ha sido posible resolver con diálogo y paciencia, aunque no sin dificultades, con bastante
retraso y en reciprocidad a un compromiso parlamentario que nuestro grupo cumplió hace ya más de un año.
Más vale tarde que nunca. Celebramos el acuerdo y esperamos que en el futuro las relaciones económico-financiero-tributarias sean más fluidas
en el seno de la Comisión Mixta de Concierto y que la simple normalidad oriente las relaciones interinstitucionales.
He querido hacer este inciso cuanto antes para que no nos distraiga del debate de fondo y vuelvo inmediatamente a mi hilo argumental. Decía que van dos porque, aunque deseo seguir manteniendo la esperanza sobre la base de los compromisos
adquiridos que van a variar la situación presupuestaria, los presupuestos, tal y como están en este momento, no ofrecen señales de cambio en cuestiones fundamentales porque esto, señor vicepresidente, no mejora. Por un lado, los presupuestos siguen
ignorando a Euskadi desde la vertiente de la inversión pública y, por otro, en lugar de avanzar por el camino del cumplimiento estatutario, por la descentralización del gasto buscando la eficiencia económica, se está yendo justo en sentido
contrario, la recentralización y la ineficiencia de las políticas públicas.
Antes de adentrarme una vez más en el debate de estas cuestiones básicas para nuestro grupo parlamentario, me va a permitir, señor vicepresidente, que me refiera a otro tema que es siempre crucial en un debate de presupuestos y, cómo no, que
está estrechamente relacionado con lo anterior: el de la situación de la economía española, su competitividad y sus desequilibrios. Señor vicepresidente, si nadie lo remedia, es muy posible que el próximo año usted tenga el dudoso honor de ser el
ministro de economía al que le cumpla la obligación de dar la noticia de que el déficit exterior ya se acerca o ha llegado a los dos dígitos. Esto no es un argumento simplista, señor vicepresidente, supongo que no es necesario que le diga que esto
es algo realmente serio, tal y como ha quedado plasmado hoy a lo largo del debate que estamos llevando a cabo. Porque una cosa es que merced a la bendita unión monetaria no estemos ahora mismo en medio de un marasmo de una crisis cambiaria y otra
cosa es pretender que vamos a salir de rositas de estos excesos. Es cierto que la economía está creciendo por encima del 3 por ciento, que presumiblemente lo seguirá haciendo el próximo año y también que el empleo siga creciendo a tasas próximas al
2,5 por ciento, pero ello no debe impedirnos ver lo que está ocurriendo con el déficit exterior y con el nivel de precios. El monumental déficit exterior no es solo fruto del precio del petróleo, como muchas veces se trata de explicar desde el
Gobierno, sino que está vinculado al arriesgado modelo de crecimiento sobre el que se asienta la economía española y a su falta de competitividad. Este modelo, que refleja la baja competitividad y productividad del sistema económico, en donde,
además, la temporalidad y la precariedad del empleo son realmente preocupantes, puede verse especialmente afectado por las variaciones al alza de los precios y de los tipos de interés.
La tasa interanual del crecimiento del índice de precios al consumo se situó el pasado mes de septiembre, como se ha dicho hoy sobradamente, en el 3,7 por ciento, casi el doble del objetivo establecido por el Gobierno para el conjunto del
año, y es posible además, señor vicepresidente, que esta tasa sea superior al finalizar el año. De hecho, ha reconocido incluso el propio Gobierno que la variación de precios puede afectar a la competitividad y al crecimiento. El diferencial de
precios con la Unión Europea es de 1,2 puntos, y así año tras año y puntito a puntito la competitividad de la economía española se va erosionando, máxime teniendo en cuenta que los avances por el lado de la productividad tampoco se producen. Ello,
insisto, no es simplificar la realidad, como usted ha comentado esta mañana, señor vicepresidente. Además, el aumento de la inflación, salvo para incrementar la recaudación, le puede venir bien al vicepresidente, dado que la inflación es uno de los
más eficaces impuestos, pero tiene efectos demoledores sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores y pensionistas.
Señor vicepresidente, creo, que estas cuestiones son relevantes, lo mismo que lo es el alto nivel de endeudamiento y déficit exterior. Estamos ante serias señales de alarma a las que no se responde adecuadamente desde el presupuesto, porque
no se ha tenido la voluntad política necesaria para afrontar los problemas con realismo. Se apuesta por un ajuste de precios, pero no se ponen los medios, sino que se confía todo a la ilusión monetaria de los trabajadores y pensionistas. En el
lado del ingreso, se espera recibir los benéficos incrementos de los altos precios, y los cambios fiscales casi van de tapadillo, como esa deflactación de la tarifa del IRPF en un 2 por ciento, cuando los precios suben al doble.
Los presupuestos deberían haber sido más ambiciosos en su objetivo de superávit para propiciar un ajuste de la economía española que de otra manera va camino de convertirse en un problema serio. En lugar de posponerlo todo a un futuro
aumento de los tipos de interés y a su impacto negativo en el crecimiento de la demanda interna, usted y yo sabemos que si no se produce el aterrizaje suave el riesgo de que sea brusco crece cada día que pasa. Deberían haber sido más ambiciosos
sobre todo en impulsar de verdad las medidas encaminadas a incrementar la productividad del sistema económico, tanto las relativas a las reformas de los mercados de bienes y de factores como las medidas presupuestarias que se encuentran en el ámbito
de sus competencias, cuestión que me lleva directamente a recordar los posicionamientos que desde el Grupo Vasco y el Partido Nacionalista Vasco venimos reclamando a su Gobierno en relación con Euskadi. Nosotros le hemos reclamado un doble
compromiso en Euskadi, un compromiso en materia de inversiones públicas, es decir, una apuesta por el crecimiento y el empleo en Euskadi -un compromiso que se puede decir que no ha existido a lo largo de los 26 años que hoy celebra el Estatuto de
autonomía-, y un compromiso gradual pero firme a medio plazo de que se va a evitar la intromisión competencial y de que se va a abordar la pendiente reforma del gasto público situando las competencias y los recursos económicos donde legalmente les
corresponde y donde se pueden implementar las políticas públicas de forma más eficaz y eficiente.
Quiero, pues, analizar con cierto detalle ambos temas y para variar lo haré en sentido inverso a como lo hice el pasado año. Comenzaré señalando que un año más el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, al igual que anteriormente los
gobiernos del señor Aznar y del señor González, se ha olvidado completamente de Euskadi a la hora de priorizar y de decidir sobre las inversiones públicas. No por ser recurrente es menos grave, precisamente todo lo contrario, señor ministro, la
gravedad está en que es recurrente. Su falta de apuesta por Euskadi en materia de inversiones públicas está generando un déficit en el stock de capital público que empieza a ser realmente preocupante. Señor vicepresidente, Euskadi también existe y
ustedes han de ejercer allí las competencias con las que cuenta su Gobierno. Nuestro grupo parlamentario considera imprescindible que las dotaciones presupuestarias para inversiones se incrementen sustancialmente y que estas inversiones se realicen
efectivamente. No queremos que ocurra, como este año y tantos años atrás, que insignificantes cifras presupuestadas sean más insignificantes si cabe cuando analizamos la situación real. Ustedes mismos nos están diciendo en la documentación
presentada en los presupuestos para el próximo año que tan solo se ejecutará el 44 por ciento de las inversiones previstas por el conjunto de sociedades mercantiles, estatales, fundaciones estatales, entidades públicas empresariales, etcétera,
entidades, por otra parte, como sabe, que no se financian en su mayor parte con recursos presupuestarios. Es decir, que los créditos que habían comprometido para este año 2005 en temas como la Y ferroviaria vasca, puertos o aeropuertos vascos no se
van a ejecutar más que en el 40 por ciento. Esto lo dicen en sus documentos y es lo que realmente nos preocupa. No hacen sino trasladar lo no ejecutado en 2005 a créditos de 2006 y encima nos quieren demostrar, comparando el presupuesto de 2006
con previsión de ejecución de 2005, que la inversión en Euskadi se va a incrementar. Señor vicepresidente, a nuestro grupo no le van a confundir con las cifras, pero le rogaría que no traten de engañar a miles de vascos de buena voluntad.
El pasado año, las inversiones previstas en Euskadi por sociedades mercantiles, fundaciones, entidades públicas, etcétera, se cifraban en 301 millones de euros. Pues bien, este año dicha cifra se sitúa en los 272 millones, lo que supone un
descenso previsto del 9,6 por ciento.
Además, me temo que, al analizar la realización de 2006, pueda volver Paco con las rebajas y la realidad sea peor que el presupuesto.
En este contexto, observamos con preocupación que el proyecto de la Y ferroviaria vasca no acaba de arrancar y se demora injustificadamente año tras año, por eso es importante concretar y avanzar en los acuerdos alcanzados. Con el impulso y
los recursos de la Administración Central del Estado y del Gobierno vasco tenemos que ser capaces de concluir las obras para el año 2010 y así cumplir con la resolución aprobada por esta misma Cámara. Su Gobierno ha de incrementar sustancialmente
las dotaciones presupuestarias y los ritmos de obra del tramo Bilbao-Vitoria-Gasteiz y el Gobierno vasco se responsabilizará de la licitación y construcción del ramal guipuzcoano, así como de su financiación, que de manera pactada se descontará del
cupo a pagar al Estado durante los próximos años. Esta posibilidad, contemplada en el concierto económico, nos parece de enorme importancia para acometer un proyecto de esta envergadura y características. Personalmente recuerdo que en el año 1988,
hace casi veinte años, ya se hablaba de la Y ferroviaria vasca y de la necesidad de conectar entre sí las capitales vascas y éstas con la meseta y con Europa, con el fin de no perder -se decía- el tren del desarrollo económico, nunca mejor dicho.
Fue el primer proyecto ferroviario que conocí. Pues bien, hoy, veinte años más tarde, hay en el Estado español una malla razonable de alta velocidad y Euskadi de momento sigue relegado a un plano marginal también en este asunto.
Este proyecto no
se puede demorar más, señor vicepresidente; es urgente e ineludible un compromiso que establezca un calendario y unos recursos.
Estas son las cosas que nos preocupan y que esperamos que se resuelvan a lo largo del trámite presupuestario. Por eso
queremos que se comprometan con los proyectos vitales para el futuro de Euskadi y el de la Y ferroviaria es uno más de ellos. Aunque sea tarde, es mejor tarde que nunca, señor vicepresidente.
Las cifras de inversión reales que su Gobierno presupuesta para el año 2006 en el subsector Estado y organismos autónomos son más preocupantes si cabe, por no utilizar otros calificativos. Las inversiones presupuestadas se cifran en 77,4
millones de euros en Euskadi, mientras que la cifra del conjunto del Estado es de 12.017 millones y la regionalizada alcanza los 8.151. Esto significa que en Euskadi se contempla tan solo el 0,64 por ciento de las inversiones totales o el 0,95 si
se consideran solo las regionalizadas. Nuevamente por debajo del 1 por ciento y muy alejadas del peso de la comunidad vasca, que puede estar en torno al 6,33, o de la población, en torno al 5 por ciento.
Euskadi es de lejos la comunidad autónoma
en la que menos se invierte, tomando tanto cifras absolutas como relativas. Si nos atenemos a la inversión prevista per cápita, comprobamos que esta inversión se sitúa en los 36 euros, mientras que la media es de 189, por no hablar de desviaciones
entre unas comunidades y otras. Creo que sobran más cifras para demostrar que nuestra preocupación es real, la preocupación del Grupo Vasco y del Partido Nacionalista Vasco en relación con lo que denominamos el olvido de Euskadi por parte de su
Gobierno, señor vicepresidente. Esperamos sinceramente que esta situación pueda ser subsanada a lo largo del debate de enmiendas parciales que se va a producir durante las próximas semanas.
Señor vicepresidente, no puedo concluir mi intervención sin referirme a lo que ya durante el debate del año pasado he venido reclamando, la reforma pendiente del gasto público. Probablemente, usted me responderá que
este debate trasciende a lo meramente presupuestario, tal como lo hizo el pasado año. En mi opinión, esta reforma pendiente forma parte esencial de este debate. A mi grupo parlamentario le gustaría que su Gobierno se manifestara al
respecto, que dijera si piensa abordar esta reforma a lo largo de los próximos años o si, por el contrario, va a continuar defendiendo un modelo centralista, uniforme y una política tendente a recentralizar las actuaciones y competencias que hoy
están en manos de las comunidades autónomas. En definitiva, si cree su Gobierno que un modelo descentralizado del gasto público como el actual es una ventaja o una lacra para ustedes, si van a aprovechar las ventajas de la descentralización o si,
por el contrario, van a dar marcha atrás en este proceso. No se puede mantener un discurso en un sentido y actuar justamente en el contrario.
Señor Solbes, estamos convencidos de que una política de innovación de I+D+i y de formación tan solo es posible desarrollarla de manera eficaz desde el conocimiento profundo de la realidad socioeconómica, desde una red de centros
tecnológicos pegados a su tejido industrial y a las necesidades de los clusters. Desde el Partido Nacionalista Vasco y desde el Gobierno vasco queremos impulsar lo que el lehendakari Ibarretxe ha denominado la segunda transformación de Euskadi.
Por eso necesitamos que se transfieran las competencias y recursos adscritos a las mismas. La formación ocupacional y continua, la innovación, la política tecnológica son competencias autonómicas que están contempladas desde hace ya 26 años en el
Estatuto de Autonomía de Euskadi. Hoy las reclamamos con más fuerza si cabe por un doble motivo, en primer lugar, porque creemos que es hora de que ya se cumpla el Estatuto y, en segundo lugar, porque la eficiencia y la eficacia económicas
requieren que esas políticas se instrumenten desde las instituciones públicas autonómicas.
Señor vicepresidente, sé que es usted perfectamente capaz de entender lo que le estoy diciendo. Respóndame si quiere, por supuesto, a una sola cuestión: ¿Cree que una política de innovación y formación se instrumenta más eficazmente desde
el conocimiento y la cercanía de la realidad sobre la que ha de actuar? Yo sinceramente pienso que sí y me imagino que usted también. Sin embargo, su Gobierno está dando pasos justamente en sentido contrario y es lo que realmente me preocupa. El
marketing que desde el Gobierno se ha utilizado para explicar las bondades del presupuesto para el año 2006 se basa en partidas como innovación, I+D+i, formación y vivienda, y se dice que esas partidas experimentan incrementos considerables;
políticas todas ellas de competencia autonómica y cuya instrumentación eficaz requiere de la transferencia de dichas competencias o, en su defecto, de manera transitoria al menos de una coordinación y cooperación eficaces. Cuando observan la
distribución del gasto público total y nos dicen que el Estado gasta el 20, el 30 por ciento del total y que el resto está en manos de otras instituciones públicas, comunidades autónomas, etcétera, en el fondo no se lo creen, porque de hecho cuando
instrumentan las políticas públicas, y muchas veces cuando legislan, ignoran dicha realidad y actúan como si la Administración del Estado gestionara la totalidad de las competencias y de los recursos públicos. Eso sinceramente es desconocer la
realidad y apostar por la ineficiencia.
Como prueba de lo que le estoy diciendo voy a poner dos ejemplos paradigmáticos del marasmo de ineficiencia en el que se está perdiendo la política de la Administración central. Son nada menos que dos casos de tanta enjundia como el de la
política industrial y el denominado Plan Nacional de reformas que, como usted ha dicho esta mañana, va a marcar la política económica y presupuestaria de los próximos años. Todos ustedes saben que en el mundo entero hay un movimiento firme hacia la
territorialización de la política industrial, hasta la grandeur francesa se ha rendido a la evidencia y acaba de alumbrar un nuevo instrumento para detener su decadencia, que han llamado polos de competitividad. Pues bien, en una reciente
conferencia sectorial se propone a las comunidades autónomas una idea similar, la de distritos industriales, siguiendo a la escuela italiana. La idea es buena, se trata de orquestar todos los instrumentos, y especialmente la política tecnológica,
en torno a un marco territorial en el que se da concentración horizontal e integración vertical. Ahora, como esto del centralismo tiene sus riesgos resulta que vemos atónitos cómo en Euskadi hay un único distrito industrial, el de la metalurgia.
Así como suena, ni la fundición ni el acero ni la máquina de herramientas, sino la metalurgia, y se detecta curiosamente otro distrito en la localidad alavesa de Leza que, para más inri, se ubica en el documento del Ministerio de Industria en la
comunidad de La Rioja. Venir ahora con este recado a un país como Euskadi, que es referente internacional en la aplicación de las políticas de clusters y que cuenta ya con estructuras consolidadas de 12 clusters -por cierto, alguno de los cuales
representa más de dos tercios de la actividad en el Estado-, uno no sabe si es para reírse o para llorar. Si hay presente algún asturiano me dirá que esto no es nada porque en Asturias no aparece nada de nada, ni distritos ni nada.
Señor vicepresidente, hace tiempo que vengo pidiendo que alguien me explique cómo en el sedicente Estado cuasifederal la política de pymes la hace Madrid. Como los demás no responden, no sé si, como hubiera dicho Esperanza Aguirre, estas
políticas funcionan en el territorio nacional, pero desde luego en Euskadi no. Aunque no está aquí, quiero apelar a la sensatez y al sentido común del ministro de Industria para plantearle esta cuestión como un ejemplo evidente que hay que corregir
con urgencia si realmente se quiere ser eficaz.
Vayamos, señor ministro, a la segunda perla de la corona, el Plan Nacional de reformas; estas reformas que yo le demando y que usted dice que no van con su negociado de vicepresidente económico. Como saben, esto tiene que ver con los
objetivos de la Estrategia de Lisboa
y son claves para la elevación de la productividad y la competitividad sobre la base de la innovación continua y el desarrollo de la sociedad del conocimiento; elemento clave de política económica, según sus propias palabras de esta mañana.
Pues bien, de los siete ejes en los que se instrumenta el plan, grosso modo, cuatro son de competencia autonómica -innovación, I+D+i, educación, formación y fomento empresarial- y tres de competencia compartida o competencia del Estado, aumento de
la competencia, mercado de trabajo y diálogo social e infraestructuras.
Sobra decir, por lo tanto, que los objetivos del plan solo pueden alcanzarse con la máxima colaboración institucional y desde el respeto al ámbito competencial. Pues bien, el
proceso de elaboración del Plan Nacional de reforma se ha limitado a un mero trámite de consulta que, en la práctica, asimila a la Comunidad Autónoma del País Vasco con una cámara de comercio o un agente social cualquiera, ignorando el papel clave
de las instituciones vascas, tanto las nacionales como las forales y las locales, para implantar la Estrategia de Lisboa sobre la que en Euskadi llevamos años trabajando y a la que conocemos con el adjetivo de segunda transformación económica.
El Gobierno vasco ha respondido a la Administración Central lo siguiente.
El propio marco jurídico vigente atribuye a Euskadi la competencia en muchos de los ejes sobre los que se articula el plan, aunque incomprensiblemente no se hayan
transferido aún instrumentos imprescindibles para la articulación de un sistema de innovación como la política científica y tecnológica. Se erosionan nuestras competencias en materia educativa a través de leyes de bases uniformadoras o se niegan a
Hobetuz, la Fundación Vasca para la Formación Continua, los fondos recaudados en Euskadi y continúan sin ser objeto de traspaso las políticas de empleo. También le dice el Gobierno vasco a su Gobierno que es fundamental que el PNR del Estado
contemple el traspaso de políticas de I+D y de formación porque esa es la reforma de mayor alcance que se debe llevar a cabo. Sin ello el proceso carecería de credibilidad y supondría, además, desconocer de forma reiterada el marco legal vigente,
procediendo en contra del principio de subsidiariedad y de la idea de gobernanza proclamada por la propia Unión Europea. Como puede suponer, señor vicepresidente, nuestro grupo parlamentario coincide plenamente con la posición expresada por el
Gobierno vasco.
Señor vicepresidente, concluyo. He tratado de transmitirle la preocupación y la posición del Grupo Vasco en relación básicamente con tres cuestiones. En primer lugar, los riesgos que acechan al buen ritmo de crecimiento que hoy experimenta
la economía española y que se derivan de su modelo de crecimiento desde el exterior, evolución de los precios y previsible subida de los tipos de interés. Igualmente, he tratado de transmitirle que desde el Grupo Vasco no observamos pasos, ni
siquiera los más tímidos, en el sentido de la necesaria y pendiente reforma del gasto público que tanto el respeto al marco competencial como la eficacia y eficiencia económicas reclaman. Es más, lo que vemos va precisamente en el sentido
contrario: reconcentración de políticas públicas y elaboración del Plan Nacional de reformas.
¿Qué quiere que le diga, señor vicepresidente, en relación con las inversiones del Estado en Euskadi? Para su Gobierno Euskadi no existe, los presupuestos son ridículos año tras año y las ejecuciones o realizaciones son más ridículas aún.
Es verdad que hemos dado un paso adelante en el camino de la normalización institucional al desatascar los temas pendientes en la comisión mixta del concierto, hecho que valoramos positivamente, que no es una cuestión menor.
Ahora nos queda una importante tarea, de especial intensidad a lo largo de las próximas semanas, cual es la de plasmar en cifras y en el documento presupuestario los acuerdos alcanzados. Nuestro grupo está dispuesto a trabajar desde ya y
seguirá el proceso muy de cerca. Esperamos cerrar cuanto antes los señalados compromisos que serán buenos para Euskadi y facilitarán la necesaria fluidez de las relaciones interinstitucionales.
Es por ello por lo que nuestro grupo parlamentario no
ha presentado enmienda a la totalidad y va a votar en contra de las presentadas por otros grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Azpiazu.
Señor Herrera, su turno por favor.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
A nuestro grupo parlamentario le ha sorprendido el inicio del debate porque el Partido Popular decía estar muy preocupado por este presupuesto, pero nos hemos encontrado con que la mitad del tiempo la han destinado al Estatut. Es más, es la
primera vez que el principal partido de la oposición no agota el tiempo a la hora de hablar de los presupuestos. Quizás está muy obsesionado, muy centrado en sus obsesiones. La segunda sorpresa con la que nos hemos encontrado es que hemos visto en
la segunda enmienda de totalidad cuál es el papel que quiere jugar Convergència i Unió: transvase del Ródano, agua para todos, para Cataluña, para Levante y continuar con el modelo de desarrollo que quería impulsar el Partido Popular.
A nuestro grupo le preocupan mucho estos presupuestos, porque al igual que el debate de la semana que viene sobre el Estatut marca la concreción de la España plural, estos presupuestos marcan una orientación social, un modelo sostenible y un
crecimiento mucho más sólido. En estos presupuestos hablamos de si nos quedamos en la España que iba bien y que ahora va mejor o de los problemas de los 8 millones de pobres, de las 500.000 personas que están en pobreza extrema, cifra
que va aumentando; de vivienda y de si damos o no instrumentos. Estos son los presupuestos de la legislatura. ¿Y cuáles son las ventajas para abordarlos? Primero, que son presupuestos que crecen un 6,7 por ciento, cifra que nos da margen
para negociar; son los primeros presupuestos que se hacen sin la herencia del Partido Popular, sin el déficit oculto, sin sus políticas; y, además, parten de signos sociales que comprometimos desde las izquierdas y concretamente desde Izquierda
Verde el año pasado: integración para las personas inmigrantes, políticas activas de dependencia, proyectos para el impulso del ferrocarril convencional o una estrategia correcta en materia de ahorro y eficiencia. Sin lugar a dudas, corremos algún
riesgo y es quedarnos en el discurso complaciente, no agotar todas las vías, todas las enmiendas y toda la negociación para que sean unos presupuestos sociales. El riesgo sería preocuparnos mucho por el debate de la semana que viene y no agotar el
margen de este presupuesto. Por eso, en primer lugar, nuestro grupo va a votar que no a la enmienda a la totalidad porque no es momento de rechazar los presupuestos, porque no queremos que sean unos presupuestos más; queremos que cambien la
legislatura, que cambian el signo de la política económica y presupuestaria. Vamos a votar que no porque queremos agotar el margen de negociación, vamos a votar que no porque nuestro papel es hacer presupuestos más sociales y más sostenibles y no
presupuestos en los que discutamos, como hizo en su día Convergència i Unió, sobre cómo se bajaban los impuestos a la industria farmacéutica.
¿Cuál es nuestro primer argumento a la hora de oponernos a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y por Convergència i Unió? El primer argumento es que no es el momento político para presentarlas ni para apoyarlas.
En 1995 ya se devolvieron unos presupuestos y se supo cuál era la perspectiva. Nuestro principal argumento para decir que no es que en esta legislatura tenemos aún mucho por hacer: el debate del Estatut, la ley de dependencia, la ley del suelo,
una ley de educación que apueste por la escuela pública, una recuperación de la memoria histórica. Si este es nuestro argumento para decir que no a la enmienda a la totalidad, también queremos encontrar los argumentos para apoyar el presupuesto.
Nos gustaría analizar cuál es la situación, y la situación que ustedes dicen algunas veces, no siempre, es que la economía va como un cohete, pero nosotros tenemos dudas. La economía va como un cohete ¿para quién, para los 500.000 pobres extremos,
para los 8 millones de pobres, para la gente que no puede acceder a la vivienda? La economía va como un cohete pero incumplimos más que nunca el protocolo de Kioto. España iba bien y dicen que ahora va mejor. Lo cierto -y el señor Solbes lo ha
reconocido en su primera intervención- es que las bases de crecimiento de nuestra economía son poco sólidas: tenemos un saldo exterior pésimo, un diferencial de precios preocupante en relación con la media europea, una dependencia excesiva de la
construcción, el endeudamiento sin precedentes de las familias, una intensidad energética desastrosa: por cada punto de crecimiento del producto interior bruto doblamos la demanda energética y por cada euro que sube el petróleo hay una
transferencia de capital a las monarquías del Golfo de 400 millones de euros, no está mal. Las bases de nuestra economía no son lo suficientemente sólidas, no es que sea una economía con los pies de barro, es una economía con los pies de un
ladrillo que no aporta productividad, que hipoteca el territorio y, además, nos hipoteca también el futuro. ¿Qué queremos? Lo que queremos son unos presupuestos donde se hable menos de la España que va mejor y se hable más de las políticas
concretas que pueden hacer feliz a la gente. Eso supone equiparación con el gasto social de la media europea; mejor nivel de vida y, al fin y al cabo, presupuestos al servicio de la gente.
Si la condición para votar que no a la enmienda a la totalidad es que no es el momento político, hay que decir que nosotros ponemos condiciones para apoyar su presupuesto. Lo primero que hay que afirmar es que este presupuesto nos da margen
para la negociación. Sería un ejercicio voluntarista decir que estos presupuestos tienen que ser sociales subiendo un 6 por ciento, pero lo cierto es que subiendo el 7,6 por ciento -en definitiva, por encima de lo previsto- y siendo unos
presupuestos expansivos, hay margen para que haya una negociación, para que sean unos presupuestos más sociales y más ambientales. Sería una frivolidad que hoy alguien se planteara, por ejemplo, menos peso del sector público. Después de lo que ha
pasado en Nueva Orleans, se han demostrado las excelencias que algunos daban a una administración pública débil. Además sería frívolo e irresponsable que no abordásemos ya la necesidad de presupuestos expansivos con el compromiso de una reforma
fiscal que nos permitiese tener más peso del sector público. Esto es lo que estaba reclamando hoy la CES, la consolidación del modelo social europeo ante el modelo que existe en los Estados Unidos que apuestan por un sector público débil, modelo en
el que el mercado lo arregla todo o casi todo. La pregunta responsable que nos deberíamos formular es hasta cuándo podrán ser expansivos. Si no cambiamos las bases en que se fundamenta el ingreso, ¿podemos hablar en el futuro de presupuestos
sociales o de incremento de I+D+i? Nosotros creemos que no. Señor Solbes, usted sabe que las bases de los presupuestos expansivos de este año tienen muchos elementos de coyuntura. Aquí quiero introducir nuestra segunda condición. Como he
señalado, nuestra primera condición para decir sí a los presupuestos es que haya margen para negociar, es decir, que sean -y lo son- unos presupuestos expansivos. Nuestra segunda condición es que haya acuerdo en las políticas a desarrollar. El
hecho de que finalmente votemos favorablemente este presupuesto significa, sin lugar a dudas, un compromiso para Izquierda Verde, para Izquierda Unida
y para Iniciativa per Catalunya Verds, pero nuestro voto favorable también le obliga a usted a pactar la reforma fiscal con aquellos que damos apoyo a los presupuestos. Como decía, no podemos consolidar unos presupuestos más sociales con
las bases y con las reglas del Grupo Popular, porque son unos presupuestos expansivos coyunturalmente sin haber cambiado las bases de los ingresos.
Permítame que introduzca otro elemento. En el factor diferencial en gasto social deberíamos añadir otro factor, el de la política económica. Sin margen de decisión en la política monetaria ni posibilidad de intervención sobre el tipo de
cambio, el papel de la política fiscal necesariamente debería ir adquiriendo más peso en la tarea reequilibradora de nuestro crecimiento. Señor Solbes, para nosotros lo fundamental es que al presupuesto expansivo se le sume el compromiso político
adquirido ayer con el Grupo Socialista de que en este próximo año vamos a definir las políticas conjuntamente desde las bases, los valores y las propuestas de la izquierda. Lo vamos a hacer de forma conjunta. Ya lo hemos hecho y le pondré un
ejemplo. Cuando hablábamos de flexibilizar los criterios de estabilidad presupuestaria, nuestro grupo planteó que se debía asumir la estabilidad en el ciclo. En este sentido hemos conseguido acordar y pactar una ley que por primera vez da margen a
las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Eso es lo que supone acordar las políticas económicas, las presupuestarias y en este caso la política de estabilidad presupuestaria. Como decía, la segunda condición es que haya un compromiso
político, lo cual para nosotros va a suponer pactar no solo las políticas presupuestarias en materia sanitaria, sino también la ley del medicamento. Un compromiso que no va a suponer solo que discutamos sobre los recursos para la dependencia, sino
que negociemos la ley de dependencia y que entendamos que este es un derecho universal asociado a la persona. Un compromiso político que debe significar abordar la ley del suelo no como lo había hecho el Partido Popular, sino entendiendo que el
suelo es un bien público a proteger y que las plusvalías son para quien hace la transformación urbanística. ¿Se podría entender que hoy diésemos apoyo al presupuesto sin un acuerdo en la ley de educación con los valores que sobre la comunidad
educativa defiende Izquierda Verde? Nosotros entendemos que no. Nuestro segundo requisito es el relativo al compromiso político.
Pues bien, a estos dos requisitos, la necesidad de negociar en el marco de unos presupuestos expansivos y la necesidad de abordarlo desde el acuerdo político, vamos a añadir un tercero: el acuerdo en las cifras. Para nosotros hay cuatro
elementos en estos presupuestos que son claves: consolidar y agotar el presupuesto social, situar mejores bases de crecimiento, conseguir un presupuesto más sostenible y que finalmente sea un presupuesto más solidario, un presupuesto de paz y un
presupuesto más transparente.
Primer bloque, presupuesto social. Tenemos muy claro que no hay republicanismo cívico con la misma política económica y presupuestaria; no hay profundización democrática sin igualdad social y no hay democracia social sin democracia
económica. Estos presupuestos, sin lugar a dudas, son más sociales que los del año pasado. ¡Faltaría más!. El año pasado ustedes decían que no tuvieron el margen necesario para hacer los presupuestos. Pues bien, en estos presupuestos han tenido
el margen, han tenido el tiempo y los instrumentos necesarios. En este punto materias como la dotación de recursos para los municipios avanzan de forma notable. Tengo un informe del Instituto de Estudios Económicos que avala que las transferencias
a las corporaciones locales se incrementaron un 15 por ciento, un crecimiento muy elevado según ellos y que nosotros valoramos de forma positiva porque sin incremento para las corporaciones locales no es posible un presupuesto social; sin que la
Administración más cercana al ciudadano tenga más recursos, no se puede hacer políticas sociales. Por tanto, hay avances de partida.
Segundo elemento, en materia sanitaria se han dotado 1.700 millones de euros, que en parte supone un incremento importante de las transferencias corrientes del Estado a las comunidades autónomas precisamente para sanidad. Nosotros dijimos
que si no se abordaba el déficit sanitario nosotros no íbamos a apoyar el presupuesto, y ese paso se ha dado. Pero está claro que no basta. En materia sanitaria nuestro grupo parlamentario plantea, por ejemplo, políticas en salud mental, porque en
esta materia suspendemos de forma clamorosa. Hoy, una familia que tenga un enfermo de esquizofrenia, una depresión o cualquier otra enfermedad mental, lo que tiene que hacer es apoquinar con el tratamiento porque no hay respuesta desde la sanidad
pública. Nosotros entendemos que la Administración debe aportar soluciones a ese drama familiar.
Tercer elemento donde hay avances de partida: en materia de pensiones.
Finalmente, hemos subido un 6,5 las pensiones mínimas, un 1 por ciento más, como pedimos y exigimos en estas pensiones respecto a lo que había anunciado el presidente
Rodríguez Zapatero, y vamos a subir también por encima del IPC las pensiones mínima no contributivas. Pero una cosa es que nos alegremos y otra es que caigamos en la complacencia. ¿Es positivo? Sí. ¿Es suficiente? No. Cuando hay dos millones y
medio de personas que cobran pensiones de entre 430 y 550 euros, lo que tenemos que hacer es dotarnos de otras políticas que aborden la necesidad de mayor gasto social. Venimos de un proceso muy largo de deterioro y de precariedad en las pensiones,
8 años como mínimo, y por respeto a esas personas, que no es que tengan pensiones mínimas sino que tienen pensiones de miseria, lo que deberíamos hacer es abordar el desarrollo de este Estado social. ¿Cuál es la realidad? Que en el plan concertado
de servicios sociales, en el antiguo plan gerontológico, en el plan del voluntariado, en el
plan de inclusión social, en el plan para el pueblo gitano, en el plan de enfermos de Altzheimer o el plan vigente de acción para discapacitados llevamos demasiados años con las partidas congeladas. ¿Y qué les decimos nosotros? En estos
planes, y sobre todo en la futura ley de dependencia, tenemos que tener buenas bases presupuestarias para desarrollar nuestra estrategia en materia de dependencia de forma correcta. El año pasado fue nuestro grupo parlamentario quien incorporó 50
millones, este año se han incorporado más -a nosotros nos ha chocado dónde se han situado-, 100 millones en concepto de Inserso. Hoy el reto de las políticas de dependencia, los problemas gravísimos que tienen las personas dependientes se deben
abordar con un impulso que, como mínimo, cuadruplique la aportación del año pasado. Además, se debería incrementar el plan concertado porque, como decía, después de 10 años, son políticas que se han congelado, que no se han incrementado. En
definitiva, hay que ayudar a los ayuntamientos, pero también al conjunto de las administraciones para que hagan políticas de lucha contra la exclusión, para la erradicación de la pobreza, para la promoción del pueblo gitano, etcétera. Pero si éstas
son políticas a mejorar, hay otras a reorientar, como es el caso de la política de vivienda.
Señor Solbes, usted sabe -lo hemos discutido en más de una ocasión- que las políticas de vivienda van mejor en el contexto europeo que aquí, de hecho, se gastan el doble; pero además de gastarse el doble, se lo gastan de forma diferente.
De cada 4 euros que invierten, 3 los dedican a políticas activas de vivienda y uno a desgravaciones. ¿Cuál es el problema en materia de vivienda? Que tenemos que reorientar el gasto.
Venimos insistiendo en que, por supuesto, aquellas personas que
desgravan deben continuar desgravando -¡claro que sí!-, pero debemos abordar la necesidad de multiplicar esas políticas activas, y eso aún no se ha hecho. Es necesario, por tanto, cambiar esa orientación. Al factor de la orientación le queremos
añadir otro elemento. Este año se ha incrementado el presupuesto de vivienda en un 20 por ciento. Nosotros entendemos que no es suficiente porque veníamos de muy abajo, pero está bien. ¿Cuál es el problema? Que llevamos 2 años aumentando el
presupuesto de vivienda, pero a las administraciones competentes les llegan los mismos recursos.
La política de vivienda tiene que reorientarse, pero se tiene que dar más recursos a las comunidades autónomas para que hagan política de vivienda.
¿Tiene sentido alguno hoy que destinemos 400 millones de euros a políticas de ayudas a la entrada y, en cambio, no repartamos esos recursos entre las comunidades autónomas para distribuirlos en función de sus necesidades?
Cuarto elemento fundamental en política social: las políticas de integración para la inmigración. Los 120 millones que también incorporamos el año pasado son insuficientes. Señor Solbes, los inmigrantes son uno de los factores claves para
el superávit de la Seguridad Social. Lo compartimos. Están aportando mucho al bienestar y a la economía. No podemos ser tacaños con las cifras y los recursos que se dan a las políticas de integración y deberíamos multiplicar esas cifras.
En el
mismo sentido, cuando España es uno de los países que suspende de forma más clamorosa en política de asilo y refugio, el presupuesto debe dar una salida y nuestro grupo plantea una enmienda concreta para políticas de asilo y refugio. Si estos son
los elementos del reto social, hay otros que deben acompañar a un presupuesto que defina un modelo de crecimiento más sólido. Ahí valoramos el crecimiento de las partidas. El ejemplo lo tenemos en I+D+i, pero nos preocupa la orientación del gasto.
Podemos crecer mucho, pero podemos crecer con bases muy poco sólidas. Por ejemplo, una partida que está a caballo de la inversión, sobre todo de la inversión social: la política educativa. Está bien que incrementemos la partida presupuestaria un
16 por ciento, pero lo clave es la estrategia que definamos y, sobre todo, el acuerdo al que lleguemos en la próxima ley de educación, ya que tal y como está planteada hoy no estamos cómodos, porque queremos que se apueste por la escuela pública de
calidad y además laica. Hay partidas que van bien orientadas, hay falta de recursos, pero aún se tiene que discutir la política.
En un plan de empleo decente podemos hablar de bases más sólidas en nuestro modelo de crecimiento, pero no lo podemos hacer sin unas políticas laborales claramente continuistas. Hemos acordado que vamos a multiplicar las inspecciones de
Trabajo, pero ¿cuándo vamos a dar solución a los 185.000 parados de larga duración, mayores de 45 años que no tienen un ingreso en su familia? Hay que hacer un avance en el presupuesto, en las partidas económicas que no suponga un avance
presupuestario en lo económico y un retroceso en el discurso. En materia laboral su compromiso como Gobierno de izquierdas y progresista que se apoya en una mayoría también progresista es que el enfoque no sea el del abaratamiento del despido, sino
el de las políticas activas de empleo.
En I+D+i le felicitamos porque hay un incremento del 30,9 por ciento en esta materia, pero tenemos que hacer algunas salvedades para no hacer trampas en el solitario. Aumenta mucho más el gasto financiero que el no financiero y usted ha
explicado las razones. Si vemos la ejecución, el gasto financiero este año no se ha ejecutado, señor Solbes. A nuestro grupo le preocupa que haya unas cifras donde incrementamos mucho el I+D+i, pero que no sea tan real esa necesidad de cambiar el
modelo productivo de crecimiento de nuestra economía. Nos preocupa mucho, señor Solbes, el I+D+i destinado a lo militar porque ahí tenían un compromiso programático, el de separar el I+D+i militar del global. Este año tenemos un elemento de
preocupación añadido: el I+D+i militar no se separa sino que se incrementa en un 27 por ciento. Lo que queremos son soluciones. No establezcan aquello que es exclusivamente constructivo en I+D+i.
Estos dos elementos indican que en otras partidas, como I+D+i y renovables, nos quedamos muy cortos, un 1,4 por ciento. Para nosotros este es un elemento fundamental.
Quinto pilar en el gasto, que el presupuesto aborde un desarrollo sostenible, y aquí tenemos políticas: en gestión de bosques les hemos hecho una propuesta; en ahorro y eficiencia, que hagan una estrategia para las administraciones
públicas, pero además que desarrollen un modelo de infraestructuras realmente sostenible. Aquí todo el mundo se ha hartado de decir que la previsión de 55 dólares por barril brent no era una previsión realista, afirmación con la que coincidimos
todos, pero lo cierto es que construimos 6.000 nuevos kilómetros de autopistas y autovías. ¡Fantástico! Decimos que no es realista y que el barril va a estar a 100 euros, pero nos dedicamos a multiplicar autovías y autopistas en el conjunto del
territorio. ¿Qué dijeron el año pasado? Vamos a hacer del ferrocarril y del ferrocarril convencional una prioridad, y lo que nos hemos encontrado es que este año en la ejecución presupuestaria, aparte de haber discriminación respecto a comunidades
autónomas -Cataluña o Andalucía son buenos ejemplos de esa discriminación respecto a Madrid-, en ferrocarril han ejecutado muy poco. Nos dijeron: pongan proyectos. Y esos proyectos no han sido ejecutados.
Voy a dar una cifra. En cercanías el conjunto del presupuesto invierte 7 millones de euros menos, no más. ¿Sabe S.S. cuánto se destina en Cataluña, señor Solbes, con las cercanías más colapsadas de todo el Estado español? 22 millones de
euros, que contrastan con los 66 para la bahía de Cádiz y con los 99 para Madrid. Lo que tiene que hacer este Gobierno es priorizar el tren, el tren convencional, el tren de gran vía, los trenes que utilizan el 98 por ciento de los usuarios. ¿Qué
hacen en cambio? El cuarto cinturón en Barcelona, plantean la A-26 desde Salou a Figueras y, en cambio, no proponen, como nosotros vamos a hacer, que se liberen peajes, como reclaman muchos grupos parlamentarios, como hace Esquerra en Mollet, tal
como viene reclamando gran parte de la sociedad.
Voy acabando, señor presidente. Para nosotros este presupuesto debe ser mejor, más solidario, más razonable. ¿Qué significa eso? Que sea más transparente, con una oficina de gestión parlamentaria; un presupuesto donde desglosemos lo que
va a las sociedades del Estado -lo planteamos nosotros el año pasado y ha sido ya una realidad en este presupuesto-, que incremente la transparencia en la Casa Real o en otras secciones.
Segundo elemento, que sea más solidario, y ahí valoramos bien
los 700 millones de incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo, pero también decimos que no puede ser que eso vaya acompañado de un incremento del 63 por ciento de los créditos FAD, que suponen al fin y al cabo mayor endeudamiento para los países
del sur. Por eso vamos a presentar una enmienda en este sentido. Por último, que sea un presupuesto más razonable. El presupuesto de Defensa aumenta un 6,3 por ciento. Nos parece bien que aumente un 6,3 por ciento para mejorar los sueldos de los
miembros del ejército, siempre y cuando vaya acompañado de una reflexión sobre la necesidad de redimensionar el número de efectivos y lo reduzcamos a lo que realmente necesitamos.
Como conclusión, señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo les pide algo muy sencillo, que agoten el margen para que sean unos presupuestos más sociales, que se preocupen de negociar lo concreto porque estos presupuestos
tienen signos, pero lo que nosotros queremos es un compromiso social y ambiental. Nuestro grupo parlamentario va a presentar muchas enmiendas y lo que esperamos es que al final de la negociación no solo no tengamos argumentos para votar en contra
de las enmiendas de totalidad, sino que tengamos argumentos sólidos, de peso, para apoyarlos. Que los tengamos dependerá de su voluntad política, para que los tengamos necesitaremos ministerios más flexibles, para que nos sumemos a su presupuesto
en todas las secciones, lo que queremos es no solo que se aprueben las políticas del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino que también se aprueben nuestras políticas, las del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Herrera.
Así las cosas, damos por concluida la sesión. Insisto, procuren estar mañana temprano porque no se votará antes de las diez y media, aunque probablemente terminemos la sesión con un avance de dos o tres horas sobre lo previsto. Estén
temprano para que haya quórum. Se lo agradeceré.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.