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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 120, de 18/10/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 120
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 112
celebrada el martes, 18 de octubre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de ley:
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la intervención de menores en el proceso penal. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie B, número 190-1, de 3 de junio de 2005.
(Número de expediente 122/000159.) ... (Página 5969)
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a las declaraciones de los menores en los procedimientos jurisdiccionales penales. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 189-1, de 27 de mayo de 2005. (Número de expediente 122/000158.) ... (Página 5969)
-De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie B, número 198-1, de 5 de septiembre de 2005. (Número de expediente 122/000162.) ... (Página 5978)
Prórroga de plazo ... (Página 5987)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), relativa a medidas urgentes a adoptar por el Gobierno en Ferrolterra después de la reciente reestructuración del sector naval. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 169, de 14
de marzo de 2005. (Número de expediente 162/000283.) ... (Página 5988)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre medidas para la mejora de la actual situación del sector pesquero. (Número de expediente 173/000093.) ... (Página 5992)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas coordinadas del Gobierno de carácter diplomático, humanitario, de seguridad y de codesarrollo para hacer frente a los hechos de
inmigración producidos en la frontera con Marruecos en Melilla y Ceuta. (Número de expediente 173/000094.) ...
(Página 5998)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas para evitar que se repitan los recientes incidentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y sobre su compromiso real con éstas. (Número de expediente
173/000095.) ... (Página 6005)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5969)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la intervención de menores en el proceso penal. ...
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a las declaraciones de los menores en los procedimientos jurisdiccionales penales. ...
La señora García Suárez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la proposición de ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento Criminal en relación a la intervención
de menores en el proceso pela. Señala que pretende modificar las importantes lagunas que existen en la actualidad en cuando a la protección de menores, resaltando que uno de los problemas que existen en estos momentos es que la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no establece un foro específico para la comparecencia de los menores en el proceso penal. Esta proposición pretende garantizar los derechos de los menores durante su comparecencia en los procedimientos penales que regula la
mencionada ley, tanto si es víctima de los delitos como testigo de los mismos. Igualmente la proposición aborda la necesidad de conciliar de la forma más clara posible la ley procesal y la legislación específica de protección de menores con el fin
de que se haga efectivo en el procedimiento penal la salvaguarda del derecho a la defensa de todas las partes durante la práctica de una prueba testificada o una declaración en juicio cuando intervenga un menor.
La señora Pigem i Palmés presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la proposición de ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a las declaraciones de los menores en los
procedimientos jurisdiccionales penales, señalando que el ordenamiento vigente no protege suficientemente a los menores cuando tienen que declarar como testigos. Manifiesta que su proposición pretende la protección de los menores, suprimiendo en lo
posible los efectos dolorosos que les puede suponer su intervención como testigos en un proceso penal,
en especial en los casos en que han sido objeto de abusos sexuales.
Propone en su iniciativa la modificación del artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que se especifique que en los procedimientos penales se tome
declaración a los menores a través de un especialista, al que el ministerio fiscal y las partes le hubieran facilitado las preguntas.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); las señoras Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
Por alusiones, pide la palabra la señora García Suárez.
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios ...
(Página
5978)
Intervienen en la presentación conjunta de esta proposición de ley la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y los señores Couto Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
En turno en contra interviene la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV; el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Prórroga de plazo. ... (Página 5987)
La Presidencia somete al Pleno de la Cámara la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión que estudia la reforma del servicio exterior, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para rendir informe por un plazo de seis
meses, que es aprobada por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ...
(Página 5988)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con relación a la
intervención de menores en el proceso penal, se aprueba por 310 votos a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal con relación a las declaraciones de los menores en los
procedimientos jurisdiccionales penales, se aprueba por 309 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los
títulos nobiliarios, se aprueba por 275 votos a favor, seis en contra y 27 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 5988)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), relativa a medidas urgentes a adoptar por el Gobierno en Ferrolterra después de la reciente reestructuración del sector naval ... (Página 5988)
Presenta la proposición no de ley el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señalando el proceso de destrucción sistemática de uno de los sectores básicos de la economía de Ferrolterra, fruto de decisiones
políticas impulsadas por las administraciones central y comunitaria en el contexto de una política industrial irracional. A ello hay que añadir la propuesta teórica de una pseudopolítica
reindustrializadora compensatoria que se sabía condenada al fracaso de antemano, que lleva a la consecuencia de un declive demográfico en Galicia, con una pérdida poblacional que en Ferrolterra significó casi el 30 por ciento. De ser una
comarca de foco de inmigración hasta el año 1980 ha pasado a ser una comarca emigratoria en nuestro país. Pretende que se instrumente un programa industrializador que supere los errores del pasado y que las administraciones central y autonómica,
causantes del deterioro económico, social y empresarial jueguen un papel más decidido en la captación de proyectos empresariales que permitan efectivizar la diversificación comarcal.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la votación la proposición no de ley, se aprueba por 314 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 5992)
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre medidas para la mejora de la actual situación del sector pesquero ... (Página 5992)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ramón Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) Resalta la crisis que atraviesa el sector pesquero, crisis que también sufre gran parte del sector
primario del Estado debida al incremento de los costes de producción y al descenso que sufren los precios de sus producciones. Este desequilibrio entre lo que ingresa el sector y los gastos que genera su actividad hace que muchas explotaciones
pesqueras sean cada vez menos viables, lo que en un futuro puede llevar a que muchas barcas se queden amarradas en los puertos. Presenta una serie de medidas que ayuden a paliar el aumento desmesurado del precio del carburante, que por otro lado el
sector no puede trasladar al precio de las capturas. Cree imprescindible la creación de un fondo de garantía que permita la compra del gasóleo a un precio estable, y que este precio estable sea asumido por el sector.
En defensa de las enmiendas presentadas, interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas coordinadas del Gobierno de carácter diplomático, humanitario, de seguridad y de codesarrollo para hacer frente a los hechos de
inmigración producidos en la frontera con Marruecos en Melilla y Ceuta.. ... (Página 5998)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Propone una serie de medidas radicalmente distintas a las
seguidas hasta el momento por el Gobierno, que no han aportado ninguna solución. Entre ellas está que el Gobierno se comprometa a un incremento anual de nuestra ayuda al desarrollo para alcanzar el 0,7 por ciento del producto interior bruto y
promueva políticas activas para que este compromiso sea de toda la Unión Europea.
Igualmente pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, así como que se ponga en
marcha un observatorio de derechos humanos que investigue lo que está ocurriendo, que afecta tanto a Marruecos como a España.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Campuzano y Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas, interviene la señora Navarro Casillas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas para evitar que se repitan los recientes incidentes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sobre su compromiso real con éstas ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pide al Gobierno que defina su política de inmigración pues los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen sensación
de indefensión con respecto a las políticas que está desarrollando. Quieren hechos, no palabras, y en esta moción presentan algunas soluciones. Resalta que el Gobierno, el grupo que lo sustenta y sus socios han fallado estrepitosamente en la
política de inmigración. A los ciudadanos de Ceuta y Melilla se les debe decir algo que les tranquilice.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas, interviene el señor González Pérez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) sobre medidas para la mejora de la actual situación del sector pesquero, se aprueba por 308 votos a favor.
Se procede a las votaciones de los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas coordinadas del Gobierno de
carácter diplomático, humanitario, de seguridad y de codesarrollo para hacer frente a los hechos de inmigración producidos en la frontera con Marruecos en Melilla y Ceuta.
Se procede a las votaciones de los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas para evitar que se repitan los recientes incidentes en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sobre su compromiso real con éstas.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICIACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN RELACIÓN CON LA INTERVENCIÓN DE MENORES EN EL PROCESO PENAL. (Número de expediente
122/000159.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DE LOS MENORES EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES PENALES. (Número de expediente
122/000158.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión correspondiente al martes 18 de octubre de 2005.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la
intervención de menores en el proceso penal.
Tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario propone, con la proposición de ley que vamos a debatir a continuación, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la intervención de los menores en el proceso penal. Esta proposición de
ley se debatirá conjuntamente con otra de Convergència i Unió que aborda alguna de las cuestiones que nosotros planteamos, aunque de manera más limitada. Me va a permitir en este punto el Grupo Catalán (Convergència i Unió) -y ruego a la señora
Pigem que no lo reciba de modo personal, sino como grupo- que les recuerde que legítimamente podríamos habernos negado a su agrupación y más cuando precisamente su grupo nos negó el debate en una anterior, pero el movimiento se demuestra andando y
hemos querido dejar constancia de que en política también se puede ser generoso y demostrar con los actos los diferentes talantes.
Dicho esto, paso a expresar que las modificaciones que planteamos para la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos deberían hacer sonrojar a todos y todas, ya que es insólito que a estas alturas todavía haya lagunas tan
importantes en la protección de los menores. El problema que existe en estos momentos es el siguiente. la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece un foro específico para la comparecencia de los menores en el proceso penal. La
declaración de testigos en la fase de instrucción o sumario, regulada en los artículos 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el examen de los testigos en el acto del juicio oral de los procesos penales, regulado en los
artículos 701 y siguientes, no disponen un tratamiento especial en los casos en los que los menores intervienen en el proceso penal como víctimas o testigos, a excepción de la mención del artículo 433 respecto de la declaración de púberes e
impúberes. Como explicamos detenidamente en la exposición de motivos de nuestra proposición de ley, nuestra propuesta tiene como objetivo garantizar los derechos de los menores durante su comparecencia en los procedimientos penales que regula la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, tanto si es víctima de los delitos como si es testigo de ellos.
Nuestra propuesta modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Libro II, título V, capítulo V, que regula las declaraciones de los testigos en la
fase de comprobación del delito y averiguación del delincuente en el procedimiento penal. Concretamente se crea un nuevo artículo, el 402, y se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Libro III, capítulo III, sección 2, que regula el
examen de los testigos en el acto del juicio oral. Por tanto, señorías, la propuesta pretende la protección del interés superior del menor durante la comparecencia de los menores tanto en la fase de la investigación como en el propio acto del
juicio oral, es decir, íntegramente, durante toda la tramitación del procedimiento penal en el que participe un menor. Además, esta propuesta conjuga los derechos del menor con el derecho a la defensa en su máxima amplitud de los imputados o
acusados por delitos en los que la víctima o testigo sea un menor y, por tanto, deba comparecer en el procedimiento. Resumiendo, se trata de dar respuesta en la Ley procesal penal a situaciones que en la práctica han supuesto una vulneración de los
derechos de los menores -precisamente en los últimos meses hemos podido tener constancia de cuestiones similares-, alejándose de la especial protección que recoge la legislación internacional y la legislación específica de menores.
Esta proposición de ley aborda la necesidad de conciliar de una vez por todas y de la forma más clara posible la Ley procesal y la legislación específica de protección de menores, de forma que, haciendo uso de los avances técnicos y de los
medios que ya prevé la propia ley, se haga efectivo en el procedimiento penal la salvaguarda del derecho a la defensa de todas las partes durante la práctica de una prueba testificada o una declaración en juicio cuando intervenga un menor. Hablamos
pues de un juicio justo y con todas las garantías para el imputado, pero también de un juicio justo que respeta el derecho de las víctimas y, especialmente, el derecho de los menores y su interés superior. Hemos de comentar que precisamente en la
nueva reforma de la Ley penal del menor se prevé en una adicional la modificación en el sentido de lo que nosotros estamos planteando, pero pensamos que no recoge de manera suficientemente amplia lo que nosotros estamos proponiendo con esta
iniciativa. La reforma que se pretende hacer de la Ley penal se circunscribe exclusivamente a lo que serían los problemas derivados de abuso sexual o de violación. Nosotros consideramos que los menores se pueden encontrar en muchísimas más
ocasiones ante la necesidad de tener que testificar delante de un juez durante un juicio, por razones no ligadas directamente a una violación o a un abuso sexual, sino simplemente por haber sido testigos de otros actos, ya sea a su familia o por
cualquier situación de su entorno. Consideramos que esta propuesta que el Gobierno pretende con la reforma de la ley no exime para nada que, al tiempo que abordemos la reforma, estemos planteando esta modificación.
No es que nuestro grupo no dé
importancia al problema dramático de abusos a menores, todo lo contrario, creemos que precisamente es uno de los delitos que más rechazo social provoca pero del que lamentablemente la sociedad apenas sabe nada y de cuyo abordaje los poderes públicos
-también lo lamentamos- en la mayoría de las ocasiones parecen huir.
Los datos que tenemos precisamente de abusos a menores en España datan de 1992, es el primero y el único estudio que parece que fue encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales en su momento y realizado por el doctor Félix López, de la
Universidad de Salamanca. Podemos saber por este estudio que el 23 por ciento de las mujeres y el 15 por ciento de los hombres en España han sido víctimas de abusos antes de cumplir los 17 años y que el 43 por ciento de estos fueron abusos
cometidos por desconocidos, pero que el 33 por ciento fueron cometidos por el entorno familiar más cercano. Estos datos nos deberían preocupar muchísimo, dado que
también se conocen ya por diferentes estudios, sobre todo psicológicos y psiquiátricos, las repercusiones que tienen en la vida adulta de los niños y niñas que han sufrido estos abusos sexuales. Por tanto, ya adelanto que nuestro grupo en
breve presentará una iniciativa parlamentaria para una mayor protección, atención y tratamiento de los menores objeto de abusos sexuales. Por consiguiente, nos parece un tema de gran calado social y preventivo, pero consideramos que el Gobierno se
equivoca planteándolo en la Ley Penal del Menor en los términos en que lo hace. Nosotros entendemos que es en la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde tenemos que garantizar y asegurar esta modificación y no solamente para este caso de los abusos
sexuales, sino para cualquier situación en la que un menor tenga que comparecer ante un juicio.
El proceso judicial, señorías, perjudica gravemente a los menores por varios motivos. En primer lugar, debido a la lentitud de la justicia. El niño o niña debe declarar mucho tiempo después de los hechos ocurridos, pueden llegar a ser dos
años, tres años o cinco años. Generalmente se hace explicar a los pequeños más de dos veces los hechos ocurridos, pero, a veces, incluso hasta cinco veces la misma historia revivida y revivida; se les hace explicar ante la policía, ante el juez
instructor, ante los médicos forenses, ante los psicólogos y en el acto del juicio oral. Todo ello es contrario a su recuperación terapéutica, como nos lo indican también numerosos informes de profesionales, ya que les obliga a tener presente todo
el tiempo la agresión o abuso sufrido y les recuerda constantemente que son diferentes al resto de los niños por el problema que han tenido, además de que se sienten culpables y humillados por esta situación. En muchos casos, los propios
profesionales que les atienden resaltan el grave daño que la actuación judicial les está infligiendo, condenándolos a una victimización secundaria que en ocasiones llega a equipararse al daño causado por la violencia sexual o por los malos tratos,
ya sean de ellos, ya sean de familiares cercanos. Los protocolos elaborados en esta materia aconsejan que la declaración del menor se realice en una fecha no muy lejana a los hechos denunciados y con todas las garantías; es decir, con presencia de
las partes, del fiscal y del juez, en sala contigua, que sea grabada en vídeo y que el interrogatorio, pese a ser dirigido por el juez, sea llevado a cabo por psicólogos expertos en la materia. De la misma manera, se aconseja que se haga la
grabación en vídeo de la declaración de los niños y niñas víctimas, con todas las garantías para las partes, porque eso no perjudica para nada los derechos del reo, pero, eso sí, respeta el desarrollo emocional y psicológico del menor, liberándolo,
que es lo más importante, de tener que repetir continuamente su declaración ante las distintas instancias.
Señorías, si la ley no se reforma obligando a cambiar los criterios para la declaración de los menores, seguiremos atentando contra los derechos de los niños y niñas víctimas de cualquier tipo de abuso, de violencia o cuando son testigos de
los mismos. Sabemos que pese a que existen jueces y salas respetuosos con esta posición -todo se ha de decir porque es así- y que ponen todo su esfuerzo, que lo ponen todo de su parte por que todos los elementos de la declaración de los menores
hagan que esta sea lo menos traumática posible -en un Estado de derecho democrático y que respete los derechos humanos ha de ser así-, no podemos dejar al arbitrio de cada juez la recuperación de los niños y niñas víctimas de delito. Por eso
solicitamos que se garantice por ley la protección de los menores y el respeto a los derechos de las víctimas y no solo los del reo.
Por todo lo expuesto, estamos convencidos de que los diferentes grupos parlamentarios verán oportuno, necesario y, sobre todo, de gran interés para la protección de los menores esta iniciativa y de que tendremos el respaldo de todos ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), también proponente de la proposición de ley. En su nombre, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como todos recordarán, el pasado mes de mayo los medios de comunicación se hicieron eco de una situación crítica que se vivió en la Audiencia de Barcelona, donde cuatro niñas menores tuvieron que declarar como testigos en el juicio
que se seguía contra su profesor de karate, que estaba acusado de abusar sexualmente de ellas, y tuvieron que hacerlo sin que ni siquiera una mampara las separara visualmente del inculpado.
Estos hechos, que provocaron una gran alarma social,
sacaron a la luz pública una situación que no era la primera vez que sucedía y que, en último término, se debe a que nuestro ordenamiento vigente no protege de manera suficiente a los menores cuando tienen que declarar como testigos.
En nuestro
ordenamiento vigente se da la paradójica circunstancia de que si los menores delinquen tienen un tratamiento penal diferenciado en la Ley de responsabilidad penal del menor, pero, cuando estos mismos menores son víctimas o testigos de un delito,
nuestro ordenamiento los trata como si fueran adultos. En honor a la verdad, hay que reconocer que, en términos generales, nuestros jueces y tribunales hacen una adecuada tutela sobre los derechos de los menores y de las menores, pero no es menos
cierto que la potestad discrecional del juez, el que sea facultativo decidir si los testigos menores pueden tener un trato especial para evitar la confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que
haga posible la práctica de la prueba sin merma de la debida protección del interés superior del menor, provoca situaciones como la que sucedió en Barcelona y que, como hemos dicho, no ha sido la primera ni la única vez que se han dado.
Nuestro grupo parlamentario reaccionó con prontitud, con inmediatez, porque el 27 de mayo, es decir, al día siguiente de que saliera a la luz pública esta situación vivida en la Audiencia de Barcelona, presentó esta iniciativa que estamos
ahora viendo y que tiene por objeto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los menores tengan una adecuada protección cuando tienen que declarar como testigos.
Una proposición, señorías, que en definitiva lo que intenta es
que los hechos a los que hemos aludido no puedan volverse a repetir. La rapidez, la inmediatez entre los hechos y la presentación de esta iniciativa no obedece en modo alguno a que desde mi grupo se intente legislar reactivamente a tenor de los
titulares de los medios de comunicación o se intente legislar sin el sosiego necesario para ponderar todos los intereses en juego, sino que obedece, como hemos dicho, a que Convergència i Unió era sobradamente conocedora de esta realidad, que había
venido repitiéndose y que por ello mismo había dado ya lugar a un protocolo de actuación de los jueces y tribunales en situaciones como la descrita. No obstante, es evidente que un protocolo de actuación no deja de ser una guía voluntaria y no
obliga a ningún juez a llevarlo a la práctica.
La adecuada protección del interés del menor obligaba, a nuestro juicio, a convertir este protocolo facultativo en una norma de obligado cumplimiento. La reforma que ahora estamos viendo hace más de un año que reiteradamente la hemos
planteado desde mi grupo parlamentario. En este sentido, presentamos una enmienda al proyecto de ley de medidas integrales contra la violencia de género, en concreto la número 436, cuyo contenido tenía el mismo objetivo y el mismo contenido que la
iniciativa que estamos viendo. Desgraciadamente, esta enmienda fue rechazada entonces, tanto en el Congreso como en el Senado, pues de haberse aprobado lo que hoy estamos discutiendo formaría parte ya de nuestro ordenamiento positivo. La
iniciativa cuya toma en consideración estamos ahora debatiendo no es una novedad para mi grupo parlamentario, porque no solo lo pedimos como enmienda a la Ley contra la violencia de género, sino que también presentamos una proposición de ley en el
Senado, que se tomó en consideración por unanimidad, además de la iniciativa que ahora estamos debatiendo y de suscribir con la totalidad de los grupos parlamentarios una proposición no de ley, que aún no se ha visto, en la que se insta al Gobierno
a la modificación pertinente de nuestro ordenamiento jurídico para lograr una adecuada regulación del tratamiento de los menores cuando deban actuar como testigos en los procesos penales.
No es que no quiera agradecer a la señora García y a
Izquierda Verde el que hayan permitido acumular nuestra iniciativa a la suya, puesto que evidentemente era una potestad facultativa que tenían, pero sí quiero aludir a la cantidad de ocasiones en que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha puesto este tema encima de la mesa porque, en cualquier caso, nuestras iniciativas son anteriores y hace muchísimo tiempo que las venimos solicitando. Una cosa no quita la otra, y es justo que así conste en el 'Diario de Sesiones'.
Señorías, la protección de los menores, suprimiendo en lo posible los efectos dolorosos que les puede suponer su intervención como testigos en un proceso penal siempre, en todos los temas, pero en especial en los casos en que han sido objeto
de abusos sexuales, es una prioridad en nuestra capacidad de iniciativa legislativa. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por instrumento de 30 de noviembre de 1990,
con lo también previsto en la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, de 25 de mayo del año 2000, y con lo previsto en nuestra Carta Magna, que establece la protección especial de los menores y de la infancia. Todo ello está siendo
además demandado específicamente, a raíz de los hechos acaecidos en la Audiencia de Barcelona, tanto por el Síndic de Greuges de Catalunya como por el propio Consejo General del Poder Judicial.
No se nos escapa la necesidad de conjugar este supremo interés del menor con los otros derechos fundamentales en juego, tales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa a un juicio justo y a un tribunal imparcial, que para formar
adecuadamente su convicción debe conocer de manera apropiada una de las pruebas fundamentales, como es la declaración de la víctima. A nuestro modo de ver, todo ello no puede justificar en ningún caso que no se aseguren suficientemente los derechos
de los menores, como digo siempre, pero especialmente en los casos en que han sido víctimas de abusos sexuales, ya que al tener que revivir una y otra vez, incluso delante del agresor, unos hechos que pueden haber afectado profundamente a su
equilibrio psicológico y emocional, se podría aumentar de forma grave el daño padecido. Todo esto puede provocar que muchos progenitores, como sucedió en el caso de una de las menores en Barcelona, no denuncien o se nieguen a que sus hijos o hijas
tengan que comparecer una y otra vez ante el tribunal. Esta es una situación que requiere una urgente rectificación y a ello obedece la iniciativa que estamos debatiendo, también la que se ha defendido en primer lugar, otras ya tomadas en
consideración y otras anunciadas, como es el tratamiento que se da al respecto en el anteproyecto de reforma de la Ley de responsabilidad penal del menor que esperamos entre en esta Cámara próximamente.
Señorías, desde Convergència i Unió, solicitamos su voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa y anunciamos, como no podría ser de otra manera, nuestro voto favorable a la iniciativa de Izquierda Verde, ya que en el caso de
que prosperase se acumularían ambas a la iniciativa que ya se está tramitando.
En cuanto al contenido concreto de nuestra iniciativa nosotros proponemos una modificación del artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de que se especifique que en los procedimientos penales se les tome declaración a
los menores en presencia -la palabra que formulamos es la de un experto, aunque quizá no sea la más adecuada- de un especialista, al
que el juez, el ministerio fiscal y las partes previamente hubieran facilitado las preguntas. Esta declaración podría ser seguida por el juez y las partes, a través de un espejo unidireccional o de un circuito cerrado de vídeo, contando con
la posibilidad de que se pudieran sugerir nuevas preguntas que formularía este mismo especialista. También se podría disponer que se grabara en soporte audiovisual para su valoración y, de esta manera, tal como ha aludido la señora García, se
podrían evitar declaraciones muy espaciadas en el tiempo y que hacen revivir al menor una y otra vez esta situación lesiva. No voy a abundar más en el contenido de la iniciativa, porque tratándose de una toma en consideración no es necesario entrar
pormenorizadamente en el contenido de la misma y con las enmiendas podremos ir buscando a lo largo de la tramitación parlamentaria la mejor formulación para conjugar de manera adecuada todos los intereses en juego, asegurando en todo caso el respeto
al supremo interés del menor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fer-nán-dez.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para posicionarnos a favor de las dos propuestas de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la declaración de los menores que acaban de defender tanto la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió como la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Quiero manifestar nuestro apoyo a estas iniciativas, porque las consideramos oportunas, no solamente por los acontecimientos ocurridos
en la Audiencia de Barcelona, que se han hecho públicos, sino porque en otros asuntos menos conocidos y de menor transcendencia pública también ha sucedido este tipo de acontecimientos. Aunque no podamos decir que esto sea una cuestión generalizada
en el tratamiento a los menores, sí que compartimos lo que decía la señora Pigem, y es que por lo general por parte de los jueces hay una actitud de protección de los testigos menores.
Ambas proposiciones nos parecen oportunas, independientemente de la necesidad de que se incluya en la reforma de la Ley de responsabilidad del menor que se anunció que se traería a esta Cámara, porque es necesario ampliar el tratamiento de
los testigos menores no solamente a las causas penales sino también a las causas civiles, sobre todo a algunas en concreto, que pueden ser realmente perjudiciales para la psicología de los menores.
Esperamos que la toma en consideración de estas propuestas signifique que mediante enmiendas podamos mejorar el texto y sobre todo mejorar las condiciones de protección en que en estos momentos se encuentran los menores durante sus
declaraciones. De hecho, en la propuesta defendida por la señora Pigem se contempla que igual que se tiene que proteger a los menores en cuanto a las declaraciones de aquellas personas que fueron las causantes de su problema o de las personas
acusadas por los mismos de determinados delitos, también sean protegidos de cualquier otro tipo de manipulación por adultos al respecto de lo que puedan ser sus declaraciones. Repetimos nuestro apoyo a las dos propuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley, tanto la que ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como la que ha
presentado la señora Pigem, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Ya se venía notando, sobre todo con la casuística que ha transcendido con la información pública, incluso a veces con matices de escándalo, que el menor, que estaba
protegido en su intimidad por una legislación democrática (aquí hemos elaborado muchas leyes de protección al menor y su derecho a la intimidad con la exigencia incluso de que en toda publicación gráfica se tenga que difuminar el rostro de los
menores de edad en cualquier noticia del tipo que fuere), se encontraba indefenso cuando tenía que deponer su testimonio como testigo y testificar ante cualquier tribunal ordinario.
Como bien señala la propuesta de Convergència i Unió, se da la paradoja de que el menor en caso de ser delincuente es tratado con una legislación específica y protectora, pero si es víctima de cualquier forma delictiva no es tratado como tal
porque en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se recoge un tratamiento para el caso de que tenga que deponer como testigo ante los tribunales de justicia, por lo que queda a la libre interpretación del juez o magistrado presidente del tribunal
correspondiente la forma de escenificar y de concurrir ante el tribunal un menor en la causa para la que se le haya citado en su condición de testigo o como ciudadano, ya que se le trata sin distinción de edad.
Ha llegado la hora de que aparezca esa reserva de ley en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y creemos que la toma en consideración de estas dos iniciativas puede cubrir lo que hoy día es una paradoja y una deficiencia que no ha tenido en
cuenta el Poder Legislativo. De ahí que nuestro voto sea favorable a la toma en consideración de las dos iniciativas que debatimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo anuncia que va a votar favorablemente la toma en consideración de las dos proposiciones de ley, pero me permitirán que haga algún comentario sobre la catalanidad de las dos proponentes y sobre los sucesos concretos
ocurridos en Barcelona, que les ha llevado a intervenciones del estilo de quién vio antes esta circunstancia, lo cual aleja el contenido de sus intervenciones, incluso de los textos que se presentan, de lo que ha de ser lo que hoy nos debe llevar a
reflexión antes de emitir nuestro voto, y es si hay realmente una laguna o algo que modificar en el ordenamiento y después si lo que se presenta como soluciones a ello está bien hecho desde el punto de vista de la técnica.
No olvidemos que estamos
hablando de normas de derecho procesal penal en las que no debe moverse uno a la luz de los sucesos acaecidos en la prensa, como bien ha manifestado la portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Por el orden de presentación en esta Cámara, me referiré a las dos iniciativas; la primera de las presentadas, de las que tienen entrada en el Registro es la del Grupo Catalán. Nos parece que tiene aspectos interesantes en cuanto a que
menciona que la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene alguna referencia, aunque antigua como diré más adelante, en su terminología a los menores, de púberes o impúberes cuando actúan como testigos, pero no especialmente a cuando los menores además de
testigos, o junto con la condición de testigos, resultan ser víctimas del delito. Tiene además el mérito de señalar, por supuesto como una de las pautas que rigen lo que se pretende normar, la especial situación psicológica de la infancia en
relación con los procedimientos criminales, y nos parece interesante que traiga a colación la situación posible de la indefensión de las partes en el proceso, que también lo es, teniendo también tal consideración: el mayor que se ve acusado por
diligencias de esta índole.
Insisto, he manifestado antes que la corrección que se propone en el artículo 433 quizá debiera llevar a erradicar esta expresión de testigos púberes e impúberes y a referirla a límites concretos de edad, ya que en otros ámbitos del
ordenamiento la edad de los mayores o menores de 14 años tiene alguna relevancia, por lo que quizá debiéramos adecuarla. La gran incógnita que se establece es si es suficientemente concreto desde el punto de vista de la dogmática del enjuiciamiento
criminal la forma en la que se dice que se tomarán esas declaraciones, puesto que se dice que será a través de un experto -aunque no se indica cuál es el matiz- al que el juez o el fiscal dirigirán las preguntas. Nos parece que puede ser bastante
impreciso y que habría que matizarlo mediante las enmiendas para que pueda servir, insistimos, como norma procesal penal. La gran laguna de la iniciativa presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) es que no resuelve el aspecto referido
al juicio oral en el que será necesario que se vuelva a plantear cómo se traslada a éste la declaración prestada por un menor.
Me referiré a continuación a la iniciativa presentada por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Me permitirá la señora García el matiz. Siempre que alude a esta cuestión -sé que le afecta
profesionalmente y a la que tiene especial cariño y dedicación, la referida a la protección de los menores- a ella parece como si entendiese que en todos los procedimientos penales en los que un menor es víctima o actúa como testigo el acusado es
siempre culpable, pero nos encontramos ante un procedimiento penal en el que rige también por querencia constitucional la presunción de inocencia. El juicio de equilibrios, por lo tanto, debe llevar a entender también que aquel frente al cual se
dirigen las acciones penales no necesariamente es el autor, no necesariamente es el culpable de determinadas conductas; puede resultar ser un inocente y también respecto de él nos exige la Constitución la tenencia de determinadas cautelas.
No entiendo por qué en la exposición de motivos se hace referencia a la existencia de un fuero específico. En lo que a esta diputada se le alcanza, la expresión fuero hace referencia al órgano que es competente para juzgar, y haya
denunciantes o testigos menores el fuero lo es por referencia el lugar en el que se cometieron los hechos o la persona frente a la que se dirigen las acciones. Por lo tanto, lo que habrá es circunstancias especiales, sitios especiales, maneras
especiales en las que el menor, víctima o testigo, pueda prestar su declaración. Desde luego, sí nos parece que está bien el llamamiento que se hace a que los protocolos -también lo ha dicho la señora Pigem- que actualmente funcionan no son
suficientes para conseguir esta especial protección del menor en los asuntos en los que se encuentra en esta circunstancia concreta que pretenden arreglar las normas.
Se pretende ahora modificar no como en la iniciativa presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el artículo 433, referido en la actualidad a la declaración de testigos, sino los artículos 412 -un nuevo 412 bis es lo que se
introduce- y el artículo 703 bis, que en este caso sí estaría referido a la celebración del juicio oral. Tienen para nosotros en su plasmación actual defectos importantes que deberemos corregir en su tramitación si, como es la querencia de nuestro
grupo, finalmente son tomados en consideración. La modificación del artículo 412 bis, tal y como se propone en la redacción que da la proposición de ley, no es aceptable por cuanto en la misma no se establece modo concreto en el que habrán de
prestar declaración los testigos menores de edad ni las garantías a que haya de someterse dicha declaración. Cualquiera que sea el modo en que se reciba la declaración del testigo menor tiene que tener como mínimo para que se respete el artículo 24
de la Constitución los siguientes requisitos: que se efectúe a presencia judicial -tiene que haber un juez presente, sea a través de espejo, sea de forma que resulte menos adusta que la presencia del juez con toga y en estrado-, con psicólogo, como
se quiera, pero nos parece requisito indispensable la presencia judicial, y después que quede
salvaguardada -le ampara al acusado la presunción de inocencia- la posibilidad de contrainterrogar, si no con las formalidades que actualmente se hacen, la parte acusada debe poder contrainterrogar a las manifestaciones que se efectúen por
el menor.
De otro lado, puede parecer excesivo, dados los límites habidos en la legislación actual de menores, un régimen de declaración especial para testigos mayores de 14 años y para menores de 18. De establecerse alguna excepción al régimen
general nos parece que podríamos planteárnoslo quizá solamente para los testigos menores de 14. En consecuencia, pensamos que, mientras no se establezcan garantías de este estilo, el texto, tal y como hoy se plantea, tendría serias dificultades
para considerarse constitucionalmente aceptable. En cuanto a las observaciones que debemos hacer al artículo 703 bis de la proposición de ley, que hace el intento -muy estimable- de trasladar al juicio oral las garantías respecto de los menores,
nos parece que no merecen ninguna objeción respecto de que ciertos testigos -los menores de 14, insistimos- puedan prestar declaración siempre que concurra causa suficiente para ello y siempre que esté debidamente motivada en resolución judicial
-nos parece importante que quede acreditado que debe haber una resolución judicial que así lo motive- en alguna de las modalidades que no exija la presencia física del menor en el acto del juicio, por ejemplo por videoconferencia. Sin embargo, la
imperfecta redacción del párrafo, cuando se dice que podrá el juez o el tribunal acordar, parece como si en ocasiones el juez o el tribunal pudiera acordar la no declaración del menor. Lo que nos parece que es imposible es prescindir de la
declaración del menor; se podrá acordar que se haga en videoconferencia, con mamparas o con cualquier otro sistema, pero que se pueda interrogar al menor en el juicio oral nos parece que es requisito imprescindible.
Señorías, la perspectiva que tendrá mi grupo a la hora de hacer enmiendas es por supuesto el interés superior del menor, pero sin duda alguna hay que corregir los defectos que he señalado y que harían que esta modificación pudiese ser
declarada inconstitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución española, derecho a un proceso con todas las garantías. Para conseguir lo que he indicado en mi exposición se empeñará el grupo al que pertenezco para que efectivamente
puedan trasladarse estas garantías en defensa del menor a nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.
Esquerra Republicana, señor Cerdà, por favor.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, se nos presenta una proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Lecrim, en relación con la intervención de menores en el proceso penal para evitar casos de
confrontación y careo de los menores con sus presuntos agresores. La iniciativa que es objeto de debate propone que se disponga un ámbito especial para los menores mediante la creación de un artículo 412 bis, primando el interés superior del menor
sobre cualquier otro interés que pudiera concurrir. En el mismo sentido, se propone la creación de unos nuevos artículos 703 bis y 706 bis dentro del capítulo relativo al modo de practicar las pruebas durante el juicio oral y del artículo 793 bis
respecto a los procedimientos abreviados. Esta iniciativa coincide además en el fondo con la proposición de ley remitida por el Senado, que está en estos momentos en fase de enmiendas. Desde el Senado se nos propone la modificación del artículo
433 de la Lecrim mediante la adición de un inciso final en el que se especifica que en las declaraciones de menores en los procedimientos penales se les tomará declaración a través de un experto al que el juez, el ministerio fiscal y las partes
previamente habrán facilitado las preguntas y que la exposición será seguida por el juez y las partes a través de un espejo unidireccional o de un circuito cerrado de vídeo y podrán sufrir nuevas preguntas a través del experto. Así pues, se prevé
que la declaración se podrá grabar en soporte audiovisual para su valoración.
Por otra parte, también en el mismo sentido, el Ministerio de Justicia avanzó el contenido de un proyecto de ley en el que en cierta medida también se prevé la declaración de menores a través de videoconferencias u otro sistema similar que
permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y del sonido y propone la modificación en este caso de los artículos 731 bis, 743 y 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En mayo del año en curso la consellera de Bienestar y
Familia de Cataluña, Anna Simó, solicitó la modificación de la Lecrim para evitar que de nuevo se produjeran casos de declaración de menores ante sus presuntos agresores. El objetivo de esta reforma que proponía nuestra consellera era, coincidiendo
con el fondo de la proposición de ley que se trae hoy al Pleno, evitar la confrontación visual y el careo. En definitiva, se trata de evitar que las personas menores de edad puedan revivir públicamente unos hechos que pueden haber afectado
profundamente a su equilibrio emocional y aumentar de forma grave el daño que ya han padecido. Cabe destacar que el párrafo 3 del artículo 448 y el párrafo 2 del artículo 707 establecen que, cuando el testigo sea menor de edad, el juez o tribunal
podrá, en interés de este testigo y mediante resolución motivada, previo informe pericial, acordar que el menor sea interrogado evitando la confrontación visual con el indultado, haciendo uso de cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible
la práctica de esta prueba. También el artículo 455.2 y el artículo 713.2 de la misma ley establecen que no se pueden practicar careos con testigos que sean menores de edad, excepto en los casos en que el juez o tribunal lo considere imprescindible
y no lesivo para el interés del menor. Estos preceptos fueron introducidos en la Lecrim, que no olvidemos que es de 1882, por la Ley orgánica 14/1999, de 9 de junio. Sin embargo, se ha visto que estas modificaciones a todas luces han sido
insuficientes para conseguir la finalidad perseguida, que es
aminorar las consecuencias que en el desarrollo del proceso penal pueden tener las víctimas de los delitos que sean personas menores de edad, dado que para poder aplicar los preceptos se requiere un informe pericial que se pronuncie en cada
caso sobre los perjuicios que puede causar a la persona menor la confrontación visual o el careo y que finalmente sea el juez quien decida mediante resolución motivada, compartido por los profesionales más autorizados y el sentido común de la
ciudadanía, que al menos en los casos de delito sexual esta confrontación visual y el careo puede ser doloroso y perjudicial para el menor. Por este motivo, la Consellería de Bienestar Social y Familia y el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana en este Congreso no solo se pronuncian a favor de una modificación legislativa que proteja de una forma eficaz la infancia y la adolescencia en casos de delitos contra la libertad sexual, sino que se ha hecho -nuestro grupo también
intentará plasmarlo y mejorarlo mediante enmiendas- una propuesta de modificación legislativa que coincide también con la propuesta realizada por el Síndic de Greuges de Catalunya para poder evitar estos casos que tienen consecuencias tan
desagradables.
Consideramos que esta modificación legislativa debe proteger sin fisuras a las personas menores de edad que hayan sido víctimas de delitos sexuales y que la norma ha de establecer el automatismo de la protección que comporta el uso de medios
audiovisuales y técnicos. Creemos, coincidiendo con el conseller de Bienestar Social de Catalunya, que esta concreción podría articularse mediante la reforma de los artículos 448 y 707 de la Lecrim, con la condición de un inciso final que diga que,
cuando el testigo menor de edad sea a la vez víctima del delito sexual que se esté juzgando, el juez o el tribunal efectuarán su interrogatorio en todo caso mediante la utilización de medios técnicos o audiovisuales que eviten la confrontación
visual con la persona inculpada. También creemos oportuna la propuesta que se nos realiza para la modificación de los artículos 455.2 y 713.2 de dicha norma, de tal manera que se diga que en ningún caso se practicarán careos con testigos que sean
menores de edad en los supuestos en que los menores sean las víctimas del delito sexual que se esté juzgando y que tampoco se lleve a cabo el careo en los procesos por delitos, excepto en los casos en que el juzgador lo considere imprescindible y no
lesivo para el interés del menor de edad, previo informe pericial.
Esquerra Republicana, por tanto, votará a favor a la toma en consideración, de tal manera que se favorezca el debate sobre las distintas propuestas que hay sobre la mesa e intentaremos aportar las nuestras para mejorar en todo caso un tema
que, como hemos visto, es de gran interés para toda la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en consideración a sendas proposiciones de ley, las de Izquierda Unida y de Convergència i Unió, sobre un tema tan importante como es el de la
declaración de los menores en los procedimientos jurisdiccionales penales. Ambas iniciativas pretenden dar un tratamiento especial en aquellos supuestos en los que los menores intervienen en el proceso penal como víctimas o testigos. En
definitiva, tratan de la necesidad de modificar las reglas de procedimiento. Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico penal trata de muy diferente forma la cuestión, según el menor sea un imputado por un delito, una víctima o un testigo.
En el
primer caso, se da una adecuada protección al mismo, cosa que no podemos afirmar en el supuesto en que es víctima o testigo. Esta es una situación que los ciudadanos no comprenden, y ello se ha hecho aún más evidente con motivo de los hechos
ocurridos en la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando se obligó a cuatro menores a declarar delante de su presunto agresor, lo que motivó por su alarma social la presentación de toda esta serie de iniciativas, al igual que otra proposición no de
ley suscrita por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara instando al Gobierno a iniciar el proceso de modificación de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que resulta necesario para
garantizar esa integridad física y moral de los menores en cualquier actuación jurisdiccional sin que suponga una merma para el derecho de la defensa del justiciable. Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte el objetivo y la
justificación tanto de la iniciativa de Izquierda Unida como la de Convergència i Unió.
El objetivo, que es evitar esas comparecencias judiciales que sin duda alguna vulneran los derechos recogidos en la legislación especial de menores, y la justificación de esta reforma se pueden resumir en que en la intervención del menor en
un procedimiento judicial, ya sea como víctima, ya sea como testigo, prime su interés, teniendo en cuenta tanto la legislación específica, como es la Ley de Protección Jurídica del Menor, como la legislación internacional. Está claro que nuestra
legislación choca con lo previsto tanto por la Convención de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 como por la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño de 25 de mayo del año 2000, así como con el espíritu de nuestra Constitución con
relación a la protección especial de menores. Coincidimos también con lo que se señala en la exposición de motivos de la iniciativa de Izquierda Unida, y es que no son suficientes los protocolos de actuación suscritos en algunas demarcaciones
judiciales, protocolos que tienen carácter orientativo; también estamos de acuerdo en que toda esta reforma debe hacerse siempre salvaguardando esos principios rectores del derecho penal, sobre todo los de la persona acusada. Sin embargo, señorías
de Izquierda Unida y del Grupo de Convergència i Unió, consideramos que este no es el momento para entrar en el fondo del asunto ni en cuál ha de ser esa regulación, esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este es un tema muy importante, como ya se ha puesto de manifiesto por todos los grupos hoy aquí, anteriormente en el Senado y en la proposición no de ley a la que antes hice referencia. Por ello, esta cuestión requiere que aplacemos el
modo de hacerlo a otro momento, que nos detengamos, que estudiemos pausadamente cuáles son las soluciones que se nos plantean en ambas iniciativas, que propongamos enmiendas en su día si fuera necesario y que solicitemos en su caso el informe del
Consejo General del Poder Judicial.
Antes que anticiparnos a dar una respuesta en un sentido o en otro sobre la solución que debe contemplarse en la futura reforma, sería muy interesante tener en cuenta el conjunto de opiniones diversas de todos los operativos que participan
en el proceso, que tendrán mucho que aportar. Entre todos debemos conciliar y buscar consensos para dar una respuesta lo más garantista posible a este tema, sin poner en cuestión principios tan importantes en derecho penal como el de inmediación,
el de contradicción o el de presunción de inocencia, etcétera. Por tanto, vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de ambas proposiciones de ley porque compartimos el objetivo y la finalidad. Hay que dar carácter prioritario a esta
inadecuada regulación que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Como ya se ha dicho aquí también, la mayoría de los jueces vienen actuando en interés del menor pero es necesaria una regulación, un derecho objetivo, sin dejarlo a la discrecionalidad de los jueces para evitar casos como los que
excepcionalmente se nos han planteado en estos pasados meses. Vuelvo a reiterar que no compartimos la regulación que proponen ambas iniciativas. Consideramos que en la de Izquierda Unida se vulneran principios, como el principio contradictorio, al
establecer una exención general de declarar por parte de los menores. Además -ahí coincidimos con la portavoz del Grupo Vasco- la declaración en el juicio oral se tiene que producir. Habrá que buscar una fórmula que encaje dentro de nuestro
ordenamiento jurídico. En relación con la de Convergència i Unió, nos cuestionamos la figura de este experto al que deben dirigirse tanto el juez como las partes y el ministerio fiscal. La duda que nos surge es quién va a ser ese experto, cuál es
su naturaleza jurídica y si se va a garantizar el principio de intervención de las partes en el proceso penal.
No me gustaría concluir sin antes decir que nos ha sorprendido -si bien no cuestionamos el Reglamento, sí nos resulta un tanto atípico- volver a ver en esta Cámara una iniciativa como la que ha presentado Convergència i Unió, idéntica a la
que se ha aprobado en el Senado recientemente. Me pregunto cómo quedaría si hoy no fuera aprobada en esta Cámara la iniciativa de Convergència i Unió.
Por lo demás, señorías, no se trata de si ha sido un grupo parlamentario u otro el que la ha presentado antes o después; a todos los grupos nos preocupa esta cuestión. Así se ha puesto de manifiesto en esta Cámara, en el Senado y sobre
todo en la proposición no de ley a la que antes hice referencia. No enredemos en quién fue el primero que trajo el tema a la Cámara y pongámonos a trabajar y a plasmar en una ley la solución más acorde para salvaguardar los derechos de los menores
dentro de los principios constitucionales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Matador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, la creciente conciencia social sobre el problema de abusos sexuales y otros maltratos a menores, hasta hace no muy pocos años en el más absoluto anonimato, ha hecho que la preocupación
por el menor, la atención al mismo y el interés por su bienestar físico y psicológico prevalezca por encima de todo. No es admisible que por una protección insuficiente no se lleguen a denunciar hechos graves. Hay que tener en cuenta que cuando
los menores son las víctimas la mayoría de las veces son tratados como adultos cuando deben comparecer ante los tribunales. Resulta paradójico, señorías, que reciban mejor trato procesal los menores acusados de delitos que los que son víctimas. En
este sentido, las dos iniciativas presentadas en esta Cámara para su toma en consideración coinciden con el fin perseguido. De una parte, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde retoca puntualmente los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal referidos al sumario, al juicio oral y a la impugnación de sentencias. Propone modificar dicha ley introduciendo una serie de artículos nuevos que regulen la actuación de los profesionales adecuados con la presencia de juez, secretario y
abogados de ambas partes, grabándose en vídeo y audio para permitir su reproducción posterior. La pretensión de esta modificación de Izquierda Unida es que la actuación de los menores no suponga una vulneración de sus derechos y que el juez o
tribunal no tenga que volver a interrogarlos haciéndoles revivir otra vez el padecimiento sufrido y provocando en ellos una segunda victimización y daños que en edades tempranas pueden generar importantes secuelas. La iniciativa presentada por
Convergència i Unió opta por la introducción de un artículo en el que con carácter general se establece la forma en que han de testificar los menores en todos los procedimientos penales. Dicha iniciativa es idéntica a la proposición aprobada por el
Senado el 14 de septiembre. En definitiva, ambos grupos tratan de reducir las facultades decisorias del juez, velando por los intereses del menor, que han de prevalecer sobre cualquier otro que pudiera concurrir.
Hay otra proposición no de ley que se ha citado varias veces a lo largo de esta tarde presentada por todos los grupos en esta Cámara el 2 de junio de 2005, en la cual se insta al Gobierno a iniciar los procesos de modificación que resulten
necesarios para garantizar la integridad física y moral de los menores en cualquier actuación jurisdiccional. El Gobierno conocedor de dicha problemática
aprobó en el Consejo de Ministros de 7 de octubre el anteproyecto de la ley orgánica de la responsabilidad penal del menor, que será aprobada definitivamente como proyecto de ley y remitido a las Cámaras tan pronto como se reciban y analicen
los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. El propósito del Gobierno es abordar esta previsión con mayor contenido al planteado en estas dos iniciativas. Para ello se va a reforzar el papel del ministerio
fiscal como garante de los derechos del menor en el curso del proceso penal.
Dicho anteproyecto recoge en su disposición adicional primera una modificación de los artículos 448 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los que se añade un nuevo
párrafo donde se prevé que el juez o tribunal necesariamente debe acordarlo. Por tanto, no depende ya de la voluntad del juez -no va a ser potestativo, sino obligatorio- que se evite la confrontación visual del menor con el inculpado, es decir que
el menor no tenga que enfrentarse con su agresor. Para ello se utilizará cualquier medio técnico que haga posible la práctica de las distintas pruebas. Además, se va a acentuar la formación de todo el personal de la Administración de Justicia
contando con profesionales adecuados y medios técnicos que hagan posible la práctica de la prueba para garantizar el bienestar emocional del menor durante toda la exploración. Señorías, en definitiva, se pretende reducir al máximo el proceso de
victimización secundaria. El menor fue víctima del delito en un momento determinado y no debemos consentir que el menor vuelva a revivir y a rememorar todos los hechos por los que pasó la anterior vez, porque esto provocará en el menor un aumento
de miedo y ansiedad.
Las iniciativas parlamentarias que hoy debatimos en esta Cámara abordan medidas singulares que hemos estado viendo, deberían ser absorbidas y contempladas en el texto que regule con carácter general esta materia, dando prioridad a la ley
orgánica de responsabilidad penal del menor cuando próximamente entre en esta Cámara. No obstante, votaremos favorablemente a la toma en consideración de ambos proyectos de ley siendo conscientes, como aquí también se ha dicho, que en su
tramitación se debatirán y aportarán reflexiones de todos los grupos para dar la respuesta más adecuada a la necesaria protección del menor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López. (La señora García Suárez pide la palabra.)
Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señor presidente, por favor, pediría menos de un minuto acogiéndome al artículo 73 del Reglamento, por alusiones. Seré muy breve.
El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere usted a los comentarios en torno a su profesión individual?
La señora GARCÍA SUÁREZ: Sí.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero muy breve, en la parte relativa a lo que se ha mencionado de su profesión.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias.
En concreto, en cuanto al comentario de la diputada Margarita Uría quisiera que quedara constancia de que de ninguna manera en esta proposición se pone en duda la presunción de inocencia, para nada. Ni mi grupo ni yo personalmente, a pesar
de esta sensibilidad que puedo tener con los temas de menores, lo ponemos en duda; todo lo contrario, se trata -lo he dicho concretamente con estas palabras- de que en esta propuesta se conjugan los derechos del menor con el derecho a la defensa
tanto del menor como también de la persona inculpada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
-DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, SOBRE IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER EN EL ORDEN DE SUCESIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS. (Número de expediente 122/000162.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día: toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y de Coalición Canaria-Nueva Canarias,
sobre igualdad del hombre y de la mujer en orden a la sucesión de los títulos nobiliarios.
¿Turno a favor? (Pausa.)En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Torme.
Adelante, señora diputada.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
A pesar de lo que puedan intuir SS.SS. por el contenido de esta proposición de ley, no es mi intención hablar solo ni poner énfasis en los títulos nobiliarios, sino en la igualdad de la mujer. Aunque cada persona, cada grupo político
defiende su modelo de sociedad, tenemos la sociedad que tenemos. Es en este determinado contexto donde debemos actuar, donde los poderes públicos han de remover los obstáculos que siguen impidiendo que la igualdad de la mujer sea plenamente real y
efectiva. Nadie se atreve hoy día a discutir la igualdad jurídica de la mujer ni en el ámbito jurídico, ni en la igualdad de oportunidades, en ningún otro ámbito de la vida. Sin embargo, coincidirán conmigo en que esa igualdad de oportunidades
todavía no es una realidad. Siguen existiendo obstáculos que impiden que sea plenamente efectiva. Todavía vivimos en una sociedad machista, en la que se buscan justificaciones de lo más diverso para
que determinadas situaciones permanezcan invariables. En el largo camino hacia la igualdad real no podemos despreciar ningún peldaño, por pequeño que sea. Los hay que tienen más trascendencia, consecuencias o repercusión, pero cualquier
avance a favor de la igualdad de la mujer es siempre una conquista por su repercusión concreta, por su valor simbólico y pedagógico y, sobre todo, por sus consecuencias.
Señorías, hoy traemos a esta Cámara una iniciativa que, por encima de otras valoraciones, dignifica a la mujer y pone fin a una situación que no tiene razón de ser. Para criticar esta iniciativa podrán buscarse las interpretaciones y
justificaciones que se quieran, podrán invocarse intereses distintos al perseguido, pero la realidad es que en este ámbito no se considera a una mujer con las mismas condiciones y capacidad que a un hombre, simplemente por el hecho de ser mujer.
Hay quienes defienden que se mantenga inamovible esta situación, pero lo hacen siempre en privado, porque a día de hoy es muy difícil, por no decir imposible, sostener en público que el hombre ha de tener prevalencia sobre la mujer en la obtención
de cualquier reconocimiento. ¿Por qué entonces lo que da vergüenza mantener y defender en público no se debe modificar? ¿Puede hoy encontrarse justificación alguna para mantener una situación de discriminación de la mujer por el mero hecho de ser
mujer? ¿Por qué tanta hipocresía defendiendo la igualdad de oportunidades para la mujer, la lucha contra cualquier obstáculo que impida que sea real y efectiva, como nos obliga la Constitución, y luego no actuar consecuentemente, adoptando las
medidas necesarias, incluso aunque algunos las puedan considerar poco trascendentes? Y es que en el largo camino hacia la igualdad de la mujer, no todos los pasos son hitos históricos de gran trascendencia, pero todos son importantes, todos
permiten seguir avanzando, todos tienen consecuencias y todos favorecen la dignidad de la mujer.
Si aprobamos hoy la toma en consideración de esta proposición de ley, subimos un nuevo peldaño. No me voy a poner trascendente, ni es día para ello, ni probablemente lo sea el asunto que debatimos. No quiero, porque no sería verdad,
igualar esta decisión a otras que han constituido auténticos hitos históricos, ni a otros debates vividos en esta Cámara.
Pero como decía anteriormente, no se puede minusvalorar ninguna iniciativa que suponga un nuevo paso en la lucha contra la
discriminación. Podrá decirse que afecta a pocas mujeres, es verdad.
Podrá decirse que no afecta a las necesidades básicas o a los derechos fundamentales, es verdad. Se podrá, incluso, frivolizar sobre el tema y alguna broma puede tener gracia,
lo admito. Pero no se puede negar que esta iniciativa acaba con una discriminación que supone un nuevo avance, con todo lo que ello conlleva y representa. Señorías, no exagero si les digo que mujeres como Concepción Arenal, Teresa Cabarrús, la
condesa de Pardo Bazán y tantas otras defensoras de la libertad y de los derechos de las mujeres apoyarían iniciativas como esta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Torme.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Couto.
La señora COUTO RIVAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para pedirles su voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley sobre igualdad del hombre y de la mujer en el orden de sucesión de los títulos
nobiliarios. A través de esta proposición de ley se persigue la aplicación del principio de plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el orden de sucesión a los títulos nobiliarios, a excepción de los títulos de la Corona, los títulos
vinculados tradicionalmente al sucesor a la Corona de España y los títulos de la Casa Real, que se regirán por su normativa propia.
Hablar de los títulos nobiliarios en los albores del siglo XXI podría ser considerado por algunas personas como una discusión anacrónica inútil por cuanto afecta a muy pocas personas. Veamos las cifras. En España, con más de 40 millones de
habitantes, solo 2.097 personas ostentan títulos nobiliarios y unas 15.000 personas en toda Europa frente a los más de 700 millones de europeos. La cuestión acerca del significado y contenido actual de los títulos nobiliarios y su régimen de
transmisión ha sido objeto en nuestro país de un acalorado debate doctrinal y jurisprudencial. El título carece de consecuencias jurídicas, hoy en día no supone un privilegio, solamente tiene un simple valor simbólico. Pero, a pesar de carecer de
consecuencias jurídicas, la transmisión de los títulos nobiliarios se rige por unas normas de derecho histórico que postergan a la mujer, algunas de las cuales se remontan a los siglos XIII y XIV, como la Ley 2 del Titulo V de la Partida segunda y
otras posteriores, como las leyes de Toro, la Novísima Recopilación, la Constitución de 1876, hoy derogada, pero que recoge en su artículo 60 -y por eso se cita- las inspiraciones del derecho histórico en la materia.
Centremos la cuestión. El problema no está tanto en la vigencia de un derecho que tiene más de siete siglos de antigüedad y su adecuación a la Constitución española, sino en que el contenido de aquel derecho respete los valores y principios
políticos esenciales en los que entendemos fundamentada nuestra sociedad actual. Estos principios, por supuesto, son principios políticos y constitucionales y por eso se recogen en la Constitución, y deben ser también aplicados a los honores y
títulos nobiliarios porque el disfrute de dichos honores forma parte de esa vida en sociedad, aunque solo sea con un valor simbólico. Según las normas de derecho histórico, los títulos nobiliarios se transmiten según el orden establecido en la
carta de creación y, en su defecto, dicha sucesión se rige por tres principios: primogenitura, representación y masculinidad.
Es este último el que ha suscitado un deseo de actualización por parte del legislador. La vida pública española quiere
la adecuación al principio de igualdad entre hombres y mujeres y prohibición de discriminación por razón de sexo. No es un problema
constitucional, es un problema de oportunidad política, es la voluntad política de querer actualizar una institución antigua, regida por normas que tienen más de 700 años de antigüedad, en un punto concreto: la discriminación de la mujer en
la sucesión al título.
El hecho de que ex lege le sea negada a la mujer la posibilidad de suceder en la posesión de un título nobiliario en concurrencia con varón del mismo grado, supone colocar de nuevo a la mujer en una posición distinta o diferenciar al hombre
en un tema que, si bien carece de consecuencias prácticas, es cierto que tiene importantes consecuencias sociales. Esta situación supone una discriminación por razón de sexo, que está expresamente prohibida en el artículo 14 de nuestra
Constitución, pero sobre todo, no encaja con la forma de entender nuestra sociedad en igualdad; igualdad que queremos que se aplique incluso al régimen de sucesión de los títulos nobiliarios aun cuando no tengan estos ningún valor en un Estado
constitucional, social y democrático de derecho como es el nuestro. Toda medida que sitúe a la mujer en una posición diferente, con independencia de las consecuencias, jurídicas o no, que de ella dimane y que no pueda ser justificada, la convierte
en ilícita e ilegítima por entrar en colisión con los principios más elementales y sagrados que rigen nuestra sociedad actual, como es la prohibición de discriminación por razón de sexo.
El uso de los títulos nobiliarios supone un honor, sin consecuencias jurídicas, pero es cierto que es un honor real y socialmente reconocido; además, para quien lo disfruta, tiene una importante carga personal y sentimental, ligada a los
vínculos familiares. Negar a la mujer, por el mero hecho de serlo, la posibilidad de hacer uso de un honor sin consecuencias jurídicas, pero con una gran trascendencia social y sentimental, atenta contra lo que consideramos su dignidad. El
principio de masculinidad no es un criterio inherente al título en la sucesión del mismo. Es cierto que dicho principio se encuentra en las raíces históricas, como también lo está la desigualdad intrínseca y que dio lugar y sentido al nacimiento y
proliferación de títulos nobiliarios en épocas pasadas. Los títulos han podido prescindir de los privilegios anexos que dieron origen y fundamento a su existencia y ahora conviven paralelamente con el régimen constitucional despojados de todo valor
jurídico. Queremos ahora que prescindan de la marginación a la mujer en las reglas que establecen el orden de sucesión, porque somos una sociedad basada en la igualdad entre las personas y porque aunque los títulos ya no son un elemento de
diferenciación entre clases, siguen conservando el valor simbólico con el que se distingue a personas que prestan un servicio o realizan una actividad relevante. En la sociedad igualitaria y moderna que queremos construir no es posible mantener un
principio de diferenciación entre sexos para poder suceder en los títulos nobiliarios.
Por todo ello, les pedimos su voto favorable.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, mi grupo fue también, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, firmante de esta iniciativa.
Me ahorro otros argumentos porque son coincidentes con los que han pronunciado las portavoces
de los grupos anteriores, socialista y popular.
Ha querido también mi grupo traer aquí una cuestión no solamente basada en reformar unas normas que nuestro ordenamiento y mentalidad sociológica y política actual no comprenden. Aquí incluso hemos discutido llevar este derecho de igualdad
de sexos a la Constitución española con respecto al heredero o heredera de la. Pero ahora estamos al alcance de modificar unas disposiciones de menor rango que una constitución y de tocar uno de los principios que los títulos nobiliarios
tradicionalmente han tenido, una discriminación basada en la preferencia del más cercano al más lejano en la sucesión, del principio de masculinidad, del varón sobre la mujer -que es en lo que han incidido acertadamente mis dos anteriores
interlocutoras en la defensa de esta iniciativa- y el principio del mayor sobre el menor, cuestión que tal vez algún día haya que plantearse para ver si esa discriminación por razón de edad debe tener una regulación.
Se van a cumplir los 30 años en que, instaurada la monarquía en la persona de don Juan Carlos I de España, el Gobierno a la sazón en 1975 tuvo que promulgar un real decreto volviendo al registro civil de la familia real española, que había
venido rigiendo desde después de la Primera República -en el siglo XIX- hasta 1931 en que la Segunda República lo anula. Es una entrada en leyes civiles, en los registros al principio y hoy en la cuestión de los títulos nobiliarios. Recordemos
también que respecto a la Corona, en la III legislatura, el Gobierno Socialista de don Felipe González promulga el Real Decreto 1368/1987 para regular títulos nobiliarios expedidos por Carta de Su Majestad el Rey.
Ahora nos encontramos con esta iniciativa que viene a dar un paso más hacia delante y que vamos a apoyar con nuestro voto, señalando que su toma en consideración debe llevar a que los trabajos de ponencia y de Comisión garanticen
fundamentalmente principios de seguridad jurídica.
Estamos hablando, como se ha dicho, de títulos nobiliarios que están enraizados en la historia de España y que tuvieron su razón de ser pero que ahora, por ser títulos hereditarios y perpetuos,
necesitan armonizarse con nuestra Constitución, me refiero al principio jurídico de la retroactividad o no. Nosotros nos inclinamos a creer que debe haber un principio consecuente con el artículo 9 de la Constitución española, el principio de
irretroactividad de las leyes. Porque si no condenaríamos a la nobleza española a un proceso de contenciosos, yéndose a los tribunales a pleitear, cuestión que a los demás ciudadanos -salvo a la prensa rosa de este país- no les importará. Porque
una cosa es el origen del título y del merecimiento que teníamos que hacer aquí.
Escuchaba esta mañana en una rueda de prensa, muy acertada y atinada desde sus principios ideológicos, políticos, al señor portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Tardá, que acertadamente definía su posición y
anunciaba -no sé si lo mantendrá en este trámite- su abstención para no entrar en el fondo de otras cuestiones o principios al respecto, porque hay un derecho que se puede mantener, una vez producida la toma en consideración y las enmiendas que
presenten los grupos a esta proposición de ley en el Parlamento. Qué duda cabe que, a veces, en la longitud de la gerencia de los títulos nobiliarios perpetuos se van perdiendo los orígenes cuando se tiene que dar unos títulos nobiliarios por su
labor, y yo recuerdo aquí a quien fue conde de Reus y marqués de los Castillejos, que fue el tarraconense, el hombre noble de Reus, el general Prim. Cuando llegamos a unas sucesiones de este tipo, habrá que garantizar el principio de seguridad
jurídica, al que tiene derecho cualquier ciudadano dentro de un Estado de derecho al respecto.
Estas son las observaciones que queríamos hacer porque, reconociendo un papel en la historia, ahora no tenemos nadie que asumir otra cuestión que no sea la puramente testimonial y un respeto, dentro de unas circunstancias especiales, al
resto de los ciudadanos, como ocurre en otros países europeos con monarquías democráticas y parlamentarias en que también se reconoce este derecho. Por estas razones, señorías, nuestro voto va a ser favorable a la toma en consideración y
plantearemos las enmiendas en la línea de principios de irretroactividad o de seguridad jurídica en los trámites posteriores.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.)
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Esta sociedad, a través de sus representantes que somos todos nosotros, a través de aquellos que van a votar a favor esta iniciativa, va a dar un terrible paso hacia atrás. Al amparo presuntamente de la igualdad entre el hombre y la mujer
-algo tan relevante y serio, y por lo que todos tenemos que trabajar- nos hacen más desiguales a todos los ciudadanos, fomentan esa desigualdad, esto es, a partir de ahora, algunas mujeres tendrán el honor de ser más desiguales respecto al resto de
los ciudadanos. (Aplausos.) Para acabar con la discriminación de la mujer, actualizamos la de toda la sociedad, la de todos los ciudadanos por razón de linaje y herencia, señorías, incumpliendo, por supuesto, la Constitución española. Esto es como
si la única discriminación que hubiera en la sociedad fuera la del hombre y la mujer. Pues no, hay que trabajar por la igualdad social que se recoge como principio rector en nuestra Constitución y, desde luego, esta iniciativa no se puede enmarcar
en ese principio rector. Darle valor susceptible de tutela jurídica es hoy darle valor jurídico a un título enraizado en el nacimiento de la persona, en su origen y no en sus méritos como persona, en su simple origen, y como digo, incumpliendo el
artículo 1 de la Constitución y, desde luego, el artículo 14 que específicamente dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Pues bien, esto es por razón de
nacimiento, con lo cual se incumple claramente el artículo 14 de la Constitución. Hay una excepción en la Constitución que es la de la Corona, artículo 57 -la Corona es hereditaria-. Desde luego, desde Izquierda Verde también estamos absolutamente
en contra de esa excepción porque lo que nos ha hecho ha sido hurtarnos el derecho de todos a ser iguales ante la ley y ante el Estado, designando por razón de nacimiento al jefe de Estado. Evidentemente estamos en contra de cualquier título que
sea hereditario.
Ustedes en su propia iniciativa nos dicen que este título es puramente simbólico, que no cambia nada. Pues bien, no lo es tanto porque ustedes lo mantienen, lo traen aquí, lo vamos a actualizar según ustedes, y, además, muchos lo reclaman.
Asimismo marca la sucesión de la Corona, donde se encuentran todos aquellos que suelen protagonizar el mundo del corazón. Pues alguna relevancia debe tener ¿no? Fue precisamente el Tribunal Constitucional el que dijo que esta sucesión carece de
precepto constitucional que lo regule. Así, la Constitución española otorga al Rey la potestad de conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, pero no dice que estos sean hereditarios, que es lo que ustedes están diciendo. Por tanto,
al margen de la Constitución, ustedes amplían la herencia. La izquierda, los republicanos, luchamos por avanzar en la igualdad y, desde luego, no se alcanza la igualdad con este tipo de iniciativas.
Ustedes, señorías del Partido Socialista, que en muchas ocasiones se irrogan la herencia de la lucha por la república, y así se manifiesta por el presidente del Gobierno, ahora nos traen lo radicalmente opuesto; es más, el ministro de
Administraciones Públicas presentó una iniciativa en la que proponía la supresión de los tratamientos que tradicionalmente han acompañado el desempeño de funciones representativas, excelentísima, ilustrísima, etcétera. Con eso creíamos que se
trataba de acercarnos más a la igualdad social, pero parece ser que lo que a ustedes les gusta es la cuna y el linaje, que es lo que promueven mediante esta iniciativa. Ya vemos que no saben muy bien por dónde van, porque, a partir de ahora, ¿qué
atendemos? La ministra dicen que no será ilustrísima ni excelentísima, pero las mujeres que heredan por cuna sí tendrán distinciones. ¡Qué bien, qué maravilla! ¡Cómo avanzamos con este Gobierno socialista! La cuna, señorías, vence al mérito. Al
fin y al cabo, es de eso de lo que estamos hablando, de la herencia, de una distinción de clase, un bien de linaje al que no puede acceder cualquiera y cuyo origen, hoy, es sencillamente antagónico a los valores que representa la Constitución
española. Además, se trata precisamente de valores como
el linaje, que era otorgado por favores en la guerra, por favores económicos a la monarquía; desde luego, valores de muy, muy discutible valor histórico y que hoy no encajan en nuestra realidad política y social si nos creemos la igualdad,
si nos creemos el trabajo por la igualdad social, si queremos mirar hacia delante, avanzar hacia un futuro en el que todos seamos más iguales.
La Real Cédula de Carlos IV, de 29 de abril de 1804, dice que el objeto de la concesión de un título nobiliario es premiar los méritos y servicios del agraviado y de sus descendientes, perpetuando en su familia el lustre y honor anejos a
estas mercedes. Hoy se amplía la perpetuación del lustre y honor de determinadas familias. Y yo me pregunto: ¿es el honor transmisible? ¿Es la dignidad hereditaria? Ustedes dicen que sí y, además, en esa triste herencia no se puede discriminar
por razón de sexo; esto es, como decía, discriminan a todos los ciudadanos, pero no por sexo, por razón de herencia, de cuna, de linaje. ¿A alguien se le ocurre que los premios Nobel, por ejemplo, sean hereditarios? Cualquier gran título propio
de la democracia, que reconozca a los mejores ciudadanos, a los benefactores de la sociedad, evidentemente no es hereditario -en democracia no puede serlo- para un sexo ni para el otro. El valor de una persona, su dignidad, su honor, no es
hereditario, como tampoco lo es la culpa ni la indignidad. El mérito, en democracia, en un Estado donde todos somos iguales ante la ley, como se reconoce en la Constitución española, es personal y la culpa, también; lo contrario es sencillamente
mirar atrás, reactivar lo más rancio de nuestro pasado, como es esa iniciativa.
Además, para el Partido Socialista esto es apartarse de sus presuntos principios de partido; yo no sé si van a recordar esto en el próximo homenaje a Pablo Iglesias, yo se lo recomiendo porque dará mucha risa. Y no me digan ustedes que no
es importante, porque es el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1997, el que dijo que las leyes regulan lo relevante. O sea, para ustedes esto debe de ser relevante porque lo regulan como ley. El Tribunal Constitucional dijo: No
puede afirmarse que ser o no ser noble carezca de relevancia para el ordenamiento porque lo irrelevante el derecho no lo regula.
Señorías, Izquierda Verde proclama la igualdad como principio y valor fundamental para la convivencia ciudadana y, por ello, reclamamos la derogación de todos los títulos nobiliarios y la aprobación de la república, hoy, ahora y siempre.
Señorías, salud y república. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
¿Quienes han intervenido en el turno a favor desean utilizar una breve réplica? (Pausa.)
Si no es así, pasamos a fijar posiciones. Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Nos tomamos muy en serio esta iniciativa, y en ningún momento vamos a hacer bromas ni vamos a frivolizar, porque hemos atendido a los argumentos y no sabíamos qué posición tomar hasta comprobar el porqué de la misma. Ha habido dos
reflexiones que nos han llamado mucho la atención. La primera hacía referencia al discurso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el que señalaba que esta iniciativa iba a dignificar a la mujer. Cada uno tiene sus prioridades y cada uno
presenta lo que entiende mejor para la consecución de semejantes objetivos. No podemos compartir que para dignificar a la mujer lo más urgente sea esta iniciativa. Lo más urgente para dignificar a la mujer hubiera sido, por ejemplo, que a igual
trabajo, igual sueldo, y no como ocurre ahora, que las mujeres reciben un 23 por ciento menos por el mismo trabajo. Por tanto, la primera observación es que no compartimos que esta iniciativa ayude a dignificar a la mujer, en todo caso la dejará
igual, porque el 99 por ciento de las mujeres no tienen en ningún caso acceso a ningún título nobiliario. Nuestras prioridades son distintas; nos hubiera gustado que su grupo hubiera presentado otro tipo de prioridades para dignificar a la mujer.
En el caso de los honores, que es el concepto del Grupo Parlamentario Socialista, he de decir que tampoco lo compartimos. Los honores son para quienes los trabajan y, a ser posible, para quienes trabajan en mérito de la sociedad. Por
tanto, tampoco vemos que sea necesario, urgente y prioritario que los honores lo sean para alguien que los tiene por cuna, nacimiento, y no porque realmente los haya trabajado. Esto afecta a los títulos nobiliarios y a la Casa Real. Todos somos
iguales y, a ser posible, todos deberíamos ser iguales para merecer los mismos méritos, si es que los trabajamos. Por tanto, son dos los conceptos de esta iniciativa que no podemos compartir. No vamos a oponernos (dejaremos que los que consideran
esta igualdad como elemento prioritario respecto a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres lo lleven a cabo), pero no contarán con nuestro apoyo; nos abstendremos, porque ni dignifica a la gran mayoría de las mujeres ni hace referencia
a los honores que queremos merecer como mujeres, porque hemos hecho algo por nosotras mismas y porque lo hemos hecho en beneficio de la sociedad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando nos encontramos con esta propuesta en el orden del día del Pleno de hoy, no teníamos intención ni siquiera de manifestarnos al respecto, sino simplemente tomar una posición de voto que no obstaculizara la tramitación de esta
iniciativa. El problema surgió cuando leímos la exposición de motivos de esta iniciativa y cuando estuvimos muy atentas a las explicaciones que
en defensa de las mismas hicieron las portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, ya que el señor Mardones solo hizo unas consideraciones que podemos entender de trámite.
Como mujer que no ostenta más títulos que aquellos que heredé de mis padres, y que son los apellidos Fernández Davila, que llevo con honor y con muchísima dignidad, porque me dignifican, tengo que decir que ha habido argumentos que realmente
me han molestado; y lo hicieron porque entiendo que tienen que molestar a todas las mujeres de este país que se consideran en desigualdad social en muchos aspectos, entre ellos, por las desigualdades que se dan en el mundo laboral, tanto a nivel
salarial como en las condiciones en que esa actividad se desenvuelve. No podemos entender que se defienda esta iniciativa sobre la base de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, cuando se está defendiendo algo que en sí mismo genera
desigualdad social, como es la herencia de títulos nobiliarios.
La propia exposición de motivos establece que las normas que regulan la sucesión de los títulos nobiliarios proceden de la época histórica en que la nobleza titulada se consolidó como un estamento social privilegiado.
Efectivamente, en esos
tiempos no solamente se constituía la nobleza como estamento social privilegiado sino que se creaba un modelo social total y absolutamente discriminatorio sobre todo para la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, los argumentos que se han dado en la
tribuna al defender esta iniciativa han sido justamente los que nos han hecho posicionarnos contrariamente a la postura inicial que traíamos aquí, porque a pesar de nuestras convicciones republicanas pensábamos que en aras de que no hubiera
discriminación entre hombres y mujeres de la nobleza se podría aprobar una proposición de ley de estas características. Hay otra cuestión. Si no fuera -como estamos entendiendo en este momento por los argumentos dados- porque realmente es una
defensa del estamento nobiliario, que debería estar abolido a estas alturas de la historia, no se puede entender la defensa de esta iniciativa, ya que el Tribunal Constitucional -de acuerdo con la Constitución española que manifiesta que no se debe
hacer discriminación entre hombres y mujeres- puede dirimir todos aquellos casos en los que las personas, en este caso mujeres, puedan acudir al mismo. Por tanto, lamento y al mismo tiempo me satisface tener una postura totalmente distinta a la
inicial, porque entendemos que no se están defendiendo los derechos de igualdad de las mujeres respecto al hombre, sino que se están defendiendo diferencias entre las mujeres en nuestra sociedad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta diputada y mi grupo no acaban de entender la razón de política normativa o de prioridad legislativa que anima a los firmantes de esta iniciativa. Nos produce no solo sorpresa sino también ¡por qué no decirlo! enfado en cuanto
a las prioridades que deben ser objeto de legislación por esta Cámara. En la exposición de motivos se alude a la Constitución española. Menos mal que no se hace gala de cita de precepto alguno, porque desde luego a una no se le ocurre pensar que
al leer el artículo 1 de la Constitución, cuando proclama el valor de igualdad, se está pensando en otra cosa que en el compromiso que se le hace al Estado en su esfuerzo para incorporarlo al ordenamiento jurídico y no en igualar las titulaciones
nobiliarias. De la misma manera tampoco se hace gala de cita del artículo 10.1 cuando se habla de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes y del libre desarrollo de la personalidad, porque tampoco podemos estar
hablando de esto, o cuando en el artículo 14 se habla de la no discriminación. Con todo el respeto a las personas que tienen títulos nobiliarios y a las que aspiran a tenerlos, creemos que precisamente en materia de derechos civiles, sociales y
económicos no se puede predicar respecto de ellas la desprotección porque, señorías, no pertenecen a sectores sociales especialmente desprotegidos en el acceso a esos derechos.
Por alguna de las intervinientes se ha citado la exposición de motivos y también a mi grupo le indigna cuando se habla de mantener vivo el recuerdo histórico o el recuerdo de un momento de nuestro pasado histórico. Señorías, no olvidemos
que hay títulos concedidos durante el franquismo. El baremo utilizado por Franco no podía ser el mismo que considere digno de respeto y de memoria en esta Cámara el grupo parlamentario al que represento cuando todavía están pendientes las leyes de
dignificación de la memoria por parte del Gobierno que sustenta el Grupo Parlamentario Socialista. Vayamos a la jurisprudencia que a este respecto ha vertido el Tribunal Constitucional referida al artículo 14.
En la primera de las sentencias, la
número 24/1982, el profesor Tomás y Valiente - de grato recuerdo para esta diputada en todo momento y del que me gustaría señalar en este caso que además tenía el valor de ser historiador-, en calidad de ponente, dice que poseer un título nobiliario
es un hecho admitido por el ordenamiento jurídico actual, que está amparado constitucionalmente, ya que se le atribuye tal facultad al Rey, y sin embargo habla de que la mentalidad nobiliaria no puede mantener hoy su axiología como un sistema
referencial socialmente relevante, pues ya no lo es. Habla del condicionado, anacrónico y residual sistema para su adquisición y no considera que este sistema choque en modo alguno con el artículo 14 constitucional. Hay otras sentencias, como la
número 114/1991, de la que es ponente quien también fuera presidente de dicho Tribunal, el profesor Cruz Villalón, quien también habla de la singularidad del régimen de los títulos nobiliarios que los hace ajenos al contenido del artículo 14
referido a la igualdad. Señorías,
cuando llegaba a este punto recordaba una viñeta del dibujante Máximo, al que me gusta citar -lo he hecho en otras ocasiones en esta tribuna-, cuando en uno de sus diarios regios hace decir a quien él considera el monarca: No nos pongamos
igualitarios al hablar de la monarquía no vayamos todos a descubrir que somos republicanos. Y eso que a ese respecto, señorías, estaba hablando de la posibilidad de sucesión de la jefatura del Estado. No vayamos a ponernos igualitarios hablando de
los títulos nobiliarios porque no es este el ámbito, no es esa la prioridad que deben manifestar los grupos presentes en esta Cámara.
Me sorprende que sea el Grupo Popular el que defienda esta iniciativa con tanto ardor porque no hizo gala de su defensa mientras estuvo en el Gobierno, ni siquiera cuando tuvo mayoría absoluta. Algún sonrojo debía producirle esta cuestión,
no en vano quien era su portavoz en materia de justicia, el profesor Ollero, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que está dedicado y es un meritorio trabajo a una laboriosa liberación jurídica, la
discriminación por razón de sexo, tiene un apartado dedicado a la baronía y a los títulos nobiliarios. Él considera que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede enderezarse (le animan a ello los votos particulares que hay en alguno de
los casos) y sostiene la convicción de que la Ley 2 del Título XV de la Partida II, de que la mejor condición es la del varón sobre la mujer, podría considerarse inconstitucional a la hora de aplicarla a dichos títulos. Pero no se ha conseguido
nunca hacer esto en la jurisprudencia y el Partido Popular no lo hizo solo; ha tenido ahora el apoyo inestimable del Grupo Socialista, suponemos que con el beneplácito del actual Gobierno, que es lo que a esta diputada le resulta más inexplicable.
Se han unido ustedes, señores del Grupo Socialista, al Grupo Popular, que recurre todas las leyes de igualdad que se van aprobando en los parlamentos autonómicos. La Ley del Parlamento Vasco 4/2005 para la igualdad entre hombres y mujeres ha sido
recurrida por el Grupo Popular. Me sorprende que además de la exigencia de 50 firmas de señores diputados como firmantes o recurrentes haya entre ellas un número importantísimo de mujeres del Grupo Popular; no les debe importar que se les predique
o no la igualdad en determinadas normas, e incluso una diputada vasca es también firmante, debe ser de las que está absolutamente convencida de que la que vale llega, pena que le veamos prodigarse tan poco en esta Cámara.
Señorías, hay más reproches que hacer al Gobierno del Partido Socialista y al Partido Socialista. Nos prometió el señor presidente en su discurso de investidura una ley de igualdad; ley de igualdad que ahora se ha anunciado que se retrasa.
Y hay un tercer factor. El señor presidente del Gobierno anunció en el comienzo de su mandato que iba a desistir respecto de aquellos recursos de inconstitucionalidad pendientes con comunidades autónomas en aras de evitar la conflictividad, pero
¡oh, casualidad! hay dos recursos de los que no se ha desistido. Me estoy refiriendo a las modificaciones de la Ley Electoral efectuada respecto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Ley 6/2002) en lo que hace referencia a la igualdad de
las mujeres en la presencia en las listas electorales, ley que además está suspendida por el Tribunal Constitucional y de la que ni siquiera se ha desistido respecto de la petición de suspensión. Tampoco se ha desistido del recurso promovido contra
la Ley de Castilla-La Mancha (Ley 11/2002, de 27 de junio). Son recursos interpuestos durante la temporada en la que había un gobierno sostenido por el Partido Popular, pero ustedes llevan ya año y pico en el Gobierno y no se ha desistido de estos
dos recursos. El valor igualdad que defienden debe reducirse, señorías, a las señoras marquesas.
Hace 10 años de la Conferencia de Beijing y cuando estamos las mujeres preocupadas realmente por binomios tales como mujer y pobreza, mujer y salud, la mujer y los conflictos armados, derechos humanos y mujer, nos encontramos con que lo que
ustedes traen a la Cámara es esta iniciativa.
Se ha referido la señora Lasagabaster al reciente informe de la ONU en el que se dice que las mujeres ganan en los países ricos un 23 por ciento menos que los hombres y que la ONU advierte de que la
discriminación femenina es un freno para el desarrollo. Sin embargo, insisto, ustedes, la primera cuestión referida a la igualdad que nos traen a esta Cámara, antes que una ley de paridad en materia electoral, antes que cualquier otra cuestión, es
la que hace referencia a los títulos nobiliarios.
Insisto, no logro entender la prioridad y me indigna en la medida en que de ustedes esperaba otras cosas.
He citado antes al profesor Tomás y Valiente y voy a concluir con una cita también de él referida a la preocupación por los derechos fundamentales, por sus garantías técnicas, por su efectividad y por la expansión del número de los derechos
y sobre todo del número de sus beneficiarios reales. Creemos que es indisociable de la preocupación por el Estado democrático de nuestro tiempo. Él hacía una llamada a los políticos en activo, juristas y teóricos de la política e indicaba que
hemos de encontrar fórmulas para renovar y profundizar el papel del Estado como aparato institucional capaz de defender el interés general, de redistribuir los bienes materiales y culturales, de garantizar la paz social, de contribuir fuera de sus
fronteras a la lucha solidaria -tan necesaria hoy, añado yo- contra la miseria y el hambre y de lograr una sociedad igualitaria, libre y justa donde los derechos fundamentales crezcan en número, contenido real y beneficiarios efectivos. Para
nosotros esa es la misión que ha traído al Grupo Vasco a esta Cámara.
Para eso estamos participando en este aparato del Poder Legislativo en el Estado. Como ustedes suman ya votos bastantes, el Grupo Popular y el Grupo Socialista junto con
Coalición Canaria, y les gusta decir que suman el ochenta y tantos por ciento de la Cámara -insisto, tienen bastantes votos-, aprueben esta iniciativa sin nosotros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
El artículo 14 de la Constitución española establece que los españoles son iguales ante la ley. Así pues, entendiendo que el término españoles es un genérico que incluye a españoles y a españolas, no comprendemos por qué en el ordenamiento
jurídico español todavía prevalecen leyes que contienen discriminación por razón de género como es la del caso que nos ocupa. De hecho, no deja de ser curioso porque el propio Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la legalidad
que legitima dicha discriminación basándose en la Ley 2 del Título XV de la Partida II que el rey castellano Alfonso X aprobó en el siglo XIII y que en la legislación española se ha ido reconociendo históricamente hasta su última actualización
durante la dictadura franquista. Son sentencias con las que el Tribunal Constitucional viene a decir que eso de los títulos es una reliquia histórica sin ningún valor o eficacia real, es decir, una pura o simple distinción como ser nombrado hijo
predilecto de una ciudad, por ejemplo, y que por tanto el hecho de que los hombres sean preferidos a las mujeres no se tiene que considerar una discriminación que afecte a los derechos y deberes reconocidos constitucionalmente. Contra esta
sentencia se han estrellado algunas mujeres de la nobleza muy famosas, algunas casadas con prohombres del o cercanos al Partido Popular y al PSOE que se han gastado fortunas en obtener carta de sucesión al título de su padre litigando en contra de
sus hermanos.
Así pues, mostramos una triple sorpresa. En primer lugar, que se mantenga la vigencia de una norma establecida en el siglo XIII. En segundo lugar, que se reconozca en el Estado actual, democrático, la legalidad franquista que la avala y,
en tercer lugar, que el propio Tribunal Constitucional anteponga ambas realidades jurídicas a la Constitución española y a su artículo 14. Pero, claro, la situación reviste una mayor complejidad que la propiamente planteada ante el Tribunal
Constitucional por discriminación de género, y es que poner en tela de juicio este punto podría cuestionar la propia legitimidad de los títulos nobiliarios que se regulan por la misma legislación y, en definitiva, cuestionar una prerrogativa tan
indisolublemente unida al poder del monarca como la potestad de conceder títulos de nobleza. Precisamente esto es lo que nosotros ponemos hoy en cuestión: la legalidad y la legitimidad de los títulos nobiliarios en la actualidad. De hecho, aunque
se pretenda hacer ver como un avance que en la sucesión de los títulos nobiliarios se supere la discriminación por razón de género, nosotros consideramos que el verdadero avance democrático es la supresión del reconocimiento oficial de los propios
títulos nobiliarios. En este sentido consideramos que el actual Estado democrático y de derecho debe entroncar con la herencia de los periodos de democratización de la historia del Estado de 1812 a 1820, de la I y la II República en que se
limitaron hasta acabar suprimiéndose los privilegios y el reconocimiento de los títulos nobiliarios. Efectivamente, en 1820 se suprimieron privilegios de los títulos nobiliarios para reconocerse la igualdad de todos los ciudadanos respecto a los
derechos y deberes civiles y políticos. El fin de la etapa de reformas liberales supuso una regresión a la situación previa a la Constitución de Cádiz. Nuevamente, con el advenimiento de la I República se produce otro avance en ese sentido al
prohibir la concesión de títulos nobiliarios en un futuro, medida esta que sería derogada después con la reinstauración monárquica, y así se mantuvo hasta la promulgación de la Constitución de la II República española en la que se estableció que el
Estado no reconocía distinciones ni títulos nobiliarios. A pesar de ello, la dictadura franquista suprimió la legislación republicana y se retornó al reconocimiento de los títulos nobiliarios en una legislación hoy en día vigente. El actual
monarca ha seguido concediendo discrecionalmente títulos nobiliarios, como hizo su abuelo Alfonso XIII, que convirtió al militar golpista Primo de Rivera en marqués de Estella, como Francisco Franco, que en la Ley Orgánica del Estado reconoció
España como reino y otorgó títulos nobiliarios. Ciertamente, Juan Carlos de Borbón ha ampliado el abanico en la concesión discrecional de títulos nobiliarios a personalidades de la cultura, de la vida social y de la farándula. En definitiva, un
repaso a la historia nos demuestra dos tendencias: reconocimiento de los títulos nobiliarios en los periodos más autoritarios y limitación o supresión de dicho reconocimiento en los periodos de democratización. En el marco democrático vigente, la
mayoría parlamentaria progresista debería decidir de qué tradición se considera heredera y en particular el Partido Socialista debería decidir si se considera heredero de la II República española, que abolió las distinciones y títulos nobiliarios, o
si se considera heredero de la política reaccionaria que los perpetúa.
Esquerra Republicana, en coherencia con nuestra ideología republicana, ha presentado una proposición no de ley que recuperando la voluntad de la Constitución republicana de 1931 insta al Gobierno español a llevar a cabo las modificaciones
legales oportunas a fin de que el Estado no reconozca distinciones y títulos nobiliarios. Hay, no obstante, quien argumenta que es simplemente una cuestión simbólica, sin contenido, ya que el nombre no otorga los privilegios que tenía durante la
época feudal. Ciertamente es así -faltaría más-, pero es innegable el valor de los símbolos construidos históricamente, pese a que ellos no alteren ninguna realidad. O si no, ¿por qué les preocupa tanto que Cataluña se proclame en su estatut como
nación si solo es un cambio simbólico que no altera su realidad dentro del Estado español? ¿O por qué defienden símbolos como la bandera, el escudo o el himno y se ponen nerviosos cuando suena el himno de Riego o cuando ondea una bandera tricolor
republicana española en lugar de una rojigualda monárquica? Ciertamente los símbolos contienen todo un poso de historia que es aquello que le otorga su valor. En este caso, el poso de historia de los títulos nobiliarios está relacionado con una
época feudal en que unos señores, mediante la fuerza de las armas, impusieron un
sistema clasista en que una nobleza ociosa, cuyo ejemplo más paradigmático son los grandes de España, los Alba, los Frías, los Medinaceli, los Osuna, etcétera, vivía a costa de unos plebeyos explotados por los impuestos, por un trabajo
esclavo y sin más libertad que aquella que otorgaban los señores. Y hoy, en un momento en que la historia ha dejado atrás los privilegios asociados a dichos títulos nobiliarios, ha llegado la hora de suprimir el reconocimiento oficial del mundo
simbólico que pervive tras ellos. Si según el artículo 14 de la Constitución española todos los españoles son iguales ante la ley sin distinción por razones de nacimiento o circunstancia social, ¿por qué debe el Estado reconocer oficialmente unos
títulos nobiliarios que establecen diferencias según la cuna en que se nace? En el marco del régimen de libertades democráticas cualquier ciudadano o ciudadana puede asociarse para defender sus intereses (obreros, metalúrgicos, cirujanos,
numismáticos o nobles, tanto da), porque en la esfera privada cualquier actividad lícita está protegida por la ley, cualquier otro privilegio no tiene ningún sentido en la sociedad actual. Por ello entendemos que la proposición de ley que hoy se
lleva a discusión, que afecta a duques, marqueses, condes, vizcondes y barones, la llamada nobleza titulada que gozaba en el antiguo régimen de un título otorgado por el rey, generalmente sobre un feudo o una señoría con plenitud jurisdiccional, no
pondrá punto final a una desigualdad. El punto final a dicha desigualdad, a nuestro entender, se producirá cuando el Estado deje de reconocer oficialmente los títulos nobiliarios como tales. Por eso anunciamos nuestra abstención en la votación,
porque no deseamos entrar en el juego revisionista que se nos ofrece, todo ello a la espera del debate de nuestra proposición no de ley para la supresión del reconocimiento de unos títulos nobiliarios fundamentados en la misma legislación injusta
que hoy ustedes pretenden cambiar. Por cierto, nos sorprende este afán de modernizar instituciones tan caducas por parte de la izquierda española. No lo entendemos; ni lo entendemos conceptualmente ni alcanzamos a comprender la idoneidad del
momento. Por cierto, tanto afán por modernizar y poner al día el marco jurídico de los títulos nobiliarios y en cambio han olvidado reconocer los títulos concedidos -puestos a ser rancios- por el archiduque Carlos a los catalanes que se opusieron
al rey de España y a la dinastía borbónica, Felipe V, de tan infausta memoria para los catalanes, para nuestro país, reconocimiento que no es posible por otro lado a raíz de una disposición del Partido Socialista Obrero Español de la época de Felipe
González.
En definitiva y en resumen, ni incluso cuando se juega a ser rancios -esta palabra ha salido en diversas ocasiones a lo largo de esta tarde- hay quien se cree lo de la historia plural del Estado. Es más, sin duda estamos convencidos de que
en los próximos años en la sociedad que vivimos, en la sociedad del conocimiento, instituciones como la de la nobleza, los títulos nobiliarios y otras -ya me entienden- están condenadas a su desaparición y nosotros nos alegraremos profundamente.
(Aplausos.-El señor Padilla Carballada: ¡Te habrás quedado descansado!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Finalmente, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió entiende no tanto los argumentos literales que aquí se han dado como el objetivo de la iniciativa que hoy nos traen a debate para su toma en consideración el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo de
Coalición Canaria-Nueva Canarias; un objetivo que, si hemos entendido bien, no es otro que la pretensión de que la ley reconozca que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones en el orden de sucesión de títulos nobiliarios para que de esta
manera el principio de plena igualdad entre hombres y mujeres, preconizado constitucionalmente, pueda proyectarse también sobre funciones o derechos meramente representativos y simbólicos, como es el caso de los títulos nobiliarios, los cuales, como
se ha dicho aquí por los grupos proponentes, actualmente no otorgan ningún estatuto de privilegio sino que se trata de una distinción meramente honorífica cuyo contenido se agota en el derecho a usarlo y a protegerlo frente a terceros.
Se ha discutido aquí por los portavoces de otros grupos parlamentarios la razón de la persistencia de los títulos nobiliarios. A nuestro juicio, señorías, este sería otro debate, otro debate en el que mi grupo hoy no va a entrar, pero sí
podemos comprender que mientras persistan los títulos nobiliarios no se puede impedir a las mujeres acceder a ellos en condiciones distintas; es decir, no se puede impedir que las mujeres tengan unas condiciones de igualdad con los hombres para
acceder a dichos títulos. Para ello la proposición de ley que hoy se está debatiendo modifica y nova los preceptos legales hasta hoy vigentes y aplicables a estos supuestos que a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida por ejemplo
en la Sentencia 126/1997 del Tribunal Constitucional, son el artículo 1º de la Ley de 4 de mayo de 1948 y el artículo 13 de la Ley de 11 de octubre de 1820, en cuanto declaran aplicable el derecho histórico y la vigencia del Código de las Siete
Partidas, en particular la Partida II.XV.2, de la que deriva el principio de que -cito textualmente- si fijo varón no lo viese, la fija mayor heredase el reino, disposiciones que a pesar de su antiquísima datación y a pesar del tenor literal de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Constitución no han sido consideradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, quien en esta sentencia que acabo de mencionar, la 126/1997, que trata de manera muy pormenorizada este tema, resuelve -dicho
de manera muy simplificada- que si la Constitución acepta la pervivencia de una institución histórica debe admitirla tal como es, sin exigir ninguna modificación o adaptación a las exigencias derivadas de la misma, en este caso a las
del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Sostiene también y en el mismo sentido que, dado que la institución reconoce los títulos nobiliarios y que la desigualdad es consustancial a ellos, les excluye de las exigencias derivadas
del principio de igualdad. Es una resolución que, en definitiva, ha venido a denegar las pretensiones de numerosas mujeres que reclamaban al amparo del artículo 14 de la Constitución que no continuara la preferencia del varón sobre la mujer en el
orden de sucesión de títulos nobiliarios. La proposición de ley, cuya toma en consideración estamos viendo, vendría a resolver este tema puesto que modifica el derecho aplicable a estos supuestos, proponiendo una clara redacción en su artículo 1 en
el sentido de que a partir de su aprobación el hombre y la mujer tuvieran igual derecho a suceder en las grandezas de España y títulos nobiliarios, sin que pudiera preferirse a las personas por razón de su sexo en el orden regular de llamamientos.
Esto se ajusta a cuanto se exponía en los votos particulares realizados a la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional por los magistrados don Pedro Cruz Villalón y especialmente por don Tomás Vives Antón y don Carles Viver Pi-Sunyer, quienes
entendían que se debería haber declarado la inconstitucionalidad de la regla de preferencia del varón puesto que la preterición de la mujer heredada de otros tiempos no puede desconectarse de la idea que la motivó, que no es otra que la incapacidad
de la mujer para transmitir el linaje en condiciones de igualdad con el hombre y, en definitiva, la inferioridad de la mujer en todos los órdenes, incluido el social. Y estos magistrados concluyen que esto afecta directamente al núcleo duro de la
prohibición constitucional de establecer diferencias entre los sexos. Son opiniones y, en consecuencia, el objetivo de la igualdad entre hombres mujeres en todos los órdenes de la vida que desde Convergència i Unió podemos compartir.
Pero, señorías, nosotros no vamos a poder apoyar esta iniciativa por razones de oportunidad. ¿Qué razones son estas? Las de una simple observación de la realidad que nos dice -y cito, entre otros, datos recientes de la publicación La mujer
en cifras del Instituto de la Mujer- que la tasa de ocupación de mujeres sigue estando muy por debajo de la de los hombres; nos dice que el 99 por ciento de solicitudes de jornada a tiempo parcial por obligaciones familiares son las mujeres las que
la realizan; nos dice que son las mujeres las que solicitan todavía el permiso de maternidad en un 98,46 por ciento; nos dice que el 96 por ciento de excedencias por el cuidado de los hijos y de las hijas es pedido por las madres; nos dice que la
discriminación salarial -y estoy hablando de discriminación, no de brecha salarial- es de un 18,22 por ciento de menor salario lo que cobran las mujeres respecto a los hombres por un trabajo de iguales características; y nos dice que en el año 2005
no hay ninguna mujer presidenta de alguna de las empresas del Ibex 35 ni ninguna consejera secretaria, que solo el 2,5 de los vicepresidentes son mujeres y que solo el 2,3 de los consejeros son mujeres. Podría seguir, señorías, porque los datos son
innumerables, pero creo que los que he mencionado son suficientemente elocuentes y nos llevan a concluir que sin ningún género de dudas la igualdad entre hombres y mujeres está lejos de ser una realidad no solo, como pueden ver, en cuanto al orden
de sucesión de títulos nobiliarios sino en aspectos muy cotidianos de la vida que afectan a millones y millones de mujeres y en los que no vemos que haya igual diligencia ni premura por impulsar medidas para conseguir esta igualdad.
Se ha rechazado en esta Cámara el permiso de paternidad exclusivo para los padres, se han rechazado medidas para la equiparación salarial, no se ha realizado la trasposición al derecho interno de la Directiva 2002/1973, de 23 de septiembre,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo; una trasposición que, por cierto, debía
realizarse a más tardar el pasado 5 de octubre. ¿Por qué razón no se están tomando todas estas medidas? La razón que siempre ha dado desde esta tribuna el Grupo Socialista, el grupo que apoya al Gobierno, es que todas estas medidas se iban a
recoger en la ley de igualdad, una ley cuya entrada en esta Cámara se anunció para antes del verano, pero de la que no tenemos más noticia que la de que sigue habiendo dificultades para su concreción.
Hoy ustedes presentan una proposición de ley que, de aprobarse, significará la igualdad, pero solo en la sucesión a títulos nobiliarios.
Desde Convergència i Unió decimos sí a la igualdad, pero sinceramente no compartimos con ustedes, ni
con el Grupo Socialista, ni con el Grupo Popular, ni con el Grupo de Coalición Canaria, que en materia de igualdad entre hombres y mujeres esta sea en modo alguno una cuestión prioritaria, una cuestión que deba abordarse con mayor premura que la
anunciada ley de igualdad, que tendría que significar una mejora para millones de mujeres en su vida cotidiana. Por todas estas razones, no vamos a apoyar la iniciativa, sino que nos vamos a abstener.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Vamos a votar.
PRÓRROGA DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: Un asunto previo. De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión que estudia la reforma
del servicio exterior, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para rendir informe por un plazo de seis meses.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la prórroga del citado plazo.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con relación a la intervención de menores en el proceso penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
En segundo lugar, votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con relación a las declaraciones de los menores en los procedimientos
jurisdiccionales penales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
Finalmente, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre igualdad del hombre y la mujer en el
orden de sucesión de los títulos nobiliarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 275; en contra, seis; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR POR EL GOBIERNO EN FERROLTERRA DESPUÉS DE LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR NAVAL. (Número de expediente 162/000283.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
Comunico a la Cámara que la proposición no de ley relativa al proyecto de Ley Orgánica de derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, propuesta por los grupos parlamentarios Socialista, Catalán,
Esquerra, Izquierda Verde y Coalición Canaria ha sido retirada. En consecuencia, pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, relativa a medidas urgentes a adoptar por el Gobierno en Ferrolterra después de la
reciente reestructuración del sector naval.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo, tiene la palabra el señor Rodríguez. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, les recuerdo que el Pleno continúa, así que, por favor, si alguna de SS.SS. quiere ausentarse del mismo, deberá hacerlo con rapidez y en silencio.
(Rumores.) Señorías, por favor,
señor Cuadrado. (Rumores.) Señorías, vamos a tratar de dar continuación al Pleno, por lo que les rogaría silencio. Insisto, quien quiera abandonar el hemiciclo, por favor, que lo haga con rapidez y en silencio.
Señor Rodríguez, si le parece, lo intentamos. Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Como es conocido hasta la saciedad, por lo menos en Galicia, Ferrolterra se vió sometido a lo largo de algo más de los últimos 20 años, a una política que sí podemos especificar de política consciente y activa, asentada en dos pilares. En
primer lugar, un proceso de destrucción sistemática de uno de los sectores básicos de su economía como fruto de las decisiones políticas impulsadas por las administraciones central y comunitaria en el contexto de una política industrial irracional y
también -por ser tan sumamente constante y consciente- antigallega, que siempre contó con el apoyo, por activa y por pasiva, de los gobiernos de Galicia, por lo menos hasta ahora, y que a través del efecto multiplicador negativo en otros sectores de
la economía comarcal, provocó una situación de declive industrial y social sin parangón en ninguna otra zona.
En segundo lugar, la propuesta teórica en paralelo de una pseudo-política reindustrializadora compensatoria, que se sabía condenada al fracaso de antemano dada la perversidad de su formulación. Así, esta pseudo-política no fue más que un
simple ejercicio propagandístico electoral, junto con la instrumentación de toda la parafernalia de ZUR, ZID, ZPE, y ahora, al parecer, ZAP, zona de actuación preferente. Después de la retahila de órdenes ministeriales del Miner, dirigido por el
Partido Popular, que desde el año 1997 hasta hoy pretendían lograr la diversificación de aquellas zonas del Estado en
las que sus empresas públicas sufren procesos de reestructuración, con gran incidencia en la pérdida de empleo, de capacidad productiva, de capacidad tecnológica, de cultura industrial y de tejido empresarial, no resulta extraño que incluso
se haya producido el cierre o el deterioro empresarial de proyectos de los de más importancia, por no mencionar a aquellos ni siquiera nacidos, abundosamente publicitados, demostrando su simple utilización electoral.
La consecuencia de esta política durante tantos años da resultados concluyentes y fulminantes en sentido negativo, tanto para la comarca como para el país, Galicia. Primero, y les ruego que atiendan porque es muy sintomático, declive
demográfico que podemos sintetizar en la comparación del censo de 1981, anterior al proceso permanente de reestructuración, y el padrón continuo de 2004. Mientras Galicia ha perdido 61.000 habitantes, el Estado ha ganado nada menos que 5 millones y
medio. De la pérdida poblacional gallega, la de Ferrolterra significó casi el 30 por ciento, que no parece que precise de mayor comentario, ni que haya sido fruto del azar. Segundo, envejecimiento, dependencia, como refleja el pasado censo de
2001. Los mayores de 65 son el 22 por ciento de la población en Ferrolterra, frente al 21 por ciento a nivel gallego y el 17 por ciento a nivel estatal, y al revés en el caso de los menores de 15 años, de manera que la tasa de dependencia total es
superior en Ferrolterra en relación con Galicia y marcadamente con el Estado, al que supera en más de 3 puntos. De la misma manera, mientras que los nativos son el 59 por ciento de la población de Ferrolterra, en Galicia suponen el 55,5 por ciento
y en el Estado, el 52,8 por ciento. En tercer lugar, la consecuencia fue la falta de expectativas laborales en una comarca tradicionalmente industrial del país, de manera que sobre la población entre 15 y 64 años, y de acuerdo con el censo de 2001,
la tasa de actividad en Ferrolterra es 5,5 puntos porcentuales inferior a la de Galicia y 8,2 puntos inferior a la estatal. La tasa de empleo y de ocupación en Ferrolterra es 6,5 puntos porcentuales inferior a la gallega y 7,7 puntos inferior a la
estatal. La tasa de paro en Ferrolterra es 2,9 puntos porcentuales superior a la gallega y 1,3 puntos superior a la estatal.
Era una comarca aquella que hasta el año 1980 servía de foco de inmigración, hoy es una de las comarcas caracterizadamente emigratorias de nuestro país. Esto no sucedió, señorías, por casualidad. Como fruto del proceso de reestructuración
permanente se liquidaron unos 10.000 puestos de trabajo únicamente en los centros de Astano y Bazán, a los que hay que añadir los de la reciente reestructuración, 1.400 en las principales y unos 2.000 en las auxiliares, sin contar con los miles de
puestos de trabajo perdidos en otros sectores en todo este tiempo, dado el efecto multiplicador en la actividad y en el consumo de la presencia de estas grandes empresas en la economía comarcal, igual que viene aconteciendo con el complejo minero
eléctrico de As Pontes de García Rodríguez desde 1998, provocándose un declive industrial y social drástico y dramático, que parece continuar su andadura imparable frente a la reiteración de las negativas políticas aplicadas por el Gobierno central,
con el consenso tácito y expreso del Gobierno de Galicia, hasta ahora, y que tienen demostrada su ineficacia.
Vamos a olvidar el pasado, señorías. Nuestra intención es que, aprendiendo de las experiencias anteriores, se instrumente un proyecto o programa industrializador que supere los errores del pasado para que las administraciones central y
autonómica, causantes del deterioro económico, social y empresarial, jueguen un papel más decidido y principal en la captación de nuevos proyectos empresariales que permitan hacer efectiva la diversificación comarcal. Por eso, señorías, hay una
serie de puntos que inciden en el deber de las administraciones públicas, en su actuación conjunta para procesos de reindustrialización e inciden también en lo que sería fundamental, la inclusión y participación de Galicia en el próximo plan estatal
de desarrollo de las comarcas mineras, de los cuales se nos quiso excluir en 1996. No lo lograron porque los datos eran evidentes: el 33 por ciento del carbón que se produce en el Estado español está allí, y una pérdida del 10 por ciento de
puestos de trabajo. Ponían el pretexto de que no era carbón CECA; por cierto, con el apoyo de sindicatos estatales. Esto no se puede volver a producir en los años 2006-2012.
Creemos que las infraestructuras son fundamentales y, por lo tanto, hay
que atender a que la línea Ferrol-A Coruña se modernice con el horizonte temporal del año 2009, igual que hay que sacar todas las potencialidades del puerto exterior con el acceso por carretera y por ferrocarril, y la construcción de la segunda
fase.
Señorías, no es de recibo que, después de haber expoliado las minas de As Pontes, ahora no se vayan a construir los ciclos combinados de Endesa con el gas de la regasificadora de Reganosa. Por lo tanto, hay que agilizar todos los trámites
administrativos para que estén construidos cuando la planta de Reganosa también funcione. Hay que contar con la racionalización del suelo industrial, el acceso por ferrocarril y por carretera a los polígonos industriales y la aceleración de las
obras de saneamiento y de depuración de la ría, que es una fuente de riqueza fundamental desde el punto de vista de la pesca y del marisqueo. Por último y fundamental, colaborar en la restauración del patrimonio histórico-artístico, mucho de él
patrimonio estatal del Ministerio de Defensa, de muchos periodos históricos, hoy abandonado y que merece una recuperación y disfrute de su uso como una memoria histórica de un país con una rica tradición histórica, hoy ampliamente desconocida.
Para acabar, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista que es la transaccional que tienen ustedes en su poder, excepto el punto 3 que hay que eliminarlo porque no es objeto de transacción y se ha colado ahí por un
error.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Hay una enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para defenderla el señor Carro.
Adelante.
El señor CARRO GARROTE: Señora presidenta, señorías, nuestra enmienda confirma el compromiso del Partido Socialista y del Gobierno con la comarca de Ferrol, Eume y Ortigal, una comarca que siempre ha estado condicionada por decisiones del
Gobierno central y de la autoridad comunitaria. Señorías, quizás para entender esto sea necesario hacer un poco de historia. Hace poco más de 300 años, Ferrol era una aldea de pescadores con no más de 400 habitantes y fue precisamente una decisión
del Gobierno del Estado la que impulsó el nacimiento de la ciudad en torno al arsenal militar y al astillero. Es precisamente este conocimiento técnico naval acumulado el que permite en los años setenta el nacimiento de la empresa Astano.
Ciertamente, fueron años de bonanza económica, alcanzando la ciudad de Ferrol los 93.000 habitantes. Sin embargo, las circunstancias cambiaron y en los años ochenta tuvimos que hacer una reconversión profunda del sector que supuso la pérdida de
10.000 empleos. Los intentos de reindustrialización abordados no consiguieron resultados positivos y tropezaron con cuatro dificultades: la falta de infraestructuras de comunicación terrestre, la falta de suelo industrial, la falta de
diversificación industrial y la ausencia de un empresariado local suficientemente emprendedor.
Esta no fue la única crisis, en el año 1997 se produjo una pérdida de 4.000 empleos. Entre tanto, el Gobierno popular realizaba la fusión de los astilleros civiles y militares para ocultar a la Unión Europea y a los ciudadanos su
incompetencia. Por aquel entonces los gobiernos estatal, autonómico y local -todos ellos del Partido Popular- firman un convenio para la reindustrialización de Ferrol, dedicando a tal fin 6 millones de euros. Señorías, esos seis millones de euros
todavía no se han gastado y la incompetencia de los firmantes de tal convenio ha superado los límites del bochorno político. En definitiva, todos estos elementos contribuyeron a una pérdida de población de hasta 14.000 habitantes. Por todo esto,
este Gobierno ha actuado en dos direcciones.
Por un lado, optimizando las capacidades industriales de las dos factorías en Ferrol, Navantia y FENE, conservando todas sus áreas de negocio. Por otro lado, poniendo en marcha un plan de desarrollo
industrial concertado con los agentes económicos y sociales.
Decía anteriormente que los procesos de reindustrialización anteriores tropezaron con cuatro dificultades. Pues bien, señorías, se está actuando sobre las cuatro dificultades antedichas. Efectivamente, se han incluido en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado 44 millones de euros para incentivos a la creación de empresas que serán complementados por la Xunta de Galicia. Además, se está realizando un esfuerzo inversor muy potente en infraestructuras, que ha tenido
reflejo en los presupuestos de 2005 y en el proyecto de presupuestos para 2006, con 84 y 116 millones de euros respectivamente. En materia de suelo industrial están en marcha proyectos de titularidad estatal que suman más de 500 hectáreas. En
relación con la diversificación industrial, proyectos como la planta de gas de Reganosa, la central de ciclos combinados de As Pontes o el puerto exterior facilitan la ampliación del tejido productivo. Finalmente, y quizás como elemento más
novedoso y más importante sin duda, contamos no solo con el apoyo, sino sobre todo con la implicación y la iniciativa de las dos confederaciones de empresarios existentes en el territorio, de la Cámara de Comercio y de los sindicatos, que han
constituido una entidad sin ánimo de lucro para asumir la gestión del plan de industrialización en el que se implicarán financieramente el Ministerio de Industria y también la Xunta de Galicia.
Señores diputados, señoras diputadas, la sociedad ferrolana quiere salir del marasmo de años de crisis y, para ello, efectivamente, necesita el apoyo del Estado y de la Xunta de Galicia, pero, sobre todo, no queremos que por más tiempo se
identifique a nuestra ciudad y a nuestras comarcas como territorios condenados a la depresión colectiva. Tenemos futuro, tenemos ganas y fuerza para vivirlo y sabremos también combinar todos los elementos necesarios para cumplir nuestro sueño.
Señorías, la aprobación de esta proposición no de ley no inicia un proceso, no coloca al Gobierno ante el cumplimiento de objetivos que no desea. Con nuestra enmienda y la consiguiente aprobación de esta proposición no de ley, el Grupo Socialista y
el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con Ferrol y colocamos sobre la mesa todas cuantas iniciativas son necesarias para el éxito de los objetivos que nos planteamos.
Finalmente confirmo la supresión del punto 3 que comentaba antes el proponente de la proposición, Francisco Rodríguez.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Carro.
Continuamos con el turno del señor Beloki para fijar posición. Adelante, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, para expresar nuestro apoyo a la proposición que hoy presenta en esta Cámara el Grupo BNGA. Es imposible no coincidir con las razones que el representante de este grupo
ha expuesto en la Cámara, la contundencia de las razones que ha expuesto, la gravedad del problema, la urgencia para empezar a atacar el problema con no más retrasos. La historia que ha contado es lamentable y necesita cuanto antes un giro en la
buena dirección.
Todas ellas son razones para que mi grupo ya apoyara la propuesta que el representante del grupo BNGA había hecho a esta Cámara, pero tenemos más razones. La principal, añadida a las que acabo de exponer, es que, al parecer, va a haber un
acuerdo entre el grupo proponente y el Grupo Socialista, una condición no suficiente, pero
cuando menos necesaria. Lo que nos parece absolutamente necesario es que ahora, que tanto el grupo proponente como el Grupo Socialista comparten poder -aquí, en el Estado y allá, en Galicia-, debiera ser el momento de convertir las buenas
intenciones en realidad. Las líneas de trabajo que ellos apuntan a mi grupo asimismo le convencen. Las líneas en las que se sugieren medidas en cierto sentido son las que hay que seguir en todo proceso de reindustrialización, y ellos las confirman
hoy, de forma que mi grupo, lejos de sentirse alejado de la perspectiva de las líneas que ellos proponen, nos sentimos plenamente coincidentes con que efectivamente actúen en los procesos de reindustrialización, de modernización comercial, de
fomento de la exportación y de impulso de las nuevas tecnologías. También es absolutamente necesario para todo proceso de reindustrialización que se actúe en serio y de una vez por todas cuando la situación lo requiere en el ámbito de las
infraestructuras.
Ellos proponen medidas que nosotros apoyamos.
Más allá de todas estas razones que acabo de exponer para prestar nuestro apoyo, lo principal es el punto de arranque de la enmienda transaccional de ambos grupos, que vamos a instar al Gobierno a impulsar y promover, conjuntamente con la
Xunta de Galicia, la reindustrialización y diversificación empresarial de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, contando con la participación de los agentes económicos y sociales, con el objetivo de incrementar la actividad empresarial y el
empleo. Dicho con otras palabras, las buenas intenciones que pueda haber de los ejecutivos, si no cuentan con la participación de los agentes económicos y sociales, no han de llevar a ningún buen puerto. Lo que esta propuesta hoy hace es
establecer un camino para llegar un día a un puerto, sabiendo que el puerto no es justamente esta propuesta, sino el arranque para que un día se pueda llegar. De ahí que mi grupo apoye plenamente la propuesta hecha por BNGA y, en concreto, la
enmienda transaccional que, al parecer, van a apoyar tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Mixto BNGA.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.
¿Convergència desea fijar posición? (Asentimiento.) Es su turno, señor Guinart, adelante.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, para posicionarnos en relación con esta proposición no de ley del BNG que hace referencia a la reestructuración del sector naval en el área de Ferrol, Eume y Ortegal; de hecho, se trata de una serie de medidas de
reindustrialización o, mejor dicho, reactivación -la propuesta es más genérica- de la economía de esa zona, que, como se ha explicado muy bien, históricamente se dedicó al monocultivo, por decirlo así, industrial del sector naval, que hoy está en
crisis por la competencia internacional de otros países emergentes en este ámbito, con costes, sobre todo de mano de obra, mucho más económicos. Nuestro grupo se ha posicionado siempre en la misma línea cuando se le han presentado propuestas en el
ámbito de la reconversión económica, de la reindustrialización, de la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, a través precisamente de la dinamización económica, no a través de la creación de empleos artificiales, como a veces proponen
algunas medidas. La mejora de las infraestructuras de comunicación, el uso de nuevas tecnologías, la intensificación de las actividades comerciales y, sobre todo, la exportación de los productos, de los servicios que se puedan generar en esta zona
nos parecen medidas adecuadas para perseguir esos objetivos.
Las medidas abordan los tres sectores económicos más importantes: en el sector primario, la pesca y el marisqueo, a través de la mejora de las condiciones ambientales de las rías y la minería, a través de ese Plan de la minería; en el
ámbito industrial, la reconversión del sector naval y el aumento de su competitividad, y en el sector terciario también intuimos actuaciones cuando se habla de la mejora del patrimonio artístico e histórico de la zona para ser puesto a disposición
de la sociedad y del turismo. Valoramos el hecho de que se haya conseguido esta transaccional con el Grupo Socialista, que al mismo tiempo reconoce el papel trascendente que la Xunta debe jugar en la implementación de estas medidas en coordinación
con el Estado y, por tanto, como supongo que intuían de mi intervención, vamos a darle nuestro apoyo y a pedir al Gobierno que, más allá de recibir ese encargo del Parlamento, cumpla con lo comprometido en esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Guinart.
Finalizamos con la intervención del señor Fernández de Mesa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para fijar posición sobre esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego y las enmiendas que acepte, aunque sean para descafeinar el cuerpo central de lo que era su proposición no de ley.
Por cierto, se refería el representante de Convergència i Unió a que se trataba de recuperar un tema concerniente a lo que era el sector de la construcción naval y que desaparece en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En
todo caso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a prestar su apoyo, aunque tenemos que hacer alguna precisión, porque realmente oír hablar de la historia de Ferrol desde hace 300 años y no centrarse para nada en lo que ha pasado
auténticamente durante los últimos 15 ó 20 años es lamentable, como es lamentable la visión que se ha tratado de presentar.
Efectivamente, hasta 1995, principios
del año 1996, se produce una reconversión del sector de la construcción naval, hay una pérdida de puestos de trabajo importante, se cambia la situación y se traslada la Comandancia General de la Flota de Ferrol a Rota, desaparecen los
acuartelamientos de Infantería y de Artillería y hay una pérdida importantísima del peso industrial y de la carga de puestos de trabajo en la ciudad de Ferrol. Esta es una realidad que conoce todo el mundo. Y llegamos al año 1996, señor Carro,
cuando no había carga de trabajo en Astano, ni había carga de trabajo en Bazán, y lo que se hace entre 1996 y 2004 es construir fragatas F-100 en la Empresa Nacional Bazán, de las que todavía hoy se vanaglorian ustedes pensando que va a dar carga de
trabajo hasta el año 2010. Además, se consigue meter dos plataformas de Drillmar dentro de Astano, que estaba sin carga de trabajo; se inician las obras del puerto exterior de Ferrol; se inicia la EDAR; se inicia y se termina la planta de
Reganosa, señor Carro; se termina la autopista del Atlántico, que no estaba ni prevista; se inician las obras de la transcantábrica; se ponen las bases para que el AVE Ferrol-A Coruña y el AVE transcantábrico hasta Bilbao sea una realidad.
Ahora, ni siquiera tenemos, después de haber salido a información pública, la más mínima noticia de lo que va a ser el tramo del AVE Lubián-Ourense, que es el que realmente pondrá a Galicia en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades
de España para tener su conexión con la Meseta. Eso es lo que pasa entre los años 1995 y 2004.
A partir del año 2004, por mucho que queramos decir que se están haciendo auténticas maravillas y que hay un compromiso del Partido Socialista con la comarca de Ferrol, Eume y Ortigal, hay una realidad, y es que los compromisos, señor Carro,
habrá que trasladarlos en euros. Porque lo cierto es que no se adelanta la segunda fase del puerto exterior de Ferrol -no son capaces de sacarlo adelante-, mientras se destinan importantes cantidades a otros puertos de otras ciudades de España; no
son capaces de rematar las inversiones para hacer los accesos a la ciudad; se han cargado el AVE Ferrol-A Coruña; se han cargado el AVE transcantábrico y no se habla para nada de la transcantábrica. Para que se vea el auténtico compromiso que
existe, señor Carro, hay que traducirlo en euros y, hasta este momento, me gustaría que nos dijera una sola obra nueva que haya comprometido en año y medio el Partido Socialista con las comarcas de Ferrol, Eume y Ortigal.
Saludamos la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego. No hemos tenido ningún empacho en apoyar proposiciones de ley similares cuando éramos Gobierno -el señor Rodríguez lo sabe perfectamente-, y apoyamos la que
usted presenta hoy, aunque esté descafeinada por la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque, al final, lo que nos interesa a todos -a unos más que a otros- es que las obras iniciadas durante el período 1996-2004
tengan continuidad en el tiempo y, de verdad, veamos transformada una comarca que estuvo completamente arrasada hasta el año 1996, durante los años de Gobierno socialista.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Rodríguez, votaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista aceptada por el grupo proponente, por usted mismo, exceptuando el párrafo del punto 3. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, relativa a medidas urgentes a adoptar por el Gobierno en Ferrolterra después de la reciente
reestructuración del sector naval.
Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la misma? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA ACTUAL SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO. (Número de expediente 173/000093.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre medidas para la mejora de la actual situación del sector pesquero.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana presenta hoy esta moción consecuencia de la interpelación que hicimos hace un par de semanas a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una interpelación que
basamos en la crisis que atraviesa el sector pesquero, que también sufre gran parte del sector primario del Estado debida sobre todo al incremento de los costes de producción y al descenso que sufren los precios de sus producciones. Este
desequilibrio entre lo que ingresa el sector pesquero por sus capturas y los gastos que genera su actividad hace que muchas de las explotaciones pesqueras sean cada vez menos viables y augura un futuro nada esperanzador que puede llevar a que muchas
barcas se queden
amarradas en los puertos. El desmesurado incremento del precio de los carburantes es, como en otros muchos sectores, la causa principal del aumento de los costes de la actividad pesquera, un aumento que ha llegado a incrementarse en más de
un 135 por ciento en los dos últimos años, pasando de los 0,18 euros/litro en mayo de 2003 a los 0,42 euros/litro de este verano. Y de verdad que las perspectivas no son nada buenas ya que el precio de los carburantes tiende a continuar subiendo.
Algunos pescadores ya han calculado que si el precio del gasóleo sube a la cifra de 0,50 euros/litro el beneficio que obtengan de la venta de sus capturas va a ser nulo.
En la interpelación presentamos a la señora ministra una serie de medidas de carácter inmediato en las que hemos basado esta moción que presentamos esta tarde aquí. En primer lugar, vemos la necesidad de adoptar de manera inmediata medidas
que ayuden a paliar este aumento desmesurado del precio del carburante. Es imprescindible, señoras y señores diputados, que el sector no se vea afectado por la incertidumbre de la fluctuación en que está inmerso el precio del carburante y más
teniendo en cuenta que al sector le es imposible trasladar este aumento al precio de sus capturas.
En este sentido, creemos imprescindible la creación de un fondo de garantía que permita la compra del gasóleo a un precio estable del combustible
profesional pesquero y por supuesto que este precio estable sea asumible por el sector.
En el primer punto de nuestra moción hemos presentado también una serie de medidas de carácter fiscal y crediticias que ayuden al sector a afrontar con mayores garantías la crisis que atraviesa, medidas que no son nuevas, no nos inventamos
nada. Esta serie de medidas ya han sido presentadas por otros gobiernos, entre ellos, el Gobierno francés. El segundo punto de la moción que presentamos hoy lo hemos basado en las recomendaciones que hacía el comisario de Pesca y Asuntos Marinos
de la Unión Europea, el señor Joe Borg, después de los contactos que tuvo con organizaciones pesqueras europeas. En este punto vemos necesario solucionar el agravio comparativo que sufre el sector pesquero respecto de otros sectores con las ayudas
de mínimis. Mientras que en la mayoría de sectores estas ayudas llegan a un umbral de 10.000 euros, en el sector pesquero este umbral solo está marcado en 3.000 euros. Es imprescindible, pues, la elevación de este umbral en las ayudas de mínimis a
este sector.
Otra de las medidas que nuestra moción pretende impulsar se refiere a la necesidad de modernizar las flotas pesqueras, una modernización de la flota que debe aumentar la seguridad de la actividad pesquera y que además debemos dirigirla a
buscar un verdadero ahorro de combustible, que pasa indiscutiblemente por la necesidad del cambio de los motores de propulsión. Si antiguas ayudas permitieron la instalación de motores de alto caballaje, por encima de los 2.000 caballos de
potencia, es imprescindible que nuevas ayudas permitan una sustitución de estos motores por otros de menor caballaje. Esta sustitución, que iría en busca de este ahorro tan necesario, sería también, qué duda cabe, una buena noticia para la
protección ecológica de nuestros mares.
En la búsqueda de esta necesaria preservación del fondo marino y de una regeneración sostenible del mismo, hemos incorporado el punto siete de esta moción. La actual falta de capturas, como la de la anchoa del Cantábrico, o el mal estado de
los mares, ejemplo claro es el Mediterráneo, que algunos expertos de medio ambiente ya han calificado de mar enfermo, hacen que sea necesario un impulso para aumentar las paradas biológicas en todo el Estado y es imprescindible también un incremento
significativo de ayudas económicas para este tipo de vedas. Qué duda cabe que esta gestión razonable del medio marino aumentaría la calidad de las capturas de los pescadores del Estado y aumentaría, cómo no, el valor añadido de las mismas, un valor
añadido que es básico para dar solución al otro frente que debemos encarar para paliar la crisis del sector. Si el aumento del carburante es parte importante de esa crisis, no lo es menos la devaluación del precio del pescado. En este sentido, es
necesario también afrontar el peligro de la globalización en el sector pesquero e impulsar la competitividad de los pescadores del Estado.
Entendemos que es necesaria una implantación de ayudas para la mejora de la competitividad de nuestros pescadores y por eso en el punto cuatro de nuestra iniciativa que debatimos hoy exigimos medidas que fomenten esta productividad. También
es imprescindible que se incremente el control de las importaciones. No sería justo que un sector en crisis como este sufriera un agravio comparativo frente a las importaciones. Es necesario, pues, que este incremento del control sobre las
exportaciones cierre el paso a aquellas que no cumplan la normativa sanitaria comunitaria, así como a las que procedan de pesca ilegal o no regulada y no documentada.
Si no aumentamos esta productividad y no mejoramos la viabilidad del sector,
señoras y señores diputados, estamos cerrando la puerta al necesario relevo generacional al que urge que se proceda en el sector pesquero; un relevo generacional al que debemos hacer frente y que es necesario incentivar mejorando las condiciones de
las generaciones que se incorporan al sector y también mejorando las condiciones de jubilación o fomentando las prejubilaciones en el sector. Son dos condiciones importantes para paliar el envejecimiento de la flota pesquera.
Estas son, señoras y señores diputados, las medidas de carácter inmediato que ya propusimos a la ministra en la interpelación y que hemos plasmado en esta moción para ayudar a paliar esta grave crisis que atraviesa el sector. A nuestra
moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, y otra del Grupo Socialista. Hemos intentado llegar mediante una negociación a un texto transaccionado que no busca nada más que consenso, un consenso...
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, vaya concluyendo, por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Un consenso -decía- que tendríamos que buscar hoy en esta Cámara porque creemos que si esta moción es aprobada por unanimidad será una buena medida para paliar esta grave crisis que está sufriendo el sector pesquero.
Les pido a los grupos de la Cámara que lo voten.
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir. Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestra posición es favorable a la moción que presenta el Grupo de Esquerra Republicana porque somos conocedores de la situación que atraviesa el sector pesquero. De hecho, en el mes de julio pasado presentamos
una proposición no de ley para debatir en Comisión en términos similares a los que presenta el Grupo de Esquerra Republicana en el día de hoy en forma de moción. Somos conscientes de la situación que padece el sector en la medida que la continua
subida del precio de los combustibles está haciendo en algunos casos difícil, pero en muchos imposible, que las flotas pesqueras continúen faenando en las condiciones actuales. El sector lo ha manifestado así y las averiguaciones que nosotros
hicimos al respecto demuestran que no es solamente una postura que pueda presentar el sector por una cuestión más o menos política, sino que es una realidad que está haciendo que en algunas zonas las flotas estén en estos momentos sin poder salir al
mar, lo que significa no solamente un detrimento económico en general, sino también el deterioro de las condiciones de trabajo de los marineros que tienen que salir a faenar y que no pueden por las condiciones actuales.
Las medidas que se recogen en la transacción nos parecen oportunas, porque sería conveniente que hoy llegáramos a un acuerdo entre todos que hiciera posible transmitir al Gobierno la necesidad de acuerdos con el sector pesquero. Nosotros
hemos presentado una enmienda, que pretende que se estabilice el precio del combustible profesional en los distintos sectores profesionales -valga la redundancia-, porque somos conscientes de que además del sector pesquero hay otros sectores, como
el agrario, que padecen este problema. No obstante, en aras de ese consenso al que es necesario que lleguemos en la tarde de hoy, nos preocupa más llegar a unos acuerdos mediante lo cuales, ciñéndonos al caso de la pesca, podamos cuando menos
resolver esta cuestión. Lo decimos porque en el caso del sector agrario, por ejemplo, hay otras iniciativas que esperamos no tarden mucho en ser tratadas en este Congreso. Por tanto, esperamos que se apruebe la transacción, que se presenta sobre
la base de la moción y las enmiendas presentadas y pueda ser un paso adelante para futuros acuerdos entre el Gobierno y los sectores industriales.
Nos parece importante que se incrementen las ayudas de mínimis al sector artesanal, dada su insuficiencia actual, además de que no tenemos muy claro que la puesta en marcha de los créditos ICO, que estaban anunciados y que el secretario
general hace aproximadamente diez días en esta misma Cámara dijo que estaban pagados, efectivamente sea así, porque, mientras el secretario general manifiesta que estas ayudas están pagadas en una cuantía superior a 7.500 millones de pesetas, nos
encontramos con un sector que dice que no sabe absolutamente nada de ese tipo de ayudas.
Esto puede ser porque o no todas las ayudas están pagadas, como decía el secretario general de Pesca, o porque efectivamente estas ayudas no han alcanzado a
todas las embarcaciones del sector pesquero. A muchas de ellas, como son las de pesca de altura, esas mínimis de 3.000 euros no les llega en absoluto. Por eso que se defienda en las instituciones comunitarias la revisión al alza del umbral de las
ayudas de minimis hasta 30.000 euros nos parece una necesidad imperiosa debido a que las grandes embarcaciones gastan al mes más de 1.000 euros de combustible.
Optamos por hablar de combustible y no de gasóleo, tal como lo presentamos en nuestra enmienda, porque -termino, señor presidente- hay muchas embarcaciones artesanales que están funcionando con gasolina por el tipo de motor que tienen. Por
lo tanto, entendemos que esto debería abarcar a todas las embarcaciones, incluidas las que utilizan gasolina, pero repito que nos parece importante en el día de hoy llegar a acuerdos y votar a favor de esta enmienda que se presenta mediane una
transacción entre los tres grupos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, coincidimos con Esquerra Republicana en la gravedad de este problema. Es un dato objetivo que la subida del precio de los carburantes es muy difícil de asumir a corto plazo para muchas
empresas del sector pesquero, ya que el incremento de dicho precio no siempre puede repercutir sobre el precio de la pesca debido al sistema especial de comercialización que rige para la mayoría del sector. Igualmente el sistema de remuneración a
la parte hace que el coste del combustible afecte directamente al bolsillo de los trabajadores. Por ello mi grupo y el Gobierno apoyan al sector en este problema.
Partiendo del compromiso con los problemas del sector, quisiera empezar haciendo algunas matizaciones. Primera, estamos ante un problema que se genera fuera de nuestra economía y que no podemos evitar con políticas propias. Segunda, el
problema afecta al conjunto de la economía y existen otros muchos sectores que quedan fuera de todo tipo de ayudas. Tercera, las ayudas al sector están condicionadas por la legalidad de la Unión
Europea, que en este caso actúa como un corsé demasiado rígido. Y cuarta, el problema por desgracia no es coyuntural, por lo que lo prioritario es continuar con medidas de choque para hacer frente al impacto actual y simultáneamente
afrontar la mejora de la rentabilidad y competitividad futura del sector. En consecuencia, hay que estudiar y potenciar medidas de ahorro energético, simplificar la cadena de comercialización y quizá revisar los sistemas de reparto y
comercialización para permitir mayores rentas al sector en su conjunto y de forma especial a los trabajadores del mismo.
Nuestra enmienda de modificación coincide en lo fundamental con el grupo proponente, que a su vez asume las reivindicaciones de las asociaciones del sector. De ahí que no fuera difícil llegar a una transacción en la que se matizan algunas
cuestiones desde el respeto a la legalidad de la Unión Europea, pero una legalidad que queremos cambiar, también por respeto al sector, con el que consideramos se debe negociar la concreción de algunas medidas. De entrada, distinguimos entre la
flota artesanal y la industrial, pues el impacto de la crisis tiene aspectos diferenciales en ambas flotas. Así, para la flota artesanal se propone incrementar las ayudas de minimis, de acuerdo con el incremento del precio del gasóleo, en un 40 por
ciento. Estas ayudas tienen hoy un límite que el Gobierno debe intentar elevar ante la Unión Europea. Asimismo, se propone establecer de acuerdo con el sector medidas fiscales, sociales y crediticias, así como mejoras en la aplicación de tasas
portuarias.
Por lo que se refiere a la flota industrial, la propuesta se basa en el modelo de ayudas del Gobierno francés, proponiendo que estas se adecuen a la problemática de cada segmento de flota. Las ayudas podrán referirse a la creación de un
fondo de garantía, a nuevos créditos ICO, a la aparición de flota y a medidas de ahorro de combustible, como cambios de motor o del sistema de propulsión. Quiero que quede claro que lo fundamental de nuestra propuesta es un mandato para que se
negocie con el sector. Ya se está haciendo, pero insistimos en que es necesario negociar y alcanzar acuerdos. Es necesario concertar medidas de choque para afrontar la coyuntura actual, pero también son precisos acuerdos para planificar el futuro
desde ahora y para ello hay que poner en marcha medidas estructurales que garanticen la viabilidad futura del sector pesquero.
Instamos también al Gobierno a defender ante la Unión Europea un incremento a 30.000 euros, la adaptación de las medidas de rescate de empresas que sean genéricas al sector pesquero, el impulso de la adopción de planes estratégicos para la
renovación de buques que consuman menos carburante, la instrumentalización de medidas comerciales para elevar precios y acciones que mejoren la confianza del sector, el impulso del relevo generacional y de la protección del medio marino en busca de
su regeneración sostenible, intensificando la investigación y los estudios biológicos necesarios.
Señorías, reitero la voluntad de diálogo y acuerdo de mi grupo y nos gustaría que hoy se aprobara una propuesta positiva que significara un avance sobre la situación actual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz.
Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
En el caso de que, según las noticias que tiene este portavoz, haya un acuerdo de aproximación con una enmienda transaccional entre el grupo proponente de Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,
mi grupo en una línea de solidaridad y de buena avenencia la votará favorablemente, pero quiere dejar clara una situación. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) En el caso de que estas medidas prosperen, no serían
aplicables en el área económica y fiscal del archipiélago canario, dado el diferencial -se ha hecho mucho hincapié en la repercusión negativa en la rentabilidad pesquera- en el precio del combustible para las naves pesqueras. El diferencial de
precios es evidente por la Ley del régimen económico y fiscal de Canarias. Estamos de acuerdo con las medidas generales que atienden a cuestiones de modernización o de ahorro de combustible en la flota, pero sobre la cuestión central de precios y
de competencia la Ley del régimen económico y fiscal del archipiélago canario, que es la que hace visible los aspectos cuantitativos del coste del litro de combustible, nos lleva a hacer esta advertencia. Si se aprueba la norma, será aplicable solo
a la flota que tiene base pesquera y opera en puertos peninsulares. Otra cuestión será la flota de otras procedencias que opera y tienen su base en puertos canarios cuando vayan a pescar al banco canario sahariano una vez que se distribuyan las
nuevas licencias que se han aprobado Marruecos y la Unión Europea.
Señora presidenta, nosotros votaremos favorablemente en testimonio de solidaridad y de apoyo, con la advertencia de que no es posible aplicar legal y jurídicamente estas medidas por el consumo de combustible a las flotas pesqueras que operan
en el archipiélago canario debido a la Ley del régimen económico y fiscal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, todos los grupos somos conscientes de que el problema fundamental del sector pesquero en estos momentos es su falta de rentabilidad económica. Esta falta de rentabilidad es por lo menos
para la flota que consume gasoil intensivamente, porque su pesquería consiste en largos e
intensos recorridos. Por tanto, no es que le falte rentabilidad sino que no existe. La subida del 140 por ciento del gasoil significa no solo que en estos momentos no se cambie dinero, como se suele decir comúnmente, sino que sacar algunos
barcos es saber que por muy bien que vaya la pesquería el resultado será negativo. Ahí está el meollo de la cuestión, en que muchos patrones se están comiendo sus reservas y, lo que es peor, están trabajando sin ningún futuro en estas condiciones.
Hay que reconocer que en este caso el Gobierno y el ministerio son conscientes de ello y que se han mantenido diversas conversaciones y comparecencias. También reconocemos que recientemente, en septiembre, se ha procedido al pago de las
ayudas prometidas, pero también tengo que recordar al portavoz socialista que eran pagos aprobados en 2004 y que corresponden a 2004. Es decir que se ha procedido al pago en septiembre de 2005, tras haber pasado todo el año. Yo creo que ya hay
suficiente experiencia, ya no se puede aducir la prontitud para que los desajustes que todos sabemos que se han producido a lo largo de 2005 se corrijan inmediatamente. Quiero que esto quede dicho claramente.
La plantilla de medidas que propone Esquerra, sobre todo en el punto 1, es totalmente acertada, y hay que reconocerlo. Es acertada porque permitiría en muchos de los casos, incluyendo aspectos que después se plantean en la transaccional,
que la flota siguiera viva y vigente hasta mejores tiempos, ya que el gran problema es que a esta marcha la flota no va a poder seguir viva. Siempre se aducen las dificultades de la flota, el problema histórico de los caladeros, de los movimientos,
etcétera, pero en estos momentos, básicamente, ese es el meollo de la cuestión. El punto 2 y los demás van en la línea en la que nos hemos manifestado repetidamente. Nosotros también hemos planteado al Gobierno reiteradamente todas esas medidas y
le pedimos que las ponga en marcha.
Va a contar con todo nuestro apoyo y -creo que es consciente- con toda nuestra lealtad, que es importante, en todos los movimientos que se den en esta materia. Por todo ello, no cabe otra cosa por nuestra parte
que felicitar a Esquerra por su moción.
En cuanto al punto 6, él lo ha citado, pero a mí me corresponde insistir en la exigencia del control sobre las importaciones. El producto que traen al Estado español las demás flotas debe cumplir con las exigencias que se establecen para la
flota propia, pero no solamente eso. En esto momentos, probablemente uno de los mayores puertos pesqueros de todo el Estado sea el aeropuerto de Vitoria. El tránsito pesquero es impresionante, las medidas de control que se establecen hacen que el
Gobierno español pueda decir que sí cumple los requisitos, pero ni los medios ni las capacidades hacen que ello sea posible. Por tanto, mucho nos tememos que ni las medidas que se establecen sobre los pescados que entran, ni otros conceptos
sanitarios cumplen las exigencias que sí cumplen las flotas autóctonas.
Queremos felicitarles. Nuestro grupo les va a dar todo su apoyo. Solamente pedimos que cuando se negocie la transaccional, esta moción, que es una de las más acertadas y contiene medidas concretas y reales, no quede como un brindis al sol,
con unas medidas genéricas, sino que se procure cuantificar y concretar lo más posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Txueka.
Tiene la palabra el señor Pérez, para fijar posición en nombre de Izquierda Verde, con mil disculpas por delante por mi parte.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar posición. Coincido en la constatación que se está haciendo esta tarde aquí por todos los portavoces. Es cierto que el mundo idílico aquel del petróleo barato ya ha pasado; es cierto que esa subida del crudo empieza a
afectar a sectores importantes de nuestra economía, a la pesca, que hoy nos trae aquí, y también a la agricultura y al transporte, y también es cierto que esa es la antesala de una cascada de elevación de precios y de problemas económicos que
reclamarán un cierto margen de maniobra del Gobierno respecto a la Unión Europea y respecto a esa autoimpuesta disciplina económica.
Para nosotros, los contenidos de la moción, que se ha explicado suficientemente, son irreprochables. Suman las propuestas de los armadores, las del Gobierno, las del comisario europeo y las de sectores ecologistas, es decir, son la síntesis
de un conjunto de propuestas sobre las que nosotros no insistiremos. Sí nos gustaría, en cualquier caso, constatar también que entendemos que el ministerio en estos temas se atasca con más frecuencia de la deseable. Se reúne con todo el mundo,
pero no se acaba de definir una estrategia ordenada sobre problemas que acucian a los sectores de su incumbencia y no es menos cierto que también en algunas ocasiones transmite cierto nerviosismo con algunas declaraciones innecesarias, que desde
luego no tranquilizan.
En el sector de la pesca se están acumulando problemas cada día: encarecimiento de los carburantes, el nuevo reglamento de la pesca en el Mediterráneo, etcétera. Por tanto, el Gobierno tiene razón cuando dice que no estamos ante una
cuestión coyuntural sino que tiene un alto componente estructural. Para nosotros no se podría ni debemos renunciar a las ayudas directas en esta coyuntura y no podemos fiarlo todo evidentemente a una regulación estratégica. Al igual que con la
pesca, con la agricultura o con el transporte, nosotros entendemos que el Gobierno tiene que cambiar el chip de su filosofía sobre las ayudas directas, porque estamos convencidos de que sin esas ayudas también se retrasará el horizonte estratégico
del que tanto se habla.
Señorías, es un hecho que los pescadores ya han cerrando las lonjas durante varios días de la semana y la ministra ya se ha enfrentado a varias organizaciones convocantes. Nuestro consejo, nuestra posición, es que más valdría un nuevo y
preciso proceso de concertación
con la doble voluntad de ofrecer ayudas directas y de avanzar en criterios de ordenación de futuro antes que enrocarse en una filosofía que lo único que puede hacer es extender el conflicto social. Por tanto, expresamos nuestro apoyo a esta
moción de Esquerra Republicana, pero también la constatación de nuestra intranquilidad en cuanto a una política del ministerio que creemos insuficiente y errática.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted señor Pérez, muchas gracias.
Continuamos con el señor Guinart, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Adelante.
El señor GUINART SOLÁ: Gracia, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre medidas para la mejora de la
actual situación del sector pesquero.
Las cofradías de pescadores, los Pòsits, siguen con mucho interés los debates para saber cuál es la sensibilidad de esta Cámara y del Gobierno hacia sus problemas y sus angustias profesionales, y me consta personalmente. Desde nuestro grupo
queremos expresar nuestro interés especial por este sector, como lo hemos hecho siempre, tanto en esta sede como en Cataluña ejerciendo las tareas de Gobierno. Nosotros reconocemos la oportunidad de Esquerra Republicana de Catalunya al presentar
esta moción consecuencia de interpelación urgente, puesto que el sector de la pesca está francamente en crisis y pasando un momento muy delicado en su trayectoria, tal vez el peor de su historia y con una decepcionante perspectiva que no le hace
nada atractiva para los jóvenes, a menos que se tomen medidas como algunas de las que se proponen para paliar este horizonte tan gris.
Esa situación viene provocada por motivos y problemas, como se ha dicho hace un momento, coyunturales como el precio del petróleo o el precio en lonja de algunos de los productos pesqueros. Sin embargo, también existen otros motivos
estructurales de fondo que se arrastran desde hace mucho tiempo como una gestión irracional, no planificada, insostenible en el caso de algunos pescados o de algunos productos marinos o de los recursos marinos en general; la problemática de la
financiación de las vedas temporales; la nula o escasa aplicación de I+D+i en este sector, que al menos en una parte debería plantearse la reconversión desde el sector primario al sector terciario, sobre todo en lo que se refiere a la flota
artesanal.
Sin duda hay que abordar los dos aspectos de la problemática a corto plazo y de forma inmediata. Por un lado, los problemas coyunturales, pero por otro, también seguir poniendo las bases -porque algunos dirán que así ha sido- para
solucionar los problemas de fondo del sector, de su modernización, su puesta al día y su reconversión. Se trata de convertir poco a poco a los pescadores no en cazadores -entre comillas- que salen a la mar si la climatología lo permite cada día y
gracias al azar y a algunos medios técnicos cada vez más sofisticados capturar o no el pescado o el marisco que buenamente puedan, sino de dirigirlos hacia una actividad más planificada y una gestión más racional de ese medio, como en su momento la
humanidad evolucionó de la actividad recolectora de frutas y de plantas hacia la actividad agrícola. Eso todavía no se ha dado en el sector pesquero. Debería evolucionarse en esa dirección, bien gracias a vedas biológicamente controladas de
sectorización de pesquerías de según qué especies, o bien desarrollando actividades de acuicultura o de piscifactoría.
Queremos destacar de la moción la necesidad de insistir en las políticas europeas y en la obligada intervención de sustituciones en el abordaje y la resolución de la problemática en el sector de la pesca, en lo que entendemos que la moción
recoge muy tímidamente, dadas las competencias que la Unión Europea tiene en este ámbito y que serán trascendentes para su abordaje definitivo. Por otro lado, nos sorprende la nula referencia en la moción a las competencias autonómicas en este
ámbito y a la ineludible necesidad de coordinar políticas y medidas que solucionen esta problemática.
Nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción sin entrar en más detalles sobre su contenido específico y las diversas medidas que se proponen, entendiendo que es un mix de medidas de carácter coyuntural, que deben implementarse a corto
plazo. También se han anunciado algunas medidas de choque, además de la implementación de otras de carácter más estructural que deben tener un horizonte de efectos más a medio y largo plazo. En el caso de que el grupo proponente, como así se ha
dicho, acepte las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, nuestro grupo también va a apoyar la moción, lamentando que se acepten, por el hecho de que las leemos con menor concreción y con un efecto más dilatado
en el sector de la pesca, que necesita una reacción urgente por parte del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, aproximadamente hace un año se debatía en esta Cámara una interpelación urgente de nuestro grupo al Gobierno, donde solicitábamos precisamente al Gobierno socialista una serie de medidas para minimizar el impacto de las economías
de los sectores profesionales afectados por la escala de precios del petróleo. Era el 29 de septiembre del año pasado. En aquel momento el precio del gasóleo en el sector pesquero estaba en 31
céntimos. Ya se había incrementado, como han recordado algunos portavoces precedentes en el uso de la palabra, en más de un 67 por ciento respecto a junio de 2003. El Gobierno nos dijo en aquel momento que se trataba de un problema
coyuntural. Estas fueron sus palabras, mientras que desde esta tribuna el portavoz de nuestro grupo, entonces el señor Arias-Cañete, decía que estábamos ante una subida estructural. Hoy, el portavoz de Esquerra Republicana decía que el pasado
verano el precio era de 0,42 céntimos, pero hoy está a 0,52, es decir, otro 67 por ciento más de incremento respecto a aquella fecha de la interpelación al Gobierno.
Si hemos avanzado en algo es que ahora la ministra de Agricultura ya reconoce que
estamos ante un problema estructural y no coyuntural, como decía en aquel momento. El ministro Solbes en aquella interpelación nos decía: Somos sensibles y si consideramos conveniente actuar, actuaremos.
Una de dos, o no fueron sensibles a las
demandas del sector, o, si lo fueron, no han sabido dar respuesta a las demandas sociales. Consecuencia de aquella interpelación, hubo una moción del Grupo Parlamentario Popular. Han pasado 379 días, y en aquella moción planteábamos un paquete de
medidas compensatorias a los efectos de la subida del gasóleo, no solo en el sector pesquero sino también para los sectores del transporte y el sector agrario. Era un paquete que no voy a recordar ahora, pero incluía medidas muy concretas de tipo
fiscal. Durante el debate se posicionaron los distintos grupos. Quiero recordar que, curiosamente, el grupo que hoy propone esta moción rechazaba la nuestra porque pensaba que la solución para el problema no era este tipo de medidas, sino el
gasóleo profesional exento de impuestos y con un IVA del 7 por ciento. También la rechazó el Grupo Parlamentario Socialista en aquel momento.
Hoy, la moción que propone el Grupo de Esquerra Republicana no es la del gasóleo profesional que se nos había dicho entonces, sino que es la que proponen las distintas organizaciones pesqueras, la FEOP y otras, textualmente; me reconocerá
esto, señor Ramón. Por otro lado, la enmienda de modificación que presenta el Grupo Socialista vuelve a llenar de inconcreciones y de vaguedades las propuestas que realiza. Dice concretamente: Establecer de manera consensuada con el sector
medidas fiscales, sociales y crediticias. Pero si después de 379 días no se puede concretar ni una sola de esas medidas fiscales, sociales o crediticias, nos preocupa; y si después de más de un año nos proponen lo que rechazaron entonces, también
nos preocupa. En otro sitio hablan de incrementar la ayuda de minimis y ahora, en la transaccional que se me acaba de entregar, parece que concretan un 40 por ciento, de acuerdo con el aumento del precio del gasóleo. Sin embargo, a mí también me
preocupa que el mismo secretario general de Pesca nos haya manifestado recientemente en su comparecencia algo que es contrario a este compromiso, porque nos dijo que las medidas paliativas puestas en marcha en 2004 cubren suficientemente el
incremento del coste del combustible.
¿En qué quedamos? Si cubren suficientemente -que no es verdad, evidentemente-, no sé si eso se va a cumplir o no se va a cumplir.
La crisis del año 2000, que fue otra crisis que motivó en su día otros acuerdos, no fue tan grave, pero se diferenció de la actual, a nuestro juicio, en que el Gobierno en aquella ocasión dialogó con el sector, alcanzó acuerdos. Fruto de
aquellos fue el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, y el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra cuando se convalidó porque consideraba insuficientes aquellas medidas. Había entonces un diputado socialista que en una interpelación
utilizó expresiones como éstas: El gasóleo pesquero por encima de las 35 pesetas/litro -hoy está a 80 de las antiguas pesetas- no es rentable. Una parte de la flota de este país, con este precio, tiene que cerrar. Por favor, negocien. Esto se
nos decía entonces al Gobierno.
A pesar de todo lo manifestado, del cúmulo de decepciones que causa en quien siga con detenimiento la evolución política de los temas pesqueros en esta Cámara, nuestro grupo siempre mantuvo una coherencia con las medidas adoptadas cuando
gobierna y con las propuestas cuando es oposición. A pesar de todo eso, dará su voto favorable a esta moción porque, aunque queda por debajo de sus pretensiones iniciales al aceptar la enmienda transaccional socialista, hoy el sector quiere
soluciones inmediatas.
Señora presidenta, termino diciendo que hoy hay flotas amarradas, que están en puerto, sin actividad, paralizadas; que hay barcos a los que ya no les compensa salir a faenar con estos precios si no reciben urgentemente, sin más dilación,
sin más estudios, ayudas para que puedan continuar con sus actividades. Solo nos queda esperar y comprobar -créanme que estaremos alerta, que estaremos atentos- que desde mañana mismo empiecen a ejecutarse algunas de las medidas que hoy
previsiblemente aprobaremos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor García Díez, muchas gracias.
Someteremos a votación la enmienda transaccional que ha presentado el proponente con el Grupo Parlamentario Mixto y con el Grupo Parlamentario Socialista.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS COORDINADAS DEL GOBIERNO DE CARÁCTER DIPLOMÁTICO, HUMANITARIO, DE SEGURIDAD Y DE CODESARROLLO PARA HACER FRENTE A LOS HECHOS DE
INMIGRACIÓN PRODUCIDOS EN LA FRONTERA CON MARRUECOS EN MELILLA Y CEUTA. (Número de expediente 173/000094.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la siguiente moción consecuencia
de interpelación de hoy, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas coordinadas del Gobierno de carácter diplomático, humanitario, de seguridad y de codesarrollo para hacer
frente a los hechos de inmigración producidos en la frontera con Marruecos en Melilla y Ceuta.
Para la defensa de dicha moción tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
El tiempo transcurre y confirma la necesidad de adoptar medidas radicalmente distintas a las seguidas por el Gobierno, que además son similares a las que reclama el Partido Popular y a las que hasta ahora había llevado a cabo el Gobierno del
Partido Popular, sin que, desde luego, hayan aportado ninguna solución. África, señorías, reclama nuestra ayuda y por eso nosotros proponemos estas medidas que sí pueden cambiar las cosas. En primer lugar, pedimos al Gobierno que se comprometa a
un incremento anual de nuestra ayuda al desarrollo para alcanzar el 0,7 del producto interior bruto y promueva políticas activas y firmes para que este compromiso sea de toda la Unión Europea y de los demás organismos en los que participamos.
Señorías, tenemos que trabajar para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos, a los que llaman a nuestras puertas y a los que no. Es absolutamente insostenible la realidad mundial que padecemos: un 85 por ciento del mundo padece hambre y
un 15 por ciento vive en la opulencia. Debemos incidir desde nuestra capacidad en las causas reales del problema. Ahora mismo cada tres segundos muere un niño o niña por falta de medios y alimentos, lo que suma diez millones de menores de cinco
años muertos anualmente por causas evitables. Todo esto gracias al proceso de globalización capitalista que antepone los intereses empresariales a los de las personas. Esto hay que cambiarlo, señorías.
Igualmente este Gobierno debe adoptar medidas para garantizar el estricto cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, un trato digno a los inmigrantes. Es triste que en un Estado democrático se tenga que presentar este punto en una
moción, que tengamos que venir aquí a pedir esto. ¿A pedir qué? Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cesen en el uso de medidas violentas; no debería ser necesario. Lo hemos visto todos; lo vimos en Telecinco y en los videos que nos han dado
las ONG, pero en cambio el Gobierno lo niega. El ministro del Interior hace dos semanas en esta tribuna negó la realidad que todos habíamos tenido ante nuestros ojos. La verdad es que ante eso no podemos más que pedir el cese del uso de la
violencia, totalmente innecesaria y abusiva por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; un uso de violencia que viene reflejado en el informe de Médicos sin Fronteras que habla de un 18 por ciento de las heridas causadas por los
daños de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y de un 44 por ciento por las fuerzas marroquíes, esas con las que ustedes hablan tanto. Por eso, requerimos la creación de una Comisión que lleve a cabo una investigación global de
todos los hechos que han ocurrido en la frontera. ¿Por qué? Porque cuando han salido esas imágenes en Telecinco dicen: que se investigue inmediatamente ese caso. No señorías, no se trata de ese caso; se trata de todo lo que está ocurriendo en
la frontera. No han estado allí siempre los periodistas; hay muchos casos que no están grabados por los periodistas pero sí por las cámaras que ustedes tienen puestas en toda la valla. Queremos saber todo lo que ha pasado. No podemos tolerar la
impunidad que ustedes están defendiendo, una impunidad absoluta. Hay que investigar todos los casos, el cien por cien.
Igualmente exigimos algo también sorprendente: la aplicación del ordenamiento jurídico en el territorio español. Ustedes, en el territorio entre ambas vallas han puesto más alambre, luego reconocen que es territorio español, en cambio se
niegan a aplicar la normativa, a aplicar nuestro ordenamiento jurídico en vigor, el artículo que ustedes mismos han aprobado. Es más, hemos escuchado en los videos las conversaciones entre guardias civiles diciendo claramente que expulsan por las
puertas que tienen las vallas a los inmigrantes de manera absolutamente irregular; incluso los llevan en furgonetas a la frontera cuando son muchos y no pueden expulsarlos por la valla. Ustedes siguen negando esta realidad. Desde luego, hay que
abordar medidas. Por eso, debe ser aprobada esta moción y debe cambiar esta política por parte del Gobierno.
Pedimos que se ponga en marcha un observatorio de derechos humanos que investigue todo lo que está ocurriendo y que afecta a los dos Estados, a Marruecos y al Estado español. En esto, como en muchas otras cosas, estamos totalmente de
acuerdo con lo que están manifestando tanto las organizaciones no gubernamentales como Naciones Unidas, que también ha denunciado el incumplimiento no solo de un trato digno a los inmigrantes, sino de la normativa que ha de ser aplicada. Por eso
exigimos ese observatorio internacional y también la retirada del ejército. Su presencia no es más que una prueba del mal enfoque de esta política que está llevando a cabo el Gobierno. Señorías, la inmigración no es un problema ni de orden
público, ni de seguridad fronteriza, ni de desbordamiento de cuotas. Ustedes lo han abordado como una política de imagen, han fomentado el miedo en los inmigrantes y han creado la alarma en el Estado español llevando allí al ejército. Esta no es
una política ni realista ni de búsqueda de soluciones. Les exigimos que el ejército vuelva, que no esté en las fronteras de Ceuta y Melilla; allí no debe estar, no es su papel. Igualmente pedimos que se amplíe urgentemente la red de centros de
acogida porque, si hay más inmigrantes, lo que hacen falta son más recursos, más medios para acogerlos. Pongamos, señorías, todos los medios necesarios y seamos así un país realmente solidario pero con hechos, no con palabras. Igualmente pedimos
el cese de
las expulsiones y devoluciones de inmigrantes de España a Marruecos; ustedes han primado una perspectiva de falsa seguridad, además niegan la realidad de lo que está ocurriendo -tanto la niega nuestro Gobierno como el Gobierno marroquí- y
están en plena connivencia con el Gobierno marroquí -les han descargado el problema- y además no están exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos. Hasta tanto no exista una garantía de respeto y protección a los derechos humanos no se pueden
devolver a Marruecos.
Voy acabando, señora presidenta. Igualmente exigimos una reorientación de las políticas de colaboración de la Unión Europea, porque hasta ahora han estado regidas por la defensa de la seguridad y no por la solidaridad de la que ustedes,
como digo, tanto alardean, un enfoque humanitario de las políticas de la Unión Europea; lo mismo digo para las políticas de asilo y refugio del Estado español. Han expulsado sin plantearse la necesidad de asilo y refugio de esos ciudadanos; no
están mirando nada, simplemente les expulsan, incumpliendo la normativa internacional y la normativa del Estado español, al igual que Marruecos; están actuando de la misma manera, incluso en la vulneración permanente de los derechos humanos, cuando
les abandonan en el desierto con autobuses de manera vergonzosa.
Ustedes ¿qué están haciendo al respecto? Tenemos que abordar soluciones reales; tenemos que trabajar en otra política, en otra dinámica, en la de la solidaridad y en la de la
defensa de los derechos humanos. Ese tiene que ser el gran objetivo, por eso pido la votación a favor de esta moción.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.
Continuamos, señorías, con la defensa de las enmiendas presentadas.
Comenzamos con la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene para ello la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos de acuerdo con la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nosotros hemos presentado enmiendas porque hacen falta algunas matizaciones a la propia moción, pero sobre todo queremos apuntar
algunos temas que son necesarios dentro de lo que es la problemática en el norte de Africa y el drama que se está viviendo, como hemos podido comprobar a lo largo de los últimos meses y de las últimas semanas. Estamos viviendo las consecuencias de
ese drama casi en directo -lo hemos visto en las imágenes, lo hemos visto por las denuncias que han presentado diferentes organizaciones no gubernamentales-, hemos visto que este drama sigue existiendo, pero hay que actuar con coherencia, con
respeto, exigiendo al Gobierno que cumpla el respeto a los derechos humanos y preste la atención necesaria a todo ese drama que estamos viviendo, fruto seguramente de múltiples sucesiones; también hay que actuar con realismo en una apuesta global y
seria. Por eso, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a la moción del Grupo de Iniciativa per Catalunya. En ese sentido nosotros estaríamos de acuerdo con los puntos 1 y 2, por tanto los votaríamos a favor. Enmendamos el punto número 3
porque la aplicación del ordenamiento jurídico vigente en la totalidad del territorio del Estado español es correcta y suficiente. En cuanto al punto número 5 pedimos su supresión, porque en este momento este tema está garantizado. También
enmendamos el punto número 7 y pedimos la supresión de los puntos números 10 y 11 porque no aportan nada a las conclusiones de la moción. Presentamos unas enmiendas de adición para que el Gobierno español exija con contundencia al Gobierno de
Marruecos que cumpla la legalidad de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, que en estos momentos han sido devueltos o están en el territorio marroquí y que, según se ha podido demostrar, han sido abandonados a veces en territorio de
nadie en condiciones infrahumanas y con falta total de respeto. El Gobierno español tiene que asumir esta responsabilidad, no basta con hacer devoluciones en aplicación de un convenio con el Reino de Marruecos.
Otro punto que añadimos es el de los eternos olvidados del norte de África. No se puede dar solución a la situación de los inmigrantes en Ceuta y Melilla y en el norte de África olvidando al pueblo saharaui; no puede ser moneda de cambio
de esta situación el abandono del pueblo saharaui. Por tanto, hacemos una propuesta de punto nuevo en el que se pida que el Gobierno garantice que las actuales relaciones con Marruecos, fruto de la situación creada en Ceuta y Melilla, no
perjudiquen los anhelos de libertad del pueblo saharaui. A tal fin se impulsarán y aumentarán las relaciones a todos los niveles para hacer posible el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto del Sahara. Este punto
es de vital importancia. En estos momentos, el propio representante del pueblo saharaui ha denunciado que han encontrado inmigrantes abandonados en pleno desierto en el norte de África. El Gobierno marroquí está intentando utilizar esta situación
para sacar provecho y seguir incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas. No podemos olvidar al pueblo saharaui, por tanto solicitamos que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya acepte la incorporación de este reconocimiento y esta demanda y
que el pueblo saharaui no sea el eterno olvidado, que no sea una moneda de cambio para las relaciones entre España y Marruecos. No intentemos solventar un drama y dejar sin solventar otro, el que lleva sufriendo el propio pueblo saharaui hace
muchos años.
Estas son las enmiendas que proponemos a la moción de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Esperamos que sean proclives a aceptar algunas de ellas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.
Continuamos con la defensa de la siguiente enmienda, que ha sido presentada por el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante el debate de una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas de carácter diplomático, humanitario, de seguridad y de codesarrollo para hacer frente a los hechos de inmigración producidos en la frontera con
Marruecos, en Melilla y Ceuta. Las políticas de emigración y de desarrollo están íntimamente relacionadas. Los inmigrantes pueden ser vectores fundamentales para el desarrollo, tanto del país de envío como del país de acogida, y será en el Consejo
Europeo de Tampere cuando por primera vez se dé cobertura a las políticas de control de la inmigración, anunciando que la Unión Europea necesita un enfoque global de la inmigración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de
desarrollo de los países y regímenes de origen y de tránsito. Para ello es necesario luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, prevenir los conflictos, consolidar los Estados democráticos y garantizar
el respeto a los derechos humanos, siendo un elemento fundamental la colaboración con terceros países interesados en formular el codesarrollo. En la Declaración de Túnez también se recogen una serie de recomendaciones sobre emigración y
codesarrollo, manteniendo el esfuerzo de desarrollo integral comprometido con los países de las zonas desfavorecidas con fuerte potencial migratorio para luchar contra la emigración clandestina.
Señorías, lo que está pasando en Ceuta y Melilla es la antítesis de lo anteriormente expuesto. La política migratoria anunciada por el Gobierno está generando un clima de crispación, con una serie de mensajes contradictorios que hasta
miembros del propio Gobierno reconocen, como así pudimos comprobar en la interpelación que le hizo mi compañero González Pérez al ministro de Interior en relación con el efecto llamada; la debilidad del Gobierno a la hora de defender los intereses
de España y nuestra integridad territorial se está convirtiendo en un efecto avalancha, en otros foros llamado efecto Caldera. También hemos podido ver a través de los medios de comunicación o en directo más de veinte avalanchas de inmigrantes que
se han registrado en la frontera española -frontera que también son Ceuta y Melilla- con el resultado de muertes al intentar cruzar el perímetro fronterizo. Estamos pues ante un Gobierno que no tiene sensibilidad. Pongan menos barreras y menos
vallas y hagan políticas de integración. Se hace necesario que el Gobierno hable seriamente con Marruecos y le exija que cumpla los compromisos propios del derecho internacional, siendo también de gran importancia alcanzar un acuerdo entre España y
Marruecos que se prolongue en el tiempo para evitar avalanchas como las que conocemos todos. En dicho acuerdo se tiene que garantizar en todo momento los derechos humanos y el trato justo a las personas que cruzan nuestras fronteras.
En esta moción se nos ofrecen una serie de puntos con los que el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo, y presentamos una serie de enmiendas para modificar algunos de ellos o para ampliar la moción.
Pensamos que no se ha tenido en
cuenta a las ONG que trabajan en Marruecos, y es transcendental colaborar con ellas para así hacer efectiva la protección de los derechos de estos inmigrantes. Hemos podido ver que han pedido a la Unión Europea y a España que el control migratorio
se aplique siempre con respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales y también hemos conocido su oposición a la devolución automática de los inmigrantes que cruzan las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que se hace vulnerando la
Constitución española. Por tanto, es transcendental establecer mecanismos de coordinación con las ONG que trabajan en este territorio. Por otro lado, para el Grupo Parlamentario Popular también es transcendental elaborar un plan de atención
humanitaria, evitando así la actuación de las mafias.
Señorías, ante un problema humanitario como el que hemos visto estos días, el Gobierno se ha escondido. El señor Zapatero no contesta y no quiere venir a esta Cámara a dar explicaciones; solo ha logrado que Marruecos envíe al desierto a
quienes le molestan. Señores del Partido Socialista, en este tema se han quedado solos; no han escuchado a las ONG, que conocían de primera mano el problema; no quieren que participen en las reuniones los gobiernos de Ceuta y Melilla y no han
cumplido los derechos humanos ni respetado la dignidad de los emigrantes. Llegan tarde y, en lugar de prevenir y adelantarse a los problemas, están siempre detrás de los acontecimientos, curando o intentando curar, y así, señorías, difícilmente
podemos convertir la inmigración en el eje de la política exterior de nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Velasco.
Continuamos con la siguiente enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
A esta moción de Izquierda Unida mi grupo ha presentado una enmienda alternativa global, fundamentalmente porque nos parece que la dicotomía que plantea la señora Navarro es falsa: no es una elección entre valla y solidaridad; es más, esa
dicotomía tan solo se puede mantener por quien aún quiera permanecer en la inocencia política. Hace unos meses, un alto responsable -catalán- de una de las organizaciones más prestigiosas del mundo me decía que no se puede construir una alternativa
política simplemente con la suma de las propuestas de las diversas organizaciones humanitarias
que afectan a nuestras sensibilidades. Una alternativa política no es la suma de las propuestas de Intermón Oxfam, de Médicos sin Fronteras y de Greenpeace. Esta moción -seguramente bien intencionada- responde a ese planteamiento de fondo,
que mi grupo no puede compartir. Por ese motivo, hemos formulado seis consideraciones que perfectamente compaginan dos cuestiones: el necesario compromiso en el control de las fronteras del Estado, que es la exigencia de los ciudadanos de Ceuta y
Melilla y la exigencia de los ciudadanos que viven en España, y la exigencia de que el Estado sea capaz de controlar sus fronteras. Eso supone tomar medidas que seguramente chocan con nuestras sensibilidades y con nuestro compromiso, con el
compromiso de todos los miembros de esta Cámara, con los derechos humanos. Exige una mayor presencia policial, exige un incremento de la dimensión de la valla y ha exigido la presencia de las Fuerzas Armadas.
Hay que contraponer esta política
necesaria, que es la que exige la ciudadanía, con la puesta en marcha de mecanismos de apoyo a las autoridades de Ceuta y Melilla para hacer frente a las cuestiones humanitarias que estos movimientos de personas nos provocan. Debemos ser capaces de
plantear a Marruecos que cumpla con sus obligaciones con el Estado español, según el cumplimiento del acuerdo de readmisión de 1992, y al mismo tiempo ser capaces de cooperar con Marruecos para que cumpla también con sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos y específicamente en materia de asilo. A nuestro entender, hoy el problema de Ceuta y Melilla exige soluciones a corto plazo que pasan por reforzar ese compromiso efectivo del Estado en esas ciudades para garantizar
el pleno control de la situación de estas ciudades, pero también es necesario entender que necesitamos más Europa en esta materia.
Necesitamos una mayor capacidad de la Unión Europea para construir una política común de inmigración. Aquí están
pendientes la efectiva puesta en marcha de la Agencia Europea para el Control de Fronteras Europeas, la efectiva puesta en marcha de los fondos MEDA, destinados a ayudar a Marruecos a hacer frente a estas necesidades, y que seamos capaces de que los
acuerdos de readmisión con Marruecos sean del conjunto de la Unión Europea, aparte de más globalización, creando las oportunidades que necesita África para que no se obligue a sus ciudadanos a huir por la falta de futuro en el que viven en sus
países. Eso exige no tan solo más ayuda oficial al desarrollo, sino gastar mejor dicha ayuda. También exige ser mucho más valientes en el marco, por ejemplo, de la próxima cumbre de la OMC en Hong Kong para facilitar que los productos de los
países africanos lleguen a los mercados europeos. Algunos de los ciudadanos africanos que hemos detenido en estas ciudades europeas llegan de países en los que les es imposible vender sus productos a los países del mundo avanzado, como pasa con el
algodón de Malí. Exige tomar medidas de verdad para cancelar la deuda externa de los países pobres y también luchar contra la corrupción en estos países, muchos de ellos ricos en recursos naturales.
La enmienda que plantea Convergència i Unió a la señora Navarro va en esa línea y empieza recordando algo que para nuestro grupo es fundamental, que lo que debe hacer esta Cámara es lamentar la muerte de estos 14 jóvenes africanos que
intentaban llegar a Europa y también pedir que esas muertes se puedan esclarecer. Esto es lo que en términos humanos deberíamos pedir todos de mutuo acuerdo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Campuzano, muchísimas gracias.
Finalmente, la última enmienda presentada, que es la del Grupo Parlamentario Socialista, la defenderá, y para ello tiene la palabra, el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta tarde he escuchado aquí dos intervenciones -si me lo permiten- ingenuas: una porque lo fía todo a la cooperación y al desarrollo y a que determinados países, los países exportadores de la inmigración, se desarrollen hasta el
nivel que tienen los países europeos para que los ciudadanos de aquellos países dejen de salir; la otra, la de la señora Velasco, porque ha dicho que menos vallas, menos barreras y más integración. Eso se lo dicen luego a sus compañeros de Ceuta y
Melilla, a ver si les parece que es preferible dejar la valla de tres metros así en vez subirla a seis metros. Eso se lo explican luego a ellos, a ver si ellos también están de acuerdo con lo de menos vallas y menos barreras.
(Aplausos.) Más allá
de esto, señora Navarro, coincido con usted en el espíritu de su moción. Las migraciones son unos factores demasiado complejos que no se originan por las llamadas al efecto ni por los efectos llamada, sino básicamente por las desigualdades entre
países.
Esto lo saben los economistas ingleses desde el siglo XVII; saben que en los países colonizados las migraciones se movían por el desempleo que existía allí y por la superpoblación. Hay determinados grupos que están empeñados en que las
migraciones se originan por otras causas. Sabemos que las causas de atracción de las migraciones son la subpoblación y la necesidad de mano de obra en los países receptores de la inmigración. Por eso tenemos a los inmigrantes, y por eso los
inmigrantes quieren entrar en un territorio que no solamente es España, quieren entrar en la Unión Europea. Este problema es europeo, y yo creo que así lo debemos dimensionar.
La semana pasada hubo un Consejo JAI, el 12 de octubre. En él se tomaron determinadas decisiones respecto a la cooperación con Senegal, Mali, Costa de Marfil, Congo, Nigeria y Camerún. Se tomaron también decisiones respecto al aumento de
la cooperación al desarrollo con esos países por parte de la Unión Europea. El Gobierno español está dando sobradas muestras de su interés en esta materia al elevar al 0,35 por ciento la partida presupuestaria
de cooperación al desarrollo, que será del 0,5 al final de la legislatura.
Mientras tanto ¿qué hacemos? ¿Bajamos las vallas? ¿Menos vallas y menos barreras, como dice la señora Velasco? ¿O seguimos velando por que entren las personas
legalmente, que es lo que parece razonable, lo que parece responsable? Para eso el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Ha mandado al ejército a una misión que es de control de la legalidad; lo ha hecho, señoría, al mando de la Guardia
Civil, y lo ha hecho porque eso tiene un anclaje legal hasta en el artículo 16 de la Ley de Defensa Nacional que ustedes votaron y que todavía está en tramitación en estas Cortes.
Aquí se está especulando sobre los excesos de la Guardia Civil. Yo creo que los excesos de la Guardia Civil se han producido; los hemos visto en televisión, y es una tontería negarlos, pero lo que es una barbaridad es generalizar, porque
la inmensa mayoría de los guardias civiles que están en Ceuta y Melilla, como los que están en el resto de España, tienen unos comportamientos absolutamente adecuados y utilizan la fuerza de forma proporcional. El ministro del Interior compareció
en la Comisión de Interior y dio explicaciones de esos comportamientos. El secretario de Estado ha explicado que las investigaciones que se han realizado sobre esta materia han deparado que ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ha sido culpable de las desgraciadas muertes de estas personas. Estoy de acuerdo con el señor Campuzano cuando dice que lo que debemos hacer aquí es lamentar esas muertes. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y también el ejército tienen que estar ahí, porque si solo estuviesen las vallas, si detrás de esas vallas no hubiese guardias civiles dispuestos a usar proporcionadamente la fuerza no conseguiríamos nada. No obstante,
estamos de acuerdo, y por eso hemos presentado una enmienda, con determinados aspectos de su moción.
Nosotros creemos que es necesario seguir profundizando en la protección de los refugiados políticos y de los asilados, y ese aspecto se puede mejorar. Ustedes dicen que no se está dando cobertura a los solicitantes de asilo y a los
refugiados. Hoy hemos recibido muchos portavoces un informe de una organización no gubernamental en la que se nos dice cuántos se han detectado y que a esas personas se les va a permitir pedir asilo y refugio. Señorías, yo creo que hay que tener
un poco de equilibrio a la hora de hacer determinadas valoraciones. España no se puede quedar cruzada de brazos ante la entrada ilegal de inmigrantes.
Esos inmigrantes tienen que saber que van a ser devueltos al país de procedencia o al país de
origen. Por eso, el ministro Moratinos cuando la semana pasada se reunió con su homólogo Benaissa, en Marruecos, lo que intentó es que Marruecos respete los derechos individuales y colectivos de todas estas personas. Ese es el compromiso, señoría.
Más allá de esto, nosotros también coincidimos con ustedes en la necesidad de que las instalaciones y los centros de acogida se mejoren, pero no porque fuesen insuficientes sino porque las avalanchas sucesivas de inmigrantes han resultado excesivas
para las instalaciones que había. También en eso estaremos de acuerdo. Finalmente le diré que si ustedes no aceptan la enmienda que hemos presentado a su moción pediremos votación separada porque, como decía anteriormente, en el espíritu de su
moción sí coincidimos, pero no -se lo digo sin acritud- en la ingenuidad de un número importante de los puntos de su moción.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Hernando.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Continuamos con el turno de fijación de posición. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El tema que nos ocupa es un tema complicado. Nosotros, a pesar de que la moción tiene un tinte exclusivamente humanitario, vamos a votarla favorablemente, pero nos gustaría clarificar alguna cuestión. Les hablo desde la perspectiva de un
pueblo que fue emigrante y que desgraciadamente sigue siéndolo. No cabe duda de que en el caso de Galicia la emigración se produjo con la integración en el mercado internacional de Galicia o, si ustedes quieren, con la integración dependiente de
Galicia dentro del Estado español. Es curioso que uno de los leit motiv fundamentales en nuestra literatura clásica sea precisamente el tema de la emigración.
Me gustaría que con dos contrastes se pudiesen dar idea de por qué estamos perplejos y por qué es un tema de difícil solución. La propia Rosalía de Castro animaba de esta manera a los gallegos y gallegas que se marchaban diciéndoles -lo
digo en mi lengua-: ¡Animo, compañeiros! Toda a terra é dos homes; aquel que non viu mais que a sua, a ignorancia o consome.
Traducido es: ¡Ánimo, compañeros! Toda la tierra es de los hombres; aquel que no vio más que la suya, la ignorancia lo
consume. Pero curiosamente esta misma escritora también al final de su vida, dentro de la constatación del empobrecimiento de Galicia, decía a los inmigrantes: volved, volved, porque sabía que era un acto de necesidad, no de voluntad, y, por lo
tanto, un acto que respondía a la destrucción, a la desigualdad y a la desarmonía y que iba en contra de los intereses de Galicia, como sin duda va en este momento de la emigración en contra de África, del África subsahariana y de gran parte de
América Latina. Y es por eso que nosotros vemos bien que exista el respeto por los derechos humanos, que exista la integración mayor posible, la igualdad de derechos y también inevitablemente que se hagan procesos de regularización posibles, claros
y asumibles.
Ciertamente la contradicción está en que el Estado español, como otros de la Unión Europea, necesita estos flujos migratorios, pero al mismo tiempo tiene que colocar barreras para que no sea una emigración o una
inmigración totalmente inasumible que provoque dentro de estas sociedades más males de los que ya tenemos. Y es por eso que a nosotros nos parece que todo lo que no vaya, y es siempre a medio y largo plazo, por el desarrollo económico,
social y cultural de los países de origen, por otro modelo económico y social, está condenado a vivir en la perplejidad y a vivir en la contradicción, que es la misma que en este caso nos está provocando la actitud que tenemos en este momento como
representantes del Bloque Nacionalista Galego. No hemos sido capaces de presentar enmiendas a esta moción. Ahora la vemos ingenua, humanitaria, pero en la medida en que hay que respetar los derechos humanos debemos apoyar todo lo que haga por
mejorar esta situación. Pero no seamos ingenuos, el problema es mundial, es un problema europeo y el problema solamente puede ser enunciado de forma equilibrada cuando esos países no necesiten emigrar y, en todo caso, la gente se vaya solamente por
un afán de ver mundo con libertad o simplemente porque consideran que pueden vivir en otra parte y es el derecho a ejercer su libertad individual.
Dejaremos para la moción del Grupo Popular nuestra posición respecto de Marruecos, que también debe ser explicitada en este momento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que este es un tema complejo, como ha sido manifestado por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que requiere consenso y lucidez por parte de los responsables políticos y no soluciones simplistas y
soluciones que no aborden o acojan la multidisciplinariedad del problema.
Señora Navarro, tengo que decirle que filosóficamente nosotros compartimos la iniciativa parlamentaria que ustedes proponen. Aquí hay dos planteamientos metodológicamente obvios: un discurso de corte políticamente correcto o convencional,
consistente en exaltar la españolidad de Ceuta y Melilla, o hacer proclamaciones de esta naturaleza y un discurso que acuda al fondo y a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Ayer recordábamos uno de los problemas más graves con los
que convivimos los seres humanos en la actualidad conmemorando el Día mundial de la pobreza. Hay más de 2 millones de personas que mueren cada día a causa del hambre y esto es algo que una humanidad civilizada no puede permitir.
Nos encontramos con problemas múltiples. Ha sido denunciado por numerosas organizaciones no gubernamentales que en Ceuta y Melilla se está incumpliendo sistemáticamente incluso la legislación de extranjería del Estado español, que ya nos
genera reservas y recelos conceptuales importantes, jugando de forma artificiosa y tramposa con los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería, que son tres: la devolución, el retorno y la expulsión, utilizando esa franja entre vallas como si
fuera una especie de res nullius, un territorio de nadie, que posibilita, incluso después de la penetración en el Estado español, de la asistencia sanitaria y del acogimiento en centros como el CETI en el Estado español, la utilización del recurso
del retorno, que no requiere ningún tipo de garantía o intervención del letrado o procedimiento administrativo alguno cuando una vez que un extranjero penetra en el Estado español tiene que ser expulsado con todos los procedimientos administrativos
y garantías previstas en la propia legislación de extranjería respecto al procedimiento de expulsión, luego se está recurriendo sistemáticamente al fraude de ley. Lo ha dicho la CEAR, Amnistía Internacional y ha sido denunciado por Médicos sin
Fronteras. Se está sustituyendo el mecanismo de la expulsión por el del retorno, que es sencillamente la ubicación al otro lado de la frontera, por procedimientos muy poco convencionales, agarrando a los extranjeros por las extremidades inferiores
y superiores y volteándoles por encima de la frontera, como ha sido también denunciado por organizaciones no gubernamentales y no ha sido desmentido.
Nos encontramos con supuestos o actuaciones no aclarados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto de la Guardia Civil, que debe ser objeto de esclarecimiento para buscar esos consensos a los que aludía el Grupo
Socialista en este momento y que nosotros estamos dispuestos a conformar también, porque este no es un problema de un partido o de otro, es un problema de todos. Y no solo es un problema de todos los partidos del Estado español, sino que es un
problema de todos los partidos democráticos del mundo, porque supera las fronteras. Es un problema que deriva del hambre, de la desesperación, de problemas climatológicos, de la sequía, del mantenimiento de regímenes políticos corruptos por las
antiguas potencias coloniales para expoliar los recursos naturales de las antiguas colonias, de la expoliación de recursos naturales de países empobrecidos artificialmente por multinacionales extranjeras, de muchos problemas de los que somos
corresponsables, porque muchas de estas empresas multinacionales son españolas también. Es un problema que hay que afrontarlo desde esta perspectiva y no desde otras. Deriva del uso inadecuado de fuerzas militares para una función que es
paradigmáticamente policial, deriva de una insuficiencia en el tratamiento punitivo en el Código Penal del tráfico de seres humanos, que requiere una cualificación de este tipo punitivo para gravar el reproche penal o la punición a este tipo de
conductas. Deriva, en definitiva, del incumplimiento por parte del Reino de Marruecos, que no es un Estado democrático por mucho que se le llene la boca a muchos haciendo proclamas respecto a nuestros amigos del otro lado del Mediterráneo y de sus
convicciones democráticas de respeto de los derechos humanos. No es un
Estado democrático y no respeta las diez convenciones internacionales que está obligado a respetar porque están suscritas con el Estado español y el Estado español tiene una obligación sinalagmática de exigir el cumplimiento de esas
obligaciones internacionales, que son diez, que van desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Tratado de Tetuán del año 1992.
Nos encontramos, en definitiva, señora presidenta, con un problema muy complejo, con un problema multidisciplinar -utilizo esta horrible expresión desde una perspectiva semántica- que hay que afrontar desde múltiples disciplinas y que no
constituye un problema de orden público de política criminal. Mientras sigamos pensando en la valla más la sirga que se va a ubicar -acabo con esto, señora presidenta- entre las dos vallas, consistente en un entramado de cuerdas en donde es posible
penetrar (es muy fácil salir hacia el territorio marroquí, pero cada vez es más difícil penetrar porque uno se va quedando más atrapado según va penetrando), esto es todo un símbolo, un icono de lo que está sucediendo.
Mientras estos sean los
planteamientos únicos que el Estado español tiene sobre ese problema, nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir afrontando mal este problema. Hago una apelación al consenso. Nos parece filosóficamente bien lo que nos presenta Izquierda Unida
en este momento y tenemos algunas dudas respecto a la creación de un observatorio internacional, un instrumento utilizado para países que tienen problemas de déficit democráticos que no son los propios del Estado español, pero desde esta perspectiva
vamos a apoyar con carácter general, con algunas matizaciones y pidiendo votación separada, la filosofía y el contenido material de la moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Señora Navarro, tiene la palabra para el trámite de aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señora presidenta, el problema de las mociones es que no permiten aceptar unas enmiendas y rechazar otras. Por lo tanto, mantenemos la moción tal y como está, advirtiendo que muchas de las enmiendas que se han
presentado son compartidas y otras no.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias.
Así pues, a efectos de esta Presidencia, se votará la moción originaria presentada por Izquierda Verde.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PARA EVITAR QUE SE REPITAN LOS RECIENTES INCIDENTES EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA Y SOBRE SU COMPROMISO REAL CON ÉSTAS. (Número de expediente
173/000095.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señorías, con el punto 8 del orden del día de hoy: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con las medidas para
evitar que se repitan los recientes incidentes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sobre su compromiso real con éstas.
Para defender dicha moción, tiene la palabra el señor González Pérez.
Adelante.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señoras y señores diputados, cuando con motivo de la anterior moción he escuchado alguna intervención -luego concretaré- pensaba que era el día nacional de la demagogia, porque que se presente a dos mociones de
tenor distinto, aunque hablen del mismo tema, el mismo grupo de enmiendas sorprende bastante. Debe ser que cuando se desarrolló la Ley de Inmigración las ideas se agotaron de tal manera que ya no son capaces de presentar nada distinto de una moción
a otra. (Rumores.) Es el turno de este portavoz y se callará cuando se le termine el tiempo, señorías. Esa es la democracia que demuestran ustedes habitualmente.
Siguiendo con el tema, he de decir que al parecer la izquierda, como siempre, se enfrenta a sus propios complejos. Son ustedes unos acomplejados, pero con todas las letras. Ustedes están diciendo permanentemente lo blanco y lo negro, sí y
no, sí y lo contrario. Definan realmente cuál es su política de inmigración. Aquí nadie ha hablado de cosas que se han dicho desde esta tribuna ni de lo que se ha dicho en otros foros. Lo que yo vengo aquí a trasladar, porque para eso hablamos de
dos ciudades, es la sensación de indefensión que tienen los ciudadanos de Ceuta y Melilla con respecto a las políticas que está desarrollando este Gobierno y ustedes hacen oídos sordos. Ustedes no quieren que en esta Cámara se hable de algo tan
incuestionable como es la españolidad de Ceuta y Melilla y por eso presentan enmiendas que obvian este punto tan absolutamente claro. Y no me vayan a decir ustedes que es algo tan claro y concreto que viene reflejado en la Constitución. Eso ya lo
sabemos nosotros, porque nosotros creemos en la Constitución de 1978, precisamente defendimos el pacto constitucional. Claro que sabemos lo que significa todo eso, lo que pedimos es que ustedes, que tienen la responsabilidad de apoyar al Gobierno
de la nación, tranquilicen a los ciudadanos.
Después del tiempo que se lleva trabajando para trasladar a aquellas ciudades confianza e inversiones, en una sola no declaración del presidente del Gobierno tragando agua se consigue que toda la ciudadanía tenga sus dudas sobre si el
Gobierno está defendiendo mejor los intereses de españoles residentes en Ceuta y Melilla o en sus territorios o está defendiendo mejor los intereses del país vecino. Y no se atreve a decir lo que tiene que decir por miedo a ser represaliado, entre
comillas, porque, en cuanto a esto que supuestamente parece que es la representación
de la soberanía nacional, a lo mejor están de acuerdo si llego a decir en un momento determinado que al final esto es la representación de la soberanía nacional compartida y no precisamente por partidos de este arco parlamentario, sino por
extranjeros que vienen aquí a decir qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer.
Sinceramente creo que es un tema serio y que no se puede tomar a broma, y una broma es presentar una misma enmienda para dos temas distintos aunque tengan la raíz igual. Efectivamente, hay que tomar medidas, pero hay que hacerlo antes de
los muertos porque se toman después y las penas vienen más tarde. Todo lo que sucede en este momento es como consecuencia de una política errónea de inmigración. Ustedes están hablando de la solidaridad europea. Por supuesto que necesitamos
solidaridad europea, pero ¿qué le van a decir ustedes al señor Sarkozi, quien dijo claramente el otro día que la política de inmigración que se ha llevado a efecto en este país (el efecto llamada o el efecto Caldera, y al parecer algún inspirador
del Partido Socialista fue quien ha llevado a cabo ese efecto) es la consecuencia de lo que está sucediendo ahora? Ese es socio nuestro, vecino nuestro y el que tiene que participar en el desarrollo de las políticas de solidaridad con Marruecos,
con Ceuta y Melilla o con España.
Ese es el ministro del Interior que ustedes dicen que no se había manifestado públicamente. Pues ya se empiezan a manifestar.
Tenemos que ser conscientes de que hay que desarrollar políticas de solidaridad, sin ningún género de dudas, y de responsabilidad con lo que les está sucediendo a aquellos inmigrantes que se están devolviendo.
Ustedes dicen que nuestra
responsabilidad termina en la frontera de Ceuta o en la frontera española. No, señorías. La responsabilidad no termina en la frontera española, sino en la solidaridad. Por cierto, según la enmienda que presenta el Partido Socialista, dan
solidaridad a las ciudades de Ceuta y Melilla. Bienvenida sea la solidaridad, pero lo que queremos no es solo solidaridad, sino algo más, algo que no llega y que no ha llegado nunca mientras el Gobierno ha sido de este lado de los bancos. La
solidaridad se olvida; se olvida la situación de los ciudadanos. Sin ir más lejos, un departamento dependiente del Ministerio de Sanidad dice hoy que en las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de las avalanchas de inmigrantes, el trato
a las personas atendidas en la sanidad ha incrementado un 15 por ciento. ¿Han hecho ustedes algo? ¿Prevén inversiones superiores a las que figuran en los Presupuestos Generales del Estado? No queremos solidaridad; queremos hechos; no queremos
palabras y mucho menos palabras necias; queremos que ustedes sean conscientes de lo que está sucediendo y de cuáles son las medidas a tomar.
Nosotros proponemos en esa moción algunas de las soluciones y pretendemos que se diga algo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla que nos tranquilice, empezando por ese señor que falta y que tenía que haber estado aquí dando cuenta de lo que
está sucediendo porque, como se ha dicho aquí, hay un efecto multidisciplinar en donde participan muchos ministerios y al final cada ministro tiene una visión distinta de las cosas. Nosotros no tenemos visiones distintas. No se puede
malinterpretar lo que dice la portavoz del Grupo Popular cuando sube aquí y dice claramente que el Gobierno, el grupo que lo sustenta y sus socios han fallado estrepitosamente en la política de inmigración. Las consecuencias son las que estamos
viviendo ahora, las que están viviendo la inmigración que huye del hambre pero no ayer, anteayer, hace quince días o hace dos años, como dicen ustedes que empezaron cuando gobernaba el Partido Popular. No. Ya está bien de demagogia. Sean serios.
Sean honestos con la ciudadanía. La honestidad es algo que se gana aquí y luego ahí firmando los decretos y elaborando leyes, no engañando, como habitualmente hacen ustedes con los ciudadanos.
El presidente del Gobierno ha dicho que iban a ser invitados los presidentes de las comunidades autónomas limítrofes cuando hubiera cumbres y eso significa todos los presidentes, porque el rango de las leyes orgánicas es exactamente igual en
la autonomía de Canarias, en la autonomía de Andalucía como en la autonomía de Ceuta como la autonomía de Melilla. Eso es engañar a los ciudadanos y llegar con trampas a donde se está. Pido desde aquí que el Gobierno sea honesto con todos los
ciudadanos, empezando por el norte de España y terminando por el norte de África.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor González Pérez.
Se han presentado dos enmiendas. Comenzamos con la enmienda de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha presentado a esta moción -no sé si el señor González se refería a Convergència i Unió- el mismo texto de enmienda que hemos presentado a la anterior moción porque nos parece que estamos ante el mismo debate, y eso nos permite en
esta segunda intervención de esta tarde profundizar sobre algunas ideas. He de decirle, señor González, que mi grupo no va a poder votar favorablemente su moción, porque no comparte, ni pretende compartir, ni seguramente nunca va a compartir el
discurso catastrofista de su grupo, en el que se vincula lo que sucede en Ceuta y Melilla con el proceso abierto en Cataluña en relación con el estatuto de autonomía; no en su intervención de esta tarde, pero sí en ese mensaje que el Grupo Popular
está lanzando en las últimas semanas y en el mensaje que lanza el ex presidente del Gobierno, cuando pinta un panorama apocalíptico sobre el futuro del Estado español. Mi grupo no puede tener ningún tipo de complicidad con esa oleada de españolismo
rancio. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla no esperan de esta Cámara proclamas sobre la
españolidad de esas dos ciudades, sino que el Gobierno y esta Cámara se ocupen de sus problemas. Mi grupo no puede compartir esa filosofía.
Tampoco podemos compartir las afirmaciones que ustedes vienen realizando en las últimas semanas y que S.S. ha hecho desde esta tribuna, que suponen la vinculación de lo que sucede en Ceuta y Melilla con el reciente proceso de regulación.
Ustedes no lo pueden hacer, porque en los cuatro últimos años de su Gobierno han protagonizado cuatro procesos de estas mismas características. Desde el año 2000 al año 2004, con gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular, hemos vivido
cuatro procesos diferentes de regulación de inmigrantes en situación irregular, algunos de ellos mucho menos rigurosos que el que hemos vivido en estos últimos meses. Mi grupo ha tenido oportunidad de formular críticas al Gobierno en relación con
este último proceso, pero quienes han gestionado tan mal en los últimos años el dossier migratorio en España no están en condiciones de ejercer una crítica como la que están ejerciendo.
Simplemente, no es serio. Es más, cualquier proceso de
normalización es el resultado del fracaso de una política de inmigración. El proceso de normalización que hemos vivido en los últimos meses es la expresión máxima del fracaso de las políticas de inmigración del señor Aznar. Esta es la segunda
razón por la que mi grupo no puede compartir esa moción.
Finalmente, hay cuatro cuestiones que, al hilo del debate, mi grupo quiere remarcar. En primer lugar, hay que cooperar con Marruecos, pero hay que ser exigente con él. Mi grupo reclama al Grupo Socialista mayor compromiso en el
cumplimiento de los derechos humanos en Marruecos y pleno apoyo a la presencia de Acnur en ese país en estos momentos. En segundo lugar, preocupación por la gestión del sistema de asilo en las ciudades de Ceuta y Melilla. Acnur ha hecho
manifestaciones en las últimas horas que deberían preocupar al conjunto de los grupos de la Cámara. Preocupación por la muerte acaecida el 28 de agosto, la primera muerte de un joven camerunés en el perímetro de Melilla. Mi grupo reclama la máxima
información sobre esta muerte. En tercer lugar, el Gobierno ha anunciado ayer mismo en la reunión con el Gobierno francés, hace unos cuantos días en una reunión con el Gobierno de Marruecos, a raíz de la visita de la visita del ministro Moratinos a
Rabat, diversas iniciativas diplomáticas en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de la inmigración, desde la perspectiva de una mayor implicación de la Unión Europea ante esa situación. La experiencia de los últimos años nos indica que no
estamos ante la necesidad de más reuniones, de más cumbres, estamos ante la necesidad de poner en marcha políticas efectivas en el ámbito de la gestión conjunta de los flujos migratorios y en el ámbito del desarrollo en un sentido amplio. Mi grupo
espera que, más allá de las cumbres que se anuncian, seamos capaces de construir la política que de verdad necesitamos para gestionar el reto de la inmigración en toda Europa, pero en el norte de África de manera muy específica.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Continuamos con el Grupo Socialista, que también ha presentado enmienda.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor González, los más de 75.000 ciudadanos censados en la ciudad de Ceuta o los más de 68.000 censados en Melilla no son españoles porque lo diga su moción, son españoles porque lo dice la Constitución.
Señor González, entérese.
(Aplausos.) Esto es así desde hace muchos años.
No necesitan sus mociones para ser españoles. No necesitamos reafirmar la ciudadanía ni la españolidad de las dos ciudades porque ambas son españolas, señor González. Desde el pacto constitucional
hay determinadas cosas que no se han puesto en cuestión en este país, pero para ustedes todo vale.
Quieren reabrir debates que no existen y lo hacen porque les viene bien a su estrategia, siguiendo la estrategia de la derecha más vetusta. Usted fíjese, en el año 1890 el Gobierno de Cánovas del Castillo ya defendía la españolidad de
territorios que eran coloniales y, además, la españolidad de Ceuta y Melilla. Millán-Astray, Mola y Yagüe templaron su espíritu patriótico en los años previos a la guerra civil española en el norte de África y también defendieron la españolidad en
Ceuta y Melilla. Hasta el ministro Castiella en el año 1963 presentó una resolución ante Naciones Unidas reafirmando la españolidad de Ceuta y Melilla. Y yo me pregunto: ¿qué le pasa a la derecha española que 40, 50, 110 años después vuelve a las
andadas, a defender una españolidad que nadie cuestiona en este momento? Señor González, nadie la está cuestionando. Para los ciudadanos de Ceuta y Melilla es un insulto que hoy tengamos que votar esto aquí y lo ha reconocido el propio diputado
por Melilla, su compañero de escaño, que ha dicho en la prensa: La españolidad de Melilla no se debate. Esto lo ha dicho don Antonio Gutiérrez. No se debate, ni se vota porque está recogido en la Constitución, señor González. Es así de simple.
Ustedes quieren hacer esto simplemente porque responde a su estrategia, que dice: Nos dividen España y además nos quieren arrebatar Ceuta y Melilla. ¿Pero ustedes piensan que alguien se cree esto? (Rumores.-El señor Madero Jarabo pronuncia
palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Madero, por favor.
El señor HERNANDO VERA: ¿Ustedes se creen que esto es digerible y que este cóctel se lo va a tragar alguien?
Están utilizando el fenómeno de la inmigración y están utilizando el fenómeno humano porque les viene bien. Lo utilizan y lo hacen contra Marruecos. Yo me pregunto: ¿Ustedes realmente de qué están preocupados en relación con Marruecos?
¿De que Marruecos haya suministrado haloperidol a los inmigrantes y los haya drogado, como hicieron ustedes? ¿Ustedes de qué están preocupados? (Un señor diputado: De nada.-Rumores.) ¿De que Marruecos envíe a los inmigrantes a países que no son
los suyos, como hicieron ustedes? ¿Ustedes de qué están realmente preocupados? ¿De que enviemos a los inmigrantes a Marruecos porque vienen desde Marruecos de forma ilegal, cuando ustedes firmaron en el año 2001 un convenio de readmisión con
Nigeria, un campeón de los derechos humanos, todo el mundo lo sabe? Cada vez que lapidan a una mujer por adulterio todo el mundo sabemos que es un campeón de los derechos humanos. Sin embargo, en el año 2001 ustedes firmaron este convenio de
readmisión. ¿Y ahora están preocupados por Marruecos? (Aplausos.)
Ustedes representan al único partido y al único Gobierno que ha recortado derechos fundamentales a los inmigrantes: el derecho de asociación, el derecho de sindicación, el derecho de huelga, el derecho de manifestación. (Aplausos.) ¿Y
ahora están preocupados de los derechos de los inmigrantes? Ustedes hicieron un reglamento de la Ley de Extranjería que permitía las devoluciones de cualquier forma y el Tribunal Supremo se lo declaró ilegal. ¿Y ahora están preocupados de los
derechos de los inmigrantes? Pero el mayor sarcasmo de todos es haberles oído en esta semana de atrás decir que quieren observadores internacionales en Marruecos. Observadores internacionales, el Partido Popular. ¿Les suenan los señores Bliss y
El Baradei? ¿Recuerdan a estos dos señores? ¿Qué hicieron con los dictámenes y con los consejos de los señores Bliss y El Baradei cuando pudieron hacerles caso? (Aplausos.) ¿Y ahora piden observadores internacionales? ¿Para qué? ¿Para hacer
exactamente lo mismo que hicieron con aquellos dictámenes? En este tema simplemente no hay que tener doble moral en este tema. Han mejorado el control y el tratamiento de los inmigrantes cuando entran en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se han
hecho gestiones para que se rehabiliten a los inmigrantes, cosa que ustedes no lograron en todos sus años de Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores se lo anunció aquí la semana pasada, pero como ustedes tienen puesto el piloto automático del
todo vale contra el Gobierno, no escuchan.
Allá ustedes con esta estrategia. No sé si tendrán futuro, lo que sí tengo muy claro es que están haciendo mucho daño a la convivencia en el presente.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Hernando.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos de nuevo con el Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra el señor Rodríguez.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, el Bloque Nacionalista Galego se va a posicionar contrariamente a la moción del Grupo Parlamentario Popular, y lo vamos a hacer por varios motivos. En primer lugar, porque nos parece que el
tema de Marruecos y el trato que da a la emigración merece cuanto menos alguna ponderación. Igual que nosotros entendemos que la emigración, la inmigración ilegal en este caso, es un problema en cierta manera también para una sociedad como la del
Estado español y para las sociedades europeas, ya que se está dispuesto a asumir el coste de algunos flujos controlados pero a veces legítimamente no se pueden asumir avalanchas humanas en pleno porque provocarían auténticos problemas en las
sociedades receptoras que podrían desembocar en soluciones políticas no deseadas, hay que tener en cuenta también que Marruecos tiene un problema con los inmigrantes, el mismo problema que podemos tener nosotros empeorado, primero, porque está
sufriendo la avalancha humana y, segundo, porque curiosamente es también un país de emigración. Por tanto, este primer aspecto debía ser muy considerado porque es como el pórtico por el que se entra precisamente a la Unión Europea. En segundo
lugar, no debemos dudar ingenuamente de que es posible que en ocasiones se pueda utilizar a los inmigrantes políticamente en el caso de Marruecos en relación con ciertas reivindicaciones históricas tradicionales que desde su punto de vista son
legítimas y tienen alguna base, como es la integridad territorial de su propio territorio. En tercer lugar, en cuanto a los juicios de valor sobre los derechos humanos en Marruecos, después de la intervención del representante del Grupo
Parlamentario Socialista queda claro que no podemos ver solamente la paja en ojo ajeno y olvidarse de los gravísimos atentados contra los derechos humanos que muchas veces se cometen también en Estados del primer mundo, en Estados centrales.
Dicho esto, creemos que hay puntos de la moción del Partido Popular que, desde una óptica marroquí, son una auténtica provocación que recuerdan más a una potencia colonial que a un Estado próximo que se debe esforzar por tener relaciones de
buena vecindad. No voy a entrar en el tema de si Ceuta y Melilla son marroquíes. En todo caso, desde una óptica marroquí, igual que Gibraltar forma parte de la integridad territorial del Estado español, es normal que en Marruecos piensen algo
similar de esas plazas históricas. Por otro lado, no es de recibo instar al Gobierno a que convoque consejos de ministros en Ceuta y Melilla. Una mínima ponderación debe llevar a no cometer esos actos provocativos, y mucho menos a acompañar a
cumbres bilaterales con Marruecos a representaciones que simbólicamente para Marruecos tienen una intencionalidad determinada. Por tanto, en esta moción vemos más un intento de hacerle las cosas más difíciles al Gobierno actual, un intento de
mantener una mano dura, desorbitada, infundamentada en el caso de Marruecos, y no un deseo de intentar arreglar el problema que nos ocupa, que es el de la inmigración, que vuelvo a repetir sufre en primer lugar y de forma prioritaria el
propio Estado marroquí. Por estos motivos nos vamos a oponer a la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Continuamos con la siguiente fijación de posición, en este caso la señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, quien tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Parece ser que de repente en Ceuta y Melilla estamos de campaña, señorías del Grupo Popular. ¡Vaya iniciativa! Nosotros creemos -y así lo recogemos en nuestra moción- que en el Estado caben más culturas, y es evidente que hasta ahora no se
ha trabajado por la convivencia de las distintas culturas que habitan en Ceuta y Melilla por parte de ninguno de los gobiernos que hemos padecido o disfrutado. Así se puede entender escuchando las declaraciones que hacen sus presidentes y, sin
lugar a dudas, escuchando al diputado elegido por una de estas ciudades queda más que claro contundente.
Para nosotros, la solución no está en incrementar la españolidad de ninguna ciudad -que no sé si se puede hacer de alguna manera-, ni en poner más alambre, ni en negar la violencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por
cierto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que no se negó. Se negó aquí, pero es que el portavoz del Grupo Socialista también lo negó en la Comisión de Interior en la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad. Dicen
que se han investigado las muertes. ¿Y lo que no son muertes, no se ha de investigar, lo dejamos impune? ¿Por qué hemos de fiarnos de un Gobierno que niega la realidad, que niega lo que hemos visto? La solución, como se reclama, está en el
cumplimiento del ordenamiento jurídico, que cesen las expulsiones ilegales, que cesen las expulsiones masivas porque incumplen la normativa internacional.
Usted también ha hablado de mayor cooperación en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué se ha incrementado, tanto el año anterior como éste, la partida de cooperación? Porque lo ha exigido el grupo al que esta diputada está
representando en este momento, por eso se incrementa la partida de cooperación. (Rumores.) En cuanto al ejército, ustedes lo justifican. Será que para ustedes los inmigrantes son una amenaza, para nosotros no; será que para ustedes no son
ciudadanos con plenos derechos -así lo manifiestan una y otra vez-, para nosotros son ciudadanos, no son mera mano de obra, como ustedes los tratan. Por eso presentamos iniciativas para que se les reconozcan sus derechos y por eso denunciamos el
trato indigno que se les está dando. Por ello presentamos una moción en la que pedimos el cumplimiento de una política de solidaridad, un trato humano y digno, el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la
ampliación de los recursos de los centros de acogida. ¿Es esto utopía, es ingenuidad? ¿No lo es más pensar que Marruecos va a respetar los derechos humanos porque el Gobierno español se lo pida? ¿No es eso mucha ingenuidad, señorías del Grupo
Socialista, o no lo es más pensar que más vallas y más sensores van a solucionar un problema que ustedes reconocen como mundial? Me parece que eso sí que es ingenuidad.
Desde Izquierda Unida, en cualquier caso, seguiremos trabajando por un mundo mejor, aquí, en la Unión Europea y en todas partes. Exigir a un Gobierno del Partido Socialista más solidaridad a lo mejor es ingenuo, no lo sé, pero le hemos
exigido -en la coyuntura política actual, en la que podemos exigir- y hemos conseguido que aumenten la partida de cooperación. Exigir la defensa de los derechos humanos en este mundo quizá hoy sea ingenuo, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo.
Ustedes ahora mismo están siendo cómplices de lo que está ocurriendo en Marruecos, ustedes exigieron la reactivación del acuerdo de 1992 y están dispuestos a no ver lo que tienen delante. Lo que está ocurriendo, señorías, son sus vergüenzas.
España hace una valla más alta y cada día es más sorda y ciega ante ese problema, ante el reclamo de ayuda por parte de muchos ciudadanos que vienen a nuestro país buscando simplemente una esperanza.
Señorías, si ustedes creen que desde un Gobierno de la Unión Europea se puede trabajar realmente contra el hambre y la pobreza, aborden el problema con este objetivo. Lo contrario son grandes discursos, a los que nos tienen muy
acostumbrados, y mirar hacia otro lado, cuando no negar el problema. En sus manos está.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Señor Olabarría, su turno en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar felicitando al señor González por su intervención porque, como parlamentario brillante y experimentado que es, ha tenido el buen gusto de no citar el tenor literal de su moción en ninguno de sus términos. Ha hecho un discurso
mucho más ajustado y más pertinente que lo que sus consejeros y escribanos le han podido preparar.
Señora presidenta, me resulta verdaderamente indignante que el Grupo Popular pretenda resolver un problema de esta magnitud exaltando la españolidad de Ceuta o de Melilla. Desde luego, simplificaciones y reduccionismos de esta naturaleza no
son propios del señor González, quizás sean propios de otros compañeros de su partido, y es indignante que una simplificación
de esta naturaleza para afrontar este problema sea la que presente el Partido Popular, si pretende ser un partido serio y con posibilidades de gobernar.
Estamos hablando de un problema de unas dimensiones complejas, con un crescendo pavoroso, provocado por el hambre y por guerras artificiales, por guerrillas armadas por antiguas potencias coloniales, por expoliación de recursos energéticos,
al que se plantean contra la desesperación vallas y sirga entre ellas que son inútiles. Desde esa perspectiva, hablar de incorporación de más efectivos militares, de más efectivos de la Guardia Civil, de más efectivos de la Policía Nacional, de la
incorporación de los regulares, de la cabra de la Legión y de la Legión entera, de la Brigada Acorazada Brunete, todo eso es inútil, señora presidenta, porque sabe que estamos hablando de un problema de dimensiones orbitales. Es el principal
problema en la agenda de todos los Consejos de Ministros de la Unión Europea de Interior, el problema con mayúsculas de todas las agendas de los Consejos de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, es el gran problema con el que nos tenemos que
enfrentar. El señor Campuzano ha sabido intuir con gran lucidez cuáles eran las derivas a las que el señor González se refería exaltando la españolidad de Ceuta y Melilla cuando hablaba no solo de África sino que, respecto a la identificación de la
españolidad, se dirigía hacia el norte también. Ya sabemos e intuimos de qué estamos hablando. Pido un poco de rigor y de seriedad. No voy a hacer nuevas reflexiones respecto a las hechas anteriormente porque estamos hablando de un problema
fundamentalmente de solidaridad.
La señora Navarro comentaba que gracias a sus iniciativas -este es un tema discutible y dudoso, puede resultar quizás un tanto petulante- estamos en este momento con un compromiso del 0,35 por ciento de los presupuestos disponibles para
cooperación internacional. Señora presidenta, el Gobierno vasco hace dos ejercicios presupuestarios que dedica el 0,7 por ciento de sus presupuestos a cooperación internacional. Esta es una de las formas de afrontar el problema. Identificaciones
ontológicas del concepto de nacionalidad, de soberanía, de hasta dónde llegan las fronteras del Estado español son absurdas, son mecanismos defensivos que solo agravan el problema, crean cuestiones colaterales a un problema de dimensiones orbitales,
dificultan los consensos que tenemos que buscar entre todos para solucionar un problema que afecta a todos los países del mundo y del que todos somos corresponsables. Todos expoliamos recursos energéticos en estos países, todas o muchas potencias
coloniales mantienen regímenes políticos corruptos que se dedican también a expoliar esos recursos y a reprimir a su ciudadanía. Estamos creando una situación insostenible para cientos de miles de personas. Comentaba el dato de que más de dos
millones de personas mueren cada día a causa del hambre.
Contra esto, la exaltación de la españolidad de Ceuta y Melilla resulta sencillamente patético, señora presidenta.
No voy a hacer más argumentaciones porque la moción no merita nada más.
Vamos a buscar un punto de consenso entre todos. El Partido Socialista ha ofertado la posibilidad de presentar una proposición no de ley consensuada entre todos los
grupos parlamentarios. Pero vamos a dejarnos de cuestiones colaterales perifrásticas y que buscan taumaturgias que hacen referencia a la españolidad, que solo están en este momento en el subconsciente colectivo de determinado partido político y que
hacen referencia a otras cuestiones que no están vinculadas en absoluto a los problemas de hambre, de expoliación, de guerras artificiales y de sufrimiento de las personas que, pongamos las vallas que pongamos, van a seguir pasando esa frontera.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidenta.
Algunos han calificado de ingenua la moción anterior. Por nuestra parte no era ingenua sino que podía ser matizable. La que no es ingenua es la moción del Grupo Popular. De verdad, no entiendo lo que pretende con esta moción porque
leyendo el primer punto me parece que ha conseguido lo contrario de lo que pretende. Cuando dice que es incuestionable que Ceuta y Melilla forman parte de la nación española es que tiene dudas y, por tanto, abre el debate sobre si Ceuta y Melilla
forman parte de España. A partir de aquí, con su primer punto consigue todo lo contrario de lo que pretendía. Seguramente a principios de siglo en esta Cámara el primer punto hubiese dicho que no había que cuestionar que Cuba formaba parte de
España, que en España no se ponía el sol. A principios de siglo pasó lo que pasó y ahora estamos donde estamos y, por consiguiente, la propia evolución decidirá lo que es una cosa y lo que es la otra. Por consiguiente, me parece que el Partido
Popular ha hecho con su intento un favor al Reino de Marruecos. Yo creo que el Reino de Marruecos va a agradecer este punto del Partido Popular porque abre la cuestión de lo que es España y de lo que no es España. También demuestran con ello que
el drama humano que se vive en Ceuta y Melilla, que se vive en el norte de África no les importa nada. El primer punto es el nacionalismo español más rancio, lo otro hay que buscarlo en la letra pequeña de su moción. No les importa nada el drama
humano; todo lo contrario, han utilizado el drama humano para hablar del rancio nacionalismo español, y esta es la prueba evidente. Ustedes no están por la labor de este drama humano, quieren utilizar la inmigración para sus ideales. Es su
opinión. Les agradezco que hayan puesto este punto encima de la mesa, incluso que hayan hablado del norte de la Península. Todo es cuestionable. Incluso podríamos abrir un debate, sería interesante.
Esta moción no tiene ningún sentido ni es enmendable. Intentar enmendar esta moción del Grupo Popular es un error, por eso no lo hemos hecho.
Vamos a votar en contra de esta moción, en la cual quieren utilizar el drama humano para su
ideología, a lo que tienen todo el derecho. Los números cantan; está cantado que no les importa nada el drama de la inmigración que se vive en África y que no tiene ninguna seriedad esta moción que ustedes acaban de presentar. Nuestro grupo va a
votar en contra de esta moción del Grupo Popular.
Muchas gracias. (El señor González Pérez pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias. Finalizamos aquí el debate.
Dígame, señor González, ¿qué ocurre? Me ha parecido que había quedado claro que se votaba la moción en sus términos originales, que era justo lo que iba a decir, señor González. Como usted sabe, está en trámite simplemente de aceptación o
rechazo de enmiendas. Adelante.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Sí, señora presidenta. No voy entrar en ninguna polémica ni en ningún debate. Lo que pasa es que parece ser que la única que tenía absolutamente clara la posición era usted, pero me permitirá que la ratifique, si
es tan amable.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Ha sido derivada de su discurso y me ha parecido evidente, pero por supuesto puede usted ratificarlo verbalmente ahora mismo.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Solamente quiero decir que, además de no aceptar las enmiendas, tanto la una como la otra, porque desvirtuaría la moción, pedimos a la señora presidenta que se proceda a la votación por separado del punto primero
con respecto al resto de la moción para que así nos retratemos todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo. Muchísimas gracias, señor González. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votamos las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya sobre medidas para la mejora de la actual situación del sector pesquero, a la que se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su
tramitación? (Pausa.) Si no es el caso, se vota la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las medidas coordinadas del Gobierno de carácter diplomático, humanitario, de seguridad y de codesarrollo para hacer frente
a los hechos de inmigración producidos en la frontera con Marruecos en Melilla y Ceuta. Se ha pedido votación separada y, por tanto, serán en total nueve votaciones.
En primer lugar, votación del punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 18; en contra, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 10; en contra, 284; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 142; en contra, 163; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 10; en contra, 291; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, nueve; en contra, 293; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 170; en contra, 131; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos conjuntamente los puntos 6 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Última votación, puntos 10 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 170; en contra, 138; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Última moción, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas para evitar que se repitan los recientes incidentes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sobre su compromiso real con éstas. Se ha
solicitado votación separada para el punto número 1; el resto se votará en bloque.
Votación del punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 283; en contra, 24; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (La señora Rodríguez Ramos pide la palabra.)
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sólo me deja votar abstención, por lo que pido que conste en el 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, se hará la verificación oportuna.
Finalmente, votamos el resto de la moción en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 128; en contra, 177; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.