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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 117, de 04/10/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 117
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 109
celebrada el martes, 4 de octubre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y Mixto, relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 163-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente
122/000142.) ...
(Página 5862)
Modificación del orden del día ... (Página 5869)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 261, de 23 de septiembre de 2005. (Número de
expediente 162/000386.) ... (Página 5870)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la deuda pendiente en concepto de financiación de las actuaciones del Plan de Saneamiento de Cataluña en desarrollo del Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración
de las Aguas Residuales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 112, de 29 de noviembre de 2004. (Número de expediente 162/000205.) ... (Página 5875)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer. (Número de expediente 173/000091.) ... (Página 5880)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de los Organismos Reguladores en el ejercicio de sus funciones. (Número de expediente 173/000092.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5862)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y Mixto, relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales ... (Página 5862)
Intervienen en la presentación conjunta de la proposición de ley, de mayor a menor, los señores Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Modificación del orden del día ... (Página 5869)
Conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia propone al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en lo concerniente a los maltratos de animales de compañía y demás conductas que les provoquen padecimiento, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5869)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias
y Mixto, relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
(Votación.) ... (Página 5869)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se aprueba por 286 votos a favor y uno en contra.
Proposiciones no de ley. ... (Página 5870)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada ...
(Página 5870)
Defiende la proposición no de ley la señora Uría Etxebarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Con ella se quiere solicitar del Partido Socialista y también del Partido Popular que apoyen la sentencia del Tribunal
Constitucional 136/1999, que hace referencia a la participación por colaboración en los delitos de terrorismo. En esta sentencia el Tribunal Constitucional critica que la previsión legal vulnera el principio de legalidad penal en cuanto comprensivo
de la proscripción constitucional de penas desproporcionadas ante la posibilidad de actos de colaboración que merezcan una pena inferior a la prevista por el delito. Cree llegado el momento de ejecutar esta sentencia del Tribunal Constitucional,
haciendo un llamamiento al Partido Popular, ya que fue un Gobierno del Partido Popular el que propuso y consideró una obligación el cumplimiento de la sentencia.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor
Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuesta
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Al amparo del artículo 72.2 la señora Uría Etxebarría pide la palabra.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la deuda pendiente en concepto de financiación de las actuaciones del Plan de Saneamiento de Cataluña en desarrollo del Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales. ...
(Página 5875)
Defiende la proposición no de ley el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señala que la proposición viene de lejos porque parte de la larga y penosa historia del
Plan Hidrológico Nacional. Hace una breve historia señalando que ya desde febrero de 1996 el Ministerio de Obras Públicas y la Junta de Saneamiento de Cataluña formulaban un convenio, en una de cuyas cláusulas se establecía el coste de las
actuaciones del Plan de saneamiento de Cataluña, incluidas dentro del Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales, así como las aportaciones.
Dichas aportaciones nunca se cumplieron y la Administración General del Estado fue
traspasando recursos. En definitiva lo que pide la proposición es que se asuma la deuda, que se reconozca económica y jurídicamente antes del 31 de diciembre de este año.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley, interviene la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Herrera Torres.
El señor presidente del Congreso saluda, en nombre de la Cámara, a la delegación del Parlamento húngaro presente en la tribuna de invitados.
Sometida a votación la proposición no de ley del grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada, se rechaza por 33 votos a favor y 272 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la deuda pendiente en concepto de financiación de las actuaciones del Plan de saneamiento de
Cataluña en desarrollo del Plan nacional de saneamiento y depuración de las aguas residuales, se aprueba por 176 votos a favor, 128 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 5880)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer ... (Página 5880)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que después de tres meses de funcionamiento de las medidas penales y judiciales se puede hacer un
balance y es que el número de juzgados exclusivos, dedicados de manera exclusiva a estos asuntos, es insuficiente, opinión que es compartida por voces autorizadas en la materia. Señala que no está dispuesta a asumir que los protocolos marcados por
la ley sean una rémora en la búsqueda de una mayor efectividad, y dado que considera que el cumplimiento de la moción solo puede redundar en el mejor desarrollo de la ley, solicita el voto favorable de los grupos.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Villarrubia Mediavilla, Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, interviene la señora Barkos Berruezo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar para garantizar la independencia de los Organismos Reguladores en el ejercicio de sus funciones ... (Página 5885)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que su grupo se ha visto obligado a presentar esta moción sobre la independencia
de los Organismos Reguladores pues el Gobierno está nombrando personas de absoluta lealtad al Gobierno y de poca independencia, lo que está provocando interferencia en las decisiones, tanto para los consumidores e inversores como en el
funcionamiento de la economía. No obstante señala el máximo respeto a la persona nombrada. Su moción pretende la defensa de los consumidores y pequeños inversores, así como un funcionamiento correcto de la economía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC). El señor
Martínez-Pujalte López pide la palabra al amparo del artículo 71.3. Continuando con el turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cuevas Delgado, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer, se aprueba por 301 votos a favor y dos abstenciones.
Sometido a votación el punto número 4 de la moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de los Organismos Reguladores en el ejercicio de sus funciones, se rechaza por 125 votos a
favor y 177 en contra.
Sometidos a votación los puntos 1, 2 y 3 de la moción, fueron rechazados por 127 votos a favor y 174 en contra.
Se suspende la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), VASCO (EAJ-PNV), DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE COALICIÓN
CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO, RELATIVA A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES. (Número de expediente 122/000142.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, la sesión va a comenzar.
Segundo punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC),
Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
La intervención, tratándose de una proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara, se hará de mayor a menor.
Tiene la palabra don Manuel Mas, del Grupo Parlamentario Socialista; posteriormente intervendrá el Grupo Popular y así hasta el Grupo Mixto.
El señor MAS I ESTELA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista firma esta proposición, que tengo el honor de defender ante esta Cámara, con una doble satisfacción. En primer lugar, por su contenido. Se trata de una proposición de
extensión de derechos. Cualquier extensión, por pequeña que sea y por pocos afectados que haya, es buena. Estamos ante la extensión de la protección por desempleo de determinados cargos públicos y dirigentes sindicales. En segundo lugar, porque
es una presentación conjunta de todos los grupos de la Cámara, lo que indica no solo un análisis y diagnóstico común de la situación planteada sino también una propuesta común de solución.
Permítame, señor presidente, señores diputados y señoras diputadas, una breve acotación personal. Quiero agradecer a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, la gentileza de que sea el diputado que les habla quien presente la
proposición en nombre del grupo, por lo que supone este tema en mi historia personal y, por extensión, en todo el mundo local. Durante 25 años estuve afectado por la situación que ahora se pretende resolver y dentro del movimiento municipalista,
tanto en la Federación de Municipios de Cataluña como en la Federación Española de Municipios y Provincias, participé en los órganos rectores que reiteradamente tomaron decisiones que pedían que se abordara la situación que ahora se resuelve.
Gracias, pues, señor presidente, señoras y señores diputados.
Más de 8.000 municipios en toda España y más de 60.000 electos locales por mandato. En los más de 25 años de vida democrática local, algunos centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas han dedicado esfuerzos, energías y desvelos a la
comunidad -como a mí me gusta decir, per al comú-, con garbanzos negros, como en todas partes, pero con amplia satisfacción de las y los electores. Han, hemos obtenido el reconocimiento y aprecio de nuestros convecinos y convecinas, pero muchas
veces, algunos, pocos quizás, lo han hecho en unas condiciones laborales harto precarias, que en ocasiones se han cobrado alguna factura. ¿Muchas? No lo sé, creo que pocas, pero todos conocemos alguna.
En el caso de los sindicalistas, igual. Los sindicatos forman parte de nuestro entramado institucional más allá de su estricta función de representación y defensa de los intereses de los trabajadores. Sus objetivos van más allá de la
defensa laboral y la negociación de convenios. Ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos oficiales de todas las administraciones piden su colaboración en multitud de ocasiones, lo que conlleva dedicación paralela no contemplada en su trabajo
principal, realizada muchas veces gratis et amore, con el desamparado reconocimiento posterior. Ahora, esta proposición de ley -que lógicamente no ha de tener dificultades en su tramitación, dado que está presentada por todos los grupos de la
Cámara- resuelve esta situación de desamparo. El Tribunal Constitucional estableció no hace mucho, el pasado año, que no había impedimentos para que los cargos públicos locales y responsables sindicales afectados pudieran tener el reconocimiento
del derecho a acogerse al desempleo; solo era cuestión de la voluntad del legislador y esta se manifiesta positivamente en esta propuesta de proyecto de ley. Solucionaremos, señoras y señores diputados, una injusticia puntual que en realidad
afecta a pocas personas. Gran parte, la mayoría de los electos locales y cargos sindicales están de una u otra forma cubiertos. Las excedencias de obligada concesión por desempeño de cargos públicos estuvieron siempre contempladas tanto en la
actividad privada como en la Función pública. La acumulación de horas sindicales permite gran parte de la actividad directiva sindical sin necesidad de abandonar el vínculo laboral. Solo aquellos que antes, en su momento, abandonaron sin más su
ocupación asalariada, autónoma, liberal, profesional o empresarial, y aquellos que más adelante, ahora, se incorporan a la vida política local o al sindicato sin experiencia laboral previa, van a ver reconocido el derecho a desempleo por este
proyecto de ley. Con los de antes, de los que ya deben quedar muy pocos, reparamos una injusticia histórica y les reconocemos su contribución al restablecimiento de la democracia; con los del presente y el futuro, facilitamos su entrada y salida
de la política local y de la actividad sindical, contribuyendo con ello a mejorar la política democrática.
Desvanecemos temores de quienes pueden entrar, asegurándoles las condiciones de salir, y facilitamos la salida a quienes ya están dentro, sin
que tengan que aferrarse necesariamente al cargo por miedo a dar un salto en el vacío.
Señor presidente, señoras y señores diputados, me atrevo a darles las gracias en nombre del mundo local y sindical. Muchas gracias por su atención y disposición. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, subo a la tribuna para fijar, como es obvio, la posición favorable del Grupo Popular a esta proposición de ley, relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales; ha sido
suscrita no solo por nuestro grupo, sino también por todos lo que componen la Cámara, cuestión por la que nos felicitamos.
Este voto positivo avala un consenso necesario para abordar una cuestión que, como se ha dicho, ha encontrado apoyatura
reciente, a la que me referiré después, en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004. Nosotros vamos a apoyar esta reforma del artículo 97.2 y del artículo 105.4 del texto refundido de la vigente Ley General de la Seguridad Social. Lo
que se pretende con ello es establecer que los cargos representativos sindicales y los miembros de las corporaciones locales y altos cargos de las administraciones públicas que no reúnan la condición de funcionarios tengan la posibilidad de estar
protegidos ante la contingencia del desempleo. Por otro lado, en la modificación que se plantea y que se presenta en esta proposición de ley, además pueden acceder a ese derecho que se les reconoce, porque, evidentemente, los supuestos de acceso a
ser beneficiario en la prestación de desempleo en principio no son los que se prevén aquí, que son los que se refieren a un trabajador mediante el título de un despido, que es lo que le da el acceso a esta situación de desempleo.
Estas dos circunstancias las corrige la proposición de ley cuya toma en consideración estamos ahora debatiendo y que nosotros apoyaremos gustosamente. Ello ha sido posible gracias a dos aspectos. Por una parte, a la voluntad política de
esta Cámara. Yo recuerdo que ya en el año 1999 se debatieron unas iniciativas en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, que contaron con el acuerdo mayoritario, una proposición no de ley del Grupo Socialista y otra de Izquierda Unida, por las
que se encomendó al Gobierno que desarrollara un estudio para ver la posibilidad de llevar adelante lo que hoy, por fin, se plantea. En aquel entonces -creo que ha sido aludido por el interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra- había
una serie de cuestiones de carácter técnico-jurídico discutibles y que ya el Tribunal Central de Trabajo, incluso el Tribunal Supremo, había abordado. Por eso antes hacía yo mención a la sentencia del Tribunal Constitucional 44/2004, de 23 de
marzo, muy bien traída a colación en la exposición de motivos de la iniciativa, en la que se nos dice que el conflicto técnico-jurídico preexistente de considerar que un cargo local, un representante del ayuntamiento, un representante sindical, no
tuviera la misma consideración, no fuera idéntico a un trabajador por cuenta ajena, queda resuelto desde el momento en que el Tribunal Constitucional dice con claridad que el legislador ordinario tiene libre voluntad para establecer o no tal
derecho. Consecuentes con este ámbito constitucional de entender que las Cortes Generales tienen la competencia para libremente decidir su inclusión, hoy se trae aquí, desde esa voluntad política a la que aludía anteriormente, esta iniciativa.
Creemos que con ello se hace justicia a situaciones que -lo comparto con el señor Mas- probablemente no sean masivas, pero sí son francamente dolorosas. Personas que en momentos determinados se han encontrado en situaciones de absoluta
precariedad y sin ninguna cobertura. Además, esta solución no solo aporta esa justicia que nos es demandable como políticos y legisladores, sino que también introduce algo que de alguna manera puede tener algún tipo de efecto en la vida política,
como es disuadir de la permanencia a toda costa en los puestos políticos, porque no hay alternativa a las personas que se encuentran en tal situación. Voy a citar al portavoz socialista, porque he tenido oportunidad de leer unas declaraciones suyas
que comparto plenamente y así lo expongo. Ha dicho -y me parece que es una reflexión sobre la que habría que profundizar- que mucha gente no quiere salir de la actividad pública y mucha no quiere entrar. Y cuando dice que mucha gente no quiere
salir de la actividad pública se refería a la situación de ese concejal que se tiene que enganchar porque tiene mala edad, porque se plantea que dónde va a ir, porque hasta que me reengancho en mi profesión no tengo ningún periodo de transición, no
tengo una cesantía, no tengo una indemnización, no tengo una protección por desempleo, no tengo una cotización a la Seguridad Social, no tengo ninguna tutela. Y mucha gente no quiere entrar en la actividad pública porque encuentra un elemento
desincentivador en la escasísima protección social que quizá hemos dado de una forma equivocada a quien con dignidad realiza su actividad en la vida política. Incluso, esta reflexión pueda tener más vertientes que las que hoy se ven en esta
proposición. Probablemente en el futuro haya que abordar puntos in extenso desde esta voluntad política, porque hay que contribuir a eliminar aquellos obstáculos que en alguna medida puedan viciar los funcionamientos en la vida pública y que a
veces consisten en llevar a cabo cuestiones como la que hoy, tomando en consideración esta proposición de ley, estamos convencidos de que, por razones de eficacia y de justicia, vamos a contribuir a resolver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Azpiroz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano, su turno, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, es de justicia empezar nuestra intervención en relación con la toma en consideración de esta proposición de ley afirmando que si, como recordó nuestro colega Jordi Xuclá hace aproximadamente 15 días ante este Pleno, la democracia
es cara, también la democracia
debe ser justa con sus servidores. En este caso, la democracia debe ser justa con los servidores en los ayuntamientos, en los municipios, con aquellos que más cerca trabajan de los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida y la
transformación de sus ciudades.
Con esta proposición de ley, que, junto con el desempleo para los cargos municipales, también aborda la cuestión del desempleo para sindicalistas y altos cargos que no sean funcionarios, es cierto que damos un paso, modesto pero importante,
en la mejora de la protección social de los cargos municipales, y, en último término, en su dignidad como servidores de la democracia. Digo modesto porque con esta cuestión no cerramos una efectiva equiparación de la protección social de los cargos
municipales con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. El señor Mas, que ha sido líder de los municipios de Cataluña, a través de su presidencia de la Federación de Municipios de Cataluña y de la Asociación Catalana de Municipios, ha
planteado en diversas ocasiones esa necesidad de una efectiva equiparación de la protección social de los cargos municipales con los trabajadores por cuenta ajena. Hoy ponemos en marcha el mecanismo legislativo que permite garantizar ese acceso a
la prestación por desempleo.
Todos estaremos de acuerdo en entender que precisamente la ausencia de protección ante el desempleo constituye ese elemento más sangrante de la ausencia de igualdad en la protección social de los cargos municipales con la de los trabajadores
por cuenta ajena, especialmente en los casos de alcaldes o tenientes de alcaldes con largos mandatos municipales.
Personas que, después de 15, 20 ó 25 años de servicio al conjunto de la comunidad, finalizan su mandato y se encuentran desamparados
frente a la situación de finalización de ejercicio de esa actividad que durante un período largo de su vida se convirtió en su profesión. Personas que, después de mantener una teórica reserva de puesto de trabajo en su empresa, han visto cómo esa
empresa ha desaparecido o han visto quizás cómo sus propios conocimientos profesionales, válidos hace 15, 20 ó 25 años, han dejado de ser compatibles con los propios de dicha actividad.
En Cataluña nos gusta recordar -tanto el señor Mas como el
señor Guinart, alcalde de L'Escala, conocerán perfectamente este caso- la anécdota de Antoni Farrés, el fantástico alcalde de Sabadell durante tantísimos años, que abandona el ejercicio de su mandato municipal, hace cola ante las oficinas del INEM
de Sabadell para solicitar el reconocimiento de su situación de desempleado y plantear la posibilidad de cobrar su prestación por desempleo y, ante la sorpresa de la funcionaria que le atiende, se le comunica que no tiene derecho, tras lo cual lo
plantea ante los tribunales y termina perdiendo. Con este gesto Antoni Farrés quiso evidenciar esa injusticia que se produce en el mundo municipal.
Decía antes que esta es una reivindicación constante de todo el municipalismo, pero específicamente del municipalismo de Cataluña. En la etapa en la que el señor Mas presidió la Federación de Municipios -y me lo recordaba el señor Guinart-,
las dos asociaciones catalanas trabajaron insistentemente en la necesidad de conseguir esta protección por desempleo, esta plena equiparación de la protección social de los cargos electos en el ámbito municipal. Y decía que era modesta, pero por
modesta que sea no podemos negar su importancia, porque además creemos que bajo este planteamiento subyacen otras cuestiones fundamentales: Debemos hacer más fluida la entrada y la salida desde el mundo profesional al mundo de la política, desde el
mundo de la política al mundo profesional; tenemos que hacer una política menos endogámica y establecer medidas como éstas, que facilitan la salida de la política profesional de los cargos municipales, que ayuda a ello; hay que hacer más digno el
desempeño del servicio público de los cargos electos, y esta medida dignifica esta actividad, la hace menos dependiente de cualquier gracia que dependa de cualquier sector económico o de cualquier sector político; hay que hacer más libres en sus
compromisos a los cargos municipales y, por último, hay que hacer a las instituciones más fuertes y más profesionales. Creemos que esta proposición de ley, modestamente, supone un paso adelante en esa línea.
Hay que acabar con la desconfianza que la Administración pública central ha tenido ante estas reivindicaciones. Mi grupo valora la presencia del ministro Sevilla hoy en esta sesión, porque expresa romper con esa desconfianza hacia esa
necesidad de reconocer derechos a los electos locales, también a los sindicalistas y a los altos cargos. Se nos ha recordado que esta es una vieja reivindicación que en esta Cámara ha sido objeto de diversas discusiones, y el señor Olabarría nos
podrá recordar otros momentos de discusión legislativa en los que se ha intentado abordar esta cuestión, pero no hemos podido. Creemos que con esta medida fortalecemos nuestro sistema democrático, que mejoramos nuestra democracia y reivindicamos
instituciones que son básicas para el funcionamiento de nuestro sistema, sin ningún tipo de complejos. La gente que trabaja en los municipios y la gente que trabaja en los sindicatos forman parte esencial de nuestro sistema, su dignidad es también
la dignidad de nuestra democracia. Estoy seguro de que hoy daremos luz verde a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Canet, su turno, por favor.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar y desde, de momento, mi corta experiencia municipalista de poco más de dos años, saludamos con satisfacción que un hombre tan veterano y experto en estas lides haya sido quien ha presentado en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista esta proposición
de ley, el señor Mas. Desde aquí mi reconocimiento personal y el de mi grupo.
Esquerra Republicana ha defendido siempre en sus programas electorales la necesidad de dignificar el trabajo de los cargos electos locales, así como el de los cargos políticos por designación. Esta cuestión, largamente reclamada, pasa por
una ley de retribuciones para los cargos electos y el establecimiento de garantías sociales, como pueda ser la prestación de subsidio por desempleo. Esta voluntad política ya la hemos puesto de manifiesto en sede parlamentaria con la presentación
de iniciativas en el Parlament de Catalunya y la ponemos de manifiesto también hoy al firmar conjuntamente con la totalidad de los grupos de esta Cámara la proposición de ley que sometemos a su toma en consideración, que seguramente, como ha dicho
el señor Campuzano, es de momento de modesto alcance, pero por alguna acción hay que empezar.
Las motivaciones que nos llevan a defender este posicionamiento, aparte de las expresadas en la propia exposición de motivos de la ley, seguramente pueden parecer ya reiterativas y en ello casi todos vamos a coincidir.
Recordemos
simplemente tres, por nuestra parte. La primera, un principio de igualdad de los cargos electos con el resto de trabajadores.
Actualmente, la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 y ulteriores modificaciones permiten a los cargos electos el cobro
de una retribución, ya sea en régimen de dedicación exclusiva o parcial, y establece el deber de ser dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Esta situación se hace extensiva a los altos cargos por designación y en mayor medida a
los cargos sindicales que tienen dedicación exclusiva, puesto que estos, además, no tienen prevista en ninguna norma su inclusión en el ámbito de aplicación de la Seguridad Social, ni a efectos de protección por desempleo, ni del resto de
contingencias protegidas por la Seguridad Social. A pesar de ello, esta teórica igualdad con el resto de los trabajadores, en el caso de los cargos electos, se rompe cuando estas cuotas de la Seguridad Social solo dan derecho al cargo electo local
o al alto cargo de la Administración pública no funcionario a tener cubiertas las contingencias generales, pero en ningún caso se les permite tener acceso al derecho de subsidio del paro, lo que, objetivamente hablando, es una paradoja, como se ha
puesto de relieve sin demasiado sentido. Una segunda razón podría ser, aunque pueda parecer un poco exagerado, por un principio de fortalecimiento de la democracia. Ello es así porque esta iniciativa establece mecanismos de garantía que permiten
un retorno menos traumático, o poco traumático, o no traumático, de los cargos electos, políticos o sindicales, a su antigua ocupación, especialmente si era del ámbito privado. No es que se conserve su antigua ocupación, no es una excedencia, pero
le permite una transición, como son las prestaciones por desocupación, del ejercicio del cargo electo al regreso al sector privado, si es el caso. Se minimizan las incertidumbres que suponen el abandono del cargo electo, político o sindical. Ello
nos servirá para que cada vez se den con menos frecuencia, y también se ha explicado antes, las situaciones de perpetuación en el cargo por el miedo a la incertidumbre del futuro. Asimismo, el establecimiento de estas garantías facilitará la mayor
implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos y la rotación de las personas en los cargos electos, sindicales, locales o de la Administración. Es cierto que en muchos casos los cargos electos abandonan sus ocupaciones privadas para
dedicarse a la res pública y por tanto es lógico que sea la propia sociedad a la que sirve la que le pueda facilitar los mecanismos para que puedan retornar gradualmente al mundo laboral, teniendo presente que la proposición de ley va dirigida a un
colectivo que cotiza como el resto de los trabajadores.
Y hay una tercera razón, por la regularización de una anomalía histórica que suponen las medidas, modestas todavía, comprendidas en la proposición de ley. Es verdad que este tema no ha sido abordado por el legislador estatal en anteriores
ocasiones, seguramente porque se trata de un tema espinoso y quizás impopular en algunos casos. Pero no podemos olvidar que ya han pasado más de 25 años de las primeras elecciones locales y casi 30 de la promulgación de la Constitución española, y
las administraciones públicas, así como las organizaciones sindicales, nada tienen que ver con las de inicio de la democracia. Es, pues, el momento, tarde, pero momento oportuno, para actualizar esta situación y sin miedo.
Para terminar, es menester hacer un reconocimiento del trabajo abnegado que cada día realizan la mayoría de nuestros concejales -salvo algún garbanzo negro, como ha dicho el señor Más-, altos cargos y representantes sindicales, y no
únicamente con palabras sino mediante la introducción de medidas legislativas, como es nuestra obligación en tanto que legisladores, que permitan a los cargos electos trabajar con garantías y una cierta previsión de futuro, al menos inmediato.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.
Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, estamos ante una proposición de ley importante, una vieja reivindicación de nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido y de todos los que en este momento hemos podido llegar a
concertar algo tan importante como el reconocimiento de la percepción del desempleo con relación a los cargos políticos de las corporaciones políticas y de las corporaciones locales que cesan en su actividad. No es una cuestión baladí, es una
cuestión importante. Los antecedentes históricos los encontramos en la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, del año 1999, donde se obliga a los que ostentan responsabilidades municipales relevantes, como alcaldes, tenientes alcaldes,
incluso algunos concejales, a una dedicación absolutamente profesional y exclusiva
al cargo. En este momento estamos hablando a tenor de las competencias que se atribuyen a los alcaldes en esta ley de competencias relativas a problemas urbanísticos o cuestiones urbanísticas, a la gestión del propio patrimonio de la
corporación local, a las cuestiones relativas al personal, a las cuestiones relativas al ejercicio del voto de calidad que ostentan los alcaldes. En definitiva, se trata de cuestiones que dan una dimensión, una trascendencia y sobre todo una
problematicidad a los cargos de alcalde y de teniente de alcalde, que exigen una dedicación absolutamente exclusiva al ejercicio de la función. Esta dedicación absolutamente exclusiva al ejercicio de la función provoca el cese en la actividad
profesional anterior o pretéritamente desempeñada por las personas que ejercen estas funciones de carácter público, y esto está solo parcial e injustamente corregido por la Ley 7/1985, que reconoce que las personas que se dedican con régimen de
dedicación exclusiva al ejercicio de funciones públicas de esta naturaleza podrán recibir emolumentos y afiliarse al régimen general de la Seguridad Social, correspondiendo a la corporación local las aportaciones o las cotizaciones empresariales
relativas a esta afiliación. Sin embargo, nos encontramos con la injusticia, que con esta proposición de ley consensuada por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara se pretende remover, de que hay una contingencia, una vez posibilitada la
afiliación al régimen general de la Seguridad Social de quienes tienen emolumentos como alcaldes o tenientes alcaldes con dedicación exclusiva o incluso con dedicación parcial a la Función pública, la contingencia por la prestación de desempleo, que
no está reconocida porque así lo prevén los artículos 205 a 208 de la Ley General de la Seguridad Social, prevista en el Real Decreto legislativo del año 1994, que refunde nuestra dispersa, compleja, y de posible configuración como de aluvión,
legislación de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque esos preceptos no prevén que una de las contingencias para estas personas que dedican su actividad profesional íntegra a la Función pública, para la que han sido elegidas mediante un sistema de
sufragio universal, se vea protegida en el caso de cesación de actividad. Esta es la injusticia que nosotros pretendemos corregir a través de esta proposición de ley, que trata de reformar, en definitiva, los artículos 205 a 208 de la Ley General
de la Seguridad Social.
La Ley 7/1985 pretende, efectivamente, la afiliación al régimen general, el pago de las cotizaciones empresariales con cargo a la corporación municipal y el pago parcial, si la dedicación no es absoluta, con cargo a las corporaciones
municipales, pero no prevé la protección de la contingencia de desempleo, y esto ha dado lugar a una jurisprudencia de la técnicamente denominada menor, absolutamente errática y compleja de comprender. Las salas de lo social de los tribunales
superiores de Justicia, mediante la resolución de diversos recursos de suplicación, nos han provisto de una doctrina absolutamente errática y dispersa. En principio, la generalidad de estas salas de lo social de los tribunales superiores de
Justicia de las comunidades autónomas han previsto que en la Ley 7/1985, que prevé la afiliación al régimen general de la Seguridad Social de quienes reciben emolumentos por dedicarse exclusivamente al ejercicio de las funciones públicas en las
corporaciones locales, no se pueda configurar jurisprudencialmente la protección de la contingencia de desempleo si no está prevista en la Ley General de la Seguridad Social.
Sin embargo, me gustaría destacar una sentencia de la Sala de lo social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece el criterio siguiente. Se trata de un teniente de alcalde que es objeto de un despido improcedente de la empresa en la que originariamente trabajaba, pero en relación al cual, mediante la
resolución del recurso de suplicación, se consagra la siguiente doctrina: Esta persona no tendrá acceso a la prestación de desempleo porque, tal y como está previsto en la legislación general de la Seguridad Social, para dicha prestación se
requiere que una persona que, pudiendo y queriendo trabajar, sin embargo, no pueda acceder al trabajo. ¿Cuál es el criterio que sienta la Sala de lo social del Tribunal de Justicia de Cataluña? Que esta persona, que era teniente de alcalde de un
municipio de Cataluña, no podía acceder al trabajo porque la dedicación como teniente de alcalde le imposibilitaba materialmente acceder a cualquier trabajo ya que era una dedicación de naturaleza absoluta que le colmaba la totalidad de la jornada
laboral.
Esto nos lleva a pensar, a través de la doctrina jurisprudencial sentada en esta jurisprudencia menor que consiste en la resolución de los recursos de suplicación, que si cesa en su actividad como teniente de alcalde o como concejal, sensu
contrario, tendríamos que concluir de forma legítima y razonable jurisprudencialmente que entonces sí que pudiendo, queriendo trabajar y teniendo posibilidades de hacerlo, esta persona tendría que tener derecho a la prestación por desempleo. Sin
embargo, como he dicho, la jurisprudencia menor, que consiste en la resolución de los recursos de suplicaciones, es dispersa, es errática y no permite, desde esa perspectiva, concluir o dilucidar soluciones concluyentes a este respecto.
Ese es un problema de justicia material. Señor presidente, en este momento hay muy pocos colectivos que se dedican profesionalmente al ejercicio de una función pública o privada a cambio de emolumentos, a cambio de retribuciones que no
estén sujetas a la prestación o a la protección con cargo a la contingencia de desempleo. Los artículos 205 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social establecen que tendrán derecho a la percepción de desempleo los empleados afiliados al
régimen general de la Seguridad Social, los que pertenezcan a las administraciones públicas sujetas al régimen administrativo o que sean funcionarios o personal de empleo de las administraciones públicas, los que pertenezcan a regímenes especiales
de la Seguridad Social pero cuya normativa que lo regula prevea la protección con cargo a la contingencia de desempleo. Por esta vía hemos podido resolver el problema de acceso a la contingencia de desempleo de colectivos como los cantantes,
las prostitutas, los toreros y, como dicen también los preceptos que estamos citando, los presos liberados. Yo no voy a establecer aquí una especie de debate ontológico de equiparación entre la mejor o menor entidad ontológica desde la
perspectiva del derecho a la prestación de los toreros, las prostitutas, los cantantes y otros colectivos en relación con los cargos electos, pero desde la perspectiva de los requerimientos del principio de igualdad ante la ley pedimos que todos
tengan la misma condición en cuanto al acceso a esta protección.
Entendemos que también en este ámbito deberíamos reformar los preceptos previstos entre los artículos 205 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social para que también los cargos municipales electos tengan derecho, una vez cesada su
función, a la protección por desempleo. Se trata de un requerimiento de justicia material que está previsto por una ya luenga doctrina parlamentaria, en la cual mi grupo parlamentario -petulancias aparte- ha ocupado una posición privilegiada o muy
relevante.
Efectivamente, desde el año 1992 hemos pedido a través de distintas proposiciones no de ley que se corrija esta disfunción, lo hemos pedido a través de proposiciones no de ley en la Comisión de Administraciones Públicas; lo ha pedido el
Parlamento de Cataluña a través de propuestas de resolución, en concreto me estoy acordando de la número 6 del año 1989; lo ha pedido Eudel, que es la asociación de municipios vascos que tiene 20 años de existencia y que está luchando por esta
causa durante los 20 años de existencia que tiene; lo ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias en su VI congreso. En definitiva, es un requerimiento reiterado de las autoridades municipales y de las corporaciones locales y al
que por fin se va a dar satisfacción. Pero no solo se ha pedido en el ámbito del Estado español a través de las corporaciones o entidades que representan a las corporaciones locales, a las autoridades municipales, sino que estamos también ante
requerimientos europeos. En concreto me estoy refiriendo a la Carta Europea de Autonomía Local, elaborada en Estrasburgo el 15 de octubre del año 1985 y ratificada por el Estado español por instrumento de 20 de enero de 1998, donde se exige, entre
otras cosas, que el estatuto de los representantes locales debe asegurar el libre ejercicio de su mandato; debe permitir la compensación financiera adecuada de los gastos causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como, si llega el caso,
la compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado o la cobertura -y enfatizo la expresión- social correspondiente, y, por último, se debe valorar desde una perspectiva más especulativa la posibilidad de
que personas jóvenes que pueden tener vocación de realizar actividades públicas vean de alguna forma inhibida su vocación por estas disfunciones que crean una situación de discriminación que no es ni objetiva ni razonable, sobre todo en algunos
ámbitos del Estado en los que problemas de seguridad ciudadana y de amenazas hacen que la inhibición tenga una particular relevancia. Desde esta perspectiva, reiterando las argumentaciones de otros grupos parlamentarios de que se trata de un
requerimiento de justicia material, de que no es gravoso para la Seguridad Social y de que la Seguridad Social además tiene ya prevista la posibilidad de que estos problemas o disfunciones se puedan corregir de forma relativamente fácil, nosotros
vamos a pedir, continuando con el consenso que ya ha sido articulado en esta Cámara, que este problema se resuelva por fin después de muchos años de insistencia en esta materia -desde el año 1992, que es nuestra primera iniciativa-, señor
presidente, y podamos todos congratularnos de que los cargos públicos que desarrollan su abnegada función en las corporaciones locales se vean satisfechos con algo tan elemental y tan primario como es estar sujetos a la protección de desempleo
cuando cesan en su función pública. Desde esa perspectiva poco más tengo que añadir a lo que otras personas han dicho con mayor lucidez que yo mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, a usted, señor Olabarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida el señor Pérez tiene la palabra.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente porque los argumentos están dados y es difícil no coincidir con prácticamente todo lo que se ha dicho en las intervenciones que ha habido hasta ahora. No es la primera vez que nuestro grupo, igual que algún otro,
defiende esta propuesta en este hemiciclo. De hecho, así ha sido en todas las legislaturas hasta la fecha. En ese sentido, esta tarde nos consideramos premiados en nuestra constancia, en nuestro empeño, y cabe desde luego recordar a los que nos
precedieron en este empeño, posiblemente con más acierto pero no es menos cierto que con menos suerte. Debemos dar también la bienvenida a los que han visto la luz finalmente y felicitarnos todos por el consenso, que supone acabar con una
vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución en torno a las libertades políticas y a las libertades sindicales, en el artículo 14 y en el artículo 28.1.
Decimos una vulneración porque entendemos que eso es lo que
suponía la interpretación restrictiva que durante años ha realizado el INEM al denegar prestaciones por desempleo a sindicalistas y a cargos políticos -se ha mencionado aquí de manera muy especial, y yo incido en ello, a los concejales, a los cargos
municipales- y se trataba de una vulneración por cuanto suponía una limitación para el ejercicio de esas libertades; una limitación que ha tenido efectos negativos, que ha tenido que ver también con determinados déficit democráticos, etcétera.
Especialmente grave ha sido esta situación en el mundo sindical, y ello ha supuesto para miles de sindicalistas sacrificios importantes de carácter económico, social, laboral e incluso familiar. Felizmente, el propio Tribunal
Constitucional mantiene que el artículo 28.1 de nuestra Constitución debe entenderse también integrando el derecho a la actividad sindical y que ello implica, obviamente, la dotación de estructuras y medios que hacen posible esa actividad de
defensa de los intereses de los trabajadores. Y esa misma reflexión entendemos que cabe hacer en lo que se refiere a la actividad política y en todos sus niveles.
Se trata, pues, señorías, esta tarde de aprobar una mejora evidente, que dignifica la representación política y por ello también posibilita que toda la ciudadanía pueda acceder con mayores garantías a este tipo de funciones y
responsabilidades. Creemos que estamos de enhorabuena y, reconociendo a todos los grupos parlamentarios esta iniciativa, nos consideramos satisfechos con ella y desde luego la vamos a defender.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Suscribiendo todo lo dicho por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y muy especialmente los detalles jurídicos que ha dado el señor Olabarría por parte del Grupo Parlamentario Vasco, quiero resaltar, acoplados a la
defensa que hacemos en la exposición de motivos de esta proposición de ley, que mi grupo la ha suscrito por entender que debe hacerse ahora lo que no fue posible hacer hace 11 años, cuando aprobamos aquí el Real Decreto legislativo 1/1999, que venía
a desarrollar la Ley General de la Seguridad Social. Ahora se trata de modificar su artículo 205 mediante una adición, incluyendo en el catálogo de situaciones a proteger en el caso de desempleo a los altos cargos de las distintas administraciones
públicas locales o de la Administración General del Estado, así como a cargos de las organizaciones sindicales del Estado español, tal y como dice el texto de la proposición de ley que hemos presentado. Se trata sencillamente, como ya se ha dicho,
de modificar el artículo 205 introduciendo dos artículos. Uno, el reconocimiento de los que están comprendidos en la protección por desempleo en las administraciones local, general del Estado y en el caso de organizaciones sindicales, y dos, la
obligación de la cotización, que es algo que tenía que ir parejo porque no se podría hacer un cargo a los presupuestos de la Seguridad Social de unos nuevos entes personales considerados trabajadores, no por cuenta ajena sino dentro de estructuras
democráticas y administrativas, sin llevar aparejada la obligación de la cotización con las cifras que se señalen de acuerdo con sus niveles retributivos. Esto viene a subsanar una omisión que desde hace 11 años podía haber estado resuelta, sin un
tratamiento que algunas veces se ha considerado hasta peyorativo o innecesario. Afortunadamente, en su momento, ante las reclamaciones sindicales, el Tribunal Constitucional, en sentencia número 44 del pasado año, vino a reconocer este derecho.
Por estas razones, mi grupo, como suscriptor del texto de esta proposición de ley, va a votarla favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Finalmente, Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para ratificar en este acto la firma de las diferentes formaciones del Grupo Parlamentario Mixto a una iniciativa sobre la cual compartimos los argumentos de oportunidad, de necesidad y de justicia que se han
expresado a lo largo del día de hoy para que se pueda extender rápidamente la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
Muchas gracias, señor presidente.
MODICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto
I.1, correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en lo concerniente a los maltratos de animales de compañía y demás
conductas que les provoquen padecimiento.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto del referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), VASCO (EAJ-PNV), DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE COALICIÓN
CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO, RELATIVA A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES. (Número de expediente 122/000142) (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el
Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, relativa a la extensión de la protección
por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 286; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE INSTA A REVISAR LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. (Número de expediente 162/000386.)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Vasco, por la que se insta a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada. Para la defensa de la proposición no de ley
tiene la palabra doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando mi grupo parlamentario presentó esta iniciativa en la Cámara lo anunció en una rueda de prensa en la que dijimos que nuestro interés era tomar la temperatura del Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, para ver si era capaz
de cumplir sus promesas de recuperación en materia de derechos y libertades en relación con las involuciones habidas, desde nuestra perspectiva, en la legislatura pasada en materia de derecho penal y procesal. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, vamos a empezar de nuevo.
Señorías, en este momento hay siete corrillos en el hemiciclo y así es imposible hacer un debate. (Rumores.) Por favor, señorías, ¿tendrían la amabilidad? No se oye nada porque se están haciendo corrillos por todos los pasillos. Salgan
fuera si desean hablar, pero respeten a la diputada que está en el uso de la palabra. Algún día les tocará a ustedes y apreciarán que haya silencio y respeto en la Cámara.
Adelante, empezamos de nuevo, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que queríamos tantear si el Grupo Socialista era capaz de dejar atrás sus miedos a separarse del Partido Popular en materia de terrorismo cualquiera que fuese la medida que se había propuesto. Se nos ha dicho, se nos va a decir seguro
en la intervención del representante del Grupo Socialista, que ahora no es el momento. Creemos que ofende a la inteligencia, aunque vemos la que está cayendo a propósito de la aprobación de la propuesta de modificación del Estatuto catalán, pero,
insisto, nos parece que ofende a la inteligencia mezclar ambas cuestiones. De la misma manera que nos parece absurdo que crean que se vaya a pensar que han bajado la mano en la persecución de las conductas criminales, cuando las detenciones habidas
en el día de ayer en Francia, fruto de la colaboración criminal, evidencian que el Gobierno sigue pensando que es fundamental la persecución de estas conductas.
Con esta iniciativa solo queremos solicitar del Partido Socialista -también del Partido Popular- que apoye el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, la 136/1999, que hace referencia al concepto de participación por
colaboración en los delitos de terrorismo. Se trata de la sentencia 136/1999, como he indicado, referida al asunto de la llamada mesa nacional de Batasuna. El Tribunal Constitucional critica en esta sentencia que la previsión legal vulnera el
principio de legalidad penal en cuanto comprensivo de la proscripción constitucional de penas desproporcionadas ante la posibilidad de actos de colaboración que merezcan una pena inferior a la prevista por el delito. La sentencia del Tribunal
Constitucional hace referencia al artículo 174 bis.a) del Código Penal, pero este artículo es idéntico al actual vigente, el 576. Vean ustedes -no tengo tiempo yo de referirlos ahora- los fundamentos jurídicos 21 a 24 de la sentencia, en los que
hace un llamamiento especial al legislador a corregir este tipo de comportamientos incriminatorios que pueden suponer desproporcionalidad entre la cantidad y la calidad de la pena en relación con el comportamiento que haya sido cometido. Que esto
era así, que era evidente el mandato, lo evidencia que el Gobierno del Partido Popular en el año 1999 entendiese que debía mandar a esta Cámara una ley orgánica de modificación del Código Penal en cuya exposición de motivos se habla de que esta
sentencia obliga a revisar -no dice que declara la conveniencia, sino que el propio Gobierno señala que hay obligación de revisar- la configuración legal del delito de colaboración con banda armada. Apunta también a que el texto de la sentencia
hace referencia al artículo 174, pero que el tenor literal del 576 resulta ser absolutamente idéntico. Es curioso señalar, señorías, que hay informe favorable del Consejo General del Poder Judicial; Consejo General del Poder Judicial del que
formaba parte el hoy secretario de Estado don Luis López Guerra, al igual que mi compañero presente en la tribuna Emilio Olabarría. Esta misma Cámara decidió el 30 de noviembre de 1999 la tramitación directa y en lectura única de la iniciativa.
Sin embargo, después, por circunstancias que no hacen al caso, se decidió ralentizar, todos sabemos que esto es posible dentro de las tramitaciones parlamentarias, y que la legislatura culminase
en el año 2000 sin que hubiera habido traslación al boletín del contenido de esta propuesta. Desde entonces la doctrina, la literatura científica, se ha referido una y otra vez a la necesidad de modificar este precepto penal. Es curioso,
además, señalar cómo el Tribunal Constitucional, en la sentencia 55/1996, dice que el Tribunal solo procederá a declarar actividades correctoras cuando haya un desequilibrio patente y excesivo e irrazonable entre la sanción y la finalidad de la
norma, es decir, el Tribunal Constitucional limita sus actuaciones en este sentido y, sin embargo, en el año 1999 considera que hay una evidencia de necesidad en tal sentido.
El problema, señorías, y así lo señala, insistimos, autorizada doctrina, no es menor. Se crea una inseguridad tremenda en la comunidad jurídica y, en particular, en los tribunales de justicia, por la aplicación de una norma penal
sancionadora de conductas punibles en la que pueda cuestionarse en un futuro la proporcionalidad de las penas previstas para cada caso. Creemos que ha llegado el momento de corregir, de ejecutar esta sentencia del Tribunal Constitucional.
Nuestra iniciativa, se nos dirá, tiene, además, otra pretensión, y así lo reconozco. En ella se incluye la posibilidad de revisar el tipo contenido en el artículo 577 que nos parece que tipifica la gravedad de las conductas en función de su
propósito o finalidad, con lo que caeríamos en que la reprochabilidad viene dada dentro de lo que se ha dado en llamar el concepto de derecho penal de autor, derecho penal de enemigo, que no del ciudadano, que es lo que debe ser. Si hubiésemos
encontrado receptividad en el grupo mayoritario y en el propio Gobierno, mi formación política hubiera estado en la circunstancia de entender que podíamos prescindir en este momento de esta segunda parte de la iniciativa y circunscribirnos al
contenido material de lo que es la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional a la que nos referimos. Insisto, nos gustaría hacer un llamamiento al Partido Popular, por coherencia con lo hecho en el pasado -fue un Gobierno del Partido
Popular, fue el Partido Popular quien lo propuso, quien consideró que era una obligación el cumplimiento de la sentencia-, para que vote lo que ahora propone mi formación política. Por supuesto, el llamamiento al Gobierno y al Partido Socialista lo
es a la hora de evitar que mañana el titular en los medios de comunicación no vaya a ser el de que el Grupo Socialista, el Gobierno sostenido por el Partido Socialista, no se atreve a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Grupo Mixto. Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo para señalar nuestro voto favorable a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, presentada por la señora Uría, con relación a las dos peticiones que se realizan en esta proposición. Es evidente que poco hay que
decir respecto a la primera, más allá del recordatorio que ha hecho la señora Uría con relación a la razón, el origen o la causa de esta solicitud. Es bien conocida la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1999, que tuvo votos
particulares, ciertamente, pero que señalaba la necesidad de adecuar determinados preceptos del antiguo Código Penal, por ende, del actual Código Penal, con relación al criterio y principio de proporcionalidad.
Esta cuestión fue recogida y el año
1999 se presentó por parte del Gobierno en aquel momento un proyecto de ley solicitando simplemente la adecuación del tipo penal a los requisitos que establecía la propia sentencia del Tribunal Constitucional; es decir, que lo que se pide es lo que
ya en su momento se procedió a realizar, al menos, en su primera fase.
Se procedió incluso al trámite de enmiendas en el cual determinados grupos parlamentarios, entre los que me incluyo, presentamos enmiendas a distintas formulaciones de ese artículo, pero no llegó a buen término y realmente el trabajo queda
pendiente. Por eso nos parecería francamente curioso y poco razonable que en este momento, ante una cuestión que sigue pendiente, como señalaba la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que ha generado determinados problemas respecto a la certeza
jurídica de la situación, no se retomaran cuestiones que aparentemente no tienen ningún tipo de dificultad más allá de la diferente posición que cada uno pueda tener respecto a una sentencia judicial.
También compartimos la segunda parte de la petición, entendiendo que procedería revisar la definición de este artículo 576 del Código Penal.
Por tanto, en esas dos peticiones vamos a votar favorablemente porque nos parece razonable lo que
se demanda, más allá de que es algo que ya se había empezado a realizar.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señora Lasagabaster.
Izquierda Unida. Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco con respecto a la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional con relación
a la colaboración con banda armada.
Un aspecto que ha planteado el Tribunal Constitucional es que crea inseguridad jurídica, vulnera el principio de legalidad y también afecta a la proporcionalidad que debe de tener la regulación penal con respecto
a los delitos.
Señorías, esos son los argumentos y las razones para que el Tribunal Constitucional haya considerado el artículo 576 como abiertamente al margen de la Constitución y haya instado a la modificación legal consiguiente. Por tanto, señorías, no
se trata de interpretar la constitucionalidad de una norma; es decir, nosotros hoy aquí no nos erigimos en Tribunal Constitucional, aunque sea
muy frecuente en los últimos días que los grupos parlamentarios y las fuerzas políticas se erijan a sí mismas en Tribunal Constitucional y establezcan la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes al margen del propio Tribunal.
No es esa nuestra intención en el día de hoy.
Tampoco lo es posicionarnos con respecto a la política antiterrorista, porque si tuviéramos que hacer esto nosotros tendríamos que situarnos claramente frente a las leyes de excepción. Consideramos que
a la luz, por una parte, de su eficacia pero también de la democracia las leyes de excepción no son adecuadas; las leyes de derecho penal de autor, en nuestra opinión, ni son, por supuesto, más democráticas, no lo son, no defienden la democracia
con más eficacia, ni, por otra parte, profundizan en los derechos y libertades, sino al contrario. Por tanto, tampoco nos vamos a definir con respecto a la política antiterrorista donde es conocida nuestra oposición a las políticas antiterroristas
de excepción y al derecho penal de autor que tan profuso ha sido en los últimos años.
Nuestra posición tampoco va a estar determinada en este caso por el cambio de circunstancias, porque si no justificamos esa política de excepción en materia antiterrorista en circunstancias duras, tampoco justificamos la reducción de la
misma en circunstancias blandas. Para nosotros no es aceptable en ningún caso la política de excepción. Nos situamos únicamente ante la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco, que dice: aplíquese una sentencia del Tribunal Constitucional que
considera que una determinada norma excede lo que es la Constitución y, por tanto, sitúa a los ciudadanos en inseguridad jurídica, vulnera el principio de legalidad y afecta a principios constitucionales tan importantes como la proporcionalidad ante
los delitos. Frente a este iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco nosotros nos situamos claramente a favor de que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, independientemente de nuestra posición con respecto a la política
antiterrorista e independientemente también de las circunstancias, que es verdad que han cambiado en nuestro país y han cambiado, por suerte, para bien.
Por último, queremos mostrar nuestra satisfacción por los éxitos en la lucha policial y judicial contra el terrorismo -que continúan- y porque haya iniciativas políticas para promover el fin del terrorismo en nuestro país por parte de esta
Cámara y de otros ámbitos políticos e institucionales. En todo caso, nuestro grupo votará favorablemente la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que no ha sido aplicada hasta estos momentos. En la legislatura pasada se puso en
cuestión a más de una institución porque se decía que se resistía a aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional, incluso fue denunciada por esa supuesta resistencia a aplicarlas. Ahora sí nos encontramos ante una sentencia clara del Tribunal
Constitucional de 1999 que ha sido inaplicada por parte de las administraciones por razones políticas y nosotros creemos que esas razones políticas no deben tener lugar y que la sentencia debe aplicarse sin más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Llamazares.
Esquerra Republicana. Señor Cerdà, por favor.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias.
Señorías, nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, dará apoyo a esta iniciativa del Grupo o Vasco, en principio, porque en definitiva lo que está pidiendo es la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional y lo que no
entendemos es cómo ha tardado tanto en que llegue a esta Cámara. Y, después, porque nos parece de sentido común que en función de la gravedad de las conductas haya un reproche penal que sea ajustado y no un cajón de sastre donde todas las conductas
sean juzgadas de la misma forma, independientemente de cuales sean. Esta misma reforma ya se planteó en la VI Legislatura y después de todo el periplo parlamentario quedó desestimada justamente cuando había sido presentada en el Congreso. Como
digo, nos parece de sentido común que se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional y, por tanto, nosotros daremos nuestro apoyo a esta iniciativa del Grupo Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Cerdà.
Señor Jané. Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos manifestar con brevedad nuestro apoyo a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y defendida por su portavoz en la Comisión de
Justicia, doña Margarita Uría.
Estamos a favor de cumplir el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Existe una sentencia que, recordémoslo, se quería ya cumplir en anteriores legislaturas y es un tema pendiente que esta proposición no de ley dirige en
la buena dirección, en la dirección de la proporcionalidad, que es la que debe imperar siempre en el derecho penal y, por tanto, hay que realizar un mejor ajuste de estos delitos a partir de lo que se nos pide en esta proposición no de ley.
Sin alargar más el debate, quiero volver a manifestar la posición favorable de Convergència i Unió. Mi grupo parlamentario entiende que si finalmente se aprobara esta proposición no de ley nos exigiría a todos, con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, con el sentido de esa sentencia, nos obligaría a todos a modificar desde ese consenso estos delitos y claramente dar ese
sentido de proporcionalidad que el propio Tribunal Constitucional nos marcó.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Jané.
Grupo Popular. Señor Astarloa, por favor.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, vamos a votar en contra, como es natural, de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco por una numerosa serie de razones, que empiezan por una razón
jurídica, porque razones jurídicas son las que se han esgrimido básicamente en esta tribuna. A nosotros nos gustaría que quedasen claras dos cosas desde la perspectiva jurídica. La primera, que estas Cortes Generales no tienen pendiente de
cumplimiento ninguna sentencia del Tribunal Constitucional. Saben muy bien que aquí no se ha producido un recurso de inconstitucionalidad que haya declarado la inconstitucionalidad de unos preceptos; aquí se ha producido una sentencia ante un
recurso de amparo bien conocido, aquel que resolvió la condena penal de los miembros de la mesa de HB. En ese caso concreto, el Tribunal hizo una serie de consideraciones sobre la proporcionalidad de las penas establecidas en el Código Penal, no
así -lo sabe muy bien la señora Uría- sobre la tipificación de una conducta en términos amplios como la que ustedes en su momento cuestionaron en esta Cámara en relación con ese artículo. Por tanto, no digamos a la opinión pública que estamos
incumpliendo sentencias, no; el legislador, en su caso, tendría que valorar si desea o no la modificación del artículo del Código Penal. Pero le voy a decir más, este legislador ni lo ha deseado ni lo desea, entre otras cosas porque, bajo esos
argumentos jurídicos, de lo que estamos hablando no es, como se ha dicho en esta tribuna -y no estoy de acuerdo, como se puede imaginar-, de un derecho de excepción en modo alguno, sino del artículo del Código Penal que se dedica a la tipificación
de algo que para este legislador, que es el Grupo Popular en la parte que le toca, naturalmente que tiene que estar en el Código Penal, que es la colaboración con bandas armadas y organizaciones terroristas. Sus señorías están en su perfecto
derecho de plantearlo de otra manera, pero no están diciendo lo que es la verdad de las cosas. Quiero recordar que lo que se quiere diluir -espero que no eliminar- del Código Penal es que se condene entre cinco y diez años a personas que hacen
cosas como las siguientes: información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones a efectos terroristas; construcción, acondicionamiento, cesión, utilización de alojamientos o depósitos a fines terroristas; ocultación o traslado de personas
vinculadas a bandas armadas o apoyo de toda índole y de naturaleza económico-financiera a las organizaciones terroristas. Como se pueden imaginar, aquí no vamos a poner en cuestión las sentencias del Tribunal Constitucional, pero me reconocerán
que, como legisladores, estamos en el derecho de decir que estas conductas, con estas consecuencias, están bien en el Código Penal.
Añado que desde la sentencia ha llovido mucho y me alegro que algunos portavoces hayan subido a esta tribuna a decir que ha llovido bien, porque aquel Código de 1973 es hoy el Código de 1995, y el legislador de 1995 quiso decir lo mismo que
decía en 1973, y a día de hoy este legislador mayoritariamente sigue queriendo decir lo mismo. Además, SS.SS. saben que se han producido una serie de medidas que ustedes deploran y descalifican, pero que han sido máximamente efectivas para
propiciar lo que nosotros llamamos el camino de la derrota del terrorismo. Yo les he dicho en esta tribuna, señores del PNV, que es muy lamentable que ustedes persistan en la idea en la que ya estuvieron cuando otros aprobamos sin su ayuda estas
normas que se han demostrado eficaces para eso, que persistan hoy en que el buen camino es el de diluir las normas que nos hemos dado juntos para que el Estado de derecho triunfe contra el terrorismo. Y no solo es una equivocación, sino que además
es algo que los demás lamentamos profundamente, porque, como he repetido y repetiré, desearíamos que ustedes hubiesen estado y hoy siguiesen estando o volviesen a estar con todos los demás en que delitos como el de la colaboración con el terrorismo
en los términos que están sigan en el Código Penal. En la parte que nos toca, señora Uría, sepa que seguimos estando máximamente orgullosos de haber podido hacer con el Grupo Parlamentario Socialista todos los cambios legislativos que han llevado
al camino del triunfo del Estado de derecho sobre el terror.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Astarloa.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Cuesta, adelante.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en contra de esta iniciativa que fue defendida por el Grupo Parlamentario Vasco.
En estas materias no es bueno hacer bromas, pero hoy, después de escuchar las primeras palabras de la proponente y ponente del PNV, acabamos de descubrir una nueva categoría del derecho parlamentario: hay proposiciones de ley, proposiciones
no de ley y proposiciones de tanteo.
Parece ser que esa era la primera fundamentación de la proponente. Pero estamos ante una materia sobre la que nosotros no queremos tampoco hacer ninguna broma. El terrorismo es una amenaza real en España, el
terrorismo de ETA, el terrorismo de origen islámico, esta Cámara ha tenido la ocasión de proponer medidas de futuro también en la lucha contra el terrorismo internacional tipo Al Qaeda y la adopción de esas medidas requiere soluciones legales no de
excepción, sino soluciones legales de especial gravedad proporcionales y atemperadas a los hechos que nos ocupan.
Para nosotros sigue siendo una prioridad, como para la sociedad española, la lucha contra el terrorismo y desde ese punto de vista no nos parece que en estos momentos debamos afrontar ninguna reforma del Código Penal en una línea que además
no viene impuesta por ninguna jurisprudencia constitucional. Mi grupo tiene tres razones fundamentales para oponerse.
En primer lugar, de compromiso electoral y de programa. Nosotros expresamente nos hemos comprometido a no reformar el Código
Penal, sobre todo a partir de las últimas reformas del año 2000 y 2003 en lo concerniente a la lucha contra el terrorismo. Las votamos, fuimos partícipes, fuimos coautores y mantenemos el tenor de esa legislación, tal como está hoy en el Código
Penal. En segundo lugar, hemos convocado en el marco del décimo aniversario del Código Penal a una reflexión conjunta sobre la totalidad del Código Penal, no sobre aspectos parciales. En tercer lugar, quiero dejar muy claro que la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional no obliga a un redactado concreto, sino que, como muy bien indica la propia sentencia 136/99 del Tribunal Constitucional que fundamenta la proposición del Grupo Vasco: 'En casos como el que ahora nos ocupa es claro que
siempre entrará dentro de la libertad de configuración del legislador penal la elección de la técnica o la vía concretas para restaurar la vigencia del principio de proporcionalidad en la represión de las conductas delictivas aquí contempladas, sin
que a este Tribunal, como es lógico, corresponda especificar ninguna de ellas'. Se refería, efectivamente, al artículo 174.bis.a) del Código Penal, no al 576 del Código Penal vigente. Pero es que, además, como dice muy bien la sentencia y la
jurisprudencia del Constitucional: 'A diferencia de otros, el principio de proporcionalidad no aparece específicamente recogido en la Constitución ni puede ser invocado ante el Tribunal Constitucional de forma autónoma y aislada para analizar en
abstracto si una actuación de un poder público resulta desproporcionada o no. La desproporción aducida ha de afectar a derechos fundamentales y, eventualmente, a otros preceptos constitucionales'. Esto lo dice el propio Tribunal Constitucional en
1996. En el año 1996 también y en el año 1997 hay reiterada jurisprudencia constitucional que dejan claro que estamos ante una política de oportunidad del legislador.
Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario entiende que la oportunidad en la hora de hoy es mantener firmeza en la lucha contra el terrorismo, la oportunidad jurídica y política en el día de hoy es mantener en vigor y en aplicación
un ordenamiento que no está cuestionado por el Tribunal Constitucional, que ha demostrado su utilidad y que es un instrumento importante en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, la oportunidad hoy es defender el derecho vigente. No sería
explicable, señorías, que la única reforma que se quiera plantear en esta Cámara a la hora de revisar técnicamente el tenor de un Código Penal que se aprueba en su esencia fundamental en 1995, sea la referida a la abolición o a la rebaja penal...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: ...de aquellos delitos que implican colaboración con banda armada, colaboración con el terrorismo o aquellos delitos de estrago que persiguen vulnerar o tumbar el orden constitucional. Esa no puede ser la
prioridad ni de este momento ni la oportunidad de esta Cámara. Por estas razones mi grupo parlamentario se opone a esta proposición no de ley que, como decía al principio, más que una proposición no de ley es una nueva categoría del derecho
parlamentario, una proposición de tanteo que formulada en esos términos incurre, a mi juicio, en frivolidad.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Uría, dígame.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hablar al amparo del apartado 2º del artículo 72 para acallar las acusaciones de frivolidad que entiendo ha recibido esta diputada y también su formación política. Puesto que este precepto que he citado permite que se lea cualquier
documento que pueda aclarar la materia de que se trate, me gustaría que fuese leído un párrafo de la exposición de motivos del proyecto de ley que se presentó en esta Cámara por el Gobierno, proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal
en materia de delitos de terrorismo, y que está publicado en el Boletín Oficial de esta Cámara del día 29 de octubre de 1999. Estoy en condiciones de facilitarlo a la Secretaría, si es que hubiera presente algún secretario que pueda proceder a su
lectura en este momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted derecho a reclamarlo y así se hará. Por favor, facilítenos el texto para proceder a su lectura. Lo leerá el presidente que, como es sabido, está para todos. (Pausa.)
La lectura solicitada por la señora Uría dice así: La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1999, pronunciada en el recurso de amparo número 5.459/1997, obliga a revisar la configuración legal del delito de colaboración
con banda armada al objeto de ajustarla a la interpretación que del derecho constitucional a la legalidad penal desde la perspectiva del principio de proporcionalidad ha realizado el alto Tribunal.
Gracias. (El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
Dígame.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Simplemente para ilustrar a la Cámara.
¿Lo que acaba de leer se refiere a algún proyecto del actual Gobierno?
El señor PRESIDENTE: No, señor Cuesta. Como usted conoce perfectamente bien, porque es un veterano parlamentario, se trata simplemente de que aquí cualquier diputado puede solicitar de la Presidencia la lectura de los documentos que
creyera conveniente.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: ¿Podría indicarnos la fuente?
El señor PRESIDENTE: Sí. Se trata, como ha dicho la señora Uría, del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de delitos de terrorismo. Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE SANEAMIENTO DE CATALUÑA EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.
(Número de expediente 162/000205.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la deuda pendiente en concepto de financiación de las actuaciones del
plan de saneamiento de Cataluña en desarrollo del Plan nacional de saneamiento y depuración de las aguas residuales.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Como algunos diputados y especialmente alguna diputada sabe, esta proposición no de ley viene de lejos. Viene de lejos porque, como su nombre indica, se trata de una deuda que parte de la larga y penosa historia del Plan Hidrológico
Nacional. Asimismo, se trata de una historia triste porque el Plan Hidrológico Nacional expresa y representa algo que al fin y al cabo resultó ser un trágala del Gobierno anterior; una imposición a la hora de no pagar determinados recursos cuando
el Gobierno de turno no estaba por la labor.
Explicaré la historia de forma breve. El 12 de febrero de 1996, el Ministerio de Obras Públicas, liderado por José Borrell, y la Junta de Saneamiento de Cataluña formulaban un convenio cuya cláusula primera establecía que el coste de las
actuaciones del Plan de saneamiento de Cataluña incluidas dentro del Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales, pendiente de ejecución a 1 de enero de 1996, se fijaba en 127.747 millones de pesetas, de los cuales 40.000 millones
correspondían a la estación depuradora de aguas residuales del Baix Llobregat; estación que, por otro lado, era una obra de interés general.
Aquellas aportaciones nunca se cumplieron pero en convenios paulatinos, la Administración General del
Estado fue traspasando recursos: primero, 22 millones en el año 1998; después, 33 millones en 1999, para acabar con 32 millones en el año 2000.
¿Qué pasó en el año 2000? En ese año, sin lugar a dudas, algo cambió. Lo que cambió fue simplemente que el Govern de la Generalitat empezó a matizar su postura sobre el trasvase, sobre el Plan Hidrológico Nacional, cuando el Cepide dijo
que era necesaria la definición de caudal ecológico y cuando Cataluña empezó a matizar -simplemente a matizar- la política hidrológica del Partido Popular. Lo que hizo la Administración General del Estado, lo que hizo en su día el Ministerio de
Medio Ambiente, fue decir de forma muy clara y nítida: Si están ustedes con el Plan Hidrológico Nacional, tendrán los recursos a los que nosotros nos hemos obligado y nos hemos comprometido; si no, no los tendrán. Se aplicó, lamentablemente, la
política de: al enemigo ni agua; estás conmigo o te ahogo, en este caso no de agua sino económicamente.
Los argumentos fueron de lo más rebuscados. Solo hace falta analizar las diferentes demandas que se han presentado para ver cuáles fueron los argumentos de entonces. De lo primero de lo que se habló fue del sobrecoste, en este caso de la
depuradora del Baix Llobregat. El Estado argumentaba que había pagado 18 millones de euros de más, pero olvidaba en este caso que la depuradora del Baix Llobregat era una obra de interés general. Existía un convenio del año 1999 en el que se decía
claramente que del 15 por ciento de esas obras -podría haber sido incluso un cero por ciento- debía hacerse cargo la Generalitat y del 85 por ciento, el Gobierno del Estado. Pese a que el convenio era claro y diáfano, la Administración General del
Estado decía que no, que el sobrecoste era para la Generalitat; que el convenio no lo especificaba en ningún caso y que había esa distribución de cargas del 85 por ciento para el Estado y el 15 por ciento para el Govern de la Generalitat. Se
dieron nuevos argumentos. Se dijo -también se lo sacaron de la manga- que se tenían que descontar 11.000 millones de pesetas -casi 67 millones de euros- abonados por el Estado con cargo al Fondo de cohesión autonómica, olvidando que el fondo en
cuestión era un fondo de cohesión del Estado y que esa era la aportación que se había convenido. Pero no bastaban esos argumentos para olvidarse de algunos otros por el camino. Cabría recordar a estas alturas que las actuaciones ejecutadas en el
Plan de saneamiento de Cataluña -por la junta de saneamiento primero, por la ACA después- han supuesto un mayor coste de 174 millones de euros y que, de acuerdo con el convenio firmado en el año 1996, con un 25 por ciento de participación del
Estado, esto debería suponer que el Estado habría pagado 43,6 millones de euros de más. Podríamos decir también que la Administración General del Estado tuvo ingresos extras desde el
momento en que Bruselas se hizo cargo de ese IVA, aportando el IVA, permitiendo al Estado que tuviese un ingreso extra.
Podríamos decir también que nunca se actualizaron las anualidades de 1996.
Pese a estos argumentos sólidos, en aquel momento el Ministerio de Medio Ambiente del Partido Popular dijo que no pagaba aquello a lo que se había comprometido.
Ante esta situación y a estas alturas, cuando está claro que el Plan Hidrológico Nacional se ha quedado atrás, cuando está claro que es necesaria una política distinta en materia de agua, nuestro grupo parlamentario lo que viene a decir a esta
Cámara es que la respuesta no puede continuar siendo la misma. Demandamos del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español una respuesta distinta a la que practicó el Partido Popular.
Para concluir, señor presidente, lo que se practicó en la anterior etapa fue un trágala del Gobierno del Partido Popular que decía: estás conmigo y, si no, no te pago los recursos que te debo. Más de un año después es necesario poner los
cronómetros a cero y cumplir con la deuda pendiente.
Esta afirmación y este compromiso no es nuevo. Hace 11 meses, el 11 de noviembre de 2004, la ministra Cristina Narbona reconocía que el anterior Gobierno no pagó lo que tenía que pagar y explicó
que se negociaría la devolución de la suma pendiente durante un período de pago. Nuestro grupo parlamentario entiende que han pasado 11 meses y que es necesario ese compromiso. Está claro que el Gobierno del Partido Popular practicó esa terrible
política. Es necesario que hoy pasemos página...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente. Venía en La Vanguardia y también en otros periódicos. Es necesario que pasemos página en lo concreto.
Pedimos en esta proposición que se asuma esta deuda, que se reconozca económica y jurídicamente antes del 31 de diciembre de este año y que se dé carpetazo definitivo a una terrible consecuencia del Plan Hidrológico Nacional y de sus
chantajes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley que es una pequeña pero importante precisión sobre las medidas o mecanismos que hay que arbitrar para saldar esta deuda.
Adelanto que vamos a votar
favorablemente esta iniciativa por las razones que ahora explicaré.
La enmienda consiste en añadir a los obvios mecanismos financieros que hay que arbitrar los mecanismos jurídicos. Para ello voy a centrar la historia y el contexto muy rápidamente, porque en parte ya lo ha hecho el proponente de Izquierda
Verde Izquierda Unida. Quizá se ha olvidado decir, y me gustaría completarlo, que en febrero de 1995, con un gobierno socialista se aprobó un plan nacional de saneamiento de depuración de aguas residuales urbanas propiciado por el entonces
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que fue acordado con todas las comunidades autónomas que son las competentes en la materia. El Gobierno socialista ofrecía a todas las comunidades autónomas un impulso a la aplicación de
la directiva europea aprobada en 1991. Valga decir que este impulso no lo hemos visto durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Dicho plan establecía, entre otras cosas, que el Gobierno central aportaría el 25 por ciento del coste del
plan de saneamiento de cada comunidad autónoma, en cuyo porcentaje estarían incluidas las obras de interés general del Estado. También precisaba -y es importante para el tema que hoy tratamos- que dicha aportación se concretaría antes del año 2000
para aquellas comunidades autónomas que hubieran realizado ya un importante esfuerzo inversor acompañado del correspondiente esfuerzo fiscal. Este era precisamente el caso de Cataluña, puesto que -permítanme recordárselo a SS.SS.-en el año 1981, es
decir, hace 24 años, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad la creación de una junta de saneamiento y el establecimiento de una tasa o canon para financiar la inversión necesaria, no porque la sociedad catalana fuera más sensible al medio
ambiente que el resto de España, sino porque realmente el problema de la contaminación de los ríos en Cataluña era ya muy importante. Así pues, en desarrollo de este plan nacional aprobado en 1995 se firmaron sendos convenios. No voy a molestarles
con la relación de inversiones ni de las aportaciones de la Administración central que se fueron sucediendo, pero sí voy a resaltar que a partir de enero de 2002, cuando aún faltaban 92 millones y pico de euros, el Gobierno del PP decidió que la
deuda estaba saldada. Expuso razones que no resisten el mínimo análisis. Finalmente, ante este incumplimiento reiterado, el Gobierno de la Generalidad decidió iniciar los trámites de interposición de un recurso contencioso-administrativo. Con el
nuevo Gobierno socialista la Generalidad decidió pedir la suspensión de ese trámite jurídico para así poder iniciar las conversaciones, y se iniciaron, como ha dicho el proponente, en noviembre de 2004. Durante este año la Generalidad ha presentado
y ha justificado todos los documentos necesarios. Lo que debe quedar claro es que lo que nos resta por hacer ahora antes de fin de año es precisar el protocolo de actuaciones jurídicas y financieras que van a permitir, por una parte, retirar y dar
por desistido definitivamente el contencioso y, por otra parte, que esta deuda quede saldada en uno o dos años o el tiempo que se acuerde.
Déjenme, para terminar, poner de relieve que la razón última por la que hoy estamos aquí debatiendo esta proposición no de ley es la necesidad de cumplir un compromiso que el Partido Popular simplemente no cumplió. El Partido Popular nos
tiene acostumbrados a no cumplir convenios -este es un ejemplo, pero hay otros-, a no cumplir directivas -por ejemplo, la directiva de creación de mercados de derechos de emisión- y ni siquiera cumple sus propias leyes, como, por ejemplo, la
necesidad de tener los planes de sequía preparados. El Gobierno socialista, como no puede ser de otro modo, se caracteriza por todo lo contrario: cumple pactos, cumple directivas y cumple leyes. El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no
de ley con la enmienda que espero sea aceptada por el grupo proponente de la expresión jurídicos, porque nos parece importante para completar el tema.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Colldeforns.
Fijación de posición. (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Deseo expresar el voto favorable de mi grupo a la propuesta que hoy estamos debatiendo por razones elementales. La historia la ha contado el grupo proponente; es una historia muy sencilla y muy clara de entender, pero obliga lógicamente a
dar los pasos que el mismo grupo proponente hoy diseña en esta Cámara. La relación de los juegos interinstitucionales debería obligar no solo a hacer este tipo de cosas, sino a hacerlas rápido y con urgencia; mejor dicho, a nunca deshacer los
compromisos interinstitucionales. No obstante, si se ha dado en algún caso una ruptura de tales compromisos, es obligado por sentido común rehacer los caminos recorridos en mala dirección.
No sé si el grupo que trae hoy a la Cámara esta iniciativa va a aceptar o no la enmienda que propone el Grupo Socialista. Aceptándola o no, le voy a desear mucha suerte. Se la deseo recordando lo que a nosotros nos ha pasado con otro tipo
de compromisos interinstitucionales que también estaban establecidos. Me refiero al caso Prestige, porque hoy es el día en que no termina de aclararse ni de resolverse definitivamente. Nosotros apoyaremos su propuesta si usted acepta la enmienda.
La apoyaremos, pero insisto en que le va a hacer falta un poco de suerte además de la buena voluntad que nosotros tenemos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás Pahisa.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Es muy oportuna esta proposición no de ley porque estamos ya en presupuestos y porque pronto empezará un gran debate sobre competencias y financiación de competencias. Todos coincidimos en que la gestión financiera de la Agencia Catalana
del Agua no ha resultado demasiado afortunada en estos pasados años. El sistema de financiación arrastraba unos déficit de alrededor de 80 millones de euros anuales, partiendo de datos de 2003. El nuevo Gobierno de Cataluña ha heredado en el ACA
una deuda de 800 millones de euros. La nueva Directiva marco del agua, como SS.SS. bien saben, insta al principio de recuperación de costes; en un futuro inmediato deberemos habernos dotado de un sistema de financiación estable que grave al que
contamine y al que despilfarre agua y que globalmente suponga unos ingresos suficientes para el mantenimiento del sistema. Estarán de acuerdo conmigo en que en estos pasados años en los que se ha realizado el proceso de convergencia europea el
canon del agua resultaba claramente insuficiente para acometer un plan de saneamiento de aguas residuales urbanas. Llevar a cabo obras que garanticen la cohesión territorial y el acceso a determinados servicios en todo el territorio obliga,
lógicamente, a buscar financiaciones puntuales al margen de los tributos aplicados sobre la base real de la utilización del recurso. Este es el nuevo marco de trabajo.
El debate que hoy nos concierne está relacionado más bien con una cuestión de lealtad institucional. Si en este período de necesarias aportaciones de inversión el Estado adquiere unos compromisos con las diversas administraciones, éstas
deberían llevarse a cabo. Una cosa es coincidir en que la gestión financiera del ACA ha sido desafortunada y otra muy distinta es tolerar que se incumplan los compromisos institucionales. La deuda reconocida por parte del Estado, de más de 92
millones de euros, supone la mitad de las dotaciones de la Agencia Catalana del Agua en un período de un año. Si después de negociar convenios con la Administración central éstos no se cumplen, los responsables de gestionar los impuestos de los
ciudadanos, ¿qué deben decir? La respuesta es muy simple: Déjennos a nosotros gestionar nuestros impuestos y no nos hagan favores. Si el Estado se desentiende de su responsabilidad sobre una parte del territorio los ciudadanos se preguntarán:
¿Debemos seguir leales a este Estado? Creemos que el Estado debe dar una explicación a los ciudadanos de Cataluña, si es que estos son considerados ciudadanos de pleno derecho del Estado español; una explicación de por qué no se ha cumplido el
convenio, si alguien dio la orden de congelarlo, qué funcionarios bloquearon la tramitación y abrir un expediente. Es un caso grave de incumplimiento, y no queremos creer que el anterior Gobierno actuó de mala fe cuando tuvo siempre el apoyo del
partido que gobernaba entonces en Cataluña; simplemente queremos creer que ha sido un cúmulo de casos de incompetencia. Emplazamos al nuevo Gobierno a respetar los convenios y a controlar su cumplimiento, porque les recordamos que en el marco de
aprobación del real decreto que
modificaba el Plan Hidrológico Nacional se acordó que las obras alternativas al trasvase del Ebro deberían ser acometidas por la Administración competente, en este caso la Generalitat de Cataluña, con plenas garantías de financiación y
colaboración por parte del Estado.
Nuestro grupo compartió y apoyó en su momento que la Generalitat pudiese actuar con autonomía y competencias plenas en esta materia, siempre bajo este compromiso de financiación y apoyo, como no podía ser de otra
manera. Nos consta que se han firmado los pertinentes convenios para la redacción y ejecución de los diversos proyectos, pero hay ciertos detalles que nos causan cierta inquietud. Buena parte de los expedientes de contratación de estas obras o
proyectos, que son de una gran importancia estratégica, fueron iniciados por Acuamed y deberían haber sido enviados urgentemente a la Administración catalana para su continuación. Ese traspaso de información no se ha producido. Según una
información de hace dos semanas, ACA está esperando que Acuamed envíe los expedientes.
En la situación actual, con los embalses bajo mínimos, desde el 18 de junio hasta ahora es incomprensible que ACA no haya podido realizar un estudio informativo ni proyectos de ninguna de las alternativas propuestas. Entre las 16 obras
contempladas en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Cataluña existen obras de vital importancia para recuperar la calidad de las aguas del área metropolitana de Barcelona, como es la restauración de
las salinas del Llobregat. Ante la inminente aprobación de los presupuestos generales del próximo año, esperamos seguir manteniendo la confianza en la Administración central y en el Gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Convergència i Unió, señor Guinart. Adelante.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo presentó el 14 de junio de este año una proposición no de ley ante la Comisión de Medio Ambiente para instar al Gobierno a saldar la deuda contraída con la Generalitat de
Cataluña derivada de los acuerdos alcanzados por ambas administraciones en octubre de 1996 con relación al Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas, por un monto de más de 92 millones de euros. Ahora intervengo para fijar la posición de
nuestro grupo ante la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que tiene el mismo objetivo y pretensión que nuestra iniciativa y, lógicamente, nuestra posición no puede ser otra
que la de darle nuestro apoyo.
Cataluña fue, sin duda, pionera en la Península en el saneamiento de aguas residuales, sobre todo aquellas que se vertían al mar más que a los ríos al principio, especialmente por la necesidad de mantener una buena calidad de las aguas
litorales y sus playas como un elemento capital para nuestra oferta turística de calidad, exigida cada vez más por los estándares europeos. Es justo recordar aquí la intensa tarea desarrollada por el Consorci de la Costa Brava, formado por la
Diputación de Girona y 27 municipios del litoral, que hace ya casi 30 años, antes que la constitución de la junta de saneamiento que comentaba la señora Colldeforns, inició, en solitario al principio y más adelante con el apoyo de la Generalitat
como Administración actuante, la construcción de depuradoras a lo largo del litoral de Girona. Esta circunstancia que comentaba hace un momento de que Cataluña hubiera avanzado considerablemente con recursos propios en solitario en esas obras e
instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, motivó el acuerdo por el cual el Estado, y dentro de ese Plan de saneamiento nacional, debía contribuir a la financiación de parte de sus costes y que en 1996 se pactara una cantidad
para recuperar aquel equilibrio -se había producido desequilibrio-, cantidad que todavía no se ha satisfecho en su totalidad y de la cual siguen pendientes la nada despreciable cifra de 92 millones de euros que, como pueden imaginarse, afectaron en
su día y siguen afectando gravemente a la tesorería y a los flujos de caja de las finanzas catalanas.
Nuestro grupo ha reiterado en sucesivas ocasiones, en diversas gestiones, cuando era Gobierno en Cataluña con iniciativas parlamentarias y con enmiendas en los presupuestos del Estado desde 1999 en adelante, la necesidad y la obligación del
Estado de saldar dicha deuda y, a pesar de los cambios de Gobierno que se han sucedido en el Ejecutivo central y hasta la fecha, a pesar de las promesas, no se ha resuelto esta problemática. Nuestra obligación es seguir insistiendo y así lo haremos
ya sea con iniciativas propias, enmendando los presupuestos o dando apoyo a iniciativas de terceros que persigan el mismo fin, como es el caso. La insistencia de nuestro grupo junto con la de otros en la misma línea, hoy socios en el Gobierno
central, que son precisamente quienes gestionan esa materia en Cataluña y que hoy defienden con tanta vehemencia saldar esta deuda, no debería ser la causa principal de que el Ejecutivo central cumpla con su compromiso, su obligación de liquidar esa
deuda pendiente e incuestionable, aunque se pretendiera en el año 2002, como también se ha dicho. La motivación debería ser la buena conciencia de cumplir los compromisos, los acuerdos, los pactos entre el Estado central y las autonomías, el
respeto y la lealtad entre administraciones y la confianza necesaria que ese cumplimiento debería generar. Comprométase, pues, el Gobierno a saldar esta deuda; establezcan el mecanismo jurídico y financiero oportuno, como propone el Grupo
Parlamentario Socialista en su enmienda; fijen el plazo dentro de 2005, como se autoenmienda el grupo proponente, pero cumplan de una vez por todas. Hagan caso, en definitiva, al refranero catalán que dice: quien paga descansa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Herrera ha propuesto que esta Cámara inste al Gobierno de la nación a que se otorguen los recursos financieros necesarios con el fin de que éste pague a la Generalidad de Cataluña lo que, en opinión del señor Herrera -y ha
sido prolijo en su exposición-, es una deuda pendiente debida a la financiación de actuaciones derivadas de un convenio firmado en el año 1996 entre ambas administraciones. Señoría, he de decirle que su defensa ha estado trufada de ideas
preconcebidas tanto a favor de una de las administraciones implicadas en este convenio como en contra de la otra. Lo que se pretende -y no creo que es ajeno a ello que estemos comenzando el trámite de discusión presupuestaria- y lo que se ha
conseguido -porque existía un recurso contencioso-administrativo presentado ante la Audiencia Nacional- es un allanamiento del Gobierno de la nación. Se ha conseguido que el Gobierno de la nación haga una sumisión expresa a una pretensión planteada
en su contra, abandonando, en consecuencia, toda posición de defensa posible de los derechos involucrados.
Señor Herrera, no voy a entrar en su detalle porque creo que responde a un pacto de carácter presupuestario que ustedes tienen con el Partido Socialista y me parece absolutamente innecesario, pero lo cierto es que usted ha hablado en unos
términos muy preocupantes. Usted ha hablado de confrontación; usted ha hablado de enemigos; usted ha hablado de que al enemigo ni agua. Señoría, habrá observado que yo hablo del Gobierno de nación y el Gobierno de la nación es el Gobierno de
todos y el Gobierno de la nación defiende legítimamente el interés general, el interés general de los españoles y, por lo tanto, de los catalanes. Como hablamos del Gobierno de la nación, hablamos de España y, por lo tanto, hablamos de la defensa
de los intereses de todos. Yo me pregunto: ¿Quieren convertir realmente a esta Cámara en una institución en la que se diluciden los conflictos jurisdiccionales? ¿Se ha convertido en función de esta Cámara dirimir los conflictos jurisdiccionales
porque se necesitan los votos de quienes quieren ganar en el Congreso lo que temían perder ante los tribunales de justicia? ¿Esa ha sido la causa del allanamiento, que quieren defender en el Congreso de los Diputados lo que temían perder ante los
tribunales de justicia?
Señorías, cuando hay un conflicto institucional sobre la interpretación de un convenio -y hay muchos, o ¿es qué es la única situación que se produce, señor Herrera?, ¿usted conoce la conflictividad que hay, por ejemplo, entre el
Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña?- y fallan aquellos mecanismos establecidos de resolución, lo que se hace es acudir a la vía contencioso-administrativa, llegando incluso a las más altas instancias, si es necesario al Tribunal
Constitucional. Señorías, ustedes lo saben, en un Estado de Derecho a quien corresponde decir quien tiene o no razón en la interpretación de un convenio entre dos administraciones no es a las cámaras legislativas, no es al Congreso de los
Diputados, no es a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, por ejemplo, por la conflictividad enorme que tienen los ayuntamientos catalanes con la Generalitat de Catalunya; no corresponde a estas cámaras, señorías, a pesar de
haberse producido este allanamiento, como digo, por parte del Gobierno de la nación.
Permítame, señor Herrera, en otro orden de cosas, le aseguro que no lo hubiera hecho si no hubiera sido por el panegírico, quizá para dar más lustre a su intervención, también lo ha hecho la señora Colldeforns, respecto a las políticas
desarrolladas por el tripartito. No porque se haya ignorado en su intervención debe ser desconocido en esta Cámara que el Gobierno tripartito ha sacado 422 obras del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales de Cataluña. Es una cantidad tan
alarmante, tan llamativa que ustedes podrían pensar que esta diputada se equivoca.
El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino en medio segundo, señoría.
Lo que ha habido es una disminución en un 20 por ciento de las inversiones. Esta es la gestión del tripartito, esta es la gestión de Iniciativa per Catalunya, del Conseller Milà desde el Gobierno de la Generalitat. Sin embargo, el
tripartito es un Gobierno imaginativo y utiliza la incompetencia política y la debilidad parlamentaria de su grupo, señora Colldeforns, frente a la necesidad de aprobar unos presupuestos, precisamente para que el Gobierno de la nación, sucesor
jurídico de los anteriores gobiernos en la defensa de los intereses de todos, haya abandonado esta defensa de los intereses generales de todos.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a aceptar la autoenmienda que hemos hecho y aceptamos la del Grupo Socialista, en el marco de lo que la señora Nadal decía como un fracaso y que en Cataluña supone una disminución en el consumo del agua del 5
por ciento, mientras en Madrid un 5 por ciento más.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, lo siento, es turno de aceptación o rechazo, nada más, si no se reabre el debate.
Gracias, señor Herrera.
Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley, pero antes quisiera saludar, en nombre de la Cámara, a la delegación del Parlamento húngaro que está aquí con nosotros y al señor Gábor Világosi.
Bienvenidos. (Aplausos.)
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco por la que se insta a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 33; en contra, 272.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la deuda pendiente en concepto de financiación de las actuaciones del Plan de Saneamiento de Cataluña en
desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales, con la enmienda de sustitución del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 176; en contra, 128; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds con la enmienda que ha sido presentada por el grupo proponente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA CREACIÓN DE JUZGADOS Y FISCALES ESPECÍFICOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. (Número de expediente 173/000091.)
El señor PRESIDENTE: Mociones.
En primer lugar del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra la señora Barkos. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, un miembro de esta Cámara está intentando hacer uso de la palabra para defender una moción presentada. Les rogaría a quienes desean abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente y en
silencio, por favor.
Adelante, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace ahora tres meses se ponían en marcha los títulos IV y V de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género. Tres meses de funcionamiento de las medidas penales y judiciales que nos dejan ya un primer balance: el
número de juzgados exclusivos, dedicados de manera exclusiva a estos asuntos, es insuficiente. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las voces autorizadas en la materia. Lo dijo el ministro el pasado miércoles durante la interpelación que da origen a
esta moción. En este punto tengo que decir que habíamos previsto que el ministro nos hubiera dicho mucho más en torno a la cuestión, pero al menos dijo esto: en tan solo tres meses de funcionamiento de las medidas penales y judiciales frente a la
violencia de género, el Consejo General del Poder Judicial ha informado ya sobre la necesidad de ampliar el número de juzgados exclusivos en Barcelona y en Madrid. Y así se ha hecho. También ha evaluado el Consejo la necesidad de aumentar el
número de estos juzgados en Valencia y en Sevilla. Anunció aquí el ministro que se haría próximamente. En tan solo tres meses. Y también informaba el Consejo sobre la necesidad de reforzar los ya existentes en Alicante, en Palma de Mallorca y en
Granada. Lo dicho, esto tan solo en tres meses. ¿Qué ocurre? Que este balance se produce allí y solo allí donde existen juzgados exclusivos para tratar casos de violencia de género. ¿Qué ocurre en el resto de las ciudades? ¿Qué ocurre donde los
juzgados no son exclusivos? ¿Qué ocurre donde la especificidad para tratar estos asuntos recae sobre los juzgados de primera instancia? Pues, ocurre que la saturación no está constatada por el órgano pertinente, en este caso el Consejo General del
Poder Judicial, y, por tanto, como la saturación no está constatada, la saturación no consta. Este hecho nos preocupa enormemente porque está suponiendo ya en estos momentos, tres meses después, un entorpecimiento en el cumplimiento de la ley; un
entorpecimiento que se produce, además, en el ámbito de la justicia; un entorpecimiento que no es otra cosa que no dar respuesta con la celeridad debida a las necesidades de las mujeres que sufren este tipo de violencia. ¿Con qué nos vamos a
encontrar, y lo decíamos ya el pasado miércoles? Con que va a volver a recurrirse a la vía ordinaria en la búsqueda, muy comprensible por otra parte, de soluciones rápidas. Pero a estas alturas todos sabemos que ni la separación, ni el divorcio
son, en modo alguno, una respuesta a la violencia de género. Así pues, es evidente la necesidad de acometer con urgencia la creación de juzgados exclusivos capaces de responder con la rapidez que necesita el problema a los casos de violencia de
género.
El ministro nos respondía el pasado miércoles que no podemos vulnerar, ni transgredir los protocolos que la propia ley, la 1/2004, nos marca para la creación de juzgados exclusivos. Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que no estamos
dispuestos a asumir, desde luego no esta diputada, y éste es el peligro que observamos en estos momentos, es que los protocolos marcados por la ley sean finalmente una rémora en la búsqueda de la mayor efectividad, y en esto creo que todos somos
absolutamente radicales (entiéndase en cualquier caso el término en su coherencia y bondad intelectual), radicales en la búsqueda de la mayor efectividad a la hora de responder penal y judicialmente a los casos de violencia de género, que pasa por
responder con rapidez. Para ello hay que dotar de medios al ámbito judicial, medios que, según marca el desarrollo de la propia ley, son los juzgados exclusivos. No queremos entrar en la polémica creada antes y durante la gestación de la ley de si
esta es la herramienta adecuada o no en términos absolutamente jurídicos, lo cierto es que a día de hoy esta es la herramienta y a día de hoy es una herramienta en número insuficiente para responder a la necesidad.
¿Cómo dar un nuevo impulso a esta necesidad, cómo solucionar esta insuficiencia detectada hoy? Hable el ministerio -es lo que le propusimos y es lo que proponemos hoy- con aquellas instancias institucionales que, sin vulnerar el protocolo
preceptivo, sí pueden aportar datos reales sobre la necesidad de creación de juzgados exclusivos.
¿Para cuándo la creación de juzgados exclusivos? Para el próximo año, de tal modo que en este momento, a principios de octubre de 2005, tanto la Administración central como las administraciones autonómicas concernidas puedan evaluar el
impacto económico que esta medida supondrá en sus gastos para el próximo año. En definitiva, que en términos presupuestarios también estamos ahora a tiempo.
En este sentido quiero decir que la única enmienda presentada a la moción de Nafarroa Bai, y quiero ser algo más que antropológicamente optimista observando este dato, es toda una tentación. Me refiero a la enmienda presentada por el Grupo
Popular que fija todavía más de lo que propone la moción en torno a los límites temporales para la creación de estos juzgados. Yo tengo que reconocer, y por eso hablaba de tentación, que esta enmienda es tentadora porque tiene la virtud de retratar
intenciones, y en ese sentido me parece absolutamente acertada, pero tiene un peligro, que es el de desvirtuar el debate de lo que pretende esta moción. ¿Y qué pretende esta moción? Más allá de apreciaciones en torno a la posibilidad de mayores
ambiciones, lo cierto es que lo que pretende es impulsar de forma definitiva la vía penal y judicial de la ley incluyendo nuevos actores; nos parece que es el momento. Al reconocimiento del papel preceptivo del Consejo General del Poder Judicial
debe añadirse, a nuestro entender, un diálogo inmediato con las comunidades autónomas, y aquí no hago sino recoger también la filosofía del propio Gobierno cuando en una respuesta parlamentaria afirmaba que se procederá a la creación de juzgados de
violencia sobre la mujer exclusivos dentro de la programación anual correspondiente y siempre que lo soliciten las comunidades autónomas. Mayo de 2005, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Como digo, respuesta oficial del Gobierno
que nos parece más que preceptivo recoger en estos momentos. Es el propio Gobierno el que marca esta necesidad. Hágase, háblese con las comunidades autónomas, es lo que hoy estamos proponiendo.
Pero además hay otro actor, en este caso la Fiscalía General del Estado, máxima responsable de otra de las herramientas fundamentales para el buen funcionamiento de esta ley, la existencia de fiscales específicos.
Entendemos que es otro de
los actores, como digo, que deben participar de manera activa en esta labor, y este es el tercer punto de la moción y esta es la explicación. Por tanto, diálogo con la fiscalía y con las comunidades autónomas. Vuelvo a relatar aquel caso, a modo
de ejemplo, no de otra cosa, que esta diputada mejor conoce, el de la Comunidad Foral de Navarra, en la que el Tribunal Superior de Justicia reclama desde el pasado mes de abril y con datos en la mano la creación de un juzgado exclusivo. También el
Parlamento Foral lo hizo el pasado mes de mayo con resolución que instaba al ministerio a la creación de un juzgado exclusivo, y esta es una resolución que queremos trasladar hoy aquí.
Además, hablan los datos: más de 500 denuncias en el primer
semestre del año -hablamos, téngase muy en cuenta, de una comunidad con medio millón de habitantes-, y con un porcentaje del 75 por ciento de evolución efectiva de estas denuncias. Quede bien claro que éste no es sino un ejemplo, un caso
perfectamente trasladable, y nos consta, a otras tantas comunidades autónomas.
Termino, señora presidenta, solicitando el voto de los grupos de la Cámara para una moción cuyo cumplimiento sólo puede redundar en el mejor desarrollo de la ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos, muchas gracias.
Pasamos, señorías, a la defensa de la enmienda que ha sido presentada a esta moción por el Grupo Parlamentario Popular, y que va a defender en su nombre la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar, señorías, manifestando que desde el Grupo Popular estamos absolutamente de acuerdo con la idoneidad de la moción de Nafarroa Bai y con el contenido de la misma. Los juzgados de violencia sobre la mujer han sido uno de los
instrumentos más cuestionados de la ley sobre la violencia a pesar de que, como mantuvo la señora Barkos durante la interpelación, sean un puntal básico en la eficacia de la ley para que la vía penal pueda ser efectiva. La ley sobre la violencia
fundamenta gran
parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a través de la creación de estos juzgados, por lo que nosotros esperábamos un mayor esfuerzo por parte del Gobierno que, de momento, no hemos visto.
Desde el Grupo Popular mantuvimos desde el principio nuestra cautela sobre la idoneidad de la creación de estos juzgados y trasladamos al Gobierno las reiteradas advertencias de los responsables de la judicatura, de los funcionarios, de los
sindicatos y de todas las instancias competentes que alertaban de las deficiencias que podrían traer una errónea planificación de estos instrumentos, pero el talante del Gobierno Socialista hizo oídos sordos ante los repetidos consejos y tres meses
después de la entrada en vigor de los juzgados vemos que los peores augurios se han convertido en una preocupante realidad. Tras tres meses de funcionamiento, los juzgados de violencia sobre la mujer están saturados, cuando no, colapsados, a pesar,
y hay que decirlo, de la profesionalidad de sus trabajadores y de las jornadas maratonianas que padecen. Y es que cada día acuden a estos juzgados entre cinco y siete víctimas de malos tratos, casi siete mil asuntos en los dos primeros meses, algo
insostenible para todos ellos.
Por otra parte, los juzgados mixtos, como decía la señora Barkos, se han demostrado ineficaces, inútiles y, es más, perjudiciales para las víctimas. Están saturados, sobrepasados y se están suspendiendo centenares de
juicios ordinarios con el consiguiente daño para los afectados. Por todo ello, desde el Grupo Popular hemos presentado una enmienda con la que pretendemos, respetando la filosofía y el espíritu de la moción, concretar un poco y acotar el plazo
temporal para la creación de estos juzgados necesarios.
Señora Barkos, entiendo lo que usted ha intentado decirnos en su exposición, entiendo su postura, pero no es menos cierto que desde el Grupo Popular no nos fiamos de que el Gobierno vuelva con un brindis al sol y siga sin tomarse en serio
cuestiones tan importantes como esta.
Desde luego estos juzgados deberán contar con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y con la necesaria coordinación con las comunidades autónomas, coordinación y diálogo que han sido
insuficientes, yo diría que casi inexistentes, hasta el momento. El ministro de Justicia se atrevió a afirmar, y así consta en el 'Diario de Sesiones', que se habían intensificado las reuniones con la Conferencia sectorial de Justicia, cuando él
sabe y todos nosotros sabemos que no es cierto, que no ha habido ni una sola reunión de la Conferencia sectorial de Justicia y que ha habido dos reuniones, en abril y en junio, de la Comisión técnica para dar instrucciones técnicas para la puesta en
marcha de estos juzgados. El ministro ni se ha sentado ni ha escuchado a los consejeros de las comunidades autónomas. También decía el ministro que se está esperando a que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie.
El Consejo se
pronunció y realizó el informe pertinente respecto al proyecto de ley, donde se manifestaban ya los defectos técnicos en el diseño de los juzgados, pero entonces la prepotencia del Gobierno no les dejó ver lo acertado de las advertencias. Se han
seguido pronunciando y han pedido que el Gobierno elabore un plan de actuación urgente para solucionar la saturación de los juzgados, aunque el ministro sigue sin querer escucharles. También se ha pronunciado la Comisión Nacional de Jueces Decanos,
que hace una valoración negativa de los juzgados y advierten de la necesidad de refuerzo, refuerzo que hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario Popular a través de una batería de proposiciones no de ley para la instauración de los juzgados allí
donde sean necesarios.
Lo más chocante, señorías, es que el propio Grupo Socialista, con sus socios del tripartito, ha presentado hace solo unos días una proposición no de ley para mejorar la planta de los juzgados de violencia, reconociendo la más que evidente
insuficiencia de los mismos. Por tanto, hoy esperamos que por coherencia apoye la iniciativa de la señora Barkos.
El Gobierno, además, ha revelado una improvisación manifiesta que ha perjudicado de forma considerable a las mujeres víctimas de
violencia, que están sufriendo la política de precariedad de este Gobierno. No entendemos que el Gobierno del diálogo desoiga los anuncios y las advertencias y que su falta de previsión provoque la indefensión por la que están atravesando las
mujeres, que siguen sufriendo retrasos injustificados y tienen que soportar largas horas junto con sus agresores ante la falta de salas específicas para ellas, porque estos juzgados evidencian una clara deficiencia de medios materiales y humanos y
de las mínimas infraestructuras necesarias. La dejadez del Gobierno se vuelve a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado para 2006, donde las partidas dedicadas a violencia son ridículas, casi inexistentes.
Los juzgados de violencia sobre la mujer han nacido sin una tramitación serena, son fruto de una legislación alocada, llena de lagunas, carente de rigor jurídico y de presupuesto que la respalde. Señorías, estoy leyendo literalmente las
palabras de los funcionarios de la Administración de justicia, que evidentemente nosotros compartimos, y que solo con medidas positivas, contundentes y concretas como la que recoge esta iniciativa podremos solventar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora Camarero, por favor.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino, señora presidenta.
Por eso es importante conocer hoy cuál es la postura del Gobierno, sobre todo del grupo parlamentario que le respalda, porque si una vez más dan la espalda a iniciativas como esta mostrarán su desprecio a las víctimas y la falta de interés
por que estos instrumentos puedan ser realmente eficaces.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Camarero.
Continuamos con la fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que nos ha presentado la portavoz del Grupo Mixto, de Nafarroa Bai, la señora Barkos. En Canarias hay un alto grado de sensibilidad en la sociedad ante la lucha contra la violencia de
género, pues lamentablemente aparecemos muchas veces en las noticias luctuosas sobre este tipo de violencia; la última, esta semana. Por eso, apoyamos toda medida y toda iniciativa que venga a reforzar y a incentivar los protocolos. El señor
ministro ha hablado de someterse a un procedimiento temporal y reglado, pero la violencia de género no admite reloj a larga distancia. Hay que adelantarse a los acontecimientos y tener la máxima cobertura posible en todos los órdenes: judicial,
policial, social y asistencial. Nuestro grupo se compromete a apoyar todo aquello que signifique un impulso. Asimismo, esperamos que en la próxima comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial para presentar la memoria
anual se le exija un pronunciamiento sobre la dotación de estos juzgados específicos de violencia de género.
También nos parece muy acertada la segunda propuesta que trae esta iniciativa, porque esto, sin un convenio con las comunidades autónomas, es de difícil implantación. El grado de sensibilidad que pueda tener cualquier formación política
tiene que materializarse tanto en los compromisos del Ministerio de Justicia como del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas. Por tanto, estimular al Gobierno a entablar conversaciones con las comunidades autónomas lo más
rápidamente posible para evaluar las necesidades nos parece de sentido común y de lógica.
Por todo ello, sin abundar en más argumentos, porque todos están de acuerdo con esta iniciativa, mi grupo va a votarla favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde tiene la palabra Tiene la señora García Suárez. (Pausa.)
¿No está la señora García Suárez? (Pausa.)
Entiendo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde no fija posición.
Continuamos con el señor Olabarría.
Adelante señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
No voy a reproducir los argumentos de la señora Barkos, porque ella los ha expuesto con una lucidez no digna de mejor causa, sino digna de esta causa, que es perfectamente legítima y justa. Existen todos los pronunciamientos favorables para
la creación de estos juzgados que ella reclama en su pedimento y existe la convalidación positiva del Consejo General del Poder Judicial, el más pertinente quizás el del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra. Estamos ante
un problema grave, que debe ser resuelto mediante la creación de un juzgado, que no es particularmente complicada. Uno tiene cierta experiencia en el ámbito de la Administración de la justicia, sabe cómo se crea un juzgado y no es algo
particularmente gravoso ni complicado. Basta la reunión de dos comisiones, una comisión bipartita, constituida por miembros del Consejo General del Poder Judicial y miembros del Ministerio de Justicia, que determinan las necesidades en el ámbito de
la pendencia y de la litigiosidad que hay que atender, sobre todo cuando la litigiosidad hace referencia a fenómenos criminales particularmente deleznables, como el que se pretende afrontar a través de este juzgado, y el acuerdo de otra comisión
mixta, esta de naturaleza tripartita, porque un juzgado no solo está configurado por jueces y secretarios, sino también por personal al servicio de la justicia, al que se tendría que incorporar la Administración Foral de Navarra, que tiene
competencias en materia de personal de naturaleza exclusiva y que tendría que proporcionar este personal. Yo creo que existen razones objetivas perfectamente acreditadas por la señora Barkos para que estas comisiones adopten las decisiones
pertinentes para la creación de esos juzgados; la fenomenología criminal que hay que abordar está perfectamente acreditada en su dimensión cuantitativa y cualitativa; el Consejo General del Poder Judicial, secularmente renuente a la
especialización, sin embargo, es muy entusiasta de la especialización en relación con determinados fenómenos delictivos como este en concreto, y desde esta perspectiva, con datos y pronunciamientos favorables y con una intervención tan brillante
como la de la señora Barkos, señora presidenta, mi grupo parlamentario se ve en la tesitura, entre otras cosas por la vinculación también partidaria en cuartas partes al grupo que ella representa, de votar que sí de forma entusiasta a esta propuesta
tan bien defendida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchísimas gracias.
Señor Cerdà, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, presidenta.
Procuraré ser más breve que mi compañero Olabarría. Mi grupo va a dar apoyo a esta iniciativa de Nafarroa Bai porque considera que este tipo de problemáticas son siempre acuciantes y crean mucha alarma social. Tal y como está redactada,
compartimos los puntos referidos a dar un impulso definitivo al reforzamiento de la planta de los juzgados exclusivos de violencia de género, también que se inicien de inmediato las conversaciones con
las comunidades autónomas para evaluar las necesidades reales en estos juzgados exclusivos, así como que se traslade al fiscal general la necesidad de incrementar el número de fiscales especializados en violencia de género.
El Grupo Socialista, Esquerra Republicana y el Grupo de Izquierda Unida hemos presentado una proposición no de ley en la misma dirección, pero, vista esta moción, que nos parece completa, seguramente optaremos -ahora lo hablaremos- por
retirarla porque en cualquier caso queda más corta que la iniciativa que ahora nos presenta la señora Barkos, de Nafarroa Bai.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Cerdá.
Señora Pigem, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Desde Convergència i Unió queremos agradecer al grupo proponente esta interpelación y la moción que, más allá de la situación concreta de Navarra, nos permite realizar una serie de consideraciones generales acerca de los juzgados de
violencia contra las mujeres. En primer lugar, compartimos con el grupo de la señora Barkos la necesidad de que los juzgados de violencia de género existan, se creen, se sigan creando y funcionen correctamente. Ustedes recordarán que mi grupo no
era partidario de estos juzgados, ni de los específicos ni de los exclusivos.
Considerábamos que el tratamiento eficaz de esta materia se llevaba mejor a la práctica con la instrucción penal, por un lado, en los temas penales, y por la resolución
de las crisis matrimoniales en los juzgados de familia o en los juzgados de primera instancia, eso sí, bien coordinados por una fiscalía especializada. No obstante, votamos favorablemente la ley en su totalidad -no podía ser de otra manera-. Por
tanto, la primera consideración es que compartimos su preocupación por que estos juzgados realmente sean una herramienta que ha de ser eficaz en la protección de las mujeres.
La segunda consideración es que nos hubiera gustado una mayor concreción y explicitación de la voluntad del Gobierno para proceder a crear los juzgados exclusivos que fueran necesarios. Coincidimos también con cuanto usted ha explicado
desde la tribuna. Evidentemente, la creación no puede estar anclada en el vacío, se ha de sustentar en unas necesidades avaladas por una serie de datos, pero nos dio la sensación de que se difería demasiado a los datos del Consejo General del Poder
Judicial -poco escuchado, por otra parte, en otras cuestiones- y sinceramente nos hubiera gustado una mayor concreción de la voluntad del Gobierno.
En tercer lugar, como dijo el propio ministro, no hay datos suficientes.
Tenemos los datos del Consejo General del Poder Judicial a 31 de agosto de 2005 -dos meses después de la entrada en vigor- únicamente de los juzgados exclusivos, no de
los específicos. Si ligamos esto con lo anterior, va a ser muy difícil porque no disponemos de datos que permitan sustentar la necesidad de creación de nuevos juzgados. Con ello quiero dejar constancia de la necesidad de contar con datos.
Esta cuestión enlaza con otra consideración y es que hay una opinión generalizada, expresada sin ir más lejos en las jornadas de jueces decanos que han tenido lugar los pasados días, de que los juzgados mixtos, es decir, los no exclusivos,
se colapsan de tal manera con los temas de violencia de género que las otras causas están siendo forzosamente postergadas. Por este motivo ellos apuntan a una solución que nos parece interesante, como es la de que se contemple la posibilidad de
crear juzgados exclusivos que agrupen distintos partidos judiciales.
Esto es algo previsto legalmente y, como digo, nos parece una solución digna de ser tenida en cuenta.
Por último, hay otro dato que quisiera poner sobre la mesa, como es la llamativa escasez de asuntos civiles que se tramitan en los juzgados exclusivos. Vuelvo a hacer referencia a los datos del Consejo General del Poder Judicial y cito un
par por no aburrirles. Por ejemplo, Palma de Mallorca: diligencias previas, 408, versus asuntos civiles únicamente cinco. Barcelona 1: diligencias previas -no sumo las urgentes, etcétera-, 216; asuntos civiles, dos. Creo que estos datos son
llamativos y en este punto hay que averiguar qué es lo que está pasando con esa vertiente civil tanto en lo relativo a medidas civiles en las órdenes de protección como de tramitación de asuntos civiles. En definitiva, podría alargarme en este
asunto pero el tiempo de posicionamiento en la moción no me lo permite.
Por lo que se refiere al texto de la moción, quiero ponderar el punto número 2. Creo que estas conversaciones pueden ser importantes para evaluar las necesidades de creación de juzgados exclusivos de violencia de género. Se ha aludido a la
necesidad de datos previos. Pues bien, que sepamos, tampoco existe una evaluación separada de cuántos asuntos mercantiles se llevan en los juzgados mixtos, y en el proyecto de real decreto por el que se completa la programación de juzgados para el
año 2005 justamente se prevé la creación de un juzgado de lo mercantil en Pamplona. Por tanto, esto es fruto de estas conversaciones y creemos que este es un punto realmente importante de la moción.
Señora Barkos, en cuanto al resto no nos parece que se trate de un mandato al Gobierno ni que implique un compromiso muy específico, pero ya le anuncio el voto positivo de nuestro grupo parlamentario porque de esta manera queremos sumarnos a
la voluntad de aquellos grupos que quieren que esta importantísima ley tenga un óptimo funcionamiento por el bien de todos y en especial de las mujeres que padecen violencia.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Pigem.
Finalizamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre lo va a hacer don Julio Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, queremos reconocer la buena oportunidad política de la presentación de la interpelación y de la moción consecuencia de la misma y, por qué no decirlo, agradecer a doña Uxue la propia redacción y el contenido de la
moción, que hace, cómo no, que tengamos que apoyarla porque lo que pretende es impulsar el cumplimiento de la ley, lo que pretende es empujar al Gobierno para que este sea uno de los instrumentos importantes de la magnífica Ley orgánica integral
contra la violencia de género, y sostengo este aspecto con independencia de que la misma sea mejorable... (Risas.) Debe hacer mucha gracia a la bancada de la derecha, pero es algo habitual. Como digo, le reconozco la oportunidad y el buen
contenido, así como el esfuerzo que ha hecho, seguro, para buscar el apoyo del conjunto de la Cámara a la hora de mejorar -entre comillas- esta redacción con renuncias propias desde el punto de vista local, posiblemente para buscar con mayor
amplitud de miras y sin excluir absolutamente nada esta redacción.
Lógicamente nosotros íbamos a estar en desacuerdo con la enmienda del Grupo Popular. Me parece lamentable que no se empuje en esta dirección de buena fe y solo se intente poner dificultades a una ley que pese a que se apoyó, no se cree en
ella, y lo lamentamos de verdad. Han presentado un montón de proposiciones no de ley, ¿saben en qué fecha? El 16 de junio la mayoría de ellas. Es decir, antes de que entrara en vigor la ley en sus aspectos penal y procesal, que fue el 29 de
junio, estaban pidiendo la constitución de juzgados, cuando era imposible saber los efectos de su aplicación, porque, como bien apuntaba la portavoz de CiU, a la fecha actual el Consejo todavía no ha facilitado los datos de evaluación de cargas de
trabajo más que en los exclusivos. Por tanto, son enmiendas de campanario para poner en dificultades al Gobierno y no para empujar el funcionamiento de la ley.
En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 ya hay partidas importantes dedicadas a la creación de plazas de jueces y fiscales. En el año 2005 ya se han creado 250 plazas de jueces y 135 de fiscales y para 2006 están previstas
100 de fiscales y 75 de jueces, cumpliendo más de la mitad de las 1.000 que había prometidas para toda la legislatura. De ahí hay que sacar la parte correspondiente para impulsar el cumplimiento de lo que se pretende en la moción de Nafarroa Bai.
Y como bien decía el ministro, la forma es el real decreto, así se establece en el artículo 50 de la ley. Le diría que no hay tiempo para entrar en ese debate de los asuntos civiles. Han pasado apenas dos meses, porque el mes de agosto es inhábil
a efectos civiles, y hay que requerir de inhibición y hay que realizar todos esos trámites. En fin, no nos toca ahora ese debate, aunque también sería de interés.
Lo importante es qué es lo que se pretende con la moción: impulsar de verdad, espolear, como hacemos en una PNL que hemos presentado Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Socialista, que no entra en colisión, ni lo
pretendía, créame, con su interpelación. Se negoció en paralelo, tenemos esa sensibilidad porque nos importa de verdad y queremos impulsar este aspecto importante de la ley para contribuir a la mejora de la tutela judicial efectiva de las mujeres
víctimas de la violencia de género. Ahí nos vamos a encontrar, impulsando al Gobierno para que haga el esfuerzo económico, pero de verdad, con base, donde hace falta, porque los recursos públicos son escasos, y no con la demagogia de algún grupo
que pide la creación de juzgados en no sé cuántas provincias porque piensa buscar el apoyo de algún grupo y dicen: no pasa nada, van ganando votaciones y lo intentan -no lo van a conseguir, espero-, creando malestar y hablando de un mal
funcionamiento, de algo que no existe. Esa demanda de déficit por acumulación de asuntos es inmediata. El precedente está ahí, casi no está ni analizada y ya tenemos su moción y nuestra PNL, que veremos si retiramos o no. En cualquier caso,
iremos de la mano porque cuando se actúa de buena fe y de verdad se lucha por combatir esta lacra de la violencia sobre la mujer nos va a encontrar en el camino. Por tanto -se me acaba el tiempo-, la vamos a apoyar, esta y cuantas vengan en esta
dirección.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Villarrubia, muchísimas gracias.
Señora Barkos, respecto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora BARKOS BERRUEZO: No he debido dejarlo claro, pero no podremos aceptarla. Insisto en que resultaba tentadora, pero entendemos que podía desviar el debate. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Barkos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (Número de expediente 173/000092.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el último punto del orden del día de hoy, que es la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas a adoptar para
garantizar la independencia de los organismos reguladores en el ejercicio de sus funciones. Para la defensa de dicha moción consecuencia de interpelación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario, lamentándolo mucho, ha tenido que presentar una moción dura sobre la independencia de los órganos reguladores porque el Gobierno está nombrando a personas
de absoluta lealtad al mismo y de poca independencia y eso está provocando interferencia en las decisiones, tema extremadamente pernicioso tanto para los consumidores y los inversores como para el funcionamiento de la economía. El viernes se
produjo el nombramiento del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Mostrando el máximo respeto a la persona nombrada, como a cualquier persona, y no denostando para nada la actividad política, nombrar para presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia a una persona cuyo currículum es que durante más de 20 años seguidos ha estado ocupando cargos del PSOE (diputado, eurodiputado, consejero de un gobierno autónomo socialista) me parece que transmite a los mercados una
imagen de poca independencia. La persona que ha sido sustituida y por la que yo tengo el máximo respeto y además quiero reconocer sus trabajos no tenía ninguna actividad pública, era un directivo de una corporación de derecho público, y ustedes han
sustituido a esa persona por una con carné. En mi opinión, hubiera sido preferible transmitir a los mercados independencia, pero ustedes prefieren personas con carné. ¡Qué cosas nos decían en la legislatura pasada! Nos acusaban de nombrar a
amigos. Desde luego, ninguno de los presidentes de órganos reguladores ni del Tribunal de Defensa de la Competencia tenían el carné del Partido Popular. (El señor Cuesta Martínez: ¡Ramallo!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señor Cuesta.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sin embargo, ustedes, traicionando su programa electoral, engañando y mintiendo a los ciudadanos, en los cuatro órganos han nombrado a personas con carné. (El señor Cuesta Martínez; ¡Ramallo!) Entiendo que
ustedes están haciendo lo que les decía el profesor Tierno Galván: los programas están para no cumplirlos, y de eso hacen gala absoluta. Voy a pedir en el punto 4 de mi moción - del que pido votación separada- que se recoja textualmente lo que
pone el programa electoral del PSOE, a ver si se atreven a votarlo. Me da la impresión de que cuando no están en el Gobierno, cuando son oposición, prefieren mayorías cualificadas, elección por tres quintas partes, pero cuando están en el Gobierno,
les gustan más con carné en la boca. Eso no es lo que más conviene a la economía y lo que más conviene a consumidores e inversores. ¿Han cumplido su programa electoral? No. ¿Podían haber cumplido su programa electoral? Sí, lo han hecho. Han
modificado la ley en un tema que no estaba en su programa electoral para cambiar las mayorías en la elección de jueces por parte del Consejo General del Poder Judicial. Podían haberlo hecho. Lo hicieron hasta con un Consejo de Ministros que
celebraron con nocturnidad y alevosía. Pero en este tema no les interesaba. ¿Por qué? Porque no quieren, porque cuando están en el Gobierno prefieren mayoría. Nosotros no lo llevábamos en el programa electoral. Ustedes sí.
¿Cuál es el resultado de esa falta de independencia en los nombramientos? Lo que estamos viendo: interferencias en la toma de decisiones en esos órganos. (El señor Cuesta Martínez: ¡Ramallo!) ¿Qué está pasando? Que el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores está actuando para favorecer las operaciones que se hacen en la mesa de camilla de Moncloa. ¿Qué está pasando? Que volvemos a lo de siempre. En Moncloa, ahora, el asesor áulico del presidente se dedica a
organizar operaciones económicas. ¿Y quién sale en su defensa para facilitarlas? El presidente de la CNMV. Así pasó en una importante operación financiera y así está pasando en una operación energética. Esa no se hizo en la mesa camilla, se hizo
en la cancha de baloncesto, que es la preferencia del actual presidente. Pero en Moncloa se diseñó la operación. ¿Y qué hace el presidente de la CNMV? Salir en el aval de la operación. ¿Y cómo? Igual que abrió una investigación al presidente de
la entidad financiera, que tuvo que cerrar a las dos de la madrugada, porque estaba prevaricando, ahora está poniendo todos los medios para facilitar la operación. El presidente de la CNMV ha tenido que venir al Congreso y a preguntas del diputado
del Partido Popular señor Arias ha tenido que pedir perdón porque se equivocó. Pero lo más grave no es que se equivocara en sus declaraciones estrafalarias, que por supuesto se equivocó, sino que además, interfiriendo en las actuaciones que deben
realizarse con independencia, opinó sobre una operación que él tendría que esperar a conocer. Pero es que ayer hizo una cosa insólita: suspende la cotización y manda a un miembro de su gabinete de espía a una reunión. (Rumores.) Lo del presidente
de la CNMV raya en lo ridículo y nosotros tenemos que pedir su cese porque nos parece insólito lo que está sucediendo, tenemos que pedir su cese a pesar de que no lo haríamos de buen grado. Nos callamos cuando la operación financiera se diseña en
Moncloa y él ayuda, pero resulta increíble que ahora mismo, en una España donde la economía tendría que funcionar con unos ciertos niveles de ortodoxia y los organismos reguladores -y así convine con el vicepresidente en la interpelación- tendrían
que funcionar bien y sin interferencias, el presidente de la CNMV esté dando este espectáculo. Desde luego, creo que en defensa de los consumidores, en defensa de los pequeños inversores y en defensa de un funcionamiento correcto de la economía,
ustedes deberían apoyar hoy la moción del Partido Popular.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pujalte.
Muchas gracias.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el turno de Izquierda Verde y, por lo tanto, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que después de la intervención del señor Martínez-Pujalte la cosa está bastante clara. Una cuestión es hablar de la independencia de los organismos reguladores -es un tipo de debate- y otra es hablar de la OPA de Gas Natural sobre
Endesa y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de su presidente. Entiendo que desde cada fuerza política se expresen las preocupaciones, lo que se es y lo que se representa. La verdad es que yo esta mañana por las calles de Madrid no he
observado una gran agitación en torno a la suspensión de la cotización. Supongo que el señor Martínez-Pujalte tendrá otras relaciones y evidentemente estarían más preocupadas que las personas con las que yo he estado, pero en las panaderías y los
bares la cosa estaba tranquila. (Risas.) Por lo tanto, les pido que nos remitamos a una sesión más esperanzadora.
Nosotros estamos muy de acuerdo en que los organismos reguladores merecen una reflexión sobre su funcionamiento, sobre la operatividad y, desde luego, sobre su autonomía. De lo que dudamos es de que eso sea posible desde una propuesta
sectaria y cargada de intencionalidad que poco o nada tiene que ver con el ánimo de corrección de cosas que puedan estar mal hechas y que sin duda las podrá haber. Clamar por la independencia cuando el viento no sopla a favor y guardar silencio
cuando es uno el que sopla no es la actitud que nosotros creemos que sea la más necesaria para abordar un debate en términos positivos. Desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no compartimos esta filosofía que subyace
en el discurso del Partido Popular de que las cuestiones pueden tener solución a través del intercambio de cromos entre los partidos mayoritarios o entre el Gobierno y el partido mayoritario en la oposición, sea el que sea el partido que gobierne y
sea el que sea el que forme parte de la oposición mayoritaria. La comunicación, la justicia o las salas del Tribunal Supremo han sufrido y sufren tensiones y conflictos de origen político, ahora y antes, y desde luego la metodología del Gobierno
anterior no era lo que nosotros entendemos por independencia. Por tanto, no vamos a apoyar que se arrastre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la senda del conflicto, que ya está prácticamente colapsada por ejemplos de parcialidad y de
oportunismo.
Por otra parte, si se trata de la OPA, nuestra preocupación es que se garanticen las mejores condiciones a los consumidores y que los propietarios de los activos cumplan lo propuesto y garanticen las inversiones para mantener la actividad y
los puestos de trabajo. Esa es nuestra preocupación en función de lo que somos y de lo que representamos. En cuanto a la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, créanme si les digo que es difícil mejorar o empeorar nuestro
nivel de confianza, ocupe quien ocupe el cargo, porque en España hace mucho que funciona bien la vigilancia de la desregulación, que evidentemente camina y a buen paso. La decisión sobre la OPA la tomarán de forma definitiva los accionistas y desde
luego nosotros no terminamos de valorar el grado de preocupación que estos tienen por los intereses de los trabajadores, de los consumidores, por la opinión de los comités de empresa o de los sindicatos. Sí nos constan, desde luego, las operaciones
que en nombre del mercado y de la competencia se alentaron desde el Gobierno anterior. Por tanto, entendemos que desde el Partido Popular debe comprenderse que nosotros no podamos apoyar una moción de estas características.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
Señor Puig, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Mirando la propuesta que nos presenta el Partido Popular uno diría que su memoria es corta, muy corta. Que el Partido Popular nos entre para pedir la independencia de los órganos reguladores y que nos lo diga el señor Pujalte parece de
broma en este Parlamento. Sinceramente, el Partido Popular convirtió los órganos reguladores en órganos viciados, convirtió esos órganos, podríamos decir, casi en delincuencia organizada, y solo tenemos que recordar casos como Gescartera u otros en
los que había ciertas actuaciones que la propia Comisión de investigación del caso Gescartera dejó claras. El Partido Popular cuando estaba en el Gobierno realizó múltiples maniobras oscuras para evitar la libre competencia, intervino para evitar
la operación con Gas Natural y ahora el señor Martínez-Pujalte y su grupo, cuando ven que el libre mercado lleva a lo que lleva, que es a que se tomen decisiones desde el punto de vista económico, nos quieren poner aquí una economía soviética
amparada en una derecha clarísima. En su momento no pudo evitar lo de Gas Natural y ahora monta una moción mediante la cual pretende señalar la intervención; amparándose en la independencia de los órganos reguladores nos quiere dar una lección
sobre cómo pedir la máxima independencia. Me parece que para la inmensa mayoría de los diputados y de los grupos parlamentarios esta moción raya en el ridículo, porque queriendo darnos lecciones de independencia en el nombramiento de los órganos
reguladores nos presenta esta moción, siendo que su actuación cuando estaba en el poder, cuando tenía la mayoría absoluta, distaba mucho de cumplir lo que ahora nos viene a decir. El Partido Popular debió demostrar lo que dice cuando lo
podía hacer, cuando estaba gobernando y no ahora que está en la oposición y nos viene con un discurso...(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Puig, continúe por favor. Silencio, señorías.
El señor PUIG CORDÓN: Se ve que en las filas populares algunos se ponen nerviosos cuando se dice la verdad.
Los hechos están registrados y demostrados, la hemeroteca pone de relieve la intervención que hizo el Partido Popular de una manera descarada y por tanto nosotros vamos a oponernos clarísimamente...(El señor Martínez-Pujalte López hace
gestos al orador.) Señor Martínez-Pujalte, si quiere decirme alguna cosa me la puede decir.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Puig, termine, por favor, se lo ruego.
El señor PUIG CORDÓN: Pido respeto ante las interrupciones que hacen cuando uno interviene.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante, señor Puig. Lleva usted razón. Por favor, termine.
El señor PUIG CORDÓN: Termino, señora presidenta, manifestando nuestra oposición a la moción que ha presentado el Grupo Popular por incoherente.
(El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Señor Martínez-Pujalte, ¿qué ocurre?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, pido la palabra por el artículo 71.3. El señor Puig ha hablado de delincuencia organizada y pido que retire esas palabras hablando de nadie y menos de los que no están presentes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Martínez-Pujalte, ni le ha aludido a usted -y se lo he preguntado a los servicios jurídicos-, ni entra en ninguno de los casos que contempla el Reglamento.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El señor Puig puede llamar delincuente a quien quiera. Me parece un poco fuerte.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Martínez-Pujalte, a usted, que también ha hecho gestos que creo que no son adecuados a lo que en esta Cámara debe decirse y verse, le ruego que acabemos esta moción con el turno que toca,
que no es ya precisamente ni el de usted ni el del señor Puig. Muchas gracias.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, usted organiza el debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Continuamos con el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. (Rumores.) Señorías, por favor, se acabó ya.
Adelante, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no va a apoyar esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que no persigue entrar en el fondo del funcionamiento de los organismos reguladores del
Estado, sino que está motivada por una operación comercial, mercantil, entre dos compañías privadas. Nuestro grupo parlamentario ya dijo en su momento que no iba a entrar bajo ningún concepto en una operación mercantil que era autónoma e
independiente; en ningún momento nosotros, como formación política, íbamos a hacerlo. Como pensamos que ese es el objetivo de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, no vamos a apoyarla. En segundo lugar, cuando el Partido Popular estuvo
gobernando tampoco aplicó esta metodología para la elección de los distintos cargos de los diferentes organismos autónomos, sino que, al igual que ha hecho el Partido Socialista -y en algunos aspectos también el Partido Socialista ha incumplido su
programa electoral-, en vez de nombrar el Parlamento a dichos presidentes de los organismos autónomos, los ha nombrado el Gobierno. El Partido Popular aplicaba esa misma técnica, que todos los presidentes de los diferentes organismos autónomos, del
Tribunal de Defensa de la Competencia, de la Comisión Nacional de la Energía, etcétera, siempre eran nombrados por el Gobierno o por el ministro correspondiente. Este es un segundo aspecto por el que tampoco nosotros vamos a apoyar esta iniciativa
parlamentaria.
Finalmente, nos gustaría fijar la posición de nuestro grupo parlamentario respecto al objeto fundamental que perseguía formalmente el Partido Popular, o fijar cuál es la metodología que desde Convergència i Unió siempre hemos defendido en
esta Cámara. En primer lugar, nosotros siempre hemos dicho que lo idóneo, lo interesante, hubiera sido que el Gobierno, desde los diferentes ministerios o desde los organismos competentes, hubiera impulsado una efectiva descentralización de las
diferentes agencias reguladoras y de sus respectivas sedes entre las diferentes comunidades autónomas, atendiendo básicamente a aspectos ligados al desarrollo y a la implantación de los sectores económicos específicos en
cada una de ellas. En segundo lugar, también hemos defendido siempre y lo seguimos manteniendo -y en este aspecto hemos presentado alguna iniciativa- que sería interesante poder garantizar la representación y presencia efectiva de miembros
o consejeros propuestos por las diferentes comunidades autónomas en los organismos reguladores de los diferentes mercados, en una proporción no inferior a la mitad de los miembros con derecho a voto. Hay otro aspecto relevante, desde nuestro punto
de vista: que se impulsara, si fuera necesario, la presencia, en una proporción adecuada, de las comunidades autónomas en las entidades públicas empresariales en las que se lleve a cabo su actividad principal.
Estas son las cuestiones que nosotros siempre hemos defendido en este tipo de iniciativas legislativas. Si hubiéramos coincidido en algún aspecto con las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, habríamos votado favorablemente, pero como
su propuesta es totalmente diferente o va en la dirección contraria de los planteamientos que siempre hemos defendido desde Convergència i Unió, vamos a votar en contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.
Finalizamos este punto del orden del día con la intervención del señor Cuevas en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor Pujalte, señores del Grupo Popular, obviamente no vamos a apoyar esta moción. Es que no tiene donde apoyarse. Es una moción que ustedes presentan a la desesperada, con una intención que va más allá de intentar desprestigiar al
adversario. Me parece insólito que el Grupo Popular diga las cosas que dice, teniendo en cuenta -y no lo voy a repetir, porque me parece obvio- lo que han dicho otros portavoces. En el Tribunal de Defensa de la Competencia solamente se ha cambiado
a dos personas; los demás siguen igual. La legislación no se ha cambiado en absoluto. Se han modificado los presidentes de algunos organismos cuando ha tocado, a su tiempo; no hemos forzado absolutamente nada. (El señor Martínez-Pujalte López
pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Martínez-Pujalte, por favor. Tuve que llamar la atención a un diputado para que usted pudiera hablar con tranquilidad en su momento. Le ruego que no me haga arrepentirme, por favor.
(Rumores.) Señor Cuesta, por favor. ¿De nuevo?
Adelante, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señor Pujalte, sus intervenciones fuera de lugar también dicen mucho de lo que realmente pretende.
Voy a ser muy claro y muy escueto porque tengo muy poco tiempo. No tienen ninguna justificación. Los organismos supervisores y reguladores de este país, y en especial la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están recuperando y van a
recuperar el prestigio que ustedes con su actuación dejaron por los suelos. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores -un organismo muy importante que afecta a la economía- nunca hubo tanto oprobio como el que ustedes vertieron allí con sus
nombramientos y su dirigismo desde el Gobierno. Obligaron a la presidenta de entonces, como quedó de manifiesto en la Comisión de Gescartera, a hacer cosas insólitas y fuera de toda independencia. Me parece que esto solo tiene una justificación,
señor Pujalte. ¿Sabe por qué han presentado esto? Porque ustedes, cuando estaban en el Gobierno, influían en los órganos de decisión y ahora, desde la oposición, quieren seguir influyendo, en favor no de una empresa sino de los gestores de una
empresa que ustedes nombraron. Hicieron un proceso de privatizaciones en el que el presidente del consejo consultivo era un diputado que se sentaba aquí. No es que estuviera fuera o que hubiera sido diputado; se sentaba aquí, y él decidía sobre
cuestiones de las privatizaciones. (Aplausos.) Eso les sirvió para nombrar y para perpetuar a consejeros y a presidentes de múltiples empresas de mucha envergadura. Señor Pujalte, no se engañe.
Endesa era una empresa pública muy importante y hoy
sigue siendo un miembro del Partido Popular quien está en Endesa. (Aplausos.) Y así con muchas otras empresas.
Hablando de programa electoral, acuérdense de quién les hizo el programa electoral, que decía cómo se podía privatizar y cambiar de mano las empresas públicas. Pero eso es otra historia. Lo que sí es verdad, señor Pujalte, es que ustedes
pretenden ahora influir en la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Por qué? Se lo voy a decir con mucha sencillez. Hoy aparece una noticia en un periódico: La eléctrica anuncia el reparto de las plusvalías por venta. Usted
sabe que en medio de una OPA eso exige una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Endesa, haciendo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión, inicia la venta y el reparto de plusvalías. Usted sabe que para hacer eso
en el transcurso de una OPA, como mínimo, hay que abrir una investigación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y repase el 'Diario de Sesiones', porque usted se ha referido a esa circunstancia y ha dicho: Espero que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y su presidente no intervengan en esa decisión. Mi grupo y yo creemos que debe intervenir, sabiendo que son independientes, pero debe intervenir. ¿Sabe para qué? Para salvaguardar a los inversores de esa entidad; no para
defender a los gestores que ustedes pusieron.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Cuevas.
Muchas gracias.
Llamamos a votar, señorías.
Tal como solicitó el señor Martínez-Pujalte, que está por otras cosas, separaremos el punto 4 del resto de la moción a la hora de votar.
(Rumores.)
Por favor, señorías, el debate ha concluido. Estamos llamando a votar.
(Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de
violencia sobre la mujer, moción que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 301; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos.)
Segunda votación. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de los organismos reguladores en el ejercicio de sus funciones. Se ha solicitado votación separada. En primer
lugar vamos a votar el punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 125; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 4.
Finalmente votamos el resto de la moción, puntos 1, 2 y 3. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 127; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.
Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana. Buenas noches.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.