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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 110, de 15/09/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 110
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 102
celebrada el jueves, 15 de septiembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 31-1, de 31 de marzo de 2005. (Número de expediente 121/000031.) ... (Página 5519)
- Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria
Histórica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 35-1, de 22 de abril de 2005. (Número de expediente 121/000035.) ... (Página 5536)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proposición de Ley del Senado, para la aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los centros residenciales. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 181-1, de 13 de mayo de 2005.
(Número de
expediente 124/000010.) ... (Página 5548)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 5519)
Proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional ... (Página 5519)
El señor ministro de Defensa (Bono Martínez) presenta en nombre del Gobierno el proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional. Explica que la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas ordenaba al Gobierno que antes del 31 de
diciembre del año 2002 el Gobierno debía remitir al Parlamento los proyectos de ley necesarios para adaptar la defensa nacional al modelo de las Fuerzas Armadas profesionales. Ante el incumplimiento de este mandato y la necesidad de actualizar la
obsoleta ley de 1980, reformada levemente en 1984, el Gobierno socialista trae a la Cámara este proyecto de ley, con el deseo de que sea aprobado y sirva también para el reconocimiento a nuestros militares, unos militares modernos, con formación
profesional sobresaliente, integrados en organizaciones internacionales en las cuales destacan por su eficacia y por su competencia. Explica el contenido del proyecto de ley, el proceso de su tramitación y los niveles de acuerdo alcanzados, y
termina pidiendo el voto favorable de la Cámara, incluido el del Grupo Popular, porque los ejércitos, la Armada y la defensa nacional, dice, valen más que las discrepancias entre el PSOE y el PP, por importantes que éstas sean.
En defensa de las enmiendas interviene la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
Contesta el señor ministro de Defensa, y replica la señora Barkos Berruezo.
Continuando con el turno de defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC).
De nuevo interviene el señor ministro de Defensa, y replica el señor Puig Cordón.
Finalmente interviene en el turno de defensa de las enmiendas el señor López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor López-Amor García pide la palabra por alusiones, que le es denegada por la Presidencia.
Proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documentos de la Memoria Histórica
... (Página 5536)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Sáez Jubero y Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En primer lugar se someten a votación las enmiendas transaccionales del proyecto de ley orgánica de Defensa Nacional, que son aprobadas.
En segundo lugar se someten a votación las restantes enmiendas presentadas al texto del proyecto de ley.
A continuación se somete a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica de Defensa Nacional, que es aprobado por 184 votos a favor, 134 en contra y 11 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página 5547)
Sometido finalmente a votación de conjunto, por tratarse de una ley orgánica, se aprueba por 183 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.
Votaciones referentes al proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental
de la Memoria Histórica.
En primer lugar se someten a votación las enmiendas presentadas, que son rechazadas.
Sometido a votación el texto del dictamen, se aprueba por 193 votos a favor y 134 en contra.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 5548)
Proposición de ley del Senado para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los centros residenciales ...
(Página 5548)
Defiende la enmienda de totalidad de devolución el señor Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno en contra interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Replica el señor Turiel Sandín, y duplica el señor Sánchez i Llibre.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución de la proposición de ley del Senado para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los centros residenciales, se aprueba por 169 votos a favor, 145
en contra y tres abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL. (Número de expediente 121/000031.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión con el punto relativo al proyecto de ley Orgánica de la Defensa Nacional. Previamente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara
que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley Orgánica de la Defensa Nacional no tendrá lugar antes de las 10:30 horas. Informada la Cámara, procedemos al debate del proyecto de ley. ¿El Gobierno desea intervenir? (Pausa.)
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señoras y señores diputados, la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas ordenaba al Gobierno que antes del 31 de diciembre del año 2002 debía remitir al Parlamento
los proyectos de ley necesarios para adaptar la defensa nacional al modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Este mandato, como resulta evidente, fue incumplido. Se precisaba una nueva ley de defensa y no solo porque lo exigiera la Ley de personal
que les menciono, sino porque los cambios sociales producidos en España lo demandaban. La vigente Ley de 1980, reformada levemente en 1984, había quedado obsoleta. Cuando se aprobó la ley que hoy pretendemos sustituir, el supuesto protagonismo
político de los ejércitos, la referencia que a ellos se hacía como poder fáctico o su consideración como instrumentos de dominación o como inquietud para la naciente democracia española eran temas permanentes de conversación y hasta de preocupación
para los españoles. Si comparamos la realidad de la España actual con la de 1980, salta a la vista que la relación de los ciudadanos y de los militares ya no está marcada ni por preocupaciones ni por temores mutuos; han cambiado las realidades y
los valores. Hoy nadie escucha ruidos de sables sencillamente porque no hay ruido antidemocrático alguno en nuestros cuarteles. Igualmente, tampoco
nadie, o casi nadie, recurre a la retórica de exaltación de la guerra ni al supuesto heroísmo de quien más sangre amasa con sus manos. Nadie ensalza estos valores, ni la sociedad ni los ejércitos que la sirven. Ya no vale la distinción de
los espíritus supuestamente cultos, que catalogaban la épica como un género mayor propio de héroes belicosos, frente a la lírica, que se dejaba para los tiempos de paz y los corazones blandos. Pocos ciudadanos cantan a la sangre derramada, aunque
los haya, y justamente contra éstos es contra los que tenemos que organizar nuestra defensa: contra los que hablan de la violencia como la comadrona de la historia, contra los que usan la violencia para imponer sus ideas, sus intereses, sus dogmas
o su poder. Contra esas gentes, los ciudadanos libres necesitamos la seguridad de una institución que garantice el primero y más elemental de todos los derechos, el derecho a la vida, y que lo garantice incluso por la fuerza, si es necesario. Esta
es la posición mayoritaria de la sociedad española actual. Hoy, la conciencia democrática de la sociedad española es decididamente antibelicista; antibelicista, que no es lo mismo que antimilitarista. Es consciente de que, si queremos la paz, hay
que preparar la justicia y luchar por la libertad, tareas que pueden precisar, llegado el momento, el uso de la fuerza, de la fuerza armada, de la fuerza organizada militarmente, pero sometida a la ley. Hoy, casi nadie está dispuesto a mantener el
viejo aforismo latino de si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque somos muchos los que lo hemos sustituido por aquel otro aforismo, más acorde con nuestros días, de Pablo VI: Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Hoy, los
ejércitos no avanzan sobre los territorios para destruir sino para desplegar la paz contra los violentos. Para eso queremos las Fuerzas Armadas, para protegernos de los violentos, para garantizar nuestros derechos, y por eso son necesarias las
Fuerzas Armadas.
El Gobierno quiere que la elaboración de esta ley sea ocasión, también, para el reconocimiento a nuestros militares. Unos militares modernos, con formación profesional sobresaliente, que están integrados en organizaciones internacionales en
las cuales destacan por su eficacia y por su competencia. Unas Fuerzas Armadas que en su día se acomodaron a la Constitución con una puntualidad que no ha superado ningún otro colectivo en España, y que obtienen una valoración en las encuestas
superior a la valoración que obtienen el Gobierno, la Iglesia o los sindicatos, por ejemplo. Que haya habido dictadores que tuvieran la profesión militar no puede ser servidumbre para quienes en esta hora trabajan en las Fuerzas Armadas. Los
militares españoles no son ni los herederos ni han sido los beneficiarios de la dictadura; al contrario, que los dictadores del siglo XX en España hayan sido militares quizá haya generado una injusta servidumbre, hasta he pensado si no será el
motivo de que, por ejemplo, tengan que soportar el sacrificio de realizar misiones con unos sueldos que no se compadecen con su profesionalidad ni con su esmero. A este respecto, no citaré el consabido ejemplo del brigada que lleva 21 años en el
servicio y cobra lo que cobra, y que pronto SS.SS. tendrán ocasión de discutirlo, sino el del comandante, por ejemplo, del buque Príncipe de Asturias, que dirige un buque que vale más de 100.000 millones de las antiguas pesetas, que tiene la
responsabilidad sobre más de 1.000 efectivos a bordo y que cobra menos que el director de una sucursal bancaria de un pueblo pequeño de 2.000 habitantes; o, dicho sea en términos muy respetuosos por ejemplo, nuestros taxistas en Madrid. Al cabo de
un día de trabajo intenso, un taxista, que tiene la gran responsabilidad de conducir a los viajeros en su vehículo, que no vale lo que el Príncipe de Asturias, puede ganar más, incluso mucho más, que el comandante del Príncipe de Asturias. Eso es
lo que los militares han heredado en cuanto a sueldos de la dictadura.
Desde la proclamación de la Constitución se han producido cambios trascendentales. Lo que va de ayer a hoy, de 1980 en que se aprueba la anterior ley, o 1984 en que se reforma, a 2005, lo que va, señorías, es mucho. Les recordaré
simplemente tres cuestiones de fondo: la primera es la desaparición de la guerra fría; algunos años después de que la ley vigente fuese aprobada, cayeron el muro de Berlín y la Unión Soviética; el mundo ya no está marcado como en el ochenta por
la política de bloques ideológicos, políticos o militares. En segundo lugar cabe recordar que España no se había adherido entonces a la Comunidad Europea y que en 1980 España tampoco pertenecía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La
tercera diferencia es de orden organizativo; la tropa y la marinería llegaba a los ejércitos por leva obligatoria en vez de por el actual sistema de reclutamiento profesional; por cierto, el presente proyecto de ley significa también la
desaparición del servicio militar obligatorio porque deroga la Ley Orgánica del Servicio Militar de 1991.
Se cierra, en definitiva, un ciclo de veinticinco años y todos estos cambios precisan de una ley nueva que intentaré resumir en cuanto a sus
contenidos en dos ejes principales: el de la actividad de las Fuerzas Armadas y el de su organización.
Desde el punto de vista de la actividad, las funciones principales que la ley atribuye a las Fuerzas Armadas son: en primer lugar, garantizar la soberanía e independencia de España. En segundo lugar, los ejércitos deben ser un importante
instrumento para la sociedad, para preservar el bienestar de los ciudadanos ante riesgos, catástrofes, calamidades u otras necesidades públicas. Ejemplos recientes en otros países como el del huracán Katrina son ilustrativos. Pero las Fuerzas
Armadas constituyen hoy, tercera función, un instrumento clave en la acción exterior del Estado que la antigua ley ni siquiera preveía y que hoy es la tarea más importante que desarrollan: las misiones internacionales.
Pues bien, para que nuestras
Fuerzas Armadas participen en misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o de sus intereses nacionales, se establecen dos requisitos claros y terminantes: el primero, conformidad con el Derecho
Internacional; y el segundo, autorización del Parlamento. A la conformidad
del Derecho Internacional se han de añadir alguna de estas cuatro condiciones: la primera, que haya petición del Gobierno en cuyo territorio habrán de actuar; o que haya una resolución de las Naciones Unidas, tal y como en su Carta viene
establecido; o que haya acuerdo de la Unión Europea; o, por último, que exista resolución como la OTAN toma sus resoluciones, por unanimidad, en el Consejo Atlántico.
La autorización del Parlamento garantiza que el Congreso de los Diputados y el Senado nunca volverán a ser meros testigos silenciosos o mudos en esta materia. Esta disposición por sí sola, señorías, ya justifica la oportunidad de este
proyecto de ley. España se une así a los países que más control parlamentario ejercen sobre la política de defensa, y que son, exigiendo acuerdo previo, Italia, Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, Austria y Alemania; y a aquellos que exigen el
acuerdo posterior, Francia, Holanda y Luxemburgo. Con esta ley estamos ligando la defensa con los españoles en primera persona, porque en primera persona están los españoles representados por el Parlamento. El control del Parlamento servirá para
vincular aún más a nuestra sociedad con nuestros ejércitos, incrementando su eficacia, porque nuestras Fuerzas Armadas son eficaces por preparación y por responsabilidad, pero lo son mucho más cuando sienten la fuerza, el aliento y el respaldo de la
sociedad a la que sirven. Obviamente, no se precisa del control previo del Parlamento para responder en legítima defensa a una agresión contra España o sus intereses nacionales. Piensen en este caso, por ejemplo, en la llamada guerra del fletán en
que España, con una rotación de cinco patrulleras, tuvo que defender los intereses nacionales, intereses generales, no en el territorio de otro Estado, ni siquiera en aguas de su exclusiva competencia, sino en aguas internacionales donde se negaba
el derecho de España a que pudiesen faenar sus pescadores. Los cambios en el nuevo escenario mundial también exigen afrontar la amenaza terrorista. Por ello, la ley recoge como operación de nuestras Fuerzas Armadas el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo. Evidentemente, no se trata de sustituir a ninguna otra institución, pero tampoco se trata de limitar las capacidades que las Fuerzas Armadas han de tener en esta materia. La operación, por
ejemplo, Romeo Mike, por la que los españoles ya están acostumbrados a ver a los soldados vigilando las comunicaciones, el AVE u otros objetivos, se ha convertido en algo normal y casi cotidiano.
La organización. La ley anterior que ahora pretendemos sustituir hundía sus raíces en el contexto de la transición española, todavía alejada del funcionamiento actual de los poderes del Estado. La nueva ley recoge las facultades
constitucionales del Rey en materia de defensa y atribuye al presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa, la gestión de las situaciones de crisis y la dirección de los conflictos armados. La antigua ley, además, es un freno a las
necesidades actuales de los ejércitos. Durante mucho tiempo faltó una concepción unitaria de las Fuerzas Armadas y esta ley rompe la herencia que una división en partes llegó incluso a que en épocas pasadas se configurasen ministerios de los tres
ejércitos, del Ejército de Tierra, de la Marina y del Aire.
No se ignoran las particulares características de cada uno de los ejércitos y de la Armada, pero los criterios dominantes son los que posibilitan la acción conjunta y combinada de todos.
La organización que ahora se establece también diferencia claramente la estructura orgánica de la operativa, dando prioridad a esta última, lo que nos homologa con los países más avanzados de nuestro entorno. El nuevo Consejo de Defensa Nacional
vendrá a sustituir a la anterior Junta de Defensa Nacional que, por cierto, aunque llorada en su nombre por algunos, se ha reunido siete veces en los últimos 15 años o, si lo prefieren, se ha reunido nueve veces en los últimos 20 años. El consejo
está concebido de un modo flexible y su composición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia. Desde el punto de vista de la organización debo, por último, señalar que en la nueva ley se ratifica la desaparición de la organización
territorial de los ejércitos y su sustitución por una organización funcional.
Permítanme unas palabras acerca de la tramitación de este proyecto de ley y de los niveles de acuerdo alcanzados. El consenso y el acuerdo en materias fundamentales del Estado constituyen ya una valiosa tradición de nuestra democracia. Con
este ánimo enviamos el proyecto de ley de Defensa Nacional al Parlamento.
Desde la proclamación de la Constitución, los gobiernos españoles han contado siempre con la colaboración en estas materias de la oposición de turno. Solo en un momento muy señalado se rompió ese consenso; fue con motivo de la
participación española en la guerra de Irak. Me atreveré a hacer una pregunta, y es que si hasta el secretario de Defensa de Estados Unidos ha dicho que hay que pasar página, mirar hacia el futuro y no encelarse en el pasado, ¿no vamos a ser
capaces de tomar la decisión de que la guerra de Irak no siga haciendo daño a los intereses generales de la defensa de España? Esta es una ley que tiene en cuenta los aciertos y los errores del pasado. Los aciertos, para conservarlos o procurar
repetirlos; los errores, para superarlos y evitar que se produzcan de nuevo. No juzga la ley los yerros que en su ausencia pudieran cometerse, pero precisamente porque mira al futuro no puede acomodar su letra para darles cobertura o para
justificarlos. Recordando lo que nos decía el señor Maldonado, el portavoz de Convergència i Unió, en la Comisión de Defensa hace unos días, no deberíamos -estoy totalmente de acuerdo con S.S.-dar la impresión de que los políticos estamos
instalados en la permanente disputa, en la permanente bronca sea cual sea el asunto que tratemos.
A lo largo de estos meses, el Gobierno ha mantenido encuentros y conversaciones con los grupos políticos de esta Cámara. Aprovecho hoy para darles las gracias por su disposición: al señor Maldonado -permítanme que lo haga de manera
individualizada-, de Convergència i Unió, cuyas enmiendas han prosperado en su totalidad.
Se trata del único grupo que ha conseguido poder decir que incorpora al proyecto de ley todas las enmiendas presentadas, y justo es decir, y lo digo, que sin su aliento, sin el aliento del señor Maldonado y de Convergència i Unió, este
proyecto de ley no hubiese tenido posibilidad de prosperar. El observatorio de la vida militar ha sido aportación que, junto con Coalición Canaria, con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida, han defendido con eficacia desde Convergència i Unió
y se encuentra en el texto del dictamen que hoy se somete a la consideración del Pleno. Al señor Mardones, con más de 23 años como portavoz parlamentario en materias de defensa, le agradezco su experiencia puesta siempre en positivo al servicio de
mejorar esta ley, y ha conseguido, a veces con su insistente soledad, que las reglas de comportamiento de los militares se regulen como hoy la Comisión ha creído prácticamente por unanimidad que deben regularse y en el lugar que deben regularse, que
no era en la Ley de Defensa, y ha sacado adelante su pretensión, por lo que además de felicitarle le agradezco su contribución al consenso alcanzado.
Los esfuerzos del señor Puig, de Esquerra Republicana de Catalunya, y del señor Llamazares, de
Izquierda Unida, que personalmente valoro y mucho, que han conseguido introducir gran parte, yo diría que prácticamente todas las enmiendas significativas e importantes que presentaron, así como singularmente las mejoras aportadas por los dos grupos
al control parlamentario de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior que, con la enmienda transaccional que han trabajado y suscrito, nos permitirán decir que estamos a la cabeza de los países del planeta en cuanto al ejercicio del control
parlamentario sobre las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. El texto del Gobierno no venía así, se ha modificado por el acuerdo de los grupos parlamentarios, y he de decirles que esta no es una cesión del Gobierno; este es el
fruto de la posibilidad que hemos tenido de hablar y de entendernos, de acortar distancias en un mundo que naturalmente es complejo y que está definido por el conflicto. ¡Claro que hay conflictos entre lo que piensan en Esquerra Republicana, el
Partido Socialista o Izquierda Unida! A veces, mucho conflicto, pero la solución de los conflictos de manera democrática, civilizada y moderna se alcanza hablando, se alcanza no en la bronca sino en el acuerdo. Se ha conseguido y quiero
felicitarles singularmente, señor Puig, señor Llamazares, por haber abanderado esta postura que inicialmente no era la que el Gobierno introdujo en el proyecto de ley. Señor Labordeta, también le agradezco que desde el principio manifestara su
apoyo a esta iniciativa. Y si se lo agradezco a quienes la critican y la mejoran, cómo no hacerlo con aquellos que desde el principio la aplaudieron en el tenor literal con que el Gobierno la había remitido. Al señor Txueka, del PNV, a la señora
Barkos, de Nafarroa Bai, al señor Rodríguez, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, y a la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, debo reconocerles la actitud de colaboración que han mantenido a lo largo de la tramitación parlamentaria de este
proyecto y que les lleva a poder anunciar, como ayer me dijeron, que no votarán en contra de su dictamen. A todos les menciono señaladamente y con gratitud.
En cuanto al Partido Popular, que es el único grupo que ha anunciado su voto contrario, solo deseo trasladarles la petición de que se sumen al consenso. Saben que lo hemos perseguido y que hemos realizado consultas incluso antes de que se
aprobase el anteproyecto por parte del Consejo de Ministros. Además, señorías, señoras y señores diputados del Partido Popular, sus enmiendas al texto han sido incorporadas o transadas total o parcialmente en más de la mitad de las presentadas. Yo
no juzgo, ni me corresponde, las razones de los diputados del Partido Popular para votar en contra como han anunciado, y digo que no lo juzgo porque no alcanzo a comprenderlo, pero tengo la convicción sincera de que a la mayoría de los ciudadanos,
incluso me atrevería humildemente a decir que a la mayoría de los votantes del Partido Popular, les agradaría que el Partido Popular apoyase la Ley de la Defensa Nacional en el Parlamento. Ahora bien, los ciudadanos también saben que todos somos
necesarios pero nadie es imprescindible, y nadie tiene la patente de lo militar ni el sello del patriotismo y nadie es siempre la medida de todas las cosas. Los gobiernos yerran y se equivocan, las oposiciones aciertan y también se equivocan, pero
no se puede llevar razón siempre, siempre, siempre; algo tiene que hacer bien el Gobierno alguna vez y algo tiene que hacer mal la oposición en alguna ocasión. Esto es tan absolutamente evidente que hasta proclamarlo parece que es innecesario,
pero si lo proclamo es porque en algunos ámbitos parece obligado recordar lo que decía: el sello de la defensa de España, de la defensa del patriotismo, no está guardado en ninguna arca de la alianza y desde luego no está ni en el arca de la
alianza del PP ni del Partido Socialista ni de ningún grupo; en todo caso está en el ámbito de este hemiciclo que representa, junto con el Senado, a la soberanía nacional.
Hemos recorrido buena parte del camino. La que queda pienso que está más allanada, si es que hoy, a la hora de la votación, el hemiciclo está más lleno de lo que está en este momento. El Gobierno desea que la seguridad de los españoles y
la defensa nacional cuenten con nuestra voluntad de sumar en vez de con la intención de dividirnos. Por ello, no renunciamos a entendernos, sabiendo que la distancia más corta siempre es el acuerdo.
Señoras y señores diputados del Grupo Popular, señor portavoz, señor Zaplana, les esperamos hoy, les esperamos en el Senado, les esperamos a la vuelta del Senado y creemos que el sentido común debe acabar imponiéndose, porque los ejércitos,
la Armada y la defensa nacional -porque muchos ciudadanos así lo piensan- vale más que las discrepancias entre el PSOE y el PP, por importantes que éstas sean.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
A continuación, abrimos el debate. En primer lugar, pasamos al turno a favor de las enmiendas por un tiempo de 10 minutos. Comenzamos por el Grupo Mixto. Tienen solicitada su intervención la señora Barkos, la señora Lasagabaster y,
finalmente, el señor Rodríguez.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Lo ha anunciado ya el señor ministro, Nafarroa Bai no votará en contra de este proyecto de ley y en este tono de concordia que nos propone esta mañana el titular de Defensa, señor Bono, empezaré por decir que hemos saludado desde el
principio la oportunidad de un proyecto de ley de estas características. Es un proyecto de ley que además en su trámite parlamentario se ha visto fundamentalmente enriquecido por aportaciones si no de todos los grupos, sí por la generalidad de los
grupos de esta Cámara y que en su espíritu contiene novedades importantes que profundizan en el camino de la democracia. Pero reconociendo estos puntos -y quería empezar por ello-, debo decir también que hubiéramos esperado mayor ambición, reformas
de orden más ambicioso en algunos puntos; entre otras, que no sólo las acciones en el exterior, señor ministro, sean conforme a la mayoría de esta Cámara, una propuesta que saludamos y apoyamos desde el principio y consideramos además absolutamente
conforme a lo que debe de ser el ejército en un sistema democrático. Entendemos, por coherencia, que también las acciones en el interior del territorio a que se refiere deben ser conforme a lo que los representantes de los ciudadanos expresen en
esta Cámara, hoy y en el futuro. Ese y no otro es el sentido de la única enmienda que, con escasa fortuna, presentaba Nafarroa Bai a este proyecto de ley. Era una adición de un nuevo apartado al artículo 16, que quiero recordar: El Gobierno
asumirá las iniciativas parlamentarias con relación a las actuaciones de las Fuerzas Armadas españolas u otras en territorio español. Ese es el sentido, era pura coherencia. Vamos a mantener -con poca esperanza, sinceramente- esta enmienda
evidentemente por coherencia y por coherencia también nuestra abstención.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor ministro de Defensa, Bono Martínez, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Va a intervenir el Gobierno detrás de cada intervención?
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): No, en esta.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor ministro. El Gobierno siempre puede ...
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señorías, no es que quiera anunciar, con la solicitud de la palabra en este caso que lo vaya a hacer detrás de cada uno de los intervinientes, pero en este punto me parece que
es bueno que, al principio del debate, quede claro que el sometimiento de las Fuerzas Armadas al Parlamento es incuestionable en todas y cada una de sus acciones. Eso sí, en la respuesta ante una agresión ilegítima al territorio español o a sus
intereses, no hay, que yo sepa, ningún país en el planeta que no responda con la inmediatez que exige la eficacia para repeler la agresión, con independencia de que evidentemente el Gobierno que lo ordena está sometido al control parlamentario.
Me interesaba dejar clara esta posición, no tanto para el debate como para que nadie pueda percibir, si nos sigue desde fuera, que en algún caso las Fuerzas Armadas no están sometidas al control del Parlamento que representa a los españoles.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, ¿desea replicar?
La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, intervengo simplemente para compartir con el ministro que, siendo este el espíritu, por coherencia mantenemos una enmienda que vendría a incidir en lo expuesto por el titular de Defensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, a la hora de valorar un proyecto de ley que se presenta en esta Cámara, cualquiera que sea su contenido, lo hacemos siempre desde una doble perspectiva: si es oportuno y si nos gusta su contenido o no; si creemos
que podemos mejorarlo o si creemos que realmente no es oportuno. En este caso diría que la oportunidad es bien evidente. No se podía mantener -y ya es una cuestión muy dilatada en el tiempo- una determinada regulación que, desde nuestro punto de
vista, no se cohonestaba -creemos que en este sentido habrá que esperar a la tramitación de este proyecto de ley- con una correcta regulación de lo que debe ser el entramado de las instituciones democráticas, entendido como tal el Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo e incluso el Poder Judicial. Por tanto, bien está la oportunidad y por eso nos alegra que se haya traído este proyecto de ley, pero en relación con su contenido ciertamente había cuestiones que entendíamos que podían ser
mejorables lógicamente desde un punto de vista cercano a nuestra propia ideología.
En este sentido, creo que hemos sido uno de los grupos que más enmiendas ha presentado y creo que han sido perfectamente justificadas en su propia exposición de
motivos. Hay temas en los que se ha avanzado y en eso va a radicar nuestra posición de abstención, pero creemos que hay temas pendientes que, si bien se puede decir que desde el punto
de vista técnico quizás no tengan encaje jurídico en esta ley, sí conviene plantearlos desde el punto de vista político en esta Cámara en el momento en que se está debatiendo uno de los ejes básicos de todo Estado como puede ser la
participación, la determinación o la definición de lo que debe ser un ejército o unas fuerzas armadas.
¿En qué se ha mejorado y en qué se han centrado parte de nuestras enmiendas? En dos temas fundamentales que han hecho que gustosamente retiremos 10 enmiendas. En primer lugar, en lo relativo a la mejora de la definición de los objetivos de
un ejército a día de hoy, de lo que debe ser la participación de determinadas fuerzas armadas en el mundo en el que vivimos. Ahí se ha mejorado; hemos hecho un esfuerzo de colaboración con otros grupos parlamentarios y singularmente con el
Gobierno y, por tanto, nos congratulamos de este tipo de mejoras. Un segundo tipo de mejoras de las que también nos congratulamos, y en ese sentido firmaremos la enmienda transaccional, hace referencia al papel de este Parlamento y, sobre todo, al
papel de lo que debe ser el ejercicio del multilateralismo en el mundo, es decir, cuándo deben intervenir las Fuerzas Armadas no solamente en relación con el propio Estado, sino con el papel que en un mundo globalizado hay que tener respecto a otros
Estados. Las dos condiciones: la participación y autorización de este Parlamento y la resolución de Naciones Unidas nos parecen unos ejes básicos que nos llevan a que hayamos podido retirar con éxito este tipo de enmiendas.
Nos quedan varios temas pendientes que es conveniente dejar encima de la mesa -no me voy a extender, señor presidente, esté tranquilo, no creo que sea necesario hacerlo- y que nos permiten poder abstenernos pero no votar a favor. Son cinco
temas. En primer lugar, la jurisdicción militar. Les puede parecer un tema menor pero no lo es en absoluto. Podría citarles la jurisprudencia de los votos particulares ante el Tribunal Constitucional de muchos magistrados que siguen entendiendo
una jurisdicción especial y que, por tanto, no es una jurisdicción ordinaria y que no tiene las bases de independencia que tiene que tener todo Poder Judicial. El segundo tema pendiente es el Centro Nacional de Inteligencia. Ciertamente, tiene su
propia ley pero en este proyecto también se regulan determinadas cuestiones. Nos gustaría mejorar la definición de sus objetivos, pero sobre todo me gustaría reforzar, sin detrimento alguno de su propio funcionamiento, el control parlamentario y el
judicial. Nos parece una cuestión que todavía está escasamente tratada y quizás se pueda mejorar con la ayuda de todos. Tercer tema importante, la Ley de secretos oficiales. No podemos tener una ley que data del año 1968, aunque se haya hecho una
regulación en determinados aspectos en el año 1978, pero que no es acorde con el mundo en el que vivimos en cuanto a determinadas regulaciones. Es un aspecto al que hay que hincarle el diente, aunque les cueste mucho. Es una cuestión que dejo
encima de la mesa porque está pendiente. Cuarto tema importante, la desmilitarización de la Guardia Civil. Sé que meto el dedo en la llaga -soy consciente- pero esta es mi obligación. Hay que trabajar en esta cuestión, en esta ley o en otra.
Quinto tema importante, la famosa cuestión del Ejército en el papel de defender la integridad territorial. ¿No sería mejor que el Ejército se limitara a defender los principios y, sobre todo, las instituciones democráticas y que éstas decidan en
cada momento qué es lo que tiene que hacer, sea esto o lo otro? No voy a suscitarles el porqué de esta frase en la Constitución y en la ley pero me gustaría que reflexionaran si a día de hoy pudiera ser este objetivo, por qué no poner el bienestar
de la sociedad, por qué no poner el derecho a la vivienda o a una justicia. Ese es el objetivo de la defensa del Ejército. Todos sabemos lo que hay detrás pero creo que a estas alturas esto también debería desaparecer.
Señorías, nos vamos a abstener porque creemos que hay avances -la tramitación parlamentaria ha ayudado a mejorar el texto de la ley-, pero hay temas pendientes -los que he comentado- que creemos que en este momento procesal y parlamentario o
en cualquier otro nosotros, desde el punto de vista del respeto a otras opiniones que no son las nuestras pero desde la sinceridad, la honestidad y la colaboración, creemos que hay que afrontar.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasaga-baster.
La palabra la tiene el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comenzaremos por hacer un reconocimiento en nombre del Bloque Nacionalista Galego que consiste en aceptar la mejora sensible de la ley en el proceso de su tramitación parlamentaria. Esta mejora incide
especialmente en algunos temas que son de gran importancia, por ejemplo en los siguientes. En primer lugar, la adaptación plena al espíritu y letra de la Constitución, incluido el papel y la figura del Jefe del Estado. En segundo lugar, la
racionalidad, la desacralización de los valores por los que deben regirse las Fuerzas Armadas, cuestión que es muy importante para establecer una atmósfera que no esté guiada por el irracionalismo en un sector tan importante como las Fuerzas Armadas
para un Estado democrático. En tercer lugar, porque se intenta objetivar al máximo cuál debe ser el comportamiento militar y en concreto el ordenamiento legal de la función militar, en términos que lo homologan a la sociedad civil. En cuarto
lugar, porque hay una tímida aproximación al reconocimiento de que los militares también tienen derechos fundamentales. En quinto lugar, porque la participación del Parlamento en la decisión de enviar tropas al exterior, fuera del territorio que la
ley llama territorio nacional, es un avance fundamental en el contexto que estamos viviendo. Y en último lugar,
porque hay un mayor rigor garantista, el mayor rigor posible dentro de los compromisos atlantistas del Estado español, de sus compromisos con lo llaman mundo occidental. No es poco.
Todo esto nos ha llevado a la retirada de las enmiendas números 43, 47, 53, 54 y 55. En todo caso valoramos como se merece el esfuerzo del Ministerio de Defensa por aunar voluntades y aproximar posiciones que, en nuestro caso, posibilitan
una postura abstencionista, no un voto negativo. Esta postura abstencionista está provocada por la consciencia del esfuerzo, el resultado perfeccionado en materia tan sensible y difícil y tan estratégica, y aquí es donde tenemos nuestra fundamental
discrepancia. Porque, señorías, queremos dejar claro que nuestra discrepancia, aquella que nos obliga a abstenernos, está centrada especialmente en los artículos 16 y 19. Estos artículos curiosamente adaptan la ley a un orden internacional que
quiere aparecer muchas veces amparado por la justicia de una forma eufemística. No estamos en condiciones, como Bloque Nacionalista Galego, de aceptar un orden internacional, por mucho que intente justificarse en nombre de la prevención de
conflictos, de la disuasión o del mantenimiento de la paz, eufemismos que muchas veces encubren la agresión, la irresponsabilidad y, sobre todo, la fuerza del poderoso.
Señorías, queremos dejar claro que, para nosotros, la Organización del Tratado del Atlántico Norte no es una organización adecuada para las circunstancias internacionales en que nos estamos moviendo y menos para un mundo transnacionalizado;
es una organización agresiva que corresponde a determinados espacios socioeconómicos, culturales e ideológicos del mundo. Esta organización no puede tener ningún tipo de iniciativa que pueda ser amparada desde el punto de vista democrático o desde
el punto de vista de lo que consideramos una visión humana amplia y global. El Consejo de Seguridad, desgraciadamente, hoy por hoy -esperemos que en el futuro no sea así-, es simplemente un órgano inoperante o al servicio de una gran potencia y de
ahí provienen las interpretaciones tan diversas, tan disparatadas de, por ejemplo, una resolución que dio pie -nada menos- a legitimar a posteriori la intervención en un país soberano, una intervención a todas luces ilegítima desde el punto de vista
del derecho internacional. Y como no estamos precisamente en un momento en que las interpretaciones se puedan garantizar en función del interés de la mayoría de los pueblos del mundo siempre, incluso cuando tienen posibilidad, sino que están, hoy
por hoy, por la intimidación o por el miedo, condenados a la abstención o incluso al voto positivo a la hora de legitimar determinado tipo de intervenciones militares, no podemos apoyar esta ley que, vuelvo a repetir, es cierto que es muy rigurosa,
muy garantista desde el punto de vista de la actuación del Estado español a sus compromisos internacionales. Por eso, señorías, no vamos a dar un voto positivo, igual que no podemos seguir dilatando en el tiempo el ejercicio de considerar a la
Guardia Civil como un cuerpo integrado en la policía, de carácter civil y no militar. Es un tema urgente, necesario y consideramos que en este momento no debemos ceder a este tipo de objetivos.
Por tanto -acabo ya, señor presidente-, no estamos en desacuerdo con la forma política de proceder del Ministerio de Defensa ni con su esfuerzo por aunar voluntades y por convencer. Por eso, también somos conscientes de que nuestro esfuerzo
por la abstención está condicionado precisamente por aquello a lo que antes aludió el ministro: que, en una democracia, las aproximaciones a través del diálogo son el fruto mas precioso que tenemos. Espero que nuestra posición sea valorada desde
este punto de vista. Es un tema tan delicado que se ha tratado con la mejor dosis de espíritu constructivo y pacífico, y no solamente por parte del Ministerio de Defensa, sino también por parte de los que, como el Bloque Nacionalista Galego, nos
vamos a abstener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, tiene usted la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mis palabras en este trámite haciendo un recordatorio a los 17 soldados españoles, soldados de España, fallecidos en trágico accidente el mes pasado en Afganistán, en acto de servicio, bajo el amparo de la bandera
española. Para ellos, para la cúpula militar aquí presente, mi testimonio de condolencia y de apoyo.
Dicho esto, comienzo a defender las siete enmiendas que ha mantenido mi grupo, Coalición Canaria, para este trámite final. La introducción que ha hecho en la defensa del proyecto de ley el señor ministro, don José Bono, me obliga a hacer
una declaración de principios en este momento. Los principios que han regido la presentación de todas estas enmiendas -las aceptadas en los trámites previos, las rechazadas, las retiradas en un ámbito de consenso- han sido los siguientes. En
primer lugar, el principio de respeto a la nación española. En segundo lugar, a lo que ampara a esta nación, que es nuestra Constitución democrática: el principio constitucional del artículo 8 así como cualquiera de las demás condiciones del
desarrollo legal de las misiones de las Fuerzas Armadas bajo amparo constitucional. En tercer lugar, una identidad, muchas veces de principios, con las Fuerzas Armadas, con sus mandos, desde el primer general hasta el último soldado, para recoger
democráticamente como parlamentarios sus aspiraciones, se tratara de temas relacionados con las viviendas militares como de los relacionados con dotación de sistemas de armas o cumplimientos de normativas militares jurisdiccionales en todos los
órdenes. Eso ha regido hasta ahora y, por tanto, nuestras enmiendas han ido en un sentido constructivo. En esa línea nos queremos mantener, brindando así nuestro apoyo. Jamás en estos 23 años -lo
recordaba el señor Bono- en los que este diputado ha ejercido como portavoz en la Comisión de Defensa, ha ido una enmienda ni en contra de nuestras Fuerzas Armadas ni de la Constitución ni de la democracia ni de la mejor calidad de las
mismas.
Anuncio ya que en el trámite final solo voy a mantener una enmienda, la número 153, y que se refiere a la presencia del secretario de Estado de Seguridad en el Consejo de Defensa Nacional. ¿Por qué lo hago? Lo he explicitado perfectamente.
Esta no es una enmienda de criterio de discapacidad de una institución del Estado, como puede ser el Ministerio del Interior, que está representado en el nuevo Consejo de Defensa Nacional. Y voy a contarle al señor ministro una anécdota al respecto
que conozco debido a mi antigüedad en el puesto de portavoz. El señor ministro ha dicho que el nuevo Consejo de Defensa Nacional sustituye a la desaparecida, y por algunos añorada, Junta de Defensa Nacional. Cuando se creó dicha junta, y aprovecho
esta ocasión para rendir un homenaje de reconocimiento a un gran español y militar, el general Gutiérrez Mellado, siendo él vicepresidente del Gobierno de UCD para asuntos de la Defensa, al hablar de la Junta de Defensa Nacional dijo que ojalá se
reuniera pocas veces, porque ello indicaría que no había ruido de sables, que en aquellas fechas se decía que existía, por los atentados de ETA o del GRAPO contra ilustres militares españoles. El señor Gutiérrez Mellado, reitero, dijo. Ojalá se
reúna pocas veces. Es una de esas comisiones, como la de riesgos catastróficos, que cuanto menos se reúnan -salvo por cuestiones puramente organizativas- mejor. Valga esta anécdota como reconocimiento al general Gutiérrez Mellado.
La defensa de la enmienda está explicitada por entender que el cargo de secretario de Seguridad como miembro del Consejo de Defensa Nacional debería estar recogido ahí. Le pido al señor ministro que cuando haya ocasión de reunir el Consejo
de Defensa Nacional se transforme en una especie de derecho consuetudinario la citación, porque la ley permite que otros cargos y personalidades puedan estar allí. Dada la impronta que nosotros apoyamos y que esta Ley de Defensa Nacional encomienda
a las Fuerzas Armadas un papel activo en la lucha contra el terrorismo, no solamente en la defensa de la nación y de los principios internacionales, a mi grupo le parece que el papel del secretario de Estado de Seguridad, ya que también está al
frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia -está en la ley del año 2002- y de la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis, debe ser un papel complementario pues del mismo dependen dos instituciones,
operativamente hablando, que son la Guardia Civil y la Policía Nacional, que tienen sus órganos de inteligencia, como después recordaré en otra enmienda.
La enmienda número 161 está inspirada en el principio constitucional de misiones básicas. Por abreviar el trámite, señorías, anuncio que la vamos a retirar. Al aprobar nosotros, y así vamos a votarla si se puede, una enmienda transaccional
del Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y con Esquerra Republicana entendemos que este principio está subsumido en el espíritu y en el preámbulo de la ley, y
mejor dejarlo solo para discusiones de doctrina constitucional militar y en órganos académicos. Sería mejor que esto lo debatiéramos algún día como enriquecimiento dialéctico en el seno del Ceseden o de cualquier universidad que organice un
seminario al respecto.
Vamos a retirar la enmienda número 162, que también guarda relación con la número 185 y que es soporte de una enmienda transaccional a la que hemos llegado con el grupo parlamentario socialista. La ennmienda transaccional viene a recoger lo
que estaba implícito en nuestra enmienda -quitemos ya viejas imágenes del militarismo, como bien ha dicho el señor ministro- porque hoy día hay un ansia social de unas Fuerzas Armadas no militaristas pero sí de sentido práctico. ¿Y qué sentido
práctico tiene para los ciudadanos? Visualizar perfectamente las actuaciones, como fueron las misiones Petersberg, que aparecen aquí implícitamente cuando se dice que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos son también objetivo de las Fuerzas
Armadas en cualquier tipo de catástrofe. ¿Por qué? Porque parten de un principio de organización. Lo acabamos de ver con la catástrofe de Nueva Orleans en la que al final son los ingenieros militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos los
que han cerrado los diques, los que tenían la capacidad técnica de ir allí, los zapadores del arma de ingenieros, para realizar esta función. Por esa razón retiramos esta enmienda ya que la enmienda transaccional a este respecto establece el deber
de las Fuerzas Armadas de colaborar no solamente en operaciones estrictamente militares sino de apoyo a la población en caso de catástrofe, etcétera.
La enmienda 177 iba en otro sentido. La señora Lasagabaster lo ha planteado aquí con respecto al Centro Nacional de Inteligencia. Nuestra enmienda lo que pretendía era recoger una idea que el Ministerio de Defensa creo que ha hecho muy
bien al introducirla en una orden ministerial dictada en los primeros meses de este año 2005 cuando hace la estructura del Estado Mayor de la Defensa. Nosotros nos congratulamos de que se haya singularizado el servicio de inteligencia de las
Fuerzas Armadas que había quedado como muy difuso, el Cifas. El Cifas es una unidad operacional importantísima y hecha además dentro de un esquema y una estructura militar, no está compartido con nadie como pueden ser otras instituciones cívico
militares o mixtas que tenga la Administración del Estado. Esto lo tienen la inmensa mayoría de los países aliados, un servicio de inteligencia propio de las Fuerzas Armadas aunque después haya una agencia superior de inteligencia, lo que nosotros
llamamos comunidad de inteligencia. ¿Por qué? Porque la comunidad de inteligencia es un pivote general del Estado que es el Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo Cesid; después viene una estructura profesional
en aquellas instituciones fundamentales del Estado encargadas como institutos armados de una serie de misiones constitucionales en las leyes que la desarrollan; en primer lugar, las Fuerzas Armadas con el Cifas, en segundo lugar está la
Guardia Civil con su servicio de inteligencia y la Policía Nacional con su servicio de inteligencia. Pues si tenemos eso vamos a generar una comunidad de inteligencia. El propio Gobierno norteamericano se ha encontrado con una dispersión de
agencias de inteligencia, 15 ó 17, y al final ha tenido que coger al embajador Negroponte y ponerlo al frente de una comunidad de inteligencia sin suprimir ningún organismo, no sé si será bueno o malo, pero es que la profesionalidad que se lleva es
que los servicios de inteligencia sean propios de las Fuerzas Armadas, no que se dediquen a averiguar otras cuestiones pero si las encuentran -blanqueo de capitales, tráfico de drogas, trata de blancas, explotación de esclavos, etcétera- lo
comuniquen a los órganos correspondientes porque lo ha cogido en una frecuencia en las pesquisas que se hacen de sistemas de mensajes, etcétera, de fuerzas que son potenciales enemigos de las instituciones de las que forma parte España.
Retiramos la enmienda 179 porque la propia ley anuncia que va a ser objeto de una ley. Yo recuerdo la problemática de Canarias porque cada vez que un alemán o un inglés quería comprar un chalet o una parcela en el archipiélago canario tenía
que ir a la Capitanía General a solicitar un permiso del capitán general de Canarias correspondiente para poder adquirir un bien inmueble en ese territorio. Que se legisle por ley y por ello nosotros retiramos la enmienda número 179 y la 185, y
vamos a retirar también la enmienda 186 que iba dirigida a la exposición de motivos con respecto al servicio militar obligatorio. Si el servicio militar obligatorio está suspendido, está anulado, nosotros hemos mantenido el criterio de que con la
Constitución en la mano el servicio militar obligatorio puede ser recabado para que en circunstancias de futuro, vía democrática, se pueda reincorporar. Por tanto, lo que hay es una exención porque no se sigue ya esa vía de los conscriptos del
servicio militar obligatorio sino por vía de los militares profesionales.
Y sobre los temas de los militares profesionales ocasión tendremos en futuras sesiones de esta Cámara, con respecto al proyecto de ley de tropa y marinería y la que venga de
suboficiales o de oficiales, para hablar otra vez de ese tema.
Mantenemos por tanto la enmienda 153 del secretario de Estado de Seguridad por dar un testimonio de coherencia. Nosotros no hacemos causa política de esta enmienda sino una aportación positiva que hemos querido hacer a nuestras Fuerzas
Armadas. Desearíamos un consenso de todo el hemiciclo porque esta no es una ley en que las discrepancias sean de forma, de estructura, o de cualquier otra entidad. Cuando nos estamos refiriendo al Poder Judicial, al poder del Estado, a los
instrumentos que tiene para cumplir su finalidad, la licencia de armas, estamos hablando de temas de Estado muy importantes. Hay temas importantes de Estado en los que debe haber un mutuo entendimiento entre el Parlamento y los institutos que
dependen de los ministerios, y por ello la ley de las Fuerzas Armadas tiene que tener vocación de permanencia. No podemos traer una ley aquí con vocación de cambio, porque no se lo merece ni España ni las Fuerzas Armadas ni la profesionalidad ni el
servicio que prestan.
Mi grupo va a votar favorablemente esta ley orgánica por entender que prestamos un servicio a la Constitución, a la democracia, al Parlamento y a las Fuerzas Armadas. La semana pasada hemos visto cómo la familia militar se ha agrupado y
también lo hicimos el mes pasado en un funeral.
Quisiera que el recuerdo a esos 17 españoles muertos en acto de servicio en Afganistán impulsara también el sentido de responsabilidad de nuestro voto favorable ante esta ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, el grupo parlamentario que represento, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, va a respaldar el dictamen de la Comisión en torno a la
Ley orgánica de Defensa Nacional y lo vamos a hacer, en primer lugar, por una razón fundamental, porque un artículo de la Constitución, que prevé la participación de la Cámara en el caso de la declaración de guerra, y que hoy es prácticamente un
artículo inane porque no se declara la guerra, sino que se participa en conflictos internacionales en el marco de organismos multinacionales, se traslada hoy mediante esta ley dándole a la Cámara la mayor participación en las decisiones que tienen
que ver con la presencia de nuestras tropas en cualquier conflicto exterior.
Nos parece que esta iniciativa sana un problema fundamental de nuestra Constitución, un problema fundamental también de la evolución de los acontecimientos y, por tanto, sería motivo suficiente para votar favorablemente esta iniciativa y es
que el Congreso de los Diputados autorice cualquier participación de nuestras tropas en operaciones exteriores. Pero tenemos más razones para el voto favorable a esta iniciativa, entre ellas la que tiene que ver con el multilateralismo y con el
derecho internacional. A partir de esta ley también la presencia de nuestras tropas tendrá que ser con arreglo a la Carta de Naciones Unidas y de acuerdo con resoluciones concretas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos parece que esos
dos factores fundamentales, por una parte, la participación democrática del Congreso de los Diputados en una cuestión tan delicada como es la presencia de nuestras tropas en el exterior y, por otra parte, la adecuación de esta presencia
a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Carta de Naciones Unidas son razones básicas para que nosotros por razones democráticas, estemos en este acuerdo en torno al dictamen de la Comisión sobre la Ley de
Defensa Nacional.
Señorías, en su primera redacción este proyecto de ley suponía también, en nuestra opinión, la actualización de nuestra norma en relación a la defensa nacional, que no la actualización de nuestros Ejércitos. En muchos casos esa
actualización había tenido lugar ya a través de iniciativas estratégicas, a través de directivas de la defensa, pero significaba la actualización de una ley de 1980 que se había convertido en una ley anacrónica; una actualización que pasaba también
página de algunas hipotecas que en el período de transición se establecieron sobre la relación existente entre la política y lo que podemos considerar lo militar. En ese momento, una serie de normas -la Constitución, la propia Ley de Defensa
Nacional, de 1980, las reales ordenanzas- establecieron un espacio no diría de autonomía, pero sí un espacio propio de lo militar respecto al proceso democrático de nuestro país. Eso, por suerte, no ha tenido lugar a lo largo de los últimos años y
tenía que producirse finalmente la adecuación de la norma a la realidad de nuestros Ejércitos, a la realidad de lo militar en nuestro país.
El proyecto de ley, por tanto, atribuía la gestión política de las crisis en nuestro país al presidente del Gobierno; es decir, atribuía la dirección política de los ejércitos en momentos de crisis al representante democrático de todos los
españoles. Ese es un avance importante en el primer borrador del proyecto de ley. En segundo lugar, el proyecto de ley superaba la división en tres ejércitos. Superaba esa división manteniendo la estructura, pero al mismo tiempo proponiendo
modificaciones de carácter operativo y funcional que muestran la integración y la unidad de nuestro Ejército. En tercer lugar, el proyecto derogaba las reales ordenanzas e intentaba sustituirlas por un código de conducta, en nuestra opinión de
forma contradictoria, como comentaremos, y que finalmente se ha visto solucionado en el trámite de ponencia y en el propio dictamen de la Comisión. Y en cuarto lugar, el proyecto de ley introducía el control democrático de las misiones en el
exterior a través del mecanismo de consulta similar al que existe en otros países europeos, como Bélgica y Holanda; un mecanismo que a nosotros nos parecía insuficiente. Pues bien, señorías -decía antes-, son razones democráticas para estar de
acuerdo en líneas generales con el proyecto.
También he comentado en un primer lugar los avances en materia de actualización que tiene esta ley en relación a una ley de 1980. En la redacción final esta ley va bastante más allá de una mera actualización de la Ley de 1980, de una mera
adecuación de la norma a la realidad del Ejército. En nuestra opinión, en esta norma se produce también una vocación de futuro, una voluntad de transformación, una voluntad de modernización de nuestro Ejército y de las relaciones entre el Ejército,
la sociedad civil y la política. Gracias a las enmiendas de los grupos parlamentarios, a la negociación que ha tenido lugar con el Gobierno y entre los propios grupos, se han producido avances importantes en el dictamen de la Comisión. En primer
lugar, es un avance la incorporación de fines de la defensa que van más allá de los fines puramente militares.
En el texto del proyecto de ley en su actual nivel de tramitación hay una concepción de los fines de la defensa que va más allá de lo
puramente militar, aunque, en nuestra opinión, no llega a lo que podríamos denominar un concepto de seguridad humana que incorpore lo militar, lo económico, lo social, lo ecológico, etcétera. En segundo lugar, este proyecto, tal y como está
tramitado, se compromete a algo muy importante en el seno de las propias Fuerzas Armadas. Nos da la impresión de que el hecho de que no solamente no haya reales ordenanzas o código de conducta en esta ley, sino que se remita a futuros proyectos y
decretos y se comprometa el observatorio y la Ley de derechos y libertades de los militares, significa un avance democrático muy importante, por lo que la democracia no tiene por qué detenerse a la puerta de los cuarteles. De hecho, no es así. Hay
que garantizar que el ejercicio de los derechos democráticos, con las mínimas limitaciones, se produzca en el seno de nuestros ejércitos. Por tanto, nos parece muy importante que hayamos llegado a un acuerdo para la creación del observatorio y para
la aprobación de la Ley de derechos y libertades de los militares en nuestro país.
Decía que el principal acuerdo entre las fuerzas políticas es el relativo a la participación del Parlamento en las misiones militares en el exterior. En nuestra opinión, es un acuerdo muy importante porque supone poner a nuestro país a la
vanguardia del control democrático de las participaciones militares en el exterior; a la vanguardia del control democrático en el sentido de la sujeción al derecho internacional, a Naciones Unidas, a su Carta y a las resoluciones del Consejo de
Seguridad. A la vanguardia también del control democrático del Parlamento con la obligación de autorización previa del mismo a la presencia de nuestras tropas en operaciones exteriores. Nos parece que ese aspecto es muy importante, y no lo decimos
porque miremos hacia el pasado; sería un error. Los historiadores dicen que es un error analizar la historia desde los valores del presente. Pero no es solamente un error; es un estrepitoso fracaso analizar el presente desde las circunstancias
del pasado. En este caso se equivoca aquel que piense que esta ley sana o rectifica el pasado. Esta ley es para hoy y para mañana y por eso nuestro grupo parlamentario considera que los avances son suficientes para respaldarla, poniéndonos a la
cabeza de la participación y de las garantías democráticas de nuestros compromisos militares en el exterior.
¿Qué temas, en nuestra opinión, quedan pendientes? Queda pendiente, en nuestra opinión, un concepto más integral de la defensa, un concepto de defensa civil, aunque nosotros preferimos que éste se produzca en una ley o en un plan específico
de defensa civil. No nos
gustaría una visión extensiva de la defensa que incluyese también la defensa civil, al igual que no nos gustaba un concepto extensivo de la seguridad que incluyera la seguridad que compete al Ministerio del Interior.
En segundo lugar, se mantiene la jurisdicción militar. En nuestra opinión, es un error el mantenimiento de esta jurisdicción e intentaremos en procesos posteriores que tenga las mismas condiciones que la jurisdicción civil, que no sea
necesaria una jurisdicción específica.
En tercer lugar, falta la ley de derechos y libertades, que está comprometida en el texto para al cabo de unos meses, y nosotros emplazaremos al Gobierno para que cumpla este compromiso.
Tampoco, en nuestra opinión, hay en el texto suficiente información sobre las bases militares de utilización conjunta ni sobre las directivas en materia de defensa. Esperamos que el Gobierno, en los próximos meses, busque mecanismos para
que la Comisión de Defensa y el Congreso de los Diputados participen en toda la cuestión militar, incluso en las bases de utilización conjunta y en temas tan importantes como las directivas de defensa.
Asimismo, expresamos nuestro desacuerdo -lo hemos dicho ya reiteradamente y lo defenderemos en el momento en que se planteen iniciativas de estas características- con la dependencia orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, con el
carácter militar de la Guardia Civil y, como decía otro interviniente anterior, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en nuestra opinión una organización absolutamente anacrónica que nosotros seguimos rechazando.
Por último, señorías, nuestro voto a una iniciativa de estas características es por responsabilidad democrática en la adecuación del Ejército a la realidad democrática de nuestro país o, mejor dicho, la adecuación de la norma a la realidad
democrática, social del Ejército. Es una opción no solamente de responsabilidad, sino democrática, de convicción; de convicción democrática porque esta ley avanza y nos pone a la cabeza del control democrático de las operaciones exteriores de
nuestro país y tan solo ese aspecto justificaría nuestro voto favorable.
Yo hago un llamamiento al conjunto de los grupos parlamentarios para que en este caso coincidan en lo básico y sigamos defendiendo cada uno de nosotros nuestros perfiles en el
resto de la legislación, pero que en esta materia se aúne el concepto de convicción democrática y de responsabilidad. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Llamazares. Grupo Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señor ministro, señorías, buenos días.
Comienzo diciendo que entiendo que cuanto menos no es excesivamente operativo que el ministro nos tenga que explicar los motivos de la ley tras el debate en Comisión. Lo lógico sería que el ministro pudiera o debiera dar explicaciones antes
del inicio del debate. Espero que el nuevo Reglamento lo permita porque en estas situaciones en que no hay enmiendas a la totalidad a usted se le impide esto y, tras el proceso en Comisión, no parece lógica esta formulación. Dicho esto, para
nosotros también es evidente la oportunidad de la ley. Coincido con la exposición del ministro básicamente en dos aspectos: en que el momento político en que se desarrolló y se aprobó la ley precedente no era el adecuado por evidentes motivos, y
que el propio Ejército ha evolucionado evidentemente durante estos años y también fundamentalmente en lo que es su capacidad de profesionalización.
En el transcurso del debate en Comisión de nuestras enmiendas, que como grupo parlamentario presentamos a esta Ley de la Defensa Nacional, ya manifestamos nuestra abstención al texto de la ponencia porque manteníamos unas diferencias
conceptuales en el planteamiento de la ley y porque no se aceptaban ninguna de las enmiendas que habíamos presentado aduciendo diferencias no salvables. No pretendo hacer una relación extensa de las enmiendas porque mi compañera de escaño Marga
Uría ya lo hizo en la Comisión y brillantemente además. Nuestras enmiendas han pretendido básicamente definir y distinguir el autentico objetivo de la ley, que es el de la regulación de las bases de la organización militar sin confundirlo, como
entendemos que se hace en aspectos de este proyecto, con la actividad material, la finalidad de defensa del Estado referida en el artículo 97 de la Constitución española, que es el objeto de las políticas gubernamentales, y no de regulación orgánica
alguna por estas normas. Asimismo, hemos pretendido que quedara claro en este proyecto de ley que el texto debería acomodarse a lo que dispone dicho artículo 97 de la Constitución, donde aparece literalmente el concepto de defensa del Estado, y
debería suprimirse como potestad de gobierno la de autorizar cualquier participación de las Fuerzas Armadas fuera del territorio del Estado, dado que creemos que tal decisión corresponde a estas Cortes Generales.
Hemos coincidido con diversos grupos en esta reivindicación, obvia desde la perspectiva constitucional y parlamentaria, y además nos sonaba un poco extraño la propuesta inicial del Gobierno, sobre todo de múltiples defensas e informaciones
del propio ministro Bono, de que nunca más el Parlamento será testigo, y que hoy hemos vuelto a escuchar, sordo y mudo respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas. Pues bien, después de dicho debate se nos ha transmitido, en las conversaciones
que hemos mantenido, que el Gobierno modifica o acerca, como ha dicho el ministro, su posición al resto de los grupos que hemos coincidido en esta materia y entendemos que el grupo que soporta al Gobierno, en este caso el Grupo Socialista,
presentará hoy una transaccional que recogerá fielmente el principio constitucional y la competencia de autorización por estas Cortes Generales. Obviamente, en el caso de que prospere dicha transaccional, a la cual vamos a dar nuestro apoyo,
retiraremos las enmiendas correspondientes.
Otras enmiendas se referían a que, además de plantear una confusión de la actividad material con el objeto de la ley, había que tratar de evitar que, como sucede en el texto del proyecto -me estoy refiriendo al artículo 14-, se cometa el
error de malinterpretar y contraponer el enunciado genérico finalista que formule el artículo 8.1 de la Constitución que dice: '...garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional'. Si se aísla como un enunciado hecho en función de la finalidad y se separa de otros que denotan su hechura clara en función de la actividad material, como si fueran misiones distintas, parecería que se atribuye, de alguna manera, a
las Fuerzas Armadas una especie de función policial represiva de cara al interior del propio Estado y una función militar únicamente de cara al exterior.
Planteamos una serie de enmiendas que proponen la supresión de los artículos 19 a 23, del 24.2 y del 25 al 32 por diversos motivos, que resumiré brevemente. Las enmiendas al título IV, porque entendemos que las cuestiones relativas al
comportamiento de las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas no corresponden al objeto de la presente ley. No decimos que no hay que regularlas, sino que no corresponden al objeto de la presente ley porque entendemos que no forman parte de lo
que son las bases de la organización militar, que es el objeto de esta ley. Asimismo, entendemos -y ya sé que es una interpretación del Grupo Vasco- que el artículo 24.2 vulnera lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, según el cual 'Una
ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio...' Además, la expresión 'en tiempo de conflicto armado', utilizada en este proyecto como supuesto de hecho habilitante para tomar decisiones sobre las personas y bienes, no se
encuentra prevista en modo alguno en la Constitución. Por último, hemos presentado enmiendas pidiendo la retirada de los artículos 25 a 32 por motivos parecidos a los manifestados y que, como he dicho, ya se expresaron en el debate en Comisión.
Mantendremos vivas estas enmiendas, salvo las que le he anunciado al ministro que en caso de prosperar la transaccional retiraríamos, que de alguna manera determinan nuestra posición, que ya hemos manifestado y que será la de abstención al dictamen
de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka. Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, seguramente algunos de ustedes o algún grupo podrán preguntarse qué hace un partido que es independentista hablando sobre la ley de la Defensa Nacional. En su momento, cuando se inició esta legislatura, nuestro
portavoz parlamentario dijo que somos un grupo parlamentario que aspiramos a tener voz en el contexto de las naciones europeas, y el propio presidente del Gobierno contestó que él aspiraba a que nos sintiésemos cómodos en este Estado. Participar en
la elaboración de la ley de la defensa para superar una ley de los años ochenta, una ley arcaica, anclada en un pasado, no adaptada a las circunstancias actuales, entendemos que tiene que servir para mejorar la actual situación. Por eso hemos
participado desde el principio con la presentación de enmiendas al proyecto de ley que el Gobierno, el ministro de Defensa, trajo a esta Cámara. Un proyecto de ley que hoy, en este trámite final en el Congreso, representa una mejora del que
presentó el Gobierno y que supera ampliamente la antigua Ley de la Defensa de los años ochenta.
Hasta este momento mantenemos vivas 10 enmiendas, en este Pleno, que van claramente en el sentido ideológico que defiende Esquerra Republicana de Catalunya, con el fin de tener un ejército que mire a Europa, que mire al mundo y que deje de
mirar en clave interna, que demasiadas veces nos ha llevado por un camino trágico en el Estado español. Entendemos que un ejército europeo, un ejército que mira al nuevo mundo tiene que ser un ejército que afronte los retos globales, un ejército
que no fomente el nacionalismo, un ejército que fomente la cultura de la paz y la cultura de la cooperación. Las enmiendas que hemos presentado iban en ese sentido.
Le anuncio ya la retirada de las 10 enmiendas que manteníamos vivas porque han sido transaccionadas -en estos momentos previos hemos terminado con la última transacción- y entendemos que podemos llegar a un acuerdo para dar el voto favorable
de nuestro grupo parlamentario a la ley de la Defensa Nacional. En ese sentido valoramos positivamente el hecho de garantizar la aprobación por el Parlamento del envío de las tropas en misiones en el exterior. Entendemos que el control democrático
que se ejerce desde el Parlamento en el envío de las tropas es una mejora evidente y creemos positivo ese acuerdo al cual hemos llegado, lo que nos permite la retirada de algunas de las enmiendas.
Creo que es lógico que desde nuestro grupo parlamentario expresemos que quedan temas pendientes a mejorar y, por tanto, permítame que hable de algunos que incluso en el Senado podrían mejorarse. Uno de ellos es que, a través del proceso en
la Comisión de Defensa, se han introducido algunas enmiendas que creo que han sido un error en la interpretación, y me refiero -lo comenté en la Comisión de Defensa- al artículo 31, en el cual, fruto de una transacción, se habla de que el Ministerio
de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de la defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los
intereses nacionales. Yo creo que el espíritu de este punto es en parte contradictorio. Valorar la historia del ejército en una historia de España que a veces ha sido, como he dicho antes, trágica es contradictorio a veces con el espíritu de la
ley. Rememorar esta historia desde el golpe de Estado que significó el inicio de la Guerra Civil, o el propio intento de golpe de Estado del 23 de febrero, como una experiencia, creo
que habría que retocar este artículo para clarificarlo, por lo que instamos a que en el trámite del Senado podamos hacer una mejora de texto que clarifique ese concepto.
También como temas pendientes que habría que mejorar en el futuro está lo que otros grupos han comentado, como es todo lo referente a la jurisdicción militar, al control del Centro Nacional de Inteligencia y a la Ley de Secretos Oficiales,
el tema de la militarización de la Guardia Civil, donde discrepamos, ya que nosotros defendemos el proceso de desmilitarización de la Guardia Civil.
Como usted ha dicho, señor ministro, desde las discrepancias ideológicas entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana hemos de hacer referencia a un tema que en esta ley no es posible retocarlo y que nuestro grupo en otros momentos lo
ha manifestado, que es el referente al artículo 8.1 de la Constitución en el que se habla del Ejército como garante de la unidad de España. Como partido independentista entendemos que por la vía democrática, por la vía pacífica, en una sociedad
avanzada esta referencia no tiene ninguna lógica porque en todo proceso democrático los pueblos tienen derecho a ejercer su autodeterminación y a ejercer su derecho a tener voz propia como pueblo desde el punto democrático, y se lo digo desde el
contexto de la discrepancia ideológica, desde el acuerdo que hemos tomado de votar esta ley, usted lo ha dicho antes, desde el diálogo, que lo ha habido, creo que un diálogo honesto, estando cada cual en su postura. Pero también hemos de
manifestarle que un partido como el nuestro, como Esquerra Republicana de Cataluña, que ha practicado el diálogo, hablando se entiende la gente, como arma para avanzar en el desarrollo de las ideas y de los derechos de los pueblos, es un elemento
desde el cual nuestro grupo parlamentario seguirá trabajando y avanzando. Por tanto, señor ministro, vamos a votar esa ley, por lo que retiramos todas las enmiendas en la voluntad de seguir avanzando en una ley progresista, democrática, en una ley
de la Defensa que sea un avance importante. Hay puntos importantes como el compromiso de la creación del observatorio de la vida militar, que en el plazo de tres meses el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados. La Ley reguladora de los
derechos fundamentales de los militares y la creación de este observatorio es un gran avance y también el control parlamentario del envío de tropas a misiones en el exterior. Señor ministro, seguiremos dialogando. Hablando se entiende la gente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig. Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señorías, señor diputado, con extremada brevedad quería aprovechar la ocasión para agradecer el voto favorable de Esquerra Republicana a la Ley de la Defensa Nacional. Si me
permite el señor diputado, haré una precisión de carácter meramente histórico. Cuando se habla de los militares genéricamente y se les trata de identificar en la historia con los que han sometido al pueblo español y sus libertades, si se cita a los
dos dictadores del siglo pasado, se acierta; pero sabe S.S. que no todos los militares son acomodables, ni siquiera en la historia, a los ejemplos que ha citado. Le pondré otros dos ejemplos, alguno de los llamados espadones de la libertad del
siglo XIX, procedentes del pueblo, como el general Espartero, que pudo defender y mantener unos planteamientos liberales frente a quienes no estaban en esa posición; y, si me lo permite, en tono que no le será muy alejado de su pensamiento, el
señor Maciá era coronel del ejército.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor diputado desearía replicar? (Pausa.)
El señor PUIG CORDÓN: Sí, señor presidente, yo hacía referencia a un tema concreto. La redacción que se ha incorporado, fruto de una transacción, ha mejorado el texto. Deseo que este diálogo que hemos mantenido pueda servir para
clarificar este artículo 31, fruto de una transacción que creemos que es claramente mejorable en todos los sentidos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Señor López-Amor. Estamos en el turno de defensa de enmiendas, por eso los grupos que no las tienen, que es el caso del señor Maldonado y del Grupo Parlamentario
Socialista, fijarán posición después.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, esta mañana viene al plenario del Congreso para su conocimiento y, suponemos, aprobación la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. He de comenzar
diciendo que es una mala ley. En toda su tramitación hemos observado mucha prisa por parte de este Gobierno y también de los grupos parlamentarios que lo sustentan, intentando rematar la faena, como ven todos ustedes, en el primer Pleno después del
verano.
Vaya por delante que podíamos entender la necesidad de una nueva ley de defensa después de 25 años de vigencia de la anterior, ya que los escenarios estratégicos y los cambios producidos en nuestras Fuerzas Armadas hacían de la ley en vigor
un marco superado por la realidad, pero una cosa es la necesidad de un nuevo y buen proyecto de ley y otra cosa es el que hoy estamos examinando. Es un proyecto este en el que se nota el acarreo de artículos inconexos, que no tiene un corpus
doctrinal y que no responde más que al deseo de satisfacer a un sector de las Fuerzas Armadas para elevar a rango de ley su organización futura, conjuntamente con lo que yo denominaría el paso a la posteridad de cualquier ministro, dejando una
muesca con carácter de ley orgánica en el ámbito de la Defensa Nacional. Ya le anuncio, señor ministro, el voto en contra de nuestro grupo, y más tarde le iré desgranando el porqué de esta
negativa; pero antes le advierto que el Grupo Popular cuando se den las condiciones hará otra ley de defensa, eso sí, pactada con el Grupo Socialista, únicos partidos con capacidad de gobernar y de dirigir este país en el ámbito de la
defensa. Señor ministro, usted y su presidente, el señor Zapatero, con este proyecto de ley han roto el consenso que en materia de seguridad y defensa era la norma de conducta una vez que se aprobó nuestra Constitución en el año 1978, y que el
Gobierno del Partido Popular, a pesar de tener mayoría absoluta en la legislatura pasada, respetó escrupulosamente. Los dos grandes proyectos que en la legislatura pasada se aprobaron, la revisión estratégica de la defensa y la creación del Centro
Nacional de Inteligencia y su control judicial, fueron enviados a las Cortes con un consenso previo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Estos consensos, que son demandados en materia de Estado por las Fuerzas Armadas y por los ciudadanos,
han sido rotos después de 25 años por los acuerdos con lo que algunos denominan el tripartito y por las directrices de un presidente de Gobierno de aislar, entre comillas, al Partido Popular, y eso es tanto como querer aislar a una parte entera de
la sociedad española que está representada electoralmente con más de 10 millones de votos. Esto tiene unas consecuencias; no sale gratis. Esta ley nace coja; será breve porque una ley de defensa que se pacta con partidos que se declaran
independentistas, que no creen en la integridad de la nación española ni en España, no puede ser más que una perversión de carácter político. Es necesario, por tanto, que este Pleno conozca los datos de las enmiendas presentadas, porque es
sintomático decir que se ha aprobado el 66 por ciento de las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, el 56 por ciento de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, mientras que del Grupo Popular solo se ha aceptado una enmienda.
Señor ministro, tenía que haber sido responsable y haber retirado esta ley por las razones que antes he expuesto y que son puramente políticas.
Quiero recordar a la Cámara que hasta llegar aquí hubo un pacto no excluyente de otros grupos
políticos entre el Partido Socialista y el Partido Popular para intentar consensuar este proyecto dentro del trámite parlamentario. También quiero hacer un flashback y recordar qué aspectos eran esenciales del mismo: la regulación de las misiones
en el exterior; la desaparición del título IV, regulador del comportamiento de los militares; y el compromiso del Gobierno de traer a la Cámara unas reales ordenanzas para tramitarlas con rango de ley, así como transaccionar las 30 enmiendas vivas
que mantiene el Grupo Popular. Señor ministro de Defensa, quiero creer que no le dejaron llevar a buen fin este pacto político. Fue probablemente desautorizado por su presidente, el señor Zapatero, y por dos razones: la primera, la debilidad
parlamentaria de este Gobierno, que no puede resistir ni un solo amago de sus socios (Esquerra Republicana e Izquierda Unida) al conocido grito de o con ellos o contra nosotros; la segunda, la estética ideológica del señor Zapatero, que hace lo
posible por seguir en esa nube radical sin saber diferenciar qué escenarios políticos necesitan de la concordia de los dos grandes partidos políticos. No tuvo el señor ministro -si quiere usted escucharme- arrestos para cumplir el pacto de
caballeros o tomar las decisiones que en esos momentos había que tomar. Diríamos que se tragó el sapo. Le hubiéramos apoyado si hubiera tomado esas medidas sin duda, pero la añagaza construida para no cumplir el pacto es patética e infantil. El
incumplimiento tuvo como resultado la retirada de las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Popular y su no discusión en Pleno, por eso ahora queremos que todas SS.SS. sepan cuál es nuestra postura y por qué pedimos en su día la
devolución al Gobierno y hoy vamos a votar en contra.
Como dije antes, sin ánimo de agotar el tema, intentaré desgranar las principales razones de nuestro voto en contra, dando por defendidas las 30 enmiendas, lo que hizo en Comisión con notabilísima brillantez mi compañero señor Atencia.
Desde un punto de vista formal, nos parece inconcebible que en una democracia avanzada un proyecto de ley de esta naturaleza no se haya sometido al dictamen del Consejo de Estado, y aunque no era preceptivo por la importancia de la ley hubiera sido
de todo punto deseable ya que entre otros temas el título I regula las atribuciones de los poderes del Estado. Es un proyecto de muy mala técnica legislativa, que no logra articular una unidad de conjunto y que responde a preocupaciones diversas y
heterogéneas. A la necesidad de adecuar la normativa a los nuevos escenarios estratégicos, a la necesidad de acomodar esa normativa al siglo XXI y también a la necesidad de adecuar en este ámbito las atribuciones de los poderes del Estado se unen
otras preocupaciones, como son la regulación de las misiones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas, con un interés más demagógico que de servicio y todo para buscar titulares de medios de comunicación con fines propagandísticos y no para la
defensa nacional. Reitero que es de mala técnica legislativa; es un malísimo texto porque entre el proyecto inicial, el informe de la ponencia y el dictamen de la Comisión ya no es reconocible ni la voluntad del Gobierno ni los fines de la ley.
No nos extraña; es un proyecto en el que no se alude, a pesar de nuestra insistencia, a los intereses nacionales como criterio fundamental de la actuación de nuestras Fuerzas Armadas. El texto es anticuado, como dice mi compañero el señor Atencia,
y lejano al concepto moderno de seguridad, una vez superadas las divisiones producidas por la Segunda Guerra Mundial. Ese concepto moderno de seguridad incluye evidentemente el de defensa. Esto es lo que hace la Unión Europea cuando se establece
la política europea de seguridad. Es una ley manifiestamente mejorable, sobre todo la regulación de las misiones en el exterior que, según noticias que acabamos de oír en este hemiciclo y que publica algún medio de comunicación, ha cambiado la
consulta previa por una autorización. He de decir que con esta nueva doctrina intervenciones de gobiernos socialistas, como
la de Felipe González en el Golfo Pérsico en agosto de 1991, o los bombardeos ordenados por don Javier Solana, secretario general de la OTAN, en Kosovo hubieran sido absolutamente ilegales y fuera de la autorización previa del Parlamento.
Recuerdo que don Felipe González vino a esta Cámara a explicar nuestra participación en el Golfo ocho meses después, en febrero del año 1992.
El artículo 19 del proyecto ha sido y es una de las claves del pacto roto con el Gobierno. El señor ministro había pactado que las misiones en el exterior estuvieran amparadas o conformes con resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, y también aceptaba el inciso final de la enmienda número 214, del Grupo Parlamentario Popular, que hacía mención a las misiones que se llevan a cabo en virtud de compromisos internacionales debidamente asumidos por España en el
marco de su acción exterior. Señorías, esto es lo que no pudo mantener el señor ministro, lo lamentamos profundamente; su credibilidad ha saltado por los aires, como su palabra. Esto no es un juego y, como diría Cervantes, en materias de tanta
enjundia la seriedad en el cumplimiento de los compromisos debe ser regla inquebrantable. Por todo ello vamos a votar en contra. Es una ocasión perdida para dotarnos de una buena ley de defensa nacional.
Termino como empecé. Sospecho que no va a ser una ley de larga vida, y desde luego para tranquilidad de todos les diré que ni el actual proyecto ni nuestras enmiendas pretendían legitimar misiones humanitarias de nuestras Fuerzas Armadas en
el pasado, en concreto en Irak. Esta ley tampoco legitima esas misiones, y ello porque las misiones que se han desarrollado por nuestras Fuerzas Armadas en el exterior han sido siempre legítimas y legales a juicio del Partido Popular. Con el texto
que se propone -ya lo he dicho antes- el Partido Socialista del señor Zapatero rompe con la mejor tradición del Partido Socialista de los últimos años.
Termino diciendo que se ha roto el consenso de 25 años democráticos en materia de seguridad y
defensa, que se ha perdido la ocasión de hacer una buena ley para el futuro en una materia de Estado y lamentamos profundamente que el señor ministro haya sido incapaz de cumplir un pacto con el Partido Popular, y -lo dije antes y lo reitero ahora-
eso no sale gratis y los ciudadanos de este país cobrarán la factura en el momento oportuno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Amor.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco ante SS.SS. para posicionar al Grupo de Convergència i Unió ante la propuesta de una nueva ley orgánica de defensa. La exposición de motivos de esta ley empieza diciendo: El mundo vive hoy cambios profundos. Sin duda,
afortunadamente, la sociedad evoluciona con el paso del tiempo y, por tanto, los instrumentos de antaño hoy pueden ser obsoletos. Ayer mismo debatíamos y votábamos un cambio en el Consejo de Seguridad Nuclear bajo un lema común de que la ley que lo
amparaba tenía 25 años y ya era antigua y obsoleta. Hoy el Gobierno nos presenta un nuevo proyecto de Ley de Defensa que sustituye a una ley también antigua y obsoleta, y es que si una sociedad quiere modernizarse debe actualizar todos sus
segmentos sociales y sus instituciones y a la vez los instrumentos que rigen estos segmentos sociales. No sirve solo adecuar a los tiempos los instrumentos económicos, laborales, educativos, sanitarios, etcétera. Hay que adecuar toda la sociedad
en sí y la defensa es una parte de este Estado de derecho. Por tanto saludamos esta nueva ley y sobre todo saludamos su espíritu. Hace un cuarto de siglo se promulgó la ley anterior, Ley Orgánica sobre criterios básicos de la defensa y la
organización militar, ley que fue parcialmente modificada en el año 1984, y afortunadamente ahora, por los cambios que ha tenido la sociedad, el Ejército en 1980 era un ejército y ahora es otro. En 1980 era un ejército que llegaba preparado para la
guerra, ahora es un ejército preparado para la paz; es un ejército que está basado en la cultura de la paz; es un ejército que ha tenido que evolucionar como la sociedad, por tanto este cambio de cultura hacia la paz requería un nuevo marco
jurídico que hoy vamos a votar. Nuestro grupo cree que esta ley moderniza el funcionamiento del ejército y avanza mucho en su democratización. Es una ley que democratiza el ejército; no es un paso definitivo, sin duda; habría que dar más pasos,
seguro, pero es un paso adelante, así como un compromiso en esta línea del Gobierno a través de su ministro. Es una voluntad que esperamos ver, entre otras, en la nueva ley de tropa y marinería que pronto veremos en esta Cámara. No es una ley
perfecta sin duda, pero es una buena ley. Señor portavoz del Grupo Popular, no es una mala ley, como no lo era cuando hace pocas semanas ustedes llegaron a un acuerdo para dar apoyo a esta ley. Solo una y ha hecho cambiar su voto, pero una no
transforma una buena ley en una mala ley. Por tanto, no es una ley perfecta, pero es una buena ley. Al no ser una ley perfecta, ¿qué mejoraría Convergència i Unió? Sin duda algunos aspectos. Nos gustaría -hemos hablado del tema en la Comisión-
cambiar dos aspectos en los que creo que se avanzará -lo ha dicho el señor Llamazares en su intervención- como es en la Ley de Derechos y Libertades. Nosotros creemos que se ha de avanzar en la derogación de la justicia militar. En este Estado no
tiene que haber dos justicias: la justicia ordinaria y la militar. Un delincuente que cometa una falta muy grave o un homicida es juzgado por la justicia ordinaria, siguiendo el Código Penal, mientras que un militar es juzgado por la justicia
militar.
Hay que cambiar la situación actual, lo que también es democratizar la justicia en el ámbito castrense.
Nosotros lo incorporábamos en alguna de nuestras enmiendas; por ejemplo en la número 228 decíamos que parecía recomendable derogar la justicia militar y traspasar sus organismos, competencias y funciones en tiempo de paz a la justicia
ordinaria. Otro cambio que creemos que hay que hacer es el relativo al código de conducta. Decíamos también en Comisión que hay que avanzar en el cambio del código de conducta; por ejemplo en la ley que se aprobará se habla de que los militares
no podrán sindicarse.
Consideramos que no es una buena recomendación. Los militares han de poder agruparse y tener sus instrumentos de sindicación para defender sus derechos y libertades.
El señor ministro ha demostrado talante dialogante, por tanto desde CiU le decimos que siga arremangándose y poniéndose manos a la obra. Queremos que quede constancia escrita de la actitud de CiU en el debate de esta ley. Ha sido como
siempre positivo, sereno y dialogante, a pesar de encontrarnos en este hemiciclo un Grupo Socialista enrrocado en un pacto hermético con sus socios y en la mayoría de temas -no en defensa- sin permitir el más mínimo gesto de diálogo y consenso con
otras fuerzas políticas, en este caso con la tercera fuerza del Congreso como es el Grupo de Convergència i Unió. Con otro estilo político CiU se ha sentado en la mesa del diálogo. Es verdad que el cuerpo nos pedía no votar favorablemente esta
ley. Somos un partido nacionalista que no pertenece al pacto del Gobierno y además nos encontramos con la actitud cerrada del Grupo Socialista en temas presupuestarios, etcétera. Esta actitud permanente e histórica de Convergència i Unió de huir
de actitudes electoralistas y partidistas y a favor del diálogo y del consenso político nos ha llevado al pacto político. ¿Por qué esta actitud? Por un sinfín de motivos, entre ellos para mejorar la ley, para democratizar la ley, para colaborar en
el consenso político de la cultura de la paz. ¿Qué representa esta ley? Representa más democracia en el seno de las Fuerzas Armadas. Como botón de muestra, como ha dicho el señor ministro en su intervención, estaría la creación del observatorio
permanente de la vida del soldado, que velará por sus derechos y libertades; iniciativa que Convergència i Unió ha defendido a capa y espada. Representa derogar artículos obsoletos y desfasados, como había en la anterior ley donde aún se hablaba
de servicio militar obligatorio, iniciativa histórica de CiU en pacto con otros gobiernos. Significa adecuar la actuación del ejército a las reglas de juego actual, por ejemplo las misiones de paz en el exterior. Sobre la base de esta ley no se
repetirá otro Irak, no se repetirá. El Ejército del Estado no irá a actuar en contra de la voluntad del pueblo, porque esta reside en el Congreso, y aquí SS.SS. representan la voluntad popular, por tanto será la voluntad popular la que votará,
decidirá e instará al Gobierno dónde se debe actuar y en qué misiones de paz en el exterior. Pasaremos hoja pero no habrá otro Irak en contra de la voluntad popular, porque esta ley no lo permitirá. Se actuará bajo el paraguas de las
organizaciones internacionales -ONU, OTAN, OSCE, etcétera-. Se reestructurará el funcionamiento interno del ejército, desde el punto de vista administrativo, orgánico, etcétera. A la vez se recogen parte de nuestros desvelos -lo ha dicho el señor
ministro-, CiU es el único partido que ha introducido todas sus enmiendas, por tanto nos sentimos recogidos y escuchados en esta ley. Por esta y por muchas razones vamos a votar a favor de esta ley. Como es de bien nacido ser agradecido, queremos
agradecer las muchas horas de diálogo con el portavoz socialista don Jesús Cuadrado, con el secretario de Estado señor Pardo y con el mismo ministro señor Bono. Solo este diálogo intenso nos ha permitido subir al barco del sí y también porque
queremos resaltar que esta ley necesitaba el apoyo mayoritario. No habría sido bueno solo el voto del partido del Gobierno y de alguno de sus socios. Esta es una ley de futuro que requería un amplio consenso. Estoy seguro de que esta ley pasará a
llamarse ley Bono, habrá nacido de un amplio consenso en la cual Convergència i Unió habrá aportado sus enmiendas. Uno se pregunta si en su momento, en 1980, se habría podido hablar de la enmienda número 224 en la cual pedíamos que el Consejo de
Defensa Nacional se convocase cuando lo requirieran los representantes de las comunidades autónomas; ahora será así. Esto no es solo democracia, esto es profundizar en una realidad política territorial y también en la Ley de Defensa esto ha sido
posible.
Esta enmienda número 224 que nosotros presentamos difícilmente en el año 1980 habría sido recogida y escuchada, hoy sí. Por tanto esta ley Bono nace de un amplio consenso parlamentario; es bueno para las Fuerzas Armadas, pero es bueno
también para la democracia.
Lamentamos la ausencia de consenso político unánime, nos hubiera gustado.
Hacemos la llamada al Grupo Popular para que ahora aquí o en el Senado se suban al carro del sí. Sabemos que es difícil, después de escuchar al portavoz popular pero
aún hay tiempo. Esta es una ley que no entiende de partidos, que no entiende de política; entiende de democracia, de actuaciones en el exterior, de cultura de la paz, de libertad y de defensa de los derechos de los soldados. Creemos que sería
bueno que el primer partido mayoritario de la oposición, con el máximo respeto a su posición final, formara parte de la unanimidad. Nosotros queremos, señor ministro, garantizarle nuestro voto, pedirle que siga avanzando en el diálogo que hemos
tenido hasta ahora, que siga avanzando por los derechos y las libertades de los soldados, por la democratización del ejército y sobre todo que siga teniendo en cuenta a este tercer grupo, como se ha hecho en esta ley, que representa una gran parte
de los catalanes y catalanas que nos han votado y que queremos ser tenidos en cuenta a la hora de defender la democratización de instituciones y entidades cara al futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señor López-Amor, ¿qué le pasa al Partido Popular? (Rumores.-Un señor Diputado: ¡Qué tontería!) ¿Qué la pasa al Partido Popular que nadie le entiende, nadie le comprende? (Continúan los rumores.) Nadie entiende a los señores del Partido
Popular, que en esta tribuna dicen que están solos e inmediatamente después se preguntan por qué se les aísla. Se aíslan ustedes solos, señores del Partido, no necesitan ayuda de nadie para aislarse. Se aíslan ustedes solos, ¿no lo han entendido
en el desarrollo de este debate? ¿Qué le pasará al Partido Popular, que el señor López-Amor, habitualmente muy tranquilo, grita desde la tribuna.
¿Qué le pasará al Partido Popular?
Señores del Partido Popular, tienen ustedes muy difícil explicar por qué votan en contra de esta ley, tan difícil que el portavoz de su partido ha subido aquí a decir que esta es una mala ley y no ha acertado a señalar ni un solo artículo de
la misma para explicar que es una mala ley; ni un solo artículo. Les desafío, señores del Partido Popular, a que citen un solo artículo de la ley para decir que es pésima. Y curiosamente ustedes dicen que la van a cambiar con el consenso del
Partido Socialista en el futuro. ¿Alguien puede entender al Partido Popular? (Rumores.) ¿Alguien en este país puede entender al Partido Popular? (Aplausos.) Nadie les entiende, señorías. ¿Cómo se puede uno oponer desde la derecha española a una
ley de la defensa nacional sin un solo argumento? Sin un solo argumento, señorías. No hay un solo argumento, porque podrían decir: Queremos que cambie la ley en este aspecto o en este otro. ¿O alguien puede creer en España al Partido Popular
cuando dice que está en contra de esta ley por una conjunción, que está en contra de esta ley por una i griega? (Rumores.) ¿Alguien puede entender en España que ustedes, señorías del Partido Popular, voten en contra de una ley consensuada por todos
los grupos, la Ley de la Defensa Nacional? Hasta ese nivel ha llegado su obcecación. Solo hay una explicación. Ocurre como en ese anuncio de la televisión en el que a alguien le preguntan: ¿Usted lo ha entendido? Y él dice: Sí, pero el de la
FAES no lo ha entendido. Como el de la FAES no lo ha entendido ustedes votan en contra de esta ley. ¿Es serio eso? ¿Es serio poner la defensa de España, hacer depender la defensa de España de una i griega o del recuerdo, que no son capaces de
cicatrizar, de la guerra de Irak? Olvídense de la guerra de Irak. Cada vez que recuerdan la guerra de Irak están más solos en España. ¿Todavía no han entendido que no es posible llevar a un país a una aventura militar con casi el 90 por ciento de
la opinión pública en contra? ¿No lo han entendido? Pues va siendo hora de que lo entiendan y se olviden del de la FAES; vayan olvidándose del de la FAES.
Señorías, no es más patriota el que acusa a partidos políticos españoles que son el resultado de un proceso electoral en España, circunscripción a circunscripción, de no españoles y, además, les desafía golpeándoles con la bandera de España.
¿Qué idea de España tienen ustedes que hace que saquen de España a banderazos a colectivos tan importantes como los que usted ha citado, señor López-Amor? Mi idea de España es que me tengo que entender, estoy obligado a entenderme con Esquerra
Republicana, con CiU, con el PNV, con Izquierda Unida; esa es mi idea de España. ¿Cuál es su idea de España, la que tiene el PP cuando se bajen de la i griega? ¿Es que no entienden, señorías, que uno no se puede subir a la tribuna a decir que no
vota la Ley de la Defensa Nacional por una i griega? Porque ese es todo su argumento, señor López-Amor. (Rumores.)
Hemos presentado una transaccional -después dejaré el texto en la Mesa, señor presidente- firmada por todos los grupos de la Cámara -tiene usted razón, señor López Amor- menos por el Partido Popular, que no es capaz de negociar ni de ponerse
de acuerdo con nadie. ¿Qué dice esa transacción? El Partido Popular decía -y es una diferencia que quiero resaltar- que para que una misión de militares españoles vaya al exterior el Gobierno debe informar a la Cámara; el proyecto de ley decía
que debe consultar a la Cámara; hoy -tiene razón, señor Llamazares-, vamos a aprobar en esa transacción que debe ser votado por la Cámara, es decir, debe ser autorizado por la Cámara. ¿Es esa la cuestión que les preocupa, señores del Grupo
Parlamentario Popular? Porque si es ésa podían haberlo dicho aquí.
La segunda cuestión que tiene que ver con esa transacción, señora Barkos, es muy importante y conviene tenerla en cuenta. Es verdad que no se va a votar en la Cámara si España tiene derecho a la legítima defensa; es cierto. No creen
confusión con esa cuestión. No se votará esa cuestión en ningún país del mundo. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas autoriza a todos los Estados al uso de la fuerza por legítima defensa; efectivamente es así. Hay una cuestión que
tiene que ver con el interés nacional, y en ese sentido ya ha puesto algún ejemplo el ministro y por tanto no voy a insistir, pero en tercer lugar las misiones militares en el exterior estarán autorizadas, no amparadas, no y/o sino autorizadas por
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es verdad. ¿Es eso lo que les molesta? Díganlo, porque no se atreven a decirlo. El planteamiento del Partido Popular es que querría rebajar esta ley en dos aspectos centrales e
irrenunciables comprometidos por el presidente del Gobierno y comprometidos en nuestro programa electoral para esta legislatura, y hoy venimos a cumplir nuestra palabra. ¿Es que ustedes quieren rebajar la participación del Parlamento o rebajar el
amparo en la legalidad internacional? Si fuera eso, díganlo. Estoy seguro de que no, de que el Partido Popular no quiere rebajar ni lo uno ni lo otro, solo que hay alguien en la FAES que les dice que no den ni un solo paso, que no se muevan ni un
milímetro en esta cuestión. Y como no les dejan moverse ni un milímetro, son ustedes -no echen la culpa a nadie-, el Partido Popular el que no solo sigue enredado sino que además no tiene capacidad para desenredarse, o no le
dejan. Ese es el Partido Popular que ha subido hoy a esta tribuna.
Señorías, el mundo ha cambiado mucho en 25 años. Hay una doctrina militar que su portavoz, el señor Rajoy, ha establecido con mucha gracia -la que le caracteriza-, y es la siguiente: La guerra es la guerra y los militares no son hermanitas
de la caridad. Esa es la doctrina militar que le he oído al señor Rajoy. En este mundo en el que vivimos llamar hermanitas de la caridad, como si fuera un insulto, a los militares españoles que están en Afganistán, en Haití, en Bosnia o en Kosovo,
señorías del Grupo Parlamentario Popular, significa no haber entendido nada y no saber lo que ha cambiado el mundo. (Rumores.) Decía Clemenceau -se lo voy a decir para que se lo graben, porque estoy seguro de que ustedes cambiarán, no tendrán más
remedio que cambiar- que lo difícil no es hacer la guerra, lo difícil es hacer la paz. Eso es lo que hacen los militares españoles en esas misiones. Es muy difícil y tiene riesgos, pero es lo que el mundo de hoy necesita, señorías. (Rumores.) Si
hoy ustedes preguntaran a los españoles si les hubiera gustado que esas hermanitas de la caridad hubieran estado en 1994 en Ruanda para que no muriera un millón de personas, todos les dirían que sí; esas hermanitas de la caridad de las que hablan
ustedes. ¿Y qué harían allí? No harían la guerra, construirían la paz. Lo que pasa es que ustedes no han entendido que el mundo ya no es el de Clausewitz, que ya no hay una diferencia radical entre una situación de paz y una situación de guerra.
¿Cuándo habrá una situación de paz en Kosovo? ¿Cuándo habrá una situación de paz en Afganistán? Las diferencias del mundo en el que vivimos a ustedes no les permite entender por qué hay un gran acuerdo en esta Cámara para adoptar una ley que
ustedes no fueron capaces de hacer durante ocho años, con cuatro años de mayoría absoluta; no fueron capaces ni lo intentaron siquiera. (El señor Atencia Robledo: ¿Que no?) Pues bien, hoy estamos aquí para aprobar una ley en la que acabamos con
un concepto de patriotismo que era aquel en el que se expresaba con la cabeza embistiendo y no con la cabeza pensando y llegando a acuerdos. ¿Les molesta a ustedes que el Partido Socialista sea capaz de llegar a acuerdos con todos? Que no les
moleste, que les haga reflexionar.
Por último, ustedes han querido dar una explicación -pero nadie les cree porque no tienen argumentos- según la cual el Gobierno y el Partido Socialista han querido aislarles a ustedes, han tenido el interés de, de un manotazo, separarles de
este consenso. La realidad les desmiente completamente, pero la realidad sí que conviene que se sepa con absoluta claridad. Ustedes, desde el principio, han jugado a que el Gobierno socialista no fuera capaz de aprobar la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional. Toda la estrategia del Partido Popular ha estado en conseguir que el Gobierno socialista fuera capaz de hacer en poco más de un año la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que llega con muchos años de retraso a esta Cámara. El
Partido Socialista y el Gobierno socialista consiguen que se apruebe la Ley Orgánica de la Defensa con un amplísimo consenso y todo lo que ustedes hoy hacen, todo lo que se les ocurre, señor López-Amor, es mostrar públicamente su irritación, nada
más. Se han quedado ustedes con la soledad, con la irritación y, además, con lo peor que le puede pasar a un partido político que aspire a gobernar incluso para cambiar leyes, con una situación en la cual nadie, absolutamente nadie les entiende,
señorías. Salgan de esa situación en la que están, den un paso, atrévanse, desenrédense (Rumores.) y rompan de una vez -de verdad que les ayudará a ustedes y le ayudará a España- con ese señor que está en la FAES. Les vendrá bien.
(Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadrado.
Siguiente punto del orden del día: proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña... (El señor López-Amor García pide la palabra.) Sí, señor diputado, adelante.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Solicito un turno de palabra por alusiones del señor Cuadrado.
El señor PRESIDENTE: No se ha producido ninguna alusión que justifique...
(Rumores.)
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Son alusiones personales.
El señor PRESIDENTE: Tampoco personales. Usted ha sido citado en el debate, pero el ser citado no significa en ningún caso ser aludido en los términos que establece el Reglamento. Lo lamento.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: ¿No se puede responder?
El señor PRESIDENTE: No. Lo lamento. No caben más turnos en un debate tasado. Usted ha fijado posición, que es lo que le correspondía, defendiendo sus enmiendas y el debate está concluido.
- PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA
HISTÓRICA. (Número de expediente 121/000035.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y
de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Comenzamos por el
turno a favor de las enmiendas presentadas. En primer lugar, Grupo Mixto, señora Lasagabaster y señor Labordeta. Como no se encuentra en la sala, si quiere puede usted utilizar el tiempo del señor Labordeta.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. En todo caso, si no viniera el señor Labordeta se dan por defendidas las enmiendas que tiene presentadas.
Nosotros hemos presentado una enmienda a este proyecto, del cual nos congratulamos que esté ya en esta Cámara y vamos a votarlo a favor. Lo que ocurre es que nos parece que el proyecto ha quedado muy corto en la medida en que la actuación
que pretende subsanar, reparar o restituir, que debía haberse realizado hace ya mucho tiempo, no contempla otra serie de situaciones que están en el mismo nivel de perjuicio ocasionado por ese botín de guerra y que debieran ser contempladas en este
proyecto de ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la restitución a personas naturales o jurídicas de todos aquellos documentos y archivos que fueron incautados en la guerra civil y que también se encuentran en el Archivo de Salamanca,
específicamente los que debieran estar en la Comunidad vasca y que siguen en los archivos de Salamanca.
No vamos a entrar en el debate general del proyecto de ley, sobre el que ha habido múltiples intervenciones en esta Cámara respecto a la legitimidad, legalidad y sentido común -diría yo-, más allá de la justicia, de proceder a su aprobación.
No hay ningún problema de tipo técnico, legal o de legitimidad; muy al contrario, lo que hay es un intento de solución, de hacer justicia a una cuestión que ya llevaba demasiado tiempo pendiente. Creemos que lo que se va a producir hoy (desde
luego nos congratulamos de que esos archivos que correspondían desde siempre a Cataluña porque les fueron incautados les sean restituidos) también debiera producirse en justicia respecto de otras comunidades autónomas. Ese es el espíritu de nuestra
enmienda, que nos gustaría que fuera aprobada. Si no fuere así, votaremos a favor del proyecto de ley. En todo caso, seguiremos con esta reivindicación que tiene la misma legitimidad, legalidad y justicia que lo que hoy vamos a aprobar.
Veo que el señor Labordeta está entrando en estos momentos y, por tanto, le cedo la palabra.
Muchas gracias.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente. Gracias a Begoña, excelentísima señora.
El proyecto de ley que debatimos prevé la devolución a la Generalitat de sus documentos contenidos en el conocido como Archivo de Salamanca y la devolución a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, esto es, a los particulares
de todo el Estado. A pesar de estar de acuerdo con ambas medidas, Chunta Aragonesista considera que el texto redactado por el Gobierno se queda corto al no mencionar a las personas jurídicas de carácter público, es decir a los ayuntamientos, que se
quedan sin la posibilidad de recuperar documentación tan importante como, por ejemplo, sus actas. Este es el caso del Consistorio de Mas de las Matas, en Teruel, y de muchos otros ayuntamientos aragoneses como Pina de Ebro, en la provincia de
Zaragoza, cuyos plenos han solicitado la recuperación de esos documentos. De este modo, presentamos a este proyecto de ley sendas enmiendas parciales que no fueron aprobadas en Comisión y que mantenemos ahora en Pleno.
Cabe recordar, asimismo, que a instancia de Chunta Aragonesista, las Cortes instaron el pasado 19 de mayo al Gobierno de Aragón a trasladar al Gobierno central su preocupación por esta exclusión de los ayuntamientos.
Por otro lado, en
cuanto al procedimiento de devolución a los particulares, reclamamos que el previsto para Cataluña sea el mismo para todas las comunidades autónomas, ya que el texto actual plantea que para los documentos incautados en Cataluña las peticiones y
solicitudes que se formulen se tramitarán y resolverán por el procedimiento que establezca la Generalitat de Catalunya, mientras que para el resto de particulares de las demás comunidades autónomas se hará de acuerdo con el procedimiento que el
Gobierno establezca.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Izquierda Verde, señora Navarro, su turno de defensa de enmiendas.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
La aprobación de esta ley hoy es un acto de justicia histórica, con unos actores destacados que han trabajado con éxito, impulsando y logrando este gran avance después de tantos y tantos años de reivindicación, con la implicación de todos
los municipios y de las administraciones autonómicas, especialmente de la catalana, no así de la valenciana, y sobre todo de los ciudadanos. Quiero felicitar a la Comissió de la Dignitat por su gran trabajo. Hoy, gracias a vosotros damos un paso
fundamental en la recuperación de la memoria histórica y la legalidad democrática; hoy, nos acercamos más a la verdad. Gracias a la Comissió de la Dignitat; gracias por vuestro trabajo.
Nuestro apoyo a esta causa nos lleva hoy al voto favorable de la ley, y todos los pasos hacia la restitución de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestro pasado serán apoyados por el grupo parlamentario al que represento. Sin
embargo, hoy no se nos permite una celebración plena.
Este aire fresco que significa la ley no nos llega a todos, condenándonos a una cierta sensación agridulce. Los documentos no irán al País Valenciano, no irán a Asturias, no se devolverán al
Partido Comunista ni a los sindicatos, y así un largo etcétera. Tendremos que seguir luchando para avanzar, para que este paso sea solamente el preámbulo de todo lo que nos queda por hacer. Sabemos que la Comissió de la Dignitat estará con
nosotros peleando para seguir avanzando.
Según la ley, en una disposición adicional se establece que habrá una regulación por la que se devolverán en un futuro los papeles a los particulares. También se habló de la ley de la memoria histórica. Sabemos que esta ley está ahora
mismo paralizada. Este segundo gran paso ha de realizarse y desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds exigimos que se cumpla cuanto antes. Sin la ley de la memoria no solo se incumple un compromiso con los grupos
parlamentarios, sino también con todos los ciudadanos que representamos y aquellos que lucharon por los valores de democracia y libertad que hoy todos, con mayor o menor fortuna, manejan. Esta ley no es un compromiso con los nacionales ni ellos
tienen ninguna necesidad de recuperar su memoria, pues son los vencedores que contaron la historia como quisieron. Por favor, señora vicepresidenta del Gobierno que preside esa Comisión, no nos equiparen a los que defendían la democracia con los
fascistas que se alzaron contra la República. No es lo mismo y no lo podemos tolerar. Ni hubo la misma represión ni se puede tratar de la misma manera. Lo cierto es que como valenciana tengo que decir que en el caso valenciano, gracias al trabajo
de la Comissió de la Dignitat, son más de 200 los ayuntamientos que respondieron a la iniciativa, reclamaron a través de mociones la devolución de los documentos, también la Universidad de Valencia, y esta misma reclamación fue aprobada por las
Cortes Valencianas y traicionada por el Gobierno autonómico del Partido Popular, que se burló así de la soberanía valenciana. Tampoco el Partido Socialista del País Valenciano ha hecho nada al respecto. Son más de 600 cajas de documentación
diversa las incautadas en el País Valenciano que sirvieron para perseguir y asesinar a los ciudadanos que defendían los valores que, como decía, hoy todos los grupos proclaman, algunos tengo que decir que con dudosa credibilidad. Los documentos
incautados por la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista afectan a administraciones de todo el Estado, instituciones, sindicatos y partidos políticos. Como decía, en el caso valenciano nosotros permanecimos fieles hasta el último
momento a la causa republicana. La ciudad de Valencia fue durante meses capital de la República al instalarse en ella el Gobierno de esta. En el estatuto de autonomía, en su artículo 31, se recogen las competencias plenas en materia de documentos
y archivos históricos.
Señora ministra, nuestra Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, 4/1998, en su artículo 1º incluye como patrimonio valenciano los documentos históricos que sean representativos de la historia y cultura valencianas,
promoviéndose el retorno de los que se hallen fuera de la comunidad. Por tanto, nos amparan razones de justicia histórica y jurídica. Reclamamos que devuelvan al País Valenciano los documentos que permanecen en el Archivo de Salamanca. Lo cierto
es que la necesidad de estudiar, preservar, difundir y promover la memoria democrática es, además de una obligación de la Administración, un derecho de los ciudadanos, una apuesta de futuro en el respeto a la libertad, la justicia social y la
democracia. Por ello exigimos los documentos incautados para todos, por ello hemos presentado las enmiendas que ahora mismo estoy defendiendo y por ello exigimos también la ley de la memoria histórica cuanto antes, con el objetivo de alcanzar la
plena normalidad democrática y cerrar las heridas aún abiertas. Imagino que muchos de los diputados del PP no entenderán esta reivindicación porque sus familiares pertenecen al bando de los vencedores, no están en fosas comunes (Un señor diputado:
¡Pero qué dices!), no les expoliaron los papeles personales, y otros diputados del Partido Popular se habrán convencido de esa gran excusa que significa la unidad del archivo. Pero, señorías, ¿qué unidad? ¿La de las cartas personales de nuestros
familiares? ¿La de las actas de los ayuntamientos que defendieron la República? (Rumores.) ¿De qué unidad estamos hablando? Con sangre, persecución y en contra de la voluntad de sus propietarios no se hace un archivo en democracia; se mantiene
el expolio de la vergüenza.
Desde Izquierda Unida, desde Iniciativa per Catalunya manifestamos nuestro compromiso para seguir luchando por acercanos a nuestra verdad histórica y desde aquí queremos rendir nuestro homenaje y reivindicar a toda aquella gente que luchó
por la defensa de la democracia y la República, un valor este último que hoy no disfrutamos; pero no nos rendimos, seguiremos también reivindicando los documentos, la República y nuestra memoria. De nuevo, gracias a la Comissió de la Dignitat.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco, señor Esteban, su turno.
El señor ESTEBAN BRAVO: Hoy es un día en el que se va a reparar una injusticia y el conjunto de la Cámara debería alegrarse, pero es indudable -por qué lo vamos a ocultar- que esa reparación, según entiende nuestro grupo, es parcial y
encierra en sí misma una desigualdad y una cierta injusticia.
No voy a entrar en detalle en este proyecto de ley ni en el caso del Archivo de Salamanca, que ha sido muy debatido en diferentes iniciativas en esta Cámara, pero nuestras enmiendas y nuestras proposiciones paralelas a este proyecto han ido
dirigidas a reparar esa injusticia también para las instituciones vascas. Desde luego, nosotros no pretendíamos modificar las bases jurídicas del proyecto, que se asientan en la existencia de un Gobierno autónomo reconocido en época republicana y
en la disposición transitoria segunda de la Constitución, así como en la transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo mismo ocurre con Euskadi, un Gobierno autónomo, oficialmente reconocido, que tiene su base de autonomía actual en
la transitoria segunda, como Cataluña, y tiene una transitoria segunda en el Estatuto de Autonomía de Gernika es paralela a la sexta del Estatuto catalán. Ni siquiera pedíamos con nuestras enmiendas la reclamación justa, y que no olvidamos, de
los ayuntamientos, sino únicamente que en los mismos términos en que se formulaba para Cataluña, y sin romper por lo tanto las bases jurídicas de ese proyecto, en correspondencia, se devolviera también la documentación vasca incautada en su
momento en ese almacén, después Archivo de Salamanca. Desde el primer momento, y no solo en esta legislatura, las instituciones vascas y este grupo parlamentario vasco han reclamado esos documentos, desde cartas de la consejera de Cultura a la
ministra del ramo, este año dos, una en enero y otra en junio, enviando incluso la relación de documentos (relación de documentos vascos que suponen un 0,5 por ciento de toda la documentación existente en el Archivo de Salamanca y que están en
conocimiento del Gobierno español), pasando por iniciativas como una pregunta que hizo el portavoz de nuestro grupo parlamentario el día 2 de junio de 2004 al presidente Zapatero. Este contestó que el Gobierno abrirá un diálogo con las diversas
instituciones afectadas y pondrá todo su empeño en alcanzar un acuerdo con las partes.
Requerido en la réplica, volvió a responder: Hace dos semanas el Pleno de esta Cámara aprobó una proposición no de ley que instaba precisamente a su Gobierno
para que antes de finalizar el año se llegara a una resolución definitiva del contencioso. Y terminaba diciendo: El Gobierno se compromete a hacer efectivo el acuerdo que se alcance, con las premisas que le he enunciado, y ello es válido
obviamente para las aspiraciones de las instituciones vascas. Pues bien, hemos comprobado, vamos a comprobar definitivamente en este Pleno, que la palabra del presidente Zapatero del día 2 de junio de 2004 no se va a cumplir y tampoco es que sea
algo nuevo. En el debate anterior el ministro de Defensa mencionaba a un prócer de la patria como Espartero y ya en aquellos tiempos también él prometió defender, si hacía falta incluso con su espada, los fueros vascos, y en cuanto fue cabeza del
Gobierno español fue el propio Espartero quien cercenó estos fueros. Por lo tanto, nuestra historia es una historia de promesas incumplidas durante los últimos dos siglos y tampoco nos pilla de sorpresa, pero que conste en el 'Diario de Sesiones'
que el presidente Zapatero ha incumplido su palabra.
A continuación se presenta también una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco para que se negocie con las instituciones vascas.
Tampoco recibe el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara y ahora, en este trámite del proyecto,
se presentan unas enmiendas en ese sentido a las que no se da ninguna justificación jurídica, todo son balones fuera, porque real y jurídicamente es imposible argumentar que nuestra posición no sea justa. Tampoco se dan razones de oportunidad
porque decir en los pasillos que en el futuro se podrá arreglar, que ya se hará, etcétera...
Este es el momento. No creo que con un trance y una presión como a los que ha estado sometido el Gobierno en el caso del Archivo de Salamanca sea tan
fácil volver a repetir un episodio de estos. Por justicia al final quizás tenga que ser necesario, pero, desde luego, la oportunidad, el momento adecuado era este, de una vez por todas.
Quiero manifestar que si hay alguien que tenga un sentimiento de expoliación y engaño en estos momentos somos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y entiendo que nuestro voto negativo estaría absoluta y plenamente
justificado. Sin embargo, no deseamos que la injusticia que se comete con nosotros se extienda a los demás. En este sentido nos congratulamos de que respecto a Cataluña por fin, después de su trabajo, de sus exigencias y de tantos años, esto salga
adelante. Por lo tanto, nos solidarizamos con los ciudadanos de Cataluña y apoyaremos su justa reivindicación. Votaremos en consecuencia favorablemente este proyecto de ley. Además, estoy convencido de que el estado del Archivo de Salamanca
mejorará en gran medida con las contrapartidas anunciadas.
Quiero manifestar claramente que este asunto no está cerrado para el Grupo Parlamentario Vasco de ninguna manera y que en el futuro seguiremos reclamando lo nuestro para que en el plazo más corto posible esa documentación pueda estar en el
Archivo Histórico Nacional Vasco. Sin más, nuestras felicitaciones a Cataluña, a todos los ciudadanos catalanes y repito que votaremos a favor del proyecto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Popular. Señor Robles, su turno, por favor.
El señor ROBLES OROZCO: Señor presidente, señorías, nos encontramos en una fase más de la tramitación del proyecto de ley, de lo que es a nuestro juicio un error importante, que va a tener consecuencias para el patrimonio cultural y
archivístico español y que va justamente en la dirección contraria de lo que son las competencias del Gobierno de la nación, que tiene como obligación custodiar, velar por el patrimonio común de todos los españoles, también del patrimonio
archivístico de los españoles. Este Gobierno va a tener el triste honor de que la primera ley cultural que va a aprobar no sea una ley para apoyar el patrimonio cultural y archivístico español, sino para desmembrarlo; no sea una ley para apoyar
los archivos del Estado, sino una ley para desgajarlos.
Sinceramente, si yo tuviera la responsabilidad como Gobierno, a mí no me gustaría tener el triste honor de que la primera ley que apruebe este Gobierno en el ámbito cultural tenga que ver
precisamente con el desmembramiento de un archivo nacional en vez de con su potenciación.
A juicio del Grupo Popular -que ha expuesto ya sus argumentos en todos los trámites parlamentarios y por lo tanto hoy forzosamente nos habremos de repetir, aunque es importante dejar constancia también en este momento de lo que opinamos-
estamos en una fase en la que avanzamos en la dirección contraria y llegamos ahora a la votación del dictamen de la Comisión, donde ni una sola enmienda -repito, ni una sola enmienda- de las que ha presentado el Grupo Popular ha sido aceptada. No
se ha hecho el más mínimo esfuerzo para
mediante un acercamiento intentar llegar a algún punto de acuerdo en algunos temas que no solamente son de sentido común, sino que además existen precedentes de otras acciones que ha llevado a cabo el Gobierno.
Les pongo por ejemplo la
enmienda número 40, que hace referencia al artículo 5, por la que el Grupo Popular pide literalmente que respecto del Archivo de Salamanca se haga lo mismo que este Gobierno ha aprobado respecto al patronato del Archivo General de Indias de Sevilla.
Todavía nadie ha explicado al conjunto de la ciudadanía por qué lo que vale para el Archivo General de Indias, un archivo nacional, no vale para el Archivo de Salamanca. En el caso del Archivo General de Indias se dice literalmente que una de las
competencias del pleno del patronato será que, antes de que se mueva ningún papel del Archivo General de Indias, tendrá que haber un informe preceptivo del patronato del archivo. ¿Por qué eso mismo no vale para el patronato en Salamanca? Habíamos
pedido que en la tramitación del proyecto de ley hubieran venido los informes preceptivos -ni siquiera digo vinculantes, digo preceptivos- del patronato o de la Junta Superior de Archivos. ¿Por qué no vale en el caso de los papeles de Salamanca?
Por tanto, hay claramente un agravio, una contradicción, un sinsentido. Ustedes ven con absoluta normalidad, coherencia y sentido común que el decreto que ustedes han aprobado el día 24 de junio de este mismo año valga para Sevilla y no valga para
Salamanca. Pues bien, esto hace sospechar no aquello que siempre decimos y que es verdad, que lo del diálogo y el talante está muy bien como discurso político, pero que a la hora de la verdad no se practica. Eso es cierto, pero hay algo más, que
realmente no hay ningún interés en conocer la opinión de los técnicos, de los científicos, del patronato y de la Junta Superior de Archivos. ¿Y por qué no hay ningún interés en conocerla? Porque probablemente saben ustedes que lo que les va a
decir la Junta Superior de Archivos, lo que les va a decir el patronato no es precisamente lo que les interesa políticamente a ustedes. Ahí está el quid de la cuestión. Por mucho que queramos intentar taparlo, esto no es una decisión técnica ni
científica, no responde de verdad a ninguna cuestión objetiva y objetivable en defensa del patrimonio archivístico español. Depende única y exclusivamente de las necesidades políticas de este Gobierno. Este Gobierno firmó unos acuerdos al
principio de la legislatura, unos acuerdos que condicionaban claramente la ejecución de este tema. Esa es la verdad. Y si quieren ustedes, hasta me atrevo a decirles que es legítimo políticamente. Ustedes han decidido que esto sea así, pero no
mareen ustedes más la perdiz. De verdad, aquí no hay ninguna reparación histórica, no hay ninguna defensa del patrimonio histórico, bibliográfico o archivístico español. Aquí hay una necesidad política, hay la necesidad de cumplir con el
tripartito, de cumplir con los acuerdos políticos que ustedes tienen.
La ley llega sin que ustedes hayan hecho un esfuerzo de acercamiento, por lo menos en esas dos enmiendas. La enmienda número 40 -el porqué lo mismo que vale para Sevilla no vale para Salamanca- y la enmienda número 44, que dota de medios
materiales, personales y económicos al archivo. Por lo menos podríamos haber hecho un esfuerzo de acercamiento, no digo sobre el fondo de la ley, que como es evidente nosotros no compartimos con ustedes, pero sí en dos cuestiones clave, la enmienda
número 40 y la enmienda número 44, que hacen referencia al informe preceptivo y a los medios económicos, materiales y personales del Archivo Nacional de Salamanca. Por tanto, en este momento tenemos una ley que no llega ni consensuada, ni
dialogada, ni aportada, que no responde a los intereses generales de los españoles, sino única y exclusivamente, como digo, a los intereses de este Gobierno.
Además ustedes han tenido la oportunidad de dialogar con otras instituciones. No lo han hecho con la Junta de Castilla y León. Han tenido también ustedes una espectacular manifestación en la calle de miles de ciudadanos que les han
expresado un sentimiento. No han tenido ustedes la prudencia, el sentido común, la deferencia de intentar entender la sensibilidad, como otras sensibilidades legítimas, de otras personas que consideraban que lo que están ustedes haciendo es
claramente desmantelar un archivo general.
Durante estos meses desde junio aquí, cuando el dictamen de la Comisión, yo he escuchado a la ministra y a otros ministros, al señor Caldera cuando va por Salamanca, intentando convencernos de que esto va a ser extraordinariamente positivo
para el Archivo de Salamanca, incluso han anunciado la profusión de nuevos fondos que se van a incorporar al mismo, pero fíjense que cada vez que ustedes han anunciado eso la institución que hace la donación inmediatamente ha puntualizado que lo que
llega al Archivo de Salamanca son copias y no originales; es decir, lo que sensatamente cualquier institución hace velando por su patrimonio, o lo que sensatamente se hace custodiando la política archivística, se dan copias y uno se queda con el
original. Todas las aportaciones que se van a hacer al Archivo de Salamanca van a ser copias de otros originales que se encuentran en otros archivos generales, exactamente lo contrario de lo que ustedes van a hacer con lo que hay depositado en el
Archivo General de Salamanca, que es que van a entregar los originales y a dejar las copias. Por tanto, eso que presentan ustedes como un éxito es exactamente la coherencia de cualquier política archivística -van a llegar copias a Salamanca y se
van a quedar los originales en los archivos de origen-, eso que ustedes están negociando positivamente para enriquecer el Archivo de Salamanca, hasta esa parte les sale mal a ustedes porque lo que intentan vender como algo positivo evidencia
claramente el error de la política de desmembrar, de sacar los originales del Archivo de Salamanca.
Termino, señorías, señor presidente, reiterando que mantenemos las quince enmiendas que hemos presentado al articulado y que se dividen en tres bloques diferenciados: uno fundamentalmente va en contra de la propia filosofía de la ley, desde
el propio nombre de la
ley hasta los objetivos; un segundo bloque de enmiendas pretende garantizar cualquier mecanismo de legítima solicitud de intereses, de sensibilidades, de documentos que se puedan presentar y que tiene que solucionarse en democracia, pero
con normas objetivas y objetivables, lejos de lo que hace esta ley, que establece un procedimiento por el cual cualquier reivindicación que en este o en otros casos pueda haber respecto a otros archivos o patrimonios del Estado se haga de forma
objetiva y objetivable. Por último, dos enmiendas claves, que son las números 40 y 44, que piden para Salamanca lo mismo que acaban de aprobar para otros archivos generales, que haya un informe preceptivo de la Junta Superior de Archivos y del
patronato de Salamanca, y que, lejos de desmembrar, aporten un esfuerzo económico, material y de personal para potenciar lo que ya existe, que es el Archivo General de Salamanca. No hay que crear nada nuevo, ya existe una ley que creó el Archivo
Nacional en el año 1999. Esas enmiendas van en esa dirección: primero, objetivemos; segundo, hagamos informes preceptivos; tercero, apoyemos materialmente el archivo que existe en este momento para que coherentemente tengamos una ley, no de
desmembración de los archivos generales, sino de apoyo de lo que es en este momento el patrimonio común de todos los españoles.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
En turno de fijación de posiciones, por Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con gran brevedad.
Mi grupo va a apoyar el texto que nos remite la Comisión de Cultura correspondiente a este proyecto de ley. Hoy día con los avances de la tecnología es posible la reproducción en facsímil -la Biblioteca Nacional tiene una enorme
experiencia- de cualquier documento histórico, desde los incunables a cualquiera de las pruebas de testimonios históricos. Por tanto, se puede dar una satisfacción en la reclamación sociológica y política y en lo que es la disponibilidad permanente
de centros de documentación vía facsímil. Hoy en día muchos documentos se están leyendo en pantalla de ordenador y por otras técnicas de la cibernética moderna.
Creemos que ha sido una buena reconsideración, tanto en el texto originario como en el
que aprueba la Comisión, la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Esto también puede dar una satisfacción, despolitizando, llevando al ámbito académico, al ámbito de los historiadores, al ámbito de la investigación y al ámbito
fundamentalmente de la historia lo que acertadamente se llama memoria histórica. Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente el dictamen que de este proyecto de ley nos remite la Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, saludamos a todos los que han luchado por la devolución de los mal llamados papeles de Salamanca y en especial a la Comisió de la Dignitat, verdaderos artífices, con su tenacidad pedagógica, su patriotismo y su sentido de la
justicia, del triunfo democrático que representa la decisión que hoy va a confirmar esta Cámara.
Por enésima vez nos encontramos ante la necesidad de subir a la tribuna para debatir, para hablar, sobre unos documentos incautados a punta de pistola en Cataluña y otras latitudes de la España vencida del 39 y depositados en Salamanca;
papeles que duermen en un archivo del Estado y que finalmente parece que serán devueltos a sus legítimos dueños. Creo que a la mayoría de los oradores nos embarga un cierto hastío, cansados de que la reparación de una injusticia histórica sea tarea
tan ardua, justo cuando nos aprestamos a celebrar 30º aniversario del final del régimen dictatorial que la propició. Desde Esquerra Republicana de Cataluña esperamos que después de la votación de hoy podamos poner el cerrojo a la primera parte de
un proceso que nunca debiera haberse prolongado tanto en el tiempo. Y decimos primera parte porque creemos que cuando se complete el proceso de devolución que vamos a aprobar en esta sesión el problema no quedará zanjado. Todavía quedarán aspectos
importantes por resolver, pero esperamos que el texto que recibirá hoy luz verde sea la llave para canalizar adecuadamente la devolución a sus respectivos dueños de los restantes papeles requisados como botín de guerra.
Anunciamos que mantendremos en la ley de la memoria histórica la necesidad de la devolución de todo lo incautado. Este planteamiento, el de primar la concreción de un primer paso, el de hoy, hace que no votemos favorablemente enmiendas cuyo
contenido compartimos plenamente, pero haremos todo lo posible en su momento para convertir en realidad lo que se solicita en ellas. El camino ha sido duro y demasiado largo, además de trufado de demagogia y de apelaciones a falsos enemigos. Lo
peor es que no tenemos, desde mi grupo, la certeza de que la mayoría de los ciudadanos sepa realmente de qué se ha discutido, qué se ha reclamado desde Cataluña y otros ámbitos del Estado y qué se ha pretendido supuestamente defender con
manifestaciones multitudinarias y apelaciones al derecho de conquista. Ante la apelación de la supuesta unidad del archivo de la Guerra Civil, probablemente muchos ciudadanos, de Salamanca o no, continuarán pensando que allí se encuentran los
planos de las batallas libradas en la contienda fratricida, los diarios de operaciones de los protagonistas que las dirigían, las órdenes del día de los cuarteles de uno u otro bando e, incluso, espera encontrar la documentación
emanada de los diferentes ministerios de la entonces vigente II República.
Sin embargo, nada de ello se encuentra en Salamanca. Solamente la documentación incautada a los vencidos y con una finalidad clarísima e indiscutible: reprimir y
expoliar a instituciones, partidos políticos, sindicatos, ateneos, logias masónicas, entidades recreativas y un largo etcétera que incluye a miles de particulares. Precisamente ayer, un periodista me preguntó si estaba previsto escenificar la
victoria del tripartito esta mañana. Pensé: cuán difícil es hacer entender que no es una reclamación de partido ni de partidos sino de país, de una sociedad civil que exige lo que le robaron a punta de pistola y hasta ahora le han negado.
Simplemente eso.
Con la decisión de hoy no ha ganado Cataluña y ni ha perdido Salamanca, en todo caso han ganado la justicia y la dignidad, y sobre todo ha ganado la democracia. Probablemente han faltado en este largo proceso buenas dosis de pedagogía, un
potente instrumento al servicio de la política cuando se utiliza correctamente. Se ha echado en falta por parte de las instituciones y de la mayoría de los medios de comunicación de mayor difusión una clara apuesta por explicar simplemente los
hechos, al menos los que se refieren al origen de los papeles. Me consta por mis visitas a Salamanca que muchos ciudadanos que firmaron a favor de la pretendida unidad del archivo han ido variando sus posiciones al conocer cosas tan sencillas y
fáciles de explicar como el origen de los papeles o el escaso porcentaje que representa del total del archivo lo que se aprueba hoy devolver, un 2,5 por ciento, y lo que se puede llegar a devolver si el proceso que hoy iniciamos se extiende a todos
los que tienen derecho legítimo a reclamar documentos incautados supone otro 2,5 por ciento, según el catedrático José Álvarez Junco, miembro de la Comisión de expertos. Estaríamos hablando, pues, de un 5 por ciento de un hipotético proceso en caso
de completarse.
Es buen momento ahora para recordar, echando la vista atrás sin ira, que a lo largo del tortuoso camino de restauración de la memoria histórica se ha constatado casi siempre una paradoja: la actitud en buena medida acomplejada y temerosa de
las fuerzas progresistas, precisamente aquellas que podrían exhibir total autoridad moral, pero han preferido esconder la mano cada vez que tiraban pequeñas piedras; quizás por eso se ha demorado tanto este primer final feliz que ha de ser preludio
de otros finales felices; quizá por eso la ley de la memoria histórica se ve como se ve desde el Gobierno y puede empezar a andar mutilada por falta de coraje histórico y político.
Tampoco hemos acabado de entender la actitud hostil de los últimos años de un sector del conservadurismo español; sí, he dicho en los últimos años, porque quiero recordar una vez más -pura pedagogía- que el 18 de marzo de 1980 don Manuel
Fraga, entonces portavoz de Coalición Democrática y posteriormente fundador del Partido Popular, firmaba una proposición no de ley en que reclamaba al entonces Gobierno de la UCD, y cito literalmente, el traspaso a la Generalitat de Cataluña en su
total integridad de aquellos fondos que constituyeron en su día los archivos de la misma. Resulta curioso pero revelador leer muchos de los argumentos que sostenía Fraga entonces en aquella exposición de motivos; no ahorraba referencias a
documentos secuestrados y recomendaba devolverlos a instituciones hoy reconocidas y protegidas por nuestra Constitución, entre ellas la Generalitat de Cataluña. Ironías de la historia. Los planteamientos del ex ministro de Franco se parecen mucho
a bastantes de las tesis que mantienen los componentes de la Comisió de la Dignitat en su tenaz lucha por la devolución de los papeles. He dicho también una parte del conservadurismo español por la evidencia de que desde sectores numéricamente
importantes del Partido Popular se apuesta por la devolución. Son bien conocidos, al margen de la iniciativa de Fraga en su día, el posicionamiento del Partido Popular en Cataluña y en el País Valencià. Estoy seguro, por ello, de que muchos de los
votos que hoy se emitirán en contra del proyecto de ley se deben a la obediencia debida, a la razón de partido, no al mandato de la razón y del sentimiento individual.
No quiero negar que hemos tenido muchas veces en estos años de espera la sensación de que una reivindicación proveniente de Cataluña, aunque se haga extensiva al conjunto del territorio español, es recibida con una dosis suplementaria de
contestación, digámoslo así. Sí, hemos tardado demasiados años, y muchos ciudadanos no van a poder celebrar la reparación moral o llegarán a la devolución con el pie en el estribo.
Casi 70 años esperando una decisión que debió tomarse hace 25 y
hace casi 10 que se aprobó. Por fin llegamos, de todas formas, a este día que consideramos verdaderamente histórico. En este sentido nos complace que este día histórico haya coincidido -subrayo el término coincidir- con una determinada coyuntura
política, con acusado protagonismo tanto en Cataluña como en España de las fuerzas progresistas, de izquierdas.
Quiero acabar mi intervención con las palabras de un intelectual tan reconocido como el historiador Paul Preston, biógrafo del rey Juan Carlos. Dice: Se le tendría que caer la cara de vergüenza a todo político que se oponga a un retorno
tan justo y técnicamente factible. Pues eso.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.
Por Convergència i Unió, el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señora ministra de Cultura, señor ministro, señoras y señores diputados, Comisió de la Dignitat, hoy 15 de septiembre de 2005 damos un paso más, pero sin duda muy importante, yo diría que
decisivo, en una larga lucha por el retorno de los documentos expoliados, confiscados en los años 1938 y 1939 por la fuerza de las armas en la guerra civil, documentos de instituciones, partidos, algunos de ellos todavía presentes en esta Cámara,
como
Unió Democrática, como el PSUC, sindicatos -también aquí tienen representantes-, particulares, familias, instituciones, entidades, gobiernos; todo esto es lo que hoy con esta ley conseguimos recuperar.
Hoy como demócratas, como catalanes también, nos sentimos especialmente satisfechos al ver que una reclamación histórica, formulada ya hace más de 30 años por diputados y diputadas de esta Cámara, por senadores, por instituciones, pero
también por la sociedad civil, por académicos, historiadores, archiveros, entidades cívicas, ayuntamientos, de Cataluña y de fuera de Cataluña, con el apoyo de los vascos, que además tuvieron un gesto importantísimo en el año 2000, cuando entregaron
a la Generalitat de Cataluña todos los documentos de los archivos de la Fundación Sabino Arana que hacían referencia a Cataluña. Por eso hoy también lamentamos con ellos que los vascos, los asturianos, los aragoneses, los valencianos no puedan
recibir con esta ley algo que nos parece justo, porque este retorno también lo sería y creo que lo conseguiremos. Además, aunque hoy no podamos apoyar sus enmiendas, no duden de que no solamente los políticos sino el conjunto de la sociedad
catalana apoyarán y lucharán por que este retorno se amplíe a todos los documentos confiscados, repito, del País Vasco, del País Valencià, de Aragón, de Andalucía, de Asturias, y lo que será un hecho claro y contundente en esta lucha por esta
recuperación.
Este es el momento de agradecer y reconocer la lucha de estos 30 años, yo diría que magníficamente representada por la Comisió de la Dignitat que hoy está aquí, formada por -evidentemente con el soporte de todos los partidos políticos
catalanes- entidades, ayuntamientos, sector académico y también, y muy importante -y quiero hacer mención especial de ello por la dificultad que esto ha supuesto-, por miembros de entidades académicas y cívicas de Salamanca y del resto de Castilla y
León. De verdad que su apoyo, su reconocimiento a un acto de justicia ha sido muy importante, y hoy creo que es necesario expresarlo así.
También me gustaría recordar y reconocer los hitos que ha tenido este largo camino y -repito- a los políticos que desde el año 1978 en esta Cámara o en el Senado han reivindicado este retorno. Todos los Gobiernos de la Generalitat y todos
los consejeros de Cultura -y en este momento también la consejera de Cultura de la Generalitat, que está aquí representada- han hablado, han luchado y han dialogado sobre este tema con todos los ministros de Cultura de todos los Gobiernos del
Estado. Me gustaría recordar uno de los hitos que nos pareció muy importante: abril de 1995. A propuesta de la ministra de Cultura, Carmen Alborch -que está aquí presente hoy-, en el Gobierno de Felipe González, un 17 de abril se decidió en el
Consejo de Ministros este retorno. Luego, algunas actitudes y algunos posicionamientos realmente complejos e incomprensibles impidieron que esta decisión tuviera lugar. Todo esto es lo que estamos recuperando hoy y por eso nos sentimos
especialmente satisfechos, aunque -y compartimos las ideas expresadas hace un momento por el diputado de Esquerra Republicana- lamentamos que hayamos tardado tanto tiempo en recuperar este acto de justicia, este acto que es de puro reconocimiento de
esta pérdida de libertad que supuso este expolio. También es importante destacar hoy aquí -y en esto contradiría claramente las opiniones del portavoz del Grupo Popular- que hoy es un día donde nadie pierde y todos ganamos. ¿Por qué? Porque gana
la justicia, gana la lógica, gana la razón. La justicia dice que cualquier daño debe ser reparado, y este daño puede ser material o inmaterial. La justicia dice que, siempre que sea posible, este daño debe ser reparado, y esto es lo que hacemos
con esta ley. Lo lamentable es que hayamos tardado tanto tiempo en hacerlo. Esto no es una lucha entre territorios. No estamos discutiendo dos territorios. Estamos reparando una injusticia histórica, y Salamanca, Castilla y León, con este acto
también gana, gana en dos sentidos: porque ganamos todos como demócratas y ciudadanos al hacer un país más justo, y esto, repito, es un acto de justicia; y en segundo lugar, porque la ley de la memoria histórica va a permitir potenciar un centro
documental en Salamanca mucho mejor, mucho más potente, mucho más útil al conjunto de la sociedad que el archivo que hoy tenemos. No estamos desmembrando ningún archivo, porque además hay otro elemento que ya se apuntó en otros momentos de este
debate que hemos mantenido; cuando se dice que se está desmembrando un archivo del Estado es incorrecto.
Cataluña, hasta que se demuestre lo contrario en la Constitución, es Estado y, por tanto, estos documentos salen de Salamanca y van a
Cataluña, que es tan Estado como Salamanca. Lo que se hace, repito, es recuperar un hecho histórico, reparar una injusticia histórica y, por todo esto, hoy es un día muy importante. Hoy recuperamos la memoria histórica, hoy hacemos un acto de
justicia y además un acto para recuperar la dignidad de muchas personas e instituciones. Por tanto, hoy, esta Cámara, todos, hemos de tener una especial satisfacción y, repito, hemos de conseguir que este acto se repita lo antes posible para
recuperar el conjunto de documentos que justamente deben volver a sus legítimos propietarios. Estaremos en esta lucha, como lo hemos estado en la lucha que hoy de alguna forma superamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
El grupo Socialista va a compartir el uso de la palabra. En primer lugar, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Señor presidente, señora ministra, señores ministros, señorías, vamos a intervenir en nombre del Grupo Socialista Mario Bedera, compañero de Castilla y León, y yo mismo. Con nuestra aportación quisiéramos poner de
manifiesto que esta ley contiene valores de conciliación y concordia, que es una ley de todos y para todos. Sin duda, existe una enorme satisfacción en Cataluña por la aprobación de esta ley
que permitirá la devolución de los documentos incautados a las instituciones políticas de Cataluña, a partidos políticos, a sindicatos, a entidades sociales y culturales y a particulares, ya que cuenta con el apoyo de toda la sociedad civil
y ha sido ejemplo de consenso de todos los partidos políticos sin excepción. Pero dicha satisfacción debería hacerse extensiva al conjunto de España, también a Salamanca, donde debe acrecentarse la comprensión a los justos términos de la presente
ley, una ley que construye, que crea en Salamanca un centro de documentación de referencia mundial sobre la Segunda República, la guerra civil y la represión franquista. Nuestro reconocimiento y gratitud para todos los que desde Salamanca, desde
Castilla y León, han pretendido dar luz frente a la demagogia argumentando contra equívocos y falsas verdades.
Quisiera recordar una vez más el origen y el contenido de los fondos documentales depositados en Salamanca, que fueron obtenidos por la fuerza y con finalidades represivas. Las brigadas del Servicio de Recuperación Documental saquearon en
Barcelona, en Lérida o en Tarragona durante varios meses pisos de particulares, redacciones de periódicos, las sedes oficiales de la Generalitat, de partidos, de sindicatos y de otras organizaciones políticas y sociales e incautaron toneladas de
documentos.
En Salamanca los documentos se encarpetaron según la procedencia geográfica y se clasificaron. El objetivo de esa clasificación no fue archivístico sino represivo. A partir de ese momento, militares y policías elaboraron expedientes
personales donde se hacía constar la filiación política de miles de desafectos. Finalmente, son tres millones de fichas personales las que se elaboraron en Salamanca y que estuvieron al servicio del Tribunal especial para la represión de la
masonería y el comunismo. De Salamanca salieron miles de informes que servirían para el fusilamiento y encarcelamiento de otros tantos miles de ciudadanas y ciudadanos demócratas. Los fondos depositados no constituyen ninguna unidad de archivo,
puesto que pertenecían a archivos previamente formados de manera natural por sus instituciones titulares: documentos de las instituciones de la Generalitat o del Parlament y documentos de particulares, correspondencia privada como la de Carrasco i
Formiguera, bibliotecas enteras como la de Rovira i Virgili o carteles originales de Carles Fontseré o incluso el pasaporte de Francesc Cambó. Es, por tanto, una cuestión de justicia retornar estos documentos a sus legítimos propietarios.
Esta ley no será utilizada en Cataluña como victoria moral. Los territorios no ganaron ni perdieron la guerra. Es justo recordar que hubo vencedores y vencidos en Girona y en Salamanca, en Cataluña y en Castilla y León. No hay
superioridades morales sino experiencias distintas y la presente ley debe resultar una aportación a la conciliación y a la superación de la guerra civil desde la verdad y la justicia. Salvador Espriu se refiere a ella en su pell de brau como el
gran crimen de Sepharad (la España histórica). (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'La infinita tristesa del pecat de la guerra sense victòria entre germans'.) 'La infinita
tristeza del pecado de la guerra sin victoria entre hermanos'. Años antes, Espriu, revisando el mito de Antígona y del enfrentamiento a muerte entre hermanos, nos proponía para superar la tragedia fraticida (Continúa su intervención en catalán,
cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'una almoïna recíproca de perdó i tolerancia'.) 'una limosna recíproca de perdón y tolerancia'. No puede construirse desde el rencor y el resentimiento, sino desde la generosidad
del perdón, desde la verdad y desde la memoria.
Nuestro modelo de transición democrática no puede perpetuar la desmemoria histórica y el silencio.
El presente proyecto de ley está planteado con los límites definidos en la proposición no de ley aprobada por esta Cámara el 18 de mayo de 2004. Se ha contado para la elaboración de este proyecto con las aportaciones contenidas en el
informe de la comisión de expertos. Su dictamen considera justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat y aconseja el establecimiento de un procedimiento administrativo para el reconocimiento y
restitución de los documentos que establece la presente ley. En el caso de las personas físicas y jurídicas, el proyecto de ley también prevé que la restitución de los documentos pueda llevarse a cabo por otras comunidades autónomas que lo
soliciten, en aplicación del principio constitucional de igualdad de derechos y obligaciones. Las enmiendas presentadas desbordan este marco en algunos casos o plantean otro texto alternativo, por lo que les anuncio nuestro voto desfavorable.
Para finalizar, quisiera reiterar el agradecimiento a la determinación y al trabajo constante de la Comissió de la Dignitat, que en los últimos años ha encabezado la campaña cívica a favor del retorno de los documentos expoliados a Cataluña,
así como al diálogo y la capacidad de acuerdo que han demostrado la consellera Caterina Mieras y la ministra Carmen Calvo para alcanzar la definitiva solución a este contencioso.
También corresponde reconocer la estimable aportación de la
Associació d'arxivers de Catalunya, así como a aquellos que en España o en Europa han apoyado el proceso de reivindicación.
Déjenme terminar con un deseo del poeta Miquel Martí i Pol de su libro L´àmbit de tots els àmbits (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'Convertirem el vell dolor en amor i
el llegarem, solemnes, a la història'.) 'Convertiremos el viejo dolor en amor y lo legaremos, solemnes, a la historia'.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
Señor Bedera, su turno, por favor.
El señor BEDERA BRAVO: Señor presidente, señorías, desde esta tribuna dos diputados, uno catalán y otro castellanoleonés, defendemos conjunta y solidariamente en nombre del Grupo Socialista esta ley, que restituirá a
la Generalidad de Cataluña los documentos incautados con motivo de la guerra civil y creará en Salamanca el Centro Documental de la Memoria Histórica. Nuestra presencia conjunta en esta tribuna quiere ratificar así las dos vertientes que
contempla el proyecto de ley: reparar la injusticia histórica de la incautación de documentos con fines exclusivamente represivos y a la vez potenciar el conocimiento de nuestra memoria colectiva con la creación del Centro Documental de la Memoria
Histórica.
A pesar de los denodados esfuerzos del Partido Popular por intentar confundir a la opinión pública y sacar ventaja política, hoy en esta Cámara, donde reside la soberanía popular -no lo olviden-, se va a cerrar un capítulo pendiente desde la
transición. Y ustedes, señores del Partido Popular, corren el serio riesgo de volver a quedarse solos. Pueden perder otra oportunidad de sumarse a la reparación de un defecto en el sistema que hace 25 años transformó un Estado totalitario en un
Estado democrático. Han pretendido confundir a la sociedad alegando el principio de unidad de archivo cuando ustedes conocen que desde el año 1938, en que se constituye la delegación del Estado para la recuperación de documentos, y hasta la
transición hay casi 400 expedientes con noticia de devolución documental. Concretamente en 372 de ellos se proponía o se facilitaba por parte del Gobierno franquista la devolución de documentos a instituciones y a particulares afectos al régimen.
Han disfrazado su oposición a la ley con razones técnicas que no resisten un análisis riguroso, cuando la verdadera razón de su contumaz negativa hay que buscarla en otro terreno que nada tiene que ver con lo profesional, sino con la vieja consigna
de que cuanto peor, mejor. Y para ello no han dudado incluso en intentar enfrentar a Castilla y León con Cataluña. Han hecho del Archivo General de la Guerra Civil una bandera regional para atacar al Gobierno central y, de paso, maquillar los
importantes problemas que aquejan a nuestra comunidad, en una estrategia más próxima al panem et circensis que a lo que debe esperarse de unos políticos responsables. Se agarran ustedes a vicios de procedimiento en el cumplimiento de la legalidad
ignorando que esta ley participa del mismo espíritu que inspiró el paquete de normas reparadoras de la dignidad democrática de este país, normas como la de reposición del patrimonio sindical, la de restitución de los bienes incautados a los partidos
políticos o el reconocimiento de derechos a quienes defendieron la legalidad republicana. Han pretendido oscurecer la importancia del Centro Documental de la Memoria Histórica calificando su creación de cortina de humo -eso dijeron en la Comisión-,
cuando conocen perfectamente que en los próximos años Salamanca recibirá más de diez millones de documentos, señor Robles, en distintos soportes, también originales, que convertirán este centro en la referencia nacional e internacional, no solo para
el estudio de la guerra civil, sino también del exilio, de la represión, de la oposición política, la clandestinidad o la transición. El Centro Documental de la Memoria Histórica no nace como un instrumento de reivindicación de unos frente a otros,
sino con vocación de servicio público a los ciudadanos en su conjunto cualquiera que sea su procedencia. Servicio público que se va a organizar en cinco áreas: el área de archivo, donde se potenciará el actual Archivo General de la Guerra Civil;
el área de investigación, con especial participación de las universidades con las que se coordinarán los proyectos oportunos y a los que irá asociado un taller de fuentes orales que recoja los testimonios del pasado por boca de sus propios
protagonistas; un área documental donde se recopilarán las fuentes secundarias; otra importante área de difusión y, finalmente, una de información y asesoramiento a las víctimas, con la tarea básica de ser a la vez instrumento que aporte el
sustento moral y jurídico a quienes se acerquen con sus peticiones de restitución y reparación.
Señorías, este proyecto de ley se ve acompañado por una memoria histórica importante, donde junto a la actual sede del archivo central, el Archivo General de la Guerra Civil, aparece el Palacio de Orellana como la nueva infraestructura que
va a nuclear todos estos servicios. Y aparece también la nueva composición, los nuevos medios materiales, económicos y personales. Señor Robles, la plantilla se duplicará de los 36 empleados actuales hasta los 76. Señorías, esta ley tiene dos
partes, y si la primera con la que se restituyen los fondos representa un acto de justicia histórica, la segunda, con la creación del centro, da respuesta al derecho colectivo a conocer la verdad sobre nuestra historia y al derecho individual de las
víctimas a la reparación.
Termino. Señores del PP, todavía tienen ocasión de virar y cambiar el rumbo. Súmense a la mayoría de esta Cámara y muestren que tienen sensibilidad, como pedía su portavoz; muestren que son capaces de mirar hacia delante, cerrando con
dignidad una página de nuestro pasado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.
Vamos a proceder a las votaciones.
Aprovecho para recordar a las personas que se encuentran en las tribunas la necesidad de mantener durante y después de las votaciones el necesario silencio. Gracias.
Votación, en primer lugar, relativa el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y, en segundo lugar, relativa al proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos
incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
Votación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. En primer lugar, votación de las tres enmiendas transaccionales. ¿Algún grupo parlamentario se opone a alguna de ellas? (La señora Torme Pardo pide la palabra.)
Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, no nos oponemos a la tramitación de estas enmiendas transaccionales, pero sí anunciamos que en un futuro no será así. Nos parece totalmente inadmisible que el Grupo Parlamentario Socialista haya
dado traslado de las mismas a nuestro grupo esta misma mañana, durante la intervención de nuestro portavoz, como es inadmisible que se incumpla la palabra dada y se rompan los pactos alcanzados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Torme, pero entiendo, por el buen orden de la presentación de las votaciones, que no hay oposición a que se voten. (El señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señor presidente, pido la palabra con el objeto de aclarar cuáles son exactamente las tres transaccionales que hemos presentado todos los grupos menos el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, ya no cabe este turno porque esto ya lo dijo usted en su intervención. Ahora todos los grupos parlamentarios disponen de las enmiendas transaccionales.
El señor CUADRADO BAUSELA: Lo entiendo, señor presidente, pero parece que el Grupo Parlamentario Popular no entiende bien cuál es el contenido de las mismas. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, no hagan debate. Las posiciones han quedado claras, las enmiendas transaccionales se van a votar y cada uno ya ha dicho todo lo que tenía que decir.
Primera votación, enmienda transaccional a la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; a la número 43, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez; y a la número 119,
del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 194; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación, enmienda transaccional a las números 162 y 185, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 194; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera enmienda transaccional, la relativa a las números 20 y 21, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; números 49 y 50, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez; números 85, 86 y
87, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya; y número 161, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, en lo relativo al artículo 17 del texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 194; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: De acuerdo con la transacción, las enmiendas números 8 y 20, que se mantenían, quedan retiradas.
El señor PRESIDENTE: En efecto, es que no puede ser de otra manera.
Por último, la misma enmienda transaccional en lo relativo al artículo 19 del texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 194; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Mixto. Enmienda número 61, de la señora Barkos Berruezo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 21; en contra, 302; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, enmiendas de la señora Lasaga-baster. Votación de las enmiendas en un solo bloque, salvo las que han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 20; en contra, 303; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez. Votación de las enmiendas en un solo bloque, salvo las que han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 20; en contra, 302; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votación de la enmienda número 153.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 136; en contra, 176; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds han sido retiradas u objeto de transacción. En consecuencia, no se votan.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se realizará en bloque, salvo las que se han anunciado que se retiraban.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 29; en contra, 293; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Unas han sido retiradas y otra ha sido objeto de enmienda transaccional. En consecuencia, no se votan.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que se votan en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 135; en contra, 187, abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
¿Algún grupo parlamentario consideraría el hecho de que no se haya consumido el último segundo y tiene dudas sobre lo que votó? (Pausa.) Particularmente, estimo que la votación ha sido bastante clara y no genera ninguna confusión respecto
al resultado final.
Pasamos, pues, a votar el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 184; en contra, 134; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, al tratarse de una ley orgánica, necesita votación de conjunto al objeto de verificar si tiene la mayoría requerida de 176 votos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 183; en contra, 135; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la
Memoria Histórica.
En primer lugar, votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda de la señora Lasaga-baster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 15; en contra, 297; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 10; en contra, 307; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, ocho; en contra, 318; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 12; en contra, 293; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 135; en contra, 194.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 193; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen del proyecto de ley.
(Aplausos.-Aplausos en las tribunas de invitados.)
Por favor, abandonen las tribunas. (Pausa.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) A LOS CENTROS RESIDENCIALES.
(Número de expediente 124/000010.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Proposición de ley del Senado para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a los centros residenciales.
Se trata de un debate de totalidad novedoso, cuyo formato será el siguiente: En primer lugar, turno a favor de la enmienda a la totalidad por 15 minutos, eventualmente un turno en contra, si así se solicitase, y si no fuera el caso la
tradicional fijación de posiciones de los grupos parlamentarios por 10 minutos.
Tiene la palabra, en turno a favor de la enmienda, el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente, señorías, esta proposición de ley del Senado dice perseguir una reducción del tipo de tributación en el IVA del 7 por ciento al 4 por ciento para las prestaciones de servicios y no se olviden, por
favor, de la asistencia social que realizan los centros residenciales para niños, niñas, jóvenes, incapacitados físicos y psíquicos y personas mayores. Pero nótese que se pretende no solo la reducción del ya reducido tipo de gravamen desde el 7 por
ciento hasta el superreducido tipo del 4 por ciento para las prestaciones del servicio y de asistencia social, sino también la aplicación de este tipo superreducido a la prestación de toda clase de servicios en dichos centros residenciales, sean de
la naturaleza que fueren y aunque actualmente estuvieran gravados al tipo normal del 16 por ciento. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto armonizado. La Ley 37/1992 del impuesto sobre el valor añadido es la transposición a la
legislación española de los preceptos de la Sexta Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 17 de mayo de 1977. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3, España, como el resto de los países miembros, puede aplicar, aparte del
tipo general, dos tipos reducidos de gravamen en el impuesto sobre el valor añadido. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que podrán estar sujetos a estos tipos reducidos del IVA son los que se contienen en el Anexo H de la
Directiva.
Ahí se establecen qué servicios están sujetos a la tributación reducida especial.
En aplicación de esta normativa europea, el número 9 del artículo 91.1.2 de nuestra ley establece la aplicación del tipo reducido del 7 por ciento para las prestaciones de servicios de asistencia social mencionados en el número 8 del
artículo 20.1 de dicha ley cuando no hayan de gozar de exención, incluso, claro está, si se prestan en centros residenciales.
(La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Pero no es cierto, tal y como asegura la exposición
de motivos de la proposición de ley, que la aplicación de dicho tipo reducido provenga de la equiparación de estos centros residenciales, hoteles o balnearios, sino que dicho tipo reducido se aplicaría sin necesidad de ninguna equiparación a las
prestaciones de servicios de asistencia social antes mencionadas, así como a las demás prestaciones de servicios que se mencionan en los restantes números del citado artículo 91.1.2 de la Ley del IVA.
Tema conexo interesante a examinar es analizar cuándo la prestación de servicios de asistencia social no goza de la exención establecida en el citado número 8 del artículo 20.1 de la ley, porque así entenderemos mejor cuál es la verdadera
finalidad de la proposición de ley. No gozan de exención estos servicios cuando son prestados por entidades con ánimo de lucro porque en caso contrario sí gozarían de exención siempre que los cargos de presidente, patrón o representante legal
fueran gratuitos en el más puro sentido de la palabra gratuito. Quede pues bien claro que la proposición de ley lo que pretende es rebajar aun más el tipo a entidades que prestan servicios de asistencia social con ánimo de lucro, no a entidades no
lucrativas, y extenderlo a la prestación de otros servicios.
Pero también es cierto que no se lo pretenden rebajar a todas las entidades con ánimo de lucro que prestan servicios de asistencia social.
Se lo pretenden rebajar solamente a los centros
residenciales que presten servicios para niños y niñas, jóvenes, incapacitados físicos o psíquicos y personas mayores, pero no a aquellos otros centros que pudieran prestar servicios con ánimo de lucro a minorías étnicas, a refugiados y a exiliados,
a transeúntes, a personas con cargas familiares no compartidas, a ex reclusos, a alcohólicos, a toxicómanos, etcétera. Se me dirá que estos supuestos de servicios que he mencionado no van a ser prestados nunca por entidades con ánimo de lucro.
Efectivamente así es.
Por eso la proposición de ley no se ha molestado ni siquiera en mencionar estos casos. Si se me permite una expresión popular, a esta proposición de ley se le ve demasiado el plumero.
En todo caso, quisiera destacar que las situaciones de mayor necesidad social, que son las que se cubren por parte de entidades de carácter social, ya tienen su cauce en la exención que se contempla en la normativa del impuesto. Con todo,
lo inaceptable lo constituye la pretensión de aplicar un tipo reducido a todos los servicios que se presten en los centros residenciales a que se refiere la proposición de ley, ya que tal pretensión vulnera claramente la Sexta Directiva. No es el
lugar en el que se prestan los servicios, sino la naturaleza de los mismos lo que, conforme al artículo 12.3 de dicha directiva, permite aplicar un tipo reducido. Y eso tiene una gran trascendencia porque en muy pocos años podríamos encontrarnos,
caso de que prosperara la ley, con una anulación precisamente de lo que establece esta proposición de ley, con el agravante de que los centros residenciales que hubieran tributado por tipos superreducidos en ese momento tuvieran que tributar al
Estado por los tipos que deberían de haberse aplicado y no por los tipos indebidamente aplicados. Es verdad que en estos centros residenciales se prestan servicios de hospitalización y asistencia sanitaria a los que en principio es aplicable la
exención del número 2 del artículo 20.1 de la Ley del IVA, siempre que se facture en régimen de precios autorizados o comunicados. Estos mismos servicios, cuando se prestan en otro régimen de precios tributarán, como tributan ya, al tipo reducido
del 7 por ciento, conforme al número 11 del citado artículo 1.2 de la ley. ¿Por qué habría de aplicarse a estos servicios el tipo superreducido en lugar del tipo reducido aplicable con carácter general simplemente por el hecho de prestarse en los
centros residenciales a los que se refiere la proposición de ley? Pero más grave todavía resultaría aplicar el tipo superreducido a todo tipo de servicios que pudieran prestarse en los citados centros residenciales, por ejemplo, discoteca, cirugía
estética, etcétera. En definitiva, servicios que por su naturaleza es obligado que tributen al tipo ordinario.
Como señalamos en nuestra enmienda de totalidad, el coste de la proposición ley en términos de pérdida de recaudación por la reducción del tipo impositivo del 7 al 4 por ciento, solo en las prestaciones de servicios de asistencia social, es
decir, sin considerar lo que provendría de la superreducción del tipo de las demás prestaciones de servicios, asciende a 20.300.000 euros, tomando como referencia los datos de los declarantes del epígrafe 951, centros residenciales, del año 2001.
Pero además, como también señalamos en la enmienda de totalidad, al tratarse de un sector con una demanda y una oferta de rigidez considerable, si atendemos a lo que en la teoría económica se ha considerado siempre sobre la traslación de impuestos y
subvenciones, la reducción del tipo impositivo difícilmente se trasladaría a los precios, quedando la rebaja, por lo tanto, en beneficio exclusivo de los prestadores de estos servicios con ánimo de lucro. Es decir, se está planteando una medida
que, en lugar de beneficiar a las personas que viven en esos centros residenciales, iba a incrementar exclusivamente los beneficios empresariales de las entidades promotoras de los mismos. A esta proposición de ley no se le ve el carácter social.
Si se me permite reiterar la expresión popular que antes cité, a esta proposición de ley lo que se le ve es el plumero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista solicita el voto favorable de la Cámara a la enmienda de totalidad que hemos presentado y la consiguiente devolución de la proposición de ley.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoras diputadas y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Turiel. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).
¿Tal vez quiere ejercer el turno en contra?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señora presidenta, como esta es una iniciativa que viene del Senado pero fue presentada por Convergència i Unió, quisiéramos plantear un voto en contra de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Para turno en contra tiene usted igualmente 15 minutos, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó en su momento en el Senado una proposición de ley, que fue aprobada por la mayoría de los votos de la Cámara, en la dirección de reducir el tipo impositivo
del impuesto sobre el valor añadido hasta el 4 por ciento para todas aquellas prestaciones de servicios y de asistencia social que realizan los centros residenciales que actualmente no están exentas en relación a sectores que solamente necesitan
protección, como son la infancia, la juventud, los incapacitados físicos y psíquicos, y las personas mayores.
Señoras y señores diputados, señor Turiel, que ha presentado la enmienda a la totalidad en representación del Grupo Socialista, esta es una iniciativa desde nuestra perspectiva de gran calado y sensibilidad social, y muy demandada por la
sociedad civil, una sociedad que básicamente está representada por gente mayor y gente que pide a la clase política sensibilidad para que se le puedan resolver sus problemas.
Sinceramente no entiendo la manifestación que ha hecho el señor Turiel
cuando ha dicho que se nos veía el plumero. El plumero se lo vamos a pasar a usted para que pueda contestar a todas estas asociaciones, a todos estos municipios, a más de cien mil personas que no son empresarios, sino gente necesitada que demanda
estas prestaciones y este cambio de legislación. El 'Diario de Sesiones' también sirve para que, a través de la informática y de las nuevas tecnologías, puedan ver cuál es la posición de cada grupo parlamentario, y esta manifestación, que yo
respeto pero no comparto, de que se nos ve el plumero a los demandantes de esta iniciativa parlamentaria, se la vamos a traspasar a todas estas sociedades, ONG o residencias privadas
que continuamente van demandando estos cambios legislativos, y a estas más de cien mil personas para que vean cuál es la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara; con lo cual he de decir a continuación que, desde la
perspectiva del discurso del Partido Socialista y de las exposiciones y declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno en determinados momentos de que era necesaria una ley de dependencia para atender a toda esta serie de personas con muy
pocos ingresos y muy necesitados, hoy, estas personas, con sus manifestaciones, puedan tener la idea de que es una iniciativa parlamentaria que va a beneficiar a determinadas personas con determinados ingresos y que se nos ve el plumero. Señor
Turiel, realmente pienso que ha sido una expresión desafortunada y desgraciadamente al que se le va a ver el plumero va a ser al Grupo Parlamentario Socialista y a usted mismo en unas manifestaciones que van en la dirección contraria de lo que
demanda una parte muy importante de la sociedad.
¿Por qué planteamos desde Convergencia i Unió esta iniciativa? Porque es una realidad que todos los grupos parlamentarios saben. Toda la sociedad conoce el aumento de la esperanza de vida, así como el hecho de que la estructura piramidal
de la población ha experimentado cambios notables.
Esto obliga a tomar medidas para asegurar la adecuada atención a este colectivo, en el que, afortunadamente, todos tenemos una esperanza de vida cada vez mayor porque la gente vive más años. Otro
dato significativo es que hoy la población de más de 65 años en España es de unos siete millones de personas, y las estadísticas nos dicen que en los próximos cinco años esta población se va a incrementar en un millón de personas, por lo que, dentro
de cinco años, llegaremos a alcanzar la cifra de ocho millones de españoles que tendrán más de 65 años. Es lógico pensar que desde los poderes públicos y desde las iniciativas parlamentarias deberíamos dar apoyo para mejorar su situación y sus
necesidades. Son cuestiones que vale la pena plantear con una cierta perspectiva de futuro.
Existe otro dato que es importante a la hora de valorar una iniciativa de este calado. Es una realidad que en España existe una oferta pública de residencias limitada. Toda vez que no disponemos de una ley de dependencia, deberíamos tener
en cuenta que los centros residenciales privados están ofreciendo servicios que deberían ser cubiertos por las administraciones públicas, porque no dejan de prestar una función social que debería ofrecer la Administración pública pero que por
razones presupuestarias o por la falta de esta ley de dependencia, esta oferta está cubierta, afortunadamente, por servicios privados. También nos gustaría resaltar que, según los datos del Imserso del año 2004, relativos a las personas mayores de
65 años, en España existen 4.888 centros, entre públicos y privados, que engloban 266.392 camas. De este cómputo global, señor Turiel y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, el 80 por ciento son centros de titularidad privada, y el
20 por ciento de titularidad pública. Vemos que hay una oferta pública que sí goza de unos beneficios fiscales, que nosotros aplaudimos, que cubren alrededor de 56.000 camas. Pero con la oferta global que existe en España y con el incremento de
esperanza de vida, vemos que son insuficientes para poder gozar de unos beneficios fiscales que, como usted ha dicho en su exposición, tienen determinados centros. Nosotros no pedimos las exenciones, sino solo la rebaja del 7 al 4 por ciento. Si
analizamos cuál es la financiación de estos centros privados, vemos que el 57 por ciento del 80 por ciento de los centros privados lo financian íntegramente los usuarios privados, porque no gozan de ninguna exención ni de ninguna subvención pública.
Solo el 18 por ciento de este 80 por ciento de centros privados sí tienen una financiación concertada con la Administración y gozan de costes más bajos. Estas residencias no solamente se dedican a atender a la gente mayor, porque en nuestra
exposición de motivos también hemos incorporado una serie de sectores que en un momento determinado pueden necesitar de la protección social, como la infancia o la juventud; existen personas, que son niños o jóvenes, que necesitan de estas
prestaciones sociales, y ya no hace falta que vuelva a recalcar que, independientemente de las personas mayores, también existen personas con incapacidades físicas y psíquicas que necesitan de los servicios de dichas residencias. Por lo tanto,
estamos ante un panorama que globalmente está cubierto por centros privados, y solamente una parte muy pequeña de estas necesidades están cubiertas por centros de financiación pública. Este es otro motivo por el cual pensábamos que sería
interesante poderlos dotar de una pequeña bonificación con esta rebaja del 7 al 4 por ciento, con lo cual esta propuesta contribuiría de forma significativa a reducir los costes de asistencia que deben satisfacer muchas familias. Probablemente
muchos de nosotros tenemos ejemplos que podrían certificar la afirmación que voy a hacer ahora, y es que en muchos casos los ciudadanos que no pueden acceder a las plazas públicas de los centros, además de la obligación de satisfacer el coste deben
soportar también una presión fiscal desproporcionada que no tiene fundamento en la normativa comunitaria.
También me quería referir a este planteamiento, a este cambio de legislación que plantea Convergència i Unió, que pensamos que está perfectamente homologada y amparada con la legislación europea. En este sentido, entendemos que la
legislación europea permite una reducción del IVA en este supuesto, de acuerdo con la normativa española en el artículo 3, del anexo H, de la Sexta Directiva, en la que establece que podrán estar sujetos a tipos reducidos del IVA la prestación de la
asistencia sanitaria, así como el tratamiento termal en cuanto no esté exento en virtud de lo dispuesto en el artículo 13. También nos han ayudado no solamente a intentar plantear esta iniciativa, sino a poder tener un resultado positivo, las
conclusiones del segundo congreso estatal de personas mayores, que en una moción aprobada denunciaron que existía una discriminación, que se puede resolver inmediatamente, por el hecho de que las plazas que ocupan mayores en residencias y centros
geriátricos asistidos sean gravadas con el 7 por
ciento del IVA como si fuesen establecimientos de hostelería. No solo tiene que pagar el coste este colectivo por no haber plazas públicas suficientes, sino que también se denuncia que ha de pagar el IVA.
Hay otras manifestaciones y reacciones en favor de esta iniciativa, como es el manifiesto auspiciado por la Federación nacional de centros y servicios de mayores que en su momento también recogían la reducción del IVA, a la que se sumó el
sindicato de Comisiones Obreras, UGT, 33 ayuntamientos y más de 100.000 firmas individuales, o sea, que esta no es una cuestión que plantea un colectivo reducido de empresarios privados que piden esta rebaja. No, señor Turiel, esta es una
reivindicación que plantean diferentes asociaciones de gente mayor de todo el Estado español, como he manifestado. Lo plantean los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y hay 100.000 firmas recogidas, y estoy convencido de que si estos señores se van
reiterando en esta posición podrán llegar incluso a llevar una iniciativa popular a este Congreso, para que todos nosotros veamos que no se trata de un capricho individual de un determinado colectivo privado que quiere beneficiarse de una
bonificación fiscal o de una reducción fiscal del 7 al 4 por ciento.
Finalmente, señor Turiel, nosotros entendemos que desde la perspectiva fiscal, desde la perspectiva de la recaudación de futuros impuestos por la posible aprobación de esta iniciativa, hablar de que esto al Estado le mermaría sus ingresos en
20 millones de euros, pienso sinceramente que con ello se les está viendo el plumero. Cuando estamos hablando de una iniciativa sobre una sensibilidad social, de unas manifestaciones que han estado en boca de todos estos diputados para que se
remita una ley de dependencia que vaya en la dirección de mantener unos servicios para toda esta gente mayor que no tiene posibilidades económicas, el coste de 20 millones de euros para el Estado creo sinceramente que es una cifra ridícula, es el
chocolate del loro porque hay 30.000 posibilidades de poder compensar dicha recaudación en el caso de que prosperara esta iniciativa.
Pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que tenga sensibilidad para ayudar a estas 100.000 personas, a estos ayuntamientos y a estas federaciones que han pedido esta reducción del IVA, que intenten cambiar de posición; y al resto de
representantes de formaciones políticas les diríamos que de la misma manera que en el Senado apoyaron esta iniciativa la apoyen también en el Congreso votando en contra de esta enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Turiel, tiene usted, si lo desea, un turno de réplica.
El señor TURIEL SANDÍN: Señora presidenta, señorías, intervengo en turno de réplica porque cualquiera pensaría que ahora quienes tienen la sensibilidad social son los que en otro momento no la han tenido. Le recuerdo al portavoz de
Convergència i Unió que este mismo problema existe desde hace muchísimos años, que en legislaturas anteriores no lo planteó y que cuando gobernaba en otro parlamento de España tampoco presentó ninguna reivindicación en el mismo sentido. Es decir,
que justamente ahora le ha entrado la sensibilidad social. Me alegro de que tenga sensibilidad social, pero aquí desde luego no está utilizando ninguna sensibilidad social porque ha hecho algo que no se debe hacer: usted está poniendo como
pretexto a las personas mayores, es más, a las personas mayores necesitadas y no al conjunto de personas mayores, para pretender una reforma que va muchísimo más allá de lo que usted dice. La proposición de ley no se está refiriendo exclusivamente
a centros residenciales de mayores, sino que está hablando de centros residenciales de niños o niñas sin decir de qué tipo, y de jóvenes sin decir de qué tipo. Usted está poniendo como pretexto el carácter social y sin embargo realmente no está
persiguiendo eso.
Dice que a nosotros se nos ve el plumero; no, se les ve el plumero a ustedes. Pero usted mismo cita aquí un problema de petición de ONG, cuando las ONG que prestan esos servicios están exentas. Estas no van a obtener ningún beneficio
porque se rebaje del 7 al 4, porque actualmente están exentas. A lo largo de su intervención ha citado usted muchas otras peticiones de entidades que están exentas; las entidades que no están exentas son las entidades con ánimo de lucro, es decir,
las empresas, esas son las que no están exentas. Además, en su proposición de ley lo que pretenden es que se extienda a la totalidad de los servicios. Vuelvo a repetirle lo mismo, ¿en una residencia de jóvenes va a pagar el 4 por ciento el
servicio de discoteca? ¿En una residencia de jóvenes, hombres y mujeres un poquito más adultos, va a pagar el 4 por ciento un servicio de cirugía estética? Ustedes están pretendiendo que se aplique a todos los servicios y sabe perfectamente que
eso vulnera la Sexta Directiva: la discriminación nunca se puede hacer en función del lugar donde se prestan los servicios, sino en función de la naturaleza de los servicios, y eso es lo que ustedes no hacen. Porque ustedes podían haber pedido
allí que se rebajara el tipo cuando se prestan servicios de asistencia social. Es más, si ustedes tuvieran la sensibilidad social que dicen tener, lo que habrían traído es una reforma diciendo, por ejemplo, que lo que establece el artículo 91.1.2
en el número 9 se pasara a la tributación reducida del 4 por ciento, pero eso no lo hacen; o que los servicios de hospitalización, que también conforme al artículo 91.1.2 pagan el 7 por ciento, se trasladen al punto donde se establece el tipo de
reducción del 4 por ciento. No se hace eso. Ustedes se han limitado a decir que cuando se trate de centros residenciales. Pero si eso es evidente que vulnera la Sexta Directiva, si solamente se puede hacer en función de la naturaleza de los
servicios.
Voy a terminar con un tema porque no necesito consumir todo el tiempo.
Fíjese que en mi enmienda de totalidad me sobraban muchos minutos de los quince y ahora me va a sobrar un minuto porque voy a terminar con una cuestión. Este es un tema
de pura economía. Los economistas sabemos perfectamente cómo se produce la
traslación de los impuestos indirectos de las subvenciones. Cuando la demanda es rígida, toda la teoría económica, todos los tratadistas te van a decir lo mismo: el beneficio o perjuicio que se pueda producir por una mayor o menor
tributación, por una mayor o menor subvención, lo soportan exclusivamente los empresarios que ofertan esos servicios, nunca los demandantes. En el caso de demandas rígidas ese es un tema absolutamente imposible. O sea, que no pretenda usted aquí
decir que esto va a beneficiar a alguien porque no es así, va a beneficiar exclusivamente a los empresarios que prestan el servicio.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Turiel.
Señor Sánchez i Llibre, si desea usted utilizar su turno de dúplica también lo tiene.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
No me voy a extender en explicitarle al señor diputado cuáles han sido las posiciones sociales y las iniciativas sociales que este grupo parlamentario ha venido planteando a lo largo de muchísimos años, ya que no tendría tiempo de
replicarle. Están en el 'Diario de Sesiones', así como las posiciones y las intervenciones de nuestros portavoces en este Parlamento para demostrar que si en algo se ha caracterizado este grupo parlamentario es en la sensibilidad social en muchos
aspectos referidos a pensiones, viudas, SOVI, IVA reducido para determinados sectores problemáticos, etcétera. En fin, no vale la pena extenderme, pero sí que me gustaría dejarlo claro en estos primeros segundos de mi intervención.
Por tanto, aquí
no vamos a discutir quién tiene más sensibilidad social, cada uno tiene su historia, sus iniciativas.
Señor Turiel, de lo que hoy estamos hablando aquí es de una iniciativa que va en la dirección de beneficiar a una serie de personas que están en una edad determinada o que por sus circunstancias físicas o familiares, la Administración
pública, por las razones que sean, no les puede dar el servicio o las prestaciones que ellos deberían tener. Vemos que la oferta que existe en España es pequeña. El 80 por ciento de la oferta de centros asistenciales es privada y solamente existe
un 20 de oferta pública.
Nosotros lo que pretendemos aquí es una pequeña bonificación fiscal que no revierta única y exclusivamente en los empresarios. Esta es una demanda para que se puedan rebajar los costes de los servicios para la gente mayor,
para la infancia que tenga problemas, para la juventud que en un momento determinado tenga necesidad de ir a estos centros asistenciales y también -y no debemos olvidarlo- para todas aquellas personas que son incapacitados físicos y psíquicos que
necesitan la prestación de estos servicios.
En ningún momento, señor Turiel, nosotros hemos planteado una iniciativa para que la discoteca de un centro de residencia de juventud pueda gozar de unos beneficios fiscales diferentes a los habituales. Pienso que esto ha sido una
frivolidad, una licencia que usted se ha permitido en su intervención que, lógicamente, no podemos compartir. Estamos hablando de una cuestión que está afectando a muchísimas personas con problemas y tendríamos que tener más sensibilidad y
prestarle mucha más atención para llegar a una serie de acuerdos. Cuando ustedes presenten al Parlamento la futura ley de la dependencia probablemente lleguemos a la conclusión de que es necesario aprobar una iniciativa que vaya en esta dirección.
Lo triste, señor Turiel, es que pudiéndolo hacer ahora y pudiendo conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas, lo tengamos que hacer dentro de un año o año y medio porque ustedes no han sido los padres de esta iniciativa legislativa. Creo
sinceramente que la mayoría de fuerzas políticas aquí presentes prestarían su apoyo a una iniciativa de este calado y detrás de la cual, repito, hay muchas federaciones, muchas asociaciones y más de 100.000 firmas recogidas, que son, señor Turiel,
muchísimas firmas.
Por descontado, estoy de acuerdo con que hay muchas ONG y muchos centros públicos que no solamente no son gravados al 4 por ciento, sino que están exentos. Ya lo sabemos, pero lo que queremos es que determinados centros que no pueden estar
exentos y que están cubriendo una prestación social que no puede hacer la sanidad pública se haga desde la perspectiva privada con unos beneficios fiscales que en la Unión Europea también están reconocidos como tales. Por lo tanto, no estamos
pidiendo absolutamente ninguna diferencia respecto a lo que se está legislando o respecto a la fiscalidad con la que se están gravando los centros asistenciales de esta categoría en Francia, en Bélgica o en Alemania.
Estamos pidiendo exactamente lo
mismo. Lo único que reclamamos al Grupo Parlamentario Socialista es que tenga sensibilidad para dar luz verde a una iniciativa de este calado.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el Grupo Mixto y la señora Fernández, que tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, en primer lugar, no dudo de la bondad de la propuesta que nos llega hoy del Senado y que presentó el Grupo de Convergència i Unió y que usted acaba de defender aquí. No dudo de la bondad de las intenciones con las
que se presenta pero, al margen de eso y al margen también de consideraciones fiscales, quiero hacer una serie de reflexiones que nos llevan a no apoyar la proposición de ley y a votar a favor de la enmienda de devolución. Son consideraciones que
están al margen de la cuestión fiscal y de toda la argumentación que hemos podido escuchar esta mañana y que tienen relación fundamentalmente con estar de acuerdo
con los dos primeros párrafos de la exposición de motivos de la proposición de ley en el sentido de que, efectivamente, tenemos un problema que resolver, que es el de las personas con dependencia, que hoy está recayendo en familiares o en lo
que se llama cuidadores informales que, inevitable o evitablemente, son mujeres en el 90 ó 95 por ciento de las casos.
Se trata de un problema que nos preocupa mucho no solamente hoy, sino desde hace muchos años. Por esa razón estamos atendiendo con muchísimo interés los trabajos que se están haciendo en la Comisión del Pacto de Toledo y en la de la
Discapacidad sobre la futura ley de la discapacidad, de la dependencia o de la autonomía personal; cuestión sobre la que nos tendremos que poner de acuerdo en su momento. Esta Cámara dispone de la suficiente información a través de estas dos
comisiones para tener una idea clara de cuáles son las necesidades reales en esta materia, cuáles son las reclamaciones que las asociaciones de la dependencia están planteando en este Parlamento y, por lo tanto, las diputadas y diputados podemos
tener una posición clara sobre lo que esperamos que sea pronto el proyecto de ley que traiga el Gobierno a esta Cámara. Lo que no sabemos a día de hoy es la satisfacción que vamos a tener o la coincidencia que vamos a tener en su momento con ese
proyecto de ley que presente el Gobierno. Pero va a haber un trámite parlamentario y esperamos que nuestra aportación pueda ser útil para la mejor ley integral posible, aunque tampoco podemos decir que esto pueda significar que nuestra satisfacción
sea total al final del proceso. Tampoco sé -y de paso lo expreso para el grupo mayoritario de esta Cámara- cuándo se va a presentar la ley y pensamos que es importante que sea lo antes posible, aunque ya he dicho en alguna otra ocasión que lo
importante es que la ley cumpla con el objetivo de dar alternativa a las necesidades que en este momento tenemos en la sociedad.
De acuerdo con lo que acabo de expresar y entendiendo que la ley integral tiene que afrontar el problema de que la solución a la cuestión de la dependencia tiene que ser asumida desde la Administración, tanto en la cuestión residencial como
en otras cuestiones relacionadas con la atención a personas dependientes -que no siempre tienen por qué ser residencia, sino también atención a domicilio-, esperamos que la ley integral recoja todas esas necesidades, sin que ello signifique que toda
la atención vaya a tener una respuesta de gratuidad por parte de la Administración, pero sí que por lo menos tenga la suficiente aportación que sirva de ayuda a todas las personas que lo necesitan.
La proposición de ley que nos llega del Senado no nos parece oportuna porque entendemos que la aportación que la Administración tiene que hacer respecto a esta cuestión de la dependencia es mayor que lo que se plantea en la propuesta que se
presenta y que el señor Sánchez Llibre ha defendido. Tampoco nos parece oportuna porque, independientemente de que podía ser un principio inicial que sirviera para esa futura ley integral, nosotros tenemos un problema con lo que se plantea, aunque
reconocemos que lo que se hace es una propuesta que tendría su trámite parlamentario y así podríamos enmendar las cuestiones que consideráramos necesarias.
Tal como se plantea a nosotros nos crea la duda de si una reducción del IVA -que en
principio puede parecer una buena idea- va a tener reflejo en el precio final o en lo que tiene que pagar la persona que necesita el servicio.
Por lo expuesto vamos a votar a favor de la enmienda de devolución porque creemos que es más interesante para afrontar integralmente la problemática de la dependencia esperar a que llegue a este Parlamento la ley integral y así todos los
grupos podremos trabajar para que sea la mejor ley posible, de acuerdo a las graves necesidades que tenemos en nuestra sociedad.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Fernández.
Continuamos con el turno del grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente, porque nos vamos a abstener por la razón de que el impuesto del valor añadido, el IVA, por los tratados internacionales y los acuerdos entre el Gobierno español y la Unión Europea no rige en Canarias. Canarias es
la única comunidad autónoma del Estado español donde no se aplica el impuesto IVA y por esta razón, mostrando nuestra neutralidad y pleno respeto a los argumentos de ambas partes, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene para ello la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta es una de esas proposiciones sobre las que uno siempre tiene la tentación de pronunciarse favorablemente. Efectivamente, los precios de las residencias, junto a la escasez de plazas, son una de esas torturas cotidianas a las
que el Estado del bienestar todavía somete a buen número de familias españolas. Ahora bien, hay cuestiones que hay que pensar antes de apoyar una proposición de estas características: la primera, a qué personas afecta la actual regulación del IVA
y, la segunda, a qué agentes económicos se refiere la proposición.
El texto de la propuesta no reconoce la actual configuración del IVA, que ya recoge los supuestos de exención para los servicios prestados por organizaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, la atención sanitaria y hospitalaria derivada de
estos centros y de centros públicos está igualmente exenta. En otras palabras, las necesidades más urgentes están tratadas vía exención de este impuesto. Por tanto, esta no es una medida dirigida a las
personas, sino a las empresas privadas del sector en un sentido amplio.
Además, la experiencia dice, y lo dice claramente, que las reducciones del IVA no se trasladan a una reducción de precios, sino que alivian las cuentas de explotación
de las empresas. Lo que esta propuesta pretende en nombre de la necesaria asistencia a los mayores es ni más ni menos que aproximar el tratamiento fiscal del negocio privado a la actividad sin ánimo de lucro. Nuestro grupo ha defendido siempre, y
lo seguimos defendiendo, que los recursos presupuestarios se destinen, por ser una política de solidaridad, a las ayudas directas o a la creación de infraestructuras. Estas estrategias ayudarían notablemente más que la maniobra en relación con el
impuesto sobre el valor añadido, que iría dirigida más a los gestores del negocio privado que a las personas necesitadas de ayuda.
A pesar del crecimiento de la oferta de servicios, su evolución ha sido desigual y desequilibrada, priorizando la oferta residencial antes que los programas de apoyo al envejecimiento en casa. El resultado es que se producen cuellos de
botella, con una cierta inflación de la demanda de plazas residenciales para situaciones de dependencia leve o moderada. Un mayor y mejor desarrollo de los programas de ayuda a domicilio, de los centros de día, de las viviendas tuteladas, reduciría
de manera sensible la actual presión sobre las plazas residenciales. La oferta de plazas residenciales públicas de gestión directa o concertada es tan solo el 43 por ciento del total de las plazas existentes y los precios muy elevados para el poder
adquisitivo medio. Conviene recordar que los precios de la oferta privada de calidad media oscilan entre 1.200 y 1.500 euros al mes, que la oferta de mayor calidad se sitúa por encima de los 2.000 euros y que la oferta por debajo de los 1.000 euros
al mes tiene claras limitaciones de calidad en la atención y, en muchos casos, muy importantes carencias. En estas condiciones, señorías, yo no voy a participar en el bonito juego del plumero que se ha inaugurado esta mañana aquí, en el hemiciclo,
y quizá los empresarios privados y quienes representan sus intereses no tendrían mayor obstáculo en reducir los precios a sus residentes en lugar de pedírselo a las arcas públicas, lo digo para que en este juego del plumero haya plumeros para todos
y sea un juego participativo y netamente democrático.
En cualquier caso, una hipotética rebaja del 3 por ciento no se trasladaría desde luego a los precios y no modificaría en gran medida esta situación. Aunque hay diferencias territoriales y también en función de la tipología de la plaza
según el nivel de autonomía o de dependencia del usuario, basta comparar estos precios con la realidad de la mayoría de las actuales pensiones para explicar el porqué de la fuerte demanda de plazas residenciales de titularidad pública, y he aquí la
diferencia de fondo. La cuestión no es de tratamiento fiscal de favor a quienes suplen a la Administración, con el consiguiente beneficio, por muchas firmas que se recojan, la cuestión es un cambio profundo que solamente será posible a partir de la
aprobación de una ley de atención a la dependencia que reconozca como un derecho subjetivo para toda la población el acceso a recursos sociales y sociosanitarios adecuados y suficientes. Nada más lejos que lo que plantea esta proposición, que es un
apoyo fiscal a las empresas, bien para aliviar su cuenta de explotación, bien para mejorar su cartera de clientes, y evidentemente nosotros no podemos dar nuestro voto favorable para esos fines.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa.) Renuncia al mismo.
Entonces, turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, señor Turiel, es hora de dejarnos de plumeros para solventar los problemas de los ciudadanos. Por tanto, señor Turiel, Grupo Parlamentario Socialista, es hora de aportar soluciones, sus compromisos sociales; es hora
de que a esta Cámara lleguen las medidas necesarias para la ley de la dependencia, que esperamos con ansiedad para dar cumplimiento al talante expresado por su grupo de actuar en políticas sociales que lleguen realmente a los ciudadanos y así
podamos evitar el cumplimiento de propuestas trampa realizadas desde la derecha, que dicen que van a ayudar a las familias cuando con esta propuesta que nos presenta el señor Sánchez i Llibre queda claro que esto no es real. Por tanto, portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que llegue ya la ley de la dependencia, su compromiso, y empecemos a trabajar de una vez para aprobar leyes y propuestas que realmente afecten al bolsillo de los ciudadanos y de las familias que necesitan ayuda en
estas situaciones.
Así evitaríamos estas propuestas que hoy nos presenta el Convergència i Unió, en este caso este planteamiento trampa.
Entiendo que hoy el señor Sánchez i Llibre nos venga a presentar aquí esta propuesta. Él sabe más que nosotros que tiene diferentes dificultades, entre ellas el cumplimiento de la directiva europea, porque cuando decían que eran decisivos
no presentaron ninguna actuación en este sentido; por tanto, sabían que no podía hacerlas o es que no eran decisivos, aunque entonces engañaran diciendo que sí lo eran. La propuesta de exención en los establecimientos privados que hoy nos plantean
aquí es para beneficiar precisamente a dichos establecimientos. La propia ley ya establece exenciones para todas aquellas residencias de carácter social, con precios comunitarios. Por tanto no vamos a apoyar la propuesta, vamos a votar a favor de
la enmienda de devolución que presenta el Grupo Socialista, aunque también le advertimos de la necesidad de actuar de una vez por todas dando respuesta a las necesidades existentes.
Señor Sánchez i Llibre, hoy usted no nos puede garantizar que esta rebaja del IVA que usted propone se traslade
a los usuarios. Esto no es creíble, no sucede nunca, por tanto esa reducción no afectaría a los ciudadanos que, según nos ha dicho, usted ampara al intentar que esto se consiga. Vayamos a cosas más serias; actuemos, trabajemos, hagamos
esfuerzos para llevar a cabo actuaciones que lleguen directamente a los ciudadanos y dejémonos de propuestas como esta, que no solventa nada, que solo soluciona el problema a unos pocos y no va dirigida a la raíz real del problema, a las necesidades
de las familias que precisan ayudas. Nuestro grupo parlamentario realizará actuaciones serias que realmente lleguen a los principales afectados. En espera y ansiosos de que lleguen a esta Cámara las leyes de la dependencia, vamos a dar nuestro
voto favorable a la enmienda de devolución que presenta el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora vicepresidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna porque el debate que hoy nos ocupa, a pesar de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, es para defender realmente a un millón y medio de personas dependientes que existen en
España. Voy a fijar la posición de mi grupo respecto a la enmienda a la totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición de ley, que fue presentada en el Senado, de aplicación del tipo reducido del
impuesto sobre el valor añadido a los centros residenciales. Como ustedes se imaginarán nuestra postura no alberga dudas: votaremos en contra de esta enmienda, que significa desde la realidad social y el contacto permanente con las organizaciones
no gubernamentales de mayores, de discapacitados y -por qué no decirlo también- del Centro Nacional de Residencias Asistenciales un portazo a una demanda social de estas organizaciones.
Esta enmienda forma parte de la estrategia política del no del
Gobierno Socialista, y digo esto porque se olvida de los colectivos de los mayores, de los discapacitados y de sus familias, que siguen siendo débiles y que están pidiendo a gritos que se tomen medidas que den soluciones a sus necesidades. Hoy
asistimos a una nueva realidad social en nuestro país. El día a día de las familias se ha visto modificado por los profundos cambios que vive la sociedad española. El envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad, la incorporación de
la mujer a la vida laboral hace que nuestros mayores y también nuestros discapacitados y niños y niñas que necesitan centros asistenciales y residenciales no cuenten en muchos casos con el apoyo incondicional de sus familiares más directos.
Durante muchos años las mujeres hemos sido las cuidadoras informales de las personas dependientes. Ya hoy esa oferta de esas cuidadoras informales cada vez es menor, por eso las familias se enfrentan en la actualidad con el problema de cómo
ayudar a sus mayores, a los discapacitados, a los niños, a las niñas, en definitiva cómo atender esa realidad social que viven las familias, para que efectivamente puedan tener esa calidad de vida que se merecen esos colectivos de nuestra sociedad.
Esos centros residenciales y asistenciales se han convertido en una clara alternativa, no solamente centros públicos, sino también privados que hoy conciertan plazas públicas con las comunidades autónomas y también esos centros residenciales que
prestan servicio desde la iniciativa privada a la sociedad española. El centro asistencial, el centro residencial se configura en este debate como un bien de primera necesidad que, sin embargo, no está disponible ni al alcance de todas las familias
en España. Hay pocas plazas y los precios son elevados, lo que supone una traba a la hora de acceder a esas plazas. Hoy por hoy las familias soportan el 80 por ciento del gasto de atención a sus mayores, gravando su economía de forma difícilmente
llevadera, señorías. Hoy este debate no hay que enfocarlo solamente desde esa iniciativa privada, sino que hay que contemplar la reducción de los precios de estos centros.
Además no solamente es una cuestión económica, sino una medida con una
importante repercusión social y una manera de proteger a las familias y a las personas que tienen que cuidar.
Señorías, yo sé que lo que voy a decir ahora les va a sonar, sobre todo al grupo del Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro grupo parlamentario cree en la reducción de impuestos como instrumento eficaz de la política económica
por cuanto propicia la inversión y puede suponer una reducción de costes, pero creemos también en esa reducción de impuestos como un instrumento de la política social. De ahí la gran importancia del debate que nos ocupa, pues su resultado será el
reflejo de nuestro compromiso con el conjunto de la sociedad. ¿Recuerdan ustedes que cuando gobernaba el Partido Popular en España este compromiso quedó perfectamente recogido en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que
fue impulsora para la creación de empleo y del ahorro de las familias? La ayuda de 100 euros a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años fue llevada a debate continuamente y supuso un hito en las políticas de apoyo a una sociedad
cambiante que demanda medidas para amortiguar los profundos cambios producidos en el seno de la estructura familiar española. Nuestro decidido apoyo a la sociedad es, efectivamente, seguir impulsando la reducción de impuestos.
Quiero también
recordar aquí que hemos presentado una iniciativa para reducir el IVA de las personas incapacitadas que tengan que comprarse o adaptar un coche, un vehículo de motor -lo hemos pedido a la Comisión-, un 4 por ciento. ¿Van a presentar ustedes también
una enmienda para que no salga adelante? Si de verdad pretendemos que la política de apoyo a la familia sea el eje principal de la política social, ahora tenemos una nueva oportunidad de continuar beneficiando a las familias.
La reducción del IVA del 7 al 4 por ciento de los centros residenciales que hoy nos ocupa no significa pérdida de recaudación, sino reducir el gasto de las familias, de la atención a sus mayores y dependientes; significa ahorrar muchos
miles de euros a muchos españoles que buscan el bienestar de sus familias, de sus familiares dependientes y que verían reducido el precio de este servicio necesario y básico. ¿Por qué presentan una enmienda a la totalidad? ¿Por qué dudan de la
conveniencia de esta medida, señores socialistas? Es más, si mal no recuerdo, la ministra de Cultura, la señora Calvo, quería reducir el IVA de algunos bienes y productos culturales. ¿Es más importante reducir el IVA en esos productos que reducir
el IVA de la factura final que tiene que pagar la familia por esa persona dependiente, por ese mayor, por ese discapacitado? Yo creo que no es menos importante. Estamos hablando de una medida a la que cualquier ejecutivo debe darle prioridad. Por
lo tanto, inmersos en este análisis que estamos viendo de la política social más reciente, yo les preguntaría a ustedes lo siguiente. El Ejecutivo actual, el Ejecutivo socialista, prometió que su política social giraría en torno a los colectivos
más vulnerables y al diseño de políticas favorables para la familia; sin embargo, seguimos esperando la ley de autonomía personal o la ley de la dependencia, como quieran ustedes llamarla, cuyo proyecto ha sido retrasado en tres ocasiones,
incumpliendo los plazos que se prometieron. Hoy presentan una enmienda a la totalidad de devolución y siguen sin poner en marcha aquella promesa electoral de los 100 euros a las madres no trabajadoras. ¿Cuál es su prioridad, señores del Gobierno
socialista? (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Estamos hablando de una reducción importante, del 7 al 4 por ciento; una reducción que en consecuencia incentivaría la decisión de muchos mayores, más de 1.500.000 en España, de ingresar en
un centro residencial, que viven en unas condiciones totalmente nefastas de cuidados y asistencia. Aunque la medida beneficiaría -por qué no decirlo- a centros residenciales de niños y jóvenes discapacitados, mayoritariamente está afectando a un
colectivo tremendamente importante, el de nuestros mayores, ya que la repercusión social de esta decisión afectaría a un elevado número de personas mayores de nuestro país. Por lo tanto estamos hablando de una demanda social que se enmarca dentro
de la protección y apoyo a la familia, mejorando la calidad de vida, la estructura social básica de las familias y la reducción impositiva en este caso de un instrumento importante para seguir favoreciendo la vida de los mayores y de las familias.
A mí me parece una medida que en ningún caso debería albergar polémica ninguna, pero esa polémica está hoy en la Cámara. Estamos equivocándonos de nuevo; el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno se equivocan. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora QUINTANILLA BARBA: Decir no a la reducción del IVA es negar el ahorro de la familia española, decir no es perjudicar a los dependientes, es no apostar por los mayores. Esta mañana antes de subir a esta tribuna todos deberíamos
haber hecho una reflexión que apostara claramente por aquellos colectivos que más lo necesitan, pues la reducción de impuestos significa apostar también, a pesar de lo que dicen ustedes, por una gran protección social. Hoy, vuelvo a repetirlo,
vamos a votar que no a la enmienda a la totalidad porque creemos que vuelven a equivocarse a la hora de establecer la reducción de impuestos para beneficiar a las familias españolas y a los colectivos más desfavorecidos.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar el punto VII y último del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmienda a la totalidad de la proposición de ley del Senado para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a
los centros residenciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 169; en contra, 145; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.